CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuando se debate sobre derechos humanos -lo hicimos durante la discusión del proyecto que dio origen a la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos-, uno se pregunta qué de nuevo estamos discutiendo.

¡No: los derechos humanos son únicos y universales!

Tengo a la vista el sitio de internet de la Organización de las Naciones Unidas, donde se dice: "Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.".

Yo siento que hoy, con la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos dotando al Estado de un órgano que se preocupará de los derechos humanos. ¿Dónde? ¡En el Estado!

La crítica que se hace siempre cuando se sectorializan las políticas públicas es que se le pide a un organismo que se preocupe.

Cuando analizábamos las políticas de género se discutía si el SERNAM iba a servir al Estado, pues todos iban a depositar la responsabilidad en ese servicio público.

Entiendo que la Subsecretaría de Derechos Humanos viene a fortalecer el carácter de Estado para que el Estado mismo jamás vuelva a violar los derechos humanos y tenga una interrelación más adecuada con la sociedad civil.

Lo que me preocupa, considerando que sí puede haber algún tipo de contradicción, es que renunciemos al ombudsman, al defensor del pueblo, al que defiende frente a los abusos del Estado, figura que tiene cabida en todas las legislaciones del mundo. En Europa (Alemania, Francia, España) y en América Latina (Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela) hay un ombudsman. Y yo espero que este Senado, en un tiempo no menor, apruebe la existencia de esa institución.

Señor Presidente, cuando hablamos de derechos humanos hablamos también de derechos de la tercera edad, de los adultos mayores.

Esta Corporación aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual se le solicitó al Presidente de la República determinar el apoyo de Chile a una declaración universal de los derechos de los adultos mayores (al igual que existe la Declaración Universal de los Derechos del Niño), de tal manera de seguir fortaleciendo los derechos humanos.

Tocante a la norma en análisis, señor Presidente, yo he observado decenas de leyes donde se les pide a los ministros que se coordinen. ¿Y qué pasa? ¡Jamás se coordinan!

En algunos casos mandan a la secretaria, tal como se ha dicho aquí, en esta Sala. No envían ni al subsecretario, ni al jefe de gabinete, ni al director del servicio: ¡mandan a la secretaria!

Por tanto, lo que se decide en las reuniones realizadas para coordinar leyes termina siendo completamente inaplicable, por cuanto allí no está la esencia de la tarea de las instituciones.

En consecuencia, creo que la presencia del Director del Instituto en el Comité Interministerial de Derechos Humanos más bien confunde y abre un debate.

Si el Subsecretario del ramo y el mencionado Director quieren reunirse, lo harán por iniciativa propia, en el momento adecuado y bajo la responsabilidad de ambos.

No me parece procedente dejar establecida una coordinación que -estoy convencido- no se va a llevar a cabo. Y si el Subsecretario de Derechos Humanos pudiera citar al Director a una reunión, sería posible entenderlo como una supeditación, porque no siempre van a ser del mismo signo político y cabe que tenga lugar una cierta subordinación de uno a otro.

Como sé que la norma no funcionará, creo que resulta más bien de más, y debiéramos optar por que no se contemplara, para así poder votar conformes el proyecto de ley y de manera transversal y unánime.

Por último, hay informes en el sentido de que el sistema va a servir. Me parece que esta es una experiencia en la que ojalá podamos contar con la mejor de las designaciones. En casos como el que nos ocupa, juzgo que la persona sí hace al cargo, porque, en definitiva, uno como aquel del cual se trata implica mucho más allá de la definición administrativa que pudiera darse en una iniciativa como esta.

Planteo, por lo tanto, que se vea la posibilidad de eliminar la norma y que ese sea el consenso al que se llegue.

He dicho.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!