ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREACIÓN DE ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DE SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

El señor QUINTEROS.- Eso espero.

Señor Presidente, el camino de las reformas estructurales que ha impulsado la Presidenta Bachelet apunta a transformar los cimientos sobre los cuales se ha construido el desarrollo de Chile en las últimas décadas.

Tal impulso parte de la base de que ese desarrollo y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas, si bien avanzan, se encuentran limitados estratégicamente, identificándose a la educación como el principal factor detrás de este fenómeno.

Pero la visión transformadora de largo plazo alcanza no solo a la educación o a la Constitución: también considera las debilidades de infraestructura que están ahogando cada vez más las posibilidades de nuestra economía.

Dicho rezago se advierte en carreteras, en puertos, en ferrocarriles, en infraestructura urbana, pero se ha hecho crítico en energía, especialmente en la generación y distribución eléctrica.

Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el proyecto en debate, que crea una nueva institucionalidad para la transmisión eléctrica, se inscribe en esa visión estratégica transformadora del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Por cierto, en esta iniciativa no se escuchan las voces altisonantes que critican las reformas desde la partida.

Ello nos muestra las contradicciones de un sector que impulsa sin reservas las iniciativas de desarrollo económico, pero que desconfía de toda propuesta de desenvolvimiento social.

En verdad, el impulso modernizador es uno solo. Chile debe explotar plenamente las potencialidades de su gente, de su conocimiento, de sus recursos, de su territorio.

Ayer la Presidenta de la República llamó a participar en una nueva etapa del proceso de generación de una nueva Constitución para Chile. El objetivo es fijar las reglas del juego aceptadas por todos para los próximos 30 a 50 años.

Este proyecto, que crea una nueva institucionalidad en la transmisión eléctrica, establece también reglas del juego claras para los próximos 30 a 50 años.

¿Implica esta iniciativa de ley que se construirá la línea de transmisión que requiere HidroAysén?

¿Significa que se seguirá privilegiando a las megafuentes de energía y no a las pequeñas y medianas generadoras, más sustentables y menos invasivas?

Creo que la ley en proyecto no debe definir la viabilidad de HidroAysén -sobre ella la ciudadanía tiene serias reservas-, pero sí permitir que la autoridad legítima, dentro de sus funciones públicas, tome una decisión que viabilice o que descarte este y cualquier otro proyecto.

Lo que no puede seguir ocurriendo es lo que sucede hoy día, cuando una empresa privada decide si impulsa o desecha un proyecto eléctrico, así como su trazado y prácticamente la totalidad de las variables relevantes que afectan a las comunidades, y que la capacidad de incidir solo se limita a las variables ambientales.

Al final, la infraestructura energética que nuestro país requiere se decide en el Ministerio del Medio Ambiente y no en el Ministerio de Energía, porque esta última autoridad simplemente, en el marco actual, no tiene atribuciones para planificar e incidir en las determinaciones de privados.

Hay que corregir aquello, nos guste o no determinado proyecto.

Así como no creo en una Constitución que congele la institucionalidad, que impida su propia reforma, tampoco creo en un marco legal que prácticamente paralice el desarrollo de la infraestructura eléctrica.

Por el contrario, la institucionalidad debe permitir que el debate se realice; que se escuche a la ciudadanía; que se ponderen las alternativas, y, finalmente, que la autoridad legítima tome las decisiones y priorice un camino u otro.

Señor Presidente, la infraestructura que requiere Chile debe ser definida por la autoridad: por dónde van las carreteras; los nuevos puertos que se necesitan, los ferrocarriles, las líneas de transmisión y, también, los gasoductos.

Por la falta de un papel más activo del sector público, nuestro país ha perdido oportunidades que afectan no solo al desarrollo económico, sino también a la calidad de vida.

Hoy no tendríamos la emergencia ambiental que afecta a regiones del centro y sur de Chile, a ciudades como Rancagua u Osorno, si se hubiese decidido en su momento la construcción de una red nacional de gasoductos.

Cuando se implementó la red actual, los privados estimaron más rentable construir dos líneas paralelas en el norte para abastecer de gas argentino a las empresas mineras, en vez de priorizar el suministro domiciliario para nuestras ciudades.

Felizmente, los gasoductos subutilizados después de la crisis del gas en Argentina ahora pueden destinarse a la exportación de combustible al país vecino y se constituyen en una llave para la integración que tanto necesita nuestro continente.

Por cierto, esta reconversión de la infraestructura, que alcanza también a las líneas de transmisión construidas en el norte, no hubiese sido factible sin la intervención del Gobierno. Es decir, el mercado por sí solo no puede resolver y concretar todas las oportunidades.

Aprovecho la ocasión para felicitar al señor Ministro por las gestiones que acaba de encabezar con este fin.

En definitiva, el proyecto en debate va en la dirección correcta. Reserva para el Estado las decisiones más relevantes y favorece la inversión privada en infraestructura que el país necesita.

Algunos aspectos pueden mejorarse. Por ejemplo, reconociendo un papel más relevante a las comunidades y gobiernos regionales en las decisiones estratégicas de ordenamiento territorial, especialmente cuando se definen los polos de desarrollo que contempla la ley en proyecto.

De otro lado, me parece que hay que acotar la duración de las concesiones, guardando un justo equilibrio entre el interés público y la retribución por las inversiones que realice el sector privado.

¿Cuál es el plazo justo? ¿Diez, quince, veinte, cuarenta años?

Esta misma pregunta nos la podemos hacer en materia de concesiones de obras públicas, pero también de concesiones mineras, de derechos de agua y hasta de las cuotas de captura en la pesca industrial.

La respuesta de fondo debiera venir con una nueva Constitución.

Por eso -y con esto vuelvo al comienzo-, me parece que lo que estamos haciendo con este proyecto de ley no es muy diferente de lo que estamos efectuando con el resto de las reformas que promueve el Gobierno de la Presidenta Bachelet, incluida la de la Carta Fundamental.

Se trata -ni más, ni menos- de fijar reglas del juego estables, justas y aceptadas por todos para los próximos 30 a 50 años.

¡Es lo que Chile se merece!