LIMITACIÓN A RENTABILIDAD DE PRESTADORES DE SALUD EN CASOS DE EPIDEMIA, PANDEMIA U OTROS BROTES
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Conforme a los acuerdos de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia y otros brotes y declara ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.295-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Girardi, de la Senadora señora Goic y de los Senadores señores Chahuán y Quinteros):
En primer trámite: sesión 2ª, en 17 de marzo de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 3ª, en 18 de marzo de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por objeto regular el precio de los insumos necesarios para contrarrestar los efectos de epidemias, pandemias u otros brotes y declarar ineficaces las cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos.
El proyecto que propone la Comisión se estructura en dos artículos permanentes.
La Comisión de Salud discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros, Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros. Se abstuvo la Senadora señora Ebensperger.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que el proyecto de ley no contiene normas que requieran quorum especial de aprobación ni que hagan necesario recabar la opinión de la Excelentísima Corte Suprema.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 8 del primer informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En discusión general.
Tiene la palabra, para informar, la Presidenta de la Comisión de Salud, Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, este es un proyecto que presentamos, en calidad de autores, cuatro de los Senadores de la Comisión de Salud (los colegas Chahuán, Girardi y Quinteros y quien habla) y lo que busca, tal como señala su título, es establecer en situaciones -como la de ahora- de pandemia o de crisis sanitaria ciertas regulaciones que parecen básicas cuando hablamos de insumos médicos fundamentales para garantizar el derecho y el acceso a la salud; de prestaciones, en el caso de los seguros de salud y de las instituciones de salud previsional, en que hay muchas cláusulas que señalan no tener cobertura en situaciones de pandemia.
Estos casos no pueden ser previstos ni prevenidos por el afiliado y, por lo tanto, nos parece que tienen que cubrirse porque, justamente, lo que se busca es garantizar el acceso a la salud.
Todos hemos sido testigos durante estos días de situaciones inaceptables, ¡inaceptables!
Hoy día leía un mensaje que señalaba que el costo del test en una clínica privada, que antes era de 50 mil pesos -me refiero al examen que se realiza para detectar si la persona está contagiada o no con coronavirus-, hoy día asciende a 149 mil pesos y, además, se requiere cancelar la atención de urgencia del médico, que sale 99 mil pesos.
Entonces, ante la situación en que nos encontramos, uno dice: "Esto no puede ser". Ello, si hablamos de que aquí la salud es lo primero, de que la economía no puede primar. La economía se puede recuperar, pero las vidas, no.
Entonces, lo que queremos es contar con una herramienta que nos permita garantizar un máximo de utilidad cuando hablamos de coberturas, de insumos médicos, y que las cláusulas, que algunos argumentan que no correrían, también tengan vigencia para dar cobertura de salud.
Además, hay un tema que conversamos ayer en la Comisión y que dice relación con la regulación de plataformas. Hemos visto incluso algunas iniciativas en que las propias plataformas han bajado mensajes, ofertas y promociones, que no son promociones en sí, porque lo que hacen es establecer cobros abusivos sobre ciertos insumos que son básicos.
El proyecto consta de dos artículos.
El primero es un artículo 173 ter nuevo, que señala:
"Los prestadores de salud no podrán cobrar más de un 10% sobre el precio de lista establecido para las prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud para modalidad de libre elección o modalidad institucional cuando se pertenezca a alguna institución de salud previsional; el mismo tope porcentual se aplicará para los insumos y medicamentos, en el caso de declararse una epidemia, pandemia o brote según corresponda, mediante un decreto de alerta sanitaria.
"En el caso de que la póliza de un seguro de salud, contrato de salud u otros relacionados a la entrega de prestaciones de salud, establezca dentro de sus cláusulas la no cobertura, financiamiento, pago o condicionamiento a un hecho externo, para la entrega de alguna prestación o servicio por haberse declarado alguna epidemia, pandemia o alerta sanitaria por la autoridad competente, se entenderá como no escrita para todos los efectos legales.".
El segundo artículo del proyecto de ley establece lo siguiente: "Los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, no podrán cobrar más de un 10% de utilidades sobre el precio de lista de los insumos y medicamentos que sean de uso prioritario en el caso de haberse declarado alguna epidemia, pandemia o alerta sanitaria por la autoridad competente.".
Lamentablemente, nos vemos obligados como Parlamento a establecer estas regulaciones. A uno le gustaría, y sobre todo ante una situación como esta, que lo que primara fuera otra cosa, no el abuso, no la usura, no que algunos trataran incluso de justificar con las reglas del mercado algo que no se condice con la actitud mínima desde el punto de vista ético que deberíamos tener todos frente a esta situación.
Por eso, agradezco la disposición que hubo ayer para que pudiéramos tramitar este proyecto con celeridad en la Comisión. La iniciativa fue aprobada por cuatro votos a favor, de los Senadores Chahuán, Girardi y Quinteros y quien habla, y una abstención de la Senadora Ebensperger.
En consecuencia, solicitamos a la Sala la aprobación en general, para que podamos discutir las indicaciones y hacer de este proyecto una realidad, a fin de que no solo sea una señal de tramitación, sino una ley de la república.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
La señora GOIC.- Solo en general.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Así es, solo en general.
¿Habría acuerdo, entonces, para abrir la votación?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- La Senadora Ebensperger ha pedido intervenir porque debe concurrir a su Comisión.
Tiene la palabra, Senadora.
La señora EBENSPERGER.- Gracias, señora Presidenta.
Este proyecto, frente a la situación que estamos viviendo, sin duda que está bien inspirado. Sin embargo, requería no ser votado en general y en particular a la vez porque necesita algunas indicaciones para ser mejorado.
Más allá de la discusión de si el proyecto es admisible o inadmisible, de si esto afecta o no la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hay que establecer claramente un mecanismo objetivo que permita determinar quién y cómo van a señalar el día de mañana los medicamentos afectados por este proyecto cuando se convierta en ley. ¿Quién los va a determinar, frente a qué enfermedad, y cómo se acotarán?
A la vez, deben mejorarse algunas concordancias de los términos del proyecto presentado, particularmente con el Título II del Libro I del Código Sanitario, para que hablen el mismo idioma.
También hay que incluir una disposición para resolver un problema de fondo que se puede presentar, porque la normativa puede llevar a desincentivar la importación de medicamentos, lo cual, finalmente, puede generar un mercado negro, que va a hacer que la gente compre, como lo estamos viviendo hoy día, en internet, a precios incluso mucho más caros.
Creo que también hay que considerar en estas normas de fijación de precios qué pasa con el valor del dólar. Hemos visto lo que está pasando hoy día con dicha divisa, que ha llegado a un precio máximo. Hay que tomar en cuenta cómo afectará esto a los medicamentos.
De igual forma, hay que revisar qué pasa con las farmacias chicas y rurales y cómo no afectamos a ese tipo de localidades, que no tienen otra opción. Necesitamos que ellas cuenten, ojalá, con la mayor cantidad de remedios.
Me estoy refiriendo solo a los medicamentos y no a las prestaciones médicas, pues me parece que esto último está más ordenado.
También hay que evitar la especulación de precios.
A la vez, debemos concordar esta iniciativa con la ley que ya aprobamos y que entrega nuevas facultades a Cenabast para vender ciertos tipos de medicamentos con sus precios ya fijados.
Además, hay que determinar el tiempo de duración de esta normativa.
Ayer en la Comisión me abstuve producto de estas observaciones. Hoy día voy a votar favorablemente, pensando que con un plazo de indicaciones podemos mejorar el proyecto y llegar al objetivo que todos queremos, que no es otro que resguardar debidamente que, frente a situaciones graves, toda la gente tenga acceso igualitario y de buena forma tanto a la compra de medicamentos como a la realización de exámenes y, por supuesto, también a que su seguro médico o sus isapres respondan como debe hacerse.
Dicho eso, señor Presidente, y aguardando un plazo de indicaciones, voto favorablemente, en la espera de mejorar el proyecto en su discusión en particular.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala los Subsecretarios Juan José Ossa y Fernando Arab.
Acordado.
Tiene la palabra la Senadora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en medio de esta crisis, cuando todas y todos estamos ocupados en ver cómo se establecen medidas sanitarias que nos permitan aplanar la curva y poner nuestro foco en la protección a las personas y también en los efectos que esta crisis va a generar en diversos ámbitos, se ha apreciado cómo distintas compañías de seguros, por ejemplo, han hecho esfuerzos por reconocer que sus propias pólizas de seguros complementarios de salud excluyen coberturas en casos de epidemias o pandemias declaradas por la autoridad competente y han puesto mucho énfasis en que no van a cubrir la situaciones derivadas de esta pandemia.
Creemos que no se puede dejar al libre arbitrio de las clínicas privadas el realizar cobros excesivos a las personas para el diagnóstico del COVID-19, cuando ha sido declarado una catástrofe mundial, algo completamente no previsto para ninguno de los ciudadanos y las ciudadanas.
Asimismo, tampoco se puede excluir a alguien de la cobertura de una pandemia cuando él no puede controlar la enfermedad, porque depende también de las medidas rigurosas y drásticas que en un momento determinado debe y tiene que adoptar la autoridad.
El problema que busca resolver este proyecto de ley es el abuso en que han caído clínicas, isapres, farmacias, en el marco de esta cuarentena por el coronavirus. Las primeras han fijado altos aranceles asociados a la realización del test de diagnóstico; las isapres han anunciado que no responderían frente a los seguros complementarios, y las farmacias han elevado el precio de los artículos de primera necesidad en la crisis, como lo son todos aquellos vinculados a la higiene personal.
Entonces, señor Presidente, nos parece que esta iniciativa tiene un sentido noble, pero tampoco estamos disponibles a que por ley les permitamos que aumenten hasta en 10 por ciento los valores.
Desde ya anuncio que presentaré indicaciones, porque no nos parece que frente a una pandemia les permitamos por ley ese incremento a todos aquellos que quieren hacer del abuso una práctica permanente y un negocio con el problema de salud que viven millones de chilenos y chilenas.
Además, quiero aprovechar la presencia de la Ministra del Trabajo, pues sería importante que hiciera una aclaración. Porque la Dirección del Trabajo y la Superintendencia de Seguridad Social han evacuado esta misma semana dos informaciones contradictorias: mientras aquella pone su acento en el resguardo a los trabajadores y a las trabajadoras, la Suseso protege a las mutuales.
Creo que aquí la autoridad tiene que definir su rol, ya que no puede haber dos instituciones dependientes del Ministerio del Trabajo con opiniones disímiles, en que una privilegie el negocio por sobre el interés que a todos nos debe mover para hacer un esfuerzo genuino, que es la protección de las personas, el resguardo de los trabajadores y las trabajadoras y colocar en el centro a la salud y no al lucro.
Voto a favor en general, y anuncio la presentación de indicaciones para la discusión particular.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este proyecto surge de los miembros de la Comisión de Salud, del Senador Chahuán, de usted mismo, de la Senadora Carolina Goic y de quien habla, en atención al contexto que estamos viviendo. Y esto es muy transversal, no solo de quienes estamos acá: he escuchado a la Senadora Van Rysselberghe, a la Alcaldesa Evelyn Matthei, al Alcalde de La Florida, a un sinnúmero de autoridades del Oficialismo y de la Oposición plantear su indignación frente a hechos como los que se han descrito.
Porque esto no tiene color político. Creo que nadie puede aceptar, cuando vivimos una pandemia -porque esta es una iniciativa surgida en ese contexto-, que existan instituciones que tienen que velar por la salud o ser garantes de ella, que deben ser proveedores de prestaciones, de insumos de salud, que intenten de manera absolutamente inmoral aprovecharse de esa situación.
Yo los invito a subir ahora al sitio web de Mercado Libre a ver cómo se vende una mascarilla en 6 mil pesos. O sea, una caja de veinte mascarillas en esa plataforma vale hoy 120 mil pesos.
En cuanto al alcohol gel, que es fundamental para enfrentar el contagio ante esta pandemia, hay gente que se ha dedicado a acaparar los frascos -por eso no hay en ninguna parte- para revenderlos en 15 mil, 20 mil pesos. Ello podemos verlo en este momento en Mercado Libre.
Hay farmacias que han subido en un mil por ciento el costo de las mascarillas y de los elementos básicos.
Acá tengo los precios de la Clínica Las Condes: por hacer una PCR de coronavirus cobra 113 mil pesos; y por la realización de la PCR del virus influenza, que la asocia, 209 mil pesos, más la consulta del médico. Entonces, una persona termina pagando casi 400 mil pesos para enfrentar un problema de salud que no debiera tener costo, que en todas partes del mundo es gratuito.
¡No puede ser, señor Presidente!
Aquello, evidentemente, atenta contra los elementos más básicos para un ser humano.
Nosotros hemos apoyado la declaración de estado de catástrofe anunciada por el Presidente de la República, pues entendemos que hoy día la primera prioridad es la salud de nuestro país.
No obstante, les quiero leer lo que señala una filial de la Clínica Las Condes en materia de seguros. Dice: "entre las exclusiones de cobertura del seguro están las patologías declaradas como pandemia por la autoridad sanitaria. En ese caso, el seguro no otorgaría cobertura".
¿Cómo es posible que existan seguros que contrata la gente, que son compromisos, respecto de los cuales luego se intenta aducir que hay una situación de fuerza mayor -como si fuera una cosa- y que no van a cumplir con la cobertura?
¡Eso es absolutamente irregular e ilegal!
Señor Presidente, me parece que los temores -no los estoy cuestionando- que planteó el Ejecutivo en cuanto a que esto podría generar mercado negro o algún otro problema son infundados.
El mercado negro es el que está ocurriendo cuando se cobra de manera inmoral un mil o más por ciento por elementos que son de primera necesidad y respecto de los cuales las personas no tienen otra alternativa más que usarlos.
No hay otras alternativas al alcohol gel; no hay otras alternativas a las mascarillas; no hay otras alternativas a los exámenes de PCR, que tienen un costo de 15 mil pesos, no de 130 mil pesos, no de doscientos y tantos mil pesos. ¡No hay otra alternativa y deben ser garantizados como un derecho! De no ser factible esto, por lo menos su precio debiera ser accesible para la población.
Por eso la urgencia en esta materia. Nos quedan las semanas más críticas de esta pandemia. Los casos se están duplicando cada dos o tres días. Estamos en un momento complicado.
Se puede evitar llegar a la situación que están viviendo Alemania, Francia, España y sobre todo Italia, que acaba de tener más de 300 muertos en un día. ¿Por qué? Porque no han logrado evitar el contagio. A pesar de las cuarentenas, no han logrado aplicar exámenes a todos; no han logrado identificar a los contagiados y a sus contactos a fin de ponerlos en cuarentena, y no han logrado que se tomen las medidas esenciales, como las que debemos adoptar en Chile para evitar esa catástrofe.
Nosotros podemos impedir eso -incluso, el modelo chino es la mejor expectativa que tendríamos- para no llegar a la situación que padece Italia, pero a condición de que se tomen las medidas pertinentes; que se centralicen las camas, y que se prohíban y sancionen este tipo de atentados a la salud y a la vida, que son absolutamente inaceptables.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en verdad, en este tema, respecto del cual se han realizado fogosos discursos, llevamos muchos muchos años.
Yo recuerdo que en la Cámara de Diputados se hicieron por lo menos tres investigaciones, en que se sacaron todo tipo de conclusiones sobre cómo regular las prestaciones y los medicamentos tanto en las clínicas como en toda la cadena de farmacias, en fin.
Lo cierto es que normalmente se toman algunas medidas que el sistema termina eludiendo.
Entonces, creo que la vida ha demostrado que aquí de alguna manera se requiere intervenir en los precios de venta.
El resto las medidas que se han adoptado -es una colección y podríamos hacer bastantes escritos sobre el particular- no han logrado funcionar. Y tenemos medicamentos cuyos precios están fuera de toda razón, de toda norma, en que además se buscan utilidades a partir de las enfermedades de numerosas personas, particularmente de los adultos mayores.
Yo comparto este proyecto. Sé que es un objetivo bastante limitado el que se propone.
De repente los empresarios están poniéndose un poquito más agudos. Por ejemplo, cuando uno escucha a Andrónico Luksic hoy día -lo dijo hace poco rato- plantear que trasladará al final de los créditos hipotecarios y de los créditos de consumo todas las cuotas a pagar en estos meses, constata que respecto de lo que estamos viviendo falta más audacia, mayor decisión.
Yo he visto en otros países que han decidido regular los precios de canastas de medicamentos.
Ahora bien, ¿qué dice este proyecto? Que pone un tope de crecimiento, sobre el arancel Fonasa, a las prestaciones.
Creo que ello es muy positivo. Me parece que si no hay formas de fiscalización claras, ni definiciones o criterios para establecer qué prestaciones va a regular Fonasa y cuáles no, esto puede ser superado rápidamente por la realidad, como nos ha ocurrido respecto de muchas otras medidas que hemos tomado en otros momentos.
Por eso considero muy importante aprobar esta iniciativa; sin embargo, hay que perfeccionarla en el trámite en particular.
Pienso que en la última parte de su articulado hay una cuestión conceptual que se debe precisar, porque el 10 por ciento sobre el precio de lista no es lo mismo que el 10 por ciento de las utilidades.
En tal sentido, hay que optar por un concepto: el 10 por ciento sobre el precio de lista y no el 10 por ciento de las utilidades, porque puede ser diferente la forma de calcularlas.
Se trata de una iniciativa positiva. Ojalá que la aprobemos rápidamente, para ver si logra tener efecto en la actual coyuntura. Pero claramente el tema de fondo tiene que ver con cómo una sociedad regula el negocio de los medicamentos, cómo lo transforma en un instrumento con ciertas reglas que permitan que se conjugue bien el interés de un país con el negocio del que produce, del que realiza la prestación o del que vende el medicamento.
Voy a votar a favor, mas pienso que hay que perfeccionar el proyecto en la discusión en particular.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Senado, junto con la Senadora Goic y los Senadores Girardi y Quinteros presentamos este proyecto de ley porque estamos convencidos de que no es posible que los prestadores de salud lucren frente a una situación de pandemia mundial y de alerta sanitaria.
En tal contexto, hemos establecido una norma excepcional: que en casos de alerta sanitaria se pueda fijar un monto máximo de cobro por parte de los prestadores de salud para la realización de estas prestaciones.
Claramente, estamos hablando de un monto que no supere el 10 por ciento sobre el precio de lista establecido para las prestaciones contenidas en el arancel del Fondo Nacional de Salud en la modalidad de libre elección o modalidad institucional cuando se pertenezca a alguna institución de salud previsional; vale decir, que las isapres efectivamente puedan garantizar ese monto para la prestación. Ello, ciertamente, en caso de declaración de epidemia, pandemia o brote, según corresponda, mediante un decreto de alerta sanitaria.
Por tanto, aquí no se trata de establecer un monto de aumento baladí, sino que esto se hará solo en la medida en que se decrete una alerta sanitaria en virtud de una declaración de epidemia, pandemia o brote.
En el mismo sentido, nosotros hemos señalado que lo que no puede ocurrir es que, en el caso de que la póliza de un seguro de salud, contrato de salud u otros relacionados con la entrega de prestaciones de salud, se establezca dentro de sus cláusulas la no cobertura, financiamiento, pago o condicionamiento a un hecho externo, para el otorgamiento de alguna prestación o servicio por haberse declarado alguna epidemia, pandemia o alerta sanitaria por la autoridad competente.
Este proyecto surgió básicamente porque algunas clínicas privadas y ciertas isapres estaban anunciando que iban a negar cobertura una vez que se decretara la pandemia, esta situación de alerta sanitaria.
También hemos planteado la necesidad de fijar una norma respecto del monto máximo de utilidades sobre el precio de lista de los insumos y medicamentos que sean de uso prioritario en el caso de haberse declarado alguna epidemia, pandemia o alerta sanitaria por la autoridad competente, para los establecimientos de expendio de productos farmacéuticos, que no podrán exceder del 10 por ciento. Estamos hablando nuevamente de una fijación de precios en caso de haberse declarado alguna pandemia, epidemia o alerta sanitaria decretada por la autoridad competente.
Esto último corresponde a una modificación al artículo 94 del Código Sanitario y lo anterior tiene que ver con una enmienda vinculada a la incorporación de un artículo 173 ter, que buscan establecer normas excepcionales.
Creemos que ha quedado demostrado cómo finalmente se ha generado un comercio del lucro, o un comercio negro, de elementos e insumos farmacológicos que son necesarios para mantener sanitizados los espacios o bien para velar por la higiene personal, en términos de poder contener esta epidemia o estos contagios.
Por eso pedimos que este proyecto se apruebe en general. Había un acuerdo de la Sala para que no se votara en general y en particular. De modo que la Comisión lo despachó solamente en general. Y, por tanto, una vez aprobado, la idea es posibilitar que se fije un plazo de indicaciones para los efectos de perfeccionarlo.
En consecuencia, consideramos, sin lugar a dudas, que esta iniciativa debe ser aprobada.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, modificar los contratos de salud relacionados con la entrega de prestaciones de salud que establezcan la no cobertura en situaciones como la que vivimos ha sido un tema polémico permanentemente.
Uno esperaría que el servicio de salud privado se integrara como un solo cuerpo con el servicio de salud público frente a una pandemia. Tendrá que ser el Presidente, Sebastián Piñera, con las facultades que le otorga el estado de catástrofe, el que deba hacerlo. Nuestro país no puede enfrentar una catástrofe como esta con dos sistemas de salud.
Eso lo han llevado a cabo países de Europa; lo hizo Francia. No hay otra posibilidad de éxito. Y el éxito es que la gente no se enferme; pero más éxito es que las personas no se mueran.
Por lo tanto, yo espero que el Presidente Piñera pueda decretar las medidas de integración de los sistemas de salud en Chile para los efectos de enfrentar como un solo cuerpo la mayor crisis sanitaria que ha tenido lugar en nuestra nación en toda su historia.
Se ha planteado, en primer lugar, la necesidad de que se modifiquen los contratos. ¡Bien! Y, en segundo lugar, que el cobro por los insumos y medicamentos farmacéuticos no supere el 10 por ciento de utilidades sobre el precio de lista.
Señor Presidente, sobre el particular quiero advertir lo siguiente.
Actualmente existe un convenio de la Cenabast -es decir, hay regulación por parte de esta entidad- y, sin embargo, ninguna de las grandes farmacias lo ha suscrito. Ni Salcobrand, ni Cruz Verde, ni las Farmacias Ahumada tienen regulación.
Lo que ocurre hoy día es una situación en verdad catastrófica, absolutamente abusiva con relación a medicamentos como el Plaquenil de 200 mg. Una caja de 30 cápsulas -para tratar el lupus se requiere una mensualmente- importada desde Europa vale cinco euros, es decir, tiene un costo de 4.750 pesos. ¿Y cómo la venden esas cadenas de farmacias en Chile? ¡A 48.890 pesos, señor Presidente!
La prohibición que se establece en el decreto 50, artículo 21, letra b) es que nadie puede importar medicamentos desde Europa para un tratamiento de más de seis meses. Es decir, la gente que tiene lupus y que está pagando por una caja de Plaquenil 48.890 pesos, podría importarla desde Europa a un costo de treinta euros, o sea, 28.500 pesos.
¡Pero ninguna empresa se interesa en importar por treinta euros, señor Presidente!
Entonces, quiero decir que aquí hay una trampa.
Porque estamos diciendo que no podrán cobrar más del 10 por ciento de utilidades sobre el precio de lista; pero, por ejemplo, las mascarillas, que hace dos semanas tenían un precio de 900 pesos las cincuenta unidades en Reutter, empresa importadora de estos elementos, hoy día están a 6.990 pesos. ¡O sea, de 900 pesos las 50 unidades pasaron a 6.990! Por lo tanto, cuando este proyecto de ley habla de "precio de lista", me parece que debería ser el de hace tres meses; porque si el precio de lista es el actual, ya nos quedamos con un alza desmedida, abusiva, absolutamente dañina, vergonzosa.
Tenemos un problema acá, señor Presidente.
Así que anticipo la presentación de una indicación para que el precio de lista sea a lo menos el de hace uno o dos meses, antes de que se produjeran estos aumentos extraordinarios.
Ahora bien, ¿qué pasa si aquello no se cumple? ¿Frente a este tipo de alzas hay multas?
Señor Presidente, en la actual ley las multas son para las farmacias pequeñas: ¡hasta 5 mil UTM de multa para las que tienen convenio con Cenabast, para las farmacias chicas! Pero como las tres grandes -Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada- no han suscrito convenios con aquel servicio no son objeto de multas. Estas solo se aplican respecto de las farmacias que celebraron convenios con Cenabast: si aumentan el precio de los medicamentos son castigadas con una multa de hasta 5 mil UTM.
Luego, alguien debe aclarar cuál será la multa ante el no cumplimiento de lo que se plantea en esta iniciativa, pues el último dato que tenemos es que las cadenas de farmacias se coludieron durante diez años y al final ningún delincuente de cuello y corbata fue a la cárcel: ¡solo terminaron pagando con clases de ética...!
Por consiguiente, si no hay un castigo razonable, esa situación no se va a resolver.
Por último, señor Presidente, aquí debe delimitarse más lo que se entiende por tipo de medicamentos: ¿cuáles son prioritarios? Porque si vamos a entender que la lista la hace el Ministerio de Salud y las farmacias se oponen, vamos a tener un problema.
Tiene que ser más taxativa esta normativa si queremos de verdad protegernos de quienes son más peligrosos que el coronavirus: los laboratorios.
¡Los grandes responsables son los laboratorios internacionales, que ponen los precios!
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sin duda, situaciones excepcionalísimas como las que estamos viviendo en materia sanitaria obligan también a desplegar ciertos márgenes de creatividad y a optimizar normativas legislativas al objeto de asegurar el acceso a servicios esenciales, básicos: en este caso, lo relacionado con los medicamentos o la eventualidad de que en algún contrato de salud, frente a una circunstancia de esta naturaleza, no esté la prestación de ciertas patologías, que podría ser lo que estamos viendo hoy día.
Ante una circunstancia de esa índole, evidentemente uno esperaría como reacción lógica y natural el perfeccionamiento o el mejoramiento de lo que involucra un caso como este. Porque aquí estamos hablando de un riesgo transversal, de un riesgo nacional, de un riesgo mundial.
Por eso, esta excepcionalidad tiene mucho sentido, y el proyecto efectivamente hace lo correcto en cuanto a establecer determinadas limitaciones. Probablemente habrá que mejorar lo vinculado con los riesgos que esto pudiera conllevar.
Siempre tratamos de enfatizar en las dificultades y, bueno, habrá que buscar, prudentemente, de qué manera se resuelven; cómo, por ejemplo, para una situación de eventual mercado negro, lo que de por sí ya es lamentable, pudiera generarse una restricción de esta naturaleza.
O, en su defecto, enfrentar situaciones que, no nos olvidemos, en otras condiciones han sido de plena normalidad: la colusión de las farmacias, por mencionar una de tantas, marcó un hito relevante dentro de las conductas irresponsables que ha habido y que han merecido una condena absolutamente transversal.
En cuanto a las dificultades que eventualmente pudieran tener la Cenabast y la prestación de servicios para terceros, probablemente habrá que corregir la última ley que se aprobó y que permite precisamente a la Cenabast ser un actor importante en el suministro de medicamentos para nuestro país.
Esta irresponsabilidad se ve reflejada también en situaciones detectadas recientemente: la elaboración ilegal de productos asociados al uso sanitario. Miren lo que acaba de pasar en el barrio Meiggs: catorce personas detenidas por producir y vender en forma absolutamente irregular un supuesto alcohol gel que no cumple con ninguna condición de asepsia. ¿A quiénes se lo vendían? ¿Quiénes son los que eventualmente compran en ese barrio? Precisamente, la gente más humilde, que desgraciadamente se ve expuesta a este tipo de especulaciones.
Es más, en San Joaquín se detectó una fábrica ilegal con 3 mil litros de alcohol gel que no reúne ninguna condición de asepsia. Es decir, es un producto absolutamente ilegal. ¿Y a quiénes iban a parar estos insumos? Sin duda, sabemos dónde van a parar.
Por eso, señor Presidente, creemos que un proyecto de esta naturaleza, en la excepcionalidad que se plantea, en las condiciones que está viviendo nuestro país, tiene mucho mérito. Por mi parte, lo voy a votar absolutamente a favor. Las dificultades o los eventuales problemas que tenga podrán ser resueltos durante la discusión en particular.
Sin embargo, considero que las acciones irresponsables que se han producido, como la que recientemente he señalado, dan cuenta de que esto requiere en forma necesaria una alerta y una respuesta mucho más concreta, mucho más efectiva, para impulsar iniciativas que, en este marco de realidad, vayan al fondo del problema y no se queden solamente en la cáscara. Porque, al final de cuentas, ¿quiénes son los más afectados? ¿A quiénes les habrán vendido estos productos en el barrio Meiggs? A familias modestas, que ahora los tienen en sus casas, supuestamente, para resolver un problema sanitario.
Voto absolutamente a favor, señor Presidente. Y espero que con las indicaciones que se hagan durante la tramitación en particular del proyecto podamos corregir o resolver los detalles que aquí se han observado.
Muchas gracias.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, yo siento que este proyecto tiene una buena intención, para los momentos que estamos viviendo. Pero también siento que estamos siendo apresurados, que estamos legislando de una manera que no corresponde.
Yo entiendo que cuando existe una catástrofe, cuando hay una emergencia en salud, lo lógico es que todos los servicios de salud del país (hospitales, clínicas, etcétera) estén al servicio del Estado de Chile, de todos los ciudadanos. Por lo tanto, la autoridad que debería dirigir esto es el Ministro de Salud o la persona que se nombre para ese efecto.
La verdad es que el proyecto necesita muchas indicaciones, porque, si vamos a regular la rentabilidad de una clínica, de un hospital, de un servicio de salud, será preciso determinar qué multas y qué sanciones tendrán los infractores.
Yo creo que aquí hay que aplicar multas dolorosas, de tal manera que quien incurra en estas faltas reciba ese tipo de sanciones, que pueden ser hasta penales. Por eso considero que se deben presentar indicaciones.
Lo bueno de estar discutiendo este tipo de proyectos en la Sala del Senado es que los podemos enriquecer. Si votamos a distancia, la verdad es que no sé cómo vamos a enriquecerlos.
Por ende, creo que es importante entender que, como Senadores, debemos estar en la Sala. Considero que hoy día existen elementos que hacen perfectamente posible detectar la enfermedad -a través de la fiebre, por ejemplo-, y sería valioso que se implementaran en este Senado, señor Presidente.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, hemos visto en estos días un interesante debate. Y yo celebro a los miembros de la Comisión de Salud por esta moción: a usted, a la Senadora Goic, quien la preside, y a los Senadores Girardi y Chahuán, quienes la han firmado.
Dicen que en los momentos de crisis sale lo mejor o lo peor de las personas, lo mejor o lo peor de las instituciones. Y, claro, nos enfrentamos a una discusión legislativa que se ha generado producto de que hemos visto en estos días lo peor de algunas personas, que comercian con la necesidad y la urgencia de otros.
En esa misma línea, junto a los Senadores Letelier, Lagos, Insulza y Harboe, presentamos un proyecto para modificar la ley N° 16.282 y sancionar a todos aquellos que venden a precios que no corresponden los artículos de primera necesidad; que venden productos que no están a la venta, que son para distribuir gratuitamente, o que adulteran su calidad.
Creo que sería tremendamente interesante, señor Presidente, que pudiéramos, durante la discusión particular, fusionar estas iniciativas, porque van en la misma línea; hablan exactamente de lo mismo. Ello nos permitiría abarcar todos los productos y no solamente los de salud.
Cuando vemos -y lo señalaban mis colegas- que en Italia en un solo día mueren 475 personas; cuando vemos que este virus va creciendo y no es capaz de ser contenido; cuando vemos que falta reacción desde el mundo privado para atender las urgencias que va instalando la agenda del Gobierno, necesitamos que salga lo mejor de las personas y de las instituciones.
Y, obviamente, que salga no porque haya una ley que los amenace, que los pueda sancionar, multar o afectar; sino porque es lo que corresponde.
En ese ámbito, señalo dos ejemplos.
La Universidad Central decretó el teletrabajo para todos -¡todos!- sus integrantes, a partir de este viernes 20 y hasta el 5 de abril. ¿Por qué? Porque entiende que la mejor manera de colaborar es evitando la circulación y la exposición de las personas.
El otro ejemplo es el que da el Banco de Chile hoy día. Y me alegro de que hayan reaccionado, porque se habían dedicado a mandar comunicaciones para ofrecerles créditos a sus clientes y no para hacerse cargo de qué va a suceder con la cuota de los que están vigentes. Pues bien, ahora se señala que la cuota que vence este mes quedará inmediatamente diferida para la fila del último día de pago del crédito.
Ojalá este ejemplo se empiece a multiplicar, y todas y todos entiendan que esta situación la enfrentamos todos juntos o no nos libramos; que este no es el tiempo del yo y la individualidad; que esta situación requiere un esfuerzo adicional de todas las partes.
El Superintendente de Seguridad Social sacó una circular hace unos días -entiendo que la Ministra se encuentra en la Sala-, en la que señaló que el coronavirus no era una enfermedad laboral, y que, salvo que se demostrara la trazabilidad, no iba a tener cobertura.
Entiendo, por lo que me han dicho, que eso se está rectificando. Yo había enviado un oficio para decirle que aquello no correspondía, que no procede la calificación ex ante de las enfermedades laborales. Esto se va a aclarar durante estos días. Y creo que es lo que corresponde, señor Presidente.
Todos -también Fonasa, las isapres y los bancos- debemos hacer un esfuerzo para ponernos en el ¡nosotros!
En ese sentido, hago un reconocimiento a todos los funcionarios de la salud de nuestro país, quienes están haciendo un tremendo esfuerzo hoy día, con el riesgo que ello conlleva.
Queda un desafío enorme por delante. Creo que todos y todas debemos comprometernos a sacar lo mejor de nosotros para enfrentarlo.
Apoyo la moción que ustedes han presentado, Senadora Goic y demás firmantes, y espero que podamos trabajarla en conjunto con la que teníamos nosotros.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora Carolina Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero reafirmar lo que existe en el fondo de esta situación; lo que esta moción busca atajar, atacar o contener. Y es que efectivamente como sociedad hemos tolerado el abuso, que se ha instalado como una práctica.
Hoy en la mañana realizaba el contacto habitual de los miércoles con la Región de Magallanes en la radio Polar y el locutor siempre suele leerme algunos mensajes que llegan por redes sociales. Y a propósito de comentarios acerca de esta moción, había uno que decía: "Pero si esto es oferta y demanda".
Ante eso, uno se pregunta: ¿qué sociedad hemos construido? Porque hay personas en nuestro país que justifican el que el alcohol gel se cobre a precio de oro; que justifican el que una clínica, respecto de un examen que forma parte hoy día de las medidas para contener la emergencia, para disminuir el contagio y que se requiere para salvar vidas, cobre un sobreprecio excesivo, usurero.
Eso es lo que está detrás del proyecto.
Yo me alegro de que ahora todos estemos dispuestos a aprobar en general la iniciativa y que entendamos que es imprescindible. Pero hay algunos que quedan al debe. No puede ser que tengamos que llegar a este momento para plantearnos cosas que, como repetimos en todos los discursos, debieran estar garantizadas.
¿Es la salud un derecho en nuestro país?: sí o no.
¿Lo garantizamos?: sí o no.
¿Qué está primero, el mercado o la salud?
¿Cuál es el rol del Estado frente a derechos humanos básicos como, por ejemplo, el acceso a la salud?
¡De eso estamos hablando!
Yo quiero formular aquí algunas preguntas:
¿Qué pasa con las isapres? Cuando discutimos el proyecto en la Comisión de Salud nos preguntamos: ¿cuántas son las llamadas que han realizado? ¿Qué han hecho frente a esta crisis? ¿Han gastado al menos un correo electrónico que sale automático para informar a sus afiliados cuál es la red de prestadores que ofrecen, cuáles son las condiciones de acceso, cómo pueden saber cuál es la mejor forma de utilizar la cobertura de su plan de salud y que la atención está garantizada? ¿Cuál ha sido su colaboración como instituciones que deberían asegurar la salud en esta crisis?
Una vez más, las isapres demuestran que no están a la altura, que no son instituciones de seguridad social, que para ellas la salud es un negocio.
Yo esperaría, porque estamos absolutamente a tiempo, ver cuál es su aporte. ¡Pueden hacer más! Ahí está afiliado el 20 por ciento de las familias chilenas. ¿Cuál es su contribución? ¿Cuál es la campaña que realizan? ¿Cómo se suman?
Y lo mismo pregunto respecto de la salud privada.
Lo anterior nos demuestra que debemos hacer las cosas de manera distinta; que la autoridad sanitaria tiene que disponer de un poder regulatorio mayor; que no resiste, además, el que contemos con un sistema de salud segmentado.
Eso nos muestra la actual crisis.
El coronavirus, queridos y queridas colegas, nos está obligando a hacer las cosas de modo distinto; nos está obligando a sentarnos a la mesa; nos está obligando a generar acuerdos.
Cuando la Presidenta del Colegio Médico convoca a todo el mundo político la noticia es: "El coronavirus logró lo que no se había logrado antes".
Entonces, junto con reiterar, por supuesto, mi votación positiva para esta moción y alegrarme de que la estemos discutiendo, quiero que también vayamos aprendiendo, que saquemos lecciones de lo que nos está pasando.
Esta crisis nos obliga a salir de la trinchera; nos obliga a llevar a la acción ciertas cosas, en lugar de hacer solo un discurso.
Me parece que es, de alguna manera, un primer paso que tenemos que dar todos sentados a la mesa. Se trata de ver cómo efectivamente garantizamos el derecho a la salud; cómo hay prácticas -lo hemos hecho en materia de género- que hemos normalizado, pero que no son aceptables, que no forman parte de las reglas que nos tienen que regir.
La salud no puede estar supeditada al abuso; la salud no puede estar supeditada a las reglas del mercado.
Yo espero solamente, señor Presidente, que podamos avanzar luego en la tramitación de la moción, que se formulen todas las indicaciones que permitan mejorar la propuesta, pero sobre todo que haya un cambio de lógica que venga para quedarse en materia de garantizar el derecho a la salud en nuestro país.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estamos viviendo un momento muy dramático y por eso yo valoro que cada uno, dentro de lo que puede, presente proyectos, alternativas, ideas respecto de cómo enfrentarlo. Y no me cabe duda de que esta iniciativa va en esa línea desde un punto de vista del ánimo. Y yo siempre valoro el ánimo de colaborar.
Pero también forma parte de las funciones del Senado ver si desde una perspectiva de mandato, prohibición o permiso el proyecto cumple con los requisitos en términos legales o tienen que generarse innovaciones importantes a su respecto.
Creo que, claramente, estamos frente al segundo de los casos.
Se dio cuenta ayer del proyecto -lo quiero dejar claro- y estamos resolviéndolo hoy día. Tenemos que estudiarlo.
Primero, planteo una duda de constitucionalidad. No sé si aquí hay efectivamente un involucramiento en temas de seguridad social. Hay asuntos que son, a mi juicio, de iniciativa exclusiva, pero eso lo analizaremos en la discusión posterior. Pero por lo menos quiero levantar el punto, porque siempre uno debe cumplir con la Carta Fundamental. Para mí eso es algo esencial, cualquiera sea la situación.
Y respecto del contenido, claro, quién puede manifestarse en contra de un proyecto cuyo título señala que "limita la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes
", que es lo que estamos viviendo. Pero el texto en sí contiene cuatro ideas distintas y considero importante ir descifrando cada una de ellas, porque no todas son de la misma naturaleza.
La primera idea genera una fijación de precios, independiente de la circunstancia que esté viviendo el país. A mi juicio, ese es un grueso error. Yo no creo en la fijación de precios, nunca ha funcionado y destruye, obviamente, un sistema económico que ha generado profundos beneficios. ¿Tiene problemas? Evidente, pero de ahí a proponer una fijación de precios en el primer inciso no lo creo adecuado.
La segunda idea es distinta: después del punto y coma se busca que, a partir de una situación de epidemia, pandemia o brote, según corresponda, y mediante un decreto de alerta sanitaria, pueda generarse un tope porcentual de incremento en el precio de insumos y medicamentos.
Eso es distinto. Es una segunda idea que tiene mucho más que ver con las facultades que hoy día posee el Presidente de la República, en función del decreto de emergencia sanitaria dictado por la autoridad.
Entonces, considero que aquella es la fórmula correcta de evaluar y resolver el problema: a partir de las facultades que provee, precisamente, el estado de catástrofe.
La tercera idea se relaciona con los seguros de salud. Eso sí asume la lógica de la ocurrencia de un hecho externo, pero a mí me gustaría preguntarle en la discusión en particular a la Ministra o a quien corresponda cómo influye eso en los costos de los seguros. Porque me imagino que ha de tener un efecto. Si no tiene ninguno, me parece extremamente razonable. Pero cuando uno innova en este tipo de materias siempre debe velar por lo que pasa en la normalidad.
Y la cuarta idea es bastante diferente también y presenta, a mi juicio, dos problemas de comprensión. Primero, si se establece que "no podrán cobrar más de un 10% de utilidades sobre el precio de lista", se debe considerar que no son lo mismo la utilidad y el precio de lista. Entonces, no sé bien cómo se quiere generar el mandato respecto de situaciones que se producen con la epidemia, la pandemia si se plantea que esto es para "establecimientos de productos farmacéuticos".
A mí me llama la atención eso, porque uno de los Senadores que presentó el proyecto dice "por ejemplo, en Mercado Libre hay un precio absurdo", situación que condeno totalmente. Pero esta iniciativa no sirve para preocuparse de eso, porque es para "establecimientos de expendio de productos farmacéuticos".
Entonces, tenemos que tratar de establecer un sistema que genere efectos razonables. No cabe, a propósito de un drama profundo, tratar de alterar normas permanentes, como pretende el primer inciso; sí, a propósito de la pandemia, se puede establecer una sanción. Porque aquí la clave, señor Presidente, es evitar el abuso. Pero evitar el abuso trae además aparejadas dos obligaciones: no estimular el mercado negro y no estimular el desabastecimiento.
Aquí está la ecuación que nosotros necesitamos resolver de buena manera. Porque esto no se hace solo con buenas intenciones. Si uno dice: "Mire, establezco un precio fijo en función de un arancel" y cambia el precio del dólar (dicho sea de paso, este ha aumentado en 25 por ciento en los últimos dos meses por distintos eventos: desde el estallido social y de violencia hasta lo que está ocurriendo ahora), ¿qué ocurre?
Obviamente, debemos ver cómo enfrentamos el abuso, porque estoy completamente convencido de que este existe y hay que afrontarlo con energía. ¿Cuándo se produce? Cuando en su momento, como consecuencia de una pandemia, productos que tuvieron un costo equis pasan no a una lógica de reposición al mismo valor, sino que a un costo muy superior, por abuso de posición monopólica, que es algo distinto.
Lo anterior tiene que ser completamente castigado. Y esa parte yo la entiendo.
Pero no entiendo la fijación de precios per se y tampoco la forma de establecer la vinculación de utilidades con precio de lista en función de un arancel que no depende de uno. Eso puede generar, obviamente, un problema de desabastecimiento y mercado negro.
Creo que en esta materia podemos hacerlo bien, pero aquí hay un conjunto de ideas que se entremezclan y es deber de este Parlamento, en mi opinión, transformarlo, en la medida en que haya buena voluntad, en normas precisas que sancionen el abuso en momentos dramáticos. Eso es lo que yo espero que se logre en este proyecto.
He dicho, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve porque tenemos que despachar otra iniciativa, que es urgente.
Solo quiero decir que las expresiones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra ponen problemas, y yo lo invito a que busquemos soluciones, pues resulta inaceptable la especulación frente a una necesidad sanitaria.
Este proyecto es parcial; solo aborda una parte. Con la Senadora Rincón y varios colegas hemos propuesto otro, que pedimos que la Sala acuerde fusionar. Entiendo que todos tenemos dudas sobre cómo generar soluciones, pero creo que debemos tomar acciones unitarias ya.
Propongo cerrar el debate y aprobar en general este proyecto para poder pasar al próximo.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estamos llamados a votar este proyecto y creo que aquí es donde se ven las convicciones. Aquí se ve, efectivamente, si, producto de una pandemia de esta naturaleza, en la cual respaldamos la declaratoria de estado de catástrofe y entendemos que hay que tomar medidas concretas, se le van a tocar los intereses a los grandes empresarios. Aquí está la madre del cordero. Y qué bueno que están la Ministra del Trabajo y los Subsecretarios.
¿Estamos o no del lado de la ciudadanía, o vamos a ir en ayuda de los descarados de LAN Chile, que están pidiendo apoyo al Gobierno? Aquí es donde se ven las definiciones. ¿Vamos a estar del lado de las pequeñas empresas, de los pequeños comerciantes, que, efectivamente, están perdiendo su trabajo, se están viendo imposibilitados de pagar sus dividendos, o vamos a estar poniéndole platita a Latam?
Yo creo que aquí es donde están las definiciones: si el señor Luksic y todos estos señores están comprometidos con el país y entienden que en tiempos como estos, de crisis mundial, no debe sacarse provecho. Nosotros no vamos a sacar provecho, y por eso respaldamos absolutamente las medidas que se han tomado, como la declaración de estado de catástrofe, pero debemos entender lo que está ocurriendo en otros países.
A mí me gustaría escuchar del Gobierno chileno las palabras del Presidente Macron, de un gobierno liberal, que, precisamente en estos momentos de crisis, ha dicho que se congelan los precios y se interviene la red de salud privada; no como en nuestro país, donde se está negociando con unos hoteles, con el Espacio Riesco, con el objeto de instalar ahí hospitales de campaña para poder acoger. O sea, ¡de qué estamos hablando!
Esto es lo que nosotros entendemos como modelo de modificación que tiene que haber en la estructura constitucional de Chile. Permítanme decirlo. Aquí hay pánico por la fijación de precios, cuando todos los gobiernos de centro, izquierda y derecha la han utilizado. ¡No me van a decir que la señora Merkel, de Alemania, es socialista, o que Macron es socialista! Gobiernos de derecha están interviniendo los precios precisamente para evitar a los especuladores. ¿Lo vamos a hacer aquí en Chile, o no?
Esa es la medida. Ahí es donde está el tema.
Entonces, con este cerco constitucional de no fijar precios, de no tener instrumentos para evitar a los acaparadores, que están colapsando el mercado, llevándose todos los productos, con farmacias o proveedores que suben los precios, bueno, es aquí donde tenemos que jugarnos las definiciones. Y espero que estemos de acuerdo y entendamos que esto también se debe dar en el debate constitucional.
Señor Presidente, expreso todo mi respaldo a esta iniciativa, para dar la señal que de todos tenemos que contribuir. Y aquí es donde uno espera que la limitación de la rentabilidad de los prestadores de salud en casos de epidemia, pandemia y otros brotes sea efectiva.
Y, si me permite, señor Presidente, aprovechando que está la Ministra del Trabajo, cuyo conocimiento y bagaje en temas previsionales conozco, pido que también veamos algo respecto de las isapres. El Poder Judicial ya nos convoca: más de 350 mil recursos de protección en el año anterior por el alza de los planes. Sé que no es una materia de ustedes y que el Ministro de Salud está, obviamente, comprometido en otras funciones como para que esté directamente acá, pero también la considero importante, debido a que, por la vía del alza indiscriminada, unilateral de los planes de isapres, tenemos más de 350 mil recursos de protección, además de cientos de miles de personas que no recurren porque no saben. Hay ahí una anomalía; una anomalía que debiéramos aprovechar de resolver en esta coyuntura, por cuanto creo que el objetivo es compartido. Estamos -repito- es un momento de decisiones.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un momento en que las convicciones tienen que estar por delante de cualquier postura política subalterna. Estamos viviendo una situación dramática, que jamás nadie esperó que Chile viviera. Y además un momento muy complejo para el país, en que la economía ha sido parcialmente destruida en los últimos cinco meses por la violencia y hechos vandálicos, y en que miles de pequeños y medianos propietarios han perdido su capital de trabajo y han visto destruidos sus negocios y su capacidad para llevar adelante su vida comercial.
Uno veía que se declaraba héroes a la gente de la "primera línea", que destruyó tantos locales y pequeños comercios. Y esa es también una cuestión de convicciones que yo quiero colocar hoy día en el tapete, porque el país está en mucho peores condiciones para enfrentar esta coyuntura por la violencia que hemos vivido en los últimos cinco meses.
En cuanto al proyecto, señor Presidente, no hay duda de que uno rechaza cualquier aprovechamiento, cualquier especulación o cualquier situación que le haga daño a una familia que no puede pagar una determinada prestación cuyos valores se cobran mucho más allá de lo razonable y de los precios de mercado.
Pero vamos al proyecto de ley, porque quien me antecedió en el uso de la palabra habló mucho de convicciones pero cero del proyecto.
¿Quién pone, compañeros, los precios de lista? La primera definición es que no se puede cobrar más del 10 por ciento del precio de lista. Pero, ¿quién pone el precio de lista? Por lo tanto, estamos ante un proyecto cuya primera expresión lo pone en duda. El precio de lista lo pone, en definitiva, el propio prestador, lo cual hace que el instrumento que estamos utilizando sea muy inviable.
Además, quiero recordar aquí que la Constitución, nuestra Constitución, establece que el Presidente puede declarar estado de catástrofe, cosa que hizo hoy día, por lo que tiene facultad para expropiar o limitar el derecho de propiedad y así poder, en un caso de pandemia como el que estamos viviendo, resolver el problema de una mucho mejor manera que la que plantea el proyecto de ley.
Espero que en la discusión particular podamos mejorar sustancialmente esta normativa, pues, tal como está, no tiene una aplicación práctica, real, que permita darle una solución a la ciudadanía. Va a ser una declaración lírica que no tendrá aplicación práctica.
El artículo 43 de la Constitución Política del Estado dispone que, "Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad (...)".
Esta son las normas que necesitamos, señor Presidente, y hoy nos encontramos en estado de catástrofe. Por lo tanto, si hay un especulador inmoral o alguna persona que le está causando daño a la ciudadanía a través de cobros absolutamente abusivos, resulta mucho más eficaz aplicar el artículo 43 de la Constitución que las normas del proyecto, en que nadie sabe bien quién fija los precios.
El proyecto señala: "Los prestadores de salud no podrán cobrar más de un 10% sobre el precio de lista". En el caso de las pólizas de seguros de salud, ¿quién fija el valor? O en el caso del expendio de productos farmacéuticos.
Por lo tanto, creo que estamos ante una normativa que no tendrá ninguna aplicabilidad real, que no producirá efecto alguno, salvo el de generar expectativas más allá de lo razonable.
Opino que las normas constitucionales son mucho más claras y expeditas.
¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Gracias.
Pienso que en caso de abusos evidentes, que claramente estén en conocimiento de la autoridad, se deben aplicar las normas de nuestra Constitución, que son mucho más eficaces.
Espero que en la discusión particular podamos avanzar y trabajar para mejorar este proyecto con el fin de poder hacerlo aplicable. Pero reitero: el artículo 43 de la Constitución Política establece un mecanismo mucho más expedito, mucho más concluyente para los objetivos que tuvieron en mente los redactores de este proyecto.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (29 votos favorables).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Quinteros y Sandoval.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Pizarro.
En lo que respecta al plazo de indicaciones, se ha propuesto mañana jueves 19, a las 11.
¿Habría acuerdo?
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Por supuesto, señor Senador.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero que recabe el acuerdo de la Sala para que se pueda fusionar este proyecto con el otro que fue presentado, a fin de que vayan a la misma Comisión y pueda ser considerado, el articulado ahí contenido, como indicaciones, de forma tal que se discuta y se acelere el proceso de una iniciativa tan urgente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- De acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, este es un proyecto que se conoció el día de hoy. Hay otras iniciativas. Y, de hecho, durante el transcurso del debate quienes fueron sus más fervientes partidarios dieron cuenta de las dificultades técnicas que existen.
Indudablemente, creo que a esta iniciativa hay que hacerle indicaciones y modificaciones bastante sustantivas. Y un plazo de 24 horas me parece que no es serio e impide un debate real.
No vamos a tener sesión el día de mañana y, por lo tanto, nada obstaculiza a que ese plazo sea a lo menos hasta el próximo martes. De esa manera, dispondremos de un tiempo suficiente, porque se trata de indicaciones que debemos estudiar adecuadamente para evitar los errores técnicos que el propio proyecto contiene.
En consecuencia, señor Presidente, propongo que el plazo sea el próximo martes 24, hasta antes de la sesión.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, la propuesta del plazo la conversé con todos los integrantes de la Comisión, incluida la Senadora Luz Ebensperger, con quien acordamos además sesionar mañana tipo 13 horas, después de una reunión que tendremos con el Ministro de Salud a las 11.
De esa forma, en la línea de lo que hemos estado conversando antes de iniciar el debate, aprovechamos que estamos reunidos acá. Así fue acordado.
A mí me gustaría que la bancada del Senador Víctor Pérez pudiera consultárselo a la Senadora Ebensperger, porque sobre esa base propusimos el día de mañana, a la hora indicada. De ese modo, a la una y media tendremos las indicaciones a la vista y podremos avanzar, dado que a esa hora tenemos la certeza de que vamos a estar todos los integrantes de la Comisión.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, si se va a fijar como plazo el día de mañana y se va a reunir la Comisión -entiendo que por eso la urgencia-, pedimos que se incorpore el proyecto que nosotros presentamos o, de otra forma, lo transformemos en indicaciones y así las formulamos, pero creo que va a ser lo mismo para estos efectos.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo oí el debate. Varios plantearon aquí que por algo existe una norma general. Y este proyecto plantea cuatro ideas distintas.
Estoy tratando de comunicarme con la Senadora Ebensperger. No he podido hacerlo. Sin embargo, en virtud del sentido común de una ley de esta naturaleza y dado que no va a haber Sala aparentemente antes del lunes -digo yo, por lo que entendí-, démonos el espacio suficiente para hacer bien el trabajo.
A mí me parece que la proposición que hizo el Senador Pérez Varela es absolutamente correcta. Si quieren, podemos dejar el plazo hasta el lunes, para que pueda trabajar la Comisión. Pero yo desafío a que alguien haga buenas leyes con estos plazos. Yo, de verdad, quiero que la ley sea buena.
Entonces, insisto en la proposición que se ha hecho.
¿Quién va a ver ahora este proyecto?
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿por qué no hacemos lo siguiente?
Fijemos como plazo de indicaciones el viernes 20, al mediodía. Si los señores Senadores se reúnen mañana con el Ministro y hay acuerdo sobre las indicaciones, creo que no va a haber problemas.
Lo más probable es que nosotros tengamos que estar reunidos el día viernes o el sábado. Y este es un proyecto que perfectamente, si se logra un acuerdo, podríamos aprovechar de discutirlo, pues va a estar dentro de la parrilla.
Creo que es una salida razonable.
La señora GOIC.- Viernes, a las 12, señor Presidente. O a las 11.
El señor PIZARRO.- A las 11 o a las 12. Da lo mismo.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Muy bien.
Entonces, ¿viernes 20, a las 11 horas?
Muy bien.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 20 de marzo, a las 11.