MODIFICACIÓN DE LEY QUE FACULTA ACCESO A PRESTACIONES DE SEGURO DE DESEMPLEO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.401-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 16ª, en 21 de abril de 2020.
Comisión Mixta: sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020.
Mixta: sesión 21ª, 5 de mayo de 2020.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 8 de abril de 2020 (se aprueba en general y en particular); 17ª, en 22 de abril de 2020 (se rechazan las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa legal tuvo su origen en el Senado y, durante el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo dos enmiendas a su texto, a saber: suprimió el numeral 2 del artículo único de la iniciativa, referido al cálculo de la cotización obligatoria del 10 por ciento de la comisión destinada al financiamiento de la administradoras de fondos de pensiones y de la comisión destinada al financiamiento del seguro, todas contempladas en el decreto ley Nº 3.500, de 1980; y, en el artículo transitorio, referido a la entrada en vigencia de la ley, eliminó la referencia al señalado numeral 2, previamente suprimido.
Dichas modificaciones fueron rechazadas por el Senado durante el tercer trámite constitucional, suscitándose así las divergencias entre ambas Cámaras, lo que determinó la formación de una Comisión Mixta encargada de resolverlas.
La Comisión Mixta, como forma de superar tales discrepancias y con las votaciones que se consignan en su informe, acordó una proposición que incluye los planteamientos formulados tanto por el Ejecutivo como por los señores parlamentarios y señoras parlamentarias, y dejó constancia de que las materias incorporadas fueron consideradas por dicha instancia como relacionadas directamente con las ideas matrices de la iniciativa.
En dicho contexto, propone resolver la controversia mediante las diversas materias que se consignan en su informe.
Cabe tener presente que los numerales 1) a 6), 8) a 13), 16) y 17), todos del artículo único, y el artículo transitorio son disposiciones de quorum calificado, por lo que requieren, para su aprobación, 22 votos favorables, por tratarse de normas que regulan el ejercicio de derechos a la seguridad social.
La referida proposición de la Comisión Mixta se consigna en las páginas 45 y siguientes del informe y en el boletín comparado que sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Trabajo, Senador Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, procuraré entregar el informe de la Comisión Mixta en la forma más ordenada posible. Les agradeceré a los otros colegas que participaron de dicha instancia que complementen la información, porque se abordó una gran cantidad de temas importantes.
Quiero partir explicando el porqué.
Sacamos la ley inicial de protección al trabajo, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, en un momento crucial. Estábamos, y aún estamos, frente a la necesidad de que los trabajadores puedan acceder a alguna fuente de ingreso. Por el ritmo que tuvo la discusión de esa materia, es evidente que quedaron pendientes temas que se debían perfeccionar en una segunda iniciativa.
Por ello, quiero tratar de explicar por qué se abordaron diversos asuntos en este informe de Comisión Mixta.
Trataré de destacar los temas más relevantes, no necesariamente todos. Y lo haré en el orden del informe.
En primer término, quiero recordar que las primeras indicaciones que se aprobaron dicen relación con aspectos formales del artículo 1 de la ley, el cual fija los criterios respecto de la suspensión del trabajo por orden de autoridad. Ahí se agregó una referencia a las trabajadoras de casa particular (página 5 del boletín comparado), para que puedan acogerse al beneficio, si es que ellas quieren. En el caso de estas trabajadoras, es absolutamente voluntario el uso de sus fondos de indemnización.
La segunda modificación es al artículo 2 de la ley (página 12 y 13 del boletín comparado) y dice relación con la información que debe proveer la Superintendencia de Seguridad Social respecto de si las personas están percibiendo o no subsidio de incapacidad laboral.
Estas primeras dos enmiendas son temas formales y secundarios.
Luego se plantea una modificación al artículo 3, que fue uno de los temas más controvertidos con la Cámara de Diputados. Se refiere a la responsabilidad del empleador que suspende la relación laboral con relación a las cotizaciones de salud y previsionales. Se acordó (página 16 y 17 del boletín comparado) que "se calcularán sobre el cien por ciento de las prestaciones establecidas en este Título para las cotizaciones de pensión a que se refieren" las normas que indica, "y sobre la última remuneración mensual percibida, para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud".
Adicionalmente, en el mismo artículo 3, se precisan ciertas reglas respecto a si uno puede o no ser despedido. Se complementa sobre los procesos de pagos indemnizatorios cuando corresponde, agregando la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 159, números 1 al 5, del Código de Trabajo", que son causales que permiten poner fin a la relación laboral sin una indemnización: por ejemplo, renuncia voluntaria, muerte, caso fortuito o fuerza mayor, u otras situaciones que no vienen al caso. Hay un perfeccionamiento en ese sentido.
Lo más relevante de las modificaciones al artículo 3 es la resolución del conflicto que tuvimos en la Cámara respecto de cómo se pagan las cotizaciones de salud y de pensión. Se acordó que en salud se calcule sobre el 100 por ciento de la remuneración original o permanente, y en pensión, sobre el 100 por ciento del ingreso que se esté percibiendo.
En el artículo 4, que es una norma que habla de las trabajadoras de casa particular, la enmienda que se introdujo en el primer trámite es más bien un complemento. Se establece que "el empleador estará obligado al pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como las del trabajador, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3". Se buscó precisar cómo se hace el pago. Dicha modificación no es sustantiva, sino de mejor expresión.
El artículo 5 se refiere a la suspensión del contrato de trabajo por acuerdo mutuo cuando la actividad de un empleador se vea afectada total o parcialmente. Quiero subrayar este concepto, porque es un aspecto rector para la suspensión. Se modifica dicha norma mediante el establecimiento de un parámetro que objetiva lo que se entiende por verse afectada parcialmente. Se agrega un inciso nuevo, que dice: "Para los efectos del inciso anterior, se presumirá que la actividad del empleador está afectada parcialmente, cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas o servicios netos del Impuesto al Valor Agregado hayan experimentado una caída igual o superior a un 20% respecto del mismo mes del año anterior.". Este es un criterio similar al que se usa para acogerse a la reducción de jornada. Hubo acuerdo unánime para fijar este parámetro.
En este mismo artículo se incorpora el procedimiento para reclamar ante la Dirección del Trabajo cuando un trabajador no crea que la empresa está siendo afectada o denuncie que no ha habido una buena suscripción del pacto. Esta modificación es un complemento que despeja inquietudes que se habían manifestado sobre las facultades de los trabajadores. Hay casos en que trabajadores han alegado que les han impuesto un pacto. Este es el mecanismo que permite que la Dirección del Trabajo reciba la información y se pronuncie al respecto. Para tal efecto, dicho órgano podrá requerir al Servicio de Impuestos Internos los informes pertinentes. De verificarse la veracidad de la denuncia, la DT deberá derivar los antecedentes a los tribunales correspondientes.
También se precisa a partir de cuándo tiene efecto el pacto (página 28 del comparado). Es muy importante saberlo pasa estimar los impactos que generará en los pagos de la AFC. Se especifica que "El pacto producirá sus efectos a partir del día siguiente de su suscripción". Esta es una precisión muy relevante para el proyecto.
Luego se propone incorporar una enmienda en el artículo 6 de la ley. Al respecto, debo reconocer que esta es una gran contribución de la Presidenta de la Corporación, quien insistió mucho en incluir esta norma, que busca preocuparse de los derechos de los niños y mujeres que hayan demandado al hombre o al causante por pensión de alimentos. Se agrega un inciso segundo para disponer que las personas que se acojan a esta ley no dejan de tener el deber de seguir pagando las pensiones de alimentos. Y se establece el procedimiento correspondiente: el empleador debe informar esta circunstancia a la AFC; esta tiene que hacer la retención y enviársela de vuelta al empleador, para que este le pague a la persona que tiene el derecho, sin necesidad de un trámite en tribunales. Esta corrección, muy importante, está en las páginas 29 y 30 del comparado.
Asimismo, señora Presidenta, se discutió acerca de incorporar una excepción muy relevante en favor de las mujeres que tienen fuero laboral. Se analizó si se les aplica esta ley a ellas o no. Creo que es muy relevante entender el fuero. En primer término es para evitar el despido. Pero aquí se propone un criterio aún más amplio, mediante el artículo 6 bis, nuevo, que dice: "No se aplicarán las normas del presente Título I a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo.". A mi juicio, este es un asunto importante.
Voy a tratar de resumir el resto del informe, pues se abordó un conjunto significativo de temas. Trataré de ir a los más medulares.
Se hace una corrección respecto de varios territorios del país que no podían acogerse a la ley por ser zona franca o tener un régimen tributario especial. Es el caso de Isla de Pascua, del archipiélago Juan Fernández y de los territorios con zona franca, tanto en Punta Arenas como en el norte. Ahora pueden acogerse; quedaron incluidos en esta ley. En esta petición el Alcalde de Rapa Nui fue muy proactivo. El Senador Pugh mandaba recados múltiples desde su enclaustramiento para que acogiéramos tal solicitud, al igual que la Senadora Allende y el Senador Chahuán. Es importante reconocer la colaboración de ellos en esta materia.
En ese mismo ámbito se establecieron algunas precisiones formales sobre el orden de las declaraciones juradas que se deben presentar.
Señora Presidenta, quiero pasar a los temas más gruesos y no detenerme en un conjunto de detalles.
Hay modificaciones que incluyen procesos de coherencia en el artículo referido a la reducción de jornada y otros con relación a cómo opera el pago y a partir de cuándo se hace efectivo.
En cuanto a la pensión de alimentos, se incorporaron también los diferentes cuadros que hay para ese efecto.
En las enmiendas sobre los artículos 21 y 22 de la ley hubo una discusión un poco intensa entre nosotros.
El artículo 21 (página 52 del comparado) tiene que ver con el seguro de cesantía que algunos adquieren cuando compran un producto o servicio. Se establece que estar en esta situación de suspensión es equivalente a estar cesante para los efectos de que el trabajador o la trabajadora pueda invocar o no el derecho de usar el seguro de cesantía asociado al crédito adquirido, para que las aseguradoras cubran los pagos en bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares. Además, se dispone la proporcionalidad con que las compañías de seguro deberán contribuir los pagos, en caso de que el trabajador lo pida, y la forma como el trabajador tiene que acreditar aquello.
Respecto del artículo 22, señora Presidenta, quiero recordar que fue motivo de cierta polémica. Se establece que las empresas que estén recibiendo fondos públicos, a las que el Estado les está financiando ciertos servicios, deben mantener los sueldos de esos trabajadores. Es el caso de las manipuladoras de alimentos. No podrán acogerse a esta ley.
Yo les pido silencio a los colegas que están un poco apasionados aquí...
El señor MOREIRA.- ¡Es que tu exposición ha sido brillante...!
El señor LETELIER.- ¡Yo sé que usted las apoya mucho...!
Se discutió si las empresas que están recibiendo financiamiento público pueden suspender contratos de trabajo o no. Pues bien, se prohíbe que suspendan, aunque se establece una clarificación: no podrán hacerlo, pero solo en relación con los trabajadores de la prestación financiada y no con los que tengan otros tipos de contrato.
Se aclara también qué pasa con las empresas que están obligadas por orden de autoridad a ejercer su trabajo y a mantenerse vigentes, pese a la disminución de sus servicios. Es la situación de las empresas de transporte. Se dispone que podrán acogerse parcialmente a la ley en la proporción de los trabajadores que no son esenciales para cumplir su función.
Por otra parte, se establece un texto explícito respecto de las manipuladoras de alimentos: en ningún caso "se les podrá suspender ni afectar sus remuneraciones ni trasladarlas de lugar de trabajo". Esto, para dejar muy en claro que en esta iniciativa no hay ningún menoscabo posible para ellas.
Señora Presidenta, ya voy terminando.
Quiero referirme a la cláusula antiabusos que se redactó. Quizás después los otros colegas podrán precisar los temas que fueron controvertidos.
El señor MOREIRA.- ¡No precisemos nada! ¡Votemos!
El señor NAVARRO.- ¿Y el artículo 21?
El señor LETELIER.- Ya lo vimos. El artículo 21 es el que se refiere a los seguros de cesantías asociados a créditos de distinta naturaleza adquiridos por los trabajadores.
El artículo 30 propuesto, que podríamos calificar como "cláusula antiabusos", establece lo siguiente: "Las empresas organizadas como sociedades anónimas de conformidad a la ley N° 18.046, que se acojan a la presente ley, o que sean parte de un grupo empresarial (...), en que alguna de las entidades de dicho grupo se acogió a la presente ley, no podrán repartir dividendos a sus accionistas (...) durante el ejercicio comercial en que la empresa o una de las entidades del grupo empresarial tengan contratos de trabajo suspendidos ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía". Este fue un tema de bastante discusión, así como el que ninguna empresa controlada desde paraísos fiscales o lugares de baja tributación en el extranjero pueda acogerse a esta ley.
De la misma forma, en el artículo 31 se establece que "Los directores de las sociedades anónimas abiertas, donde todos o la mayor parte de los empleados o trabajadores tengan que hacer uso del beneficio establecido en el artículo 5 de la presente ley," -es decir, de la suspensión- "no podrán percibir honorario o dieta alguna por el ejercicio de dicho cargo de director, superior a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía, durante el período de la suspensión.". O sea, los directores tendrán que participar con un esfuerzo similar al de los trabajadores.
El artículo transitorio dice relación con el momento en que se implementa la ley, señora Presidenta.
Dejaré hasta ahí el informe.
Repasamos un conjunto amplio de materias; de ahí la extensión del informe.
El proyecto ha quedado equilibrado. Permite seguir evaluando. Y, junto con la existencia de este instrumento, dispone mecanismos para evitar abusos como los que han marcado estos días. La situación con Cencosud evidentemente es un abuso que nadie en esta Sala va a tolerar ni a legitimar.
Lo que queremos es que en la medida que se hace el esfuerzo, y todos los estamos haciendo, se piense en el futuro y no en cómo sacar provechos de corto plazo.
He dicho.
El señor MOREIRA.- ¿Podría abrir la votación, señora Presidenta?
El señor ELIZALDE.- Sí, votemos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Me ha pedido la palabra la señora Ministra.
El señor LETELIER.- Abra la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señora Ministra, tiene la palabra.
La señora ZALDÍVAR (Ministra del Trabajo y Previsión Social).- No, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿No? Muy bien.
Está inscrita la Senadora Provoste.
El señor ELIZALDE.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, está abierta la votación.
El señor LETELIER.- No.
La señora RINCÓN.- ¿La abrió?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, ese es el acuerdo. Después de presentar el informe se abre la votación.
El señor ELIZALDE.- Muy bien.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación el informe de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, quiero hacer uso del artículo 161 del Reglamento, porque si bien hemos conocido en detalle el informe por parte del Presidente de la Comisión Mixta, convengamos en que no es un hecho usual que se termine una Mixta, se prepare un informe y luego se reabra una Mixta para algunos artículos en particular. Entonces, tenemos algunas diferencias respecto de lo que fue distribuido en el comparado versus el informe.
En consecuencia, nos gustaría disponer del tiempo suficiente para hacer una mejor concordancia, particularmente de los textos y de la propuesta final, para que todos sepamos qué es lo que efectivamente constituye el texto final final de esta Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Se refiere a algún artículo específico, Senadora, o a todo el texto?
La señora PROVOSTE.- Particularmente a lo que dice relación con las normas antiabuso.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, encuentro de la mayor gravedad lo que está diciendo la Senadora que me antecedió en la palabra.
No están en este momento las personas de la Secretaría de la Comisión. Y aquí se está suponiendo que han sido malos ministros de fe. Porque si se afirma que no hay concordancia es porque hay algo que no corresponde.
Entonces, me gustaría que la Senadora Provoste nos pudiese precisar sus dudas, porque sus dichos quedan como una afirmación general. La Secretaria y el Ayudante de la Comisión realizan una labor de la máxima perfección, han trabajado constantemente.
No sé si hay un tema específico.
La señora PROVOSTE.- Sí. Por eso intervine.
El señor LETELIER.- Pero ¿cuál?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Yo participé en la Comisión Mixta. Y puedo señalar -conversé con la Senadora Provoste- que tal vez la diferencia que existe sea sobre el artículo 30. En la Comisión se presentó un artículo 30, nuevo, por parte del Gobierno. Trabajamos sobre ese texto, al que se le incorporaron indicaciones que formularon Diputadas, Senadoras y Senadores.
Ahora, en el artículo 30 había una frase, planteada por la Senadora Provoste y el Senador Pizarro, que si bien recuerdo decía algo así: "durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos ante la Administradora de Fondos de Cesantía". En la Comisión propusimos eliminar esa frase, porque traía una serie de consecuencias.
El texto del Ejecutivo no incluía esa frase. Entonces, cuando trabajamos sobre el texto del Gobierno, esa frase, que queríamos suprimir, no estaba. Luego se incorporaron dos o tres indicaciones, que por cierto superan el texto del Gobierno, y se aprobó por mayoría de votos. Toda la Oposición votamos a favor de ese texto y se opusieron los Senadores de Gobierno.
Esa es la historia. Conversé recién con Pilar Silva, y me refrenda que ella trabajó sobre la indicación que presentó el Gobierno, a la cual le hicimos enmiendas. Y la indicación del Ejecutivo no venía con el párrafo que nosotros mismos queríamos eliminar. Por eso no aparece ahí.
Tiene la palabra la Senadora Rincón y posteriormente la Senadora Goic.
La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, yo creo que su resumen es correcto y comprende lo que fue la discusión.
Me tocó reemplazar unos minutos a la Senadora Goic, que tenía que presidir la Comisión de Salud, y la frase que la Senadora Provoste echa de menos es una que todos por error habían incluido y que en la indicación del Ejecutivo no se puso, por eso no está en el texto, que decía: "no podrán durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos". Esa frase es la que se eliminó en el texto del comparado y por eso no se encuentra.
Pero creo que lo importante acá es que el texto final, que es la última columna, no tiene esa frase y se aprobó con las enmiendas e indicaciones que las señoras y los señores Diputados y Senadores propusieron.
Y entiendo -y me corrige, señora Presidenta, porque usted fue parte de la Mixta- que además fue por unanimidad.
Por lo tanto, creo que no hay problemas desde el punto de vista del texto final a aprobar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No hay votación de mayoría en el artículo 30, nuevo.
Tiene la palabra la Senadora Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, quiero respaldar lo que usted ha señalado y la labor de Pilar Silva, Secretaria de la Comisión de Trabajo.
Lo que pasa es que en el comparado aparece la proposición final de la Comisión Mixta. En la mañana teníamos una propuesta que habíamos aprobado; reabrimos el debate -ayer, de hecho-, y por eso se puede prestar a confusión respecto del texto anterior.
Pero tal como se hace siempre en una Comisión Mixta, aquí se presentaron indicaciones, sobre esas indicaciones nosotros hicimos algunas modificaciones que buscaron el texto que finalmente permitiera un acuerdo unánime y, además, salvaguardar los planteamientos que se habían hecho inicialmente en las indicaciones.
Así que solo quiero aclarar lo que ocurrió.
Probablemente, en el informe -como se hace habitualmente- están los textos originales de las indicaciones, que se pueden contrastar con lo que aparece en el comparado, que es el texto final que propuso la Comisión Mixta y que fue aprobado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Está en votación el informe de la Comisión Mixta.
Le daré la palabra al Senador Pizarro, para que fundamente el voto y se pronuncie sobre este tema reglamentario.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, lo que pasa es que si estamos en votación no le puedo plantear lo que quería. Entonces...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Bueno.
El señor PIZARRO.-... habíamos quedado de dilucidar...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Había acuerdo de abrir la votación una vez terminado el informe.
El señor PIZARRO.-... de dilucidar las diferencias que se generan, para evitar un malentendido, como se ha dicho acá.
Nadie está planteando ni colocando en cuestión ni la fe de la Secretaría, ni menos del personal que ha trabajado en esto.
Pero digamos también, con el debido respeto, que cualquiera de los colegas Senadores tiene derecho a pedir aclaración de cada una de las circunstancias, porque esto se abrió de manera absolutamente inédita, inusual. Un proyecto en trámite de Comisión Mixta que ya estaba oleado y sacramentado se reabre sin consulta al resto, por la sola facultad de los miembros de la Comisión Mixta. Y estamos frente a un debate en que respecto de las indicaciones -además, han sido parte de un debate público- cualquier Senador cuenta con el derecho a expresar una opinión o a pedir claridad.
El problema se produce porque lo que aprobó la Comisión Mixta -la "Comisión Mixta 1", por decirlo así- señala: "Las empresas que se acojan a la presente ley y que estén organizadas como sociedades anónimas de acuerdo a la ley N° 18.046, no podrán, durante el tiempo en que presenten contratos de trabajo suspendidos de acuerdo a ley 21.227, repartir dividendos entre sus accionistas según lo dispone el artículo 78 y 79", etcétera.
Y el texto establece no solo la modificación que han señalado ustedes, sino también el cambio del concepto de "sociedades anónimas" por "grupos empresariales".
Evidentemente, consultamos por qué se efectuó esa modificación. Y se nos explica que dicho concepto es mucho más amplio que el de una sociedad anónima, a pesar de que las empresas que pueden repartir utilidades, de acuerdo con la ley de sociedades anónimas, obviamente deben ser sociedades anónimas.
Pero producto del debate aparece como más lógico que sea mucho más amplio. Y la Senadora Provoste pide aclaración respecto de la modificación de ese texto, porque en el comparado no figura. Nosotros acá deberíamos haber tenido la propuesta de la Comisión Mixta 1 y la de la Comisión Mixta 2. Y en el comparado aparece como proposición de la Comisión Mixta y como texto final el mismo texto corregido o cambiado, por decirlo así.
Por lo tanto, uno no puede comparar ese texto con lo que era el informe de la Comisión Mixta 1. Ese es el punto.
Para mí está claro lo que sucedió. Parto de la base de que los cambios se hicieron; uno podrá opinar si son buenos o no. Pero nadie ha planteado ni mala fe ni mucho menos. Lo que necesitamos es mayor claridad.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene razón, Senador Pizarro. Yo he explicado lo que sucedió en la Comisión. Es bastante inédita, lo hemos dicho varias veces, la forma en que se tramitó: dos Comisiones Mixtas. Por tanto, resulta clara esa confusión reglamentaria.
Senador Navarro, tiene la palabra sobre el proyecto.
El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, la verdad es que esta iniciativa tiene historia. El uso del Seguro de Cesantía pasó por este Senado y advertimos un montón de temas. Yo voté en contra de ese primer proyecto, por cuanto eran platas de los trabajadores y no me parecía justo. E hicimos presente que iba a ser utilizado por las grandes empresas, como Ripley, como Cencosud, que reparten 91 mil millones de utilidades y despiden a miles de trabajadores, haciéndoles usar su Seguro de Cesantía, que lo van a requerir para los meses duros que vienen, como lo ha dicho el propio Ministro de Hacienda.
Lo inédito de esta situación no es solo la reapertura del debate en la Comisión Mixta, sino también la carta que el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, envía a todos los Senadores. ¡Inédito! No hay registro de que una entidad subalterna, como el Consejo de Estabilidad Financiera, le solicite a usted, señora Presidenta, en una carta firmada por el propio Ministro, que es colegislador, que el artículo 21 sea reformado. Ese artículo permite que todos los trabajadores que tengan asociado un seguro de cesantía, tanto en créditos hipotecarios como en créditos de casas comerciales, puedan devengarlo, es decir, puedan hacer uso del no pago o del cobro de dicho seguro.
Dos millones y medio de trabajadores tienen este sistema de seguro de cesantía, que pueden y deben cobrar. Pero las compañías aseguradoras saltaron, presionaron. Y el Ministro hace una carta, como Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, que dirige a usted, para que se modifique el artículo 21.
¡Eso es intervencionismo!
El Ministro tiene la posibilidad de ir a la Comisión de Hacienda. Él diseñó esta ley y redactó el artículo 21, y si se equivocó, debe reconocer su error.
Yo le preguntaba al Senador Letelier qué había pasado con el artículo 21, porque, seamos claros, no todos pueden estar en las Comisiones Mixtas ni en todas las Comisiones. Y quiero tener la certeza de que dicha norma, tal como está, podrá cumplirse; y de que la solicitud hecha por el Ministro Briones, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, no se materializará, porque amenaza directamente un derecho de los trabajadores.
Señora Presidenta, la carta fue dirigida a usted y tiene implícita y directa relación con este proyecto de ley, y usted es la que modera el debate y quien, además, fija la tabla. Y hago presente que esta iniciativa ha sido puesta sobre tabla -sobre tabla- y, en tal sentido, no ha habido posibilidad de conocer en detalle el informe.
Por tanto, hay antecedentes de sobra para recurrir al artículo 116 del Reglamento, que considera que puede haber un plazo mayor, pues señala claramente: "La discusión será aplazada para la sesión siguiente en que figure en tabla cuando lo solicite un Senador por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se hubieren puesto a disposición de los Senadores, a lo menos el día anterior al comienzo de aquélla, en el caso que el informe sólo haya recibido modificaciones formales...". No voy a terminar la lectura de la norma.
Solo digo que estamos legislando a un ritmo, diría, apropiado, porque el Presidente ha dado la instrucción de que hay que aprobar este proyecto. El Gobierno presiona y luego nos manda cambiar. O sea, nos manifiesta que somos obstruccionistas y lo único que hace esta Oposición es correr a aprobar los proyectos del Gobierno.
Bienvenido cuando se trata de beneficios para los trabajadores, pero hagámoslo bien. ¿El señor Ministro de Hacienda no está? No. Se encuentra presente la Ministra del Trabajo. Pero, señora Presidenta, nos someten a este estrés y luego nos dicen que somos obstruccionistas. Después, el Presidente nos conmina a hacer la pega; y el Ministro no solo manda cartas, sino también mensajes.
Por eso este Senado, en la encuesta de El Mercurio, tiene 1,8 por ciento de aprobación. ¡La peor evaluación de todas las instituciones de Chile! Porque somos capaces de someternos a este estrés, a no discutir adecuadamente, cuando este proyecto de ley es tan tan importante para los trabajadores.
Está bien la premura del Gobierno, pero quiero votar adecuadamente este proyecto de ley, porque afecta el bolsillo, el interés de los trabajadores. Y la anterior normativa se convirtió en un abuso. ¿Por qué? Porque se votó apresuradamente. Por fortuna, yo la voté en contra, y con mucha razón.
No quiero tener que arrepentirme de aprobar esta iniciativa por votar, una vez más, de manera apresurada. De eso se trata la observación que han hecho la Senadora Provoste y el Senador Pizarro. No es obstruccionismo, sino que podamos legislar con el tiempo adecuado para hacer buenas leyes, para que después el Presidente no nos enmiende la plana desde La Moneda diciendo que legislamos apresuradamente.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Navarro, no procede el artículo que usted ha invocado porque este es un proyecto que está con "discusión inmediata"; si no, hubiésemos tomado los resguardos pertinentes.
El señor NAVARRO.- ¡La monarquía presidencial!
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador De Urresti, tiene la palabra.
Disculpe, el Senador Insulza estaba primero.
Puede intervenir, señor Senador.
El señor INSULZA.- Señora Presidenta, muchas gracias. Intervendré más modestamente en realidad.
Es cierto que cuando un proyecto de este tamaño, con una relación de la envergadura de la efectuada por el Senador Letelier, nos llega para votarlo de inmediato uno se queda un poquito perplejo.
Yo solo quiero hacer una pregunta, porque, a lo mejor me perdí con la cantidad de cosas que nos informó el Senador Letelier. Creo que solo mencionó a las trabajadoras de casa particular en el sentido de que había habido un cambio de redacción. O sea, entiendo que la condición de las trabajadoras de casa particular sigue siendo que les pagan las imposiciones, pero que ellas se pagan con su 4,11 por ciento la cesantía.
¿Es eso así o hubo algún cambio sustantivo?
Esa es mi pregunta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Ha formulado una consulta a la señora Ministra, Senador Insulza?
El señor INSULZA.- No, al Senador Letelier, quien fue el relator.
Si no está él, a cualquiera que me la pueda contestar.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No se encuentra presente el Senador Letelier.
El señor INSULZA.- Bueno, no sé quién podrá contestar esto, señora Presidenta.
Pero la verdad es que quiero saber simplemente si en el nuevo texto se considera de mejor manera a las trabajadoras de casa particular, porque yo señalé durante la discusión del proyecto, y por esa razón voté en contra el texto anterior, que se decía que tenían derecho al subsidio de cesantía, pero que lo cobraban sobre el 4,11 por ciento, pues, como no están en la ley sobre Seguro de Cesantía, no tenían derecho a tal subsidio -esa es la realidad-, y yo consideraba que eso era una burla. Por eso quiero saber si esto se corrigió o no en las muchas idas y venidas del proyecto al cual se ha hecho referencia hoy día.
Yo pensé que en algún momento se haría, porque nuevamente, antes de votarlo para que fuera a Comisión Mixta, reiteramos, no solo yo, sino también otros Senadores y Senadoras, que ojalá se acordaran de las trabajadoras de casa particular y pusieran fondos para que ellas pudieran cobrar también su subsidio de cesantía. No era una gran suma de dinero. O por lo menos que les dijéramos que no estaban incluidas. Por último, que se les señale: "Ustedes están fuera de esto". Pero plantear que van a cobrar porque les van a pagar las imposiciones la verdad es que me parece un poquito demasiado, francamente.
En fin, si nadie me puede responder, sigamos adelante, señora Presidenta, no hay problema.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Goic.
La señora GOIC (Presidenta accidental).- Le voy a dar la palabra al Senador Letelier para que pueda complementar el informe en este aspecto.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, muy brevemente, las trabajadoras de casa particular no tienen seguro de cesantía. Lo único que se hizo acá es abrir la opción para que, si ellas lo quieren, se acojan a los beneficios de esta ley usando sus fondos de indemnización.
Por eso, en el otro proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento, que no tuvo buen destino hoy -lo veremos más adelante-, sobre ingreso familiar de emergencia o ingreso mínimo mensual, se establece que las trabajadoras de casa particular van a tener pleno derecho para postular a dichos beneficios.
Por ende, esto puede haber creado cierta confusión; esas trabajadoras no tienen seguro de cesantía; esta iniciativa solo las habilita, si lo desean, para usar esos recursos. Ello se hizo pensando en que pudieran hacer uso de algún instrumento mientras se despachaba este otro proyecto, que es para la gente del mundo del trabajo "informal", como lo han llamado algunos, o para los regidos por los puntajes del Registro Social de Hogares o este nuevo indicador social de emergencia.
Ya tendremos claridad sobre cómo evoluciona esa iniciativa.
Pero es en ella donde se plantea que las trabajadoras de casa particular podrán contar con recursos fiscales para solventar parte de sus gastos, no tanto en el proyecto que ahora nos ocupa.
La señora GOIC (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, en realidad, quiero entregar una apreciación general acerca del debate de este proyecto, el cual, por cierto, es una interesante e importante herramienta para evitar el despido especialmente de los trabajadores y las trabajadoras de bajos salarios y de pequeñas empresas.
Sin embargo, también creo que no está bien concebido en cuanto a las grandes empresas. Es una opinión que he planteado durante toda su tramitación.
Estas grandes empresas exhiben mejores condiciones para resistir; y se nos hizo ver que, sin esta ayuda, muchas de ellas también estaban amenazadas por la quiebra.
En verdad -y así lo sostuve, señora Presidenta-, no acepto ese argumento. No es este el único instrumento: las empresas cuentan además con créditos subsidiados, como el Fogape. Tampoco me parece atendible el razonamiento en el sentido de que solo el 1,3 por ciento de las empresas se han acogido a esta ley. Pero se ha reconocido que esa pequeña cantidad representa al 30 por ciento de los trabajadores y las trabajadoras: es un uso bien intensivo de la ley.
Por eso estimo que debieran establecerse condiciones más estrictas para las grandes empresas acerca de este y de beneficios, como las que hoy se están instalando, referidas a la distribución de utilidades, residencias en paraísos fiscales, dietas de sus altos directivos y ejecutivos o prohibición de despidos.
Con relación a la Comisión Mixta, quiero reiterar mi molestia por la reapertura del debate. Puede ser una opción reglamentaria; sin embargo, no me pareció adecuado.
En cuanto a los principales puntos en debate, debo señalar que no he quedado conforme con las soluciones previstas.
En primer lugar, no me gusta que los trabajadores y las trabajadoras vean mermado su ahorro previsional. Sabemos que una de las grandes falencias de nuestro país tiene que ver con las pensiones.
Entonces, tras discutir por meses la importancia del ahorro, al primer problema que surge precisamente se echa mano de estos recursos, lo cual me parece negativo y dañino para los trabajadores.
Hubiera querido que se pagara el cien por ciento de la cotización, aun alargando el plazo del pago, declaración y no pago que existe en nuestro país. Y compartimos en la Comisión el hecho de que podría haberse prorrogado por 24 meses.
En segundo lugar, a mi juicio, el inciso final del artículo 3 servirá para que muchas empresas, a su discreción, suspendan contratos pese a que la ley no los obliga a paralizar faena. Esto escapa a la lógica.
Afortunadamente, en una última corrección hoy día se pudo señalar que respecto de los trabajadores no indispensables la suspensión deberá pactarse.
Creo que faltó hacer una distinción entre grandes empresas, que deberían tener vedada esa opción, y menores empresas, como pequeños productores de alimentos o empresas de transporte, en que esto sí pudiera justificarse.
En el artículo 21, a que se refirió recién el Senador Navarro, si bien se agregó la hipótesis del pacto voluntario en los casos en que pueden operar los seguros convencionales, se buscó una fórmula para resguardar a las aseguradoras. Se señaló que podría afectarse la estabilidad financiera. Lamentablemente, no se recuerda que este proyecto evita pagar con recursos fiscales a las mismas aseguradoras, pues muchos trabajadores hubieran terminado siendo despedidos. Tampoco se considera el riesgo sistémico del impacto sobre los créditos que los trabajadores no podrán cubrir por la baja de sus remuneraciones.
Se ve la moneda por una sola cara: hay casi dos millones y medio de chilenas y de chilenos endeudados solo en el retail.
En cuanto al artículo 22, si bien en la ley habíamos logrado este precepto, que expresamente impedía acogerse a ella a las empresas con contratos o convenios con el Estado que se hubieran pagado regularmente, con el objeto de proteger especialmente a las manipuladoras de alimentos para que no sean afectadas en sus remuneraciones, en la Comisión se aprobaron dos relativizaciones a la norma que había sido aprobada en el primer trámite y que en mi opinión -así lo planteé en la Comisión- son muy lamentables.
Una relativización a lo que ya habíamos aprobado es para contratistas de obras públicas y proyectos de inversión que se paguen por estado de avance, y otra, en favor de los otros contratos privados que tengan las empresas contratistas del Estado.
Me parece que ambas hipótesis eran innecesarias, y abren un forado sobre la última, porque las empresas pueden cambiar de funciones a las manipuladoras a otros contratos privados y luego acogerse a la ley.
Se dijo que ello no podía hacerse, pues hay menoscabo. Recuerdo que el Código del Trabajo lo permite a condición de que se trate de labores similares y que el nuevo recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad.
Esto me parece extremadamente riesgoso, más aún en tiempos en que difícilmente las trabajadoras podrán reclamar de estos abusos.
Por último, como aspecto positivo, en la Comisión Mixta se aprobó una indicación que propuse para excluir del pacto a las trabajadoras con fuero maternal, porque no resulta razonable que vean mermados sus ingresos. Esto debió ser un criterio de sentido común; pero, por desgracia, muchas empresas, como Starbucks, están aplicando la suspensión a trabajadoras con fuero.
Señora Presidenta, Honorable colegas, la ley de protección al empleo es un buen instrumento para pequeñas empresas, pero establece muy bajos requisitos para las grandes.
Lamentablemente, en mi concepto, estas modificaciones no reducen aquello significativamente, sino solo en ocasiones, porque incrementan esas falencias.
Espero que no se siga entregando dinero público a grandes empresas sin los resguardos suficientes mientras se mezquina la ayuda para las familias más vulnerables; mientras el Gobierno se niega a aplicar la ley para detener el pago de intereses y la letra chica en los créditos; mientras elude regular el precio de productos de primera necesidad; mientras no obligue a las empresas de suministro domiciliario a entregar una solución que no sea el prorrateo, que evidentemente tampoco se podrá pagar.
Me parece, señora Presidenta, que hay mucha sensibilidad con las empresas grandes y muy poca con las familias que están pasando hambre y exponiéndose al contagio en la calle para poder sustentar sus ingresos.
Llamo especialmente la atención sobre esto, cuando algunos se abren a apoyar a las grandes empresas. En mi parecer, eso solo es posible con la participación estatal en la propiedad, como lo está haciendo Alemania con Lufthansa y como se hizo el 2008 en Estados Unidos con la General Motors.
Por todo lo expuesto, me voy a abstener, pero sí quiero señalar el malestar que hice presente hoy en la misma Comisión con relación a la nota que nos envió el Consejo de Estabilidad Financiera, carta firmada por el propio Ministro de Hacienda y que hizo llegar al Congreso Nacional, a la Presidenta del Senado, planteando una forma de prevención acerca de lo que estamos legislando.
Señora Presidenta, creo que ello no corresponde al trato hacia un Poder del Estado, porque nosotros somos absolutamente autónomos para legislar, para tramitar los proyectos en la forma y en los tiempos que definamos.
Además, el señor Ministro de Hacienda es colegislador en su calidad de titular de esa Cartera. Entonces, me pareció una falta de respeto, una vez más, al Congreso Nacional el hecho de que se nos hiciera llegar una minuta manifestando una prevención, pero que en mi opinión es más bien una presión.
Eso no puede quedar registrado como una forma de relacionarse con un Poder del Estado como el Congreso Nacional, del que forma parte el Senado de la República.
La señora GOIC (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, voy a partir por las últimas palabras expresadas por la Senadora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, quien además es histórica integrante de la Comisión de Trabajo.
Lo que dije la semana pasada en la Sala respecto del Ministro de Hacienda parece que es cierto, aunque a algunos les molestó: su origen; su visión del Parlamento, de menospreciar y no entender lo que es la soberanía popular, de no entender a quiénes representamos y cuál es la forma de legislar, lo viene a corroborar... (falla de audio en transmisión telemática)... por escrito el señor Briones, con una carta en la cual, en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, simplemente se coloca en una posición de presión indebida.
Porque esa es una amenaza, una presión velada, y la ejerce por escrito.
Entonces, nuevamente le pido a la Mesa que se le represente por escrito esta situación al Presidente de la República. Porque un colaborador, un Ministro de Hacienda, cuyo objetivo debiera ser precisamente estar colaborando... (falla de audio en transmisión telemática)..., las fórmulas, las maneras de articular a todos los ciudadanos, no se condicen con esa carta.
Solicito formalmente aquello.
Señora Presidenta, lo señalé en mi intervención de la semana pasada: hoy día vemos a un Gobierno preocupado de salvar la economía. Pero para ellos la economía son los grandes empresarios. Para el Presidente de la República el llamar a sus amigos o a estos grandes grupos económicos es simplemente una situación de trato, de forma de relacionarse. Eso no es ejercer el imperio del mando del Primer Mandatario, lo cual se hace a través de leyes obligatorias para todos los ciudadanos.
Claramente, esta iniciativa deja un forado, y quedo aún más preocupado con las observaciones realizadas por la Senadora Adriana Muñoz. Cuando uno ve a estas empresas, que han ganado durante años de años gran cantidad de dinero y que luego de un mes de crisis simplemente se acogen a estos beneficios, pero igualmente distribuyen sus utilidades, como es el caso de Cencosud, constata una accionar miserable, algo que hiere el alma de miles de chilenos.
Cuando hoy las personas andan en la calle buscando distintas fórmulas para arreglarse la vida, al mismo tiempo los Paulmann, los poderosos, los dueños de Cencosud están repartiendo sus utilidades.
Asimismo, también considero doblemente obsceno y grosero que el ex Ministro de Hacienda, quien estuvo sentado hace un par de meses en la Sala, en el sillón del señor Briones, actualmente sea parte del directorio de esa empresa.
El ex Ministro Larraín hoy se encuentra en la puerta giratoria: sin asco, sin solución de continuidad, sin que se enfríe el sillón que dejó, se va a sentar a Cencosud, con sus dueños, a repartirse las utilidades.
Que interprete aquello la ciudadanía; que lo interpreten los miles, los millones de ciudadanos.
¿Es correcto que el ex Ministro de Hacienda en solo cuatro o cinco meses pase automáticamente al directorio de una empresa que hoy se está repartiendo utilidades? Me parece que ello no es admisible, y, en tal sentido, hago un llamado a terminar con la capacidad de no asombrarse ante tales brutalidades. Esto no ocurre en ninguna otra parte del mundo.
Hemos propuesto una iniciativa que precisamente ayuda a las grandes empresas, como se ha sugerido en el caso de Latam. No hay ningún problema: que se otorgue apoyo. Pero que se transfiera una parte de su patrimonio al Estado, como se está haciendo en Alemania y en otros países. Y luego se venderá al precio que se estime cuando sea necesario, cuando salgamos de la situación que estamos viviendo.
¿Por qué la crisis debe enfrentarse con un rasero, con un embudo para las grandes empresas y con otro respecto de las chicas?
Hemos peleado por las manipuladoras de alimentos, por las trabajadoras de casa particular, por los colectiveros, por la gente que maneja un taxi, por quienes conducen un transporte escolar, y vemos el hecho grosero e infame que acontece con esas grandes empresas.
No estoy disponible para ese tipo de situaciones. De modo que pido que al menos se lea la carta que envió el señor Ministro Briones en su calidad de Presidente del Consejo de Estabilidad Financiera; que se señale cuál es el interés o su propósito, porque esto no se hace en un proceso legislativo.
Un Ministro que entiende su labor republicana; un Ministro que la semana pasada se paró y se fue de la Sala simplemente sin contestar y que luego pide disculpas acongojado, hoy nuevamente vuelve a cometer una agresión contra el Senado.
Eso no tenemos que aceptarlo.
Tampoco haré aquello votando a favor de iniciativas que relativicen la protección de los derechos de los trabajadores, especialmente de los que están más complicados.
Es cuanto deseo señalar, señora Presidenta, y formalmente solicito un pronunciamiento sobre el envío de una carta de respuesta al Ministro señor Briones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Por cierto, como Mesa estamos preparando una respuesta en el sentido que lo hice hoy ante el señor Ministro en la Comisión Mixta de Trabajo.
Haremos la gestión correspondiente.
Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, me gustaría partir mi intervención, a propósito de la pregunta que se había hecho, complementando solamente lo tocante a la situación de las trabajadoras de casa particular.
Es cierto que queda pendiente generar un beneficio directo para ellas. Además, muchas son informales, pues lamentablemente no tienen contrato.
Sin embargo, considero importante que mis colegas sepan que repusimos las cotizaciones íntegras de ellas, no solo las de salud, que eran las que se habían contemplado, sino también las previsionales; pero además el aporte del 4,11 por ciento, que es el que permite ir configurando el fondo de desahucio que estas trabajadoras tienen, que es la indemnización a todo evento. Entonces, quedan en mejores condiciones con relación a cómo estaban anteriormente en esos aspectos. Ello, a propósito de la pregunta del Senador Insulza y como complemento a lo que señaló el Presidente de la Comisión.
Junto con esto, deseo señalar que sí, que esta fue una discusión muy compleja; que la apertura y reapertura del debate se debe a que estamos frente a una situación difícil, que no es lo habitual y que nos pone frente a la evaluación de cómo se empieza a implementar una ley que busca resguardar el empleo; que persigue proteger a los trabajadores y que no sean despedidos, sino que se suspenda la relación laboral cuando por motivos de la pandemia la empresa se enfrenta a la incapacidad de contar con los recursos para mantener a sus trabajadores y seguir con su actividad normal, o frente a la actuación de la autoridad que impone una cuarentena.
Señora Presidenta, ¿cuántas veces hemos compartido esta reflexión en la Comisión de Trabajo?
Y acá quiero ser justa, porque no son todas, pues aquí hay muchas pequeñas empresas que han utilizado este mecanismo, lo que probablemente las va a ayudar a sobrevivir al período de crisis. Pero nos encontramos con empresas que no conocen el concepto de "ética empresarial". Lo que hizo Cencosud al repartir sus utilidades es inaceptable. Fue un bombazo -y digámoslo así- a una ley en que toda la discusión y el esfuerzo estaban orientados a poner a los trabajadores primero.
Desgraciadamente, así como sucede frente a las colusiones u otras malas prácticas, esa acción empaña a todos y siembra la sospecha y la desconfianza. Y hay que hacerse cargo de ello. Eso obligó a tomar varias medidas, que además fueron bien resueltas en este debate.
Porque lo que no se entiende no es que una empresa reparta sus utilidades, sino que reparta utilidades multimillonarias y a la par les solicite a sus trabajadores que rebajen sus remuneraciones y que utilicen el Seguro de Cesantía.
Eso es lo que no tiene sentido.
Muy bien: nosotros establecimos que las empresas pueden acogerse a este beneficio; ¡pero ello no se condice con el retiro y el reparto de utilidades!
En verdad, el daño que se hace a la confianza es algo de lo que uno esperaría que se hiciera cargo quien lo ha provocado: es daño para la economía; es daño para todos; es daño para la confianza de los consumidores, es daño para los trabajadores.
Por eso durante la discusión de esta materia le hemos pedido a la Ministra del Trabajo que además la Dirección del Trabajo aplique todas las medidas del caso, porque claramente acá debe revisarse si se está haciendo buen uso de la ley; que recurra a los tribunales para examinar esto, y que existan las sanciones respectivas, tal cual lo discutimos inicialmente sobre el mal uso de esta herramienta, que -insisto- fue pensada, trabajada, diseñada y discutida para proteger a los trabajadores y no para los lamentables hechos de abuso que hemos visto al poco tiempo de su implementación.
Así también establecimos que los directores de empresas deben hacer el mismo esfuerzo proporcional acerca de sus dietas. Y hemos conocido sus montos.
Entonces, nadie entiende que en este período de crisis aquellos no hagan el esfuerzo proporcional a la rebaja que tienen los ingresos de sus trabajadores. Me parece que este ha sido el principal foco de discusión que tuvimos en esta iniciativa, donde, además, hemos aprovechado para ir perfeccionando normas que probablemente en otras circunstancias se podían haber resuelto en un dictamen de la Dirección del Trabajo.
Pero si estábamos debatiendo este asunto, me pareció muy oportuno resolver el punto, así como garantizar que los trabajadores tengan sus cotizaciones previsionales respecto de los ingresos que están recibiendo y con un período de 24 meses para que sean integradas.
Así que, a pesar de todas las dificultades, uno espera que esta herramienta cumpla su objetivo, que es la protección del empleo de los trabajadores y las trabajadoras.
Por eso, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, personalmente valoro los avances que hubo en la Comisión Mixta, como prohibir que se acojan a la ley de protección del empleo las sociedades anónimas que durante el período tributario y la vigencia de la normativa hagan reparto de utilidades o dividendos entre sus accionistas.
De la misma forma, se prohibió que se acojan a ella las empresas que operan y tienen filiales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.
Se incorporó también la prohibición del despido, bajo cualquier causal, de aquellas personas que se encuentran acogidas a la suspensión temporal de la relación laboral, haciendo la ley más coherente. Una empresa no puede acogerse a una normativa legal que teóricamente protege el empleo y, al mismo tiempo, despedir trabajadores.
La ley había quedado así de abierta, así de ambigua y así de proempresa o de proempresario, diría más bien. Así de proempresario era la normativa original.
Por otro lado, aquellas trabajadoras que cuenten con fuero maternal no podrán ser suspendidas en su relación laboral.
Para poder acogerse a los pactos de reducción de jornada hasta en un 50 por ciento las empresas deberán acreditar bajas en ventas y servicios hasta en 30 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.
Así limitamos los pactos de reducción de jornada a empresas que realmente los necesitan y no a cualquiera que desee hacer una pasada y ganar un beneficio con esta crisis. El resto debe seguir cumpliendo sus obligaciones contractuales con sus trabajadores.
Entre otros puntos acordados por la Comisión Mixta que me parecen importantes están el relativo al pago de pensiones alimenticias y, también, el establecimiento de algo muy central, que originó la Comisión Mixta: que las cotizaciones destinadas a salud, al Seguro de Cesantía, a la Ley Sanna se efectúen sobre el cien por ciento de la renta bruta del trabajador. Esto es un avance y una corrección respecto de la normativa que rige actualmente.
Sin embargo, la ley aún es insuficiente en cuanto a las cotizaciones para pensión y seguro de invalidez. En estos casos no se cotizará sobre el cien por ciento de la renta bruta del trabajador, sino sobre el monto que la persona reciba del Seguro de Cesantía. Ahí hay una merma para el trabajador.
Quizá podía discutirse este punto respecto de las pymes, pero de cualquier forma los trabajadores recibirán un monto menor de cotización de pensión y seguro de invalidez cuando su relación laboral se vea suspendida.
Otro punto crítico ocurre respecto del inciso final del artículo 3 de la ley N° 21.227, sobre el pago del Seguro de Cesantía en circunstancias excepcionales. Si bien será de común acuerdo, las empresas excluidas de la posibilidad de suspender relaciones laborales por la pandemia, por prestar servicios esenciales u otros, podrán dictaminarlo igualmente en el caso de aquellos trabajadores no esenciales. Se amplía el ámbito de aplicación de la ley a una situación que no corresponde, porque los servicios se seguirán prestando por parte de esas empresas.
Por último, quisiera poner de relieve algunas indicaciones que se impulsaron desde mi coalición, el Frente Amplio, en la Comisión Mixta para aplicar retroactivamente la prohibición del reparto de utilidades al momento en que entró en vigencia la ley, así como una propuesta alternativa para que las empresas que se acogieron al beneficio y repartieron utilidades durante este período intermedio se les impusiera la obligación de completar la parte del salario de los trabajadores que el Seguro de Cesantía no cubre, hasta enterar el cien por ciento de la remuneración.
Ambas propuestas fueron rechazadas en la Comisión Mixta.
Y acá es donde a uno le genera una sensación amarga observar el contexto del debate, donde recién el 1° de mayo los trabajadores, la CUT, la ANEF, las trabajadoras de casa particular fueron violentamente reprimidos en Santiago y acá, en la Región de Valparaíso. Con la prensa sucedió lo mismo: muchos reporteros fueron fuertemente reprimidos y se detuvo al Presidente del Colegio de Periodistas de la región. Los manifestantes señalaban en sus lienzos "Que esta crisis no la paguen los trabajadores" y salieron a protestar con esa consigna, manteniendo la distancia, buscando la prevención frente a la situación sanitaria y fueron violentamente reprimidos.
Yo creo que ese es el mensaje más central, y es lo que sigue prevaleciendo de alguna manera en esta crisis: los grandes empresarios, representados en los dueños de Cencosud, finalmente van a salir ganando y los trabajadores, perdiendo.
Eso es lo que queremos evitar.
Por tanto, en la misma línea que la Presidenta de esta Corporación, la Senadora Adriana Muñoz, y siguiendo sus argumentos, voy a dar una señal de abstención, porque lo que se está jugando en este momento es que los grandes empresarios van a salir ganando en esta crisis y los trabajadores, perdiendo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a proceder a consultar por la opción de voto de los Senadores que están participando en forma remota.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- Voy a votar a favor, pero quiero fundamentar brevemente mi voto.
He escuchado el debate, y sobre todo el contenido del informe de la Comisión Mixta, donde era difícil el consenso. A lo menos veo que tenemos algunas preocupaciones y hemos experimentado algunos avances en relación con el reparto de dividendos; en relación con el abuso de las grandes empresas, en términos de que no puede llegar y acogerse cualquiera al beneficio, sino que tiene que haber parámetros objetivos.
Encuentro también importante que se haya dejado a un lado la presión de las compañías de seguros y que finalmente los que están acogidos al Seguro de Cesantía puedan cesar sus pagos, porque tienen deudas que de otra manera serían imposibles de solventar.
Obviamente que respecto de las trabajadoras de casa particular no hay ninguna novedad: siguen sin derecho al Seguro de Cesantía y solamente cuentan con su fondo de indemnización. Y ya sabemos que el 50 por ciento de ellas son informales.
Nos importa que las mujeres con fuero maternal no puedan ser despedidas. Y consideramos relevante asegurar el pago de la pensión alimenticia.
Pero me queda, como decía un Senador que me antecedió, un sabor amargo, no solo por la represión del 1° de mayo en Valparaíso y en muchas partes, sino además porque esta crisis no la deben pagar los trabajadores. Y hasta ahora, por la forma en que se ha enfocado la legislación, por la manera en que se han presentado los proyectos, por aquello que está gestionando el Gobierno, la crisis la siguen asumiendo los trabajadores.
Lo vimos en el Fogape: 3 mil millones de dólares que están usando las pequeñas y medianas empresas, pero que benefician mucho más a las grandes, que no los necesitaban. En cambio, de los 2 mil millones de dólares anunciados para proteger al trabajador, el fondo de emergencia anunciado para las familias apenas alcanza a 800 millones de dólares.
Por lo tanto, me quedo con un sabor amargo: el Gobierno no ha entendido que los trabajadores no deben pagar el costo de la crisis. Y por eso peleamos por una renta universal y también por proteger a los trabajadores.
Con todo, porque veo un avance, y es peor que no lo tengamos, para proteger de alguna manera a los trabajadores, voy a votar a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- Quiero fundamentar mi voto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, sin lugar a dudas hay un avance desde el punto de vista de iniciativas que se van construyendo para abordar la actual pandemia desde el punto de vista sanitario y también -es lo que nos convoca- desde el punto de vista del empleo.
Pero lo he sostenido en todas mis intervenciones: aquí hay una matriz según la cual los ideólogos de la cultura neoliberal no quieren tocar absolutamente nada; no quieren soltar ninguna prebenda ni ningún privilegio que han construido.
Y aquí hay un error estratégico, aquí hay una situación donde, en definitiva, se recurre a plata del Estado o a plata privada de los trabajadores, sus fondos de cesantía, para abordar la actual situación.
Hay dineros que se entregan con privilegio, con buenas condiciones, a las grandes empresas. Ya lo vimos: lo de Cencosud no es casualidad, lo del ex Ministro Larraín no es casualidad.
Precisamente, la semana pasada Empresas Gasco reclutó a la exjefa de asesores del Ministerio de Economía, la señora o señorita Michele Labbé, para que integre su directorio.
Al directorio de Cencosud, los ex Ministros, los exasesores.
Ahí se están fortaleciendo. Ahí están preservando el modelo. Ahí están cuidando que en definitiva esta crisis no los afecte.
Y es una situación asimétrica, es una situación vergonzosa: mientras al trabajador lo cortan en su trabajo y tiene que hacer uso del Fondo de Cesantía, estas empresas no solo ganan plata, sino que además reparten utilidades.
Por favor, eso no es correcto. Eso es un germen de ira, de rabia acumulada para el futuro.
La crisis tenemos que enfrentarla entre todos; todos debemos hacer un esfuerzo.
Me parecen absolutamente inadecuadas las modificaciones que se han hecho. Valoramos la relativa a las sociedades anónimas. Me llama la atención, y lo dije en la intervención, el concepto de "grupo empresarial". No sé dónde está reconocido ese concepto desde el punto de vista jurídico. ¿Son distintas sociedades que generan de facto un grupo empresarial?
Entonces, ahí también he manifestado mi observación.
Creo que este proyecto sigue dejando forados, sigue dejando privilegios para estas grandes empresas que no se compadecen con lo que está viviendo el país. Este es el momento de la solidaridad, de entender que uno renuncia a ciertos aspectos, o de la decisión de los gobiernos que quieren transformaciones para avanzar en una economía verde, como en Francia, donde en definitiva a las empresas a las que se va a ayudar son aquellas que aceleran su transición ecológica, entre otras cosas, o aquellas que... (falla de audio en trasmisión telemática)... pero con porcentajes... (falla de audio en trasmisión telemática)... del Estado. En definitiva, una cesión de derechos, una cesión de la situación dominante que tienen.
Esto no puede ser como se está planteando; no corresponde.
Por eso, me voy a abstener.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador De Urresti, ¿cómo vota entonces?
El señor DE URRESTI.- Abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- Voy a votar a favor, señor Secretario, pero quisiera, en dos minutos, dejar claro que la labor que ha desarrollado la Comisión Mixta en su mayor parte contiene buenas acciones vinculadas a la protección del empleo. Me preocupa, sí, cuando se mete la mano al bolsillo, pues debemos cuidar la relación público-privada.
No estoy a favor de quienes han hecho uso desmedido del retiro de utilidades, pero al menos debiésemos procurar el respeto a la normativa vigente, porque esa es la que también protege a los pequeños accionistas.
Yo no quisiera que el día de mañana los cuidados del sacristán terminaran matando al señor cura y que producto de esta situación debamos lamentar una disminución en el empleo. Porque a quienes más debemos cuidar hoy día es a los que van a generar empleo y a los que van a tener la responsabilidad, finalmente, de la recuperación económica del país.
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- Quiero dos minutos, señora Presidenta, por favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor HUENCHUMILLA.- Gracias.
Yo, al igual que la Senadora Isabel Allende y el Senador Juan Ignacio Latorre, me quedo después de este debate con un sabor amargo, porque más allá de los artículos que haya aprobado la Comisión Mixta y que tengan una dirección correcta, uno se da cuenta de que la Derecha y los grupos empresariales en Chile no han aprendido nada de lo que hemos vivido en los últimos meses.
Hoy día estamos enfrentando una situación crítica de origen mundial, pero nuestra crisis partió antes, el 18 de octubre, cuando nos dimos cuenta de que los chilenos estábamos profundamente divididos respecto de la sociedad que habíamos construido en los últimos treinta y cuarenta años.
Y ahora, cuando tenemos una situación crítica de salud y de empleo respecto de los más débiles de la sociedad, vemos cómo los Senadores y Diputados de Derecha, en este mismo informe de Comisión Mixta, cuando se habla de no repartir dividendos o de no pagarles dieta a los directores de sociedades anónimas, inmediatamente hacen reserva de constitucionalidad para ir al Tribunal Constitucional y echar abajo esto.
Por otro lado, vemos lo que ya se ha señalado aquí respecto de los directorios y de los dividendos.
En consecuencia, yo creo que no han aprendido nada. Y después se van a preguntar por qué había tanta rabia acumulada, esa rabia que hoy día está dormida. O si no, se van a preguntar cómo vamos a despertar después de que esto termine. ¿La gente va a pensar que esto fue simplemente un sueño? No es así. La gente procesa esto, a la gente le duele esto, porque el Gobierno, en vez de estar a la altura, con una visión de estadista, pidiéndoles a todos un sacrificio, ejerciendo ese liderazgo, hace las cosas que vemos y que aquí se han dicho.
Yo creo que, lamentablemente, ni el estallido ni esta crisis le hacen entender a los poderosos de este país que es necesario buscar acuerdos para ver el tipo de sociedad que vamos a construir. Porque, de la manera en que lo están haciendo, en realidad están apagando el fuego con bencina.
Entonces, no se quejen después si la gente protesta, si la gente no está de acuerdo. Porque a mí me parece que es reírse de los pobres esta repartición de dividendos, sumada a todas las cosas que hemos visto.
Por eso, señora Presidenta, yo quería simplemente hacer un pequeño desahogo. Ya habrá tiempo de hacerlo más en profundidad. Voy a votar a favor porque creo que es un avance, pero considero que detrás hay una lección ética para todos nosotros: que un sector de Chile, el de los más poderosos, lamentablemente no ha aprendido.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.- Yo comparto la rabia de la que habla el Senador Huenchumilla y la amargura de la Senadora Allende cuando vemos cómo se reparten el dinero los más ricos en este país.
Esta mañana Radio Biobío, confirmada después por el Gerente de ENAP, nos anunciaba que se estaban pagando bonos por 500 millones de pesos a trece personas por un programa que llaman "retener talentos". ¡Hasta en Arabia Saudita están sacando gente de las petroleras! La caída del precio del crudo ha provocado una enorme cesantía en todas las petroleras del mundo; hay una cantidad de empresas del rubro que están cerrando. ¿Y nosotros tenemos que "retener talentos" por 500 millones de pesos? ¿Hasta dónde llega la inventiva para decir mentiras?
Yo creo que realmente estamos cayendo en un extremo, en un pozo. Esta es una empresa pública, es una empresa del Estado que está lanzando ese dinero a la calle. ¿Cuánto haríamos con las empleadas de casa particular con 500 millones de pesos? ¡Que pongan 500 millones de pesos en las trabajadoras de casa particular! Eso sería mucho más que el 4,11 por ciento que les quieren pagar, cuando es a todo evento. Porque ese derecho no es nuevo, ya lo tienen. Si las sacan de su trabajo, tienen derecho a recurrir a ese derecho.
Ahora se nos dice: "en la próxima ley va". Yo les voy a indicar lo que va a pasar en la próxima ley. En la próxima ley van a señalar que, como la señora que figura en la familia tiene un contrato formal como trabajadora de casa particular, le toca la mitad del subsidio no más, pues. ¿O acaso no dice eso la ley que estamos discutiendo? Por lo menos, lo decía hasta ayer; no sé si lo estará diciendo hoy día.
Entonces, dejemos de reírnos de la gente. Yo soy muy partidario de que busquemos todos juntos una salida y hasta he firmado un documento para un acuerdo nacional, pero sin reírnos de la gente. Hagámoslo realmente. También iba a hacer presente lo que señaló el Senador De Urresti: "sociedades anónimas" es un término legal, pero "grupos empresariales" es, francamente, una cosa que... Con buenos abogados, alguien puede sostener que ellos no eran grupo empresarial, que eran una sociedad anónima.
Entonces, considero que ha habido mucho abuso.
Yo tengo que aceptar que hay algunas mejoras en esta iniciativa y no quiero perjudicar a otros trabajadores, pero no puedo votar a favor.
Me abstengo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Insulza.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Voy a decir un par de cosas previas, Presidenta.
La verdad es que a mí me resulta muy difícil tratar tantas materias después de una simple lectura rápida del Senador Letelier. Tomé nota de cada uno de los puntos, pero hay muchos en los que no estoy claro y me cuesta mucho decidir. Y lo lamento, porque cada uno de esos puntos específicos tiene consecuencias muy fuertes para la gente.
Yo no critico que lo hagan bien o mal; lo que digo es que tenemos el derecho, por lo menos, a tener más antecedentes para tomar una decisión.
Creo que, en el fondo, se ha abierto una discusión interesante, porque vivimos en un país cuya cultura considera normal la desigualdad. Y tenemos hoy día debates increíbles.
Hoy día se nos está diciendo, respecto del ingreso familiar, que, dentro del 40 por ciento más pobre de Chile, a algunos les vamos a dar un dividendo y a otros no, porque estos últimos tienen un pensionado, porque reciben una pensión de discapacidad, o porque tienen algunos ingresos formales. ¡Una cosa insólita! Vamos a dejar fuera a 1 millón 300 mil personas.
Entonces, uno se pregunta cómo se producen este tipo de desigualdades.
Yo creo que los bancos, si la Comisión para el Mercado Financiero y el Ministro de Hacienda no les ponen atención, van a cometer muchos abusos no solo con las pequeñas empresas sino con todos.
Lo que hizo Paulmann ahora es una cuestión inaceptable. ¡Como sociedad, no podemos aceptarla!
Cuando discutimos el proyecto sobre el Fogape, presentamos una indicación para sancionar el retiro y distribución de utilidades, el aumento de ingresos, los despidos. Lamentablemente, se dieron ciertas condiciones que no permitieron su aprobación. El Ministro... (falla en audio en trasmisión telemática)... no quedó.
Solo quiero decir que tenemos que enfrentar esta cultura, en la cual nos movemos, que tiende a tratar muy mal a ciertos sectores y a dar muchos privilegios a otros.
Me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- Voto en contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, la verdad es que tampoco estoy muy contenta con el resultado de la Comisión Mixta, en la misma línea en que lo planteaba el Senador Durana.
Simplemente, voy a votar a favor, porque entiendo que hay materias relevantes en las que estoy de acuerdo con el resultado de la Comisión Mixta y porque veo que están estrechos los votos.
En ese sentido, voto que sí, aunque mantengo bastantes diferencias con el resultado de la Comisión Mixta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- También estaba conectado y presente en la pantalla el Senador Pedro Araya.
¿Cómo vota, Senador?
El señor ARAYA.- Señora Presidenta, me voy a abstener por las razones que han enunciado varios colegas.
Creo que la Comisión Mixta hizo un muy buen esfuerzo, pero no resolvió temas importantes. No resuelve adecuadamente, a mi juicio, la situación de las empleadas de casa particular.
Sin duda, lo más llamativo de todo esto es que no existe una sanción o un sistema de sanción para grandes grupos empresariales como Cencosud, que, acogiéndose a la ley, han repartido dividendos y utilidades. Eso, claramente, es una bofetada para los trabajadores.
Hemos conocido también denuncias de otras empresas que se están acogiendo a la ley, las cuales señalan que no tienen cómo pagarles el sueldo a sus trabajadores, pero, a renglón seguido, les ofrecen créditos blandos para completar las remuneraciones que no van a recibir por estar suspendidas sus funciones.
Entonces, quedan varios vacíos que no se regulan adecuadamente y, en la medida en que el Gobierno no tenga una política clara respecto de qué hará con los grandes grupos empresariales, vamos a tener problemas hacia adelante.
Hemos visto que el Ministro de Hacienda tiene una actitud muy confiada en que la banca -y lo ha dicho- va a estar a la altura de las circunstancias, pero hemos constatado que eso no es así.
Por ello, en la medida en que el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente este Senado, no pongan reglas claras, no estoy dispuesto a apoyar este proyecto.
Me parece necesario, sin duda, contar con una herramienta para proteger a los trabajadores en los tiempos de la pandemia, pero las soluciones que está ofreciendo hoy día la Comisión Mixta no resuelven, a mi juicio, adecuadamente el problema y permiten que existan y sigan existiendo los abusos que pueden cometer los grandes grupos empresariales.
Por esa razón, me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Hago presente que también figura conectado el Senador señor García-Huidobro. Sin embargo, como no se aprecia su imagen, no podemos certificar su opción de voto, toda vez que, por tratarse de una votación de carácter nominal, debo tener la certeza de que es él quien está votando. Y solo es posible escucharle la voz, motivo por el cual, tal como ocurrió en votaciones anteriores, no podemos registrar su voto.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (25 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa los señores Navarro y Soria.
Se abstuvieron las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, De Urresti, Insulza, Latorre y Montes,
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Despachado el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, si me permite, me gustaría hacer, por su intermedio, tres observaciones al Ejecutivo.
La primera es la consideración de Isla de Pascua o Rapa Nui. Yo le señalé al Gobierno que era necesario, para poder someterse a los beneficios de esta ley, acreditar ventas, en circunstancias de que Pascua tiene exención de IVA. ¿Cómo un microempresario de Rapa Nui va a poder acreditar ventas?
Esta ley no es para todo el territorio nacional, sino que...
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).- Sí, está Rapa Nui.
El señor CHAHUÁN.- Bueno, por lo mismo.
Yo espero que este tema se resuelva como corresponde.
Primer tema.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).- Está incluida.
El señor CHAHUÁN.- Muy bien.
Segundo tema: un mayor esfuerzo con respecto a las empleadas de casa particular. Nosotros señalamos la necesidad de abordar este tema en su plenitud.
Y tercero: los trabajadores que tienen contratos anteriores al año 2002 y quedaron como trabajadores de segunda clase.
Quiero hacer un llamado de atención al Gobierno para que este tema sea abordado en la ley de trabajadores a honorarios para, finalmente, poder incorporarlos.
Agradezco el esfuerzo que ha hecho el Gobierno, los Ministros de Estado, especialmente la Ministra del Trabajo y el Ministro Felipe Ward, y los Subsecretarios.
Ciertamente, acá hay un Gobierno que está entendiendo que mantener la capacidad de empleo resulta fundamental para enfrentar esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica.
Por lo tanto, agradezco al Gobierno del Presidente Piñera por aquello, así como a sus Ministros. Y ojalá podamos considerar a los trabajadores que tienen contratos anteriores al año 2002, quienes no podrán someterse voluntariamente a la ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Senador.