NUEVO MECANISMO PARA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un mecanismo para la estabilización de los precios de los combustibles, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.389-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 18 de junio de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 28ª, en 2 de julio de 2014.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es crear un nuevo mecanismo para la estabilización de los precios de los combustibles. A tal efecto se establece en la base de cálculo del impuesto específico un componente variable cuya determinación está asociada a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles derivados del petróleo y que, por lo tanto, puede resultar positivo o negativo.
La Comisión de Hacienda discutió el proyecto en general y en particular, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar y lo hizo por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.
En cuanto a la discusión particular, efectuó diversas enmiendas, que aprobó con la misma unanimidad consignada precedentemente.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado donde se consignan, en la segunda columna, las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda, y en la tercera, el texto del proyecto de ley como quedaría si ellas se aprobaran.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Voy a suspender la sesión por algunos minutos para permitir la llegada de los miembros de la Comisión de Hacienda, órgano que está sesionando paralelamente con la Sala.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 16:44.
--Se reanudó a las 16:50.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Continúa la sesión.
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, quiero darle una explicación, ya que en la Comisión de Hacienda hemos estado reunidos, de acuerdo con la autorización que nos dio la Sala, analizando la reforma tributaria y escuchando a todos nuestros invitados, que son bastantes más de lo que pudiera pensarse.
El proyecto en debate fue despachado por unanimidad en ese órgano técnico después de la explicación que recibimos del titular de la Cartera, aquí presente.
Ya se sabe que a partir de 1991, con motivo de la volatilidad del precio del petróleo, se contemplaron diferentes regímenes para subsidiar o tratar de estabilizar el valor de los combustibles, principalmente por el hecho de que, muchas veces, provoca efectos en la economía. No se trata solo del consumo de vehículos comunes, sino también del transporte público de todo tipo.
Desde ese año a 2005 funcionó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP), y después, entre 2005 y 2010, el Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles (FEPCO). Y, durante el Gobierno recién pasado, discutimos y aprobamos en el Congreso el Sistema de Protección a los Contribuyentes ante las Variaciones de los Precios Internacionales de los Combustibles (SIPCO), que entró en operaciones en el año 2011.
No obstante todos los mecanismos de subsidio que hemos establecido, sabemos que el precio del petróleo y del combustible al consumidor ha subido mucho más allá del que conocimos en la década de los ochenta, en términos no nominales, sino reales. Y eso se ha debido, no a causas internas, sino, fundamentalmente, a la variación experimentada a nivel internacional, teniendo en cuenta que Chile es absolutamente dependiente de la importación del producto. Nuestro país genera solo el 5 por ciento de lo que consume. En consecuencia, cualquier alteración en ese ámbito determina un precio de mucha inestabilidad, por lo que resulta razonable buscar algún sistema de estabilización.
El SIPCO, tal como se aprobó acá -y lo recordarán muchos de los Senadores que estuvieron presentes en el debate-, enfrentó problemas en su aplicación, y fue necesaria una enmienda en el año 2012 para que realmente operara. Ello, en razón de que se había ampliado hasta más menos 12,5 por ciento el ancho de la banda para los efectos del subsidio, de modo que las variaciones de precio tenían que ser muy extendidas. El hecho determinó que, de 176 semanas de operación del beneficio, solo en 37 de ellas se haya entregado para la gasolina y en 13 para el diésel, y el Gobierno anterior tuvo que presentar una modificación a fin de reducir el margen de alzas y bajas hasta más menos 10 por ciento.
El sistema venció el 30 de junio recién pasado. O sea, nos encontramos en este momento sin ninguna herramienta de esa índole para responder a las variaciones de precio que se puedan registrar. Esta es la razón de que el Gobierno haya sometido a la consideración del Congreso el proyecto en debate, que plantea al Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO).
El señor Ministro seguramente tendrá la ocasión de explayarse al respecto en forma más detallada, pero los principales cambios son que la banda de precios, en vez de ser de más menos 12,5 por ciento, sea de más menos 5 por ciento. Eso determina que la operación resulte mucho más efectiva y oportuna.
Además, se establece un mecanismo de estabilización adicional en el sentido de que los movimientos semanales de precios no podrán ser por ningún motivo superiores a 0,12 unidad tributaria mensual -o sea, 5 pesos por litro-, sin que sea posible la acumulación de más de 20 pesos en un mes.
De acuerdo con la información que nos entregó el señor Ministro, se estima tentativamente que la aplicación del sistema podría implicar un costo de 600 millones de dólares. Si se tomara el promedio de lo registrado en los últimos tres años, el monto que podría deducirse con cargo al impuesto a los combustibles, según el informe financiero, sería del orden de 280 millones de dólares, aproximadamente.
Al conocerse estos antecedentes en la Comisión, y sobre la base, primero, de que actualmente no existe un sistema, de que es preciso elaborarlo, y de que, segundo, el propuesto mejora el anterior, el SIPCO, y lo hace mucho más eficiente, puesto que se fija una banda mucho más angosta, de más menos 5 por ciento -además, en ninguna semana se excederá de 5 pesos, como tampoco de 20 al sumarse las cuatro del mes-, creemos que es algo que va a funcionar en forma más conveniente.
Antes también aprobamos -justamente le advertimos al titular de Hacienda que se trataba de algo que no iba a poder operar- que el Gobierno quedara con una facultad para establecer un mecanismo de seguro. Efectivamente, en una sola oportunidad, al comienzo, cuando se dispuso el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, hubo una ocasión de hacerlo. Pero la verdad es que hoy día no hay interesados ni oferentes en el mercado. Sin perjuicio de ello, el señor Ministro nos ha hecho ver que es mejor dejar la facultad en la ley vigente, al objeto de que si en algún momento dado se pudiera operar con este tipo de seguro, no se tenga que volver al Congreso a pedirlo.
Por todas esas razones, la Comisión ha recomendado, por unanimidad, la aprobación del proyecto de ley propuesto por el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Creo que es justo consignar que los miembros de la Comisión de Hacienda se encuentran ausentes por estar recibiendo en audiencia y sesionando en forma simultánea, como se autorizó. No está de más recordarlo.
Puede intervenir el Honorable señor Prokurica, a quien quiero felicitar, pues acabo de enterarme de que está de cumpleaños.
--(Aplausos en la Sala).
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Solicito abrir la votación, señora Presidenta, a fin de poder concurrir a la reunión del órgano técnico.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones, se procederá en esa forma.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor PROKURICA.- Agradezco mucho, señora Presidenta, el saludo de todos mis amigos en el Senado.
En verdad, esta es una discusión antigua, por no decir infinita, en relación con un asunto en el que los distintos gobiernos -el recién pasado, el anterior- nos han dado "mejorales" llamados "FEPCO", "SIPCO", y ahora otro. Pero, hablando las cosas como son, ninguno de estos proyectos ha resuelto la causa básica del problema, ni va a ayudar a los chilenos de clase media, a los taxistas, a los colectiveros, a los camioneros, a los micreros, a la gente de la feria que tiene un vehículo y cuyos costos son, aproximadamente, el 40 por ciento de los de un taxista o de un colectivero. La cuestión radica en el valor del combustible.
Ahora, los gobiernos no tienen la culpa de que el precio internacional haya subido, porque no pueden manejarlo. Chile no produce petróleo. Pero, ¡por favor!, me habría gustado que estuviera aquí el Ministro de Hacienda para poder plantearle¿
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se encuentra detrás de usted, Su Señoría.
El señor PROKURICA.- Gracias.
Creo que algo no está bien en la cifra, porque se llegó a 150 dólares el barril y el litro de bencina costaba 800 pesos, en tanto que el barril está hoy en 100 dólares y el precio es de 900 pesos.
A mi juicio, es otro elemento el que ha determinado la generación de costos. Y la causa o parte importante de ella es, sobre todo, la actual carga tributaria de los combustibles en Chile, que llega casi a la mitad de su valor.
Daré algunos datos sobre el particular, porque el nuevo sistema de estabilización de precios fue anunciado el 11 de junio recién pasado por el Ministro señor Arenas en todos los medios de comunicación, los cuales registraron que la nueva propuesta implicaría una protección a los consumidores.
Juzgo que es una protección entre comillas. Pondré las cantidades reales en conocimiento del Senado y de quienes ven su canal. Un estudio encargado a la Biblioteca del Congreso Nacional expresa que la recaudación fiscal por concepto de impuesto a los combustibles ha ido aumentando de mil 119 millones de dólares, en 2008, a 2 mil 300 millones el año pasado.
¡Ahí radica la cuestión, señora Presidenta! ¡El Estado no quiere compartir el problema del alza internacional del precio! ¡El Estado mira para el lado, porque, cuando se registra el incremento y se eleva el número de vehículos, le sigue creciendo la torta!
Piensen mis Honorables colegas en que desde 2008 hasta el año pasado la diferencia ha llegado a ser de mil millones de dólares anuales extras. ¿Quién la está pagando? El taxista, el colectivero, el camionero, el transportista, la persona de clase media.
Y nos vienen a ofrecer una migaja, señora Presidenta, en orden a que el precio no suba o baje más de cinco pesos. ¿Qué es eso? ¡Nada! El Estado no está haciendo ningún esfuerzo.
Por mi parte, he reiterado una proposición, que dirigí también a la gente de mi Gobierno. No se trata de una crítica a la Administración actual, sino a los Ministros de Hacienda, que no han querido compartir en la materia.
Porque aquí se hace referencia a la pobreza. Estimo que con este tipo de impuesto se hace cada día más rico al Fisco y más pobres a la clase media y a la gente que trabaja en estas actividades económicas. Y, al final, ello se extiende a todos, incluidos los más pobres, porque, como Chile es un país tan largo, el pan, la leche, la generalidad de los productos, se transportan a largas distancias y aumenta el costo de los fletes.
Entonces, al señalarle al colectivero de Copiapó, de Vallenar, de Chañaral, de Diego de Almagro que el precio no le va a subir o no le va a bajar más de cinco pesos, ¿dónde está el provecho que obtiene?
El beneficio no existirá si realmente no se asume en forma responsable lo que creo que se debería hacer. ¿De qué se trata? El Fisco debiera decir claramente: "Estamos recibiendo mil 119 millones de dólares, y si sube el precio internacional, vamos a compartir el problema y a recaudar lo mismo, pero no más".
Lo que pasa es que solo en cinco años ha habido -repito- mil millones de dólares anuales extras para las arcas fiscales.
En consecuencia, me voy a abstener, señora Presidenta, porque creo que el proyecto de ley no es una solución. Constituye un eufemismo. Implica no enfrentar el problema; no darse cuenta del daño que el precio de los combustibles les provoca a los más pobres. Significa mirar para el lado. Porque el Fisco -insisto en ello- sigue recaudando más y más dinero a costa de empobrecer a la gente más modesta.
Por eso, lo que he planteado reiteradamente es la existencia de un impuesto variable, de tal manera que el Fisco recaude lo mismo y no ocurra el fenómeno de que nos den cinco pesos por un lado y nos saquen cinco por el otro. En efecto, les advierto a quienes presencian la sesión que si se registra una baja de diez pesos, la disminución final no será equivalente, sino de cinco pesos, no más. ¿Por qué? Porque esa es la estabilización.
La estabilización no sirve cuando se registra un precio que va todo el tiempo al alza. No sirve cuando se importan 10 mil o 15 mil vehículos nuevos anuales. No sirve cuando el Fisco ha privatizado las carreteras y es preciso pagar peaje, y resulta que nos quedamos con el peaje y con el impuesto específico, que se generó para poder mantener las carreteras.
Entonces, digamos las cosas como son. Ya que se está estudiando una reforma tributaria y que el Ministro nos acompaña, ¿por qué no discutimos el asunto en serio? ¿Por qué no le decimos a la gente: "Cada vez que suba el precio internacional, el Fisco va a hacer un esfuerzo con usted y va a recaudar lo mismo"?
¡Pero el sistema que nos ocupa no es la respuesta! Repito que, en verdad, constituye un eufemismo; que importa no considerar el problema de los combustibles y de la pobreza, ni el de quien trabaja en la calle.
Así que malas noticias para la gente de los colectivos, de los camiones, de los micros y de la clase media. Esta última, gracias a Dios y a que en el país se han aplicado, durante 30 o 40 años, políticas sólidas en materia económica, hoy día tiene auto. Un vehículo no es actualmente un lujo, como a lo mejor lo era cuando se dispuso el impuesto.
Esta no es, entonces, una buena noticia: es una manera de mirar para el lado y de seguir engrosando las arcas fiscales y empobreciendo a la gente más modesta.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a las visitas de la comunidad de Ñiquén, en la provincia de Ñuble, que nos acompañan en las tribunas.
Son muy bienvenidas. Encantada de tenerlas acá.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Deseo recordar que se ha abierto la votación y que la discusión se realiza en general y en particular. Las indicaciones formuladas se aprobaron por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Lo puntualizo para que estén informados los señores Senadores que ya han comenzado a pronunciarse.
Puede intervenir el Honorable señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, haré tres comentarios con relación al proyecto de ley.
En primer lugar, comparto con quien me antecedió en el uso de la palabra que esta es una iniciativa modesta, respecto a la envergadura de la dificultad que se ha ido creando en función del precio de los combustibles.
Cuando se compara cómo ha ido evolucionando ese factor en Chile, donde no necesariamente es igual al valor en el exterior, cabe advertir que configura un insumo -porque para mucha gente, obviamente, es un elemento de trabajo- que ha subido en forma exponencial. Y cada vez se transforma en un problema mayor, casi insoportable, para los usuarios en cuya actividad incide.
Siempre se plantea la duda técnica o política de qué hacer con un proyecto claramente insuficiente -quiero señalar que tampoco es tan distinto de otros que se enviaron antes, en instancias gubernativas distintas-, de si es mejor aprobar o rechazar.
El Senador que habla abriga la convicción de que el texto es muy modesto, como expresaba, pero más bien prefiere apoyarlo, porque al menos en algo se puede menguar una lógica de elevación de precios que no son manejables y que evidentemente afectan a los sectores medios.
Dicho eso, creo que la cuestión de fondo sigue pendiente, como lo expuse en la Comisión de Hacienda: ¿qué va a hacer el Gobierno -lo mismo le he planteado a otros- respecto del impuesto específico a los combustibles?
Me doy cuenta de que pasó algo bien letal en el sentido de que, instalado el tributo hace muchos años con un objetivo de reparación de carreteras y siendo en la época bastante bajo el valor internacional de los combustibles, ello no tenía una influencia muy significativa en el precio del producto. Lo que ocurre es que eso cambió, y el impuesto, que no era de tanta relevancia, hoy día es importante. A ningún Ministro de Hacienda le gusta desprenderse tan fácilmente de una cantidad de recursos de esta naturaleza. Recordemos que todos los titulares de esa Cartera pertenecen a una raza, que no cumplen simplemente un rol, y percibo que, por más que pasan y pasan, se enfrentan muchos obstáculos para realizar un cambio.
¿Qué es lo que sigue pendiente? Y, particularmente, desde nuestro Partido les seguimos diciendo a las autoridades que el impuesto específico a los combustibles genera un profundo daño a los sectores medios productivos de nuestro país.
Lamentablemente, no existe voluntad para modificar sustancialmente este proyecto. Pero es cierto: se trata de un Mejoral, un Dominal, un Paracetamol, para que lo puedan entender personas de distintas edades. Y lo cierto es que no le cambiará la vida a nadie. Es mejor que haya a que no haya. Sin embargo, se sigue postergando un problema que hace muchos años debió haber sido resuelto de manera muy diferente.
Quiero agregar dos reflexiones más sobre el particular.
En primer lugar, nosotros le pedimos al Ministro de Hacienda -quien se comprometió a solicitárselo al Servicio de Impuestos Internos- un informe sobre cuánto gana el Fisco con las alzas de precios en los combustibles. No estamos hablando de lo que percibe por el impuesto específico. Eso lo sabemos. Lo que ocurre es que mientras más alto es el precio, como la demanda es inelástica, más recibe el Estado por concepto de IVA.
El señor PROKURICA.- ¡Depende del número de automóviles!
El señor COLOMA.- Claro, en Chile ha habido una gran explosión del parque vehicular en función del crecimiento, que espero que no se detenga con la reforma tributaria, aunque sí tengo bastantes temores al respecto. Es una forma de enfrentar el crecimiento del país: generar impuestos que impidan por completo el desarrollo, con lo cual, por supuesto, bajará la recaudación por esa vía.
Me gustaría que al menos por ahí se viera una señal en el sentido de que esa cantidad de recursos adicionales que recibe el Fisco por concepto de IVA, en función del aumento del precio de los combustibles, tuviera algún grado de devolución a los usuarios que pagan el tributo y no se perdiera en la noche de los tiempos, en quién sabe qué otro proyecto.
Además, debo señalar que en la Comisión se lograron aprobar -me parece- tres indicaciones, que no vamos a decir que son las más importantes del mundo, pero que por lo menos algo ayudan. Una corresponde a un compromiso adquirido en la Cámara de Diputados (plasmado en el artículo 5°, nuevo) en cuanto a generar la obligación semanal de publicar y actualizar por parte del Ministerio de Hacienda toda la información de las variables que supone el impuesto: el precio "base"; el tipo de cambio; los precios de referencia y paridad determinados por el Ministerio de Energía; los valores semanales del componente variable del impuesto específico a los combustibles; los valores semanales de todos los parámetros que la ley autoriza fijar al Ministerio de Hacienda.
Estimo conveniente dar esa transparencia y no esperar que los jueves una empresa nos anuncie, como un oráculo, cuál va a ser el precio de los combustibles, sin que nadie sepa exactamente por qué se dan tales valores. Entiendo que hay escenarios donde se pueden prever los precios, pero considero mucho mejor que la obligación de publicar quede establecida por ley.
Ahora, ¿qué pasa si los combustibles bajan en un momento determinado? Tampoco la idea es que bajen indefinidamente 5 pesos.
Por eso, se establece una facultad especial al Presidente de la República para que pueda cambiar ese parámetro a objeto de reflejar tal disminución en el precio, mediante decreto, al que se le agregó el término "fundado".
El concepto "fundado" -lo digo para que al menos quede en la historia de la ley- tiene sentido, pues los ajustes que se hagan deberán obedecer a razones objetivas producidas en el mercado de los combustibles y no, simplemente -como aún no se ha usado el mecanismo, uno puede prever lo que ocurrirá y hablar con libertad-, a una intención política, o porque hay una elección ad portas, o porque se requiere remediar algo mediante un impacto mediático, como una noticia de esta naturaleza.
Por eso se pide que el decreto sea fundado: para que se base en parámetros objetivos que ameriten una baja, que ojalá la actual Presidenta de la República deba efectuar muchas veces. No quiero inhibir esa gestión. Lo que estoy planteando es que dicho instrumento tiene que usarse siempre con fundamento.
No creo que el mundo vaya a cambiar después de esta ley, por mucho empeño y esfuerzo que alguien le ponga. Se trata de un pequeño, pequeñísimo soporte. Tampoco fueron muy grandes los soportes anteriores. Así que no es cosa de que se estén introduciendo cambios muy pendulares en la sociedad.
Espero que las indicaciones aprobadas ayuden a dar más transparencia al mercado y que también posibiliten que, si se dan los espacios de baja en el valor de los combustibles, ello se refleje realmente en los precios.
Queda un gran tema pendiente, que fue consultado con el Ministro de Hacienda, quien nos quedó mirando con la sonrisa típica de las personas que ocupan ese cargo: ojalá algún día este impuesto específico termine o disminuya sustancialmente, y no con gotarios, como ocurre hoy día.
He dicho.
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero saludar a los alumnos del Liceo Jean Buchanan de Larraín, de la comuna de Peumo, que nos acompañan esta tarde.
¡Sean ustedes muy bienvenidos!
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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, considero absolutamente necesario sincerar la discusión. Ya lo hizo el Senador Baldo Prokurica -quien me interpretó de manera cabal- en la intervención que hizo hace un rato. Y ese sinceramiento pasa primero por plantearse si va a existir en nuestro país algún Gobierno que sea capaz de eliminar el impuesto específico a los combustibles.
¡Ninguno!
Lo que recauda este impuesto hizo, hace y hará que las distintas Administraciones vean en él un ingreso gigantesco, a costa, especialmente, tal como ya se ha señalado, de las personas en general.
El aumento de vehículos en Chile ha sido exponencial, permanente, sostenido, y ha hecho que la caja crezca, crezca y crezca, con el sacrificio de la gente ligada al transporte público y de las personas en general.
Por lo tanto, no va a existir ninguna Administración, ¡ninguna! -esa es una verdad absoluta-, que elimine, tal como se ha solicitado por tantos años, el impuesto específico a los combustibles.
En el caso de las regiones extremas, la situación casi no se entiende. Porque, efectivamente, el tributo viene de la década de los ochenta, luego del terremoto, para reconstruir las carreteras. Algunas regiones tuvieron la fortuna de no quedar dañadas y, aun así, son parte de este pago del impuesto a los combustibles.
Y la verdad de las cosas es que esto no va a cambiar.
Ahora, lo que hoy nos trae el Ejecutivo, no siendo la solución -porque, efectivamente, no lo es- se traduce en un instrumento que al menos es mejor que el anterior.
¡Miren lo que estamos votando!
Estamos votando eso: un instrumento que en algo perfecciona los mecanismos que hemos tenido anteriormente.
El de ahora reemplaza al SIPCO y, en resumen, opera reduciendo su banda de acción del antiguo 12,5 por ciento al 5 por ciento.
El MEPCO es el nuevo nombre al cual tendremos que acostumbrarnos, espero que por un tiempo corto. Ha sido como el único éxito de estos cambios: el SIPCO, el MEPCO, el "LELEPCO", el "LIPCO". En cuanto a la originalidad de los nombres, se ha sido exitoso.
El MEPCO garantiza que no se registrará una variación mayor a 5 pesos el litro por semana, con un tope mensual de 20 pesos en el precio. Actuará como un piso, pero también tendrá un techo, pues no podrá haber alzas ni tampoco bajas que superen los límites señalados.
En definitiva, es algo mejor que lo que teníamos anteriormente.
Otro punto importante es que el nuevo mecanismo establece que la fijación de precios utilizará para su valoración el peso y no el dólar, buscando evitar las fluctuaciones de la divisa estadounidense.
Y la verdad de las cosas, señora Presidenta, es que el proyecto no amerita más comentarios. Para nosotros no es fácil estar entusiastas hoy ni señalar: "Mire, con esto corregimos la injusta situación que afecta a los automovilistas de nuestro país, a una pequeña empresa, a un particular, a un transportista". Y, efectivamente, no se da solución a las constantes alzas.
¿Se mejora lo que ya existe? Sí, se mejora. Y tal vez en eso haya coincidencia en todos nosotros.
Pero la verdad absoluta, señora Presidenta, es que estos mecanismos, que fueron creados, se suponía, por un tiempo y que pasaron a ser permanentes, son brutalmente dañinos para la economía de las chilenas y los chilenos.
¿Vamos a tener una regulación distinta? Sí. Pero yo extraño que en esta discusión no aparezca un Estado más solidario. Porque, efectivamente, tal como indicó el Senador Prokurica, cuando hay utilidades y utilidades, el Estado sigue ganando; cuando el que pierde es el usuario, el Estado sigue ganando; en la medida en que aumentan los vehículos, el Estado sigue ganando más; se le amplía, se le agranda el negocio. Y ello, a costa de cada uno de nosotros.
Lo que se suponía que no iba a ser permanente quedó ad aeternum, para siempre. Este impuesto va a quedar, probablemente, para la eternidad, y vamos a tener que ir trabajando y mejorando mecanismos que permitan llevar adelante una fórmula algo más equitativa.
Hay algunas preguntas: ¿Por qué el Estado de Chile, por ejemplo, compra petróleo en otros países del mundo? ¿Por qué no potencia la ENAP? ¿Por qué no se busca un mecanismo que permita fortalecer a la Empresa Nacional del Petróleo?
Fíjense que los privados, los CEOP en la Duodécima Región, hoy, la semana pasada, el mes antepasado y todo este último tiempo, han venido haciendo anuncios milagrosos: "Las empresas privadas están descubriendo pozos petroleros y gasíferos en la Región de Magallanes". Desgraciadamente, la ENAP se ha quedado una posición más atrás, porque el Estado no la ha fortalecido, no la ha robustecido, no le ha dado todos los instrumentos.
La ENAP perdió lo más importante que tenía: sus mujeres y hombres, sus trabajadores calificados, sus técnicos, y se fue desmembrando, se fue reduciendo. Y hoy aparece asociada a estos CEOP, a estas empresas privadas.
Si bien Chile no es un país productor, podría producir para una parte de su territorio. Así como nuestra nación le compra gas a Indonesia, perfectamente ENAP podría distribuirle gas a Quintero, y Quintero distribuirles a muchas regiones del país a un valor mucho más bajo que el que actualmente paga el Estado de Chile.
Entonces, señora Presidenta, hoy estamos ante un proyecto que denota una preocupación, que pretende mejorar el instrumento, antes llamado SIPCO, hoy llamado MEPCO. Veremos qué nombre se le coloca el día de mañana. Yo tengo uno, pero no quisiera decirlo, porque no procede. Pero esta es una situación que, sinceramente -para cualquier persona que nos puede estar escuchando o viendo-, lo que menos da es risa, y lo que más da es indignación, pues no repara el problema.
Estamos frente a un impuesto perverso, un impuesto que debió haber sido solo para un momento especial de la vida de nuestro país. Como era tan bueno, pasó a ser permanente, ad aeternum, para siempre. Y hoy lo pagan todos los chilenos y, lo que es peor, la clase media y los más vulnerables.
¿Vamos a votar favorablemente el proyecto? Por supuesto, por las razones que he dado: porque mejora, porque optimiza los instrumentos anteriores. Pero no tengo duda de que en algún momento el Ministro de Hacienda, aquí presente, tendrá la lucidez, en una noche cualquiera, para reflexionar con la almohada y decir: "El país necesita un mejor mecanismo, que no castigue tanto la economía de los chilenos".
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, con mucho respeto quiero señalar que me sorprenden algunos de los planteamientos que uno escucha en este Hemiciclo.
Me sorprende que no abordemos el problema como un problema de política país, con más altura, y no banalizando una sigla. ¡Me van a perdonar!
Somos un país dependiente de ciertas fuentes energéticas; casi absolutamente dependiente del petróleo. Importamos más del 95 por ciento del petróleo que consumimos y, por ende, somos objeto y sujeto de fenómenos externos.
La fluctuación de los precios no es responsabilidad de las chilenas y chilenos. Vivimos y sufrimos fuertes fluctuaciones de precios porque somos un país dependiente. Y esas fluctuaciones no tienen nada que ver con el impuesto específico.
En consecuencia, lo que está en discusión, independiente del impuesto específico, es cómo generamos un mecanismo para amortiguar las fluctuaciones y proteger de mejor forma a los consumidores, entre otras razones porque son los desprotegidos: los consumidores y las pequeñas y microempresas.
Las grandes empresas, señora Presidenta -y quizás esto sí lo deberíamos revisar-, así como las líneas aéreas -que también deberíamos revisar- no pagan el impuesto específico. Y esto, porque logran capturar al Estado; porque el transporte de carga logra capturar a la sociedad, amenazando con paros y con presiones. Recuperan todo el impuesto específico y, por tanto, los precios de los combustibles, en general, tienen para ellas un peso distinto del que tienen para los consumidores.
Y este mecanismo está pensado, por sobre todo, para la protección de los consumidores, frente a un hecho real: vivimos fuertes fluctuaciones de precios en un producto que debemos importar.
El sistema anterior, propuesto por el ex Ministro Felipe Larraín -lo dijimos algunos, y por eso lo votamos en contra-, estaba encaminado al fracaso, porque la banda que fijaba era muy ancha. Estaba definida de manera tal que, aunque hubiera fluctuaciones de precios, rara vez iba a entrar a operar para amortiguar dichas fluctuaciones.
Lo que el Ministro Arenas nos ha venido a presentar, lo que la Presidenta Bachelet ha mandado al Parlamento es un mecanismo de estabilización de precios, no de eliminación de las fluctuaciones, porque estas no dependen de Chile.
Se trata de un mecanismo que actúa con una banda más angosta; es decir, cuando varíen los precios se gatillarán los elementos de protección más rápido de lo que se gatillaban antes.
Se halla definido de forma tal que sinceramos el hecho de que somos un país importador. Y las fluctuaciones no se hacen en base al dólar, sino en base al peso. O sea, es un instrumento realmente pensado en el consumidor.
En tercer término, señora Presidenta, se vincula a la parte variable del impuesto específico, que es precisamente una de las inquietudes que muchos hemos planteado.
Este diseño del mecanismo de protección es bastante más integral que cualquiera de los que hemos debatido antes. Tiene la ventaja de que la banda es más angosta; tiene la ventaja de que se toma como base el peso, y tiene la ventaja de que considera una variable que al consumidor y al pequeño empresario sí los afectan, que es el impuesto específico.
Después, en la reforma tributaria, podremos discutir sobre este impuesto. Pero sí quiero destacar lo siguiente, también -por su intermedio, señora Presidenta- al señor Ministro de Hacienda: que cuando mis colegas de la UDI hablen en contra del impuesto específico, bueno, ¡que digan con qué lo reemplazamos! Yo no tengo ningún problema en eliminar el impuesto específico; soy partidario de reducirlo significativamente. Pero ese, que es un mecanismo de recaudación muy importante para los ingresos fiscales, tiene que ser compensado con algo.
Y algunos de los colegas de las bancas de enfrente que hablan en contra son los mismos que se oponen a la reforma tributaria, porque no creen que haya que generar nuevos ingresos.
En esto, señora Presidenta, lo único que pido es cierta consistencia.
Aquí, lo que está haciendo el Estado es comprometerse a inyectar 500 millones de dólares en un mecanismo compensatorio de fluctuaciones de precios para defender a los consumidores y a las micro y pequeñas empresas, porque el sistema anterior no funcionó.
Yo no digo que el ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín no quería que funcionara o que pretendiera que fracasara. Pero cuando se discutió el proyecto algunos de nosotros dijimos que ese instrumento iba a ser inútil y no votamos a favor. Los hechos demostraron que teníamos razón.
Este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles constituye, sin duda, un avance muy significativo para ir en ayuda, particularmente, de familias de esfuerzo y de clase media, las cuales se ven muy golpeadas por las fluctuaciones de precios.
Voto que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, lo primero que debemos preguntarnos los parlamentarios es qué buscamos con esta iniciativa.
El señor PROKURICA.- ¡Que gane la gente¿!
El señor MOREIRA.- Si nuestro objetivo fuera aliviar a todos los chilenos, y especialmente a los de clase media, por los altos precios que pagan por los combustibles, deberíamos apuntar directamente a la raíz del problema, pues sabemos que casi 40 por ciento de su valor corresponde a tributos.
Lo más curioso es que uno podría decir: "A la Izquierda siempre le han gustado los impuestos. ¿Qué hizo este sector para eliminar este gravamen cuando fue Gobierno?"
Por lo menos mi Partido, la Unión Demócrata Independiente, ha sido consecuente, ya que viene planteando desde hace muchos años la necesidad de eliminarlo o de reducirlo gradualmente. No fuimos capaces de hacerlo en nuestra Administración, pero la UDI fue bastante consecuente con lo sostenido durante los Gobiernos anteriores de la Concertación.
Y digo esto: a la Izquierda le gustan los impuestos. ¡Si sus partidarios los aman porque son felices con ellos¿! ¡Pero no lo son quienes deben pagarlos!
Entonces, cuando tenga que votar a favor de este proyecto no será porque no desee pronunciarme en contra ni solo por una cuestión emblemática. Es muy simple: votaré que "sí" por una cuestión emblemática, pero en el siguiente contexto: ¿Qué respuesta les voy a dar a los habitantes de Palena? ¿Saben cuánto se paga allí por un litro de bencina? ¡Entre 1.100 y 1.200 pesos!
¿Y quieren que les cuente algo más? Resulta que esa provincia no estaba considerada en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Por fortuna, por un requerimiento transversal de parlamentarios de la zona, en su discurso del 21 de mayo la Presidenta anunció que Palena, que forma parte de la Región de Los Lagos, será considerada zona extrema.
La verdad es que la UDI ha pretendido históricamente rebajar este impuesto, pues, como Partido, lo consideramos la principal razón del alto precio de este producto. Además, debemos tomar en cuenta que los particulares asumen cada día mayores costos en mantención de carreteras urbanas e interurbanas a través del pago de peajes y tags -son cuentas que se suman-, lo cual le va restando justificación al impuesto específico a los combustibles, que nació precisamente con la finalidad de mejorar la infraestructura vial del país.
Por otra parte, tratar de controlar el precio internacional de los combustibles mediante una banda de precios fijada por una normativa resulta algo irrisorio, pues lo natural sería no engañarnos y asumir las señales que nos dan los productores de combustibles en el mundo en cuanto a la disponibilidad o escasez de crudo en determinado momento.
Por tal razón, nuestra mirada de Partido para enfrentar los altos precios de las bencinas se centra en los elementos dependientes de nosotros que provocan que en Chile el precio de estos productos sea excesivo. Eso pasa principalmente por modificar la ley que establece el impuesto específico a los combustibles, con el fin de bajar el alto tributo que les aplicamos.
Esa enmienda podría hacerse, pero falta voluntad política. Porque, como es un gravamen que recauda muchos recursos, nadie se atreve a hacerlo, y tampoco nosotros.
El señor PROKURICA.- ¡No hay voluntad económica¿!
El señor MOREIRA.- Exactamente, no la hay¿
Nuestros Gobiernos tendrán que sincerar el problema en algún minuto y asumir que el control del precio internacional no es la solución y que, si lo que se pretende con mecanismos de bandas de precios como el SIPCO y el MEPCO es bajar el valor de los combustibles, la única solución sensata será reducir el impuesto específico que los grava.
Cuando uno ve las siglas SIPCO y MEPCO se imagina al Ministro de Hacienda transformado en un doctor que receta un ansiolítico. Porque con esta iniciativa se busca tranquilizar a la comunidad y decirle: "Con este instrumento vamos a neutralizar el alza del precio". Sin embargo, en la práctica, no es ni será nunca una solución definitiva.
Por eso, mientras el Ejecutivo no envíe un proyecto de ley sobre el particular que alivie la carga que debe llevar la clase media por el alto costo de la vida, tendremos que seguir apoyando estas iniciativas legales que solo vienen a paliar en parte el excesivo precio de los combustibles en Chile.
Es de esperar, señora Presidenta, que en el futuro algún Gobierno se atreva a dar ese paso.
Si revisáramos distintos discursos en la Cámara de Diputados y en el Senado encontraríamos que son iguales; que no cambian; que el medicamento ansiolítico que en esta oportunidad ha prescrito el Ministro de Hacienda (el MEPCO; el otro era el SIPCO) es el mismo.
Nos quedamos ahí, y la gente tiene que seguir esperando. Mientras en este Hemiciclo se pronuncian tantos discursos, se usa tanta retórica respecto de muchos temas, en la práctica el precio de la bencina sigue subiendo.
Parece un chiste que de repente la prensa en general esté muy preocupada de si el precio de la bencina se incrementará en 10, 15 o 20 pesos, o bajará un poco, en circunstancias de que en los hechos -reitero- normativas como esta son más de lo mismo.
Ojalá algún Gobierno de Centro Izquierda, o de Centro Derecha -en algún minuto tendrá que llegar nuevamente al poder- se atreva a realizar estos cambios, pues serán beneficiosos para el país.
Señora Presidenta, porque quiero que en la Región de Los Lagos el valor de los combustibles no siga subiendo y subiendo; porque quiero que en la provincia de Palena no se pague más de 1.200 pesos por un litro de bencina, voto que sí.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, como se ha expresado, esta iniciativa no cambia mucho las cosas para el consumidor.
Es cierto que va a atenuar de mejor manera, con una banda más angosta, la fluctuación de precios. Pero en realidad no siento que los ciudadanos se muestren eufóricos ante este proyecto. Nadie espera su aprobación para salir a celebrar a las calles o para realizar reuniones importantes en teatros, cines, gimnasios o estadios, ya que no variará demasiado el escenario.
En función de los argumentos esgrimidos, considero que este mecanismo disminuye, aunque no resuelve, el problema cuya solución demanda la ciudadanía. Esta se manifiesta descontenta, pero no porque no tenga conciencia del precio internacional del combustible.
En los años ochenta se llenaba el estanque de un auto con el equivalente a un par de kilos de pan. Debido a los conflictos internacionales, a los acuerdos entre los países productores de petróleo y a la inestabilidad en los precios se ha registrado un alza permanente. Y en la actualidad existe un valor del barril de crudo que hace veinte años nadie imaginaba.
Cuando en la década de los ochenta se estableció el impuesto específico a los combustibles, en realidad nadie formuló alguna observación a un tributo pequeñito para un precio de la bencina razonable y barato.
Pero no creo que el Congreso Nacional, o algún Gobierno, hubieran sido tan valientes como para presentar una iniciativa que fijara un impuesto con los niveles de precios del combustible que existen hoy.
¡Eso es impensado!
Este tributo se convirtió en una forma de recaudación de recursos por el Estado -de verdad, lo es: 2 mil 600 millones de dólares anuales-, y no hay modo de remplazarlo por otro que no cree conflictos.
Entonces, nos encontramos ante un problema, porque ¿cómo satisfacemos la demanda ciudadana que nos dice: "Mire, el precio que pagamos por cada litro de bencina ya sobrepasó el límite de lo razonable"?
¿Sabe usted, señora Presidenta, que por cada litro de este combustible se pagan 255 pesos de impuesto, sin importar el nivel de precios? Este puede ser mañana de 700 pesos o de 1.500, y de todas maneras se cancelarán 255 pesos por concepto de tributo, porque este es fijo por cada litro de combustible.
Sin embargo, 80 por ciento de los consumidores de combustibles del país no pagan impuesto específico: ni la industria aeronáutica, ni la industria minera, ni la industria de vapores, ni las grandes empresas, pues lo recuperan.
Lo que deberíamos hacer, entonces, es democratizar el pago de este tributo.
El Estado merece recibir estos ingresos. No obstante, ¡que el impuesto lo paguen todos! ¿Por qué, pese a que según la ley respectiva deben hacerlo aquellos que usan las carreteras y calles del país, durante muchos años y mediante distintos instrumentos las grandes empresas y determinados sectores -como los que señalé- no han cancelado ese tributo? Si todos lo hicieran, en vez de 255 pesos, se pagarían 50 por cada litro. Y bajaría automáticamente el precio. Alguien señalaba que en el sur el litro de combustible alcanza a 1.000 pesos y que en Santiago ya llega a esa cifra, pero con esta medida disminuiría de inmediato en 200 pesos. Ello provocaría un impacto significativo: casi 20 por ciento del precio final del combustible, lo cual sería lo máximo que podríamos lograr sin alterar los ingresos del Fisco.
¿Por qué no se hace? ¡Ah!, porque no hay voluntad para ello. Esto lo venimos repitiendo durante ya varias Administraciones. Y espero que el Gobierno de la Presidenta Bachelet lo tome como bandera de los ciudadanos. Ella ha levantado banderas de la ciudadanía, populares. ¡Esta sí que sería una demanda ciudadana!
Repito: esta ley en proyecto es un avance, la vamos a aprobar, pero no siento que sea una demanda ciudadana, cuya aprobación iremos a celebrar al estadio. ¡No! Generará un cambio casi imperceptible, considerando lo que la ciudadanía desea.
Por eso, señora Presidenta, no obstante que voy a votar favorablemente esta iniciativa, insisto en que la demanda de los ciudadanos apunta a no seguir recaudando plata para el Fisco proveniente del 20 por ciento de los consumidores, sino a que lo paguemos todos con el fin de democratizar el precio del combustible.
He dicho.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señora Presidenta, como decía el Senador Moreira, cada cierto tiempo discutimos este tipo de proyectos que, efectivamente, no buscan disminuir el valor de los combustibles o evitar su alza permanente, pues eso es imposible. O sea, el planteamiento de que el Gobierno o el Ministerio de Hacienda tienen la facultad de manejar el precio del petróleo a nivel internacional -como se dijo en la Sala- ojalá que fuera cierto. De ser así, daríamos solución a todos los problemas que sufre la gente en nuestro país producto del alza continua de los combustibles.
Hoy tratamos de buscar un mecanismo que permita morigerar, atenuar o evitar alzas muy bruscas en un corto período de mejor manera que otros instrumentos.
No discuto que el Presidente Piñera tuvo una muy buena intención cuando presentó un proyecto para cambiar el sistema que ideó el Presidente Lagos. Y antes había otro. Desde 1990 hemos tenido distintos mecanismos no para cambiar el precio de los combustibles a nivel internacional -insisto-, porque eso no lo podemos hacer, sino para que las alzas, las fluctuaciones, se atenúen a fin de que el aumento, por ejemplo -hay que destacarlo-, no supere los 5 pesos por semana.
Lo positivo de esta iniciativa es que establece una banda mucho más estrecha a partir de la cual se gatillen los mecanismos para morigerar el alza del combustible.
Desde tal punto de vista, el impacto que provocará en el vecino, en la vecina, en el consumidor es que en una semana no podrá haber un alza mayor a 5 pesos, o en un mes, superior a 20. Por lo tanto, es positivo.
Y, para ello, se destinan inversiones y recursos del Estado mayores que en el pasado, lo cual, por cierto, no es infinito.
Insisto: ese es el objetivo del presente proyecto.
Ahora, dicho lo anterior, mucho se habla de eliminar el impuesto específico a los combustibles.
Comparto con el Senador Tuma que tenemos que buscar un mecanismo para que todo el mundo pague el tributo y no sigan existiendo algunos sectores favorecidos con la posibilidad de eliminarlo o reducirlo: los que más tienen.
De alguna manera -como decía el Senador Pizarro-, sectores como el de las aerolíneas son los que más tienen, los que más ganan y, al final, los más favorecidos. Eso es totalmente absurdo, incoherente, regresivo. Y tenemos que revisarlo.
Ahora, si quisiéramos elaborar una política populista, propondríamos eliminar el impuesto específico a los combustibles.
No obstante, en verdad, no estamos para hacer demagogia, porque sabemos que 60 por ciento del combustible lo consume el quintil más rico.
Es decir, ¿estaríamos dispuestos a favorecer, fundamentalmente, al 20 por ciento más rico a expensas de otros proyectos sociales destinados a los quintiles más pobres, que se financian con los recursos recaudados mediante este impuesto?
Eso sería una completa aberración: focalizar recursos del Estado en quienes menos lo necesitan.
Entonces, creo que aquí tenemos que avanzar en la dirección de establecer un sistema justo en donde paguen el tributo quienes hoy no lo hacen y de focalizar la ayuda específicamente en aquellos sectores, como la clase media, que utilizan su vehículo para trabajar y que se ven golpeados con esta alza. Pero en ningún caso debemos favorecer directamente al 20 por ciento más rico, que consume la mayoría del combustible en este país.
Finalmente, quiero insistir en que la ventaja y la virtud de este proyecto es que, por un lado, tiene una banda de precios más angosta y, por lo tanto, el mecanismo de contención del alza de los precios se gatilla antes que con el sistema actual. Y, además, porque se calcula en pesos y eso significa, efectivamente, un beneficio evidente para todos los chilenos y las chilenas.
Por tales razones, voto a favor de esta iniciativa.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero plantear una duda más bien de carácter institucional respecto de este proyecto de ley.
Tengo en mis manos un informe de Salvador Valdés, quien es un destacado académico de la Universidad Católica de Chile. Y él plantea observaciones a este mecanismo.
La primera se refiere a la ausencia de normas de transparencia, lo cual fue recogido mediante indicaciones en la Comisión de Hacienda. Y la segunda hace alusión al planteamiento de que este órgano técnico cite al Banco Central. Y, leyendo su informe, veo que no lo hizo.
¿Por qué razón lo menciono, señor Presidente? Por lo siguiente:
En el documento del profesor Valdés se señala que "El MEPCO da al Ejecutivo una influencia nueva y excesiva sobre el IPC del próximo mes. Al ampliar el rango de los parámetros "n" y "s" hasta 24 meses, permite que esta influencia se extienda en el tiempo hasta 24 meses, plazo en el cual interfiere en la meta de inflación del Banco Central. Esta discrecionalidad no es necesaria para proteger al consumidor.".
El citado documento establece dos parámetros:
"a) La mercancía homogénea de mayor ponderación en el IPC es justamente el combustible vehicular (pondera 3,8% sumando gasolina y diésel para automóviles). Por eso, MEPCO faculta al Ministerio de Hacienda para influir directa y decisivamente sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes.
"b) La influencia puntual se puede extender hasta 24 meses, porque el proyecto MEPCO eleva el valor máximo permitido para los parámetros "n" y "s" hasta 104 semanas (24 meses). Por lo tanto, el MEPCO permite al Ejecutivo influir significativamente sobre la inflación a 24 meses, que es el horizonte que ha definido el Banco Central de Chile para su meta de inflación.".
Considerando los antecedentes que he leído, que me preocupan, creo que habría sido tremendamente importante que el Banco Central hubiese emitido una opinión sobre el particular en la Comisión de Hacienda.
Constitucionalmente, es el organismo emisor el responsable de controlar la inflación. Sin embargo, tal como señala el informe al que aludí -salvo que se me indique lo contrario-, el proyecto propone otorgar una atribución excesiva al Ejecutivo al permitirle elevar determinados parámetros hasta 24 meses, interfiriendo así con las metas de inflación.
Entonces, lo que planteo es directamente un tema institucional. Por un lado, la Carta le entrega al Banco Central la función de fijar las metas de inflación y, por otro, la presente iniciativa concede una discrecionalidad al Gobierno para influir de manera muy decisiva en los términos de la inflación. En consecuencia, mi duda es si el primero o el segundo deberá preocuparse por las metas inflacionarias.
Pienso que en esta materia habría sido muy importante contar con la opinión del Banco Central en la Comisión. Desgraciadamente, ella no fue requerida.
Dejo planteada mi observación sobre la base del informe del profesor Salvador Valdés, académico de la Universidad Católica, trabajo que ha llegado a nuestros escritorios y que me parece razonable darlo a conocer en esta Sala.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, efectivamente este debate lo hemos realizado muchísimas veces en esta Corporación, tal vez más de la cuenta.
La disyuntiva ha estado siempre dada por el instrumento que deberíamos usar para tratar de estabilizar los precios de los combustibles y, al mismo tiempo, favorecer a los consumidores. Se busca evitar que estos sufran alteraciones que impliquen un mayor costo, sobre todo -tal como se plantea en los fundamentos de la iniciativa- para beneficiar a los pequeños consumidores, quienes no pueden recuperar el impuesto que pagan.
El segundo punto que siempre está presente en el debate pero que no encaramos con la sinceridad o con la crudeza que se requiere dice relación con la necesidad que tiene el Fisco de mantener el nivel de recaudación que este gravamen específico genera.
Ahí radica el problema, porque, como ya expresaron varios colegas, si se saca la cuenta de los ingresos que este tributo aporta al presupuesto de la nación, se llega a la conclusión de que son extraordinariamente altos. Y, por supuesto, ningún Gobierno quiere renunciar a ellos.
Entonces, si no existe derechamente la voluntad o la decisión del Ejecutivo de revisar el sistema del impuesto específico debido a la necesidad de recaudar esos recursos, deberá estudiarse otra opción. Algunos de nosotros siempre hemos planteado que, sobre la base de una recaudación estimada razonable para el Fisco en atención a los fondos ya asignados para financiar gastos permanentes, debiera generarse un instrumento que garantice tales recursos fiscales y que permita que las diferencias que se produzcan en favor del Estado, cuando los precios internacionales del petróleo suban y, por ende, se recaude más, sean beneficiosas para los consumidores.
Y cuando hablo de "consumidores" en realidad me refiero a aquellos que no recuperan el impuesto específico, porque el problema más grave que nos afecta hoy día es la discriminación que existe en este ámbito: algunos usuarios pueden recuperar completamente este tributo y otros carecen de la posibilidad de hacerlo.
Y se da la paradoja de que los que pueden recuperar ese gravamen son las empresas, los contribuyentes más importantes de los sectores económico y productivo. Entonces, ¿a quiénes afecta el impuesto específico? A los consumidores que echan el litrito de bencina para movilizarse por razones laborales: al que conduce un furgón escolar; al dueño de una camioneta, que la usa para realizar faenas en el campo; al que se desempeña en un transporte pequeño, o a aquel que usa su vehículo como instrumento de trabajo.
Esa disyuntiva, esa decisión es la que nadie ha querido enfrentar.
¡No lo hizo el Gobierno pasado, a pesar de que se lo prometió a los chilenos!
¡No lo hicieron las anteriores Administraciones de la Concertación!, salvo en una etapa de crisis, cuando la Presidenta Bachelet bajó de manera transitoria la UTM, lo que significó, objetivamente, precios más bajos de los combustibles en momentos en que era imprescindible ayudar a los sectores que estaban siendo más golpeados en su estabilidad, en sus ingresos y en sus gastos.
¡Y tampoco lo hicieron los Gobiernos anteriores a los anteriores!
Entonces, hoy día estamos en el peor de los mundos.
El Ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, cuando ingresó a tramitación al Congreso la reforma tributaria, nos dijo que el tema del impuesto a los combustibles no estaba incluido, pues el Gobierno iba a enviar un proyecto sobre esta materia una vez terminado el proceso legislativo de la reforma tributaria. Ante ello, yo dije: "¡Qué buena idea! Así, hacemos la discusión por separado y primero entramos al tema permanente".
Sin embargo, la propuesta que dicho Secretario de Estado nos trae hoy día a la Sala, como varios colegas han indicado, cambia el nombre del instrumento y busca mejorar el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, pero no ofrece garantía alguna de que, en la práctica, ese precio vaya a disminuir de modo sustancial, sobre todo para los usuarios que queremos favorecer (los pequeños consumidores, los automovilistas).
Por lo demás, el argumento de que solo los ricos gastan en bencina porque tienen más vehículos hoy día no se aplica en nuestro país. Basta ver cómo se distribuye el parque automotriz en Chile. Seguramente, las personas de ingresos más modestos tienen vehículos que, en la mayoría de los casos, son de trabajo y consumen más, dado que no están en condiciones de invertir en máquinas de mejor rendimiento.
Con todo, señor Ministro, como varios colegas han dicho, uno no puede dejar de respaldar una propuesta de este tipo, porque, de lo contrario, nos quedamos con algo peor, que no funcionó en la práctica: con el famoso SIPCO.
Las pocas veces que ese sistema fue útil se debió a que se manipularon las cifras para hacerlo funcionar. Al Ministro de la época, cuando trajo el proyecto sobre esa materia al Parlamento, le dijimos: "Mire, el mecanismo que propone nunca va a operar, pues las condiciones que usted plantea para ello no van a darse". Se requerían alzas cercanas a los 12 puntos para echar a andar ese intrumento, pero ellas no se generaban de una sola vez y no podían ser acumulativas. Se registraron aumentos de 3, 4 o 5 puntos, pero nunca de 12. Por ello, después se tuvo que hacer una modificación.
Espero que el mecanismo que hoy nos propone el Gobierno pueda paliar, al menos en una parte muy pequeña, los incrementos de los precios de los combustibles y evitar que sean tan violentos, a fin de que no dejen en la indefensión a los consumidores.
Señor Ministro, derechamente aquí debe plantearse una fórmula que permita que todos paguen el impuesto específico. Si el problema que nos aqueja hoy es la cantidad de plata a recaudar, entonces seamos justos e implementemos un instrumento mediante el cual todos paguen este tributo, sin que nadie pueda recuperarlo. Así habría más ingresos disponibles y la diferencia obtenida por la mayor recaudación podría ser distribuida de forma más equitativa entre los consumidores que no tienen posibilidad de protección.
Como se señala en los fundamentos de este proyecto, se busca resguardar a los consumidores más pequeños: a los de sectores medios y medios bajos, a los usuarios que no recuperan el pago de ese gravamen. De esta manera, podremos propiciar una situación de mayor equidad, garantizando los recursos que el Estado necesita.
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, al igual que la mayoría de mis colegas, creo que hay que aprobar esta iniciativa, que crea un nuevo mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Como se ha señalado, viene a remplazar el antiguo SIPCO. Efectivamente -lo recordó recién el Senador Pizarro-, mucho se le advirtió al ex Ministro Felipe Larraín respecto a la ineficacia de ese sistema, que claramente no protegía a los consumidores.
El objetivo del proyecto que nos ocupa es cautelar que las fluctuaciones no sean muy significativas. Para ello, se propone un instrumento distinto del que rige actualmente.
Las diferencias entre uno y otro están dadas, fundamentalmente: por un lado, por la moneda en que se expresan los precios (se sugiere determinarlos en pesos y no en dólares para que los consumidores no asuman los mayores costos asociados a la variación del tipo de cambio) y, por otro, por el tamaño de la banda que se va a fijar. La que se plantea en la iniciativa es más estrecha y se estima de acuerdo a un promedio que se calcula en una cantidad mayor de meses. Desde luego, ello permitirá recoger distintas fluctuaciones en ese período y mejorar la situación de los consumidores.
Sin embargo, con todo lo que se ha señalado -lo dijo recién el Senador señor Tuma-, creo que este proyecto no es para celebrar, aunque igual hay que apoyarlo.
Además, se contempla una dimensión de responsabilidad fiscal, por cuanto se garantiza, mediante la famosa cláusula de salida, que el impacto fiscal del nuevo mecanismo, dada la menor recaudación acumulada en el tiempo, no superará los 600 millones de dólares.
Ello guarda relación con lo que ayer escuchamos de la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien reconoció a la Presidenta Bachelet, en su gira por Estados Unidos, y al Ministro de Hacienda, quien hoy nos acompaña en la Sala, el buen manejo que se ha hecho de nuestras finanzas públicas.
Algo similar se ha planteado, por cierto, respecto de lo positivo de las reformas que ha impulsado el Gobierno, particularmente de la tributaria. El propósito es darle mayor justicia social e igualdad a la población mediante iniciativas esenciales, como la reforma educacional.
Señora Presidenta, creo que es necesario dar el paso que propone el proyecto en estudio, aunque no se resuelvan todos los problemas -vamos a seguir teniendo alzas de precios; en eso hay que ser claros con la ciudadanía- y no se cambie la estructura central del impuesto específico, como se evidencia al ver que hoy las industrias de diversos ámbitos económicos y productivos, que generan hartos ingresos, siguen siendo beneficiadas con el sistema de estabilización de precios de los combustibles.
Con todo, este análisis permite sincerar un debate que se ha dado muchas veces, hoy menos que antes.
Cuando fueron Gobierno quienes ahora están en la Oposición, se dieron cuenta de que "otra cosa es con guitarra". Algunos decían que había que terminar con el impuesto específico a los combustibles. Bueno, esto claramente no es posible, porque con el tiempo dicho tributo ha derivado en un "impuesto verde", que es progresivo. Y, como se ha manifestado aquí, dado que quienes más consumen combustible son las personas de más altos ingresos, eliminar el referido gravamen significa favorecer a los sectores de mayores rentas, a muchas actividades industriales.
Por lo tanto, sin duda, vamos a apoyar este proyecto, pero en el entendido de que es un paso que resulta necesario dar por un tema de responsabilidad: urge impedir que las fluctuaciones de precios en esta materia sean tan significativas como lo han sido hasta ahora.
Creo que este asunto es bastante complejo y técnico. Pero, finalmente, se ha planteado una fórmula que va a resultar más eficaz.
Probablemente, ella está más inspirada en la primera propuesta que hizo el Gobierno del Presidente Piñera el año 2010. Se acerca más a su contenido. Eso se ve en cómo se calcula el promedio, en la cantidad de semanas que se consideran, en la fijación de un período más prolongado.
Como sea, esperamos que esta futura ley cumpla su objetivo, cual es impedir que las referidas fluctuaciones, producto fundamentalmente de las alzas de precios a nivel internacional, terminen afectando gravemente el bolsillo de quienes poseen menos ingresos.
Por esa razón, voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, en 1991 se creó el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP); en 2005, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPCO); el 2010, el Sistema de Protección a los Contribuyentes (SIPCO), y ahora ya no recuerdo el nombre del instrumento que se está creando.
El señor PROKURICA.- El MEPCO.
El seños GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias.
El SIPCO -es importante destacar los antecedentes entregados en la Comisión al respecto- solo funcionó un 12 por ciento de las semanas que estuvo en vigencia. ¡Solamente 12 por ciento, es decir, 13 semanas! El ancho que se fijó a esa banda no permitió una real protección a los consumidores, hecho que advertimos cuando se presentó el proyecto pertinente y luego, en ambas Cámaras. Además, el nivel máximo de amortización fue menos de 30 pesos.
Esa fue la realidad de dicho sistema.
En cambio, la iniciativa que nos ocupa -es importante señalar esto- deja un margen de 5 pesos por semana, con un máximo de 20 pesos en un mes. Por lo tanto, señora Presidenta, cabe pensar perfectamente que el precio de la bencina podría subir de los mil pesos que prácticamente cuesta hoy en la mayoría de las regiones -y me referiré al tema regional un poquito más adelante- a 1.240 pesos de aquí a un año.
En efecto, con el mecanismo que se está proponiendo, es factible que el precio aumente al máximo que he indicado, lo cual a la larga no favorecerá a los consumidores, sobre todo a la gente que más lo necesita: la que hace uso de su vehículo para el trabajo y los conductores de locomoción colectiva menor. Entre taxis y taxis colectivos, en Chile hay más de 80 mil.
El señor PROKURICA.- Son 120 mil.
El seños GARCÍA-HUIDOBRO.- Agradezco que me precise el dato el Senador Baldo Prokurica, quien hoy está de cumpleaños.
Y la verdad es que ellos no reciben ningún beneficio. Por el contrario, son los primeros en verse afectados, porque parte de su salario depende del alza de precio que experimentan los combustibles cada semana.
En ese sentido, quiero aprovechar la presencia del Ministro de Hacienda en la Sala para hacer presente algo que hemos venido sosteniendo hace mucho tiempo: se requiere regular la situación de diferencial de precios que existe en las regiones respecto de Santiago. Es impresentable que sea más barato el combustible en la Región Metropolitana y más caro en las zonas extremas, e incluso en mi propia Región.
Cabe resaltar que se observan acuerdos para fijar precios.
Hace bastante tiempo, cuando era Diputado, pedí a la Fiscalía Nacional Económica que me entregara un informe sobre los acuerdos de precios de las distribuidoras en mi Región. Hasta el día de hoy no hay respuesta. Pero yo estoy convencido de que existen tales acuerdos, sobre todo en sectores que se cree que son de mayores ingresos, como el caso de la comuna de Rancagua. Porque se suele mezclar todo, señora Presidenta, y se asume que todos los que ahí viven son trabajadores de El Teniente. ¡Y eso no es así!
Por otra parte, un señor Senador dijo que el impuesto específico afecta al 20 por ciento más rico de la población, que sería el sector que posee vehículos. Al respecto, estaba recién leyendo una información proporcionada por el Alcalde Luis Plaza, de la comuna de Cerro Navia. Él indica que el 60 por ciento de las personas que habitan en su comuna tienen automóvil. ¡Y nadie puede sostener que Cerro Navia es un lugar donde viven los ricos de este país!
Por lo tanto, el tributo referido en realidad afecta, fundamentalmente, a la gente de clase media y de clase media vulnerable que tiene un vehículo.
Espero que, de acuerdo a todos los antecedentes revisados y en consideración a las peticiones que ha planteado el mundo popular en esta materia, realmente se produzca una disminución del impuesto específico a los combustibles.
Por lo mismo, valoré el hecho de que la Presidenta de la República, en su momento, haya hecho una rebaja transitoria.
En mi opinión, se debe buscar otro mecanismo, porque, a la larga, al Estado le conviene que suba el precio de los combustibles, dado que ello aumenta la recaudación fiscal por concepto de IVA. Independiente de que el valor del impuesto específico se estime sobre la base del metro cúbico de petróleo, al Fisco le favorece el aumento del precio del crudo, porque recibe más recursos por el IVA. Sobre el particular, me interesa saber -ojalá pudiera contestar el Ministro de Hacienda- de cuánto es esa mayor recaudación en los últimos 12 meses.
Lo anterior es muy importante, pues en este ámbito no solo se debe abordar la situación del impuesto específico.
Por ello, señora Presidenta, me voy a abstener en este proyecto, por cuanto creo que este no va en el camino correcto. Lo único que hace es atenuar las alzas. De hecho, como bien dijo el Senador Prokurica, cuando el barril costaba 150 dólares, el precio del combustible estaba prácticamente igual o más bajo que ahora; y hoy, con un barril a 100 o 110 dólares, el precio es mayor.
Me pueden decir que un porcentaje del alza se debe al dólar. Es cierto: hay una implicancia de ese tipo. Pero no existe relación.
Entonces, sería muy importante tener todos los antecedentes a la vista. Porque, a la larga, ese impuesto no es justo.
Sé que algunos sectores no lo pagan, y valoro las propuestas para corregir esta situación. Pero es necesario buscar una salida que proteja a los más débiles. Porque hoy día, en el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, debido al fracaso del Transantiago, el vehículo particular es un elemento necesario para el trabajo y la vida normal de los habitantes.
Por eso, espero que de alguna forma lleguemos a una solución más definitiva en torno a un proceso que se inició "para mejorar las carreteras de nuestro país". ¡Y miren donde vamos! Solo por concepto de impuesto específico se recaudan más de 2.400 millones de dólares al año. Y de esa cantidad, según sostienen los dirigentes de los colectiveros, casi 500 millones se originan en el trabajo que desarrollan ellos.
Señora Presidenta, yo tengo fe en que en el Parlamento podremos trabajar más adelante en un proyecto tendiente a rebajar el impuesto específico que grava a los combustibles.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Está inscrito a continuación el Senador señor Orpis, quien ya hizo uso de su tiempo. Reglamentariamente, no debiera darle la palabra.
El señor ORPIS.- Es para algo distinto.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Conforme.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, solo deseo solicitar la remisión de un oficio.
Como señalé en mi intervención, habría sido muy importante que el Banco Central emitiera su opinión en la Comisión. Pero ello no ocurrió.
Por eso, solicito que se oficie al Instituto Emisor para pedirle que informe si el ampliar hasta 24 meses el plazo para que el Ejecutivo fije el rango de los parámetros "n" y "s" interfiere o no en las metas de inflación del Banco Central.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Orpis.
Acordado.
El señor ORPIS.- Gracias, señora Presidenta.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo); no habiéndose formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda terminada su discusión en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Girardi, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvieron los señores García-Huidobro y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Guillier.