DESIGNACIÓN DE SEÑOR EDUARDO ABARZÚA CRUZ

EN CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

La señora ALLENDE (Presidenta).- Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el cual requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrante del Consejo de Alta Dirección Pública al señor Eduardo Abarzúa Cruz, con informe de la Comisión de Hacienda. Se ha hecho presente la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución.

--Los antecedentes sobre el oficio (S 1657-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 14ª, en 6 de mayo de 2014.

Informe de Comisión:

Hacienda: sesión 16ª, en 13 de mayo de 2014.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ (Secretario General).- La designación es hasta el 29 de julio de 2016, en reemplazo del señor Rodrigo Egaña Baraona.

La Comisión recibió en audiencia al señor Abarzúa en una sesión en la que se intercambiaron opiniones y planteamientos acerca de las funciones y desafíos del Consejo y del Sistema de Alta Dirección Pública.

El órgano técnico deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables señores Coloma, García, Lagos y Montes, de que en la proposición en estudio se ha dado cumplimiento a los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por nuestro ordenamiento jurídico.

Cabe consignar que el acuerdo de esta Corporación requiere cuatro séptimos de sus integrantes en ejercicio, esto es, 22 votos a favor.

El señor COLOMA.- ¿Es posible abrir la votación?

La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación.

Se van a tocar los timbres.

--(Durante la votación).

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, seré muy breve. Creo que es preciso informar siempre estos asuntos.

El señor Eduardo Abarzúa es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias del Trabajo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.

Exhibe una amplia experiencia precisamente en sistemas de alta dirección pública, no solo en Chile, sino también en el extranjero, como se ha observado con motivo de su comparecencia y del currículum que presentó.

Se especializó particularmente en esa materia por encargo de la Agencia Alemana para la Cooperación del Desarrollo, y creo que, en ese sentido, puede ser un aporte relevante al Consejo.

Dicho eso, deseo anunciar que voy a aprobar la designación. El candidato reemplazaría al señor Rodrigo Egaña, y entiendo que es de una sensibilidad equivalente.

Sin embargo, no puedo dejar de expresar preocupación, a propósito del nombramiento, por la Alta Dirección Pública, entidad que, a mi juicio -no comprometo a nadie más-, es un enfermo en la UTI. Y lo lamento profundamente, porque fue muy importante hace unos diez años.

Me parece que se empezó a discutir junto con el envío de tropas a Haití, para ser bien preciso.

El señor PROKURICA.- En 2003.

El señor COLOMA.- Exactamente.

Y fue un adelanto muy importante, en un momento de cierta tensión política, el hecho de que se le generara al Estado una dirección pública de calidad, para el efecto de que no se entendiese que el cambio de un Gobierno suponía ganar un botín en la Administración Pública y de que se avanzara hacia la situación de países más desarrollados, de modo que, con prescindencia del factor aludido, hubiese un conjunto de profesionales experimentados para ejecutar las políticas públicas que se diseñaran.

Estamos haciendo referencia a 110 personas en el primer nivel y a 834 en el segundo, todas las cuales pasan por un gran cedazo para poder darle garantía a la autoridad de que van a cumplir con su tarea.

¿Por qué menciono lo de la UTI? Porque lo que era una buena idea no ha resistido, a mi juicio, uno de los más importantes filtros, que es lo que sucede cuando una Administración cambia de signo. Y si bien el Gobierno del que me siento parte -es algo que también he dicho- aplicó solo parcialmente el sistema, porque en más casos de los que me hubiera gustado efectivamente desvinculó, sin un estudio muy profundo, a parte de la Administración Pública, creo que en los dos meses del Gobierno actual se han cometido todos los excesos imaginables. En efecto, se ha sacado ¡al 60 de los funcionarios en cargos de primer nivel jerárquico!, dato que se entregó el lunes recién pasado en la Comisión de Hacienda, muchos de ellos sin ninguna evaluación, obviamente.

Por mi parte, he expuesto el caso -y hay una constancia al respecto en el informe- de los directores regionales del INDAP, todos despedidos en un mismo acto. Supongo que algunos habrán sido buenos y otros malos o más o menos, como en toda Administración Pública, mas no entiendo que en un solo acto -repito- se haya despedido a los quince. Esa es una razia. Perdón por ser tan franco.

Y repito que a ello se suma, a estas alturas, el 60 por ciento del personal en cargos de primer nivel jerárquico.

Entonces, me oponen, con buenos argumentos, que en el Gobierno anterior pasó algo equivalente. Sí. Pero no tan equivalente. La fórmula no fue la mejor, pero resultó ser infinitamente más razonable. Por lo menos se verificó una evaluación y hubo personas que terminaron su tarea, luego de lo cual no fue "renovado" su contrato. No es esa la expresión, pero la empleo para los efectos prácticos.

Francamente, opino que lo ocurrido ha sido un descabezamiento total de la Alta Dirección Pública. Y hoy día volvemos a lo que había antes: esta es un botín de los gobiernos de turno.

Estimo que se trata de una pésima señal. Así lo señalé por lo menos en la Comisión de Hacienda. Porque podré ser muy ingenuo, pero consideraba que era posible algo al estilo inglés, donde cambia un Gobierno y salen 120 funcionarios. Bueno, aquí ha cambiado un Gobierno y han echado como a 5 mil personas, pero se suponía que la Alta Dirección Pública iba a quedar. ¡No quedó nada! ¡Solo se observan los restos!

Hago el comentario porque estamos tratando el asunto, sin perjuicio de lo cual espero que el señor Abarzúa contribuya a enderezar al curcuncho.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo, en nombre del Senado, a las integrantes del Programa Jefas de Hogar, de la Municipalidad de Talagante, que nos visitan esta tarde.

Muy bienvenidas.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Horvath, por una cuestión de Reglamento.

El señor HORVATH.- Señora Presidenta, junto con apoyar la designación, solicito a la Mesa recabar la anuencia de la Sala a fin de que la Comisión Especial para la Recuperación de Valparaíso pueda sesionar durante un lapso corto, desde luego sobre la base de estar sus miembros atentos para regresar a las votaciones.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Es a contar de ahora, ¿no?

El señor HORVATH.- En efecto.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay objeciones, se accederá.

Acordado.

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La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, intervendré en la misma línea de lo que expresaba recién mi Honorable colega Coloma. Claro que mi opinión es distinta, naturalmente, de su comentario sobre la Alta Dirección Pública.

Primero, respecto del señor Eduardo Abarzúa, sin lugar a dudas vamos a respaldar su nombre. Es una persona de una vasta formación, criterio y habilidades para desempeñarse en un cargo sensible como aquel al cual aspira. Ello ya se manifestó.

En seguida, no quisiera dejar pasar las observaciones formuladas, porque creo que de pronto se está incurriendo en una confusión.

El nuestro es un mensaje y un planteamiento que hemos mantenido ahora y también cuando estábamos en la Oposición al anunciarse que en los primeros seis meses de Gobierno del Presidente Piñera se había despedido al 63 por ciento de los cargos de la Alta Dirección Pública. Efectivamente, en la actualidad ha habido ajustes, sin duda, pero no se comparan con la magnitud de los cambios y las exoneraciones de cerca de 11 mil personas efectuados durante esos cuatro años. La Alta Dirección es una línea de admisión, de ingreso a la función pública, pero no se puede confundir con los concursos, con las incorporaciones a un trabajo de planta o a contrata, que es distinto y presenta otros requisitos.

Puntualmente -y a propósito de algunos casos mencionados por el Senador señor Coloma-, basta recordar lo que pasó en el Instituto Nacional de Deportes, donde los quince directores regionales fueron nombrados por el Gobierno pasado en los últimos dos o tres meses de su mandato. Y eso no pasa solo en el IND, sino también en muchos lados. Deseo consignar que únicamente cinco de ellos han sido remplazados.

¡Para qué mencionar lo ocurrido en el Servicio de Vivienda y Urbanización! Para qué entrar en detalles de lo acontecido en la Región de La Araucanía, donde solo después de dos meses de haber dado un paso al lado el director de la UDI, que había quedado "amarrado" en el último tiempo, el Gobierno de la Presidenta Bachelet puede desplegar su política con personas de confianza.

Estamos haciendo referencia a los titulares de los servicios, no al segundo nivel ni al tercero. Estamos aludiendo al encargado del área.

Entonces, estimo probable que se requiera un debate de fondo respecto de lo que está sucediendo con la Alta Dirección Pública. Es perfectamente posible pensar que sea preciso modificarla. Pero también resulta muy razonable que un Gobierno pueda llevar adelante su política, sus cambios, sus transformaciones, con personas de confianza. Es preciso comprender que el sistema -lo señala la ley- se creó como una forma también de seleccionarlas. Ello no dice relación con cualquier postulante, sino con la ayuda a una Administración para que vea cómo elige la gente con la cual va a cumplir sus tareas.

Con todo, vamos a respaldar, sin duda, la designación del señor Eduardo Abarzúa.

Seguramente mi Honorable colega Lagos se extenderá más sobre la proposición

La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, parto por consignar que nosotros vamos a apoyar el nombramiento del señor Eduardo Abarzúa Cruz. Es efectivamente una persona que reúne las condiciones y el criterio necesarios.

Mas quiero pronunciarme respecto del asunto de fondo, tal como lo ha expuesto el Senador señor Coloma.

En el debate de la mañana, con motivo de la sesión especial, mi Honorable colega Quintana reflexionó: "¿Por qué no en Salud la retroexcavadora que planteamos en Educación?". Quiero contarle a Su Señoría -no tuve el tiempo necesario para extenderme sobre el particular- que, ¡en un solo día!, 22 jefes de servicio elegidos y designados por la Alta Dirección Pública recibieron el llamado, no de la Ministra ni de la Subsecretaria, sino de la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio para anunciarles que ya no se contaba con su concurso y que, por tanto, se les pedía la renuncia. De lo contrario, se iba a prescindir de sus servicios. Es un caso en que no medió ninguna evaluación de desempeño.

Y lo que ocurrió en Salud sucedió en todas y cada una de las reparticiones públicas. En algunas de esas situaciones presentamos recursos de protección. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Santiago obligó a la reincorporación de diez funcionarios en Bienes Nacionales y aprobó una orden de no innovar hasta que finalmente se resuelva en definitiva. Son personas que también fueron elegidas por la Alta Dirección Pública.

Asimismo hemos presentado recursos en Aysén -estuve allá para tal efecto- y respecto de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de Valparaíso. Y vamos a hacer otro tanto en relación con el FOSIS y ciertas reparticiones públicas en determinadas regiones.

Coincido con el Senador señor Quintana en que cuando una Administración llega, cuando se empodera, los cargos de exclusiva confianza obviamente son prescindibles. Pero si se estableció un sistema de Alta Dirección Pública, durante el Gobierno del Presidente Lagos, en virtud de un acuerdo entre el Gobierno y la Oposición -esta fue leal, constructiva y tuvo una mirada de largo plazo-, para restringir los nombramientos discrecionales de la autoridad respecto de ciertas y determinadas funciones públicas, y dar un carácter profesional, de continuidad en la labor, comentarios como los de Su Señoría constituyen un retroceso. Porque, en definitiva, ¿cuál sería el sentido del sistema? Cada concurso demanda 20 millones de pesos. Evitemos llamarlos, entonces, y designemos a dedo, y dejemos de lado el eufemismo de generar un mecanismo como el que nos ocupa.

Entiendo que el Senador señor Quintana le pide al Honorable señor Lagos que me conteste, como colega por la misma Región que represento. No hay problema. Estoy habituado a ello. Así que espero que este último retruque mis razones con todo cariño. Es cuestión de minutos.

El señor LAGOS.- ¡Conmigo hay que oponer argumentos¿!

El señor CHAHUÁN.- A mi juicio, lo que está en juego es la institucionalidad, la generación, de alguna manera, de Administraciones cada vez más profesionales, y que, en definitiva, más allá de los gobiernos de turno, finalmente sea posible darle continuidad a la función pública. A eso aspiramos. Eso pretendemos. Y ojalá sectores como la Democracia Cristiana y los más serios de la coalición de Gobierno efectivamente estén en la parada.

Deseo destacar, además, que la aplanadora ha sido total respecto de los cargos técnicos. Se podría sostener que no solo alcanza a los de confianza. ¡En los servicios de la Región de Valparaíso no ha quedado nadie! En las secretarías regionales ministeriales de Educación barrieron con todo el mundo.

Lo anterior incluye gente del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet que dijo que iba a seguir cumpliendo su función técnico-profesional en el Gobierno del Presidente Piñera. Parece que se aplicó la teoría Rincón y finalmente también quedó fuera de su cargo.

Pido, por lo tanto, que seamos capaces de avanzar en una función cada vez más profesional.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, voy a ser muy breve.

Primero, expresaré mi apoyo a la designación del señor Eduardo Abarzúa propuesta por la Primera Mandataria.

En seguida, más que responderle a nadie, deseo señalar que el sistema de Alta Dirección Pública, introducido durante el Gobierno del Presidente Lagos, efectivamente fue fruto de un acuerdo, como expresan algunos. Y se menciona la generosidad que lo hizo posible. Por mi parte, no quiero escarbar en el tema. Mas se llegó a esa concordancia, entre otras razones, porque no había que investigar muchas otras cosas -lo digo responsablemente-, como el financiamiento de campañas.

Dicho lo anterior, señora Presidenta, quisiera subrayar que el mecanismo que nos ocupa ha cumplido un rol bien importante, ya que ha permitido que los nombramientos de gente de confianza por los gobiernos pasen al menos por un filtro. ¿Cuál? El de la capacidad técnica, el del profesionalismo de la persona.

No se trata de un filtro desde el punto de vista político ni de la eliminación de los cargos de confianza, porque no hubo acuerdo para ello. Y no fue ese tampoco el espíritu de la ley, expresado en su historia fidedigna, en el mensaje respectivo y en la forma como se aprobó en el Senado en esa oportunidad.

En consecuencia, nadie pretendía suprimir los cargos de confianza política. Lo que se quería era que al menos a los de alta responsabilidad y del primer nivel de jerarquía -porque así era al principio y se hallaba acotado- llegaran personas con ciertas calificaciones mínimas que permitieran pensar que iban a hacerlo bien y que no se iban a presentar dificultades. Eso no excluía que cualquier Gobierno pudiera removerlas.

Y fuimos avanzando. Porque entonces se establecieron períodos por los cuales ha de compensarse a la persona si se le pide la renuncia anticipada.

Después se dijo: "¿Sabe qué más? Incorporemos otros funcionarios, de segundo nivel". Y llegamos hasta el tercer nivel.

Mas pido que nadie rasgue vestiduras, porque leo en el informe de la Comisión de Hacienda que el Honorable señor Coloma manifestó lo mismo que el Senador señor Chahuán, en el sentido de que se ha pedido la renuncia en el 60 por ciento de los cargos de primer nivel jerárquico, y ahora está decepcionado con lo ocurrido.

Lo que sucedió es que el sistema nunca había sido testeado con un cambio de coalición de Gobierno. Esa es la verdad. La pregunta es si ello resulta sano o no. Pero no me digan que es algo que no corresponde, porque los mismos argumentos se los escuché al Senador señor Chahuán y a otros respecto a lo que hizo el Presidente Piñera cuando asumió el Gobierno.

¿Tienen o no los Gobiernos facultades para poner gente de su confianza en cargos de alto nivel de la Administración del Estado pasando por la Alta Dirección Pública? ¡Las tienen, y están establecidas en la ley!

Entonces, calladitos aceptemos la ley.

Otra cosa es lo que se ha hecho con los contratados a honorarios o a contrata. Yo desafío a las bancadas de enfrente a que me digan si ahora se ha expulsado a 12 mil funcionarios públicos, en cualquiera de esas dos modalidades.

Podemos hablar después de la estabilidad, de si se avanzó o no en contratación, de si se respeta la proporción del 80/20, de lo que ustedes quieran. Pero, de persecución política, ¡por favor!

Y a un Senador que no voy a nombrar para que no replique, señora Presidenta, quiero decirle que en la Quinta Región no hubo, en su momento, ni aplanadora ni cuoteo en los cargos públicos. No eran 50 para la UDI y 50 para RN. ¡Eran todos de Renovación Nacional! ¡No hubo cuoteo en Valparaíso!

Eso fue lo que ocurrió.

El señor QUINTANA.- ¿Y Amplitud?

El señor LAGOS.- ¡Salió perdiendo en esa época! El movimiento que después se convertiría en Amplitud también salió perdiendo. Hizo su mejor esfuerzo, pero salió para atrás.

Entonces, ¡seamos más responsables!

¿Es posible mejorar lo actual?

A mí me encantaría que llegara un gobierno nuevo y que no cambiara toda la Administración del Estado. Yo siempre menciono los casos de Australia y Nueva Zelandia. ¡No cambian todo el aparato del Estado! Porque hay un servicio civil distinto y también por una cuestión de fondo, que es que no se juegan la vida ni tampoco juegan a la ruleta rusa en cada cambio de gobierno, como algunos todavía creen que ocurre aquí. Pero hay que tener la posibilidad de administrar. Y, por último, a la política se le da un financiamiento que evita tener múltiples operadores transversalmente. En esta región conocemos "todos estos", de todos los partidos. Díganme y les nombro a los suyos. ¡Me da lo mismo!

El señor PROKURICA.- ¡No hay!

El señor LAGOS.- Tiene razón. ¡Son altos funcionarios públicos¿!

Yo voy a lo siguiente.

¿Por qué mejor no tratamos de mejorar, si es que hay espacio para ello? Ahora, si no lo hay, aceptemos la ley que ustedes mismos aprobaron. Yo no había llegado todavía al Parlamento, pero la respeto. Lo que no cabe es rasgar vestiduras.

Eso sí, arreglemos el tema de las contratas y de los honorarios.

El señor PROKURICA.- ¡Eso!

El señor LAGOS.- Y no echemos a 12 mil.

La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, en este momento el Senado debe pronunciarse sobre un nombramiento, sobre quién va a encabezar la Alta Dirección Pública. Y el candidato que se plantea reúne todos los requisitos. Lo digo porque se ha estado haciendo otro debate.

Si leemos el informe de la Comisión, veremos que Eduardo Abarzúa Cruz tiene méritos académicos, formación profesional y experiencia en la materia. Por lo tanto, creo que debería recibir una amplia aprobación por parte de la Sala.

Ahora, en cuanto al otro tema, yo escuchaba el debate y realmente me llama la atención que se rasguen vestiduras por lo que ahora ha pasado con los cargos de Alta Dirección Pública.

Efectivamente, se les ha puesto término, porque la ley lo permite. Pero quienes hacen esa crítica no digan hoy que el día anterior, cuando a ellos les correspondió asumir el Gobierno, no hicieron lo mismo.

Escuché aquí que se dijo que en un organismo -no sé si fue el SERVIU u otro- se había cesado a todos los directores regionales.

Yo recuerdo tres casos del último Gobierno.

En el INDAP, los 15 directores regionales que hacía poco habían ascendido por la vía de la Alta Dirección Pública fueron cesados en sus cargos en la Administración del Presidente Piñera. ¡Todos! ¡Sin excepción y el mismo día!

En el caso del SERVIU ocurrió lo mismo. Todos los directores fueron cesados en sus cargos en el Gobierno del Presidente Piñera, el mismo día, y se nombró a otros funcionarios, diferentes de los que había en ese momento por la Alta Dirección Pública.

En los servicios de salud, igual cosa. El mismo día todos los directores fueron separados de sus funciones.

Y quiero recordar aquí -no está el Senador Coloma, que hizo esta observación en la Comisión- que en el caso del FOSIS también se sacó a todos los directores regionales, ¡a todos!, el mismo día. El jefe máximo del FOSIS era el hermano. Y renunció, porque se produjo una acción realmente arbitraria.

Entonces, no rasguemos vestiduras.

Aquí lo que hay que hacer es determinar cómo efectivamente logramos una función pública con cierta estabilidad y reconocer la realidad. En el caso de los cargos de la Alta Dirección Pública, si son concursables, veamos si queremos darles mayor estabilidad, de modo que las personas que los ocupen no puedan ser removidas, y establezcamos realmente una carrera civil funcionaria que tenga vigencia para todos, a fin de que la situación no cambie cada vez que asuma un nuevo Presidente. Pero los gobiernos necesitan contar con gente de su confianza en cargos que son determinantes para la ejecución de trabajos en cada área.

También deseo llamar la atención sobre los funcionarios a contrata y a honorarios.

En el Gobierno anterior se cesó a 14 mil de ellos.

El señor PROKURICA.- ¡Recién eran 11 mil, ahora son 14 mil¿!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡No! 14 mil. Es lo que yo tengo anotado.

Se lo hicimos ver aquí, en la Sala, al en ese entonces Ministro Felipe Larraín, a quien, a propósito de un proyecto de ley, le pedimos ciertas garantías. Él tomó la decisión de emitir una circular para que la gente que se sintiera separada de su cargo en forma arbitraria pudiera reclamar a través de un sistema que se canalizaría a través de los Subsecretarios.

Por supuesto, todo eso quedó en el papel.

Sin embargo, este no es solo un problema del Gobierno anterior. ¡También ocurrió en los nuestros! Y, por tanto, tenemos que buscar una manera de dar estabilidad a las personas que se desempeñen a contrata o a honorarios.

Primero, yo soy partidario, tal como lo han hecho ver todos los sectores, de no seguir con un Estado que contrata a honorarios funciones que no corresponde llevar a cabo mediante dicha modalidad. Algunos trabajadores llevan 8 o 10 años en determinado cargo prestando una asesoría que no debiera ser retribuida en esa forma, sin previsión, sin ningún derecho laboral, produciéndose un daño previsional al que después no somos capaces de dar respuesta.

Lo mismo sucede con las personas a contrata. Hemos planteado buscar un sistema para que ellas no se sientan en una situación inestable, a pesar de que, por supuesto, se puede poner término a los contratos una vez que se cumplen los plazos, etcétera. Indiscutiblemente, si una persona cuyo contrato expira el 31 de diciembre ha sido calificada, con un adecuado sistema de calificación, en Lista 1, debe mantenerse en su cargo, salvo que la labor para la cual haya sido contratada ya no exista.

Tenemos que reglamentar todas estas materias, que pasan por la creación de un buen sistema de gestión en la Administración Pública.

Ahora, volviendo al asunto principal, creo que hay que aprobar el nombramiento de Eduardo Abarzúa Cruz en la jefatura del Consejo de Alta Dirección Pública.

El señor TUMA (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar deseo hacerme cargo de algo que dijo el Senador Lagos Weber, que al menos respecto de Renovación Nacional no es correcto.

Su Señoría señaló que la ley que creó el Sistema de Alta Dirección Pública obedeció a una transacción para investigar las platas de las campañas.

Esa es una afirmación extraordinariamente dura. Yo debo señalar que, al menos en lo que respecta a Renovación Nacional -porque me tocó participar en la discusión del proyecto respectivo-, no se llegó a ninguna transacción, de ninguna naturaleza o especie, en relación con platas de campañas. ¡Ninguna! Y tengo la más absoluta certeza de ello. El tema ni siquiera fue abordado cuando se vio la correspondiente iniciativa.

La ley se sacó a raíz de los sobresueldos que se pagaban en cierta época a través de un sistema que se había montado denominado "MOP-Gate". El origen es distinto, cual es que los funcionarios públicos que ejercían cargos de responsabilidad no recibían remuneraciones acordes con sus altas funciones. Se trataba de lograr que personas que se desempeñaban en el sector privado pasaran al sector público. Entonces, se montó todo un sistema de pago de estipendios absolutamente irregular, que probablemente venía de mucho tiempo antes del Gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

Hago presente lo anterior para la historia fidedigna de la ley. Por lo menos quienes no tuvimos participación alguna en un acuerdo de esa naturaleza lo queremos decir con todas sus letras. Y no es menor dejar constancia en la historia de la ley en cuanto a que nosotros no participamos en acuerdos relacionados con transacciones por investigaciones de campañas. No sé con quién los habrá hecho el Gobierno, el Presidente de la época, si es que él los hizo -no me lo imagino-, o las autoridades encargadas de esa materia, pero, en todo caso, aclaro que no fue con Renovación Nacional.

En cuanto al otro punto, no hay ninguna duda de que debemos mejorar la legislación sobre cargos de Alta Dirección Pública. Y este Senado debiera hacer un esfuerzo en trabajar un proyecto de ley en ese sentido, pues me parece razonable mantener dos principios.

El primero consiste en que las personas que ocupan cargos de relevancia para llevar adelante las políticas públicas que se desea implementar deben tener afinidad con el gobierno de turno. Es una cosa evidente, obvia. Sea un gobierno con tendencia a querer un país con un fuerte estatismo, cuyas políticas públicas apunten a crear un Estado social democrático, sea un gobierno que prefiera una sociedad basada en la libertad y el emprendimiento, con un Estado que no tenga ese rol asfixiante sobre el sector privado y sobre las políticas públicas que se van a aplicar, es natural que los principales cargos se llenen en esa forma.

Lo que ocurre es que el procedimiento de destitución es muy malo. A veces los subrogantes ocupan sus cargos un año entero sin someterse a ninguna de las normas de la Alta Dirección Pública. Y eso, en gobiernos cortos de un cuadrienio, no guarda relación con la realidad, pues la persona que desempeña la función no ha cumplido con ninguna exigencia, salvo las mínimas que la ley establece para el cargo, sin que su calidad profesional se halle acreditada.

Además, antes que se me olvide, quiero decirle al Senador Lagos Weber que se equivoca profundamente cuando afirma que hay gente a contrata o a honorarios a la que no han echado. Yo le puedo señalar que en La Araucanía han despedido a personas, a contrata o a honorarios, siendo asistentes sociales. Las han echado, y las han echado como un perro, en menos de 24 horas. A los afectados les dicen: "Mire, usted se va". Así de simple. Tuve la oportunidad de conocer, mucho tiempo atrás, a una de ellas, y era una brillante asistente social. Por lo tanto, no hagamos afirmaciones genéricas.

Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es el futuro.

En mi opinión, señor Presidente, estos son temas de Estado. Hay que mejorar el Sistema de Alta Dirección Pública, para que algunos cargos sean ocupados, legítimamente, por personas con afinidad con el gobierno de turno; seleccionar bien cuáles son aquellos cargos; asegurarse de que los reemplazantes sean debidamente examinados y tengan sus calificaciones con prontitud, y procurar que tales cargos sean los menos posibles, de modo que la gran mayoría de las personas que ganen los concursos puedan permanecer en sus puestos sin importar quién asuma el poder.

Pero estamos frente a una legislación que merece una revisión desde hace mucho tiempo. Es una materia que no puede ser debatida en una sola reunión para posteriormente quedar en el aire.

Termino, señor Presidente.

Le pido un poco más de tiempo.

¡Le agradezco al señor Secretario por acordarse de darme un minuto más¿! ¡Y sobre todo a usted, señor Presidente, que es de La Araucanía¿!

Para finalizar, creo que la Mesa y los Comités debieran hacer un esfuerzo por constituir un equipo y preparar un buen proyecto. Porque estos son los legados que el Parlamento le puede dejar al Estado.

Lo que yo sugiero, entonces, sin duda, es perfeccionar la normativa existente, para evitar abusos y arbitrariedades y, a fin de cuentas, evitar que cada vez que cambie un gobierno comiencen las acusaciones de uno y otro lado ("que echaron a estos, que echaron a estos otros"), todo ello a la luz de la experiencia comparada en esta materia.

Es lo que quería comentar, señor Presidente.

El señor TUMA (Vicepresidente).- No hay más inscritos, así que le pido al señor Secretario que consulte a la Sala.

El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor TUMA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba la designación del señor Eduardo Abarzúa Cruz como integrante del Consejo de Alta Dirección Pública (28 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quórum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Muñoz, Pérez (doña Lily), Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Lagos, Larraín (don Hernán), Matta, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).