INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS PARA RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN
La señora RINCÓN.- Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que quería escuchar a mis colegas respecto de esta moción.
Señora Presidenta, nos encontramos estudiando este proyecto de ley, que busca modificar la normativa de protección a los derechos del consumidor y la ley de régimen concursal, con el fin de establecer una nueva regulación para las personas que están acogidas al crédito con aval del Estado.
El endeudamiento en Chile no es un tema nuevo. Con más de once millones de deudores, somos uno de los países que concentra la mayor deuda privada en función de los ingresos. Ayer se lo preguntábamos al Consejo Fiscal Autónomo.
Las familias de nuestro país gastan el 70 por ciento de sus ingresos anuales en resolver las deudas. Una de las primeras prioridades de las familias ha sido utilizar los fondos retirados del 10 por ciento en el pago de deudas, algo que cuesta mucho reconocer.
Entendemos que existe la libertad económica privada y la libertad de las personas de adquirir obligaciones financieras y de tomar créditos. Lo que no está bien es que dicha lógica se traspase a bienes esenciales como la salud y, en particular, la educación.
Desde hace varios años, desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos tomado el compromiso como país de avanzar hacia una educación más igualitaria, sin barreras de acceso, y en especial de dejar de considerar a la educación como un bien de consumo. Y es precisamente esto, que la educación no es un bien de consumo, lo que debe guiar nuestras acciones; y el que una sociedad sea cada día más educada y más preparada no beneficie solo a la persona que adquiere dicha formación, sino a la sociedad en su conjunto.
El instrumento del crédito con aval del Estado se formuló con reglas excepcionalísimas en materia crediticia, como el establecimiento de mandato de un banco, títulos ejecutivos especiales, retención de impuestos, todo bajo la lógica de lograr cobrar dichos créditos. Sin embargo, todas esas prácticas, todos esos instrumentos son ajenos al sistema crediticio normal y enfrentaron a los estudiantes a una mochila de deudas que los acompañan no solo hasta el término de su formación universitaria, sino que coartarían sus posibilidades en el mercado financiero, para adquirir nuevos créditos, acceder a la casa propia, entre otros.
Y debo decirle, señora Presidenta, que ningún Senador, ¡ninguno!, que discutió esa ley en aquel minuto votó en contra: todos a favor, fue unánime. Yo no participé en esa discusión, pero me tocó revisarla con posterioridad. Y creo que es importante que hagamos todos un mea culpa respecto de cómo aprobamos ciertas cosas en el Parlamento. ¿Era la solución en el minuto? Probablemente. ¿Las condiciones eran las adecuadas? Claramente, no.
Hoy las deudas educativas son un problema social real. Tenemos la convicción de que en la próxima Constitución debemos asegurar de mejor manera el derecho a la educación, para que sea un derecho social garantizado por el Estado, que no dependa de los ingresos o la capacidad socioeconómica de los padres. Sin embargo, por el momento, debemos dar urgencia a las iniciativas que solucionan problemas que hasta ahora miles de estudiantes padecen en sus vidas.
El Estado tiene la obligación de dar una solución rápida a los estudiantes que hoy están endeudados. Proponer una condonación a los actuales créditos con aval del Estado es una opción. Pero aquí ni siquiera están el Ministro, la Subsecretaria, nadie. Nadie se hace cargo de esto.
La reforma de la regulación de este crédito provocó diferentes manifestaciones y malestares en la ciudadanía. Especialmente recordadas son las del año 2011, cuando los estudiantes expresaron su disconformidad con que la educación fuera transada en el mercado.
Los estudiantes que tomaron el crédito con aval del Estado actualmente buscan resquicios legales y fórmulas grises para poder zafar de una mochila de deudas con las que cargan hace más de una década.
Los objetivos de esta iniciativa nos parecen del todo necesarios, ya que extienden la protección de la ley Nº 19.496, sobre derechos de los consumidores, a los créditos con aval del Estado; modifica las leyes números 19.287 y 20.027, que permitirá sacar de la indefensión a los estudiantes; y finalmente hace aplicable la ley Nº 20.720, sobre procedimientos concursales, a los créditos con aval del Estado.
Señora Presidenta, voy a apoyar esta moción, porque creo que no puede el Gobierno seguir guardando silencio; no puede un Presidente de la República no entender que tiene que gobernar y debe dar salida y resolución a este tipo de problemas; porque me asiste la convicción de que la educación no es un bien que deba ser susceptible de ser comprado. Tenemos que dar a nuestros estudiantes, a nuestras familias herramientas de acceso igualitarias a la educación. Ya iniciamos ese camino con la gratuidad de la educación universitaria y con la reforma del acceso a la educación escolar. Podemos haber cometido muchos errores, qué duda cabe, pero lo importante es que entendamos que estamos en un momento crucial de la historia del mundo, de la historia de nuestro país y, por cierto, todos y todas tenemos que ser capaces de buscar soluciones. Y quien gobierna es el primero que debiera estar aquí discutiendo el camino para resolver los problemas.
Gracias, Presidenta.
Voto a favor.