REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 47ª, en miércoles 24 de abril de 1991
Ordinaria
(De 10:45 a 22:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX,
PRESIDENTE; BELTRÁN URENDA ZEGERS , VICEPRESIDENTE, Y
MÁXIMO PACHECO GÓMEZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SUBROGANTE, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante, de Educación subrogante, y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
-Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 44a y 45a, ordinarias, en 16 y 17 de abril en curso, respectivamente, que no han sido observad
as.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Informe
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley N° 16.282, que fija disposiciones permanentes acerca de sismos y catástrofes. (Calificado de "Suma Urgencia").
-Queda para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señora Feliú y señores Fernández, Huerta, Martin y Sinclair, con la que inician un proyecto que modifica el decreto ley N° 1,094, de 1975, en lo que se refiere al egreso del país de los extranjeros.
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.778, QUE ESTABLECE SUBSIDIO
AL PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley N° 18.778, que estableció un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, con urgencia calificada de "Suma". El plazo establecido para su despacho por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso vence el 26 de abril, es decir, pasado mañana,
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que-se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 44a en 16 de abril de 1991.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 46a, en 23 de abril de W.991.
Hacienda, sesión 47a, en 24 de abril de 1991.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
La iniciativa, que consta de un artículo único, ha sido informada por la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprobó con algunas modificaciones el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, como consta en las páginas 13, 14 y 15 del boletín N° 315-03.
Por su parte, la de Hacienda sugiere acoger el texto propuesto por esa Comisión, con algunas enmiendas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, en lo formal, las Comisiones de Economía y de Hacienda han presentado criterios dispares para el tratamiento de algunos de los elementos principales contenidos en el proyecto del Ejecutivo.
Sobre el particular, junto con el señor Ministro de Economía hemos preparado un texto refundido que recoge los antecedentes entregados por ambas Comisiones, del cual hice llegar copia en el día de ayer a todos sus integrantes.
Hasta el momento, han dado su opinión favorable los Honorables señores Fernández, Eduardo Frei y Lavandero, además de la mía, como integrante de la Comisión de Economía. Aún resta por conocer las de los Honorables señores Cooper, Prat y Siebert.
Antes de proceder a dar una explicación general acerca de la iniciativa, me gustaría que los Honorables colegas emitieran un pronunciamiento al respecto, o bien, para evitar una discusión previa, podríamos postergar su tratamiento para más tarde.
¿Cabría alterar la Tabla en lo relativo a este punto, señor Presidente?
El señor PRAT.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRAT.-
Con el fin de facilitar la decisión, deseo manifestar que los Senadores de Renovación Nacional estamos de acuerdo con el texto refundido de las Comisiones de Hacienda y de Economía, por lo que sobre la base de éste podríamos discutir el proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, podemos tratarlo de inmediato.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, la iniciativa planteada por el Ejecutivo busca resolver una seria situación producida a raíz de la privatización de las empresas de agua potable y del encarecimiento excesivo de las tarifas desde hace dos, tres o cuatro años a la fecha. Sin ir más lejos, los antecedentes que hemos conocido en las Comisiones y nuestra propia experiencia en las Regiones que hemos visitado -por ejemplo, la Cuarta, que tengo el honor de representar en esta Corporación- indican que las alzas llegan a cifras extraordinariamente elevadas, lo que ha generado una gran morosidad en el pago de cuentas por concepto de esté vital elemento.
El Gobierno anterior, por entender que el proceso de privatización y la consecuente política de exigencia de utilidades y autofinanciamiento podían generar serias dificultades a los sectores de más bajos ingresos, estimó pertinente dictar en 1989 un cuerpo legal que creó un subsidio para el pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, modificado luego por la ley N° 18.899.
El gran problema de este subsidio radica en que se estableció un conjunto de requisitos que hacen muy difícil su aplicación. Las estadísticas proporcionadas tanto a la Comisión de Economía como a la de Hacienda indican -caso único en el régimen de subsidios existente en el país- que esta bonificación sólo pudo ser usada por el 15 por ciento de las personas que tenían derecho a acceder a este beneficio real dispuesto para los sectores de menores ingresos.
Adicionalmente, exigencias tales como la de comparecer personalmente a la municipalidad respectiva para requerir la bonificación determinaban que en especial los habitantes de sectores rurales no pudieran cumplir con el requisito, pues a veces les resultaba más cara la locomoción hasta el lugar de asiento del municipio que la ventaja que pudieran obtener.
Por otra parte, se establecía la obligatoriedad de que para postular se contara no sólo con agua potable, sino también con servicio de alcantarillado, en circunstancias de que carecen de este último miles de compatriotas que viven en condiciones muy difíciles, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, lo que constituye una dramática realidad que golpea todavía a buena parte del país. Ello significaba, en consecuencia, otra barrera difícil de superar.
Asimismo, se consignaba la obligación de estar al día en el pago de los consumos, la cual, objetivamente, no era cumplida por muchos de los posibles beneficiarios.
Otro escollo residía en que, al otorgarse el subsidio, el saldo no bonificado de las cuentas mensuales debía ser puntualmente pagado por los usuarios.
Lo anterior llevó a la actual Administración a recoger inquietudes planteadas por diversos sectores parlamentarios y a presentar una modificación del sistema.
Una de las reformas sustantivas consiste en ampliar el volumen de agua subsidiado a las familias más modestas, para lo cual se eleva el mínimo de 10 metros cúbicos a 15.
Del mismo modo, se aumenta de 20 a 40 por ciento el margen de bonificación que se puede otorgar, como mínimo, manteniéndose el tope máximo en 75 por ciento.
Por otro lado, se genera un mecanismo extraordinariamente expedito con el fin de facilitar el acceso de los sectores más modestos al subsidio, permitiéndose a las empresas prestadoras del servicio gestionar en representación del usuario, y sin costo alguno para éste, la tramitación del benefició ante la municipalidad respectiva. Se dispuso, además, que esta corporación dispondrá de treinta días para resolver acerca de las solicitudes que se presenten para ese efecto.
En definitiva, a juicio de quienes hemos aprobado por unanimidad la idea planteada, que representamos a todos los Partidos, las medidas propuestas por el Gobierno permitirán expandir el universo de los chilenos beneficiarios del sistema que nos ocupa al hacerlo verdaderamente accesible a una gran masa de compatriotas que con mucha urgencia lo necesita.
Debo dejar constancia de la existencia de un compromiso por parte del Gobierno -asumido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado- para discutir el problema de fondo, cual es la fijación de tarifas de los servicios básicos de agua potable, ante la creciente alarma producida en la población por los incrementos de precios observados el año pasado y en el curso de 1991. Al respecto, muchos Senadores expresamos nuestra sorpresa al comprobar cómo las empresas en el rubro han aplicado una política de precios que no se compadece siquiera con el alza del índice de la inflación, pues el aumento de las tarifas es muy superior.
En concreto, señor Presidente, el proyecto, que consta de un artículo único que introduce modificaciones a la ley N° 18.778, amplía -como ya dije- el subsidio a los usuarios que, aun cuando tienen servicio de agua potable, carecen de alcantarillado de aguas servidas; elimina el tope íie 20 metros cúbicos para los efectos de aplicar el beneficio, y otorga un plazo transitorio, hasta diciembre de este año, para que no se exija estar al día en el pago de las cuentas y de la parte no subsidiada de éstas.
Además, hemos generado un hecho nuevo, a raíz de la preocupación manifestada en ambas Comisiones en el sentido de que sea una empresa privada la que preste el servicio. Y constatamos dos cosas: una, que esto no pueda significar una carga para los usuarios, por lo cual se ha establecido expresamente que no habrá costo alguno para ellos, y otra, que la aprobación de la norma pertinente dice relación, respetándose el concepto de igualdad ante la ley, a una facultad de las empresas, a las que no estamos imponiendo una carga que pudiera ser concebida como una abstracción al principio de respeto a la ley y a las cargas públicas, que a todos los Senadores nos interesa mantener del modo más adecuado. Si hemos aprobado esta idea ha sido precisamente por entender que el propósito del subsidio es beneficiar al máximo a las familias de escasos recursos. Y las frías cifras entregadas hasta el momento demuestran que, pese a existir los recursos para ese fin en el Presupuesto, sólo se ha usado el 15 por ciento, por las razones antes indicadas.
En vista de que los Senadores de Renovación Nacional que integran las Comisiones de Economía y de Hacienda han aprobado el texto refundido, lo haré llegar de inmediato a la Mesa, sobre la base de que se trata de un resumen que recoge tanto los mejoramientos que la Comisión de Hacienda introdujo a lo que acordamos en la Comisión de Economía como las modificaciones que en esta última estimamos indispensable introducir al proyecto despachado por la Cámara de Diputados.
Esto es todo, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
El señor PAPI- Pido la palabra, señor Presidente.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorable Senado, con relación al proyecto aludido por el Senador que me antecedió, deseo señalar que debe considerarse como una indicación de los Senadores de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional, por cuanto no puede concluirse que es un texto refundido de los informes de dos Comisiones.
Asistí a la Comisión de Hacienda y participé en el análisis de esta materia, pero no comparto el texto mencionado ni las enmiendas efectuadas en normas que ella había aprobado oficialmente por mayoría de votos.
Paso a referirme ahora a la iniciativa que nos ocupa, tendiente a modificar la ley N° 18.778, que estableció un subsidio para el pago de los consumos de agua potable y alcantarillado en beneficio de las personas de escasos recursos que cumplan con los requisitos contemplados en ella.
Se trata de un sistema focalizado, que permite ayudar, efectivamente, a los sectores que más lo necesitan. Sin embargo, por distintas razones, no ha producido los efectos que se pretendían y, por ello, el proyecto en trámite modifica diversos aspectos de la ley, algunos de ellos en forma muy beneficiosa, en tanto que en otros no lo comparto.
El cuerpo legal referido estatuye como universo susceptible de ser favorecido con sus normas a las familias de escasos recursos en el caso en que el consumo de agua por vivienda no exceda de 20 metros cúbicos mensuales. La iniciativa en estudio suprime este último requisito, con el fundamento -según indica el Mensaje- de que en algunas situaciones a una familia se suman los allegados.
Me parece inconveniente que se elimine el tope de consumo, por cuanto de esta manera se amplía el número de potenciales beneficiarios y el sistema pierde su sentido de focalización. El subsidio que nos ocupa debe llegar realmente a las personas de más escasos recursos y que, también, tienen un menor consumo.
En la reunión de ayer de la Comisión de Hacienda, los asesores del Ministerio de Economía hicieron presente que el 60 por ciento de las familias de que se trata consume menos de 20 metros cúbicos de agua. Si acaso se estimara que el tope es bajo, la Comisión, basada en los antecedentes que conoció, acordó proponer que se subiera a 25 metros cúbicos al mes, sobre la base de un promedio anual. Esto es lo que el Senado debería aprobar, a mi juicio, a fin de que el subsidio no pierda su sentido de focalización hacia los sectores más necesitados y de que no se extienda a personas cuyo consumo es superior.
Reitero que, según la información entregada, el 60 por ciento de los consumos es inferior a 20 metros cúbicos, y que la Comisión de Hacienda, en el informe que preparó ayer, planteó un tope de 25 metros cúbicos al mes, promediado, de manera de evitar las variaciones por estacionalidad.
Por otra parte, el proyecto dispone que el beneficio se otorgará también a los usuarios que sólo cuentan con servicio de agua potable, no siendo necesaria la concurrencia del requisito de tener servicio de alcantarillado de aguas servidas, como sucede hoy. Concuerdo con esta modificación y pienso que debe ser aprobada en la forma propuesta.
Igualmente, aumenta de 10 a 15 metros cúbicos mensuales el consumo afecto a subsidio. Coincido con esta enmienda, asimismo, por ser muy beneficiosa.
Por último, el artículo 4o faculta a las empresas de agua potable para recibir las solicitudes de subsidio y para "tramitarlas", por así decirlo. En mi opinión, esta norma es tremendamente negativa y no debería ser aprobada, acogiéndose, en cambio, el texto propuesto en el informe de la Comisión de Hacienda, que elimina esa posibilidad.
¿Por qué es malo ese sistema? Porque son las personas quienes deben reclamar sus derechos. Y esa disposición importa un mandato de los usuarios de escasos recursos que serían potenciales acreedores al subsidio, para que las empresas reclamen el beneficio.
¿Qué podría ocurrir en la práctica, señor Presidente? Como las empresas resultarían directamente favorecidas del hecho de que muchas personas se acogieran al pago del subsidio, se preocuparían de buscar a los potenciales beneficiarios con el propósito de encargarse de las solicitudes respectivas. Y esto atenta, también, contra el espíritu de este subsidio en orden a que debe ser focalizado hacia las personas de escasos recursos.
En la Comisión se argumentó que el fundamento de este precepto radicaría en ayudar a quienes no tienen suficiente conocimiento en la materia. Creo que esto puede solucionarse proporcionando la información necesaria, pero no determinando a quién debe pedir por los propios interesados el beneficio que podría favorecerlos.
Estoy en desacuerdo con esta representación legal, con este mandato que se pretende entregar a las empresas, que obtienen directamente un provecho con el cambio de deudor. Porque, naturalmente, es preferible tener como deudor al Fisco de Chile que a una persona carente de recursos. Por consiguiente, estimo que debe rechazarse esta disposición.
He dicho.
El señor LAVANDERO.-
Pido la palabra.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, en vista de los nuevos elementos que se han entregado, prefiero postergar mi intervención.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, creo que nuestra obligación como legisladores es, justamente, elaborar leyes humanas, que interpreten a las personas que enfrentan las dificultades de que se trate.
El problema del agua potable y el alcantarillado es de extremada gravedad, sobre todo en la zona norte del país. En efecto, como lo he expresado en otras oportunidades, el costo del agua potable allá es dos o tres veces superior al de Santiago. Por lo tanto, esté proyecto favorece a miles de familias, a las que se ha suspendido el suministro de este vital elemento por no haber podido pagar las enormes cuentas de consumo. Esto es particularmente grave en este momento, por el brote de cólera, el cual requiere especiales medidas de higiene.
¿Cuál ha sido la experiencia durante este año, en que los subsidios se han otorgado a través de las municipalidades? Por desgracia, enfrentamos la situación de que en ellas -los alcaldes fueron designados en el Régimen anterior- no se atiende como corresponde a la gente de escasos recursos que acude a formular reclamos. Las empresas de agua potable han demostrado mayor sensibilidad para recibir las quejas de los usuarios. Por lo tanto, tratándose de una medida que debe favorecer Rápidamente a la población, y hasta que puedan efectuarse cambios en los municipios, estimamos que tienen que ser dichas empresas -que han demostrado ser más justas y equilibradas- las que intervengan en el proceso de otorgamiento de los subsidios.
Por otra parte, señor Presidente, así como es preciso estudiar el proyecto en los términos en que ha sido presentado, es necesario, también, buscar los mecanismos adecuados a fin de que en el futuro no sean los propios usuarios del norte quienes deban hacerse cargo de financiar, por la vía de las tarifas, la purificación del agua, ante su gran contenido de arsénico, o la construcción de obras de alcantarillado, que tienen un costo elevadísimo.
Esto es especialmente válido en el caso de regiones que efectúan un gran aporte a la economía del país, sin ser favorecidas en nada, ni siquiera con un subsidio por concepto de agua o de alcantarillado, lo que redunda, en definitiva, en que una proporción importante de sus habitantes, además de carecer de esos servicios, vivan en ínfimas condiciones de higiene.
El fin de semana recién pasado visité algunos campamentos en Antofagasta. En realidad, debemos cruzar los dedos para que el cólera no llegue a esos lugares, porque tendríamos que lamentar miles de muertes, ante el hecho de que no se proporcionan a esa gente las condiciones mínimas para permitirles afrontar con dignidad un problema tan grave.
Es verdad, señor Presidente, que los proyectos deben ser objeto de un cuidadoso estudio y redactarse de acuerdo con las exigencias legales; pero también es cierto que debemos preparar leyes humanas -repito-, en las que es preciso tener presentes los problemas reales de la población.
Muchas gracias.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención formulando algunas precisiones.
En primer lugar, la iniciativa que estamos aprobando, tal como ha sido presentada por el Ejecutivo y tramitada en la Cámara de Diputados y en las Comisiones de esta Corporación, establece que los subsidios que nos ocupan son entregados por el Estado. Y en su asignación interviene el Departamento Social de las municipalidades, el que elabora una ficha denominada "CAS" para evaluar la condición socioeconómica del beneficiario. Esta ficha constituye un método técnico para asignar -reitero- los recursos destinados a los subsidios con que el Estado apoya a los sectores más necesitados. De esta manera se focaliza la ayuda estatal.
En tal sentido, deseo aclarar a la Honorable señora Frei que no serán las empresas prestadoras de los servicios las encargadas de otorgar los subsidios. Esto sería una aberración y -felizmente- el Ejecutivo no lo ha propuesto así.
Respecto de lo que aprobó la Comisión de Economía en el sentido de no considerar un tope de consumo para poder acceder al beneficio, ella se basó precisamente en la existencia de la ficha CAS, que en definitiva es el filtro para determinar, en forma independiente del consumo, quién realmente necesita el subsidio, según la evaluación socioeconómica pertinente, en tanto que quien no lo necesita, aunque no tenga consumo, no resulta favorecido. Esta fue la razón por la cual la Comisión de Economía no tuvo problemas para eliminar dicho tope, que la Comisión de Hacienda restableció con posterioridad. Como ello no afecta al procedimiento, hemos estado llanos a aceptar esa proposición.
Pero debe tenerse presente que, aun cuando no hubiera existido un tope, la ficha mencionada es la que finalmente ha determinado -insisto- quiénes han accedido al sistema y quiénes no, con independencia del consumo de agua que se manifieste.
¿Y por qué esto es importante? Tengo en mi poder un conjunto de facturas y boletas de la firma ESSAR que permiten observar que en la localidad de Purén algunos vecinos consumen 13 metros cúbicos en un mes, y otros, 70 ó 74. Son personas de la misma condición socioeconómica, y todas necesitan igualmente el subsidio. ¿Y qué pasa con una respecto de la otra? Que en localidades semirrurales -por ejemplo, en la comuna de Purén- es habitual que el poblador posea detrás de su casa una pequeña huerta que riega con agua potable. Esto, naturalmente, tiene que ser evaluado y reevaluado. Probablemente deba terminarse con esa costumbre, que involucra quizás producir bienes a un costo mucho más alto que el real. Pero como hoy día -y bien lo decía la Senadora señora Feliú- existe un grave problema de desinformación, se da el caso de que aquel poblador, inocente e inconscientemente, está regando con agua potable y consumiendo 74 metros cúbicos. Y eliminar la norma significa que no podrá tener acceso al subsidio, lo cual no me parece bueno.
Por eso, la Comisión de Economía estuvo llana a suprimir el tope de 20 metros cúbicos para acceder al subsidio. Y creo que el Senado, al establecer un máximo de 25 metros cúbicos, obliga al Ejecutivo, que tiene la última responsabilidad en la materia, a llevar a cabo un verdadero plan de difusión para que quienes consumen 74 metros cúbicos de agua u otra cantidad al regar su pequeña huerta casera modifiquen su conducta, pues de otra manera quedarán fuera del subsidio que merecen.
Asimismo, la Comisión de Economía estuvo de acuerdo en permitir a las empresas prestadoras del servicio la tramitación de las solicitudes de postulación a los subsidios, en el entendido de que esa gestión (dicho organismo estableció fehacientemente que ello no podía involucrar cobro alguno) significa agilizar el proceso de incorporación de los eventuales beneficiarios al sistema. Para tal efecto consideró que en 1990 sólo se ocupó 15 por ciento de los subsidios disponibles, quedando empozado el 85 por ciento restante. Por lo tanto, entendió que era válido que las empresas pudieran hacer una gestión difusora en esta materia, sin perjuicio de que en definitiva el subsidio se otorga sobre la base de los mecanismos técnicos de evaluación socioeconómica consagrados especialmente en la ficha CAS, que es técnicamente reconocida y que ha sido alabada incluso por la señora Liliana Mahn, quien representa al departamento social del Gobierno que analiza estos asuntos.
Sin embargo, la Comisión de Economía (y particularmente los Senadores de Renovación Nacional), al igual que la de Hacienda, estaría llana a eliminar la facultad de las empresas prestadoras del servicio para tramitar las solicitudes de postulación al subsidio. Pero entendemos que, de suprimirse, el sector oficial asumiría una vez más el serio compromiso de realizar una campaña profunda e intensiva, a fin de difundir el subsidio y evitar lo que sucedió el año próximo pasado, en que se ocupó sólo un 15 por ciento de él.
Más allá de estas observaciones y de explicar por qué procedió de determinada manera la Comisión de Economía y por qué también está dispuesta a sumarse a lo postulado por la Comisión de Hacienda, aprobando las indicaciones que se han presentado, quisiera hacer una mención más de fondo acerca de los temas involucrados en este proyecto.
En primer lugar, leeré rápidamente la respuesta que el señor Vicepresidente Ejecutivo subrogante de la CORFO dio al Senado ante un oficio requerido por el Honorable señor Ortiz en relación con el alto precio que se cobra por los referidos servicios en la Undécima Región. Dice ese personero que "La política de Gobierno en el sector sanitario está orientada a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado del país asegurando el acceso de toda la población a estos servicios.
"Para alcanzar este objetivo son necesarias importantes inversiones en infraestructura sanitaria, las que podrán ser ejecutadas en la medida en que la tarifa se ajuste al costo real de proveer el servicio.".
Explica más adelante que "El nuevo sistema tarifario trajo consigo serios problemas habituales cuando se produce un cambio, en el cual se hizo necesario asimilar completamente una legislación y normalización diferente.".
O sea, en la política del Gobierno hay un principio fundamental, que compartimos y que nos parece muy interesante destacar: el de que deben satisfacerse las necesidades de agua potable y alcantarillado de toda la población --al respecto se ha avanzado mucho en estos años- y de que para seguir esa línea es menester que haya una tarifa ajustada al costo real de esos servicios, de modo que tampoco se otorgue un subsidio indirecto a quienes no lo precisan, que son las familias de grandes ingresos, las cuales, muchas veces, utilizan aquéllos en gran medida.
Por ende, en esa política oficial se está reconociendo que los subsidios deben ser focalizados.
Respecto de las tarifas, la Administración anterior cambió el régimen legal de las empresas prestadoras de esos servicios, conforme a un programa que contemplaba su privatización, puesto que, si han de cobrarse tarifas reales, es propio que ellos puedan ser manejados por empresas privadas y que la labor subsidiaria del Estado en esta materia se lleve a cabo a través de la entrega de subsidios focalizados a los usuarios, como lo establece este proyecto.
Empero, el proceso de privatización programado se paralizó al inicio de este Gobierno, y continúa paralizado. Y hoy día se presenta una situación intermedia especialmente negativa, porque las empresas, denominadas "ex SENDOS", no tienen el régimen legal que antes poseía SENDOS, que significaba un sistema de plantas de personal mucho más estructurado y revisado que el que ahora tienen aquéllas como empresas con mayor autonomía, aunque siguen siendo públicas, toda vez que las afecta un régimen de propiedad donde el noventa y nueve por ciento es de CORFO, y el uno por ciento restante, del Fisco. Por lo tanto, no son empresas privadas. Sin embargo, están apareciendo como tales y carecen de real independencia y separación respecto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es el organismo que regula las tarifas.
Si el proceso de privatización hubiera avanzado hasta donde estaba programado, hoy día esas empresas serían privadas y el cobro de sus tarifas estaría siendo supervisado por una contraparte: la citada Superintendencia.
Actualmente existe una incómoda e inconveniente relación entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las empresas prestadoras, debido a que ambas dependen del Gobierno. Y eso es negativo, pues no hay dinamismo en el control de las tarifas, ya que el ente supervisor se halla en el mismo lado de la mesa que quien las fija.
Por ello, señor Presidente, estimamos que debe avanzarse en el proceso de privatización, sobre todo cuando hace muy pocos días aprobamos en esta Sala el proyecto de ley que regula y perfecciona todo el sistema de concesiones.
Esa iniciativa, junto con la que ahora tamos debatiendo, más los consensos manifestados sobre estas materias en problemas tan de fondo, indican que no hay razones para no avanzar en el proceso de privatización de las empresas prestadoras de tales servicios.
Quiero ser claro, aunque aparezca como poco deferente: opino que la única razón que podría estar quedando para no continuar con ese proceso sería de control o de parcela política, lo cual resulta altamente inconveniente mantener.
Pienso que eso es lo fundamental, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MARSHALL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Señor Presidente, Honorable Senado, quiero referirme, en primer término, al proceso de reforma en curso respecto de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se inició en 1988 y contempla principalmente cinco acciones.
La primera corresponde al establecimiento de normas legales generales para el sector en lo referente a concesiones.
La segunda apunta a la transformación de los ex SENDOS en sociedades anónimas, las cuales se rigen por la legislación aplicable a ese tipo de empresas.
La tercera se refiere a la creación de un organismo fiscalizador. Naturalmente, son empresas monopólicas, concesionarias de un servicio público, y se requiere que un organismo independiente -en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, creada el año próximo pasado- ejerza la labor normativa sobre calidad y fiscalización.
La cuarta acción se refiere a la existencia de un proceso de fijación de tarifas sobre la base de costos efectivos, el que se inició en el Gobierno anterior y ha continuado en el actual. Quisiera referirme después breve-ente a este punto.
Y la quinta dice relación al establecimiento de un sistema de subsidios orientado a las familias de bajos recursos.
Este conjunto de acciones apunta a resolver un problema que, a mi juicio, puede granearse en un par descifras.
El costo que significa para el país proveer al conjunto de la población de servicios sanitarios -es decir, agua potable y alcantarillado- es de alrededor de 170 millones de dólares al año. Y las empresas del sector obtienen por la vía de la recaudación tarifaria aproximadamente 110 millones de dólares anuales. Es decir, durante los últimos años, y hasta hoy día, la recaudación no ha cubierto los costos efectivos de entre de esos servicios.
Existe una diferencia importante a ese respecto, la que se magnifica debido a la política del actual Gobierno de efectuar un incremento significativo en las inversiones del sector. Durante la década del 80, el promedio de inversiones en materia sanitaria fue de 45 a 50 millones de dólares anuales, y el programa para los próximos tres años considera otras del orden de los 90 millones de dólares anuales.
Así que, por una parte, nos encontramos frente a diferencias entre el costo efectivo de proveer el servicio y lo que se recauda, y por otra, ante la pretensión de aumentar significativamente las inversiones en el sector.
Para resolver esos problemas es necesario plantear lo relativo al subsidio. ¿Por qué? Porque si seguimos la política de un sistema tarifario orientado a cubrir los costos efectivos, un porcentaje de la población queda desprotegido, ante la dificultad que ello implica para acceder al servicio sanitario. Por tanto, como primera medida, el Ejecutivo quiere aplicar en forma real, amplía y en corto plazo el subsidio que acá se está proponiendo modificar. Es política del Gobierno asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios sanitarios. Y, para ese efecto, el principal instrumento es contar con un subsidio distribuido adecuadamente.
El debate de la iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en las Comisiones de Economía y de Hacienda del Senado, nos ha permitido resolver las principales inquietudes que tenía el Ejecutivo. Empero, se han formulado en esta Sala dos observaciones en las que desearía concentrarme: la primera se refiere a la conveniencia o inconveniencia de establecer un tope en el consumo, y la segunda, al papel que podrían tener las empresas en el proceso de enrolamiento al subsidio. Y estimo que los dos temas requieren de algunos comentarios y precisiones.
En primer lugar, el subsidio tiene un criterio muy claro en cuanto a su asignación: está orientado a las familias de bajos recursos, con el objeto de garantizar el acceso de toda la población a los servicios sanitarios. No es una cuota de racionamiento de consumo hasta determinada cantidad. Para los efectos del incentivo al consumo existe la tarifa. Por cada metro cúbico excedido del límite de los quince metros iniciales fijados -no 25 ni 20-, que puede destinarse a riego u otro fin, la tarifa que paga una familia, de cualquier estrato socioeconómico, es equivalente al costo efectivo del servicio. De modo que todo usuario es libre de hacer uso del metro cúbico adicional pagando la tarifa correspondiente al costo efectivo.
En consecuencia, nos parece que, una vez focalizado el subsidio, con los procedimientos que sintetizó bien el Senador señor Prat -es decir, a través de la ficha CAS, con un puntaje que mide exactamente a la familia de bajos recursos-, se hace innecesario imponer condiciones adicionales.
EJ subsidio está orientado a las familias cuya condición socioeconómica les impide cubrir los costos del servicio y que, a la vez, consumen o utilizan determinado volumen de agua potable. Es decir, se halla dirigido con un doble objetivo. Podríamos añadir otros criterios de focalización, como los que figuran en la legislación vigente y que ahora estamos eliminando. Pero cuando agregamos nuevos criterios reducimos el universo al cual queremos apuntar.
La pregunta relevante es a quién deseamos dirigirnos. Si es a la familia de escasos recursos, existe un instrumento, llamado "ficha CAS", que manejan los alcaldes y controla el Ministerio de Planificación y Cooperación; hay actualmente en las municipalidades 800 mil fichas CAS, y cada una se construye sobre la base de una visita domiciliaría con información suficiente para focalizar hacia donde queremos hacerlo.
Si, focalizada de esa manera, una familia quiere aumentar su consumo de agua potable, es libre para hacerlo, porque está pagando el costo efectivo -éste es el punto que interesa destacar- sobre el consumo básico que se está subsidiando. De modo que sí una familia en la que uno de sus miembros ejerce la labor de lavandera, por ejemplo, excede el límite establecido, aun siendo de bajos recursos, puede acceder al beneficio, por tener esta condición y porque está pagando el exceso al costó efectivo.
En consecuencia, quiero separar el concepto de incentivo, ya que éste se maneja por la vía de la tarifa, y no por la de una cuota de racionamiento. Ese es el espíritu que impera en el decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, que fija las tarifas, y es el criterio que, a nuestro juicio, debe prevalecer sobre la materia. Lo contrario sería mezclar dos cosas distintas: incentivo vía precios asociado a incentivo vía cuotas de racionamiento. Y eso nos parece inadecuado.
La señora FREI.-
¿Me permite una consulta, con la venia de la Mesa, señor Ministro?
El señor MARSHALL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Por supuesto, señora Senadora.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Ministro, ¿qué pasa con los allegados? Porque usted cita el ejemplo de una dueña de casa que es lavandera. Pero la realidad es que en una casa viven dos, tres o cuatro familias allegadas. ¿Qué solución hay para ese problema?
El señor MARSHALL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Señor Presidente, sobre ese aspecto particular, en el texto refundido -a nuestro parecer, fue un aporte importante de la Comisión de Hacienda, que destacamos- se agregó que el reglamento determinará las modalidades y los montos de loa subsidios encaminados a resolver los problemas tanto de grupos de familias o habitacionales como de villas o poblaciones que tienen servicio de agua potable con medidores comunes.
Señor Presidente, el segundo tema al cual me referiré es el atinente a la relación entre las empresas y los alcaldes,
Las municipalidades, a través de la ficha CAS, tienen la información sobre cuáles son las familias de bajos recursos que deben acceder al subsidio.
Naturalmente, nuestro ideal es que cada persona -comparto a este respecto lo planteado por la Senadora señora Feliú-, haciendo uso de su derecho, acuda al municipio y se enrole en el sistema de subsidio. Empero, en este aspecto debemos ser muy pragmáticos.
Ya tenemos experiencia. El Gobierno inició hace seis meses una campaña; hemos editado afiches, recorrido las diferentes municipalidades del país y hablado con los alcaldes, y, hasta el momento, hemos entregado 40 mil subsidios.
Podríamos continuar con ese procedimiento. Sin embargo, hay un hecho empírico que nos demuestra a qué velocidad avanza el sistema. Si se continuara al ritmo actual, en que cada usuario, en forma independiente, concurre a la municipalidad sin ningún intermediario que lo represente, nos demoraríamos cinco años, por lo menos, en alcanzar la meta de 400 mil o más subsidios. La responsabilidad que tenemos hoy es lograr en un plazo breve la meta de 400 mil a 500 mil subsidios. Y no se puede seguir discutiendo el tema tarifario ni lo concerniente a las inversiones necesarias en el sector del agua potable y el alcantarillado si en el país no tenemos una cobertura significativa del subsidio, si no garantizamos que las familias de bajos recursos efectivamente cuenten con un acceso garantizado a dichos servicios.
Por esa razón, el Ejecutivo ha propuesto que las empresas prestadoras del servicio puedan desarrollar una función que no es justamente -y quiero precisar en este punto- la de otorgar el subsidio. De modo que no existe un problema de incentivo perverso por parte de aquéllas en el sentido de otorgar el subsidio a quienes estimen conveniente. No hay ese incentivo. La empresa, como tiene el patrón, donde están todos los usuarios, en forma muy simple, identifica a los potenciales beneficiarios e informa sobre ellos a la municipalidad. Es un mecanismo que sólo tiene por objeto acelerar la postulación, ya que posteriormente se mantiene la función del municipio de procesarla según los criterios que se establecen en la ley y en el reglamento.
En consecuencia, mediante el referido procedimiento se pretende que la empresa prestadora del servicio, sea pública o privada, desarrolle una labor de colaboración en este proceso, que es indispensable para avanzar en la modernización y reforma del sector sanitario. La postulación -reitero- puede ser realizada con la ayuda de la empresa, y el otorgamiento del subsidio sigue siendo facultad del alcalde.
De otra manera, si mantuviéramos el ritmo actual, aun con la campaña emprendida, con los afiches editados y con la difusión a través de la radio, podríamos correr el riesgo de tener un proceso de enrolamiento al subsidio demasiado prolongado, lo que nos acarrearía problemas posteriormente cuando las tarifas continúen el camino de acercamiento a lo que son los costos efectivos.
En consecuencia, a nuestro juicio, estos dos aspectos, tanto el tope, que establece un criterio de focalización distinto y superpuesto al original, como el papel de la empresa, están orientados a facilitar el proceso de hacer del subsidio un sistema masivo y, de esa manera, seguir avanzando en e! resto de los temas que he mencionado de la política del Gobierno sobre el sector sanitario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente a la Sala que hay siete señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra. Por lo tanto, ruego agilizar el debate sobre esta materia, a fin de poder cumplir el compromiso de votar el proyecto del Estatuto Docente y dar curso al resto de la tabla, donde figuran iniciativas con urgencia calificada de "Suma". En caso contrario, sin duda alguna, deberemos sesionar mañana.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, le solicito que me elimine de la nómina de inscritos para hacer uso de la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, parece paradójico que el Estado haga inversiones a veces importantísimas y que, sin embargo, éstas no sean utilizadas. Y me refiero al tema del agua potable y del servicio de alcantarillado de aguas servidas.
En muchas de nuestras poblaciones -y los señores Senadores lo saben- existen redes de alcantarillado, pero 30 por ciento de ellas, en algunas ciudades, no tiene el arranque domiciliario correspondiente. Es un absurdo: por una parte se realiza la gran inversión, y por otra, la gente no dispone de recursos para la instalación del arranque.
Estando presentes las autoridades del área económica y tratándose de un tema tan directamente relacionado con la salud, estimo necesario que estudiemos la forma de rebajar los costos de instalación de los arranques domiciliarios o de dar facilidades para que ia gente modesta, especialmente la que vive en las poblaciones, pueda pagarlos.
Estamos de acuerdo en que el costo de la salud es muy alto; pero, también, la inversión en ella es la mejor que puede realizar un país.
No deseo hacer un discurso al respecto, sino tan sólo destacar que cuando no se dispone de agua potable ni de alcantarillado de buena calidad y a un precio accesible para los sectores modestos, esta carencia se paga con fiebre tifoidea, hepatitis, diarreas infantiles, cólera y muerte. Esa es la verdad, aunque suene un poco dramático.
Ahora, siempre hemos dicho que la inversión en salud es lo más importante, no sólo por el valor inapreciable de la vida humana, sino también por la repercusión económica que se produce cuando esa inversión no se hace en forma adecuada. Por ejemplo, en estos momentos hay algunos sectores de la economía nacional que están pagando muy caro no haber invertido en salud: me refiero a los horticultores y a los pescadores. Sin duda, esto adquiere gravitaciones económicas que van mucho más allá de lo meramente sanitario.
Quiero traer a colación también un asunto a que aludió muy atinadamente el Senador señor Prat. Su Señoría manifestó que hay personas modestas que necesitan regar sus huertos o sus chacras. Tiene toda la razón del mundo. Pero creo que desde el Gobierno y esta Alta Tribuna debería llamarse a la gente -porque fundamentalmente tenemos que ser educadores cívicos- para que se defina. Hay poblaciones que quieren ser urbanas y gozar, al mismo tiempo, de las ventajas de lo rural. No puede ser. Quienes fuimos alcaldes o regidores, sabemos que esta situación representa, no una lucha, pero sí un, encuentro difícil con muchos sectores poblacionales que desean disponer de agua potable, alcantarillado, luz y de todos los sistemas inherentes a la urbanización y, al mismo tiempo, tener huertos y chacras y regarlos con agua potable. Lógicamente, de esta manera se deteriora toda la estructura de pavimentación, etcétera.
Como autoridades y Parlamentarios, debemos recalcar la necesidad de que la gente, en un sector determinado, tiene que definirse claramente entre ser urbano o rural y atenerse a las consecuencias; es decir, a las ventajas y desventajas de cada opción.
Señor Presidente, esta materia se relaciona con el tema del cólera que se tratará esta tarde en una sesión especial de la Comisión de Salud -a la que asistirán el señor Subsecretario de esa Cartera, el doctor Muñoz, y un ingeniero ambiental-, porque agua potable y alcantarillado están íntimamente vinculados. Pido a la población, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Salud, que por favor no transforme una enfermedad infecciosa en una de la psiquis; que el cólera no se convierta en pánico. Me parece útil decirlo desde esta Cámara para que la gente sepa que debe tomar todas las prevenciones, precauciones y medidas de profilaxis adecuadas; pero sin ir más allá de eso, para no incurrir en alteraciones de la psiquis o en verdaderos temores o pánicos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda introdujimos tres indicaciones de relativa importancia. La primera tiende a sustituir el límite de consumo fijado en 20 metros cúbicos (que corresponde al 60 por ciento de los usuarios de agua potable) por el de 25 metros cúbicos, lo que supera el 70 de los mismos. Cabe señalar que el proyecto no especificaba ningún tope, sino que aludía a una determinación basada en la ficha CAS-2, que es la que fija el grado de allegamiento o pobreza.
Sin embargo, debo reconocer que las condiciones de estacionalidad, según informaciones que nos han entregado con posterioridad, no pueden ser determinantes para focalizar el subsidio en la extrema pobreza. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la idea contenida en el proyecto refundido de las Comisiones de Economía y Hacienda.
En segundo lugar, la Comisión de Hacienda modificó el artículo 3o bis que faculta a las empresas prestadoras del servicio para tramitar los subsidios ante las municipalidades, porque ello daría pábulo a la intervención de gestores que cobrarían a los pobladores. Sin embargo, dado el hecho de que el beneficio, destinado a unas 420 mil personas, sólo fue impetrado por el 15 por ciento de ellas, es decir, por cerca de 60 mil pobladores (lo que indica un acceso extraordinariamente exiguo), y por tratarse de una medida transitoria, creo conveniente que el primer año puedan efectuar ese trámite las mismas empresas, en representación de los usuarios, ante los municipios, a fin de que el otorgamiento de la franquicia no se vea obstaculizado por desconocimiento o desinformación de los potenciales favorecidos. Al respecto, confiaré en esas empresas, que están sometidas a un mayor grado de fiscalización por parte de la Superintendencia de Obras Sanitarias, con el objeto de mantener la norma en los términos en que la aprobó la Comisión de Economía.
En tercer término, el tipo de familia a la que iba dirigido el subsidio se componía, en promedio, de 5 personas. Sin embargo, había que considerar el hecho de que en muchos casos una sola vivienda alberga a otra familia -u otras familias- en calidad de allegadas, situación que el proyecto no contemplaba. Por eso, se incluyó como otra excepción, de acuerdo con la misma ficha CAS-2, a grupos de familias cuyos integrantes excedan el número de 5.
En síntesis, y para no alargar más el debate, quiero señalar que el propósito del proyecto del Ejecutivo es ampliar la cobertura de 60 mil a 420 mil familias; es decir, se eleva a unos 2 millones y medio la cantidad de chilenos favorecidos, en promedio. En consecuencia, es necesario financiar el mayor costo. Para ello se incrementan los recursos, de 1.340 millones de pesos (cantidad que sería suficiente para solventar los programas que en esta materia se encuentran avanzados este año), a 2.750 millones de pesos en 1992.
Esta es una iniciativa de extraordinaria relevancia por las razones que se han expuesto, y especialmente porque está focalizada hacia los sectores de extrema pobreza, favoreciendo incluso a quienes carecen de alcantarillado, lo cual se inserta en las políticas del Gobierno destinadas a proveer de servicios de alcantarillado y agua potable a todos los chilenos. Lo anterior se complementa con la inversión, en esos mismos rubros, de 270 millones de dólares.
Por eso, señor Presidente, anuncio nuestros votos afirmativos al proyecto refundido de las Comisiones de Economía y Hacienda.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, voy a concurrir a apoyar el proyecto, por cuanto viene a resolver un verdadero drama en la Primera Región. Sin embargo, creemos que no hay nadie mejor calificado que ESSAT para determinar en este momento el consumo de agua y su tarifa en los sectores más desposeídos.
En la Primera Región también enfrentamos carencias en materia de alcantarillado, servicio que depende de la mencionada empresa, y que aquí no se ha abordado porque se procura resolver de manera precisa las dificultades de abastecimiento de agua potable. Actualmente, en la Primera Región existen más de 4 mil pozos sépticos, generadores naturales del cólera. Por esta razón, aprovechando la presencia del señor Ministro de Economía subrogante, quisiera dar a conocer nuestro anhelo de contar a la brevedad con un proyecto tendiente a resolver la carencia de alcantarillado en poblaciones donde también falta agua potable y cuyos habitantes son los más expuestos a contraer el cólera.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, creo que se han hecho presentes todos los antecedentes sobre el proyecto. Sólo cabe insistir en que su propósito básico consiste en establecer un mecanismo que permita que el subsidio llegue a la gente que lo necesita. El problema que enfrentamos hoy día es la cantidad inmensa de beneficiarios potenciales que no tienen acceso a la franquicia. Ese es el problema.
Las intervenciones anteriores me ahorran exponer mayores comentarios, salvo uno acerca de un punto todavía en discusión: la atribución dada a las empresas de agua potable para que, sobre la base del acuerdo de los beneficiarios potenciales, tramiten la solicitud del subsidio, el que finalmente -como ha quedado claro- otorga la municipalidad. Se trata de una fórmula que en este momento es indispensable para dar eficacia al proyecto. Por lo tanto, no veo razón alguna para no conceder esta opción a los posibles beneficiarios.
Todos los señores Senadores coincidirán conmigo en que uno de los problemas más graves que aquejan a los sectores pobres del país radica en la falta de información, incluso, acerca del tipo de beneficios o de derechos que les corresponden. Esa es una deficiencia real que tendremos que ir resolviendo con el tiempo. Este procedimiento, que los eventuales destinatarios no están obligados a utilizar, será indispensable para conseguir el objetivo de ampliar la cobertura del subsidio de 15 por ciento al ciento por ciento. Porque, no obstante preverse recursos para beneficiar a sectores pobres, no les están llegando por imperfecciones en los mecanismos de acceso al beneficio. Por lo tanto, reitero -lo planteé en la Comisión de Hacienda- que este mecanismo es muy importante para que la ley cumpla su propósito.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, sólo quiero agradecer al señor Ministro de Economía subrogante su muy favorable acogida a la indicación de Senadores de Renovación Nacional, formulada ayer en la Comisión de Hacienda, en orden a incorporar, como otra excepción, a grupos familiares, con lo cual se resuelve la situación de los allegados. Así otorgaremos un nuevo auxilio a los sectores de escasos recursos, permitiendo una más objetiva focalización del proyecto, que votaremos favorablemente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Quiero referirme en forma muy breve a algo que considero importante -las tarifas-, que afecta a los sectores de menores recursos.
El artículo 2o de la ley que fijó el sistema tarifario contiene un punto fundamental y que deseo destacar.
Las tarifas que fija el Ministerio, de Economía son las máximas. Por consiguiente, ante el sistema que se acaba de incorporar, las empresas de servicios de agua potable y alcantarillado tienen la responsabilidad ante la comunidad de ser eficientes -y espero que próximamente conozcamos el resultado de su gestión durante el último tiempo-, porque es la única manera de que la alarma y el malestar existentes en la actualidad por el alza de los valores que cobran por la prestación de sus servicios se vean reducidos en el futuro. Reitero: el Ministerio de Economía fija tarifas máximas, pero eso no significa que las empresas necesariamente deban aplicarlas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Seré muy conciso, porque ya nos hemos referido al tema, no sólo en esta ocasión, sino con motivo del proyecto sobre concesiones que conocimos la semana pasada.
La bancada radical-social demócrata planteó al Gobierno una normativa completa que flexibiliza la totalidad del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, de Obras Públicas; de manera que no vamos a profundizar en algunos aspectos ya hechos presente.
Sólo queremos señalar, primero, que no conocemos el texto refundido de Hacienda y Economía -creo que en este momento se está poniendo a nuestra disposición-, y segundo, que nuestro Comité tampoco fue consultado acerca de su redacción. Pero, no obstante eso, dada la importancia del tema, en vez de pedir postergación del debate u otra medida, concurriremos a aprobar la iniciativa. Eso sí, señor Presidente, deseamos aclarar que lo hacemos en el entendido de que se trata de una iniciativa de emergencia cuyo objeto es resolver la situación de grandes mayorías necesitadas del país.
Sin embargo, observamos que no se considera a un sector también relevante de la ciudadanía -la clase media (bastante postergada) y el resto del pueblo chileno- al cual tenemos que buscarle alguna otra solución.
Insistiremos en el proyecto que tanto el Honorable señor Navarrete como el Senador que habla y la totalidad de la bancada radical-social demócrata enviamos al señor Presidente de la República. Al menos, tenemos que flexibilizar el decreto con fuerza de ley N° 70.
Nada se ha dicho en esta oportunidad -quisiera escuchar la opinión del señor Ministro presente en la Sala- en cuanto al sistema de reajustabilidad semestral que fija dicho cuerpo legal. Espero que el reajuste correspondiente a junio sea suspendido por las autoridades respectivas.
Por las consideraciones expuestas, anuncio que los Senadores del Comité Radical-Social Demócrata aprobaremos el proyecto en debate.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, en el transcurso del debate hemos podido ir recogiendo algunas observaciones que nos parecen importantes. Dado el hecho de que queremos despachar este proyecto en forma rápida, a fin de abocarnos al despacho de los relativos a Estatuto Docente y a negociación colectiva, con Senadores de Renovación Nacional y la Honorable señora Feliú hemos llegado a un acuerdo consistente en otorgar a los prestadores del servicio la facultad transitoria --hasta el 31 de diciembre de 1991- de recepcionar los antecedentes y de presentarlos a las municipalidades, tal como sugería el proyecto original del Ejecutivo.
En este momento hago llegar a la Mesa la indicación que presentamos, y de esa manera el proyecto podría tratarse sin la formulada -que retiraría- por la Honorable señora Feliú.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
Ha llegado a la Mesa una indicación del Honorable señor Hormazábal para agregar, en el texto refundido de las Comisiones de Economía y Hacienda, en vez del artículo 3o bis, que se rechazaría, el siguiente artículo .6° transitorio final: "No obstante lo dispuesto en la letra c) del artículo 3o, se faculta, hasta el 31 de diciembre de 1991, a los prestadores del servicio para que, en representación de usuarios residenciales, y sin costo para éstos, recepcionen postulaciones y las presenten a la Municipalidad correspondiente a la dirección de la propiedad en que habitan los usuarios.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, efectivamente, de acuerdo con lo planteado en esta Sala y con lo conversado con los señores Senadores, quedaría retirada la indicación presentada por la Senadora que habla y por dos señores Senadores integrantes de nuestro Comité, en lo tocante a la modificación al artículo 2° del proyecto, no así con relación a la formulada para suprimir el artículo 3o transitorio, porque esa norma debe eliminarse y reemplazarse por el nuevo texto propuesto para el artículo 6o transitorio.
En todo caso, en la indicación leída debe sustituirse el término "recepcionen" por "reciban", por ser más correcto.
En consecuencia, señor Presidente, estaríamos de acuerdo en cuanto a suprimir el artículo 3o bis propuesto y aprobar la redacción sugerida para el 6o transitorio, con el reemplazo de la expresión señalada. He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Sólo quiero señalar que me abstendré. Yo no concurrí al acuerdo por estimar que no hay razón para hacer temporal la opción dada a los beneficiarios. Creo que debemos legislar en el sentido de dar facilidades a la gente para tener acceso a los beneficios que otorga el Estado.
No deseo postergar más el trámite de este proyecto. Por lo tanto, anuncio que no rechazaré la indicación, sino que me abstendré.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para suprimir el artículo 3o bis y agregar un 6o transitorio --ya leído-, con la abstención del Honorable señor Gazmuri?
Acordado.
Queda aprobado en general y particular el proyecto.
-------------------
El señor VALDÉS (Presidente).-
Correspondería abocarse al despacho de la iniciativa que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes. Se ha solicitado a la Mesa alterar el orden de la tabla a fin de seguir debatiendo en general el proyecto sobre Estatuto Docente.
El señor DÍEZ.-
¿Cuándo vence la urgencia del primero?
El señor CANTUARIAS.-
El 3 de mayo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Exactamente.
El señor DÍEZ.-
Entonces, tenemos que despacharlo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí, no cabe la menor duda.
Consulto si esa iniciativa podría tratarse después de terminar la discusión y votación del Estatuto Docente.
El señor LAVANDERO.-
Fue aprobada por unanimidad, señor Presidente, y podríamos aprobarla sin debate.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Reitero: solicito el acuerdo de la Sala para hacer el cambio indicado.
El señor PALZA.-
Hay acuerdo, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS.-
Sí.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Acordado.
En consecuencia, nos daríamos tiempo al final de esta sesión para discutir el proyecto que modifica la ley que fija disposiciones permanentes sobre sismos y catástrofes, que es sencillo.
ESTATUTO DOCENTE
El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la discusión general del proyecto sobre Estatuto Docente.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31a, en 9 de enero de 1991.
Informes de Comisión:
Educación, Trabajo y Hacienda, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.
Discusión:
Sesión 46a, en 23 de abril de 1991 (queda pendiente la discusión).
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se encuentra inscrito para intervenir el Honorable señor Pacheco.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, señores Senadores, es necesario enfrentar los desafíos de la realidad educacional chilena de una manera especial. Ayer, la preocupación principal fue hacer crecer la cobertura de la enseñanza. Hoy, es necesario incentivar la calidad y la equidad en la educación de nuestro país.
La educación prebásica, básica y media manifiestan problemas en la calidad y nivel de los aprendizajes que en ellas se obtienen y en la persistencia de situaciones de desigualdad en la distribución de sus beneficios entre los diversos sectores de la población.
Existe consenso general en que la atención a los problemas de la calidad y equidad en la educación debe constituir el eje central de la política educacional del Gobierno y debe inspirar la colaboración del sector privado en la enseñanza. A este efecto, la Administración está empeñada en diversos planes e iniciativas que atacan el problema desde diversos ángulos.
La función docente tiene un conjunto de peculiaridades de las que no ha dado cuenta suficientemente la legislación, no obstante que el anterior Estatuto Administrativo -decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960- se vio obligado a dedicarle un título especial; que en 1978 se estableció por decreto ley una carrera docente de corta vigencia, y que en el Régimen anterior se dictó la ley N° 18.602, que pretendió -a nuestro parecer sin mucho éxito- reparar la falta de reconocimiento de las especificidades del trabajo docente, particularmente agravadas por el sometimiento de todo el profesorado a las normas generales de la ley laboral común.
Dentro de este marco, se hace absolutamente necesario enfrentar los problemas que afectan a los educadores, ya que sin un mejoramiento de la condición docente ninguna política de elevación de la calidad de la enseñanza puede realizarse a plenitud, ni tampoco podría existir equidad en la educación nacional mientras persistan las fuertes desigualdades en la forma como la sociedad chilena retribuye el esfuerzo de los educadores. No debe olvidarse que el profesor de aula es el alma de cualquier sistema educacional.
Es así como el proyecto de ley sobre Estatuto Docente busca, en primer lugar, incentivar la profesionalizaron en el ejercicio de ¡a labor docente.
Un conjunto de situaciones -algunas históricas y de larga data J otras de origen más reciente- han dificultado la efectiva constitución del trabajo docente como profesión. A menudo, se le ha tratado como trabajo funcionario y como función técnico-operativa, en ambos casos con subordinación a decisiones políticas, administrativas o profesionales ajenas a la práctica docente misma. La depreciación profesional del trabajo docente ha sido uno de los factores que más ha contribuido al deterioro de la educación. La ley misma no ha contribuido a una definición profesional de la docencia y se ha orientado más bien a su inserción administrativa o la ha tratado como un trabajo asalariado sin especificidad.
El ejercicio de la profesión docente debe reunir en nuestro concepto las siguientes características:
1o) Dominio apropiado de la competencia técnica, sobre bases de conocimiento científico y teórico alcanzables sólo en una formación de nivel superior;
2o) Reconocimiento de la sociedad acerca del papel de interés público que cumple la profesión y las consiguientes retribuciones de orden simbólico y material;
3o) Responsabilidad de los miembros de la profesión respecto a su desempeño en el campo que la sociedad les confía, y
4o) Autonomía en el ejercicio de la función, a partir de la confianza en la competencia adquirida y en constante perfeccionamiento, dentro del marco de las disposiciones legales, y de lo establecido en los proyectos educativos de los respectivos establecimientos educacionales.
En concordancia con lo anterior, la iniciativa en debate establece el perfeccionamiento docente como instrumento esencial para asegurar una buena prestación del servicio docente. Instituye también diversas formas de participación, las cuales involucran a los profesionales de la educación, a los padres y apoderados, y a la propia comunidad, a través de mecanismos como los Consejos Provinciales de Educación, los cuales incentivan la preocupación social por el quehacer educativo, dentro de la concepción de que ésta es una tarea de todos.
El Estatuto reconoce, clarifica y estimula la existencia y el desarrollo de los sectores educacionales "público" o "municipal" y "privado" o "particular", dando al trabajo docente que en éstos se realiza, una regulación jurídica acorde con la racionalidad institucional de cada uno de ellos. Por esto se establece una "carrera docente" para el primer sector, y un "contrato docente", para el segundo. Esta regulación jurídica armoniza el ejercicio de la libertad de enseñanza con el rol activo del Estado en el quehacer educacional.
En el sector municipal, esto se garantiza por medio de una "carrera docente" de carácter nacional y comunal a la vez, construida a partir del concepto de dotación del artículo 27 de este proyecto de ley. A dicha carrera se accede por concurso público de antecedentes, y se egresa de ella sólo por causa legal. Es una carrera de carácter comunal, por cuanto se ingresa a una dotación comunal y a un establecimiento de una comuna a la vez. Sin embargo, se trata también de una carrera de carácter nacional, con una remuneración básica mínima para cada nivel y con asignaciones válidas ante todas las municipalidades del país.
Además, los departamentos provinciales de educación tienen la atribución de objetar la fijación y adecuación de las dotaciones del sector municipal, cuando ellas se hagan en contravención a los parámetros técnicos señalados en este proyecto. El mecanismo de objeción del artículo 30 está diseñado de tal manera que no burocratiza ni rigidiza la administración educacional; pero evita arbitrariedades en ésta.
En cambio, en el sector particular este punto se encuentra garantizado por el contrato docente, especialmente por disposiciones como la del artículo 70, el cual establece una indemnización adicional especial para desincentivar los despidos injustificados durante el año laboral docente.
Por otra parte, el Estatuto mejora las situaciones remuneracionales más deterioradas de los profesionales de la educación, introduciendo la remuneración básica mínima nacional, la cual es complementada con un sistema de asignaciones en el sector municipal y con el mecanismo de la negociación colectiva en el sector particular.
El sistema tiene como punto de partida la remuneración básica mínima nacional, la que es el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica fijado por la ley por el número de las horas docentes por las cuales se haya designado o contratado a cada profesional de la educación. Dicha remuneración beneficia a todos los docentes del país.
En el sector municipal, sobre dicha remuneración se fijan cuatro asignaciones: la de experiencia, la de perfeccionamiento, la de desempeño difícil y la de responsabilidad docente directiva y técnico-pedagógica. Las dos primeras son de carácter permanente y constituyen la columna vertebral de la carrera docente. La de experiencia implica un incremento del ciento por ciento de la remuneración básica mínima nacional a los 30 años de servicio, mediante un sistema de bienios. La de perfeccionamiento puede significar un incremento de hasta un 40 por ciento por sobre la remuneración señalada.
El Estatuto busca, además, disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de calidad óptima. Por ello establece una asignación de desempeño difícil, la cual incentiva remuneracionalmente el trabajo docente en establecimientos de lugares marginales o aislados, mediante un incremento de hasta un 30 por ciento de la remuneración básica mínima nacional. Esta asignación beneficia tanto a los profesionales de la educación del sector municipal, como a los del sector particular subvencionado.
Se concede también un beneficio de carácter previsional, para facilitar la jubilación de profesores con más edad y con más años de servicios, con el objeto de que se genere una mayor movilidad en el conjunto del sistema.
Por último, los beneficios económicos que este Estatuto establece se otorgarán gradualmente, conforme a las escalas señaladas en el articulado transitorio. Así se compatibilizan dichos beneficios, necesarios y urgentes, con las limitaciones del erario.
Los objetivos del proyecto de ley sobre Estatuto Docente pueden sintetizarse en lo siguiente:
1o) Establecer una legislación especial estatutaria por la cual se regirá la profesión docente en el país;
2o) Definir lo que debe entenderse por profesionales de la educación;
3o) Incentivar la profesionalización en el ejercicio de la labor docente;
4o) Mejorar la calidad de la educación mediante la creación de condiciones profesionales laborales que faciliten un ejercicio más óptimo de la docencia y proporcionar una estabilidad laboral mayor que la actual, que sea compatible con la administración descentralizada, flexible y responsable de los establecimientos educacionales;
5o) Mejorar las situaciones remuneracionales más deterioradas de los profesionales de la educación;
6o) Señalar qué profesionales de la educación quedarán afectos a esta nueva normativa;
7o) Precisar quiénes no podrán ejercer labores docentes en el país;
8o) Establecer un mecanismo gradual para la aplicación de los beneficios económicos que la iniciativa establece en favor de los profesionales de la educación, y
9o) Disminuir las diferencias excesivas para acceder a una educación de carácter óptimo.
La Comisión de Educación, de la cual formo parte, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y luego de escuchar los planteamientos efectuados por el señor Ministro de Educación, el Colegio de Profesores y otras personas, aprobó en general la idea de legislar sobre la materia, por la unanimidad de sus miembros, en un informe de 180 páginas.
Me hago un deber, señor Presidente, en dejar constancia del trabajo extraordinario realizado por la Secretaria de la Comisión, señora Ana María Jaramillo Fuenzalida.
En mérito de todo lo expuesto, solicito al Honorable Senado se sirva aprobar en general el proyecto de ley sobre Estatuto Docente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, señores Senadores:
La dictación de nuevas normas legales sobre Estatuto Docente pretende consolidar la dignificación de la labor docente en el marco de la preservación de los derechos constitucionales de las instituciones y las personas.
Los Senadores de Renovación Nacional analizamos la nueva normativa propuesta por el Ejecutivo bajo la perspectiva de asignar mejores oportunidades a todos los niños chilenos ante la educación, de reforzar el papel subsidiario del Estado en la misma y de resguardar la libertad de enseñanza.
Chile muestra grandes avances educacionales: el analfabetismo es apenas del 5 por ciento; la población mayor de 14 años de edad ha logrado más de 8 años de estudio promedio, y existe cobertura total de enseñanza básica. Muy pronto estaremos cerca de alcanzar también cobertura total en la enseñanza media; más de tres cuartas partes de la población correspondiente ya asiste a clases en este nivel.
Esta realidad se ha logrado con el apoyo subsidiario del Estado a través de un sistema de financiamiento por alumno atendido y la entrega de la administración a las municipalidades y particulares. La participación creciente de entidades privadas subvencionadas en la entrega del servicio educacional representa en la actualidad atender un 40 por ciento de la oferta frente a un 15 por ciento en 1980.
Para consolidar estos logros, estimamos fundamental el fortalecimiento del papel del profesor en el proceso educativo, el afianzamiento de una gestión municipal independiente y un flujo de recursos en permanente incrementos, tanto mediante la subvención fiscal como el fomento de las modalidades de financiamiento compartido.
Por tales razones, los representantes de Renovación Nacional hemos expresado nuestra voluntad de promover incrementos reales en las rentas de los profesionales de la educación.
El proyecto de Estatuto Docente no significará notorio mejoramiento real de remuneraciones para los profesores, porque:
-A pesar de fijarse una remuneración mínima, en la actualidad la gran mayoría de los profesores reciben sueldos superiores y pueden negociar con su empleador los mejoramientos.
-El Gobierno quiere limitar a los profesores del sector privado la posibilidad de negociación colectiva, con lo cual perderían su capacidad para obtener mejores rentas y condiciones más favorables de trabajo.
-Los profesores del sector municipal también tienen en general rentas superiores a la mínima establecida, y sus asignaciones.
Con el objeto de asegurar que las aspiraciones del profesorado puedan, efectivamente, hacerse realidad, Renovación Nacional ha promovido varias iniciativas en tal sentido.
Junto con insistir ante las autoridades acerca del cumplimiento del compromiso adquirido con ocasión de la reforma tributaria, consistente en otorgar un reajuste extraordinario de la subvención, que estimamos debe alcanzar al 14 por ciento, se hace un urgente llamado al Gobierno para que disponga de un mayor financiamiento para la educación.
Para concretar lo anterior, es necesario que se restablezca un sistema de reajustes periódicos de la subvención -suprimido a fines del año pasado-, y que se otorguen reajustes extraordinarios de la subvención en un plan de cuatro años, para todos los colegios subvencionados, sin discriminación alguna.
Estimamos que la consolidación del sistema subvencionado requiere de una política clara y estable en cuanto al financiamiento de la educación a futuro.
Con el fin de dar estabilidad laboral al profesorado, consideramos indispensable que todos los docentes, tanto del sector particular subvencionado como del municipal, se rijan por las normas del Código del Trabajo, y extender a todos ellos el derecho a negociar con sus respectivos empleadores, tanto sus mejoramientos de remuneraciones como las condiciones de trabajo y otras materias que sean de su interés.
La propuesta del Ejecutivo de sacar del régimen laboral privado a los profesores del sector municipal les significa perder diversos beneficios que en la actualidad poseen. Entre los más importantes:
-Los 5 años de indemnización por el solo hecho del cambio de régimen. (El Código señala 11 años; en cambio, como funcionarios municipales, les corresponderían sólo 6).
La posibilidad de incorporarse a mutuales de seguridad y a cajas de compensación para los efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo y otros beneficios sociales.
-El pago de horas extraordinarias - que se limitan-, ya que en el régimen privado éste es un derecho adquirido. En el régimen funcionario, en cambio, depende de la disponibilidad de recursos y en la práctica no se cumple.
-El derecho a negociar colectivamente, lo que implica eliminar la posibilidad de conseguir, mediante convenios colectivos, fórmulas de reajuste de remuneraciones, de pago de horas extraordinarias y de cancelación de los primeros días de las licencias médicas, como también la posibilidad de plantear diversas otras materias relacionadas con las condiciones de trabajo.
Consideramos de toda justicia otorgar a todo el personal traspasado a las municipalidades la imponibilidad total de sus remuneraciones. Renovación Nacional propuso incluir esta materia en las disposiciones del artículo 1o transitorio del proyecto durante la discusión habida en la Honorable Cámara de Diputados.
Este problema debe ser resuelto respecto, no sólo de los docentes que optaron por el sistema previsional del sector público, sino también del resto del personal traspasado (aun de los no docentes) que optó por la misma alternativa y de todos los que, estando en administradoras de fondos de pensiones, todavía tienen esta limitación.
Lo anterior significa que tanto los docentes como el personal administrativo y auxiliar que optaron por el régimen previsional antiguo podrán obtener una jubilación digna, y que quienes están en una AFP verán mejorados sus fondos previsionales y, con ello, sus futuras pensiones.
Junto con defender los derechos laborales de los profesores, hemos rechazado sistemáticamente todas las normas de la iniciativa en debate que amenazan los derechos constitucionales de los padres de familia (el derecho a la educación), la libertad de enseñanza y la libertad de gestión de los sostenedores de la educación.
En particular, nos hemos opuesto a:
-La incorporación del sector particular pagado que no recibe apoyo del Estado.
-Las injerencias que, sistemáticamente y por distintas vías, se propone que tenga el Ministerio de Educación en la gestión de los colegios municipalizados (veto a la fijación de dotaciones e intervención en los concursos, entre otras).
-La eliminación expresa de entidades que actualmente entregan educación, como en el caso de las corporaciones privadas creadas por las municipalidades.
-La amenaza encubierta para el sector particular subvencionado, en cuanto no se asegura el financiamiento que permita responder a las expectativas de mejores remuneraciones para los profesores.
Tenemos la convicción de que la mejor forma de resguardar los derechos constitucionales sobre las libertades de educación y de enseñanza consiste, precisamente, en consolidar un sistema educativo descentralizado, donde la administración del Estado debe: velar por su mejor funcionamiento, sin intervenciones discrecionales; asignar los recursos necesarios para garantizar a todos los chilenos el acceso a una educación de calidad creciente; otorgar un trato igualitario a quienes participan en la educación subvencionada, y entregar reglas del juego claras y estables en el tiempo, de manera tal que el sistema pueda consolidarse y perfeccionarse.
Quiero informar que la Comisión de Educación finalizó el estudio del proyecto el sábado 23 de marzo; que, sin embargo, el Gobierno repuso el artículo 1o transitorio recién el miércoles 17 de abril, y que ayer 23, exactamente un mes después de aprobado el articulado permanente y transitorio, fueron presentadas ante la Comisión de Hacienda las indicaciones que resuelven el problema de financiamiento.
Con todo, permanece aún pendiente la asignación de zona, de particular interés para los profesionales de la educación que laboran en las regiones extremas del país. Esperamos que el Ejecutivo la incorpore por la vía de la indicación en la iniciativa sobre la nueva ley de subvenciones.
Estos antecedentes demuestran la lentitud con que el Gobierno de la Concertación ha puesto a disposición del Congreso Nacional elementos fundamentales para el debate y aprobación del proyecto en estudio.
Por lo expuesto, descalifico las denuncias públicas formuladas a través de los medios de comunicación nacionales en cuanto a que los Senadores de Oposición habríamos usado medidas dilatorias para retardar el despacho de la iniciativa.
Por último, manifiesto el especial interés que motiva a los Senadores de Renovación Nacional por que los profesionales de la educación alcancen una condición de alta dignidad, respeto y satisfacción en la noble función que cumplen en la comunidad nacional, interés que expresaremos a través de nuestros votos favorables a la aprobación en general del proyecto.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, señores Senadores, existe en el país un alto grado de consenso respecto del estado crítico en que se encuentra el sistema educacional. Asimismo, se reconoce unánimemente que uno de los elementos generadores de tal situación está conformado por las condiciones en que se ejerce la función docente. En efecto, los graves problemas de inestabilidad laboral, la falta de programas de capacitación y el insuficiente nivel de remuneraciones que afectan al profesorado son factores determinantes de su precario desempeño y rendimiento, al mismo tiempo que hacen estéril cualquier esfuerzo encaminado a mejorar la educación nacional.
Por ser el eje central de la política educacional del Gobierno y de los Partidos de la Concertación elevar la calidad de la enseñanza y reducir las desigualdades existentes en ella, el mejoramiento de las condiciones de la docencia constituye un primer paso, indispensable para la prosecución de dichos objetivos.
El proyecto que debatimos en esta oportunidad apunta en esa dirección: contiene un conjunto de normas que configuran un estatuto jurídico de la función docente; asigna a la actividad de enseñar la categoría de profesión, y regula su ejercicio considerando sus especiales características laborales, de manera de permitir el máximo desarrollo de las potencialidades del profesor.
Al mismo tiempo, consulta diversas compensaciones para paliar el deterioro importante que ha venido sufriendo ese sector del país en los últimos años, principalmente en materia de remuneraciones. De esa forma, se reconoce la deuda que la sociedad chilena mantiene con el magisterio.
Las disposiciones contenidas en el Estatuto Docente se aplicarán a todo el profesorado de la nación, sin distinciones; es decir, ellas beneficiarán a los profesionales que prestan servicios en establecimientos de la educación prebásica, básica y media, tanto municipalizados como particulares, reconocidos oficialmente, así como a aquellos que se desempeñan en la educación técnico-profesional, administrada por corporaciones privadas sin fines de lucro.
Para los efectos de salvaguardar la adecuada formación profesional del personal docente, se establece el requisito de poseer un título de profesor o educador otorgado por un instituto de la enseñanza superior.
Igual preocupación se expresa respecto del perfeccionamiento del profesorado, al señalarse que ello constituye un derecho y una obligación del docente. Es así como se garantiza su acceso gratuito a sistemas de capacitación permanente y se incentiva su interés a través de asignaciones que elevan el nivel de ingresos.
Con el propósito de contribuir a la dignificación profesional de la docencia, el Estatuto asegura al profesor autonomía en el ámbito de su desempeño, la que podrá ejercerse en los procesos de planeamiento y evaluación del aprendizaje y otras instancias de su función.
Al mismo objetivo obedece el reconocimiento de su derecho a participar en la gestión académica de los establecimientos. En ese aspecto, el Estatuto responde a una concepción moderna y dinámica de la administración de los procesos educativos; reconoce la complejidad de la función, y abre posibilidades para una labor de gran relevancia individual a través de la participación responsable y autónoma de los docentes, tanto en el conjunto de los procesos que tienen lugar en la unidad educativa, como en la proposición de políticas de administración del sistema en los niveles comunal, regional o nacional.
No cabe duda de que el ejercicio de tales atribuciones, orientado y motivado adecuadamente, contribuirá a devolver al profesorado su autoestima y confianza, favoreciendo su desarrollo profesional y una relación más integrada con los restantes actores del proceso educativo.
En relación con las nominas de carácter laboral, cabe destacar aquellas que se orientan a la conformación de la carrera docente. Ellas regulan el ingreso, ascensos y egresos; consagran la estabilidad y norman la noción de dotación docente, y, además, establecen disposiciones sobre la jornada de trabajo, feriados legales y vacaciones.
En materia salarial, el Estatuto reconoce al docente el derecho a percibir una remuneración básica mínima, que le asegure un nivel adecuado de ingreso, susceptible de acrecentarse mediante un sistema de asignaciones concebidas para mejorar la calidad docente.
Esas normas representan un mejoramiento efectivo y real de las condiciones económicas del magisterio. Como consecuencia de ellas, en el presente año, un tercio de los profesores del país aumentarán sus ingresos en forma significativa (en especial los del área particular subvencionada, que fueron los más afectados en los últimos años). Y una vez que se complete el proceso de gradualidad, de cuatro o cinco años, previsto para la puesta en plena vigencia del sistema de asignaciones, el 80 por ciento del magisterio habrá mejorado sus remuneraciones en un promedio de 30 por ciento.
El esfuerzo financiero que representa para el erario el otorgamiento de los aumentos contemplados en el Estatuto es considerable.
No obstante ello, honestamente, cabe reconocer que no se han recogido todas, las legítimas demandas de carácter económico formuladas por sectores del profesorado. Satisfacer en su totalidad esas justas aspiraciones habría significado más que duplicar el actual presupuesto de educación, posibilidad que no se aviene con las condiciones que vive el país ni con los múltiples otros requerimientos de tipo social que debe atender el Estado, especialmente en materia de salud, vivienda y marginalidad.
Debe tenerse presente, además, que el aporte de recursos públicos al financia-miento del sistema educacional sufrió reducciones muy drásticas entre 1981 y 1990: de 301 mil millones de pesos a 206 mil millones, en valores constantes, situación que no puede ser revertida en el corto plazo y que imposibilita la inmediata acogida de todas las reivindicaciones históricas del magisterio.
Existen, también, importantes aspectos que preocupan al profesorado nacional. Y han sido objeto de planteamientos específicos, acordados en días recientes por la Asamblea Regional del Bío-Bío del Colegio de Profesores. Entre ellos, figura la reposición del artículo 1o transitorio, incluido en el Mensaje. A petición de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el Ejecutivo accedió a patrocinar esa iniciativa, atendidas las razones de equidad que la justifican.
Otros planteamientos, tales como el monto base, su reajustabilidad y la gradualidad del sistema de asignaciones, igualmente constituyen demandas que se justifican y que no podemos desconocer.
Al respecto, debo señalar que compartimos las inquietudes que manifiestan los profesores de la Octava Región. Y lo que hoy hacemos es dar un primer paso, de trascendental importancia, para solucionarlas, considerando el hecho de que, al mismo tiempo, tenemos que hacernos cargo, en forma responsable, de la realidad y urgencias de tantos otros sectores de la sociedad igualmente postergados por muchos años, máxime cuando el proyecto de Estatuto Docente que debatimos esta tarde contribuye, en su conjunto, a mejorar substancialmente las condiciones en que hoy se desenvuelve la función educacional. Estamos conscientes de que no resuelve los problemas globales de la enseñanza nacional, porque ese cometido excede el alcance que corresponde a un cuerpo legal de su naturaleza. Sin embargo, estamos seguros de que sí contribuirá de manera significativa a elevar la calidad de la enseñanza en nuestro país y permitirá iniciar la recuperación del sistema nacional de educación.
En la Región del Bío-Bío se perciben más fuertemente los efectos del deterioro que padece la educación en todo el país. La matrícula regional llegó, en 1990, a 402.856 alumnos, lo que representa una disminución de un 8,6 por ciento respecto de la cifra registrada en 1980. En el nivel básico la matrícula cayó en 17 por ciento, y en la educación de adultos, descendió en 46,7 por ciento, lo que equivale a 9.613 alumnos. En cuanto al nivel prebásico, la cobertura escolar alcanzó solamente a 23 por ciento.
Del resultado de las pruebas del SIMCE 89 se puede colegir que en la Región del Bío-Bío el sector más deprimido, en términos de calidad de la educación, es el municipalizado, con promedios inferiores a los observados en el país en todas las asignaturas evaluadas, equivalentes a 1,2 puntos por debajo del nivel municipal nacional y a 4 puntos inferior al nivel nacional total.
Otro aspecto altamente significativo es el relacionado con la tasa de analfabetismo que se registra en la Octava Región, la que alcanza a 8,8 por ciento, en circunstancias de que la tasa nacional es de 5,8 por ciento. Ello la sitúa entre las Regiones con más analfabetismo de todo el país.
Señor Presidente, las decisiones que atañen a la educación gravitan determinantemente en el desarrollo integral de las personas y del conjunto social. De ahí que sus lineamientos fundamentales y los principios que informan las políticas respectivas adquieran el carácter de asuntos de Estado, desbordando los ámbitos partidistas, y exijan un alto grado de consenso nacional.
El sistema educacional que enorgulleció a Chile en el pasado y lo colocó a la vanguardia del continente fue el fruto de las aspiraciones compartidas por la sociedad entera.
La mejor inversión de un país es la que entrega educación a sus hijos, porque los pueblos que se educan y cultivan son los que crecen, se desarrollan y tienen futuro.
Estoy cierto de que el proyecto de Estatuto Docente sometido a nuestra consideración responde ampliamente a esa exigencia, y, por eso, le doy mi aprobación.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el debate de este proyecto por una hora.
El señor CANTUARIAS.-
De acuerdo.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
A nuestro juicio, con el estudio del Estatuto Docente iniciamos hoy un debate sobre uno de los aspectos sustantivos que tendrán que estar presentes en el debate público nacional durante los próximos años, y que se refiere a los requerimientos que la sociedad plantea a su sistema educacional.
Los Senadores de estas bancadas nos alegramos, en primer lugar, de que este debate nacional parta con el propósito de un proyecto de ley que restablece algunos de los principios, de las conquistas y de las condiciones de trabajo básicos en el sistema educacional de cualquier país, que son los de los profesores, del magisterio.
Consideramos que éste es un primer paso que, dadas las condiciones del país, restituye, como se ha dicho, normas fundamentales vinculadas al perfeccionamiento y la carrera del profesor, y al contrato del docente subvencionado. Se inicia así un proceso -que consideramos indispensable- de recuperación de un nivel de sueldos y salarios compatibles con la dignidad de los profesores y con la importante función social que desarrollan en nuestro país.
Hablo de un debate "nacional", porque si algún área de la sociedad chilena se ha visto particularmente deteriorada durante los últimos 17 años, ésa ha sido, precisamente, la de la educación. Creo indispensable que se introduzcan rectificaciones de fondo en esto, porque lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos años es que el modelo económico-social que aplicó el Régimen anterior no consideró el papel fundamental de la educación en cualquier sociedad moderna. Y ésta no es una afirmación que tenga carácter ideológico; no hacemos una crítica por criticar, sino porque es indispensable que el país logre recrear un consenso nacional respecto de la importancia que, en la sociedad contemporánea, tiene el desarrollo de un sistema moderno de educación, especialmente de educación pública.
La cifra que dio ayer el señor Ministro subrogante del ramo evita cualquier comentario o disquisición: en el país, desde 1972 hasta 1990, el aporte de la sociedad al desarrollo de su sistema educacional bajó del 4,7 al 2,5 por ciento del producto geográfico bruto. Creo que ésta es la cuestión de fondo, que significa, no sólo una opción sobre la destinación de recursos económicos, sino, también, una preferencia por la visión de un desarrollo que no contempla dos de las mayores aspiraciones de una sociedad como la chilena, a saber, la equidad y una real y verdadera modernización.
Además de esta disminución de la importancia social del sistema educacional, se ha producido un segundo efecto perverso: el de su extrema discriminación. Porque aquí el sector más afectado del conjunto del sistema ha sido el de la educación pública que fue municipalizada -o "alcaldizada", como se ha dicho acá-, donde se destruyeron la noción de carrera docente y avances que nuestro país había ido consolidando desde el siglo XIX, y que fueron, sin duda, causas muy importantes del desarrollo económico-social que ha tenido Chile a lo largo de su historia.
Por tanto, se trata de reponer en el debate público una cuestión de la mayor importancia histórica, porque, en definitiva, el debate sobre la educación tiene que ver con el referente a qué sociedad queremos construir. Ese es el centro de la cuestión. Por una parte, una sociedad que destina recursos decrecientes al desarrollo de la educación se está condenando a no poder sostener, a finales del siglo, un proceso de modernización y de crecimiento permanentes. Por otra parte, si nuestra sociedad deteriora de manera significativa la educación pública, que es aquella a la que tienen acceso todos los ciudadanos, reproducirá en forma sistemática las condiciones de desigualdad social que caracterizan el panorama social de Chile.
Para no hacer sólo discursos, daré datos que, a mi juicio, son estremecedores y reflejan cuáles han sido las opciones sociales a este respecto:
En los últimos 8 años, la subvención educacional ha tenido un deterioro cercano al 60 por ciento de su valor. Hoy día, esa subvención alcanza -tanto para el sistema municipal cuanto para los sostenedores privados- a 4.300 pesos por alumno. En valores equivalentes a los del año 1981, ese monto debería, por lo menos, superar los 6.500 ó 6.600 pesos. Y es evidente que en un sistema educacional donde al sector más pobre de la sociedad se le asignan 4.300 pesos por estudiante, mientras en el sector privado, al cual sólo pueden acceder sectores restringidos de la sociedad, esa asignación es, por lo menos -tomando en cuenta lo que pagan los padres-, de 15 mil, 20 mil y hasta 30 mil pesos mensuales, se están reproduciendo las condiciones de desigualdad, y esto se vincula con opciones políticas y sociales muy de fondo.
Hay un problema de equidad que debemos restituir; hay un problema de modernización. Las experiencias chilena y universal indican que, sin un sostenido fortalecimiento del sector público de la educación, se construyen sociedades que no pueden desarrollarse plenamente y que reproducen la desigualdad social. Y eso es lo que se ha querido destruir -incluso como concepto- en nuestra sociedad, en esta suerte de frenesí privatizador que el país ha vivido durante los últimos años. Porque es evidente -no se trata de tener aquí una discusión mayor- la importancia que tiene el mercado en la asignación de los recursos económicos; pero también es cierto que un país no es un bazar. Por tanto, existen cuestiones que requieren de la iniciativa pública, de la iniciativa ciudadana, y uno de estos requerimientos sustantivos es el del sector de la educación.
En consecuencia, queremos, junto con esta discusión particular sobre el Estatuto Docente, reponer en el centro del debate nacional la importancia decisiva que tiene el fortalecimiento del sector público educacional, al margen de cuál sea la instancia pública que lo administre -central o municipal-, coexistiendo, por cierto, con un sector privado lo más desarrollado posible. Pero lo que garantiza la equidad y una cobertura suficiente, que asegure la modernización, es un sistema público de educación eficiente, con la extensión necesaria para que todos los sectores que carezcan de posibilidades de acceder a la educación privada tengan, desde la partida, condiciones de competencia en el mundo desarrollado.
Es la experiencia de nuestro país. Si algo hizo grande a Chile fue el inmenso impulso que dio al sector educacional nuestra sociedad en el siglo XIX, que desarrolló el liceo y la universidad públicos. Este país no haría progresado sin la calidad que tuvo su instrucción pública; no se habría democratizado la sociedad chilena sin la existencia -no sólo en Santiago, sino también en provincias- de un sistema público de educación, al cual podían concurrir los distintos sectores de nuestra sociedad.
Quiero decir, por ejemplo, que -especialmente en Regiones y en provincias- es alarmante el deterioro de la calidad de la enseñanza del liceo público, salvo algunas notables excepciones de liceos de larga tradición, como el Instituto Nacional -que ahora no se llama así, porque tiene un número-, u otros grandes liceos de Santiago.
Los muchachos que estudian en liceos en Molina, Curicó o Talca tienen posibilidades mínimas de ingresar a la universidad, y todo el sistema está hecho para el ingreso a ella.
Esta es, también, la experiencia de los países mas desarrollados del Norte, y, particularmente, de Europa. En todas las grandes democracias europeas el desarrollo ha sido consustancial con el hecho de que el Estado ha tenido un sistema de instrucción pública universal izado, moderno y eficiente. De ese modelo nos hemos alejado durante estos años.
Incluso en países desarrollados que tienen un modelo distinto, en que el sector privado prácticamente anula a la instrucción pública, como ocurre en Estados Unidos, hoy se discute a fondo esta cuestión. Y no es una casualidad, a mi juicio, que precisamente ése sea uno de los países desarrollados en los cuales hay mayores problemas sociales y donde un importante porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza, incluso en sociedades inmensamente ricas.
Insisto, por lo tanto, en que este aspecto se relaciona con la necesidad de construir una sociedad en la que haya equidad y efectivo desarrollo. Habría que agregar que si no tenemos un sistema moderno, enciente y con cobertura nacional, vamos a condenar al país a un modelo de desarrollo en que sólo se privilegie la exportación de materias primas. Y me parece que hay consenso nacional en el sentido de que, debido a la competencia internacional a que nos vemos expuestos y a la modernización de los procesos productivos, debemos propender a un tipo de desarrollo que requiere de un sistema de educación actualizado y eficiente; Y esta situación podemos apreciarla también, cada día, tanto en el centro como en las Regiones. Puedo mencionar, por vía ejemplar, el caso de nuestra Región -incluso en la provincia de Talca-, donde tenemos serios problemas de cesantía. Y aparte éstos, ocurre que cuando se generan ofertas de empleos en sectores modernos, en la zona no se dispone de la mano de obra capacitada para acceder a ellos. Porque el sistema educacional no está orientado a producir capacidades productivas.
Quiero hacer estas reflexiones en el Senado por estimar que en torno de la discusión sobre el Estatuto Docente hay involucrados otros aspectos que van mucho más allá de la cuestión que hoy día debatimos, que es la calidad del estatuto de trabajo y de perfeccionamiento de los profesores del país. Y deseaba formular esta introducción porque, desde el punto de vista de los Senadores de estas bancas, la discusión de fondo, que hoy día recientemente iniciamos, sobre las profundas transformaciones que es necesario introducir en el sistema educacional está relacionada con un aspecto central de la sociedad que estamos dispuestos a construir durante el próximo período. Y me parece que respecto de estas materias deberíamos llegar a un consenso como el que tuvo Chile en el pasado, lo que le permitió precisamente estar en la base de muchos de los procesos de desarrollo que singularizaron al país en el concierto latinoamericano.
Debo decir que partimos desde un punto sumamente bajo, y ello obliga a que el esfuerzo tenga que ser, por tanto, particularmente intenso, porque para recuperar los niveles de inversión social en educación y equipararlos a los grados que tenían en 1972 tendríamos que aumentarlos en más de dos puntos del producto nacional. El país comprenderá que no se trata de una tarea que pueda lograrse en uno, dos o tres años. En consecuencia, nos encontramos enfrentados a un reto de carácter histórico, y me parece que no estoy exagerando los términos.
En cuanto al proyecto mismo, estimamos que constituye un avance en la medida en que restablece criterios fundamentales para que los profesores dispongan de perspectivas de desarrollo, de perfeccionamiento, de estabilidad, de movilidad nacional, y para que se inicie el proceso de recuperación de niveles dignos de salarios. Sabemos que, en lo tocante al mejoramiento de la situación salarial de los trabajadores de la educación y el magisterio, la propuesta de la iniciativa está bajo las expectativas de la mayoría de los profesores del país. Sin embargo, creemos que, en lo fundamental, eso es lo que la sociedad chilena hoy día está en condiciones económicas de realizar. Si se aprueba el proyecto, en cuatro o cinco años se alcanzará un mejoramiento sustantivo de tales expectativas, sin perjuicio de que el tema se discuta en los años sucesivos. Este año se está haciendo una inversión del orden de los 10 mil millones de pesos, que constituye un esfuerzo nacional considerable atendido el conjunto de desafíos sociales que enfrentamos. El costo total del proyecto al año 1995 será de 40 mil millones de pesos, lo que aproximadamente significa de 30 a 35 por ciento de aumento real. Se establecen de aquí en adelante mecanismos automáticos de reajustabilidad. En el proyecto que estudiamos en la Comisión de Hacienda se introducen modificaciones a la ley de subvenciones, que permitirán que la unidad se reajuste en un ciento por ciento conjuntamente con las alzas que se otorguen de acuerdo con la política de remuneraciones del sector público.
Quiero referirme ahora a dos puntos que han sido abordados en la discusión. El primero es el papel del Ministerio de Educación, lo que se relaciona con algunas cuestiones fundamentales, a mi juicio, para asegurar que este esfuerzo nacional tenga efectivamente este carácter. Se ha planteado que habría que entregar completamente a la gestión municipal la determinación de aspectos sustantivos que tienen que ver con el Estatuto Docente y, particularmente, con el problema de la dotación. Comparto el criterio del proyecto en el sentido de que ésta la fija, en primer lugar, la instancia municipal, pero es indudable que debe existir algún tipo de fiscalización, de control de esa dotación por parte del Ministerio, al cual el país ha encargado la misión de conducir la política educacional, sobre todo cuando se ha destinado al efecto gran cantidad de recursos públicos, que pertenecen a la nación y no a cada municipalidad. Por lo tanto, me parece que la intención de disminuir de manera impropia las facultades orientadoras -en su caso, fiscalizadoras- que competen a la autoridad nacional, es completamente incompatible con la idea de generar un gran proyecto nacional en el área de la educación. Creo que de esta manera no se capta en forma adecuada la necesidad -que nosotros compartimos- de que algunos aspectos de la administración educacional continúen en los municipios. La experiencia anterior indica que la absoluta atomización del sistema en 325 municipios es incompatible, no sólo con los requerimientos de la carrera docente y la dignidad del trabajo del magisterio, sino también con el desarrollo de un sistema nacional de educación pública, que debe ser descentralizada en su ejecución, pero que tiene que corresponder a un proyecto de carácter nacional. Y esto último supone la existencia de autoridades que, en un Estado democrático, deben tener funciones de regulación y de control. Y esas autoridades son el Presidente de la República y la Secretaría ministerial correspondiente, que es el Ministerio de Educación.
Finalmente, debo anunciar que los Parlamentarios de estas bancadas formularemos en la discusión particular diversas indicaciones al proyecto. Ellas, de acuerdo con la Constitución que nos rige, están limitadas a aspectos que no tengan que ver con su financiamiento, cuestión que, como todos los Honorables colegas saben, es atribución privativa del Ejecutivo, y estarán orientadas fundamentalmente a elevar la calidad de la participación del magisterio en la gestión del sistema educacional. Anuncio solamente que ésta será la orientación general de las indicaciones que los Parlamentarios de estas bancadas presentarán en la discusión particular del proyecto.
Por este conjunto de razones, vamos a votar afirmativamente la iniciativa en discusión.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, quiero expresar mi enorme satisfacción ante el hecho de que por fin hoy estemos tratando en el Senado el Estatuto Docente. Sin duda, al regresar a la democracia, nuestra obligación era, y es, abordar un tema que afectó de manera tan injusta a miles de profesores y a sus familias en los años de dictadura, ya que tal vez como ningún otro este sector fue tremendamente postergado y perseguido en ese período que hoy estamos dejando atrás.
Cuando se habla de una sociedad moderna, desarrollada y solidaria, quisiera entenderla como una sociedad donde se brinda especial atención a la educación. Se toman como ejemplo -y nos gustaría verlas en nuestro país- sociedades como la americana y la alemana.
Se ha querido tomar como modelo el concepto de economía social de mercado, pero sería conveniente poner atención, no sólo en lo que interesa, sino también en la forma como en esos países se considera y respeta a los profesores. Porque allí se entiende bien la necesidad de educar a los niños y jóvenes de modo integral, en la mejor forma posible, brindándoles conocimientos, permitiendo su desarrollo personal y psicológico, y dotándolos de las herramientas reales que les permitan incorporarse a la vida profesional y técnica, al mundo del trabajo, o formar familias con valores morales, con estabilidad emocional y psíquica.
Si pretendemos educar de esa manera debemos rodear a los profesores, que son los que tienen esta tarea en nuestra sociedad, de las mejores condiciones posibles. Ellos deben ser tratados en forma digna y justa, para que tengan tranquilidad, estímulos y reconocimiento a su labor. Muchas veces exigimos que los docentes siempre muestren buena cara, que tengan paciencia y que se presenten bien vestidos, pero ¿les proporcionamos lo mínimo como para que trabajen tranquilos y seguros?
Y no sólo me refiero a un respaldo económico, sino también a un reconocimiento de esa carrera, como sucede en los países desarrollados, donde un profesional de la educación es tan considerado y respetado como lo es cualquiera persona que tenga otra profesión.
No debemos preocuparnos, sin embargo, únicamente de los planes de estudios o de los currículos, sino también de brindar las comodidades mínimas para que los profesores puedan ejercer su ministerio decentemente. Abisma la pobreza de las salas de clases, la falta de materiales y la inadecuada alimentación complementaria que damos a tantos niños chilenos.
No puedo dejar de pensar en aquellos que trabajan en zonas aisladas, en el campo, en la precordillera, en las zonas extremas del país, en los pueblos limítrofes donde la vida es dura y difícil.
Deploro, sin duda, que esta ley no haya sido despachada el año pasado. Cada bancada debe asumir su responsabilidad, y la opinión pública tiene un juicio ya formado al respecto. Pero también es cierto que las Comisiones, tanto de la Cámara como del Senado, han trabajado con gran esfuerzo, y allí se han escuchado las opiniones de las autoridades de la educación -empezando por el señor Ministro-, de decanos universitarios, de representantes del campo administrativo no docente, de representantes y dirigentes del Colegio de Profesores, de alcaldes de diferentes localidades y regiones del país, etcétera.
Este Estatuto -así lo entiendo- es un primer e importante paso. Sé que hay frustraciones, y aspiraciones y demandas que hoy no fue posible satisfacer, pero indudablemente que seguiremos trabajando para perfeccionarlo, mejorarlo y acoger inquietudes legítimas. Por ejemplo, quisiera referirme a la de las educadoras de párvulos. Todos sabemos que los primeros años de la vida de un niño son fundamentales, y que una socialización adecuada, la adopción de hábitos, pueden marcar y condicionar su vida futura. Por lo tanto, en un próximo futuro presentaremos indicaciones para que ésa profesión se reconozca con la misma dignidad e igualdad de las otras involucradas en el área educacional.
Pretendemos, asimismo, que en los planes educacionales se consideren las realidades regionales y que la educación ponga énfasis para que en ellos se valore la Región respectiva. Debe tenerse especial cuidado en la conservación de las lenguas propias, en las costumbres de los pueblos y en incentivar, a través de la educación, el amor por la tierra natal y su realidad. No quisiera nunca más volver a ver -lo he comprobado en los pueblos del interior del norte chileno- como a los niños se les enseña inglés y francés y se les hace olvidar su lengua materna.
La verdad es que quisiera que tantas esperanzas de la familia chilena, de los profesores, en el campo educacional, se transformaran hoy en realidades. Pero, como dije, se trata de un primer paso para construir la patria justa y buena que todos anhelamos.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ-- Señor Presidente, el artículo 10 transitorio original del Ejecutivo proponía otorgar la asignación por desempeño en condiciones difíciles a un máximo del 25 por ciento de los establecimientos educacionales del país. Este tema fue muy discutido en la Comisión, y por unanimidad se acordó eliminar ese tope y supeditarlo a una serie de circunstancias especialísimas.
En conversaciones con el señor Ministro de Educación se determinó que las disposiciones pertinentes dirían relación al cúmulo de las excepcionalidades; es decir, estuvo de acuerdo en acogerlas en el sentido de que cuando se junten varias condiciones de esa naturaleza podría sobrepasarse la barrera del 25 por ciento.
El artículo que consagra la asignación hace referencia al aislamiento, la marginalidad y la extrema pobreza. Puede que cuando alguno de estos factores lleve al porcentaje mencionado sea válido el criterio que se adoptó; pero el señor Ministro coincide en que cuando el aislamiento se asocie a la marginalidad, la extrema pobreza, e inclusive, la condición bilingüe de una población, el tope pueda ser sobrepasado.
Ahora, también quiero referirme, de modo brevísimo, a un asunto que fue largamente debatido, cual es el de los bienios versus perfeccionamiento y otros reconocimientos.
Quienes somos partidarios de los bienios argumentamos que corresponden a un hecho objetivo, pues los años pasan -y no pasan en vano-, y, yo diría, a una razón de tipo familiar. ¿En qué sentido? Me explico. Un joven profesor o una joven profesora a medida que transcurre el tiempo va adquiriendo nuevas responsabilidades, en especial de familia, pues se casa y tiene hijos, lo que indiscutiblemente irroga mayores gastos. El hecho de dar preferencia a los bienios -es decir, a la edad, respecto del perfeccionamiento- responde, en mi concepto, a esa realidad biológica y familiar. Es algo mucho más objetivo -dos años, cuatro años, seis años-; es una recuperación histórica. Todos los que fuimos funcionarios públicos y tuvimos el beneficio de los trienios sabemos que con el correr de les años significaban mayor renta. Los porcentajes señalados en el artículo pertinente indican que cuando una persona cumpla treinta años de docencia percibirá, adicionalmente el ciento por ciento de su sueldo, o sea, el doble.
La calificación por concepto de perfeccionamiento y, en especial, de idoneidad que se aplica al personal funcionario en algunos servicios -imagino que en Educación sucede algo similar- es un tanto subjetiva, y va a depender, en algunos casos, de las jefaturas correspondientes, o bien, en el de la docencia, de los directores de escuela, de los jefes de programa, o de quien fuere.
Por eso estamos con la proposición del Ejecutivo, sin desmerecer, por supuesto, la parte atinente al perfeccionamiento o a cursos, que bienvenidos sean. Pero el señor Ministro también demostró que este rubro significaba un aumento sustancial de las remuneraciones en el curso de los años, ante las posibilidades de tipo económico y los aportes que se proporcionan.
Otro punto que deseo tratar es el relativo a la ley N° 19.025. El actual Gobierno creó un mecanismo de reajustabilidad para paliar el grave deterioro de la unidad de subvención educacional, a lo cual ya hizo referencia el Honorable señor Gazmuri. Hay gráficos que demuestran claramente el enorme desmedro sufrido por ella en los últimos años, como Su Señoría lo expresó. Eso de alguna manera tiene incidencia, también, en el porcentaje del producto geográfico bruto destinado a Educación, que en 1982 llegó al 5,30 por ciento, y en 1989 a sólo el 2,74 por ciento, lo cual se vincula estrechamente con la calidad de la enseñanza y con los problemas inherentes al sistema educativo chileno.
Por último, deseo referirme a un asunto que, aun cuando no sea de nuestra incumbencia, quiero dejar planteado, de todas maneras: el reconocimiento de los años de servicio de los docentes.
El artículo 6o transitorio sólo reconoce a los profesores del sector municipal sus años de servicios en la educación particular desde 1980 en adelante, lo cual afecta a un número importante de maestros -exactamente 11.462-, con los perjuicios económicos inherentes. Se argumenta que sería un tanto difícil certificar la docencia de esos casi 12 mil profesores. Pero una proposición relativamente sencilla al respecto es la de que el Ministerio de Educación verifique las notas de fin de año y las firmas correspondientes. Creo que es justo que tantos antiguos profesores, en la medida en que se consideran los años en que se ha ejercido la noble tarea de la docencia, puedan ser incorporados de alguna manera a este beneficio que se otorga a todos los maestros de Chile. Reitero que ello sería de toda justicia.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERÓN.-
La Honorable señora Soto me ha pedido intervenir en mí turno, por lo que yo lo haré luego en el de ella.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, hubo en este país un Jefe de Estado visionario que acuñó un eslogan que rigió en su mandato: "Gobernar es educar".
La Educación era, a nivel oficial, un asunto prioritario, y los profesores de Chile, con vocación de maestros, prepararon a las generaciones que fortalecieron a la clase media.
Y esa clase media, hija de una concepción humanista de la enseñanza, dio nacimiento a una institucionalidad al servicio de los más desposeídos, y constituyó el impulso creador de un país que, aunque subdesarrollado, era considerado en el concierto de las naciones como un igual digno.
La mayoría de nuestros dirigentes políticos creció al alero de dicha concepción, en que el profesor procuraba la formación integral de la persona.
Hijos de esa enseñanza son nuestros grandes poetas, que nos dan gloria, como Neruda y Gabriela Mistral.
Mas, durante el Régimen pasado un grupo de jóvenes economistas dio un vuelco a la concepción histórica de la enseñanza, e imponiendo una política neoliberal, hizo proliferar en el país los colegios y universidades privados, lo que significó el despido de más de 15 mil profesores en dicho período, algunos de ellos muy próximos a obtener una jubilación.
Se produjo, asimismo, lo que los profesores denominaron -y ello aquí se ha señalado- la "alcaldización" de la enseñanza, que abrió una brecha entre municipios ricos y pobres, con lo cual se produjo una desigualdad irritante.
Todo ese proceso produjo una baja en la calidad de la enseñanza. Según estudios especializados, de los colegios municipales sólo cierto porcentaje de niños obtiene la capacitación para ingresar a las universidades. Y, de acuerdo con el SIMCE -esto es, el sistema de medición respectivo-, el resultado obtenido por los establecimientos privados es del 80 por ciento, y el de los municipales, sólo del 54 por ciento.
Por otra parte, el gremio del magisterio perdió su peso en la sociedad chilena, tanto en la formación de niños y jóvenes, como en su capacidad de influencia en aquélla.
Todo lo anterior motivó, que una de las prioridades del programa de la Concertación fuese la Educación, para restituirla en su nivel de dignidad, seguridad y perfeccionamiento.
El Ministerio del ramo elaboró el proyecto en análisis oyendo a los profesores especializados. Y, aunque la tarea no resultó fácil, terminó en la iniciativa que hoy conocemos, que hace justicia a los docentes al proporcionar estabilidad en el trabajo, al hacer posible que se nivelen equitativamente docentes de distintas municipalidades, y al corregir asignaciones por experiencia, perfeccionamiento, responsabilidad directa y técnico-profesional, además de una nueva, por desempeño en condiciones difíciles que se hallan especificadas.
Sabemos que las normas que hoy conocemos son aún insuficientes, pero constituyen un primer logro que nuestros profesores valoran.
Por otra parte, el Gobierno sabe que es necesario profundizar en esta materia, porque su filosofía es invertir en el capital humano, única manera de equilibrar la justicia social con el crecimiento del país.
Nuestra bancada votará favorablemente esta iniciativa en general, como se ha señalado; pero, a su vez, va a presentar diversas indicaciones.
Por mi parte, quiero acoger, al igual que la Honorable señora Frei, la inquietud expuesta por los profesores parvularios en el sentido de sustituir la expresión "prebásica" por "parvularia". Ello, porque desde 1929 hasta nuestros días se ha calificado a la educación parvularia como un nivel, una fase, un grado dentro del sistema, que responde a una función estatal.
Al efecto, podemos señalar que en 1948 se oficializa el proyecto acerca del programa de curso y el plan de estudios para la educación parvularia. En 1965, la reforma del sistema educacional la ubica como el primer nivel de éste. Y en 1970, la ley N° 17.301 crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que diseña las políticas y la supervigilancia de los mismos. Dicho cuerpo legal establece que sólo los educadores de párvulos formados por las universidades pueden desarrollar en esa actividad la labor que les es propia. Ello dice relación íntima a fundamentos biológicos y espirituales, y expresa, asimismo, criterios pedagógicos y orientaciones sociales.
Esa armonía se quiebra con la ley N° 18.962, de marzo de 1990, que introduce equívocas interpretaciones en cuanto a la integración del área parvularia al proceso educativo chileno y a la jerarquía académica.
El Estatuto Docente debe restablecer esa armonía, de modo que es necesario precisar que el artículo 1o del proyecto, en lo atinente a la relación laboral de los profesionales de la educación, comprende al educador de párvulos que se desempeña en las entidades empleadoras que señala.
La denominación "prebásica" abarca sólo uno de los tres grados que constituyen la enseñanza parvularia -el de transición-, con lo cual quedan fuera los de sala cuna y de nivel medio. Por lo tanto, entendemos que en la práctica se traduce en un menosprecio a los educadores de párvulos, e introduce un factor de desigualdad en el trato de la ley.
En ese sentido, el Estatuto Docente debe servir para dignificar también la carrera de educación parvularia y ubicarla en el nivel profesional que le corresponde. He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente a la Sala que el Orden del Día se halla prorrogado hasta las 13:45. Sin embargo, varios señores Senadores se han comprometido a asistir a una reunión con personeros del Banco Central, y seis de Sus Señorías se encuentran todavía inscritos para intervenir.
Como existe la necesidad de despachar hoy una iniciativa con "Suma Urgencia", además del dictamen solicitado por el Presidente de la República en lo atinente a la seguridad interior, del cual debemos ocuparnos en sesión secreta, la Mesa propone suspender en este momento el debate del proyecto que estamos tratando y continuarlo mañana.
El señor SULE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SULE.-
Aunque resulte poco ortodoxo, señor Presidente, sugiero a mis Honorables colegas que aprobemos de inmediato en general el texto en estudio, y que quienes deseemos intervenir acerca de la materia lo hagamos en la discusión particular. Ello implicaría lo mismo.
La señora FREI.-
Conforme.
El señor SULE.-
Tenemos una serie de asuntos importantes que resolver hoy, y, por otro lado, se encuentra citada la Comisión Especial de Seguridad Interior, que ha invitado a distinguidas autoridades.
Incluso, influye un factor de armonía nacional, puesto que, con justa razón, mucha gente está preocupada de esta iniciativa.
Reitero mi proposición de que votemos de inmediato en general el proyecto y de que en la discusión particular tengamos la posibilidad de exponer los argumentos que estimemos convenientes.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo con relación a la propuesta del Honorable señor Sule?
Señor Ministro, ¿Su Señoría no tiene inconveniente para intervenir en la discusión particular, cuando corresponda?
El señor ALLARD (Ministro de Educación subrogante).-
Señor Presidente, el Ejecutivo comparte la idea de que se vote ahora. Nos parece que el proyecto ha sido objeto de una' discusión bastante larga en tres Comisiones del Senado, y que el debate desarrollado en esta Sala ha estado a la altura de los objetivos educacionales que se persiguen. Posteriormente, por la vía de las indicaciones, habrá un amplio campo para volver a conocer la opinión de los señores Senadores. En virtud de lo anterior, estimo de toda conveniencia proceder a la votación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional concordamos con la proposición. Corresponde a lo que señalamos en la tarde de ayer, al término de la sesión, en el sentido de que se oyeran los planteamientos de los cinco miembros de la Comisión de Educación y después se viera la posibilidad de cerrar el debate, por cuanto todos habíamos participado en la discusión, y de aprobar por unanimidad el proyecto en general.
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, la verdad es que hubiese preferido intervenir antes de ia votación en general, puesto que al hacerlo después pierde mucha fuerza lo que uno pretende decir, en cuanto a la forma en que vota. Sin embargo, como veo que en todas las bancadas existe el ánimo de realizar ahora la votación, lo cual parece ser muy bien recibido por los profesores, que desde hace mucho tiempo han estado esperando el despacho de este proyecto, no deseo dificultar que sea aprobado de inmediato.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay observaciones, se adoptará el procedimiento propuesto por el Honorable señor Sule.
Acordado.
El señor ALLARD (Ministro de Educación subrogante).-
Señor Presidente,...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente que es preciso dejar constancia...
Excúseme, señor Ministro. Puede usar de ía palabra Su Señoría.
El señor ALLARD (Ministro de Educación subrogante).-
Sólo deseo recordar al Senado que los artículos 39 permanente y 13 transitorio aprobados por la Comisión de Hacienda -este último reemplazó al artículo 1o transitorio original, relativo a asuntos previsionales- requieren un quórum especial.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Es lo que la Mesa iba a expresar, señor Ministro, comunicando que en este momento hay 30 señores Senadores en la Sala.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, en atención a que se trata de materias de quórum calificado, soy de opinión de que se anuncie por medio de los timbres que se realizará la votación, a fin de que ojalá apruebe la iniciativa el máximo número de Senadores posible, puesto que algunos se encuentran trabajando fuera de la Sala.
El señor SULE.-
Hay quórum.
El señor LARRE.-
Sí. Pero de todos modos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se pondrán en funcionamiento los timbres.
El señor LARRE.-
Esa era mi proposición, señor Presidente.
El señor PAPI.-
De acuerdo. Pero sin perjuicio de que sigamos despachando los demás proyectos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Como algunos artículos requieren quórum calificado, se dejará constancia del número de Senadores asistentes.
El señor THAYER.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, considero necesario tener claro el régimen de votación. Cuando una iniciativa contiene normas de quórum calificado y otras de carácter ordinario, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone que deben votarse separadamente, pero no especifica qué acontece en la votación en general.
Creo que un buen procedimiento -que podríamos fijar como criterio al respecto- sería determinar que en ese caso basta con que en la aprobación general se vote una sola vez, pero dejándose establecido que concurre el quórum mencionado.
El señor SULE.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor THAYER.-
Con todo gusto.
El señor SULE.-
Este tema concreto y específico es una de las materias que tienen que ser resueltas con motivo de la suspensión del debate que se efectuó ayer acerca del proyecto sobre modificación de diversos cuerpos legales relativos a la Administración del Estado. Y así quedó consignado, por lo demás, en el acuerdo de los Comités.
El señor THAYER.-
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor THAYER.-
Ayer formulé una consulta al señor Secretario con relación a este asunto, porque me interesa que la iniciativa en estudio -y cualquier otra- no corra riesgo alguno de ser objeto de una prevención por parte del Tribunal Constitucional.
La única duda que en este momento me cabe, por lo tanto, es la relativa a si la Mesa considera suficientemente seguro el procedimiento de votar en general el proyecto una sola vez con quórum calificado. Esa es mi consulta, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hay 36 señores Senadores en la Sala, cantidad que cubre con exceso el quórum calificado requerido. De manera que no debería discutirse más este tema.
El señor PAPI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPI.-
En el aspecto estrictamente procesal de la aprobación, señor Presidente, el artículo 30 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso, establece que cuando un mismo proyecto contiene disposiciones que exigen mayorías distintas para ser aprobadas, procede votar en forma separada, en general, las que precisan simple mayoría, y después, también en general, las que demandan quórum calificado. O sea, en estos casos deben realizarse dos votaciones. El procedimiento está claramente señalado en la ley.
El señor SULE.-
Pero hay unanimidad para aprobar todo el articulado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobarán en general las disposiciones del proyecto que requieren quórum calificado y, en seguida, aquellas que necesitan simple mayoría.
El señor SULE.-
Perdón, señor Presidente. Existe unanimidad -reitero- para aprobar en general toda la iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se hará referencia a los artículos que requieren quórum calificado, para los efectos indicados por el Honorable señor Papi.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
Los preceptos de que se trata, señalados en los respectivos informes, son los siguientes: en el de la Comisión de Educación, el artículo 39, que figura en la página 179; en el de la Comisión de Hacienda, el mismo artículo 39, que pasa a ser 40, y el artículo 13 transitorio, nuevo; y en el de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, igualmente el artículo 39, cuyo estudio le fue encomendado.
El señor MC-INTYRE,- Pido la palabra, para hacer una precisión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, todos los Senadores que han intervenido en el debate de este proyecto se han referido con la sensibilidad adecuada al tema de la educación. Sin embargo, de algunas de las exposiciones, especialmente de partidarios del Gobierno, se desprende que en el Régimen anterior habría existido una relativa falta de percepción en esta materia.
Al respecto, en cuanto al porcentaje del producto geográfico bruto destinado a la educación, se señaló que durante la Administración pasada bajó del 4,7 por ciento al 2,5 por ciento. Con este tipo de comparaciones queda la idea de que se está trabajando con la mitad del presupuesto que antes se asignaba, la cual nadie puede aceptar.
Sin perjuicio de ello, vemos que el actual Gobierno, que se empeña con todos los medios económicos en tratar de solucionar el problema, aumentó la cifra mencionada desde el 2,5 por ciento al 2,8 por ciento de dicho producto. Esto demuestra que su intención de favorecer a la enseñanza, en general, además de la concreción del Estatuto Docente, sólo se ha materializado en un incremento del 0,3 por ciento.
-Por unanimidad, se aprueban en general los artículos 39 permanente (pasa a ser 40 en el informe de la Comisión de Hacienda) y 13 transitorio, nuevo, dejándose constancia de que el quórum constitucional es de 24 votos y de que emitieron pronunciamiento 36 señores Senadores, y, en votación sucesiva, las demás disposiciones del proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).- De conformidad a lo resuelto ayer por los Comités Parlamentarios, hay plazo hasta las 12 del 7 de mayo para presentar indicaciones.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, algunos Comités han solícita a la Mesa suspender la sesión en este momento y reanudarla a las 18, lo que permitiría tratar los proyectos en tabla -entre ellos, uno de "Suma Urgencia"-, que son sencillos, pues no hay tiempo para discutirlos ahora.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor PAPI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Me parece, señor Presidente, que el procedimiento que debe adoptarse es el de suspender la sesión hasta la hora señalada: las 18. De lo contrario, tendría que citarse a una nueva sesión, con una anticipación de cuatro horas.
Sugiero que se aplique la fórmula que planteo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creí haber insinuado el mismo procedimiento; pero usted lo ha aclarado, señor Senador.
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Había solicitado la palabra el Honorable señor Larre. Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, la tabla incluye un proyecto de acuerdo que podríamos despachar en el tiempo que aún nos queda hasta las 14, suspendiéndose luego la sesión. Cabe recordar que más tarde hay trabajo de Comisiones.
El señor DÍEZ.-
Conforme.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tenemos que seguir el Orden del Día, señor Senador, de manera que nos ocuparemos en esa materia al final de...
El señor LARRE.-
Para ganar tiempo, podría ser modificado por unanimidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Considero más conveniente suspender en este momento la sesión y estudiar el proyecto de acuerdo cuando prosigamos en la tarde, en el lugar que le corresponde.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD INTERIOR PARA SESIONAR PARALELAMENTE CON LA SALA
El señor GAZMURI.-
Sin perjuicio de estar de acuerdo con la suspensión, solícito a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión Especial de Seguridad Interior pueda sesionar paralelamente con la Sala, ya que hemos citado a una importante autoridad para las 18.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se me ha informado que se celebraría una reunión a las 16.
El señor GAZMURI.-
En efecto, a esa hora recibiremos al General Director de Carabineros, y a las 18...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, la Comisión sesionaría en forma paralela a partir de las 18, y en el momento de votar se llamaría a los señores Senadores.
Acordado.
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El señor NAVARRETE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, entiendo que la resolución adoptada para votar el proyecto sobre Estatuto Docente no ha tenido el propósito de excluir las intervenciones que estaban consideradas.
El señor SULE.-
Por supuesto que no.
El señor NAVARRETE.-
Solicito adoptar un acuerdo en el sentido de que puedan entregarse a la Redacción del Senado las exposiciones escritas acerca de esa materia, lo cual agilizaría las intervenciones pendientes.
En mi caso, la tengo por escrito. No me plantea inconveniente alguno el hecho de no usar de la palabra para darla a conocer en la sesión respectiva y de que se incluya en la Versión Taquigráfica como mi planteamiento sobre el particular.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se requiere unanimidad para ello, señor Senador, ya que se trata de una exposición que no se ha formulado.
El señor LAVANDERO.-
Perdón, señor Presidente.
Esa es una materia que debe ser resuelta por los Comités, en conformidad al último acuerdo que adoptamos.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, está confundido el Senador señor Lavandero. Lo que pido es otra cosa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Lo que solicita el Honorable señor Navarrete es que la intervención que iba a efectuar en esta sesión se dé por hecha.
Sobre el particular, recabo el asentimiento de la Sala.
En todo caso, hago presente a Su Señoría que puede realizar la exposición la semana subsiguiente, durante el debate particular de la iniciativa. Además, figura inscrito en primer lugar, y se respetarán los turnos.
El señor NAVARRETE.-
Me sujeto a esos términos, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Bien, señor Senador.
Se suspende la sesión.
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-Se suspendió a las 13:50.
-Se reanudó a las 18:14.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
MODIFICACIÓN DE LEY N° 16.282, QUE FIJA NORMAS
PARA CASOS DE SISMOS O CATÁSTROFES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con urgencia calificada de "Suma", que modifica la ley N ° 16.282, que fija disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se di can:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 47a, en 24 de abril de 1991.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
La iniciativa consta de un artículo y está informada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que propone aprobarla en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
- Señor Presidente, me gustaría escuchar de algún miembro de la Comisión de Gobierno el alcance que tiene la iniciativa, a fin de dar una opinión al respecto. Porque entiendo que si una comuna es declarada zona de catástrofe, lógicamente cualquier área de ella también está incluida.
Ahora bien, son las comunas las que jurisdiccionalmente se pueden delimitar; no una zona en especial que jurídicamente no esté identificada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Senador integrante de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, el Ejecutivo es el patrocinante de la ley en proyecto. Por ende, el señor Ministro del Interior, quien no se halla en la Sala, nos podría haber expresado algunas ideas sobre la materia.
El proyecto es bastante simple. Fundamentalmente, establece fórmulas más adecuadas, tanto para la Oficina Nacional de Emergencia como para el Ministerio del Interior y el propio Presidente de la República, en todo lo referente a la atención y apoyo a zonas afectadas por catástrofes o sismos.
Efectivamente, la designación de "comunas" -según el Poder Ejecutivo- resulta inadecuada, por cuanto la declaración de zona de catástrofe no comprende en muchos casos a toda la comuna y, por lo tanto, afectan al resto de sus habitantes situaciones propias del mecanismo dispuesto en la ley N° 16.282.
Por tal razón, el Gobierno ha planteado que, para los efectos prácticos, se establezcan áreas, que pueden abarcar una comuna completa o deslindes comunales.
A nuestro juicio, la iniciativa no modifica la ley propiamente tal, sino que llena un vacío en cuanto a su reglamentación, y no tiene consideraciones de importancia que no sean las de orden práctico encaminadas a permitir ejecutar bien las medidas que en virtud de ese cuerpo legal puedan adoptar el Presidente de la República y el Ministro del Interior.
En segundo lugar, el proyecto posibilita al Primer Mandatario extender, mediante decreto supremo fundado, por 12 meses la vigencia de las normas aplicables según la declaración de zona de catástrofe. Esto también responde a una situación de carácter práctico, y no modifica sustancialmente el espíritu de la ley N° 16.282.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorable Senado, para entender cabalmente las disposiciones del proyecto en trámite, conviene recordar lo que representa la ley N° 16.282, que se procura modificar.
En virtud de dicho cuerpo legal, que constituye una reiteración de la ley N° 13.959, dictada con motivo del terremoto de 1960, existen en nuestro ordenamiento jurídico normas de carácter general que. se aplican en los casos en que Chile sufre un sismo o una catástrofe.
La declaración de zona de catástrofe se hace por decreto supremo del Presidente de la República. Y en razón de ella, de acuerdo con las normas de la ley N° 16.282, pueden ponerse en práctica numerosos mecanismos de excepción a la legislación general vigente. Así, por ejemplo, respecto de la adquisición de bienes, se pueden omitir los trámites de propuesta o subasta pública; es factible dictar normas de excepción al Estatuto Administrativo, etcétera. Hay una serie de disposiciones de excepción, que afectan incluso a particulares, en cuanto a la regulación del comercio. Porque se parte de un supuesto: existe una situación de catástrofe en la cual dejan de regir las reglas generales limitativas de la administración del Estado en diversas materias.
Ahora bien, la modificación a la ley N° 16.282 contiene dos aspectos. El primero de ellos dice relación al reemplazo del concepto de "comuna", que figura en esa ley como término general, por la expresión "zona afectada". Ello, sobre la base de los antecedentes que se dan en el Mensaje, en el sentido de que muchas veces las catástrofes ocurren en parte de una o más comunas. Por lo tanto, se prefiere utilizar el concepto de "zona afectada", a mi juicio perfectamente atendible y que no presentaría problemas.
En segundo término, de acuerdo con la ley vigente, pueden adoptarse las medidas de excepción a que me referí hasta por el término de 12 meses, contado desde la fecha del sismo o de la catástrofe declarada por el Presidente de la República. En virtud de la modificación en proyecto se permite extender ese plazo, mediante decreto supremo fundado, hasta por 12 meses.
A mi juicio, esa enmienda es muy inconveniente. Creo que debe rechazarse, ya que un año es suficiente para atender la emergencia derivada de un sismo o catástrofe. Ahora, si uno u otro fuera de tal naturaleza que ai término de los 12 meses obligara a mantener medidas de excepción, debería pedirse al Congreso Nacional la aprobación de una ley que extendiera el plazo por un período superior, sobre la base de los antecedentes que en ese momento se le proporcionaran.
Debo señalar, por último, que primitivamente la norma respectiva fijaba seis meses de vigencia a las facultades excepcionales del Presidente de la República; en 1986 se modificó ese precepto, extendiéndose el plazo a un año. Por lo tanto, los veinticuatro meses me parecen excesivos.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, esta iniciativa introduce modificaciones a la ley N° 16.282 a fin de que el país esté preparado para afrontar situaciones de sismos o catástrofes. Con ello se evita proceder a las enmiendas en forma apresurada cuando ocurren dichas calamidades. Por eso, me parece positivo que el Ejecutivo las haga presentes con antelación.
Respecto de la primera, creo que todos estamos de acuerdo, porque los sismos y las catástrofes no se limitan a un sector, sino que pueden suceder en cualquier lugar y abarcar parte de una comuna o una comuna completa.
En cuanto a la extensión hasta por 12 meses del plazo de vigencia de las normas aplicables, puede resultar excesiva en algún tipo de emergencias. Empero, en el caso de la sequía, que también es una catástrofe para el país, el plazo existente, de un año, muchas veces puede ser insuficiente.
En este sentido, estamos de acuerdo con permitir al Presidente de la República extender dicho plazo por otros doce meses, sabiendo que, cualesquiera que sean su tendencia o ideología, actuará en beneficio de las zonas afectadas por sismo o catástrofe.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, se nos presentan, con la iniciativa que tenemos a la vista, dificultades graves que, a mi juicio, deben analizarse antes de despacharla y que ameritan solicitar al Ejecutivo que retire la "Suma Urgencia" y su envío a la Comisión de Constitución, por las razones que paso a exponer.
La ley que estamos modificando es la número 16.282, publicada en el Diario Oficial de 28 de julio de 1965; es decir, es anterior a la dictación de la Constitución de 1980. Esta, en su artículo 39 (primero del Párrafo "Estados de excepción constitucional") expresa que "El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado en las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.".
En seguida, en el artículo 40, establece: "4o En caso de calamidad pública," -la expresión "calamidad pública" tiene un sentido bastante preciso en nuestra legislación- "el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, podrá declarar la zona afectada o cualquiera otra que lo requiera como consecuencia de la calamidad producida, en estado de catástrofe.".
El artículo siguiente, que es el 41, en su número 5o dispone: "Por la declaración del estado de catástrofe el Presidente de la República podrá restringir la circulación de las personas y el transporte de mercaderías, y las libertades de trabajo, de información y de opinión, y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que estime necesarias.".
Es decir, la Carta Fundamental de 1980 señaló una tramitación para la declaración de estado de catástrofe que obliga al Presidente de la República a proceder con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. Cabe advertir que las garantías individuales -que son mucho más amplias que las de la Constitución de 1925- sólo pueden ser afectadas en virtud de esa declaración.
En consecuencia, estamos modificando una ley que, a lo menos, está en situación dudosa con respecto a su vigencia, porque hay disposiciones contradictorias con las actuales garantías constitucionales (aquéllas están sin duda derogadas de facto por la dictación de la Ley Fundamental de 1980) o no se avienen con el principio de supremacía constitucional, que nadie discute.
En efecto -por citar algunos ejemplos-, la letra c) del artículo 3o de la ley 16.282 señala, entre las normas de excepción que el Presidente de la República podrá dictar, la "Reglamentación de las condiciones por las cuales las Instituciones semifiscales, de administración autónoma, las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y las Municipalidades procedan a vender, entregar, dar en uso,", etcétera, lo que evidentemente afecta diversos derechos de esas empresas garantidos en la Constitución.
En seguida, en el inciso final del artículo 4°, de la ley 16.282, "Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de los cheques", lo que también, evidentemente, afecta al derecho de propiedad de los dueños de estos documentos.
Por consiguiente, creo que los casos que cito por vía ejemplar nos demuestran que, a lo mejor, estamos enmendando una legislación que en parte está derogada, o dándola por vigente en su totalidad porque estamos modificando algunos artículos y otros no."
En mi opinión, sin pronunciarme sobre el fondo de la extensión de comunas a regiones, o acerca del plazo, debemos analizar qué disposiciones de la ley 16.282 están en contradicción con la Constitución de 1980, y proponer, aprovechando el despacho de este proyecto, la adecuación de su texto a la Carta vigente. Me parece que ése es un trabajo que, como Senado, tenemos la obligación de realizar, porque forma parte de nuestro deber hacer primar la Carta Fundamental frente a los proyectos de ley.
Sin pronunciarme sobre determinadas disposiciones o la naturaleza de la ley 16.282 -si está derogada en su totalidad o sólo en parte, etcétera-, estimo que el problema es serio y que debemos remitir la iniciativa a la Comisión de Constitución, hacer presente esta situación al Gobierno y pedirle que retire la calificación de "Suma Urgencia". De otra manera, podríamos estar pronunciándonos sobre un proyecto de dudosa constitucionalidad, sin que nosotros lo hagamos presente.
Dejo formulada la petición para enviar el proyecto a la Comisión mencionada, comunicar al Poder Ejecutivo el problema que hemos detectado y la necesidad de que retire la "Suma Urgencia".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, sólo dos palabras para apoyar la solicitud presentada. Estaba preocupado del asunto y lo había conversado recién con la Honorable señora Feliú, porque me parece evidente la superposición de preceptos, especialmente con lo establecido en el artículo 41, número 5o, de la Constitución, que norma los efectos de la declaración del estado de catástrofe. Es conveniente, desde todo punto de vista, que la Comisión respectiva revise esta materia.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, no quisiera suscitar mayor polémica; pero es muy obvio que, si se produce una situación de emergencia -sequía, terremoto o sismo-, el Presidente de la República disponga de algunas facilidades para enfrentarla. Imagínense lo que significa en la práctica tener que convocar al Consejo de Seguridad Nacional para adoptar las medidas necesarias ante un terremoto.
Tienen razón, claro, en cuanto a que habrá que estudiar muy bien lo establecido por la Constitución; pero también deben existir, para los momentos en que realmente sean necesarias, disposiciones más ágiles. Además, debe confiarse en que el Presidente de la República, cualquiera que sea su ideología -hoy es democratacristiano; mañana puede ser uno de otro partido-, tomará las decisiones necesarias y correctas ante un sismo o catástrofe. No creo que vaya a aprovecharse de un momento de inseguridad nacional para hacer cosas que no correspondan.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, estimo muy atendible lo planteado por el Honorable señor Díez. Sin embargo, es importante señalar que la ley 16.282 fue modificada por la ley 18.522 dictada el 25 de junio de 1986, es decir, después de entrar en vigencia la Constitución de 1980.
Eso no significa, en caso alguno, que la iniciativa en debate no pueda adolecer de algunos vicios de inconstitucionalidad. Por tal motivo, independientemente de la aprobación de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, me parece atendible examinar la constitucionalidad del proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (Don José).-
Señor Presidente, me parece que este debate puede conducirnos a un problema bastante complicado. Por un lado, no tenemos garantía alguna de que se vaya a retirar la calificación de "Suma Urgencia" y, por lo tanto, podría vencerse el plazo sin que el Senado se pronuncie sobre la materia.
Por otra parte, la proposición de la Honorable señora Feliú, si bien es cierto introduce algunas limitantes a la iniciativa original, no lo es menos que configura una solución que me parece razonable, dadas las actuales circunstancias.
Por lo tanto, sugiero aceptar el planteamiento de la Honorable señora Feliú que restringe en alguna medida el plazo de vigencia de las normas aplicables en la afectada por la catástrofe. Soy partidario de adoptar esa postura, como una manera de salvar la dificultad y despachar el proyecto dentro de los términos constitucionales.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC- Intervengo para adherir a lo expuesto por el Honorable señor Ruiz De Giorgio. Me parece que ésa sería una buena solución.
Algunas de las dudas u objeciones de constitucionalidad que el Honorable señor Díez señala pudieran ser atendibles. Sin embargo, tengo la impresión -después de un examen muy somero del proyecto- de que ninguna de las disposiciones de la iniciativa en debate adolece de vicios de inconstitucionalidad, por cuanto debe entenderse que la facultad que la ley en proyecto otorga al Presidente de la República la ejercerá en conjunto con el Consejo de Seguridad Nacional. Ninguno de los preceptos señalados contenidos en la iniciativa contraría el mandato constitucional.
Otra cuestión es que distintas disposiciones de la ley 16.282, que ahora no se están tocando, pudieran ser inconstitucionales. Pero, en este momento, nos estamos pronunciando sobre un proyecto que contiene normas muy específicas de cuyo somero examen -reitero- no se desprende, aparentemente, ninguna contradicción con la Carta Fundamental.
Por consiguiente, creo que la posición del Honorable señor Ruiz De Giorgio es muy atendible. Hago un llamado para aprobar la iniciativa dentro del plazo y en los términos en que fue propuesta.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La proposición de la Honorable señora Feliú consiste en suprimir el número 4 del artículo único, sin reemplazarlo por otra norma.
¿Tendría alguna objeción, Honorable señor Díez?
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, concuerdo con el Honorable señor Vodanovic en el sentido de que no estamos introduciendo ninguna modificación inconstitucional al proyecto. Pero también quiero dejar constancia de que modificar el ámbito geográfico en que se aplica la ley 16.282 no significa que el Senado considere que ella está vigente. Que esto quede bien claro. Preferiría que la Sala tomara la resolución respectiva acerca del proyecto, pero sin que ello implique que consideremos que la ley 16.282, en los términos en que se encuentra, se adapta completamente a la Constitución de 1980.
En segundo lugar, propongo remitir esta materia a la Comisión de Constitución para que analice el texto y proponga las modificaciones correspondientes a la Sala -si son de nuestra iniciativa- o las haga presente al Presidente de la República.
Comprendo que es muy importante que una ley sea expedita, pero también debe ser clara. En este caso, es importante conocer cómo se va a actuar en el futuro frente a una calamidad o a una catástrofe. No cumpliríamos con nuestra obligación si hoy nos limitáramos, lisa y llanamente, a aprobar las proposiciones del Ejecutivo. Si no establecemos un procedimiento claro y expedito, que realmente permita al Jefe del Estado atender los estados de catástrofe y calamidad pública, su normativa aparecerá, en algunas partes, desde el punto de vista legal, bastante borrosa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pero entiendo que Su Señoría sólo tiene dudas respecto de la vigencia de la ley 16.282.
El señor DÍEZ.-
No, señor Presidente: hay disposiciones inconstitucionales en ella, como la que permite al Presidente de la República fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de los cheques, que evidentemente es una restricción a la garantía del derecho de propiedad que sólo podría decretarse si se declarara el estado de catástrofe en conformidad a lo dispuesto en la Constitución de 1980. En el mismo caso está el precepto que lo autoriza para clausurar establecimientos industriales, lo que podrá hacer cumpliendo con la formalidad exigida por la Carta Fundamental para restringir los derechos individuales, como la libertad de trabajo, etcétera.
En consecuencia, el Primer Mandatario no puede ejercer esas atribuciones si no opta por el camino de convocar al Consejo de Seguridad Nacional y, con su acuerdo, declarar zona de catástrofe, según lo dispone la Constitución de 1980.
Sin embargo, como no es ése el problema a que estamos abocados hoy, sino nada más que a la modificación de algunos artículos de la ley 16.282, no me opongo a que el Senado adopte una resolución, pero dejo constancia de que ello no significa que la Corporación estima que la ley que se modifica se adapta a la Constitución de 1980. No estoy pidiendo que la Sala declare que la iniciativa no se adecua a la Carta Fundamental de 1980, sino -repito- aclarar que el pronunciamiento del Senado acerca del proyecto no implica la adaptación de la ley 16.282- a la Constitución de 1980.
En vista de las razones expuestas, solicito encomendar a la Comisión de Constitución el análisis correspondiente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Parece conveniente seguir el procedimiento sugerido por el Honorable señor Díez, que consiste en aprobar la iniciativa y en encargar a la Comisión de Constitución el estudio de la perfecta compatibilidad de estas disposiciones con los preceptos constitucionales.
¿Es eso lo que el señor Senador solicita?
El señor DÍEZ.-
Así es, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Juzgo muy loable el interés del Honorable señor Díez en preocuparse permanentemente de la constitucionalidad de algunos proyectos. Cuando se nos escapan algunos problemas acá, que son producto de mayorías y minorías, se habla de una tercera Cámara, que es el Tribunal Constitucional, como en muchas oportunidades se nos ha planteado.
Sin embargo, si seguimos el curso indicado por el señor Senador -la iniciativa modifica una ley antigua-, nos veremos obligados a tener que revisar toda la legislación anterior a 1980 para ver si se adapta a la Constitución vigente. En mi concepto, señor Presidente, ese camino nos puede resultar extraordinariamente engorroso y, por último, nos podemos convertir en un Senado formalista, más preocupado -repito- de la forma que del fondo.
Nosotros estamos aquí para representar la opinión del pueblo de Chile. Y por supuesto que nos interesa el formalismo y no queremos romperlo. A muchos de nosotros no nos gustó la Carta Fundamental de 1980; la aceptamos a regañadientes, y tampoco la votó en su oportunidad el pueblo ni hubo una definición clara al respecto. Pero tener que confrontar toda la legislación pasada, dictada en los tiempos democráticos, con una Constitución hecha bajo un Régimen dictatorial -o autoritario, para decirlo en forma más suave-, creo que es ir demasiado lejos.
La ley 16.282 fue promulgada en los tiempos de la República; y ahora sólo estamos tratando de modificarla.
Por consiguiente, ¿cuál es el interés de preocuparnos de lo señalado por el Honorable señor Díez? ¿Por qué no procedemos de igual manera también con el resto de la legislación? Así, en vez de legislar para el futuro, lo haríamos para el pasado; es decir, deberíamos verificar si cumple con la Constitución de 1980 toda la normativa anterior.
El señor DÍEZ.-
Solicito un minuto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Quiero precisar mi intención.
Nosotros tenemos una Constitución que, guste o no guste, nos rige. Debemos someternos a ella y así lo hemos jurado. Y en esta oportunidad se trata de una materia muy importante: de los derechos de las personas. La Carta Fundamental actual establece que, para restringir tales derechos en caso de calamidad, deben seguirse ciertas normas. Y dicha restricción produce determinados efectos constitucionales.
Eso es lo vigente. Y las constituciones rigen "in actu" y tienen supremacía constitucional sobre cualquier legislación, pasada, presente o futura.
No se trata de revisar toda la normativa legal anterior, sino de cumplir con nuestra obligación, cuando en el análisis que hacemos aparece una ley que contiene disposiciones contrarias a la Carta, de adaptarlas a ésta. No se trata de ir a su supresión o derogación, sino de realizar un trabajo positivo que es -repito- adaptar la ley a la Constitución. Si no, ¿qué ocurre cuando la ley se aplica con infracción al Texto Fundamental? Cualquier persona puede hacer uso de los recursos de protección para defender sus derechos, y el Presidente de la República puede ver frustradas sus intenciones de aplicar la ley íntegramente.
No es otra la intención. Y no pido al Senado un pronunciamiento acerca de si la ley 16.282 es constitucional o no, sino dejar constancia de que, al modificarla, nosotros no estamos dando a todo su articulado una patente de constitucionalidad y de que nuestra decisión respecto de uno de sus artículos no constituye un juicio acerca de si la ley se adapta o no a la Constitución de 1980.
Me bastaría eso; pero como advierto un problema en una materia delicada como la calamidad pública, pido que la Comisión de Constitución examine esa materia cuando tenga tiempo, a fin de que proponga a la Sala las modificaciones que estime convenientes, o sugiera al Presidente de la República la necesidad de adaptar algunas disposiciones, cuando éstas correspondan a su iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José).-
Considero legítimo que el Honorable señor Díez plantee su prevención. No tendríamos inconveniente en acoger su solicitud de consultar a la Comisión de Constitución, pero sin que ello se entienda como que todos cuantos estamos en la Sala compartimos su inquietud.
Reitero: es legítimo que el señor Senador la tenga. Yo no participo de ella.
Entonces, podemos aceptar su petición para encargar a la Comisión de Constitución el estudio del tema, con el propósito de que nos informe sobre el particular.
Al mismo tiempo, solicito al señor Presidente poner en votación el proyecto -al parecer, habría unanimidad para aprobarlo con ciertas enmiendas-, lo que nos permitiría avanzar en el despacho del resto de la tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Sólo deseo referirme a algo muy preciso.
El Honorable señor Díez recordó que juramos la Constitución de 1980. Cierto. Pero el señor Senador y yo también juramos respetar la de 1925, que fue destruida. Y algunos hemos cumplido, o hemos tratado de hacerlo. Y cuando me enfrento a dos juramentos a textos tan distintos -la Constitución democrática de 1925 y la de 1980, dictatorial- se me produce un problema moral, porque no sé a cuál lealtad ceñirme: si a la de mi primer juramento, que como Diputado lo hice en cuatro oportunidades y en una como Senador, o a la de la Constitución de 1980, sofisma que me he visto obligado a aceptar en los hechos.
A mi juicio, señor Presidente, el Honorable señor Díez no debería sacar a relucir en este caso el juramento a la Constitución de 1980, porque el señor Senador también juró respetar la de 1925.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, creo que el debate ha alcanzado niveles ligeramente ajenos al tema mismo.
Advierto consenso en la Sala para aprobar el proyecto, con la supresión del N° 4 de su artículo único, sin perjuicio de remitir a la Comisión de Constitución el planteamiento del Honorable señor Díez.
-Se aprueba la solicitud del Honorable señor Díez.
El señor VALDÉS (Presidente).-
A mi juicio, debemos ser cuidadosos para que el Senado no deba enfrentarse a contradicciones entre el fondo y la forma; nuestra obligación consiste en lograr que entre ambos haya perfecta armonía.
El señor SIEBERT.-
Yo me opondré también a otra parte del proyecto, porque no logro comprender el alcance de la modificación consistente en reemplazar el término "comuna" por "área afectada", pues no sé cómo esta última podrá delimitarse. Los límites de las comunas están perfectamente establecidos. Por consiguiente, al declarar zona de catástrofe determinada área de una comuna, habría que entrar a definirla por puntos geográficos o por coordenadas para determinar cuál es. En cambio, una comuna específica está perfectamente fijada y es jurídicamente entendible.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En votación el proyecto, con la modificación sugerida por la Honorable señora Feliú consistente en suprimir el N° 4 del artículo único.
-(Durante la votación).
El señor HUERTA.-
Me abstengo, por cuanto en la Comisión mantuve otra posición.
El señor SIEBERT.-
Soy partidario de rechazarlo, pero, lamentablemente, estoy pareado.
El señor JARPA.-
Me abstengo, señor Presidente, dejando constancia de que tengo entendido que la Constitución de 1925 está derogada.
El señor LAVANDERO.-
¡Qué curioso! ¡Es la única ley que no se ha derogado! . El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Señor Senador, estamos en votación!
El señor LAGOS (Secretario subrogante),- Resultado de la votación: por la afirmativa, 15 votos; 4 abstenciones, y 4 pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).- El proyecto queda aprobado en general y particular.
NUEVAS NORMAS SOBRE ORGANIZACIONES SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, con urgencia calificada de "Simple".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 10a, en 7 de noviembre de 1990.
En tercer trámite, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.
Informes de Comisión:
Trabajo y Constitución, unidas, sesión 33a, en 15 de enero de 1991.
Trabajo y Constitución, unidas (segundo), sesión 35a, en 17 de enero de 1991.
Discusión:
Sesiones 33a, en 15 de enero de 1991 (se aprueba en general); 35a, en 17 de enero de 1991 (se aprueba en particular).
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
En su oficio, la Cámara de Diputados expresa que ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto del Senado que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, con las enmiendas que se indican en el boletín 201-13, distribuido a los señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, Honorable Senado, el proyecto de ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, de tanta trascendencia para los trabajadores, para sus organizaciones y, más en general, para las relaciones laborales en el país, se aprobó por una gran mayoría en su primer trámite constitucional en el Senado.
En el segundo trámite en la Cámara de Diputados, se mantuvieron prácticamente todos los acuerdos a que se había llegado en el Senado, introduciéndose, sin embargo, algunas enmiendas, a las cuales deseo referirme brevemente de manera principal.
En primer lugar, se aprobó una modificación a las normas relativas a los fueros de los miembros de los comités paritarios. Durante el debate en el Senado, se señaló la necesidad de introducir esos fueros; y esas normas fueron variadas en la Cámara de Diputados en el siguiente sentido: se estableció que en las empresas en las cuales se exige la conformación de comités paritarios -es decir, aquéllas con más de 25 trabajadores- se generara a partir de los miembros elegidos la nominación de uno de ellos con fuero durante la vigencia de su mandato. En otras palabras, en las empresas con más de 25 trabajadores, los miembros elegidos para formar los comités paritarios elegirían a uno de ellos, el cual gozaría de fuero durante la vigencia de su mandato y duraría en el cargo por el tiempo en que se mantiene la obra o faena en que trabajase. Del mismo modo, en aquellas obras o faenas con más de 250 trabajadores, los miembros del comité paritario elegirían también a uno, el que tendría fuero durante el período de su mandato.
En lo referente a los comités paritarios, se introdujeron dos cambios adicionales. Uno, en cuanto a la posibilidad de que las organizaciones sindicales puedan formular planteamientos y exigir el pronunciamiento de dichos comités respecto de determinadas situaciones, e incluir dentro de las prácticas desleales las acciones que dificulten la formación o funcionamiento de los mismos. Esa fue la primera modificación sustantiva al proyecto despachado por el Senado.
Una segunda enmienda clarificó las normas sobre negociación colectiva, en cuanto a que ésta sólo afecte a los trabajadores involucrados en dicho procedimiento, permitiéndose a los nuevos que ingresan a la empresa luego de la vigencia de un contrato colectivo, negociar colectivamente luego de seis meses, cuando se cuente con los quórum para ello.
En tercer lugar, se incrementó el monto de la cotización de 50 por ciento a 75 por ciento de la cuota ordinaria durante la vigencia del contrato colectivo para aquellos trabajadores a los cuales el empleador unilateralmente les extiende el contrato colectivo y no hubiesen participado en la negociación.
Estos son los tres cambios más fundamentales introducidos en la Cámara de Diputados, junto a otras enmiendas de carácter técnico, que buscan facilitar el proceso de negociación colectiva.
Tal como ocurrió con el proyecto en esta Corporación, las modificaciones aprobadas por la otra rama legislativa se adoptaron por amplia mayoría; y, en la mayor parte de los artículos, los cambios al proyecto del Senado fueron aprobados por la unanimidad de sus miembros.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de la reforma laboral en su tercer trámite legislativo, que esperamos sea el último.
Cuando el Presidente Aylwin asumió el Poder, señaló que durante su mandato habría dos grandes reformas en el área económica y social: la tributaria y la laboral.
Renovación Nacional llegó a acuerdos con el Gobierno y con la Concertación de Partidos por la Democracia en estos dos temas, donde obviamente el acuerdo final implicó para ambas partes transigir en sus posiciones originales, sin haber cedido, desde nuestro punto de vista, respecto de ninguno de los principios básicos que regulan estas materias.
Aquí, en lo relativo a la negociación colectiva, se abarcan cinco temas importantes: quién negocia, qué se negocia, dónde se negocia, cómo se negocia y cuándo se negocia. Y también se ha abarcado el tema de las organizaciones sindicales.
Consideramos que ésta es una reforma moderada, que dará estabilidad a los agentes económicos y sociales. Y, desde ese punto de vista, creemos que despeja incógnitas para el desarrollo futuro del país.
Por esas razones, señor Presidente -en vísperas del 1o de mayo, día de los trabajadores-, a nuestro entender, estamos contribuyendo, junto con el Gobierno, a aprobar una negociación que fue larga, muy seria, y donde se llegó a acuerdos fundamentales para el futuro del país, la cual dará estabilidad y un horizonte de seriedad a las fuerzas laborales del país.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, sólo para decir que he revisado cuidadosamente el proyecto de la Cámara de Diputados, el cual, en mi concepto, corrige aspectos técnicos de importancia. En general, mejora la iniciativa y, dentro del criterio que tenemos de despacharla con la mayor rapidez hoy día, me abstengo de formular otras consideraciones.
Sólo deseo expresar que estoy de acuerdo con el proyecto y pido al Senado su aprobación.
Nada más, señor Presidente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el proyecto en análisis contiene en lo fundamental las mismas normas que, en definitiva, el Senado había aprobado, con algunas modificaciones, a las que en especial se ha referido el señor Ministro.
A este respecto, quiero señalar que no participo de la orientación general de la iniciativa en lo que dice relación a los aspectos esenciales que orientan un derecho laboral en una sociedad de economía libre y en un proceso democrático como el que yo acepto y que estoy convencido es el mejor para lograr beneficios para los trabajadores.
Sobre el particular, tengo serias observaciones sobre la negociación colectiva y el sistema de huelga diseñado.
Al respecto quiero remitirme a lo que en su oportunidad señaló aquí el Senador señor Guzmán durante la discusión de este proyecto, cuando, con meridiana claridad -con aquel brillo y talento que caracterizaban sus intervenciones-, fijó su posición definitiva, con referencia a las normas generales del mismo; de tal manera que sobre el particular me remito a lo dicho en tal oportunidad.
En cuanto a las observaciones de la Cámara, hay una -a la cual se refirió ahora el señor Ministro- que votaré en contra, porque no participo de la idea de aumentar la cotización ordinaria de los trabajadores que no se encuentren afiliados o que no participen en la negociación colectiva, pero que se ven beneficiados con ella, de 50 a 75 por ciento.
Creo que éste es un sistema que no se aviene con los principios de una relación laboral libre, efectiva y de real beneficio para los trabajadores, por cuanto es un principio o un germen que conduce por vía indirecta a una afiliación y cotización obligatorias.
Por esa razón, no voy a aprobar tal disposición.
Del mismo modo, quiero hacer presente mi opinión general respecto del proyecto: la aprobación de sus normas no significan aceptar su contenido ni su inspiración -que considero inadecuadas-, remitiéndome, en definitiva, a las opiniones ya señaladas.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, solamente voy a destacar la importancia del hecho de encontrarnos a punto de aprobar, en su trámite final, un proyecto de ley largamente esperado por los trabajadores y que otorga un importante grado de responsabilidad al movimiento sindical en la tarea en la cual estamos empeñados todos los chilenos de mejorar sustancialmente las relaciones entre los distintos actores sociales.
Consideramos que esta legislación, si bien puede no dejar conforme a todas las partes involucradas, no es menos cierto que representa un importante paso adelante; lleva tranquilidad a un sector muy grande de chilenos, como son los trabajadores, y, al mismo tiempo, fija reglas del juego cuya duración esperamos que se prolonguen en el tiempo, pues, de una manera u otra, van a contribuir a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Por lo tanto, los Senadores democratacristianos vamos a apoyar este proyecto, porque compartimos plenamente los principios en él involucrados y, al mismo tiempo, porque creemos que con ello contribuimos a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, objetivo fundamental de tal iniciativa.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Como se ha dicho, llegamos al término de un largo debate realizado en el Senado y en todo el país, destinado a una de las transformaciones jurídicas que a nosotros nos ha parecido fundamental producir durante la transición dentro de la legislación laboral heredada del Régimen anterior.
En esta ocasión, no quiero reiterar el conjunto de observaciones que hemos hecho en el transcurso de la discusión de la iniciativa. Hemos concurrido a los acuerdos políticos que finalmente lo han hecho posible. Entendemos que, desde el punto de vista nuestro, hubo que realizar concesiones de distinto tipo respecto a lo que eran nuestras aspiraciones en esta materia. Pero concurrimos, como digo, a la aprobación del proyecto, entendiendo que con la legislación que aprobamos se resguardan de mejor manera de lo que estaban los derechos del mundo del trabajo.
Ello no obsta a que en próximas legislaciones y en futuros Congresos volvamos a replantear algunas de las cuestiones que nos parecen limitaciones en la iniciativa.
En todo caso, saludamos la aprobación del proyecto por el Senado como un avance, el cual, además, tiene la virtud de haber sido acordado por un espectro muy amplio de fuerzas en los derechos del trabajo en nuestro país.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandera.
El señor LAVANDERO.-
Solamente para señalar que el Comité Demócrata Cristiano, para los efectos del quórum, levanta los pareos. Porque esta iniciativa, en algunos aspectos, requiere de quórum calificado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay más señores Senadores que deseen usar de la palabra, vamos a proceder a la votación.
Ha sido adelantada una votación negativa por parte del Honorable señor Fernández a un artículo.
En el proyecto hay disposiciones que exigen quórum calificado, por ser materia de ley orgánica constitucional, y otras que requieren de simple mayoría.
De acuerdo con las disposiciones constitucionales, se votan primero aquellos artículos que requieren de quórum especial.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
Las modificaciones de la Cámara de Diputados recaídas en los artículos 26, 73, inciso tercero del artículo 81, 125, 127, 170, 191, permanentes, y 4o transitorio son materia de ley orgánica constitucional y, por lo tanto, requieren de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio; es decir, como mínimo 26 votos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
- En votación.
-(Durante la votación).
El señor VODANOVIC.-
Autorizado por el Comité Renovación Nacional, apruebo.
-Se aprueban los artículos 26, 73, inciso tercero del 81, 125, 127, 170, 191 permanentes y 4o transitorio (29 votos afirmativos).
El señor VALDÉS (Presidente).-
Queda constancia de que se ha reunido el quórum constitucional.
Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobaría el resto del articulado,...
El señor FERNÁNDEZ.-
Salvo el artículo 122, al cual me opongo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
...con la excepción expresada por el Honorable señor Fernández.
El señor CANTUARIAS.-
Y con mi rechazo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Algún señor Senador desea manifestar su parecer con respecto del artículo mencionado?
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, como no es posible dividir la votación del artículo 122 del proyecto, debo votarlo en contra también, básicamente por el cambio de la expresión "cincuenta" a "sesenta y cinco".
Por tal motivo, rechazo este artículo, pero dejo establecido, además, que mi negativa está referida sólo a esa modificación, y no a la totalidad de la iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.
El señor HUERTA,- Me inclino, también, por la expresión "cincuenta" en vez de "setenta y cinco". En consecuencia, rechazo.
Para mayor claridad, señalo que el rechazo es a la parte final del inciso que pasa a ser primero.
El señor SINCLAIR.-
Igualmente rechazo el artículo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, voto a favor del artículo 122, porque el aumento de "cincuenta" a "setenta y cinco" por ciento del aporte que deben efectuar los trabajadores al sindicato que hubiere obtenido el beneficio, forma parte de un acuerdo. Y ello tiene como precio, precisamente, haber rebajado el fuero establecido respecto de los comités paritarios.
Por consiguiente, esto corresponde a una visión global del proyecto, razón por la cual presto mi voto favorable.
Nada más.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se han manifestado contrarios al artículo 122 del proyecto en debate cinco señores Senadores.
Entiendo que los demás señores Senadores están de acuerdo en aprobar el proyecto. Y como éste requiere simple mayoría, quedaría aprobado.
-Se aprueba el resto del articulado, con los votos contrarios de los Senadores señores Fernández, Cantuarias, Ríos, Huerta y Sinclair.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.
El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, simplemente quiero agradecer al Honorable Senado la aprobación de este proyecto de ley, que abre, sin duda, oportunidades nuevas para los trabajadores y empresarios, así como para las relaciones laborales en nuestro país.
Muchas gracias.
CONVENIO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE TRÁNSITO DE PERSONAL FRONTERIZO Y SUS VEHÍCULOS
El señor VALDÉS (Presidente).-
En seguida, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el convenio sobre Tránsito de Personal Fronterizo y sus Vehículos, adoptado por cambio de notas de fecha 29 de agosto de 1990, con la República Argentina, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que se encuentra en segunda discusión.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 37a, en 12 de marzo de 1991.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 42a, en 9 de abril de 1991.
Discusión:
Sesión 43ª, en 10 de abril de 1991 (queda para segunda discusión).
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor MC-INTYRE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, cuando analizamos el proyecto, existía una aprensión especial con respecto a la parte fitosanitaria.
En tal sentido, considero que si dejamos establecido, en el espíritu de la ley que este acuerdo no afectará en nada a las normas y procedimientos fitosanitarios nacionales, no habría ningún problema.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, me parece que debemos felicitar a los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero por la escrupulosidad y rigurosidad con que actúan en el desempeño de sus funciones.
A quienes nos ha tocado viajar y pasar por cualesquiera de los pasos fronterizos que nos unen con Argentina, nos correspondió comprobar que fuimos controlados con una rigurosidad digna de aplauso.
Ellos están muy conscientes -por lo menos en el lado chileno- de cómo deben ser sus obligaciones.
Por lo anterior, creo que la aprensión manifestada no debiera ser un motivo para limitar la aprobación del proyecto.
En segundo lugar -y aunque no competa a la ley misma-, considero que debe recurrirse a las autoridades de Gobierno para que refuercen los pasos fronterizos, no por necesidades fitosanitarias o de otra índole, sino por la falta de personal. En pleno verano transitan por el paso de Puyehue, por ejemplo, sobre tres mil vehículos. Y hay un número de personal exiguo para atenderlos. Me parece que muchos de los señores Senadores aquí presentes, en su paso por esa zona, han podido comprobar el enorme esfuerzo -el trabajo es con turnos que se repiten- que efectúan los funcionarios del lugar.
Y aprovechando la referencia hecha a los pasos fronterizos, estimo que debemos hacer presente a nuestras autoridades que es necesario buscar refuerzos para el personal de este sector tan esforzado y sacrificado, que merece nuestro respaldo y aplauso por su gestión habitual.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor PÁEZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
El señor PÁEZ.-
Sólo para manifestar, señor Presidente, el respaldo de los Senadores democratacristianos a la iniciativa, pues mereció la aprobación unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se trata de un convenio con la República Argentina para facilitar el tránsito de las personas que desempeñan labores fronterizas, tanto de Chile hacia Argentina como del vecino país hacia el nuestro. Pero es importante la observación del Honorable señor Mc-Intyre -la suscribo plenamente-, en el sentido de dejar muy claramente establecido en la historia de la ley que se mantienen todos los controles fitosanitarios, de cuyo cumplimiento nuestro país es tan riguroso.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, solamente quiero adherir a las palabras del Honorable señor Díaz respecto de las condiciones en que se desempeña el personal de los puestos fronterizos.
El señor Senador hizo especial mención del paso de Puyehue. Y efectivamente, existe ahí una gran precariedad de medios, en particular durante la época de verano, cuando el intercambio con Argentina se incrementa en forma considerable, por lo cual resulta absolutamente necesario reforzar dicho personal.
Por eso concuerdo plenamente con el Honorable señor Díaz, aun cuando tal materia no esté contenida en el proyecto de acuerdo que vamos -imagino que todos- a aprobar.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, adhiero igualmente a las palabras manifestadas por el Honorable señor Díaz.
Y, aunque no diga relación al tema en debate, deseo señalar que en el norte de Chile el Servicio Agrícola y Ganadero y sus funcionarios también cumplen una eficiente y -diría yo- una gran labor patriótica.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, me parece que hay una confusión: yo dije que existe mucha preocupación por el aspecto fitosanitario. La gente del SAG -con la que he conversado y que respeto mucho- está totalmente de acuerdo en que, por ningún motivo, debe bajarse la rigurosidad de las normas de control y que ellas deben mantenerse. Lo mismo me manifestaron los representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura. Aún más: tal como se ha señalado acá, dijeron que falta personal. Porque el problema no radica sólo en lo relativo a la mosca de la fruta y a la fiebre aftosa, sino también a la polilla que afecta el brote de los forestales. Además, hace poco más de una semana, también se encontró esa mosca en estado larvario en el paso de Coyhaique.
En consecuencia, cualquier medida en apoyo de la gente del SAG es conveniente.
Por eso, pido que en los antecedentes, en la historia de la ley, dejemos bien en claro que todas las normas de control fitosanitario se mantienen.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se dejará constancia de su preocupación, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Señor Presidente, con respecto a la aprobación de esta iniciativa, considero importante hacer presente a las autoridades argentinas que el tratamiento que se da en ella debe ser recíproco. Nuestros vecinos van a tener facilidades para ingresar a nuestro territorio, y pienso que las mismas deben existir para cruzar hacia el lado argentino. Me parece conveniente -repito- representar a ellos esta inquietud.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señor Senador, el convenio se compone de notas reversales, lo que significa que los derechos y obligaciones son los mismos para Chile y Argentina, como es natural en todo acuerdo internacional de este tipo.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, el referido convenio permite al personal encargado de los controles fronterizos y a los vehículos asignados a él ingresar al territorio del otro país sin tener que cumplir con las normas de control vigentes. El problema, entonces, reside en saber si estas franquicias incluyen el control fitosanitario. Atendida la trascendencia de tal control y la naturaleza del mismo -que no tiene un carácter de policía, por así decirlo-, estimo que ese control debe aplicarse, pues no estaría comprendido dentro de las excepciones que señala el proyecto.
Por lo tanto, coincidiendo con lo planteado por el Honorable señor Mc-Intyre, creo que el Senado debe aprobar el convenio en el entendido de que dentro de las excepciones que establece no está el control sanitario, que permanece vigente. Es más, me permito recordar la enorme trascendencia que tiene para nuestra nación y para nuestras exportaciones el mantener los controles que impiden la entrada de plagas desde otros países hacia Chile, las que ha costado muchísimo erradicar.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la preocupación de todos es que se mantengan los controles sanitarios...
La señora FELIÚ.-
¡Exactamente!
El señor JARPA.-
... y no sólo los fitosanitarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente),- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Queda entendido que la aprobación de este proyecto de acuerdo no afecta, como ha dicho el Honorable señor Jarpa, los controles sanitarios, pues ellos no se tocan, ni se modifican, ni se suprimen.
Si no hubiera oposición, se daría por aprobado el proyecto.
-Queda aprobado.
PROCEDENCIA DE FORMACIÓN DE COMISIONES MIXTAS EN PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
INFORME DE COMISIÓN
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde considerar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la procedencia de la formación de las comisiones mixtas establecidas en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política de la República en los proyectos de reforma constitucional.
-Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Consulta:
Sesión 32a, en 10 de enero de 1991.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 42a, en 9 de abril de 1991.
Discusión:
Sesión 43a, en 10 de abril de 1991 (se aplaza su discusión).
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento absolvió la consulta formulada acerca de la procedencia de la formación de las comisiones mixtas establecidas en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política en los proyectos de reforma constitucional, de la siguiente manera:
Por unanimidad, estimó que procede la formación de las comisiones mixtas a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental cuando la Cámara de origen no aprobare las modificaciones que le haya introducido la revisora a un proyecto de reforma de la Ley Fundamental; y, por mayoría -que contó con el voto favorable de los Honorables señores Guzmán, Letelier y Pérez, y el voto en contra del Honorable señor Vodanovic y de quien les habla-, consideró que en los proyectos de reforma constitucional no procede la formación de las comisiones mixtas a que se refiere el artículo 67 de la Carta Fundamental cuando determinada iniciativa fuere desechada en su totalidad por la Cámara revisora, sea porque se produjo un rechazo propiamente tal, sea porque no alcanzó a reunir el quórum necesario para su aprobación.
El Senador señor Vodanovic y yo emitimos un voto disidente fundado en que consideramos que una interpretación armónica de los preceptos de la Carta Fundamental lleva a la conclusión de que son plenamente aplicables a los proyectos de reforma constitucional, en lo que fueren pertinentes, las normas sobre tramitación de las leyes contenidas en el Capítulo V de la Ley Fundamental, toda vez que ellas señalan mecanismos para solucionar las diferencias que se susciten entre ambas Cámaras en los diversos casos en que éstas pueden producirse. Sostenemos, asimismo, que, en general, tales disposiciones no se contraponen, sino que se complementan, con las normas especiales que para la tramitación de los proyectos de reforma constitucional contiene el Capítulo XIV de la Carta Fundamental, y que tampoco afectan los requisitos y garantías especiales que el constituyente ha contemplado para tales reformas, por cuanto ellos consisten, básicamente, en la exigencia de quórum de aprobación más elevados y en el cumplimiento de trámites adicionales.
Por estas rabones, señor Presidente, solicito del Honorable Senado que al pronunciarse sobre este informe tenga en consideración la opinión expuesta y que el señor Presidente tome votación separada sobre el punto en que hubo unanimidad, el que, en mi concepto, debe ser aprobado, y el punto en que hubo disidencia, el cual, a mi juicio, debe ser rechazado.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, se ha solicitado a esta Corporación que se pronuncie sobre la procedencia de constituir una comisión mixta que resuelva el "impasse" generado por el rechazo que el Senado, como Cámara revisora, otorgó al proyecto de reforma constitucional relativo a nuestro sistema municipal.
Podemos analizar esta materia desde distintos ángulos y desde distintos cuerpos legales o constitucionales que se refieren o podrían referirse a ella. Veamos, en primer término, qué dice nuestra Carta Fundamental.
La Constitución de 1980 estableció con precisión, en su Capítulo XIV, las normas que deben observarse para introducir reformas a la Carta Fundamental, y, dentro de los casos contemplados, no figura la exigencia de una comisión mixta cuando existiere desacuerdo entre el pronunciamiento por una Cámara y lo resuelto por la otra.
El constituyente de 1980, con el propósito de dotar a nuestro ordenamiento constitucional de grados crecientes de estabilidad -porque ése es el sentido de todas las normas que establecen el procedimiento para reformar la Ley Fundamental: dar estabilidad a sus disposiciones-, creó una estructura normativa compleja, pero ordenada, y que regula todo el proceso de reforma constitucional. Como es sabido, ésta contempla la concurrencia de requisitos de mayor exigencia que para modificar una ley común o, incluso, una ley orgánica, y esta mayor exigencia se refiere a los quórum, como, asimismo, a la obligación de que, 60 días después de aprobado el proyecto de reforma por ambas Cámaras, éste sea ratificado en una sesión de Congreso Pleno.
Ante la claridad con que el texto de la Carta de 1980 resuelve el problema planteado en su Capítulo XIV, creo que no cabe sostener que procede la exigencia de comisiones mixtas. Es decir, por disposición de las normas constitucionales, cabría rechazar esta exigencia o esta posibilidad de formación de comisiones mixtas.
Sin embargo, creo que podemos analizar otras posibilidades, a fin de ver si es procedente o no el caso de la creación de comisiones mixtas cuando una Cámara revisora rechaza el proyecto de la Cámara de origen.
A este respecto, podemos estimar que debemos recurrir a otras normas distintas de las concernientes a las reformas constitucionales, a saber, a las disposiciones de los artículos 67 y 68 de la Constitución.
Este camino, el de buscar la procedencia de comisiones mixtas a través de lo dispuesto en los artículos mencionados, también debe ser desestimado, de la misma forma que el anterior.
En primer término, debe ser rechazado porque éste es un sistema creado por el constituyente expresamente como instancia válida en la formación de la ley y, dado que el sistema de reforma constitucional tiene en la Carta de 1980 su propio Capítulo, que nada dice sobre el particular, debemos concluir que la voluntad del legislador en la materia era diferente a la contenida en los referidos preceptos constitucionales.
En segundo término, aun en el supuesto de aceptar la remisión a los artículos mencionados -es decir, a los artículos 67 y 68- para hacer procedente la creación de estas comisiones mixtas, haríamos entrar con ello al Texto Fundamental -a mi entender- en una abierta contradicción normativa. En efecto, dichos artículos admiten, como solución final después de la creación y fracaso de la comisión mixta respectiva, que la Cámara de origen imponga el texto del proyecto que aprobó en primer trámite por los dos tercios de sus miembros presentes, pudiendo ser nuevamente rechazado por la Cámara revisora sólo con igual quórum que el anterior.
Esta salida del problema, como se puede observar, implicaría alterar por completo el sistema de mayorías exigido por el artículo 116 de la Constitución, relativo a las reformas constitucionales.
Desde otra perspectiva -no ya la constitucional, sino la meramente legal-, se ha señalado que sería posible salvar el impedimento aludido si recurriéramos a las normas complementarias de la Constitución. Dentro de éstas, sería en la norma de la Ley Orgánica relativa al Congreso donde podríamos hallar alguna solución.
Sin embargo, la respuesta negativa a esta posibilidad fluye de inmediato. El constituyente previo taxativamente en la Constitución de 1980 cuáles serían las instituciones que debía regular la Ley Orgánica Constitucional, señalando, además, qué materias comprenderían esos textos legales. En cuanto a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Constitución le asignó, específicamente, la tramitación de la ley, la calificación de las urgencias y el sistema de vetos que puede ejercer el Presidente de la República sobre un determinado proyecto de reforma constitucional, no haciendo mención alguna a la alternativa de que se ocupase del asunto que nos interesa, y, por lo tanto, corresponde ahora al legislador introducir modificaciones a este respecto.
Para agotar el análisis del tema en cuestión, debemos detenernos en las opciones que podrían presentársenos, ya no en el ámbito constitucional o en él de la Ley Orgánica, sino en el ámbito de la ley común.
A este propósito, y sin necesidad de entrar en mayores ahondamientos, el constituyente de 1980 delimitó, en forma precisa y excluyente, en el artículo 60 de la Carta las materias que tienen rango legal. Ninguna alusión hay dentro del artículo señalado a un precepto que regule el proceso de tramitación de una reforma constitucional.
A nuestro entender, la única opción para validar jurídicamente la formación de este tipo de comisiones sería la de recurrir a los reglamentos que la Cámara de Diputados y el Senado pudieran darse.
Como es sabido, ambas Cámaras pueden dictar sus propios reglamentos en todas las materias propias de su competencia, con la única limitación de que deben ajustarse a la Carta Fundamental y a la ley. Siguiendo esta vía, según la que podrían existir comisiones mixtas cuando los Reglamentos de la Cámara y del Senado así lo establecieren, creo necesario hacer una distinción pertinente al caso que nos ocupa: si el rechazo por la Cámara revisora del proyecto de reforma constitucional fuera total -por tratarse de un proyecto muy complejo o de un proyecto de artículo único-, no procede la creación de una comisión mixta, ya que la Constitución Política del Estado no puede reformarse en un sentido general si éste ha sido desaprobado o rechazado por una de las Cámaras. Si, en cambio, el rechazo fuere sólo parcial, es menester que distingamos si recae sobre las ideas matrices o de fondo del proyecto -por ejemplo, incorporar o eliminar una institución, modificar sus atribuciones o alterar su composición- o si sólo lo hace sobre correcciones formales que no alteren lo medular en que ambas Cámaras coinciden, sino que sólo se limiten a discrepancias en los términos en que deben expresarse. En este caso procedería, a mi entender, la creación de una comisión mixta, porque no podría darse el caso absurdo de que para la tramitación del proyecto de reforma constitucional se exigiera que lo que aprobara la Cámara de origen fuera exactamente lo mismo que debe aprobar con posterioridad la Cámara revisora, sin que ésta pudiera introducirle ni siquiera modificaciones meramente formales.
Pero este caso -repito- se referiría sólo a la situación, contemplada en los Reglamentos de ambas Cámaras, en que la discrepancia en un proyecto de reforma constitucional recayera en un aspecto solamente formal, y no cuando el rechazo fuera respecto de la idea matriz de una reforma constitucional. En este último caso, no procedería formar una comisión mixta, ya que faltaría un requisito esencial para que concurriera la voluntad del Congreso en los términos que establece la Constitución; es decir, una Cámara no habría prestado su voluntad, y no podemos pretender que se apruebe una reforma constitucional con la voluntad en contra de una rama del Congreso, aun cuando la otra la hubiera aprobado con el quórum constitucional exigido.
Por esta razón, señor Presidente, estimo que en el caso en cuestión, que tiene que ver con la reforma municipal, no procede la formación de una comisión mixta, por cuanto ella está reglamentada, como lo indiqué en los términos que la Constitución señala. Sin embargo, creo que sería útil y muy conveniente que el Senado incluyera en su Reglamento una norma que permitiera la formación de comisiones mixtas para el caso en que el rechazo afectare aspectos meramente formales -no de fondo-, a fin de evitar que una corrección que haga una Cámara a la otra impida que se forme el consentimiento necesario o la voluntad del legislador para aprobar una reforma constitucional, en circunstancias de que, en el fondo, están pensando lo mismo y la corrección es meramente formal. Creo necesario incluirlo en el Reglamento y procurar que la Cámara de Diputados haga otro tanto tratándose, repito, de observaciones formales.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, nuestro ordenamiento jurídico no admite la posibilidad de lagunas, cuestión que se discute extensamente en muchas partes, de tal manera que cualquier situación es susceptible de regulación en nuestro Derecho. Tanto es así que el Código Civil formula normas sobre interpretación de la ley, que son de aplicación y validez general y universal en nuestro ordenamiento. Estas normas de interpretación tienen una graduación jerárquica y una prelación entre las mismas que recurren al sentido de la norma, a su espíritu, a la historia fidedigna de su establecimiento, al sistema del ordenamiento jurídico y, finalmente, a los principios legales del Derecho o de la equidad. De tal manera que cualquier situación jurídica y cualquiera norma son susceptibles de ser reguladas e interpretadas conforme a estos principios. Y cuando alguna no es bastante para concluir una interpretación, se recurre a la otra o al conjunto de las mismas.
Hay algo que me llama la atención en el criterio de mayoría expuesto en el informe que se ha entregado a la Sala. Todos los miembros de la Comisión estuvimos de acuerdo en que, en el caso de discrepancia entre ambas Cámaras en la tramitación de un proyecto de reforma constitucional, cuando esta discrepancia no afectaba a la globalidad del proyecto e involucraba una modificación del mismo, esa situación tenía una regulación determinada. Y la unanimidad de los integrantes de la Comisión concluyó de ello que se aplicaban las normas comunes u ordinarias sobre tramitación de la ley. Para llegar a esta conclusión, obviamente tuvo en cuenta el planteamiento que estoy haciendo. No puede haber una laguna al interpretarse la Constitución. Y si cualquiera de las normas de interpretación no es valedera o no es útil, hay una que no puede dejar de invocarse, y es la interpretación sistemática de la Constitución. Y resulta paradójico, cuando no absurdo, que una ley ordinaria, una norma jurídica de rango intermedio, como es la ley, tenga contemplados en la Carta Fundamental mecanismos para resolver o zanjar las discrepancias que se producen en las Cámaras, y que no los haya cuando ocurre una discrepancia en la tramitación de un proyecto de ley llamado de reforma constitucional, que recae en la norma suprema. Realmente sería un ordenamiento constitucional absurdo, que no resistiría la lógica, el que sólo admitiera la resolución de conflictos o diferencias entre las Cámaras tratándose de una norma de rango intermedio y no de una norma de rango superior.
En virtud de ello, y recurriendo al propio ordenamiento, sin generar nuevas normas, la Comisión ha interpretado -en mi concepto, rectamente- el mecanismo de resolución de conflictos en un proyecto de reforma constitucional cuando una Cámara rectifica o modifica lo aprobado por la anterior. Y debía hacerlo porque, de lo contrario, serían imposibles las reformas constitucionales, y para que ellas no prosperaran, bastaría que una ocasional mayoría, aun aprobando el texto sometido a su consideración, lo modificara en una coma. Si hubiera una sola disparidad entre el proyecto sancionado por la Cámara revisora respecto de la de origen, no habría solución.
En conformidad con tal fundamento, que es de lógica, la Comisión termina asumiendo como norma de interpretación la referencia al mecanismo de tramitación de un proyecto de ley ordinario. Y esto lo hace cuando existe disparidad entre ambas Cámaras a raíz de una modificación o corrección.
Si ello es así -y ésa ha sido la interpretación general dada en ía Comisión-, no se advierte razón alguna para que en el caso de disparidad absoluta entre ambas ramas del Parlamento se invente -y lo digo en el buen sentido del término- una fórmula distinta, que no está implícita en el ordenamiento constitucional, lo que puede expresar o revelar la voluntad con que cualquier ciudadano quisiera que se resolviera un conflicto de índole constitucional, pero que no deriva de este ordenamiento en su conjunto ni de ninguna norma expresa o implícita de él. O se aplica a la misma situación, cuando concurren iguales razones, similar criterio, o éste no se aplica en ninguna de las dos situaciones. O en ambas recurrimos, por analogía, al mecanismo de formación de las leyes ordinarias, o en ninguna de las situaciones recurrimos a él.
No se puede sostener que este sistema de interpretación sistemática de la Constitución procede sólo cuando hay disparidad entre ambas Cámaras, y no cuando hay una diferencia radical entre las dos. Y la argumentación en el sentido de que el hecho de rechazar una Cámara en su conjunto el proyecto aprobado por la otra revelaría una manifiesta voluntad legislativa de que no haya reforma en esa materia, es una tautología, una petición de principio, que trata de explicar una situación por sí misma, sin explicar absolutamente nada, porque nada quiere decir que una Cámara rechace la idea de legislar aprobada por la otra. Lo único que quiere decir es que una rama del Congreso rechaza la idea de legislar de la otra. No tiene consecuencia alguna ni en el plano de la lógica ni en ningún otro.
Cuestión muy distinta es que en la discusión de la Carta Fundamental de 1980 el Senador Guzmán haya planteado, como fórmula de resolución de los conflictos entre ambas Cámaras, lo que ahora se hace aparecer como interpretación de esta Carta. Efectivamente, el Senador Guzmán sugirió como normativa constitucional la de que se aplicara el mecanismo de las comisiones mixtas cuando había disparidad entre la Cámara y el Senado, y propuso establecer que no hubiera reforma aprobada cuando la disparidad entre ellas incidía en la globalidad del proyecto. En verdad, lo planteó, y lo hizo como una proposición para ser contemplada en una Constitución que se estaba discutiendo. Sin embargo, ese planteamiento y ese razonamiento del Senador Guzmán se perdió en la azarosa tramitación -muy privada- de la Carta Fundamental de 1980. Porque ese fundamento estaba implícito en una redacción determinada, en esa denominada Comisión para el Estudio de la Nueva Constitución, redacción que fue cambiada sustancialmente cuando el proyecto pasó por el Consejo de Estado. No hay actas oficiales, no hay constancia alguna de cuál fue la motivación o fundamento del cambio de redacción, y mucho menos de las razones en que se basó el texto final con que la Constitución de 1980 aparece en esta materia. Sí ello es así, quiere decir que a lo menos hay un elemento de interpretación que debe ser desdeñado absolutamente en el punto en debate: es el de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque hay pocos casos como éste en que no existe historia fidedigna -es decir, real, comprobable, que corresponde a la verdad, que consta- del establecimiento de una ley. Hay una historia parcial que llegó hasta determinada etapa de la discusión del proyecto y que, en cuanto al aspecto que nos ocupa, posteriormente desapareció. Luego, no hay historia fidedigna del establecimiento de esta norma, y es el único elemento de interpretación que debe ser descartado totalmente.
Por lo tanto, las opiniones del Senador Guzmán en la discusión de ese proyecto de Constitución de 1980, u otras opiniones que pudieran constar, no tienen para estos efectos ninguna validez, a lo menos en cuanto fundamentación de la interpretación de un texto muy distinto -como es el que estamos analizando- del que estaba proponiendo el Senador Guzmán en esa oportunidad.
Me parece importante destacar el punto, y, volviendo al planteamiento original, insistir, primero; en que en nuestro ordenamiento no hay lagunas de Derecho, porque hay normas para interpretar las disposiciones. En segundo lugar, si se recurre al elemento sistemático, al que da inteligencia y armonía a todo un sistema jurídico, es evidente que no pueden existir mecanismos de resolución de diferencias entre ambas Cámaras sólo tratándose de un proyecto de ley común, porque con mucha mayor razón deben existir en el caso de un proyecto de reforma de la Constitución. En tercer término, si la mayoría o la unanimidad de los pareceres conviene en que en virtud de ese elemento sistemático de interpretación-sin necesidad de inventar norma alguna, sino haciendo jugar simplemente la sistematicidad del sistema-, tratándose de diferencias entre ambas Cámaras que apunten a la corrección o modificación del proyecto iniciado en una de ellas, es válido recurrir, por analogía, al mecanismo general para la tramitación de cualquier ley, con mayor razón, o a lo menos con la misma, eso debe aplicarse también en el caso de discrepancia absoluta entre la Cámara y el Senado. No se pueden aplicar los artículos 67 y siguientes de la Constitución sólo para un caso y no para el otro. Y la argumentación de que se desvirtuaría el sistema de quórum en esta materia no es válida, porque, lógicamente, la aplicación que se hace por analogía de las normas de tramitación de la ley hay que entenderlas en armonía y no en contradicción con las disposiciones que establecen los quórum especiales en materia de reforma constitucional. De tal manera que al intervenir las Comisiones Mixtas y al votarse el informe de ellas, eso tiene que hacerse con los quórum de aprobación que exige la Carta Fundamental para un proyecto de reforma constitucional.
Me parece que el tema, bastante complejo, justifica un examen profundo de él, por una razón muy simple: porque, de lo contrario, estaríamos consagrando o ratificando el criterio de que esta Constitución es virtualmente irrevisable o irreformable, salvo que todos los Parlamentarios, como robots, actúen de consuno cuando se presente un proyecto de reforma constitucional. Y estaríamos exigiendo que si éste es iniciado en la Cámara de Diputados, todos los Senadores estén de acuerdo en él y no lo cambien en un ápice. Porque si la argumentación que sostiene la aplicación de un sistema es válida en un caso, debe serlo también en el otro, y no es menester recurrir a la Ley Orgánica del Congreso Nacional ni al Reglamento de ambas Cámaras, pues basta simplemente apoyarse en este elemento sistemático de interpretación, que consagra la salida jurídica y no un subterfugio o un resquicio para resolver una situación que, si no tiene esta salida, evidentemente es grave desde el punto de vista institucional, pues implicaría consagrar la tierra de nadie en materia de reformas constitucionales, o sentar el principio de que no hay solución cuando una Cámara no está de acuerdo con la reforma de que se trate.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, deseo muy brevemente establecer nuestro punto de vista al respecto.
Nosotros creemos que la Carta Fundamental, en los artículos relativos a su reforma, exige que el proyecto correspondiente sea aprobado por los quórum que señala, de acuerdo con la materia específica contenida en la reforma. Cuando ambas Cámaras aprueban enmendar una disposición constitucional y tienen diferencias en lo relativo a la forma como hacer la enmienda, tanto la Cámara de Diputados como el Senado han manifestado, con el quórum señalado en la Carta Fundamental, su intención de modificarla. En consecuencia, esa Carta está en vías de ser modificada, y es lógico que el desacuerdo acerca de la manera de encarar la nueva disposición sea dirimido en una Comisión Mixta, y que el resultado producido en ésta sea aprobado por los quórum que exige la Constitución en cada una de las ramas del Congreso. Pero la lógica, que nunca es ajena al análisis del Derecho, indica que, cuando una rama del Congreso reúne quórum para modificar la Constitución y la otra decide no enmendarla, no se cumple el requisito del artículo 116 del Texto Fundamental, pues una cámara no da su quórum. Y, en consecuencia, resulta absurdo que se forme una comisión mixta.
Por esa razón, señor Presidente, estimamos que, en el caso de la aprobación en general por ambas ramas, con los quórum fijados en la Carta Política, y ante una diversidad de los textos respectivos, lo lógico es que haya una comisión mixta. Pero...
El señor VODANOVIC- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor VALDÉS (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto. Pero, en realidad, uno pierde todo el orden de su exposición.
El señor VODANOVIC.-
Bueno, así son las interrupciones.
Deseo formular una consulta al Honorable señor Díez, sobre la base de su razonamiento. ¿Qué diferencia hay con la tramitación de un proyecto de ley ordinario, cuando una Cámara lo aprueba -en general y en particular, naturalmente-, es decir, lo sanciona, y la revisora lo rechaza en general? En esa eventualidad, se forma una comisión mixta y se revela una distinta voluntad legislativa: una rama del Parlamento lo aprobó, y la otra rechazó en general siquiera la idea de legislar. ¿Qué diferencia hay -repito-, salvo que en un caso se exige un quórum más elevado? La naturaleza es exactamente la misma; es sólo un problema de quórum.
Nada más, Honorable colega.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Díez?
El señor DÍEZ.-
Con el mayor gusto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de ella.
El señor PÉREZ.-
Tiene razón el Honorable señor Vodanovic al decir que no hay historia fidedigna respecto de este punto en el Consejo de Estado. Pero sí es claro que ese organismo rechazó la iniciativa propuesta por la Comisión para el Estudio de la Nueva Constitución en orden a establecer la formación de una comisión mixta. Se trataba del segundo inciso del artículo 120. Por lo tanto, es clara la intención del constituyente de separar el tema de la ley del relativo a la reforma constitucional, acerca de la cual pretendía que en el Capítulo XIV se bastara por sí misma.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Respecto del punto que motivó estas interrupciones, quiero expresar que los artículos de la tramitación de la ley no pueden aplicarse a la de la reforma constitucional, en muchos de sus casos.
Por ejemplo, ¿qué sucede con el artículo 65 de la Carta? Si el Primer Mandatario presenta un proyecto de reforma constitucional que es desechado en general en la Cámara de origen, no podrá renovarlo sino después de un año. Ese precepto expresa que, "Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.". Esta norma es absolutamente inaplicable a la tramitación de una reforma constitucional.
Por consiguiente, no podemos aplicar en esta materia el sistema de rechazo total de los proyectos que establece la Carta. No es posible, en efecto, recurrir al artículo 65, el cual está visto que el constituyente consagró con la intención de favorecer la aprobación de los proyectos por un quórum distinto, desde el momento en que ello puede obtenerse mediante los dos tercios de una Cámara y más de un tercio de la otra. En la reforma constitucional, la idea del constituyente es diametralmente distinta, pues exige en cada rama del Congreso el cumplimiento del quórum.
¿Qué resultado jurídico práctico tendría la formación de una Comisión Mixta y el pronunciamiento posterior de la Sala, si siempre se requiere el mismo quórum constitucional? No ocurre lo mismo en la tramitación ordinaria de los proyectos de ley, en caso de rechazo en general, cuando el Presidente de la República puede imponer la voluntad de una Cámara, por los dos tercios, sobre la mayoría de la otra.
Es absolutamente inadmisible querer aplicar ese sistema -reitero- a una enmienda a la Carta. Y el espíritu del constituyente al fijar quórum elevados para ésta es el de darle una tramitación que precise una mayor voluntad de los representantes populares que la que necesite un proyecto común. En consecuencia, resulta absurdo atenerse a las normas de la tramitación ordinaria de la ley, las cuales están destinadas al fin contrario, esto es, a hacer aprobar un proyecto aun en contra de la mayoría de la Cámara de origen.
Por las razones expuestas, que debatimos largamente en la Comisión de Legislación, estimo que el Senado debe aprobar el informe tal cual ha sido emitido por ella.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se va a proceder a votar.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, pedí votar separadamente las letras a) y b) de las conclusiones del informe.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
Con relación a la consulta formulada, la Comisión en la letra a) expresa que "Por unanimidad, estimó que procede la formación de las comisiones mixtas a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental, cuando la Cámara de origen no aprobare las modificaciones que le haya introducido la revisora a un proyecto de reforma de la Ley Fundamental".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay objeciones, se aprobaría por unanimidad.
-Se aprueba la letra a) del informe de la Comisión de Constitución.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
En la letra b) la Comisión deja constancia de que, por mayoría, con los votos favorables de los Honorables señores Guzmán, Letelier y Pérez, y en contra de los Honorables señores Pacheco y Vodanovic, "consideró que en los proyectos de reforma constitucional no procede la formación de las comisiones mixtas a que se refiere el artículo 67 de la Carta Fundamental, cuando una determinada iniciativa fuere desechada en su totalidad por la Cámara revisora, sea porque se produjo un rechazo propiamente tal, sea porque no alcanzó a reunir el quórum necesario para su aprobación.".
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Sugiero que también se divida la votación respecto del planteamiento del Honorable señor Fernández, en lo relativo a la parte formal -en la que es probable que estemos todos de acuerdo- y a la de fondo. En cuanto a esta última, será preciso dilucidarla.
El señor DÍEZ.-
Ello no procede, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El informe no contiene una división sobre el particular.
El señor LAVANDERO.-
Se puede votar, primero, la idea propuesta por el Honorable señor Fernández en el sentido de que cuando haya diferencias formales se constituya una comisión mixta. Luego cabría pronunciarse sobre el resto.
El señor DÍEZ.-
Eso ya lo aprobamos.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Me parece que lo planteado por el Honorable señor Fernández, que es muy interesante, en orden a zanjar determinados aspectos a través de la modificación de los Reglamentos de la Cámara y del Senado es un tema que debiera ser analizado por la Comisión de Constitución. Pero, por no aparecer la materia en el informe, no se podría votar.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Opina el Honorable, señor Fernández que ese asunto debería ser objeto de una división de la votación?
El señor FERNÁNDEZ.-
Al no estar en el informe, no procedería que se votara.
No obstante, en la oportunidad que corresponda haré presente en la Comisión la posibilidad de incluir en los Reglamentos de ambas Cámaras -al menos, en el del Senado- la forma de zanjar la dificultad cuando existan modificaciones meramente formales introducidas por una Cámara a lo despachado por la otra, y ello no afecte al fondo. En este último caso, tal como señalé en mi intervención, estimo que no procede la formación de la comisión mixta.
Cuando se trate de aspectos meramente formales -repito-, creo que -podría solucionarse el problema a través de los Reglamentos de ambas Cámaras. Lo plantearé en su oportunidad, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El punto es delicado.
En atención a la hora, quisiera hacer un comentario, si me lo permiten los señores Senadores, en el sentido de que es difícil separar, sin una precisión muy exacta, la distancia que hay entre la forma y el fondo. Porque, ¿quién fija y determina la imperceptible línea que separa la oscura luz de la clara sombra?
En votación la letra b) del informe de la Comisión.
-(Durante la votación).
El señor LAVANDERO.-
- Sostengo que, con ocasión del texto que nos ocupa, perfectamente se podría haber votado la idea expuesta, señor Presidente. Porque estoy seguro de que la mayoría de los presentes compartiríamos el planteamiento de que se forme una comisión mixta en lo relativo sólo a los aspectos formales a que se ha hecho referencia.
El señor JARPA.-
Y nada más.
El señor LAVANDERO.-
Exactamente.
Insisto en que podemos votar la idea, la que luego, naturalmente, cabe implementar. Así ha sucedido en numerosas oportunidades.
En lo atinente a la exposición del Honorable señor Fernández, si bien puedo discrepar en cuanto al pronunciamiento que procede sobre el fondo, en la medida en que coincido con una parte puedo votar a favor de ésta. Y en cuanto a la otra, no obstante que Su Señoría la rechace, yo también podría aprobarla con posterioridad.
Lamento que no se haya dividido la votación en ese caso, como lo propuse, pues yo habría votado afirmativamente el aspecto señalado por el Honorable señor Fernández.
Voto en contra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la votación.
-Se aprueba la letra b) del informe de la Comisión de Constitución (12 votos a favor, 10 en contra y 5 pareos), quedando acogido en su integridad.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Como no se ha fijado hora de término para esta sesión, propongo que finalice cuando despachemos los asuntos de la tabla.
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
En la hora de Incidentes, un Senador de nuestra bancada rendirá un homenaje, de modo que aprobamos la proposición de la Mesa sobre la base de que incluye a esa parte de la sesión.
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MODIFICACIÓN DE DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 1 (G), DE 1968, EN LO RELATIVO A OPCIÓN DE ESPECIALIDADES POR EMPLEADOS CIVILES DE FUERZAS ARMADAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje del Presidente de la República, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1968, en lo relativo a las especialidades a que puedan optar los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 42a, en 9 de abril de 1991.
Informe de Comisión:
Defensa Nacional, sesión 44a, en 16 de abril de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor JARPA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la Comisión de Defensa aprobó por unanimidad este proyecto del Ejecutivo, tendiente a modificar el decreto con fuerza de ley N ° 1 (G), de 1968, en el sentido de considerar a los empleados civiles entre el personal de las Fuerzas Armadas que puede optar a títulos por especialidades, con lo cual se repara una omisión.
Por lo tanto, el inciso segundo del artículo 17 del cuerpo legal mencionado quedaría como sigue:
"Las especialidades a que podrán optar los Oficiales, los Empleados Civiles y el Personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar, y el otorgamiento de los títulos y diplomas, se fijarán en el Reglamento complementario respectivo.".
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Esta iniciativa consta de un artículo único y fue aprobada unánimemente en la Comisión de Defensa Nacional.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.
-Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto, quedando despachado en este trámite.
PROCEDIMIENTO DE PAREOS EN VOTACIONES CON QUÓRUM ESPECIALES. INFORME DE COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
El señor VALDÉS (Presidente).-
- En seguida debe tratarse el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta formulada por la Sala acerca del procedimiento que debería aplicarse a los pareos cuando se voten proyectos que requieran los quórum especiales señalados en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 63 de la Constitución Política para su aprobación.
-Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Consulta:
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).-
- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, la Comisión de Legislación, por la unanimidad de sus miembros, absolvió la consulta formulada en el sentido de que "en la Sala del Senado los pareos rigen respecto de todos los asuntos sometidos a la consideración de la Corporación, sin distinciones de ninguna especie y, consecuencialmente, tienen también vigencia cuando se voten proyectos que requieran para su aprobación del quórum establecido en los incisos primero, segundo y tercero del artículo 63 de la Constitución Política, que es el aspecto específico en que recae la consulta.".
Además, extendió su pronunciamiento a considerar, también en forma unánime, que los pareos no deben regir en las Comisiones.
Este informe fue emitido por la totalidad de sus miembros, Honorables señores Vodanovic (Presidente), Díez, Fernández, Letelier y el Senador que habla.
El señor FERNÁNDEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, participé en el trabajo de la Comisión y, por lo tanto, concuerdo con el informe dado a conocer.
La conclusión a que se llegó, en lo que a mí respecta, se basa fundamentalmente en lo dispuesto en el artículo 9o del Reglamento, que no permite una interpretación distinta, por ser muy claro.
Sin perjuicio de lo anterior, existe concordancia en que los pareos no deben aplicarse en las Comisiones, en razón de que en éstas no coinciden los mismos integrantes, de modo que podrían significar una distorsión completa del trabajo que se realiza.
En la discusión de este tema hice presente una observación relativa a los proyectos para cuya aprobación se exige un quórum especial, diferente del que normalmente requiere una iniciativa común, en el sentido de que en esos casos es necesario considerar la posibilidad de excluir los pareos. ¿Por qué motivo? Porque cuando se precisa un quórum, normal, es decir, la mayoría absoluta de los Senadores presentes, el pareo tiene por objeto mantener la correlación de fuerzas en el Senado. En consecuencia, cumple a cabalidad el propósito de conservar ese equilibrio e impedir la alteración de las mayorías por circunstancias a veces fortuitas o ajenas a la voluntad de los señores Senadores.
Sin embargo, cuando el pareo se refiere a un proyecto que debe aprobarse, no ya por simple mayoría, sino con quórum especial, en que los votos no son equivalentes, estimo que pierde su razón de ser. Me explico. Cuando una iniciativa de ley requiere un quórum calificado -cuatro séptimos o dos tercios, por ejemplo-, los votos y los pareos no son equivalentes, ya que estos últimos perjudican a la parte que intenta lograr el quórum superior, la cual no se encuentra equiparada con aquella que no tiene que alcanzarlo, sino a la que simplemente le basta con que no se logre la votación necesaria. O sea, el interesado en reunir el quórum especial tiene un voto que debe remontar una mayoría más alta que el de su contraparte en el pareo, que no enfrenta ese requisito. Por una razón matemática, la finalidad del pareo de mantener el equilibrio de las fuerzas políticas se pierde en este caso.
Por tales motivos, y no obstante la norma expresa y clara del artículo 9o del Reglamento, es aconsejable determinar. que no se aplique el sistema de pareo en esa situación, pues de otro modo podría cerrarse la posibilidad de aprobar materias con votación especial. Por ejemplo, bastaría con que 10 Senadores se parearan para elevar a 20 el número de quienes no pudieran votar, lo que impediría aprobar normas con quórum calificado, reformas constitucionales, o leyes orgánicas constitucionales. Elto implica que el sistema de pareo no se ajusta a la realidad en esos casos.
He formulado esta prevención, señor Presidente, a fin de que en el momento de convenirse un pareo se tenga presente la circunstancia de que su sentido se pierde cuando se trata de alcanzar un quórum calificado, porque no se mantiene -repito- la equivalencia o equilibrio que se pretende conservar.
He dicho.
El señor PÉREZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, comprendo la duda planteada por el Honorable señor Fernández. Pero me pregunto si el inciso tercero del artículo 9o no zanja el problema. Porque aun cuando hubiera 10 Senadores pareados, de acuerdo con el ejemplo que se cita, perfectamente los Comités respectivos pueden levantar los pareos frente a determinada votación. Por lo demás, así se procedió hoy día con relación al proyecto en materia laboral, que necesitaba un quórum especial.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el informe, considerándose los alcances que se han formulado.
-Se aprueba el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
MODIFICACIÓN DE LEY Nº 18.290, DEL TRÁNSITO, RESPECTO
DE INSCRIPCIONES EN REGISTRO NACIONAL
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
El señor VALDÉS (Presidente).-
A continuación se encuentra el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite, originado en Mensaje del Presidente de la República, que sustituye el artículo 43 de la ley N° 18.290, Ley del Tránsito, relacionado con las inscripciones en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32a, en 10 de enero de 1991.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, pido segunda discusión para este proyecto, porque tenemos dudas acerca de algunas materias que contiene.
-Queda para segunda discusión.
DICTAMEN A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE SEGURIDAD Y ORDEN DEL PAÍS. INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD INTERIOR
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial de Seguridad Interior respecto del dictamen solicitado por Su Excelencia el Presidente de la República acerca de diversas cuestiones relacionadas con la seguridad y el orden del país.
Para ocuparse en este informe, la Sala se constituirá en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 20:22, y adoptó resolución en lo relativo al informe de la Comisión Especial de Seguridad Interior acerca de diversas cuestiones relacionadas con la seguridad y el orden del país.
-Se reanudó la sesión pública a las 20:59.
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA 5 DEL METRO DE
SANTIAGO. PROYECTO DE ACUERDO
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde pronunciarse acerca de la indicación, formulada por la unanimidad de los Comités, consistente en enviar un oficio al señor Ministro de Obras Públicas solicitándole informar al Senado sobre las obras de construcción de la Línea 5 del Metro de Santiago.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
La verdad es que no entiendo, porque tengo la impresión de que el Metro no depende del Ministerio de Obras Públicas. Es una sociedad anónima con dependencia en este momento de la Vicepresidencia de la CORFO.
El señor VALDÉS (Presidente).-
He leído el acuerdo en los términos en que venía redactado, y creo que Su Señoría tiene toda la razón. Pero la intención es remitir el oficio a la autoridad responsable, en este caso, me parece, la Corporación de Fomento de la Producción.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, en la tabla figura el proyecto de acuerdo presentado por varios señores Senadores. ¿Es eso lo que vamos a tratar ahora? ¿O existe algún otro documento?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hubo inicialmente un proyecto de acuerdo, firmado por algunos señores Senadores, que pedía un informe sobre esta materia a las Comisiones de Obras Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía y Comercio, para remitirlo mediante oficio al señor Presidente de la República. Ese proyecto de acuerdo, suscrito por cinco señores Senadores, se ha cambiado -y así llegó a la Mesa- por una indicación que formuló la unanimidad de los Comités, en el sentido de enviar directamente un oficio al señor Ministro de Obras Públicas solicitándole informar a esta Corporación acerca de construcción de la Línea 5 del Metro.
Entiendo que lo que se quiere es que el Gobierno dé información al Senado sobre los antecedentes y decisiones que tomará respecto de la construcción de la mencionada Línea. De eso se trata.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, no he participado en ninguna reunión de Comités en que se haya aprobado lo que señala el señor Presidente, de modo que solícito que se vote el proyecto de acuerdo mencionado como documento original. Para mí, era el único que existía. Escuché una conversación sobre el particular en una reunión de Comités; pero no hubo acuerdo, puesto que yo, que estuve en dicha reunión, no habría prestado mi anuencia para que se decidiera por unanimidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Secretario me informa que el Honorable señor Urenda dio su consentimiento. No sé si en ese momento actuaba como Comité.
Corresponde a la Sala resolver sobre la materia. Si no hay acuerdo de los Comités para enviar el oficio, se volvería...
El señor GAZMURI.-
Entiendo que hubo acuerdo de los Comités, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Hubo acuerdo? Bueno, es una cuestión difícil de probar.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, lo que se resolvió fue enviar la petición de informes a las correspondientes Comisiones del Senado.
Comparto la aprensión del Honorable señor Siebert. Habría que confirmar con exactitud a quién debe enviarse el oficio.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Dejaríamos pendiente este asunto para aclararlo.
La señora FELIÚ.-
¿Por qué no se envía la solicitud a las Comisiones de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, con el propósito de que redacten un oficio -ésa era la idea- planteando la inquietud del Senado con relación al proyecto de construcción de la Línea 5 del Metro?
El señor DÍEZ.-
Enviemos el proyecto de acuerdo a las Comisiones respectivas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, lo que la Mesa pone en votación es la petición de antecedentes, encomendando la debida redacción a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, ¿podría repetir lo que se vota?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pedir a las Comisiones de Transportes, de Obras Públicas y de Economía del Senado que redacten una solicitud de antecedentes a la autoridad que corresponda sobre la construcción de esa Línea 5 del Metro. Eso es lo que expresa el proyecto de acuerdo original.
El señor RÍOS,- ¿Me permite, señor Presidente?
Creo que hay un error de apreciación. En realidad, el proyecto de acuerdo solicita un informe a las Comisiones de Obras Públicas, de Transportes y de Economía (no que éstas lo pidan al Ministerio o al Ministro), para remitirlo mediante oficio al Presidente de la República, sobre todos los aspectos mencionados en el proyecto de acuerdo, que son, desde nuestro punto de vista, muy trascendentes y muy importantes, por todos los efectos y situaciones producidos en torno a los anuncios de la construcción de la Línea 5 del Metro en Santiago. En el fondo, es eso.
Y creo que la Sala podría aprobar el proyecto de acuerdo en ese sentido, con el fin de que las Comisiones respectivas emitan el informe correspondiente y finalmente formulemos nosotros una opinión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay objeción, se solicitará a las Comisiones mencionadas la preparación de los informes correspondientes para someterlos a consideración de la Sala.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, participo completamente de este acuerdo. Sólo me resta sugerir que establezcamos un plazo de emisión de los informes, que podría ser de dos o tres semanas. Este es un asunto en el cual la oportunidad con que se adopten decisiones es fundamental. De lo contrario, los informes serían extemporáneos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se otorgará no más de dos semanas para elaborar sus informes.
Acordado.
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA CONTABILIDAD
AGRÍCOLA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, suscrito por diversos señores Senadores, para solicitar al Supremo Gobierno, en nombre del Senado, el envío de un proyecto que disponga la entrada en vigencia de la contabilidad agrícola a partir del año agrícola que se inicia el 1o de mayo de 1992.
Dice lo siguiente:
"Teniendo en consideración que:
"1° La Reforma Tributaria aprobada recientemente por el Congreso Nacional y publicada como Ley N° 18.985, de fecha 28 de junio de 1990, establece la obligación de tributar por renta efectiva a un importante número de productores agrícolas sea por el monto de facturación de sus ventas o por el relacionamiento establecido en dicho cuerpo legal, lo que afecta a pequeños y medianos agricultores.
"2o El Supremo Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha anunciado el envío de diversas indicaciones para modificar algunas normas relativas a la contabilidad agrícola que buscan aclarar y perfeccionar las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
"3o Dado el tiempo transcurrido del presente año y sin que aún el Congreso haya podido recibir estas indicaciones, los interesados están imposibilitados de contar con el necesario conocimiento y estudio de normas que por su carácter revisten una compleja aplicación.
"4° Es necesario hacer coincidir el inicio de la contabilidad agrícola con el comienzo del año agrícola y no con el año calendario.
"5o La obligación legal vigente rige a partir del 1o de enero de 1991, lo que constituirá una obligación adicional de rehacer la documentación contable con efecto retroactivo, sin que los afectados tengan un conocimiento anticipado y oportuno de las nuevas reglas que en el mejor de los casos pueden ser aprobadas sólo en el segundo semestre del presente año.
"6° Los múltiples problemas derivados de la extrema sequía que ha azotado al país por tercer año consecutivo y que ha afectado a extensas áreas rurales de la Tercera a la Octava Regiones, así como el endeudamiento del sector, que en estos momentos es debatido a instancias de Comisiones de este Senado, por la dirigencia gremial de agricultores y banqueros en busca de fórmulas de solución.
"El Senado de la República acuerda solicitar al Supremo Gobierno el envío de una indicación que haga regir la entrada en vigencia de la contabilidad agrícola a partir del año agrícola que se inicia el 1o de mayo de 1992.".
Suscriben este proyecto de acuerdo los Honorables señores Jarpa, Larre, Valdés, Zaldívar, Siebert, Cooper, Sinclair, Romero, Papi, Lavandero, Sule, Díez y Pacheco.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Deseo consultar si un proyecto de acuerdo debe votarse.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Seré muy breve, porque la discusión sobre la...
Él señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente que no hay debate sobre los proyectos de acuerdo. Estos sólo deben votarse.
En votación.
-(Durante la votación).
El señor GAZMURI.-
Deseo. fundamentar mi pronunciamiento negativo a este proyecto de acuerdo. Discutimos largamente la aplicación de contabilidad efectiva a un número muy reducido de empresas agrícolas que tributan por renta presunta.
En realidad, pueden suscitarse algunos problemas con la primera contabilidad, pero pueden resolverse por la vía del reglamento o, incluso, de una ley que la simplifique para este primer año. A mi modo de ver, postergar su entrada en vigencia hasta el 1o de mayo de 1992 constituiría una señal muy complicada para otros sectores, principalmente el transportista y el minero, que han tenido que pasar de un régimen a otro y que estarían excluidos de esta postergación.
Por lo tanto, voto en contra.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, la verdad es que, aparentemente, el sector agrícola afectado estaría en conocimiento de los antecedentes reglamentarios para tributar por contabilidad agrícola.
El Servicio de Impuestos Internos acaba de notificar que la entrega de la documentación para abrir libros ha sido postergada hasta el 31 de octubre del presente año porque, por una parte, se está reestudiando el reglamento de contabilidad agrícola, y por otra, los antecedentes que obran en poder de diversos sectores interesados -referentes a los resultados del relacionamiento que, por varias razones, determina que numerosos medianos y pequeños agricultores queden sujetos también al régimen de declaración de renta efectiva por la vía de la contabilidad agrícola- justifican un estudio más profundo.
Al plantear este proyecto de acuerdo, hemos procurado hacer factible que el sector agrícola realmente pueda aplicar un sistema de tributación acorde con normas que sean aceptables para todos.
A nuestro juicio, en este aspecto se ha producido una situación que ha resultado discriminatoria. Me refiero al hecho de que, por efecto de la obligación de declarar por renta efectiva, estén comprometiéndose los predios. Tanto es así que en este instante, al pretender enajenarlos por cualquier motivo -sea por venta, permuta o sucesión hereditaria-, quedan afectos también a la contabilidad agrícola.
Por lo tanto, hay múltiples razones que justifican que señores Senadores representantes de las diferentes Regiones y de distintos sectores políticos hayan suscrito este proyecto de acuerdo. Quienes lo firmamos estamos asumiendo aquí, en el Senado, una realidad que vive el sector agrícola y que merece una revisión.
En consecuencia, señor Presidente, solicito a mis Honorables colegas que, en mérito de los considerandos del proyecto de acuerdo, lo aprueben.
He dicho, señor Presidente.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, en primer término, cuando se votó la reforma tributaria se discutió in extenso este tema. Se escucharon argumentos en pro y en contra y, en definitiva, votamos que sí para no privilegiar a un grupo especial. Creo que cuando uno se pronuncia en esa forma, incluso puede perder votos, porque mi Región es esencialmente agrícola y muchos se verán afectados. Pero quiero ser consecuente con la posición sostenida en esa oportunidad y con la que adoptaré ahora.
Segundo, cuando el Presidente de la República visitó la Sexta Región, en una reunión amplísima con muchos agricultores de la zona les explicó con claridad meridiana los alcances de la obligación de tributar por renta efectiva, que implicaba un compromiso de ellos y que no tenían por qué constituir una excepción al régimen general.
En tercer lugar, a mí me parece -ruego que alguien argumente en contra- que esto también se vincula con la obligación de los pagos de salarios y cotizaciones por parte de los empresarios agrícolas, quienes, al incorporarlos a sus gastos, indiscutiblemente tendrían una rebaja en su tributación. No soy experto en la materia, pero creo que también tiene conexión con este tema. Por lo tanto, me parece que la tributación por renta efectiva es una manera de contribuir a resguardar los reales y efectivos salarios y cotizaciones.
El número de personas afectadas por el nuevo sistema tributario no incluye en modo alguno a los pequeños y medianos empresarios agrícolas, sino únicamente a los grandes y con más recursos, como se especifica muy claramente en la ley.
Voto que no.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, no estamos discutiendo la reforma tributaria, ni estamos diciendo que deben cambiarse las normas fundamentales que en ella se establecieron. El proyecto de acuerdo hace presente que no se ha terminado de estudiar el reglamento, sin el cual nadie puede empezar a tomar las medidas necesarias para organizar su contabilidad.
¿Por qué ha ocurrido esto? Al hacer el primer borrador de reglamento, se encontró que había que clarificar algunas disposiciones de la ley referentes a que se "contaminaban" -para emplear una expresión en boga-, no sólo quienes vendían una cantidad de productos por determinada suma anual, sino también los que arrendaban parte de los predios, o compraban una porción de ellos, o que en alguna forma iniciaban negocios como arrendatarios o propietarios de tierras que ya habían quedado "contaminadas". La gente afectada por estos problemas es, generalmente, la que arrienda predios o parte de ellos, o es mediera. Entonces, a fin de evitar esas dificultades se está realizando un nuevo estudio.
Además -tengo antecedentes para pensar que así es-, existe la posibilidad de aplicar, en vez de la contabilidad, otra fórmula alternativa: el pago de un impuesto a las ventas, que es más simple y que aportaría más recursos al erario.
En fin, por todos estos motivos, lo único que pedimos no es dejar sin efecto la reforma tributaria, sino postergar hasta una fecha realista la entrada en vigencia de la contabilidad agrícola, con el objeto de que haya tiempo para estudiar el reglamento o las modificaciones que el Supremo Gobierno quiera introducir en la ley.
Voto que sí.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, me parecen muy poderosas las consideraciones que justifican el proyecto de acuerdo, toda vez que, ya casi a mayo de 1991, aún no se aprueban las normas reglamentarias pertinentes. Por eso, estimo de absoluta justicia este proyecto de acuerdo. Por lo demás, si el Estado no da las reglas por las cuales debe regirse la contabilidad, sólo cabe no aplicar el sistema.
Voto que sí.
El señor PÉREZ.-
Votaría con entusiasmo que sí, pero estoy pareado.
El señor SIEBERT.-
Estoy pareado, pero dejo constancia de que soy uno de los firmantes del proyecto de acuerdo.
Sin embargo quiero hacer presente que, ante la circunstancia de que el señor Senador con el cual estoy pareado, el honorable señor Zaldívar, también es uno de los firmantes de la iniciativa, tengo la impresión de que debe agregarse mi voto positivo al acuerdo.
El señor PÉREZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ.-
No sé qué estipula el Reglamento sobre si puede parcializarse la publicación en los diarios de las versiones de las sesiones del Senado. Si ello fuera posible, pido que en este caso se publique in extenso el proyecto de acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por resolución unánime de Comités, las publicaciones in extenso serán decididas, de ahora en adelante, en reunión especial de los mismos, no en la Sala.
El señor PÉREZ.-
Sin perjuicio de dejar constancia de mi petición, advierto que, en todo caso, no habrá tiempo para que oportunamente los Comités adopten el acuerdo que estoy solicitando. Y el Reglamento -según entiendo- establece que se puede acordar en la misma sesión, por mayoría, o en la siguiente, por unanimidad. Y no habrá tiempo, porque la publicación se hará antes de que los Comités se reúnan.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señor Senador, no hay excepción cuando existe acuerdo unánime de Comités. No puede adoptarse en la Sala una decisión en sentido contrario. Si en la primera reunión de Comités es posible, podríamos abordar este tema.
Respecto de la consulta del Honorable señor Siebert, me parece que, si no hay normas sobre la materia, el pareo queda levantado cuando ambos Senadores votan de la misma manera.
Esa solución la estimo lógica. No sé si la Sala entenderá la situación en el mismo sentido.
El señor SIEBERT.-
Me han levantado el pareo, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Está levantado el pareo del Honorable señor Siebert, de modo que su voto se contabilizaría.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, deseo clarificar la situación.
El Honorable señor Zaldívar, cuando se retiraba de la Sala, me pidió que hiciera presente su adhesión a este proyecto de acuerdo; lo mismo que el Honorable señor Papi, quien también lo firma.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor LAGOS (Secretario subrogante).-
Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 3 por la negativa, 2 abstenciones y 2 pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).- Queda aprobado el proyecto de acuerdo.
Terminado el Orden del Día.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La hora de Incidentes no se ha suspendido, salvo que lo fuese por acuerdo unánime de la Sala o de los Comités.
¿Habría acuerdo para suspender la hora de Incidentes?
El señor DÍAZ.-
No hay acuerdo. Se va a rendir un homenaje.
El señor LAGOS.-
No hay acuerdo, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Independiente.
La señora FELIÚ.-
El Comité Independiente no liará uso de la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
A continuación, corresponde el tiempo al Comité Mixto, el que tampoco hará uso de la palabra.
En seguida, corresponde el tiempo al Comité Partidos por la Democracia y Socialista. No hará uso de la palabra.
El Comité Radical Social Demócrata no está presente en la Sala.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Antes de que Su Señoría inicie su intervención, quisiera consultar a la Sala para que pase a presidir el Honorable señor Pacheco, pues tengo que ausentarme.
Acordado.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
INCORPORACIÓN DE COMUNA DE NAVIDAD
A PROVINCIA DE SAN ANTONIO. OFICIOS
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, a propósito de catástrofes, quiero hablar de una comuna que sufrió "una catástrofe", la Comuna de Navidad. Y tendré el placer de dar a conocer una carta que mandan los vecinos, que, por estar muy bien redactada, me limitaré a leer, sin poner ni quitar una coma. Dice así:
"Señores
"Honorable Congreso Nacional
"De nuestra más alta consideración:
"Muchos y Ud. en lo personal conoce las vivencias y penurias de la Comuna de Navidad y de sus habitantes, en cuanto al trato poco favorable que se nos dio al aplicarse la regionalización y reformulación comunal, período que se inicia desde mediados de la década de los años 70 en adelante, cuyos hechos administrativos resultantes de personalistas ideas, derivaron en un vulgar "paseo" de toda nuestra población. En efecto, luego de estar insertados en el Área Metropolitana con la Provincia de San Antonio, se nos pasó luego a la Quinta Región con dependencia de la misma provincia, continuando posteriormente a la Sexta en la provincia de Colchagua, para finalmente anclarnos en la provincia Cardenal Caro también de esta última Región. Todos esos aconteceres a juicio y gusto de las autoridades de la época, donde el imponer era satisfacción y sin miramiento o cabida de expresión de la comunidad que se pretendía "beneficiar".
"Sin estar lejanamente equivocados, Ud., como también los demás Parlamentarios que representan hoy nuestros intereses, al efectuar sus campañas que los llevaron a ocupar tan alta y digna investidura, expresaron y apoyaron nuestro malestar y sentir ciudadano, cual es general dentro de la población, ofreciendo interponer sus oficios llegado el momento, para que Navidad vuelva y se integre nuevamente a la Provincia de San Antonio. Es momento de recordar y cumplir. Sólo queremos San Antonio, porque esta provincia, este puerto, son nuestro lazo de afecto, nuestro lazo familiar, nuestro lazo comercial, es nuestro obligado punto convergente a un sinnúmero de cosas, más próximo y de menor costo en traslado que cualquier otra provincia vecina. No renegamos de la regionalización, muy por el contrario, creemos que debe, profundizarse más, pero ésta cuando se ejercita, debe consultar la opinión de quienes la forman: sus bases y esas somos nosotros, y no imponer desde una cómoda oficina santiaguina como fuera en la época.
"Hemos sufrido serías e innumerables consecuencias e incomodidades a costa de la regionalización impuesta; para muestra basta sólo una y muy grave consecuencia, que se refiere al área de la salud. Traslados inauditos hacia centros hospitalarios cada vez más retirados y desconocidos de la población: Litueche, Santa Cruz, San Fernando, Rancagua, es como haber retrocedido 50 ó 60 años. Sin familiares, sin comunicaciones, donde el levantarse a las 2 ó 3 de la madrugada para alcanzar un medio de transporte distante a los usuarios, es y fue muy común. Sufrir consecuencias por no tomar una sabia resolución, práctica y expedita hacia nuestro San Antonio" -al cual nos sentimos vinculados-. "San Antonio está sólo a 67 kilómetros, 50% con camino pavimentado, y es más, con locomoción diaria y continua y como hablamos sólo de este ejemplo de la Salud, con un Hospital de primera categoría, que no podemos usar por no poder trasponer esta línea imaginaria de quehaceres administrativos que nos indica que somos de una u otra región.
"Honorables Senadores, quizás vamos demasiado lejos y con rodeos al exponer, Ud., sabe a dónde vamos y lo que queremos, pero también es esto una forma de expresión, que sin lugar a dudas es el sentir general de la Comuna de Navidad. Para eso las bases organizadas y legalmente constituidas nos permitimos suscribir la presente, para pedir, para exclamar y para reclamar lo que es justo: QUE NAVIDAD VUELVA A SAN ANTONIO. Al conocer nuestra ¿ posición, cabe a Ud., y lo decimos respetuosamente, cumplir con su palabra."
A continuación, vienen ocho puntos en los que se comparan las áreas de salud, de movilización, de servicios públicos, de relaciones familiares, de referencias históricas, de referencias políticas, de comercio, de comunicaciones, etcétera, de donde se deduce que es netamente favorable la comunicación de Navidad con San Antonio.
En seguida, vienen las firmas de todas las juntas vecinales de la Comuna de Navidad, que suman 13, lo que, por supuesto, no leeré, porque bastante paciencia han tenido los Honorables colegas al escucharme.
Después viene una larguísima lista de toldas las instituciones de la comuna, ubicadas en zonas vecinas, tales como clubes deportivos, centros de madres," etcétera. Acompañan incluso un mapa, el que explica las distancias a que se encuentran los centros comerciales, de salud y habitacionales.
Señor Presidente, solicito oficiar a los señores Ministros de Salud y de Hacienda para que se tomen las medidas pertinentes a fin de que en el área de la salud y de Impuestos Internos, específicamente, los vecinos de la Comuna de Navidad puedan ser atendidos en San Antonio. Este puede ser un primer y beneficioso paso para atender las necesidades de ellos. El siguiente, decisivo y lógico, es hacer del Puerto de San Antonio el puerto de la Sexta Región. Sé que éste es un tema que puede abrir mucha polémica; pero deseo dar algunas razones que justifican plenamente esta afirmación.
Desde Sewell, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, 350 mil toneladas de cobre de El Teniente cruzan los caminos de la Sexta Región para llegar a destino. ¿Dónde? A San Antonio.
Al mismo puerto se lleva más del 50 por ciento de la producción frutícola de nuestro Valle Central -específicamente de la Sexta Región, la cual produce esa proporción de fruta en Chile-, a través del llamado, "camino de la fruta", hecho -lo reconozco- durante el Gobierno anterior y con destino a los mercados de América, Asia y Europa.
Los vínculos comerciales y de todo orden de estos dos fundamentales rubros de exportación generan -estimo- explicaciones que no es dable comentar en este momento.
Esta aspiración lógica de incorporar Navidad a San Antonio -posteriormente será motivo de un estudio político-administrativo la idea de incorporar San Antonio a la Sexta Región- es una expresión de la mayoría del pueblo de ese puerto. En un cabildo realizado hace algún tiempo, la consigna más voceada y repetida era: "La Sexta necesita puerto y San Antonio está dispuesto".
He dicho, señor Presidente.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Restan 15 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Si no hay nadie que desee intervenir,...
El señor RÍOS.-
Perdón, señor Presidente.
Quiero solicitar dos minutos de su tiempo al Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Con todo gusto, Honorable colega.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, no he tenido la oportunidad de conocer la Comuna de Navidad; pero los antecedentes entregados por el Honorable señor Díaz, indudablemente, deben ser compartidos por todo el Senado.
El proceso de regionalización y de asentamientos humanos obliga necesariamente a que las personas vinculadas a zonas determinadas estén tranquilas y contentas en el lugar geopolítico en que han sido instaladas por la ley.
La situación planteada respecto de la Comuna de Navidad, también ocurre en otras regiones del país. No son muchas; pero reflejan en cierta forma el espíritu que debe regir el proceso de administración interior del Estado, denominado regionalización. Esperamos que pronto se hable de "descentralización".
Por lo expuesto -sin conocer la Comuna de Navidad, pero entendiendo perfectamente las expresiones vertidas por los vecinos de esa comuna y dadas a conocer por el Honorable señor Díaz-, también suscribo la petición. A mi juicio, es una expresión que debe responder a un apoyo de todos los Comités del Senado. Ojalá pudieran manifestarse los otros que están aquí presentes sobre este asunto, porque estimo que es el sentido mismo de la regionalización de Chile.
Gracias, se(ñor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Una consulta, señor Senador.
¿El oficio contaría con la adhesión de Su Señoría o de Renovación Nacional?
El señor RÍOS.-
De Renovación, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Entonces, también se enviará el oficio en nombre de Renovación Nacional.
Antes de ofrecer la palabra dentro del tiempo del Comité Renovación Nacional, informo al Senado que los Honorables señores Lagos y Ortiz solicitaron a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para no dar lectura a una intervención -que es extensa, consta de 14 páginas-, pidiendo, además, que se inserte en la versión; se tenga como agregada, y se publique en la prensa como si se hubiere pronunciado.
Solicito en tal sentido el asentimiento unánime de la Sala.
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, quiero hacer presente que esa modalidad no está reconocida en el Reglamento del Senado.
Algo similar sucedió el año pasado. Me parece que incluso el Honorable señor Díez expresó su oposición. No lo recuerdo con certeza. Pero, en todo caso, fue planteada. Y se hizo presente que reglamentariamente no existe esa posibilidad.
En consecuencia, no cabría acceder a lo solicitado.
Por las razones expuestas, me opongo, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Hay oposición.
Además, me informa el señor Secretario que no hay quórum en la Sala para su aprobación.
En consecuencia, no se daría lugar a esta solicitud.
Ofrezco la palabra en el tiempo de Renovación Nacional.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, esto nació a petición de varios señores Senadores. Se trata de un homenaje a Carabineros de Chile. Así que yo con mucho gusto lo voy a leer, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
SITUACIÓN SANITARIA DE PRIMERA REGIÓN
DE TARAPACÁ. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Voy a empezar primero solicitando el envío de un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República respecto a un problema que afecta a la Primera Región.
Señor Presidente, Honorables colegas:
El país ha sido testigo del grave flagelo que estamos viviendo con motivo de los primeros casos de cólera en la Región Metropolitana, que en este momento ya suman 22, un muerto y a lo cual habría que agregar los seis casos detectados en el día de hoy.
Los habitantes de la Primera Región son quienes tienen mayores posibilidades de verse afectados por este mal, por cuanto el cólera se desarrolló precisamente en la República de Perú, nación limítrofe con Tarapacá. Y por las informaciones que hemos recibido a través de la prensa, nos hemos enterado de que ello se debió precisamente al inadecuado manejo de las aguas servidas, a las malas condiciones de los sistemas le alcantarillado y a la escasa cobertura de agua potable.
La Región de Tarapacá tiene en estos momentos más de cuatro mil pozos sépticos. Y, por ejemplo, en la población Ganadera Portales Jorge Inostroza de Iquique, los pozos sépticos están en estado de putrefacción y de rebalse, con las graves consecuencias que ello trae a la ciudadanía, especialmente en los niños, por las altas temperaturas que acusan.
Pese a la efectiva labor desarrollada por el personal del Servicio Nacional de Salud, Carabineros de Chile, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y de todos los habitantes de la Primera Región, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile detectó el virus del cólera en las aguas residuales de las ciudades de Arica e Iquique hace exactamente más de 48 horas. La doctora Gabriela Castillo, del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de dicha Facultad, realizó pruebas para descubrir indicios de la bacteria en las "aguas negras" de las dos ciudades, las que dieron resultados positivos. Informó dicha profesional que las pruebas aún deben ser certificadas por el Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud.
Al detectarse los primeros casos de cólera en la Región Metropolitana, la autoridad reaccionó con alarma y prontitud, y dispuso de inmediato un fondo de 600 millones de pesos para atender el problema: desde una campaña publicitaria de cómo prevenir el mal hasta la indemnización -con la que estoy muy de acuerdo- a pequeños productores de hortalizas, quienes perdieron toda su mercadería. Sin embargo, la actitud de la autoridad central no ha sido la misma para la población de la Primera Región, a la cual ha dejado de lado y sin la ayuda tan urgente que requiere.
El asunto es que, a pesar del esfuerzo y de los múltiples avances logrados durante el Gobierno anterior en materia de alcantarillado, Iquique aún presenta graves problemas por el alto costo del agua potable, lo que ha llevado a un gran endeudamiento a la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (continuadora de SENDOS), lo que pone en peligro todos los esfuerzos para evitar la propagación del cólera.
El problema no ha sido tratado con prontitud por los servicios encargados. Y por la falta de elementos necesarios, las redes de alcantarillado en Iquique se revientan a cada rato, pues datan de la época en que esa ciudad era peruana. Esto es realmente inadmisible, ya que la población aumentó en 150 por ciento en los últimos 15 años.
Asimismo, se ha dejado de lado a los pescadores artesanales, gente de mucho esfuerzo que ha visto disminuidos sus ingresos en forma grave como consecuencia de la baja en sus ventas, ya que la población, temerosa del cólera, no consume productos del mar.
Por lo tanto, señor Presidente, pido solicitar en mi nombre al Jefe del Estado que ordene con prontitud el estudio de una fórmula que permita solucionar en forma rápida los problemas siguientes: el de tratamiento de los pozos sépticos; el de reposición del alcantarillado; endeudamiento de la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (ESSAT), de CORFO, y el de los pescadores artesanales, atendida la grave situación por la que atraviesa la Primera Región.
Igualmente solicito autorizar la compra de 6 camiones especializados con sus respectivos equipos, para retirar los residuos de la bacteria del cólera que contienen los pozos sépticos -en este momento Iquique tiene uno de esos vehículos en mal estado, y hay aproximadamente 3 mil pozos que no pueden ser vaciados-; otorgar fondos especiales a las autoridades sanitarias de Arica a Iquique, para que redoblen la campaña de desinfección contra las vinchucas y garrapatas -se ha determinado que son portadoras de la enfermedad-, que atacan a las poblaciones más modestas de estas dos ciudades, y, por último, proporcionar también más recursos a la empresa ESSAT, en vista del aumento de costos en el tratamiento del agua, a fin de asegurar la calidad de este elemento.
He dicho, señor Presidente.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento, al cual adhiere posteriormente la señora Feliú, en nombre del Comité Independiente.
El señor DÍAZ.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor LAGOS.-
Con todo gusto.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, reitero mis felicitaciones a Arica, como ciudad, y a la Dirección del Servicio Nacional de Salud de la Región, que ha sido extraordinariamente eficiente en el control de la enfermedad.
DECLARACIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO ACERCA
DEL PROBLEMA DEL CÓLERA. INSERCIÓN
El señor DÍAZ.-
Quiero informar a la Sala que la Comisión de Salud de esta Corporación celebró una sesión hoy en la mañana, a la que asistieron, por el Ministerio del ramo, el Subsecretario, don Patricio Silva; el Jefe subrogante de la Dirección de Programas doctor don Raúl Muñoz, y el ingeniero del Departamento de Medio Ambiente don Julio Monreal.
Si me lo permiten, voy a leer la declaración que emitió la Comisión, relacionada íntimamente con parte de la intervención del Honorable señor Lagos.
Dice así:
"La Comisión de Salud del Senado, integrada por los Senadores señores Nicolás Díaz (Presidente), Vicente Enrique Huerta, Enrique Larre, Francisco Prat y José Ruiz De Giorgio, en sesión celebrada el día de hoy -a la cual asistió especialmente invitado el señor Subsecretario de Salud, don Patricio Silva-, conoció las políticas de salud adoptadas por el Supremo Gobierno en relación con la enfermedad del cólera que afecta a nuestro país.
"Los integrantes de la Comisión manifestaron su apoyo a la forma en que las autoridades de salud han enfrentado el referido problema, y ofrecieron su colaboración a las iniciativas que tiendan a erradicar definitivamente no sólo el cólera, sino también otras enfermedades, tales como el tifus y la hepatitis, para lo cual se considera imprescindible impulsar un proyecto de tratamiento de aguas servidas en todo el país.
"La Comisión estima de toda urgencia llevar adelante tal proyecto -inserto dentro de una política de protección del medio ambiente en su globalidad-, dada la importancia que el problema reviste no sólo para la salud de la población, sino también para los sectores productivos, el turismo y la economía del país, en general.".
Firman; Enrique Larre, Nicolás Díaz, Francisco Prat, Vicente Huerta y José Ruiz De Giorgio.
Señor Presidente, solicito insertar esta declaración, acordada -como habitualmente sucede- por la unanimidad de los integrantes de la citada Comisión, pues en asuntos como la salud jamás hemos tenido diferencias en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Se insertará el documento en la Versión de esta sesión, señor Senador.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, en primer término adhiero al oficio solicitado por el Honorable señor Lagos, y pido que se envíe también en nombre del Comité Independiente,
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Así se hará.
La señora FELIÚ.-
En segundo lugar, deseo pedir que se aclare la petición del Honorable señor Díaz en orden a insertar la declaración en la Versión. En realidad, ella debe ser incluida en aquélla, pero no por acuerdo de una Comisión, porque eso no procede ni corresponde.
En cuanto a la inserción completa en la versión de prensa, cabe reiterar lo señalado con anterioridad en esta misma Sala, en el sentido de que, por acuerdo unánime de los Comités, eso no procede, salvo que lo acuerden ellos mismos. No es un asunto que incumba a la Sala y, por lo demás, tampoco hay quórum.
He dicho, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental). - La Mesa consideró que la petición del Honorable señor Díaz es agregar el documento a la Versión de esta sesión. Ese es su verdadero sentido y alcance.
¿No es así, señor Senador?
El señor DÍAZ.-
Sí, señor Presidente.
Y quiero aprovechar la ocasión -y perdónenme que abuse de vuestra paciencia- para solicitar una sesión especial del Senado sobre el cólera, sus proyecciones y sus consecuencias, pues me parece que es un tema que debe ser tratado. Los funcionarios del Ministerio de Salud están dispuestos a concurrir, si así lo decide esta Corporación.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Señor Senador, para ello debe presentar una solicitud formal, la que debe venir acompañada del número de firmas correspondiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE
EN SU 64° ANIVERSARIO. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente: "Hay países que pueden vivir prácticamente sin ejército, pero ninguno puede vivir sin policía", afirmaba en 1942 Gregorio Marañón, "pues la policía" -agregaba- "se ha convertido en un verdadero sistema nervioso del Estado, que mantiene enlazados y coherentes sus distintos órganos, y que responde a las contingencias urgentes con la rapidez y con la exactitud de los reflejos.". Símil feliz que la autoridad del insigne médico español eleva a la categoría de verdadero axioma, del cual los chilenos podemos dar fe ante la función que, desde su creación, hace 64 años, viene desarrollando Carabineros de Chile, nuestra policía por antonomasia.
Como un auténtico y complejo sistema nervioso de la República, Carabineros extiende sus ramificaciones hasta los más remotos extremos de su configuración territorial, garantizando la pervivencia del Estado como un todo orgánico y coherente. Ejecutor hasta en los confines más apartados del territorio de los mandatos que emanan de los Poderes del Estado, la omnipresencia de Carabineros a lo largo y ancho de nuestra difícil geografía, al posibilitar el normal desenvolvimiento de las actividades propias de la nación y de la vida ciudadana dentro de marcos de armónica convivencia, hace de esta Institución factor de progreso del país.
En efecto, toda nación necesita para desarrollarse de una policía eficiente y eficaz, que, al procurar a los ciudadanos la certeza de su seguridad individual, les garantice la tranquilidad y libertad indispensables para entregarse todos y cada uno a sus propias actividades en pro del bien común. Y es ésta (garantizar la seguridad individual de los ciudadanos) la misión que Carabineros de Chile viene cumpliendo con singular acierto desde el día mismo de su creación, el 27 de abril de 1927, gracias a que nació a la vida trayendo consigo el rico legado de las instituciones que desaparecieron para hacer de aquélla una exitosa realidad. De la Policía Fiscal heredó la sólida formación profesional de hombres de Derecho y amplia experiencia en el trato cotidiano con la ciudadanía; y -del Cuerpo de Carabineros, su organización y severa disciplina militar. Carabineros de Chile, Institución a la que la Carta Fundamental promulgada en 1980 dio rango constitucional al declarar explícitamente que constituye la fuerza pública de la nación y existe para dar eficacia al Derecho y garantizar el orden público y la seguridad pública interior, tiene para la vida de la nación, e inclusive para la existencia de la democracia en Chile, una importancia trascendental, que ha pasado inadvertida, no sólo para la ciudadanía, sino también para hombres de sólida formación jurídica y, paradójicamente, aun para las mismas autoridades gubernamentales.
Tiene, en efecto, la misión esencial de Carabineros, fijada en forma categórica por la Constitución Política de la República, vital relevancia para la existencia en nuestro país de la democracia. Es decir, de una auténtica democracia, y no de aquella formal o retórica que se agota en el discurso, ni de esa otra con que se disfraza la demagogia, pues son elementos consustanciales de ella el imperio de la ley y la clara y absoluta división e independencia de las tres vertientes en que se expresa el poder del Estado: legislativa, ejecutiva y judicial. En Chile impera efectivamente la norma legal con toda su augusta majestad, y los Poderes del Estado llevan a cabo su misión con absoluta garantía de incolumidad constitucional, al amparo de la sombra vigilante y protectora de Carabineros de Chile.
Como órgano del Poder Ejecutivo, al asegurar la observancia de la norma, Carabineros hace realidad y da vigor al ordenamiento jurídico establecido por el Legislativo en el ejercicio de la soberanía popular que le ha sido transferida libre y voluntariamente. Es propio de la naturaleza humana, sin embargo, no acatar siempre la disciplina social que imponen las leyes, por perfectas que éstas sean en su espíritu y en su letra; entonces, debe intervenir el Poder Judicial, restableciendo el ordenamiento jurídico quebrantado.
Corresponde a Carabineros de Chile, por expreso mandato constitucional, cumplir las órdenes impartidas por los tribunales para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten, sin entrar a calificar su fundamento u oportunidad, ni su justicia o legalidad. Es el cumplimiento de esta disposición lo que hace de Carabineros cimiento sólido del Estado de Derecho en Chile, único en el que puede darse una auténtica democracia, pues la imperatividad y coactividad de la norma legal dependen del celo y formación profesional de sus hombres, atributos que forman parte de sus elementos esenciales.
La preservación del Estado de Derecho por parte de Carabineros lleva implícito el mantenimiento del orden público, que constituye, per se, la satisfacción de una de las necesidades básicas del individuo, lo mismo que del grupo social. El orden público, concepto más fácil de sobreentender que de definir, es concebido, en general, como la organización considerada necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad. Al velar por su conservación (vale decir, la de la organización que permite el normal desenvolvimiento de la nación, evitando su desquiciamiento), Carabineros contribuye, directa y eficazmente, a la normalidad de la infinita gama de actividades que, cada vez con más acelerado ritmo, han producido el progreso económico, social y cultural que vive hoy día Chile y que lo ha colocado a la cabeza y como ejemplo de los países iberoamericanos.
Pero el aporte de Carabineros al desarrollo del país ha ido siempre más allá de procurar el ambiente propicio para que la ciudadanía pueda alcanzarlo mediante el esfuerzo colectivo, pues su intervención se ha traducido en realizaciones concretas, que es preciso señalar, para que sean conocidas o para rescatarlas del olvido.
Así, por ejemplo, el actual Servicio de Identificación, cuya importancia para el normal desenvolvimiento de la vida de la nación resulta inoficioso señalar, proviene de Carabineros de Chile, del cual fue segregado recién a fines de 1932. El origen de ese Servicio se remonta a la Policía Fiscal de Santiago, cuya Oficina de Filiación Antropométrica, creada en 1899 en la Sección de Seguridad de la Policía para la filiación de los reos que cumplían condena en los establecimientos penales de la capital, había evolucionado; y era en 1927, al momento de crearse Carabineros de Chile, un servicio orgánico desempeñado por eficiente personal técnico. Durante cinco años los Servicios de Identificación y Pasaportes de Carabineros de Chile continuaron desarrollándose; y al pasar el 26 de diciembre de 1932 a depender directamente del Ministerio del Interior, contaban con un moderno y completo gabinete central en Santiago y gabinetes de Identificación en todos los departamentos de la República.
Literalmente, de vital importancia ha sido la acción de Carabineros para la integración y habilitación de vastos territorios del país. En efecto, desde tiempos inmemoriales, los valles y quebradas de Tarapacá, especialmente los del entonces departamento de Arica, eran asolados por el paludismo o malaria, enfermedad conocida vulgarmente como "tercianas", que provocaba un grave debilitamiento físico y mental a sus víctimas (entre 70 y 93 por ciento de la población de esas zonas), reduciendo al mínimo su capacidad de trabajo y sus defensas contra otras afecciones. Iniciada por el Gobierno en 1937 una campaña contra la malaria, a cargo del profesor doctor Juan Noé, se requirió y obtuvo la colaboración de Carabineros de Chile, Institución que creó con tal fin una Brigada Sanitaria Antimalárica, integrada por Oficiales y Carabineros. La abnegada e incansable labor desarrollada por la Brigada Antimalárica de Carabineros, cuyos integrantes difícilmente podían eludir ser víctimas de una u otra forma clínica de dicho mal, permitió erradicar por completo y definitivamente la endemia en tan sólo diez años de combate. Eliminada la malaria, extensas y fértiles zonas de la región pudieron ser incorporadas a la producción agrícola de Chile. Hoy, Arica disfruta de un elevado grado de desarrollo económico y social, habiéndose convertido en importante centro turístico internacional.
La labor de chilenidad desplegada por Carabineros se extendió, bajo distintas formas, de norte a sur del país. En 1928 fue creado por el Gobierno-de la época el Territorio de Aysén, extensa e inexplorada zona de potenciales riquezas. A cargo de su incorporación real a Chile, mediante su poblamiento y desarrollo, estuvo, en calidad de Intendente, el Coronel de Carabineros don Luis Marchant González. Establecida la Intendencia en el caserío que era entonces Puerto Aysén, futura capital del Territorio, el Coronel de Carabineros señor Marchant González instaló de inmediato en él una Comisaría, para recorrer después, palmo a palmo y a lomo de caballo, esas extensas tierras vírgenes.. El 12 de octubre de 1929 fundó, con el nombre de "Baquedano", la actual floreciente ciudad de Coihaique, y más tarde, Palena, Futaleufú, Puerto Cisnes, Puerto Chacabuco y otros pequeños poblados. En todos ellos instalaba de inmediato un retén de Carabineros, cuyas banderas tricolores y blanquiverdes iban tiñendo de chilenidad el mapa de la zona y abriendo sus puertas al desarrollo.
Mas no es suficiente la incorporación real a las actividades del país de vastas e inaccesibles zonas de nuestro suelo patrio. Es preciso, además, defenderlas de las pretensiones de dominio de países vecinos, asentando sobre ellas la soberanía nacional con la presencia física de ciudadanos chilenos. La integración y defensa del territorio nacional en tiempo de paz constituyen una importantísima y poco conocida misión que Carabineros de Chile desarrolla de manera permanente y prácticamente ignorada. En cumplimiento de esa sagrada misión, la zona que incorporara a Chile el Coronel de Carabineros don Luis Marchant González fue regada con su sangre heroica y generosa por otro Carabinero, el Teniente Hernán Merino Correa, caído bajo las balas de la Gendarmería Nacional Argentina el 6 de noviembre de 1965 en Laguna del Desierto, un jirón de nuestro territorio hoy todavía en litigio con el vecino país.
Junto con asumir por imperativo legal la defensa de la integridad territorial, Carabineros de Chile, en forma espontánea y como elocuente demostración de la seriedad profesional y sentido patriótico con que lleva a cabo sus funciones, poniendo en ellas mucho más de los que legal y razonablemente pudiera exigírsele, ha tomado también para sí, como una obligación moral, la defensa de sus riquezas naturales, fuente de progreso para el país.
Una de las riquezas naturales de Chile que sufren los mayores y peligrosos embates de la naturaleza y de la irresponsabilidad y torpeza humanas es la forestal. Hasta 1962 Carabineros de Chile cumplió labores específicas de guardería forestal, de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley de Bosques. Pero su Dirección General, en vista de que los incendios destruían paulatinamente nuestros bosques, con el consecuente daño ecológico y económico para la nación, con visión ecologista precursora de actuales políticas oficiales, decidió asumir directamente su defensa. Se creó para ello en 1962 una brigada de policía forestal destinada a prevenir y combatir los incendios forestales y ejercer, al mismo tiempo, la fiscalización de las disposiciones legales sobre la materia, enviándose, para poner en práctica este ambicioso proyecto, a algunos oficiales a especializarse en los Estados Unidos de América. La Brigada de Policía Forestal evolucionó con el transcurso del tiempo, y es hoy un Departamento de la Dirección General de Carabineros, con zonales y patrullas forestales operando en todo el territorio nacional.
Enfermedades y analfabetismo son factores inhibitorios del desarrollo de las naciones. Consciente de esta realidad, Carabineros de Chile asumió también (esta vez en forma absolutamente voluntaria y patriótica) el compromiso de llevar atención médica y alfabetización a los habitantes de los más apartados rincones de nuestra accidentada geografía y aprovechar la existencia en ellos de sus Unidades y Destacamentos. Mediante un altruista Plan de Acción Cívica que comprende la instalación en dichas zonas de puestos de socorro -atendidos por personal paramédico institucional- y de centros de alfabetización a cargo igualmente de su propio personal -el que ha sido debidamente seleccionado y preparado para tales efectos y desarrolla esta labor sin perjuicio de sus obligaciones profesionales-, Carabineros ha llevado civilización y progreso a esas apartadas regiones rurales.
Atentan, asimismo, contra el desarrollo de la nación los accidentes de tránsito, con su secuela de muertes, lesiones invalidantes y ausentismo laboral. El aumento constante del número de hechos de esa índole que se producían a diario en todo el país llevó a la Superioridad de Carabineros de Chile a crear, en 1961, una Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito, con personal técnicamente especializado, para investigar en el sitio del suceso e inmediatamente después de ocurrido éste las causas que lo originaron. Los informes técnicos evacuados al término de la investigación constituyen una valiosa ayuda para los jueces encargados de sustanciar los procesos respectivos, a la vez que el conocimiento de las causas de los accidentes permite a Carabineros adoptar las medidas policiales de prevención para evitarlos en lo sucesivo. El desmesurado aumento del parque automotor, al incrementar los índices de accidentes, hizo necesarias la creación de Unidades similares en diversos puntos del país y la elevación a la categoría de Comisaría de la primitiva Sección creada en Santiago.
La infancia desvalida, que sufre de abandono moral y material, ha sido objeto de especial preocupación y desvelos por parte de Carabineros de Chile. Corría el año 1960 cuando se puso en práctica en la ciudad de Concepción un plan piloto destinado a recoger de la calle a los niños vagos para prestarles protección, como una forma de prevenir la delincuencia infanto-juvenil. Esta nueva misión, que Carabineros asumía en forma voluntaria y a modo experimental, al establecerse en forma definitiva y con proyecciones a futuro, requirió de cuidados y ternuras que sólo el instinto maternal de la mujer puede brindar. Fue así como la labor de protección al menor en situación irregular dio origen, el 16 de julio de 1962, a la que es, sin duda alguna, la más formidable innovación experimentada por Carabineros de Chile desde el día de su fundación: la creación de la Policía Femenina de Carabineros, hoy Escalafón Femenino, con sus dos categorías: de Oficiales y de Personal de Nombramiento Institucional.
Para llevar a buen fin la nueva misión, se crearon nuevas Reparticiones y Unidades. A medianoche del 28 de mayo de 1962 iniciaba sus actividades la primera Unidad Especializada de Menores de Santiago, a la que correspondió como denominación, dentro de la organización propia de Carabineros, la de "Segunda Comisaría, de Menores". A casi treinta años de la inauguración, de esa Comisaría piloto, un Departamento de Menores en la Dirección General; una Prefectura y Comisarías Especiales; 40 hogares, y 4 Centros de Atención Diurna, repartidos en todo el territorio de la República, realizan esta labor protectora de la infancia y juventud chilenas de ambos sexos.
Empero, la alimentación, vestuario y educación de los menores en situación irregular y el mantenimiento de los hogares requerían de fondos adicionales, de los cuales no se disponía. Para obtenerlos y, a la vez, colaborar con los demás organismos públicos y privados en la solución de los problemas relativos a la protección de aquellos menores, Carabineros creó, en 1963, la Fundación Niño y Patria. Gran parte del financiamiento de la labor con menores provino de los aportes voluntarios del propio personal de Carabineros.
La adquisición de pequeñas aeronaves para la aviación en ciernes de Carabineros de Chile se hizo, igualmente, con el aporte pecuniario de los propios miembros de la Institución. Fundado el-16 de junio de 1948 el Club Aéreo Carabineros de Chile, fueron sus socios -todos ellos personal en servicio activo de Carabineros- quienes financiaron la adquisición de sus primeras pequeñas aeronaves, precursoras de los modernos aviones y helicópteros con que cuenta en la actualidad la Prefectura Aeropolicial de la Institución.
Pronto esos aparatos empezaron a ser utilizados por la Brigada Aeropolicial, repartición de servicio creada ad hoc y que funcionó paralelamente al Club. Los eficientes servicios policiales prestados por esa Brigada y, a la vez, el incremento de los modernos aviones y helicópteros con que se contaba para el efecto, movieron a la Jefatura de Carabineros a elevaría a la categoría de Prefectura.
Diversos y valiosos son los servicios que en todo el territorio nacional presta aquélla a la comunidad. Algunos de los más rutinarios y conocidos son la vigilancia desde el aire del tránsito por carreteras en días de intenso flujo vehicular y la ubicación de delincuentes que huyen tras la comisión de graves delitos. Pero la mayor utilidad que la aviación de Carabineros presta a la ciudadanía tiene lugar con ocasión de grandes catástrofes, como terremotos, inundaciones o incendios. Transcurridos ya diez años del suceso, frescas están aún en el recuerdo las impresionantes escenas de dos de sus helicópteros rescatando en Santiago a un grupo de personas desde la azotea del edificio Santa María, que era presa de las llamas resultantes de un incendio que costó la vida a varias personas. Todos hemos visto igualmente a través de la televisión el salvamento, en repetidas ocasiones, de personas aisladas y en peligro de muerte a causa del desborde de los ríos en invierno. Menos espectacular, pero no menos importante, es su concurso en el socorro en medicinas, alimentos y abrigo para los damnificados por los sismos que con tanta frecuencia asuelan a Chile. La operación que en julio de 1986 realizaron los pilotos de un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial para rescatar desde las heladas aguas del Estrecho de Magallanes a un Oficial de la Fuerza Aérea de Chile, único sobreviviente de una colisión en el aire de dos aviones de la FACH que se precipitaron posteriormente al mar, pereciendo los otros tres pilotos, fue realmente heroica y puso de manifiesto la enorme pericia y sangre fría de los pilotos de Carabineros. Sin embargo, esas capacidades no son siempre suficientes por sí solas para alcanzar el éxito de la misión, como lo prueban 18 pilotos cuyos nombres se han inscrito en el martirologio institucional.
Suele ocurrir, como hemos visto, que el propio personal de Carabineros financie algunos gastos originados por las necesidades del servicio policial. Habituado a esta permanente limitación de recursos económicos y materiales, el personal debe virtualmente obrar milagros ante contingencias urgentes. No otra cosa fue lo que hizo el Cabo Jefe del Retén Hierro Viejo, pequeño poblado de 800 habitantes situado cerca de Petorca, con ocasión del terremoto que asoló esa zona el 28 de marzo de 1965 y que causó la destrucción del 90% de las viviendas, incluido el propio cuartel del Retén: poniendo en juego su inventiva y amplia experiencia en el conocimiento de la conducta humana, calmó la histeria de los vecinos dándoles a beber un poderoso calmante distribuido con un cuentagotas que no contenía sino agua sacada de la noria...
Carabineros de Chile, como sostenía Marañón, da respuesta a las contingencias urgentes con la rapidez y con la exactitud de los reflejos. A falta de recursos materiales, dispone del más valioso capital que podría desear: las condiciones personales y profesionales de excepción que adornan a todos y cada uno de sus hombres.
No ha sido fácil ni gratis, sin embargo, para Carabineros de Chile el cumplimiento de su misión. Antes bien, ha debido pagar por él un elevado precio en vidas, inaugurando a muy temprana hora el martirologio institucional. Y ha sido el mantenimiento del orden público, sin lugar a dudas, el que le ha impuesto la mayor cuota de sacrificios. No cumplía aún dos meses de vida Carabineros de Chile, cuando debió sufrir la primera muerte de uno de sus hombres en cumplimiento del deber: el 12 de junio de1927, mientras notificaba una infracción aun negocio clandestino de alcoholes, el Vicesargento 1o don Guillermo Aguilera Pastene fue muerto sorpresivamente a balazos por el hijo de la regente del negocio; su nombre encabeza la dolorosamente larga lista de Carabineros caídos en actos de ser vicio.
El 12 de agosto de 1932 el orden público se vio gravemente perturbado con la ocupación de la casa central de la Universidad de Chile, en Santiago, por un grupo de elementos revolucionarios que llamaba a derrocar al Gobierno. Recibida en Carabineros la orden de desalojarlos, un piquete al mando de un Capitán logró introducirse al recinto de la Universidad, y mientras avanzaba por uno de los pasillos, un tiro de revólver disparado por los revoltosos dio muerte en forma instantánea al Brigadier de 20 años de edad don Carlos Garrido Fuenzalida, a quien cupo el trágico honor de ser el primer Oficial de Carabineros de Chile muerto en cumplimiento del deber.
Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces. La evolución social, política y moral de los pueblos plantea nuevas exigencias a la función de Carabineros de Chile, que ha debido readecuar su organización, el entrenamiento de su personal y la planificación de los servicios, para garantizar a la ciudadanía su seguridad y el resguardo de sus derechos.
Para combatir el tráfico de estupefacientes y prevenir la criminalidad que germina con el uso de las drogas, Carabineros creó en 1973 el Departamento, de Control de Drogas y Prevención Delictual -más conocido por la ciudadanía como O.S.7, denominación que corresponde a la nomenclatura interna de la Institución-, destinado a combatir la elaboración, tráfico y consumo de estupefacientes y drogas. Desde su creación, el O.S.7 ha venido realizando una eficaz labor, siendo la incautación de enormes cantidades de clorhidrato de cocaína y marihuana, el desbarate de numerosos laboratorios clandestinos y la detención de importantes traficantes internacionales elocuente testimonio de la insobornable eficiencia de esa Institución.
Sufre sin embargo Chile, como muchos otros países del mundo occidental, al que pertenece, los embates de una nueva y virulenta lacra social, que se extiende como la gangrena en las sociedades, causando muerte y destrucción: el terrorismo. La insania y audacia de los delincuentes terroristas ha llegado en Chile a extremos inauditos, al atentar en contra de Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y asesinar alevosamente a un Senador de la República. Mas, por ser Carabineros el rostro visible y material de la Ley y el representante del orden institucional, el terrorismo lo reñí conoce como el primer bastión del Derecho al que es preciso destruir para luego asaltar el poder. Sólo en el transcurso del último año, 8 funcionarios policiales han sido asesinados por los delincuentes terroristas.
Para combatir este flagelo, Carabineros organizó en 1979 un grupo operacional altamente especializado, en el que se conjugan las excepcionales condiciones físicas y psíquicas de su personal con un acabado entrenamiento, dominio de modernas técnicas y equipamiento ad hoc. El GOPE, sigla que corresponde al Grupo de Operaciones Policiales Especiales, no sólo es útil a !a ciudadanía en su combate al terrorismo demencial: también le presta valiosos servicios en caso de catástrofes, como inundaciones o incendios en edificios de altura; en emergencias producidas en los balnearios del litoral durante el verano o en los centros deportivos invernales; en rescates en la montaña, y en las más diversas circunstancias riesgosas, todas las cuales ponen de relieve el temple de los efectivos de Carabineros de Chile.
Sin desconocer los esfuerzos verdaderamente heroicos que realiza Carabineros en su lucha contra el terrorismo, preciso es señalar que se encuentra en situación desmedrada frente a éste por la falta de los elementos técnicos indispensables para el efecto, con todos los cuales cuentan, en cambio, paradójicamente y como ha quedado demostrado a raíz de los últimos dramáticos sucesos, los terroristas.
Decía, por eso, al comienzo que la importancia trascendental de Carabineros de Chile para la vida de la nación, la consolidación de la democracia y la subsistencia del Estado de Derecho en el país ha venido pasando inadvertida desde hace mucho tiempo a las propias autoridades gubernamentales. No de otra manera se explican su exigua dotación, que impone al personal jornadas excesivamente prolongadas para satisfacer en forma adecuada las exigencias más imperiosas del Servicio; su carencia de vehículos en número suficiente para ejercer la vigilancia que necesita la población, los que deben ser facilitados por algunas Municipalidades que cuentan con recursos económicos; su anticuada tecnología en el campo de las comunicaciones, la computación y los servicios, en general; la falta de cuarteles modernos y funcionales, que ofrezcan un mínimo de confort al personal que debe trabajar y vivir en ellos; y, por último, la ausencia de elementos indispensables para desarrollar las más básicas funciones del Servicio, pues se da el caso increíble de que Oficiales y Suboficiales de Guardia deban poseer una máquina de escribir adquirida con su peculio para confeccionar los partes dirigidos a los tribunales.
Por ello, es de esperar que los propósitos del actual Gobierno en orden a remediar definitivamente la situación de atraso y abandono que sufre la institución no queden en eso: sólo en propósito.
Decía asimismo que la importancia de la función de Carabineros ha pasado también inadvertida para importantes hombres de Derecho que han sugerido introducir modificaciones a la legislación vigente que, de ser aprobadas, al enervar la acción de Carabineros en beneficio de los delincuentes, producirán, sin duda alguna, desastrosos efectos en el espíritu de servicio del personal y, por ende, en el Orden y Seguridad Públicos. Tales sugerencias, en vista de los últimos acontecimientos, que han enlutado al propio Congreso Nacional, no pueden prosperar.
Para terminar, rindo homenaje en memoria de los 850 Carabineros muertos en el cumplimiento del deber a lo largo de los 64 años de vida de Carabineros de Chile.
He dicho, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Se oficiará al señor Ministro de Defensa Nacional transcribiéndole su intervención, a fin de que la haga llegar al señor General Director del Cuerpo de Carabineros.
Ha terminado el tiempo del Comité Renovación Nacional.
El señor HUERTA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, Honorables Senadores, como Sus Señorías saben, porque lo he dicho en más de una oportunidad, yo tengo la sangre verde y la Institución a flor de piel. Por eso, las palabras de los Honorables señores Lagos y Ortiz De Filippi me han calado profundamente.
Me habría gustado responder palabra por palabra, concepto por concepto, esta verdadera monografía y generosa historia que ha relatado el Senador señor Lagos.
En beneficio del tiempo solicito que las palabras que aquí se han vertido sean transcritas al señor General Director del Cuerpo de Carabineros, para que él, como jefe de la familia institucional, compuesta por activos y pasivos, dé respuesta a estas generosas palabras. Por mi parte, me comprometo a que ellas sean transcritas a la revista institucional para conocimiento y estímulo de todo el personal de la Institución.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Se procederá en la forma solicitada por Su Señoría.
El señor HUERTA.-
Acabo de recibir una tarjeta de los Senadores de Renovación Nacional en la que me felicitan por este aniversario que se cumple el próximo sábado. En su debida oportunidad y con gran gratitud, daré respuesta a este amable saludo.
He dicho, señor Presidente.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, el Comité Demócrata Cristiano adhiere al merecido homenaje que se brinda al Cuerpo de Carabineros de Chile al cumplir 64 años de vida.
El señor CANTUARIAS.- Lo propio hace, señor Presidente, el Comité de la Unión Demócrata Independiente.
El señor PACHECO (Presidente accidental).-
Habiendo terminado la hora de Incidentes, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 22:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción