RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA OBLIGATORIA POR AUTORIDADES DEL PARLAMENTO

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, el requerimiento de una mayor transparencia en el quehacer del Congreso es algo que revelan las estadísticas. En la evaluación nacional, los parlamentarios nos encontramos al final de la tabla, con un 9 a 11 por ciento, junto con los empresarios. Somos los peor calificados por la ciudadanía.

Hemos intentado descubrir la razón, porque, al final, realizamos una pega que la ciudadanía estima la más desprestigiada. Consignamos hace varios años que algunos niños preferían no decir en sus colegios que su papá era Diputado o Senador, porque se generaba un rechazo.

Uno de los elementos que hemos planteado es la necesidad de ennoblecer la política, de recuperar la potestad del Congreso. Y diría que, en materia de transparencia, de prestigio, un aspecto que resulta esencial no tiene que ver con la existencia o inexistencia de la cuenta pública, sino con la monarquía presidencial, con el presidencialismo extremo contemplado en la Constitución nauseabunda vigente, que es preciso cambiar, la cual margina a los ciudadanos de la posibilidad de decidir.

¡Es una Constitución que eliminó al 70 por ciento de los partidos tras las elecciones de noviembre recién pasado! Si tuviéramos noticias de cualquier país en el mundo que declarase ilegal a ese porcentaje de colectividades políticas al día siguiente de los comicios, diríamos que no se trata de una democracia, sino de una dictadura. Y en Chile, luego de las elecciones del 17 de noviembre de 2013, el 70 por ciento de los partidos -repito- dejaron de ser legales: ¡son ilegales!

Cabe preguntarse cuáles son los elementos que hay que fortalecer en beneficio de la transparencia. Uno de ellos es el fin de las donaciones secretas en las campañas políticas. Junto con el actual Ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, presentamos una iniciativa tendiente a clarificar dicho aspecto y ponerles término. Si las hay, bueno, pero que sepamos quiénes son los donantes. Porque en algunas de las campañas se recibieron ¡cientos y cientos y cientos de millones de pesos de parte de donantes anónimos y secretos!

El proyecto en discusión se encuentra bien orientado. Una cuenta pública del Congreso -Cámara de Diputados y Senado- y otra de los parlamentarios van en un sentido correcto. Pero tal vez la gente nos pregunte: "¿Por qué, en lugar de dar una cuenta pública de lo que están haciendo, no dicen quién les financió las campañas? ¿Por qué no dan una cuenta pública de dónde sacaron las platas para ser elegidos? Dan una cuenta pública, pero mantienen en secreto el financiamiento de sus campañas.".

No sé si la aprobación de la iniciativa va a contribuir realmente a mejorar la imagen ante la ciudadanía, porque parece que quisiéramos discutir proyectos con apariencia de transparencia, en circunstancias de que en definitiva no la tienen.

Una ley orgánica determinará cómo se dará la cuenta. Eso me parece correcto, porque esta última puede ser múltiple. La que proporcionan los alcaldes se transforma a veces en una maratón, de 42 kilómetros, o en una carrera de 100 metros planos. Eso depende del jefe comunal: algunos entregan una cuenta de media hora, y otros, de dos; algunos enumeran todos los actos de Gobierno, todas las obras, y otros, de verdad, ponen gestión. Pero nadie facilita documentos que puedan ratificar que lo dicho es cierto. Es posible realizar la diligencia, pero si después no se permite el acceso a los códigos basales, ¿qué cuenta pública es la que se lleva a cabo? ¡Se puede mentir en ella!

Por lo tanto, creo que el proyecto -reitero- está bien orientado. Pero, al igual que en el anterior. uno dice: "Si vamos a hacer un conjunto de modificaciones que buscan mejorar el prestigio, la imagen pública, el quehacer del Congreso Nacional, lo único que logra el debate parcelado -o sea, un mosaico, una reforma a cuadritos- es distraernos del objetivo central". ¿Y cuál es el objetivo central? Que la gente sienta que el Congreso la representa.

Aquí en la Sala, cuando discutíamos si aumentar o no el quórum para establecer plebiscitos o consultas municipales, algún Senador manifestó: "¡Pero estamos cediendo soberanía!". Es al revés: la ciudadanía nos entregó esta última para representarla. Y juzgo que recoger todos los proyectos que dicen relación con el mejoramiento de la transparencia, de la percepción del quehacer del Congreso Nacional, es tal vez más importante. Eso significa, entonces, dar cuenta de una reforma profunda.

Entiendo que el Senador señor Larraín es bienintencionado: demos una cuenta pública. Pero ¿qué vamos a responder cuando se levante la primera mano para plantear: "Señor Senador, señor Diputado, lo hemos escuchado atentamente, durante dos horas, en la cuenta de su circunscripción o de su distrito, mas lo único que no ha dicho es cómo financió su campaña, de modo que dónde puedo acceder a todo lo que usted sostiene para poder conocer su declaración de bienes, su asistencia al Congreso o cómo ejerce su tarea y cómo me lo puede comprobar"?

Entonces, bien, efectuemos una cuenta pública. A mí no me gusta la fecha que se establece al efecto: el 4 de julio de cada año. Coincide con el de la independencia de los Estados Unidos. Sería bueno que los autores del proyecto explicaran por qué la eligieron.

Cabe proponer fines de noviembre, cuando estamos en primavera y hay mejor ambiente, mejores vibras. Julio es un mes de invierno, más sombrío.

Además, ¿por qué fijar el mismo día de la independencia de los Estados Unidos?

Me señalan que corresponde a la inauguración del Congreso Nacional. En 2011 se celebró su aniversario número 200.

No sé si una fecha en mitad del año resulta la más adecuada, en un mes en el cual lo más probable es que llueva muy fuerte cuando se quiere que la gente concurra a escuchar una cuenta pública. Tal vez noviembre es más amigable para la presencia y participación ciudadana.

En mi opinión, se tendría que reflejar un elemento distinto. ¡Ya tenemos suficiente con el 11 de septiembre en Chile y en los Estados Unidos¿! Yo preferiría que la cuenta pública del Parlamento tuviera una fecha distinta al 4 de julio.

Por tanto, sin perjuicio de tratar esta reforma constitucional, pido una vez más a mis colegas Senadores -por su intermedio, señora Presidenta- que cuando discutamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que elimina las donaciones secretas tengamos la misma facilidad que estamos teniendo ahora para traerlo a la Sala, debatirlo, establecer una mayoría y comenzar el proceso.

Yo voy a votar a favor en este caso, pero me voy a empeñar en que esa otra iniciativa venga también al Hemiciclo, porque creo que no va a ser bien visto ni va a tener total transparencia el dar cuenta pública de todo lo que hacemos si continuamos ocultando el financiamiento de nuestras campañas, que sigue siendo secreto.

Eso no es posible, e inhabilita una buena medida, como es una cuenta pública del Congreso Nacional, de los Presidentes de ambas Cámaras, de Senadores y Diputados, en fecha que será necesario establecer.

Estamos ante una buena idea, señora Presidenta, pero esta tiene que ir adosada de otros elementos de cuenta pública o de acceso a la información como el que he señalado.

¡Fin a las donaciones secretas en las campañas!

Anuncio mi voto favorable.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!