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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 84ª, en miércoles 5 de enero de 2011
Ordinaria
(De 16:14 a 19:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el Ministro de Planificación, señor Felipe Kast Sommerhoff.
Actuó de Secretario el señor José Luis Alliende Leiva, y de Prosecretario, el señor Mario Labbé Araneda.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 33 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor PIZARRO (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 78ª, ordinaria, en 21 de diciembre de 2010, y 79ª, extraordinaria, en 22 del mismo mes, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:

1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.327, que contiene normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional (boletín N° 4.864-29).

2.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización (boletín N° 5.083-04).

3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los requisitos para inscribirse en este último (boletín N° 6.242-21).

4.- Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para incorporar la presunción de declaración y no pago de las cotizaciones de salud al sistema de Isapres y homologar el interés penal y la multa por no pago de tales cotizaciones a los contemplados en el decreto ley N° 3.500 y en la ley N° 17.322 (boletín N° 6.312-11).

5.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Girardi, Kuschel y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami, sobre responsabilidad por daños ocasionados por animales potencialmente peligrosos (boletín N° 6.499-11).

6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que denomina "Ruka Moñen Tayu Folil Juan Cayupi Huechicura" al Museo Folclórico Araucano Juan Antonio Ríos (boletín N° 7.023-24).

7.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Espina, Allamand, Chadwick, Larraín y Prokurica, relativo a las facultades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones para practicar, sin orden previa, las primeras diligencias de investigación de un delito (boletín N° 7.050-07).

8.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Desarrollo Social (boletín N° 7.196-06).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha prestado su aprobación al proyecto que incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296 (boletín N° 6.721-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros remite copia autorizada de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 2331 del Código Civil y 38 y 38 ter de la ley N° 18.933.
--Se toma conocimiento y se envían los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el cuarto remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 365 del Código Penal.
--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento.
De la señora Ministra de Hacienda subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Bianchi, respecto del aprovisionamiento de los aportes financieros del Estado a las universidades estatales para el pago oportuno e íntegro del reajuste establecido en la ley al sector público.
Del señor Ministro de Energía, con el que contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Kuschel, referido a la posibilidad de establecer sistemas eólicos de energía para sectores de la provincia de Llanquihue e islas de Chiloé.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el que da respuesta a un oficio despachado en nombre del Honorable señor Navarro, acerca de la creación de la Región del Ñuble.
Del señor Director Nacional de Estadísticas, con el que responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, sobre la situación de cesantía que afecta a la Región del Biobío.
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile subrogante, con el que contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Letelier, relativo al procedimiento policial efectuado recientemente en Isla de Pascua.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que amplía el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile (con urgencia calificada de "suma") (boletín N° 7.164-25).

El señor PIZARRO (Presidente).- Los señores Senadores de las Comisiones de Hacienda y de Defensa han solicitado, por unanimidad, que la iniciativa sea tratada en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión.

El señor PROKURICA.- Que solo se vote, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- La conveniencia de despacharla hoy obedece al tiempo necesario para su implementación.
Si no hay objeciones, el proyecto será conocido por la Sala con la prioridad mencionada.
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- Continúa la Cuenta.

El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, denominado "Convenio de Londres 1972" (boletín N° 6.729-10).
--Queda para tabla.
Mociones
Dos de los Honorables señores Chadwick y Longueira, con las que dan inicio a los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley sobre promoción de la música en vivo en establecimientos comerciales (boletín N° 7.415-04).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

2.- Proyecto de ley relativo a los impedimentos que afectan a los cónyuges para acceder a cargos judiciales (boletín N° 7.416-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la Cuenta.
)------------------(

El señor PIZARRO (Presidente).- Pongo en conocimiento de los señores Senadores que se ha decidido retrasar para las 15:30 el inicio de la sesión especial solemne de la Corporación convocada para el día miércoles 19 de enero próximo a fin de recibir al Presidente del Perú, señor Alan García. Ella se llevará a cabo de 15:30 a 16:30 y después se celebrará la sesión ordinaria.
Se había adoptado el criterio de citar de 15 a 16, pero, con el acuerdo de nuestro Gobierno y de la Cancillería peruana, se ha acomodado el horario con miras a la buena realización de la visita del Primer Mandatario del país vecino.
V. ORDEN DEL DÍA



AMPLIACIÓN DE ESCALAFÓN DE OFICIALES POLICIALES PROFESIONALES EN POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE


El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo acordado recién por la Sala, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que amplía el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de la Policía de Investigaciones de Chile, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7164-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 65ª, en 9 de noviembre de 2010.
Informe de Comisión:
Defensa Nacional, sesión 73ª, en 7 de diciembre de 2010.
Discusión:
Sesión 75ª, en 14 de diciembre de 2010 (se aprueba en general).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Al ser aprobada en general la iniciativa, se fijó plazo para presentar indicaciones hasta el día 3 de enero recién pasado. Como no se formuló ninguna, fue enviada a la Comisión de Hacienda para que esta se pronunciara respecto de las normas de su competencia, las que aprobó en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Defensa Nacional, esto es, conforme al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El órgano técnico mencionado en primer lugar adoptó su decisión por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Escalona, García y Lagos.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto.

Tiene la palabra al Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, tal como lo informó el señor Secretario, no se presentaron indicaciones, las que correspondían a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La discusión general ya se realizó.
La sala de Senadores de Renovación Nacional aprobará el proyecto, que lo que hace es cumplir el compromiso de Su Excelencia el Presidente de la República de poder reforzar la lucha contra la delincuencia.
Además de todo lo relativo a la implementación de las policías, se determina un aumento considerable de personal. En el caso de que se trata, se amplía el Escalafón de Oficiales Profesionales de la Policía de Investigaciones en mil nuevos cargos, lo que se materializa a través de un ingreso gradual de 200 funcionarios anualmente, desde 2011 hasta 2015. Ello, con el objeto de evitar algo que ha sido nocivo para estas instituciones, que es la denominada "formación marmicoc", la cual no ha dado resultado y que, como muy bien planteaba el Senador señor Escalona en otra sesión, no debería utilizarse como sistema.
Lo que se hace es justamente disponer un aumento progresivo en la materia. Esa fórmula ha sido aplicada en otras oportunidades en la Policía de Investigaciones para la incorporación de profesionales y de gente que viene de fuera.
Creo que la normativa será un gran aporte en la lucha contra la delincuencia, por lo cual votaremos a favor.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda otorgó por unanimidad, en efecto, su respaldo al proyecto.
Como se ha expresado, se trata del ingreso anual de 200 oficiales a la Policía de Investigaciones de Chile. En total, serán mil funcionarios, durante cinco años, lo que implica un desembolso de 22 mil 545 millones de pesos y fracción.
Por lo tanto, atendido que la puesta en marcha de la iniciativa, de aquí a marzo, conlleva un conjunto de obligaciones, desde el punto de vista organizativo y administrativo, para hacer viable el inicio de la formación del primer grupo de 200 oficiales, solicitamos a la Mesa recabar el acuerdo para que el asunto fuera tratado en esta oportunidad. Pedimos ahora a la Sala que preste su aprobación, con el objeto de que pueda concretarse en el año en curso la medida a que hago referencia.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tal como lo manifestó el Senador señor Prokurica, el proyecto es muy importante en la lucha que está llevando a cabo el país para derrotar a la delincuencia, en la lucha del Gobierno del Presidente Piñera para reducir significativamente los índices que ella registra en todo el territorio.
Además, el asunto reviste mucha urgencia, porque la Policía de Investigaciones debe establecer el sistema de admisión de aquí a los primeros días de marzo, para comenzar en ese momento la formación de los nuevos oficiales. Por esa razón, estamos contra el tiempo.
Agradezco muy sincera y profundamente al Senador señor Escalona, Presidente de la Comisión de Hacienda, por entender la necesidad de un despacho con premura.
Ello lo extiendo también al señor Presidente del Senado, porque cuando le solicitamos, en la mañana, que la iniciativa se pusiera en el primer lugar del Orden del Día o se tratara como si fuese de Fácil Despacho, comprendió perfectamente la razón.
Acoger el articulado ahora permitirá a la Policía de Investigaciones -probablemente, a partir de mañana o de pasado mañana- poner en práctica todo el sistema de admisión e iniciar en los primeros días de marzo la formación de Oficiales Policiales Profesionales. De ese modo, egresarán a fin de año 200 nuevos funcionarios y mil más lo harán en los próximos años.
Reitero mis agradecimientos al señor Presidente de la Corporación y al de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Escalona.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ello le será transmitido a este último señor Senador, porque en este momento no se encuentra presente.
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- El Senador señor Quintana me pidió intervenir antes, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- El Honorable señor Navarro se halla inscrito en forma previa.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento la ausencia de Ministros y Subsecretarios. Una vez más no están presentes los Secretarios de Estado.

El señor CHAHUÁN.- El señor Subsecretario de Investigaciones se encuentra esperando.

El señor NAVARRO.- No se ha solicitado la autorización para que ingrese a la Sala. No tendría dificultades en acceder a ello.
El proyecto es de mucha trascendencia: se está dotando de mayor personal a la Policía de Investigaciones de Chile. En forma reiterada, los Ministros no concurren cuando se tratan iniciativas importantes. ¡Si la que nos ocupa no lo es para el Gobierno, que lo diga! ¡Y que el titular de la Cartera al menos justifique su inasistencia!

El señor CHAHUÁN.- Que se deje entrar al funcionario mencionado, entonces.

El señor PIZARRO (Presidente).- Ruego no interrumpir a quien está interviniendo.

El señor NAVARRO.- El Senado debe aclarar la norma que establece cuándo los Secretarios de Estado deben venir al Hemiciclo a defender un proyecto del Gobierno. ¡Si son Ministros del Presidente Piñera y la iniciativa en debate es del Primer Mandatario, tienen que estar en la Sala!
Quiero recordar a mis colegas de Derecha que ellos fueron terriblemente enfáticos cada vez que sucedía una situación similar. ¡Otra cosa es con guitarra! ¡Otra cosa es gobernar! Solo deseo traer a la memoria la odiosidad que muchas veces manifestaron cuando formulaban reclamaciones de este tipo.
Porque, efectivamente, los Ministros no pueden estar presentes, algunas veces, y es posible que tengan que delegar algunas tareas y funciones.
En definitiva, en la nueva forma de gobernar, vale la pena comprender que para hacerlo se requiere capacidad y tolerancia. Fueron muchas las ocasiones en que esos señores Senadores se manifestaron como extremadamente críticos y punzantes por la ausencia de los Secretarios de Estado.
Repito que, en algunas oportunidades, estos últimos no pueden venir, y es posible que la de ahora sea una de ellas.
Con su venia, señor Presidente, le concedo con todo gusto una interrupción al Senador señor Prokurica, con cargo a su tiempo, por supuesto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Es con cargo al que a usted le corresponde, Su Señoría.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, comparto totalmente lo expresado por el Senador señor Navarro.
Por mi parte, fui extremadamente duro con los Ministros de la Concertación que no asistían a esta Corporación. Y puedo decir que mantengo el mismo criterio. Pero quiero dar una explicación en el caso de que se trata. El Ministro señor Ravinet está en la Cámara de Diputados y el señor Subsecretario de Investigaciones se halla arriba. Si Su Señoría no se opone, este último va a ingresar. Lo que pasa es que, lamentablemente, las autoridades no pueden estar en dos lados al mismo tiempo.
Además, no sé si el señor Subsecretario podrá entrar, porque algunos Honorables colegas no dan su acuerdo. A lo imposible nadie está obligado.

El señor PIZARRO (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en cuanto a la materia en examen, nos parece extremadamente positiva la incorporación de profesionales que hayan cursado estudios de una carrera de ocho semestres. Ello elevará el nivel de la Policía de Investigaciones. Considero que los Gobiernos se están preocupando de dar a la institución el sitial que requiere dentro del concepto de seguridad pública.
Como señalé en mi anterior intervención, esas personas van a recibir 10 meses de formación y saldrán con el grado de Subcomisario. El hecho de que funcionarios de carrera tarden 12 años en alcanzarlo deberá traducirse en un extremo cuidado -así se lo manifesté al señor Director Nacional de la PDI- en el procedimiento de incorporación, respecto del mando que se deba ejercer sobre gente de mucha más experiencia, de mayor arraigo y de carrera profesional.
Deseo enfatizar que espero que quede a firme y con permanencia la práctica de que el Director Nacional de Investigaciones sea alguien de carrera, como debiera suceder en toda institución que requiere autonomía y respeto a la trayectoria funcionaria.
Señor Presidente, el procedimiento que se plantea es necesario, pero anómalo. Tiene que establecerse una política de incremento de las fuerzas en nuestras policías que obedezca a un proyecto de mediano y largo plazo. Entendemos que se trata de una medida de emergencia.
Me hubiera gustado escuchar al señor Director Nacional con relación a la materia. Sé que existe dicho proyecto acerca de cómo se va a ir incrementando la planta de oficiales de acuerdo a los requerimientos de la política de seguridad pública.
No tenemos la posibilidad de conocer esos antecedentes. La explicación ya se dio: el señor Ministro se encuentra en la Cámara de Diputados. Así lo priorizó.
Quiero consignar, entonces, que voy a mantener mi abstención, porque creo que debe mantenerse abierto el debate sobre las policías, tanto Carabineros como Investigaciones, en cuanto a cómo se van a conformar de manera permanente sus plantas.
Ayer voté a favor del proyecto que permite incorporar hasta por cinco años a ex oficiales en Carabineros de Chile. Pero esa no puede ser la forma en que estemos incrementando las dotaciones policiales. Tiene que existir un mecanismo permanente. Lo dijimos así. Si esas personas jubilan a los 44 años de edad, ¿para qué las llamamos después a fin de que regresen? Es preciso revisar el tiempo de permanencia y de capacidad profesional útil.
Desconozco la situación en Investigaciones. No sé con cuántos años de servicios se jubila. Entiendo que también son 20. Entonces, me pregunto si la institución no irá a requerir una medida especial al respecto, para que no se contemple ese período y sí una excepción, a fin de que se pueda continuar por 10 años más, de modo de estructurar una política de carrera funcionaria concreta y conocida, sin incorporarse a profesionales que en 10 meses obtengan un grado de Oficial que un funcionario de carrera tarda 12 años en lograr.
Sin perjuicio del apoyo que puedo considerar, mi abstención dice relación con la advertencia de que necesitamos discutir más en profundidad la materia con los Ministerios del Interior y de Defensa, con el Gobierno, a fin de no estar improvisando o creando parches para las plantas de las policías, aun cuando ello sea hoy día extraordinariamente necesario. Así lo entiendo y no formularé una mayor objeción.
¡Patagonia sin represas!

El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, le solicito recabar la autorización para que pueda ingresar a la Sala el señor David Huina, Jefe de División de la Policía de Investigaciones.
Debo recordar que a partir del 1° de enero recién pasado no existe el cargo de Subsecretario de Investigaciones y el señor Huina, quien se hallaba a cargo de esas tareas, se halla en la tribuna.
Como el señor Ministro de Planificación se encuentra presente, creo que se podría acceder a la petición que formulo.
Muchas gracias.

El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo, señor Senador.
Lo lamento profundamente, en realidad, porque se han formulado diversas consultas y, a lo mejor, se podrían haber aclarado.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, también deploro que no se dé la unanimidad para que ingrese el funcionario mencionado -además, se halla presente el señor Ministro de Planificación-, que podría responder a muchas de las inquietudes que planteamos en la discusión general.
Voy a insistir en ellas. Porque, además, formulé mi planteamiento cuando el Gobierno anterior propuso el proyecto. Incluso, en más de alguna ocasión he analizado la materia con uno de sus autores en la sombra, el Senador señor Gómez, quien presentó la iniciativa cuando era Ministro de Justicia.
Sin embargo, lo que surgió como proyecto es algo bastante desvirtuado, porque los 1.066 profesionales que ya ingresaron a la institución -desde luego, representan una mayor dotación, un contingente más grande- en la práctica están ocasionando, por la forma en que se llevó a cabo la medida, un atoramiento en el sistema de ascensos. De manera que esta normativa debe ir de la mano con otra relativa a una ley de plantas que dé cuenta de ese mayor número de oficiales. Porque quiero recordar -lo dije en la discusión general- que los funcionarios que egresan de la Escuela de Investigaciones cada diciembre, tras 4 años de formación, también son oficiales y profesionales.
Aquí no se está cuestionando que exista más dotación, sino resaltando la manera en que el proyecto debe contemplarla. El Senador Navarro se refirió a lo que ocurre con estos nuevos profesionales, que son necesarios para la institución. Por supuesto, un biólogo puede prestar gran apoyo en cualquiera de sus laboratorios. Un profesional del área social o sicológica puede realizar una enorme labor en materia de protección de víctimas. El problema es que estos nuevos funcionarios, con menos de un año de formación, egresan con un alto grado (subcomisario) que a cualquier profesional de línea le toma 12 años alcanzar, y hasta 15, ahora que las plantas se hallan saturadas.
Por lo tanto, esta iniciativa va a impedir un "tiraje a la chimenea" dentro de la institución y, en el fondo, le restará eficacia a la labor policial. ¿En qué sentido? Estos subcomisarios -insisto: profesionales que la institución necesita- salen a la calle, a un operativo policial cualquiera, acompañados, por ejemplo, de un par de inspectores con 12 ó 15 años de formación, y quien tiene la jefatura, el mando, es el asistente social o el sicólogo que estudió un año en la institución. Por lo tanto, estamos entregándoles decisiones complejas que pueden poner en riesgo la eficacia de los procedimientos policiales y, por supuesto, la seguridad de ellos mismos.
En verdad, considero inconcebible que no esté en la Sala el Ministro del Interior, o el de Defensa, para la tramitación de esta iniciativa, pese a que durante su discusión general advertimos que su presencia era absolutamente necesaria.
Esta es una política importante para el Gobierno. Las encuestas del último tiempo no favorecen mucho la forma en que se está enfrentando el problema. Y, aunque existe una baja en la tasa de victimización, no ha disminuido la comisión de delitos.
Considero que estamos frente a un tema que nos importa a todos.
Este proyecto, en particular, no es de esta Administración. Si fuera así, si hubiese sido comprometido, habría votado inmediatamente por su aprobación en general. Mi abstención tuvo que ver con lo que acabo de plantear. Me parece que esta normativa debería estar condicionada a la presentación de una ley de plantas, a fin de que los reparos manifestados finalmente pudieran desaparecer.
Como no ha sido así, me voy a abstener nuevamente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Hay varios señores Senadores inscritos.
Sin embargo, en consideración a que diversos colegas están entrando y saliendo, solicito el asentimiento de la Sala para abrir la votación desde ya.
--Acordado.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación particular el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Gómez.

El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, esta iniciativa tiene virtudes.
En general, lo que se hizo muchos años atrás fue intentar que la Policía de Investigaciones no solo tuviera personal operativo, de calle, sino también apoyo profesional de otras áreas del conocimiento. Se trataba de que abogados, ingenieros, en fin, colaboraran con el desarrollo investigativo del proceso que realiza la PDI, pensando en la reforma procesal penal y en la manera de ayudar a realizar mejores pesquisas.
Me parece que la crítica del Senador Quintana -desconozco en realidad cómo está funcionando el sistema- dice relación a que el nuevo personal tendrá carácter operativo, en circunstancias de que su origen, en realidad, apuntaba a un sentido diferente, a una finalidad muy interesante: entregar mayores capacidades a la investigación criminal, a la realización de todo el proceso, al análisis de los casos en la Justicia.
Paralelamente con esto, se tramitó en esa oportunidad una ley relativa al Registro Nacional de ADN para criminales. Se celebró un convenio con el FBI de Estados Unidos con la idea de contar con una serie de antecedentes que permitieran mejorar el proceso investigativo, ampliándolo un poco desde esa visión simplemente operativa que tenía la PDI.
Sin embargo, señor Presidente, considero que el proyecto colabora y ayuda finalmente en algo muy relevante: la seguridad pública. Me parece que el hecho de que Investigaciones tenga mayor personal va a permitir enviar algunos funcionarios a Regiones. Ojalá sea así, porque en ellas se halla un poco desprovista la institución.
En la sesión de ayer ya aprobamos el proyecto que aumenta las plantas de Carabineros. Estamos en un año nuevo, y esta "Oposición obstruccionista" está haciendo esfuerzos por lograr que las cosas resulten. Estas iniciativas han sido aprobadas unánimemente por la Oposición. Y, en este caso en particular, pusimos el proyecto en primer lugar y sobre tabla porque nos pareció que era importante para el país y para la seguridad pública.
Menciono lo anterior en atención a que los medios no recogen las actividades de la Oposición, que son positivas, como el apoyo unánime que le estamos danto al texto en debate, al igual que a muchos que el Presidente de la República presentó y que ya son ley. El propio Ministro Larroulet anunció públicamente que el año pasado tuvo gran éxito en el plano legislativo, pero eso, sin duda, también fue posible gracias al aporte de la Concertación.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, haré dos comentarios.
El primero, que el proyecto -para tranquilidad de algunos de mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en particular los Senadores Navarro y Quintana, que manifestaron inquietudes- fue muy debatido en la Comisión de Defensa.
Fue precisamente por ciertas dudas que surgieron que se decidió invitar a algunos Prefectos de la Policía de Investigaciones. Allí se analizó la naturaleza del nuevo escalafón y se evaluó el resultado del esfuerzo inicial que se hizo -en ese sentido, es importante el Senador Gómez, que participó en él- por incorporar profesionales en el Escalafón de Oficiales de Investigaciones de Chile. O sea, es un tema que ha sido estudiado y el sistema ha funcionado bien.
Entonces, cuando una institución funciona bien -como digo, ello fue parte del estudio efectuado en la Comisión-; cuando la jerarquía interna de Investigaciones considera que la innovación apunta en la dirección correcta; cuando el Gobierno, a través de su Ministro -que estaba presente, tal como ahora se encuentra en tribunas el Subsecretario-, se muestra especialmente preocupado del asunto, porque entiende que constituye un avance en la lucha contra la delincuencia; cuando el Parlamento, con motivo de la discusión del aumento de las plantas de Carabineros en 10 mil nuevos cupos, sostiene que a ello se debe adicionar un mejoramiento en Investigaciones, quiere decir que el círculo se cierra.
Eso es lo que quiero destacar. Estos no son proyectos que se hayan presentado sin una reflexión mayor, sin consulta y sin haberse constatado que pueden ser decisivos para lo que importa: hacer de Chile un país más seguro aprovechando su capacidad instalada. Que a la PDI se incorporen profesionales formados en carreras de al menos 8 semestres para que, con su background, ayuden a darle al país tranquilidad y seguridad -lo cual tiene que ver con prevención y, en este caso, con colocar a los delincuentes a disposición de la Justicia-, es un tremendo avance.
Por lo tanto, por lo menos pretendo dejar despejadas legítimas aprensiones en cuanto a que esta normativa no ha sido objeto de reflexión, y evitar, por la inasistencia del señor Ministro -quien, como expresó el Senador Prokurica, se encuentra a 150 metros, en una sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados citada con anterioridad-, que se instale la convicción de que aquí no se ha realizado un trabajo serio. Es más, deseo dejar en claro que el Subsecretario, don David Huina, me manifestó la especial preocupación del Gobierno por que la iniciativa se apruebe con la mayor velocidad.
En consecuencia, creo que vamos en la línea correcta, y espero que la Sala -tal como lo hará la bancada completa de la UDI- apruebe por unanimidad el proyecto, siguiendo un conjunto de acciones bastante positivas que, dicho sea de paso, hemos dado en las últimas 48 horas.
Señor Presidente, entre ayer y hoy hemos efectuado 5 sesiones, de las cuales rescato su espíritu. Me parece que si el Senado funcionara con el grado de reflexión y profundidad de los últimos días, tanto su prestigio como su capacidad de resolver bien los problemas de la ciudadanía se verían muy fortalecidos.
Este es un comentario aparte que quería explicitar.
Por las razones anotadas, señor Presidente, aprobaremos la iniciativa.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, también votaré a favor del proyecto, porque me parece necesario hacerlo en las condiciones actuales que padece Chile en materia de delincuencia y otras cosas.
Sin embargo, tal como lo he señalado cada vez que tratamos asuntos relacionados con la seguridad nacional interna, quiero expresar que lo que estamos haciendo con esta iniciativa es cubrir un déficit en lo que es el comportamiento de la sociedad, que no ha sido abordado en la forma que corresponde en los últimos años. Lamento mucho que haya sido así, pero no deseo que esa situación se siga prolongando en el tiempo.
La delincuencia nacional, la inseguridad, la falta de acciones éticas en la sociedad tienen que ver no solo con la formación que estamos recibiendo, sino también con el modo como estamos siendo nutridos por la televisión, que muestra una cantidad de violencia y de erotismo bestial que, como dice Freud con mucha razón, conduce concatenadamente a que se produzca la criminalidad.
Por eso, solo quiero dejar establecido que a la fecha necesitamos resolver temas esenciales, como lo son la formación o el saber vivir la educación respecto de temas sexuales, de derechos humanos, la combinación definitiva entre el Gobierno y los canales de televisión para establecer una suerte de autocensura en estas materias, como se ha hecho en países de Europa, que tanto buscamos imitar y reconocer.
Por eso, dicho esto, reitero que votaré a favor de la iniciativa.
En segundo lugar, quiero manifestar mi desagrado, señor Presidente. Se lo digo sinceramente. Me molesta que el Senado caiga en situaciones como la que tuvimos hasta hace unos minutos.
No es posible que en la Corporación tenga que producirse una conmoción para ver si se recibe o no a determinado personero, si tiene que bajar de las tribunas un funcionario de Gobierno porque el Ministro no está en la Sala.
Aquí hay una carencia de orden, señor Presidente. El respeto hacia el Senado exige que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir. Es necesario definir, de una vez por todas, quiénes son las personas que deben asistir a las sesiones de la Corporación, como corresponde, porque esta no es cualquier institución. El Senado es una autoridad nacional que merece respeto, el que estamos perdiendo entre nosotros mismos.
Yo no soy de los que andan buscando cosas pequeñas o rendijas para molestar. Pero aquí debe definirse cuándo deben venir los Ministros y quiénes son los que pueden asistir en su lugar.
Que se nos ofrezca un asesor, me parece un exceso.

El señor COLOMA.- ¡Un Subsecretario!

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Sí, pero además se nos ofreció un asesor, lo que ya es un poco...

El señor PROKURICA.- ¡Además del Subsecretario!

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Perdón, colega. Déjeme terminar mis palabras.

El señor PIZARRO (Presidente).- Por favor, señor Senador, diríjase a la Mesa.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Me dirijo a la Mesa, señor Presidente, para manifestar lo siguiente.
Los señores Senadores que hoy reclaman de la conducta de quienes hemos impedido que ahora entren a la Sala ciertos personeros, son los mismos que en su tiempo fueron durísimos con los Subsecretarios de la Concertación en este sentido.
En definitiva, quiero pedir que los Comités o quienes el señor Presidente estime conveniente fijen normas mínimas para que el respeto en el Senado se mantenga y para que, a su vez, no tengamos que ofender gratuitamente a una persona como la que está oyéndome desde las tribunas y a la que yo no autoricé su ingreso a la Sala. No la conozco y no tengo nada contra ella. Este es un tema de respeto entre nosotros, que con mayor acuciosidad los Comités podrían haber resuelto en forma previa.
Gracias, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, el proyecto que amplía el Escalafón de Oficiales Profesionales de la Policía de Investigaciones parece loable.
Digo que "parece loable" pues solo tendrá sentido si posee una expresión regional, si plantea una adecuada distribución de funcionarios, si quienes desempeñan las labores correspondientes son ciudadanos que inspiran confianza a todos los chilenos y chilenas.
Como Senador de la Sexta Región, que exhibe el peor índice per cápita de funcionarios de Investigaciones en relación con la población, soy muy crítico de esta institución, de su excesivo centralismo.
También soy muy crítico del abuso de poder que muchas veces se ejerce al interior del organismo contra los propios funcionarios por parte de sus superiores, lo que resulta lamentable. Algunos me dicen que eso es necesario tratándose de instituciones jerarquizadas. En realidad, no sé cuál es el límite.
Sin perjuicio de ello, me llama la atención la información que sale hoy -sé que esto es molesto para algunos- sobre cómo don Hugo Guzmán fue contratado por el Jefe Nacional de Bienestar, don Jorge Caradeux.
El nombre de Hugo Guzmán probablemente no signifique nada para muchos de ustedes. Sin embargo, para algunos de nosotros es una pesadilla. Se trata de un cómplice de la Operación Albania -conocida también como Operación Corpus Christi-, donde fueron asesinadas a mansalva once personas.
Entonces, uno se pregunta: ¿cómo es posible que a estas alturas de nuestra historia una institución como la Policía de Investigaciones de Chile, después de todos los esfuerzos que hemos hecho por dotarla de recursos, de medios, de relegitimarla, esté contratando a personas como Hugo Guzmán? Lo contrató el Jefe Nacional de Bienestar, justificándolo con la expresión "condenada como cómplice".
Y, como si eso fuera poco, la nueva Dirección de Investigaciones, la actual, ha incorporado además, en un nivel bastante alto, al que también es para algunos de nosotros un hombre lamentable, conocido por muchos como "El interrogador" o "Pulgarcito", quien se desempeñó en los años ochenta como Jefe de la Brigada Sur de Interrogación de la PDI, sección que tomó como objetivo principal el exterminio de miembros del MIR en esa época.
Planteo esto, señor Presidente, por lo siguiente.
Uno entiende la necesidad de fortalecer a la Policía de Investigaciones. Soy crítico de la dotación que tiene en O'Higgins. Reconozco el esfuerzo que se ha hecho, pero seguimos siendo de las Regiones del país que cuentan con menos policías en relación con su población. Hemos pedido en forma insistente que esto se vaya revirtiendo, precisamente porque cuando se aplican los planes cuadrantes lo que ocurre es que muchos delincuentes emigran hacia otros lugares. Y es lo que se observa en la Sexta Región.
Pero, más allá de esas demandas, y sin querer oponerme a este proyecto, me hubiera gustado recibir de parte de Investigaciones -por eso era conveniente que estuviera presente en esta sesión el Ministro del ramo- una explicación mínima.
¿Cómo es posible que esté trabajando, en una institución que pertenece a todos los chilenos, una persona que fue condenada por la Operación Albania?
Debo decir que esto me genera una tremenda incomodidad. ¡Una tremenda incomodidad! ¡Resulta inexplicable! Y si uno lee todo lo que se ha publicado en los diarios en los últimos días, se da cuenta de que, por desgracia, no se trata solo de dos individuos: son más.
Muchos van a salir a la luz pública, probablemente en estos días, porque uno de ellos fue interrogado recientemente en un juicio que sigue un tribunal de justicia sobre los hechos en comento.
Señor Presidente, no es mi deseo oponerme a la aprobación del proyecto ni menos pensar que todos los integrantes de la Policía de Investigaciones caen en estas prácticas. Pero sí me gustaría que la institución tomara nota de la situación para que todos los chilenos nos pudiéramos seguir sintiendo orgullosos de ella.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer notar que, estando en la discusión particular, casi hemos vuelto a repetir la discusión general.
Pienso que estamos ante un proyecto que debemos aprobar, y creo que existe unanimidad para ello, aunque alguna abstención podrá producirse.
Pero hay una observación que no puedo dejar pasar. Pese a encontrarnos en la discusión particular, quiero insistir en ella, respecto a la cual también se han referido otros señores Senadores.
Me tocó participar en la discusión del primer proyecto presentado sobre el particular, al comienzo del Gobierno de la Presidenta Bachelet, en el cual se planteó el ingreso de 500 alumnos, con formación universitaria, para incorporarlos a la Policía de Investigaciones.
Y, en verdad, creo muy necesario aprobar la presente iniciativa.
Pero pienso que se puede estar perdiendo el objetivo, porque siempre se dijo -también lo mencionó ahora el Honorable señor Gómez- que estábamos trabajando para que en Investigaciones se fuera formando un Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales en diferentes áreas del conocimiento, a fin de que colaboraran no tanto en la función operativa, sino en la investigativa. O sea, no se trataba únicamente de crear detectives -por emplear el término preciso- a través de la incorporación de profesionales universitarios.
Entonces, tenemos un debate pendiente acerca de cómo armar realmente dentro de la PDI una estructura que permita la acción de un personal operativo y otro de apoyo investigativo en diferentes áreas. Porque esta labor es cada vez más compleja. Ya no solo se registra el delito común, pues también se da el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, lo cual muchas veces exige el conocimiento de profesiones que antes no estaban incorporadas a la Institución.
Por lo tanto, deberíamos considerar esta materia en el próximo tiempo. Sería muy importante también que el Ministro la acogiera y que, a través de la Comisión de Defensa del Senado, pudiéramos estudiarla. Porque, si no, se producirá -como ya está ocurriendo- una discusión proveniente de la misma Policía de Investigaciones, que seguramente trascenderá, en cuanto a cierta contradicción frente al ingreso de un personal exógeno a su Escuela.
En consecuencia, es bueno que se definan las áreas.
Y, por último, a lo mejor también sería posible determinar si alguien del mundo de apoyo profesional pueda pasar al área operativa, seguramente con el requisito de formación especial o de tiempo de experiencia.
Eso es lo pendiente.
Entiendo que debe aprobarse el proyecto, que es bueno fortalecer a Investigaciones, lo cual está dentro de la preocupación por la seguridad ciudadana. Además, resulta importantísimo dotarla de todos los elementos. Pero esta tarea no puede abandonarse. Tiene que estudiarse, para que lo que estamos haciendo no termine perjudicando la acción de la PDI y causando conflictos internos innecesarios, por no haber fijado con claridad las áreas de operación de unos y de otros. Entonces, todo debe redundar en la existencia de una buena Policía de Investigaciones -creo que es así- y más fortalecida.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto en debate autoriza el aumento de 1.000 nuevos profesionales universitarios en el actual Escalafón de funcionarios de 1.066, quedando su dotación en 2.066. Es evidente que con ello se pretende reforzar e incrementar la eficacia de la gestión policial, disminuyendo el déficit de personal.
Claramente, con la Reforma Procesal Penal el trabajo de la Policía de Investigaciones y de Carabineros se ha elevado enormemente. Y con esta iniciativa se gana un tiempo precioso, al dotar a la PDI de personal ya preparado.
Ordinariamente, los alumnos de Investigaciones son sometidos a tres años de estudios. En cambio, respecto de quienes vienen con un título profesional cuya carrera tiene un mínimo de ocho semestres de duración, y en muchos casos de diez, basta con la realización de un curso de dos semestres en la Escuela de Investigaciones para que queden aptos para incorporarse, con todas las capacidades necesarias, en los diferentes servicios de la Institución, sobre todo en un trabajo tan técnico y profesional como el que se requiere hoy.
Esto se justifica plenamente. La labor que desempeña Investigaciones a lo largo del país es muy eficiente. Ella se ha extendido a muchas localidades del territorio nacional. Y me ha tocado comprobar que donde no existía la Policía de Investigaciones, ahora está presente, prestando apoyo y llevando tranquilidad y seguridad, juntamente con Carabineros.
Por eso, para mí es muy grato aprobar este nuevo aumento de dotación para la Policía de Investigaciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, ciertamente voy a concurrir con mi voto favorable a aprobar el presente proyecto de ley, que aumenta significativamente la planta de oficiales de Investigaciones de Chile en 1.000 funcionarios en cinco años, a razón de 200 por año, según un sistema que es novedoso.
Ciertamente, genera las inquietudes que han planteado algunos de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, como el Honorable señor Zaldívar, respecto a cómo se va a compatibilizar la existencia de los nuevos funcionarios con educación superior y el funcionamiento de la PDI.
Sin embargo, señor Presidente, he pedido la palabra para llamar la atención sobre lo planteado por algunos colegas.
Mucho se ha dicho acá respecto a la idoneidad que deben tener quienes trabajan en el sector público. Pero hoy día nos hemos enterado de que una persona condenada por el delito de cómplice en el homicidio de la señora Patricia Quiroz Nilo fue nombrada para ocupar un cargo casi público.
Por ese delito fue condenado el señor Hugo Guzmán a 541 días de presido -tenía atenuantes-, por su participación en la Operación Albania o "Matanza de Corpus Christi", donde fueron asesinados once chilenos en una ratonera. Fueron detenidos ilegalmente, llevados a determinado lugar y acribillados. Luego se creó un montaje, un montaje de verdad.
Por ese crimen el señor Corbalán cumple veinte años de cárcel, y el señor Salas Wenzel, ex Director General de la CNI, cadena perpetua.
Este es un asunto serio, delicado, y yo esperaría que el Gobierno se hiciera cargo de él y no que mirara hacia otro lado, máxime cuando aquel tiene el sello de haber perseguido políticamente durante este año a un número importante de funcionarios públicos bajo la acusación de ser operadores políticos.
Esta Administración tiene no un doble estándar, sino la inmoralidad de perseguir políticamente por lo que piensan a quienes laboran en el sector público y poner a personas condenadas por la justicia chilena...
--(Manifestaciones en tribunas).

El señor PIZARRO (Presidente).- ¡Silencio, por favor!
El señor LAGOS.- Solo deseo solicitar al Gobierno que, a la hora de designar personas en cargos públicos, tenga presente que algunos nombramientos generan ruido y no significan un aporte a la forma en que queremos reencontrarnos en un asunto tan delicado como el relativo a los derechos humanos.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (29 votos a favor y 2 abstenciones), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Navarro y Quintana.




IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONSERVACIÓN ESTABLECIDA POR COMISIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS


El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que implementa la medida de conservación 10-8 (2006), de la Comisión de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7309-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 75ª, en 14 de diciembre de 2010.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo de la iniciativa es incorporar en la Ley General de Pesca y Acuicultura los compromisos asumidos por Chile relativos a la implementación de la medida de conservación 10-8 (2006) que estableció la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Con ese fin se crean sanciones respecto de los nacionales chilenos que realicen actividades de pesca ilegal en el área regulada por la Convención, promulgada el año 1981.
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura discutió este proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Horvath, Orpis y Sabag. Su texto es el mismo despachado por la Cámara de Diputados.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general la iniciativa.

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos corresponde a un tratado del cual nuestro país es parte. El texto fue adoptado en Canberra, el 20 de mayo de 1980. Y Chile, además de haber trabajado arduamente en ello, se incorporó por ley en 1981.
Hay 23 países miembros y en total son 34 los Estados Partes.
Es muy importante ilustrar a la Sala acerca de las características de los recursos vivos marinos de la Antártida que son objeto de pesca, fundamentalmente de los hidrobiológicos como el kril, el draco rayado o pez hielo, el que, por no tener sangre ni glóbulos rojos, es transparente; o el bacalao antártico o de profundidad, descubierto por pescadores chilenos en 1982 y que alcanza en los mercados internacionales un precio de 50 dólares el kilo.
Estamos hablando de ecosistemas complejos, con especies que tienen ciclos de vida muy distintos, adaptadas al frío y que, incluso, poseen anticongelantes biológicos.
En esta materia, desde luego, la protección del entorno y de la Antártica han sido ejemplares; sin embargo, siempre se produce pesca ilegal.
En ese sentido, los distintos países están adoptando un rol más activo con el fin de impedir que ello ocurra. Por esa razón se propone la ampliación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que, fundamentalmente, tiene dos líneas: una que obliga a todo compatriota, con título o matrícula chilena que ejerza actividades de pesca en nave extranjera, comunicar su quehacer a las organizaciones correspondientes, en este caso a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, la cual va a establecer los requisitos para saber quiénes están en la actividad.
La otra línea dice relación a la prohibición de los chilenos para embarcarse a sabiendas en naves de pesca sin nacionalidad o en aquellas que se encuentren haciendo prácticas de carácter ilegal, con las sanciones que correspondan.
Hay un punto que la Comisión analizó y tiene que ver con que los listados de pesca ilegal van a ser elaborados por organizaciones o en virtud de tratados de los que Chile es parte. Pero no se dice cuáles serán estas organizaciones. Por lo tanto, necesitamos discutir el proyecto de ley también en particular.
Después se establecen sanciones para las personas o dueños de embarcaciones que llevan a cabo actividades ilegales en torno de esta área tan sensible, lo que va a permitir de manera más explícita proteger los recursos.
Otros recursos, como los cetáceos o las focas, ya se hallan contemplados en Convenciones especiales.
También hay un Tratado Ambiental específico de 1991. Este se refiere fundamentalmente a las actividades de pesca.
La pesca es de muy alto valor con ecosistemas delicados. Tenemos el caso del kril, que es muy abundante y constituye la base de una gran cantidad de alimentos, incluso para el ser humano, pues reporta muchos beneficios, no solo para la nutrición, sino también para la salud de las personas. Por eso, con mayor razón, hay que cuidarlo.
Por estos motivos, solicitamos a la Sala que se vote a favor el proyecto.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, vamos a concurrir a aprobar la idea de legislar, porque, como Chile ha suscrito los Convenios respectivos, lo que hace el proyecto de ley es implementarlos.
Y uno debería preguntarse por qué, habiendo nuestro país firmado todas estas Convenciones, es necesario modificar la Ley General de Pesca. Y la razón es muy simple, señor Presidente: toda pesca ilegal en el ámbito antártico opera fuera de la zona económica exclusiva, donde no hay jurisdicción. Entonces, lo que hace la iniciativa por vía indirecta es sancionar con la legislación interna a los chilenos que operan ilegalmente en naves sin banderas o con pabellón extranjero.
Y se da una tercera situación respecto de aquellos compatriotas que son personas naturales o jurídicas, propietarios, poseedores, meros tenedores o armadores, totales o parciales, de naves pesqueras de pabellón extranjero y que, con su conocimiento, realicen o participen en las actividades ilegales de pesca a que he hecho referencia.
Entonces, lo que en la práctica hace el proyecto es inhibir por vía indirecta a los connacionales que operen en buques sin banderas, en la pesca ilegal o que participen en ella.
Por lo tanto, señor Presidente, con el propósito de cumplir los objetivos de conservación de la pesca ilegal en un territorio que escapa a la jurisdicción chilena, al estar más allá de la zona económica exclusiva, esta iniciativa opera por esta vía, con el objeto de que todo chileno que tenga la calidad de capitán o tripulante de una nave extranjera deba registrarse necesariamente en la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
Por eso, señor Presidente, vamos a aprobar la iniciativa. Pero, como señaló el Senador Horvath, hay que perfeccionarla. No puede quedar en términos genéricos, por ejemplo, lo referente a los buques que estén en los listados de pesca ilegal elaborados por organizaciones. Eso se debe mencionar directamente y citar los respectivos tratados.
Otros temas tienen que ver con la libertad de trabajo y con la caución del mismo. Es decir, hay una serie de garantías que resguardar y que en la discusión particular analizaremos con más detalle.
Aprobaremos la idea de legislar, esperando que el Ejecutivo, junto con la labor parlamentaria, apunte a perfeccionar este proyecto de ley.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, como se ha señalado, la iniciativa en debate fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Pesca y Acuicultura, y lo que se pretende con ella es dar cumplimiento a las medidas planteadas por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en el marco de la Convención internacional de la cual Chile es parte integrante, estableciendo, entre otras medidas, sanciones para los nacionales que realicen actividades de pesca ilegal en el área regulada por el Tratado.
En primer lugar, se impone a los chilenos con matrícula o título inscrito en nuestro país la obligación de informar a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante cuando se desempeñen en naves pesqueras extranjeras en alta mar. Y entrega a esta Dirección la función de establecer los requisitos para cumplir esta obligación. Asimismo, se sanciona el incumplimiento de ella con el no reconocimiento del tiempo navegado por el infractor.
La iniciativa también impone la prohibición para los compatriotas de embarcarse en naves de pesca sin nacionalidad, que no enarbolen pabellón, o en aquellas incluidas en listados sobre pesca ilegal elaborados por organizaciones o en virtud de tratados reconocidos por Chile, salvo fuerza mayor justificada.
La infracción de esta prohibición es sancionada por la Subsecretaría de Pesca con una multa de hasta 300 UTM para los capitanes y patrones de pesca y de hasta 50 UTM para los demás oficiales y tripulantes. Ello, previa audiencia del afectado y de un informe de la autoridad marítima, pudiendo la Subsecretaría apreciar fundadamente la gravedad de la conducta, las consecuencias del hecho y la reiteración de infracciones.
En cuanto al procedimiento sancionatorio, debe ajustarse a la ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
En la Comisión concordamos en que esta es una ley altamente necesaria para cumplir con los compromisos internacionales. Y lo que estamos solicitando es solo la aprobación en general y que se otorgue un plazo para presentar indicaciones.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el continente antártico es el cuarto mayor del mundo -la superficie del casquete polar sur es de 13 millones de kilómetros cuadrados-; por tanto, claramente, Chile tiene mucho que decir en la materia que nos ocupa.
Estamos votando un proyecto extraordinariamente positivo, como lo ha señalado el Senador Horvath.
Pero me surge una pregunta: ¿Cómo vamos a pedir a los tripulantes chilenos que sepan si la nave en que se embarcan está incluida en los listados de pesca ilegal o si va a enarbolar pabellón extranjero?

El señor ORPIS.- La norma dice "a sabiendas".

El señor NAVARRO.- Es que, en ese caso, la persona contestará: "No lo sabía".
A la hora de buscar empleo en este ámbito, el cumplimiento de los requisitos legales para los permisos de pesca respectivos no es responsabilidad del trabajador, sino del armador. Y yo siento que estamos castigando al primero pero no al segundo, en circunstancias de que las sanciones debieran estar centradas en el propietario del barco, no en el tripulante...

El señor ORPIS.- ¡También está incluido!

El señor NAVARRO.- ... Porque los tripulantes -y en mi Región hay muchos- cuidan extraordinariamente los permisos que les permiten embarcarse en aguas internacionales.
Creo -no he leído del todo el proyecto; lo he conocido aquí, en la Sala- que es necesario proteger la fauna marina antártica. Pero ella forma parte de un ecosistema. No sé si la iniciativa va a proteger el krill, el bacalao de profundidad. La verdad es que, para que uno y otro subsistan, se requiere un entorno, un ecosistema mucho más amplio y tan sensible como el de la Antártida.
Chile tiene una débil política antártica.
Nos va a costar caro el que los rusos hayan instalado en el Polo Norte una bandera de titanio a 4 mil 500 metros de profundidad. Los chinos, los estadounidenses, los ingleses están presionando cada día más sobre las bases antárticas en territorio -entre comillas- jurisdiccional chileno, que comprende un millón 250 mil kilómetros cuadrados.
Por lo tanto, si vamos a discutir sobre deberes de los que Chile ha de ser parte en materia de protección antártica -incluidos el krill y el bacalao de profundidad-, bien, pero insuficiente. Si se trata de evitar que los tripulantes chilenos se embarquen en naves ilegales, bien, pero absolutamente insuficiente.
Además, el debate sobre este tipo de regulaciones excluye a los países que no son parte del Convenio. Claramente, no hay obligatoriedad para ellos. Tal realidad forma parte de la debilidad extrema que la Humanidad tiene sobre el territorio antártico. Si la medida es aplicable solo a los que suscriben el Tratado, pasará lo mismo que sucede con los Estados Unidos como país no firmante del Estatuto de la Corte Penal Internacional; o sea, ningún militar de ese país, aunque viole los derechos humanos, está sometido a la jurisdicción de dicho Tribunal porque Estados Unidos no es parte del referido instrumento internacional.
En el caso que nos ocupa, Japón es un Estado parte. La verdad es que verlo como firmante de un texto que procura la protección de los productos del mar me llama poderosamente la atención, en particular por su interés de estar en la Antártica.
Me habría gustado que el informe fuera mucho más completo, señor Presidente.
En todo caso, cuanto apunte a la conservación de la precaria Antártida, especialmente por sus reservas de agua, de ecosistemas, es importante.
Estudiaré más acuciosamente el proyecto. Entiendo que es posible hacer aportes y que no se trata solo de la ratificación de un Convenio al que no se le pueden introducir modificaciones.
Pido que se me aclare el punto, señor Presidente.
Creo que no es justo sancionar a los tripulantes por un acto delictual, ilegal o arbitrario del armador.
Nos pasaba algo similar con los trabajadores de bombas de bencina: cuando un cheque no tenía fondos, se les descontaba a ellos.
Siento que la legislación en proyecto no apunta en la dirección correcta.
Por lo tanto, señor Presidente, votaré a favor de la idea de legislar, y espero que en la Comisión -por cierto, asistiré a sus reuniones- podamos ampliar la información sobre los alcances de la iniciativa que hoy se somete a nuestro pronunciamiento.
¡Patagonia sin represas!

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.

El señor ORPIS.- Señor Presidente, fundamentaré mi voto básicamente para aclarar la duda planteada por el Senador Navarro.
Si Su Señoría se dirige a la página 10 del informe, encontrará el artículo 134-B, donde se incluye lo relativo a los armadores, que es una de las inquietudes que manifestó.
Para que se sancione a capitanes o tripulantes, se debe haber actuado a sabiendas. Según el artículo 134-B, lo anterior se aplica también a los propietarios, poseedores, meros tenedores o armadores de naves pesqueras. O sea, es una norma bastante extensiva.
Por último, le informo al Senador Navarro que puede presentar las indicaciones que estime convenientes, porque no se trata de la ratificación del Convenio, sino de la aplicación de este a través de modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por lo tanto, es factible introducir enmiendas.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (26 votos afirmativos).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).

El señor PIZARRO (Presidente).- Se sugiere como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 17 de enero, a las 12.
¿Habría acuerdo?

El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no sé si el Senado ha examinado la carga legislativa que tenemos en enero.
Recién estuve con el Ministro Kast, quien desea que se despache este mes el proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social. También hemos conversado con el Ministro Lavín, quien quiere sacar las tres leyes sobre educación de aquí al 20 de enero.
La verdad es que no sé si la iniciativa que acabamos de votar sea tan urgente. Se plantea un plazo de nueve días. ¿La Comisión va a alcanzar a despacharla en este mes? Si no alcanzara...

El señor PIZARRO (Presidente).- La sugerencia la formuló la propia Comisión, señor Senador.

El señor NAVARRO.- Pero no veo por qué se fija plazo para enero si, en definitiva, igual va a analizar la materia en marzo.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se busque una fecha para marzo, pues entonces la Comisión va a hacer el debate.

El señor PIZARRO (Presidente).- La información que entregó la Comisión a la Mesa es que el plazo propuesto permitiría tratar el proyecto en la semana del 17 al 20 de enero, lo que posibilitaría despacharlo en particular antes del receso.
Esa es la razón.

El señor NAVARRO.- Pido más tiempo, señor Presidente.

El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo, entonces.
¿Qué fecha sugiere, señor Senador?

El señor NAVARRO.- La primera semana de marzo.

El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para la presentación de indicaciones el lunes 7 de marzo, a las 12.
--Así se acuerda.




REINSCRIPCIÓN DE INMUEBLES EN NUEVOS CONSERVADORES DE BIENES RAÍCES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Letelier, Muñoz Aburto y Vásquez, sobre inscripciones de inmuebles en nuevos Conservadores de Bienes Raíces.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4670-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Letelier, Muñoz Aburto y Vásquez).
En primer trámite, sesión 68ª, en 14 de noviembre de 2006.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 22ª, en 1 de junio de 2010.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 61ª, en 31 de octubre de 2007.
Mixta, sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.
Discusión:
Sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007 (se aprueba en general y particular).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- La discrepancia entre ambas ramas del Parlamento se suscitó por el rechazo en general de la Cámara de Diputados al proyecto despachado por el Senado.
La Comisión Mixta, como forma de salvar la divergencia, sugiere aprobar un proyecto que, en lo sustancial, recoge la proposición del Senado, con perfeccionamientos. Al efecto, modifica el artículo 54 de la ley N° 16.250, en términos de que diga: "Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes, estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes.".
Esta propuesta fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Senadores señora Alvear y señores Larraín y Letelier y Diputados señores Ceroni, Eluchans, Monckeberg (don Cristián) y Walker (don Matías).
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Mixta que se formó para resolver las diferencias que surgieron entre ambas Cámaras, tengo el honor de expresar que ella cumplió con su cometido y evacuó el informe que a continuación paso a exponer en forma sucinta.

1.- Debo destacar que el Senado aprobó, en el primer trámite constitucional, esta iniciativa, que disponía en su artículo único: "Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes.".

2.- En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto, lo que motivó la creación de la Comisión Mixta.

3.- En el seno de este órgano, uno de los autores de la moción, el Senador señor Letelier, argumentó a favor de la iniciativa, poniendo de relieve que "los nuevos oficios conservatorios surgen de una decisión del Estado y, en consecuencia, no debe traducirse en una carga para los ciudadanos".
Señor Presidente, si se crea un nuevo conservador de bienes raíces, es lógico que el usuario que solicita antecedentes no deba pagar por la reinscripción de la propiedad.
Asimismo, el señor Senador resaltó que ese nuevo gravamen resulta menos aceptable aún en las zonas afectadas por el terremoto y el tsunami últimos, donde modestas familias deben presentar documentos relativos a sus inmuebles para obtener beneficios.
Se dieron muchos casos sobre el particular. Los conservadores estaban exigiendo el pago -algunos cobraban entre 200 mil y 300 mil pesos- a personas que necesitaban sus antecedentes de inscripción para recibir subsidios.

4.- Antes de resolver el asunto, la Comisión Mixta acordó invitar a representantes de organizaciones gremiales de notarios y conservadores. Estos concurrieron y, en lo sustancial, informaron favorablemente el proyecto de ley.

5.- Cabe destacar que, a la luz del análisis, el señor Ministro de Justicia intervino en el estudio de la iniciativa y, en definitiva, propuso la redacción de la enmienda que ahora presenta la Comisión Mixta, donde se dispone: "Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes, estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes.".
Esa proposición, señor Presidente, perfecciona el texto que aprobó el Senado en general, pues se contemplan hipótesis que no estaban consideradas en la redacción original (cancelaciones de inscripciones y modificaciones de los territorios jurisdiccionales de los oficios conservatorios existentes), razón por la cual fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, quienes estimaron que soluciona de forma directa y sencilla la discrepancia que se produjo entre ambas Cámaras y -lo más importante- libera, como corresponde, a todas las personas del pago de derechos que no deben ni nunca debieron cancelar.
Señor Presidente, espero que la Sala apruebe por unanimidad la propuesta de la Comisión Mixta.
He dicho.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la moción, Senadores señores Letelier, Muñoz Aburto y Vásquez, porque dieron origen a un proyecto muy bueno.
Aquí hay dos situaciones distintas que se vienen registrando desde hace años y que, obviamente, son muy injustas.
La iniciativa es sencilla, simple; va directo al hueso. Y resuelve una cuestión que no tenía justificación alguna.
Por una parte, se crean nuevos conservadores de bienes raíces en el país, lo cual es positivo, porque la gente podrá inscribir sus propiedades en la comuna donde vive o en la más cercana a aquella donde se encontraba el único conservador de la zona, pues parte de su función quedará cubierta por un nuevo oficio conservatorio.
Yo lo vi en mi Región, señor Presidente.
El Conservador de Bienes Raíces de Malleco se ubica en Angol. Y se abrió una nueva oficina en Purén. ¿Qué ocurría? Que las personas debían ir al nuevo conservador a reinscribir sus propiedades, sus títulos de dominio, sus hipotecas, y a efectuar las demás anotaciones que es preciso hacer constar en los registros pertinentes, donde se les cobraba por la segunda inscripción.
Pero, dicho pago, que resulta bastante caro en Chile ¿no se trata de un valor menor, en particular para las familias humildes y más necesitadas-, es de una injusticia enorme.
Recordemos que en el caso de las escrituras públicas, la inscripción en el conservador de bienes raíces es el título traslaticio de dominio, el acto mediante el cual una persona transfiere el dominio a otra.
El proyecto resuelve esa situación, porque exime del pago.
Sin embargo, deja pendiente otro problema: qué sucede con los que pagaron.
Si la ley en proyecto dice que ese pago no regirá respecto de quienes reinscriban inmuebles en el futuro, considero de todo derecho que la persona que ya canceló pida que se le restituya el monto cobrado.
La iniciativa en debate no soluciona esa situación, porque, obviamente, ello implica abordar una cuestión más compleja.
Pero pese a ello, señor Presidente, estamos ante un muy buen proyecto.
Por otra parte, esta iniciativa también alivia lo relativo a las reinscripciones de propiedades que han debido realizarse producto del terremoto de febrero o de las que tendrán que efectuarse por futuras catástrofes en los nuevos conservadores de bienes raíces.
Señor Presidente, recuerdo que esta iniciativa se discutió el año pasado en la Comisión de Constitución. Luego se vio en la Comisión Mixta. Y, a mi entender, es un aporte parlamentario muy valioso a un problema social real que se ha expuesto en muchas oportunidades y que finalmente se podrá resolver.
En consecuencia, con mucho gusto, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.

El señor PIZARRO (Presidente).- Varios señores Senadores me han solicitado cerrar el debate y abrir la votación.
¿Les parece a Sus Señorías proceder en esa forma?
--Así se acuerda.

El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer las palabras del Senador que me antecedió respecto a las bondades del proyecto.
En segundo término, debo connotar lo lamentable que resulta tener que legislar para frenar el abuso. Porque de lo que se trata es de que aquellas personas a las que el Estado y la sociedad toda, por la herencia del sistema registral de propiedades existente en el país, han empoderado como ministros de fe y depositarios de él, cuando se generan nuevos territorios, nuevas jurisdicciones, en vez de asumir su función con una vocación de servicio público más adecuada, más constructiva, en algunos casos -no diré "todas ellas" porque no me consta-, demuestran con su comportamiento cotidiano no ser las idóneas.
Lo digo porque hacer campañas públicas para que la gente reinscriba su propiedad en el nuevo conservador de bienes raíces -trámite innecesario, pues no hay razón que obligue a ello-, abusando de la ignorancia de familias modestas -normalmente campesinas, del mundo rural- y cobrándoles sumas de dinero equivalentes a su ingreso de uno, dos o más meses, lleva a una situación de despojo realizada por personas a las que el Estado les entregó una función pública noble: la de ser los conservadores del sistema de registro de propiedades.
Lamentablemente, algunos no han comprendido aquello, señor Presidente.
La experiencia práctica, pues, fue lo que me llevó a presentar la moción que dio origen a este proyecto de ley.
En la Sexta Región, tanto en la provincia de Colchagua como en la de Cardenal Caro, fui testigo de algo que ha ocurrido en otras partes del país: los nuevos conservadores comenzaron a hacer campañas en las cuales le decían a la gente que debía reinscribir su propiedad, aunque no hubiera transferencia del dominio; o que si su propiedad se encontraba registrada en Santa Cruz, por ejemplo, tenían que reinscribirla en el nuevo conservador, de lo contrario la perderían. O sea, una situación que denota un tremendo abuso de autoridad. Además, en ciertas ocasiones los que traspasaban la información también cobraban.
Al respecto, debo señalar que eso no se hallaba en el espíritu de la norma respectiva.
De otro lado, quiero agradecer aquí, en el Hemiciclo, las expresiones del Presidente del Capítulo Regional Centro-Sur de Notarios y Conservadores, señor Ernesto Montoya, quien concurrió a la Comisión Mixta y manifestó que lamentaba la existencia de esas pocas personas que actuaban mal.
Asimismo, entiendo que similar situación habría ocurrido -como me indicó el Senador Espina- en la Novena Región, donde no se procedía proactivamente en forma constructiva, sino más bien con una lógica de lucro innecesario y abusador.
Esta ley en proyecto logra resolver el problema descrito en el sentido de que el nuevo conservador, cuando el Estado acuerde su creación, deberá efectuar las reinscripciones a su costa, y el envío de los antecedentes del oficio conservatorio original será gratuito para las personas cuya propiedad se halle allí registrada.
Queda pendiente lo ocurrido con quienes pagaron por tales servicios y que -como se dijo- fueron objeto del abuso a que me referí. Considero muy difícil revertir esa situación. No quiero crear una expectativa impropia. Pero me interesa dejar constancia de que los que cobraron indebidamente a gente modesta antes del terremoto actuaron de manera abusiva, y si lo hicieron con posterioridad a este resulta más dramático todavía.
Sin embargo, este instrumento, aunque haya transcurrido un año o diez meses del sismo, por lo menos va a permitir a mucha gente postular al proceso de reconstrucción sin tener que incurrir en gastos que, para alguien que perdió la casa, más aún si pertenece al mundo rural, a veces son demasiados elevados.
Por eso, voy a aprobar el informe de la Comisión Mixta.

El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones expresadas a los autores del proyecto, particularmente al Honorable señor Letelier -presente en la Sala-, y al entonces Senador señor Guillermo Vásquez, quien representó a La Araucanía Sur, porque viene a solucionar un problema real que se les presentaba a los vecinos.
En mi zona, por ejemplo, se creó el Conservador de Bienes Raíces de Padre Las Casas, escindido del Conservador de Temuco, y a los vecinos se les exigió, dentro de los numerosos trámites que debían realizar, la inscripción de su propiedad en el nuevo organismo, pero como ello tenía alto costo, muchos simplemente no lo pudieron efectuar.
Por eso, la presente iniciativa resuelve una dificultad social real que afecta a miles y miles de personas.
Me asalta una sola duda sobre el particular. Sé que durante la votación no es posible responder consultas, aunque quizá en este caso se podría autorizar.
Lo que pasa es que la moción del Senador señor Letelier contenía un inciso segundo que fue eliminado en la Comisión de Constitución del Senado, el cual establecía la retroactividad en la aplicación de la norma.
Por lo tanto, me imagino que toda reinscripción, no importando cuando se haya creado el nuevo conservador, practicada de aquí en adelante quedará liberada de pago.
Quiero remarcar que lo anterior opera independientemente de que la creación del nuevo conservador se haya producido en el 2009, 2008 ó 2007. Es decir, entiendo que toda reinscripción efectuada una vez que la iniciativa se convierta en ley no será objeto de cobro alguno.
Con ello, se soluciona un problema grave. Pero no debe comprenderse -a mi juicio-, porque ese no fue el espíritu que tuvieron los autores del proyecto, como el Senador señor Letelier, que lo prescrito rige para los conservadores que se instauren de aquí en adelante, sino para los que ya se crearon, los cuales deben realizar reinscripciones sin poder cobrar por tal servicio.
En ese entendido, señor Presidente, voto entusiastamente a favor el informe de la Comisión.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores del proyecto, de manera especial al Honorable señor Letelier, que, en general, tiene buenas iniciativas, y esta no es la excepción; y, también a modo de homenaje, al entonces Senador señor Vásquez, quien representó a mi circunscripción en la Cámara Alta.
Al respecto, debo hacer presente el drama sufrido por los pequeños propietarios que han tenido que reinscribir de forma obligatoria su propiedad en otro conservador, porque se ha creado un nuevo registro o se ha producido una división administrativa distinta.
Por otro lado, también deseo mostrar mi preocupación por lo que acaba de plantear el Honorable señor García.
En verdad, es confusa la redacción del proyecto, porque respecto de cualquier conservador nuevo, en funcionamiento hace un año, dos, cinco o diez, no se especifica el límite de tiempo dentro del cual se pueda gozar de la excepcionalidad del pago de los derechos de reinscripción o de traslado de un conservador a otro.
Creo que tal punto no se encuentra resuelto en la iniciativa, porque se señala expresamente que "Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las reinscripciones y cancelaciones que deban practicarse cuando se crea un nuevo oficio conservatorio (...) estarán liberadas de pago...", pero no dice si es con efecto retroactivo. Si lo fuera, en ninguna parte se expresa cuál es el plazo en que rige, porque es posible que un nuevo conservador se haya creado hace diez años.
Entonces, ¿se aplicará a ese nuevo registro conservatorio la exención por el traslado de la inscripción? De no ser así, debemos entender que ello le producirá un daño enorme a todos quienes tengan la obligación de reinscribir su propiedad y no puedan gozar de este estupendo proyecto, que exceptúa del pago de los derechos correspondientes.
Me parece que la interpretación exacta de la voluntad del Congreso respecto de la excepcionalidad de pago es para todos los que, por la creación de nuevos conservadores, no importando cuando se haya producido, o por un cambio de límites territoriales, se vean obligados a trasladar su inscripción a otro conservador.
En ese sentido, votaré favorablemente el informe respectivo, reiterando las felicitaciones a los Senadores autores de la normativa.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.- Señor Presidente, aunque sea repetitivo, también quiero expresar mi reconocimiento a los autores de este proyecto de ley: Senadores señores Letelier, Muñoz Aburto y Vásquez, porque, en la práctica, viene a hacer justicia acerca de mucha gente que, por una decisión en la que no participa, se ve obligada a practicar un nuevo trámite en la propiedad registral -como existe en Chile- y a pagar por él.
En consecuencia, lo que pretende la iniciativa es, justamente, evitar que esas personas deban volver a pagar por una gestión ya realizada, a raíz de una determinación de la autoridad en la que no tuvieron injerencia y que subdivide conservadores de bienes raíces.
Pero quiero aprovechar esta oportunidad, señor Presidente, para plantear dos cuestiones que, a mi juicio, resulta indispensable abordar respecto de nuestro sistema registral de la propiedad.
En primer lugar, encuentro difícil de entender por qué a estas alturas los conservadores de bienes raíces no cuentan con un procedimiento computacional en materia de registro. De tal manera que si una persona quiere comprar una propiedad desde Australia pueda meterse en los archivos. Eso no existe hoy día. Actualmente, si alguien desea saber de quién es un inmueble ubicado en Viña del Mar o Valparaíso debe acudir al conservador.
Me parece que lo anterior es de fácil solución. Y anuncio que presentaré un proyecto de ley para que se contemple la posibilidad de que los títulos de propiedad se vayan acumulando en un registro, no necesariamente único.
En segundo término, se debieran incorporar los adelantos tecnológicos. He formulado una iniciativa -y espero que sea tramitada a la brevedad- que tiene por objeto incluir un elemento indispensable.
En la actualidad, cuando uno analiza los títulos de dominio se percata de que los límites se establecen con la propiedad colindante ("de don Pedro González") o con elementos geográficos ("la loma El Membrillo"), constituyéndose en una fuente de conflictos y de problemas. Hoy día, con una simple medición de un GPS se puede determinar, mediante coordenadas UTM, que una propiedad se halla en tal o cual lugar de la Tierra, y con una exactitud que muchas veces sorprende.
Por lo anterior, creo que debiéramos introducir algunas modificaciones al sistema actual para ponerlo a la altura de la tecnología, a fin de precaver y evitar las dificultades que se generan con esta modalidad de inscripción de los títulos de dominio, que corresponde al siglo antepasado.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que el que nos ocupa es un muy buen proyecto de ley y que favorecerá sobre todo a las personas más modestas, quienes muchas veces por carecer de recursos no pueden hacer el traslado de inscripción de su propiedad. Y en cualquier trámite les exigen el certificado otorgado por el conservador de la comuna donde se halla el inmueble. Por lo tanto, se ven obligados a cambiar la inscripción.
En el texto de la iniciativa queda claro que no se va a pagar por inscribir la propiedad en la comuna donde se creó la nueva notaría y conservador de bienes raíces. Pero para reinscribirla le exigen el certificado de dominio vigente al día conferido por el conservador anterior. Y ahí le cobran una buena cantidad de plata.
¿Y qué pasa ahora? Porque debe pagar donde está inscrita la propiedad para que le den los antecedentes solicitados por el nuevo conservador de bienes raíces. Está claro que no tiene que cancelar la reinscripción. ¿Pero le van a cobrar donde se halla inscrito el inmueble? Quiero que me den alguna respuesta sobre el particular, porque es una duda que va a surgir.
La Honorable señora Alvear me decía que ese trámite debe solicitarlo directamente el nuevo conservador de bienes raíces.
En cuanto a lo señalado por el Senador señor Prokurica, le puedo manifestar que muchas notarías ya están modernizadas, tienen la información computarizada y tramitan los documentos en forma rápida. El otro día tuve que pedir un antecedente en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y me lo dieron en dos minutos, altiro lo transmitieron electrónicamente; o sea, ya están operando de modo computacional.
Solo basta que las notarías se coloquen al día y se modernicen con su personal, porque todos sabemos que en ellas hay funcionarios muy antiguos y cuesta que se adecúen a la modernización. Pero debe hacerse y la exigencia ya la tienen.
La otra observación del Senador señor Prokurica dice relación al sistema antiguo de identificación de las propiedades, en que se buscaba puntos de referencia. Hoy día estamos en una era más moderna y por supuesto que con los GPS son otros los mecanismos a utilizar para adelante.
Por otra parte, me alegra haber escuchado de parte del Honorable señor Letelier que el presidente del Capítulo Regional Centro-Sur de Notarios y Conservadores, don Ernesto Montoya, había hecho referencia a abusos que ciertos notarios cometían en este aspecto.
Los notarios y conservadores de bienes raíces desempeñan un papel muy serio y muy responsable en el país. No obstante, algunos están tratando de matar la gallina de los huevos de oro. Recuerdo que cuando la Presidenta Bachelet dijo el 21 de mayo que iba a enviar una iniciativa para modificar toda la estructura de funcionamiento de los notarios y conservadores el Congreso Pleno la aplaudió de pie. ¿Cuál es el mensaje? Que existe inquietud en todos los sectores de Chile en esta materia. Por eso la gente aplaudía ese proyecto que, entre paréntesis, no ha llegado todavía. ¡Parece que los notarios y conservadores se mueven muy bien en todas partes...!
Como digo, reconozco que desarrollan una labor seria y responsable, pero algunos están matando la gallina de los huevos de oro. Hay que actuar con responsabilidad, con seriedad y no querer hacerse rico en dos o tres años. Esta es una vaquita lechera que da para mucho tiempo. Y no es dable pretender hacerse millonario rápidamente a través de este sistema, sobre todo los notarios y conservadores más nuevos.
Me alegra mucho que don Ernesto Montoya haya expresado en la Comisión que son solo unos pocos -y me consta-, porque la inmensa mayoría de ellos se desempeñan -yo diría- con mucha eficiencia y tratando siempre de prestar un servicio a la comunidad.
Me interesa que la duda planteada se dilucide, no por mí, sino para que quede constancia en la Versión Oficial, pues sirve para la historia de la ley. Cabe decir que el conservador de la localidad donde se halla inscrita la propiedad puede cobrar por otorgar el certificado de dominio vigente, documento con el cual se puede inscribir en el nuevo conservador, en que, ya tenemos claro, no se va a cobrar.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solo para referirme a un punto levantado por el Senador señor García y que considero muy importante que quede despejado en esta discusión, a fin de que no haya dobles interpretaciones en el futuro.
Yo entiendo, por la redacción que se propone y que vamos a votar, que cualquiera nueva reinscripción será de costo del conservador. No está vinculado a los nuevos que se creen en el futuro, sino a aquellos que hayan sido subdivididos en el pasado y en los cuales si alguien solicita una reinscripción tendrá derecho al beneficio de que no se le cobre.
Ello, con el objeto de dejar en claro el espíritu del legislador, porque se eliminó -no en la Mixta, sino en el trámite anterior- la retroactividad. Me parece que queda despejado también en la letra, pero estimo bueno precisarlo, porque se levantó la duda.
En los ejemplos que se han dado de conservadores que se han dividido en la Sexta y Novena Regiones, la reinscripción que solicite hoy una persona será de costo del conservador, porque, en el fondo, se está pidiendo una nueva inscripción, la cual, a partir de la presente iniciativa, no la deberá pagar el particular. Por cierto, para los futuros conservadores es más que obvio. Pero quiero dejar en claro la interpretación y el espíritu -así lo entendemos- de la norma. Sin embargo, a alguien que ya pagó por el trámite no se le devolverá la plata. Ese fue el efecto de haber eliminado la retroactividad, porque se podría haber interpretado que los conservadores deberían restituir el dinero a aquellas personas que cancelaron en el pasado. Eso no ocurrirá. El proyecto no lo permite. Lo que sí admite es que el costo de una reinscripción en conservadores que hayan sido subdivididos en el pasado lo asuma el nuevo conservador.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Solo una precisión técnica, señor Senador.
La ley en proyecto comienza a regir desde la fecha de su publicación, no desde hoy. Porque eso puede significar que alguien que lo esté escuchando diga: "Devuélvanme los recursos cancelados".
El señor PROKURICA.- Así es. Desde que se publica.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este es un proyecto simple pero extremadamente útil y de fácil comprensión. Efectivamente, intenta establecer que si hay subdivisión o cambio jurisdiccional el costo de reinscripción sea asumido por los conservadores y los usuarios no se vean obligados a pagar.
Le pregunté a la Senadora señora Alvear -y lo planteé también cuando se vio este proyecto en el primer trámite constitucional- qué pasa en Dichato, en El Morro y en todos aquellos sectores que se vieron afectados, particularmente Talcahuano, donde el propio Conservador sufrió una destrucción parcial de la casi totalidad de los archivos, lo que obligará a una reinscripción.
La subdivisión prevista en el nuevo plan regulador de Dichato, por ejemplo, provocará una redefinición; en Coliumo, lo mismo, por cuanto se alteró básicamente la división geográfica, haya existido o no plan regulador.
Allí habrá reinscripción. Entonces, sería absurdo exigirles a los propietarios devastados por el terremoto que cancelaran derechos por tal concepto.
Entiendo que al respecto se aplicarán medidas especiales. No sé si este puede ser el proyecto para hacerlas explícitas o si el Gobierno ya contempló la solución en su política de reconstrucción.
Yo creo que ni siquiera habría que pagar subsidio. La pega de conservador es siempre muy buena. Entonces, tendría que excepcionarse en los casos especiales de las zonas terremoteadas y de las afectadas por los tsunamis. Habiendo necesidad de reinscripción, esta debiera hacerse en forma gratuita, sin cargo para el propietario, porque ya tuvo suficiente con la desgracia del terremoto y el maremoto.
La Senadora Alvear me señaló que esos casos se encuentran contemplados cuando el proyecto, mediante un artículo único, agrega al artículo 54 de la ley No 16.250 un inciso final que señala: "cuando se crea un nuevo oficio conservatorio o se modifican los territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes".
Entiendo, pues, que se hallan considerados. Porque esa modificación eventual -en algunos casos las circunstancias pueden permanecer, y en otros, variar- tiene lugar sobre territorios jurisdiccionales de oficios conservatorios existentes pero que pueden cambiar.
Si es así, con toda voluntad, voto a favor del informe, esperando la comprensión de los conservadores de bienes raíces, tanto más cuanto que algunos formularon observaciones en el sentido de que podrían ser discriminados.
Entiendo que ya medió un pago. Pero, como el oficio en cuestión dura para largo y a veces es hereditario, estimo que él es suficiente.
En definitiva, se trata de un gesto que ennoblece a nuestros conservadores de bienes raíces. No creo que haya mayor problema.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, a propósito de la intervención del Senador señor Navarro, pienso que debería dictarse una nueva ley. Porque en el caso de Dichato ni se ha creado un nuevo conservador de bienes raíces ni se ha modificado el territorio jurisdiccional. O sea -reitero-, allí se requeriría otra legislación.
El hecho de haberse producido el debate pone en duda la interpretación de la ley en proyecto. Pero, ya planteado, ha existido unanimidad en las intervenciones en torno a su alcance.
Por lo tanto, postulo hacer constar que nuestro voto va en el sentido indicado a lo largo de las exposiciones de todos aquellos que me antecedieron en el uso de la palabra: Senadores señora Alvear y señores Longueira, García, Sabag, Letelier, etcétera.
Para mayor precisión -lamentablemente, no es posible hacer modificaciones porque estamos pronunciándonos sobre el informe de la Comisión Mixta; entonces, ni siquiera la unanimidad sirve al efecto-, podría haberse aprobado otra redacción: "se haya creado" o "se haya modificado". Ahí sí que estarían cubiertos los diversos casos.
Entonces -a los fines de precisar-, se entiende que la ley en proyecto es para que quien deba cambiar una inscripción de un conservador a otro por la creación, antes o en el futuro, de un nuevo territorio jurisdiccional no tenga que pagar por dicha actuación.
¿Y por qué se plantea aquello? Porque no es obligatorio el traslado de la inscripción. ¿Cuándo lo es? Al registrarse hechos positivos. Por ejemplo, si una persona quiere adquirir un bien raíz en San Miguel. ¿Qué le exige el banco para tramitarle el crédito hipotecario? Llevarle los títulos. Pero le dice: "Su inscripción se encuentra en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Como se creó en su tiempo el de San Miguel, debe trasladar allí la inscripción. Y tráigamela con dominio vigente, para darle curso al préstamo".
Entonces, pienso que lo importante es dejar constancia en la discusión de que no se paga cuando hay que trasladar una inscripción de un conservador a otro por el hecho de haberse creado otro en una nueva jurisdicción o modificado el territorio jurisdiccional.
La idea es establecer con claridad que el sentido de la norma es que no media obligación de pago cuando se produce alguno de los hechos descritos.
Me parece que eso podría salvar en parte la discusión que hemos sostenido, para que no se entienda de ella que tuvimos falta de convicción en torno a la interpretación de la norma propuesta.
Gracias, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en primer lugar, destaco la iniciativa presentada por el Senador Letelier, pues da respuesta a un problema muy sentido.
La zona que represento, por el establecimiento del nuevo Conservador en Temuco, dejó a muchas familias de Vilcún, Padre Las Casas, Melipeuco y otras comunas con la necesidad de efectuar el trámite en comento, lo que, como bien señaló el colega Zaldívar, no es obligatorio. Porque la exigencia surge cuando se debe realizar un trámite o se desea postular a un beneficio del Estado que requiere esta certificación tan importante.
Tan significativa es dicha certificación que a veces, precisamente por eso, sentimos que no hay que introducirle ninguna modificación y que esto, que data de fines del siglo XIX, probablemente debe mantenerse inalterable por dos siglos más.
Así, por ejemplo, cuando en 1985 se les sacó a los conservadores la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados, se dijo que la medida iba a fracasar, que el mecanismo propuesto no iba a funcionar en el Registro Civil. Sin embargo, se trata de uno de los sistemas más eficientes que existen.

El señor PROKURICA.- Y está en línea.

El señor QUINTANA.- Así es: está en línea. Y a eso quiero apuntar.
Lo mismo ocurre con el Servicio de Impuestos Internos, señor Presidente. Tiene todos sus sistemas en línea, ha utilizado georreferenciación. Es decir, ha ido de la mano con las nuevas tecnologías.
Por lo tanto, uno se pregunta por qué sigue igual el sistema en los conservadores de bienes raíces, donde incluso muchos trámites no se realizan. Porque la historia de la propiedad raíz y los demás antecedentes igual hay que encargárselos a un abogado; los conservadores no efectúan estos trámites.
Esa es, entonces, la cuestión de fondo. Se trata de una materia que hemos conversado con el actual Subsecretario de Bienes Nacionales. Y existen iniciativas al respecto. Creo que en algún momento debiéramos debatirlas. Porque es insostenible hoy, en el siglo XXI, que lo que estamos discutiendo no se haya hecho de manera automática, a través del sistema tecnológico. Con todo lo que cobran por los trámites, los conservadores de bienes raíces tendrían que haberlo realizado utilizando las nuevas tecnologías.
Ahora, el planteamiento formulado por el Senador Tuma me parece bastante justificado. Pero considero que de alguna forma se le ha dado respuesta con las intervenciones de otros colegas.
Entonces, pienso que hemos de avanzar en torno a la modernización de un servicio donde todavía hay que escarbar en libros vetustos, muy antiguos, para buscar ciertos antecedentes, que por cierto son importantes, pues interesa saber quién dará garantía de la propiedad raíz. Pero -reitero- es fundamental también que aquel proceso se vaya modernizando y adaptando a los nuevos tiempos.
Señor Presidente, en el minuto que me queda, quiero darle una interrupción al Senador Navarro.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Nos encontramos en votación. Por tanto, no es posible conceder interrupciones.

El señor QUINTANA.- Comprendo.
Entonces, señor Presidente, recogiendo lo que mencionó el Senador Navarro, le pido al Gobierno que envíe un proyecto de ley que exceptúe del pago en cuestión a las familias afectadas por el terremoto que deben efectuar una reinscripción.
El señor NAVARRO.- Porque se destruyó y hay modificaciones.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier para fundar su voto.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo plantear dos cosas.
En primer lugar, la redacción está estructurada para asegurar que las actuaciones que se hagan a partir de la publicación de la ley en proyecto relativas a reinscripciones y cancelaciones de inscripción sean gratuitas.

El señor PROKURICA.- Sí, pero cuando se ha creado una nueva jurisdicción.

El señor LETELIER.- Porque hay que entender lo siguiente, señor Presidente.
La norma no se refiere a los conservadores que se establezcan a partir de 2011, sino a los ya creados. Ello puede haber ocurrido el año 2000, por ejemplo.
Lo que pasa es que algunas actuaciones, cuando se establece un nuevo conservador, se vinculan con la reinscripción de la propiedad. Esas actuaciones deben ser gratuitas.
Conservadores que se crearon el año 2000 -por decir algo- todavía no tienen todas las propiedades de su jurisdicción reinscritas o inscritas en sus registros.
Lo que estamos planteando, entonces, es que todo lo que se haga a partir de la ley en proyecto debe ser gratuito. ¿Por qué? Porque -disculpen mi forma de decirlo; no es muy docta- algunos son frescos que quieren cobrarle a gente que no ha hecho transacción alguna con su propiedad.
Cuando media un proceso de compraventa -como indicó el Senador Zaldívar-, es natural que se paguen derechos arancelarios. Pero aquí no existe traspaso de propiedad: solo se trata de reinscripciones y de cancelaciones de inscripciones que deben practicarse por haberse creado otro conservador de bienes raíces (no planteamos lo relativo a la fecha porque no nos pareció necesario).
De lo contrario, señor Presidente, la ley en proyecto sería absurda (para crear un conservador de bienes raíces se necesita ley; ahí habría que poner la iniciativa pertinente), no tendría sentido.
Este proyecto no es para los conservadores que se generen a futuro, sino para los ya existentes y donde no ha habido reinscripciones o cancelaciones de inscripciones.
Quiero dejar constancia a ese respecto. Y no veo en lo más mínimo las dudas que expresaron algunos, señor Presidente.
En segundo lugar, sobre lo expresado por el Senador Navarro, debo recordar que hubo una ley especial para que en todo el proceso de reconstrucción existiese gratuidad respecto a muchos de los trámites que debe hacer la gente. No es necesario reinscribir.
Ahora, cuando se subdivide una propiedad para acoger a varias familias, surge la interpretación en el sentido de si debe cobrarse o no por los trámites. El espíritu de la ley que aprobamos el año recién pasado fue el de no cobrarles a los damnificados por el terremoto.
Me parece muy importante dejar testimonio de que esa ley existe y de que su espíritu es el de que los conservadores de bienes raíces no deben cobrar nada a tal respecto. Si lo están haciendo, sería bueno presentar una queja disciplinaria ante la Corte de Apelaciones pertinente o ante el Ministro de Corte de Apelaciones encargado de visitarlos.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos favorables).
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).


El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero agregar a la petición de oficio al Gobierno formulada por el Senador Quintana los casos en que haya cambio de límites. Por ejemplo, en Dichato algunos terrenos se corrieron 30 a 40 metros, lo cual va a obligar a reinscripciones.
Entiendo que hay ánimo en el sentido de que las reinscripciones originadas por el terremoto o el maremoto no deben ser objeto de derechos arancelarios.
En consecuencia, señor Presidente, le solicito que recabe el asentimiento del Senado para que en el oficio al Ejecutivo se considere también la situación que acabo de describir.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, le oficiaremos al Gobierno para pedirle que patrocine un proyecto que considere las situaciones expuestas.
--Así se acuerda.


CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde discutir el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo único de la ley Nº 20.411 en materia de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6831-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 19 de mayo de 2010.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los objetivos de esta iniciativa son, por una parte, incorporar a las comunidades agrícolas dentro de las personas y organizaciones exceptuadas de la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas o áreas del país, y por otra, reconocer validez a los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos a favor de comunidades agrícolas entre el 29 de diciembre de 2009 y la entrada en vigencia de la ley en proyecto.
La Comisión discutió esta iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Matthei y Rincón y señores Espina y Tuma.
En cuanto a la discusión particular, efectuó al texto despachado por la Cámara de Diputados una modificación consistente en agregar un artículo transitorio que reconoce validez a los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en el período ya mencionado. Esta enmienda fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señora Rincón y señores Allamand, Coloma, Espina y Patricio Walker, quienes también aprobaron en particular el artículo único sin modificaciones.
El texto del proyecto despachado por la Comisión de Agricultura se contiene en la parte resolutiva del informe.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, esta iniciativa, que se originó en un mensaje de la Presidenta señora Bachelet, tiene por objeto incorporar a las comunidades agrícolas organizadas conforme a lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley Nº 5, de 1967, del Ministerio de Agricultura, dentro de las personas y organizaciones exceptuadas de la prohibición contenida en la ley Nº 20.411, puesto que, a pesar de no hallarse comprendidas en el artículo 13 de la ley Nº 18.910, cumplen con la condición de ser pequeños agricultores.
Como sabemos, la ley cometió una omisión. En efecto, eximió a las organizaciones de agricultores e incurrió en un error al marginar en esta materia a las comunidades agrícolas.
¿Cuál es el origen del problema?
La ley Nº 20.017, de 2005, autorizó para regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas de pozos y norias en beneficio de los pequeños agricultores cuando no pudiesen obtenerlos debido a problemas de disponibilidad.
Sin embargo, en la práctica se presentaron más de 56 mil solicitudes, lo cual agravó el déficit hídrico del sector.
Lo anterior hizo necesario aprobar la ley Nº 20.411, que le prohíbe a la Dirección General de Aguas otorgar nuevos derechos, con la sola excepción de los pequeños agricultores, los propietarios indígenas y las comunidades indígenas.
Empero, la mencionada ley omitió a las comunidades agrícolas, las que se vieron impedidas de constituir derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Para reparar tal situación, a todas luces injusta, la Comisión de Agricultura aprobó tanto en general cuanto en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes y, con la misma votación, acogió una indicación del actual Ejecutivo tendiente a incorporar un artículo transitorio que valida los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en favor de las comunidades agrícolas regidas por el decreto con fuerza de ley Nº 5 con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 20.411.
Señor Presidente, en el norte del país hay un grave problema con los derechos de aguas, y especialmente tratándose de las napas subterráneas.
El punto fue objeto de un análisis muy profundo en ese órgano técnico. Nosotros no queríamos consignar en el proyecto la posibilidad de que alguien constituyera nuevos derechos de aguas, atendido el grave colapso existente en el sector.
El Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aguas hicieron un estudio exhaustivo acerca de las comunidades que podían regularizar sus derechos de aguas (porque así lo estableció la ley anterior, que adoleció de una omisión), y se llegó a la conclusión de que el incorporarlas no era un factor susceptible de afectar las napas subterráneas o alterar la situación existente.
El referido estudio emanó de un trabajo muy minucioso, que duró más de tres meses.
Los miembros de la Comisión de Agricultura pedimos todos los informes del caso, y llegamos a la conclusión de que la iniciativa en comento no altera la situación actual. Por eso, la aprobamos unánimemente.
Esta materia importa muchísimo, particularmente a...

El señor PROKURICA.- A la Tercera Región.

El señor ESPINA.- ...la Tercera y Cuarta Regiones, donde se concentra principalmente este tipo de situaciones.
Asistió a una de las sesiones de la Comisión la Senadora señora Matthei, quien pidió toda la información pertinente y realizó otros requerimientos sobre el particular, en representación de la Cuarta Región.
En consecuencia, le solicitamos a la Sala que apruebe esta iniciativa legal.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en la Cuarta Región existe un drama grande.
De un lado, es indudable que se han otorgado muchos más derechos que el agua existente. Por ejemplo, en el caso del sector acuífero de Punitaqui el sobreotorgamiento es de ¡15 mil por ciento!
Tenemos en la zona una sequía que se arrastra desde hace varios años; atendido el nivel de ciertos embalses, el agua no alcanzará hasta marzo. Esta situación, entonces, va a provocar luchas horrorosas.
De otro lado, señor Presidente, también se da el caso de gente de muy escasos recursos que generalmente obtenía agua para beber de pequeños pozos, que vive muy lejos de todo, que carece del conocimiento necesario, que nunca inscribió y que, cuando se le dijo que podía hacerlo, se encontró con que se trataba de lugares con sobreotorgamiento. Pero, muchas veces, lo que pide es tan poco, respecto a la cantidad ya concedida, que ello no hace ninguna diferencia. Entre 15 mil por ciento de sobreotorgamiento y 15 mil dos por ciento, la verdad es que da lo mismo.
Por eso, me he preocupado muy fuertemente de que a estas comunidades agrícolas, en las que siempre se trata de personas de muy escasos recursos -reitero- y que están solicitando cantidades mínimas, se les asignen derechos de agua, aunque ello ya se encuentre cerrado por haberse concedido mucho más que la existente.
No quiero que se queden sin agua para beber sencillamente porque no tuvieron los conocimientos necesarios, ni los contactos, ni la asesoría para inscribir cuando debieron hacerlo.
Así que el proyecto de ley, en el fondo, lo que hace es permitir que se otorguen derechos de agua aun cuando las cuencas ya estén cerradas por haberse concedido más que el elemento existente.
Repito que se trata de personas de muy escasos recursos, de cantidades muy pequeñas y de una población que, en realidad, no tiene otra forma de vida que la de la comunidad agrícola.
Por eso, ruego encarecidamente que se vote a favor, por tratarse de un sector muy alejado, en general, de la información y del acceso a asesorías, abogados, etcétera.
Le pido a la Sala que ojalá apoye el proyecto. No puedo enfatizar suficientemente el hecho de que se trata de gente de muy escasos recursos.
Gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación, ya que se ha formulado una solicitud en tal sentido.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en efecto, como ya se ha manifestado y lo decía con mucha claridad la Senadora señora Matthei, el proyecto apunta a reconocer o defender mínimamente la posibilidad de que las comunidades agrícolas, en determinado momento, dispongan de algunos derechos de agua para la bebida o la explotación de sus terrenos o para sus animales.
El régimen de comunidad agrícola es prácticamente único en el país y existe en su totalidad en la Cuarta Región. Creo que se registran dos o tres casos fuera de ella.
El sistema implica que un grupo posee en comunidad una gran superficie; pero, en la práctica, se trata de terrenos de secano, que no presentan mucha factibilidad de explotación agrícola. Cada comunero tiene derecho a los usos de goce singular, lo que significa acceder a zonas donde puede haber una quebrada, una vertiente, un pozo que permita contar con agua para el consumo, para unos pocos frutales y para alimentar o darle de beber al ganado caprino, fundamentalmente.
En la Región mencionada, las comunidades agrícolas se asocian a los crianceros, que son los pequeños productores que se dedican al manejo de ese tipo de animales, obteniendo queso, algo de leche y comercializando después la carne o el cuero.
Pero lo anterior tiene lugar en una situación de pobreza extrema, como aquí se ha dicho, y se registra un círculo vicioso. Dichas comunidades poseen miles de hectáreas. La verdad es que si pudieran valorarlas en esos términos serían todas multimillonarias. El problema es que carecen de agua, ni siquiera garantizada mínimamente. Y lo que se busca con el proyecto es que al menos tengan el derecho garantizado de poder inscribir los pozos, las vertientes o los caudales mínimos que puedan existir en su zona.
En la Cuarta Región se arrastra por cinco años una situación de sequía. Se han nombrado interventores con relación a varios cauces de ríos, para los efectos de distribuir el agua a quienes son titulares de acciones y que, teniendo derechos, no pueden recibir el equivalente a ellas. Y, lisa y llanamente, lo que ya estamos presenciando es prácticamente un enfrentamiento entre agricultores que gastan el recurso más allá de lo que tienen derecho, siendo muy difícil la administración.
En el caso de las comunidades agrícolas que no lograron inscribir sus derechos de agua oportunamente, la situación es peor, porque ni siquiera pueden plantearse hoy día la posibilidad de recibir algo si existiera ese elemento. Lo que hace el proyecto es ampliar los plazos y permitir que se les reconozca la posibilidad de acceder, aunque sea mínimamente, a algunos derechos de agua que las lleven el día de mañana a pensar, o en alguna actividad productiva o en el aprovechamiento del recurso para sembrar pastos que alimenten a su ganado.
El problema ya ha hecho crisis en la Región. Es cierto que hemos invertido enormes cantidades en obras de riego, de embalsamiento de aguas, de distribución. Existe riego tecnificado. Pero eso llega solamente de los pequeños productores agrícolas hasta las grandes exportaciones. El punto radica en que este es uno de los pocos mecanismos que hacen posible, mínimamente, garantizar la mantención de la actividad de subsistencia de los comuneros agrícolas, que forman la pobreza extrema en la zona.
Así que me parece que la iniciativa en examen tiende a entregar un poquito de equidad y un mínimo de justicia en un área altamente sensible en el caso de la Región de Coquimbo. Esa es la razón por la cual voy a apoyarla.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente, no me cabe duda de que este es un proyecto sumamente necesario para apoyar a las pequeñas comunidades agrícolas, las cuales, en realidad, fueron excluidas por una omisión, diría, porque se hace referencia solo a los pequeños agricultores, a los indígenas y a las comunidades indígenas de la ley N° 19.253. El caso que nos ocupa no fue contemplado al dictarse la ley Nº 20.411, que prohíbe justamente las nuevas inscripciones. Por lo tanto, considero que es preciso aprobar la iniciativa.
Ya hemos escuchado a los Honorables señor Pizarro y señora Matthei, quienes representan a circunscripciones de la zona norte, donde la escasez de agua es tremenda y se obtiene muy poca de pozos profundos o norias cuyo caudal es de 2 a 4 litros por segundo. En la Octava Región, tratándose del agua potable rural, se extraen 7 a 8 litros por segundo de pozos profundos para 50 ó 60 familias. Y aquí estamos haciendo referencia al cultivo agrícola.
No es una cuestión, entonces, de grandes caudales -no son muchos en el norte-, pero es preciso dejar favorecidas con el proyecto a las comunidades agrícolas excluidas.
Así que estoy totalmente de acuerdo con el texto en análisis y, con mucho agrado, voto a favor de los pequeños agricultores de todo el país, en especial los de la zona norte.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, seré muy breve, porque creo que los argumentos pertinentes ya los expusieron los miembros de la Comisión de Agricultura y todos los señores Senadores que intervinieron antes.
Diría que la ley de 2005 fue necesaria, por cuanto se estaba registrando una inscripción masiva de derechos de agua y solo estaba quedando la posibilidad de aprovechar los pozos y norias ubicados en las propiedades de los pequeños agricultores. Por ello, insisto en que fue una buena legislación, conveniente incluso para optar a otros beneficios del Estado.
Sin embargo, quedó fuera la parte que nos ocupa. Por esa razón, la Presidenta Bachelet envió la propuesta para incorporar a estas comunidades, situadas en la Región de Coquimbo, como lo explicó el Senador señor Pizarro.
Por lo tanto, la Dirección General de Aguas está impedida hoy día -así lo explicó su Director en la Comisión de Agricultura-, por la ley N° 20.411, de otorgar nuevos derechos de aprovechamiento, salvo respecto de comunidades indígenas.
No obstante, nos parece del todo justo que las comunidades de la Región de Coquimbo -que quedaron fuera, no por su decisión, sino porque la normativa sencillamente estableció un beneficio en favor de personas individuales- puedan usar y gozar ahora de la posibilidad que se les abre y, de esa forma, establecer praderas y realizar todo lo manifestado aquí para alimentar su ganado caprino, que es su única fuente de subsistencia.
Por esas razones, y tal como lo expresamos en la Comisión de Agricultura, respaldaremos el proyecto.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, de la lectura del informe se desprende que estamos a punto de generar lo mismo que representó el otorgamiento de una cuota global de pesca cada vez mayor, no sostenible. Eso llevó al deterioro.
Se consigna que el Director de Aguas expresó que la conclusión "es que el proyecto implica aumentar las excepciones a la prohibición impuesta por la ley N° 20.411 con lo cual se agravará la situación de sobre otorgamiento de derechos respecto del caudal sustentable de los acuíferos y aumenta el riesgo de sobre explotación de los acuíferos y, asimismo, el riesgo de afectar la sustentabilidad de aquéllos. Enfatizó que se refiere al aumento del riego puesto que el hecho de que hoy hayan derechos otorgados por sobre el volumen sustentable no necesariamente conlleva empíricamente una situación de deterioro efectivo," -o sea, hay derechos que no se usan- "pero en el caso de que se ejerzan los derechos en su plenitud podrían generarla.".
La primera pregunta que cabe formular es por qué se otorgan derechos que no se usan. Si se registran más de 51 mil solicitudes y hasta un caso de 15 mil por ciento por sobre la capacidad real, significa que alguien se encuentra en la situación a que hago referencia. En caso de ser así, no los necesita. Vale decir, existe una inscripción de derechos realizada conforme a un objetivo que debiéramos conocer.
Claramente, se requiere una regulación.
Lo que estamos haciendo es permitir que comunidades agrícolas que quedaron fuera puedan ingresar al sistema, pero el proyecto ha develado un asunto mucho más de fondo.
Deseo destacar que los acuíferos se agotan. Así lo denunciamos respecto del norte, a raíz de la intervención de las mineras. Y ello también tiene que evaluarse en el caso de los agricultores.
El Director de Aguas advierte que puede haber riesgo.
Por mi parte, deseo ser solidario con los pequeños agricultores, con las comunidades indígenas, pero también quiero que subsistan y que, por tanto, el acuífero, que tiene capacidad de renovación, se mantenga en cierto nivel. Porque podría llegarse a su destrucción de hacerse efectivo el uso de todas las autorizaciones o derechos, como lo señala el propio Director de Aguas.
Si el Senado aprueba la iniciativa en debate, que permite la incorporación de nuevos actores -es decir, de más derechos que ejercerán presión sobre el acuífero- para subsanar, por cierto, una omisión grave, discriminatoria, estaremos resolviendo un problema, pero vamos a aumentar otro. Ese es el caso del norte.
Por otra parte, también existen situaciones relacionadas con la inscripción de aguas subterráneas, de pequeños propietarios, en muchas comunas de la Región que represento. La gente extrae el elemento de las napas en Coronel, en Lota -presenta un alto grado de salinidad o de hierro-, para regar y otros empleos. Pero la empresa sanitaria, por instalar la cañería, cobra igual por el uso, aunque no sea agua producida por ella.
Es preciso innovar, señor Presidente.
Votaré a favor del proyecto, pero espero plantear el asunto en la Comisión de Medio Ambiente, porque este es el típico problema en que lo social se impone a lo medioambiental, con un resultado perverso.
El Director de Aguas nos ha advertido. Es la cuestión del jamón del sándwich. Ese funcionario previene sobre las dificultades, pero estamos tomando una decisión política para subsanar una exclusión discrecional.
Mas no se trata de las comunidades agrícolas que puedan ingresar, las cuales entiendo que representan una cantidad menor. No sé si alguien conoce el número de las que es posible que se incorporen.
¿Son 57 solicitudes? Cuarenta. Ello no va a significar un agravio mayor. Sin embargo, el problema subsistirá y se encuentra identificado por la Dirección de Aguas.
Votaré favorablemente el proyecto con el compromiso de asumir que la situación tiene que ser evaluada. Y la necesidad de legislar y sanear la adquisición de derechos de agua a fin de poder cuidar los acuíferos será una tarea pendiente para el Senado y, por cierto, también para el Gobierno.
¡Patagonia sin represas!

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a aprobar la iniciativa, porque el problema es fruto de una omisión y, además, por registrarse un aspecto coyuntural que debe ser resuelto.
Sin embargo, el asunto, que roza más bien una dificultad local, debe extenderse, por lo menos en nuestra reflexión como Senadores acerca de lo que pasa en el resto del país, lo cual es de la misma naturaleza, aunque de menor intensidad. El agua se está transformando en una cuestión de interés real para Chile, y una de las relaciones que tenemos que hacer es pensar en ello, aun cuando a algunos Honorables colegas les parezca que no es propio hacer ese esfuerzo mental.
Sobre esa base, señor Presidente, varios de nosotros presentamos algunas indicaciones, ya que es preciso modificar la legislación.
Cuando llegue el momento en que se interrumpa, mucho más todavía, el abastecimiento de agua, vamos a encontrarnos con un hecho paradójico: el recurso se encontrará en manos de tres, cuatro o cinco instancias que lo venderán al precio que quieran, conforme al mercado. Dependeremos de la fuerza y la misericordia de los dueños.
Eso apunta a que cada vez estoy más convencido, en definitiva, de que deberemos efectuar una modificación legal que garantice que el agua aún sin entregarse o sin declararse de propiedad definitiva debe ser manejada de manera tal que sea la autoridad local, como se ha planteado -o la regional, o la nacional, si es necesario-, la que disponga qué podemos hacer con ella cuando llegue el momento acuciante en que no haya más que quitársela a alguien, o repartir lo poco que queda, o generar condiciones legales, como dije, que permitan utilizarla en buena forma.
Ahora bien, conversaba al respecto con mi Honorable colega Prokurica. Tengo entendido que en el norte se está sacando mucha agua del mar y mejorando su condición.

El señor PROKURICA.- Se está desalando.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Eso puede significar una fórmula que ayude.
En definitiva, es preciso pensar, primero, en la racionalización del uso del agua, porque, así como es mucha la que falta, también es mucha la que no es bien utilizada y se pierde, y segundo, en un mecanismo que permita garantizar que en el futuro no quedaremos sujetos al riesgo de depender de quienes son los dueños del elemento.
Creo que, salvo estas situaciones muy concretas, uno debería considerar de inmediato la posibilidad de no entregar más concesiones ni otorgar agua mientras no exista la capacidad de resolver hacia dónde vamos en esa línea, a fin de que, por lo menos en los próximos cinco o diez años, contemos con una fórmula que garantice el acceso al recurso sin tener que estar pendiente de quién es su dueño, ni de los precios, ni, sobre todo, de que vaya a escasear definitivamente.
Muchas gracias.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, participé en la discusión en la Comisión y existe constancia de lo que opinamos en ese minuto -obviamente, respaldo la iniciativa-, y solo deseo dejar constancia de que en la sesión de hoy se contemplaban dos proyectos de ley relativos a materias agrícolas y, sin embargo, no se hizo presente el Ministro del ramo. Al estudio del que estamos votando podría haber asistido también el de Obras Públicas, aun cuando creo que la iniciativa tiene que ver más con agricultura. Y, a pesar de que la que viene a continuación corresponde claramente a dicha Cartera, tampoco contaremos con la presencia de dicho Secretario de Estado.
Me parece que eso es algo que debemos corregir. Ya se habló del asunto durante la sesión y de la importancia de que los representantes del Ejecutivo vengan a nuestras discusiones legislativas.
Gracias.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación

--Se aprueba en general el proyecto (19 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Orpis, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Prokurica.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, también se dará por aprobada en particular la iniciativa, con la misma votación anterior, a menos que algún señor Senador solicite plazo para presentar indicaciones.
--Se aprueba en particular el proyecto, con la misma votación anterior (19 votos a favor y una abstención), y queda despachado en este trámite.




PROHIBICIÓN DE USO DE PLAGUICIDAS DE ELEVADA PELIGROSIDAD


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Rincón y señores Quintana, Pizarro, Ignacio Walker y Patricio Walker, en primer trámite constitucional, que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (6969-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señora Rincón y señores Quintana, Pizarro, Walker, don Ignacio y Walker, don Patricio).
En primer trámite, sesión 23ª, en 2 de junio de 2010.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 81ª, en 4 de enero de 2011.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Los objetivos del proyecto son, por una parte, establecer que todo plaguicida, antes de su registro, renovación, restricción o prohibición, debe ser evaluado por el Ministerio de Salud, siendo el informe y sus conclusiones obligatorias para el Servicio Agrícola y Ganadero, y por otra, prohibir la venta y manipulación de plaguicidas a menores de 18 años.
La Comisión discutió esta iniciativa en general y en particular, pero acordó proponer a la Sala que la tratara solamente en general y fijara un plazo para formular indicaciones.
Respecto de la idea de legislar, la aprobó por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señora Rincón y señores Allamand, Coloma, Espina y Patricio Walker.
En cuanto a la discusión particular, acogió una indicación sustitutiva del proyecto presentada por el Ejecutivo, con los votos favorables de los Honorables señores Allamand, Coloma, Espina y Patricio Walker y la abstención de la Senadora señora Rincón.
El texto de la iniciativa que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión de Agricultura.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se ha pedido a la Mesa abrir la votación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación la idea de legislar sobre la materia.
--(Durante la votación).


El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, con fecha 2 de junio de 2010, y con el patrocinio de los Senadores Pizarro, Quintana, Patricio e Ignacio Walker, presentamos el proyecto de ley que busca prohibir la utilización de plaguicidas de categoría Ia y Ib, según la clasificación efectuada por la Organización Mundial de la Salud.
Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión de Agricultura recibimos a las empresas comercializadoras, importadoras y productoras de plaguicidas y a las organizaciones de exportadores de fruta, encabezadas por FEDEFRUTA, y a la Asociación de Exportadores de Chile.
Todas ellas, como es obvio, manifestaron su disconformidad con el proyecto señalando las típicas alegaciones que se hacen cuando se discuten estas materias: que la iniciativa va a producir desempleo, que se afectarán las exportaciones chilenas, etcétera.
También escuchamos a organizaciones ciudadanas, como la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL Chile), la que nos mostró con cifras y fotografías los graves problemas que genera en las personas la mala utilización de este tipo de productos -que ya están prohibidos en la Unión Europea- y la necesidad de avanzar para impedir de manera definitiva su empleo.
Igualmente, escuchamos a organizaciones ciudadanas de zonas agrícolas. Ellas nos contaron sus testimonios y nos mostraron a través de fotografías y videos la manera como las empresas fumigan con esos plaguicidas, sin ningún respeto por la salud de las personas, a plena luz del día y sin cumplir con las más mínimas reglas que establece nuestra legislación, afectando no solo a quienes viven cerca de los predios, sino también a los propios trabajadores que los aplican, así como a los consumidores finales de los productos agrícolas.
Decidí impulsar este proyecto porque sentí que de verdad se trataba de una situación grave, que por desgracia se halla invisibilizada para los medios de prensa, para la opinión pública, para el Gobierno y, lamentablemente, también para los parlamentarios.
Una vez presentada la iniciativa, he recibido innumerables denuncias relacionadas con la mala utilización de plaguicidas peligrosos que afectan diariamente, en especial en los meses de verano, a miles de personas que viven en zonas agrícolas, a las que no les queda más que sentarse a mirar cómo, literalmente, les llueven plaguicidas sobre la cabeza, sin que puedan hacer nada.
Durante el debate en la Comisión, el Ministro de Agricultura señaló que el proyecto no contaba con el respaldo del Ejecutivo, y decidió presentar una indicación sustitutiva que exige que los plaguicidas sean revisados con anterioridad por la autoridad sanitaria, haciendo obligatorio para el SAG el rechazo al registro de plaguicidas que lleva dicho Servicio. ¡Un tibio avance, que no va al fondo del asunto!
Hace unos días conocimos los resultados de un estudio encargado por la Liga Ciudadana de Consumidores, el cual detectó la presencia de plaguicidas en alimentos que son consumidos por bebés y adultos mayores.
De acuerdo a la investigación, tres productos de Nestlé presentaron Iprodiona, un pesticida tóxico de uso agrícola que, según la normativa de la Unión Europea, se considera cancerígeno. Además de ese resultado, el estudio detectó Promifos Metil en la crema "Años Dorados" de espárrago, que entrega el Ministerio de Salud a los adultos mayores.
Luego de la denuncia realizada por dicha agrupación ciudadana, el organismo público decidió tomar muestras de los mismos productos: cuatro colados, un jugo de naranja y una sopa de espárrago para adultos mayores. Ayer conocimos los resultados. El informe es lapidario: arrojó que los colados de pulpa de durazno y de ciruelas-pasas contenían residuos de Iprodiona -un fungicida tóxico de uso agrícola- en niveles de 0,41 y 0,17, respectivamente.
Señor Presidente, miles de personas están indefensas frente a los plaguicidas en nuestro país.
El 3 de diciembre recién pasado se conmemoró el Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas Peligrosos, y lamento que en Chile aún no exista un cuerpo legal que proteja a las personas frente a sustancias que están prohibidas en otros países del mundo por ser en extremo peligrosas para la salud humana, según la OMS.
De acuerdo a datos entregados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, a septiembre de 2010 había 379 notificaciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas -39 casos más que el año pasado, a la misma fecha-; pero, lamentablemente, sabemos que la cifra real es muy superior, porque solo se notifica uno de cada cuatro casos. Desconocemos qué efectos tendrá esta exposición en el mediano y largo plazo, por lo que necesitamos un compromiso país, real y concreto, para poner fin a esta realidad.
Según las estadísticas, las mujeres temporeras fueron las más afectadas por el uso de agroquímicos, ya que sufrieron un 72 por ciento de las intoxicaciones masivas (brotes) registradas en el período, lo cual no es raro si se toma en consideración que un 67,3 por ciento de las intoxicaciones ocurren en faenas agrícolas.
Quiero mencionar un caso emblemático: el de la población Nuevo Amanecer, en Los Cristales, comuna de Longaví, ubicada a cinco metros de una empresa que se instaló allí después de la construcción del conjunto habitacional y que cada vez que fumiga el predio provoca malestares a los vecinos.
Cuando se le pregunta a una autoridad de Salud, se responde que todo está en regla o que no se alcanza a fiscalizar porque algunos terrenos quedan en zonas alejadas, pese a que, en el caso a que hago referencia, no se cumple ni siquiera con la obligación de los 100 metros de distancia que debe haber entre el huerto fumigado y la presencia humana.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señora Senadora.
Le voy a dar un minuto más, para que alcance a terminar su intervención.

La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente.
En el fondo, estimados colegas, les quiero hacer un llamado a que le demos a esta materia la importancia que se merece.
Los habitantes de zonas agrícolas sufren todos los días los efectos crónicos derivados del mal uso de esos productos químicos. Detrás de las cifras se esconde una triste realidad, que en mi calidad de Senadora del Maule Sur, zona eminentemente agrícola, he tenido que observar.
La gente se siente desprotegida e impotente frente a la utilización irracional de dichos productos, se siente discriminada, poco escuchada por las autoridades, e impotente frente a una realidad que la golpea a diario, en sus propias caras. Muchos trabajadores son obligados a manipular plaguicidas sin ningún tipo de medidas de seguridad.
Por eso, señores Senadores, les quiero hacer un llamado para que avancemos de verdad en una materia que de manera soterrada afecta a miles de personas.
Votaré a favor de la idea de legislar y, durante el plazo acordado en la Comisión, vamos a presentar indicaciones para insistir en la prohibición de la venta y manipulación de ese tipo de productos.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo hacerme cargo, en primer lugar, de una afirmación que hizo mi distinguida colega y amiga la Senadora señora Rincón respecto al Ministro de Agricultura.
La verdad es que ese Secretario de Estado participó activa e intensamente en la Comisión cuando se trataron los dos proyectos de ley relativos a su Cartera: este, que discutimos ahora, y el que vimos antes, referido a los derechos de agua. Se trata de proyectos que hoy tenían unanimidad para su aprobación.
Quiero hacerle presente a Su Señoría que los Ministros de la Concertación no venían a defender todos los proyectos. Porque tampoco podemos pedirle a un Secretario de Estado que concurra al debate de una iniciativa simple, sencilla y despachada por unanimidad en la Comisión respectiva y hacerlo esperar dos o tres horas en la Sala si se sabe de antemano que ella será aprobada.
Así que no comparto lo expresado por mi distinguida amiga, a quien le tengo mucho aprecio.
Sinceramente, considero que no es correcto hacerle esa imputación al Ministro de Agricultura.
Respecto al proyecto, señor Presidente, quiero hacer dos comentarios.
En primer término, el acuerdo de la Comisión fue solicitar que la iniciativa, a pesar de constar de artículo único, se discutiera en general y se fijara plazo para presentar indicaciones, a fin de perfeccionarla.
En segundo lugar, hubo un proyecto de ley anterior sobre la materia que el Senado rechazó. Y lo hizo porque ya le había otorgado facultades al Servicio Agrícola y Ganadero para determinar qué productos se pueden importar y distribuir.
La información que recibió la Comisión fue que esa capacidad de fiscalización no se ejercía adecuadamente y que, debido a eso, muchas veces se utilizaban plaguicidas susceptibles de causar grave daño a la salud.
Por tal motivo, se presentó una indicación, aprobada por mayoría, que apunta a resolver el problema de la siguiente manera. En vez de prohibir determinados plaguicidas, establece una norma que dice:
"Todo plaguicida, antes de su registro, renovación, restricción o prohibición, será evaluado por el Ministerio de Salud en los aspectos de salud pública involucrados, siendo el informe y sus conclusiones obligatorias para el Servicio. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Salud podrá solicitar al Servicio la prohibición de venta o restricción de uso de un plaguicida.
"Prohíbase la venta y la manipulación de plaguicidas a menores de dieciocho años".
Es decir, se le otorga una amplia facultad al Ministerio de Salud.
Como señalé, la Comisión recomienda que se apruebe la idea de legislar y que se fije plazo para formular indicaciones a los efectos de proceder a perfeccionar aspectos que quedaron pendientes en esta iniciativa legal.
Gracias, señor Presidente.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la preocupación, reflejada en los autores de la moción, sobre las consecuencias del uso de plaguicidas, particularmente de los considerados "extremadamente peligrosos" o "altamente peligrosos", que provocan o pueden provocar un daño bastante fuerte en quienes los manipulan directamente -por ejemplo, los trabajadores agrícolas, en el caso de los que se utilizan en ese ámbito- y, en general, en la salud humana, es decir, en la comunidad entera.
Por lo tanto, la preocupación sobre estas materias siempre me parece razonable. Eso ya es suficiente y prioritario: la vida y la salud de las personas.
Incluso, uno podría sostener que hoy existen consecuencias económicas negativas, por las exigencias mundiales respecto de los estándares utilizados. Por lo tanto, un país exportador como el nuestro debe tener especial preocupación por el mejor y más adecuado uso de elementos de este tipo, que con el tiempo pueden ser rechazados en naciones importadoras de eventuales productos nuestros si acaso contienen químicos tóxicos o peligrosos.
De manera que por mil razones hay que tener particular cuidado en esta materia.
Ahora, como muy bien señalaba el Honorable señor Espina, Presidente de nuestra Comisión de Agricultura, esta iniciativa evoca una moción que se presentó hace algunos años -en 2007, me parece- que buscaba modificar las atribuciones del SAG, precisamente para prohibir plaguicidas, en la línea de lo que plantea este proyecto.
En esa oportunidad -yo era miembro de la referida Comisión en esa época-, analizamos dicha iniciativa y, aunque compartimos su sentido último, pensamos que la ley Nº 20.308, que había modificado las atribuciones del SAG poco tiempo antes, le había dado a este organismo todas las potestades necesarias para proceder contra este tipo de plaguicidas. Y, fundados en ese motivo, la rechazamos, no porque hubiera una discrepancia de fondo, sino porque se entendía que el asunto se hallaba resuelto.
Aparentemente, por la evidencia empírica y por los antecedentes que se barajaron en la discusión que hubo en la Comisión, pareciera que eso no fuera del todo así, por lo que resultaría razonable abrir un espacio para legislar, como plantean los autores de la moción.
La pregunta es cómo hacerlo. Y, en tal sentido, la evolución que está teniendo esta iniciativa se estima bastante sensata.
La propuesta de quienes han impulsado la presente iniciativa busca una prohibición genérica, total, de la importación de plaguicidas ubicados en las categorías "extremadamente peligrosos" o "altamente peligrosos", según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, por el modo en que la norma se plantea, establecer una prohibición genérica de productos que se encuentran en dichas categorías podría ser complejo como fórmula, debido a que algunos plaguicidas carecen de sustitutos o estos pueden comportarse de manera distinta, según el trato que se les dé a partir de su utilización o del efecto que tengan sobre determinados cultivos.
Planteada así, pareciera que esa no fuera la forma más razonable de legislar.
El Ejecutivo formuló una modificación con un criterio distinto, que finalmente aprobó la Comisión, sustituyendo el texto original del proyecto, en busca de un camino que quizás permite lograr los mismos objetivos.
Su texto señala que todo plaguicida, antes de su registro, tiene que ser evaluado por el Ministerio de Salud, para determinar efectivamente sus consecuencias, y le confiere atribuciones a dicha Cartera para solicitar al SAG la prohibición total de venta o la restricción de uso de un plaguicida en función de su peligrosidad.
Si bien esta redacción resuelve parte de los problemas, deja algunas inquietudes abiertas que ameritan una discusión más en detalle.
Atendido que el camino seguido por el proyecto parece razonable, por la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, estimamos conveniente aprobarlo y legislar sobre un tema que realmente es muy relevante -a pesar de que no siempre se le concede la misma importancia- y que, al mismo tiempo, aborda una realidad que trae aparejadas consecuencias negativas, como las que hemos apreciado en nuestra zona en reiteradas oportunidades debido a la inexistencia de una prevención adecuada.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se acabó su tiempo, Su Señoría.
Tiene un minuto para concluir.

El señor LARRAÍN.- Ya estaba terminando, señor Presidente.
Por los motivos indicados, anticipo que aprobaré en general la iniciativa. Espero trabajar en las indicaciones una vez que se abra el plazo pertinente, ya que, no obstante ser un proyecto de artículo único, se acordó proceder de esa manera precisamente por considerarse que el texto merece alguna corrección ulterior.
He dicho.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito en forma muy entusiasta a los autores de la moción, porque creo que trata uno de los problemas más graves que tenemos en las zonas agrícolas de nuestro país, especialmente las del centro sur.
Por eso, voy a votar que sí.
Solo quiero mencionar algunos aspectos que me parecen importantes.
De partida, tengo la impresión -no puedo asegurarlo- de que la primera denuncia fundada que se hizo sobre el uso de plaguicidas y sus efectos en el ser humano fue la que se realizó en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Concepción a raíz de un paciente que llegó de la zona de Los Ángeles con aplasia medular, que, en el fondo, constituye la lesión de todos los productores de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera, y que, cuando no se puede tratar, puede llegar a producir la muerte. El caso fue analizado en el laboratorio y luego dio origen a una preocupación importante en la Región.
Después, como muchas veces pasa con todas las cosas, el asunto quedó prácticamente en el olvido, y solo 5 ó 6 años después se volvió a plantear.
Cuando llegamos al Senado con el ex Senador Matta, que representaba a la Región del Maule, hicimos un intento por reabrir el debate sobre esto y presentamos un proyecto.
También observamos una cosa bien curiosa: la presencia de árboles como el aromo -no sé si los hay en la Séptima Región-, capaces de producir tal cúmulo de lesiones bronquiales. Hubo la necesidad de discutir con la Municipalidad de Santiago la posibilidad de cortarlos.
Todo eso abortó por no contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de la época. Y quedó pendiente como algo que deberíamos abordar después.
Por eso, creo que esto es muy positivo.
No soy partidario del inciso final, al cual se refirió el Senador Larraín.
Yo creo que se debe ser más drástico.
El tema de fondo es cómo compatibilizar la necesidad de plaguicidas en la agricultura -que son indispensables- con la salud de las personas.
No creo que podamos llegar a la antinomia de decir: "Una cosa u otra". He estudiado tal materia cuando trabajamos en ese otro proyecto, y después conversé con las personas que hacen estas cosas, quienes me han dicho que es perfectamente posible usar los plaguicidas de manera racional. Porque, si hemos llegado a la Luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de crear un sistema conforme al cual el producto químico se coloque en el lugar preciso y no al lado de las personas?
Entonces, más bien yo creo que debemos exigir que el uso del plaguicida sea con todas las recomendaciones. Y si eso no se logra se debe prohibir, porque entre elegir la vida o el pesticida más usado, no tengo dudas.
Lo que está en debate ahora es si prohibimos o no la venta de plaguicidas en determinadas condiciones. Pero nunca hemos logrado saber -no se alcanzaron a realizar los estudios- si el solo hecho de comprar o de tener a la mano un pesticida genera las mismas lesiones que cuando se usa en forma directa desde el aire.
Yo voy a votar muy feliz esta iniciativa; sin embargo, formularé indicación para mejorar el texto, porque me parece débil en esta materia. Porque entre no tener nada y tener una fórmula limitada, me quedo con esta última.
En todo caso, espero que más adelante podamos perfeccionarlo. Pero creo que en las indicaciones la línea va por mejorar en cuanto al uso, dispersión y esparcimiento del plaguicida.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.

El señor QUINTANA.- Señor Presidente, reafirmo lo señalado por la Senadora Rincón, autora del proyecto, que nos invitó a acompañarla.
En el debate que se dio sobre este proyecto en la Comisión de Agricultura no es que al Ministro no le haya parecido bien la iniciativa. Lo que pasa es que el Secretario de Estado era más bien partidario de establecer controles -así lo ha demostrado con la indicación que presentó-, pero no de prohibir la manipulación, venta y circulación de esos productos. Eso fue lo que señaló la Senadora Rincón. Y yo me quedé con esa misma impresión.
Lamento que el Ministro no esté aquí, porque esta es una materia importante.
Este es un debate que se dio en el pasado respecto de un proyecto de ley similar a este. Aunque la Cámara lo aprobó, el Senado no lo favoreció con su voto, y se perdió en la Comisión Mixta.
Por lo tanto, quiero valorar la tenacidad planteada por la Senadora Rincón en una iniciativa que representa a muchas zonas agrícolas del país.
En la Región que represento -Angol, Renaico, Collipulli- permanentemente las temporeras de la fruta, especialmente de la manzana, nos han hecho presente las graves y precarias condiciones en que llevan adelante sus labores de cosecha y de raleo, en particular en esta época del año, donde les corresponde manipular este tipo de plaguicidas.
Entonces, no estamos hablando de cualquier pesticida, sino de los de elevada peligrosidad. Como señaló el Senador Larraín, no se trata de prohibirlos todos, sino aquellos que no tienen sustitutos y que se deben utilizar en una actividad productiva sin otra alternativa.
Esperamos que se avance para poder reemplazar esos productos por otros que efectivamente sean inocuos.
A nadie sorprende ni deja indiferente la resolución tomada ayer por parte del Instituto de Salud Pública en relación con la aparición de la sustancia iprodiona en diversos productos de la empresa Nestlé que fueron objeto de análisis. Concretamente, los postres de pulpa de durazno que se dan a los lactantes y los de ciruela-pasa tienen altos niveles de concentración de esa sustancia, la cual, como se ha señalado, es altamente cancerígena. Eso es así. Está demostrado. Y en buena hora el Instituto de Salud Pública entrega esta información y procede a retirar los productos del mercado.
Entonces, estamos hablando de una necesidad efectiva de salud pública. Y, por lo tanto, cabe preguntar: ¿cuál es el bien que queremos proteger? ¿La salud pública o la actividad económica? Porque en ambos casos tenemos coincidencias.
En esta misma Sala, hace dos semanas, hubo un debate acerca de la necesidad de que el Banco Central interviniera el precio del dólar. Y felizmente se hizo, a petición de los Senadores que representamos las zonas agrícolas.
Aquí estamos también los que representamos y favorecemos la actividad económica, pero creemos que esta debe hacerse con respeto a las normas laborales y a las condiciones en las cuales los trabajadores llevan adelante sus faenas, especialmente cuando arriesgan su vida, como ha quedado en evidencia con estos plaguicidas que han contaminado productos de Nestlé y que tienen incidencia en la salud pública.
Por lo tanto, señor Presidente, lo que hay acá es un proyecto en el cual tenemos que seguir perseverando en prohibir, como ha señalado la Senadora Rincón, el uso de los plaguicidas de elevada peligrosidad. Pero no estamos hablando de vetarlos todos. Y sentimos que se dio un paso relevante cuando el Ministro Galilea aprobó un control adicional por parte de la autoridad sanitaria, que no existía. Porque el que había era el del Servicio Agrícola y Ganadero.
Nos parece que es un paso adelante. Esperamos que con las indicaciones que se van a presentar no se desvirtúe la iniciativa que -insisto- es muy importante para la salud pública y para los trabajadores de gran parte de las zonas agrícolas del país.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, son múltiples los informes científicos que señalan que la propuesta presentada por la Senadora Rincón es extremadamente necesaria.
En el "Estudio del efecto genotóxico de mezclas de plaguicidas en mujeres temporeras de la VIII Región, Chile", del que es autora Soledad Duk, se observa una multiplicación anormal del núcleo de las células en temporeras expuestas a plaguicidas versus otras personas que fueron estudiadas como grupo de control que no trabajaban en un ámbito de exposición ocupacional. Esto podría predisponer a las primeras a un cáncer, aun sin tener síntomas en el momento de la evaluación.
Otro informe de las investigadoras Alejandra Rojas, María Elena Ojeda y Ximena Barraza, de la Universidad de Santiago, en colaboración con la Maternidad del Hospital Regional de Rancagua, titulado "Estudios científicos sobre plaguicidas y salud", establece una asociación positiva entre exposición a pesticidas y la inducción a malformaciones congénitas, observándose que entre los años 1996 y 1998 hubo una prevalencia superior al 40 por ciento de anomalías osteomusculares, del sistema nervioso central y cromosomopatías; es decir, un conjunto de evidencias.
Ese porcentaje revela claramente que estamos frente a un problema. El señor Director del SAG ha dicho que ese organismo posee facultades para regular y también para prohibir el uso de pesticidas tóxicos o de alta peligrosidad.
El debate es necesario para determinar con qué mecanismos el SAG va a obligar a quienes utilizan estos tóxicos a relevar los más peligrosos y reemplazarlos por aquellos más amigables con el medio ambiente y, por cierto, de menos riesgo para la salud humana.
Si no hay fiscalización ni intervención del SAG, no va a haber cambios. En general, la tendencia va a ser a utilizar los plaguicidas más baratos y los de mayor efecto masivo.
Y, por tanto, creo que el debate es extraordinariamente conducente para saber si el SAG está usando esas facultades. A mí me gustaría conocer cuántos plaguicidas ha prohibido y por qué ello no se ha regulado, en circunstancias de que el señor Director de esa institución dijo que tiene atribuciones para hacerlo.
Además, deseo saber si el SAG recibió los informes médicos que mencioné y qué medidas adoptó en coordinación con el Ministerio de Salud. Porque el problema existe. No es un invento. Implica un alto riesgo para las trabajadoras temporeras, para los vecinos de los campos adyacentes a las forestales y para miles y miles de campesinos y de pobladores urbanos.
El punto radica en que ignoramos qué se está echando a las plantaciones agrícolas y a los bosques, particularmente de las Regiones del Biobío, de La Araucanía y del Maule. Y deseamos que los productos que allí se utilicen sean menos peligrosos y amigables con el medio ambiente.
Una vez más aspiro a realizar ese debate y contar con la presencia no solo del Ministro de Agricultura, sino también con la del de Salud. Porque estamos frente a un problema de salud pública y de producción agrícola.
Por tanto, voy a votar a favor del proyecto. Espero que en el siguiente trámite tengamos la posibilidad de debatir estos temas con los encargados de esta materia.
La fiscalización es extremadamente precaria en el Maule, donde hay dos fiscalizadores, como anota la Senadora Rincón. En verdad, esto no tiene nombre. Es una pantalla de fiscalización. ¡Esto no es posible! Al igual como ocurre con la CONAF cuando teóricamente inspecciona los planes de manejo, se trata de una revisión de oficina, pues no se va a terreno, no se dispone de la capacidad material ni de los recursos monetarios y humanos para ello.
Entonces, hay libre albedrío en esta materia. La situación del sector de secano costero en el distrito 42 de la provincia de Ñuble de la Región del Biobío es extremadamente grave. Se han presentado múltiples denuncias. Las incidencias de cáncer en niños de esa zona aún no han podido ser dilucidadas. Más del 60 por ciento de los menores internados en el Hospital Regional provienen de comunas aledañas a cultivos agrícolas o plantaciones forestales.
Y algunos dicen: "No, solo es coincidencia". Ante esto debe responder la institución encargada de la salud pública de mi país. Confío en que podamos contar con el Ministro de Salud en la discusión particular de esta iniciativa, porque estamos frente a un problema real y de extrema preocupación para toda la población y no solo para los trabajadores.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor).
Votaron las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Navarro, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones. Pero debo hacer presente a la Sala que en este momento no tenemos quórum para adoptar acuerdos.
Por lo tanto, desgraciadamente, voy a tener que levantar la sesión.
Hay ocho Senadores en la Sala y se requiere un mínimo de doce.


El señor KUSCHEL.- ¿Y la hora de Incidentes?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- No habrá, debido a la razón que ya mencioné.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sé que no ha sido su ánimo ni su voluntad. Pero debo decir que siempre que se ha solicitado abrir una votación, yo he accedido, pese a que significa reducir el tiempo de discusión.
Por otra parte, cada vez que nos pronunciamos, al final quedamos muy pocos en la Sala, y luego algunos colegas aparecen con 100 por ciento de asistencia en el registro pertinente, pese a haber estado bastante poco en la sesión. Más bien pasan por ella; mientras que otros apenas asoman la nariz.
Entonces, señor Presidente, esta situación resulta bastante injusta, por lo cual reitero mi molestia. Además, se evita la hora de Incidentes. En esta parte de la sesión no se vota. Se trata de una instancia de intervención política en que las minorías del Senado tenemos la posibilidad de decir aquello para lo cual no disponemos de espacios institucionales ni en la política nacional.
Deploro profundamente -vuelvo a repetir- que este acto signifique una discriminación. Porque, debido a que los Senadores abandonan su compromiso de trabajo en la Sala, al tener ya asegurada su asistencia con la sola entrada a la Sala, no se puede llevar a cabo la hora de Incidentes.
Señor Presidente, solicito a la Mesa que corrija tal situación, porque, en verdad, se está violando un derecho constitucional. El Reglamento igualmente dispone la realización de esa parte de la sesión, la cual tiene un objetivo político.
De igual manera, se está inviabilizando la discusión de este importante proyecto de ley.
Entiendo las razones vertidas por los señores Senadores. Solo hago expresa mención a estos dos asuntos, porque creo que, en definitiva, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se conduce el Senado y cuáles son las consecuencias de la inasistencia a sesiones.
Yo por lo menos, señor Presidente, he tratado de venir a todas. Por ello considero extremadamente injusto que el señor Presidente, una vez más, como ha sucedido durante el año, no dé curso a la hora de Incidentes.
Tenía un conjunto de oficios muy importantes que enviar respecto a la reconstrucción en la Región del Biobío, y a denuncias de situaciones ocurridas con los consumidores. En definitiva, creo que, al no poder hacer uso de esta facultad, la política pierde y se desvirtúa nuestro rol.
Señor Presidente, le ruego tomar nota de este asunto y plantearlo en reunión de Comités.
Asimismo, solicito -desconozco si es posible- hacer una excepción en este caso. Porque al final todos vamos a quedar mal. No se podrá fijar plazo para formular indicaciones al proyecto ni realizar la hora de Incidentes.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer término, deseo solicitar que, como el Senador señor Navarro se refirió en general a todos nosotros, se levante un acta de quienes nos quedamos regularmente en las sesiones.
Y, en segundo lugar, quiero decir que, aun cuando no se pueda hablar en hora de Incidentes, los oficios se despachan igual. Es cuestión de hacerlos llegar a la Mesa, como normalmente yo lo hago, en vez de estar interviniendo.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente deseo pedir que se analice la factibilidad de establecer una excepción en esta oportunidad, porque me parece legítimo que un Senador que se declara en minoría pueda realizar su presentación.

El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Para la excepción se requiere acuerdo, y no tenemos quórum para ello.
Así que lo lamento mucho, pero se debe proceder conforme al Reglamento.
PETICIONES DE OFICIOS

El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, planteándoles SOLUCIÓN TRANSITORIA PARA INICIO DE OBRAS EN TRAMO FALTANTE DE CAMINO AUSTRAL ENTRE PUERTO MONTT Y CHAITÉN.
Del señor PROKURICA:
Al señor Ministro de Salud, para que se informe sobre BECAS DE MÉDICOS GENERALES, y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que el Subsecretario de la Cartera informe sobre FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONÍA EN LOCALIDADES APARTADAS y acerca de PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL EN CARRIZAL BAJO Y SU ESTADO DE AVANCE EN OTRAS 30 LOCALIDADES (todos de la Región de Atacama).
De la señora RINCÓN:
Al señor Ministro del Interior, solicitándole información respecto de IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN COMUNA DE SAN JAVIER (reiteración de oficio), y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole LISTADO DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA Y D.S. Nº 40 EN DIVERSAS COMUNAS DE REGIÓN DEL MAULE SUR.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción