INSCRIPCIÓN Y PORTE DE ARMAS POR PERSONAS IMPUTADAS O CONDENADAS
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, creo que hay que hacer una distinción. Porque en sus argumentos la Comisión señala que este proyecto sería inadmisible. Si es así, ya se declaró admisible. Por lo tanto, nosotros tenemos que pronunciarnos respecto del contenido de la iniciativa.
Y me parece de toda lógica que se establezca efectivamente una comunicación fluida para que quienes hayan sido condenados no puedan comprar armas.
Es más, yo tengo una posición más estricta. Creo que debemos establecer restricciones adicionales para el acceso a las armas.
Afortunadamente, Chile registra tasas de homicidio bajas en relación con el resto de América. Con excepción probablemente de Canadá, tenemos tasas de homicidio inferiores a las del resto de los países de la región. Y eso se debe a que, a diferencia de otras naciones de nuestro continente, existen restricciones para el acceso a las armas. En mi opinión, estas restricciones no son suficientes. Por tanto, debemos avanzar hacia mayores restricciones.
La razón por la cual Estados Unidos, siendo un país desarrollado, con un alto per cápita, posee tasas de homicidio ostensiblemente superiores a las de los países de Europa es muy simple: en Estados Unidos se pueden comprar armas como se compra cualquier bien. Y eso, obviamente, genera niveles de violencia y de delincuencia superiores a los que existen en otras naciones de desarrollo similar.
En ese contexto, comparto la propuesta del Senador Chahuán: avanzar hacia una comunicación -y esto es muy importante- que permita cumplir las disposiciones de la ley vigente, a la espera, por cierto, del proyecto comprometido por el Ejecutivo en orden a establecer un registro unificado de tenencia y porte de armas que haga posible contrastar la información de aquellos que compran un arma en nuestro país.
Y voy más allá. Creo que es necesario colocar restricciones adicionales para el acceso a las armas. Ningún civil anda en Chile portando un arma si no es para cometer un delito. ¡Eso es evidente! Y los grados de peligrosidad que vemos, por ejemplo, en la comisión de robos; los grados de violencia que se generan en gran parte de los delitos que se están perpetrando en nuestro país tienen que ver precisamente con el acceso a las armas.
Si queremos elevar los estándares de seguridad, si queremos evitar que se cometan delitos violentos, es imprescindible establecer restricciones en esta materia y, por cierto, que exista una comunicación fluida, de manera de conocer los antecedentes de aquellos que están accediendo a las armas, de quienes pretenden adquirir o comprar una, de aquellos que quieren obtener algún permiso para tener un arma y, eventualmente, para portarla.
Por eso, me parece que la propuesta del Senador Chahuán va en el sentido correcto, precisamente para avanzar en un grado de información que nos permita actuar de mejor forma; que haga posible que las instituciones apliquen la ley; que impida que quienes hayan sido condenados por delitos puedan acceder a un arma y, por tanto, contar con una herramienta adicional para cometer delitos en el futuro.
En consecuencia, mientras el Gobierno no presente una alternativa nueva y no haga realidad su compromiso, es necesario por lo menos que el Senado avance en la legislación. No olvidemos que nos encontramos en la discusión en general. El proyecto, obviamente, es perfectible. Y en su debate en particular se podrán hacer todas las correcciones del caso.
Pero es fundamental, imprescindible, que establezcamos restricciones para el acceso a las armas, y permitamos que las instituciones que deben hacer cumplir las restricciones que actualmente exige la legislación cuenten con la información adecuada para impedir que eventuales delincuentes accedan a las armas.