REGULACIÓN DE LOBBY ANTE ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y CONGRESO NACIONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, voy a votar en contra de lo que plantea la Comisión Mixta.

El debate sobre la presente iniciativa fue muy largo en la Comisión de Gobierno.

Se ha dicho que nosotros hemos entorpecido la discusión: que desde hace años se persigue tener una Ley de Lobby y que demorarla es culpa nuestra.

Precisamente por los resultados y por cómo quedó la propuesta legislativa, cabe afirmar que los lobbistas, a mi juicio, nuevamente han triunfado, por cuanto no van a tener necesidad de inscribirse en un registro. Y hablo, especialmente, de aquellos asesores legales de las empresas que vienen a las Comisiones, al Parlamento, y que hacen el lobby.

¿Cuál es el punto central de discrepancia? Los señores Senadores lo pueden leer tanto en el artículo 8º como en el artículo 13.

En el primer precepto dice textualmente: "En dichos registros se deberá indicar, en particular, la persona, organización o entidad con quien se sostuvo la audiencia o reunión". ¿Quién lo tiene que indicar? El señor parlamentario.

Lo mismo sucede en el artículo 13, donde no hubo acuerdo unánime en la Comisión Mixta (nuestra posición fue derrotada por 6 votos contra 4). Su inciso segundo señala: "A los registros señalados en el inciso anterior podrá ingresarse inscribiéndose en forma previa o automáticamente cuando se efectúen las actividades a que hacen referencia los numerales 1) y 2) del artículo 2º".

Vuelve a quedar el peso de la prueba radicado en los legisladores. Esa es mi diferencia sustancial con el texto del proyecto.

La iniciativa que nos ocupa lleva mucho tiempo en el Congreso. En la Cámara Baja, incluso se había llegado al acuerdo de que no hubiera registro de lobbistas. Y si no lo hay, ¡de qué estamos hablando! Después de mucho discutir, el Ejecutivo presentó algunas modificaciones. Se incluyó el registro, pero sin carácter obligatorio. Por tanto, el peso de la prueba sigue quedando radicado en los parlamentarios. Es lo que ocurre, en definitiva, si un legislador, inmediatamente después de sostener una reunión con un lobbista, no hace la inscripción pertinente.

Lo dijimos una y otra vez.

Queridos colegas que van a seguir en el Senado, espero que nunca se vean en esa situación. Si llega a hablar con ustedes una persona que no se encuentre inscrita en el registro, no la reciban. Porque, si luego no hacen la denuncia respectiva en la Comisión de Ética, donde corresponde, van a quedar con el peso de la prueba.

En todos los países donde existe registro de lobby se ha dado esta discusión, especialmente en Estados Unidos, donde hay obligación de inscribirse.

¿Y cuál fue la discusión con los asesores de Hacienda? En lo central, que los asesores legales no se consideran lobbistas y, por lo tanto, no están dispuestos a inscribirse en un registro.

¿Por qué han de ser una casta especial, que sobrepasa, incluso, la condición del señor parlamentario?

El lobbista no se inscribe en el registro, pero pide entrevista y hasta participa en las Comisiones, y el parlamentario tiene que hacer la denuncia; de lo contrario, el peso de la prueba -reitero- caerá en él. O sea, es una carta especial.

Hay lobbistas -especialmente asesores legales de las empresas- que vienen a las Comisiones y que no están dispuestos a inscribirse. Por eso, durante años, no se logró un acuerdo para esta ley. Porque algunas personas hicieron lobby para que no se lograra el acuerdo. Y hoy día despacharemos una normativa que tiene, a mi juicio, un error fundamental: el peso de la prueba cae sobre los parlamentarios, a quienes, por lo tanto, les van a pedir los registros de sus mails y los números de sus teléfonos celulares cuando reciban a alguien, sea en Santiago o en regiones, bajo cualquier circunstancia. Solamente queda fuera del texto si se trata de reuniones públicas donde estén representados distintos sectores o diferentes autoridades. Pero en todas las situaciones el peso de la prueba cae sobre el parlamentario, lo que me parece inconcebible.

Debe existir un registro de lobbistas obligatorio. ¡Y los primeros que deben figurar en él son los asesores legales de las empresas, que son los que vienen al Congreso! No lo hacen directores o presidentes de las compañías. ¿Por qué estos no se inscribirán en el registro?

Por esas consideraciones, recomiendo a los colegas que van a continuar como tales que, cada vez que venga una de estas personas le pidan que se inscriba en la Comisión de Ética o en la Secretaría del Senado. Si no lo hacen, no deben ser recibidos. De lo contrario, el peso de la prueba va a ser responsabilidad de los congresales.

Por eso, aunque en el proyecto hay aportes y beneficios, votaré en contra.

Espero que el próximo Gobierno cambie algunos artículos y, de una vez por todas, se cree el registro de lobbistas, con inscripción obligatoria. Porque todos los que acuden al Parlamento tienen que estar inscritos. De lo contrario, no pueden realizar su actividad.

Así, de alguna manera, se ha logrado en otras partes no tener la situación que se da acá, especialmente en el país más avanzado, que es Estados Unidos.

Pese a todo lo anterior, después de tanta discusión, no se alcanzó acuerdo en la Comisión Mixta.

Por eso, voy a votar negativamente, rogándoles a los colegas que van a seguir como Senadores que cuiden mucho su e-mail y su teléfono celular, porque, si no lo hacen, tendrán que sufrir las consecuencias.