REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 364ª
Sesión 38ª, en miércoles 10 de agosto de 2016
Especial
(De 12:17 a 13:47)
PRESIDENCIA DE SEÑORES RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTE,
Y JAIME QUINTANA LEAL, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Espina Otero, Alberto
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Tuma Zedan, Eugenio
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de Gobierno, señor Marcelo Díaz Díaz, y de Justicia y Derechos Humanos, señora Javiera Blanco Suárez.
Asimismo, se encontraban presentes la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, y el Jefe del Departamento de Reinserción Social de Adultos, señor Gherman Welsh Chahuán.
Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 12:17, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor LAGOS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
SITUACIÓN DE GENDARMERÍA DE CHILE
El señor LAGOS (Presidente).-
El objetivo de la presente sesión especial es recibir información acerca de Gendarmería de Chile, habiendo sido invitada la señora Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Deseo recordar que se ha citado, con la debida anticipación, a otra sesión especial para el día de hoy, de 15:45 a 16, a fin de ocuparse en el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República con el que se requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Directorio de la Empresa Televisión Nacional de Chile a la señora María José Gómez García y a los señores Jorge Atton Palma, Lucas Palacios Covarrubias y Augusto Góngora Labbé. Ello, con la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República.
Nada más.
El señor LAGOS (Presidente).-
Después se celebrará la sesión ordinaria.
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El señor LAGOS (Presidente).-
Me han solicitado que pida la autorización de la Sala para el ingreso de la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva Meléndez, y de su asesor señor Gherman Welsch Chahuán.
Si no hay objeciones, se accederá.
Acordado.
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El señor LAGOS (Presidente).-
El señor Secretario dará a conocer la asignación de los tiempos.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La distribución es la siguiente, conforme a la duración de la sesión: Comité Demócrata Cristiano e Independiente, trece minutos; Comité Unión Demócrata Independiente, trece minutos; Comité Partido por la Democracia, once minutos; Comité Renovación Nacional, once minutos; Comité Socialista, once minutos; Comité Amplitud e Independiente, cuatro minutos; Comité Movimiento Amplio Social e Independiente, cuatro minutos, y Comité Somos Aysén, dos minutos.
El señor LAGOS (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, no podemos pronunciarnos sobre algunos aspectos de la situación que ha afectado a Gendarmería, particularmente en lo relativo a la participación de la señora Ministra, porque ella probablemente será objeto de una acusación constitucional, en la que el Senado actúa como jurado. Por lo tanto, cualquier juicio anticipado podría constituir una causal de inhabilidad para los miembros de esta Corporación.
Pero tampoco nuestro propósito es hacer uso de la facultad fiscalizadora que le corresponde a la Cámara de Diputados. Ese es un asunto aparte. La titular de la Cartera ya fue interpelada.
Quisiera que la señora Ministra se refiriese a algunas materias que afectan a Gendarmería y que pudiéramos conocer su versión.
En primer término, la institución cumple dos labores, esencialmente. Una de ellas es el cuidado de los distintos recintos carcelarios en que se encuentran los detenidos en virtud de una resolución judicial y la otra es todo lo atinente al proceso de rehabilitación y reinserción.
Los recursos que nuestro país invierte en este último son ridículos. Mi primera consulta dice relación con que el año pasado hicimos ver, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que solo existían ochocientos cupos para la rehabilitación y reinserción de condenados y que más de veinte mil reclusos, según información aportada en la Subcomisión respectiva, podían tener acceso a ellos. Entonces, ¿qué ha pensado realizar el Gobierno en la próxima iniciativa sabiendo que la delincuencia es un grave problema y que cupos extraordinariamente limitados impiden, objetivamente, la reinserción y rehabilitación, en particular de los primerizos?
En seguida, ¿de qué forma se abordará el proceso de modernización de Gendarmería? Esta es una historia de nunca acabar. Todos le prometen a la institución en las campañas políticas, habitual y permanentemente, que será objeto de apoyo, de ayuda, de profesionalización, y cualquiera de nosotros que haya recorrido un recinto carcelario ha visto las condiciones, en muchos casos inhumanas, en que atienden los gendarmes. Entonces, deseamos saber cuáles son las medidas que la señora Ministra quiere impulsar al respecto.
En tercer lugar, también es conveniente que se refiera a una imputación extraordinariamente grave en el sentido de que Gendarmería es utilizada como un "coto de caza" político. Particularmente se ha dicho que estaría asignada al Partido Demócrata Cristiano -repito lo expresado en forma pública- para colocar personas. Alguna otra colectividad asimismo podría actuar en ese sentido. En definitiva, luego de haber aportado o apoyado a una campaña, operadores ingresarían al servicio sin reunir los méritos, la capacitación, los requisitos y el merecimiento para ello.
Quiero hacer presente que no estoy señalando el punto con el objeto de generar una controversia artificial. Lo que me parece extraordinariamente delicado y grave es que los propios funcionarios de Gendarmería expresen en forma reiterada a través de los medios de comunicación que hay cargos y labores no correspondientes al mérito ni a capacidades y virtudes, sino, fundamentalmente, a cuoteos políticos. Pero no se trata de cuoteos políticos ni siquiera con el objeto de nominar a alguien capacitado, sino que el asunto es mucho más grave: sin que reúna los merecimientos y la capacidad necesarios. Eso simplemente bloquea a numeroso personal que podría acceder a cargos de mayor relevancia.
Estoy haciendo de relator de lo que ellos mismos han manifestado.
Y finalmente está lo relativo a las jubilaciones. Se trata, derechamente, ¡de un escándalo en toda su magnitud!, porque, a través de un conjunto de resquicios legales, utilizando aspectos de la legislación vigente, se permitió acceder a beneficios que no correspondían.
Termino manifestando que el propósito de esta audiencia, pedida en su oportunidad, básicamente ha sido conocer la línea de acción del Gobierno y de la Ministra señora Blanco respecto de las materias expuestas para que podamos obtener una visión que será importante contrastar con el proyecto de Ley de Presupuestos.
Nosotros no somos una Cámara fiscalizadora y no cumplimos el rol correspondiente a la otra rama del Congreso, pero sí podemos informarnos, ya que estamos ad portas de dicha iniciativa, de cuál es el diseño en que ha pensado el Gobierno para abordar la situación de Gendarmería; cuánto se podrá hacer, a sabiendas de las restricciones económicas existentes, y cuál es el plan de la titular de la Cartera, quien cuenta con conocimiento y experiencia sobre el asunto por los años que ha trabajado en seguridad ciudadana.
Estas son, en principio, las dudas que nos gustaría que la señora Ministra pudiera aclarar.
El señor LAGOS (Presidente).-
Entiendo que el Honorable señor Horvath quería intervenir, pero el Senador señor Harboe se encuentra inscrito en primer lugar.
El señor HARBOE.-
Le cedo el turno a mi colega. Ello no me causa ningún problema. Al contrario.
El señor LAGOS (Presidente).-
Lo decidirá la Mesa, entonces.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, quizás estamos viviendo un momento muy delicado para una institución tan importante como Gendarmería de Chile. Desde el año 1989 a la fecha se ha registrado un aumento exponencial del número de funcionarios. Se han mejorado sus presupuestos y verificado, si mal no recuerdo, dos a tres modificaciones de la planta. Y, cuando se observa la situación laboral, surge una preocupación principal: la carrera funcionaria no es la conveniente para generar incentivos positivos de ascenso conforme al mérito y no solo a la antigüedad.
Creo que se han ido copiando prácticas no adecuadas. El ascenso solo por antigüedad desincentiva el buen servicio, puesto que, en estricto rigor, una persona con una cantidad de años de desempeño no obtiene un reconocimiento en promociones -y, por lo tanto, en remuneración- según si hace bien o hace mal su trabajo.
Entonces, la discusión que se tiene que dar, desde el punto de vista del organismo, se vincula con la necesidad de modificar su pirámide de carrera funcionaria y crear otra que beneficie la antigüedad, pero, sobre todo, el mérito, a la vez que genere incentivos positivos para los mejores ingresos que eso trae aparejado.
Junto a ello es preciso sincerar la naturaleza jurídica de la institución. En Gendarmería coexisten dos funciones principales: la del celador, de una naturaleza propia del cometido de seguridad, como es cuidar los recintos penales y evitar riñas en el interior y un conjunto de otros elementos que afecten la integridad de los internos, por una parte, y, por la otra, la que tiene que ver con el proceso de resocialización o reinserción social, de una naturaleza completamente distinta, que cumple un conjunto de civiles, mujeres y hombres, que trabajan en Gendarmería y con frecuencia se hallan adscritos a la carrera funcionaria.
Eso ha transformado a la institución en un verdadero híbrido, cuestionándose, muchas veces, si el Director debe ser uniformado o no. Tiene que ser civil para dar la señal de que se trata de una institución más bien volcada a la reinserción social o revestir la otra condición para el efecto de apuntar a que se privilegiarán los aspectos de seguridad en el interior de los recintos penales.
El debate, que pudiera parecer teórico, da lugar a aplicaciones prácticas, traducidas en que en Gendarmería hay una situación que estimo -se lo he dicho directamente a los gremios- al menos no adecuada. No resulta acertado que una institución cuente, en la práctica, con beneficios previsionales propios de las Fuerzas de Orden y Seguridad -lo justifico en cuanto se cumple una función de riesgo y ello debe ser absorbido por un sistema especial-, pero, a la vez, disponga de un conjunto de derechos de los cuales estas carecen, como la sindicalización. Juzgo que no cabe la coexistencia de las dos situaciones. O se accede a esos beneficios previsionales o a la sindicalización.
Cuando se observa, adicionalmente, que ha habido algunas manifestaciones donde algún grupo de entre todas las organizaciones en Gendarmería ha amenazado incluso con el uso de armas, uno dice: "Bueno, tenemos una dificultad".
La cuestión radica en que el diseño institucional no es apropiado y tenemos que velar por uno que sea correcto. Gendarmería de Chile es fundamental, no solo en el cuidado de los presos, en la función de celador, sino también en la de quebrar carreras delictuales.
Entonces, ahí hay un punto que a mi juicio no se ha enfrentado en los treinta años que llevamos de retorno a la democracia. Creo que hemos presentado una falencia importante y que amerita un estudio completo y acabado del proceso formativo, de la selección de nuevos postulantes, de la naturaleza de sus funciones y de cómo vamos a establecer el equilibrio...
El señor LAGOS (Presidente).-
Concluyó su tiempo, Su Señoría.
Tiene un minuto para concluir.
El señor HARBOE.-
Pienso que se requiere una discusión de fondo.
Y cuando aquí se plantea un cuestionamiento de la actual Administración, digo: "Un momentito". En la práctica, hay una hipocresía tremenda. Durante treinta años, no nos hemos hecho cargo del asunto de fondo en Gendarmería y se viene ahora a intentar una imputación de responsabilidades a la última autoridad.
Me parece que eso no es propio, máxime cuando uno empieza a analizar los antecedentes. El colega que me antecedió en el uso de la palabra mencionó que la institución había sido utilizada como una especie de coto de los partidos. ¡Ojo! Porque, cuando se ve el caso que sirvió de detonante, a uno le surgen dudas. El propio Contralor expresó que en 2012 se había notificado a los entonces Ministros de Justicia y del Interior de lo inadecuado de que la persona involucrada cotizara en DIPRECA. Y no se hizo nada.
Mi punto de vista es que enfrentamos un problema. Más allá de expresar: "La situación fue conocida por los ministros Ribera y Chadwick, titular del Interior en la época, quienes fueron notificados formalmente por el Contralor, y no se hizo nada", el Senador que habla dice: "Cuidado". Aparte asignarle la responsabilidad a alguien, tenemos que ir al fondo del asunto. Existe un sistema completamente mixto, en el cual personas sin una función de riesgo se hallan adscritas a un régimen previsional con un conjunto de beneficios, en desmedro de otras que debieran recibir una mayor protección social, jurídica, de salud y de previsión. Y eso es muy importante.
Entonces, juzgo que en esta sesión no vamos a determinar un grado de responsabilidad, porque no corresponde hacerlo, pero sí debiéramos iniciar un estudio acabado respecto de cómo podemos contar con una nueva institución de Gendarmería acorde con la realidad penitenciaria.
Gracias.
El señor LAGOS (Presidente).-
Puede intervenir la Honorable señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, lo que necesitamos es un sistema penitenciario que aborde distintas áreas y de alguna forma ir viendo cada uno de los temas relacionados. Esta es la cuestión de fondo.
Hay gendarmes en Planta 3 con beneficios muy inferiores a los de las restantes. Y si bien es cierto que se han hecho algunos acomodos durante los últimos gobiernos, ello no es suficiente.
Entonces, todos tenemos que preguntarnos aquí qué esperamos de Gendarmería. La institución cumple un rol insustituible en la política penitenciaria. No es solo para cuidar a personas privadas de libertad que cumplen una condena. Los funcionarios debieran acompañar a quienes están privados de libertad en su reinserción para el regreso al mundo libre.
Ese es el rol que debe tener Gendarmería: llevar adelante un proceso de acompañamiento hacia aquellas personas que por alguna razón están privadas de libertad y que en la mayoría de los casos la recobrarán en algún momento.
Por ese motivo, señor Presidente, quiero manifestar que me molesta que en estas materias no tengamos en Chile políticas de Estado sino solo políticas de gobierno, que en el fondo únicamente parchan situaciones. Y, como no existen políticas de Estado, cuando cambia el gobierno todo vuelve a fojas cero.
En cuanto a lo que ha pasado en el último tiempo, no nos engañemos entre nosotros. El "jubilazo" es lo que ha estado presente en todo el país, en el imaginario colectivo y en la realidad de las personas. Y eso se junta con las pensiones miserables que hay en Chile.
A mí me gustaría conocer la opinión de la señora Ministra de Justicia, quien nos acompaña esta mañana, respecto a la decisión de la Contraloría General de la República en orden a anular las jubilaciones altísimas de once funcionarios de Gendarmería.
En lo personal, comparto y apoyo absolutamente dicha decisión, lo mismo que nuestro partido, Amplitud, pero sería importante conocer la opinión del Gobierno, expresada a través de la señora Ministra, porque, obviamente, se trata de una materia que le interesa mucho a la opinión pública.
Con todo, considero esencial hacernos cargo de que Gendarmería representa un área demasiado relevante en política penitenciaria, y que esta situación no se resolverá solamente modificando un grado de planta, dando algunos beneficios o metiendo plata cada vez que discutamos la Ley de Presupuestos, en noviembre de cada año, sino que debe haber una mirada global, de Estado, cosa que, a mi juicio, ha faltado. En esta materia únicamente ha habido políticas de gobierno y no políticas públicas de Estado.
Quiero terminar diciendo que un país es desarrollado y moderno según cómo trata a sus presos, a sus niños y a sus adultos mayores. Y creo que en estas tres grandes áreas (presos o personas privadas de libertad, adultos mayores y niños), Chile todavía está muy al debe. Por eso se echan de menos políticas públicas de Estado referidas a estos grupos, tan vulnerables. Y es lo que quisiera escuchar esta mañana de parte de la señora Ministra, pues, tal como expresó el Senador Espina al principio, nosotros, como Senadores, no podemos hacer juicios de carácter político, atendido que, si eventualmente prospera la acusación constitucional en su contra en la Cámara Baja, ejerceremos como jueces.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, desde luego quisiera insistir en la necesidad de institucionalizar Gendarmería. No puede ser que su máxima autoridad dependa del gobierno de turno, cualquiera que este sea, y se halle expresamente excluida de la posibilidad de ser elegida a través de la Alta Dirección Pública.
Ello explica el gran número de gremios existentes, lo que hace que una institución pública, por cierto, no pueda funcionar.
Es un hecho que necesitamos avanzar para que la escuela de Gendarmería sea reconocida como escuela superior, porque ahí se está realizando un esfuerzo que está siendo reconocido incluso internacionalmente.
En el informe especial sobre seguridad ciudadana que entregó la Comisión que integramos en calidad de independientes quedó muy en claro que el rol de Gendarmería constituye un eslabón importantísimo, por cuanto conoce las redes, las familias y, por lo tanto, también puede actuar significativamente en materia de prevención, no solamente en la privación de libertad y posterior rehabilitación. Y así quedó establecido en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, desde el nivel vecinal y comunal.
Cabe mencionar que las cárceles son lugares donde existen las peores condiciones de trabajo. Son, francamente, inhumanas. Y los derechos humanos se tienen que cumplir en plenitud. No porque alguien esté privado de libertad se le van a conculcar el resto de sus derechos. El testimonio de Juan Pablo Dávila ayer fue, en ese sentido, descarnado. Y aquello no lo podemos permitir en una sociedad que se pretende mostrar civilizada.
Finalmente, conviene aclarar que el proyecto de acuerdo que presentamos en el Senado con respecto a las jubilaciones dice textualmente, en su parte pertinente, lo que sigue: "que esos servidores puedan contar con un régimen acorde a la labor que desempeñan, y en similares condiciones que Carabineros e Investigaciones".
Hasta ahí llegamos nosotros. Todos estos datos adicionales de jubilaciones abultadas obviamente obedecen a otros parámetros. Y esperamos que el Gobierno tome las cartas que corresponden en el asunto.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, sin duda, hoy día tenemos un problema con la institucionalidad de Gendarmería de Chile. Desde la época en que asumí por primera vez el cargo de Diputado, por allá por el año 2002, se viene discutiendo cuál debería ser su rol: seguir con una figura mixta, en la que rehabilitación y custodia final quedan bajo una misma institución, o proceder a una separación de funciones, donde exista, por una parte, una labor más bien "militarizada" -entre comillas-, de seguridad, relacionada con la custodia de los recintos penales, y por otra, funcionarios dedicados a la rehabilitación, con una dependencia y una orgánica distintas.
Esta discusión se postergó en el tiempo y ha llevado a que la institución haya venido presentando ciertos problemas en el transcurso de los años.
Así, hemos visto que el Congreso ha aprobado distintas leyes para aumentar la planta, pero algo que parecía bueno significó un problema para los funcionarios, dado que entrabó sus carreras y sus ascensos. Hubo que dictar una normativa que permitiera reglamentar de qué forma podían ascender mientras se resolvía cuál iba a ser la escala de sueldos, los grados que iba a haber, el número de trabajadores por grado, etcétera.
Toda esta discusión siempre se ha postergado porque los temas carcelarios nunca son de interés público hasta que ocurre alguna tragedia o algún escándalo. Así ocurrió con el incendio de la cárcel de San Miguel, hace un par de años, o con lo que está sucediendo hoy día con lo que se ha conocido como "jubilazo".
En este contexto, hay una serie de problemas que uno podría sacar a colación. Por ejemplo, una de las principales falencias es que no hemos construido desde hace bastante tiempo más metros cuadrados de cárcel. Y sabemos que la población penal aumenta y que existe hacinamiento. La proyección que se ha hecho, producto de distintas leyes que el Congreso ha aprobado, entre otras la "Agenda corta", da cuenta de que habrá mayor demanda por espacios de recintos penitenciarios.
¿Qué ha ocurrido en el tiempo?
Durante el Gobierno del Presidente Piñera -en esa época yo presidía la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados-, a la empresa Altegrity se le adjudicó una licitación, por trato directo, de 4 millones de dólares para hacer un modelamiento del sistema carcelario chileno.
¿En qué terminó dicha licitación? En nada. No vimos ningún resultado. Lo único que supimos después es que la empresa quebró y todo lo que se nos prometió que iba a ser la solución para la construcción de nuevos tipos de cárcel, con cárceles modulares, con nuevos sistemas de set, no llegó a nada. Y todavía no hemos podido conocer en detalle qué fue lo que hizo Altegrity, qué fue lo que se implementó durante el Gobierno del Presidente Piñera, y qué pasó con la continuidad del estudio postincendio de la cárcel de San Miguel que se entregó como la gran solución a los problemas penitenciarios.
Entonces, efectivamente, tenemos deficiencias en esa línea.
Como la presente sesión está convocada para hablar de lo que se ha conocido como "jubilazo" o el famoso tema de las pensiones, creo que aquí habría que centrar un poco la discusión y tal vez hacer un poco de historia para poder entender qué fue lo que pasó.
Con el cambio de Contralor General de la República y la asunción en el cargo del señor Jorge Bermúdez, lo que ha existido es una modificación en el criterio de cálculo de las pensiones de Gendarmería.
El sistema, a mi juicio, es bastante engorroso administrativamente. Si bien es cierto que Gendarmería de Chile depende del Ministerio de Justicia, en lo que dice relación con los temas previsionales depende de DIPRECA, que es un organismo que no está sujeto al Ministerio de Justicia, sino al Ministerio del Trabajo.
Resulta curioso revisar los dictámenes de la Contraloría respecto de la tuición que le corresponde al Ministerio del Trabajo sobre la Dirección de Previsión de Carabineros. Ahí uno se da cuenta de que el propio órgano contralor entiende que a dicha Cartera solamente le concierne solicitar el presupuesto de la institución, pero que no tiene mayor injerencia, por ejemplo, en la fijación de las pensiones o en la fiscalización de lo que está ocurriendo.
Se producen, a mi juicio, una serie de controles cruzados que no están funcionando.
Pues bien, hasta antes de la llegada del actual titular de la Contraloría, se estimaba que los funcionarios de Gendarmería de Chile se podían pensionar conforme a la última renta efectiva por aplicación de dos disposiciones legales. Ahora el Contralor Bermúdez ha cambiado el criterio y ha señalado que, por interpretación de las normales legales pertinentes, dichos funcionarios pueden jubilar hasta con un tope de 60 unidades de fomento.
En lo personal, no me corresponde cuestionar o criticar lo que ha hecho el Contralor Bermúdez, porque se trata de una decisión soberana del organismo que encabeza, el cual ha aplicado hoy día un cambio de jurisprudencia, que ha llevado, obviamente, a que se produzca inquietud en miles de funcionarios de la institución, que son honestos, hacen su trabajo y están día a día en las guardias, quienes ven con preocupación que tal modificación afecte eventualmente sus jubilaciones.
Pero cuando uno revisa lo que ha venido ocurriendo -porque nadie puede quedar indiferente frente a la situación de Gendarmería-, se encuentra con que, presumiblemente, los abusos comenzaron hace un par de años, porque, de las pensiones millonarias que hemos conocido, las dos primeras fueron otorgadas bajo el Gobierno del Presidente Piñera. La primera, a Luis Camino Farías, ex Subdirector Operativo, quien en menos de un año cambió de grado, recibió funciones críticas dos veces y hoy percibe la pensión más alta, de 6.037.622 pesos. La segunda más alta fue entregada a Carlos Cortés Barraza, que sucedió en el cargo al señor Camino y quien, justamente el año anterior a jubilar, también fue ascendido de grado, se le entregaron funciones críticas y ahora goza de una pensión de 5.605.874 pesos.
Uno podría presumir, entonces, que parte de los abusos de este tipo de pensiones comenzaron en el Gobierno anterior.
Y, lo que es más grave aún, ayer conocimos un informe del Contralor General de la República donde solicita dejar sin efecto las pensiones de once funcionarios de Gendarmería por estimar que no se ajustan a derecho.
Cuando uno revisa su dictamen, se da cuenta de que en el caso de la señora Olate hace una prevención: que el año 2012, a raíz de una auditoría administrativa realizada a DIPRECA -dirigida, además, al Ministro del Interior de la época, que, si no me falla la memoria, era el señor Andrés Chadwick- se le hizo presente que eventualmente se estaban cometiendo irregularidades al tener como cotizantes de la institución a personas que no cumplían los requisitos legales para ello.
Y el informe de seguimiento de la propia Contraloría, que obligó a Gendarmería y a DIPRECA a entregar una respuesta en el plazo de 40 días, vuelve a reiterar que aquí no ha habido un control adecuado respecto de lo que está pasando en la Dirección de Previsión de Carabineros.
En consecuencia, ¿qué puede pensar uno, razonablemente? Que este es un problema que se viene arrastrando desde antes.
Ahora, la pregunta que hay que formular, y que, obviamente, a mí me gustaría que respondieran las autoridades de la época -el Ministro Chadwick y el Director de Gendarmería; no sé si mantenía en este cargo el señor Luis Masferrer o si este ya era candidato a Diputado- es por qué, habiéndoles representado la Contraloría lo que estaba ocurriendo con las cotizaciones en la DIPRECA, no se hizo nada, situación que ha llevado al Contralor a señalar, en el oficio enviado el día de ayer, que las once pensiones cuestionadas no proceden por haber sido observadas el año 2012.
En mi opinión, el problema que tenemos en el ámbito previsional es estructural.
Termino, en razón del tiempo, diciendo que soy un convencido de que el Ejecutivo, el Gobierno, debe tomar una decisión porque, como muy bien afirmó el Senador Harboe, no puede ser que nosotros mantengamos a Gendarmería como una institución que, por una parte, custodia reos, tiene permitido el uso de armas, con una cantidad importante de gremios, y por la otra, se halla encargada de lo relacionado con la rehabilitación.
Se hace necesario, a mi juicio, una separación de estas funciones y definir, de una vez por todas, cuál es el rol que le compete a dicho organismo. No podemos seguir con aquella mixtura, que ha llevado a que se generen este tipo de problemas.
Si queremos que los funcionarios de Gendarmería mantengan el mismo régimen previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tendremos que dar el paso de separar a la institución de lo que dice relación con la reinserción, y sus miembros deberán asumir los costos de lo que significa ser parte de una estructura "militarizada", de tal forma de no continuar con la mixtura ya mencionada, en que existen sindicatos cuyos asociados pueden portar armas.
Gracias.
El señor LAGOS (Presidente).-
Aún le restan algunos minutos al Comité Partido Demócrata Cristiano e Independiente.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Prokurica, cuyo Comité, Renovación Nacional, dispone de 5 minutos y medio.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, antes de intervenir sobre la materia de fondo, quiero hacer una pequeña reflexión respecto de las declaraciones de algunos de los Senadores de las bancas de enfrente criticando lo relativo a las pensiones y el trabajo de Gendarmería.
A mí, como abogado, me ha tocado observar en mi vida profesional la labor de los gendarmes. Y quiero decirles que no conozco un trabajo más complejo, más difícil, más riesgoso y menos reconocido que el que ellos realizan.
Hoy día, cuando uno analiza la realidad de las cárceles, conviene tener presente el serio informe que la Ministra Mónica Maldonado hizo hace un tiempo, en el cual señalaba: "Mi diagnóstico general sobre el sistema penitenciario chileno es que vive una crisis de magnitud muy profunda, expresada en diversos aspectos. Esta crisis se manifiesta en el hacinamiento carcelario, el régimen penitenciario al cual son sometidas las personas privadas de libertad, el desconocimiento de la dignidad de las personas, la violencia a la que se ven sometidas por parte de otros internos y también por la forma en que se aplican las sanciones".
Este es el régimen que viven los internos, pero también el que viven los funcionarios de Gendarmería, que están a cargo de ellos día y noche y que tienen la obligación de velar por la vida de los encarcelados, rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad.
Aquí, muchos han dicho que esas funciones hay que separarlas. La verdad es que todas las fórmulas que se plantean no dan el ancho, porque hoy día, según la información técnica de que dispongo, los recursos que se entregan para rehabilitación no superan el 3 por ciento del total asignado a la institución.
¿Usted cree, señor Presidente, que se puede hacer algo en esta materia con ese 3 por ciento? ¡No!
Cualquiera que desee hablar en serio del problema debe partir por la inversión, porque no se trata solamente del destino de los reos, sino también del destino de cualquier política en materia de seguridad ciudadana, para no caer en la tan recurrida frase de que las cárceles son "escuelas del delito" cuando no hay reinserción.
Señor Presidente, el Ministerio de Justicia -cuya misión, como autoridad de Gobierno, se materializa a través del Subsecretario- es el responsable de formular políticas, planes y programas sectoriales respecto del tratamiento penitenciario y la rehabilitación del reo y de dictar normas e impartir las instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento.
Esas son las labores que la ley le entrega a la señora Ministra, al Subsecretario, a dicha repartición pública en esta materia.
Sin embargo, hoy día quiero referirme específicamente a lo ocurrido en la cárcel de Copiapó, que es la que presenta más hacinamiento en Chile.
Hemos hablado reiteradas veces sobre la sobrepoblación de los penales de nuestro país. Pero, una vez que un ciudadano ha delinquido y se haya preso, también tenemos la obligación de apoyarlo para reinsertarlo en la sociedad, entregándole herramientas mínimas, psicológicas y prácticas, para que pueda lograrlo.
En la actualidad, salvo esfuerzos de reinserción que realizan en algunos establecimientos penitenciarios las iglesias, especialmente la Evangélica y la Católica, y determinadas ONG, en el resto de las instituciones la verdad es que ello se ve poco y nada.
En el caso del proyecto "El Arenal", que buscaba reponer la cárcel de Copiapó -me consta, porque fui al lugar, y agradezco al ex Ministro Teodoro Ribera por hacer todas las gestiones para sacar de esa realidad tanto a los reos como a los gendarmes-, creo que hubo una cuestión netamente política.
Este Gobierno, a pesar de que teníamos el estudio y las propuestas hechas, determinó que ese proyecto no seguía adelante, porque era muy grande. ¡Por favor! Aquí se construyen cárceles cada 50 años, señor Presidente. Por eso quiero preguntarle a la señora Ministra, aquí presente, qué pasa con la cárcel de Copiapó, que hoy tiene 707 internos para apenas 198 plazas.
Me parece, francamente, que tal situación es inhumana. Y hay otras cárceles de nuestro país en similares circunstancias.
Creí que íbamos a dar un paso importante en esta materia, pero, por un tema netamente político, el Gobierno echó abajo el proyecto, el cual hubiera podido sacar de una realidad inhumana a cientos de personas que hoy están pasándolo mal en la cárcel.
Lo lamento, porque la iniciativa consultaba un terreno de 84 hectáreas en el que se haría rehabilitación -incluía una fábrica de muebles-, y posibilidades de que los reos tuvieran una calidad de vida más humana, así como también, por supuesto, las personas que ahí laborarían.
No voy a referirme a la situación de la señora Myriam Olate, que aquí ya ha sido repasada, pero quiero decir que reconozco y felicito al Contralor General de la República, porque ha tenido, en este y otros casos, la valentía de cumplir con su labor, al no solo hacer las denuncias por la prensa, sino además pedir que una persona que se ha apropiado en forma ilegal de recursos de todos los chilenos, aparte de ser sancionada -a mí me parece que incluso hay un delito-, no reciba una de estas pensiones millonarias, que no corresponden al promedio de las jubilaciones percibidas por los gendarmes de Chile.
El señor LAGOS (Presidente).-
¿Terminó, Su Señoría?
El señor PROKURICA.-
Sí, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Tuma, en el tiempo restante del Comité PPD.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, hemos sido convocados para tratar el tema de Gendarmería y el llamado -entre comillas- "jubilazo".
Creo que es una situación que hay que terminar. Es una distorsión del sistema. Se ha instalado la idea de que la mayoría de los gendarmes tienen esas condiciones y reciben esas pensiones o ese "jubilazo".
Yo quiero decir que la de Gendarmería es la labor más difícil que se puede desarrollar.
De acuerdo al informe de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago sobre la expenitenciaría, luego de la visita semestral a las cárceles del año 2015, el estado de ese recinto afecta la dignidad humana, pues los internos deben dormir unos sobre otros en condiciones insalubres y con presencia de chinches y parásitos. Pero la misma situación afecta a los gendarmes: falta de dignidad, de condiciones laborales y de descanso adecuadas.
Entonces, creemos que Chile, siendo uno de los países con la mayor tasa de población penal, enfrenta un serio déficit de infraestructura.
No obstante, además de la falta de infraestructura, no tenemos un sistema penal que cumpla el objetivo de la reinserción y no solo de encerrar a quienes son delincuentes, o a los que están condenados, o de acoger a quienes cumplen la labor de ser frontera entre los delincuentes y la ciudadanía.
Debemos analizar los planes para permitir que esas personas, que en determinado momento cumplen sus condenas, vuelvan a la sociedad reacondicionados desde el punto de vista de su conducta, desde el punto de vista de su misión, desde el punto de vista de su voluntad de participar en una sociedad y con hábitos de respetar la legislación.
Por tanto, creo que aquí hay un tema mayor.
No le podemos exigir a un Gobierno de cuatro años que resuelva un asunto que se viene arrastrando desde hace muchos años. Y del mismo modo en que la Presidenta de la República, en el día de ayer, tomó la decisión, con coraje, de enfrentar el problema de la reforma previsional (aun cuando no vamos a concluir esta labor en esta Administración, al menos la iniciaremos), yo pediría que nuestro Gobierno comenzara un gran plan de reinserción, un gran plan de modernización y un gran plan de reacondicionamiento, en general, de lo que significa el tratamiento a los condenados, pero también a Gendarmería.
Esta institución requiere un tratamiento particular, que no sea abusivo, pero que naturalmente reconozca que ellos ameritan contar con una condición especial en materia de remuneraciones, en materia de pensiones y en materia de condiciones laborales.
Por eso, creo que de la misma manera que la Presidenta ha dado un paso importante en el tema previsional, también deberíamos hacerlo en cuanto al cumplimiento de condenas y de condiciones de los gendarmes.
Espero que a partir de esta sesión podamos, como Congreso, realizar una propuesta, que sea recogida por el Ejecutivo, para enfrentar el tremendo desafío de iniciar una forma distinta de que el Estado dé cuenta de su obligación de velar por la reinserción de quienes cumplen condenas, pero también de las condiciones de los que ejercen la labor de vigilantes.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, en el turno del Comité UDI.
El señor LARRAÍN.-
¿Cuánto tiempo tengo?
El señor LAGOS (Presidente).-
Su Comité dispone de trece minutos.
Entiendo que primero hará uso de la palabra el Senador señor García-Huidobro, y luego el Honorable señor Hernán Larraín. Y que, en la eventualidad de que les sobre algo de tiempo, están dispuestos a cedérselo al Senador señor Chahuán.
El señor LARRAÍN.-
¡Eso es más discutible...!
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
No tengo ningún problema, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
¡Yo encuentro que hay que tener harto criterio para estos efectos...! Sin embargo, me parece bien.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Entregaremos los minutos que sean necesarios con la generosidad que corresponda.
Quiero saludarlo, señor Presidente; también a nuestros colegas y a la señora Ministra.
Iniciaré mi intervención con algo en que he sido majadero durante años.
La pregunta que debemos hacernos todos es si efectivamente estamos rehabilitando a los internos en Chile. Si el Estado está cumpliendo su rol de reinsertar a quienes han sufrido el estar en la cárcel. E, independientemente de los gobiernos de turno, a mi juicio, esta realidad se mantiene igual: no hay rehabilitación.
Cuando se invierte prácticamente un tres por ciento en una "supuesta" rehabilitación, no estamos a la altura de lo que el país exige. Y más allá de reinsertar, lo que se hace es alimentar la delincuencia.
¡Y lo digo seriamente!
Porque ¿qué opción tiene hoy día de conseguir un trabajo alguien que se reinserta en la sociedad?
Mientras no tengamos un incentivo para que las empresas grandes, medianas y -ojalá- pequeñas puedan comprometerse con el objeto de trabajar con internos, y para que luego estos tengan asegurada la posibilidad de laborar cuando se reinserten en la comunidad, no iremos por el camino correcto.
Cuando los reos cumplen su condena, salen con los papeles manchados y, al momento de buscar trabajo, lo primero que ocurre es que les solicitan sus antecedentes.
Por tanto, voy a insistir en esto, señor Presidente, porque mientras no ataquemos esa realidad, obviamente estaremos aumentando recursos, hablando de los problemas, pero no solucionándolos.
Yo quiero valorar -como muchos de ustedes- el trabajo de Gendarmería. Por situaciones puntuales, lamentables, no se puede juzgar a una institución, cuyos funcionarios -como bien dijo el Senador Prokurica- corren riesgos todos los días, pues muchas veces deben estar al interior de las cárceles con personas violentas exponiendo sus vidas.
En segundo lugar, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente-, el tema de la sobrepoblación es dramático en numerosas cárceles. Por ejemplo, de los 93 centros penitenciarios, 58 presentan una sobrepoblación superior al cien por ciento.
Hay casos extremos. Por ejemplo, Taltal tiene una sobrepoblación de 250 por ciento; Chañaral, de 220 por ciento; Limache, de 314 por ciento (son cifras oficiales).
Con todo -¡escúchenme bien!-, quiero preguntar lo siguiente a la señora Ministra: ¿qué porcentaje de los gendarmes, de las personas que trabajan en Gendarmería, efectivamente laboran de manera directa con los presos?
La información que teníamos hace algunos meses era que prácticamente el 50 por ciento efectuaba labores administrativas.
¿Qué nos dice eso? Que se está sobrecargando el trabajo de los que se encuentran en contacto directo con la población penal, quienes deben trabajar horas, turnos y bastante tiempo más allá de lo que corresponde.
¡Los gendarmes tienen problemas psicológicos y psiquiátricos! ¿Se está apoyando, en estos momentos, a personas que han experimentado una tensión feroz? Y, con todo respeto, señora Ministra, quiero reiterar que el tema de los suicidios ocurridos en la cárcel de Rancagua, incluidos los suicidios e intentos de suicidios de gendarmes y de internos, se debe abordar seriamente.
Porque la cultura de las personas privadas de libertad muchas veces es bastante comunitaria. No obstante, cuando se les tiene solos o de a dos personas en un lugar, les cambia absolutamente su condición de acostumbramiento. ¡Y se producen consecuencias serias!
Por otro lado, señor Presidente, quiero insistir en que se trabaje con fuerza este tema. Podemos hacer todas las leyes, podemos entregar todos los recursos que sean necesarios, pero ello no será suficiente si no se realiza un trabajo serio de reinserción y rehabilitación.
Porque ¿cuál es el mayor problema de este país según la comunidad?: ¡La delincuencia! ¡La inseguridad! Es cosa de ver los reportajes que se han realizado, que muestran que de las propias cárceles -¡de las propias cárceles!- justamente vienen las amenazas, viene el cuento del tío. Es decir, de esa situación se está alimentando la delincuencia.
Y queremos justamente lo contrario: reinsertarlos, pero para eso hay que rehabilitarlos.
Por último, insisto nuevamente, señor Presidente: ¿qué está ocurriendo con el ingreso de drogas a las cárceles?
Bien lo dije, por enésima vez: en la cárcel de Rancagua hay un escáner que detecta si alguien está ingresando drogas. Hasta el momento, no tengo información de que se encuentre funcionando. Lo primero que me dijeron era que no había material para que pudiera operar. Después llegaron los insumos, pero se me señaló que no existía personal capacitado para utilizarlo.
Entonces, quiero una respuesta en esto. No me voy a referir a los temas que hoy día conoce la opinión pública y de los que estamos todos preocupados. Quiero que vayamos al fondo del problema.
Como bien afirmó el Senador Araya, es necesario redefinir la labor de Gendarmería. No se le puede exigir, además, que rehabilite. Debemos entregarles esa tarea a terceros.
Y si queremos aportar seriamente a esto, tenemos que contar con un sistema de incentivo tributario a fin de que las empresas se instalen y trabajen con los internos. Esa es la manera de entender que las personas son dignas y que es fundamental respetar los derechos humanos de los reclusos -lo cual en muchos casos no ocurre-, para que tengan la posibilidad de ser útiles a la sociedad.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, estimados colegas, como todos saben, Gendarmería de Chile cumple una función relativa a la seguridad pública: es la institución encargada del orden, de la seguridad e incluso de la reinserción social de los reclusos, así como del cumplimiento de las condenas y del resguardo de los tribunales de justicia.
No está de más recordar su misión: "contribuir a una sociedad más segura como integrante de la Seguridad Pública, logrando garantizar el cumplimiento eficaz de la detención preventiva y de las penas restrictivas o privativas de libertad a quienes los Tribunales de Justicia lo determinen, entregando al afectado un trato digno y desarrollar programas para la reinserción social a fin de tender a disminuir las probabilidades de reincidencia delictual".
Nadie en esta Sala desconoce la necesidad de ajustes que permitan mejorar las condiciones en las cuales trabaja la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería.
Quiero recordar que con fecha 8 de julio pasado presenté, junto con otros señores Senadores, un proyecto de acuerdo -todavía no he recibido respuesta, así que aprovecho de recordárselo a la Ministra- que buscaba que se realizara "un estudio para la implementación de la Carrera Funcionaria en todas las plantas existentes en Gendarmería de Chile".
En resumen, a través de ese proyecto de acuerdo solicitábamos que se ordenara un estudio que permitiera subsanar los problemas y dificultades que tienen que vivir los funcionarios comunes y corrientes en su jornada de trabajo diario.
Claramente, queríamos solucionar injusticias, que se valorara el trabajo de los funcionarios y las funcionarias.
En aquel texto ni siquiera se mencionó la palabra "pensión". Lo quiero volver a repetir en esta Sala, porque parece que hubo una confusión con otro proyecto que algunos de nosotros firmamos, tal vez sin medir que pedía eliminar el tope de imponibilidad de 60 UF. Pero en ningún caso este proyecto de acuerdo, que me tocó liderar y cuya preocupación era cómo resolvemos las condiciones laborales actuales de este personal, implicaba fomentar ningún tipo de irregularidades o de actos contrarios a Derecho.
Todos sabemos que Chile tiene una de las poblaciones penales más numerosas de nuestro continente. Todos conocemos la situación en que se encuentra la gran mayoría de las cárceles en nuestras respectivas regiones.
También quiero reafirmar -me lo acaba de decir la Ministra, una vez más- que sí se va a llevar adelante el proyecto de la cárcel de Copiapó, que se ubicará finalmente en El Arenal, como se previó en un principio. Se invertirán en ello 125 mil millones de pesos.
Quedará, por tanto, a 30 kilómetros de Copiapó, lo cual para las familias es un poco complejo, pero es el lugar que escogió originalmente el entonces Ministro de Justicia José Antonio Gómez.
El monto previsto para ese proyecto demuestra que sí hay una preocupación por generar mejores condiciones.
Quiero además recordar que el sacerdote Roblero me ha pedido en forma especial que vaya con él a la cárcel pública. Todavía no lo he hecho; sé que tengo una deuda en esto. Él quiere que veamos las condiciones en que se encuentran todavía nuestros reclusos. Creo que este es un tema que no podemos soslayar ni ignorar.
Por mi parte, quisiera ver en todo lo que ha ocurrido la oportunidad de abordar a fondo el tema de las condiciones en las cuales están nuestros reclusos y de la incapacidad de poder hacer después una verdadera reinserción social. Porque es muy difícil rehabilitar personas que viven en condiciones físicas paupérrimas, debido al sobrepoblamiento, al hacinamiento, en fin.
Por lo tanto, insisto: quiero ver en estos hechos una oportunidad para nuestra población penal y para los propios gendarmes.
Todos nos hemos informado de que en el día de ayer la Contraloría General de la República se pronunció respecto de los problemas suscitados con ocasión de la entrega, aparentemente irregular, de pensiones que beneficiaron solo a un pequeño grupo. Quiero ser clara en esto, porque el beneficio no es masivo, para todos los gendarmes.
Según la Contraloría, el personal de Gendarmería está afecto al límite de las 60 UF.
En este contexto, el Ente Contralor dice que las "resoluciones de DIPRECA que concedieron pensiones de retiro al personal de Gendarmería, sin considerar para el cálculo de ese beneficio el referido límite de imponibilidad, no se ajustaron a derecho".
El caso ha sido popularmente conocido como el "jubilazo". La verdad es que todos podemos entender el grado de indignación que significa para los ciudadanos comunes y corrientes. Hoy día el 79 por ciento de nuestros pensionados recibe una pensión menor al sueldo mínimo; es decir, inferior a 257 mil 500 pesos. La indignación es, pues, legítima y justa al conocerse que hay un grupo privilegiado con pensiones que superan los 5 millones, e incluso, en un caso extremo que tuvo lugar en el Gobierno pasado, los 6 millones.
Ahora, lo que corresponde, razonablemente, es esperar el debido proceso. Pero debemos hacernos las siguientes preguntas:
-¿Por qué el ex Ministro de Justicia y el ex Director de Gendarmería del Gobierno pasado no tomaron en cuenta las comunicaciones enviadas por la Contraloría y DIPRECA a Gendarmería, para detener estos abusos en el otorgamiento de pensiones?
-¿Por qué Contraloría, a pesar de que solicitó detener las supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, tomó razón del acto administrativo donde se otorgó la pensión más cuestionada, ya que la percibió la ex esposa del Diputado Andrade?
-¿Por qué DIPRECA, a pesar de haber enviado una comunicación a Gendarmería cuestionando la situación en comento, de todas formas tramitó y aprobó administrativamente las pensiones? Porque esto no lo hace, claramente, el Ministerio de Justicia.
Entonces, sin perjuicio de que tendrá que investigarse a fondo la situación, estamos de acuerdo con esta invalidación. De alguna manera, tenemos que legitimar que se hagan las acciones reguladas, conforme a Derecho, y no con abusos o distorsiones que molestan e indignan a la ciudadanía.
Por eso, tendrán que llevarse a cabo todas las investigaciones necesarias y determinarse todas las responsabilidades que correspondan, sin perjuicio de formularnos las preguntas que he señalado, porque uno no logra entender que en el Gobierno pasado DIPRECA, a pesar de que sabía que esto no podía realizarse, continuó adelante.
Lo que merece la ciudadanía es que enfrentemos el tema de fondo: la condición de los gendarmes, la situación de los reclusos, la imposibilidad de rehabilitar y, menos, de reinsertar.
Finalmente, cabe agregar que necesitamos la mayor transparencia y publicidad, sin ningún tipo de ocultamiento que haga surgir dudas respecto de las soluciones definitivas de lo que se conoció como el "jubilazo".
Señor Presidente, quiero ver en esto una oportunidad, para que de una vez por todas podamos revisar a fondo este tema, que es, evidentemente, más bien de país. No podemos quedarnos solamente en que entendemos la legítima indignación ciudadana frente a estos hechos.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, en el tiempo que resta al Comité Unión Demócrata Independiente.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, pienso que esta sesión debería situarse más en una mirada global que en un aspecto preciso o puntual, como el que ha generado mucha controversia y acciones en la Cámara de Diputados.
Se trata de un tema complejo que se arrastra desde hace largo tiempo y respecto del cual, a mi juicio, deberían destacarse dos aspectos: por una parte, una serie de dificultades concretas necesarias de abordar y, por otra, un problema central, que dice relación con una política pública sobre seguridad ciudadana que no hemos sabido resolver.
El ámbito de las situaciones concretas lo dimensiono en seis puntos.
El primero es el que ha tenido más impacto público en el último tiempo: el relativo a las pensiones.
Obviamente, Gendarmería cuenta con un régimen previsional. No sé si este se deriva de una mala aplicación de la legislación o de un abuso cometido en los últimos años -¡no sé desde cuándo!- para interpretar torcidamente la ley.
La Contraloría pareciera hoy día estar reaccionando sobre aquello.
Pero el problema no es el tope, es decir, que las personas puedan jubilar en Gendarmería con más de un millón 800 mil pesos, porque en el sistema de las Fuerzas Armadas hay pensiones mayores que eso. Lo inaceptable es llegar a pensiones escandalosas, como las del "jubilazo", de 4 a 5 millones de pesos, monto que nadie recibe en Chile, ¡ni siquiera en las instituciones castrenses!
Por lo tanto, se debe revisar esa materia. Yo no sé -repito- si es un problema del sistema, de la ley, o un abuso en la forma como esta se ha aplicado.
Me parece que es grave y se tiene que corregir.
El segundo punto se refiere a la inquietud por el abuso de las licencias médicas, lo cual ocurre no solo en Gendarmería, sino en muchas otras instituciones. Hemos visto el asunto más de una vez a propósito de las isapres.
Sé que los gendarmes lo pasan mal, pues pareciera que también son parte de los que sufren restricción de su libertad, lo que podría causarles problemas de salud mayor que a la población común.
A pesar de ello, se ha detectado un abuso de las licencias, que no tiene justificación ni explicación.
Un tercer tema es el de los sumarios.
Se ha conocido en estos días una cantidad importante de sumarios que no se resuelve. Pasa el tiempo y nunca tienen un final; por tanto, pareciera que son una broma. Deben contar con un plazo y una resolución. De lo contrario, será simplemente un saludo a la bandera.
En cuarto lugar, he conversado con muchos dirigentes gremiales de Gendarmería, quienes han hecho presentes problemas sobre carrera funcionaria y nivel de remuneraciones, respecto de lo cual no han recibido respuestas satisfactorias. Se requiere un diálogo más concreto para resolver esas demandas.
Le he planteado a la Ministra de Justicia -en estas materias uno actúa solo como un intermediario- que es importante retomar ese diálogo en una mesa de trabajo con los dirigentes para escuchar tales inquietudes, que, por lo demás, no pretenden ser resueltas de un día para otro, sino gradualmente.
En quinto lugar, no podemos olvidarnos de las condiciones laborales de los gendarmes. Esta es una cuestión muy compleja, que varía, por cierto.
He estado en la Penitenciaria de Santiago y en las cárceles de mi Región -las he recorrido todas-, y muchas veces visité, en un tiempo anterior a mi labor parlamentaria, otros penales del país. Y me he dado cuenta de que dicho asunto francamente clama al cielo.
¡No se puede trabajar en esas condiciones! Es un problema no solamente de los reclusos, sino también de los gendarmes, quienes sufren las consecuencias como si estuvieran presos.
Me parece que ese asunto merece una mirada más ancha.
Finalmente, el sexto problema dice relación con la escasez de cárceles. ¡Sigue el hacinamiento!
Cuando los ministros de Corte inspeccionan los penales y señalan que hay tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, dan cuenta de que las cárceles son lugares donde no se desarrolla una política a nivel humano.
A mi juicio, las personas que han cometido delitos graves merecen sanciones fuertes, pero no inhumanas, y menos tratos crueles o degradantes. Hay una dignidad en el preso, que se debe respetar.
Asimismo, es fundamental que quien custodia a los reclusos pueda desarrollar su actividad en el mismo nivel de dignidad.
Esos son los seis puntos concretos que identifico, y me gustaría conocer las políticas que el Gobierno va a impulsar en cada caso.
Por otro lado, existe un problema central.
Señor Presidente, no sé de cuánto tiempo dispongo, pero quisiera...
El señor LAGOS (Presidente).-
Casi nada, señor Senador; pocos segundos.
El señor LARRAÍN.-
¿No le queda tiempo a nuestro Comité?
El señor LAGOS (Presidente).-
No. El Senador García-Huidobro ocupó ocho minutos y usted lleva hablando seis.
Puedo darle un minuto adicional para que concluya, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Presidente.
Lo central es la rehabilitación y la reinserción social.
Chile no tiene políticas en esta materia.
Ayer, a propósito de otro proyecto de ley (el relativo a la libertad condicional), señalé que la reincidencia de quienes han sido condenados a presidio es extraordinariamente alta y que el período dentro del cual el sistema podría actuar para lograr su rehabilitación y reinserción no se utiliza.
El 15 por ciento de la población penal tiene acceso a algún programa de rehabilitación. ¡Pero el resto no!
En consecuencia, las cárceles funcionan casi como universidades del delito, que no permiten la rehabilitación.
La mejor prevención que podemos hacer, quizás, no es tanto a través de Carabineros, sino que trabajando con los presos mientras cumplen su pena, y desde ahí rehabilitarlos de verdad.
El señor LAGOS (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra la Ministra de Justicia, señora Javiera Blanco.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero agradecer a los Senadores por esta sesión convocada especialmente para referirnos a la situación de Gendarmería.
Aprovecharé estos minutos para poner sobre la mesa varios aspectos importantes de conocer, a propósito de las preguntas que Sus Señorías han formulado.
Lo primero es señalar que Gendarmería tiene a su cargo 130 mil personas: unas privadas de libertad; otras que cumplen condenas en medio libre, y también las que realizan un proceso pospenitenciario.
Los reclusos en encierro son 43 mil y cerca de 55 mil están en un sistema abierto.
En la actualidad, las cárceles concesionadas y las cárceles tradicionales cuestan más o menos lo mismo en términos de valor por interno al mes: alrededor de 600 mil pesos. Lo señalo a efectos de compartir cifras y datos y hablar todos sobre lo mismo.
La dotación de Gendarmería ha tenido un aumento progresivo desde el año 2010. Hoy día bordea más o menos los 20 mil funcionarios, de los cuales casi 5 mil son de la famosa Planta III (civiles). Por tanto, 15 mil son gendarmes, de los cuales se estima que un poco más de 10 mil son operativos.
Indico lo anterior, a propósito de la pregunta sobre cuántos gendarmes hoy, del total de las Plantas I y II, están dedicados a funciones propiamente operativas.
Ese es un tema relevante. Nos hemos abocado a liberar personal de tareas administrativas para llevarlo al ámbito operativo.
Señor Presidente, en un esfuerzo que venimos haciendo desde el año pasado, hemos identificado un primer grupo de gendarmes (cerca de mil 300) que pueden ser liberados de labores administrativas. Inicialmente, ya se destinaron más de 300 al nivel operativo. Y hay un segundo grupo (más de 500) que para ser liberado primero requiere ser reemplazado por personal civil.
Hoy día estamos pidiendo, en el ejercicio del presupuesto exploratorio, los recursos necesarios para liberar gradualmente de funciones administrativas al personal uniformado y ser sustituido por civiles.
Ahora, es cierto que un porcentaje de las labores administrativas (por ejemplo, custodia de armas u otras vinculadas a funciones propiamente de vigilancia), aunque están catalogadas como tales, resulta coherente que sean servidas por funcionarios uniformados.
En definitiva, si bien partimos con cerca de 14 mil 700 funcionarios el 2010, hoy ya estamos en 20 mil. O sea, hemos tenido una incorporación gradual a partir de distintas normativas.
En términos de presupuesto, se ha dicho que solo el 3 por ciento de los recursos de Gendarmería está dedicado a reinserción.
En una mesa de trabajo que funcionó el 2010 -y entregó un informe ese año-, ya se hablaba de que el presupuesto destinado a reinserción no podía dimensionarse solo a partir del Programa 02 (Rehabilitación y Reinserción Social), pues hay partes del Programa 01 (Gendarmería de Chile) que están orientados a esos fines.
Si uno suma el Programa 02, que considera cerca de 40 mil millones de pesos (correspondiente al 10 por ciento del total) y el Programa 01 en materia de reinserción social, obtiene un poco más del 20 por ciento del presupuesto.
En todo caso, se trata de un porcentaje que nos gustaría aumentar. ¡Pero no es el 3 por ciento! Lo reitero, porque es un error muy frecuente.
Por cierto, que se destinen 2 de cada 10 pesos a reinserción nos parece poco. Tal cantidad debe ser aumentada.
En algún momento de la historia, sí se asignó solo el 3 por ciento del presupuesto a dicho fin. Lo sé, porque he estado vinculada por muchos años a estas materias. Es efectivo que partimos con un presupuesto muy menguando.
En la actualidad, ya contamos con un fondo más grande, dado que el Programa 02 ha crecido bastante; entre otras cosas, por las modificaciones introducidas a la ley Nº 18.216, que permitieron reforzar todo lo relacionado con el cumplimiento de medidas en libertad.
Más allá de las cifras, ¿qué hemos hecho como Gobierno en Gendarmería?
Hay un diagnóstico más o menos común acerca de cuáles son los desafíos en los ámbitos pertinentes.
A mi juicio, es totalmente coherente que hoy podamos avanzar en especializar cada vez más las funciones propias de vigilancia de aquellas de reinserción y rehabilitación.
Ese es uno de los desafíos en los que estamos trabajando.
También se ha aumentado bastante la inversión en infraestructura. Lo anterior se vincula, además, con la rehabilitación. En efecto, las condiciones de habitabilidad sin duda son un componente de la rehabilitación. No sufrir hacinamiento se constituye en un factor clave a la hora de la reinserción.
A nivel nacional, no tenemos un porcentaje tan elevado de hacinamiento: alrededor de 4 por ciento. ¿Qué ocurre? Que los mayores problemas en este ámbito se concentran en algunos penales (por ejemplo, el de Copiapó).
Por lo mismo, la Senadora Isabel Allende muy bien comentaba el proyecto que vamos a construir en El Arenal...
El señor PROKURICA.-
¡Lo iban a cambiar y ahora volvieron al mismo lugar!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Por favor, señor Senador, no interrumpa.
La señora ALLENDE.-
¡Es un diseño diferente!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Señora Ministra, por favor, continúe.
La señora BLANCO (Ministra de Justicia y Derechos Humanos).-
Existen varias razones por las que se pensó en algún minuto en una cárcel modular. Y se había descartado el lugar, como bien dijo la señora Senadora.
¡Lo importante es que vamos a construir esa cárcel!
Más allá de ir y volver sobre un proyecto, lo relevante es concretarlo y darles respuesta a las personas que hoy día esperan por una plaza.
La inversión alcanza a 125 mil millones de pesos, como señaló la Senadora Allende, y va a significar mil 500 nuevas plazas para paliar el nivel de hacinamiento que existe ahí.
También se manifiestan grados de hacinamiento en Santiago, en Valparaíso; en fin, en las grandes ciudades. Pero, a nivel nacional, considerando los 85 penales, el índice de hacinamiento llega a 4 por ciento.
En términos de inversión, un monto importante se ha destinado a obras, infraestructura, reparaciones. Estamos hablando de cerca de 15 mil millones de pesos este año.
Otro aspecto relevante, a propósito de una dolorosa experiencia que sufrimos como país, es la implementación de redes contra incendios. En los últimos tres años habremos invertido 9 mil millones de pesos por este concepto.
También destaco todo lo relativo a la rehabilitación y reinserción de personas que cumplen penas en libertad. Siempre se habla de este asunto, pues la gente entiende que un delincuente que no pasa tras las rejas su condena no está recibiendo sanción. Y eso muchas veces tiene explicación: las medidas que se cumplen en un medio libre carecen de supervisión necesaria o de un componente de rehabilitación. Se ha intervenido precisamente sobre ese aspecto para que la posibilidad de cumplir pena en libertad sea una alternativa real.
En tal sentido, se han habilitado 10 centros de reinserción social, que equivale a cerca de 10 mil nuevas plazas. Y hemos aumentado la cantidad de delegados de 299 a 474. Este es un tremendo avance en materia de cumplimiento mediante libertad vigilada.
Por otra parte, estamos trabajando en un Plan de Medidas Penitenciarias.
Les cuento que se ha creado una unidad operativa especial, con el propósito de revisar todo lo relacionado con procedimientos y fortalecer las medidas de seguridad respecto de los traslados de la población penal. Esto es nuevo. Se trata de una unidad abocada exclusivamente a tales materias.
Asimismo, para el año 2016 estaba contemplado, inicialmente, reforzar los circuitos cerrados de televisión en cuatro recintos penales. Gracias a reasignaciones que pudimos hacer, ya no serán cuatro los penales beneficiados, sino once.
También vamos a dotar de escáneres a varios centros penitenciarios a efectos de poder detectar los contenidos de paquetes y encomiendas. Lo anterior resulta clave, sobre todo en los recintos penales de zonas fronterizas donde existen pasos habilitados.
Señor Presidente, es importante señalar que contamos con este Plan de Medidas Penitenciarias -está a disposición en nuestra página web, si desean conocerlo con más detalle-, el cual considera tres ejes fundamentales: reinserción, condiciones carcelarias y modernización institucional (a propósito de qué vamos a hacer a futuro).
El área de reinserción contempla modelos de intervención al interior de las cárceles. Yo siempre he dicho que en Chile nos caracterizamos por iniciar planes pilotos, los cuales terminan perpetuándose en el tiempo. Pues bien, ese tipo de programas son los que se aplican en materia de reinserción.
Hoy día funcionan dos programas orientados a la implementación de un modelo probado a nivel internacional, el de riesgo y necesidad. Pero se han mantenido en pocos penales, con una población muy acotada: el primer programa lo encontramos en varios recintos (en Colina I y II, en Valparaíso, en Arica, en Talca, en Coronel, en Temuco) y llega a un total de 2 mil internos, y el otro se aplica a nivel nacional, beneficiando a un poco más de 6 mil.
Queremos que ese modelo, que nos parece adecuado, se aplique en todos los penales, partiendo por uno donde podamos intervenir a la población completa, aunque, en general, se atiende a quienes están próximos a egresar. Ese proceso ya lo iniciamos en Colina I.
Y, además, se implementó un proyecto que busca preparar a los internos para el egreso, a propósito de la situación vivida hace un tiempo con las libertades condicionales a presos del penal de Valparaíso. Estamos trabajando, precisamente, en ese recinto.
Por otra parte, estamos cambiando el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios para que todos los permisos y beneficios sigan una lógica progresiva: que las personas puedan acceder a permisos; que estos sean una condición necesaria para postular a la libertad condicional. Las opciones de reinserción gradual hasta la completa libertad son adecuadas.
Esa mirada hoy día no impera en nuestro Reglamento. Lo estamos analizando, para luego someterlo a la toma de razón.
Mucho se ha hablado también de incorporar en el proceso al mundo privado y conformar una alianza público-privada en relación con las posibilidades laborales, cuestión que es clave. Una persona que se rehabilita tarde o temprano tendrá la necesidad de un trabajo, pero los antecedentes penales generan muchas veces resistencia en la gente.
En definitiva, se la condena a no laborar: de alguna manera, se le dice que no delinca, pero tampoco sabemos cómo puede procurarse el sustento diario para vivir.
¡Es bastante esquizofrénica la situación!
Por eso creemos profundamente en esta alianza público-privada, para lo cual hemos previsto la creación de un Consejo para la reinserción sociolaboral. La idea es que, aparte de los Ministerios relacionados (Justicia, Interior, Economía, Trabajo), se invite a actores como la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, y a fundaciones como Paz Ciudadana, los Canalistas del Maipo.
Otro de los ejes del Plan de Medidas Penitenciarias tiene que ver con las condiciones carcelarias.
En ese sentido, estamos trabajando con los funcionarios de Gendarmería, en todo lo relativo al manejo de los conflictos al interior de las comunidades penitenciarias.
Asimismo, se establece una inspectoría en el Ministerio de Justicia para sistematizar y responder de manera más coherente cada una de las observaciones que los distintos estamentos nos formulan tras las visitas que llevan a cabo a recintos penales (por ejemplo, el Poder Judicial).
Por otra parte, hemos dispuesto el Plan Penitenciaría.
¡Qué duda cabe de que la Penitenciaría hoy día es un actor muy relevante cuando hablamos del tema carcelario! El 10 por ciento de la población total se halla en una sola cárcel: la Penitenciaría.
Nosotros queremos intervenir ahí. Ya lo estamos haciendo y, en el presupuesto para el próximo año, esperamos contar con recursos para invertir preferentemente en el ámbito laboral y en el de capacitación.
Por último, se encuentra el eje Modernización Institucional.
A propósito de lo que decía el Senador Harboe, estamos ad portas de licitar un estudio sobre carrera funcionaria. Porque obviamente tenemos que pensar en una carrera que nos proyecte.
Ya hemos trabajado un decreto con fuerza de ley en que el mérito tiene que estar incorporado. Pero lo vamos a hacer en forma gradual, de manera que también los internos tengan la posibilidad de incorporarse a este nuevo modelo y que eso no sea algo negativo para ellos ni los afecte.
Además, existe una política de recursos humanos y de redistribución de personal relacionada con lo que decía antes: liberar a muchos uniformados de labores administrativas.
Me parece importante referirme personalmente a la situación que hoy día se produce en salud mental.
En el caso de nuestros funcionarios, en la actualidad existe un alto nivel de licencias médicas. Obviamente, está el tema de lidiar con la exposición al estrés y al riesgo. Se trata de un trabajo distinto, que requiere habilidades diferentes, que precisa generar un programa de acompañamiento permanente para combatir ese estrés.
Pero eso no obsta al trabajo que hemos hecho para poner fin a los abusos.
Ese también ha sido un concepto que hemos querido acuñar de manera reiterativa. Porque es muy distinto el uso correcto de una herramienta legal del mal uso de ella, ya que, como dijimos también, lamentablemente se genera un manto de duda general.
En tal sentido, deseo señalar que hoy, tras una revisión, de un universo de 596 licencias, siguen en evaluación 355, se lograron justificar 93 y 148 dieron origen a la desvinculación de personas.
También quiero referirme a los trabajos que hemos llevado a cabo en términos de fiscalización.
Lo que ahora básicamente nos corresponde es hacer las auditorías y realizar los sumarios necesarios a los efectos de detectar cualquier irregularidad ocurrida en términos de acciones o gestiones cuyo objetivo fuera el abultamiento de pensiones.
Eso es lo que nos corresponde como Ministerio de Justicia.
Nosotros hemos dicho muchas veces -no sé por qué no ha quedado claro- que el Ministerio de Justicia no calcula pensiones. Una vez que el funcionario pone término a su relación laboral, es DIPRECA la que se encarga de generar la base de cálculo. Luego de realizado dicho cálculo, ese organismo, que no depende del Ministerio de Justicia, lo envía a la Contraloría, que toma razón.
Respecto de lo publicado hoy en los medios de prensa, lo que nos corresponde como Ministerio, al igual que cualquier otra repartición pública, es acatar e implementar lo que señale la Contraloría. No estamos llamados ni a interpretar ni a dar una opinión, sino básicamente a acatar.
Lo que muchas veces sucede es que, ante un cambio de opinión o de interpretación de la Contraloría -sobre todo cuando se trata de más de 20 años-, muchas veces las reconsideraciones tienen por objeto identificar el alcance total. Por ejemplo, en su minuto DIPRECA preguntó qué pasaba con las cotizaciones mensuales que se habían hecho sobre el tope a lo largo de la trayectoria funcionaria; consultó qué alcances podía tener esta nueva interpretación.
Pero legalmente no existe otra posibilidad que acatar.
En tal sentido, el dictamen que se emitió ayer dice relación con 11 pensiones y con un proceso que debe iniciar DIPRECA.
Tal como señalaba el Senador Araya, esto tiene que ver efectivamente con situaciones que se informaron en su minuto a dos reparticiones relacionadas con las pensiones: DIPRECA y el Ministerio del Interior. Porque debo aclarar que ni el Ministerio de Justicia ni el del Trabajo tienen que ver con el cálculo de pensiones. Esta última Secretaría de Estado solo ve el aspecto presupuestario general.
Ahora DIPRECA deberá hacer un trabajo en términos de investigación respecto de lo planteado por la Contraloría. A nosotros, como Ministerio de Justicia, esta parte no nos atañe. Pero cuando nos corresponda alguna vez algo señalado por la Contraloría deberemos acatar. Es la única posibilidad y lo que hemos hecho hasta ahora.
Señor Presidente, hubo varias consultas relativas a los recursos destinados a rehabilitación. Vuelvo a insistir: estamos hablando de más o menos el 22 por ciento del total.
También se preguntó acerca de las visitas del Poder Judicial.
La idea es generar esta inspectoría al interior del Ministerio de Justicia.
Ya mencioné la cantidad de operativos. Estamos hablando de 15 mil uniformados, aunque estamos tratando de engrosar esa cifra, a través de un porcentaje menor de operativos, mediante la liberación de funciones administrativas.
Me parece que, hasta aquí, he cubierto casi todas las inquietudes.
También surgió una duda relacionada con los suicidios al interior de los recintos penales.
Los suicidios -es lamentable que sigan produciéndose- han bajado bastante de todas maneras. En 2010 fueron 23; en 2011, 24; en 2012, 26; en 2013, 16; en 2014, 13; en 2015, 19, y en lo que va de 2016 se han producido 5.
O sea, hemos logrado disminuirlos.
A mi juicio, debemos continuar este trabajo con los internos.
Obviamente, nos preocupan algunas zonas como Rancagua, donde hemos tenido varios casos de esa naturaleza.
No obstante, la buena noticia es que pudimos bajar el número de suicidios, de dos dígitos a casi uno, en algunos años.
Es un tema que también nos preocupa, así como el estrés al que pueda estar expuesto el gendarme.
Adicionalmente, nos interesa abordar la serie de programas de rehabilitación con los que contamos. Porque tenemos en la actualidad programas laborales, y nos gustaría que nos permitieran establecer aún más una relación con privados.
Hoy día una cantidad importante de internos (15 mil) accede a un trabajo. Pero solo el 7 por ciento de ellos tiene una relación mediante algún formato con un privado, ya sea por empresa privada instalada, por empresa privada externa, por trato con privados, etcétera.
Esa cifra todavía es baja. La mayor parte de esos reos se vincula mediante un trabajo artesanal.
Más de 16 mil internos desarrollan un proceso educativo.
Además de los 6 mil reos que mencioné, poco más de mil 900 se halla en programas de reinserción basados en el modelo riesgo-necesidad.
Tenemos también programas relacionados con secciones juveniles y uno de atención para mujeres embarazadas con hijos lactantes.
Además, están los centros de educación y trabajo instalados al interior de los penales (los CET cerrados y los CET semiabiertos). Existen cerca de 700 internos en ellos.
Pero todavía el desafío es mayúsculo en materia de reinserción. Por eso, este plan de medidas penitenciarias nos permite abordar esa integralidad, que abarca la rehabilitación, las condiciones carcelarias, el trabajo con los funcionarios.
Se trata de un todo. No nos puede quedar una patita afuera.
Sin duda, lo anterior irá acompañado de nuestra convicción como Gobierno y de los recursos necesarios para su implementación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Ministra, por la información proporcionada sobre el conjunto de medidas adoptadas por su Ministerio en relación con Gendarmería y también por las respuestas que dio a las inquietudes de los señores Senadores.
En el tiempo del Partido MAS e Independiente, tiene la palabra por cuatro minutos el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, creo que tener esta tarde en la Sala a la Ministra representa una gran oportunidad.
El diálogo ha sido fluido.
Este tema nos acompañará permanentemente, ya que, de todo lo dicho, quedarán tareas pendientes. Hay un problema de recursos.
La Ministra lo ha dicho: en cárceles norteamericanas y de otros lugares los presos trabajan.
Creo firmemente que sería extraordinario que los presos trabajaran y ocuparan su tiempo en producir y en generar ingresos tanto para sus familias como para ellos mismos.
Se debe aumentar la posibilidad de invertir en atraer empresarios para trabajar con los reos.
En El Manzano 2, la nueva cárcel concesionada, ¡están los talleres vacíos, a pesar de tener corriente trifásica, de contar con todas las condiciones para funcionar!
Hacer que los presos trabajen contribuirá a mejorar el clima carcelario, a mejorar la condición de los gendarmes y la dignidad de los presos y sus familias.
En cuanto a la situación de Gendarmería, la Ministra lo ha dicho, existe una politización evidente. Y uno quisiera que eso se transformara en institucionalidad.
Es importantísimo definir si el Director Nacional de Gendarmería será un funcionario de carrera o una persona nombrada por el Presidente de la República.
Si es un hombre o una mujer de carrera, debería prepararse para el cargo, es decir, para tener las habilidades y competencias, no solo la experiencia.
Respecto del encasillamiento y las promesas de mejoramiento de la condición económica de los gendarmes, está claro que debe producirse un diálogo fluido.
Existen muchas, tal vez demasiadas, organizaciones sindicales de funcionarios. Hay que dialogar con todas, y creo que este es un trabajo permanente -¡permanente!-. Y el diálogo tiene que llevar a respuestas concretas.
Para ser franco, lo único que va a mejorar la situación de los gendarmes será el aumento de su condición económica en todos los niveles, particularmente en los más bajos.
Eso permitirá que la carrera sea más atractiva, que siga capturando jóvenes y que se le devuelva la dignidad, como sucedió en el caso de Carabineros, con los cuales hicimos un esfuerzo: se amplió la dotación. Eso le restituyó dignidad a la institución policial y ha tenido un buen resultado.
En cuanto a reinserción y rehabilitación: ¡Iglesia evangélica, Ministra!
Los únicos que han tenido éxito, y además sin ningún subsidio del Estado, son las iglesias evangélicas. Ellas reinsertan, rehabilitan y acogen a las familias.
Aquí hay que hacer un plan -yo lo he dicho, Ministra, reiteradamente- no solo con el empresariado, no solo con las ONG, todos bien intencionados.
La Iglesia evangélica ha cumplido un rol extraordinario a lo largo de todo Chile. Hay que hacer un programa especial con ella, porque tiene las redes sociales, una red de inserción tan valorable como son el amor y la familia.
Por lo tanto, siento que allí se puede hacer más si se incorporara a los actores sociales, no solo a las ONG o a las empresas, a las que se les paga por aquello, en circunstancias de que con la Iglesia evangélica ello no ocurre.
Respecto de las cárceles concesionadas, no he podido saber nunca cuánto cuesta al mes mantener a un reo. Hablamos de 523 mil pesos. Si esa cifra es aproximada, ¡dos sueldos mínimos mensuales por mantener a un interno un mes en la cárcel es un tema que se debe abordar con quienes están a cargo de las cárceles concesionadas!
Por último, espero que todo lo que se vaya a hacer en materia de jubilaciones no termine afectando a los funcionarios que no tienen pensiones de 5 millones, ni de 3 millones, ni de 2 millones de pesos. Eso no debe afectar a los trabajadores de Gendarmería que en su inmensa mayoría no acceden a estas jubilaciones deshonrosas, abusivas y que ojalá la Contraloría General de la República pueda deshacer.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
El Comité del Partido Socialista aún dispone de unos minutos para hacer uso de la palabra.
La señora ALLENDE.-
¿Cuánto resta, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tres minutos, Su Señoría.
La señora ALLENDE.-
No haremos uso de ellos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Muy bien, señora Senadora.
Agradecemos la participación de la señora Ministra en esta sesión, quien ha clarificado muchos temas abordados por las señoras y los señores Senadores.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:47.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción