REGULACIÓN SOBRE USO DE AGUA DE MAR PARA DESALINIZACIÓN
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Según lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción de las Senadoras señoras Muñoz y Allende y de los Senadores señores Guillier, Harboe y Pizarro, en primer trámite constitucional, sobre el uso de agua de mar para desalinización, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.608-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Muñoz y Allende y señores Guillier, Harboe y Pizarro):
En primer trámite: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 50ª, en 5 de septiembre de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:
-Establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
-Crear una Estrategia Nacional de Desalinización con la finalidad de determinar las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de las plantas correspondientes.
-Modificar el procedimiento de solicitud y caducidad de las concesiones marítimas y establecer la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.
La Comisión Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Ebensperger, Muñoz y Provoste y señor Castro.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 15 del informe de la señalada Comisión.
Nada más, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Me han pedido abrir la votación.
¿Habría acuerdo de la Sala?
Acordado.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz, a quien aprovecho de felicitar por haber sido elegida para presidir la Comisión Especial sobre la Mujer, hecho histórico en el Senado, por lo demás.
La señora MUÑOZ.- Así es, señor Presidente.
Deseo agradecer las felicitaciones recibidas, haciéndolas extensivas a las demás colegas que integran dicho órgano: Senadoras Ena Von Baer, Carmen Gloria Aravena, Yasna Provoste e Isabel Allende.
¡Es un muy buen equipo!
Pondremos al día la legislación en materia de género, porque hay proyectos que llevan diez, quince años sin tramitar.
El señor COLOMA.- ¡Buen equipo de basquetbol...!
La señora MUÑOZ.- Así es.
¡Y si alguno pide paridad para esta Comisión, yo solicitaría lo mismo para esta Sala...! Somos pocas aún.
Señor Presidente, como señaló, el proyecto que figura en el número 3 del Orden del Día también fue tramitado por nuestra Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, pero efectivamente, como requiere quorum especial de aprobación, sería complejo tratarlo hoy día, por lo que pido dejarlo en tabla para una próxima sesión.
La iniciativa que nos ocupa ahora y que paso a informar se originó en una moción de las Senadoras Muñoz y Allende y de los Senadores Guillier, Harboe y Pizarro y tiene como fundamento evitar, en lo que respecta al agua de mar, que se produzcan las mismas falencias que han llevado a la concentración de derechos sobre las aguas superficiales.
Es así que su primer objetivo se refiere al régimen jurídico aplicable al producto de la desalación (esto es, al agua desalada), para lo que se propone conceptuarla como un bien nacional de uso público, de modo que los titulares de la concesión marítima podrán aprovechar esa agua en la cantidad y con la finalidad que fueron requeridas, con la obligación de restituir a uno o más acuíferos cualquier exceso de agua en las condiciones adecuadas para no producir daño al medio ambiente.
Un segundo propósito es consagrar una Estrategia Nacional de Desalinización, que determinará las orientaciones y prioridades para el uso de agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. Se consigna el uso preferente del agua desalada para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, además de propiciar el uso armónico y sustentable del borde costero, evitar daños ambientales, recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados y coordinar los esfuerzos públicos y privados en esta materia.
El tercer objetivo del proyecto es la modificación del decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, sobre concesiones marítimas, para comprender en esta normativa que los solicitantes de tales concesiones, para instalar una planta desalinizadora, tendrán la obligación de señalar la cantidad de agua que requieren y justificar su finalidad, además de dejar claramente establecido que siempre prevalecerá el uso de agua desalada para el consumo humano, doméstico y el saneamiento, y para la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos.
La Comisión Especial aprobó la iniciativa en general por la unanimidad de sus integrantes presentes, en la idea de introducirle posteriormente las enmiendas que sean necesarias para que el texto legal sea eficaz en su finalidad, teniendo presente que -según los datos aportados por el Ejecutivo- existen desde la Región de Arica y Parinacota hasta la de Atacama veinte plantas desalinizadoras tanto para el sector de agua potable como para el de la minería, y veinte solicitudes se encuentran en trámite, realidad que es un desafío que el Congreso Nacional debe saber regular de la mejor manera.
Por las razones ya explicadas, señor Presidente, solicito a la Sala que apruebe la idea de legislar respecto de este proyecto de ley, que va en directo beneficio de nuestro país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, debo destacar que esta iniciativa, como manifestó la Senadora Muñoz, busca establecer que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público.
Al respecto, quiero recordar que hoy en día se sostiene que se trata de un uso común y que la abundancia de este elemento permite que de su utilización no resulte merma ni se afecte el uso de otros.
Sin embargo, ello implica la ocupación de un bien inmueble, consistente en el lecho marino y en la zona marítimo-terrestre, que tiene un valor en nuestro país, como todo el mundo sabe.
Lo anterior no debe confundirse con los procesos industriales de transformación artificial del agua marina, lo cual podría generar consecuencias en las zonas donde se instalan las plantas desalinizadoras. Lo señalo porque en el norte, particularmente, están proliferando muchas iniciativas de empresas mineras para contar con sus propios procedimientos de extracción de agua de mar y de desalinización, lo que podría llevar a una multiplicación de efectos en los bordes costeros.
Por lo tanto, estimamos que el Estado debe asumir un rol para cautelar el bien común en el uso de este bien nacional, que es de todos; garantizar el uso eficiente del borde costero, evitar daños ambientales y, al mismo tiempo, maximizar los beneficios para los usuarios.
Por tal razón se presentó este proyecto, que propone la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, para establecer las orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras, pero con énfasis en la prevalencia del uso de las aguas para el consumo humano y la obligación de mantener un caudal ecológico en los acuíferos cuando se reemplaza uno por otro.
El proyecto consta de tres disposiciones permanentes.
El artículo 1º establece que el agua salada constituye un bien nacional de uso público.
El artículo 2º crea la Estrategia Nacional de Desalinización, para fijar las condiciones para el uso del agua de mar y la instalación de las plantas, con énfasis en el consumo humano y en el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero.
Y el artículo 3º modifica la legislación existente sobre concesiones marítimas, en lo que respecta al procedimiento de su solicitud y caducidad.
Por lo tanto, debemos tener presente que esta iniciativa busca regular algo que se nos viene encima de todas maneras. Basta recordar que la larga sequía que afecta a las zonas norte y central del país -y empezamos a notarla también en el área centro sur del país- está provocando una menor disponibilidad de agua dulce producto del cambio climático, pero también una mayor demanda para consumo humano y fines productivos.
En consecuencia, estimamos que la legislación vigente, basada en tres normas, debe ser aclarada. Para ello, será útil comparar las experiencias provechosas en países que están abordando estas materias.
Por las razones anteriormente descritas, presentamos este proyecto y pedimos a la Honorable Sala su aprobación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, estaba siguiendo el debate del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización. Quiero felicitar a sus autores por haberlo impulsado.
En abril de 2015 tuve la oportunidad de publicar una columna en un medio de prensa, fundamentada con bibliografía y antecedentes que revisé. Ahí traté de sintetizar una serie de preocupaciones respecto de las plantas desalinizadoras.
Creo que nadie está en contra de ellas. Por el contrario, es una oportunidad tremenda considerando la gran extensión de costa que tenemos y la cercanía a los centros poblados o de producción. O sea, se conjugan varios aspectos favorables.
Pero nuestra legislación claramente carece de instrumentos legales o normativos que permitan identificar y regular el funcionamiento de dichas plantas.
Hoy día estamos expuestos a la utilización de concesiones marítimas para extraer el agua, cuando su objetivo es absolutamente distinto.
En segundo lugar, debemos preguntarnos desde el punto de vista jurídico qué son las aguas de mar, a efectos de permitir su apropiación y, luego, determinar cómo se devuelve el exceso.
Se consigna un estudio de impacto ambiental. Evidentemente las aguas utilizadas deben tener un tratamiento especial. Es distinto contar con una, dos o cinco plantas desalinizadoras en una zona a tener cincuenta u ochenta. Esto último claramente va a producir un impacto en el ecosistema costero marino.
En otro orden de cosas, es importante establecer el costo de las plantas desalinizadoras. ¿Qué se debe pagar? ¿Es gratuita la extracción de agua de mar? ¿Dónde hay que cancelar? ¿Se paga una patente, un royalty o algún otro ítem por la utilización de tales aguas?
A mi juicio, es justo cobrar si se fija un sistema que permita, a las empresas, a las ciudades o a quienes quieran, buscar la instalación de esas plantas.
La escasez hídrica y el cambio climático constituyen elementos fundamentales para tener en cuenta y van a colocar a Chile en una encrucijada no en los próximos veinte años, sino a partir del presente, pues los efectos ya se están haciendo sentir. La extensión de la escasez de lluvia y la menor acumulación de nieve son evidentes.
Reitero que aquí tenemos una oportunidad.
Sin embargo, es fundamental no solo contar con una mirada técnica del proceso de desalar el agua de mar, sino que también comprender el ciclo ecológico de tales aguas y anticipar cómo este se va a alterar.
Por consiguiente, extraer las aguas marinas, desalarlas y utilizarlas costa arriba para las ciudades, para las faenas mineras o para labores de regadío claramente genera un impacto. En definitiva, la cantidad de litros que se van a sacar en el acumulado marcará una diferencia desde el punto de vista del impacto ambiental.
Creo que es tremendamente relevante la discusión que se abre y el proceso que se desarrolla. Pero resulta imprescindible generar una vinculación, una sintonía desde la mirada ambiental, desde la sostenibilidad, a partir de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y ese tipo de instituciones.
Reitero: estamos comenzando la discusión.
Me permito sugerir, a los autores de la moción y a quienes llevan adelante el proyecto, que se convoque a la mayor cantidad de actores en esta materia; se estudie la legislación comparada, y se entienda que el borde costero y la extracción de las aguas de mar no pueden quedar limitados a la voluntad de las concesiones marítimas que lo facilitan. En definitiva, eso sería entregar a una autoridad, como la DIRECTEMAR, el desarrollo de una función tan importante como la que estamos observando.
Debemos impulsar una legislación que ojalá esté en sintonía con la medidas que se están tomando a propósito del cambio climático.
Voto a favor, señor Presidente.
Insisto en que este debate debe ir más allá de los integrantes de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos. Es necesario que, además, se puedan cruzar diversas miradas (científicas, académicas, de derecho comparado), las cuales permitirán generar una legislación puntera.
Termino señalando que, en materia de energía solar y plantas desalinizadoras, Chile debiera estar a la vanguardia para afrontar el cambio climático. Ahí se debe invertir en más esfuerzos, más estudios, más dedicación y, sobre todo, más discusión relevante en este Parlamento.
Repito: voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos hemos concurrido con nuestro voto favorable a esta iniciativa en general.
Durante el tiempo en que se desarrollaron las sesiones en dicho órgano técnico, escuchamos a una diversidad de organizaciones y personas que contribuyeron al debate: organizaciones académicas, el Instituto de Ingenieros de Chile, el Ejecutivo, investigadores de universidades (como el doctor Roberto Pizarro) y tantos otros centros que aportaron a la discusión.
Por cierto, el hecho de que hoy analicemos esta iniciativa, que establece un avance en nuestra legislación respecto a las plantas de desalinización, nos permite centrar el foco en la necesidad de contar con nuevas fuentes de agua dulce, lo cual nos ha llevado al desarrollo de tecnologías en plantas desalinizadoras.
Estamos convencidos de que eso debe ir de la mano de un esfuerzo legislativo importante que ponga, primero que todo, la mirada en el territorio, para que en regiones (como en la de Atacama, que represento y en donde vivo) no ocurra lo que está sucediendo: que en el borde costero se desarrollen proyectos de inversión -particularmente mineros- que solo busquen resolver el problema propio de abastecimiento de agua a partir de la instalación de tales plantas.
Cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet tomó la decisión de construir con recursos públicos una planta de desalinización estatal (ECONSSA), todos valoramos la iniciativa, porque vivimos en una zona en donde el agua es escasa; en particular, el agua dulce.
Sin lugar a dudas, eso nos lleva a otra discusión necesaria: junto con avanzar en el proyecto en examen, es fundamental introducir modificaciones a otros cuerpos legales, como al Código de Aguas, para establecer usos prioritarios del agua.
Si uno mira la cantidad de agua de que disponemos desde la cordillera hasta la costa, perfectamente cabe preguntarse: si hay agua para el abastecimiento de la población, ¿por qué hoy debemos recurrir a la instalación de plantas de desalinización, que tendrán elevados costos de operación y, por tanto, un impacto en las cuentas de los vecinos y las vecinas?
Una de las respuestas a dicha interrogante es porque claramente nuestra legislación -por ejemplo, el Código de Aguas- no establece usos prioritarios. Por lo tanto, hoy día la mayor concentración de agua dulce en la Región de Atacama se encuentra en las actividades productivas.
Se decidió instalar una planta estatal en la comuna de Caldera justamente para contar con nuevas fuentes de agua dulce y, así, garantizar el suministro de agua potable para la comunidad.
Cabe señalar que estos procedimientos de desalinización no son nuevos en nuestro país: hacia el siglo XVI embarcaciones árabes realizaban destilación de agua de mar en Chile; posteriormente, en el siglo XVIII, comenzó el uso de membranas (osmosis a través de membranas naturales) para filtrar las sales del agua de mar.
Por consiguiente, nos parece que esta discusión nos debe llevar a poner la mirada en el territorio, pues iniciativas como la que nos ocupa, que busca garantizar nuevas fuentes de abastecimientos de agua para la producción industrial y el consumo humano -así lo estamos viendo en la Región de Atacama-, deben estar asociadas a otras preocupaciones desde el punto de vista medioambiental.
Por eso es necesario exigir estudios de impacto ambiental para las nuevas plantas de desalinización, así como precisar cuál es su estructura tributaria en los territorios donde se instalan.
Estamos convencidos de que hoy día esta es una alternativa para generar una nueva fuente de agua dulce, pero no es inocua desde el punto de vista ambiental. Y lo digo, entre otras cosas, por la cantidad de energía que se requiere para hacer que opere una planta de tal índole.
Por lo tanto, cuando Chile suscribe acuerdos, como la Convención de París, para reducir las emisiones de CO2, aquello también debiera ser un punto de preocupación en cada territorio. Porque no podemos por una parte realizar un esfuerzo mayor para disminuir las emisiones mientras por otra permitimos en una misma zona una cantidad importante de plantas desaladoras que van a generar una significativa concentración de recursos energéticos.
Ya en el año 1996 la FAO señalaba que las opciones de desalinización eran costosas principalmente por la cantidad de energía involucrada. Pero costosas no solo para el bolsillo de los ciudadanos, sino además desde la perspectiva de sus impactos por las emanaciones de CO2.
Voy a votar a favor en general, señor Presidente, y espero abordar en la discusión particular, a través de indicaciones, algunos aspectos planteados en esta intervención que me preocupan.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que el cambio climático nos va a acompañar durante los próximos años. Por lo tanto, el uso del agua será un desafío no solo para el norte sino también, probablemente, para el centro y el sur de Chile.
En tal sentido, la pregunta que debemos hacernos es si necesitamos más o menos agua.
Yo considero que requerimos más agua.
A partir de ahí, las interrogantes que surgen son, primero, cómo impulsamos la utilización racional del vital elemento, y segundo, de qué manera conseguimos mayor cantidad de él.
Ahora bien, como sin duda el agua dulce de que disponemos no va a dar abasto, necesitaremos el agua del mar.
Por supuesto, la desalinización del agua proveniente de los océanos también es una gran posibilidad para tener agua dulce, pero no solo para el consumo humano, sino asimismo para las actividades productivas, a los efectos de que puedan desarrollarse sin utilizar el resto del agua dulce, que ojalá se reserve para la población.
Señor Presidente, cuando uno lee el proyecto de ley dice: "Es una buena idea, porque tenemos que impulsar la desalinización". Sin embargo, al ver el espíritu de su articulado se da cuenta de que no es necesariamente tener mayor producción de agua dulce a través de la desalinización, sino que se trata de una mirada distinta. Entonces, la pregunta que cabe formularse es si esa mirada provocará que generemos más o menos desalinización.
Desde tal perspectiva, al escuchar a algunos Senadores que dicen "Hay que congelar las concesiones, de modo que no se puedan instalar tantas plantas desalinizadoras en las costas", uno pregunta si es eso lo que queremos lograr.
En mi concepto, si miramos hacia el futuro, deberíamos tener -¡ojalá!- varias plantas desalinizadoras.
¿Y tendrían que cumplir las normas sobre impacto ambiental? ¡Obviamente, como todas las empresas en nuestro país!
¿Y deberían usar eficientemente el borde costero? ¡También!
Hoy día tenemos una institucionalidad -uno podría preguntarse si es la mejor- para garantizar el buen uso de dicho sector. Pero establecer una especificidad en materia de borde costero solo para aquel tipo de plantas me parece que no es el camino correcto.
Ojalá nuestra legislación fuera siempre lo más general posible. O sea, si vamos a legislar sobre el buen uso del borde costero, no lo hagamos en particular solo para las plantas desalinizadoras, sino de manera general, para el conjunto de usuarios del referido espacio. De otra forma tendremos una parte de la normativa para las plantas desaladoras, otra para los pescadores, otra para las caletas, otra para las empresas, en fin.
A decir verdad, pienso que debemos tener una legislación general aplicable a todos y no solo a las plantas desalinizadoras.
En seguida, señor Presidente, la oración que dispone que las "plantas desalinizadoras deberán señalar la cantidad de agua que requieren, expresada en litros por segundo y justificar su finalidad" puede parecer bien. Hay que ver qué efectos va a producir la norma pertinente. Pero, más bien, uno visualiza en este proyecto una limitación del agua de mar para desalinizar.
Yo estimo que aquel no es el camino adecuado. Tenemos que impulsar justamente lo contrario: la existencia de más plantas desalinizadoras. Y ojalá dispongamos de mayores posibilidades para generar agua dulce a través de la actividad de ellas.
En tal línea, me parece que no debemos congelar nada, ni tampoco impedir que después las aguas sean utilizadas por quienes las desalinizaron. Porque si decimos "Usted desalinizó pero no tiene libertad para utilizar las aguas generadas" habrá un efecto contrario al que creo que hemos de producir.
Ojalá muchos quieran desalinizar, porque así podremos enfrentar de mejor manera el cambio climático y el hecho real de que cada vez dispondremos de menos agua.
Al decir "Si ustedes desalinizan no pueden usar el agua generada para A, B, C o D propósito sino solo, y con suerte, para el consumo humano", todas las faenas productivas, o van a usar el agua dulce existente hoy -pienso que es una mala idea-, o no estarán en zonas donde también se necesita crear empleo.
En consecuencia, considero que hemos de generar incentivos para que se produzca la desalinización, pero no desincentivos.
A mi entender, el proyecto va en este último sentido, o sea en la dirección contraria.
Por eso, voto en contra.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, al analizar la iniciativa y el informe, en el que se contiene todo lo expuesto en la Comisión que trató la materia, creo -respeto, por cierto, la buena intención de los señores parlamentarios- que aquí se confunden las cosas por confundirlas y, eventualmente, estamos generando una institucionalidad que va en sentido contrario de lo que se busca.
Creo que la confusión nace del hecho de que se intenta desalinizar el agua del mar de la misma manera como se procesa el agua dulce terrestre.
Recordemos que el Código de Aguas hace la distinción entre aguas marítimas y aguas terrestres, y se refiere únicamente a estas últimas, que son naturalmente dulces, bajan por los ríos o están en los acuíferos subterráneos. Y son bienes nacionales de uso público; lo establece el artículo 5° de dicho cuerpo normativo. De eso no hay ninguna duda. Y de ahí nace, entre otras cosas, la circunstancia de que el Estado tenga derecho a cobrar por el uso, por los derechos consuntivos o no consuntivos de tales aguas; a exigir, en caso de que no se usen, su devolución, en fin. Hay un tratamiento específico para ello.
Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa.
El agua desalinizada nace después de un proceso industrial. O sea, el agua dulce proveniente de la desalación no se halla ahí; no nos fue regalada por la naturaleza o por Dios -como quiera; cada cual escoge-: no estaba ahí, sino que apareció como fruto de un proceso industrial.
Entonces, señor Presidente, aquí hay una rareza conceptual.
Por ejemplo, una empresa interesada en pedir una concesión marítima hace un gran esfuerzo e invierte millones de dólares, probablemente. Y expresa: "Voy a tirar el ducto; compraré un pedazo de tierra o solicitaré una concesión sobre él; voy a construir una planta desalinizadora, la que me costará otro tanto, y voy a desarrollar un proceso industrial completo, el que es más bien caro". Pero después de todo eso, cuando logró generar su proyecto, le dicen: "Señor, lo que usted acaba de producir ahora es un bien nacional de uso público".
¡Qué significa eso...!
A mí me parece una rareza conceptual.
Y no solo se trata de una rareza conceptual.
Hoy día, cuando una empresa quiere construir una planta desalinizadora, por supuesto que tiene que pasar por un trámite ambiental, sea estudio, sea declaración. Y ahí, como en todos los procesos ambientales, debe decir en qué lugar, cuántos litros, para qué, etcétera.
También tiene que señalar dónde va a disponer. Por ejemplo, el descarte de agua salada, que es muy parecido a una salmuera, normalmente lo devuelve al mar.
El resto del otro proceso se lo lleva a la industria, y en el hecho lo realiza sin botar nada; las pérdidas son básicamente por evaporación o por situaciones propias del proceso industrial.
Eso es así. Y quien vaya a una faena lo podrá ver y verificar personalmente.
Por lo tanto, creo que en este proyecto se cae en muchos sinsentidos.
Estoy de acuerdo en que debe haber un ordenamiento territorial, como decía la Senadora Provoste. Pero el ordenamiento territorial de las plantas de tratamiento no es distinto del de cualquier industria. De hecho, las plantas desalinizadoras son poco contaminantes.
La cantidad existente en Chile es mínima. Entre Arica y Coquimbo hay 19, y se están tramitando 20. Es decir, para estos efectos, ¡la nada misma!
El porcentaje de agua marítima que se usa en una planta desalinizadora es mínimo, casi irrelevante con respecto a la superficie del agua de mar existente en el planeta Tierra.
Por consiguiente, estando de acuerdo en que es posible buscar una regulación, un ordenamiento, en fin, pienso que en esta iniciativa se cae en tales sinsentidos que solo se va a conseguir un desincentivo para la construcción de plantas desalinizadoras; que ojalá en Chile existieran en mucha mayor magnitud.
Es por esas razones, y no por otras, que votaré que no, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, quiero intervenir para, de alguna manera, sacar del debate un equívoco.
Este proyecto no busca limitar, o estancar, o impedir el desarrollo de las plantas desalinizadoras, sino establecer un marco normativo que regule su instalación, su gestión.
Hoy día existen 20 plantas. Hay solicitudes por 20 más. ¿Y qué normativa regula el proceso? ¡Ninguna!
Existe la posibilidad de pedir, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, una concesión que permita usar un espacio en el borde costero.
No hay, pues, ninguna normativa que abarque todo el proceso, desde la solicitud de los permisos hasta la construcción, la instalación, etcétera.
Entonces, lo que se propone es definir una preceptiva específica, pero no para impedir la instalación de las plantas desalinizadoras, sino para regular la materia.
Ese es el primer punto.
Segundo punto: se trata de que el agua de mar sea un bien nacional de uso público; y eso hay que instalarlo en la ley.
En cuanto al agua dulce, se dispone en el Código Civil y en el Código de Aguas que es un bien nacional de uso público. Y por ello existe una regulación completa al respecto.
El agua de mar no está definida ni conceptualizada como bien nacional de uso público.
Por tanto, en la actualidad, cuando alguien obtiene una concesión para hacer una instalación en el borde costero, se entiende que mediante ella se le entrega el derecho a usar el agua marítima.
Por eso, a través de esta normativa particular y específica para las plantas desaladoras se busca establecer que se necesita una concesión para construir en el borde costero. Pero eso no significa la existencia de un derecho de propiedad sobre el agua marítima.
Si se extrae agua del mar y se procesa, ¿qué estatuto jurídico tiene el elemento desalado? ¿Es propiedad privada?
Eso trata de abordar este proyecto de ley.
Habrá, entonces, un derecho para usar el agua. Sin embargo, ello no puede confundirse con un derecho de propiedad.
Aquello es lo que trata de enmarcar esta iniciativa. Porque, hasta hoy, con el agua dulce se puede crear todo un mercado de agua. Ahora, si tras la desalación el agua marítima pasa a ser bien nacional de uso público, ella se transforma en un elemento de negociación en el mercado.
Eso queremos evitar. Porque, al final, si hay un exceso de agua salada (por eso ponemos énfasis en establecer la cantidad y la finalidad) podrá ocurrir que agua entregada gratuitamente se venda al Estado para consumo humano.
Vale decir, el agua desalinizada, al no tener un estatuto jurídico, puede pasar a ser un elemento que el propio Estado, para satisfacer las necesidades de los habitantes, deberá comprarlo a los desaladores de agua privados sobre la base de que se trata de un bien nacional de uso público.
En definitiva, señor Presidente, se tata de regular a los efectos de definir una legislación particular y específica para las plantas desaladoras.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- Seré bien breve, señor Presidente. Ya habemos pocos en la Sala. Pero considero importante tocar un punto que tiene que ver -algo dijo acá nuestro colega Galilea- con el costo.
Yo coincido plenamente en que el agua en general es un bien de uso público. Pero eso no está en discusión. El problema reside en que desalar el agua tiene un costo.
Aquí habría que preguntarse quién va a desalar el agua, si va a ser un costo privado o público. Porque a los particulares no podemos pedirles que, motu proprio, realicen una labor de altísimo costo para entregar el producto a la ciudadanía de manera gratuita.
Yo pienso que esto también podría verse en el Código de Aguas -lo estamos trabajando en la Comisión de Agricultura-, para analizar la situación en particular.
Como está redactado el proyecto, la situación es compleja. Porque si la concesión marítima deberá restituir los excesos de uno o más acuíferos, lo más probable es que, desde el punto de vista de la industria, ellos nunca existan. Y se calculará una concesión exacta, muy similar a lo que se va a utilizar, con lo cual no existirá ningún exceso, pues de haberlo eso va a significar un gasto más alto en el sistema de producción, lo que encarecerá el costo final de cualquier proceso industrial.
Entonces, siendo bien objetiva; entendiendo el sentido de la normativa, y considerando que en la zona norte el agua de mar es una alternativa energética vinculada al agua de consumo que hay que evaluar y trabajar, creo que más bien esta materia debiera tener un tratamiento como política pública en cuanto a que el Estado, o propicie incentivos que permitan los excesos vinculados al agua de consumo, o invierta en desalinizadoras fiscales -situación más compleja-, para que esa agua tenga un costo asociado al Estado y no a los privados.
Yo también coincido con algunos de mis antecesores en que, si bien se entiende la urgencia del agua, esta normativa, en la forma como se halla redactada, no es el camino correcto. Porque no hay que perder de vista que la empresa busca rentabilidad: no es un ente social, sino un negocio productivo. Y, en este contexto, lo más probable es que no quiera entregar en forma gratuita -y es lógico- un producto emanado del proceso de desalinización, que generó un costo.
Nos puede parecer bueno o malo. Pero finalmente hay que ser realista y transparente en el sentido de que la actividad productiva privada busca lucro y rentabilidad. Y eso no podemos desconocerlo, aun cuando estemos legislando.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (14 votos a favor, 8 en contra y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, De Urresti, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Quintana y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro y Sandoval.
No votaron, por estar pareados, los señores Allamand y Elizalde.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En la próxima sesión estableceremos el plazo para formular indicaciones.