ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE MECANISMO EXCEPCIONAL DE RETIRO PARCIAL DE FONDOS PREVISIONALES

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, hoy debemos votar la reforma constitucional que autoriza un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Y nos vemos ante esta disyuntiva como resultado de una pandemia que se ha prolongado por mucho tiempo y que ha generado un enorme drama social, con una gestión muy deficiente de parte del Gobierno tanto en materia sanitaria como de ayuda social, la cual claramente ha sido tardía e insuficiente en un cuadro complejo para las familias y en que muchos se han visto afectados en sus ingresos.

Son muchos los que han perdido el trabajo y los que han experimentado una disminución en sus remuneraciones. Y el Gobierno, lejos de utilizar la capacidad que tiene Chile en el contexto regional, producto de políticas macroeconómicas de ahorro durante bastante tiempo, ha sido profundamente tacaño y se ha negado a que esta ayuda llegue a tiempo y de manera oportuna.

Llevamos ya un año en que el Ejecutivo ha vivido parchando las iniciativas; en que el Presidente hace anuncios sobre anuncios, reconociendo su propio problema, su incapacidad para enfrentar adecuadamente este desafío; con el retorno de la letra chica, que caracterizó al primer Gobierno de Sebastián Piñera, y estableciendo requisitos excesivos que impiden que la ayuda llegue a quienes lo necesitan; con un sector del Gobierno y también de los sectores privilegiados de la sociedad, que exhiben un nivel de insensibilidad sin límites, encabezados por el Primer Mandatario, o que desde el sector privado señalan que las personas no trabajan por los bonos, o que la ayuda social y el tercer retiro se traducen en un encarecimiento de la mano de obra, porque efectivamente un puñado de chilenas y chilenos, los más ricos, han visto aumentar su patrimonio de manera significativa, y, por tanto, no son conscientes del drama que están viviendo las familias en nuestro país; y con un sistema de pensiones que tiene un serio problema de legitimidad, porque si en Chile hubiera pensiones dignas, si estas permitieran llegar hasta fin de mes, tal vez nadie plantearía el retiro de fondos de las AFP como una alternativa para enfrentar la crisis.

Es evidente que la reforma del sistema de pensiones impuesto por la fuerza en dictadura como un mecanismo de ahorro obligatorio, pero no como un sistema de seguridad social tiene un cuestionamiento transversal como resultado de algo muy simple: no garantiza la dignidad que merecen los adultos mayores; genera pensiones indignas, y ha provocado un drama social que probablemente es la principal causa, aunque no la única, del estallido social de octubre de 2019.

En este contexto, y ante la inacción del Gobierno, el Congreso ha tenido que llenar este vacío. Por eso se han promovido múltiples iniciativas para enfrentar este drama social, muchas de las cuales han contado con la oposición sistemática de parte del propio Presidente de la República. Por ello se ha tenido que recurrir a una reforma constitucional, toda vez que la reforma de carácter legal es materia de iniciativa exclusiva que no podría ser tramitada en el Congreso si no es con el patrocinio del Ejecutivo.

El Gobierno simplemente no ha querido contribuir a la búsqueda de una verdadera solución ante el drama que se está viviendo. Eso ha exigido constituir una mayoría amplísima en el Congreso Nacional, que es el fiel reflejo de la mayoría amplísima que existe en la sociedad para apoyar el tercer retiro de fondos previsionales. Porque no debemos olvidar que esta reforma no solo requiere los votos de la Oposición -los ha tenido todos en ambas Cámaras-, sino también el apoyo de parte de los parlamentarios del Oficialismo.

Esta insensibilidad e incapacidad de escuchar del Presidente de la República se ha traducido en un debilitamiento de su liderazgo, si es que a estas alturas lo tiene, y en una brecha sustantiva, significativa que lo separa de la sociedad chilena.

El mejor ejemplo al respecto es la carta pública que suscribieron los ministros de Estado del comité político manifestando que apoyaban al Presidente de la República.

En la historia reciente al menos, aunque en la historia de Chile sí ha habido casos similares, no recuerdo ningún acto de esta naturaleza en que los ministros subordinados del Presidente, que ocupan cargos como máximas autoridades de los ministerios, como secretarios de Estado, hayan tenido que firmar una carta donde expresen que apoyan al Primer Mandatario.

Eso, lejos de ser una muestra de fortaleza, es una señal de debilidad, y da cuenta de que el Gobierno no está dando el ancho, que no tiene la fuerza y sobre todo la suficiente responsabilidad para asumir lo que representa enfrentar esta crisis.

¿Y qué hace el Presidente, que no ordena a su coalición, porque la mayoría del Congreso aprueba esta reforma? Requiere que sus ministros declaren que lo apoyan, porque al parecer muchos lo están cuestionando dentro del propio Gobierno; y, entonces, va al Tribunal Constitucional para evitar que esta reforma se haga realidad.

¿De qué manera? Recurriendo al voto dirimente de la Presidenta del Tribunal Constitucional, quien fue, sin ir más lejos, colaboradora cercana del Presidente Piñera y designada en el cargo precisamente por él.

Por consiguiente, ante la voluntad mayoritaria de la sociedad chilena, que se expresa en una amplia mayoría en el Congreso Nacional, para que el Gobierno impida esta reforma precisa una intervención del Tribunal Constitucional como tercera Cámara, en que ni siquiera se constituye una mayoría nítida respecto de la interpretación constitucional.

¡Francamente absurdo!

Presidenta, voy a votar a favor de esta iniciativa.