REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 49ª, en miércoles 8 de mayo de 1991
Ordinaria
(De 10:45 a 13:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX,
PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, Y
EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Cooper Valencia, Alberto
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Diez Urzúa, Sergio
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Bolívar, Arturo
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--González Márquez, Carlos
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Huerta Celis, Vicente Enrique
--Jarpa Reyes, Sergio Onofre
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larre Asenjo, Enrique
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Navarrete Betanzo, Ricardo
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ortiz De Filippi, Hugo
--Pacheco Gómez, Máximo
--Páez Verdugo, Sergio
--Papi Beyer, Mario
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Soto González, Laura
--Sule Candia, Anselmo
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vodanovic Schnake, Hernán
Concurrió, además, el señor Ministro de Educación.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 41 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 46a, ordinaria, en 23 de abril último, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 48a, ordinaria, en 7 de mayo en curso, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República con el que retira la urgencia, y la hace presente nuevamente con carácter de "Simple", al proyecto de ley que establece condiciones de reprogramación para los deudores de crédito fiscal universitario.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Cámara de Diputados con los que comunica que ha tenido a bien aprobar los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que sustituye el artículo 90 de la ley Nº 18.768, en lo relativo a la distribución de los ingresos provenientes del Sistema de Pronósticos Deportivos.
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
2.-
El que confiere el carácter de ministros de fe a funcionarios que indica.
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la solicitud de doña Mariana Martelli para que el Senado decida si ha o no ha lugar a la admisión de la acción judicial que señala en contra de los Ministros de Estado que indica.
--Queda para tabla.
NORMAS SOBRE FOMENTO A OBRAS DE RIEGO EN ZONAS AFECTADAS POR SISMOS O CATÁSTROFES
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el Orden del Día figura el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece normas sobre fomento a obras de riego en zonas afectadas por sismos o catástrofes, informado por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, y con urgencia calificada de "Simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 42a, en 9 de abril de 1991.
Informes de Comisión:
Hacienda y Obras Públicas, sesión 48a, en 7 de mayo de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Secretario informará sobre la materia.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Las Comisiones de Obras Públicas, con las firmas de los Honorables señores Siebert (Presidente), Jarpa, Martín y Navarrete; y la de Hacienda, con las de los Honorables señor Lavandero (Presidente), señora Feliú y señores Gazmuri y Larre, proponen aprobar el proyecto, el cual consta de un artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En la discusión general y particular, ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley en trámite establece que en las comunas declaradas afectadas por sismos o catástrofes, de acuerdo con la ley Nº 16.282, o en sectores territoriales que limitan con ellas y que se encuentran regados en común, la Dirección Nacional de Riego podrá llamar a concursos especiales para obras de riego. Los interesados en tales llamados a licitación podrán optar a la bonificación fiscal establecida en la ley Nº 18.450, que favorece a las obras de riego construidas por particulares.
En los casos a que se refiere la iniciativa en estudio, se aumenta el valor de las obras habilitadas para obtener la bonificación, hasta 50 mil y 150 mil unidades de fomento, si se trata de un predio individual, o de sistemas de riego que benefician a varios de ellos, respectivamente.
En el régimen de la ley Nº 18.450, la bonificación fiscal corresponde a obras de hasta 12 mil unidades de fomento. O sea, el proyecto en análisis aumenta considerablemente el valor de las obras de riego que pueden acogerse a dicho cuerpo legal, cuando se trate de zonas afectadas por sismos o catástrofes.
La Comisión de Hacienda estimó conveniente proponer a este Honorable Senado la aprobación del proyecto de ley en trámite en los mismos términos en que lo acogió la Cámara de Diputados; sin embargo, atendido el hecho de que la ley Nº 18.450 rige por el plazo de ocho años a contar de su vigencia -el 1° de enero de 1986-, consideró necesario dejar constancia de que ella surtirá efecto hasta el 1° de enero de 1994; es decir, tendrá la misma vigencia del cuerpo legal al cual se remite y que modifica en los casos que señala.
Finalmente, la Comisión de Hacienda dejó expresamente establecido que las normas de la legislación futura no importan mayor gasto, pues las bonificaciones que puedan otorgarse se pagarán con cargo a los recursos de la actual Ley de Presupuestos de la Nación.
Por lo tanto, señor Presidente, la Comisión de Hacienda del Senado recomienda a la Sala su aprobación en los términos antes expuestos.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.- Señor Presidente, deseo una aclaración, pues hoy en la tarde estamos citados a Comisión Mixta para tratar el tema relativo a sismos o catástrofes. No entiendo por qué se está viendo ahora.
El señor DIEZ.- Ésta es otra materia, señora Senadora.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, deseo explicar que en este momento se tramitan en el Senado dos proyectos diferentes: uno, al cual me referí, estudiado por las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda -ambas recomiendan su aprobación-, en cuanto a la bonificación fiscal para la construcción de obras de riego en zonas afectadas por sismos o catástrofes, y que se consigna en el boletín 278-09.
El otro modifica directamente la ley Nº 16.282. Fue aprobado por esta Corporación en términos distintos de los propuestos por el Poder Ejecutivo. Volvió a la Cámara de Diputados, la cual insistió en su planteamiento primitivo.
Atendida la discrepancia entre ambas ramas del Parlamento, la última de las iniciativas nombradas se encuentra para estudio de la Comisión Mixta, que se reunirá hoy en la tarde, a las 15.
Se trata, en consecuencia, de dos textos diferentes.
He dicho, señor Presidente. "
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, en la Comisión de Obras Públicas aprobamos por unanimidad el proyecto de ley en debate, teniendo en cuenta la premura con que -pensamos- deben aplicarse las medidas que permiten paliar los catastróficos efectos de la sequía, que afecta con especial gravedad a las Regiones centrales de Chile. Asistieron a la reunión de ella, especialmente invitados, los señores Director General de Aguas y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, quienes ilustraron a la Comisión sobre el tema y plantearon algunas proposiciones.
Esta iniciativa modifica la ley Nº 18.450, que fomenta las inversiones privadas en obras de riego y drenaje. Para limitar el beneficio sólo hasta obras llamadas medianas, el cuerpo legal citado contempla un costo máximo de 12 mil UF. Por otro lado, establece que la Comisión Nacional de Riego podrá subsidiar hasta el 75 por ciento del valor de ellas, sobre la base de determinado puntaje que obtengan los proyectos que participen en el concurso público al cual llame tal comisión.
Ahora bien, el texto en estudio se refiere a obras de riego en comunas declaradas afectadas por sismos o catástrofes. En este caso, se autoriza para llamar a concursos especiales respecto de aquellas cuyo valor ascienda hasta 50 mil UF, cuando se trate de un predio individual, y hasta 150 mil UF, cuando las obras beneficien a un sistema de riego que mantiene una organización de usuarios.
Concretamente, en este momento, la ley en proyecto favorecerá la construcción de un sistema que permitirá interconectar, en la Cuarta Región, los embalses Cogotí y Recoleta -los cuales prácticamente carecen de agua- con el embalse La Paloma, al cual le sobra el recurso hídrico.
Personalmente, expresé mis reservas en cuanto al monto de las obras para predios individuales. Me pareció excesivo; y, además, tal circunstancia podría marginar las expectativas de regantes menores. Estimé preferible referirse a obras individuales que beneficiaran a varios predios. Sin embargo, cedí en mi posición en beneficio de la premura por despachar este proyecto, porque si no hubiese tenido que ir a Comisión Mixta.
Ojalá que su aprobación permita llevar a la práctica este tipo de obras en zonas que en la actualidad se hallan seriamente afectadas, y en las que en el futuro pudiesen estarlo, conocidas las condiciones geográficas de nuestro país. Y ya se comienza a hablar de un cuarto año de sequía consecutiva.
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestro voto favorable a la aprobación de este proyecto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Gracias, señor Presidente.
Complementaré muy brevemente la exposición del Honorable señor Siebert, concordando desde luego en la necesidad de respaldar y aprobar esta iniciativa legal.
No necesariamente se trata de la Cuarta Región, pues existen otros casos que pueden plantearse, como, por ejemplo, en la provincias de Petorca y de San Felipe, donde existen problemas relativamente parecidos. Se pretende fijar montos máximos, pero sin establecer que el valor de las obras por concurso sea de esa índole.
Quiero destacar la enorme importancia de los llamados a concursos especiales. Cerca de 50 comunas declaradas zonas de catástrofe por el actual Gobierno, con motivo de la sequía, llevan casi tres años con un déficit de agua acumulado, lo que es extraordinariamente preocupante. Esos cursos van a permitir no sólo preservar un recurso muy escaso como el agua, sino también generar empleo de mano de obra, por lo cual, a mi parecer, tienen doble importancia. Efectivamente, en la actualidad, en las zonas de sequía, estamos advirtiendo una seria y grave desocupación, la cual, de modo significativo, sería absorbida por este tipo de obras públicas destinadas al riego.
Igualmente, señor Presidente, deseo señalar la necesidad de que se agilice y dé la premura necesaria a los llamados a concursos, a la licitación misma y a la adjudicación de las obras, porque, en definitiva, existen varios de ellos que aún se encuentran pendientes.
Por las razones expuestas -y complementando naturalmente lo manifestado por el Honorable señor Siebert-, respaldo el proyecto en debate y, junto con los Senadores de Renovación Nacional, y en particular con aquellos que representan zonas afectadas por la sequía, como son las Regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Metropolitana, le prestaremos nuestra aprobación.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, la idea central de esta iniciativa -obviamente, dadas sus características de futura ley- tiende a presentar una opción para distintas zonas del país que pudieran encontrarse en las condiciones que aquí se describen. Pero, tal como se señala en el Mensaje, ella tiene especial relevancia para la Cuarta Región, de Coquimbo, sobre todo porque destaca la importancia de que los organismos del Estado se preocupen de una política de largo plazo para enfrentar condiciones geográficas que son conocidas y que se repiten en el tiempo, dadas nuestras particulares características climáticas.
En el texto de esta iniciativa de ley se expresa que precisamente se trata de ayudar a resolver algunos de los problemas planteados en este caso concreto en la provincia de Limarí. Objetivamente, allí, con la participación del Gobierno Regional y la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, se sostuvieron diversas reuniones con las asociaciones de canalistas, con el objeto de poder involucrar a toda la comunidad de la Cuarta Región -particularmente, la de Limarí- en un esfuerzo destinado a resolver la situación crítica generada por la sequía.
Señor Presidente, este proyecto -el cual en definitiva viene a abrir espacios a otras regiones del país, como lo señalaba el Honorable señor Romero- resulta particularmente interesante para la Cuarta Región, pues en ella se ha podido establecer un compromiso en virtud del cual los propietarios agrícolas van a compartir el financiamiento de las obras de habilitación del canal alimentador, lo que permitirá que el embalse La Paloma pueda entrar a resolver los problemas de otras áreas de la provincia de Limarí.
Los canalistas y propietarios agrícolas están dispuestos a absorber una buena parte del costo de esta obra de gran envergadura. Y, precisamente, necesitan que la ley establecida con el objeto de favorecer las inversiones en riego pueda concurrir con otro de los aportes de financiamiento indispensables para esta tarea.
Por eso mismo, pido que la Sala adopte el mismo acuerdo unánime a que se llegó en las Comisiones, por cuanto implica un rol activo del Estado en la solución de un problema muy delicado: como ya se ha anunciado por los especialistas de la Comisión Nacional de Sequía, si durante el mes de mayo no se registran lluvias, por lo menos en la Cuarta Región las condiciones de gravedad de sus habitantes se ahondará con más fuerza.
La iniciativa de ley en debate tiende a solucionar una parte del problema. Permitirá que los recursos hídricos acumulados en el embalse La Paloma puedan revertir a otras zonas de la provincia de Limarí. Y, por eso, debe estimularse su rápida aprobación, a fin de poner en marcha un sistema que generará ocupación en la Región durante cierto tiempo y, además, será una solución de carácter permanente, por cuanto, aun cuando llueva pronto en la Cuarta Región, no podremos cambiar el componente climático, que la ha convertido en una zona semiárida, lo cual obliga al Estado y a los particulares a preocuparse de que en ella se hagan, por ejemplo, inversiones de largo aliento en materia de acumulación de aguas.
Todos coincidimos en que hoy día el embalse La Paloma puede resolver la aguda escasez de aguas en los otros dos tranques. Recuerdo que la discusión de las obras del embalse La Paloma se generó en el Gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo; que su ejecución se inició durante el de don Jorge Alessandri Rodríguez, y que su operación se concretó bajo la administración de don Eduardo Frei.
¿Por qué razón menciono esa circunstancia? Precisamente, porque los legisladores debemos pensar más allá de los términos de un Gobierno, porque obras de esta naturaleza tienen que comprometer al país. Se trata de iniciativas con un proceso de decantación relativamente largo. Y éste es un primer paso -por lo menos para quienes somos representantes de la Cuarta Región-, ya que entendemos la necesidad de explorar estos elementos de acumulación de aguas en otras provincias de la Región, como la de Choapa, por ejemplo, que carece de oportunidades de acopio de este vital y tan escaso elemento, dadas nuestras condiciones geográficas.
Señor Presidente, porque el procedimiento ideado permite agilizar el contenido y sentido objetivo de la ley de fomento al riego; porque favorece la participación del sector privado, que se beneficia directamente con esta iniciativa a través de estimular la financiación de una obra de esta envergadura, y porque posibilita la solución a problemas de largo aliento en nuestra Región, creo que la Sala -repitiendo la aprobación unánime habida en las respectivas Comisiones- debiera despachar a la brevedad el proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cooper. Pero, como el Honorable señor Siebert -al parecer- desea formular algunas observaciones respecto de lo manifestado por el Senador señor Hormazábal, si no tiene inconvenientes Su Señoría, aquél podría intervenir primero.
El señor COOPER.- No tengo inconvenientes, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quería complementar el análisis cronológico hecho por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en cuanto a la gestación de las obras de La Paloma.
Deseo recordar que durante el Gobierno anterior -en el cual me cupo el honor de ser Ministro- se invirtieron más de cuatro millones de dólares para finalizar los trabajos de ese embalse. Y me alegro de que ahora, en este Gobierno, también estemos contribuyendo a unirlo con los embalses de Cogotí y Recoleta, porque constituyen el gran sistema de riego de la Cuarta Región.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.- ¿Cuál es el valor del total de la inversión, señor Senador?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Le ruego dirigirse a la Mesa, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Gracias, señor Presidente.
Honorables señores Senadores, a los antecedentes ya dados a conocer, quiero agregar que la importancia de estas obras ha llevado a los agricultores -especialmente a los relacionados con el sistema Recoleta-Cogotí-La Paloma- a iniciar las gestiones correspondientes por cuanto la urgencia de los trabajos hace indispensable su pronta terminación.
La disposición legal en debate va a permitir que el subsidio alcance a obras de mayor valor y, sobre todo, que se llame a concursos especiales.
Lamentablemente, los subsidios provenientes de la ley Nº 18.450, en todos los casos en que ella se ha aplicado, por razones de su reglamentación, siempre se entregan después de varios meses de aprobados. De tal manera que gran parte del éxito que se pueda tener con la legislación en estudio -sé que contará con la unanimidad del Senado- dependerá precisamente de que los llamados especiales a concursos sean resueltos a la brevedad, a fin de dar solución a situaciones tan particulares como las que afligen en este momento a nuestra Región. Por ejemplo, si los agricultores exportadores no cuentan luego con el apoyo del embalse La Paloma al sistema, realmente verían seriamente afectada su próxima producción.
Por eso, señor Presidente, y en complemento de lo ya señalado, pido al Honorable Senado aprobar el proyecto por unanimidad.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a una indicación que ha llegado a la Mesa.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El Honorable señor Núñez ha formulado indicación para sustituir en el inciso primero del artículo único del proyecto las expresiones "comunas declaradas afectadas", por "zonas afectadas".
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, el fundamento de la indicación del Honorable señor Núñez radica en el acuerdo logrado entre la Cámara de Diputados y el Senado para modificar la ley Nº 16.282, que alude a las comunas mediante el término "zonas". .
En verdad, el proyecto sobre modificación de la ley Nº 16.282 será visto hoy en la tarde por la Comisión Mixta. Pero la razón por la cual está convocada dicha Comisión estriba en el desacuerdo producido entre ambas ramas legislativas. En efecto, la Cámara aprobó que la ley Nº 16.282 otorgue facultades al Presidente de la República por el plazo de dos años, modificando el texto vigente, que es de uno. Y el Senado, en cambio, rechazó la ampliación de este plazo a dos años. Pero tanto aquélla como éste aprobaron modificar la ley Nº 16.282, la cual alude a que la declaración de catástrofe o de sismo recaiga en la comuna por zona geográfica.
Entonces, habría que armonizar, como lo plantea el Honorable señor Núñez, el texto de la ley en estudio con la referencia a "zonas geográficas".
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para estimar así la indicación presentada?
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, se ha explicado con claridad en esta Sala el objetivo de la modificación a la ley Nº 18.450. Deseo recordar al Senado que ésta -denominada de "obras menores de riego"- obedeció a una iniciativa del Consejo Económico y Social, y que ha prestado grandes servicios al desarrollo de la agricultura.
Sin embargo, también resulta útil destacar que el sistema establecido en la ley mencionada es el de concursos, a los que pueden optar todos los agricultores que hagan estas obras menores, quienes -según la calidad de sus proyectos- van a repartirse los recursos existentes o acordados por el Gobierno.
En consecuencia, la iniciativa en debate, la cual evidentemente tiende a solucionar el grave y urgente problema que afecta en especial a la Cuarta Región, va a implicar, en la práctica, que los mayores recursos que se destinen a las obras provengan precisamente de la disminución de los que puedan concederse u otorgarse a otros proyectos. Es decir, van a ser los demás agricultores de Chile -generalmente son pequeños y medianos- los que financiarán el costo de la ley en análisis, como claramente se desprende del informe de la Comisión de Hacienda, según el cual los recursos totales de la Ley de Presupuestos no varían, por lo que no tendrá incidencia negativa en la economía del país.
Pero, dada la circunstancia de tratarse de una catástrofe de caracteres graves, lo natural habría sido otorgar recursos adicionales y que no se produzca este curioso fenómeno de que sean ciertos agricultores -es decir, otras personas que desarrollan la misma actividad- quienes deban, en el fondo, ir en ayuda de aquellos golpeados por una catástrofe.
Obviamente, no está en nuestras manos corregir tal situación. Pero, en todo caso, dadas las características tan graves de la crisis que afecta en especial a la Cuarta Región, los Senadores de la Unión Demócrata Independiente votaremos en favor del proyecto. Sin embargo, ha sido conveniente dejar constancia de lo señalado, en cuanto pueda ser posible que en el futuro se destinen recursos adicionales para estos fines.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, quiero repetir el argumento que di cuando se discutió en la Sala la modificación de la ley Nº 16.282, cuando se pretendía cambiar el concepto de "comuna" por el de "zona afectada". Concretamente, me refiero a la indicación formulada por el Honorable señor Núñez.
La comuna afectada por catástrofe constituye una unidad territorial perfectamente delimitada y jurídicamente establecida. Una zona afectada, lamentablemente, no lo es ni en uno ni en otro sentido. Ahora, si la zona afectada por una catástrofe es más amplia y va más allá de una comuna, deben declararse en estado de catástrofe dos o tres de ellas.
Por eso, pienso que la indicación formulada por el Honorable señor Núñez no es adecuada.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ese tema, señor Senador, efectivamente se discutió con motivo de la reforma propuesta a la ley Nº 16.282; y fue dilucidado por el Senado. Parece razonable que lo resuelto favorablemente en esa oportunidad concordara con lo que se resuelva en el proyecto.
Comprendo las observaciones hechas por Su Señoría. Son las mismas que hizo valer la otra vez; pero el Senado ya se pronunció sobre el tema, de modo que se terminaría aquí la discusión. Sin embargo, quiero hacer presente la siguiente circunstancia: esta iniciativa es específica para determinados objetos. La despachada por el Senado hace algunos días, y que es materia de la Comisión Mixta, es un proyecto general que también comprende situaciones como las que la iniciativa en estudio está reglamentando. Porque se refiere a las capacidades del Presidente de la República para declarar zonas de emergencia y efectuar ciertas obras. ¿O no es ése el entendido de los señores Senadores?
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, la ley Nº 16.282 regla de manera general un procedimiento de carácter administrativo sumamente excepcional, y faculta al Presidente de la República para adoptar medidas extraordinarias cuando se produzca un sismo o una catástrofe en el país.
Esa ley, en su texto vigente, alude a la unidad geográfica denominada "comuna", pero esto es objeto de enmienda mediante una iniciativa en actual tramitación -boletín 336-06-, que reemplaza la unidad geográfica "comuna" por la unidad geográfica "zonas afectadas", que es un concepto, por así llamarlo, "genérico", desde el punto de vista geográfico. La ley en vigencia habla de "comunas, localidades o sectores". Y en esa modificación de la ley Nº 16.282 consistente en reemplazar "comunas" por "zonas afectadas", existe acuerdo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Indudablemente, el Poder Ejecutivo también comparte ese criterio, porque envió el proyecto en esos mismos términos.
Entonces, la "ley madre", por así decirlo, a la que se refiere la iniciativa que estamos debatiendo en este momento -ley N° 16.282- deberíamos entenderla ya jurídicamente modificada. No lo está real y verdaderamente, porque ello no ocurrirá mientras no se dicte un decreto promulgatorio y éste se publique en el Diario Oficial. Pero la voluntad de los órganos colegisladores -Cámara de Diputados, Senado, Presidente de la República- se ha expresado en el sentido de aceptar tal modificación. Existe esa voluntad.
Luego, yo entendería que en la iniciativa en actual tramitación a que me he referido está aceptada la modificación a esa "ley madre", enmienda que alude -repito- a "zonas afectadas".
Por eso, para que sea más armónica la legislación, considero conveniente la indicación del Senador señor Núñez, a fin de emplear la misma terminología que utiliza el í proyecto modificatorio de la ley Nº 16.282; esto es, la de "zonas afectadas".
Por lo tanto, señor Presidente, estimo que debe aprobarse la proposición que el Honorable colega ha formulado al proyecto de ley que estamos discutiendo,
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, quiero aclarar los dos conceptos que usted solicitó precisar.
Existe una ley que, dada nuestra configuración natural, tiene carácter permanente: la Nº 16.282, referente a sismos o catástrofes.
Esa ley, señor Presidente, autoriza para adoptar una serie de medidas muy especiales. En efecto, además de destinar recursos adicionales, permite, por ejemplo, que los servicios públicos, o los Ministerios en ciertos casos, obvien determinadas exigencias de sus leyes orgánicas; facilita el trámite para las donaciones; faculta para alterar los presupuestos; establece, incluso, posibilidades para que los Tribunales durante el período de un año no realicen subastas o remates en las zonas declaradas, precisamente, de catástrofe, dada la particularidad de la ayuda urgente que tenga que prestarse.
Por consiguiente, la mencionada ley -reitero- es de carácter permanente y busca la manera de agilizar el servicio requerido por la gente en condiciones tan extremas y de difícil solución como las que hemos señalado.
A nosotros, en la Cuarta Región, la idea de "comuna", que aquí se ha sugerido mantener, nos generó algunas dificultades. Porque hay comunas en las cuales, por su extensión y variedad, existen áreas que no han sido objeto de catástrofe. En cambio, otras zonas dentro de la misma comuna sí necesitan una ayuda urgente. Pero la ley vigente establece que debe declararse zona de catástrofe a toda la comuna.
En el caso de La Serena o Coquimbo, por ejemplo, no hemos tenido problemas de agua potable. En consecuencia, si se las hubiera declarado zona de catástrofe, se habría afectado la actividad turística en toda la zona, cuando, objetivamente, no teníamos esas carencias. Pero un poco más al norte, o un poco más al sur de la ciudad de La Serena, ciertamente existen crianceros o pequeños agricultores que están viviendo situaciones bastante complicadas derivadas de la sequía.
Entonces, para no confundirnos, tengamos presente que la ley Nº 16.282 es de carácter permanente y tiende a establecer una modalidad operativa en que las leyes normales por las cuales se rige el funcionamiento de los servicios públicos se altera. No existe, por ejemplo, obligación de llamar a licitaciones para determinadas adjudicaciones, y se da todo un efecto de mayor actividad al aparato administrativo del Estado, dadas, precisamente, las características propias de dicha ley.
Ahora, lo que estamos discutiendo acá se refiere a la ley Nº 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, y que, de acuerdo a su artículo 1°, rige por ocho años, contados -entiendo- desde el 1° de enero de 1986. En consecuencia, su vigencia finaliza en 1994; o sea, es transitoria. En mi opinión, creo que esta ley debería tener carácter permanente, porque el país debe seguir fomentando las grandes obras de inversión en mejoramiento de infraestructura en un tema tan delicado como el que debatimos: los recursos hídricos.
Por lo tanto, no hay que confundir ambos elementos. Es cierto que ellos se topan. Al discutirse, por ejemplo, esta modificación a la ley de fomento al riego, se ha hecho referencia a un caso particular de una zona declarada de catástrofe: la provincia de Limarí. Pero es sólo una coincidencia, ya que tocándose en este aspecto las dos leyes, son absolutamente distintas, tanto por su duración en el tiempo como por la amplitud de las operaciones a que cada una de ellas se refiere.
Al finalizar, señor Presidente, deseo señalar, con respecto a la ley Nº 18.450 -me alegro mucho de que el Honorable señor Urenda haya recordado que esta ley fue iniciativa del Consejo Económico y Social-, que deberemos estudiarla en su oportunidad, primero, para hacerla permanente, y segundo, para mejorar la forma en que los pequeños campesinos y agricultores pueden acceder a sus beneficios. Porque se requiere que preparen un proyecto y, además, que coloquen un porcentaje que hoy día la mayoría de los campesinos pobres no pueden aportar.
Si en la actualidad es posible usar de estos recursos hasta 150 mil unidades de fomento, es debido a que esos fondos están otorgados en el presupuesto de la nación, y porque muchos chilenos no han podido acogerse a sus beneficios por estas características que precisamente entraban la operación de los campesinos más pobres.
El señor ROMERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Quiero precisar y aclarar que existen concursos especiales para la pequeña agricultura hasta por dos hectáreas de riego básicas. Son numerosos los concursos últimos en que se ha planteado esta situación.
Lo importante en esto -concordando exactamente con el planteamiento hecho por el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra- es la necesidad de entender que esta norma permanente de una ley se está complementando con una situación que es propia, no sólo de la Cuarta Región, del Valle de Limarí, sino que, también, de otras comunas, como los casos de Putaendo y San Felipe, o los de varias comunas de la provincia de Petorca.
En el sentido señalado, he recomendado y respaldado la aprobación de esta iniciativa.
La señora FREI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, aunque entiendo los argumentos de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, quiero expresar que encuentro -por decirlo de la manera más suave posible- un poco improcedente que estemos tratando este tema separadamente del proyecto que modifica la ley N° 16.282, que fija disposiciones permanentes sobre sismos y catástrofes, proyecto que trataremos esta tarde en Comisión Mixta. Porque me habría parecido bastante más prudente debatir el asunto en general y, de ahí, haber llegado a leyes específicas.
Comprendo la urgencia que existe por solucionar el problema de agricultores cuya situación es difícil en estos momentos. Pero, como criterio general, considero más sano discutir leyes que afecten a todos los chilenos, y no sólo a sectores especiales.
Además, pido a los señores Senadores de Oposición mantener esta tarde, en la Comisión Mixta, el mismo criterio que han manifestado respecto del proyecto que estamos debatiendo ahora. Lo digo porque, desgraciadamente, ha habido discusiones en las que se han manifestado criterios diferentes.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, acepto los argumentos dados por el Honorable señor Hormazábal con respecto a la aprobación del concepto de "zona" en vez del de "comuna", porque me parecen valederos. Sin embargo, quiero advertir a la Sala acerca de los vicios a que se puede llegar con motivo de la declaración de zona en estado de sismo, catástrofe o emergencia, lo que constituye una facultad discrecional del Gobierno.
Al respecto, quiero relatar lo que ocurre en este momento en el Ministerio de Obras Públicas: en llamados a licitación para la ejecución de grandes obras públicas a los que concurrieron empresas nacionales y extranjeras, tales obras fueron adjudicadas a firmas foráneas. Pero como éstas no cumplían algunos requisitos que contenían las bases de la licitación, las firmas nacionales hicieron una presentación a la Contraloría General de la República, la que fue acogida por este organismo. Ello hizo que el Gobierno insistiera ante la Contraloría y declarara zona en estado de emergencia aquella donde estaban ubicadas las obras, con lo cual podía adjudicarlas en trato directo a las empresas extranjeras.
Considero que se trata de una situación muy peligrosa. A raíz de este problema, en este momento existe una pugna entre la Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno.
Entonces, el hecho de obviar problemas reglamentarios o estatuidos en la ley en este sentido, es bien complicado, en especial cuando la emergencia no existe. No me refiero al caso del sismo o catástrofe, donde -imagino- el problema será evidente para todos los habitantes, lo que no siempre ocurre con las emergencias.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, lo que ha planteado el Honorable señor Siebert es una materia que puede ser analizada. Podemos llamar a personeros del Ministerio respectivo para que nos den a conocer los antecedentes. En este caso, creo que existen razones de diferente índole, como el financiamiento internacional, que está comprometido. Y es bueno que nosotros lo veamos.
En ese sentido, estoy convencido de que las autoridades de Gobierno no están cometiendo abuso en esta materia. Pero es interesante saber en qué momento la influencia de los créditos internacionales puede generar situaciones que requieran de una explicación, como con toda razón ha señalado el Honorable señor Siebert. Pero insisto en que esto no tiene nada que ver con el proyecto que estamos discutiendo.
Acepto que la naturaleza humana puede ser dada a cometer abusos. Por eso, es bueno que existan instituciones democráticas en las cuales las personas puedan formular sus opiniones y críticas, a fin de restablecer la equidad y la justicia.
El señor VALDÉS (Presidente).- Por los planteamientos expuestos, deduzco que habría acuerdo para aceptar la indicación formulada por el Honorable señor Núñez. Como el proyecto consta de un solo artículo, se lo aprobaría en general y particular a la vez.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, con la indicación formulada por el Honorable señor Núñez.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES DE ECONOMÍA Y DE EDUCACIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Solicito autorización para que puedan sesionar simultáneamente con la Sala la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción y la de Educación, que tienen materias urgentes que tratar.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Perdón, señor Presidente, iba precisamente a solicitar que también pudiese sesionar paralelamente con la Sala la Comisión de Educación, pero Su Señoría ya hizo mención a ello.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, ambas Comisiones podrán sesionar simultáneamente con la Sala.
Acordado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En la hora de Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
REACCIONES ANTE ANUNCIO DE REFORMAS CONSTITUCIONALES. OFICIOS
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, se ha escuchado recientemente en esta Sala una exhortación dirigida al Presidente de la República para que, con prudencia y sabiduría, asuma el tema de la reforma de la Constitución.
Creo que el Jefe del Estado no necesita recomendaciones de prudencia ni de sabiduría, porque, ciertamente, ha estado encarnando ambos valores con mucha intensidad durante el año y tanto de mandato o de ejercicio del Gobierno.
Extraña sobremanera que, antes de conocerse un eventual proyecto de reforma constitucional, se plantee la reticencia sobre los alcances que un cambio institucional pudiera tener en el país. Y extraña también que, entre otras consideraciones, se fundamente dicha reticencia en la necesidad de que transcurra un período prolongado de aplicación de la actual Carta Fundamental, sobre la base de entender a la Constitución como un artefacto que precisa determinado uso para probar sus méritos.
La verdad es que no es necesario que una Constitución rija malamente durante 5, 10, 20 ó 30 años para llegar a advertir sus carencias, vacíos o imperfecciones, ni mucho menos los peligros latentes que su aplicación puede significar al más normal desenvolvimiento del sistema democrático.
Otros sectores políticos están planteando también hoy, paradójicamente, la intangibilidad de la actual Constitución de 1980, amparados en fundamentos o argumentos análogos al que recién citaba.
Me parece oportuno recordar que la vigencia durante más de un año de un Estado democrático ha demostrado sobradamente las imperfecciones de la actual Carta Fundamental. Y de ello se han dado cuenta perfectamente quienes son sus más acérrimos partidarios. Recordemos, por ejemplo, que el Presidente de Renovación Nacional ha sido uno de los más fervientes patrocinadores del que, quizá, constituye el más importante cambio de la actual institucionalidad: el cambio de régimen político. Durante cerca de un año, en foros y en otros espacios de discusión pública, él ha sostenido la necesidad de sustituir este régimen de presidencialismo exacerbado por uno semipresidencial o semiparlamentario.
Si eso no es desmantelar la actual Constitución, ¿que podría significar su desmantelamiento, cuando se postula precisamente que el elemento central del régimen político se varíe sustancialmente? Y conste que el Senador que habla adhiere a esta feliz iniciativa que ha tenido el Presidente de Renovación Nacional. Este partido ha apoyado -aún más: ha gestado- una reforma constitucional que conocimos hace un par de meses y que se vinculaba a las facultades que se atribuían al Presidente de la República para ejercitar el derecho al indulto en materia de delitos terroristas, modificación importante de la Constitución, y yo diría que muy importante para quienes se plantearon como sus defensores acérrimos, desde el momento en que tocaba también una de las piedras angulares de la institucionalidad heredada del Régimen militar.
Y hoy día, cuando se discute la insoslayable reforma constitucional que podría generar un municipio democrático, desde la Derecha se afirma que paralelamente a esta revisión -y yo diría que condicionándola- es menester abocarse a otra enmienda muy integral de la Carta Fundamental, cual es el cambio en la estructura del poder local, la revisión de las bases en que se ejercen el gobierno regional o los gobiernos regionales del país.
He ahí otra muy importante modificación titulada por la Derecha.
Por lo tanto, considero que, más que con declaraciones abstractas, grandilocuentes y demostrativas sobre todo de un temor al cambio, es necesario abordar el debate con un diálogo que contemple los puntos precisos y concretos de una imprescindible reforma de las instituciones de nuestro país para posibilitar un tránsito más efectivo a una democracia plena y permitir enfrentar lo que constituyen las insuficiencias más palpables de la actual Constitución, exteriorizadas por el rodaje de un año y medio de Gobierno democrático.
Y desde ese punto de vista, los Senadores socialistas y del Partido por la Democracia pensamos que hay algunas tareas fundamentales, que no se pueden obviar, en materia de reforma de la Carta Fundamental. Por ejemplo, el sistema electoral. Más allá de las ventajas ocasionales que brinde a una u otra fuerza política, ¿quién podría sostener que alienta la plena expresión democrática la existencia de este casi único sistema binominal que tenemos en Chile, que no da cabal expresión a las tendencias políticas que se configuran en el país? ¿Quién podría sostener que el Poder Judicial, tal cual está concebido en nuestras instituciones, no merece enmiendas más allá del carácter y la extensión de ellas? ¿Quién podría sostener que la estructuración de un órgano tan fundamental como es el Tribunal Constitucional obedece a un criterio racional, cuando algunos de sus miembros son designados por el Consejo de Seguridad Nacional, instancia que nada tiene que ver con los objetivos de dicho Tribunal? ¿Podría alguien desconocer la necesidad de discutir -a lo menos, discutir- una mayor proyección de las fórmulas plebiscitarias, tan restringidas en nuestra actual Carta? Y cabe recordar que el propio candidato de la Derecha en 1989, el señor Büchi, abogaba por los plebiscitos en el orden comunal. ¿Por qué, entonces, ser tan restrictivos en los plebiscitos de carácter nacional y sobre materias más importantes que las ya tan importantes que se ventilan en el ámbito comunal?
En fin, podríamos citar numerosas otras materias respecto de las cuales es necesario abocarse a un estudio sereno, a condición, claro está -lo reitero-, de que éste se enmarque en los temas fundamentales y no esté desfigurado por el temor al cambio de las instituciones, el que nosotros persistentemente venimos planteando desde hace más de diez años en este país, y que fuera piedra angular de lo que constituyó el Programa de la Concertación, base del triunfo del Presidente Aylwin.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Dentro también del tiempo del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor SULE.-
Quiero señalar que nuestro Comité cederá su tiempo al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se tomará nota de ello, señor Senador.
ACTUACIÓN DE CARABINEROS EN MANIFESTACIONES PUBLICAS. OFICIOS
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, Honorables Senadores, quiero tratar en esta oportunidad un tema que ha sido objeto de debate público durante estos días, el que tiene que ver con cuestiones de orden público y con los procedimientos que en determinadas ocasiones utiliza la policía uniformada en nuestro país. Me refiero en particular al incidente que se produjo el sábado anterior cuando, durante una manifestación de un grupo de dirigentes del Partido Comunista de Chile, hubo una confrontación con Carabineros, en la que resultaron tres personas heridas.
Me parece necesario hacer una reflexión sobre el punto por estimar que está relacionado con cuestiones muy importantes en el período en que vivimos, en el cual los problemas atinentes al orden público y a la seguridad ciudadana figuran, sin duda, entre las principales preocupaciones del país.
Si uno analiza el debate derivado de tal hecho -en particular, la versión del Ministro del Interior- llega a la conclusión de que hubo un manifiesto error policial. Dicho Secretario de Estado, al informar al país sobre el incidente, señaló que la policía actuó en presunción de que podría haberse tratado de un acto de propaganda armada, similar a los realizados en distintos puntos de la capital en los últimos días por grupos extremistas. Y esa presunción -que resulto ser falsa, según lo reconoció el propio señor Ministro, por cuanto no se trataba de un acto de propaganda armada, sino de la conmemoración pacífica de la detención de miembros de esa colectividad- dio origen -de acuerdo con la versión de dicho Secretario de Estado- a que se reprimiera esa manifestación.
Para explicar tal error se ha esgrimido como un elemento atenuante -y cuya efectividad ha sido comprobada- el hecho de que no se solicitó la autorización previa para realizar ese acto. En todo caso, según las propias declaraciones de la autoridad, queda claro que la fuerza policial incurrió en un error de apreciación que la llevó a emplear medios represivos que no correspondían con lo que allí efectivamente estaba ocurriendo, y que, por lo tanto, se actuó con excesiva violencia, completamente desproporcionada con el asunto de que se trataba.
Me parece que lo anterior nos lleva a una reflexión -que quiero compartir con este Honorable Senado- acerca de la importancia que reviste, en los tiempos que vivimos, que el uso de la fuerza pública sea utilizada, primero, con estricto apego a Derecho; segundo, con prudencia, y tercero -como es obviamente indispensable-, en forma proporcional y adecuada a los objetivos que ella debe servir: el orden público y la seguridad de los ciudadanos.
Y quiero llamar la atención sobre la necesidad de que tanto las autoridades políticas como la dirección policial sean muy celosas en el uso atinado de la fuerza pública y de los grupos represivos del Estado, porque precisamente en los momentos que vivimos, cuando hay una amenaza y un riesgo de perturbación del orden público y de la paz civil por parte de pequeños y aislados grupos terroristas, evidentemente que contribuye a los propósitos de estos últimos el que haya un empleo inadecuado de la fuerza pública. Justamente el extremismo tendrá éxito en el país en la medida en que logre extender un clima de confrontación que la sociedad no quiere vivir.
En consecuencia, creo que desde el punto de vista de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, es muy importante cuidar -y ésa es una función que nos compete a todos- que el uso de la fuerza pública tenga absoluta legitimidad. Y ello obliga a la autoridad política y a la policial a utilizarla con mucha prudencia y ecuanimidad.
Quiero señalar que errores como éste -no deseo magnificarlo, pero si llamo la atención al respecto es por estimar indispensable evitar su repetición- dañan el propósito superior que perseguimos todos los chilenos -y los Senadores de estas bancadas en particular-, de asegurar la convivencia pacífica entre todos nosotros, de generar un clima de seguridad ciudadana y de afirmar la voluntad mayoritaria que existe en la sociedad en cuanto a desterrar la violencia, especialmente la de carácter político, de nuestra convivencia civil, única manera de que la democracia pueda vencer, con los métodos que le son propios, las amenazas de alterar esa convivencia pacífica.
En tal sentido, solicito oficiar, en nombre de mi Comité, tanto al señor Ministro del Interior como al señor General Director de Carabineros, consultando si se ha iniciado -como, a mi juicio, corresponde- un sumario interno en la Institución policial, destinado a precisar los hechos y a determinar los responsables del error cometido, que ha sido reconocido por el propio señor Ministro del Interior, y que al mismo tiempo se solicite a ese Secretario de Estado y al General Director de Carabineros que nos informen acerca de los resultados de ese sumario.
Muchas gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento, a los que adhiere más adelante el Honorable señor Huerta.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.
ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE. COMUNICACIÓN
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, señores Senadores:
El 27 de abril pasado Carabineros de Chile celebró un nuevo aniversario de su creación, dispuesta en 1927 por el entonces Presidente de la República, General don Carlos Ibáñez del Campo.
Desde los inicios de su existencia, la Institución de la policía uniformada pasó a ser el símbolo de la presencia de la autoridad nacional a lo largo del territorio del país y el instrumento eficaz de su acción en el resguardo del orden público y la seguridad de los chilenos.
Pero la destacada labor que lleva a cabo abarca muchos otros ámbitos del quehacer nacional, aparte el propiamente policial: está encargada del permanente patrullaje fronterizo terrestre; es responsable del control del tránsito urbano y carretero; colabora con la CONAF en la prevención de incendios forestales, y con el Servicio Agrícola y Ganadero en materias de pesca y caza; realiza arriesgadas misiones de salvamento y rescate en el mar, ríos y cordillera, y proporciona socorro en situaciones de catástrofes naturales y siniestros. Además, todos conocemos y apreciamos la encomiable tarea que cumple en favor de los menores en condición irregular y la ayuda que brinda a los sectores de la población que viven en localidades aisladas geográficamente.
Los sesenta y cuatro años de historia de Carabineros de Chile han forjado una acendrada tradición institucional de servicio a la Patria y a la comunidad, tradición que se ha engrandecido con la entrega de la vida de muchos de sus hombres en el cumplimiento del deber. A ello ha contribuido determinantemente la sólida formación que reciben sus integrantes, centrada en el desarrollo de los valores éticos y en la adquisición de un alto nivel profesional, elementos fundamentales de la doctrina de la Institución.
Asimismo, la preocupación constante de la Superioridad por la incorporación de nuevos métodos operacionales ha hecho que Carabineros sea un ejemplo destacado de desempeño policial en el continente.
No obstante lo anterior, la magnitud que han adquirido en la sociedad contemporánea fenómenos como el terrorismo, la delincuencia y el narcotráfico hace que resulten insuficientes los medios tanto humanos como materiales con que cuenta actualmente la Institución, y plantea la necesidad imperiosa de reforzar significativamente la capacidad de acción y la eficacia de los servicios policiales.
En ese aspecto, nos cabe, junto al Poder Ejecutivo, la responsabilidad de proporcionar a los organismos de la Fuerza Pública los recursos indispensables para que puedan no sólo incrementar sus dotaciones y disponer de los avances tecnológicos en la investigación, prevención y represión del delito, sino también mejorar los cuarteles, las comisarías y, sobre todo, las condiciones económicas y de vivienda de sus funcionarios.
Todos aspiramos a consolidar en nuestra patria un ambiente de convivencia pacífica y armónica. En esa tarea le corresponde a Carabineros de Chile un papel activo, más allá del quehacer meramente policial. Para que ello sea posible, deben restablecerse plenamente en el seno de la comunidad las relaciones de respeto y cooperación que siempre hubo entre sus integrantes y la ciudadanía. Porque no podemos ignorar que esos vínculos sufrieron reveses en años recientes, alterando la fuerte integración existente hasta entonces.
En tal sentido, es digna de destacarse la actitud asumida por la Jefatura de la Institución al manifestar "su efectiva voluntad de contribuir a la reconciliación entre todos los chilenos, sobre la base de un esfuerzo común, nacional e histórico", según consta en la declaración entregada a la opinión pública el 22 de marzo último.
No dudamos de que ése es el camino que conduce al restablecimiento de los sentimientos de confianza y afecto que los chilenos profesamos a Carabineros. El heroico compromiso de esa Institución con su vocación al servicio del orden y la seguridad de sus conciudadanos, su abnegación en el cumplimiento de las duras tareas permanentes que le encomienda la sociedad y la dignidad profesional de su desempeño son reflejos de los mejores rasgos de nuestra raza. Es en la práctica de esos valores que se funda el orgullo que Carabineros ha inspirado al pueblo chileno.
Con motivo del nuevo aniversario de la Institución, quiero hacer llegar a su General Director, a la Superioridad, a los Oficiales y al Cuadro Permanente mi más sincero homenaje de admiración y reconocimiento por la labor que realizan. Al mismo tiempo, hago votos para que la historia de Carabineros marche siempre asociada a los destinos de nuestro pueblo.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Restan veinte minutos al Comité Demócrata Cristiano, el que concede una interrupción al Honorable señor Huerta.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Sin lugar a dudas, en esta Alta Cámara estamos en presencia de un fenómeno típicamente democrático: por un lado, un señor Senador ha criticado la actuación de Carabineros, y por otro, se ha rendido un homenaje a la policía uniformada.
Adhiero a los oficios que en forma personal y a requerimiento del Honorable señor Gazmuri se envían al señor Ministro del Interior y al señor General Director de la Institución, a fin de que Su Señoría pueda aclarar el error en que me parece que incurre, por cuanto ese Secretario de Estado ha expresado públicamente que Carabineros actuó ajustado a Derecho. Hubo maltrato de obra; hubo una reunión no autorizada; hubo daños a la propiedad pública y privada. En esas condiciones, puede quedar claramente establecido que Carabineros procedió de la manera señalada por el señor Ministro.
Respecto del generoso homenaje rendido por el Honorable señor Arturo Frei, además de agradecerlo en lo personal, pues pertenecí y comandé a esa noble, abnegada y a veces incomprendida Institución, solicito a la Mesa, con la venia de la Sala, que se transcriba al señor General Director, por intermedio del señor Ministro de Defensa, para que esas palabras de estímulo lleguen al personal y lo alienten a actuar en la forma como corresponde, como también expresó el señor Senador. Ellas contribuirán a compensar las incomprensiones y la difícil función policial.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
--Se anuncia el envío del texto de la exposición del Senador señor Arturo Frei al General Director de Carabineros, en los términos solicitados por el Honorable señor Huerta.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde hacer uso de la palabra al Honorable señor Páez.
Hago presente que cada Comité tiene derecho a usar su tiempo, y desearía que cada uno lo hiciera oportunamente.
¿Concede una interrupción al Senador señor Gazmuri, Honorable señor Páez, con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano?
El señor PÁEZ.-
Con todo gusto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Deseo sumarme también al homenaje rendido a Carabineros, en nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, y recalcar que no hay ninguna contradicción en este ejercicio democrático, porque, efectivamente, tenemos una opinión muy positiva acerca de la labor histórica desarrollada por la Institución. Y ésta es la ocasión para repetirlo. Si hemos planteado un reparo a una acción determinada, por parecernos criticable, es precisamente por querer que Carabineros mantenga su bien ganado prestigio ante la ciudadanía, y por creer que, como representantes de la soberanía popular, debemos alertar a todas las instituciones de la República cuando nos parezca que ciertos errores pueden alterar los bienes que ellas están precisamente llamadas a resguardar.
El señor HUERTA.- Con la venia de la Mesa, deseo simplemente expresar mis agradecimientos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
REUNIÓN EN CHILE DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL GRUPO DE RÍO EN 1992
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente, los Cancilleres de la Comunidad Europea y del Grupo de Río, hace pocos días en Luxemburgo, eligieron a Chile como sede de su próxima reunión, que se realizará en abril de 1992.
Tal designación constituye una especial distinción para el país en un doble sentido, pues será el primer encuentro que esta instancia del más alto nivel desarrolle en América Latina tras la suscripción de la llamada "Declaración de Roma", firmada el 20 de diciembre de 1990 por representantes comunitarios y latinoamericanos para conformar este grupo de consulta intercontinental. Y es relevante, también, dado el carácter de los temas involucrados en la agenda: la cooperación económica y política entre las dos regiones, la integración regional, el libre comercio, el fomento de las inversiones, la cooperación científica, la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la protección del medio ambiente.
La materialización de un mecanismo de contacto político entre la Comunidad Europea y el Grupo de Río representa un singular avance en las relaciones birregionales, por cuanto permitirá un intercambio de puntos de vista acerca de temas internacionales de interés común y se constituirá en un foro autorizado para debatir los problemas propios de las relaciones mutuas. Su génesis se remonta a 1989, cuando el entonces Grupo de los Ocho y la Comunidad Europea acordaron iniciar un proceso de diálogo político interregional en una reunión de Cancilleres desarrollada en Granada, España. Los contactos se acrecentaron en 1990, al tiempo que se conformaba en nuestro continente el Grupo de Río, con la incorporación de nuevos países, entre los cuales se contaban Chile y Paraguay, luego de recuperar ambos Estados el sistema democrático. Finalmente, surge la necesidad de dar un carácter más formal a ese proceso, el que se concreta con la mencionada "Declaración de Roma".
El encuentro de Cancilleres realizado recientemente en Luxemburgo es el primero que se lleva a cabo después de la suscripción del acuerdo, en Roma, y concluyó con el compromiso de impulsar un programa de cooperación política para el reforzamiento de la democracia en América Latina y para el incremento del intercambio económico mutuo.
Creemos, señor Presidente, que este tipo de instancia constituye una interlocución privilegiada para reiterar y reforzar las tesis expuestas por el Gobierno de Chile con ocasión de la reciente gira a Europa del Presidente Aylwin y su comitiva del área económica y comercial.
Nos encontramos en el umbral del establecimiento de un nuevo tipo de relación con la Comunidad Europea. Nuestros objetivos se enmarcan en la búsqueda de una relación comercial equitativa y, en consecuencia, en un reconocimiento mutuo del libre comercio internacional. Solicitamos hoy equidad, y no misericordia; libre competencia comercial, y no obsequios.
Desde una perspectiva política, nos asiste la convicción de que este foro de Cancilleres contribuirá a la consolidación de los procesos democráticos en nuestro continente, ya que se espera de la Comunidad Europea fidelidad a su ejemplar conducta histórica de respaldo y solidaridad hacia quienes promueven en el mundo el imperio de sistemas de gobierno fundados en la razón y en el Derecho.
Señor Presidente, la designación de Chile como sede de la cita de Cancilleres de abril de 1992 representa un eslabón más de la exitosa política de reinserción de nuestro país como actor pleno en las relaciones internacionales, y constituye, sin duda, un respaldo para el Gobierno del Presidente Aylwin en su difícil misión de conducir la transición democrática.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
SITUACIÓN DEL CÓLERA EN EL PAÍS. COMUNICACIÓN
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, ayer se abordó por tercera o cuarta vez el problema del cólera. Deseo formular algunas observaciones respecto del tema, que es de candente actualidad.
En primer lugar, quiero hacer presente que en el Libro Tercero del Código Sanitario, "De la Higiene y Seguridad del Ambiente y de los Lugares de Trabajo", el inciso primero de su artículo 73, incluido en el Párrafo I, "De las aguas y de sus usos sanitarios", del Título II, dispone textualmente:
"Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los reglamentos.".
Por su parte, el inciso primero del artículo 75, que se encuentra en el mismo Título, expresa:
"Prohíbese usar las aguas de alcantarillado, desagües, acequias u otras aguas declaradas contaminadas por la autoridad sanitaria, para la crianza de moluscos y cultivo de vegetales y frutos que suelen ser consumidos sin cocer y crecen a ras de la tierra.".
En síntesis, señor Presidente, en Chile tenemos leyes muy antiguas que norman todo el sistema de sanidad pública. El problema es que no se cumplen, o bien, que las autoridades no han actuado con energía suficiente como para hacerlas cumplir. A veces nos ahogamos en una maraña de disposiciones, pero ellas no se aplican. Creo que lo que corresponde es hacer efectivas las normas pertinentes, que contiene en abundancia el Código mencionado.
Respecto de este punto, quiero insistir en un tema que ya planteamos hace algunos días: en lo caro que es el sistema de alcantarillado para los usuarios de nuestro país.
El fin de semana pasado estuve en la comuna de Machalí, que debería ser rica, porque en ella se encuentra la mina de cobre más grande del mundo. Sin embargo, en las poblaciones, no obstante pasar la red de alcantarillado por fuera de las casas, los vecinos no tienen capacidad económica para pagar los arranques domiciliarios, que cuestan entre 150 mil y 200 mil pesos cada uno. Este hecho debe ser motivo de preocupación, no sólo de los responsables en el área de salud, sino, también, de todas las autoridades, a fin de que sea rebajado ese costo y dichos arranques resulten accesibles para la gente, o bien, que se den las facilidades necesarias.
Por supuesto que impacta el problema del cólera. Pero la verdad es que al leer las estadísticas quedamos un poco estupefactos. Porque después de un mes, que se cumple justo hoy día, de aparecer en Chile la infección -de ninguna manera la llamo epidemia-, tenemos únicamente 38 casos, de los cuales 32 corresponden a la capital. Y ha fallecido una sola persona,
Una muerte es algo que siempre duele, afecta e impresiona; pero se trataba de una dama de 83 años con un corazón pulmonar crónico, y que, por lo tanto, padecía de insuficiencia respiratoria. Si se agrega a ésta la insuficiencia cardiaca, es indiscutible que con cualquier otra complicación o enfermedad le hubiera ocurrido lo mismo.
Voy a mencionar una cifra, sin embargo, también relacionada con la situación de las aguas contaminadas y la falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 75 del Código Sanitario, que sí espanta e impacta. ¡En 1990 hubo 11 mil 447 casos de hepatitis, a los cuales deben sumarse 51 de hepatitis B, que es la más grave!
El porcentaje de muerte por este mal es bastante más alto que el producido por el cólera. A consecuencias del cólera -repito- ha muerto una sola persona, gracias al manejo realizado en los hospitales. Si bien carecemos de cifras relativas a la mortalidad por hepatitis, ejercí la profesión de médico durante 30 años y sé que esta enfermedad, especialmente el tipo B, es bastante más mortal.
En el mismo período, además, se presentaron 5 mil 156 casos de fiebre tifoidea y paratifus.
El SIDA, por su parte, es mucho más grave que el cólera. Mientras, en el peor de los casos, este último se define en 24 ó 36 horas, la mortalidad a causa del SIDA, después de un prolongadísimo período de enfermedad -con los riesgos de todo orden y el desembolso que significa su atención-, es prácticamente del ciento por ciento.
Señalo estos datos a fin de poner cada cosa en su lugar y dar su real importancia a otras enfermedades cuyo origen es exactamente el mismo que el del cólera: aguas contaminadas y no cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Debo aclarar que en Chile el cólera no tiene el carácter de epidemia. Se habla de esta última, primero, cuando se encuentra afectado un número muy alto de personas - según los epidemiólogos y estadísticos, un 2 por ciento de la población-; y, segundo, cuando las posibilidades de controlar una enfermedad sobrepasan la capacidad de policlínicas y hospitales, y los recursos médicos y de toda clase que posee la comunidad o, en nuestro caso, el Servicio de Salud.
De ninguna manera, por lo tanto -para hablar en términos claros-, enfrentamos una epidemia. Lo que queremos es que el cólera no se transforme en una endemia, o sea, que exista en forma permanente en nuestro país. Para ello, hemos planteado insistentemente -y, en este sentido, hace unos días la Comisión de Salud del Senado emitió una declaración, firmada por sus 5 integrantes- que debe darse prioridad a la solución de los problemas que inciden en esta enfermedad, por su repercusión sobre lo más inapreciable del ser humano: la vida, e igualmente, como lo dijo ayer el Honorable señor Romero, sobre asuntos de tipo económico, es decir, en las actividades de los pescadores, hortaliceros, etcétera.
A mi juicio, señor Presidente, el manejo del Ministerio de Salud Pública para encarar la situación ha sido admirable. Y solicito hacer llegar a esa Secretaría de Estado nuestras congratulaciones por ese hecho, con lo cual no haremos sino expresar en esta Alta Corporación el reconocimiento manifestado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, doctor Hiroshi Nakajima, quien ha tenido la gentileza de felicitar en forma pública al señor Ministro del ramo, doctor Jorge Jiménez de la Jara, en una reunión celebrada recientemente en Europa.
Deseo destacar, también, señor Presidente, que existe otro tipo de cólera, más grave y del cual debemos preocuparnos con mayor intensidad. Su Señoría dirá que no tiene que ver con el tema que acabo de tratar, pero, de todos modos, quiero abordarlo: es el cólera que anida en el alma de las personas. ¡Ese sí que es grave y mucho más mortal!
Pero al Honorable señor Urenda -que preside en este momento- no es necesario recalcarle la gravedad que reviste, porque casi fue una víctima de ese mal, enormemente más nocivo para nuestro país.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
_______________
El señor DÍAZ.-
Por último, señor Presidente, con relación a las intervenciones anteriores acerca de las reformas constitucionales, informo que el próximo martes o miércoles el Partido Demócrata Cristiano fijará su posición al respecto.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan 3 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor LAVANDERO.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
DIFICULTADES DE JUZGADO DE MENORES DE TEMUCO CON SERVICIO NACIONAL DE MENORES. OFICIO
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, sólo deseo pedir que se envíe un oficio al señor Ministro de Justicia, con el objeto de recibir antecedentes en lo relativo a los problemas que se plantean al Juzgado de Menores de Temuco con el Servicio Nacional de Menores (SENAME), el cual permanentemente dificulta la labor del tribunal.
Cuando se dicta una sentencia, las autoridades administrativas deben cumplirla sin discusión, demora ni menoscabo alguno, de manera que la situación es delicada, en especial en cuanto a la adopción de niños, ya que al parecer dicho organismo sustenta criterios distintos de los determinados por la Jueza de Menores.
Como lo anterior me parece grave, quiero hacer presente el hecho, pues en un proceso democrático siempre deben respetarse los fallos del Poder Judicial.
Nada más, señor Presidente.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Resta un minuto al Comité Demócrata Cristiano.
No se hará uso del tiempo.
El turno siguiente corresponde al Comité Renovación Nacional.
El señor SIEBERT.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
CONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. OFICIOS
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, Honorables colegas, después de oír al Senador señor Díaz y las palabras de ayer del Honorable señor Romero, celebro haber elegido el tema de las aguas servidas para mi intervención. Se trata de un asunto extraordinariamente importante, que ya en el Gobierno anterior inquietó al Ministerio de Obras Públicas, cuando tuve la honra de dirigirlo, y en el cual una solución ha adquirido ahora mayor premura por la presencia del cólera.
¿Cuál es el problema? En la mayoría de las zonas pobladas de Chile las aguas servidas se vierten directamente a los cursos de agua, a los lagos o al mar, sin el tratamiento adecuado. La contaminación que esto produce tiene un impacto que varía según el tamaño de la población, el caudal, el contenido de contaminantes químicos u orgánicos, la presencia de enfermedades en el lugar y la distancia que las aguas servidas recorren antes de ser usadas o de llegar a los lagos o al mar.
La contaminación por sustancias fecales da origen a la mayor parte de las enfermedades entéricas, como la diarrea, la fiebre tifoidea, la hepatitis y, últimamente, el cólera.
Esta situación, que afecta a gran parte del país, es particularmente seria en Santiago y Valparaíso. En efecto, cabe señalar que un reciente estudio sobre el tema expresa que la capital "exhibe el más alto nivel de enfermedades entéricas, por encima del promedio de Chile, varias veces superior al de las principales ciudades latinoamericanas, y comparable únicamente al de países en condiciones económicas, sanitarias, higiénicas y de educación muy inferiores. A lo menos 8.700 casos de hepatitis," -si en este informe hay alguna disparidad con las cifras entregadas por el Honorable señor Díaz, ruego al señor Senador disculparme- "7.500 de paratifus y fiebre tifoidea, 750.000 diarreas agudas en niños cada año, son atribuidas por los epidemiologistas en su casi totalidad al contagio de estas enfermedades por la contaminación de las aguas usadas para riego y recreación. El 20% de la capacidad total de camas del sistema hospitalario se emplea para tratar este problema".
No me referiré en especial al cólera, por existir sobreabundancia de información al respecto en los periódicos.
Es necesario tener presente que sólo la gran calidad de nuestros productos agrícolas y pesqueros de exportación y el tesón de los agricultores han permitido a Chile capturar mercados extranjeros muy competitivos. El hecho de que algunos de esos productos crezcan, en ciertos casos, en medios extremadamente contaminados, en los cuales se les cultiva con aguas que llegan a tener miles de veces más elementos patógenos que los permitidos por las normas chilenas e internacionales, constituye un alto riesgo psicológico para su aceptación por parte de consumidores sofisticados.
Asimismo, la tolerancia en la contaminación ya ha sido mencionada por intereses foráneos como una forma de "dumping", porque los productores extranjeros deben tratar sus aguas para regar.
Y no descontaminar es, además, una deficiencia muy costosa para el país. Un estudio realizado en 1989 para el Ministerio de Economía determina que el costo combinado de las enfermedades citadas y del efecto limitador sobre los cultivos hortofrutícolas, sólo para el área metropolitana, supera ampliamente los 70 millones de dólares al año. Esta cifra no tomaba en cuenta en absoluto un eventual problema en nuestra actividad exportadora.
El cuadro de Valparaíso y Viña del Mar -para mencionar otro caso-, al que debe agregarse la incidencia del problema en el turismo, si bien es menos espectacular, no es menos desolador en sus costos y consecuencias.
¿Cuál es el marco legal? Aquí repito también algunos aspectos ya abordados por el Honorable señor Díaz. La Constitución de 1980 establece el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, e indica que la ley dispondrá cómo resguardar este último. Y otorga a cualquier afectado el derecho al recurso de protección contra los actos ilegales contaminantes.
Por su parte, la ley N° 18.777, que creó EMOS S.A., señala que su objeto social es "producir y distribuir agua potable; recolectar, tratar y evacuar las aguas servidas".
Durante los años 1989 y 1990 se creó, por decreto con fuerza de ley, una normativa nueva que representa la estrategia del anterior Gobierno para tratar el tema. El decreto con fuerza de ley N° 70 y otros cuerpos legales disponen los mecanismos de que se valdrá el Gobierno para la descontaminación de las aguas y ordenan al Ministerio de Economía otorgar precios para hacer rentable la cadena producción y distribución de agua potable, y recolección y disposición de aguas servidas.
El decreto con fuerza de ley N° 382 define el último concepto diciendo: "Se entiende por disposición de aguas servidas, la evacuación de éstas en cuerpos receptores, en las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas respectivas, o en sistemas de tratamiento.".
Aquí, en el Parlamento, analizamos recientemente un proyecto de ley tendiente a ampliar y ratificar los aspectos legales ya enunciados.
En resumen, puede afirmarse que tanto la Constitución como la ley consideran que el tratamiento de las aguas servidas es un derecho de los individuos y, al mismo tiempo, una obligación ineludible de los servicios públicos o de las personas o empresas que producen la contaminación. Y está perfeccionado el sistema legal para hacer cumplir las normas respectivas. Por eso, la infracción de ellas da derecho a los afectados a recurrir de protección ante los tribunales.
Es evidente que los efectos de la contaminación perjudican con más dureza a dos grupos de personas:
Primero, a los más pobres, cuyas condiciones de higiene son más precarias, y su acceso a alimentos de calidad, muy oneroso, por no decir imposible. Hace más injusta esta situación el considerar que la salud y la educación son muchas veces sus únicos bienes reales. Obligarlos a soportar el peso del desaseo colectivo es una burla cruel que debe cesar con la mayor brevedad.
Segundo, a los agricultores, que no han contaminado el agua; que eran y son dueños de derechos a agua limpia, y a quienes la ciudad simultáneamente se las ensucia y poluciona, obligándolos ilegalmente a limitar sus cultivos, lo que deben aceptar sólo a raíz de su absoluta incapacidad de presión. Muchas veces, los más afectados son los pequeños propietarios y los parceleros, cuyo cultivo lógico es la chacarería y cuyos productos de exportación -fresas, espárragos y otros- son muy vulnerables a la situación expuesta.
Pero hay un riesgo que todos callamos -tal vez en la esperanza de que, por callado, se olvide o no ocurra-: el efecto de este problema sobre nuestras exportaciones.
Es cierto que la fruta no llega a ser infectada por los contaminantes de las aguas de riego, si bien un manejo desaseado puede ensuciarla. Es verdad que no hay razones científicas para aconsejar que no se consuma. Pero nuestro país sabe, con dolor, cómo puede manipularse la información, incluso en naciones que se vanaglorian de su prensa independiente. Hemos sido testigos del daño que injustamente se hizo a nuestro potencial exportador usando datos falsos amañados por quién sabe qué oscuros intereses políticos o económicos.
Olvidar que los grupos de presión de los productores extranjeros están atentos a nuestras debilidades para introducir una cuña que haga difícil las exportaciones, es una negligencia particularmente grave. En efecto, construir un sistema de tratamiento de aguas servidas tarda a lo menos tres años; pero reconstruir la confianza de un comprador puede tomar muchísimo más tiempo.
Debemos procurar que países como Estados Unidos, donde ya ha habido contagios de cólera con mariscos aparentemente llevados de Ecuador, sepan distinguir los productos de origen chileno de los importados de otros lugares de América, para evitar las amargas consecuencias de la imprevisión que ellos están sufriendo.
¿Cuáles son las soluciones?
El Senador que habla puede referirse con tranquilidad a ellas, porque cuando este problema formó parte de su responsabilidad, como Ministro de Obras Públicas, dio pasos positivos en la dirección adecuada.
En primer lugar, veníamos saliendo del decenio internacional del agua potable. Y subimos la cobertura de ésta del 35 al 98 por ciento, durante los últimos diez años.
En seguida, los pasos tendientes a superar el problema de las aguas servidas habrían significado tener a punto de funcionar la primera planta de tratamiento, de no haber mediado la interrupción general de políticas que, por poca experiencia, pusieron en práctica nuevos funcionarios a partir de 1990.
En efecto, ya en 1986 EMOS contrató varios estudios sobre el tema, que pasaron a constituir una estrategia que definía los métodos de tratamiento, la ubicación de las plantas y las etapas de su construcción. Ella fue incluso aprobada por el Banco Mundial.
Incluía, por supuesto, la construcción de los interceptores y su financiamiento, programa que hoy día se encuentra en marcha. Pero iba más allá, pues pretendía implementar al mismo tiempo las plantas. Por ello, en esa misma época, EMOS solicitó ofertas a fin de instalar una planta de tratamiento para el río Mapocho, primer paso de la estrategia diseñada por los consultores, la que debía estar lista junto con sus interceptores.
La firma que presentó el proyecto más adecuado y que aceptó construirlo y operarlo como inversionista privado y con fondos propios, suscribió con el Ministerio de Obras Públicas un acuerdo preliminar para realizar la obra. Yo firmé personalmente el documento, en representación del Gobierno de Chile, en septiembre de 1988.
Después de una cuidadosa evaluación del proyecto realizada por EMOS y de su comparación con otras ofertas, la Gerencia General de esta Empresa, a fines de 1989, ratificó la decisión de suscribir el acuerdo preliminar.
Señor Presidente, el problema que debemos afrontar es grande y abarca muchas regiones de Chile. Los Lagos, Concepción, Talcahuano, Valdivia, Antofagasta y muchos otros lugares deberán ser incluidos, más temprano que tarde, en programas de saneamiento.
El primer paso que se dio abordaba sólo un tercio del problema de Santiago, pero demostraba la voluntad de hacer algo; era un comienzo que prometía continuidad dentro de un programa muy coherente y técnico.
Es triste constatar que todo quedó interrumpido. Y casi más triste es comprobar que se anuncian nuevos estudios -¡siempre pueden hacerse nuevos estudios!- luego de que gastamos tanto esfuerzo y dinero en diseñar una estrategia.
Nuestra acción en el Ministerio también activó la marcha de los estudios para Valparaíso y las correspondientes gestiones ante los organismos de crédito internacionales. Estos pasos, que afortunadamente no fueron interrumpidos, están fructificando ahora en la concreción del proyecto de saneamiento anunciado hace algunos días por las autoridades de ESVAL, empresa de la Quinta región.
En seguida, quiero hacer un breve comentario sobre aspectos técnicos.
Para tratar las aguas servidas es necesario, primero, separarlas de los cursos de agua a que son vaciadas. Éste es el objetivo de los interceptores. Se construyó uno a lo largo de la costa de Valparaíso; se está haciendo otro paralelo al Zanjón de La Aguada, en Santiago, y deberá construirse uno a cada lado del río Mapocho. Si bien estos ductos son necesarios, no solucionan la contaminación: sólo la aíslan. Únicamente las plantas de tratamiento pueden eliminar el problema.
Para las plantas de tratamiento existen tecnologías comprobadas y experimentales. Estas últimas se han usado, con relativo éxito, en poblaciones menores. No estarán adecuadamente estudiadas antes de 6 a 8 años, y sólo entonces se sabrá si son o no utilizables para grandes poblados.
La estrategia establecida proponía el uso inicial de plantas de tecnología comprobada, ya que el problema no podía esperar los resultados de las tecnologías experimentales. Así, se dejaban éstas para etapas posteriores, si se llegaba a comprobar que eran económicas y eficientes para grandes caudales.
Digo lo anterior porque me ha sorprendido la desinformación en que han incurrido los medios informativos, que han hecho llegar conceptos errados a la opinión pública. Tal desinformación parece pretender que el problema se olvide, pues hace aparecer como prudente esperar el advenimiento de las nuevas técnicas y declara que los costos son inabordables o anuncia que la cuestión está a punto de ser solucionada por la vía de los interceptores o mediante la construcción de una pequeña planta experimental.
Para muestra, baste decir que un titular de "El Mercurio" de 20 de abril del presente año, conforme a opiniones vertidas por dos altos funcionarios del ramo, señala que "Para fines de 1993 prevén solución a aguas servidas", refiriéndose a los interceptores y a la planta experimental.
Considero que es irresponsable confundir a la opinión pública con razones ligeras o erróneas.
Aquí, en Valparaíso, felizmente la etapa del saneamiento de playas que ahora se inicia hace que muchos respiren aliviados, olvidándose del problema de que se seguirán vaciando al mar las aguas sin tratamiento, lo que resulta peligroso para nuestra riqueza pesquera, ya que moluscos y peces continuarán contaminándose.
Señor Presidente, quiero hacer un llamado a las autoridades para que adopten una actitud seria sobre este tema, que ha permanecido demasiado tiempo sometido al estudio de Comisiones. Y me permito sugerir lo siguiente:
1°) Que se tome conciencia del verdadero alcance de este problema, que puede llevar a una emergencia nacional en el sector salud, ahora, y en el sector hortofrutícola, durante la próxima temporada.
2°) Que se utilicen los estudios ya realizados y se lleven adelante los programas en ellos definidos, sin esperar cada vez reestudios que atrasan innecesariamente las soluciones.
3°) Que se designe a una sola persona para hacerse cargo de la puesta en marcha del programa de tratamiento de aguas servidas.
4°) Que se dote a esa persona de los poderes suficientes para resolver y se le fijen brevísimos plazos para proceder, y que éstos sean acordes con la magnitud y urgencia de la emergencia que vivimos.
Estoy cierto de que si el Gobierno da los pasos que hoy día son indispensables con la decisión y celeridad que tanta falta hacen, con mis Honorables colegas no negaremos nuestro concurso para que sus proyectos se hagan inmediata realidad.
No está de más consignar que, existiendo inversionistas privados que desean participar en la realización de estas obras, su puesta en marcha no compromete fondos fiscales, ni tampoco pone en peligro otros programas que se basan en financiamientos del todo distintos y perfectamente compatibles.
Señor Presidente, solicito que estos comentarios sean enviados, en mi nombre, a los señores Ministros del Interior, de Obras Públicas, de Salud, de Bienes Nacionales y Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO; al Presidente de la Comisión Especial de Descontaminación para la Región Metropolitana, y al Superintendente de Obras Sanitarias.
He dicho,
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor PAPI.-
¿Puedo formular una consulta al Honorable señor Siebert?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Siempre que el señor Senador le conceda una interrupción.
El señor SIEBERT.-
Se la concedo, con la venia de la Mesa.
El señor PAPI.-
Muchas gracias, Honorable colega.
Su Señoría hizo alusión al hecho de que en determinado período la cobertura de agua potable subió al 98 por ciento. ¿Es así?
El señor SIEBERT.- Subió a 98 por ciento en el sector urbano, y del 35 al 75 por ciento en el sector rural.
El señor PAPI.-
Gracias por su aclaración, señor Senador.
El señor DÍAZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable señor Siebert?
El señor SIEBERT.-
No tengo inconveniente, con la venia de la Mesa.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, sólo deseo señalar que las cifras que cité corresponden a una información del Departamento de Informática del Ministerio de Salud para el año 1990. No han sido actualizadas; pero creo que son compatibles con las proporcionadas por el Honorable señor Siebert.
Muchas gracias.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Aún resta tiempo al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, quiero ratificar la postura de mi Partido en materia de defensa del medio ambiente y respecto de la necesidad de cumplir con el precepto constitucional que asegura "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.".
Nuestra idea -y queremos reiterarla- apunta a que este problema no sólo afecta a Santiago, por lo que debe abordarse desde una perspectiva nacional. '
En efecto, la grave situación de las aguas servidas que hoy vive Santiago puede perjudicar en medida análoga a otras ciudades. Por ejemplo, Temuco -capital de la Novena Región, a la que tengo el honor de representar en esta Sala-, con su cuarto de millón de habitantes, arroja sus aguas servidas al río Cautín, cuyo caudal riega sectores que contribuyen al abastecimiento hortícola de aquella ciudad. De modo que el problema, dentro de algunos años, puede ser igual -guardando las proporciones- al que ahora sufre Santiago. El mismo caso de contaminación afecta a los lagos de la Región, de los cuales dependen el turismo y la agricultura ribereña.
Los Senadores de Renovación Nacional estamos dispuestos a colaborar con el Ejecutivo en la búsqueda de una legislación general de defensa del medio ambiente, a fin de que se cumpla con la norma constitucional -incorporado por primera vez en la Carta de 1980, precursora en ese sentido de otras Constituciones del mundo- que asegura el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y contempla el deber del Estado de preservar la naturaleza, respecto de lo cual se introduce incluso el recurso de protección para el caso de que ese derecho sea afectado por acciones provenientes del Estado o de particulares.
Invitamos al Gobierno a analizar en conjunto este problema y a buscar los recursos correspondientes. Con esa finalidad, como se trata de inversiones cuantiosas y no se desea perjudicar el desarrollo nacional, propusimos que los fondos provengan de la privatización de una serie de empresas en las cuales el Estado aún tiene un interés que no se aviene con su rol subsidiario en la política económica, en cuyas líneas fundamentales han coincidido tanto este Régimen como el anterior.
Nada más, señor Presidente.
Continuará haciendo uso de la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
¿Su Señoría concederá una interrupción al Senador señor Pérez?
El señor LAGOS.-
Sí, señor Presidente.
El señor PÉREZ.-
¿De cuánto tiempo disponemos?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
A Renovación Nacional le quedan cuatro minutos. Pero le ha cedido su tiempo el Comité Mixto.
En consecuencia, dispone de 19 minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, quiero simplemente hacer una reflexión acerca del tema de las reformas constitucionales planteado ayer y hoy, y específicamente sobre la alusión del Senador señor Vodanovic a las opiniones del Presidente de nuestro Partido en cuanto a preferir un régimen semiparlamentario.
La verdad es que en materia de régimen político no caben dogmas, toda vez que éste es un instrumento funcional para que una sociedad desarrolle en buena forma sus actividades políticas, económicas y sociales. Y es así como en el interior de todos los partidos políticos representados en esta Corporación, y en el país en general, existen partidarios del régimen presidencial, como también los hay del parlamentario o del semipresidencial. Y esto se relaciona, en cada país, con la eficiencia que tiene el sistema político.
El pensador español Fernández de la Mora hacía una analogía señalando que un sistema político es para un país como un instrumento lo es para una acción determinada. Y preguntaba, por ejemplo, cuál es -en términos de instrumentos- el martillo ideal: ¿el que usa un relojero para hacer un trabajo de precisión o el que se requiere para destapar un alto horno? Y respondía: "No existe un martillo ideal, como tampoco un sistema político ideal". Y se declaraba partidario de un régimen presidencial para Estados Unidos; de uno parlamentario para Gran Bretaña; de una monarquía -tan particular como la que hoy existe- para España, o de un sistema helvético para Suiza.
Desde ese punto de vista, creo interpretar la posición de Renovación Nacional, independientemente del análisis académico que se haga sobre los sistemas políticos -y en eso coincidimos en lo fundamental con lo planteado ayer por el Honorable señor Sinclair-, al afirmar que hoy existe la necesidad de que las instituciones que nos están rigiendo -que en muchos aspectos son nuevas y que en el desarrollo político del país han significado que en el mundo entero se reconozca nuestra transición como ejemplar-, como instrumentos que son, sean probadas y ratificadas en el tiempo.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
PROBLEMAS PREVISIONALES. OFICIOS
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, en diversas oportunidades he ocupado esta alta tribuna para referirme a los angustiosos problemas de orden previsional que afectan a los jubilados en general y a las montepiadas en particular, como igualmente a quienes están próximos a impetrar, después de una larga vida de trabajo, los beneficios correspondientes.
Pedí que mis observaciones se transcribieran al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, y que se solicitara el patrocinio del Ejecutivo para un proyecto de ley que dé soluciones concretas, pues estimo que los jubilados y las montepiadas no pueden seguir esperando en forma indefinida.
El señor Ministro, sin pronunciarse sobre la factibilidad de que el Gobierno apoyara la iniciativa aludida, en su oficio ordinario N° 007-1, de 2 de enero, adjunta el oficio N° 915-2, que el 23 de noviembre de 1990 le remitió el señor Subsecretario de Previsión Social y que, a mi juicio, es una pieza maestra de la justificación de lo injustificable.
Por estar plenamente vigentes mis puntos de vista, ser de toda justicia y merecer la atención del Supremo Gobierno, me veo obligado, nuevamente, a solicitar al señor Ministro del Trabajo que obtenga del señor Presidente de la República una iniciativa de carácter previsional que contemple las situaciones que expondré.
Desahucio justo para imponentes de ex Servido de Seguro Social
Es necesario un desahucio adecuado para los imponentes del ex Servicio de Seguro Social, en lugar de los cincuenta pesos que hoy reciben como "recompensa" por una vida de trabajo.
Densidad de imposiciones
Debe cambiarse el sistema de "densidad de imposiciones" que se aplica a los imponentes del ex Servicio de Seguro Social y de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional para obtener pensión de vejez, por uno que fije edad y cantidad mínima de imposiciones. Así sabrían cuándo solicitar los beneficios que señala la ley.
En muchos casos, jamás llegará un trabajador a reunir la densidad que se le exige en un momento determinado, pues cuando la cumpla se le requerirá una mayor, y así sucesivamente.
Suspensión de descuentos previsionales a jubilados
Insisto en que deben suspenderse los descuentos previsionales a los pensionados, por cuanto los aportes que han hecho durante su vida laboral son más que suficientes. No pueden seguir cotizando personas de edad avanzada que actualmente cobran 11 mil pesos de jubilación y a las que se hace un descuento de 2 mil 700 pesos.
Discriminación a ferroviarios
El Instituto de Normalización Previsional, al momento de efectuar las liquidaciones para determinar la pensión inicial de los ferroviarios, desglosa el incremento con que se pagan las cotizaciones previsionales, lo que es odioso e insoportable, pues les produce un grave daño pecuniario.
Es necesario disponer, por ley, que ese Instituto reliquide las jubilaciones así discriminadas desde el año 1980, cuando se dictó el decreto ley N° 3.501, incluyendo el incremento aludido.
Señor Presidente, los ferroviarios, como conquista gremial de comienzos de siglo, siempre tuvieron jubilación de ciento por ciento del total de sus haberes, por el que pagaban y pagan los impuestos legales o correspondientes.
Tiempo indefinido para reclamar beneficios previsionales
Los Parlamentarios, frecuentemente, tomamos conocimiento de múltiples situaciones sociales, económicas y previsionales que afectan a nuestros representados. Entre otros, merecen destacarse los problemas de los jubilados y las montepiadas, quienes pueden perder todo o parte importante de sus beneficios si no reclaman dentro de dos años.
Una mala o incompleta liquidación de una pensión puede comprender tiempos efectivamente trabajados y que no fueron considerados; no concurrencia de otras cajas de previsión; valores imponibles y jubilables que no fueron tomados en cuenta, etcétera.
Es de toda justicia que los beneficios que no se hubieren incluido en las pensiones y en los montepíos se puedan reclamar en cualquier época.
Acumulación de montepío ferroviario entre deudos sobrevivientes
Es indispensable que el montepío ferroviario se acumule entre los deudos sobrevivientes y no se pierda, como ocurre actualmente.
Liquidación de montepíos
Las entidades previsionales fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social y, en general, las que conforman el denominado "Instituto de Normalización Previsional" tienen diversos regímenes para determinar los montos que corresponde percibir a los causantes de montepío, sean éstos la viuda, los hijos, las hermanas solteras o los padres sobrevivientes. Para efectuar la liquidación o la reliquidación, según el caso, debe considerarse el total de haber para que los deudos perciban un valor similar al que ganaba el fallecido jefe de hogar.
Continuidad de la previsión
Está plenamente justificada la petición de miles de trabajadores que precisan que se reabra la continuidad de la previsión. Necesitan imponer por las lagunas que tienen en sus cuentas individuales y, en general, para poder regularizar su situación y así optar a una jubilación oportuna.
Trabajadores del PEM y del POJH
Señor Presidente y Honorables colegas, considero que es oportuno legislar en favor de los trabajadores, hombres y mujeres, que se quedaron en el país y aceptaron salarios irrisorios, pues, como buenos patriotas, comprendieron que con su singular esfuerzo y sacrificio estaban haciendo un verdadero aporte al Chile de hoy y del futuro. Me estoy refiriendo a quienes laboraron en lo que se denominó "Plan del Empleo Mínimo" y "Plan Ocupacional para Jefes de Hogar".
Aceptemos que parte del progreso de hoy y del mañana descansa, en buena medida, en lo que ellos hicieron por el país.
Con la misma decisión con que legislamos para los exiliados, dando soluciones efectivas a sus múltiples problemas, debemos hacerlo ahora para los modestos trabajadores que se desempeñaron en el PEM y en el POJH.
Estimo que el tiempo que prestaron servicios al Estado y a las municipalidades debe serles válido para sus eventuales jubilaciones.
Mi proposición es que las municipalidades y los organismos del Estado correspondientes emitan certificados de tiempo servido, los que serían recibidos por el Instituto de Normalización Previsional para incorporarlos a las hojas de servicios como tiempo imponible en el ex Servicio de Seguro Social.
Jubilación de la mujer
Cada día se hace más necesaria la reposición del artículo 184° de la ley N° 10.343, que disponía que al personal femenino de la Administración Pública -de sus más diferentes servicios- se le abonara un año por cada cinco de servicios; en consecuencia, se podía jubilar por antigüedad al completar 25 años de servicios efectivamente prestados.
Por el especial reconocimiento y deferencia que debemos tener a las mujeres de nuestra patria; porque es de toda justicia, y porque se lo merecen, quiero pedir al señor Ministro, en forma muy especial, que considere la reposición del derecho que les asiste a jubilar como lo dispuso la ley N° 10.343.
Reajustes pendientes de jubilados y montepiadas
Por oficio N° 795, el señor Presidente del Senado envió al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social mis observaciones en el sentido de que se debe solucionar, de una vez, el grave problema de los diferentes reajustes pendientes que tienen los jubilados y las montepiadas.
Señalé concretamente que, junto con el 10,6 por ciento que debe devolvérseles sin discriminación alguna, también es necesario restituirles el 60 y el 50 por ciento establecidos en las letras D) y E), respectivamente, del artículo 4° de la ley N° 18.549, y los 6 y 7,5 puntos rebajados por las letras C) y D) del artículo 29° de la ley N° 18.669.
El señor Jefe de la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en oficio de 12 de marzo, manifiesta al señor Presidente del Senado que el Ministro del Trabajo y Previsión Social subrogante comunica que mi proposición equivaldría a eliminar el efecto redistributivo que tuvieron los reajustes de pensiones por las leyes en comento.
Nada más lejos de mi ánimo. Todo lo contrario. En mi intervención dejé muy en claro que el primer paso dado por el Gobierno al patrocinar la devolución del 10,6 por ciento a los sectores de más bajas rentas estaba "bien hecho".
Señalé, asimismo, que nuestra Carta Fundamental establece la igualdad de todos, tanto en dignidad como en derechos, y que el presente es un caso evidente de derecho.
En el oficio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, luego de señalarse los montos que debían tener las pensiones en los años 1987 y 1988, la edad y los porcentajes de reajuste, se termina expresando que estoy solicitando un "beneficio para cien mil personas".
Señor Presidente, el Ejecutivo reconoce que hay cien mil jubilados -y yo diría cien mil familias de jubilados y montepiadas- a quienes se están debiendo estos reajustes; en otras palabras, cien mil hogares esperan el pago de las diferencias por los estragos que el IPC ha causado en las pensiones y montepíos.
¡Es imprescindible que se les haga justicia inmediata! No debe solucionarse sólo lo relativo al 10,6 por ciento y dejar los otros reajustes para el siglo XXI.
Llegó el momento de legislar para los jubilados y las montepiadas, quienes no pueden seguir esperando.
Considero que para hacer justicia a cien mil hogares bien vale un pequeño sacrificio del erario. Más aún, mi indicación señala que la cancelación puede ser en dos o tres cuotas, en las fechas que la ley determine.
Señor Presidente, solicito que, en mi nombre, se envíen oficios al Excelentísimo señor Presidente de la República y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social.
El señor DÍAZ.-
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador?
El señor LAGOS.-
Sí, con mucho gusto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, he oído con cierta estupefacción la intervención del Senador señor Lagos. Porque cuando Su Señoría manifiesta, tranquilamente, que no se hicieron imposiciones previsionales a los trabajadores del PEM y del POJH, me pregunto hace cuántos años laboraron en esos dos Programas y por qué aquéllas no se enteraron en el momento oportuno, cuando esas personas todavía estaban laborando. Que no se nos cargue ahora con esa obligación, que de todas maneras el Ejecutivo está dispuesto a cumplir.
Pero me parece que las cosas deben aclararse. No se puede afirmar -con todo el respeto que me merece Su Señoría- que "ahora sí que hay que hacer justicia". ¿Y por qué no se la hizo en el momento oportuno? Porque la justicia tiene que aplicarse, además, con oportunidad. Y si esas personas han pasado hambre por cuatro o cinco años, indiscutiblemente muchas de ellas la padecieron tanto que ya no están.
En consecuencia, yo reclamo por esta situación.
Igualmente rechazo lo planteado acerca del 10,6 por ciento. Creo que éste es un asunto que se prolonga a lo menos por cinco años, durante los cuales ese reajuste no se ha pagado. Y, con un criterio de justicia -al menos en mi concepto-, se ha empezado a cancelarlo a quienes perciben las pensiones más bajas. Hay todo un plan del Gobierno para ir pagando en esos términos.
Dejo expresa constancia de mi protesta, señor Presidente, porque opino que no es muy serio pretender que en un plazo muy breve el Ejecutivo tenga que reparar todas las injusticias que se cometieron en tantos años.
El ánimo del Gobierno es subsanar las injusticias, pero debe dársele un tiempo prudente para hacerlo.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.-
El señor Senador se ha referido al problema que expuse sobre los trabajadores del PEM y del POJH. Su Señoría no puede dejar de reconocer que el descalabro económico y social acaecido antes del 11 de septiembre de 1973 -industrias y campos desmantelados, falta de empleos, etcétera, todo ello sumado a la crisis internacional- obligó al Gobierno de la época, precisamente por ese estado de cosas en que los trabajadores resultaron los más perjudicados, a llevar adelante algunas iniciativas que les permitieran, por lo menos, comer. Ésa fue la realidad que vivió Chile y que tuvimos que enfrentar todos los hombres de trabajo que luchamos por la grandeza del país. Y mucha de esa grandeza es la que se refleja hoy día, especialmente cuando el Gobernante sale al extranjero y habla acerca de ella.
Reitero: la situación de aquellos hombres, cuyo problema social no pudo atenderse sino en la forma como se hizo, fue el resultado del descalabro a que me referí.
Así como aquí se ha legislado en favor de los exiliados, he pedido que se beneficie en la misma forma a quienes hicieron patria y que permanecieron en Chile trabajando por el país. Es justo que hoy también se les tienda la mano.
Ésa es la razón de mis palabras, señor Presidente.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Resta un minuto del tiempo cedido a Renovación Nacional.
En el turno del Comité Independiente de seis Senadores, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
FIJACIÓN DE SALARIO MÍNIMO
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, me referiré a la fijación del salario mínimo.
Pienso que es equivocado y dañino para los trabajadores (en especial para los más jóvenes, los de mayor edad, los no sindicalizados, los independientes y las mujeres) el acuerdo sobre salario mínimo suscrito por el Gobierno, dos asociaciones empresariales y la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo en apariencia iría en beneficio de los trabajadores. A mi entender, la realidad es distinta, ya que los mismos van a ser los inmediatos perjudicados. El acuerdo, por significar una fijación de remuneraciones, favorecerá, en el corto plazo, a los trabajadores más organizados -que, en todo caso, no están afectados por la cesantía- y a los en la edad de máxima productividad, por su experiencia y capacidad física. Sin embargo, perjudicará con carácter permanente a los miles de jóvenes que buscan trabajo por primera vez, a los menos especializados, a los cesantes -en particular a quienes hayan sobrepasado cierta edad- y, en general, a todos los más débiles. En otras palabras, reducirá las perspectivas de empleo de todos aquellos que, por cualquier razón, tengan una productividad comparativamente menor.
Tanto la evidencia empírica como la más elemental teoría económica confirman que la fijación de salarios desalienta la contratación. Además, cuando esto ocurre, aumenta el número de personas que aceptan laborar por ingresos inferiores al mínimo legal, al margen de contratos y, por lo tanto, sin resguardos sociales de ninguna especie. También esto se ha demostrado por diversos estudios técnicos y por nuestra propia experiencia.
Éstas son realidades; y contra ellas de poco sirven los acuerdos, independientemente de su buena intención y de lo deseable que sería que todos los trabajadores aumentasen sus ingresos.
Por otra parte, la fijación tripartita de salarios combina dos elementos muy negativos: primero, el estatismo, expresado en la intervención del Gobierno en un campo que a mi juicio no le es propio, distorsionando con ello todo el sistema social de mercado en un aspecto fundamental; y segundo, la intervención de organizaciones gremiales, a las que, por respetables e importantes que sean, se les está atribuyendo un alcance que excede su ámbito propio.
No olvidemos que estas organizaciones defienden, legítimamente, intereses de gremios; pero éstos no son necesariamente los del común de todos los chilenos. Porque los efectos de ese acuerdo van a proyectarse sobre amplios sectores que no están representados por tales organizaciones, que no pertenecen a ellas y cuya voluntad, por lo tanto, no es consultada.
La fijación de salario mínimo puede ser buena para los trabajadores que tengan la suerte de encontrar empleo o de conservarlo. Todos los demás hallarán en ese acuerdo una nueva barrera para su sostenimiento.
Si, en definitiva, el Estado quiere acudir en auxilio de los sectores más necesitados, podrá hacerlo por la vía de subsidiar directamente a quienes carecen de los recursos necesarios o del ingreso mínimo adecuado para subsistir. El beneficio que directamente se haga llegar a cada una de las personas que, en concepto del Estado, reciban salarios inferiores a los que en justicia les corresponden, es un subsidio estatal directo. Y esa intervención -a mi juicio legítima- no es sino el ejercicio del rol subsidiario del Estado. Pero usar el camino de la fijación del salario, creo que atenta contra los principios que informan una sana economía social de mercado, ya que lo efectivamente positivo para el aumento del empleo y de las remuneraciones sería dejar de lado esas prácticas anacrónicas y fomentar resueltamente la inversión y el crecimiento económicos. Esto es lo que favorece a todos, sin excluir a los más débiles.
En consecuencia, postular este acuerdo como un gran triunfo social no sólo es distorsionador, sino que significa olvidarse de quienes más apoyo necesitan y a los que tanto perjudica esta fijación artificial de salarios.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan algunos minutos al Comité Independiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
TRASPLANTES DE ÓRGANOS. OFICIO
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, el tema que voy a exponer se refiere a los trasplantes de órganos en Chile.
Desde 1968, cuando el doctor Kaplan realizó la primera operación de ese tipo en nuestro país, hemos alcanzado grandes progresos científicos y tecnológicos, que -creo- nos sitúan en el tercer lugar de Sudamérica en esta materia. Sin embargo, en el plano legislativo, en lo que se refiere a los donantes, estamos atrasados.
En junio de 1990, a petición de un amigo y de varias personas que sufren de enfermedades renales o cardíacas y cuya única esperanza de vida es un trasplante, el Senador que habla inició un estudio acerca de los resultados obtenidos en este campo desde la publicación de la ley N° 18.173, de 1982, que, como bien sabemos, intercaló en el Código Sanitario un nuevo Libro Noveno: "Del aprovechamiento de órganos, tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo y de la utilización de cadáveres o parte de ellos con fines científicos o terapéuticos".
A poco de iniciado mi estudio, la ampliamente publicitada muerte de un joven desconocido, ocurrida el 15 de julio de 1990, permitió que sus órganos pudieran ser utilizados para trasplantes y dar nuevas esperanzas de vida a dos pacientes que se encontraban desde hacía mucho en tratamientos cardíaco y renal, respectivamente, en espera de un donante. El 18 de julio, "El Mercurio" de Valparaíso informaba que poco antes otro joven, de 22 años, había fallecido en dicha espera; y agregaba que el 60 por ciento de los cardiópatas terminales muere antes de que aparezca un donante.
Con nuevos incentivos para acelerar la investigación, obtuvimos antecedentes de la Sociedad Chilena de Nefrología, cuyas estadísticas se computan en agosto de cada año. Las cifras resultaron bastante preocupantes: de agosto de 1988 al mismo mes de 1989 -y no hay indicios de que la situación haya mejorado-, la Sociedad informó que había 1.176 enfermos en hemodiálisis crónica, lo que equivale a 91,1 pacientes en tratamiento por millón de habitantes. El 45,4 por ciento de ellos era atendido en hospitales; el 54,2 por ciento, en centros de hemodiálisis, y el 0,4 por ciento, en sus casas. Entre agosto de 1988 y el mismo mes de 1989 hubo un incremento de 289 pacientes; había 383 en espera de trasplante renal y 342 máquinas de hemodiálisis en el país. Añadía dicha Sociedad que 65 pacientes por millón de habitantes llegan a insuficiencia renal crónica al año. Las mismas estadísticas muestran, también, que en 1980 había 12,7 enfermos por millón de habitantes que sufrían de este mal, cantidad que ha ido aumentando en forma progresiva y alarmante, hasta alcanzar a 91,1 pacientes por millón de habitantes en 1989. Si a ello agregamos que al 30 de junio de 1989 la población estimada ascendía a cerca de 13 millones de habitantes, podemos concluir que nos encontramos frente a un serio problema.
Hay consenso entre los médicos en el sentido de que la dificultad fundamental es la carencia de donantes. Así, después de cada incidencia en la que aparece un donante y se efectúa un trasplante, la conciencia nacional parece despertar: se publicita ampliamente; se realizan encuestas, programas de televisión, etcétera; pero, en opinión de los que esperan un donante, aparentemente muy luego se vuelve a caer en el letargo. De hecho, en período de amplia difusión del tema, el diario "La Nación" del 18 de julio de 1990 señalaba, como noticia optimista, que "consultas formuladas en notarías capitalinas indican que una o dos personas mensualmente se acercan a sus oficinas para expresar su voluntad de ser donantes". Ésta es una cantidad ínfima.
El artículo 146 del Código Sanitario -introducido por la ley N° 18.173- establece que "Toda persona legalmente capaz y las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal que sean mayores de edad, tienen derecho a disponer de su cadáver"; el artículo 6° del Reglamento del Libro Noveno del citado Código especifica que "La donación señalada en el artículo anterior, deberá otorgarse en un instrumento suscrito personalmente por el donante ante notario"; y el mismo artículo 146 antedicho precisa que "Estas donaciones se inscribirán en un registro que, para los efectos de este artículo, llevará el Ministerio de Salud,". Como las notarías deberían informar de estas inscripciones a dicha Secretaría de Estado, se estima que la nómina del Registro de Donantes tendría que aumentar anualmente en la debida proporción. Consultamos sobre el particular al Departamento de Programación del Ministerio de Salud, oficina responsable del Registro de Donantes conforme a la ley. La Información obtenida fue, entonces -nótese las reducidas cantidades-, la siguiente: en 1982 estaban inscritos 14 donantes; en 1983, 7; en 1984, 42; en 1985, 27; en 1986, 12; en 1987, 21; en 1988, 29; en 1989, 55; y, al 13 de julio de 1990, 22. Es decir, entre 1982 y 1990 sólo un total de 229 personas manifestó, mediante inscripción ante notario, su voluntad de ser donantes.
Frente a esa información, y a escala muchísimo menor, encuestamos a 100 personas, de las cuales 92 afirmaron estar dispuestas a donar sus órganos después de muertas, pero ninguna había ido al notario.
La ley N° 18.173, de 1982, si bien en su primera parte parece haber solucionado los problemas relativos a las normas legales necesarias para reglamentar la forma de llevar a cabo las donaciones, en lo que se refiere a "aprovechamiento de partes de cadáveres en beneficio de otros pacientes", parece ser inexistente.
En la misma ocasión -agosto de 1990-, el Senador que habla pidió las estadísticas pertinentes al Servicio Médico Legal. Según ellas, en la Región Metropolitana las autopsias a personas fallecidas por causas ajenas a enfermedad fueron las siguientes: 3.790, en 1987; 4.204, en 1988; 4.620, en 1989, y 1.832, entre enero y mayo de 1990. En total, 14.446 potenciales donantes en tres años y cinco meses.
Por otro lado, se ha tenido conocimiento de que hay dos caminos para conseguir riñones de donantes cadáveres. El primero es la lista del Instituto de Salud Pública, dependiente del Ministerio del ramo, que tiene un plazo de espera de uno a tres años y un costo que va de 1 millón a 2 millones de pesos, y a la cual puede acceder cualquier enfermo atendido por cualquier nefrólogo en cualquier parte del país. La segunda es la de la Universidad Católica, que es un sistema privado. Para inscribirse en ella hay que consultar a uno de dos médicos de la especialidad del Hospital Clínico de esa casa de estudios superiores, en Santiago. El plazo de espera puede ser algo más corto, pero no menos de un año, y el costo es también de 1 a 2 millones de pesos, cantidad bastante apreciable.
Las leyes de trasplante de Alemania, España, Francia, Italia, etcétera, constituyen para nosotros un excelente ejemplo de adecuada legislación para los donantes.
Señor Presidente, ha transcurrido largo tiempo desde la modificación -en 1982- del Código Sanitario relativa a aprovechamiento de órganos. El año recién pasado diversos señores Diputados de distintos partidos políticos presentaron un proyecto de ley sobre trasplante de órganos y otras piezas anatómicas, el que, por desgracia, no fue incluido en la actual convocatoria a legislatura extraordinaria. Durante este lapso, el amigo que me pidió intervenir para mejorar la legislación relativa a los donantes falleció.
Dado el enorme grupo de enfermos severamente afectados que requieren diálisis, solicito enviar un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, en mi nombre, con el objeto de que tan pronto comience la legislatura ordinaria tenga a bien hacer presente la urgencia para el proyecto en comento. Hay muchos enfermos que necesitan su aprobación.
He dicho.
El señor DÍAZ.- Estamos totalmente de acuerdo con la exposición del señor Senador, y adherimos a su petición.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, agradeceré que el oficio se remita en nombre del Comité Independiente de seis Senadores.
El señor SIEBERT.- También en el del Comité Renovación Nacional. Es una buena iniciativa.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Entonces, se mandará el oficio en nombre del Honorable señor Mc-Intyre, con las adhesiones señaladas, a las que suma la del Comité Unión Demócrata Independiente.
Restan dos minutos al Comité Independiente.
PLACA RECORDATORIA DE SENADOR SEÑOR JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
El señor URENDA (Vicepresidente).- Antes de levantar la sesión, quiero hacer presente que de inmediato se procederá a la ceremonia de recordación -a la cual todos los señores Senadores están invitados- del Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz, la que consistirá en la colocación de una placa alusiva en la sala de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ubicada en el tercer piso del edificio.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción