OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET

El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, este es un proyecto muy relevante, por la penetración actual de Internet en Chile: cerca del 40 por ciento de los hogares del país tienen red o están conectados a Internet. Y si uno suma la telefonía móvil, la cobertura del servicio de telecomunicaciones alcanza a casi el 96 por ciento de los chilenos.

Como esta es una tecnología nueva -tiene apenas diez años-, hoy, aunque parezca sorpresivo -y algunos seguramente querrán mantener esta situación, lo cual lamentaría-, la SUBTEL no posee atribuciones para regular al sector. No tiene casi ninguna facultad, salvo la que se le otorgó a través del proyecto de neutralidad en la red, muy innovador y del cual fui uno de sus impulsores, que obligó a las empresas a explicitar las coberturas y velocidades de Internet.

¿Qué sucede? Que, si bien hemos avanzado en materia de telecomunicaciones, hay una ausencia absoluta de normas de calidad de servicio. Por lo tanto, ni una Superintendencia ni la SUBTEL, que hoy cumple ese rol, puede hacer exigencias en dicho ámbito.

¿Qué ha pasado con las empresas? Dado que no existe ninguna regulación y ninguna norma de calidad de servicio, están usando la misma infraestructura, las mismas redes que utilizan desde hace diez años, para ofrecer servicios a una población de usuarios cada vez más creciente, evidentemente con mayores utilidades, pero con casi cero inversión en redes e infraestructura. Y cuando se usa la misma tecnología y no se aportan nuevos recursos, obviamente se generan vacíos.

¿Por qué es importante esto? Porque afecta a todo el país. Hace un tiempo, en Punta Arenas -lo pueden corroborar los parlamentarios de la zona- se cortó la fibra que venía de Argentina y la ciudad quedó totalmente a oscuras, al igual que la Región de Aysén.

¿Qué hace el proyecto, que es una iniciativa transversal presentada con los Senadores Chahuán, Quintana y Letelier y el ex Senador Uriarte? Establece la obligación de asegurar una velocidad mínima de Internet. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy, que nos afecta a todos y con mayor razón a sectores que con gran dificultad acceden a cierta cantidad de megas por segundo: que a las 10 de la noche la mayoría no dispone de la velocidad por la cual se está pagando. Esto es como si ustedes fueran a comprar un kilo de manzanas y les dieran 100 gramos.

Por lo tanto, aquí hay una absoluta irregularidad, en el sentido de que se ofrece un producto por el cual los usuarios pagan, pero que a determinada hora -lo hemos vivido todos- no funciona a la velocidad ofrecida. ¿Y por qué? Porque, en cierta manera, abusan. Ellos compran una cantidad de megas por nodo. Por ejemplo, un mega. Pero este tiene una tasa de una a diez personas, según un sistema probabilístico. Y a la hora de que a las diez se les ocurra navegar al mismo tiempo, evidentemente ese mega será totalmente degradado.

¿Y qué deben hacer las empresas si tienen a diez clientes y les ofrecen cierto número de megas? Procurar tener la cantidad suficiente para que, independientemente de la hora que sea y aun cuando todos naveguen al mismo tiempo -esto es como el peso máximo de un puente- entreguen una cantidad mínima de servicio.

Ni siquiera estamos planteando que sea el cien por ciento. Antes la ley obligaba a entregar diez por ciento; hoy día no obliga a nada. En mi casa he medido la velocidad de conexión y a veces alcanza a un mega habiendo contratado cifras muy superiores, las máximas que ofrece la compañía en que estoy suscrito. Y les aseguro que cualquiera que haga la prueba podrá demostrarlo de manera empírica.

¿Cuál es el problema hoy día? Que la SUBTEL no tiene atribuciones para regular esta materia. Y eso nos parece muy malo, porque se trata de un derecho. Incluso, nosotros planteamos que el acceso a Internet sea un derecho universal, una garantía constitucional; un servicio como el agua, la electricidad, que llegue a todas las casas, independientemente de la condición socioeconómica. Porque, en el futuro, estar conectado a redes será tan importante como la propiedad privada. Quien no lo esté se hallará fuera del mundo. Las redes determinarán los asuntos energéticos -habrá una Internet energética-, de salud; las relaciones con el Estado, con los supermercados, con las compras.

Por lo tanto, acá hablamos de un desafío de futuro que no puede quedar exento de regulación.

Pero el proyecto en discusión también establece ciertas regulaciones para Internet móvil. ¿Qué pasa con esta? Algo muy parecido: las empresas de este rubro, por ejemplo, ofrecen cierta cantidad de megas por segundo, pero degradan la cantidad de servicio. Es decir, cuando una persona que contrata dos megas -dos mil kilos- cumple determinada cuota de uso, se los rebajan a 200 kilos, o sea, casi la dejan sin Internet.

¿Qué planteamos nosotros? Que no se pueda degradar el servicio y que, si ofrecen dos megas de Internet móvil, de verdad cumplan con esto. Porque a veces ocurre que a las personas, sin saberlo, sin que lean la letra chica -muchos de estos temas están en la letra chica-, le degradan la señal.

Hoy día los contratos suscritos por casi todos quienes tienen Internet dicen textualmente: "Se va a garantizar la velocidad que se pueda ofrecer". Esto constituye un verdadero engaño, porque los usuarios de Internet pagan por determinada cantidad. Y nosotros pedimos que al menos, ¡al menos!, exista una normativa legal. Porque hay algunos que señalan que esto es materia de reglamento. No: los derechos se defienden con leyes. Evidentemente, la cantidad específica, los criterios, deben determinarse por reglamento. Pero la atribución para que la SUBTEL pueda fijar determinada cantidad mínima o determinada calidad de servicio no puede ser dejada al reglamento, sino, por muy poderosas que sean las empresas, a una ley.

Nosotros estamos en una orfandad total frente a una ciudadanía que requiere cada vez más de Internet, cada vez más penetración en la red, pero que hoy día se encuentra en absoluta orfandad.

Y el que nuestro Estado, nuestra SUBTEL, no tengan casi ninguna atribución en un tema tan importante como la conectividad, las redes -salvo las que establecimos en el proyecto de neutralidad en la red, totalmente insuficientes-, resulta inadecuado y revela una asimetría total que hace que las personas sean altamente vulnerables frente al accionar de las empresas: la venta de determinada cantidad o velocidad de servicios -ustedes lo ven en las promociones, en la publicidad- que no son tales.

Así que esta iniciativa es primordial para un ámbito nuevo: Internet, que será el espacio más importante en la vida de las personas. Ya lo es para los jóvenes. Si ustedes ven la cantidad de tiempo que estos pasan conectados a Internet, se darán cuenta de que serán ciudadanos digitales por completo.

Consideramos muy relevante que esta materia se regule y no se rija por la ley de la selva, como lo es ahora, en que el más grande, el más poderoso sea quien gane, producto de que las personas ni siquiera tienen acceso a la información, de que los contratos ni siquiera resguardan derechos mínimos para los usuarios.

Por eso, señora Presidenta, esperamos que este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Transportes, que es transversal, que no tiene color político, ideología política, sino que solo busca establecer derechos básicos fundamentales, sea respaldado por el Senado.