PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL SECTOR PÚBLICO
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Título II de ley N° 19.882, que fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otorga otros beneficios por retiro, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9228-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 87ª, en 21 de enero de 2014.
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 89ª, en 22 de enero de 2014.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los objetivos fundamentales de esta iniciativa se orientan a establecer un plan de incentivo al retiro para los funcionarios y trabajadores de la Administración Central del sector público, que contempla los siguientes instrumentos:
-Bonificación por retiro voluntario de la ley N° 19.882, introduciendo enmiendas en su Título II.
-Bonificación adicional de 395 unidades de fomento para los funcionarios que cumplan con los requisitos de la ley N° 19.882.
-Bono especial de permanencia para los funcionarios de las plantas profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas, y para los asimilados o que reciban la bonificación adicional del decreto ley N° 479, de 1974, y que reciban bonificación adicional.
-Bonificación por antigüedad para los funcionarios que perciban bonificación adicional.
-Bono por trabajos pesados para los funcionarios que, acogiéndose al plan de retiro, se encuentren realizando labores así calificadas.
-Apertura de 200 cupos para funcionarios que puedan percibir excepcionalmente los beneficios por retiro voluntario y bonificación de 395 unidades de fomento.
-Otorgamiento de facultades a los jefes de servicio para solicitar la renuncia de los funcionarios que al 31 de julio de 2010 tenían cumplidos 65 años de edad, los hombres, o 60, las mujeres.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Escalona, García, Lagos, Pérez Varela y Zaldívar.
En la discusión particular realizó algunas enmiendas, las cuales se aprobaron por unanimidad.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda. Luego de ello se abrirá la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la iniciativa sometida al conocimiento de la Sala del Senado y que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Hacienda no es otra cosa que la reiteración de otros proyectos, llamados "Bonificación de incentivo al retiro en la Administración Pública".
Como se ha dicho en varias oportunidades aquí, en este Hemiciclo, las iniciativas de tal índole, en el fondo, constituyen un paliativo -no la solución- para el "daño previsional" que se ha registrado dentro del sector público debido al sistema de pensiones existente, lo que ha llevado a mucha gente a permanecer en sus cargos más allá de la fecha en que podría haber jubilado.
Este proyecto repite aquella fórmula, después de una serie de conversaciones que tuvieron los dirigentes de la ANEF con el Ministro de Hacienda.
El señor Secretario General hizo una relación de los beneficios establecidos, que paso a explicitar.
Se aumenta a un máximo de 11 meses la bonificación por retiro para hombres y mujeres de la Administración Pública.
Se entrega una bonificación adicional de 395 UF, por una sola vez, al personal que cumpla los requisitos de bonificación por retiro establecidos en la ley N° 19.882, requiriéndose para ello estar afiliado al sistema previsional contemplado en el decreto ley N° 3.500 y acreditar una antigüedad de 20 años de servicios, continuos o discontinuos, en los términos que señala la normativa mencionada.
Se otorga un bono especial de permanencia para los funcionarios y funcionarias de las plantas de profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas, beneficio que alcanza a 5 UF por cada año de servicio por sobre 20 años, con tope de 100 UF.
Se concede una bonificación por antigüedad a quienes perciban la bonificación adicional de que hablé anteriormente, la de los 11 meses. Aquel beneficio consiste en un bono de 10 UF por cada año de servicio por sobre 40 años, con un tope de 100 UF.
Se entrega un bono por trabajos calificados como pesados a los funcionarios y funcionarias que se acojan al plan de incentivo al retiro que se consagra. Dicho beneficio consiste en un pago de 10 UF por cada año de servicio cotizado o certificado como trabajo pesado, con un máximo de 100 UF.
Se abren 200 cupos para los funcionarios y funcionarias que al 31 de julio de 2010 tenían cumplidos los requisitos de edad exigidos para percibir la bonificación por retiro voluntario, al objeto de acceder excepcionalmente a los beneficios por retiro voluntario y a las 395 UF. En caso de haber más de 200 postulantes, se priorizará de acuerdo con los criterios señalados en la ley.
Por último, se faculta a los jefes de servicio para solicitar la renuncia al número de funcionarios y funcionarias indicados en cada caso que al 30 de julio de 2010 tenían cumplido 65 años, los hombres, o 60 años, las mujeres.
Señor Presidente, sin perjuicio de otros antecedentes y elementos que se acompañan a esta iniciativa, se debe destacar primero que sobre esta materia hubo un acuerdo entre la representación gremial y el Ejecutivo.
El costo de la ley en proyecto entre los años 2014 y 2015 alcanza a un total de 57 mil 311 millones de pesos.
Por todas esas consideraciones, y después de revisar detalladamente el articulado, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y particular y recomienda a la Sala hacer lo propio.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, estos son los proyectos que concitan de inmediato la unanimidad de la Sala, pues conllevan un aporte a las finanzas de las familias de un número significativo de funcionarios públicos.
En tal sentido, nosotros reconocemos el aspecto positivo de la propuesta del Ejecutivo.
Y, de manera especial, quisiéramos subrayar el esfuerzo que para alcanzar estas conquistas sociales ha realizado la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, en particular su mesa, encabezada por don Raúl de la Puente, quien, junto con otros dirigentes y dirigentas, nos acompaña desde las tribunas en esta sesión del Senado.
La iniciativa en estudio implica un desembolso fiscal significativo, como explicó el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Zaldívar. Para los años 2014 y 2015, el gasto es levemente superior a 56 mil millones de pesos, cifra que se descompone -como se informó a la Sala- en una bonificación por retiro voluntario; una bonificación adicional de 395 UF; una bonificación por permanencia; una bonificación por antigüedad; una bonificación por trabajados pesados, y el establecimiento de 200 cupos sociales.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales dejó de manifiesto en la Comisión de Hacienda que aspira a que el próximo Gobierno recoja su solicitud de aplicar también la bonificación adicional de 395 UF a un número significativo de funcionarios públicos que se incorporaron en una ley anterior similar a la normativa que en este momento estamos debatiendo, donde no se consideró debidamente al total del universo que podría ser beneficiado con esta bonificación, en particular a los afiliados al INP, hoy IPS.
La ANEF planteó aquello como un punto a resolver en el futuro, una vez que la nueva autoridad económica haya asumido sus funciones.
En consecuencia, reiteramos nuestro voto favorable. Pero, al mismo tiempo, queremos poner de manifiesto el enorme desembolso que significa para el Estado la precariedad que tiene hoy el sistema de pensiones en nuestro país.
La suma total de estos diferentes proyectos de ley habla de un desembolso fiscal de muchos centenares de millones de dólares y de varias decenas de miles de pesos en una inversión que pasa a ser habitual.
Lógicamente, nosotros no podemos sino adherir al alborozo de los trabajadores y las trabajadoras y apoyar con rapidez estas iniciativas, las que muchas veces significan incluso aplausos -como todos sabemos, ellos no son fáciles- para quienes formamos parte de esta Sala.
Por cierto, nos sentimos dichosos de poder hacernos parte de estos avances y de estas conquistas sociales. Empero, el punto esencial que está pendiente es el establecimiento de un sistema de pensiones que efectivamente les permita a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país tener un ingreso seguro y justo una vez que terminan su larga vida laboral.
Yo estoy seguro de que varios de los centenares de millones de dólares que se incorporan a las arcas de las administradoras de fondos de pensiones -las AFP- son parte de los centenares de millones de dólares que debe desembolsar el Fisco al objeto de sostener jubilaciones que muchas veces se transforman en un calvario para quienes las reciben, pues no cubren lo básico de sus gastos como familia, lo que obliga al Estado a concurrir con bonos adicionales, como los previstos en el proyecto que nos ocupa esta tarde.
No obstante ese comentario, por cierto que el proyecto representa un beneficio para el conjunto de trabajadores y trabajadoras a que alude, quienes bien lo merecen.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, nos alegramos de que el Gobierno del Presidente Piñera haya enviado al Congreso Nacional este proyecto de ley, que establece bonificaciones por retiro voluntario para, básicamente, los funcionarios de la Administración Central del Estado que cumplen ciertos requisitos.
Es enteramente legítimo que esos trabajadores, cuando deciden jubilar, reciban este beneficio.
Ahora, me parece bien el nombre "bonificación por retiro" y no "incentivo al retiro".
En mi concepto, tenemos un problema sin duda grave con relación al daño previsional a que se ven enfrentados los funcionarios fiscales en el momento de pensionarse. El Estado impuso durante muchos años por una cantidad muy inferior al "total haberes". Y se registran hoy mismo funcionarios con un "total haberes" superior al límite máximo imponible. Por lo tanto, en dicha ocasión se hace todavía mayor la diferencia entre la remuneración actual y la pensión a la que se accede.
Independiente de ello, creo que si no existiera el problema del daño previsional sería igualmente justo un bono por retiro. A mí me parece plenamente justificable que, al término de su vida laboral, una persona que haya trabajado para un organismo del Estado durante 30, 35, 40, 45 años cuente con este incentivo, con este premio, y pueda destinarlo a satisfacer necesidades o a proyectos que no pudo materializar en su época de actividad.
Vamos a votar a favor del proyecto, porque además este es fruto de un acuerdo entre los dirigentes de la ANEF y las autoridades del Ministerio de Hacienda. Y así como lo dijimos durante la discusión del último reajuste, donde también hubo un acuerdo con la mesa de trabajo del sector público y de la Central Unitaria de Trabajadores, en este caso estamos una vez más en presencia de una solución de esa índole. Y qué bueno e importante es que el Gobierno de turno, junto con los funcionarios -en este caso, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales-, llegue a esa fórmula para establecer este tipo de beneficios.
Dicho eso, señor Presidente, deseo llamar la atención acerca de lo siguiente. A mí me habría gustado que, como lo hicimos por iniciativa de la entonces Senadora señora Matthei hace algunos años, a las funcionarias les hubiéramos dado un plazo tal que les permitiese elegir el momento en que se retiren entre los 60 y los 65 años de edad. Mediante el proyecto estamos estableciendo que todos, hombres y mujeres, tienen que irse el 31 de marzo de 2015, y ello puede significar que algunas de ellas se van a ir con 60 años, otras con 61, con 62, etcétera.
Es del todo razonable y justo que las mujeres puedan elegir el momento en que se van y que lo hagan probablemente lo más cerca posible de cumplir 65 años. Porque, de otra manera, serán cinco años menos de cotización en su respectivo fondo de ahorro previsional y cinco años más para el cálculo de la pensión, lo que en definitiva significa un detrimento del orden de un 30 por ciento en el ingreso con el que van a tener que vivir durante 15, 20, 25 años. Eso es tremendamente significativo y también inhibe para aceptar estos incentivos, con lo cual finalmente tienen que seguir trabajando.
Espero que este aspecto podamos corregirlo en una próxima legislación.
No obstante lo que he señalado, tienen mucho mérito el acuerdo ANEF-Gobierno y los distintos beneficios de bonificación al retiro.
Votaremos a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, contrariamente a lo expresado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no concuerdo con que exista de a poco la posibilidad de que la mujer, en el ejemplo puesto, tome la decisión de jubilar entre los 60 y los 65 años. Es lo que vienen pidiendo las administradoras de fondos de pensiones.
La solución no radica en aumentar los años de jubilación: pasa por un incremento del ahorro, de tal suerte que la mujer llegue a los 60 años con una digna jubilación, al igual que el hombre a los 65, sin buscar mecanismos que permitan que en definitiva se termine por jubilar a una edad mayor que la actual.
¿Este es un incentivo al retiro, señor Presidente? Creo que no. Me parece una "injusticia al retiro". Y todos coincidimos absolutamente en que el Estado, no solo es un mal empleador, sino que también sigue replicando el error permanente en virtud del cual se castiga a mujeres y hombres que han dado una vida al servicio público.
Hemos estado llevando adelante el trabajo de la Comisión Especial presidida por el Honorable señor Tuma, contemplándose propuestas claras para el Gobierno que viene, y esperamos sinceramente que, de una buena vez, se corrija la tremenda injusticia que exhibe hoy día nuestro país: se ha transformado en una fábrica de pobreza. Es lo que ocurre cuando alguien comienza a pensar en jubilar. Personas con una remuneración de 600 mil pesos, 700 mil o un poco más, empiezan a darse cuenta de que a partir de ese momento van a comenzar a percibir sumas cercanas a 180 mil pesos, a 240 mil.
¡Estamos fabricando pobreza!
Ello lo permite el sistema actual del decreto ley N° 3.500, mecanismo de capitalización individual donde cada uno se las arregla. Efectivamente, para la persona con ingresos superiores a un millón de pesos, a un millón y medio, funciona perfecto. El problema radica en que la gran mayoría de la población -y de manera especial quienes ganan el ingreso mínimo o trabajan en la Administración Pública- percibe remuneraciones inferiores, a lo que se suma el hecho de que no se le imputa todo lo que gana, sino solo un porcentaje.
¡Y hoy estamos aquí avalando una vez más la sinvergüenzura del Estado! Porque se trata de eso. ¡Estamos avalando algo que resulta brutalmente injusto para quienes han dedicado una vida al trabajo! Y lo hacemos por la vía del incentivo, del bono.
A mí me llamó una querida amiga, Mónica, y me dijo: "Por favor, Senador, vote lo antes posible y pida que llegue lo antes posible". Y uno, no con indiferencia, sino con pena, constata que nos vemos obligados a hacerlo cada vez que se presentan los incentivos.
¿Por qué se tienen que considerar hasta 11 años para el efecto del pago a quienes han trabajado 20 o 30 años en un servicio público? ¡Si registran 20 años! ¡O 30! ¡O más! Año trabajado, año pagado, señor Presidente. Y esto lo hemos venido sosteniendo permanentemente.
Por eso, más allá de estas "conquistas" que se logran a través de acuerdos con distintas organizaciones, quiero dejar una vez más mi testimonio de que sinceramente resulta penoso, por decir lo menos, volver a constatar que hoy día, por la vía de un bono que no repara el efecto negativo que el Estado causó en sus trabajadores, estamos generando lo que se denomina "incentivo al retiro".
Vamos a votar a favor, como todos; pero tiene que quedar claro que nuestro parecer -y estoy seguro de que cada uno de los Senadores mantiene el mismo criterio- es que el Estado debe corregir, de una buena vez, la abusiva situación que afecta a nuestros trabajadores.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, mis primeros comentarios quizás no van a ser comprendidos, pero quiero manifestar que la iniciativa en debate me carga.
A mí me parece inadecuado que tengamos que pasar cada cierto tiempo por un proceso conforme al cual los trabajadores del sector público han de negociar con el Ejecutivo. Lo hacen diferentes sectores, producto de lo cual se usa a los de la salud contra los de la ANEF, etcétera. Se origina una dinámica en verdad molesta.
En términos reales, debería existir una ley permanente de incentivo al retiro hasta que se verificara una profunda reforma en el sistema de ahorro particular existente para las pensiones de la mayoría de los chilenos, que no es previsional, y en lo que queda del correspondiente al ex Instituto de Normalización Previsional.
Estos cuerpos legales que duran un tiempo son poco adecuados. Entiendo que para los trabajadores del sector público que se van a ver "beneficiados" se trate de algo necesario. Pero también deseo consignar que cada vez que los aprobamos nos meten una cuchufleta, digamos -no voy a buscar la palabra académicamente correcta para lo que quiero decir-, cuando se fijan cupos de trabajadores. Y cuando son insuficientes -porque nunca alcanzan-, se usa un mecanismo muy odioso, que puede ser arbitrario en el caso de ciertas autoridades.
Voy a votar a favor del proyecto, sin duda. Sé que no es para algunas personas en las galerías, sino para aquellos a quienes representan. Y entiendo que, en ese sentido, es una normativa necesaria.
En otros tiempos, la ANEF negoció condiciones mejores que las actuales para los incentivos al retiro. En una perspectiva histórica, el mecanismo que nos ocupa podría ser interpretado hasta como un retroceso y un producto de una estrategia del Ejecutivo que apuntó a dicho efecto en el caso de la ANEF, usando a otros gremios que tuvieron que negociar antes para obtener este logro.
A mí me gustaría que pudiéramos avanzar progresivamente en una norma más permanente, para que el Congreso no esté viendo el asunto cada dos años. Esperemos que esta sea la última vez que hay un incentivo al retiro de este tipo. Lo digo para otros sectores.
Quisiera dejar constancia de mi discrepancia absoluta con la lógica de los cupos, por tratarse de un derecho que se establece, pero que no necesariamente termina siendo para todos, ya que siempre está sujeto al marco presupuestario. Se generan situaciones poco adecuadas.
Deberíamos aplicar una lógica de incentivo al retiro que sea permanente, sin un plazo para acogerse al mecanismo. Tendría que reconocerse que hay un problema en el "sistema previsional". Por lo menos, a los trabajadores del Estado no se les va a hacer más daño que el causado por el modelo establecido a partir del decreto ley N° 3.500.
Espero que la próxima vez que nos ocupemos en aspectos previsionales respecto a este grupo de trabajadores sea en el marco de una tremenda reforma en la materia y con el debate previo que resulta fundamental. Ojalá que algunos de los que han intervenido aquí nos acompañen también en esa discusión.
Para cambiar el estado de cosas se necesita una reforma tributaria en serio, un nuevo pacto fiscal, a fin de financiar un sistema previsional de una vez por todas. Creo que ese es el debate que tiene que anteceder a una solución más estructural y definitiva en este punto.
Cuando se hace referencia a los cupos, me ha dolido mucho lo que ha pasado en el sector Salud. Me ha tocado verlo. La situación es vergonzosa. Y estoy seguro de que es algo que les va a pasar a muchos otros trabajadores afiliados a la ANEF. En verdad, no sé quién termina repartiendo los primeros cuando se hacen escasos.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, no sé cuántas iniciativas de la misma naturaleza hemos estado aprobando para distintos sectores laborales, las cuales básicamente tienen por finalidad el financiamiento de un incentivo al retiro.
No conozco otro país en que el Estado tenga que estar incentivando para que los trabajadores se acojan a jubilación. Ello da una señal de que algo no funciona bien y tiene que ver con el sistema previsional, el cual no reviste tal carácter, en realidad, sino el de un ahorro forzoso en beneficio de quienes administran la plata de los trabajadores. Porque es preciso decirlo con claridad: no se garantizan pensiones y se fortalece el mercado de capitales.
Claro, estamos muy ufanos de este fortalecimiento. Nos celebran en la OCDE y en todo el mundo. En Chile se dan conferencias especiales para enorgullecernos de cuán financiado se encuentra el último sistema y sólida resulta ser nuestra estructura en este ámbito. Pero no se dice que ello es gracias al aporte del sector laboral.
Efectivamente, como lo expresó el Honorable señor Bianchi, hemos estado trabajando con Senadores de todas las bancadas en una Comisión que tiene por finalidad proponerle un debate a esta Corporación -y que esta también se lo exponga al Ejecutivo- acerca de cuáles son los cambios que debe recibir el modelo previsional. Y, naturalmente, no vamos a hacer el planteamiento respectivo ante un Gobierno que está terminando, sino ante el próximo.
Dicho órgano técnico tiene totalmente terminada y despachada su labor, para que sean discutidas aquí las conclusiones y recomendaciones. Naturalmente, los parlamentarios no disponemos de facultades para emprender las modificaciones mencionadas, pero sí enfrentamos la responsabilidad de asumir la representación de los trabajadores, especialmente la de quienes están recibiendo pensiones indignas y la de aquellos que se quejan a diario de no contar con ninguna seguridad en el momento de dejar de percibir su remuneración en servicio activo y acogerse a una jubilación.
En todos los países del mundo existe, de una u otra manera, un sistema en que el Estado se la juega y pone recursos para garantizar pensiones dignas.
Se ha expresado que media la amenaza de que podríamos volver a un mecanismo de reparto. Lo peor que puede ocurrir es que continuemos con la capitalización individual, conforme a la cual las que sacan las utilidades y la gran rentabilidad son las empresas que administran los fondos del sector laboral. Los recursos se obtienen al 5 por ciento de interés anual y son colocados en el sistema financiero, el cual, a su vez, hace otro tanto por la vía de créditos a los mismos trabajadores o a sus familias a una tasa sobre el 50 por ciento anual. Entonces, cuando uno hace referencia al fin de las administradoras de fondos de pensiones o del modelo a que hago referencia, naturalmente saltan muchísimas instituciones e intereses que estamos tocando, quizás los más poderosos del país.
Entiendo que se va a registrar una resistencia enorme al cambio en este ámbito. Por eso, en la Comisión hemos hecho un planteamiento con flexibilidad: "Los que quieren defender el sistema, que sigan en este". Trabajadores usuarios de las administradoras vinieron a defenderlo y vamos a dejar la alternativa de que continúen bajo sus términos.
La principal conclusión a la que se ha llegado es la de garantizar la libertad de elección. Normalmente, en el Gobierno actual se ha levantado mucho la voz respecto de aplicarla en la educación, en la salud; pero ella no existe en materia previsional. Quiero establecer la posibilidad de que los trabajadores decidan dónde ponen su plata y, por tanto, dónde van a tener una garantía de un sistema previsional justo y digno.
Si me da un minuto más, señor Presidente,¿
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor TUMA.-¿ finalmente deseo expresar que, en cotizaciones obligatorias anuales de los trabajadores, el sistema de administradoras de fondos de pensiones recibe 4 millones 356 mil 200 billones de pesos. ¿Y cuánto paga en pensiones? La mitad. ¿Qué hace con el resto? Se acumula, lo que hoy asciende a 80 millones de billones de pesos. Podría ser dueño de todas las empresas de Chile. Y, sin embargo, sigue otorgando pensiones indignas y de hambre. En consecuencia, es urgente modificarlo.
Me parece que el proyecto de ley es meritorio. Hay que aprobarlo en la medida en que no contamos con un sistema distinto. Pero el que tenemos que corregir es el fondo del modelo actual. Invito al Congreso y a los trabajadores a insistir en una reforma previsional en serio, para que no se continúen negociando incentivos al retiro todos los años o cada tres años.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, una vez más nos encontramos discutiendo en el Senado un bono de retiro.
A los dirigentes de los trabajadores del sector público -los conocemos a todos, son muy luchadores- suele costarles mucho conseguir un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente, para materializar este tipo de iniciativas. Y no cabe duda de que la que nos ocupa persigue reparar en algo lo que en justicia corresponde.
En primer lugar, se entrega una bonificación por retiro de la ley Nº 19.882 para los funcionarios que, entre el 1 de agosto de 2010 y el 30 de junio de 2014, cumplan la edad legal de jubilación establecida en el decreto ley Nº 3.500 y que cesen en sus cargos en los plazos que se indican, a más tardar el 31 de marzo de 2015, en los términos señalados a continuación:
a) Se aumenta a once el número máximo de meses de la bonificación por retiro, para hombres y mujeres.
b) No se aplicará la disminución de meses que procede por cada semestre en que el funcionario haya permanecido en servicio luego de cumplir 60 y 65 años de edad, según corresponda.
En segundo término, se otorga una bonificación adicional de 395 UF, por una sola vez, para los funcionarios y las funcionarias que cumplan los requisitos de la bonificación por retiro de la ley Nº 19.882. Y se explicitan las condiciones bajo las cuales es posible acceder a este beneficio.
Asimismo, se da un bono especial de permanencia a los funcionarios y funcionarias que sirvan un cargo en las plantas de profesionales, directivos, fiscalizadores y jefaturas; que se encuentren asimilados a una de ellas, o que reciban la bonificación adicional del artículo 3º del decreto ley Nº 479. Este bono corresponde a un pago de 5 UF por cada año de servicio sobre los 20 años, con un tope de 100 UF.
Además, se entrega una bonificación por antigüedad para los funcionarios y las funcionarias que perciban la bonificación adicional de 395 UF, que consiste en un bono de 10 UF por cada año de servicios sobre los 40 años, con un tope de 100 UF.
En fin, hay una serie de beneficios que los dirigentes han logrado. Imagino que eso los deja muy contentos. Por lo mismo, nos aplauden y hasta nos agradecen por estar aprobando hoy esta iniciativa.
Se premian 40, 50 años de servicio. Sin embargo, vemos que en otras actividades del país, sobre todo en el norte, por término de conflicto, luego de negociar un pliego de peticiones durante 2 años, se entregan 20 a 25 millones de pesos.
¿Cuánto van a recibir en el mejor de los casos los funcionarios a quienes apunta este proyecto? Percibirán 15 millones, 18 millones, 20 millones, por 40 y más años de servicio. ¡Y esos otros trabajadores, por término de conflicto luego de 2 años, obtienen 20 a 25 millones!
¡Por Dios que está mal repartida la torta en nuestro país!
Los funcionarios públicos son muy sacrificados. Por ello, nosotros con agrado apoyaremos esta iniciativa.
Como ya han señalado otros colegas, esta propuesta legislativa significará un gasto para el erario de 41 millones de dólares en 2014 y de 72 millones de dólares en 2015; es decir, un total de alrededor de 112 millones de dólares, lo que, en pesos de hoy, equivale a una cifra en torno a los 57 mil millones.
Con gusto votaré a favor del proyecto, señor Presidente.
Naturalmente, habríamos querido dar un mayor beneficio a estos abnegados y sacrificados servidores públicos, pero en estas materias los parlamentarios no tenemos más atribuciones que las de aprobar, rebajar o rechazar. Lo único que podemos hacer por ellos es acoger lo ya acordado con el Ejecutivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, la discusión sobre el sistema previsional es algo apasionante, y a él -¡qué duda cabe!- deberemos abocarnos en algún momento.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar, sinceramente, que este proyecto de ley presenta una serie de méritos.
Uno de ellos refleja lo que hizo el Estado de Chile el año 2013: se sentó a dialogar con sus trabajadores y dispuso recursos para generar programas de incentivo al retiro. Vemos, común y permanentemente, cómo en otros países, incluso desarrollados, el Estado está restringiendo, disminuyendo lo relativo a las pensiones y los beneficios de retiro de sus empleados.
Por lo tanto, siempre hay que tener presente el contexto en el cual se desarrollan estas políticas.
¿Queremos un mejor régimen previsional para nuestros funcionarios públicos? No hay duda de ello. Sin embargo, creo que el hecho de que exista voluntad para conversar, que se expresa no solo en este proyecto, sino también en otros (como el del reajuste), muestra que el diálogo es un camino adecuado para resolver ciertas dificultades apremiantes de los servidores públicos.
En consecuencia, es tan valorable, válida y legítima la actuación del Gobierno como la de las organizaciones gremiales de los funcionarios públicos; en este caso, de la ANEF.
Claramente, se ha llegado a un buen acuerdo. Además de establecerse un bono de retiro, de la lectura de la iniciativa se desprende que hemos ido mejorando la equidad dentro de la estructura institucional en comparación con los anteriores planes de retiro. Por ejemplo, se equipara el beneficio entre hombres y mujeres y se propone una bonificación adicional de igual monto para todos los estamentos.
Adicionalmente, se contempla un bono por trabajos pesados, que consiste en un pago de 10 UF por cada año de servicio en ese tipo de labor. Y se considera la posibilidad de rebajar la edad para acceder al plan de retiro, por la misma causal.
Eso es claramente una señal, un camino extraordinariamente positivo.
Por otra parte, quienes sean imponentes de las AFP podrán tener beneficios complementarios por antigüedad y permanencia, los que tienen un tope de 100 unidades de fomento.
Estos funcionarios podrán postular, en los mismos plazos, al plan de retiro o bono poslaboral consignados en la ley Nº 20.305.
En verdad, los nuevos elementos que se establecen en este proyecto de ley dan cuenta del trabajo acucioso de la mesa de trabajo y de la negociación realizada, con el fin de buscar distintos instrumentos de mejoras y beneficios para los funcionarios públicos.
Además, se permitirá presentar la renuncia voluntaria a su cargo a los funcionarios que cumplieron o cumplan las edades requeridas para la jubilación (65 años los hombres y 60 las mujeres), entre el 1 de agosto del 2010 y el 30 de junio del 2014. Este es un derecho que se les entrega.
Y es muy importante señalar que los exfuncionarios que se hubieran retirado entre el 1 de enero del 2011 y el día anterior a la fecha de publicación de la presente ley podrán solicitar la bonificación adicional si cumplen con los requisitos indicados.
Por ende, señor Presidente, lo realizado por el Ministro de Hacienda subrogante, Julio Dittborn, entre otras autoridades, y la participación del Presidente de la ANEF en la Comisión de Hacienda, quien asistió ayer y hoy, dan cuenta de un trabajo serio frente a una situación compleja sobre la cual no basta declamar ni hacer retórica. Se ha avanzado con seriedad, haciendo una adecuación significativa de los recursos públicos, para beneficiar a quienes, como se decía aquí, han entregado lo mejor de su esfuerzo durante 30 o 40 años en los distintos estamentos de la Administración Pública.
Este proyecto, más allá de los aplausos, será una ayuda para el bolsillo de personas verdaderamente abnegadas.
Y ello es fruto de sentarse a conversar. Ese es el mecanismo que debiéramos usar para resolver los problemas que aquí se han planteado: la situación previsional de los funcionarios públicos y la búsqueda de una mejor estructura laboral para ellos.
Por eso, voto a favor.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, seré muy breve.
Voy a votar favorablemente esta iniciativa de incentivo al retiro, porque soluciona la situación de un conjunto de funcionarios públicos, quienes merecen recibir este reconocimiento y a los que, por sus actuales condiciones, sin este proyecto les resultaría prácticamente inviable jubilar.
La presente iniciativa trae un conjunto de elementos positivos, entre los cuales cabe destacar el que permite a los actuales funcionarios que desempeñen cargos de planta o a contrata completar la antigüedad requerida para estos efectos con hasta diez años de servicio en calidad de honorarios, sujetos a una jornada completa, realizados con anterioridad al año 1998.
Esa es una manera de resolver el problema de las lagunas previsionales, lo cual hacía muy dificultoso a esos trabajadores acceder a una pensión.
Dicho lo anterior, señor Presidente, a propósito de este debate, aquí se han formulado distintos planteamientos en torno a materias tributarias y previsionales. Pero, previo a eso, para mí existe un aspecto fundamental: no toda la remuneración de los funcionarios públicos es imponible. Ese punto es esencial, antes que lo referente al sistema previsional.
En efecto, si no hacemos imponibles completamente las remuneraciones de los trabajadores públicos, siempre va a existir una tasa de remplazo baja y tendremos que lidiar con este tipo de proyectos de ley.
Para mí, ello resulta inexplicable. El significado de tal criterio es que pensamos en el presente de tales funcionarios, pero no en su futuro, en su jubilación. Siempre tendemos a mirar al trabajador activo, no al pasivo.
Sin perjuicio de las propuestas que se hagan para formar comisiones especiales en esta materia, a mi juicio, hay que empezar por arreglar el problema mencionado: el total de la remuneración que percibe un trabajador público debe ser imponible. Y también, obviamente, ha de procurar evitarse todo lo relacionado con los regímenes a honorarios y a contrata.
Si no resolvemos ese inconveniente, siempre se van a presentar complicaciones en el ámbito previsional.
Hay que terminar de una vez por todas con las asignaciones. Y si fuera necesario entregarlas -legítimamente puede hacerse-, estas tienen que ser imponibles.
Señor Presidente, reitero que, más allá de las reformas que se puedan plantear al sistema previsional -las analizaremos en su mérito cuando corresponda-, no puede estar ausente una modificación para establecer que el total de las remuneraciones de los funcionarios públicos, incluidas las asignaciones, sea imponible.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, después de leer parte de la vida de don Clotario Blest, uno percibe que en ciertos momentos la lucha sindical encuentra infranqueables obstáculos para poder desarrollarse. Basta mencionar la imposibilidad de los trabajadores del sector público para negociar colectivamente y, así, ganar más al trabajar más, principio básico de desarrollo de todo actor productivo, en este caso, de los funcionarios públicos.
También recordé cuando tuve la oportunidad de conocer a don Clotario Blest el año 83 en los Salesianos, ocasión en que me regaló dos fotografías autografiadas por él: una del Che Guevara y otra de Gandhi, que aún conservo. En la de Gandhi figura una sola frase: "Sé justo".
Ahora, cuando uno recorre la historia del movimiento sindical en Chile (de la ANEF y de la CUT), se da cuenta de que al final del día sus dirigentes -algunos nos acompañan en las tribunas- tienen el deber moral de luchar por mejorar las condiciones de sus trabajadores. Y por ese esfuerzo pagan costos enormes. Si bien actúan en representación de aquellos y no de intereses personales, terminan siendo perseguidos, expulsados del sistema muchos de ellos y fuertemente castigados.
Por lo tanto, lograr acuerdos como el que nos ocupa en pos de triunfos parciales, igual es un avance. En definitiva, se gana una batalla, pero no la guerra. Y la lucha continúa.
Me parece que, si hubiera un sistema de reparto justo, como el del INP, que permite a los trabajadores públicos acogerse a retiro sin necesidad de incentivo alguno, pues otorga buenas jubilaciones, la verdad es que no tendríamos que estar discutiendo cada año o cada tres meses una iniciativa de esta naturaleza, que en el fondo ¡subsidia a las AFP y oculta el tremendo drama que estas provocan a los trabajadores!
No logramos derrotar al monstruo; entonces, pasamos por el lado y salimos con una ley de incentivo al retiro.
En realidad es el sistema el que se halla absolutamente colapsado. El cambio de régimen previsional, que se hizo con la pistola en el pecho de los trabajadores, nos ha llevado a esto.
Si tuviéramos un sistema similar al del INP, no estaríamos hoy luchando por conseguir este incentivo al retiro. Los trabajadores cumplirían los requisitos para jubilarse y tendrían una tasa de remplazo adecuada.
Todo lo contrario ocurre con algunos funcionarios de la salud en Punta Arenas. Con el Senador Bianchi, ahí conocí el caso de una trabajadora que percibe una jubilación muy inferior a la de una compañera, con los mismos años de servicio, el mismo cargo, la misma edad y en la misma institución.
El señor BIANCHI.- ¡120 mil versus 680 mil pesos!
El señor NAVARRO.- Así es.
Entonces, cabe preguntarse si vamos a conformarnos solo con discutir iniciativas de incentivo al retiro. Por cierto, votaremos a favor la que nos ocupa. Pero está claro que aquí hay una deuda. La tuvieron los Gobiernos de la Concertación; la tiene este Gobierno de Derecha. Yo espero que en la Administración de la Presidenta Bachelet entremos al fondo del asunto: establecer la negociación colectiva de los trabajadores públicos y terminar con el sistema de las AFP, que ha colapsado y fracasado en su principal objetivo.
Al respecto, yo estoy claro, no como José Piñera, quien desde España dijo a su hermano Sebastián que el nuestro es un sistema de ahorro y no de pensiones. Entonces, existe una contradicción en el propio padre fundador del sistema en cuanto a la finalidad de este.
A mi juicio, lo relativo a los once meses debiera ser parte de una legislación compensatoria previa. Con ella diríamos: "Mientras no logremos cambiar el sistema de AFP, vamos a ir por los años trabajados de los funcionarios del sector público".
De esa forma, señor Presidente, no tendremos que lidiar en cada oportunidad con el Ministro de Hacienda de turno, quienes son todos cortados por la misma tijera: estudiaron en Harvard; se comportan más o menos igual, sean de la Concertación o de Derecha. ¡Son todos parecidos!
--(Aplausos en tribunas).
No sé quién va a ser el próximo en ocupar dicha Cartera. Habrá que esperar para tener una opinión al respecto.
En definitiva, es necesario evaluar la crisis de fondo.
Se puede señalar que este proyecto es un paliativo, cuya aprobación me parece bien. Pero no hay que olvidar jamás que hay un tema pendiente con relación a los trabajadores públicos, porque los que jubilarán ya no lo van a recordar. En ese sentido, quienes vamos a continuar ocho años más en el Senado tendremos el deber moral de luchar, al igual que los dirigentes sindicales, para cambiar este sistema y, así, dar soluciones de fondo.
¡Patagonia sin represas!
¡No más AFP!
¡Nueva Constitución, ahora!
--(Aplausos en tribunas).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero partir saludando a los dirigentes que nos acompañan, entre los que se encuentra Raúl de la Puente. Agradezco su presencia y los felicito por su trabajo.
Ellos han planteado, con mucha seriedad y claridad, la necesidad de establecer un plan de incentivo al retiro para los funcionarios del sector público. Finalmente, se logró acuerdo para ello, cosa que celebramos. Vamos a aprobar la iniciativa que lo refleja, porque evidentemente se trata de una materia importante y necesaria.
Cabe preguntarse por qué, de tanto en tanto, debemos tratar en la Sala proyectos sobre incentivos al retiro, que proponen una compensación, un bono, en fin. En este caso, equivale a once meses; en otros, a nueve.
Ante ello, uno concluye que algo ha venido fallando. ¡Eso es claro!
Cuando se estableció el sistema de las famosas AFP, a la gente no se le explicó con claridad en qué consistía. Se le presionó para que se cambiara, sin mayor información. Considérese, además, que en ese momento nos encontrábamos en plena dictadura.
El resultado de ello produjo daño previsional a los trabajadores. Y eso es innegable. Por lo tanto, ahora hay gente de mucha edad que no puede jubilar debido a su baja tasa de reemplazo.
Asimismo, es cierto lo señalado por el Senador Orpis: las pensiones se afectan si no se impone por el total de las remuneraciones. Ese es, definitivamente, un factor adverso a la hora de pensar en retirarse.
En el fondo, son varias las materias que se cruzan. Un proyecto como el que nos ocupa se halla muy acotado. Pero el asunto de fondo se refiere más bien al sector público, muchas veces bastante vilipendiado, no siempre valorado ni apreciado en la entrega que hace.
Celebro que haya habido acuerdo en esta materia. Pero también debe reconocerse que durante el actual Gobierno ha habido huelgas muy prolongadas de los servidores públicos.
Los empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación estuvieron no sé cuántos días en paro, y vimos la gran incapacidad del Ejecutivo para establecer una mesa de trabajo y llegar a una solución.
La gente de la JUNJI y la de distintos servicios también ha vivido una situación compleja, la que, además, afectó al público, que se sintió molesto por los problemas que se derivaron.
Al final, las consecuencias las pagan los trabajadores, quienes reciben los reclamos. Pero si llegaron a ese extremo, quiere decir que sus demandas requieren una respuesta.
En materia de honorarios, no hemos logrado nunca hacer cumplir la ley. Y seguimos con el vicio de tener personas trabajando 15 y 20 años a honorarios; que cumplen sus labores vez tras vez y mantienen esa calidad sin darles la ocasión de ingresar a las respectivas plantas. Con ello vamos acumulando situaciones de injusticia y de insatisfacción que no sé por cuánto tiempo podremos soportar.
Señor Presidente, creo que ha llegado el momento de pensar seriamente en generar una solución diferente y que dé cuenta de lo que está pasando.
Aquí tenemos tasas de remplazo bajas; las jubilaciones son escasísimas; la gente trabaja mucho más allá de la edad normal para jubilarse; el daño previsional no ha sido suficientemente compensado; seguimos bajo un sistema de AFP impuesto, en que hay altas comisiones y en las cuales los trabajadores no tienen gran participación. Pese a que son sus fondos de capitalización, no cuentan con la información pertinente y, además, se ven afectados cuando hay pérdidas.
Ciertamente reciben beneficios cuando la inversión es positiva, Pero a la hora de las pérdidas no se socializa con ellos. Las AFP siguen ganando y los directores continúan percibiendo sus sueldos y solo el trabajador es el perjudicado.
Lo relativo a este asunto es un tema de fondo. Habrá que abordarlo. Será un tremendo desafío para la nueva Administración. Espero que seamos capaces de avanzar y lograr una sociedad mucho más equitativa para los trabajadores, en particular del sector público.
Los funcionarios de la Administración Pública en la Región de Atacama han solicitado que la suya sea considerada zona estratégica, lo que es de toda justicia. No se la puede catalogar como extrema, pero la carestía de vida generada por lo que significan los proyectos mineros (especulación con las viviendas; rentas, en fin) es dramática. Y con toda razón los empleados públicos, a quienes apoyo, piden algún tipo de compensación, de bonos.
No puedo dejar de mencionar su situación y mi solidaridad con ellos por la justeza de su demanda.
Voto a favor del proyecto, pero deseo dejar establecido que se trata de una solución puntual, la cual, no obstante que beneficiará a un grupo importante de funcionarios, no va al fondo del problema. Este quedará pendiente, y alguna vez deberemos abordarlo y lograr jubilaciones dignas, compensar el daño previsional y poder decir finalmente que hemos construido una sociedad más justa.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor) y, por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
--(Aplausos en tribunas).