ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN DE MECANISMO EXCEPCIONAL DE RETIRO PARCIAL DE FONDOS PREVISIONALES

El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.

Anuncio que votaré a favor de este proyecto.

Ayer circulaba por las redes sociales un video del año 2019 en que el Presidente Piñera afirmaba que no hay nada más inhumano que un gobierno que le niega la ayuda a su propio pueblo. Un juicio perentorio, endurecido todavía con el calificativo de "inhumano". Por cierto, no era un autoanálisis ni un escrutinio a su gestión, sino una crítica al Gobierno venezolano: "no tienen perdón de Dios", concluía.

¡Cuánta intensidad contiene esa declaración para creyentes y no creyentes! Negar la ayuda al pueblo, especialmente cuando sufre, es, en efecto, un acto sin excusas posibles, y negarle al pueblo la posibilidad de que, en último término, se autoayude recurriendo a sus propios ahorros es todavía más imperdonable.

A esos extremos llega hoy el Gobierno. No solo limita el acceso a la ayuda estatal a millones de personas, sino que también coarta, mediante un requerimiento al Tribunal Constitucional, la medida excepcional que permitiría un nuevo retiro de los fondos de previsión. ¡Imperdonable!

Hay un cansancio y un malestar generalizado de la población frente al comportamiento errático y testarudo del Gobierno y de un sector de nuestra sociedad que no ha tenido la capacidad de dimensionar y comprender la compleja realidad por la que atraviesan millones de chilenos.

El Presidente afirmaba hace pocos días que los bonos y ayudas del Gobierno eran mejores que el tercer retiro. Señor Presidente, ¿mejores para los miles de chilenos de clase media que no han recibido ni recibirán ninguna ayuda del Gobierno? ¿Mejores para los comerciantes y emprendedores cuyos negocios no han resistido a las extensas cuarentenas, o a los vaivenes del Plan Paso a Paso? ¿Mejores para las familias que constatan día a día que su dinero vale menos que hace un año, porque productos y servicios encarecen semanalmente?

El primer y el segundo retiro inyectaron más de 34 mil millones de dólares a la economía nacional, mucho más de lo que invirtió el Gobierno en ayuda social. Pero también hubo resistencias, resquicios, prejuicios y presentaciones con otros argumentos ante el Tribunal Constitucional. Se llegó a cuestionar en este Hemiciclo la capacidad de las personas para decidir en qué gastar su dinero. Algunos no han comprendido la magnitud de la crisis, otros la entienden pero prefieren negarla, y se contentan redefiniendo la realidad para que calce con sus intereses y convicciones.

Un alto dirigente del agro elige creer que un temporero prefiere un bono de 100 mil pesos en vez de trabajar. No reconoce la precariedad laboral y la pobreza multidimensional que existe en nuestros sectores rurales. Les resulta más cómodo creer que la gente no trabaja porque no quiere, y que espera que el Estado los mantenga. Como si fuera poco, advierte que la pobreza sería consecuencia de una condición idiosincrática: la falta de voluntad por trabajar.

Resuenan nuevamente las palabras del Presidente sobre Venezuela: ¡inhumano!, ¡imperdonable!

Ciertamente, muchas de las personas más afectadas económicamente por la crisis ya no tienen recursos suficientes en su fondo de pensiones. Algunos ni si quiera alcanzaron el segundo retiro, otros nunca tuvieron un peso en sus cuentas, porque nuestro sistema previsional, bien lo sabemos, es un negocio, y los negocios descartan a los desvalidos, y los endosan al Estado.

Pero hay todavía un grupo importante de personas que cuentan con ahorros previsionales suficientes a los que echar de mano. Son aquellos que no han recibido ningún beneficio del Estado, porque tienen trabajo estable y un salario que, sin ser desorbitante, los ubica en el 20 por ciento menos vulnerable del Registro Social de Hogares. En ese terreno, demasiado amplio, habitan profesores, personal de salud, pequeños empresarios, jubilados del sistema antiguo, funcionarios y empleados particulares, entre otros. Algunos de ellos han visto sus ingresos reducidos, otros tantos han tenido mayores gastos. Muchos se han visto sobreexigidos en sus funciones por la misma paga. Todos esperan una mano que les ayude; nadie se las ha tendido. El Estado no los considera vulnerables. A ellos estos retiros les sirven, y mucho más de lo que piensa el Gobierno.

Chile está lleno de víctimas del COVID, no solo de contagiados, sino de millones de hombres y mujeres que han debido pagar caro los errores de una gestión gubernamental que, ni antes ni ahora, demostró la más mínima empatía por ellos. La suma de las malas decisiones nos tiene hoy aquí, discutiendo un tercer retiro, mientras el Tribunal Constitucional revisa un requerimiento del Gobierno de Chile, ¡del propio Gobierno de Chile!, para ponerle candado a los ahorros individuales de los trabajadores.

Tengo claro que todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos a favor de este nuevo retiro comprendemos que no es una medida ideal, pero es la medida necesaria cuando el Gobierno no ha sabido gestionar la crisis que está viviendo el país. Lo que no podemos aceptar es que el mismo Ejecutivo pretenda dirigir también, a través del Tribunal Constitucional, la labor de legislar.

Espero que los ministros del Tribunal Constitucional y, especialmente, su Presidenta comprendan la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. No está en juego una medida más de ayuda. Tal como nosotros, ellos también juraron respetar la Constitución, que en su artículo 1° impone como primer deber a todos los órganos del Estado dar protección a la población y a la familia, lo que se cumple con hechos concretos y no meras palabras.

Todavía mejor sería que el Gobierno se retractara y retirara el requerimiento, dejando el paso libre a la aprobación del retiro. Así, cuando menos, podrían apelar al perdón de Dios y al del pueblo.

He dicho, Presidenta.