REDUCCIÓN O ELIMINACIÓN DE EXENCIONES TRIBUTARIAS
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "discusión inmediata".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.763-05) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias que ya no se justifican, mejorando el sistema tributario al hacerlo más simple y equitativo.
La Comisión de Hacienda hace presente que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", fue discutido, de conformidad con lo que dispone el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, en general y en particular a la vez.
La referida Comisión deja constancia que aprobó en general el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos y Montes. En particular, aprobó la iniciativa con las modificaciones y votaciones que se consignan en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 176 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente a Sus Señorías que el Honorable Senador señor Alvarado ha solicitado la votación separada del numeral 2 del artículo 1 del proyecto, que se encuentra contenido en la página 19 del comparado.
Al mismo tiempo, se ha solicitado la votación separada por parte del Honorable Senador señor Coloma del artículo 3 y del artículo séptimo transitorio, y, en segundo lugar, solicita también las votaciones separadas del artículo 5 permanente y el artículo quinto transitorio, que corresponde al IVA a la construcción.
Igualmente, el Honorable Senador señor Prohens ha solicitado la votación separada del artículo 10 en sus numerales 15 y 16.
Del mismo modo, hago presente a Sus Señorías que se han presentado indicaciones por la Honorable Senadora señora Provoste, primero, al artículo 9, nuevo, para crear un inciso nuevo que señala lo siguiente: "No se afectará con este impuesto a los bienes de propiedad de un Club de Aviación Civil que los dedique a la instrucción y al servicio comunitario, principalmente.".
Esta indicación, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, resulta ser inadmisible, toda vez que establece una exención y es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esta misma indicación se presentó también en la Comisión e igualmente fue declarada inadmisible.
La segunda indicación es para derogar los artículos 42 ter y 42 quáter de la Ley de Impuesto a la Renta, que también se refiere a exenciones y, del mismo modo, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, resulta ser inadmisible por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Por último, para agregar un artículo nuevo, del siguiente tenor: "Derógase el artículo 71 del decreto ley N° 3.500 de 1980". Igualmente, por la materia que aborda esta indicación, de conformidad al artículo 65, N° 1°, de la Constitución Política de la República, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, motivo por el cual las tres iniciativas son inadmisibles.
Es todo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Vamos a dejar con la palabra a la Presidenta de la Comisión de Hacienda, la Senadora Ximena Rincón, para el informe.
La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
Procedo a rendir el informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reduce o elimina exenciones tributarias que indica (boletín N° 14.763-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Respecto a los asistentes a la Comisión, cabe consignar que, además de sus miembros titulares, asistieron los Senadores Galilea, Letelier, Sandoval y Pizarro.
El mensaje del Ejecutivo tiene por objeto eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias que ya no se justifican, mejorando el sistema tributario al hacerlo más simple y equitativo.
En el proyecto se señala que las exenciones que se abordan son:
1.- Exenciones en el mercado de capitales: gravar el mayor valor obtenido en la enajenación en Bolsa de determinados instrumentos con presencia bursátil.
2.- Exenciones en el mercado inmobiliario: eliminación del crédito especial a las empresas constructoras y eliminación de beneficios de viviendas DFL 2 adquiridas antes del año 2010.
3.- Afectación con IVA a las prestaciones de servicios.
4.- Seguros de vida: se establece la afectación con impuesto a las herencias y donaciones, todos los beneficios obtenidos en virtud de contratos de seguros de vida celebrados desde la publicación de la ley, salvo de los seguros de invalidez y sobrevivencia del decreto ley N° 3.500, de 1980.
5.- Exclusión del pago de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes de propiedad del Fisco.
6.- Impuesto al lujo, del 2 por ciento sobre el valor de los bienes, que fue agregado en un segundo grupo de indicaciones para reforzar el financiamiento.
7.- Reordenamiento de las concesiones mineras y regulación de su duración y montos.
8.- Ajuste al subsidio generado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), de 500 a 750 millones de dólares.
Al inicio del estudio del proyecto de ley, en sesión del 18 de enero de 2022, el Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Cerda, expresó sus principales consideraciones respecto de la iniciativa; reiteró las modificaciones que se efectúan a las exenciones anteriormente mencionadas; explicó las consideraciones respecto a las modificaciones a los tributos efectuados al mercado de capitales, al mercado inmobiliario, al IVA de servicios, a los seguros de vida, así como también medidas adicionales de recaudación, a los contratos de leasing financieros, a los excedentes de libre disposición, al aumento de sobretasa del impuesto territorial, al nuevo impuesto a bienes de lujo, a la modernización de las patentes mineras.
Finalmente, el señor Ministro hizo hincapié en que esta propuesta fue lograda a través de diversas reuniones, llegando a un consenso para obtener un financiamiento permanente de 0,67 por ciento del producto interno bruto, cuyo detalle de recaudación de cada medida se encuentra respectivamente señalado en el informe de la Comisión de Hacienda.
En definitiva, explica que el 0,67 por ciento del PIB, corresponde a una mayor recaudación de 43 mil millones de pesos el primer año, 895.513 millones al segundo año, 1.377 billones al tercer año, llegando a una recaudación el régimen de 1.700 billones de pesos.
Cabe consignar también que, respecto al mensaje inicialmente propuesto por el Ejecutivo, con su informe financiero N°163, consideraba un 0,35 por ciento del producto interno bruto. Con las nuevas indicaciones introducidas por el Ejecutivo, se logra llegar a un adicional de 0,32 por ciento, totalizando el 0,67 por ciento anteriormente mencionado.
Adicionalmente, se propone un ajuste al subsidio generado por el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), creado por la ley N° 20.765, para disminuir la volatilidad que los combustibles presentan por la dependencia de precios que se determina en mercados internacionales. Se introduce una modificación al techo máximo de subsidio desde la entrada en vigencia del Mepco hasta la fecha, pasando de 500 millones a 750 millones de dólares.
Asimismo, se recibió la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, cuyo Presidente, señor Jorge Desormeaux, efectuó una exposición con las siguientes consideraciones, que resumo a continuación.
Se refirió a los antecedentes de la iniciativa legal, efectuando un resumen respecto al aspecto previsional y financiero del proyecto que estudiamos. Indica que las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso, lo que no está relacionado con un supuesto de crecimiento real de los beneficios en pensiones, sino que está influido por un efecto poblacional.
En definitiva, pone de relieve la importancia de extender el horizonte de proyección de los datos, a la caracterización de las proyecciones, al análisis del cumplimiento del principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes.
Analizadas las fuentes específicas de financiamiento que presenta el Ejecutivo, compuestas por reducción y eliminación de exenciones tributarias y por una provisión para mayores gastos previsionales considerados en la Ley de Presupuestos 2022, respecto a la provisión contenida en el Presupuesto, señala que se detalla el monto exacto de la provisión destinada a la "Ley larga de Pensiones". Dicha provisión no se refleja en la línea de Prestaciones Previsionales, pero de acuerdo con la Diprés, está incluida en la línea de subsidios y donaciones.
Asimismo, indica que el Consejo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Dirección de Presupuestos precisar el monto de las provisiones de la "Ley larga de Pensiones" para el período 2022-2026, lo que no se ha obtenido.
Posteriormente, señala una serie de precauciones que se deben tomar respecto al análisis de las proyecciones respecto al gasto en una política pública como esta, para tomar en consideración el contexto económico de nuestro país.
El Consejo expresa sus principales conclusiones y recomendaciones sobre este proyecto de ley, que se pueden resumir en las siguientes:
En primer lugar, señala que una ley básica de la responsabilidad fiscal consiste en financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Luego, indica que estos nuevos ingresos pueden provenir de un crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, reasignaciones o una mayor eficiencia del gasto.
Finalmente, indica que es necesario un estudio actuarial actualizado que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones para el cumplimiento de su función legal de complementar el financiamiento de las obligaciones fiscales en materia previsional.
Además, dejan consignado que el financiamiento remanente asignado a la provisión de gastos comprometidos pasa de 0,5 a 0,31 por ciento del producto interno bruto.
Hicieron hincapié en la necesidad de plantear un análisis de sostenibilidad de largo plazo y que no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo entre el 2023 y 2026, menos considerando un contexto de déficit estructural.
Cabe señalar que se recibió en una segunda oportunidad al Consejo Fiscal Autónomo, en cuya presentación se refirió a la nueva estimación de gastos del proyecto de PGU; las nuevas fuentes de financiamiento del proyecto y el ajuste al subsidio del Mepco, contenidos en el informe financiero N° 13.
En dicha exposición reitera la necesidad de lograr un financiamiento permanente; destaca el retiro del financiamiento con cargo al Fondo de Reserva de Pensiones; recalca que el remanente de la provisión de gastos comprometidos baja de 0,5 a 0,31 del PIB, debido a las nuevas medidas; y finalmente reitera sus consideraciones del informe anterior en orden a proyectar el gasto a cincuenta años, plantear escenarios alternativos de proyección, explicitar el monto de la provisión del presupuesto destinado a PGU y la necesidad de elaborar un nuevo estudio actuarial sobre la sustentabilidad del Fondo de Pensiones.
Es importante consignar que se recibió en audiencia al Colegio de Contadores de Chile, a la Cámara Chilena de la Construcción, los cuales efectuaron presentaciones refiriéndose al contenido de las exenciones consideradas en el proyecto de ley y su implicancia en los diversos rubros.
También, se recibió en audiencia al Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza, quien efectuó una presentación analizando las diferentes exenciones que el proyecto contempla, ilustrando a la Comisión sobre los datos de los contribuyentes en cada caso.
Cabe indicar que el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda enviaron a la Comisión la información solicitada en las respectivas sesiones. El Servicio de Impuestos Internos, por su parte, envió la información respecto a los contribuyentes con exenciones de libre disposición, a la distribución del gasto tributario por contratos de leasing y al IVA de servicios. Por su parte, el Ministerio de Hacienda respondió las consultas de la Comisión respecto a la solicitud de detalle de mayor gasto de la Pensión Garantizada, a la solicitud de proyecciones adicionales sobre la población beneficiaria, a los gastos proyectados por año y el financiamiento por tipo, monto y año.
Así, posterior a las modificaciones que se efectuaron durante la tramitación de la Comisión de Hacienda, se proponen por el Ejecutivo las siguientes vías de financiamiento: la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias, a las que se suman otras y se incorpora recaudación adicional por concesiones mineras, llegando al 0,67 por ciento del PIB; uso de las provisiones destinadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su programa financiero para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso. Se deberá adecuar su asignación, pues de cerca de 0,5 del PIB comprometido, se requerirá del 0,31 del PIB.
En resumen, durante el primer año se estiman mayores ingresos por 43.061 millones (en pesos de 2022), mientras que durante el segundo y tercer año estos totalizarían 717.960 millones y 728.020 millones, respectivamente.
En régimen, en tanto, se estiman mayores ingresos por 897.519 millones, equivalentes a 0,35 por ciento del PIB.
Respecto de la votación de las disposiciones contenidas en este proyecto, se acordaron por unanimidad (5x0), salvo una referente al reemplazo del artículo tercero y artículo séptimo transitorio, aprobadas por mayoría 4 a 1 en contra; a la supresión del artículo 6, acordada por mayoría 4 y 1 abstención; y al nuevo artículo 6 y artículo octavo transitorio, aprobados por mayoría 4 y 1 abstención.
A este respecto, cabe consignar que el número 6, propuesto por la indicación 1, fue rechazada por 4 votos en contra, referente a la tributación de los excedentes de libre disposición.
Es todo cuanto puedo informar a esta Sala.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora Rincón.
Bueno, la discusión de este proyecto es en general y en particular y hay algunas solicitudes de votación separada. El Senador Coloma quiere formular una propuesta para los efectos de agilizar las votaciones y hacer el debate como corresponde.
Senador Coloma.
El señor COLOMA.- Gracias, Presidente.
Como sabemos, esta ley es bien importante porque es la que otorga el financiamiento a la PGU y ha recibido varias indicaciones. Entonces, mi propuesta es ver si podemos hacer que cada cual hable por siete o diez minutos, que es el tiempo que corresponde, y luego se votan las votaciones separadas, sin explicación posterior, porque, si no, puede no aprobarse el proyecto en un tiempo prudente.
Entonces, mi sugerencia es hacer toda la discusión de una vez, por un tiempo más largo del teórico, y después se realizan las cuatro votaciones separadas, que es un procedimiento que considero más fácil, y no tiene otro objeto que facilitar la discusión y que pueda despacharse la ley que, me imagino, es el ánimo de todos las señoras y señores Senadores.
El señor BIANCHI.- Por Comité.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- ¿Habría que votar primero en general?, ¿o votaríamos todo al final de las intervenciones?
Esa es mi consulta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Si sometemos el proyecto a votación, queda todo aprobado, salvo las normas para las que se pidió votación separada.
Entonces, abrimos la votación; primero sometemos a consideración todas las normas sin solicitud alguna, y luego vamos a las votaciones separadas.
Ahora, la propuesta del Senador Coloma era...
El señor COLOMA.- Hacer una sola votación.
La señora RINCÓN (Presidenta).- En el fondo, su propuesta es que cada Senador haga una sola intervención y luego realizamos dos votaciones.
El señor COLOMA.- ¡Cuatro votaciones!
La señora RINCÓN (Presidenta).- Perdón, cuatro votaciones,
El señor COLOMA.- En realidad, son cinco.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Correcto: una de todo el proyecto, y las cuatro votaciones separadas.
Senador Montes.
El señor MONTES.- Sería muy bueno ver cuáles son los temas que se han solicitado votar por separado...
La señora RINCÓN (Presidenta).- Quiero...
El señor MONTES.- Perdón, porque en el debate de la Comisión el impuesto a los bienes de lujo recibió bastantes reparos, y también el aumento del impuesto a las propiedades más caras.
A lo mejor habría que separarlas en grupo, de tal manera de no estar repitiendo los argumentos. Porque en algunos casos hay una misma lógica, un mismo debate, una misma realidad.
Sería bueno saber exactamente cuáles son los temas.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador.
Esa es la idea para proceder con las votaciones separadas.
Entonces, le vamos a pedir al Secretario que nos diga sobre cuáles temas recaen las solicitudes de votación separada y hacemos las discusiones en la lógica del Senador Coloma; vale decir, que exista claridad acerca de cuáles son las votaciones separadas, pero se hace una sola argumentación y votaciones sucesivas.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Como se ha indicado, con la primera votación se darían por aprobadas en general y particular todas aquellas normas que no tuvieron solicitud de votación separada.
El Senador señor Alvarado ha solicitado votación separada del numeral 2 del artículo 1 del proyecto, que se encuentra en la página 19 del comparado, que elimina la letra c) del artículo 33 bis.
El artículo 33 bis, en el texto vigente, señala en su letra c): "Los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir, o tomen en arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, y registren un promedio de ventas anuales superior a 100.000 unidades de fomento tendrán derecho al crédito establecido en este artículo, equivalente a un 4% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según corresponda".
Luego, el Senador señor Coloma ha solicitado la votación separada del artículo 3 permanente y del artículo séptimo transitorio, sobre tasas de impuestos.
El artículo 3 señala:
"Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7° bis de la ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda:".
"1) Agrégase en el numeral 1, el siguiente párrafo tercero, nuevo: "Tampoco estarán gravados con esta sobretasa los bienes sujetos a la aplicación del artículo 27 de esta ley.".
"2) Reemplázase en la letra c) del numeral 3 el porcentaje "0,275%" por el porcentaje "0,425%".
El Senador señor Coloma pide esta votación separada, así lo precisa, en conjunto con el artículo séptimo transitorio, que es del siguiente tenor:
"Artículo séptimo.- La disposición contenida en el numeral 1) del artículo 3 entrará en vigencia con efecto retroactivo a contar del 1 de enero del año 2020.
"La disposición contenida en el numeral 2) del artículo 3 entrará en vigencia el 1° de enero de 2023.".
Después, el Senador señor Coloma solicita la votación separada del artículo 5, que es del siguiente tenor:
"Artículo 5.- Elimínase el artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, que modifica los decretos leyes 619, 824, 825, 826, 827 y 830; otras disposiciones de orden tributario".
El Senador señor Prohens solicitó votaciones separadas de los siguientes números del artículo 9, que introduce la siguiente modificación: "introdúcese las siguientes modificaciones en el artículo 21". Se encuentran en las páginas 93 a 98 del comparado.
El número 15, letra a), que reemplaza el inciso primero del artículo 142 por el siguiente:
"a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
"Artículo 142.- La concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto se determinará de conformidad a las reglas contenidas en el artículo 142 bis.".
El numeral 16, que señala:
"16) Incorpórase, a continuación del artículo 142, el siguiente artículo 142 bis, nuevo:
"Artículo 142 bis.- La determinación del monto de la patente anual indicada en el incido primero del artículo 142 se regirá por las normas que se establecen en los incisos siguientes.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de dicha patente por cada hectárea completa será equivalente a tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de la patente por cada hectárea completa será equivalente a:
"a) Cuatro décimos de unidad tributaria mensual para los primeros cinco años de vigencia de la concesión;
"b) Ocho décimos de unidad tributaria mensual desde el año sexto al décimo de vigencia de la concesión;
"c) Nueve décimos de unidad tributaria mensual desde el año undécimo al año décimo quinto de vigencia de la concesión;
"d) 1,2 unidades tributarias mensuales desde el año décimo sexto al año vigésimo de vigencia de la concesión;
"e) 3 unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo primero al año vigésimo quinto de vigencia de la concesión;
"f) 6 unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo sexto al año trigésimo de vigencia de la concesión; y
"g) 12 unidades tributarias mensuales a partir del trigésimo primer año de vigencia de la concesión.
"Respecto de aquellas pertenencias que hubieren iniciado trabajos y los continúen, el monto de la patente será de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa que ella comprenda. Para estos efectos, se entenderá que una concesión minera ha iniciado trabajos cuando se realicen labores o actividades en una pertenencia o grupo de pertenencias que de modo permanente permitan el desarrollo de faenas mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere el inciso primero del artículo 6° del Reglamento de Seguridad Minera o la norma que lo reemplace, incluyéndose el cumplimiento del respectivo plan de cierre de faenas mineras. Se considerará trabajado el tiempo en que se encuentre vigente un plan de cierre temporal ya aprobado. Las pertenencias que serán consideradas como faenas mineras, comprenderán a todas aquellas pertenencias incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones, según la información que el concesionario haya entregado al Servicio. Bastará que una sola de las pertenencias de un mismo dueño, comprendidas en una misma acta de mensura, esté siendo trabajada conforme a lo prescrito en el inciso cuarto, para que se presuma de derecho que todas estas se encuentran en tal condición y, en consecuencia, les sea aplicable lo dispuesto en el inciso quinto o sexto según corresponda. En este caso, el monto de la patente será de tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de exploración y de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de explotación.
"Respecto de aquellas pertenencias que no habiendo iniciado faenas mineras se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una Resolución de Calificación Ambiental o que haya ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental para su calificación, conforme la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el monto de la patente será el equivalente de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa.
"Los propietarios de las pertenencias serán los responsables de entregar al Servicio todos los antecedentes necesarios para acreditar el inicio y continuidad de faenas mineras y/o el estatus de la Resolución de Calificación Ambiental que les permitan acceder al beneficio de patente rebajada.
"El reglamento del Código de Minería regulará la forma, condiciones, plazos, y formalidades que deberá cumplir el titular para que el Servicio otorgue los beneficios establecidos en este artículo.".
Por último, el Senador señor Coloma solicitó votación separada del artículo quinto transitorio, que señala:
"Artículo quinto.- La modificación contenida en el artículo 5, entrará en vigencia respecto de la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por administración, realizadas y celebrados, respectivamente, a contar del 1 de enero del año 2025.
"Los contribuyentes que hayan realizado las ventas y celebrado los contratos antes referidos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2023 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado respecto de las ventas y contratos generales de construcción de dichas obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, vigente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Si cumplen con los mismos requisitos antes señalados, mantendrán el beneficio las empresas constructoras por las ventas de viviendas que se encuentren exentas de Impuesto al Valor Agregado, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme con lo dispuesto en la primera parte del artículo 12, letra F, del decreto ley N° 825, de 1974, el cual será equivalente a un 0,1235 del valor de la venta y se deducirá de los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, conforme lo señalado en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Servicio de Impuestos Internos determinará la forma de verificar el inicio de la obra mediante resolución.".
Y el artículo séptimo transitorio, que ya lo habíamos señalado, también recibió solicitud de votación separada.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Colegas, realizaremos la votación de todo aquello que no recibió solicitud de votación separada, y después tenemos -me puedo equivocar- al menos siete u ocho votaciones separadas.
Entonces, yo pediría que pudiéramos acoger la solicitud que se ha hecho, en orden a poder argumentar y después procedemos a las votaciones una tras otra, porque así vamos a poder avanzar de manera más rápida. Si en cada votación hay argumentación, esto puede terminar muy tarde.
Si le parece a la Sala, hacemos una sola argumentación y luego procedemos a votar.
Gracias.
Senadora Provoste, tiene usted la palabra.
El señor COLOMA.- ¿Ahora se habla en general o no?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Vuelvo a repetir que aquí se hizo la petición de que habláramos todo en general y que se fundamenten las peticiones de votación separada; luego se realiza la votación en general y en particular de aquellas normas que no han recibido solicitud alguna, y posteriormente, nos abocaremos a las peticiones de votación separada.
¿Les parece?
Es respecto de lo que pedí acuerdo y me dijeron que sí.
El señor OSSANDÓN.- ¿Por qué no votamos primero?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias.
Senadora Provoste, tiene usted la palabra.
La señora PROVOSTE.- Presidenta, quiero referirme en particular a las indicaciones que he realizado, en especial a aquella con la cual nosotros buscamos poder reinstalar en esta discusión la derogación del artículo 71 del decreto ley N° 3.500.
En este proyecto, el Gobierno propuso eliminar el beneficio tributario para los excedentes de libre disposición. Hoy se pueden retirar libre de impuestos, y por una sola vez, hasta 800 unidades tributarias mensuales, o retirar hasta 200 UTM por año, con un tope máximo de 1.200 UTM.
Eso claramente constituye un privilegio inmerecido en este tiempo. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda se rechazó eliminar esa exención tributaria, proponiéndose que tributen según la regla general de la Ley de Impuesto a la Renta.
Esta indicación repone la propuesta original del Ejecutivo de la derogación de la exención del decreto ley N° 3.500.
Entonces, mi pregunta, Presidente, es si es que hacemos en este momento la discusión.
Otra de las indicaciones que hemos vuelto a presentar es la que permite recaudar, al menos, 0,32 por ciento del producto interno bruto adicional, y así se llegaría a una recaudación que hace un poco más cercana la posibilidad de financiar la PGU, que tiene un gasto fiscal permanente de 0,98 del PIB; o sea, hay cerca de 0,3 por ciento del producto interno bruto de mayor gasto que no tiene financiamiento con ingreso fiscal permanente. Y el país se merece un debate sobre mayores impuestos al patrimonio de las personas más ricas del país, que permitan hacer efectiva la solidaridad y mejorar las pensiones.
El país, con el nuevo Gobierno, va a requerir una reforma tributaria que permita por distintas vías aumentar la recaudación fiscal. Y es una señal a lo menos confusa, desde el punto de vista político, que hoy, en enero del año 2022, ad portas de que asuma un nuevo Gobierno, se apruebe eliminar este artículo 6° del informe de la Cámara de Diputados. Personalmente no comparto que se apruebe eliminar y, de esa manera, no se pueda seguir debatiendo sobre el impuesto patrimonial a las personas naturales, más conocido como "impuesto a los superricos".
Acá hay sectores políticos que están dispuestos a gravar el consumo, elevando el IVA, sabiendo que es un impuesto regresivo; y a gravar las utilidades de las empresas, pero en sociedades tremendamente desiguales. Lo que genera progresividad tributaria son los impuestos patrimoniales, y aquí, en esta Sala, hay sectores que no quieren crear instrumentos y elevar tales impuestos.
Este proyecto eleva la sobretasa de impuesto territorial por el mayor valor de las viviendas, lo que no fue aprobado por unanimidad en la Comisión.
Y, por eso, insisto en que no es una buena señal que eliminemos este artículo 6° del informe de la Cámara de Diputados. Y por eso que he vuelto a reponer esta indicación presentada en el proyecto original.
Otra indicación que he presentado dice relación con la situación de los clubes de aviación civil que se dediquen a la instrucción y al servicio comunitario, principalmente por la realidad de la región en la que vivo. He conocido en primera persona los esfuerzos del Club Aéreo de Vallenar para ofrecer un servicio comunitario, para temas médicos y también en situaciones de emergencia.
Y en esta iniciativa, el Gobierno crea un impuesto al lujo en el artículo 9° para aviones, helicópteros, yates y automóviles, con tasación fiscal superior a 40 millones; se exceptúa del impuesto a los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades del artículo 20, de la Ley sobre Impuestos a la Renta, siempre que los bienes respectivos se encuentren efectivamente destinados al desarrollo de dicha actividades.
Esto no se aplica a los clubes aéreos civiles, que son fundaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, para exceptuarlos de impuestos se requiere una norma legal expresa.
Por consiguiente, hemos presentado nuevamente esta indicación, a fin de que no se afecte con este impuesto a los bienes de la aviación civil que se dediquen a la instrucción, principalmente.
Eso, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
Senador García, tiene la palabra.
El señor GARCÍA.- Muchas gracias, Presidenta.
En primer lugar, vamos a votar favorablemente la idea de legislar de este proyecto, el cual se refiere a una serie de modificaciones de carácter tributario para reducir exenciones, eliminar exenciones y establecer algunos otros impuestos que permitan recaudar 0,65 del producto interno bruto, y con ello financiar dos tercios del mayor costo que representa la creación de la Pensión Garantizada Universal.
El otro tercio sale de las provisiones del Tesoro Público, que están contempladas en la Ley de Presupuestos para el año 2022. Y, por supuesto, también están contempladas en el programa financiero del Fisco para los años 23, 24, 25 y 26.
En realidad, es difícil hacer proyecciones a más largo plazo, pensando en todos los vaivenes que tiene la economía, más aún en momentos en que enfrentamos una pandemia mundial.
Señora Presidenta, pensaba referirme a otros temas que están contenidos en las modificaciones tributarias. Sin embargo, quiero hacerme cargo de los planteamientos, por lo menos de dos de ellos que ha expresado recientemente la Senadora Yasna Provoste.
En primer lugar, respecto de reponer el tratamiento tributario a los excedentes de libre disposición en los ahorros previsionales, esa norma la rechazamos en la Comisión de Hacienda, por estimar que los ahorros previsionales son necesarios y que todo el mensaje entregado a la ciudadanía durante años ha sido que debe haber un mayor esfuerzo de ahorro.
Nos parece que cambiar las reglas del juego no es conveniente, más aún en momentos en que precisamente estamos creando una pensión garantizada universal, cuyo monto definitivo va a depender en gran medida de los ahorros que tenga cada trabajador, cada trabajadora.
A mi juicio, reponer algo que fue rechazado en la Comisión de Hacienda, tratándose de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque es sobre tributos, es completamente inadmisible. Y entiendo que la Mesa ya así lo declaró.
Por lo tanto, yo quiero recordar esa situación, porque me parece que, si la indicación ya fue declarada inadmisible, ya fue rechazada, deberíamos mantener esa calificación.
En segundo lugar, respecto del llamado "impuesto a los superricos", que como bien se ha señalado, fue rechazado en la Comisión de Hacienda por mayoría de votos, recordemos que esta norma fue puesta en la ley no por iniciativa del Ejecutivo, sino por iniciativa parlamentaria.
Les recuerdo que, conforme a nuestro ordenamiento constitucional, los impuestos son materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, no corresponde que los parlamentarios estén estableciendo impuestos, que era lo que se hacía.
Por consiguiente, era una normativa manifiestamente inconstitucional, manifiestamente inadmisible, de la cual nos tuvimos que hacer cargo en la Comisión de Hacienda.
Eso es desde el punto de vista formal.
Pero desde el punto de vista del efecto práctico, a nosotros nos parece que los impuestos que se están estableciendo, una sobretasa a los bienes raíces de mayor valor, una sobretasa para los helicópteros, para los aviones (digo sobretasa, porque es además de la patente o licencia que normalmente tienen que pagar), el hecho de establecer una licencia de beneficio fiscal para los yates, como también una sobretasa para los vehículos sobre 62 unidades tributarias anuales, es una forma concreta de gravar el patrimonio.
Digamos las cosas como son: esa es una forma concreta de gravar patrimonio.
Ahora bien, efectivamente son impuestos que afectan a los grupos de mayores ingresos del país, y constituye una manera fácil de recaudar recursos. Pero gravar con impuestos a otros derechos, a otros bienes intangibles, finalmente generará que los capitales se vayan del país.
¡Esa es la experiencia internacional!
Por eso que muchos países que inicialmente establecieron el llamado "impuesto a los superricos", finalmente tuvieron que retirarlo, porque los inversionistas retiraban sus capitales.
Señora Presidenta, si usted me da un minuto, yo me quiero referir a dos materias.
Yo voy a votar a favor de las normas de este proyecto, de todas, porque me parece que tenemos que contribuir al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.
Sin embargo, hay dos temas que me preocupan. Y quiero pedirle al Ejecutivo, más allá de que aprobemos el proyecto -espero que así ocurra-, que nos hagamos cargo de ello.
Pues bien, me preocupa el término del tratamiento diferenciado para el IVA en la construcción, porque ello inevitablemente significará un encarecimiento de la vivienda. Y, por tanto, el Estado se verá obligado a establecer un mayor subsidio a la vivienda y también una mayor garantía a los créditos hipotecarios para alcanzar el costo de esa vivienda
Y la segunda materia dice relación con los DFL 2.
Me parece discutible si es constitucional o no quitar un beneficio tributario.
No obstante -repito-, voy a votar a favor de todas las normas.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador García.
Bueno, ya nos hemos referido a las calificaciones de las peticiones de votación separada. Así que pasemos a las tienen que ser votadas.
En consecuencia, primero haremos la discusión en general, y cada uno argumentará también respecto de las peticiones de votación separada, y después iremos votando una por una.
Por tanto, tenemos claridad de cuáles son las votaciones separadas que tienen que hacerse y la votación en general.
Vamos a hacer la argumentación y votaremos en general. Y luego pasaremos a las votaciones separadas que están calificadas así por la Mesa.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, el Senador señor Alvarado, quien había solicitado la votación separada de la disposición contenida en la letra c) del artículo 33, la retira. Y solicita la votación separada del numeral 3° del artículo 1° del proyecto.
El numeral 3° del artículo 1°, que se encuentra en la página 20 del comparado, agrega el siguiente artículo 37 bis, nuevo:
"Artículo 37 bis.- Las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación...".
La señora RINCÓN (Presidenta).- Secretario, se refiere al tema del leasing. Para hacer más corta la discusión.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Una operación de leasing financiero.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay.
Vamos, entonces, a abrir la votación en general.
Y les pido que argumenten respecto de lo particular.
Se inscriben y abrimos la votación.
En votación.
(Durante la votación).
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.- Presidenta, este es un proyecto complementario al anterior, en que se crea la PGU, y tiene un problema más complejo: su financiamiento.
Aquí se han buscado dos escenarios que uno siendo parte sí le pediría, Presidenta, si vamos a hacer una sola votación, un poco más de tiempo, porque, de lo contrario, no voy a alcanzar y tendré que repetirme.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador, siete minutos.
El señor COLOMA.- Es para todos los efectos.
Un poco más.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene ocho.
El señor COLOMA.- Aquí hay dos visiones: una, respecto de los recursos que están en el Presupuesto, cuestión que está clara; la otra parte del financiamiento tiene que ver con el término de algunas exenciones y la generación de algunos impuestos.
Yo he detectado a lo menos doce modificaciones relevantes que hay en este tema. Y quería hacer una breve referencia.
La primera tiene que ver con la tasa única a la ganancia de capital del 10 por ciento.
Yo quiero dejar claro que esta tasa única se puso hace algunos años para incentivar el mercado de capitales. Creo que estaba don Rodrigo Valdés en ese momento no como Ministro, pero fue el inspirador, con un buen sentido al tratar de generar un mayor desarrollo de los mercados de capitales.
Se ha entendido que ya el mercado de capitales es más maduro y que podría tener una tasa de impuesto de esta naturaleza. Me parece, y el Gobierno lo está pidiendo, yo voy a concurrir, pero no quiero dejar pasar, que esto también puede generar una cierta baja, precisamente en el desarrollo del mercado de capitales, que era tan relevante para el país. Se ha dicho que un 10 por ciento influye poco; yo nunca he creído que estas cosas influyan poco, pero si tengo que tratar de ayudar a buscar el financiamiento, debo hacerlo de esa manera.
Una segunda referencia tiene que ver con la reducción del crédito especial a las constructoras por venta de viviendas de menos de 2 mil UF.
Quiero decir que aquí tengo un punto de discrepancia, porque esta exención hay que leerla siempre con la contraprestación. Aquí la idea es fomentar un valor más bajo de las viviendas también de un precio menor. Y estas han tenido efecto. No creo que terminar con una exención de esta naturaleza no tenga ningún efecto, lo que va a ocurrir es que aquí habrá una especie de tormenta perfecta, porque hay una demanda importante de viviendas, precisamente en ese sector de las más económicas.
Las que realiza el Ministerio tienen una fijación de precios en la práctica y los costos han subido, y si se termina esta exención, obviamente se va a generar un efecto mayor en el precio. Va a haber un desincentivo para construir viviendas de menos de 2 mil UF, y un alza de precios para las que hay, cuestión que creo puede ser un efecto pernicioso.
Por eso considero que sería importante que ojalá este Gobierno, y si no el que venga, plantee alguna lógica de subsidio a la demanda respecto de este tipo de operaciones, porque tengo temor de que si operan así las cosas vamos a tener menos viviendas construidas en el segmento de menos de 2 mil UF, donde está el mayor déficit y donde por esta vía tendremos que aumentar los precios.
De ahí que yo me abstengo en esta materia.
En tercer lugar, respecto del beneficio tributario para la tercera vivienda, ya lo mencionó el Senador García.
Cuarto, en cuanto a la afectación de IVA a los servicios, quiero dejar claro, a todo evento, que los servicios prestados por personas naturales no quedan afectos a este impuesto, sino que aquellas que están en sociedad. Y en esa lógica lo apruebo.
Sobre lo quinto, el impuesto a la herencia para los seguros de vida, quiero clarificar que esto no incluye los seguros de gravamen, porque no dan beneficio a las personas, y dejo constancia de una cierta duda respecto de si puede considerarse para estos efectos que el seguro de vida necesariamente genera herencia. Porque de repente uno puede dar un seguro de vida a uno de sus hijos o a alguien que no sea un pariente, y eso eventualmente genera una lógica. No sé si los seguros de vida hasta ahora son considerados herencia. Tengo la impresión de que no. Entonces, puede que esto no tenga mucho sentido al final y no genere el efecto que se busca.
En sexto lugar, la exclusión de la sobretasa de impuesto territorial a los bienes del Fisco, me parece bien.
Séptimo, la eliminación parcial del crédito al activo fijo creo que al final genera también, obviamente, un cierto efecto contrario a la inversión, pero me parece hay que hacer un esfuerzo para generar más recursos.
Octavo, en cuanto a los contratos de leasing financiero, el Senador Alvarado hará una referencia.
Noveno, la eliminación del tratamiento tributario especial de los excedentes de libre disposición fue rechazado 4 a 1 en la Comisión, lo que me parece bien, porque afecta a un derecho adquirido y era un cambio en las reglas del juego que era inadecuado.
Décimo, aumento de la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial. Yo esto lo voy a votar en contra. Y quiero explicar por qué.
Este es un impuesto patrimonial y no es a la vivienda, sino a los inmuebles. ¿Dónde está mi temor?
Esto claramente puede tener un efecto en la inversión. Si alguien va a invertir, y debe tener bienes inmuebles -esto pasa mucho en el sector rural y también en el sector urbano-, a partir de esta norma se va a generar una sobretasa del 0,45 por ciento todos los años.
Obviamente que esto va a generar un desincentivo a la inversión. La gente me dice: "Si hay muy pocos", pero hoy día en el mundo esto funciona cada vez con tasas más apretadas.
Entonces, yo no quiero que, buscando un bien, tengamos un efecto indeseado. Nunca he creído mucho en los impuestos patrimoniales, pero menos aún en aquellos que de alguna manera afectan a la inversión.
Después, se crea un impuesto a los bienes de lujo. Quiero decir que yo aprobé esto, porque creo que mejoró mucho la redacción. Los invito a mirar, porque en principio solo se consideraban helicópteros, aviones y yates.
Tenía razón la Senadora Provoste respecto a los aviones de uso privado sin una referencia a un precio determinado. En la Comisión se acordó un precio, que más o menos bordea los 80 millones de pesos, que permite, por ejemplo, a los aviones de los clubes aéreos cumplir una labor muy importante sin fines de lucro, como llevar a una persona que está afectada por un incendio o un terremoto o llevar ayuda (hay más de cuatrocientos clubes en el país).
Esto no puede ser algo que sea gravable. Pensé que era mejor hacerlo por la vía de una exención a los clubes, pero era algo más complejo, por eso se hizo respecto del precio determinado, que corresponde a un avión ya usado, antiguo, que no puede ser considerado de lujo y no califica para el impuesto. Este se aplicaría para otro tipo de bienes de distinta naturaleza.
Siempre es discutible el impuesto al lujo. Este Senado lo derogó hace como cinco años, porque afectaba las medidas de seguridad. Yo planteo la duda respecto al impuesto a los autos, porque se fija una exención sobre un precio igual o superior a los 40 millones de pesos. Todos los autos híbridos o nuevos tienden a ser más caros. Entonces, esto es bien raro, porque uno está castigando algo que debería ser deseable en cuanto a modernizar la forma de movilizarse. Pero ese fue el planteamiento del Gobierno.
Por último, se moderniza el sistema de concesiones mineras, donde creo que los Senadores del norte tienen una duda respecto del efecto que esto va a tener, particularmente en las concesiones menores, empezando por los mineros menores para los que puede ser complejo.
En resumidas cuentas, Presidente, todas las exenciones tenían un sentido. Algunas se derogan con razón, otras, con menos y se generan algunos impuestos adicionales. Ya he realizado mi planteamiento respecto de algunos de ellos.
Voy a votar a favor en general, pero obviamente tengo algunas aprensiones en las votaciones particulares.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Coloma.
Senadora Van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Muchas gracias, Presidenta.
La verdad es que yo quiero contextualizar esto. Efectivamente, tal como se dijo en la discusión del proyecto anterior, se trató de avanzar desde hace ya bastante tiempo en el tema de las pensiones, y lamentablemente eso se enlazó con este proyecto de aumento de impuestos del Gobierno a última hora.
Tenemos que señalar, además, que este es un Gobierno al cual le quedan menos de dos meses, cincuenta y seis días me parece que dijo, por su intermedio, Presidente, el Senador Montes. Creo que un Gobierno que planteó en sus inicios, dentro de su programa, que iba a generar mejoría en la economía, pero de la mano de no aumentar los impuestos, no puede venir a hacerlo a última hora, y, además, con dudosos efectos posteriores en el crecimiento.
Acá se usan consignas. Se habla del "impuesto a los superricos", y la verdad es que yo les quiero decir que un auto de 40 millones es caro, pero no es un auto de un superrico, ¡no es un auto de un superrico! Es probablemente de un profesional acomodado, en una realidad en que trabajan ambos y que han logrado salir adelante. Eso ya tenía impuestos altos. Probablemente esas personas querían después migrar a autos eléctricos y les vamos a seguir subiendo los impuestos, vamos a impedir que las pymes, que han sufrido tanto, puedan acceder al leasing.
Yo entiendo que a la Izquierda le gusta subir impuestos. Cree que aumentando los impuestos necesariamente, por obra y arte de magia, se genera mayor recaudación y, por tanto, una mejoría inmediata en la calidad de vida de la gente. Yo por lo menos no siento eso. Entiendo que los impuestos son una herramienta y que como cualquier herramienta tiene que ser usada con prudencia y de acuerdo a la realidad. Considero que, en este caso, a última hora, no corresponde.
Por lo tanto, yo no voy a votar a favor de este proyecto. Estoy segura de que se va a terminar aprobando, pero por lo menos no voy a generar un aumento de impuestos en un Gobierno que prometió que no lo iba a hacer.
Muchas gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senadora Van Rysselberghe.
Senadores Montes, Alvarado y Lagos.
(Luego de algunos instantes).
Senador Montes.
El señor MONTES.- Gracias, Presidenta.
Yo voy a votar a favor en general de este proyecto, porque estoy de acuerdo en que haya una "pensión básica universal", como la hemos llamado. Porque esto permite subir el piso de recursos que reciben los dos millones y medio de pensionados que hay en el país.
¿Cómo se financia esto? Es una discusión que normalmente toma tiempo, que normalmente se reflexiona, que normalmente se calcula.
Aquí estamos en un proyecto que se apuró mucho y en que debemos hacer fe en el Gobierno.
Tenemos problemas, primero, en el cálculo del costo del proyecto. Aquí se nos dice que son 3 mil millones o un poco más, 3 mil 300 millones de dólares anuales: 3 mil 300 o 3 mil 200 millones multiplicados por cincuenta años, como recomienda, tanto en la estimación de los costos, en que hacemos fe, como en la estimación de los ingresos, en que también hacemos fe.
Con respecto a los ingresos, el Consejo Fiscal Autónomo planteó reparos fuertes: ¡fuertes! Yo nunca había oído, en mi período parlamentario, un informe con ese tipo de reproches o de observaciones y cuestionamientos. El Gobierno acogió parte de ellos y se abrió a nuevas fuentes de financiamiento.
Bueno, dentro de lo que se señaló están las exenciones, y aquí se dicen muchas cosas. ¿Por qué estamos discutiendo las exenciones? Porque en la negociación del presupuesto de enero de 2020 la Oposición dijo: "Hay que estudiar las exenciones". ¡Son 9 mil millones de dólares en exenciones! Ahí se hizo que una comisión internacional y otra nacional estudiaran esto, y se llegó a la conclusión de que no correspondía que muchas de ellas existieran; que tuvieron un objetivo adecuado, pero que después fueron perdiendo sentido.
De las propuestas acá, en cuanto a las del mercado capitales en diciembre del 2019 planteamos 5 por ciento por año, que se iba incrementando. Aquí llegamos a 10 por ciento, y en Estados Unidos, a 20 por ciento. Lo lógico habría sido tener una gradualidad posterior. Quedó todavía un margen que hay que revisar en futuras reformas.
Con relación al mercado inmobiliario, el IVA a la construcción, yo no tengo tiempo para volver a explicar todo esto. Lamento que los argumentos de los Senadores Coloma y García fueran como que no hubiéramos tenido ningún debate.
Muy rápidamente quiero decir que aquí hay una historia. Esto fue generado en 1975 por los señores Etcheverry y Lacamara para que las empresas constructoras entraran en el IVA. Entraron, y después se quedaron ahí: no hubo cómo sacarlo. Se financiaron viviendas de 20 mil, de 10 mil UF, de cualquier valor, lo que generó efectos muy desiguales.
Cuando se construía Bajos de Mena se estaban entregando, en distintas ciudades, para viviendas de cualquier valor muchos muchos recursos del Estado por la vía de las exenciones.
Lo raro es que él no maneja esto. Quien decide cuándo se aplica el precio y cuándo no son los empresarios. Cuando hay un sobre stock de viviendas sin duda que se va a disminuir por esta vía. Depende mucho del criterio de quien maneja aquello.
Esto es absurdo, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo.
Ahora bien, se dice que va a subir el precio. La discusión de esta materia partió cuando valían 400 UF. Hoy día están a 1.200, para los de más bajos ingresos, y la verdad que ello tiene que ver con otros factores.
En dos palabras, la propia Cámara de la Construcción en el 2014 reconoció que no tenía sentido mantener esto. Hoy día podemos señalar que la Cámara de la Construcción dice: "Hay que ver cómo se amortigua el efecto después de los dos años desde que se empieza a aplicar; y, en segundo lugar, para el tramo superior hay que tener una suerte de garantía a los créditos de tal forma de posibilitar ciertos créditos".
Yo creo que esas cosas hay que estudiarlas y ver cómo incorporarlas, porque pueden terminar siendo razonables. Pero no es lógico que ahora las empresas administren esa cantidad de recursos.
En lo tocante al IVA a los servicios, toda la gente que me asesora dice que eso está sobrestimado, que está mal calculado. Tuvimos que aceptarlo pues no teníamos otra posibilidad de entrar a analizarlo, y el Gobierno insistió en que así era.
Sobre los excedentes de libre disposición -porque aquí se dicen muchas cosas-, cuánto representa lo planteado: 19.476 millones, 0,01 del PIB.
¿Cuántas personas son las beneficiadas por ello? Siete mil.
Entonces, aquí el Ejecutivo señaló que se había perdido el sentido, porque eso decían los propios informes de quienes se dedicaron a estudiar este asunto. ¿Qué hizo el Gobierno -yo estuve por aprobarlo-, porque la mayoría de la Comisión lo rechazó? ¿Qué debería haber hecho el Gobierno? Traer ellos la indicación para reponerla, y no lo hacen. No entiendo... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
El Gobierno no oye esto, porque el Ministro está en otra cosa. Pero yo quisiera decirle que a mí me extraña que el Ejecutivo no hubiera llegado con una indicación si lo sentía necesario. Y ahora un Senador dice: "Esto no se puede reponer, porque lo rechazó la Comisión".
Finalmente, creo que aquí falta plata, porque, sumado todo ello, faltan 1.300, 1.200 millones de dólares.
¿Qué nos dice el Gobierno? Esto se carga a las provisiones, a las de este año y a las provisiones de estudio y de proyectos en trámite de los próximos cuatro años.
¡Cuidado!
De eso tenemos que hacer fe también, porque además, como dice el Consejo Fiscal Autónomo, hay que estimarlo para cincuenta años, no para cuatro o cinco, ni para treinta.
Bueno, también hacemos fe. ¿Y por qué hacemos fe en ello? Porque no nos queda otra. En el informe que ustedes van a ver hay constancia de todas las dudas que tuvimos en el transcurso del análisis de este proyecto. Y lo aprobamos porque se necesita financiar.
Lamentablemente,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Decía que, lamentablemente, esto se ha hecho muy a la carrera, y es complicado el efecto que tiene a cincuenta años aumentar el gasto público en tres mil y tantos millones de dólares, el 20 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación de cada año. Son hartos hartos recursos, necesarios para las pensiones; pero debiéramos haber estudiado mucho más a fondo esta materia.
En cuanto al impuesto a los superricos -ya lo dijo el Senador García-, hay un impuesto por la vía de la sobretasa, que ya creamos en enero del 2020: ya hay un impuesto a los superricos por la vía de los bienes de lujo.
Termino diciéndole a la Senadora Ebensperger: "Oiga, si hay mucha desigualdad en este país". Y lo que estamos planteando es la posibilidad de financiar pensiones para personas que lo están pasando muy mal. Ello, por la vía de exenciones; o sea, a gente que no paga impuestos decirles: "Van a tener que pagarlos, porque les corresponde hacerlo".
Yo voto a favor.
Creo que se trata de un financiamiento que ojalá hubiéramos tenido más tiempo de estudiarlo.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Montes.
Tiene la palabra el Senador Alvarado; luego podrán intervenir los Senadores Lagos y Elizalde.
El señor ALVARADO.- Gracias, señora Presidenta.
Quisiera tomarme -por intermedio de la Mesa- un poco de las reflexiones del Senador Montes en orden a que en muchas cosas de este proyecto de ley ellos tenían que hacer fe.
Yo le quiero decir también al señor Senador que en el tema de pensiones el año 2008 nosotros también hicimos fe de lo que nos planteaba el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Porque el financiamiento para la pensión básica solidaria señalaba textualmente lo siguiente: "Recursos provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones".
¿Qué propuso el Gobierno? El Gobierno propuso exactamente lo mismo ahora.
¿La diferencia? Nosotros hicimos fe: ustedes no quieren hacer fe.
Segundo: "Liberación de recursos por la disminución de los compromisos que mantiene el Estado con el sistema de pensiones antiguo".
Eso planteaba el informe financiero de 2008. Exactamente lo que sucede ahora, porque esas personas van, por razones obvias, disminuyendo, y se van liberando recursos, generando ingresos u holguras adicionales.
En tercer lugar, decían claramente en el informe financiero: "Recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del crecimiento económico".
Y nosotros hicimos fe.
Sin embargo, el crecimiento económico no tuvo relación con el que nos señalaron: ¡fue bastante menor! Pero la responsabilidad fiscal de las autoridades que ha tenido nuestro país en materia de Hacienda pública ha hecho que el país pueda solventar estos gastos y esos compromisos.
Nosotros hicimos fe de lo que nos dijo el Gobierno; pero tuvimos que negociar y llegar a acuerdos. El 2008 con convicción definimos apoyar esa reforma, que tenía la misma estructura de financiamiento que hoy día se propone; sin embargo, ahora la actual Oposición no hizo fe y puso la exigencia de aumentar los impuestos.
Asimismo, les he escuchado señalar que esto se ha hecho en forma muy apresurada. ¡Pero obviamente! Si al Gobierno lo han obligado a actuar rápidamente para que este proyecto pueda aprobarse y no se postergue el beneficio a las personas más vulnerables. Por lo tanto, podemos cometer errores o establecer tributos adicionales que van a recaudar muy poco, y el día de mañana seguramente nos vamos a arrepentir y buscaremos otras fórmulas de financiamiento que generen mayores recursos a más largo plazo. Eso va a ser así, sin ninguna duda.
Entonces, ahora simplemente quiero traer a la memoria que en el pasado, cuando éramos Oposición, hicimos fe y las cosas resultaron. Hoy día la actual Oposición no hace fe de lo que le señala el Gobierno y exige una pequeña, una mínima reforma tributaria apresurada en la que podemos cometer errores.
Y voy a dar un solo ejemplo: el leasing. Este es un gasto financiero, el cual hace que la pequeña y la mediana empresa lo rebajen de su base tributaria.
En la actualidad estamos terminando con ese beneficio. Y yo por lo menos me opongo a ello por una razón muy simple: porque en cuanto al emprendimiento del cual todos hablamos, cuando las personas toman la iniciativa de comenzar una actividad propia y no tienen capital, no cuentan con bienes para entregar en garantía, ¿a qué recurren? Al leasing, que les financia el cien por ciento en función de sus flujos de ingresos futuros y de arrendamiento: un tercero compra los bienes y se los entrega en arrendamiento. ¿Beneficios? No precisan contar con capital ni con respaldo de garantías.
En seguida, desarrollan su emprendimiento, pagan en función de los flujos y se les da un incentivo tributario que puede servir para una empresa modesta de transporte público; para quienes instalan una pequeña empresa de conocimiento tecnológico y que requieren equipamiento, requieren tecnología, requieren computadores, o bien para emprendedores que quieren mejorar su base de producción con activos que hagan más eficiente esa cadena productiva.
Y hoy día les estamos quitando ese beneficio.
Me dirán: "¡No; es que puede acceder al banco! ¡Le vamos a dar el mismo tratamiento que le entregan los bancos!". Pero para que esa persona llegue al banco hay ciertas cuestiones previas.
Primero, ¿está o no en Dicom?
Segundo, ¿tiene patrimonio para entregar una garantía, sí o no? Lo más probable es que no lo posea.
Tercero, le van a prestar en función de los flujos, pero con una diferencia: necesita un aval o un respaldo de garantía. Con el leasing, no.
Hoy día me dicen: "No, si se va a mantener el leasing". ¡Claro, se va a mantener! Pero el beneficio tributario que puede servir de palanca para ese emprendimiento ahora lo estamos terminando.
Quiero concluir mi intervención... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa).
Decía que quiero concluir mi intervención solamente señalando que no estoy muy claro con relación a la prolijidad con que estamos tratando estas modificaciones tributarias; que estoy absolutamente convencido de que la recaudación adicional es muy marginal, y que en ello existe una amplia posibilidad de error en cuanto a afectar actividades y a pequeñas y a medianas empresas.
¿Y por qué pasó esto? Porque simplemente en el pasado dimos fe de lo que nos decía el Ejecutivo y hoy día la actual Oposición no da fe de lo que le señala el Gobierno, no le cree y exige condiciones de última hora para aprobar una Pensión Garantizada Universal para familias que efectivamente la necesitan.
He dicho, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador Alvarado.
Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.- ¡Será demostrada la falsedad de la afirmación -por intermedio de la Mesa- del Senador Alvarado...!
Señora Presidenta, en cuanto a la Pensión Garantizada Universal, el Gobierno, en una decisión consciente -no me cabe ninguna duda- decidió presentar dos proyectos de ley: uno establecía el beneficio justo, necesario, buscado por centenares de chilenos y otro determinaba el financiamiento, trámite separado.
El Ministro Secretario General de la Presidencia me hace una venia, como diciendo: "¡Claro; eso era lo que había que hacer!". Porque así uno estaba obligado: en el fondo, nadie iba a rechazar el proyecto sobre pensión, y como estaba disociado el financiamiento, en el peor de los casos íbamos terminar con un beneficio aprobado sin lucas para pagarlo.
Eso iba a ocurrir; ese fue el origen del problema.
Segundo, a poco andar, nosotros, la Comisión de Hacienda, le preguntamos al Ministro Cerda qué vamos a hacer, si el financiamiento es adecuado. Y el Ministro Cerda dijo que sí, que estaba adecuado, hasta que apareció una carta de cuatro connotados economistas chilenos.
Es bueno recordarse de esos economistas, Repetto, Engel, De Gregorio y Valdés, por la sencilla razón de que ¡seguramente en el futuro van a sacar otras cartas y hay que tenerlas presentes...!
Pero esas firmas valen, y cuestionaron el financiamiento.
Y el que a mi juicio le puso el cuestionamiento más severo al financiamiento del Gobierno en relación con este proyecto sobre pensiones fue el Consejo Fiscal Autónomo, quien, entre otras cosas, dijo que era impresentable no seguir poniendo recursos en el Fondo de Reservas de Pensiones por el equivalente al 0,2 por ciento del PIB y limitarlo a la mitad, como planteaba la iniciativa.
Además, estableció otras consideraciones: que las proyecciones eran limitadas en el tiempo, etcétera.
¿Qué quiero decir? Que el financiamiento fue un tema de discusión, y como Oposición la alternativa es muy sencilla, pues no teníamos cómo vincular un proyecto con otro para dejarlo condicional. En consecuencia, hicimos todos los esfuerzos para mejorar el financiamiento.
Escuché al Senador Alvarado decir: "Nosotros hicimos fe del Gobierno". ¡Claro que hicimos fe! Hicimos fe de cuánto iba a costar el proyecto; hicimos fe de cuánto se iba a recaudar en general. Nadie cuestionó cuánto iban a rendir las exenciones que planteó el Ejecutivo, que representaban un tercio del financiamiento.
Lo que señalamos fue que nos parecía que reducir el Fondo de Reserva de Pensiones era improcedente, cuestión que ratificó el Consejo Fiscal Autónomo, y, segundo, que las holguras de que habla el Gobierno no eran suficientes y que no iban a rendir, y ahí sí que teníamos una diferencia.
El Gobierno se allanó, y yo valoro -por su intermedio, al Ministro Cerda- que haya accedido a disminuir a la mitad la incertidumbre acerca de ingresos permanentes a través de las exenciones, bajo el supuesto de que fueran correctos.
Quiero plantear solamente un par de detalles en esta materia.
En cuanto a los impuestos a las ganancias de capital, yo habría esperado que nos fuéramos al techo que propuso la Comisión que presidió el ex Presidente del Banco Central don Rodrigo Vergara, junto a otros connotados economistas chilenos, quienes señalaron que tal vez podríamos llegar a un 15 por ciento. No a un 20 por ciento, como en otros países quizás más desarrollados, con mejores mercados de capital; pero sí a un 15 por ciento.
Lo otro es que lo tocante al impuesto a los superricos era una trampa. Porque uno podría haberse mantenido firme con el impuesto a los superricos, más allá de que era evidentemente inconstitucional, y eso se habría caído en el Tribunal Constitucional, con lo que nos hubiéramos quedado sin nada de financiamiento. Y como estas conversaciones las coordinamos entre la Oposición y los asesores del Presidente electo, se decidió a tratar de aumentar lo máximo posible la recaudación, aunque no fuera el cien por ciento.
Por eso, sabiendo que se iba a caer el impuesto a los superricos en el Tribunal Constitucional, aceptamos la propuesta, que conocimos a última hora para ser bien franco, del impuesto a los bienes de lujo. Fue tanto el tiempo que nos faltó que esta mañana tuvimos que modificar lo que básicamente ya habíamos aprobado el viernes en esta materia. Dejamos esto pendiente, porque no teníamos claro cómo iba a funcionar, cómo se iban a gravar los yates, los aviones, etcétera. Y hoy día ello se perfeccionó.
Lo que quiero decir es que si tuvimos que perfeccionar hoy en la mañana un impuesto de esta naturaleza fue porque a mi juicio debimos trabajar muy a la carrera.
Alguien me dirá: "Bueno, pero queríamos aprobar el financiamiento". Se hizo lo que se pudo, aprobamos el financiamiento como está; pero a todas luces, cuando usted empieza a desglosar, aparecen dudas.
Por último -y no lo digo a modo de mofa-, el Senador Alvarado señaló que ellos hicieron fe el 2008 de lo que decía el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Pero él hoy día no hace fe de lo que indica el Gobierno del Presidente Piñera, porque está dispuesto a votar en contra de una propuesta que planteó el Ministro de Hacienda, quien está sentado a su derecha.
¡Ahí está!
En el caso del leasing -según entiendo- usted va votar en contra. En consecuencia, ¡no está haciendo fe de lo que le dice su Ministro de Hacienda...!
En este caso, nosotros no vamos a votar nada en contra... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... y no hablaré más.
Lo que hicimos nosotros, sin rechazar ninguna de las exenciones que estaban, fue sumarle exenciones que tenían que derogarse o atemperarse; eliminar el Fondo de Reserva de Pensiones, y poner en severa duda lo que significaban las holguras.
Desde ese punto de vista, creo que se realizó un esfuerzo, porque iba a ser más fácil allegar recursos a partir de lo que hoy día se va a recaudar que habernos quedado con el proyecto original.
Voy a votar en general el proyecto a favor, y voy a rechazar todas las votaciones separadas.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, Senador lagos.
Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Coincidiendo con la argumentación del Senador Lagos, es muy importante tener presente que la tramitación del proyecto que acabamos de aprobar, que establece la Pensión Garantizada Universal, es, por decir lo menos, heterodoxa, poco común.
Yo no recuerdo que un proyecto de tal envergadura haya sido aprobado sin que esté asegurado su financiamiento.
Originalmente, el financiamiento planteado por el Gobierno solo cubría un tercio del costo de este beneficio, el cual va a ir en aumento con el tiempo. Tras el esfuerzo que se está haciendo, solo se financian dos tercios.
Incluso, alguien podría rebatir la constitucionalidad de aprobar un proyecto que no tiene financiamiento asegurado.
Aquí hay algo básico: si se va comprometer un gasto permanente del Estado debe existir un ingreso permanente.
Contrariamente a lo que dijo el Senador Alvarado -por intermedio de la Mesa-, esta no ha sido una observación que haya planteado la Oposición. Efectivamente, cuatro destacados economistas enviaron una carta en donde advirtieron respecto de esta situación anómala y compleja; pero fue el Consejo Fiscal Autónomo el que prendió las luces de alerta, que es un organismo creado por ley el año 2019, reemplazando al Consejo Fiscal Asesor, que había sido creado por decreto supremo el año 2013 -si mal no recuerdo-, y que, entre otras finalidades, precisamente debe advertir, evaluar, monitorear el cálculo que realiza la Dirección de Presupuestos y, por tanto, entregar una opinión experta -por algo es un consejo autónomo- respecto de temas tan importantes como la forma de asegurar el financiamiento del proyecto que aprobamos anteriormente, que crea la Pensión Garantizada Universal, cuáles son sus costos efectivos, y cómo se evita que la situación fiscal sea deficitaria en el tiempo.
De eso es lo que estamos hablando, porque llama la atención, yo diría, la liviandad con la que se aborda una iniciativa de esta naturaleza, que debería haber sido tramitada como un todo, como un solo proyecto, que comprendiera, por una parte, el beneficio, y por la otra, su forma de financiamiento. Pero la decisión del Gobierno fue distinta.
Aquí me gustaría ver al Gobierno cuadrando a sus propias bancadas, y sin embargo no lo vemos. Al contrario, son muchas las solicitudes de votación separada que lo único que hacen es mermar la capacidad recaudatoria del Estado. Es decir, se está pensando en cómo se recauda menos, en cómo el proyecto que aprobamos anteriormente, sobre Pensión Garantizada Universal, resulta más deficitario.
Lo anterior da cuenta de una irresponsabilidad fiscal que en algún momento entendí que estaba superada en nuestro país. Porque no podemos -insisto- comprometer un gasto permanente si no tiene asegurado un ingreso permanente. Es tan simple como que a nadie se le ocurriría comprometer un gasto permanente para su familia con el aguinaldo de Fiestas Patrias. ¡A nadie! Pero parece que esa regla, básica en una economía familiar, no se aplica del todo respecto de gastos comprometidos por el actual Gobierno en un proyecto presentado a último momento, incluso después de la elección, cuando ya había un Presidente electo.
Nuestra buena voluntad se ha traducido en la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, que entendemos que da cuenta de una necesidad no menor que debe ser satisfecha. Y por eso el proyecto anterior fue acogido prácticamente por unanimidad. Sin embargo, llama la atención no solo yo diría la liviandad sino la irresponsabilidad con la cual se aborda el proyecto que garantiza el financiamiento, ni siquiera de todo, sino de una parte de la referida Pensión Garantizada Universal. Porque cada votación separada significa que se recaudan menos recursos y que, por tanto, la iniciativa anterior tiende a ser más y más deficitaria.
La pregunta es si esta será la lógica con la que se va a actuar en el futuro, y si el relativo consenso de responsabilidad fiscal que se había establecido en Chile para construir una institucionalidad dentro de la cual está el Consejo Fiscal Autónomo será reemplazado por la lógica de la improvisación y de la absoluta falta de responsabilidad.
Por eso, voy a aprobar en general el proyecto y voy a votar a favor de todas aquellas normas cuya votación separada se ha solicitado por parte de quienes no quieren asegurar el financiamiento permanente para la Pensión Garantizada Universal, lo que, insisto, es profundamente irresponsable.
He dicho, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, exceptuadas las normas respecto de las cuales se ha solicitado votación separada (29 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y los señores Alvarado, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvo la señora Van Rysselberghe.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Quedan aprobadas en general y en particular todas las normas que no fueron objeto de solicitud de votación separada.
Por lo tanto, tenemos que abocarnos a efectuar todas esas votaciones. Tal vez podríamos hacer un solo paquete, que incluya la totalidad de las normas involucradas o, de lo contrario, tendríamos que pronunciarnos sobre cada una de ellas, por separado.
Me dicen que vayamos una por una.
Ya se dio la explicación pertinente, de manera que, si les parece, las iremos votando una por una.
El señor QUINTEROS.- No, Presidenta, votémoslas juntas.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador, pedí votarlas en paquete, pero no se aceptó esa forma de votación.
El señor QUINTEROS.- ¿Quién no aceptó?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.- Lo que pasa es que nosotros no las vamos a votar todas de igual modo.
Yo propongo que sea sin debate, y así procedemos rápidamente.
Entiendo que habría acuerdo para eso.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Entonces, sin debate y las vamos votando una por una.
¿Les parece?
Acordado.
Antes de continuar, hay que precisar algo. Yo entiendo -y si estoy equivocada, me corrigen los colegas de Gobierno- que, independiente de quienes las han pedido, las votaciones separadas que ustedes solicitaron son para rechazar el texto despachado por la Comisión.
¿Estoy en lo correcto?
¿Sí?
Por lo tanto, vamos a ir pronunciándonos sobre cada una de las normas respecto de las cuales ustedes pidieron votación separada.
Votar a favor significa respaldar el informe de la Comisión y votar en contra es para rechazar lo resuelto por ella.
Señor Secretario, le pido ir dando lectura a cada una de las disposiciones.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Para las votaciones se seguirá el orden del articulado.
La primera solicitud de votación separada, del Senador señor Alvarado, recae en el numeral 3 del artículo 1 del proyecto, por el cual se agrega un nuevo artículo 37 bis del siguiente tenor: "Las normas de este párrafo deberán aplicarse a los contratos de arrendamiento con opción de compra de bienes que impliquen una operación de financiamiento o leasing financieros, considerando la existencia de dicho financiamiento, según su tratamiento financiero contable establecido por el Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera.".
La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el N° 3 del artículo 1 propuesto por la Comisión (22 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Coloma, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Castro, Durana, García-Huidobro, Insulza y Prohens.
Se abstuvo el señor Pugh.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos a la siguiente solicitud de votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Luego está la petición del Senador señor Coloma respecto de los artículos 3 y séptimo transitorio.
No sé si el señor Senador quiere que se voten los dos artículos en conjunto o cada uno por separado.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Senador Coloma, ¿podemos votar juntas todas las normas que dicen relación con la tasa de impuesto territorial y el Código Tributario?
El señor COLOMA.- Es que son distintas, y en algunas me voy a abstener y en otras a votar en contra.
La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Pero podríamos votar en conjunto los artículos 3 y séptimo transitorio, y el 5 aparte?
El señor COLOMA.- Sí, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
El artículo 3 (página 43 del comparado) dice: "Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7 bis de la ley N° 17.235 sobre Impuesto Territorial, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de Hacienda:
"1) Agrégase en el numeral 1, el siguiente párrafo tercero, nuevo:
`Tampoco estarán gravados con esta sobretasa los bienes sujetos a la aplicación del artículo 27 de esta ley.'.
"2) Reemplázase en la letra c) del numeral 3 el porcentaje `0,275%"' por el porcentaje `0,425%'".
Y el artículo séptimo transitorio...
La señora RINCÓN (Presidenta).- ¿Senador Insulza?
El señor INSULZA.- Presidenta, lo único desafortunado es que esto no tiene un comparado o no existe el texto comparado.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Sí existe, Senador.
El señor INSULZA.- Pero no lo han distribuido, por lo menos.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Ahí está.
El señor INSULZA.- Aquí apareció uno.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Okay, Senador, no se preocupe.
Señor Secretario, puede continuar.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Estamos en las páginas 43 y 121 del comparado, Senador Insulza.
El artículo séptimo transitorio, que está en la página 121, es del siguiente tenor:
"La disposición contenida en el numeral 1) del artículo 3 entrará en vigencia con efecto retroactivo a contar del 1 de enero del año 2020.
"La disposición contenida en el numeral 2) del artículo 3 entrará en vigencia el 1° de enero de 2023.".
Esas son las dos normas.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Perfecto.
Estamos en el tema de la sobretasa al impuesto territorial y la idea es votar por separado estas dos disposiciones.
Los que estén a favor de que se aplique esto deben apoyar el informe de la Comisión, y quienes estén en contra deben rechazarlo.
En votación.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 3 y séptimo transitorio (21 votos a favor y 7 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Pizarro, Prohens y Quinteros.
Votaron por la negativa la señora Ebensperger y los señores Alvarado, Castro, Coloma, Durana, García-Huidobro y Sandoval.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora corresponde votar separadamente, a solicitud del Senador señor Coloma, los artículos 5 y quinto transitorio, relativos al IVA de la construcción.
El artículo 5 elimina el artículo 21 del decreto ley Nº 910, de 1975, que modifica los decretos leyes 619, 824, 825, 826, 827 y 830, y otras disposiciones de orden tributario.
El artículo quinto transitorio, en tanto, señala:
"La modificación contenida en el artículo 5, entrará en vigencia respecto de la venta de bienes corporales inmuebles para habitación y para los contratos generales de construcción de dichos inmuebles que no sean por administración, realizadas y celebrados, respectivamente, a contar del 1 de enero del año 2025.
"Los contribuyentes que hayan realizado las ventas y celebrado los contratos antes referidos con anterioridad al 1 de enero del año 2023, si han obtenido el respectivo permiso municipal de edificación con anterioridad a dicha fecha y siempre que al 31 de diciembre del año 2023 las obras ya se hayan iniciado, mantendrán el beneficio de deducir un 0,65 del débito del Impuesto al Valor Agregado respecto de las ventas y contratos generales de construcción de dichas obras, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, vigente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial. Si cumplen con los mismos requisitos antes señalados, mantendrán el beneficio las empresas constructoras por las ventas de viviendas que se encuentren exentas de Impuesto al Valor Agregado, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme con lo dispuesto en la primera parte del artículo 12, letra F, del decreto ley Nº 825, de 1974, el cual será equivalente a un 0,1235 del valor de la venta y se deducirá de los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta. La obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto, conforme lo señalado en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El Servicio de Impuestos Internos determinará la forma de verificar el inicio de la obra mediante resolución.".
Esos son los dos artículos: el 5 y el quinto transitorio.
La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
Nuevamente, el mismo procedimiento: los que estén por aprobar el informe de la Comisión votan a favor; los que estén por rechazarlo votan en contra.
(Luego de unos instantes).
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban los artículos 5 y quinto transitorio (22 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Castro, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Prohens y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores Alvarado, Durana y García-Huidobro.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Coloma, Moreira y Sandoval.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Pasamos a la siguiente votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
A continuación, corresponde someter a la consideración de la Sala los numerales 15), letra a), y 16) del artículo 9, que el Senador señor Prohens ha pedido votar en forma separada.
La letra a) del N° 15) tiene por objeto reemplazar el inciso primero del artículo 142 por el siguiente:
"Artículo 142.- La concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto se determinará de conformidad a las reglas contenidas en el artículo 142 bis.".
Y el N° 16) del artículo 9 tiene por finalidad incorporar, a continuación del artículo 142, el siguiente artículo 142 bis, nuevo:
"Artículo 142 bis.- La determinación del monto de la patente anual indicada en el inciso primero del artículo 142 se regirá por las normas que se establecen en los incisos siguientes.
"En el caso de la concesión de exploración, el monto de dicha patente por cada hectárea completa será equivalente a tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión.
"En el caso de la concesión de explotación, el monto de la patente por cada hectárea completa será equivalente a:
"a) Cuatro décimos de unidad tributaria mensual para los primeros cinco años de vigencia de la concesión;
"b) Ocho décimos de unidad tributaria mensual desde el año sexto al décimo de vigencia de la concesión;
"c) Nueve décimos de unidad tributaria mensual desde el año undécimo al año décimo quinto de vigencia de la concesión;
"d) Uno coma dos unidades tributarias mensuales desde el año décimo sexto al año vigésimo de vigencia de la concesión;
"e) Tres unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo primero al año vigésimo quinto de vigencia de la concesión;
"f) Seis unidades tributarias mensuales desde el año vigésimo sexto al año trigésimo de vigencia de la concesión; y
"g) Doce unidades tributarias mensuales a partir del trigésimo primer año de vigencia de la concesión.
"Respecto de aquellas pertenencias que hubieren iniciado trabajos y los continúen, el monto de la patente será de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa que ella comprenda. Para estos efectos, se entenderá que una concesión minera ha iniciado trabajos cuando se realicen labores o actividades en una pertenencia o grupo de pertenencias que de modo permanente permitan el desarrollo de faenas mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere el inciso primero del artículo 6° del Reglamento de Seguridad Minera o la norma que lo reemplace, incluyéndose el cumplimiento del respectivo plan de cierre de faenas mineras. Se considerará trabajado el tiempo en que se encuentre vigente un plan de cierre temporal ya aprobado. Las pertenencias que serán consideradas como faenas mineras, comprenderán a todas aquellas pertenencias incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones, según la información que el concesionario haya entregado al Servicio. Bastará que una sola de las pertenencias de un mismo dueño, comprendidas en una misma acta de mensura, esté siendo trabajada conforme a lo prescrito en el inciso cuarto, para que se presuma de derecho que todas estas se encuentran en tal condición y, en consecuencia, les sea aplicable lo dispuesto en el inciso quinto o sexto según corresponda. En este caso, el monto de la patente será de tres quincuagésimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de exploración y de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de explotación.
"Respecto de aquellas pertenencias que no habiendo iniciado faenas mineras se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una Resolución de Calificación Ambiental o que haya ingresado al sistema de evaluación ambiental para su calificación, conforme la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el monto de la patente será el equivalente de tres décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa.
"Los propietarios de las pertenencias serán los responsables de entregar al Servicio todos los antecedentes necesarios para acreditar el inicio y continuidad de faenas mineras y/o el estatus de la Resolución de Calificación Ambiental que les permitan acceder al beneficio de patente rebajada.
"El reglamento del Código de Minería regulará la forma, condiciones, plazos, y formalidades que deberá cumplir el titular para que el Servicio otorgue los beneficios establecidos en este artículo.".
Esas son las dos disposiciones contenidas en esta votación separada.
La señora RINCÓN (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Seguimos con el mismo procedimiento: a favor del informe de la Comisión, se aprueba; en contra del informe, se rechaza.
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Presidenta, yo no quiero fundar ni nada. Solo quiero hacer una consulta porque acá tengo dudas.
En este número no se distingue nada, ni con relación a los pequeños mineros ni con respecto a Enami.
A mí me han dicho aquí que a los pequeños mineros no les afecta, pero sí a Enami. Y que se suban las patentes a la empresa afecta, por lo tanto, a los pequeños mineros.
Entonces, que les suban las patentes a las mineras, okay. Pero cuando afecta a los pequeños mineros, la cosa cambia.
En las regiones del norte tenemos muchos pequeños mineros que dependen -casi en un 80 por ciento, diría yo- de Enami. Si esta norma le va a afectar de tal manera a Enami, como se lee de lo que señala el proyecto, finalmente los más perjudicados son los pequeños mineros.
Entonces, solo quiero consultar si se pudiera hacer alguna diferenciación en esta materia, porque, de lo contrario, vamos a tener que votar en contra todo este artículo.
Solo eso, Presidente.
Gracias.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
No sé si alguien del Ejecutivo le puede contestar a la Senadora Ebensperger.
¿Subsecretario Weber? ¿Ministro?
Subsecretario, tiene la palabra.
El señor WEBER (Subsecretario de Hacienda).- Gracias, Presidente.
Por su intermedio, saludo a todos los parlamentarios.
La verdad es que lo que estamos haciendo en el proyecto con respecto a patentes mineras es no hacer diferencia entre el sector privado y aquellas empresas que generan fomento a la minería.
También quiero recordar que hoy día estamos tramitando un proyecto de ley en el Congreso, que hoy día está en la Comisión de Hacienda de la Cámara, mediante el cual se fortalece el gobierno corporativo de Enami para que sea aún más eficiente en la administración de esos recursos.
Asimismo, tenemos que considerar, Presidente, que Enami hoy día cuenta una relación negativa entre pasivos y activos.
Por lo tanto, el Estado tiene otros instrumentos para seguir fomentando la pequeña minería. Y nosotros creemos que las reglas del juego que estamos poniendo hoy día son cancha pareja e igual para todos los actores del mercado minero.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Bien.
Me solicitan que pida el acuerdo para que ingrese la señora Javiera Suazo, asesora del Ministro y del Subsecretario, quien ha sido la encargada de llevar el proyecto.
¿Habría acuerdo?
El señor MONTES.- Sí, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muy bien.
Así se acuerda.
Brevemente, el Senador Prohens, tiene...
Perdón. Ministro, ¿quiere hablar altiro usted?
El señor CERDA (Ministro de Hacienda).- Sí. Para complementar al Subsecretario.
Gracias.
Hay dos tipos de patentes: de exploración y de explotación. Aquí lo que estamos haciendo es modificar las de explotación. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos preocupa son las patentes de explotación y que no se estén utilizando. Por lo tanto, las patentes de explotación que se están utilizando no aumentan el valor de la misma; se mantiene. Es decir, si esa patente se le entregó una persona y ella está haciendo la explotación respectiva, mantiene el valor.
Sin embargo, en todos aquellos casos en que hubiese demasiados derechos de explotación y no se ocuparen, ahí va aumentando el valor de la patente. Y va aumentando paulatinamente. Eso quiero decir que en la medida que más años tenga usted la patente sin ocuparla, mayor será su valor.
Con eso lo que se quiere hacer es entregar un incentivo para que no se acaparen las patentes y que efectivamente se ocupen.
El pequeño minero no acapara las patentes, sino que las ocupa. Por lo tanto, no tendrá ese aumento de costo. Solamente se les va a aplicar a aquellos que tienen demasiadas patentes de explotación y no las estén ocupando.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Ministro.
Tiene la palabra el Senador Prohens.
El señor PROHENS.- Gracias, Presidente.
Quiero hacer una diferencia entre el minero chico, que todo lo ve como un pequeño empresario, que lo es. Porque finalmente lo que ellos hacen es llevar su trabajo por una veta, no por un yacimiento.
Por lo tanto, el tener una, dos, tres o más pertenencias obedece a que ellos no tienen cómo desarrollar esa veta y necesitan estarse cambiando cada cierto tiempo.
Con respecto a la Enami, que pertenece al Estado, quiero decir que no es una empresa que explote minerales, sino una empresa de fomento, que es una especie de banco de los mineros.
En consecuencia, las patentes mineras que tengan tienen como finalidad hacer trabajo de sondaje y cuantificar el mineral que tiene para después entregárselo a los pequeños mineros mediante una licitación.
Por lo tanto, aplicar esta normativa a la empresa del Estado, más allá de que no se quiera diferenciar con las empresas privadas, lo que va a hacer es subir el costo, lo cual se va a reflejar finalmente en las labores que hacen los pequeños mineros.
Por eso que hemos planteado analizar esta indicación desde ese punto de vista.
Lo ideal hubiera sido llegar a un acuerdo con el Gobierno en el sentido de tener superclaro que Enami no es Codelco, ni es una empresa privada de explotación, sino que más bien es una empresa de fomento.
Este incremento en las patentes, más menos, significa entre cinco y seis millones de dólares. Y Enami ocupa, para fomento, cinco millones al año.
Ese es el punto que quería marcar ahora.
Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Prohens.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
Breve, para luego poder votar.
La señora PROVOSTE.- Presidente, a mí me parece importante el punto que ha hecho el Senador Prohens.
La explicación que ha dado el Ejecutivo debiera dejar absoluta claridad en torno a que este aumento busca hacerse cargo de una situación que nosotros en una zona minera sabemos que existe: la acumulación de patentes de grandes empresas. Esto, además, genera un claro deterioro a la actividad de los pequeños mineros y pirquineros, porque cuando ellos van a desarrollar alguna labor se encuentran con que esa área ya ha sido solicitada por una empresa de mediana y gran minería que, además, tiene todo un equipo de abogados, de geólogos, que les permiten realizar permanentemente estas solicitudes ante el Sernageomín.
Entonces, a mí me parece que la propuesta de base del Gobierno va en la dirección correcta.
Aquí bastaría con hacer explícito que se exceptúa de este aumento a las patentes que son parte de la propiedad de la Empresa Nacional de Minería.
Eso es mucho más sano porque, si no, bajo el alegato de proteger a los pequeños, la verdad es que se estará protegiendo a los grandes que acumulan permanentemente largas extensiones de terreno y que tienen suficientes recursos para pagar, una y otra vez, patentes de minería.
Por otra parte, me parece bien importante que este debate, que además debería ser la preocupación de la Empresa Nacional de Minería, se haga en un momento relevante para la vida de nuestras comunidades, particularmente para Paipote. Porque me gustaría ver la misma preocupación del Estado cuando la Fundición Paipote, por ejemplo, reconoce que ha rebasado casi en un 500 por ciento la norma de calidad del aire y los índices de dióxido de azufre son más altos que la crisis de Puchuncaví.
Por lo tanto, nuestra mirada no solo puede apuntar a temas económicos.
Queremos que a la Empresa Nacional de Minería le vaya bien, y que por esta vía no se graven las patentes que después van a tener un correlato en las entregas a los pequeños mineros cuando la Enami se digne -digámoslo así- a entregarles esas patentes a los pequeños mineros, pues lo que ha pasado en el último tiempo es que las licitaciones siempre son para las grandes y medianas empresas mineras del sector.
Quisiéramos ver la misma preocupación que existe en materia económica por las exigencias de la calidad del aire.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- Gracias, Senadora.
Vamos a votar por separadas las letras del artículo, tal como se planteado.
Ese es el acuerdo y la petición que hizo el Senador Prohens.
La señora PROVOSTE.- ¿Y puede leer la indicación?
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- No es indicación, Senadora. Es votación separada.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde a los números 15) y 16) del artículo 9 la solicitud de votación separada del Senador Prohens.
La señora RINCÓN (Presidenta).- En votación.
Aprobar significa respaldar el acuerdo de la Comisión; votar en contra es rechazarlo.
(Luego de algunos instantes).
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora RINCÓN (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueban los numerales 15), letra a), y 16) del artículo 9 del proyecto (19 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), con lo cual queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Coloma, De Urresti, Elizalde, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.
Votaron por la negativa los señores Castro, Durana, García-Huidobro, Pizarro y Prohens.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Alvarado y Sandoval.