CREACIÓN DE PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
Antes de iniciar mi exposición, quiero hacer presente que se acercó a la Mesa el Senador Elizalde indicando que no tenía inconveniente para autorizar el ingreso a la Sala del Subsecretario Pavez.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
El señor BIANCHI.- Sí.
--Se autoriza el ingreso.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
El señor PIZARRO (Vicepresidente).- ¡Estaba dentro ya...!
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, procedo a rendir el informe acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Pensión Garantizada Universal, originado en el mensaje boletín N° 14.588-13, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
Sobre los asistentes a las sesiones de la Comisión de Hacienda que estudió el presente proyecto de ley, concurrieron, además de sus miembros titulares y el Senador Pizarro: del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Rodrigo Cerda, y el Subsecretario, señor Alejandro Weber; de la Dirección de Presupuestos, la Directora, señora Cristina Torres; del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Ministra, señora Karla Rubilar; del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministro, señor Patricio Melero y sus respectivos asesores. También concurrieron, como expositores, el Consejo Fiscal Autónomo, el Servicio de Impuestos Internos, y las agrupaciones gremiales que solicitaron ser escuchadas.
Respecto de la tramitación en particular del proyecto, cabe señalar que fue despachado previamente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondiendo a la de Hacienda pronunciarse sobre los asuntos de su competencia, y que los antecedentes están consignados en el informe respectivo.
Por lo tanto, la Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1, números 7, 10 b), 14, 16, 17 d), 18 b), 19 y 24 b); 2, números 1, 2 a), 3, 4, 6 y 8; 3, número 2; 4, número 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24 y 25 permanentes, y sobre los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo y decimotercero transitorios.
Durante la discusión se escuchó al Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero, quien refirió lo siguiente:
El objetivo del proyecto es mejorar las pensiones de las y los actuales pensionadas y pensionados mediante la creación de una pensión garantizada universal de un monto máximo de 185 mil pesos.
Este beneficio sustituye los actuales beneficios del pilar solidario, PBS y APS.
Lo pueden recibir pensionados bajo cualquier modalidad de pensión.
Su financiamiento es de cargo fiscal.
Como requisito para acceder al beneficio, el o la solicitante debe haber cumplido sesenta y cinco años, no pertenecer al 10 por ciento de mayores ingresos, acreditar residencia de al menos veinte años y contar con una pensión no superior a 1 millón de pesos.
Sobre su monto, es para todo el universo de beneficiarios, independiente de su focalización.
Para quienes tengan una pensión base menor o igual a 630 mil pesos, el monto máximo a recibir como beneficio es de 185 mil pesos. Para aquellos cuya pensión base esté por sobre los 630 mil y menos de 1 millón de pesos, el monto irá disminuyendo en forma lineal.
El monto se reajustará el 1 de febrero de cada año, según IPC.
En cuanto a las modificaciones a la ley N° 20.255, el proyecto aumenta la cobertura del pilar solidario de invalidez y amplía la cobertura y monto del subsidio de discapacidad mental para menores de dieciocho años.
Se establecieron definiciones respecto del instrumento de focalización y el test de afluencia que se utilizará para identificar al 10 por ciento más rico.
La asignación será automática al mayor beneficio.
Se considera bono compensatorio para los beneficiarios de APS financiado con recursos propios.
En conclusión, se propone la creación de la Pensión Garantizada Universal, de carácter no contributivo, de vejez, que beneficiará al 90 por ciento de adultos mayores de sesenta y cinco años o más. Este beneficio alcanza una cobertura de 2 millones 145 mil adultos y adultas mayores.
La PGU reemplaza al beneficio del pilar solidario, trámite que se realizará automáticamente, exceptuando a una menor parte que deberá optar.
Podrán acceder al beneficio pensionados bajo cualquier modalidad, sin distinción. Asimismo, podrán acceder aquellos adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Serán también beneficiarios las y los pensionados de invalidez, quienes verán aumentado el monto de la PBS de invalidez. Y se incorpora a 56 mil nuevos beneficiarios mediante la ampliación de cobertura del 60 al 80 por ciento más vulnerable.
Respecto a los beneficiarios de la iniciativa, se indica que de 1.800.050 beneficiarios del pilar solidario pasan a ser 2.461.264 potenciales beneficiarios, dentro de los cuales contamos beneficiarlos de la Pensión Garantizada Universal y del pilar solidario de invalidez.
Asimismo, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Karla Rubilar, planteó cuestiones acerca del subsidio de discapacidad mental, que asciende a cerca de 71 mil pesos, reajustado por inflación. Indicó que con el cambio de cobertura se alcanza al 6 por ciento más vulnerable, llegando a un valor de 92.500 pesos, anclado al monto de la pensión garantizada. Explicó también, de manera breve, cómo funciona el subsidio que existe para la discapacidad severa de la ley 20.422. En definitiva, señaló que con la indicación presentada los beneficiarios aumentan más del 50 por ciento con respecto a los que actualmente reciben dicho aporte.
Dentro de las adiciones que se efectuaron en la Comisión de Hacienda, podemos contar:
1.- El establecimiento de la automaticidad de la entrega del beneficio para menores de diecisiete años que no hubieran solicitado el aporte de invalidez, cuya solicitud deberá ser presentada por el Instituto de Previsión Social, asegurando con esto que se reciba el beneficio de manera automática.
2.- La determinación de lo que debe entenderse por test de afluencia para efectos de determinar los potenciales beneficiarios que quedan adscritos a los aportes que considera este proyecto de ley.
3.- Se mejora la redacción del reajuste de la PGU en julio de 2022 y febrero del 2023.
4.- Se precisa la forma y oportunidad de entregar el bono compensatorio.
En cuanto a los antecedentes financieros, cabe indicar que se presentó el informe financiero N° 119, de 20 de septiembre de 2021, de la Diprés, que contiene la ampliación y el fortalecimiento del pilar solidario y la reducción o eliminación de exenciones. En dicho informe se efectúa una proyección del mayor gasto fiscal del pilar solidario entre el 2021 y el 2055. Asimismo, se realiza una proyección de la recaudación fiscal esperada para la reducción o eliminación de exenciones tributarias propuestas por el Ejecutivo. En dicho primer informe se contabilizaba un total de 0,33 por ciento del producto interno bruto asociado a pensiones y exenciones.
Posteriormente se presentó, por parte del Ejecutivo, el informe financiero sustitutivo N° 182, que considera la información del informe financiero anterior, actualizada, y el mayor gasto que implica la actualización del pilar solidario a una pensión garantizada universal, con un total de 244.037 millones de pesos, en régimen.
Luego se presentó el informe financiero complementario N° 13, de 18 de enero de 2022, el que contempla nuevas medidas de recaudación fiscal, el mejoramiento del subsidio de capacidad mental, y una actualización de las proyecciones del aumento de la cobertura del sistema de pensión solidaria de invalidez.
Finalmente, se presentó el informe financiero sustitutivo N° 16, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 20 de enero de 2022, en el cual se repiten los antecedentes de los informes previos y se incorpora la proyección del gasto del primer reajuste de la PGU en julio de este año y en febrero de 2023.
En definitiva, señor Presidente, el presente proyecto de ley fue aprobado en sesiones celebradas los días 20 y 24 de enero de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Rincón y señores Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.
A las reuniones formales les antecedieron en forma previa otras informales de los colegas de las Comisiones de Hacienda y del Trabajo con los equipos del Ministerio de Hacienda y del Presidente electo, Gabriel Boric, más Diputadas y Diputados.
Todo esto permitió un trabajo eficiente, colaborativo, que hizo posible mejorar sustantivamente no solo el proyecto de la PGU en la Comisión del Trabajo, y de su complemento, en la de Hacienda, sino también el de exenciones tributarias, que dará financiamiento a dicho beneficio.
Es todo lo que puedo informar, señor Presidente.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
El proyecto de ley que crea la Pensión Garantizada Universal es un gran avance para lograr la universalidad del derecho a la seguridad social en el ámbito de las pensiones en nuestro país.
Sin lugar a dudas, el derecho a la seguridad social, que incluye la salud, la seguridad laboral, las pensiones, los beneficios sociales y la empleabilidad es un derecho humano. Por lo tanto, estos son y deben ser universales, inalienables e indivisibles, pero también tienen que ser progresivos y transversales. Y son precisamente estos dos aspectos los que incorpora la PGU o Pensión Garantizada Universal a la legislación chilena, permitiendo que las personas mayores de nuestro país tengan un piso mínimo de dignidad para vivir.
Es cierto que el número 18º del artículo 19 de nuestra actual Constitución establece la seguridad social como un derecho fundamental. Sin embargo, ello debe actualizarse a través del esfuerzo fiscal y la política pública que permiten que sea efectivo su cumplimiento, y dejarlo impreso en papel y no solo a través de las palabras.
Fue precisamente el año 2008, con el establecimiento del pilar solidario por la ex Presidenta Michelle Bachelet, cuando comenzó a cumplirse la promesa de la seguridad social como un derecho efectivo asegurado. Hoy un Gobierno de signo político diferente propone profundizar el camino ya iniciado, lo que da la señal inequívoca de que ante derechos sociales como el que discutimos hoy podemos diferir en la fórmula o el camino, pero estamos juntos frente al objetivo final.
Lo decíamos en nuestro programa presidencial, en donde se proponía una pensión básica universal, propuesta en que coincidíamos con otras precandidaturas, incluyendo la del Presidente electo, que permitía asegurar a nuestros adultos mayores un sustento igualitario, sin discriminaciones y cumpliendo con la deuda histórica que tenemos con ellos. La protección de nuestros ciudadanos mayores es tarea de todas y de todos, sin importar el color político o la visión de mundo a la que adhiramos.
Como he dicho, Presidente, estamos de acuerdo con el instrumento, pero no podemos sino hacer un punto sobre la perspectiva de género que creemos debiera adoptarse en políticas públicas como la PGU. Estamos en conocimiento de la amplia brecha laboral y de ahorro que existe entre hombres y mujeres a lo largo de su vida laboral. Las mujeres se incorporan más tardíamente al mundo laboral, perciben remuneraciones un tercio inferiores a las de los hombres, tienen mayor inestabilidad laboral, jornadas de trabajo menores y lagunas previsionales ocasionadas por su opción de ser madres, entre otros factores que aumentan su vulnerabilidad.
Pese a ello, este proyecto considera como edad de inicio del beneficio los sesenta y cinco años para hombres y mujeres, siendo la edad mínima para estas últimas de sesenta años. Sin lugar a dudas, hubiésemos esperado un esfuerzo adicional que permitiera que estas brechas se fueran acortando.
Con todo, esta iniciativa permitirá llegar a más de 2,1 millones de chilenas y chilenos, con un aporte de hasta 185 mil pesos estén o no trabajando. Creemos que es importante esta cifra, pero no la óptima, y lo hemos escuchado del Presidente electo Gabriel Boric. Es significativa, porque está justo por sobre de la línea de pobreza. Asimismo, iguala la normativa de pensiones de invalidez a la de la PGU.
Así, este proyecto, que da un paso más hacia la transversalidad y el establecimiento de la seguridad social en materia previsional, es un avance. Sin embargo, somos de la opinión de que en el futuro cercano debiese asegurarse un piso mayor de dignidad en las pensiones, logrando llegar al menos a una indexación al salario mínimo ajustado por inflación.
Como he mencionado, Presidente, saludamos que mediante esta iniciativa se mejoren las condiciones de las personas mayores de nuestro país. Sin embargo, creemos que, en la medida en que la evolución de la situación fiscal lo permita, debemos mejorar los tramos inferiores de esta política pública.
Hoy existe un gran número de personas del tramo inferior a la que esta iniciativa solo les permitirá incrementar marginalmente su pensión. Además, no consideramos un plan respecto, por ejemplo, de miles de trabajadoras y trabajadores de la pesca artesanal, quienes luego de años de contribuir a la economía nacional no cuentan con una pensión. Tampoco se contempla la plataforma social para los trabajadores de la cultura, entre muchos otros quienes están en una situación vulnerable desde el punto de vista laboral.
Presidente, nobleza obliga. Y es por ello que quiero agradecer sinceramente, independiente de las críticas sobre la conveniencia política o no de que se hiciera en el inicio de esta Administración, tanto a los representantes del Ejecutivo, a los Ministros de Hacienda, de Desarrollo Social y del Trabajo, y al Director de Impuestos Internos. Creo que tenemos que saludar al Gobierno y también a los parlamentarios de ambas Cámaras, al equipo del Presidente electo y a los integrantes de la Comisión de Trabajo, en especial a su Presidenta Carolina Goic, quienes perfeccionaron el instrumento previsional de la PGU.
Este proyecto de ley implica un tremendo esfuerzo fiscal. Son cerca 3 mil millones de dólares en régimen (0,97 puntos del PIB) los que financiarán esta política pública que beneficiará a las personas mayores. Los ajustes tributarios y de recaudación que se han hecho para conseguir el monto final han sido importantes, pero debemos mirar su sustentabilidad en el escenario de largo plazo. El desafío de establecer políticas sociales de derechos, como la PGU, implica también tener una adecuada responsabilidad fiscal para no vulnerar las legítimas expectativas de millones de personas. Es por lo anterior que debemos tener en cuenta que las sucesivas modificaciones que se realicen a la PGU deberán contar con su respectiva adecuación tributaria.
Finalizo, Presidente, haciendo mención al poder del diálogo. El hecho de que hoy estemos discutiendo este proyecto es una muestra de que quienes estamos en política logramos buenos resultados cuando nos ponemos de acuerdo. No poniendo atención al cálculo político pequeño, sino que mirando y escuchando al país. Sin duda, el próximo Gobierno tendrá la oportunidad de proponer mejoras en cobertura, montos y otras materias. Y cuando ello ocurra, por supuesto que estaremos desde el primer día apoyando las iniciativas que vayan en beneficio de las y los chilenos.
Por ello, voto a favor, Presidente.
La señora RINCÓN.- Presidente, más allá de que este tema se planteó y se discutió en la Comisión de Hacienda a efectos de poder tener un beneficio para todos los incorporados en leyes de reparación, no logramos el acuerdo con el Ejecutivo para poder incluirlos en los mismos términos que el resto del sistema.
Entonces, el efecto que se provocaría de rechazarse esta norma, vale decir, que se cayera esta norma es que hay un aumento del gasto. Ahí hay dos tesis en el Tribunal Constitucional. La tesis minoritaria sostiene que si es una consecuencia de una discusión no sería inadmisible. El problema es que el Gobierno perfectamente puede recurrir al Tribunal Constitucional y eso afecta el proyecto. Eso fue parte de las discusiones prelegislativas, por decirlo de alguna manera. Y en pos de no afectar la tramitación de la iniciativa, y en la perspectiva de que la pudiéramos sacar adelante, se avanzó en la medida de lo que fuimos logrando con la anuencia del actual Gobierno. Pero lo conversamos con los equipos del Presidente electo, y no seguimos insistiendo por las consecuencias que trae.
Presidente, esa es la explicación de por qué viene en estas condiciones.
Gracias.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidente.
La verdad es que a ratos creo que nos enredamos, nos confundimos y se instalan opiniones en esta Sala que dejan a unos como los buenos y a otros como los malos.
Lo que está haciendo este artículo, que no se ha aprobado todavía y que, por lo tanto, requiere la concurrencia de al menos 22 de nuestros votos para ello, es reemplazar el artículo 36 vigente, que se refiere a los titulares de ciertas pensiones -pensiones de gracia, exonerados, Ley Valech, de la Corporación Nacional de Reparación y otros-, para decir que tendrán los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan con ciertos requisitos. En el caso específico de este tipo de beneficios, deberán cumplir con tener una pensión de vejez o sobrevivencia. Lo que está haciendo la ley en proyecto es decir que estas personas podrán ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal y que se les va a complementar lo que falte para llegar al monto de la PGU.
La verdad es que no se entiende que se diga que no se les va a dar un beneficio cuando hoy día para tener derecho a este deben contar con una pensión de vejez. Y lo que aquí se está diciendo es que van a tenerlo siempre y que se va a complementar.
Entonces, si rechazamos esta norma -nosotros tratamos, y ahí hubo un punto del Senador Letelier; y podría corregirlo la Senadora Goic en la Comisión de Trabajo, pues no se logró meter la norma completa de los beneficiarios de estos sistemas-, se cae el beneficio.
¿No es todo lo que queríamos? Sí; es verdad.
Pero existe la posibilidad de que en un próximo Gobierno, en marzo, se presente la norma para completarlo en todo lo que se quiera. Pero que no se diga que no se está legislando o que se les está dejando fuera.
Esto es lo que logramos.
Si no cumple con los 22 votos, se cae la norma.
Esa es la realidad.
Es importante que quede claro, para los efectos de que todos nos hagamos responsables, darlos o no darlos.
La norma debe ser votada, porque se pidió votación separada. No tuvo, por lo tanto, el tratamiento del resto del proyecto. Y es lo único que falta para despacharlo.
Y ello está, además, dentro del marco de un acuerdo con los que entran del Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric y los que salen del Gobierno del Presidente Piñera.
Gracias, Presidente.