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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 10ª, en miércoles 7 de noviembre de 1990
Ordinaria
(De 10:45 a 20:14)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEUX, PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Guzmán Errázuriz, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz Danyau, César
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 43 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder el uso de la palabra al Honorable señor Romero, quien rendirá homenaje a la ciudad de Quillota.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.


HOMENAJE A LOS 273 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUILLOTA

El señor ROMERO.- Gracias, señor Presidente y señores Senadores miembros de los Comités.
Deseo esta mañana rendir homenaje a los 273 años de Quillota. Están presentes en las tribunas personeros representativos de esa ciudad, encabezados por su Gobernador, don Héctor Castro; su Alcalde, don José Antonio Rebolar, y distinguidos integrantes de distintas organizaciones locales.
Señor Presidente, Honorables colegas:
Doscientos setenta y tres años de vida cumple el 11 de noviembre de 1990 Quillota, contados desde el día en que el Gobernador de Chile, don José de Santiago Concha, obtiene para ella, de Su Majestad el Rey Felipe V de España, el título de villa, y el 17 de octubre de 1721, también del mismo Rey, su escudo-blasón, que la convierte en ciudad heráldica.
Lo cierto es que la ciudad existía asentada ya por largo tiempo en el fértil valle del Aconcagua, regado por su famoso río, que se descuelga desde las altas cumbres andinas. Su vida transcurre como centro habitado por dos razas fundacionales: la quechua y la araucana, dando la primera el nombre distintivo, pues Quillota significa en dialecto quechua "Quillu", "angosto", y "ta", "risueño", aunque sin saberse en rigor por qué se le asigna al mismo tiempo el significado aimara de "Chillellox", que significa "humedad del río", o tal vez, de la palabra "Quilluta", voz aimara que significa "andar entonado".
Esas curiosas definiciones de nombres para la ilustre ciudad de Quillota -a la que hoy rindo homenaje en su nuevo aniversario- no deben llamar la atención, puesto que, siendo ésta una de las ciudades más antiguas del país, ha visto entrecruzarse las razas originales con la española de los conquistadores.
Por cierto que esta tierra verde y soleada que se divisa desde lo alto del cerro Mayaca tiene una muy valiosa historia; y desde los tiempos ya idos, toda su progenie se siente orgullosa de ella.
¡Y cómo no ser así, cuando desde los albores de la historia patria Quillota se encuentra inserta en sus páginas!
Antes de hablar de Santiago, ya Almagro había conocido el valle del Aconcagua, y Quillota en particular. De modo que no es exagerar decir que cuando este adelantado español se refería a Chile, a su regreso al Perú, sólo se estaba remitiendo al valle de Aconcagua y a la ciudad de Quillota, a la que hoy con tanto cariño recuerdo.
Allí se enseñoreaban los caciques Tanjalongo, que "manda desde la mitad del valle a la mar", y Michimalongo, que lo hace desde la "mitad del valle hacia la sierra", rivales en sus dominios, aliados ante la conquista.
Quillota, gracias a sus ricos y abundantes recursos, pudo desde el lejano principio reunir en sus tierras a importante número de habitantes que poco a poco fueron dándole forma de asentamiento humano y que supieron aprovechar las ventajas que el valle les proporcionaba, fuesen éstas mineras, agrícolas o ganaderas. También fue entregando a la vida personeros muy destacados en las áreas de la cultura, la ciencia, el saber y la empresa.
Cuentan los cronistas que acompañaron a Almagro -en particular, Cristóbal de Molina, compañero de don Diego- el "deslumbramiento que sintieron al ver el valle de Aconcagua o de Chilí". Y decían que Quillota era la "principal". Asimismo, poco después, don Gerónimo de Bibar, cronista y compañero de Valdivia, aseguraba: "Este valle de Aconcagua es mejor y más abundoso que todos los pasados".
Volvamos un instante a 1717, para encontrar en las cavilaciones finales y en los afanes fundacionales de la villa a nuestro conocido señor don José de Santiago Concha, acompañado del obispo don Luis Francisco Romero y del señor don Pedro de Iturgoyen, así como de otras personalidades que deseaban ser vecinas de esta nueva villa. Pero no habían logrado obtener sus deseos, debido a una causa muy conocida por los chilenos de ayer y de hoy: los intereses centralistas se oponían a estas gentes para avecindarlas en Quillota y su valle. Tal ocurría con el Cabildo de Santiago. Y los gobernadores del reino aducían, entre otras razones, que no querían que Santiago perdiera el puerto de Valparaíso, que, hasta ese momento, estaba bajo la jurisdicción del Corregimiento de Quillota.
Se escribe nuevamente la historia, señor Presidente, como Arnold Toynbee lo señalaba tan claramente.
Francisco Solano Asta-Buruaga, en su "Diccionario Geográfico de la República de Chile", de 1899, describe a Quillota así: "Ciudad capital del departamento de su nombre situada junto a la margen sur o izquierda del río Aconcagua, en medio de uno de los valles más hermosos y feraces de Chile, variando su perspectiva por el Este los cercanos cerros extendidos al Sur, en que descuella el notable pico llamado apropiadamente "campana de Quillota"; mientras que por el Norte se desliza por un ancho y abierto lecho aquel río entre el cual se interpone la graciosa colina del Moyaca, a manera de atalaya, y desde cuya cima se abarca de una mirada la ciudad y el entero valle. El plano de la población se halla a 124 metros sobre el nivel del Pacífico y se corta por calles rectas de diez metros de ancho en dirección de los puntos cardinales, formando 50 manzanas o cuadras de 116 metros por lado. Casi en su centro tiene una bella plaza, en cuyo costado oriental existió al extremo norte un convento de jesuitas, aplicado hoy a un útil fin, y al del sur se ve la iglesia de Santo Domingo; en el costado norte contiene edificios públicos," -como el de la Gobernación- "y en el del oeste la iglesia parroquial. Goza de una temperatura suave, benigna y sana, y está rodeada por amenas huertas que producen excelentes frutas, como la deliciosa chirimoya, la lúcuma," -también los paltos- "y bellas flores al aire libre".
Hasta aquí la descripción de Francisco. Solano Asta-Buruaga.
Un hecho histórico para la cultura y la educación, importante no sólo en la antigua villa de Quillota, sino también en la historia de la educación chilena, se plantea en esta ciudad; se trata de un hecho singularmente significativo, por todo lo que representa: Pedro Hernández de Paterna, primer profesor rural de Chile, fue nombrado por el Gobernador don Francisco de Villagra, en el año 1548, para enseñar a leer y adoctrinar a los indios de Quillota, constituyendo a ésta como la primera ciudad de Chile que establece la educación pública rural.
El desarrollo económico y social del valle de Quillota se radica en sus inicios en los lavaderos de oro de Margamarga y Pocochay, para luego derivar hacia la agricultura, dando lugar a un comentario de un viajero colonial, don Julián Mellet, quien nos relata, a su paso por Quillota, que "Esta produce en abundancia lo necesario para la vida; sus campos se ven sucesivamente cubiertos de cebada, maíz, avena, lino, cáñamo, viñas y otros frutos de Europa", para después agregar: "Son encantadores los contornos de la ciudad: llenos de jardines cultivados con arte y simetría; producen frutas tan buenas y tan grandes como en Santiago"...
Hoy, el valle y la provincia de Quillota, que comprenden las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Limache y Olmué, con una población superior a las 200.000 personas y una superficie de 1.714 kilómetros cuadrados, desarrollan la agricultura, la minería y una industria moderna y tecnificada. Las variedades mejoradas de paltos y chirimoyos compiten con los cultivos bajo plástico de hortalizas y flores; con el cemento, la cerveza y el cobre, convirtiendo a dicha zona en una de las de mayor potencialidad en el país.
Las limitaciones que impone en varias áreas la inseguridad del riego hacen indispensables el término de los estudios del embalse Los Angeles, que permitiría, no sólo incorporar miles de hectáreas en la vecina provincia de Petorca, sino también asegurar el riego para el valle de Quillota.
La red caminera debe ser mejorada sustancialmente, y la existente, reparada en los próximos meses, destinándose fondos para el estudio de la pavimentación del tramo Nogales-Puchuncaví, que uniría de modo efectivo el interior con la costa.
El desarrollo educacional y la capacitación en la ciudad de Quillota nos obligan en este homenaje a destacar la extraordinaria labor del centenario establecimiento educacional Santiago Escutti Orrego, el prestigioso Instituto Rafael Ariztía y la Escuela Técnico-Industrial Diego Echeverría, por nombrar algunas entidades educacionales que hoy sobresalen en el concierto docente de Quillota.
Los medios de comunicación, encabezados por el diario "El Observador", que recién cumple 20 años de vida, comparten con las radioemisoras "Nexo" y "Libra" la importante responsabilidad de informar.
La Escuela de Caballería de Quillota, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Club Deportivo San Luis, CEMA-Chile, las juntas de vecinos, el Rotary Club y las múltiples actividades del quehacer de la Municipalidad de Quillota y de su Gobernación, obligan a un público reconocimiento a todas las instituciones que hoy entregan su aporte de servicio público al mejor desarrollo de su hermosa ciudad.
Es por ello que cuando se pretende analizar al hombre de Quillota de hoy, con su cultura, su avance, sus nuevas formas de vida y su progreso tanto tecnológico como científico, no puede dejarse de lado el valioso aporte de la tradición del hombre de Quillota de ayer.
Es cierto que los tiempos cambian. Es cierta la necesidad de provocar cambios profundos en la vida social, que son ineludibles para que esa sociedad prospere. Pero también es verdad que estas nuevas situaciones no podrían darse si no se contara con una tradición llena de valiosas experiencias, de modo que sirvan de base para que estos avances sean realizables.
Por estos motivos y reflexiones, señor Presidente, es que hoy, con satisfacción espiritual, deseo a Quillota y a sus hijos el mayor progreso y el mejor porvenir.
He dicho.
Muchas gracias.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 7a., ordinaria, en 30 de octubre último, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 8a., ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 31 de octubre último, queda en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira los Mensajes N°s. 101 y 102, relativos a los proyectos de ley sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva, respectivamente.
-Quedan retirados los respectivos proyectos de ley.
Con el segundo inicia un proyecto de ley que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. (Calificado de "simple urgencia").
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, en conformidad a los artículos 28 y 66 del Reglamento, solicito al Senado que el proyecto relativo a organizaciones sindicales y negociación colectiva pase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas, al igual como se hizo con la iniciativa sobre terminación del contrato de trabajo, lo cual nos permitió llegar en esta Alta Cámara a un acuerdo a satisfacción del Gobierno y de nosotros mismos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, la experiencia nos ha enseñado que el estudio de un proyecto por dos Comisiones unidas obstaculiza el despacho de otras iniciativas. Esto ocurre especialmente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuya labor se ha retrasado por tener que formar parte de Comisiones Mixtas o de Comisiones unidas. La verdad es que estamos entregándole materias que no le corresponden. En general, los proyectos deberían remitirse a las Comisiones especializadas, y si en éstas se presentaren dudas acerca de la constitucionalidad de algún precepto, consultarán a la Comisión de Constitución sobre la norma concreta.
Si se continúa con este procedimiento, las Comisiones especializadas no tendrán razón de ser, porque, en definitiva, todo irá a parar a la Comisión de Constitución, la cual quedará absolutamente impedida de tratar otras iniciativas que sí son de su competencia.
Por estas razones, señor Presidente, me opongo a la preposición del Honorable señor Díez y solicito que se aplique el Reglamento sobre este particular.
Nada más.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, quiero manifestar que cuando enviamos el proyecto sobre terminación del contrato de trabajo a las Comisiones de Constitución y de Trabajo, unidas -que presidió el Honorable señor Ruiz De Giorgio-, ellas funcionaron perfectamente y la iniciativa tuvo una tramitación normal.
En el presente caso, por tratarse de modificaciones a dos Libros del Código del Trabajo, creo que el proyecto debe remitirse de todas maneras a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Hago presente a la Mesa que, de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, "El Senado podrá encargar el examen de un asunto a dos o más Comisiones unidas".
Y el artículo 66 dispone:
"En el mismo acto de la Cuenta, el Presidente dará la tramitación que corresponda a estos negocios; pero si algún Comité pide que se cambie el trámite dispuesto, la Sala resolverá de inmediato y sin discusión.
"Ni aun por acuerdo unánime podrá usarse de la palabra para otro objeto que el indicado en el inciso anterior.".
Señor Presidente, solicito que la Sala, en conformidad al artículo 66, resuelva de inmediato el trámite que debe darse a este proyecto.
Gracias.

El señor HORMAZÁBAL.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, deseo recordar al Honorable Senado que, efectivamente, durante la legislatura anterior adoptamos el acuerdo de remitir a las Comisiones de Constitución y de Trabajo, unidas, los proyectos a que se ha hecho referencia.
Debo recordar, asimismo, que los Senadores de la Concertación miembros de esas Comisiones, en especial los de la de Trabajo y Previsión Social, expresamos nuestro rechazo a esa idea, por considerar que atentaba contra el principio de la especialidad, que es la forma como realiza su trabajo esta Corporación.
Y tengo que recordar adicionalmente que, por acuerdo unánime de la Comisión de Trabajo, refrendado de la misma manera por el Senado, se tomó la decisión de que el proyecto relativo a organizaciones sindicales, que se encontraba separado del de negociación colectiva, quedara radicado exclusivamente en la Comisión especializada: la de Trabajo y Previsión Social.

El señor DÍEZ.- ¡Pero éste es un proyecto nuevo!

El señor HORMAZÁBAL.- Este no es un proyecto nuevo, desde el punto de vista de que no tiene cambios en su articulado, sino que obedece a un planteamiento que nosotros mismos estudiamos en la Comisión de Trabajo sobre la necesidad de tener una visión general de los proyectos que se pretende examinar.
El tema de las organizaciones sindicales está estricta y rigurosamente ligado al de la negociación colectiva. Y ése fue el concepto que todos los miembros de la Comisión de Trabajo tomamos en consideración para concluir que era fundamental tratarlos en conjunto. El Gobierno, en uso de sus facultades, refundió ambas materias y envió al Congreso un solo proyecto.
Señor Presidente, las citas del Honorable señor Diez a los artículos 28 y 66 del Reglamento son correctas. Pero de nuevo está en juego aquí el problema del funcionamiento mismo de la Corporación.
En el artículo 27 se enumeran las Comisiones permanentes del Senado, entre las cuales figuran la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por un lado, y la de Trabajo y Previsión Social, por otro. Y todas tienen el mismo ámbito, la misma competencia. Por lo tanto, no parece oportuno, después de las experiencias que hemos recogido, hacer de nuevo una desagregación de este factor.
Expresamos categóricamente nuestro rechazo a una proposición que vulnera la forma como el Senado de la República debe realizar sus actividades.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, seré muy breve.
En primer término, debo manifestar que este proyecto de ley modifica dos Libros de un Código, por lo cual, de acuerdo con la tradición del Senado, debería remitirse a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Lo que propongo -y tengo derecho a hacerlo- es que, dada su compleja naturaleza, ya que afecta a normativas codificadas en vigencia, se estudie por las Comisiones de Trabajo y de Constitución, unidas.
La experiencia que tuvimos con ocasión de la reforma de otro título del mismo Código, atinente a la terminación del contrato de trabajo, demuestra que se trata de una buena solución. Porque el proyecto fue despachado, y a su debido tiempo.
Por eso...

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, quiero pedir una interrupción al Honorable colega.

El señor DÍEZ.- Se la concedo, con el mayor gusto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, a fin de ilustrar a esta Alta Corporación sobre el tema en debate, ¿sería posible que se leyeran las tablas de los proyectos que se encuentran pendientes tanto en la Comisión de Constitución como en la de Trabajo? De este modo podrá apreciarse objetivamente que la de Constitución está recargada con una serie de iniciativas y que, en cambio, la de Trabajo no tiene ninguna.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se lean las tablas de los asuntos pendientes en cada una de esas Comisiones.

El señor DÍEZ.- Deseo recuperar el uso de la palabra.

El señor HORMAZÁBAL.- Gracias por su gentileza, Honorable colega.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Diez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, no tengo ningún inconveniente en que se lean las tablas de esas Comisiones. Pero, sí, debo informar al Senado, como miembro de la Comisión de Constitución, que ésta ha cumplido con su obligación, puesto que ha despachado los proyectos y no ha tenido problemas para tratar, fundamentalmente, algunos títulos de Códigos, que son materias que de todas maneras debe analizar.
Además, quiero hacer presente al Honorable señor Hormazábal que la Comisión mencionada está terminando el examen de algunos asuntos importantes que el Senado tratará en el curso de la presente semana o de la próxima, por lo cual dispondrá del tiempo necesario para ocuparse en el proyecto que modifica dos Libros del Código del Trabajo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Debo informar a la Sala que,...

El señor DÍEZ.- Solicito que se vote la proposición, sin debate, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- ...de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento, "si algún Comité pide que se cambie el trámite dispuesto, la Sala resolverá de inmediato y sin discusión.
"Ni aun por acuerdo unánime" -señala el inciso segundo- "podrá usarse de la palabra para otro objeto que el indicado en el inciso anterior.". De modo que no puede continuar el debate sobre esta materia.

El señor HORMAZÁBAL.- Pero, ya que lo hicimos, ¿podrían leerse las tablas de las Comisiones a que he aludido, señor Presidente?

El señor GUZMÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, si hemos excedido el Reglamento con una discusión que no procede, no puede invocarse ese hecho para seguir quebrantándolo.
Por lo tanto, solicito que se vote la proposición.

El señor HORMAZÁBAL.- Yo pido una votación ilustrada de la Corporación.

El señor DÍEZ.- ¡Ese es problema personal de Su Señoría...!

El señor GUZMÁN.- ¡Ilústrese...!

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Propiamente, la Ilustración corresponde al Honorable señor Diez; yo soy de los tiempos modernos...!

El señor VALDÉS (Presidente).- El señor Secretario informará acerca de los proyectos que se hallan en tabla en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El Secretario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me informa que en ésta hay dos proyectos en tabla: el que modifica diversos textos legales para garantizar en mejor forma los derechos de las personas y el que reforma la ley N° 18.314, sobre Conductas Terroristas y su Penalidad. Ambos tienen urgencia y su plazo constitucional vence el 16 del presente.
En cuanto a la tabla de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, estamos solicitando la correspondiente información.

El señor LAVANDERO.- Pido la palabra, sobre el antecedente que se acaba de entregar.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, ésa es sólo parte de la verdad.
Porque en la legislatura anterior quedaron muchos proyectos sin ser tratados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues se hallaba abocada al estudio de otras iniciativas en Comisiones unidas, derivado de proposiciones como la formulada hoy por el Honorable señor Diez.
Es cierto que el artículo 28 del Reglamento emplea el término "podrá" (porque el Senado, por mayoría de votos, puede hacerlo todo, incluso saltarse alguna norma reglamentaria). Sin embargo, me parece que si se establece la existencia de Comisiones especializadas, éstas deben funcionar según lo que se dispone.
No deseamos que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trate todas las iniciativas que llegan al Senado y que las restantes no tengan nada que hacer. Por ejemplo, el proyecto relativo a las inhabilidades, que fue presentado hace más de cinco meses, se encuentra pendiente en esa Comisión porque no tuvo tiempo para despacharlo oportunamente, debido a que su labor estaba recargada con iniciativas adicionadas por el propio Senador señor Diez. ¿Y hoy día vamos a repetir esa situación?
Señor Presidente, es verdad que el Honorable colega puede impulsar una votación e imponer su planteamiento con el apoyo de los señores Senadores designados. Pero no dejamos de tener razón quienes reclamamos el derecho a que cada Comisión trate las materias específicas que les correspondan y que éstas sólo vayan en consulta -cuando fuere menester- a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Así como la Comisión de Hacienda no debe estudiar todos los proyectos, sino únicamente lo relacionado con el financiamiento, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debería abocarse nada más que al articulado de su competencia.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda terminado el debate sobre este tema.
La Mesa estima que ha habido ilustración suficiente a su respecto.
Se procederá a votar la proposición.
El proyecto ya está radicado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se votará si lo tratarán en conjunto esa Comisión y la de Constitución.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor THAYER.- Deseo fundar mi voto.
Señor Presidente, este proyecto, sobre todo por la forma como se ha reformulado lo atinente a régimen sindical y negociación colectiva, excede intereses técnicos puramente laborales, insertándose en un aspecto de gran trascendencia para la vida económica del país. Me interesa que sea despachado en definitiva por el Congreso, y ojalá en forma consensual, como ocurrió con la iniciativa sobre terminación del contrato de trabajo. Jugar a mayorías ocasionales, en mi concepto, no tiene ningún destino.
La indicación formulada por el Honorable señor Diez persigue como finalidad comprometer desde la partida la comprensión y el conocimiento de los antecedentes del proyecto, a fin de que sea despachado razonablemente por la Sala y no nos encontremos, finalmente, con que el texto aprobado por ésta sea diferente del sancionado en la Comisión respectiva.
Por eso, para que haya una buena legislación, apoyo el envío de la iniciativa a Comisiones unidas.
He dicho.

El señor LAVANDERO.- El hecho de que el propio Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento votara negativamente deja en evidencia que considera un obstáculo, para el trabajo normal de ella, integrar, con la de Trabajo, Comisiones unidas.
Voto que no.
El señor VODANOVIC- Gracias por la interpretación...

El señor PIÑERA.- Voto que sí. Y, al mismo tiempo, dejo constancia de que miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social también votarán favorablemente por la formación, en este caso, de Comisiones unidas.

El señor THAYER.- Rectifico mi voto, señor Presidente. Estoy pareado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Terminada la votación.
Resultado de la votación: 19 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa y 2 pareos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda aprobada la indicación. Por lo tanto, la iniciativa que establece nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva se remite para su estudio a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas.
Continúa la Cuenta.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Se han recibido los siguientes informes:
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica los Códigos Penal y de Justicia Militar, así como otros textos legales, en lo relativo a la pena de muerte.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República sobre acuñación de monedas conmemorativas del quinto centenario del descubrimiento de América.
De las Comisiones de Pesca y Acuicultura y de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
De la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, recaído en el proyecto de ley iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que modifica el decreto ley N° 1.320, de 1976, sobre Cooperativas Abiertas de Viviendas.
-Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables señores Sergio Onofre Jarpa, Enrique Larre, Hugo Ortiz De Filippi, Sebastián Piñera y Sergio Romero, con la que inician un proyecto de ley de protección del ambiente y la naturaleza.
-Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Presentación
De las señoras Emilia Acuña Schiaffino y Carmen Méndez Velásquez y de los señores René Aránguiz Lezaeta, Reginaldo Labra Soto, Jorge Mayró Alvarez e Ibar Olhaberry Espinoza, con la que solicitan su reincorporación a los servicios del Senado que indican.
-Pasa a la Comisión de Régimen Interior.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
-Se suspende la sesión.
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-Se suspendió a las 11:24.
-Se reanudó a las 12:2.
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El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa la sesión.
Teniendo en consideración que hay dos proyectos en tabla que deberán despacharse hoy, solicito el acuerdo de la Sala para suspender la hora de Incidentes con el objeto de dedicar íntegramente esta sesión al tratamiento de las mencionadas iniciativas.
Si no hay objeciones, así se procederá.
Acordado.
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quisiera saber si hubo acuerdo de Comités en el sentido de celebrar sesión mañana. ¿Es así?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, señor Senador. Se resolvió celebrar una sesión mañana, a las 10:30, para tratar el proyecto de ley que modifica diversos textos legales con el objeto de garantizar en mejor forma los derechos de las personas, conforme a lo acordado la semana pasada.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, voy a distraer por un solo minuto la atención de la Sala.
Estoy, como el que más, interesado en que esa iniciativa se trate; no podría oponerme a ello. Pero quiero reparar en la actitud de descortesía en que incurriría el Senado ante las delegaciones extranjeras que asistirán al evento llamado "Democracia y Salud" y que mañana y pasado mañana se reunirían en este recinto.
Concuerdo con la Mesa en cuanto a que existe acuerdo de Comités en ese sentido y que, en definitiva, no podría actuarse de otra manera. Pero quiero señalar mi preocupación por el hecho de que se suscite este tipo de inconvenientes, ya que los Senadores que formamos parte de la Comisión de Salud Pública quedamos en una situación muy desmedrada frente a los delegados extranjeros.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- La circunstancia a que alude Su Señoría se consideró cuidadosamente, y, cuando tuvimos el honor de ofrecer esta sala a las delegaciones extranjeras, se hizo presente a los organizadores que eventualmente el Senado podría sesionar mañana. En consecuencia, oportunamente se tomó la precaución de prever una eventualidad que, lamentablemente, ha acaecido.
En este momento se está dando aviso a los organizadores para informarles que pueden hacer uso de este recinto mañana en la tarde y todo el día viernes.
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V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL Y DE JUSTICIA MILITAR Y DE OTROS TEXTOS LEGALES EN LO RELATIVO A PENA DE MUERTE


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde tratar en primer lugar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica los Códigos Penal y de Justicia Militar y otros textos legales en lo relativo a la pena de muerte, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13a., en 15 de mayo de 1990
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 31a., en 12 de septiembre de 1990
Constitución (segundo), sesión 10a., en 7 de noviembre de 1990
Discusión:
Sesiones 4a., en 10 de octubre de 1990 (queda pendiente la discusión); 5a., en 16 de octubre de 1990 (se aprueba en general).


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, para los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento del Senado, que el artículo 4º no fue objeto de indicaciones, y corresponde darlo por aprobado; y que a los artículos 1º y 5o se les formularon indicaciones aprobadas. En seguida (estoy leyendo la página 3 del informe), enumera los artículos con indicaciones rechazadas; las indicaciones aprobadas y las rechazadas.
De acuerdo con el Reglamento, en primer lugar corresponde tratar las modificaciones que la Comisión propone en su segundo informe. Ellas aparecen numeradas desde la página 10 del documento.
Respecto del artículo 1º, propone suprimir los números 1) y 2).
Este artículo introduce modificaciones al Código de Justicia Militar.
El número 1) reemplaza, en el inciso primero del artículo 244, la frase "presidio mayor en su grado máximo a muerte" por "presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo"; y en el inciso segundo, la frase "presidio mayor en su grado medio a muerte" por "presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo". El artículo 244 alude a los delitos de traición, de espionaje y demás contra la soberanía y seguridad exterior del Estado.
En cuanto al número 2), que la Comisión propone suprimir, se refiere también a agregar en el artículo 244 del Código de Justicia Militar el siguiente inciso: "En los casos de los artículos 106, 107, 108 y 110 del Código Penal, y en los párrafos dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y trece del inciso primero del artículo 109 del mismo Código, si el autor del crimen fuere un militar profesional, así como en el caso del párrafo tres del inciso primero y el del inciso segundo de dicho artículo 109, el máximo de las penas aplicables señaladas en los dos incisos precedentes será la pena de muerte.".
La Comisión propone suprimir los números 1) y 2), lo cual significa restablecer las disposiciones sobre pena de muerte que contempla el Título II, artículo 244, del Código de Justicia Militar. Los delitos son traición, espionaje...

El señor GUZMÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.

El señor GUZMÁN.- Quiero hacer un alcance a lo que acaba de expresar el señor Secretario.
No se trata de restablecer sino de mantener lo que está actualmente preceptuado en el Código de Justicia Militar. Esa es la proposición concreta de la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Quiero decir al Senador señor Guzmán que usé el verbo "restablecer" con relación a lo dispuesto en el primer informe.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay observaciones, se daría por aprobada la proposición de la Comisión.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, ¿me permite hacer una aclaración?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- Muchas gracias, señor Presidente.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se produjo un debate respecto de la mantención o la abolición de la pena de muerte. La mayoría de los miembros de la Comisión -los Senadores señores Diez, Guzmán y Letelier- estuvieron por mantener la pena de muerte en algunos casos, que son en total 37, de los cuales 29 corresponden al Código de Justicia Militar, y 8, a otras leyes. Los Senadores Vodanovic y el que habla apoyamos la moción del Ejecutivo en el sentido de abolir la pena de muerte en todos los casos.
En consecuencia, deberemos votar separadamente cada indicación. Los Senadores que voten "sí" estarán pronunciándose por mantener la pena de muerte, y los que voten "no" estarán aprobando el proyecto del Ejecutivo, que patrocina la abolición de la misma. Por lo tanto, hay que votar cada modificación separadamente porque se trata de Códigos distintos y de delitos distintos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Lo manifestado por el Honorable señor Pacheco aclara la forma en que se votará.
Solicito al señor Secretario repetir el procedimiento de votación, a fin de que no haya confusiones.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Los señores Senadores que voten "sí" estarán aprobando el segundo informe de la Comisión y manteniendo la pena de muerte; los que voten "no" estarán rechazándolo y, en consecuencia, apoyando el criterio del Ejecutivo de rechazar la pena de muerte.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- A mí me da exactamente lo mismo -pienso que igual ocurre con todos los señores Senadores aquí presentes- cómo la Secretaría va a tomar la votación, en el sentido de si la afirmativa se refiere a lo propuesto por la Comisión, o si la negativa corresponde a la sugerencia del Ejecutivo. Creo que da exactamente igual; es nada más que cuestión de forma. Pero sí reitero que lo que está proponiendo la Comisión no es establecer la pena de muerte respecto de algún delito donde no esté ya contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, sino la mantención de ella, con el carácter de castigo máximo, dentro de una escala en que el juez puede moverse, llegando hasta la sanción capital en esos delitos, como pena máxima.

El señor VALDÉS (Presidente).- La aclaración del Honorable señor Guzmán es perfectamente válida. Debe entenderse como mantención de la pena, y no creación de ella.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, ¿se está votando esto nada más que con relación al Código de Justicia Militar, o respecto de todos los códigos donde existe la pena de muerte?

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, yo puedo contestar.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Efectivamente, los N°s. 1) y 2) se refieren...

El señor GUZMÁN.- Únicamente se refiere al Código de Justicia Militar y sólo a los N°s. 1) y 2) indicados en el informe de la Comisión, relativos -reitero- al Código de Justicia Militar.

El señor GONZÁLEZ.- Entonces, voto que no.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, voto que no; y en igual forma me pronunciaré respecto del conjunto de proposiciones tendientes a mantener la pena de muerte en la legislación chilena, sea civil o militar, porque considero que esa pena es una rémora de etapas anteriores de la humanidad, sin justificación ni en el siglo XX ni en el XXI. Ella no ejemplifica, y se atenta contra un valor que es el máximo que la cultura contemporánea afirma, como es el de la vida.
Por lo tanto -repito-, voto que no en éste y en los otros artículos.

El señor LAVANDERO.- Yo me habría pronunciado por la negativa, señor Presidente; pero he aceptado un pareo con el Honorable señor Lagos hasta que él regrese.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Deseo evitar confusiones en el despacho del proyecto. Si estamos votando sólo el N° 1), estamos procediendo correctamente. Si estamos votando conjuntamente los N°s. 1) y 2) y lo propuesto por la Comisión es rechazado, va a quedar vigente la pena de muerte para el militar profesional.
En consecuencia, debemos votar ahora nada más que el N° 1), y separadamente el N° 2).
Voto que sí, señor Presidente.
-Se aprueba lo propuesto por la Comisión (19 votos por la afirmativa, 16 por la negativa, una abstención y 4 pareos).

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego al Honorable señor Diez que se sirva repetir su intervención de hace un momento, en cuanto a si se votan los N°s. 1) y 2) conjuntamente, o sólo el N° 1).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Porque en su informe la Comisión propone suprimir los N°s. 1) y 2) del artículo 1º.

El señor DÍEZ.- Claro, si se acordó aceptar la proposición de la Comisión, resulta lógico. Si hubiera sido al revés, no habría sido razonable; de manera que ahora el resultado es lógico al haberse votado los dos números. Pero si se hubiera rechazado lo que proponía la Comisión, ahí no habría habido lógica, porque los Senadores habrían estado votando por mantener la pena de muerte para los militares profesionales. Pero como se eliminan los dos números, no se produce ningún problema.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Respecto de los N°s. 3) y 4) de la misma norma, pasan a ser N°s. 1) y 2), sin otra modificación.
En cuanto al N° 5) del artículo 1º, que pasa a ser N° 3), la Comisión propone suprimir, en el inciso que se agrega, la palabra "profesional" y las referencias a los ordinales 1º, 2o, 4o, 5o y 7o del inciso primero del artículo 245.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia sobre la base de la observación recién formulada por el Honorable señor Diez.
Diversas indicaciones originalmente apuntaban a que, de mantenerse la pena de muerte como pena máxima para ciertos delitos del Código de Justicia Militar, ella sólo fuese aplicable al caso de militares profesionales, excluyendo a los movilizados y a la conscripción. Tales indicaciones fueron retiradas por los propios autores.
En consecuencia, podríamos dar por obviado el problema, si hubiera acuerdo unánime en tal sentido, porque nos complica la votación; de manera que nos limitemos a votar los delitos en el bien entendido de que, en los casos en que se apruebe la mantención de la pena de muerte como sanción máxima, ella rija para cualquier militar, sin la distinción de que sea o no sea profesional, por cuanto esto ya ha quedado superado en el curso del debate.
Creo que eso podría facilitar considerablemente a la Mesa y al propio Senado la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Sala ha oído la proposición del Honorable señor Guzmán en el sentido -que es lo propuesto por la Comisión- de suprimir la palabra "profesional", sin hacer distinción respecto de los militares, sean o no sean profesionales.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Cuando se presentó la indicación por el Honorable señor Guzmán y, al parecer, por el Honorable señor Diez, refiriéndose a un término que a lo mejor no fue lo más acertado -el de "militar profesional"-, yo entendí que la intención era limitar precisamente la pena de muerte, tan dramática, a quienes tenían un rango profesional, o sea, militares en la condición de tales, y no extenderla al personal de conscriptos o movilizados, para los cuales no existe la misma sanción, inclusive, discutiendo el tema nuevamente, podría asignárseles la misma responsabilidad para conducirlos a la pena de muerte.
Entonces, personalmente, creo que la situación no es como la plantea el Honorable señor Guzmán.
La vida es muy respetable, y no puede ser que, por el hecho de que a alguien no le gustó la expresión "militar profesional", eliminemos algo que todos compartíamos.
Creo que el sentido de aplicarse la pena de muerte -incluso el de los autores de la indicación- fue que ella so refería a los militares profesionales en el bien entendido de la palabra; pero no a los conscriptos ni al personal movilizado, que no pueden tener la misma responsabilidad.
Por lo tanto, si se mantiene la tesis del Honorable señor Guzmán, personalmente pediría votar si estamos de acuerdo en aplicarla extensivamente a todos los militares -movilizados, conscriptos y profesionales-, o sólo a los profesionales.
Creo que el Senado, por lo menos, tiene que tomar una decisión en ese sentido.

El señor GUZMÁN.- Sin entrar al fondo del debate -que ya fue objeto de largo análisis en este Senado-, quiero hacer presente que en lo relativo al tema de los militares profesionales hubo, efectivamente, una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se verificó en esta Sala, a la cual fueron invitados los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, quienes vinieron personalmente o se hicieron representar por sus más directos colaboradores y subordinados.
Allí se nos manifestó, de modo muy convincente, que la distinción -que sería enteramente nueva en el Derecho chileno- podría llevar a gravísimos equívocos e incluso, a injusticias.
Si se excluye de la posibilidad de que se aplique la pena de muerte por un mismo delito a una persona que es militar, movilizado o conscripto, por el solo hecho de no tener la calidad de militar profesional, podría darse el caso de que alguien en tiempo de guerra que comete la grave traición de llevar a la muerte a muchos otros militares -profesionales y no profesionales-, quedase a priori exento de la posibilidad de que se le llegue a aplicar la pena de muerte. Y eso efectivamente no es justo, no es razonable y no es conveniente para la cohesión y para el sentido patriótico que deben existir en las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra.
La observación que formula el Honorable señor Zaldívar es perfectamente razonable en el sentido de que será el tribunal el que ponderará si, en un determinado delito específico, la circunstancia de que quien lo comete sea o no sea un militar profesional o un conscripto, le otorga o no le otorga mayor gravedad a ese delito específico. Y como la de muerte siempre es la sanción máxima dentro de una escala, es un elemento que el juez puede ponderar al aplicar la pena. Ciertamente.
Pero lo que estamos buscando es que no quede exento a priori quien no es militar profesional de la posibilidad de que se le aplique la pena de muerte, por la razón de injusticia y de inconveniencia para la mística y la cohesión con que las Fuerzas Armadas deben actuar en tiempo de guerra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, Honorable Senado, no había querido intervenir, porque pensé que esto se iba a resolver simplemente con "un" proceso de votación.
El resultado de la votación anterior significa la mantención de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar; y básicamente las normas en las cuales se mantiene son aquellas para el caso de un estado de guerra.
Quiero hacer presente al Honorable Senado que el Ejecutivo estuvo de acuerdo en suprimir en el Código de Justicia Militar la pena de muerte en todos los delitos, básica y principalmente en estado de guerra, porque durante un conflicto bélico intervienen los consejos de guerra, los cuales tienen como tribunales una estructuración muy precaria, en nuestra opinión. En ellos la superintendencia de la Corte Suprema está suprimida por la reforma de la Constitución de 1980.
Es decir, para las personas existe la mayor indefensión precisamente cuando sus causas se tramitan en consejos de guerra que aplican la pena de muerte.
En verdad, señor Presidente, yo tengo el deber de hacer presente al Senado esta situación.
Y si Su Señoría lo permite quisiera leer la opinión del ex Presidente de la Corte Suprema don José María Eyzaguirre, respecto de lo ocurrido con los consejos de guerra en 1973. Al asistir a una reunión de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, señaló expresamente lo siguiente:
"No pretende, recalca, en modo alguno ofender a los tribunales militares, pero, a su juicio, algunas de las sentencias de esos tribunales en tiempo de guerra que la Corte Suprema debió conocer, fueron pavorosas. Carecían de considerandos, no apreciaban pruebas. Sencillamente, anota, se condenó a personas, por un solo hecho, a dos penas distintas, que en ciertos casos llegaron a 30 años cada una.
"Con ello no quiere decir" -señala el señor Eyzaguirre- "que siempre los tribunales militares van a fallar así; sin embargo, en la realidad sucedió. Y de tal modo, que después el gobierno se vio obligado a indultar a esas personas.".
Quiero hacer presente que la pena capital en los consejos de guerra -aparte el hecho de que nosotros la rechazamos, por las causas que indicamos en la discusión general- es precisamente una de las situaciones en que hay más riesgo de cometer errores, etcétera, aunque se pida por la unanimidad de estos consejos y cuente con informe favorable del auditor letrado.
Hay una experiencia que, evidentemente, debe servirnos de fundamento para poder legislar.
Quiero, entonces, señor Presidente, salvar estos planteamientos del Gobierno y decir por qué básicamente hemos sido partidarios de suprimir la pena de muerte aun en el Código de Justicia Militar.
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Está en consideración el segundo informe que difiere del primero, que contemplaba la calificación de "militar profesional".
Creo que debe haber un pronunciamiento en términos de si se suprime o no se suprime la palabra "profesional", como se ha propuesto, lo cual, en el fondo, equivale a si se aprueba o no se aprueba el informe de la Comisión.
Se procederá a votar en esa forma.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor SULE.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que voto por que no se suprima la palabra "profesional", exclusivamente por la votación anterior.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, deseo expresar que han sido tales los excesos cometidos en estos últimos 15 años por los tribunales militares y por los consejos de guerra con relación a ciudadanos que no tenían el carácter de militares, que para mí resulta de la esencia que este tipo de situaciones se aplique a militares profesionales, a personas que han hecho del ejercicio de la violencia una profesión y que, por lo tanto, deben tener los frenos éticos que implica ese ejercicio; pero no a quienes han sido movilizados, muchas veces, contra su voluntad y actuando al margen de los principios morales de ellos, para enfrentar una situación de emergencia. Y menos aún para quienes están haciendo la conscripción.
Por lo tanto, voy a votar por que no se suprima la palabra "profesionales".
Voto que no.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, sin perjuicio de votar que sí, quiero solicitar a mi distinguido colega el Honorable señor González que retire las expresiones que acaba de señalar, porque las considero altamente injuriosas para nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, al decir que "ellos han hecho del ejercicio de la violencia su profesión".
Creo que no ha estado en su ánimo el ofender a estos Institutos; pero, lamentablemente, del tenor de ellas, se colige eso. Y como sé que Su Señoría tiene un muy buen deseo de que haya reconciliación, paz, justicia y fraternidad, cordial y fraternalmente le solicito retirar esa aseveración.
Voto que sí.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, evidentemente el Honorable señor Ortiz no ha leído textos que se refieren a las instituciones castrenses. En la mayoría de ellos, se define a los militares como profesionales de la violencia y de la guerra, lo cual, en ningún sentido, tiene una connotación peyorativa.
Y más aún, se le entrega a ellos el uso exclusivo de las armas. En una sociedad organizada, solamente los militares -profesionales de la violencia y de la guerra, formados para ello, con frenos éticos para actuar en ese campo- tienen el uso exclusivo de las armas.
De tal manera, Honorable señor Senador, que, por las razones expuestas y porque no constituyen en absoluto un agravio a las Fuerzas Armadas, no estoy dispuesto a retirar mis palabras.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa la votación.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, quiero señalar muy brevemente que, así como rechacé la pena de muerte para los militares, también lo deseo hacer respecto de cualquier persona.
Al mismo tiempo, creo conveniente hacer notar que -y no voy a referirme sólo a hechos acaecidos en el país durante el período reciente-, a través de la historia, cuando se habla de tiempo de guerra en muchísimas oportunidades, se hace referencia a condiciones especiales, en que los seres humanos se encuentran tensionados y están sujetos a decisiones que no siempre se pueden tomar con tranquilidad y cuando no es posible aportar los antecedentes suficientes para que las personas sometidas a proceso puedan tener la defensa adecuada.
Por lo tanto, si bien el Senado ha aceptado la pena capital para algunas personas del ámbito militar, voto que no, para rechazar que ella se haga extensiva a quienes ocasionalmente, y en razón de circunstancias especiales, deben formar parte de las Fuerzas Armadas, muchas veces para defender al país.
Reitero que debiéramos dejar esto con las limitaciones planteadas por parte de algunos señores Senadores en el sentido de excluir a quienes no forman parte de los cuadros permanentes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
En consecuencia, voto que no.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, sobre la base de una experiencia que vi en los tribunales militares de San Fernando y por la forma en que éstos actúan en general, voto que no.

El señor JARPA.- Señor Presidente, además de los inconvenientes que indudablemente tiene el hecho de establecer penalidades distintas para un mismo delito -que puede traer resultados gravísimos en caso de guerra-, hay que tener presente que no se puede aplicar una norma a los militares profesionales - sean cabos o sargentos, por ejemplo- y una distinta a un oficial superior por el solo hecho de ser reservista.
De manera que voto que sí, señor Presidente.

El señor RÍOS.- El Comité Partidos por la Democracia y Socialista me ha pedido un pareo con la Honorable señora Soto. Así que estoy pareado a partir de ahora.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, quiero hacer notar la inconsistencia del argumento dado para rechazar la proposición, basado fundamentalmente en el sentido discriminatorio que ésta tendría.
En verdad, la pena de muerte tiene un fundamento esencialmente discriminatorio en la reflexión de quienes apoyan esta sanción.
Desde luego, castiga figuras delictivas más graves que otras, lo que ya envuelve un Sentido de discriminación, desde el punto de vista de la lógica.
En segundo lugar, las penalidades que se están aprobando radican en figuras esencialmente militares. Segundo punto de discriminación: no es para todas las figuras penales de cierta gravedad, sino para las que envuelven un carácter militar.
Y el tercer motivo de discriminación es que, en general, se están sancionando con la pena máxima conductas cometidas por militares.
En consecuencia, todo es discriminación en la aplicación de la pena de muerte, lo que me lleva a considerar como sumamente inconsistente el propósito igualitario que ahora se invoca.
Por lo demás, ése sentido de discriminación tiene aún más aplicabilidad en este caso, ya que la pena capital se está haciendo residir en quienes evidentemente poseen, por su función, un carácter neta y específicamente militar.
Por todos estos argumentos, voto que no.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, los argumentos del Honorable señor Vodanovic me llevan a intervenir. Con el criterio sustentado por Su Señoría, todo el Código de Justicia Militar discriminaría entre militares y civiles, porque efectivamente la calidad de militar y los delitos que ellos pueden cometer han sido históricamente tratados por el legislador desde siempre y en todos los países del mundo, en una legislación diferente. La discriminación existe cuando a militares que cumplen la misma función se les aplican penas distintas por el mismo hecho. Y eso es lo que ha señalado el Honorable señor Jarpa.
Quiero hacer presente al Senado, señor Presidente, que estamos legislando sobre altos delitos de traición cometidos en tiempo de guerra externa.
Y deseo llamar la atención sobre el hecho de que declarar la guerra externa no es una decisión de los militares, sino del poder político: del Presidente de la República y del Congreso Nacional. Lo único que hacen ellos es cumplir con su deber y arriesgar la vida en defensa de los intereses patrios, tan gravemente comprometidos cuando, a pesar de los resguardos constitucionales, el Estado se ve en la obligación de declarar la guerra. Cuando esta situación se produce, según nos explicaron los altos jefes de las Fuerzas Armadas, el Ejército se constituye en una sola unidad, porque lo integran no sólo los militares que regularmente pertenecen a él, sino también la conscripción y los reservistas, quienes, por su formación profesional o por ser militares en retiro, ocupan muchas veces grados de oficiales. Por lo tanto, no existe ninguna razón para aplicar a ellos una pena menor que a un militar profesional, que puede tener menos cultura y hallarse en responsabilidades y mandos inferiores.
Señor Presidente, creo que, frente a una situación de guerra externa, cuando los chilenos arriesgan sus vidas en defensa de los intereses patrios, calificados por la autoridad política, no podemos garantizar la vida a una persona que comete un delito de alta traición, como son los casos en que la mayoría de la Comisión ha mantenido la pena de muerte. Creo que, en razón del sentido del honor militar; el sentido de la tradición militar; el sentido de la disciplina militar; el sentido de no dar ventaja al traidor y de sancionarlo por el daño que pueda producirle al país, por las muertes que pueda ocasionar de sus compañeros de armas, bajo la misma bandera, voto que sí, señor Presidente.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, a los argumentos que ha desarrollado recientemente el Honorable señor Diez, quisiera agregar una reflexión que realicé muy concienzuda y minuciosamente respecto de cada uno de los delitos en que estamos proponiendo mantener, en el Código de Justicia Militar, la pena de muerte como sanción máxima. Todos y cada uno de esos delitos son conductas gravísimas, contrarias a la patria, que cualquier chileno bien nacido las entiende y aprecia como tales. No son delitos en que se requiera la formación militar para entender que se está causando un gravísimo daño a la patria en tiempo de guerra. Por tal motivo, considero que debe ser aplicada a cualquier persona que esté enrolada o movilizada dentro de las Fuerzas Armadas.
Por esa razón, voto que sí.

El señor LAVANDERO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, debo dejar constancia de que estoy pareado.
Sin embargo, llega a mi memoria el recuerdo de "Michel", el conscripto que, por negarse a disparar contra el pueblo, fue fusilado sin una causa justa, sin ningún juicio.
Si no hubiera estado pareado, señor Presidente, habría votado que no.
-Se rechaza la proposición (19 votos contra 18 y 4 pareos).


El señor VALDÉS (Presidente).- Se mantiene, entonces, la palabra "profesional" en el texto, tal como figura en el primer informe, página 44, número 5).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, los números 6) y 7) pasan a ser números 4) y 5) sin modificaciones. Por lo tanto, es una mera cuestión de referencia.
A continuación, la Comisión propone los siguientes números nuevos: "6) Derógase el número 2o del artículo 248.".
El artículo 248 dice lo siguiente: "Incurrirá en la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte:
"1º El que pusiere en libertad a prisioneros de guerra con el objeto de que regresen a las filas enemigas;
"2° El que, en caso de guerra y con el propósito de favorecer al enemigo o de perjudicar a las tropas chilenas, cometiere una acción u omisión que no esté comprendida en los artículos precedentes ni constituya otro delito expresamente penado por las leyes.".
La Comisión sugiere derogar este número 2o.
-Se aprueba la derogación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Número 7): "Suprímese el ordinal "1º" del artículo 248 y refúndense en un solo inciso el número primero y el encabezamiento.".
Ello es consecuencia de la supresión del número 2o.
-Se aprueban la supresión y la refundición.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el número 8), la Comisión propone suprimir la palabra "profesional" en el inciso que se agrega al artículo 248. El inciso que se añade al mencionado artículo expresa lo siguiente:
"Sin embargo, si quien cometiere el delito del número 1º del inciso anterior fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte".

El señor PACHECO.- ¡La misma votación, señor Presidente!

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, creo que esta votación debe ser más explicitada.
Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. Y tenemos que ver con claridad por qué, en este caso, se pretende suprimir la palabra "profesional". O sea, ¿si suprimimos tal palabra, se aplicará la pena de muerte a todos los que estén dentro del artículo?
¡No podemos aprobar eso!

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Señores Senadores, les ruego tener presente el primer informe de la Comisión, en la página 44, que es el que estamos siguiendo junto con el segundo informe.
En la página 44 del primer informe la Comisión propone agregar al artículo 248 el siguiente inciso final:
"Sin embargo, si quien cometiere el delito del número 1º del inciso anterior fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".
Ahora, la Comisión sugiere suprimir la palabra "profesional"; de tal forma que quedaría:
"Sin embargo, si quien cometiere el delito del número 1º del inciso anterior fuere militar, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".

El señor ZALDÍVAR.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, pienso que la Sala debe pronunciarse con respecto al texto completo del inciso, y no sólo sobre la palabra "profesional".

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Señor Senador, la proposición de la Comisión es nada más que para suprimir la palabra "profesional", porque lo demás, al no haber modificaciones, está aprobado.
El resto del artículo está aprobado en el primer informe.
Por eso, les señalaba que tuvieran presentes, del primer informe, la página 44; y del segundo, la 12.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.

El señor GUZMÁN.- - Señor Presidente, deseo apelar, por última vez, al criterio de todos los señores Senadores en el sentido de que, a propósito del artículo que estamos votando, reflexionemos acerca de lo que implica hacer la distinción entre "militar profesional" y "militar no profesional", como se aprobó en el artículo anterior.
En primer lugar, declaro que soy una de las personas que han cambiado de criterio. Por eso, me atrevo a requerir igual reflexión de parte de mis Honorables colegas. Porque, con buenos y mejores argumentos, uno puede siempre revisar su propio punto de vista, sin que ello resulte, en absoluto, desdoroso, desde el punto de vista intelectual, ni político ni jurídico.
El delito que estamos analizando se refiere a "El que pusiere en libertad a prisioneros de guerra con el objeto de que regresen a las filas enemigas.". Pretender que ese delito es distinto en gravedad según lo cometa un militar profesional o un chileno que está movilizado o que es conscripto de nuestras Fuerzas Armadas, me parece enteramente fuera de lugar.
Es un delito genérico, de gravísima traición a la patria, respecto del cual cualquier chileno que incurre en él sabe perfectamente bien la gravedad de lo que está realizando. Corresponderá al juez determinar, con posterioridad -insisto una vez más-, si llega a no hasta el grado máximo de la escala de penas, aplicando la sanción capital.
Lo que nosotros proponemos es que no se establezca a priori que, por el solo hecho de no tratarse de militar profesional, ese delito no puede llegar a la pena de muerte, en circunstancias de que puede implicar la muerte para muchos chilenos dañados con esa acción, que cualquier chileno bien nacido advierte, no sólo como delictiva, sino como gravísima para la patria y para el destino de la acción militar en tiempo de guerra externa.

El señor RUIZ (don José).- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, quisiera una aclaración con respecto a lo siguiente: si un civil movilizado, que se convierte en militar, va a ser sancionado por un delito con la pena de muerte, quiero preguntar qué pasa con un civil que no ha sido movilizado. Por ejemplo, si un civil cualquiera -un alcalde- comete ese delito, esa persona ¿puede ser sancionada con la pena capital?

El señor GUZMÁN.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador,...

El señor RUIZ (don José).- ¿Puedo continuar, señor Presidente?

El señor GUZMÁN.- ...para darle una respuesta?

El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Se le ruega pedir la palabra a la mesa, señor Senador!

El señor GUZMÁN.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.

El señor GUZMÁN.- Con la venia de la Mesa, quiero responder al Honorable señor De Giorgio, ya que estimo muy válida su inquietud.
Me parece que en este caso, aun cuando se trate de un civil, también puede llegar a aplicársele la pena de muerte.
Porque no exige el Código de Justicia Militar que se trate de un militar. Cuando lo expresa, hace la distinción entre militar profesional y no profesional.
En este caso no existe distinción. El Honorable señor De Giorgio tiene toda la razón en el sentido de que este delito cometido por un civil que no está movilizado es tan grave como si fuese cometido por una persona movilizada. Por eso, el Código no usa la expresión "el militar", como en general lo hace dentro de la mayoría de los delitos que estamos analizando.
Aquí, simplemente expresa "el que".
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, había concedido una interrupción.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Excúseme, señor Senador!
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.

El señor RUIZ (don José).- Me parece absurdo, entonces, lo que se está planteando. Porque si está establecido que civiles y militares podrán ser condenados a pena de muerte, no veo qué sentido tiene la discusión que estamos llevando a cabo. No podrían quedar excluidos sólo los militares movilizados, mientras los civiles también van a poder ser condenados a la pena capital.
Señor Presidente, quisiera que los expertos en esta materia trataran de aclararnos este punto, ya que estamos tratando de legislar acerca de temas que son demasiado importantes como para que simplemente votemos. Así que yo desearía que alguien me ilustrara y me confirmara que, si nosotros votásemos esto en forma negativa, quedarán sólo excluidos de la pena de muerte los civiles movilizados.
Me gustaría que alguno de los Honorables Senadores que participan en la Comisión hiciera una aclaración al respecto, porque -repito- me parece que no debemos legislar tan a la ligera sobre temas que son tan fundamentales.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.- Señor Presidente, como existen varias votaciones con fundamentos más O menos semejantes, pude haber hecho mi observación al momento de votar; pero prefiero realizarla en este momento, para no fundamentar en cada oportunidad en que vote.
Respeto mucho la invocación que acaba de efectuar mi Honorable colega el Senador señor Guzmán; pero estimo que en eso he cambiado. El hombre, en su proceso, puede cambiar de opinión frente a razones positivas, claras y categóricas. ¡No cabe la menor duda! Pero como he sido un permanente partidario de la supresión de la pena capital en mi país -no sólo ahora, ya que esta discusión la tuvimos hace más de 20 años, cuando también era Senador, por la Sexta Región- quiero señalar que como aquí se aprobó la pena de muerte para algunos casos, votaré negativamente todos aquellos artículos, proposiciones o indicaciones que de alguna manera puedan significar la aplicación de dicha pena a algún ciudadano de la República.
Por ello, en este caso, votaré en contra de la indicación.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor PACHECO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Existen aquí dos aspectos que debemos aclarar para los efectos de esta votación.
Una cosa es si se refiere al militar o al militar profesional; y otra, que se mantiene la pena de muerte. En consecuencia, aquellos que somos contrarios a la mantención de la pena de muerte, debiéramos votar que no. Así es, concretamente, y con ello contesto la observación que se había hecho anteriormente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, he escuchado muy atentamente las palabras del Honorable señor Guzmán. Parecería muy lógico lo que ha señalado en el sentido de que un conscripto que ayudase a un enemigo para que se pasase a las filas contrarias, podría ser, con todo derecho, fusilado. Hasta ahí lo considero perfectamente lógico, pero el problema, señor Presidente, es que todo depende de a quién se califique como enemigo. Al General Bachelet se lo calificó de tal, y si un conscripto, sin un juicio previo, hubiese ayudado a escaparse a esta persona que era considerada enemigo, habría merecido la pena de ser fusilado. Pero, señor Presidente, cuando se establecen juicios apresurados que conducen a la pena de muerte, ya no se puede ni retirar la bala ni dejar de hacer retroceder el dedo sobre el gatillo.
Contra eso estamos. Y ésta es la lógica a la que, a veces, se atienen los militares en una guerra. Por eso, no queremos que, en este caso, se repitan los tristes sucesos ocurridos durante los últimos diecisiete años.
Nada más, señor Presidente.

El señor GUZMÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUZMÁN.- En lo que respecta a las observaciones del Honorable señor Lavandero, me parece importante precisar al Senado que ya está aprobado -porque no hay indicaciones al artículo respectivo- que las penas de muerte establecidas en el Código de Justicia Militar que estamos discutiendo, sólo tendrían vigencia en caso de guerra externa. Efectivamente, por la peculiar naturaleza de la guerra interna, nos pareció que la pena de muerte no debía mantenerse en este caso. De modo que todas las referencias que se hagan a lo acontecido con motivo de los sucesos de 1973 y de los meses inmediatamente siguientes, son ajenas a la aplicación real de la legislación que estamos aprobando. Aquí estamos hablando de guerra externa y, por lo tanto, la precisión de quién es el enemigo queda perfectamente delimitada, y más aún: está resuelta -como lo dijo el Honorable señor Diez- previamente por el órgano político que declara la guerra o que lleva al país a la guerra, y al cual sirven las Fuerzas Armadas.

El señor THAYER.- Aunque no estoy participando en la votación, quiero hacer una abstracción, porque, en un asunto tan delicado, me preocupa que pueda haber confusión de criterios.
Durante la discusión del punto referente a la mantención o supresión de la expresión "profesional" se aprobó por la escasa mayoría de un voto -junto con mantener la distinción entre "profesionales" y "no profesionales", si no estoy equivocado- la pena de muerte para aquellos que invistieran la calidad de profesionales.
No me parece lógico -tal vez se trate de un error- que quienes se manifiestan en absoluto desacuerdo con la pena de muerte, la estén aprobando respecto de una cierta categoría de personas. Sé que su ánimo ha sido el de restringir su aplicación solamente a un sector, pero me interesa que estén conscientes de que, al dar su voto, están aprobando la pena de muerte para determinada categoría de individuos.
Nada más, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Quiero informar a Su Señoría que hay indicaciones renovadas del Ejecutivo en los números 5, 8 y 10 que suprimen la pena de muerte. Esas observaciones todavía no han sido votadas. Nos encontramos votando solamente las indicaciones formuladas por la Comisión, pero con posterioridad deberemos pronunciarnos respecto de la indicación renovada del Ejecutivo que suprime el número entero y, en consecuencia, suprime la pena de muerte.
El señor VODANOVIC- ¿Por qué no votamos primero esa indicación, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- En realidad, no pensaba intervenir en el debate, pero me parece conveniente hacer precisiones respecto de ciertas observaciones que han formulado aquí algunos señores Senadores que sustentan el principio favorable a la pena de muerte. La verdad es que casi hemos vuelto a la discusión general, pero es bueno aclarar las cosas.
Aquí se ha señalado que quienes rechazamos la pena de muerte para el militar profesional o para el militar no profesional, estaríamos dando ventaja al traidor. Sólo los "bien nacidos" entenderían este tipo de disposiciones y aprobarían la pena de muerte. Quienes voten en contra le provocarían un daño gravísimo a la patria.
Al igual que en la discusión general, quiero reclamar en contra de esas afirmaciones. El tema aquí es distinto: por un lado estamos quienes en convicción y en conciencia creemos que la pena de muerte no es la más conveniente ni cumple los objetivos que se persiguen para sancionar a un individuo que ha delinquido, aun cuando sea un delito muy grave, y por otra están los que estiman que a través de la muerte pueden corregir la conducta del ser humano.
Tal es el fondo del tema. Aquí no hay un problema de bien nacidos, ni de más patriotas o menos patriotas, ni de que estamos cometiendo grave daño a la patria. Eso lo rechazamos de plano.
Este mismo debate se produjo a lo largo de la Historia sobre temas tan graves como los de la esclavitud y de la tortura. Y también hubo gentes que, con muy buenos argumentos, estimaban que eran convenientes. Hoy día, en la civilización de estos tiempos, se discute en muchos países si es conveniente o inconveniente la pena de muerte. Unos creen que no, y otros creen que sí, y tienen argumentos, pero son tan patriotas y bien nacidos unos como otros, y no son traidores.
Termino diciendo que estamos en contra de la pena de muerte porque amamos la vida y respetamos la muerte.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Reconociendo que estamos volviendo al tema central, y sin perjuicio de que después habrá que votar indicación por indicación, sólo quiero afirmar que nuestra negativa a seguir considerando a la muerte como pena obedece a razones éticas muy de fondo. Por lo tanto, consideramos que en este país que ha sufrido y experimentado tanta violencia y muerte, y en este siglo donde hay una afirmación universal por la vida, en ninguna circunstancia, ni para civiles ni para militares, ni en tiempos de guerra ni en tiempos de paz, la pena de muerte debe estar contemplada en los códigos.
Esa es la afirmación central que estamos haciendo, y ésa es, a mi juicio, la cuestión ética y política de fondo planteada en esta discusión.
Es cierto que, formalmente -como lo señaló el Honorable señor Thayer-, estamos haciendo restricciones a artículos que ya fueron aprobados. La verdad es que, desde el punto de vista formal, podría tener alguna razón el Honorable señor Senador. Pero ésa no es la cuestión, porque no estamos discutiendo aquí "cuestioncillas formales" sino, a mi entender, un asunto muy de fondo. Y en este sentido, si por una mayoría que aquí ha impuesto que, en algunos casos, en tiempos de guerra, para los delitos que aquí se han especificado, se mantenga la pena de muerte, creo que, de acuerdo con la lógica de fondo en que estamos, es absolutamente razonable que votemos tratando de restringir al máximo la aplicación de esa pena.
Yo no quisiera tampoco que se interpretara que, con motivo del voto que ahora vamos a emitir, estoy de acuerdo en que esa pena se aplique incluso a militares. Soy partidario de que, aun en tiempos de guerra, ellos estén excluidos de la pena de muerte, como todos los ciudadanos chilenos. Pero como ha habido aquí una mayoría que ha considerado que algunos ciudadanos chilenos, militares, por determinados delitos pueden ser condenados a la pena de muerte, quisiera que esos chilenos fueran los menos posibles.
Ese es el sentido de la votación que, por el procedimiento adoptado y por la mayoría que se produjo en la votación general sobre estas cuestiones, estamos obligados a efectuar.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, creo que si después el Honorable señor Zaldívar revisa la versión de esta sesión con mayor tranquilidad, llegará a la convicción, como hombre de bien, de que se ha equivocado profundamente en su reciente intervención. Aunque no aludió a mí en forma personal, es evidente que yo era el destinatario de sus palabras.
En ningún momento he dicho -ni podría pensarlo- que quienes están votando por la abolición total de la pena de muerte no son chilenos bien nacidos, que son traidores o que le están causando gravísimo daño consciente a la patria. Esas expresiones las manifesté respecto de quienes cometan los delitos a que estamos abocados, para significar que cualquier chileno bien nacido, que cualquier hombre de bien sabe que la comisión de esos delitos le acarrea un gravísimo daño a la patria y constituye una traición contra ella, sea que lo cometa un militar profesional o un militar no profesional, o cualquier chileno en los casos en que el Código no exige la calidad de militar, según lo sanciona el Código de Justicia Militar en la actualidad.
Por eso, quiero tomar las palabras del Honorable señor Zaldívar como una interpretación equivocada de lo que yo afirmé, y estoy seguro de que cuando él revise la versión se dará cuenta de que realmente estaba en un error y de que me está atribuyendo algo que no solamente no ha estado en mi intención, sino que no ha podido estar jamás en mis palabras, porque si hay algo que siempre he demostrado es respeto hacia las opiniones discrepantes, independientemente de la vehemencia o convicción con que sustente mis propios puntos de vista.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, he sido aludido.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Perdón, pero había pedido la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ.- El Honorable señor Zaldívar ha sido aludido y, de acuerdo con el Reglamento, tiene derecho a contestar de inmediato. Yo me permito cederle la palabra. Hablaré a continuación de él.

El señor ZALDÍVAR.- Agradezco su gesto al Honorable señor González.
Me alegra la rectificación que el Honorable señor Guzmán hace en cuanto al sentido de sus palabras, pero todos los que las hemos escuchado, en diversas intervenciones, estimamos que la interpretación que se puede dar, después de la lectura de sus afirmaciones, es la de que quienes estamos en contra de la pena de muerte estaríamos al menos siendo copartícipes con ese mal nacido, con ese traidor, o con quien pretende causar grave daño a la patria.
Ese es él sentido, y si el Honorable señor Guzmán retira esos alcances, por supuesto que se lo acepto, y me parece que estaría muy bien hecho.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, no quiero hacer perder tiempo al Honorable Senado, y, además, no soy una persona orgullosa. No tengo ningún inconveniente en retirar expresiones cuando realmente debo hacerlo. Pero en este caso, si el Honorable señor Zaldívar revisa mi versión, vería que es él quien debiera retirar sus palabras, porque captó mal el sentido de las mías.
En consecuencia, lo dejo a su conciencia.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, propongo que no retiren nada y que sigamos el debate.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, aclarado ya que todos los miembros del Senado son bien nacidos, me parece que deberíamos continuar con este importante debate.
Quiero pedir a mis Honorables colegas miembros de la Comisión que me aclaren algo que no alcanzo a entender.
El artículo 248 del Código de Justicia Militar tiene un encabezamiento que dice lo siguiente: "Incurrirá en la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte". O sea, esta pena se propone para los dos delitos que están tipificados a continuación en los números 1º y 2o. De tal manera que, cometidos estos delitos, quienquiera que los cometa, la pena máxima es la de muerte. Pero tenemos aquí una indicación de la Comisión que dice: "Sin embargo, si quien cometiere el delito del número 1º del inciso anterior fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte", lo que es exactamente igual a lo establecido por el Código, a menos que se haya querido señalar que si quien lo cometiere es un militar profesional, la pena aplicable será precisamente la máxima.
No entiendo esa frase, porque, en mi opinión, no modifica en absoluto el encabezamiento de la disposición citada, el cual -reitero- señala que "Incurrirá en la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte", etcétera.
¿Y qué se ha pretendido significar cuando se expresa que "si quien cometiere el delito del número 1 ° del inciso anterior fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte"?

El señor DÍEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor GONZÁLEZ.- Con todo gusto, Honorable colega.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.- En el primer informe, el número 7) del artículo 1º reemplazó la frase "presidio mayor en su grado máximo a muerte" por "presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo", de manera que en el caso que nos ocupa la pena de muerte sólo se aplica al militar. Y, por eso, yo había apuntado al Honorable señor Ruiz De Giorgio que el civil no sería condenado a tal sanción.

El señor GONZÁLEZ.- De ser así, quiere decir que, como acaba de indicar el Honorable señor Diez, el encabezamiento a que he hecho referencia ha sido modificado. En ese caso, es congruente lo señalado por la Comisión.
Gracias, señor Presidente.

El señor THAYER.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Sólo quiero contestar una alusión de que he sido objeto, señor Presidente, y precisar en forma definitiva que mi intervención tuvo por fin producir claridad acerca del sentido en que se estaba votando.
Respeto como el que más la posición de cada Honorable colega, en especial ante una materia tan delicada como ésta; pero me parecía necesario advertir que en la votación que se estaba realizando se emitía un pronunciamiento en favor de la pena de muerte -tal vez en contra de la voluntad de algunos señores Senadores- al procurar restringir su aplicación solamente a un sector.
Esa es la aclaración. No tenían otro alcance mis palabras que el que acabo de señalar.
Nada más.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO- Señor Presidente, yo no pensaba responder al Honorable señor Guzmán. Pero deseo señalar que el problema central y de mayor gravedad es la abolición de la pena de muerte. Porque entre las cosas de la guerra y en los "juegos de guerra" hemos visto muchas cosas: por ejemplo, cómo se fusiló gente por la vía de asimilar el estado de sitio al de guerra interna. ¿Y quién nos dice que mañana no se asimilará este último -por un cuerpo legal análogo al decreto ley N° 5- a una guerra externa? En esto, señor Presidente -repito-, hemos visto mucho. Y, por eso, las fosas están llenas de cadáveres de personas que no fueron procesadas.
También vimos cómo se aplicó una ley inexistente: la de la fuga.
Sabemos, asimismo -para citar otro ejemplo-, que se puede llamar a un civil a reincorporarse a las filas del Ejército, y en virtud de ello, aplicarle el Código de Justicia Militar. Y se puede llegar a fusilarlo, aunque haya una separación tajante, como ha señalado el Honorable señor Diez. He conocido casos en que se ha dicho a algunos oficiales jubilados: "O usted toma esta posición, o lo reintegro y le quito su jubilación". El día de mañana se podría llamar a un civil, reincorporarlo a las Fuerzas Armadas sólo para los efectos de hacerle aplicable el Código de Justicia Militar y fusilarlo.
Por lo tanto, insisto en que lo único concreto, real y serio, en definitiva, para evitar los subterfugios que hemos visto durante dieciséis años y medio, es suprimir la pena de muerte.
Nada más.

El señor HORMAZÁBAL.- Votemos, señor Presidente.
El señor VODANOVIC- Votemos.

El señor CANTUARIAS.- Que se cierre el debate.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Hago presente que hay una indicación renovada del Ejecutivo para suprimir el número 8) del artículo 1º. A la Mesa le parece más propio votar primero esa indicación, que se refiere directamente a suprimir o no la pena de muerte. Porque si ésta se suprime, no hay necesidad de votar la modificación propuesta por la Comisión.

El señor PACHECO.- Es lo más procedente, a mi juicio.
Se entiende que quienes voten afirmativamente, están por la tesis de la Comisión, y que quienes voten negativamente,...

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Quienes voten "Sí", señor Senador, están por la tesis del Gobierno, o sea, por la indicación renovada, y quienes voten "No", están en contra de la indicación presentada por el señor Ministro de Justicia. Este es el criterio. "Sí" significa supresión de la pena de muerte; "No", que ella se mantiene.

El señor PACHECO.- Respecto de ese artículo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En lo relativo al número 8) del artículo 1º.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación.
-(Durante la votación).

La señora FELIÚ.- Voto que no, señor Presidente.
Deseo señalar que la figura de que se trata sólo sería aplicable en caso de guerra, cuya declaración es materia de ley, a propuesta del Primer Mandatario. Luego, se requieren una ley -repito- y la proposición presidencial.

El señor HORMAZÁBAL.- Quiero enfatizar lo que señalé durante la discusión general en el sentido de que, de acuerdo con mis convicciones morales, procede que la sociedad tenga el derecho en algún momento, para algunos delitos calificados y en situaciones reiteradas que la pongan en peligro, así como en defensa de la vida, de mantener la opción que nos ocupa. Pero, precisamente en este caso particular, no creo que ella corresponda.
Por lo tanto, voto a favor de la proposición del Ejecutivo.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, en la Constitución de 1925, al igual que en la de 1980, el estado de guerra era declarado por ley. Y no se vaciló en suprimir el Congreso, para poder declararlo sin ese requisito. Lo mismo podría ocurrir durante la vigencia de la Carta que nos rige, la cual, al igual que la anterior, consagra la exigencia mencionada, de modo que, en mi concepto, los argumentos de la Honorable señora Feliú no son válidos.
Yo debiera votar afirmativamente, pero, por estar pareado, debo abstenerme de hacerlo.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, la verdad es que la discusión respecto de la legitimidad o ilegitimidad de la pena de muerte ya tuvo lugar. Pero tal definición determina una conducta para quienes creen que no es legítima, la cual es definitiva -respetando la opinión de quienes piensan lo contrarío- cada vez que está en debate la existencia o inexistencia de la pena capital.
Por lo tanto, no voy a insistir sobre el particular; pero sí deseo hacer un alcance muy breve respecto de un elemento que me gustaría que también fuera considerado en este debate.
Es cierto que el artículo 248 del Código de Justicia Militar, cuya modificación se vota, establece como delito susceptible de ser sancionado con la pena de muerte el caso del que pusiere en libertad a prisioneros de guerra con el objeto de que regresen a las filas enemigas, lo cual reviste extrema gravedad, a mi juicio.
Sin embargo, deseo hacer notar otro aspecto: la posibilidad de error en la aplicación de esa pena. Me refiero muy especialmente a que los consejos de guerra -integrados por un auditor y seis vocales- deben resolver acerca de la materia en el sitio y en el momento más oportunos. Y, en caso de que no puedan constituirse de acuerdo con su procedimiento normal, pueden hacerlo en forma excepcional, no con seis vocales, sino hasta con tres miembros; si no hay un auditor, éste puede ser reemplazado, y si no hay un oficial, también puede ser sustituido.
En síntesis, para la constitución de los consejos de guerra la ley establece, dadas ciertas circunstancias, procedimientos que en un momento determinado, pueden derivar en que uno de tales organismos no cuente con la objetividad, la formación y la composición necesarias para sancionar o no la mantención o la eliminación de una vida.
Por lo tanto, quisiera también hacer reflexionar a los miembros de este Honorable Senado respecto de que se plantean dos problemas: uno, consistente en dejar sin sanción a alguien que, de acuerdo con quienes así lo piensan, la merece, y otro, la posibilidad de cometer el error contrario, esto es, de sancionar a alguien injustificadamente sólo por el procedimiento especial que se requiere en caso de guerra.
Comparto la opinión de la Honorable señora Feliú en cuanto a que, de acuerdo con la Constitución, el estado de guerra se declara, no por las Fuerzas Armadas, sino mediante una ley -por lo tanto, es fruto de una decisión política-, punto que considero absolutamente subsanado. Pero estimo que la posibilidad de que se cometan errores en esta materia es tal, que debería llevarnos a una extrema precaución al determinar la pena.
Por consideraciones de tipo filosófico frente a la pena de muerte, voto que sí.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
-Se rechaza la indicación (18 votos en contra, 17 a favor y 5 pareos).


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, procede votar el número 8) del artículo 1º propuesto por la Comisión, que suprime la palabra "profesional'' en el inciso que se agrega al artículo 248.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Deseo formular una consulta previa, señor Presidente.
Antes de una votación, debe hacerse el llamado correspondiente. Como estaba tan preocupado de atender a los argumentos que se formulaban, no lo oí. ¿Sonó el timbre que llama a los Senadores a votar?

El señor ORTIZ.- ¡Su Señoría es sordo, además!

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El timbre sonó, señor Senador.
Lo que sucede es que el señor Presidente dio instrucciones de apagarlo después, por estimar que producía mucho ruido. Pero estuvo sonando hasta el momento de comenzar la votación. Cuando se realice otra, empezará a funcionar de nuevo.

El señor HORMAZÁBAL.- Personalmente, no tengo problema. Pero de repente los Senadores somos llamados fuera de la Sala por uno o dos minutos, para determinados efectos. Y el llamado del timbre no puede estar sujeto a que a algún Honorable colega le moleste el ruido.
Este también es un tema relevante. Y pido que el punto se aclare, ya que sé de un par de Senadores que ahora se encuentran en el caso que señalo y que tienen una opinión formada acerca de la materia que nos ocupa.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Repito que se hizo sonar el timbre, como corresponde. La única diferencia es que debió permanecer en funcionamiento durante todo el tiempo de la votación. Pero el señor Presidente -repito- instruyó al personal en el sentido de que lo apagara, porque el ruido interfería en dicho proceso.

El señor ZALDÍVAR.- Tiene que mantenerse el llamado durante toda la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No, señor Senador. La disposición reglamentaria emplea la palabra "antes". Luego de considerar sus términos con el señor Presidente, éste adoptó la medida que señalo.

El señor ZALDÍVAR.- El timbre debe sonar -reitero- mientras no termine la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 148 del Reglamento expresa:
"Antes de proceder a la votación, se llamará a los Senadores que estén fuera de la Sala.".
El señor Presidente interpretó que la palabra "antes" significaba que al comenzar la votación debía concluir el llamado, criterio que no comparte la Secretaría.

El señor HORMAZÁBAL.- Mientras no encontremos -en este edificio "inteligente"- un método más racional, pido que la Mesa mantenga el timbre en funcionamiento durante la votación, aunque sea molesto para todos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Debo aclarar que fue don Gabriel Valdés quien tomó la resolución de que he dado cuenta.

El señor HORMAZÁBAL.- Me refería al Presidente en general, sin especificar nombre alguno.

El señor LAVANDERO.- También se puede equivocar el Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde votar, como se anunció, la proposición de la Comisión para suprimir, de acuerdo con el número 8) del artículo 1º, la palabra "profesional" en el inciso que se agrega al artículo 248 del Código de Justicia Militar.

El señor PACHECO.- ¿Me permite una sugerencia, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- Como el Senado adoptó un pronunciamiento previo relacionado con el cambio que se plantea, tal vez en este caso -y en los que vienen más adelante- podría darse por repetida la misma votación.

El señor GUZMÁN.- No hay acuerdo, señor Presidente.
Pido votar la proposición señalada, porque con posterioridad formulé una argumentación que tengo la esperanza de que haya convencido a algún señor Senador. Si no fuera así, y ello se demostrara en forma sucesiva en el curso de la votación, podríamos adoptar el criterio sugerido por el Honorable señor Pacheco; pero no por ahora.

El señor GAZMURI.- Es una esperanza frágil en este caso, Honorable colega.

El señor GUZMÁN.- De la esperanza vive el hombre, Su Señoría.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor GONZÁLEZ.- Estoy en contra de la pena de muerte, señor Presidente, sea que afecte a militares profesionales, a civiles, etcétera.
Por lo tanto, voto que no.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
-Se aprueba la proposición (19 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 4 pareos).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Hay una indicación renovada del Ejecutivo -que por error no se había votado anteriormente- para suprimir el número 5) del artículo 1º. Es necesario someterla a votación, porque incide en la pena de muerte.

El señor GUZMÁN.- ¿A qué materia se refiere, señor Secretario?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Al artículo 245 del Código de Justicia Militar, señor Senador.
El voto afirmativo significa pronunciarse por la supresión de la pena capital en el caso de que se trata.
-Se rechaza la indicación (19 votos por la negativa, 18 por la afirmativa y 4 pareos).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde votar la indicación renovada del Ejecutivo para suprimir el número 10) del artículo 1º, el cual se encuentra concebido en estos términos:
"Reemplázase el número 2o del artículo 252, por el siguiente inciso nuevo, que pasa a ser inciso segundo:
"El que conduzca comunicaciones, partes o pliegos del enemigo no siendo obligado a ello; o, en caso de serlo, no los entregare a las autoridades nacionales o jefes del Ejército al encontrarse en lugar seguro, será condenado a la pena de presidio perpetuo a muerte."."
-Se rechaza la indicación renovada (18 votos contra 17 y 5 pareos).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la Comisión propone reemplazar el número 13) por el siguiente: "13) Derógase el inciso final del artículo 287.".
El inciso final del artículo 287 del Código de Justicia Militar dispone: "El culpable comprendido en alguno de los casos antes expresados, podrá ser muerto en el acto por cualquiera de los presentes, sea superior o inferior.".
-Se aprueba por unanimidad la sugerencia de la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, el Ejecutivo propone, a través de una indicación renovada, suprimir el número 14) del primer informe de la Comisión de Constitución, que dice:
"14) Agrégase al artículo 287 el siguiente inciso:
"Sin embargo, si quien diere voces para introducir el espanto o promover el desorden en la tropa, al principio o en el curso del combate, o participare en amotinamiento, desobediencia o revuelta para obligar a retirarse o rendirse al jefe de las fuerzas atacadas por el enemigo, o para impedir un combate o hacer cesar el comenzado, fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".
La Comisión también sugiere eliminar ese número.
-Se aprueba la supresión del número 14).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Luego, la Comisión propone suprimir el número 15).
No hay indicación del Ejecutivo.
-Se aprueba la sugerencia de la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Respecto del número 16), la Comisión propone suprimirlo, al igual que el Ejecutivo, que renovó indicación en tal sentido.
-Se aprueba la eliminación del número 16).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, el número 17) pasa a ser 14), sin modificaciones.
En lo que concierne al número 18), la Comisión propone suprimirlo.
Su texto es el siguiente: "Reemplázase en el número 1º del artículo 301 la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a muerte", por la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo".".

El señor PACHECO.- La Comisión propone eliminar el número 18) y, por lo tanto, restablecer la pena de muerte.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación.
-(Durante la votación).

El señor PACHECO.- Señor Presidente, quien vota afirmativamente restablece la pena de muerte; el que lo hace en forma negativa está contra ella.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Así es, señor Senador.

El señor SULE.- Voto que no, de acuerdo con las explicaciones dadas por el Honorable señor Pacheco.
-Se rechaza la supresión del número 18), por 18 votos contra 15 y 6 pareos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde votar una indicación renovada por el Ejecutivo para eliminar el número 19).
La Comisión también propone suprimirlo.
-Se aprueba la supresión del número 19).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la Comisión propone eliminar el número 20), que expresa: "Reemplázase en el número 1º del artículo 304 la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a muerte", por la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo". En el número 2° del mismo artículo reemplázase la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo", por la frase "presidio militar mayor en su grado máximo".

El señor PACHECO.- Excúseme, señor Presidente. ¿Qué significa votar sí y qué pronunciarse negativamente?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En lo que dice relación al número 1º -que es la primera parte-, si se vota por la afirmativa, implica mantener la pena de muerte.
En lo relativo al número 2o -que corresponde a la segunda parte-, no hay pronunciamiento sobre la pena de muerte.
El artículo 304 del Código de Justicia Militar dice lo siguiente:
"El militar que sin la debida autorización abandonare su puesto estando al mando de guardia, patrulla, puesto avanzado o de cualquier otro servicio con armas, será castigado:
"1º Con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte, si el hecho ocurriere al frente del enemigo;"...
La Comisión, en su primer informe, reemplazó esa sanción por la de "presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo".
Esa es la primera proposición de la Comisión.
Y en el número 2o sustituyó la frase "presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo" por "presidio militar mayor en su grado máximo".
En pocas palabras, es en la primera parte donde la Comisión propone mantener la pena de muerte.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.

El señor ORTIZ.- Gracias, señor Presidente.
Para mayor claridad, en el fondo se estaría manteniendo la pena de muerte para los desertores que estuvieren a cargo de un mando de guardia, de una patrulla, de un puesto avanzado; es decir, en una situación muy calificada, durante una guerra, la que no declaran las Fuerzas Armadas, sino el país, a través de la autoridad política pertinente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Así es, señor Senador.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Debe decidirse si se votará en conjunto o separadamente.
Hay una indicación del Honorable señor Pacheco para dividir la votación.


El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación la primera parte de la sugerencia hecha por la Comisión en el primer informe.
-Se acuerda suprimirla (17 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y 6 pareos).

El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde ahora votar la segunda.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, esto podría suprimirse con la misma votación anterior, porque es una consecuencia natural de lo que acabamos de decidir.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
-Se acuerda eliminar la segunda parte, con la misma votación anterior.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Corresponde resolver sobre el número 21).
Hay indicación renovada del Ejecutivo para suprimirlo. La Comisión también propone eliminarlo.
-Se aprueba la supresión del número 21).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Los números 22), 23) y 24) no tienen enmiendas, y pasan a ser 15), 16) y 17), respectivamente.
Corresponde discutir el número 25) del primer informe, que pasa a ser 18).
El Ejecutivo renovó indicación para suprimir ese número, cuyo texto es el siguiente:
"25) Reemplázase el inciso final del artículo 327 por el siguiente:
"En tiempo de guerra, el delito de retención del mando en contra de las órdenes de sus jefes cometido por militar profesional se castigará con la pena de reclusión militar mayor en su grado máximo a muerte.".".
-Se aprueba la indicación renovada del Gobierno (18 votos contra 17 y 5 pareos).

El señor GONZÁLEZ.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, las Comisiones Mixtas de Presupuestos están citadas para las 15. En el caso de la Segunda, concurrirán dos Ministros de Estado.
Ignoro cuál es la situación reglamentaria. Deseo saber si esta votación puede suspenderse o hasta cuándo durará la sesión.
Le ruego que se me informe sobre el particular.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Existe acuerdo de Comités para despachar el proyecto en esta sesión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Señor Senador, en reunión de Comités se acordó despachar la iniciativa en el día de hoy. Sin perjuicio de ello, se autorizó expresamente a la Comisión Mixta de Presupuestos para reunirse. O sea, no hay incompatibilidad entre una y otra cosa.

El señor PÁEZ.- El acuerdo de Comités también implica despachar el proyecto sobre Pesca y Acuicultura.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Podríamos suspender la sesión por una hora.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, ¿por qué no seguimos al menos hasta terminar el tratamiento de los delitos que establece el Código de Justicia Militar? Así nos quedaría un margen más reducido, que podríamos ver en la sesión de mañana.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se acordó despachar todo hoy día, señor Senador.

El señor GUZMÁN.- Sólo es una sugerencia, dada la inquietud que han planteado algunos señores Senadores, para alterar ese acuerdo, si hubiese ánimo de hacerlo. No es que yo lo esté proponiendo. Personalmente, continuaría la sesión hasta terminar.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hay varios señores Senadores que desean suspender la sesión. Por mi parte, he convidado a almorzar a algunas personas. De modo que, si hubiera acuerdo para continuar la sesión, debería procederse a designar Presidente accidental.
Dada la extensión del debate, considero preferible suspender la sesión por una hora, porque realmente todavía nos queda mucho trabajo.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- No hay acuerdo.

El señor GUZMÁN.- ¿Qué quórum se requiere para esto?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Para suspender por una hora, se precisa el acuerdo de la mayoría de la Sala; para suspender hasta por 20 minutos, basta que así lo disponga el Presidente.

El señor HORMAZÁBAL.- Haga uso de sus facultades, señor Presidente.

El señor DÍEZ.- Suspende, reanuda y vuelve a suspender.

El señor LAVANDERO.- Cuando un proyecto se encuentra en votación, sólo por unanimidad puede suspenderse la sesión.

El señor GUZMÁN.- Si es así, señor Presidente, yo no doy la unanimidad.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
A continuación de este proyecto debemos tratar el modificatorio de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se encuentra en la Sala el Ministro de Economía señor Ominami en espera del inicio del debate respectivo. Y es muy probable que esa iniciativa debamos tratarla bastante más tarde.
El señor Ministro ha tenido la deferencia de estar presente, pero creo que bien podríamos comprender que no tenemos por qué obligarlo a permanecer en la Sala. Por consiguiente, propondría que lo liberáramos de seguir asistiendo a la sesión.

El señor GUZMÁN.- Salvo que él esté muy interesado en el debate y por eso haya permanecido en la Sala, señor Senador.

El señor LAVANDERO.- Es un acto de deferencia, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Se propone suspender la votación?

El señor LAVANDERO.- Se trata de permitir al señor Ominami retirarse de la Sala, porque no se sabe a qué hora trataremos el proyecto que modifica la Ley de Pesca.

El señor VALDÉS (Presidente).- Debo advertir al Senado que quedan alrededor de 20 votaciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Gracias, señor Presidente.
El acuerdo de los Comités fijó también para hoy la discusión general del proyecto que modifica la Ley de Pesca. Aparte el interés que el señor Ministro de Economía pueda tener en otras materias, nada obsta a que nos acompañe por algún tiempo más hasta que abordemos la iniciativa que le interesa.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿por qué no continuamos con la votación?

El señor RUIZ (don José).- Podríamos consultar al señor Ministro.

El señor GAZMURI.- Preguntémosle al señor Ministro, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Creo quesería prudente suspender la sesión...

El señor DÍEZ.- Por una hora.

El señor VALDÉS (Presidente).- ... y reanudarla a las 16.

El señor GUZMÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- Hace un momento se señaló que, al estar un proyecto en votación, se requiere la unanimidad de los señores Senadores para suspender la sesión.
Quiero saber si es así o no.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No, señor Senador.

El señor GUZMÁN.- El Honorable señor Lavandero dice que sí y el Secretario sostiene que no. Y, como no soy experto en el Reglamento, no sé a qué atenerme.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 47 del Reglamento dice: "El Presidente podrá, en cualquier instante, suspender la sesión hasta por veinte minutos. Para suspenderla por más tiempo se requerirá el acuerdo de la Sala." O sea, simple mayoría.
Esa es la norma reglamentaria.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay objeción para suspender la sesión hasta las 16?

El señor DÍEZ.- No, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Deseo, muy brevemente, agradecer la deferencia del Honorable señor Lavandero y decirles a los señores Senadores que durante el día de hoy tenemos una agenda muy recargada en Santiago.
En función de eso, pediría entonces ser liberado de la obligación -o la deferencia de esta Corporación- de estar presente en el momento de la discusión en general del proyecto que modifica la ley 18.892. Sin embargo, se encuentra en el edificio del Congreso el señor Subsecretario, y creo que podría ser útil autorizar su presencia en la Sala para el caso de que en el debate fuera necesaria su intervención.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay oposición a que asista a la sesión el Subsecretario?

El señor DÍEZ.- En repetidas ocasiones he dicho que los proyectos deben contar con la atención de los señores Ministros de Estado. Si ello no es posible, el Ejecutivo puede hacer presente sus puntos de vista a través de los Parlamentarios que lo apoyan. Pero no juzgo conveniente introducir, ya como procedimiento habitual del Senado, un debate a otro nivel.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, personalmente considero que, como corresponde al Subsecretario subrogar al Ministro y éste se hallará ausente de este recinto, dicho funcionario actuará como Ministro subrogante. Por tanto, no tengo inconveniente en aceptar su presencia en la Sala, actuando en la calidad que indiqué.

El señor DÍEZ.- Es que no es Ministro subrogante.
No hay acuerdo.

El señor VALDÉS (Presidente).- No hay acuerdo, pero rogaría al Honorable señor Diez considerar la circunstancia...

El señor DÍEZ.- Lo hemos conversado muchas veces.

El señor VALDÉS (Presidente).- Lo hemos tratado, y en alguna oportunidad el Senado ha acordado que, en caso especial, el Subsecretario...

El señor DÍEZ.- No quiero que se cree el precedente, señor Presidente.
El proyecto que modifica la Ley de Pesca es muy importante. El señor Ministro tiene que decidir si personalmente manifiesta la voz oficial del Gobierno o si se expresa por intermedio de algunos de los Parlamentarios de la Concertación.
Estimo que el Senado no debe crear el precedente de discutir con representantes del Ejecutivo de un nivel inferior a los Ministros de Estado.

El señor VALDÉS (Presidente).- La objeción está planteada.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, sugiero que acojamos la primera parte de su proposición, que consiste en...

El señor VALDÉS (Presidente).- Suspender la sesión hasta las 16.

El señor HORMAZÁBAL.- Sí, señor Presidente.

El señor DÍAZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
Nuevamente han llamado de la Organización Panamericana de la Salud. Sé que hay algunas expresiones de desagrado por lo que voy a decir, pero me siento obligado a hacerlo. Pido la buena voluntad de los señores Senadores para que la sesión de mañana, en vez de iniciarse a las 10:30, se adelante por lo menos en una hora y se fije una hora de término. Así se sabrá que este recinto estará disponible mañana, a partir del mediodía.
Eso es todo lo que solicito, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- El Senado ha escuchado la proposición.
Lo único que puedo decir es que es difícil calcular la hora de término. Únicamente podemos saber cuándo se inicia una sesión.

El señor DÍAZ.- Entonces, no hay respuesta.

El señor VALDÉS (Presidente).- No hay acuerdo.
Antes de suspender la sesión debo informar que hubo comunicación con la representante de la Organización Panamericana de la Salud, quien sabía que existía esta emergencia y tomará las providencias del caso para que mañana, en la mañana, los delegados puedan reunirse en un local de Valparaíso. No ha habido protesta por ese hecho.
Se suspende la sesión.
)------------(
-Se suspendió a las 14:23.
-Se reanudó a las 16:14.
)------------(

El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa la sesión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Continuando la discusión particular del proyecto, corresponde tratar el número 26), que pasa a ser número 19), sin modificación. Es simplemente una referencia, de modo que habría que darlo por aprobado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aprobado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión propone suprimir los números 27), 28), 29) y 30).
Como también el Ejecutivo propone suprimir los números 28) y 30), podrían darse por suprimidos. Entonces, sólo los números 27) y 29) serían objeto de discusión y votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay acuerdo para suprimirlos?
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Aprobar la supresión significa mantener la pena de muerte; por consiguiente, habría que proceder a votar, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación del Ejecutivo, señor Ministro, propone también suprimir los números 28) y 30), y la Comisión también sugiere lo mismo. A eso me estaba refiriendo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, la proposición del Ejecutivo tenía por objeto suprimir la mención a "militar profesional", en el entendido de que en los números anteriores se había suprimido la pena de muerte en general.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, se supone que las indicaciones renovadas del Ejecutivo también se consideran como tales en esta sesión. Asimismo se supone que el señor Ministro conocía el pronunciamiento de la Comisión en el sentido de suprimir esos números.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, las indicaciones del Ejecutivo se efectuaron sobre la base del primer informe, porque el Ministro no tiene facultad para firmarlas; ello corresponde al Presidente de la República. Y si se conoce hoy el informe, es imposible que el Primer Mandatario hubiese podido firmarlas.

El señor DÍEZ.- Es bueno lo que le pasa al Ejecutivo, para que aprenda lo que sucede con las urgencias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Señor Senador, ruego dirigirse a la Mesa y concretarse al debate...

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Es la interpretación que el Senado ha hecho de las facultades, privando a los Ministros de suscribir indicaciones.

El señor PACHECO.- Además, hay una iniciativa del Honorable señor Diez y mía para que los Secretarios de Estado puedan firmar las indicaciones.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego evitar los diálogos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 27) dice: "Reemplázase, en el número 1º del artículo 336, la frase "reclusión militar mayor en su grado máximo a muerte" por "reclusión militar mayor en su grado máximo a reclusión militar perpetua".".
La Comisión propone suprimir esta modificación. En consecuencia, aprobar el informe significa mantener la pena de muerte y rechazarlo -es decir, aprobar el número 27)- significa reemplazar la pena de muerte por la de reclusión militar perpetua.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, quien rechace el informe de la Comisión está votando por la supresión de la pena de muerte.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Exactamente, señor Senador.
El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Los señores Senadores que estén por la mantención de la pena de muerte deben votar "sí"; los que estén por suprimirla, "no".
-Se aprueba la supresión del número 27) (13 votos contra 9, y 6 pareos).


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Número 28).
La Comisión propone suprimir este número. El Ejecutivo renovó indicación en igual sentido.
El señor Ministro de Justicia hizo al respecto una aclaración; pero, desgraciadamente, la indicación debe votarse tal como fue formulada. Pero existe concordancia entre el Ejecutivo y la Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Está de acuerdo el señor Ministro con esta interpretación?

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- No existe concordancia.

El señor PACHECO.- No hay concordancia. Habría que votarla.
Señor Presidente, me permito sugerir que, si hubiera asentimiento de la Sala, se dé por suprimido el número con el mismo resultado de la votación anterior, pues somos los mismos; no se ha agregado nadie más, y las posiciones también son las mismas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si la Sala unánimemente lo acuerda, así se procedería.
Sin embargo, veo que algunos señores Senadores se han ausentado, y otros llegan. En consecuencia, no me parece adecuado...

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Estimo -y quisiera que el señor Secretario lo confirmara- que se produce, como consecuencia, la necesidad de suprimir este inciso. Porque, al reemplazar el número 1º, queda la pena de muerte en el inciso primero. Y el inciso segundo diría: "Sin embargo, si quien cometiere el delito fuere un militar profesional, le será aplicable la pena de muerte", cuando de todas maneras le es aplicable. El inciso tendría valor si se hubiera disminuido la pena de muerte en el inciso primero. Como no se hizo así, el inciso segundo resulta absolutamente ilógico.
En consecuencia, se debe entender suprimido por el solo efecto de la votación anterior.

El señor ZALDÍVAR.- ¡De todas maneras está muerto!

El señor PACHECO.- Tiene razón, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se aprobaría la supresión de este número, con la misma votación anterior.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así se acuerda.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Respecto del número 29), la Comisión propone suprimirlo.
El número 29) -página 46 del primer informe- expresa: "Elimínase en el número 1º del artículo 337, la frase "a muerte"."
El artículo 337 señala lo siguiente:
"El militar que se negare abiertamente a cumplir una orden del servicio que le fuere impartida por un superior, será castigado:
"1º Con la pena de reclusión militar perpetua a muerte, si la desobediencia se llevare a cabo en las condiciones señaladas en el número 1º del artículo anterior;
"2o Con la de reclusión militar mayor en grado medio a máximo, si la desobediencia se cometiere en presencia de rebeldes o sediciosos y se hubieren producido perjuicios graves, o si, cometida en presencia del enemigo, no se hubieren producido los efectos a que se refiere dicho número 1º del artículo anterior".
Lo que propone el primer informe es eliminar en el número 1º -a que acabo de dar lectura- la frase "a muerte".
La Comisión aquí propone suprimir.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay acuerdo respecto a la supresión?

El señor PACHECO.- No, señor Presidente. Habría que votar. Y en este sentido, sugiero que la votación sea la misma que en el caso anterior.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En consecuencia, se aprobaría lo que propone el informe con la misma votación anterior.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aprobado.

El señor DÍEZ.- Y el número 30) también, señor Presidente, con la misma votación, ya que es una consecuencia lógica, igual que en el caso anterior.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se aplica el mismo procedimiento: con la misma votación anterior, se aprueba lo expresado en el informe de la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 31) pasa a ser 20), sin otra modificación.
Se daría por aprobado, ya que es una mera referencia.
El número 32) pasa a ser número 21). La Comisión propone suprimir la palabra "profesional", en el inciso que se agrega al artículo 346.
El Ejecutivo, por su parte, sugiere la supresión de este número, que dice:
"Agrégase al artículo 346, el siguiente inciso final:
"El militar profesional que a sabiendas autorice el suministro a las tropas de víveres averiados o adulterados, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a muerte, si por consecuencia del hecho resultare alguna muerte.".
Ese es el inciso que el Ejecutivo propone agregar en el primer informe, y que la Comisión en el segundo informe sugiere suprimir.
El Ejecutivo propone, también, la supresión de este número.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hay acuerdo entre el informe de la Comisión...

El señor PACHECO.- ¡No! Hay una diferencia, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Existe una diferencia.
Lo que el Ejecutivo pretende con esta indicación, en el fondo, es suprimir la pena de muerte. En cambio, la Comisión, en su informe, sólo suprime la palabra "profesional".
Habría que votar la indicación del Ejecutivo.

El señor PACHECO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, sugiero la misma indicación anterior. Es decir, que se dé por recogida la votación con el mismo resultado.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala con respecto a la proposición formulada por el Honorable señor Pacheco?
Acordado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Debo precisar que la proposición del Ejecutivo es para suprimir la pena de muerte; y la de la Comisión -suponiendo que se aprobare tal pena- es suprimir la palabra "profesional". Hay diferencia.
En consecuencia, la votación tiene que ser al revés.

El señor DÍEZ.- O dar por rechazada la indicación del Ejecutivo con la misma votación anterior. Eso es lo que se está proponiendo.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, apoyo la iniciativa del Honorable señor Pacheco.
Sin embargo, quiero saber si eso implica que, por la misma votación, daríamos por aprobado, además, lo propuesto por la Comisión en el sentido de suprimir la expresión "profesional". Porque para la mayoría de la Comisión es de decisiva importancia que no se apruebe esta distinción entre "militar profesional" y "militar no profesional".

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Ya lo aprobamos en otros casos!

El señor GUZMÁN.- Se aprobó en uno de los casos. Pero no se ha aprobado esa distinción en la generalidad de ellos.
Por eso quiero que, en este caso, se acoja el criterio de la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación del Ejecutivo -para ser lo más claro posible- quedaría rechazada con la siguiente votación: 13 votos, por la negativa; 6, por la afirmativa y 6 pareos.
La proposición de la Comisión se daría por aprobada por 13 votos, por la afirmativa; 9, por la negativa y 6 pareos.
Eso es lo que propone el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- ¡Exacto! Estoy de acuerdo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aprobado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 33) pasa a ser número 22).
La Comisión propone suprimir la palabra "profesional" en la frase que se intercala.
Igualmente el Ejecutivo sugiere suprimir la pena de muerte en este número.
Si se siguiera el mismo criterio anterior, habría que rechazarla por 13 en contra; 9 a favor y 6 pareos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Me parece que debe aclararse un poco la situación, ya que puede haber alguna confusión respecto al significado de la votación.
El señor EYZAGUIRRE (Secretarios-La indicación del Ejecutivo propone suprimir el número; es decir, suprimir, en definitiva, la pena de muerte. Lo aclaro tal como el señor Ministro de Justicia y el Honorable señor Pacheco han solicitado a fin de que quede constancia en la forma más nítida posible. De seguirse la misma votación anterior, habría 13 votos "no"; 9 votos "sí" y 6 pareos, con lo que se daría por rechazada la indicación del Ejecutivo.
Y, posteriormente, en el número 33), la Comisión propone suprimir la palabra "profesional", lo que, de aplicarse el mismo criterio de recoger la votación anterior, daría el siguiente resultado: 13 votos, por la afirmativa; 9 votos, por la negativa y 6 pareos.
El señor DÍEZ,- Eso es.

El señor PACHECO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- Nosotros estamos de acuerdo con esa interpretación; y solicitamos, si existe asentimiento unánime de la Sala, que se dé por recogida la votación en esos términos.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay acuerdo con esa interpretación y con la forma en que se vota?
Acordado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 34) pasa a ser número 23), sin otra modificación.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, el número 34) junto con el 35), por una parte; el 36) junto con el 37), por la otra parte y por último el 38) junto con el 39), corresponden a la misma situación, tal como hemos venido votando: el Ejecutivo propone suprimir; y la Comisión sugiere eliminar la expresión "'profesional".

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 35) es la misma situación.

El señor DÍEZ.- Desde el número 34) hasta el 39) es igual.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 34) no, señor Senador, porque se trata de una mera referencia.
En cambio, el número 35) corresponde a la misma situación.
Por lo tanto, habría que rechazarla, con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- El número 35) y también el 36).

El señor HORMAZÁBAL.- En el número 36) no hay referencia a la expresión "militar profesional".

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el número 35), la indicación de la Comisión queda aprobada por 13 votos contra 9 y 6 pareos.
El número 36) pasa a ser 25), sin modificaciones.
En el número 37) se produce exactamente lo que señalaba el Honorable señor Diez. Entonces, si se aplica el mismo criterio, habría que rechazar la indicación del Ejecutivo por 13 votos contra 9 votos y 6 pareos; y aprobar lo propuesto por la Comisión con igual votación.
En el número 38) no hay indicación del Ejecutivo. La Comisión propone que pase a ser número 27), y suprimir la frase final "En su inciso segundo, reemplázase la frase "la de muerte" por "la de presidio perpetuo".".

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el informe de la Comisión en este punto, sin votación?

El señor DÍEZ.- ¡Por unanimidad!

El señor VALDÉS (Presidente).- Acordado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el número 39) se produce la misma situación ya indicada.
En consecuencia, se rechazaría la indicación renovada del Ejecutivo, con la votación ya señalada; y se aprobaría lo propuesto por la Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay acuerdo en este sentido?
Aprobado.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente. En el caso del número 38), ¿cuál fue la votación que se anotó?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Unánime, señor Senador,
Los números 40) y 41) son de mera referencia a los números 29) y 30), sin modificaciones.
La Comisión propone suprimir los números 42) y 43).
Respecto del primero de ellos, habría que votar; o suprimirlo con la misma votación anterior.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el informe de la Comisión sobre el número 42)?

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿qué pasa con los números 40) y 41)?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Pasaron a ser 29) y 30), sin modificaciones, señor Senador. Son meras referencias.

El señor HORMAZÁBAL.- Por unanimidad...

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Son referencias.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, es que la pequeña referencia que aparece en el número 40) es la de que reemplaza la expresión "muerte" por la frase "presidio perpetuo". Eso no es una referencia.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Pasa a serlo desde el momento en que ya se votó la enmienda.
En seguida, vienen los números 42) y 43).
La Comisión propone suprimir el 42).

El señor VALDÉS (Presidente).- Hay acuerdo, entonces, en suprimir el inciso primero del artículo 379. En el número 42) se propone un reemplazo. No hay indicación del Ejecutivo distinta del informe de la Comisión. ¿No es así, señor Ministro?
Aprobado.

El señor HORMAZÁBAL.- Una aclaración, señor Presidente. Le ruego que me excuse. Pero la Comisión está proponiendo la supresión de los números 42) y 43). ¿Verdad? Y el 42) dice, en su caso, que se reemplaza en el inciso primero del artículo 379 la frase "presidio perpetuo a muerte" por la expresión "presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo", de manera que, si se suprime, queda la pena de muerte en el artículo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¡Exactamente!

El señor HORMAZÁBAL.- Entonces, la votación sería la misma que se ha estado repitiendo, y no unánime.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No unánime, por supuesto. La misma votación: 13 por la afirmativa, 9 por la negativa y 6 pareos. Esa sería la votación para el número 42).
El N° 43) dice: "Agrégase al artículo 379 el siguiente inciso final:
"Sin embargo, si quien cometiere el delito del inciso primero fuere militar profesional, el máximo de la pena aplicable será la de muerte.".
El Ejecutivo propone suprimirlo, y la Comisión sugiere lo mismo.

El señor GUZMÁN.- Con lo aprobado recién, este inciso carece de sentido. Por eso, no queda sino suprimirlo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se suprime, entonces.
Los números 44) y 45) pasan a ser 31) y 32), sin modificaciones; pero respecto del 45) hay indicación del Ejecutivo para suprimirlo. El número 45) dice: "Elimínase en el inciso primero del artículo 385 la frase final "o en situación peligrosa para su seguridad".".
El artículo 385 establece: "El que maliciosamente causare daño o avería a un buque de la Armada u operado por ésta, sufrirá la pena de presidio o reclusión militar perpetua a muerte, si el buque estuviere empeñado en combate o en situación peligrosa para su seguridad".
La Comisión -como dije- propone eliminar la frase "o en situación peligrosa para su seguridad".

El señor DÍEZ.- Está eliminada en el primer informe.

El señor GUZMÁN.- Pero en la Comisión proponemos eliminar esa frase, porque la "situación peligrosa para su seguridad" es una realidad muy difusa y difícil de apreciar para la configuración del delito correspondiente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Perdóneme, señor Senador, pero es el Ejecutivo el que propone suprimir el artículo. Entonces, o se vota o se rechaza la indicación del Ejecutivo, con la misma votación anterior.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Qué dice la propuesta del Ejecutivo?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación es para suprimir, en el artículo 1º, el número 45), al cual acabo de dar lectura y que propone la eliminación de la frase "o en situación peligrosa para su seguridad". Pero, en definitiva, lo que propone el Ejecutivo es la supresión de la pena de muerte. Así lo entiendo yo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esa proposición o se vota o se rechaza con la misma votación anterior.

El señor PACHECO.- Creo que podría recogerse la votación, y que fuera la misma.

El señor MC-INTYRE.- Prefiero que se vote, señor Presidente. Me parece importante esa "situación peligrosa para su seguridad".

El señor DÍEZ.- Pero fue aprobado en el primer informe. Reglamentariamente, está aprobado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aquí son materias distintas.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Lo que el Ejecutivo propone en realidad es suprimir la pena de muerte en el artículo correspondiente.
La Comisión sugiere eliminar una frase.

El señor VALDÉS (Presidente).- Son materias diferentes.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Hay que votar la indicación del Ejecutivo para suprimir el número 45) en su totalidad. Lo que el Ejecutivo pretende es suprimir la pena de muerte.

El señor VALDÉS (Presidente).- No suprime el delito.
El señor GUZMÁN-- ¿Por qué no la damos por rechazada con la misma votación, como hemos estado operando hasta ahora? Lo que ya está aprobado es la supresión de la frase final respecto del peligro para la seguridad de la nave.

El señor VALDÉS (Presidente).- Está aprobado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se suprime la frase, en el entendido de que se rechaza la indicación del Ejecutivo, porque si ésta se aprueba, se elimina todo el número. Por eso, la situación es diferente. Si se rechaza la indicación del Ejecutivo, la Comisión propone eliminar una frase.

El señor THAYER.- Señor Presidente, me parece que la situación es clara en cuanto a que primero hay que votar si se mantiene o no el artículo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¡Exactamente!

El señor THAYER.- Si se acuerda mantenerlo, se vota si se suprime o no la frase.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Precisamente es lo que estaba señalando la Secretaría.

El señor GUZMÁN.- No quisiera que al Ejecutivo se le atribuya algo que no es su real intención. Hasta donde yo entiendo, lo que el Ejecutivo propone en esta materia es suprimir la pena de muerte; pero no el artículo en términos que no constituya delito la conducta del que maliciosamente causare daño o avería a un buque de la Armada u operado por ésta, máxime si el buque estuviere empeñado en combate. Yo no puedo entender que el Ejecutivo esté propiciando que eso no sea delito. Me parece que lo que está proponiendo es que no se aplique la pena de muerte.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Es así, señor Ministro?

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Sí, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- De modo que se mantendría el delito; vale decir, lo que se cambia es la pena. Habría que votar, primero, si se mantiene el artículo como ésta, en lo atinente a la modificación propuesta por el Ejecutivo. En seguida, si se mantiene, se votaría si se aprueba o no la proposición de la Comisión de suprimir la frase final. Son dos materias diferentes.

El señor DÍEZ.- Está reglamentariamente aprobada. No fue objeto de indicaciones ni de enmiendas. Nadie formuló indicación para suprimirla. La supresión de la frase "o en situación peligrosa para su seguridad" está aprobada, de acuerdo con el Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aquí hay una propuesta del Ejecutivo de suprimir la pena de muerte.

El señor DÍEZ.- Y nada más.

El señor VALDÉS (Presidente).- Sin perjuicio de que también se pueda votar la frase final.

El señor DÍEZ.- No, porque ya fue votada en el primer informe, no fue objeto de indicaciones y está, por lo tanto, reglamentariamente aprobada. Lo único que tenemos presente es una indicación del Ejecutivo que rebaja la pena, suprimiendo como máximo la pena de muerte. Eso es lo que está pendiente.

El señor PACHECO.- ¿Me permite, señor Presidente?
La frase "o en situación peligrosa para su seguridad" está aprobada unánimemente. Eso ya hay que darlo por aprobado. Ahora, lo único en debate es si en ese artículo se mantiene o no se mantiene la pena de muerte. Nada más que eso.

El señor DÍEZ.- Nada más.

El señor PACHECO.- El delito es delito, pero si merece la pena de muerte o no, eso es lo que tenemos que votar.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Exactamente: ésa es la situación.

El señor VALDÉS (Presidente).- En consecuencia, queda acordada la supresión de la frase que está indicada en el número 45). Es decir, se aprueba el informe de la Comisión en ese punto.
Está en votación la supresión de la pena de muerte en el delito configurado en el artículo 385.

El señor DÍEZ.- Rechacémosla con la misma votación.

El señor PACHECO.- No sé si algún señor Senador tiene la intención de cambiar su voto. Si no, podríamos darla por rechazada con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Consulto a los señores Senadores en ese sentido. Si no es así, daríamos por rechazada la indicación del Ejecutivo, con la misma votación anterior.
Acordado.
Se rechaza la indicación del Ejecutivo y se mantiene el artículo 385 con la supresión que recién fue aprobada por unanimidad.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Con la misma votación.
Lo que hay, en el fondo, es una falla técnica en la indicación del Ejecutivo, porque no propone en ella rechazar la pena de muerte. Nosotros estamos haciendo una interpretación de la indicación, porque la verdad es que sólo propone suprimir el número 45), como también lo hace la Comisión. No se refiere a la pena de muerte. Sin embargo, al parecer, ésa sería su intención.

El señor THAYER.- Quiero dejar una constancia que quizá sea útil para la historia fidedigna de la ley.
Debemos entender, imagino, que es un daño grave, no cualquier daño, porque resultaría demasiado excesiva, cualquiera de las penas, si fuere presidio o muerte, ante cualquier tipo de daño. Por ejemplo, ante una raspadura en la pintura, o un daño menor, no parecería razonable.
Me parece que ésa es la inteligencia del artículo y en tal sentido se estaría aprobando.
Estoy pareado, pero deseaba formular la observación correspondiente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se dejará constancia de su observación.
Se somete a votación el número 46).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El Ejecutivo propone también la supresión del número 46), que dice: "Agrégase al inciso primero del artículo 385 las siguientes frases, en punto seguido: "Si el delito se cometiere encontrándose el buque en situación peligrosa para su seguridad, la pena será de presidio o reclusión militar perpetua. Sin embargo, si quien cometiere el delito fuere militar profesional, la pena podrá elevarse hasta de la muerte.".".
El Ejecutivo -repito- propone suprimir este número, y la Comisión sugiere eliminar la palabra "profesional". Habría que votar primero la indicación del Ejecutivo.
Con la misma votación anterior, podría darse por rechazada.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación anterior, se daría por rechazada.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Y con la misma votación se daría por aprobada la modificación de la Comisión.

El señor PACHECO.- ¿Me permite una consulta, señor Presidente?
En el número 46) se repite la frase "en situación peligrosa para su seguridad", expresión que nosotros, por unanimidad, suprimimos en la indicación anterior. Entiendo que esto vale también para el número 46).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No dice nada el informe sobre el particular, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).- En realidad, donde hay la misma razón debería existir la misma disposición.

El señor PACHECO.- Es la misma razón.

El señor DÍEZ.- Se eliminó la frase "en situación peligrosa".

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego al Honorable señor Diez dirigirse a la Mesa.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En realidad, la Comisión no propone eliminar esa frase; pero si la Sala lo acuerda, se podría suprimir.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Lo que hizo la Comisión fue suprimir, en el artículo 385 original, la frase "en situación peligrosa" -porque mantenía la penalidad, que llegaba hasta la pena de muerte-; agregó un inciso nuevo, que consideraba la comisión de los mismos delitos encontrándose el buque en situación peligrosa para su seguridad, y rebajó la pena a presidio o reclusión militar perpetua. Para este último caso, si el autor era militar profesional, "la pena podrá elevarse hasta la de muerte". Ahora, la Comisión en su segundo informe propone suprimir la expresión "profesional" del número 46) del primer informe.
Esa es la realidad.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Mi duda consiste en que la razón que se dio al discutirse el número anterior fue que la frase era exageradamente difusa. Ahora se vuelve a poner la misma frase, calificada como exageradamente difusa, en una situación similar, en un número nuevo, lo que no parece razonable.

El señor GUZMÁN.- Creo que el argumento del Honorable señor Ruiz-Esquide es válido. A mi modo de ver, debiéramos eliminar esa referencia, aun cuando lo relatado por el Honorable señor Diez es lo acontecido en la Comisión.
No sé si reglamentariamente estamos facultados para hacerlo aquí, o si debiera reservarse para la Comisión Mixta el corregir esta situación; o bien, ver si hay mayoría para suprimirla.

El señor DÍEZ.- Por unanimidad, podríamos eliminar el número 46) del primer informe.

El señor GUZMÁN.- Pero, en los demás casos, el delito tiene una penalidad que aparece en el inciso siguiente.
De modo que crear la situación especial o intermedia de que la seguridad de la nave se encuentre en peligro, no procedería, dados los argumentos que reseñé anteriormente y que recoge el Honorable señor Ruiz-Esquide. Creo que, si estamos facultados para ello, debiéramos eliminar el número por unanimidad, por tratarse de una situación muy difícil de evaluar desde el punto de vista jurídico.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, a pesar de sustentar una opinión disidente respecto de la mayoría de la Comisión, creo que en este caso debe eliminarse el número, pues de lo contrario quedaría ilógica la norma.
En consecuencia, a pesar de que ninguno de los cinco miembros de la Comisión la observó, en esta oportunidad, de haber consenso, estaría de acuerdo en eliminar esa frase.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Habría que suprimir la oración completa,...

El señor DÍEZ.- Todo el número 46).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ...es decir: "Si el delito se cometiere encontrándose el buque en situación peligrosa para su seguridad, la pena será de presidio o reclusión militar perpetua.". Hay que eliminar toda la oración, para que tenga algún sentido la supresión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Porque la construcción de la oración está hecha alrededor de la situación peligrosa. El delito continúa, pero la calificación o la circunstancia del delito se modifica.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Habría que eliminar toda la oración.

El señor DÍEZ.- Todo el número 46).

El señor VALDÉS (Presidente).- Para que la supresión fuera lógica, habría que eliminar el número 46) completo.
¿Habría acuerdo?
O sea, se eliminaría desde la expresión "Si el delito..." -que es una calificación de él- hasta el final.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Entonces, se estaría eliminando la pena de muerte, en circunstancias de que ya se votó en sentido contrario, es decir, para mantenerla. El único caso en que subsiste es el de la oración final, que termina diciendo "hasta la de muerte.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Se elimina la calificación de ese delito consignado en el artículo 385 del Código. Es una calificación del delito la que se suprime, con todas sus consecuencias. Las penalidades son productos del delito, y -reitero- es su calificación la que se está suprimiendo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- De ser así, habría que aprobar la indicación renovada por el Ejecutivo, que propone suprimir el número 46) en su totalidad.

El señor DÍEZ.- Perfecto, la aprobamos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Pero ocurre que ella fue votada negativamente. Habría que cambiar la votación.
De manera que se aprobaría la indicación renovada del Ejecutivo.

El señor GUZMÁN.- Lo importante es saber qué queda aprobado. Yo entiendo que lo que debiera quedar aprobado como texto del artículo 385 es lo siguiente:
"El que maliciosamente causare daño o avería a un buque de la Armada u operado por ésta, sufrirá la pena de presidio o reclusión militar perpetua a muerte, si el buque estuviere empeñado en combate.
"En los demás casos, la pena será de presidio o reclusión militar mayor en cualquiera de sus grados.".
Como digo, eso es lo que se debiera aprobar como artículo 385.
En cuanto a qué indicaciones se deben dar por rechazadas o no, es algo que la Secretaría debe ajustar de modo que la norma quede como he señalado.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo?

El señor PACHECO.- Con la misma votación.

El señor GUZMÁN.- Con la misma votación anterior, porque incluye la pena de muerte.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda acordado en esos términos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En consecuencia, se debe rechazar también la supresión del término "profesional".

El señor GUZMÁN.- Se suprime el número 46) completo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Lo más simple es aprobar la indicación del Ejecutivo.

El señor GUZMÁN.- No, porque ella es para eliminar la pena de muerte.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se rechazaría la sugerencia de la Comisión. Es ella la que propone agregar una frase en punto seguido, como parece desprenderse del texto del informe: "Agrégase al inciso primero del artículo 385 las siguientes frases, en punto seguido:".
Esa es la propuesta de la Comisión, la cual, de acuerdo con lo dicho, se entendería que se rechaza.

El señor GUZMÁN.- Exacto, se rechaza en su totalidad.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo en esa interpretación?
Se rechaza, entonces, el informe de la Comisión sobre el número 46), que aparece en la página 48 del segundo informe.
Acordado.
Número 47).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Este número pasa a ser 34), sustituido por el siguiente, de acuerdo con la Comisión:
"34) Reemplázase el número 1º del artículo 391 por el siguiente:
"1º Con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte, si el hecho ha tenido lugar a la vista del enemigo, y con reclusión militar mayor en su grado medio a reclusión militar perpetua si ha tenido lugar al frente de rebeldes o sediciosos;".
Por su parte, el Ejecutivo propone rechazar o suprimir el número 47) en su totalidad, que dice:
"Reemplázase el número 1º del artículo 391 por el siguiente:
"1º Con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a presidio militar perpetuo si el hecho ha tenido lugar a la vista del enemigo, a menos que el autor fuere militar profesional, caso en el cual el máximo de la pena aplicable será la de muerte; y con reclusión militar mayor en su grado medio a reclusión militar perpetua, si ha tenido lugar al frente de rebeldes o sediciosos;".

El señor VALDÉS (Presidente).- Esa no puede ser indicación del Ejecutivo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Propone suprimirlo, pero el texto no es el mismo.
Lo que cabe es votar la indicación de la Comisión, para no crear problemas.

El señor PACHECO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- El sentido de la indicación del Ejecutivo es suprimir la pena de muerte.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el número 47) que el Ejecutivo propone suprimir, la configuración del delito es mucho más amplia que en el número 34) propuesto por la Comisión.
En consecuencia, como el Ejecutivo está proponiendo la supresión del número 47), habría que votarlo. De eliminarse este número, se suprimiría la pena de muerte, pero habría que readecuar la disposición del número 1º del artículo 391, ya que no puede desaparecer toda la figura jurídica.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- La idea es suprimir solamente la pena de muerte. De manera que se puede dar por rechazado con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- O sea, el Ejecutivo no está pidiendo la supresión de la calificación del delito, sino sólo la penalidad.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Por eso, yo proponía votar la modificación de la Comisión, que es lo más simple. Si se aprueba, queda también acogida la disposición; si se rechaza, queda suprimida la pena de muerte.
O sea, se daría por aprobado lo sugerido por la Comisión, por 13 votos contra 9 y 6 pareos.


El señor DÍEZ.- Así es.

El señor VALDÉS (Presidente).- Por lo tanto, el número 47) queda aprobado en la forma sugerida por la Comisión, y se rechaza la indicación del Ejecutivo.
¿Está de acuerdo, señor Ministro?

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Sí, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).- Aprobada la proposición de la Comisión.
Número 48).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión propone suprimir el número 48). El Ejecutivo no ha formulado indicación al respecto. Dice lo siguiente:
"48) Reemplázase en el número 1º del artículo 416 la frase "presidio mayor en su grado máximo a muerte" por la frase "presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo".".

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo sobre el informe de la Comisión en este punto?

El señor PACHECO.- Correspondería darlo por aprobado con la misma votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Habría que suprimir el número 48) con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Queda claro que se reemplaza la pena de muerte?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No, la pena de muerte subsiste.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se aprobaría, entonces, el informe de la Comisión con la misma votación anterior.
Acordado.
Número 49).

El señor GUZMÁN.- La Comisión propone también suprimirlo, como consecuencia natural de la votación anterior.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión propone suprimirlo, mientras que el Ejecutivo sugiere eliminar la pena de muerte.

El señor PACHECO.- Sugiero que se dé por aprobado con la misma votación.

El señor GUZMÁN.- Además, está resuelto por el número 48).

El señor VALDÉS (Presidente).- Si no hay observación, se da por aprobado con la misma votación anterior.
Aprobado.
Hemos terminado con lo relativo al Código de Justicia Militar.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Hay una indicación renovada del Ejecutivo para reponer en el artículo 1º, con la numeración correspondiente y el texto aprobado por la Cámara de Diputados, los siguientes números: 1), 2), 3), 4), 11), 13), 14), 19), 24), 28), 30), 38) y 39).

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, los números 1), 2), 3) y 4) del proyecto aprobado por la Cámara se justificarían si se hubiese suprimido la pena de muerte; pero, como no ha sido así, la indicación del Ejecutivo a su respecto debe rechazarse, porque ellos hacen referencia a las normas generales para la aplicación de la pena máxima contenida en diversas disposiciones del Código de Justicia Militar. De igual modo deberá procederse con relación a los números 11), 13), 14), 19), 24), 28), 30), 38) y 39), ya que eliminan dicha pena en los artículos que mencionan.
Por consiguiente, creo perfectamente posible dar por rechazada, primero, la parte relativa a los números 1), 2), 3) y 4), por ser incompatibles con lo aprobado,...

El señor DÍEZ.- De acuerdo.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- ...y, en seguida, lo concerniente a los otros números, con la misma votación con que se ha aprobado la mantención de la pena de muerte.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Además, señor Ministro, la indicación es técnicamente improcedente, porque en el trámite de segundo informe de Comisión las indicaciones deben recaer sobre el texto del primer informe y no sobre los artículos despachados por la Cámara de Diputados.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Ya he explicado por qué se procedió de esa manera.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Sí, está bien...

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, señor Secretario, creo que debemos tratar que el proyecto tenga concordancia con las votaciones efectuadas anteriormente; si no, pueden producirse algunas incoherencias.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Según entiendo, el señor Ministro sugiere rechazar la reposición de los números 1), 2), 3) y 4) en virtud de lo ya aprobado,...

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Exacto.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ...y, además, rechazar, con la misma votación anterior, la de los números 11) al 39).

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Así es.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En consecuencia, no se produce ningún problema.

El señor DÍEZ.- Y es lo más lógico.

El señor GUZMÁN.- No existe problema alguno.

El señor VALDÉS (Presidente).- Esa es la proposición.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Con la única salvedad de que técnicamente la indicación misma no es procedente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, pero creo que es la forma más prudente de legislar.
¿Habría acuerdo para proceder de la manera indicada?
Como no hay oposición, queda rechazada la indicación renovada del Ejecutivo para restituir en el artículo 1º los números mencionados.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Indicación del Ejecutivo para agregar al mismo artículo 1º el siguiente número nuevo:
"Deróganse el artículo 240 y el inciso final del artículo 241.".

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Estas derogaciones también son consecuencia de no haberse suprimido la pena de muerte. Por lo tanto, esos artículos deben mantenerse, rechazándose la indicación del Ejecutivo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Entonces, se rechazaría la indicación del Ejecutivo, con la misma votación.

El señor DÍEZ.- Por ser incompatible con lo ya resuelto.

El señor GUZMÁN.- Efectivamente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda rechazada la indicación del Ejecutivo con la misma votación anterior, por ser incompatible con lo aprobado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Las modificaciones al Código Penal comienzan en el artículo 2o del proyecto.
Indicación del Ejecutivo para reponer en el artículo 2o, con la numeración que corresponda, los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 17), 18) y 19), según los textos aprobados por la Cámara de Diputados.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Aquí se presenta el mismo problema planteado con las indicaciones renovadas al artículo 1º.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Ahora se trata de reformas del Código Penal.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Sí, y la Sala tendría que determinar si se mantiene la pena de muerte para algunos de los delitos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿O sea, quedaría pendiente, señor Ministro?

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- En efecto.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Queda pendiente, entonces, esta materia.
Indicación del Ejecutivo para sustituir el artículo 3o del proyecto por el texto del artículo 6o aprobado por la Cámara de Diputados.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Este caso es igual al de las indicaciones renovadas del Ejecutivo al artículo 1º.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Habría que rechazarla, con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda rechazada la indicación, con la misma votación anterior.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Proposición de la Comisión para suprimir el inciso primero del artículo 5o. Dice:
"Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se entenderá por "militar profesional" a los oficiales y personal del cuadro permanente de las instituciones de las fuerzas armadas, quedando por tanto excluidos de esa definición quienes forman parte de la conscripción o hayan sido movilizados.".
En el inciso segundo del mismo artículo, la Comisión propone suprimir la frase "con dictamen favorable del auditor respectivo." y la coma que la precede. El inciso dice: "La pena de muerte sólo podrá aplicarse por la unanimidad de los miembros de la Corte Marcial o del Consejo de Guerra, con dictamen favorable del auditor respectivo.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor PACHECO.- En este caso debe procederse a votar.
¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, en este caso he sugerido efectuar la votación, por tratarse de una situación distinta: no estamos en el dilema de aprobar o rechazar la pena de muerte.

El señor VALDÉS (Presidente).- Coincido con la opinión del señor Senador. La situación es diferente y creo que deberíamos proceder a una votación especial en ese sentido.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se trata de la definición de "militar profesional".

El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión la proposición de la Comisión para suprimir el inciso primero del artículo 5o.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- Señor Presidente, aquí se han producido dos situaciones diferentes. Por una parte, el artículo propone la definición de "militar profesional". La Comisión sugirió eliminar esta definición, en el bien entendido de que la distinción que se hacía en otras disposiciones también sería suprimida. Lo que ha ocurrido es que en un caso -y creo que en ningún otro-, a lo largo de esta sesión, se aprobó la distinción entre militar profesional y no profesional para los efectos de la aplicación de la pena de muerte. En los demás casos se ha rechazado u obviado esa distinción, siguiendo el criterio de la Comisión.
En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente lógico de técnica jurídica, debiera mantenerse la definición, por cuanto, como digo, hay un caso al menos en que se aprobó esa distinción.
Ahora bien, desde el punto de vista de orientación de la opinión pública, estimo inconveniente mantener esa definición. Sería preferible dejarla entregada a la jurisprudencia, si en realidad se mantuviese la distinción de "militar profesional" y "militar no profesional" para el único caso que recuerdo haberse aprobado hoy.
En lo que se refiere al inciso segundo del artículo 5°, la idea es mantener la exigencia de la unanimidad de los miembros del Consejo de Guerra, pero suprimir la del dictamen favorable del auditor, porque éste también debe integrarlo. En esas condiciones, su parecer favorable debe verificarse en el momento en que dicho Consejo vote la pena de muerte. Y lo que no se desea establecer aquí -y por eso la Comisión propone suprimir la referencia al dictamen favorable del auditor- es que cuando decida el Comandante, ésta deba contar, igualmente, por segunda vez, con el requisito de la opinión favorable del auditor.
Este punto fue tratado aquí, también, cuando concurrieron los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Específicamente, el General Matthei manifestó que ello constituiría una suerte de cabeza bicéfala en el mando militar, lo cual no era aconsejable. Ese fue, asimismo, el parecer de los demás jefes de los Cuerpos Uniformados.
Por eso, se propone suprimir la exigencia del dictamen favorable del auditor en la segunda etapa, vale decir, cuando el Comandante resuelve lo que el Consejo de Guerra ha propuesto o aprobado, en su caso.

El señor PACHECO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PACHECO.- Señor Presidente, efectivamente me parece que hay un solo caso en que ha quedado la referencia al "militar profesional", pero estimo que esta definición debe mantenerse por unanimidad, o, de lo contrario, votar si se suprime o no, porque ella subsiste en un caso y no podemos dejarla entregada a la jurisprudencia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Como se ha pedido votación, el señor Secretario procederá a tomarla, explicando previamente qué se va a votar.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión propone eliminar el inciso primero.
Los señores Senadores que deseen eliminar el inciso primero deben votar que sí, y los que apoyen su mantención deben hacerlo negativamente.
-Se aprueba la indicación (11 votos contra 10 y 7 pareos).


El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, para el solo efecto de la historia de la ley -como lo hizo ver el Honorable señor Guzmán con motivo de la votación anterior-, que quede constancia de que el hecho de que no exista la definición del "militar profesional" obedece únicamente al propósito de no provocar una confusión acerca de lo aprobado en forma previa, pero que el concepto corresponde a los términos en que se encontraba establecido. Ese es el alcance; no puede ser otro. En caso contrario, podría interpretarse que, al suprimirse el inciso primero, se eliminaría dicha calidad. Y ésa no ha sido la intención.
Entiendo que éste es el criterio sustentado por el Honorable señor Guzmán y por los Senadores que se pronunciaron por la supresión del inciso.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se deja constancia de la precisión efectuada por el Senador señor Zaldívar para la finalidad a que hace referencia.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, respecto al inciso segundo del mismo artículo 5o, la Comisión propone suprimir la frase "con dictamen favorable del auditor respectivo", así como la coma que la precede.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Hubo una sugerencia del Honorable señor Guzmán relativa a este punto.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Considero que esta materia debe votarse, señor Presidente, porque, a nuestro juicio, debe concurrir el dictamen favorable del auditor.

El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.
-(Durante la votación).

El señor FREI (don Arturo).- El Honorable señor Guzmán me ha levantado el pareo que sostenía con el Senador señor Cantuarias, así que voto que no.

El señor GUZMÁN.- El Senador señor Sule nos solicitó indistintamente un pareo tanto al Honorable señor Cantuarias como al Senador que habla, de modo que hasta ahora he sido el que lo ha mantenido. Sin embargo, al reparar que el Senador señor Arturo Frei tenía un pareo con el Honorable señor Cantuarias, resolvimos dejarlo sin efecto y entender que el pareo está producido entre este último y el Honorable señor Sule, para que las votaciones no resulten tan bajas, ya que desconcierta a la opinión pública que en ellas aparezca participando un número muy reducido de Senadores, en circunstancias de que los presentes son más. Doy la explicación para que quede la debida constancia.
Voto que sí.

El señor VALDÉS (Presidente).- Por lo tanto, Su Señoría no está pareado.

El señor GUZMÁN.- No, señor Presidente.
El que está pareado a partir de este momento con el Honorable señor Sule es el Senador señor Cantuarias.
Y el Senador señor Arturo Frei tampoco está pareado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la votación.
-Se aprueba la proposición de la Comisión (13 votos contra 10 y 5 pareos).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El Ejecutivo formula indicación para consultar algunos artículos nuevos.
El primero de ellos dispone lo siguiente:
"Derógase el artículo 73 del Código Orgánico de Tribunales.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.

El señor CUMPLIDO (Ministro de justicia).- Señor Presidente, sobre la base de que se ha mantenido la pena de muerte, no puede derogarse ese precepto.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Quedaría retirada la indicación?

El señor CUMPLIDO (Ministro de justicia).- Así es, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La segunda de esas disposiciones se encuentra concebida en estos términos:
"Suprímese, en el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, la frase: "o si, versando el proceso sobre delito que merezca pena de muerte," y derógase el inciso segundo del artículo 502 del mismo Código.".

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- En este caso concurre la misma razón.

El señor VALDÉS (Presidente).- Queda retirada la indicación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, se propone como artículo nuevo el que dice:
"Modifícase el artículo 2° de la ley N° 18.314, sobre Conductas Terroristas y su Penalidad, en la siguiente forma:
"a) Reemplázase, en su inciso segundo, la expresión "a muerte", por la frase "a presidio perpetuo", y
"b) Suprímense, en su inciso tercero, las palabras "a muerte".".
Los dos primeros incisos del artículo 2o de la ley N° 18.314 son de este tenor:
"Los autores de los delitos contemplados en el artículo 1º serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado máximo.
"Si a consecuencia de dichos delitos se causaren lesiones de aquellas a que se refiere el número 1º del artículo 397 del Código Penal, la pena será presidio mayor en su grado máximo. Si se causare la muerte de alguna persona, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a muerte.".
Esta última frase, de acuerdo con la proposición de la letra a), expresaría que "Si se causare la muerte de alguna persona, la pena será de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, el Ejecutivo ha planteado la supresión de la pena de muerte en toda la legislación chilena, incluida la Ley sobre Conductas Terroristas, y, en consecuencia, ha formulado la indicación respectiva, porque tiene la íntima convicción de que el establecimiento de la pena capital para ese tipo de delitos, en lugar de ser disuasiva, reviste un carácter estimulante para quienes son efectivamente terroristas. Estos, por su afán de heroicidad, cometen tales acciones por el solo hecho de que después serán procesados y de que se pedirá aplicar a su respecto la sanción que nos ocupa. Son individuos que, en este sentido, presentan una naturaleza especial, desde el punto de vista psicológico, la que con mayor razón los lleva a cometer esa clase de delitos. Así está probado, al menos, en los estudios que se han realizado acerca de la materia.
Pensamos que no se debe transformar al terrorista en un héroe, sino en lo que es: un sujeto que atenta cobardemente en contra de personas inocentes e indefensas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.

El señor PACHECO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.- A mi juicio, debe procederse a la votación correspondiente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si no hubiera oposición, se aprobaría la proposición del Ejecutivo.
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, en la Comisión de Legislación se encuentra el proyecto completo que modifica la Ley sobre Conductas Terroristas y ella está citada para mañana, con el objeto de tratarlo, de manera que no veo la razón para incluir la indicación en la iniciativa en estudio.

El señor VALDÉS (Presidente).- Está contenida en el informe de la Comisión, señor Senador.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Y, también, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se ha sometido a la consideración de la Sala una indicación renovada del Ejecutivo que establece modificaciones a la Ley sobre Conductas Terroristas. Estas habrían sido rechazadas en el primer informe y, por eso, fueron renovadas para el segundo informe.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente.
El segundo informe de la Comisión de Legislación -al que hemos hecho referencia durante todo el debate- señala en su página 10 un resumen de las normas que mantienen la pena de muerte, entre las cuales figura el artículo 2o de la ley N° 18.314, sobre Conductas Terroristas. O sea, la Comisión ha informado para el caso que analizamos.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El problema se presenta porque el Ejecutivo propuso suprimir la pena máxima y la Comisión lo rechazó, de modo que ahora se está renovando la indicación.
El punto es consignado, asimismo, en el primer informe.

El señor GUZMÁN.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMÁN.- A mi juicio, la situación que describe el Honorable señor Diez haría aconsejable no pronunciarse respecto de esta materia, dado que la tesis de la abolición total de la pena de muerte no ha sido aprobada. En la perspectiva de que iba a ser aprobada, era natural que el precepto viniera sugerido en la iniciativa en análisis. Desde el momento en que esto no prosperó, lo lógico sería pronunciarnos acerca de la materia cuando nos ocupemos en el proyecto relacionado con la Ley sobre Conductas Terroristas.
Ahora, el señor Ministro está reglamentariamente en su derecho al renovar la indicación, y si insiste, tendríamos que votarla. En tal caso, mi posición coincide con la primitiva de la Comisión: mantener la pena de muerte.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Me permite, señor Senador?
La disposición de que se trata es correlativa con el artículo 5o del proyecto de la Cámara de Diputados, así que hay que decidir a favor o en contra.
No puede haber otro pronunciamiento. O se rechaza o se aprueba la proposición.
La indicación del Ejecutivo es para renovar la presentada en el primer informe. Y la Cámara de Diputados, en el artículo 5°, introduce modificaciones a la ley N° 18.314 que son las mismas que ahora se plantean: reemplazar en el inciso segundo de su artículo 2o las palabras "a muerte" por los vocablos "a presidio perpetuo" y suprimir en el inciso tercero de la misma norma la expresión "a muerte".
-Se rechaza la indicación (13 votos por la negativa, 10 por la afirmativa y 4 pareos), y queda terminada la discusión del proyecto.




MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el segundo lugar de la tabla se encuentra el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con informes de las Comisiones de Pesca y Acuicultura y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 24a., en 14 de agosto de 1990.
Informes de Comisión:
Pesca y Acuicultura y de Hacienda, sesión 10a., en 7 de noviembre de 1990.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión de Pesca y Acuicultura, con las firmas de los Honorables señores González, Mc-Intyre y Páez, propone aprobar el proyecto, con las enmiendas que indica en su informe.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Romero, Lavandero, Hormazábal y Piñera, sugiere introducir algunas modificaciones al texto de la de Pesca y Acuicultura.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, al iniciarse en la Sala la discusión del proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892, deseo destacar algunos aspectos relevantes en torno a esta materia.
En primer término, debo mencionar el gran desarrollo sostenido del sector pesquero nacional durante la década del 60, impulsado por el decreto con fuerza de ley N° 266, lo que permitió la creación del polo de expansión pesquera en la zona norte del país y, a la vez, dar un primer estímulo al desenvolvimiento de la pesca artesanal. Ello vino a sumarse a la actividad pesquera industrial que previamente existía en la región central, cuyo auge se vio facilitado por otro DFL, el N° 208, de 1953.
Hacia fines de la década del 70, luego de un período de declinación, se logra materializar una nueva institucionalidad del sector pesquero con la creación de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca. Ello, junto a la política económica y de apertura a los mercados propiciada por el Gobierno anterior, permitió el crecimiento expectante del sector, llegando el país a situarse como la tercera nación pesquera a nivel mundial, con un desembarque superior a los 6 millones de toneladas y sobre 800 millones de dólares en exportaciones.
Pilar fundamental de la expansión del sector ha sido la empresa privada, la cual, a pesar de los riesgos involucrados en las actividades de pesca y acuicultura, ha efectuado importantes inversiones a lo largo del país, contribuyendo así al desarrollo económico y social de las diversas regiones donde se ha instalado.
Relevante también ha sido, para la contribución al desarrollo de esta actividad, el conocimiento -aún insuficiente- de nuestros recursos pesqueros gracias a las instituciones de investigación y a las universidades del país, con el apoyo financiero tanto del sector estatal como del privado.
Hasta la mitad de la década del 80, el crecimiento del sector se realizó bajo el esquema de libertad de pesca, al amparo del decreto con fuerza de ley N° 34, de 1931, cuerpo legal considerado adecuado para un objetivo de fomento de una actividad naciente, pero inapropiado cuando hay niveles altos de explotación y gran interés y voluntad por parte de los agentes privados para seguir ampliando la actividad. Esto no es conveniente para el país, toda vez que en cuanto a los recursos pesqueros existe una capacidad de producción limitada y que la libertad de pesca en pesquerías sobreexplotadas conlleva un colapso de aquéllos, como ha quedado de manifiesto en varias pesquerías mundiales y en algunas nacionales.
Ello indujo a la autoridad gubernamental a restringir la actividad en varias de nuestras principales pesquerías a través del decreto supremo N° 436, sin dejar de aplicar también regulaciones de tipo biológico para proteger el recurso. Las mayores críticas a esta forma de manejo de las pesquerías dicen relación a la arbitrariedad en que puede incurrir la autoridad, así como al escaso compromiso de los agentes productivos en la decisión de aquélla, afectando la eficiencia de esta industria.
La ley N° 18.892, que hoy estamos modificando, fue el fruto de un intenso estudio y, a la vez, de un intento modernizador en el manejo de pesquerías. Con ella se disminuye la posibilidad de arbitrio de la autoridad, con relación a la normativa legal anterior, y se permite un ordenamiento cuando la pesquería está plenamente explotada.
El proyecto de modificación de la ley N° 18.892 aprobado por la Honorable Cámara de Diputados ha sido objeto de varias indicaciones en el seno de la Comisión de Pesca de este Honorable Senado, las que tienen por objeto mejorar aún más los aspectos igualdad de oportunidades, participación e información sobre las pesquerías.
Manteniendo los regímenes generales de plena explotación, considerados en el Título III de la iniciativa, la Comisión introdujo en el mismo el concepto de Plan de Manejo, el cual puede ser elaborado por el Consejo Zonal correspondiente. Se establecen también las funciones del Consejo de Administración del Fondo de Investigación, que permitirán mejorar la calidad de las investigaciones.
Por otra parte, se ha propuesto modificar el esquema de cobro y valor de las patentes pesqueras, consagrándose así un sistema más equitativo.
En el proyecto se reconocen los derechos históricos de la inversión extranjera, pero condicionados a las disposiciones sobre tipos de naves pesqueras con relación a áreas de pesca y a plazo, para que ellas cumplan con las modificaciones propuestas a la Ley de Navegación.
Señor Presidente, al finalizar esta intervención, deseo hacer presentes la armonía, dedicación y esfuerzo desplegados por los miembros de esta Comisión, no sólo en las largas sesiones realizadas, sino también en las visitas a terreno, que fueron fundamentales para tener un concepto general de la realidad pesquera nacional.
Es de justicia reconocer el abnegado aporte técnico que brindaron a la Comisión los profesionales que la Subsecretaría de Pesca destacó ante ella.
Además, deseo hacer notar lo útil y conveniente que resultó la asesoría técnico-profesional que nos prestó en el estudio de este proyecto la Universidad Católica de Valparaíso, a través de la Escuela de Ciencias del Mar, experiencia que debe ser tomada en cuenta para aplicarla en futuras iniciativas de ley que revistan complejidad técnica y que requieran del aporte de sectores independientes calificados.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARÍAS.- Gracias, señor Presidente.
El señor Presidente de la Comisión de Pesca ha descrito el trabajo de este organismo, y creo innecesario referirme a ello.
No puedo dejar de destacar, sin embargo, el trabajo que el personal de la Secretaría de apoyo a nuestra Comisión desarrolló hasta concluir este lato informe, que -estoy seguro- ha sido atentamente estudiado por cada uno de los señores Senadores, a quienes, sin duda, merece una opinión fundada y, eventualmente, algunas observaciones.
Es importante connotar esa labor -digo- de las personas que hacen posible la tramitación de las leyes.
En resumen, la Comisión trabajó esforzadamente por algunos cientos de horas, en una labor que comprendió, por una parte, una ronda de reuniones con organismos representativos de la actividad pesquera en cada uno de sus estamentos, y por otra, las visitas efectuadas a las regiones pertinentes.
Por lo tanto, no hay improvisación ni rapidez inadecuada en el tratamiento de estas materias.
Se ha sometido a la consideración de esta Sala un proyecto que, en el fondo, resume el esfuerzo -yo diría- intelectual y físico de una Comisión que, con los apoyos señalados, ha pretendido arribar a una Ley de Pesca satisfactoria para el logro de los objetivos que se proponen: desarrollar el sector, preservar el recurso y asegurar el futuro de esta actividad tan importante para la economía en general y para vastos conglomerados de nuestras regiones en particular.
En el proyecto en comento se mejoran diversos instrumentos de regulación, que por cierto todavía merecen algunos perfeccionamientos y, sin duda, serán materia de observaciones dentro de los plazos fijados.
Pero quiero resaltar cómo se ha ido formando en los miembros de la Comisión cierta certeza -que esperamos transmitir adecuadamente a la Sala- respecto a las necesidades de investigación científica y técnica en el área -donde se acusan diversas carencias sobre el particular-, a fin de poder establecer medidas de administración de pesquerías que aseguren regulaciones eficaces y, por lo tanto, permitan dar cumplimiento a los objetivos que se propone el proyecto de ley.
Asimismo, debo subrayar la creación de organismos de participación -como los Consejos Nacional, Zonales y Regionales- para asegurar que las equivocaciones derivadas de la falta de investigación puedan ser resueltas con la intervención y voz de los afectados.
Se han planteado -en uso de un derecho legítimo, que no debemos desconocer- dudas de constitucionalidad acerca de este proyecto. Debo señalar, señor Presidente, que no tengo los reparos de quienes lícitamente han formulado el planteamiento correspondiente al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, creo que determinadas materias de reglamento y de criterios por aplicarse pueden ser mejorados mediante los instrumentos de regulación que establece la iniciativa de ley. Y espero que a ello arribemos prontamente, durante la discusión particular.
Finalmente, y teniendo en cuenta lo prolongado de esta reunión, hago un llamado para que la Sala apruebe en general el proyecto y, sobre la base del acuerdo adoptado por los Comités en cuanto a la fijación de plazo máximo para presentar indicaciones, pueda enfrentar el despacho de una Ley de Pesca que satisfaga los intereses aquí reseñados.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Gracias, señor Presidente.
Creo que el Senado está abocado al estudio de una ley de gran trascendencia, por cuanto regulará un área muy importante de la actividad nacional, que tiene una influencia fundamental -como se ha dicho aquí-, ya que, desde el punto de vista de los ingresos y de las exportaciones, representa para el país una suma del orden de 900 millones de dólares. Además, se trata de una industria que da ocupación a miles de personas en los diferentes campos relacionados con la pesca.
El problema que hoy día nos preocupa deriva del hecho de haberse dictado en las postrimerías del Gobierno anterior una ley que suscitó gran controversia: la ley N° 18.892. Fue tal la discusión que se provocó sobre el tema -en ella intervinieron todos los agentes de ese sector de la actividad económica-, que el Gobierno del Presidente Aylwin, recién electo, se comprometió a revisarla. Y el Parlamento acordó suspender la entrada en vigencia de la ley N° 18.892, dando plazo hasta el 30 de octubre para dictar una normativa legal que la sustituyera. Luego, aquí tuvimos que otorgar un nuevo plazo para tal efecto, hasta el 30 de noviembre. Y no me cabe la menor duda de que, por los términos que nos hemos fijado, más el reclamo sobre inconstitucionalidad pendiente en el Tribunal respectivo, deberemos aprobar una nueva prórroga, que a lo mejor no habría sido necesaria si se hubiera mantenido la fecha que planteó el Senado en esa ocasión: el 31 de diciembre.
Indiscutiblemente, la ley en proyecto es necesaria y oportuna, y constituye un importante avance en materia de legislación. Nadie puede desconocerlo. A lo largo de sus trece títulos y más de un centenar de artículos hay toda una reglamentación -creo- muy relevante, la que, por supuesto, todavía deberá ser objeto de perfeccionamientos y modificaciones.
Sin embargo, no me parece que en definitiva exista la unanimidad que vamos a expresar al aprobar en general este proyecto, que, como digo, es necesario, conveniente, y trata de compatibilizar dos elementos fundamentales: la preservación del recurso y el potenciamiento de esa área de la actividad económica.
Hay en pugna, indiscutiblemente, intereses legítimos, sobre todo en un sector: el de la pesca extractiva pelágica. No ocurre así en la acuicultura -que es un proceso de desarrollo distinto del de la pesca propiamente tal-, ni en la pesca demersal, respecto de la que, al parecer, existe unanimidad. El problema se plantea, básicamente, con la pesca pelágica efectuada en las zonas norte y centro-sur.
Creo que en el Parlamento se ha incurrido -no por falta de dedicación al estudio de la iniciativa- en un error en un aspecto fundamental, relacionado con la constitucionalidad del Título III, a propósito de la reglamentación del régimen de acceso a la pesca, principalmente a la pelágica. Digo que se ha cometido un error, pues había informes -más de nueve-, de distinguidos juristas, contradictorios entre sí, pero muy fundamentados y serios. Y los que he conocido, de personas que me merecen gran confianza, me llevan a la convicción de que existen dudas muy fundadas sobre la constitucionalidad de la forma como se reglamenta y aborda el acceso a la pesca en el Título III. Ello, porque creo que se afecta la garantía contenida en el artículo 19, número 23°, de la Carta Fundamental, pues se limitan derechos adquiridos de diferentes sectores que han estado por muchos años en el área de la pesca pelágica.
Por eso, pienso que el Parlamento -tanto la Cámara de Diputados como el Senado- debió valorizar los informes a que me he referido, y sus Comisiones técnicas, emitir pronunciamiento sobre la constitucionalidad del citado Título, cosa que no se produjo (no voy a calificar las razones). Y ello llevó, con fundamento, a un grupo de Senadores, de acuerdo con la disposición del artículo 82 de nuestro Texto Fundamental, a requerir del Tribunal Constitucional un dictamen sobre la materia, el que por supuesto tendremos que tomar en cuenta cuando debamos discutir el punto. Porque si bien esta legislación -como he dicho- es necesaria, oportuna, y constituye un avance importante y serio, podría quedar en una inestabilidad jurídica absoluta sino se dilucidara la cuestión constitucional. En efecto, si aprobamos la iniciativa con vicios de inconstitucionalidad, cualquier particular podrá reclamar en todo momento por la aplicación de uno de los Títulos más importantes de la futura ley: el III.
Por eso -lo digo con toda claridad-, creo que ese Título adolece de vicios de inconstitucionalidad que ojalá se aclaren y precisen antes de que el Senado despáchela iniciativa, en cualquier sentido que ello sea.
Ahora, en la Cámara de Diputados, y de acuerdo con un documento elaborado por el jurista señor Alejandro Silva con relación a la forma como se votó allí (espero que en el Senado no se produzca ese hecho, que también puede originar una causal de inconstitucionalidad en la forma), no se exigió quórum calificado tratándose de materias que afectaban a garantías constitucionales. En esta Corporación tendremos que determinar, una vez hechas las enmiendas pertinentes, qué artículos deben aprobarse con quórum calificado.
Ahora, ¿cuál es el problema de fondo en el Título III? Creo que se produce una confusión entre lo que son las normas de preservación y las de acceso. Considero que el Título II de la iniciativa confiere las facultades necesarias a los organismos del Estado para, con consulta al Consejo Nacional y a los Consejos Zonales, preservar el recurso, sea a través de las vedas o mediante el control de tamaños, la fijación de cuotas globales, la prohibición temporal o permanente de capturas y la regulación de artes y aparejos de pesca. Eso está totalmente regulado en el artículo 3o del Título II. Por lo tanto, creo que en esa materia el proyecto cumple con el objetivo de proteger las especies.
En tanto, pienso que el Título III tiene que ver, más que con cualquier otra cosa, con la manera de buscar una fórmula para que haya el mejor desarrollo en la industria pesquera, de forma tal que el día de mañana la legislación que aprobemos no traiga más problemas que los que hemos querido solucionar. Y, con relación a la pesca pelágica, creo que, en el fondo, el problema emana de la opción del proyecto por la llamada "fijación de cuotas individuales".
Una vez declarada cierta pesquería en régimen especial, se le fijan unidades de esfuerzo, determinadas por períodos anteriores al momento de establecerse dicho sistema, asignándose al empresario una cuota de pesca anual; es decir, como que se parcela el mar, dándose a cada uno cierta porción de peces para poder apropiarse de ellos y procesarlos en sus plantas. Se señala que ésta sería la mejor manera de preservar el recurso. Personalmente estimo que ello es bastante dudoso. Se ha aplicado en otros países del mundo con muy malas consecuencias. Además, creo que este tipo de asignación de cuotas individuales elimina un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier sistema empresarial: una competencia libre y regulada sobre el recurso. Porque al existir cuota individual, bastaría que esa persona o empresa efectúe todo un esfuerzo de pesca, capture cierta cantidad y detenga su actividad.
Pienso, señores Senadores, que con un sistema como ése podemos llegar a tener una nueva actividad de temporada, con nuevos trabajadores temporeros, que laborarán nada más que un corto período del año, a fin de poder cumplir con la tarea contratada con la empresa.
Asimismo, considero que las cuotas individuales traen como consecuencia -aparte de evitar la competencia leal y el desarrollo de los sectores más eficientes-, por permitir que sean transferibles, un hecho bastante dudoso de ser aceptado: si el Estado otorga a una persona el beneficio de pescar una determinada cantidad de peces, automáticamente incluye en su patrimonio ese derecho y puede negociarlo. Es decir, si el día de mañana su barco corre un riesgo y naufraga, la persona mantiene ese derecho patrimonial y lo puede vender.
Me parece que ello es una mala forma de llevar a cabo este tipo de actividades. Lo lógico sería que la persona pudiera transferir, de su cuota individual -si es que se estableciera este sistema-, sólo los activos.
Igualmente, creo que este tipo de cuotas individuales lleva siempre a poner en duda las resoluciones que toma la autoridad. Porque, en el fondo, se está entregando un beneficio excluyente de otros. Y, entonces, sucede lo que ya acontece al otorgar esos permisos: se reclama. Ante la Contraloría General de la República -a lo mejor también tendremos ocasión de conocer el caso durante la tramitación de este proyecto de ley- distinguidos abogados presentaron un reclamo en que se discute el otorgamiento de permisos -con relación al tonelaje y después de que se congeló la posibilidad de concederlos- en un número que casi duplica los de 1987. Y todo se pone en duda: si la autoridad ha procedido en buena o mala forma.
Pienso que este tipo de concesiones, de licencias o de cuotas termina siempre siendo un sistema criticado, criticable o puesto en duda. El país, en su tiempo, conoció una experiencia de este tipo con el famoso CONDECOR, que daba cuotas de importación a determinados particulares; pero estas operaciones terminaron por el gran número de denuncias por irregularidades en la concesión de esas cuotas.
A mi modo de ver, el sistema más lógico es el que se aplica en otras partes del mundo: el de la cuota global, que permite acceder a ella a todos los agentes de un determinado sector pesquero que cuenten con los permisos correspondientes. Entonces, los empresarios, en una competencia libre, leal y legítima, participan en la captura según su capacidad y eficiencia. Ello evita, en mi concepto, la crítica de inconstitucionalidad, permite un desarrollo más eficaz de la actividad y protege la biomasa, factor determinante para el país. Además, no implica un derecho patrimonial o un derecho de propiedad sobre una porción de peces para una determinada persona, sino que todos cuantos desarrollan labores de pesquería tienen derecho a acceder a lo que se llama una "res nullius", a capturar y a procesar lo extraído. Y todo se realiza dentro de un sistema de libre competencia. Por lo demás, considero que el sistema de cuota global tampoco se verá afectado por las dudas acerca de la legitimidad de su determinación, que tanto dificultan la operación de las cuotas individuales.
Todas estas materias deben conducirnos a un estudio más profundo del Título III. Para graficar mi afirmación de que la cuota global es la más conveniente, cabe recordar que las disposiciones transitorias del proyecto mantienen, para las Regiones Primera y Segunda, el sistema de cuota global -que es el aplicado durante el último tiempo- por tres años más, sin modificaciones. Y la razón que se tuvo en consideración para ello es la no existencia de estudios científicos o de investigaciones necesarios que permitan determinar con precisión las causas de la escasez de las distintas especies. Pienso que ha sido una norma acertada; pero su transitoriedad no es lo más conveniente, ya que al cabo de tres años las pesquerías podrían pasar al sistema de cuotas individuales.
El proyecto presenta otros problemas, que no son del caso discutir hoy. Ya habrá oportunidad de analizarlos cuando se examinen las indicaciones que se le formulen con motivo de la discusión particular.
Quiero terminar mis palabras señalando al Honorable Senado que pienso que la ley en estudio es conveniente y necesaria; es un avance, y es seria en todos sus aspectos, salvo el Título III. A su respecto, es preciso determinar su estabilidad jurídica, a fin de que no existan reclamos de inconstitucionalidad de ningún tipo.
Y ojalá que la legislación que se apruebe en definitiva por el Parlamento cumpla dos grandes objetivos que todos tenemos la obligación de resguardar: la preservación del recurso pesquero, tan importante para el país, y su explotación racional mediante un sistema que brinde los mejores beneficios a los empresarios, a los trabajadores y a todo Chile.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, Honorables Senadores:
El proyecto de ley que hoy examinamos es, sin duda, uno de los más importantes que hayan sido sometidos a la consideración de esta Alta Corporación. En él se propone la normativa legal que establecerá el marco general dentro del cual deben desenvolverse la pesca y la acuicultura, actividades que, conjuntamente con la minería y la industria forestal, conforman actualmente la base de la economía chilena.
Como es de todos conocido, en el año 1989, el sector pesquero nacional registró más de seis millones y medio de toneladas de captura, lo que representa casi el quince por ciento del total mundial y ubica a Chile entre las cinco potencias pesqueras del mundo. A ello hay que agregar que nuestro país es en la actualidad el principal proveedor de harina de pescado del mercado internacional.
Para apreciar lo que significan la pesca y la acuicultura en el contexto de la economía nacional, basta tener presente que en el año pasado aportaron alrededor de 900 millones de dólares a la balanza comercial y que en ese sector se ocupan más de cien mil trabajadores.
Aunque diversas zonas del país están vinculadas estrechamente con la pesca, quiero hacer resaltar el lugar destacado que ella ocupa en la Octava Región. Los desembarcos pesqueros efectuados durante 1989 en sus puertos y caletas alcanzaron a dos millones cuatrocientos veinte mil toneladas; es decir, poco menos del cuarenta por ciento del total de las capturas registradas en el país. Desde el punto de vista del empleo, la actividad pesquera regional proporciona trabajo directo a más de veinte mil personas; sesenta por ciento de esa cifra corresponde al sector artesanal, y el cuarenta por ciento, al sector industrial. En términos comerciales, la participación de la pesca en las exportaciones regionales ha llegado, en los dos últimos años, al veinte por ciento, con montos de aproximadamente doscientos millones de dólares, lo que representa entre el cuatro y el cinco por ciento del valor de todas las exportaciones del país, excluidas las del cobre.
La importancia del sector pesquero en la Región del Bío-Bío, corroborada por esas cifras, radica en la abundancia y variedad de los recursos que existen en sus costas. En efecto, de las ciento cuatro especies explotadas en el país, cuarenta y seis de ellas se encuentran en la Región del Bío-Bío, tanto pelágicas como demersales, crustáceos, moluscos y algas. Ello determina que sea la Octava Región la única en el país donde la actividad de la pesca se desarrolla en todas sus modalidades: extractiva, de transformación y acuicultura.
No obstante, casi la totalidad de la captura regional corresponde a pescado, principalmente jurel, que se destina a la industria reductiva de elaboración de harina de pescado; el tres por ciento va a las industrias conserveras, y el resto, a plantas congeladoras y de preservación, o se comercializa en fresco.
La enorme incidencia del sector pesquero en la economía nacional otorga a la legislación correspondiente una importancia vital.
Por otra parte, las características propias de las actividades de explotación de esos recursos naturales renovables, las particularidades de las pesquerías que existen en el país y la multiplicidad de agentes involucrados son factores que generan intereses que hay que considerar y conciliar en el proceso legislativo.
En primer lugar, la condición jurídica de bienes inapropiados que corresponde a los recursos hidrobiológicos hace indispensable la adopción de un régimen legal que regule su captura, extracción y comercialización, de manera de preservarlos en beneficio de la comunidad entera.
La libertad indiscriminada de acceso a esas actividades extractivas no es compatible con el máximo aprovechamiento social de los recursos pesqueros, ya que provoca la sobreinversión de capital y un incremento de los costos de operación; o bien, con el objeto de obtener un retorno en el corto plazo, produce una mayor explotación que excede la disponibilidad biológica de las especies, acarreando el colapso de ellas. Tal es la situación, por ejemplo, producida con los recursos langostino y loco.
Las modificaciones que se proponen en tal sentido persiguen flexibilizar el régimen de acceso establecido en la ley 18.892, ya que consultan diversas alternativas de manejo pesquero, acordes con las características y grados de explotación que presentan las diferentes pesquerías.
Se ha señalado que ello acrecienta las facultades discrecionales del aparato estatal.
Al respecto, cabe precisar que si bien en las actuales circunstancias resulta inevitable introducir métodos de administración y control más eficientes para asegurar la conservación de los recursos, no es menos cierto que las propuestas del Poder Ejecutivo, en ese punto, se preocupan de garantizar un debido equilibrio entre el campo de acción de la autoridad y las iniciativas de los demás agentes. Para ello, se contemplan instancias efectivas de participación que permiten a los diversos agentes del sector -industriales, pescadores artesanales, trabajadores y organismos públicos- intervenir conjuntamente en la elaboración de las políticas respectivas.
La decidida voluntad de promover la participación en el sector pesquero es tal vez uno de los aspectos más relevantes de las modificaciones que se busca introducir al actual régimen legal.
La ampliación de la composición del Consejo Nacional de Pesca obedece a ese propósito. Asimismo, la creación de los Consejos Zonales y Regionales de Pesca no sólo acrecientan los espacios de participación, sino que además constituyen instrumentos determinantes en la descentralización de la administración del sector pesquero. Ambas instancias proporcionan un ámbito real para la proposición y adopción de iniciativas.
Otro aspecto sustantivo del proyecto del Ejecutivo que estimo necesario destacar es el referente a la promoción de las investigaciones científicas relacionadas con los recursos hidrobiológicos. La creación de un fondo para tal objeto es de la máxima importancia, considerando la incidencia que tiene la información de esa naturaleza en la eficiencia de las medidas que se requiere adoptar para el manejo de los recursos.
La falta de conocimientos adecuados en esas materias es una carencia que ha sido planteada unánimemente. Mediante el Fondo de Investigaciones que se establece se pretende, no sólo mejorar cualitativa y cuantitativamente la información disponible, sino también aumentar la confianza en el valor probatorio de los antecedentes que sirvan de fundamento a las decisiones que se requiera tomar.
La existencia de un Fondo de Investigaciones Pesqueras permitirá también a las regiones del país con intereses en el sector disponer estudios para la elaboración de proyectos que favorezcan el desarrollo de nuevas actividades.
En materia de fomento, el proyecto del Poder Ejecutivo incluye importantes normas de incentivo -contempladas en el régimen de permisos especiales- que buscan aumentar el valor agregado de las capturas de especies pelágicas, destinándolas al procesamiento de productos para el consumo humano directo, como harinas y aceites especiales y conservas. El permiso especial, en ese caso, libera del pago de la patente única pesquera a aquellos armadores que posean plantas procesadoras o elaboradoras de ese tipo de productos y que destinen en forma exclusiva sus capturas al abastecimiento de tales plantas.
Hay que tener en cuenta que, a igual cantidad de recursos extraídos, la industria conservera obtiene productos de un valor cuatro veces superior al de la harina de pescado y, al mismo tiempo, proporciona entre doce y quince veces más empleos.
Con relación a la pesca artesanal, las modificaciones propuestas a la ley 18.892 consideran diversas medidas en beneficio de dicho sector.
Es así como se autoriza a sus embarcaciones para operar en más de una Región y para desarrollar actividades extractivas fuera de las cinco millas que se les reservan en forma exclusiva, pudiendo operar en pesquerías declaradas en plena explotación.
También se establecen diversas disposiciones para el fomento de la pesca artesanal, de manera de impulsar su expansión y modernización. Para ello se pone especial énfasis en las acciones destinadas a mejorar la infraestructura, la capacitación y la asistencia técnica.
En su conjunto, el proyecto que hoy debatimos contiene, a mi juicio, una normativa legal coherente y ordenada. Es un claro avance con relación al sistema contemplado en la ley 18.892, al introducir conceptos modernos y definir criterios flexibles. Al mismo tiempo, logra su objetivo de armonizar los diversos intereses que operan en el sector pesquero con los de la sociedad entera.
Las complejas materias contenidas en el proyecto de ley que nos ocupa han sido objeto de una amplia discusión a través de todos los medios de comunicación y en los más diversos foros, discusión en la cual han hecho escuchar sus opiniones todos los sectores involucrados.
Igualmente, las respectivas Comisiones de ambas Cámaras del Congreso Nacional han realizado un exhaustivo trabajo, del cual dan testimonio los informes que han preparado y que están en poder de los señores Senadores.
Esos hechos acreditan el ambiente democrático y participativo dentro del cual se está gestando la futura legislación pesquera y, a la vez, garantizan que el resultado final responderá consensualmente a los requerimientos que dicta el interés general en una materia de tanta importancia para la economía del país.
Es indispensable que el sector pesquero cuente a la brevedad posible con un estatuto legal que establezca reglas del juego factibles de ser aplicadas, y que sean claras y estables.
Prolongar la actual situación de incertidumbre que genera la inexistencia de una ley general de pesca significa paralizar la expansión racional de ese sector económico, postergar urgentes proyectos de inversión y crear efectos negativos en otras importantes actividades económicas vinculadas con la pesca. Y, lo que es socialmente más grave, retarda la generación de nuevas fuentes de trabajo para los chilenos.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, me referiré muy brevemente sólo a un aspecto de la iniciativa, pues demandaría mucho tiempo analizar el conjunto de sus disposiciones. Incluso, uno podría pensar que, en otras circunstancias, habría sido preferible derogar la ley dictada en diciembre del año pasado y habernos dado todo el tiempo necesario para debatir la materia ampliamente, documentándonos y obteniendo información de la cual hoy carecemos. Sin embargo -como aquí también se ha manifestado con mucha propiedad-, la importancia del sector pesquero en la economía del país amerita abordar el proyecto y arriesgarse a dictar una legislación a sabiendas de que adolecerá de algunas imperfecciones, las que, una vez que se encuentre en aplicación, deberemos ir corrigiendo.
Pero quiero llamar la atención acerca de un problema que para mí es clave en esta iniciativa. Si bien es cierto la industria pesquera aporta hoy día al país gran número de divisas y genera también fuentes de trabajo para muchos chilenos, no lo es menos que, si no se ejercen los controles adecuados acerca de su explotación, esta riqueza puede verse extinguida en plazo no muy lejano. Y me parece que en Chile tenemos ejemplos suficientes como para meditar sobre la forma cómo se han abordado los controles sobre la captura de algunas especies que en la actualidad están prácticamente en vías de extinción. Como magallánico, no puedo dejar de pensar que un recurso como la centolla, que ha sido tan importante para nuestra región y que es tan apetecido, no sólo en el resto del país sino también en el mundo, está casi extinguido porque el mecanismo de control que se ejerció ha sido absolutamente inadecuado.
No basta imponer vedas durante un tiempo para preservar un recurso. Lo mismo vale para el loco. Existen vedas establecidas que simplemente no se cumplen. Hoy, por la incapacidad de los organismos dedicados al control, no puede preverse que personas inescrupulosas exploten recursos al margen de la ley.
Por lo tanto, creo que en esta materia vale la pena analizar dos aspectos: la forma de operación que garantice en mejor medida la racional explotación de los recursos, y los mecanismos de control que debemos diseñar para evitar su agotamiento.
En tal sentido, estimo que la respuesta del proyecto es novedosa. Quizá no se ajusta al antiguo sistema de veda en el país. Tampoco se trata de desarrollar la actividad mediante la cuota global. En muchas oportunidades he oído los siguientes anuncios: "Esta temporada se va a autorizar la extracción de tal cantidad de locos". Sin embargo, antes de que se inicie la temporada de captura ya los pescadores los están extrayendo y luego almacenando en determinados lugares. O en su defecto, cuando el Estado se da cuenta de que se completó la cuota, la información se recibe cuando ésa ha sido largamente sobrepasada.
Por lo tanto, aunque lo planteado por la iniciativa a lo mejor no es lo ideal, discrepo totalmente del sistema de las cuotas globales y de la fijación de temporadas de veda como únicos procedimientos para controlar la mejor explotación de nuestros recursos del mar.
Pero quiero agregar algo más. Me parece que la dictación de esta ley debe traer aparejado otro elemento que ésta, desgraciadamente, no tiene contemplado, y que, a mi juicio, es necesario representar al Gobierno. Se trata de dotar, tanto al Servicio Nacional de Pesca como a la Armada nacional, de los medios para ejercer los controles adecuados en nuestro mar patrimonial.
Estimo que la puesta en marcha de esta legislación, que va a dictar normas y reglas para la explotación de distintos recursos a lo largo de nuestra costa, con procesos distintos porque las características también lo son, tanto de las especies como de las zonas, implicará montar un sistema de control para protegerlos efectivamente.
Hace unos días, en Magallanes, el Gobernador de la provincia de Ultima Esperanza denunciaba que treinta pesqueros de alta mar estaban capturando en aguas interiores, dando ubicaciones falsas a la Armada. Es decir, estaban trasgrediendo no sólo las normas establecidas, sino también las disposiciones propias del control del tráfico marítimo de la Armada nacional. Me parece que esta situación reviste extrema gravedad. Por lo tanto, quiero que, a partir de la discusión de este proyecto, surja una iniciativa para dotar a los organismos correspondientes, entre ellos la Armada nacional, de los medios adecuados para ejercer un efectivo control que permitan velar por el cumplimiento de la ley. De otra manera aprobaremos una legislación que va a ser burlada una y otra vez por quienes poseen los recursos para hacerlo.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.- Señor Presidente, Honorables Senadores:
La Comisión de Pesca del Senado, en la cual participé hasta hace poco, recorrió el país. Y quiero en esta ocasión destacar que, al visitar casi el 80 por ciento de los lugares donde se llevan a cabo labores de pesquería, nos dimos cuenta del gran esfuerzo que han desplegado, no solamente los sectores empresariales, sino también los laborales. Conversamos con los distintos agentes, con sus dirigentes gremiales; recorrimos diversas fábricas para comprobar la manera cómo se desarrollan las actividades y los esfuerzos que despliegan los trabajadores, para conocer sus remuneraciones y captar el impacto de la industria en cada una de las regiones.
Me parece necesario señalar en esta oportunidad que nuestras visitas tuvieron por único objetivo darnos cuenta de lo que había acontecido durante todos estos años en las distintas regiones del país y para tratar, con nuestra presencia, de estimular el desarrollo de estas faenas. Y en ello no nos guiaron fines proselitistas ni políticos, sino tan sólo el propósito de cerciorarnos de lo que ocurría en el sector, y así estar en situación de legislar del mejor modo posible y lograr las metas fundamentales que desde un comienzo nos propusimos: preservar esta actividad en el tiempo y, ojalá, darle estabilidad en cada una de las regiones.
Sin embargo, señor Presidente y Honorables colegas, es importante destacar que también en muchas reuniones sostenidas en el Senado con diferentes sectores de las comunidades del norte, centro y sur del país nos percatamos de la existencia de algunas irregularidades. Con anterioridad, dos personeros de la Comisión Fiscalizadora de la Democracia Cristiana las habían hecho presentes a la opinión pública y a la Contraloría. Me hice parte de esa acción, y en esta Corporación formulé una denuncia y solicité a la Contraloría General de la República investigar los permisos de captura otorgados en algunas regiones. A nuestro juicio, ciertas empresas habían incurrido en la irregularidad de llevar a cabo labores extractivas en lugares que no correspondían a los permisos otorgados.
Nuestras denuncias aún no han sido contestadas por la Contraloría; y esperamos que ello suceda en los próximos días, antes de que el Senado defina su criterio respecto de la modificación de la ley 18.892.
Es tan cierta la acusación que hicimos en esa oportunidad, que deseo llamar la atención del Honorable Senado sobre el inciso segundo del artículo 6o transitorio de la mencionada ley, el cual señala literalmente: "Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tuviesen autorización vigente para realizar actividades pesqueras, ya sea por decreto del Ministerio de Agricultura o por resolución de la Subsecretaría de Pesca, se entenderán por este solo hecho como registradas en los términos de la presente ley.". Este inciso se mantuvo por parte del actual Gobierno en el proyecto que envió al Congreso; lo aprobó la Cámara de Diputados; y, al tenor de la denuncia hecha por las personas que he señalado de la Comisión de Fiscalización de la Democracia Cristiana -de la cual también me hice parte, haciendo la acusación aquí en el Senado-, el Ministerio de Economía retiró la norma, demostrando con ello, a mi juicio, que teníamos razón cuando lo advertirnos, porque no se puede permitir que se "blanqueen" todos los permisos otorgados -en nuestra opinión, en forma irregular-, especialmente en la zona sur del país.
Señor Presidente y Honorables colegas, cuando conversaba con algunas personas de la Región que represento en este Senado -la Primera-, me decían que quizás hubiera sido preferible no modificar la ley 18.892, sino más bien enviar un proyecto nuevo, a lo mejor, más breve. Porque analizar tantos artículos, tantas páginas, no sé si sea realmente provechoso para el desarrollo pesquero -al menos, de la zona que represento- o que redunde más bien en detener el proceso de crecimiento de esta actividad.
Señalo lo anterior, porque vemos que con un solo decreto, promulgado hace mucho -entiendo que allá por los años 48 ó 50-, se pudo desplegar una actividad que creció en el tiempo, y que permitió que algunas Regiones -como la Primera- pudieran crecer. Cabe hacer presente, por ejemplo, que el 38 por ciento de la actividad económica de la Primera Región está circunscrito a la actividad pesquera.
Pero ya está hecho así; tenemos un proyecto de ley; debemos pronunciarnos sobre él. Nosotros lo vamos a apoyar y lo aprobaremos en general, aun cuando tenemos reservas, que haremos presentes cuando sea analizado en particular. Propondremos indicaciones, por lo menos, para mejorar algunas situaciones que consideramos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Lo relacionado con los Consejos Zonales de Pesca. Estimamos que no basta sólo con mencionarlos o crearlos, sino que son necesarios también la participación activa y el poder de decisión.
Este país está hablando el lenguaje de la participación. Sin embargo, pensamos que no constituye un grado de participación suficiente el hecho de que esos Consejos Zonales presenten algunas inquietudes para que sean evaluadas por la Comisión Nacional de Pesca y, posteriormente, por el Ministerio de Economía, y que no obstante, tengan que insistir con las tres cuartas partes de sus miembros para hacer valer sus criterios, en circunstancias de que ellos son los personeros que están viendo el desarrollo de la actividad pesquera día tras día.
Creemos que eso no es conveniente ni suficiente, por cuanto difícilmente se pueden lograr los tres cuartos de los Consejos Zonales cuando el sector público tiene una presencia sustancial de prácticamente un tercio. La participación significa que las Regiones deben tener un poder de decisión clave; y, por eso, consideramos deseable que tales Consejos puedan insistir con la mayoría absoluta de sus miembros. Eso es ser participativo, y significa también dar más atribuciones a las Regiones del país.
Por otro lado, señor Presidente, no nos parece conveniente establecer vedas en forma aislada en la zona norte extrema del país -la que represento-, cuando un país vecino como el Perú no las implanta. Tenemos el caso -comprobado por la experiencia durante los últimos dos años- de que nuestro país determina vedas en la Primera Región y el Perú no lo hace. ¿Y qué ocurre? Que estos recursos pelágicos, que podríamos perfectamente aprovechar, siguen sus aguas hacia el norte, donde son capturados por la nación vecina.
Creemos necesario insistir en el Senado sobre esa indicación rechazada en la Cámara de Diputados, para que se haga justicia también a la actividad del Norte Grande.
Señor Presidente, Honorables colegas, pienso que el mérito de la discusión respecto de la ley pesquera radica en que en ella no están confrontacionados la Oposición y el Gobierno. Tal vez como en ninguna otra iniciativa legal, estamos "sueltos" para pronunciarnos de acuerdo con lo que cada uno ve como mejor para una región o para el país.
Tenemos presente que la actividad pesquera es una de las más importantes de Chile en cuanto a la generación de divisas; pero, a la vez, constituye una actividad relevante en cada una de las Regiones. Ya señalé que representa cerca del 40 por ciento en la Primera.
Y no sólo hemos mantenido correspondencia, sino que hemos participado con la Comisión junto a los tripulantes, los pescadores y los trabajadores industriales. Esos sectores laborales -que, como digo, representan cerca del 40 por ciento de la actividad del Norte Grande- están muy preocupados, porque creen que, si no somos capaces de aprobar una buena ley pesquera, prácticamente pueden correr el riesgo de que les suceda algo similar a lo que ocurrió con la industria salitrera en el pasado. Puede comenzarse por despedir personal -como se ha hecho ya en algunas empresas pequeñas-, lo que podría significar que una gran cantidad de chilenos se quede sin actividad pesquera, sin actividad laboral.
Llamo la atención de mis Honorables colegas sobre el hecho de que, así como tenemos varios días aún para definir con nuestros votos el destino de la actividad pesquera en nuestro país, tratemos de seguir fundamentalmente tres criterios básicos. Uno es, por supuesto, la preservación en el tiempo del recurso pesquero. Para ello requerimos, sobre todo, que se investigue más, porque, a pesar de que se ha llevado a cabo un gran proyecto por parte de algunas universidades -entre las cuales menciono la "Arturo Prat", de Iquique-, todavía no hay información suficiente. Es importante que se persevere en ello, entregando los recursos por zonas, y no a nivel nacional, pues cuesta que ellos vuelvan al punto de origen. Creo que se puede dar el caso de que, así como en determinado momento se establece una veda para el Norte Grande, sorpresivamente aparezcan los cardúmenes necesarios para poder pescar, debiendo modificarse rápidamente las decisiones del Ministerio de Economía. Considero importante entonces intensificar la investigación para que preservemos los recursos, pero sin coartar la actividad pesquera.
En segundo término, está la tranquilidad laboral: no creemos inquietudes en vastos sectores de trabajadores, especialmente de la zona norte del país, los cuales no quieren convertirse en temporeros. Ellos desean actividad durante el año y no tener que verse circunscritos a trabajar durante dos o tres meses, con el riesgo de permanecer prácticamente inactivos durante los restantes, sin que nadie les pueda pagar remuneraciones.
En tercer lugar, debemos ser capaces de dar tranquilidad a los inversionistas, y que no se corra el riesgo -por algún mal manejo que se pueda derivar de estas disposiciones legales- de detener el crecimiento, o, lo que es más grave todavía paralizar la actividad, con los consiguientes daños a la economía nacional, y, especialmente, a la regional.
Sobre la base de esos tres criterios básicos, a mi juicio, podremos, de aquí hasta cuando analicemos en particular el proyecto, despachar una ley pesquera que sea buena para todos los sectores involucrados, en especial para los trabajadores que de ellos dependen.
Espero, señor Presidente y Honorables colegas, que con estos tres criterios podamos disminuir quizás un poco tanta textura, tantos artículos que aparecen como tratando de dejar todo bajo control, todo bajo el espíritu de la ley. Temo que tal control sea tan riguroso que en la práctica tengamos una ley que no rinda los frutos esperados, en cuanto a dar tranquilidad a los trabajadores, a los empresarios, y a preservar el recurso en el tiempo.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, concurrimos a la aprobación general del proyecto, que, como se ha dicho, tiene una importancia decisiva y es quizás uno de los más importantes que despachará el Senado durante este año.
Creo que la discusión particular permitirá tanto enriquecer la iniciativa como profundizar en los temas que aún son controvertibles.
En esta oportunidad, con motivo de la discusión general, sólo quisiera enfatizar, en primer término, que se hace indispensable -sobre lo cual hay un acuerdo bastante grande- regular de manera eficaz los recursos hidrobiológicos en el país. Estimo que, efectivamente, por tratarse de una riqueza que ha tenido un gran desarrollo y un gran potencial, tenemos la obligación de preservar un crecimiento autosustentado que permita de manera eficaz que el país aproveche esta riqueza en el largo plazo.
Considero innecesario abundar sobre los riesgos reales de extinción de especies de pesquerías en el tiempo. Por lo tanto, la necesidad de una regulación moderna, eficiente, que resguarde el conjunto grande y contradictorio de intereses -que inevitablemente se desarrollan en un negocio de las dimensiones que tiene el pesquero en el país-, nos parece indispensable.
En segundo término, estimamos que el proyecto del Gobierno recoge bien la necesidad de dar gran énfasis a la investigación en el sector por la vía de la creación del fondo pesquero. Es evidente que buena parte de las controversias tienen que ver con un conocimiento insuficiente del recurso y de su dinámica.
Por lo tanto, a nuestro juicio, la cuestión de la investigación es fundamental.
En tercer lugar, en la iniciativa legal en debate se recoge también la necesidad de desarrollar el sector pesquero con la participación efectiva de todos los agentes que intervienen en su desarrollo: instituciones del Estado, privadas, empresariales y laborales. En ese sentido, celebramos la ampliación del Consejo Nacional de Pesca y la creación de los Consejos Zonales y Regionales.
Una preocupación especial, que manifestaremos durante el debate particular de la ley en proyecto, se relaciona con el problema de los mecanismos de fiscalización y control y los recursos necesarios para ello. Es evidente que, si no existen medios eficaces que permitan fiscalizar y controlar el sistema de regulaciones que se establezca, él será finalmente letra muerta. A este respecto hay experiencias bastante desafortunadas, como ya lo han expresado algunos Honorables colegas.
Por último, nos parece que, en general están debidamente resguardados los derechos y la necesidad de proteger y fomentar la pesca artesanal, de la cual viven varios miles de chilenos repartidos prácticamente en todo nuestro litoral.
Entiendo que la materia que ha provocado y seguramente provocará mayor discusión es el Título III. Sobre eso sólo deseo decir en esta ocasión que, en mi concepto a lo menos, no es posible separar de manera completa las modalidades, los mecanismos y las opciones que se toman en materia de preservación del recurso con el sistema de acceso. Evidentemente, hay una relación tanto técnica como económica y de control entre los procedimientos de preservación, su objetivo y los regímenes de acceso. En ese sentido, en general, compartimos las opciones -obviamente complejas- expresadas en el proyecto que hoy se somete a nuestra consideración.
Deseo destacar también que, en mi opinión, el sistema de cuotas globales tiene el riesgo cierto de producir una sobreexplotación biológica de los recursos, por una parte; y, por otra, de establecer modalidades que, objetivamente, favorecen la sobreinversión en el sector, dificultando la utilización de los sistemas de control y fiscalización. No estoy tan claro en cuanto a que este sistema evite la temporalidad del negocio pesquero.
Como digo, me parece que sobre este asunto es necesario un debate más profundo. Pero, en general, considero que en esta primera discusión las opciones sobre los regímenes de acceso son las más adecuadas, pues permiten cumplir el doble objetivo de fomentar el desarrollo del sector y compatibilizar el conjunto de intereses que hay en juego en él y, al mismo tiempo, asegurar de modo efectivo la preservación de los recursos, que todos concuerdan en que es una finalidad de primera importancia.
Deseo terminar felicitando a la Comisión de Pesca y Acuicultura por la diligente labor realizada, que ha sometido a nuestra consideración -quizás en este proyecto más que en otros- una cantidad de informes y antecedentes que nos permitirán hacer una discusión particular que enriquezca el proyecto en debate.
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, Honorable Senado:
El Presidente de la República me ha solicitado participar en este debate sobre la idea de legislar acerca del proyecto de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, esencialmente porque hemos sido informados de que se ha deducido ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por inconstitucionalidad de su Título III.
Debo afirmar ante el Honorable Senado, de manera categórica, que al Gobierno no le cabe ninguna duda respecto de la constitucionalidad de esta iniciativa, la cual, en su opinión, tiene por finalidad primordial resguardar la seguridad del país en lo que se refiere al patrimonio de la nación; promover el bien común, y, particularmente, tutelar la preservación de la naturaleza. De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política, ésos son deberes del Estado que permiten -de conformidad a lo establecido por la misma Carta- limitar los derechos de las personas.
En el Capítulo III del proyecto se establecen restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos, según la facultad contenida en el N° 8o del artículo 19 de la Ley Suprema.
Efectivamente -como aquí se ha dicho- el N° 23° de ese mismo artículo asegura la libertad para desarrollar ciertas actividades económicas; pero agrega que ello es "sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos" de la misma. O sea, no se trata de una libertad absoluta para realizar tal tipo de actividades, sino que existe la posibilidad de consagrar, a través de la ley, limitaciones al ejercicio de esa libertad.
Por otra parte, el N° 24° dispone que "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad", "y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social", comprendiendo en éstas "cuanto exijan los intereses generales de la Nación", "y la conservación del patrimonio ambiental.".
En el título mencionado no se hacen discriminaciones económicas, por cuanto las decisiones relativas a la definición de la autoridad con relación a estas materias, serán adoptadas sobre la base del respaldo técnico y la participación de los interesados.
Asimismo, no se hacen diferencias arbitrarias; todas son de carácter técnico.
Tampoco se atenta contra la igualdad ante la ley, ya que esta igualdad no es absoluta, sino que lo es en cuanto a posibilidades. Es decir, una misma ley debe regir las relaciones en que se encuentran todas las personas que están en las mismas condiciones.
Señor Presidente, hemos efectuado un examen acucioso del Título III del proyecto, comparándolo con las disposiciones constitucionales, llegando el Gobierno a la categórica conclusión de que aquél se ajusta plenamente a los preceptos de la Carta de 1980.
La Constitución Política no puede interpretarse -como ya lo han resuelto la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional- por sus disposiciones aisladas, sino en forma sistemática. Y si hay algo fundamental para la interpretación de sus normas son precisamente las bases de la institucionalidad, que establecen el deber del Estado de preservar el bien común y, al mismo tiempo, de garantizar y resguardar la seguridad nacional, entre las cuales figura, por supuesto, la protección del patrimonio de la nación toda.
Cumplo con el deber de plantear ante el Honorable Senado -en la oportunidad en que va a votarse la idea del legislar- el convencimiento absoluto del Gobierno de que este proyecto, en su integridad, incluyendo el Título III, es plenamente constitucional.
He dicho.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, los Senadores de estas bancas votaremos a favor de la idea de legislar en materia de pesca, porque comprendemos la importancia social, económica, histórica y política que tiene para nosotros una normativa acerca de las riquezas del mar.
Y sentimos una verdadera responsabilidad histórica al iniciar -por primera vez en el Congreso Nacional- un análisis completo, profundo y detallado sobre nuestra realidad marítima y la explotación de los recursos que ella contiene.
No nos anima, ni nos animará en los diversos trámites de discusión de este proyecto, ninguna motivación político-partidista o distinción entre Gobierno y Oposición. Sentimos claramente que la vocación marítima chilena nos impone obligaciones muy serias y estamos dispuestos a asumirlas en toda su integridad.
Comprendemos que esta materia está relacionada, no sólo con la preservación y protección de nuestra naturaleza marítima en lo que corresponde al mar territorial propiamente tal, a nuestro mar patrimonial, sino, también, con lo que el Comandante en Jefe de la Armada ha llamado -con toda razón- nuestro "mar presencial".
No podemos dictar una legislación y enfocar el problema sin tener presente esa inmensa franja de océano que la Providencia puso bajo el resguardo de este país, para aprovechamiento de sus hijos, pero, también, para que nosotros cumplamos con la obligación de protegerlo y preservarlo.
De manera que, a nuestro juicio, esta legislación debe contener no sólo disposiciones concernientes a nuestra soberanía y patrimonio, sino, también, a la presencia, deber y tradición marítima de Chile en el océano Pacífico.
En consecuencia, creemos que la primera misión de la ley es explicitar la obligación de la Constitución -que comprendemos perfectamente bien-, en el sentido de proteger la naturaleza. Porque, sin falsa modestia, señor Presidente, la disposición del número 8o del artículo 19 de la Carta Fundamental fue introducida, en la Comisión de Estudio, por indicación del Senador que habla.
Comprendemos también que la legislación pesquera debe fomentar en el mar lo que ya hemos hecho en tierra: una tradición que vaya más allá de la pesca y de la caza, y que alcance a los cultivos. Por eso, la ley debe fomentar la acuicultura, que fue una esperanza ayer y que hoy constituye para Chile una promesa con proyecciones de trabajo y ocupación digna y libre en la inmensa costa del país.
Por otro lado, también comprendemos que la Ley de Pesca debe garantizar a los ciudadanos y empresarios chilenos que trabajan y viven de los recursos marinos o se dedican a su explotación, un régimen equitativo y estable. No debemos olvidar, que como legisladores y parte del Estado, debemos tener un conocimiento mucho más acabado acerca de los recursos marítimos del país, y familiarizarnos con sus riquezas y con los riesgos a que están expuestos, por lo cual la investigación en esta materia es un deber, no sólo de nuestras universidades y de los hombres comprometidos en las labores del mar, sino de todo el país y, particularmente, del Estado. Aquí el rol de este último es principal y no subsidiario.
Frente a una riqueza escasa y a los progresos de la técnica y de la ciencia para aprovechar los productos del mar, debemos dictar normas para proteger la naturaleza y cumplir las finalidades anteriores; pero tales preceptos deben respetar los principios y disposiciones de nuestra Carta Fundamental.
Consideramos imprescindible que el respeto a las normas de orden público y económico -repartidas en diversos artículos de la Constitución- tengan cabal aplicación en la Ley de Pesca, tanto por la importancia del tema en sus sentidos histórico, social y económico, como porque se trata de una de las materias de gran relevancia, en la cual deberemos aplicar el desafío de la libertad que nos garantiza la Constitución.
En ese sentido, es absolutamente indispensable que la legislación que regule la actividad pesquera sea del todo objetiva. Por eso manifestamos nuestro desacuerdo con diversas disposiciones del proyecto que, de una manera u otra, dejan al arbitrio de la Administración lo que debe estar sometido a la objetividad de la ley, que debe aplicarse "erga omnes".
Entendemos asimismo que en esta legislación, destinada a regular una materia económicamente tan trascendente, el Estado no debe tratar de abandonar su rol subsidiario respecto de la empresa misma. Por eso el rol subsidiario del Estado lo consideramos esencial.
El mar, como fuente de actividad para los chilenos actuales y futuros, debe estar abierto a la libertad y a la libre competencia, sin que éstas dependan, para su obtención ni permanencia, de actos discrecionales de la Administración.
Por otra parte, señor Presidente, en la Ley de Pesca deben respetarse, las garantías individuales atinentes, no sólo al libre acceso a la propiedad, sino, esencialmente, a la igualdad y libertad.
Nosotros no vamos a entablar ahora un debate sobre la constitucionalidad de este proyecto. No es el lugar que nos corresponde. Varios Senadores hemos presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional, con argumentaciones fundadas, sin carácter político, cuya finalidad es que el Estado cumpla con el rol que le corresponde, de acuerdo con las normas y el espíritu de nuestra Constitución Política.
Por lo demás, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ha conocido en forma oficial y extraoficial una serie de informes de profesores de Derecho Constitucional que -como señalaba el Honorable señor Zaldívar- nos merecen plena confianza, no solo por su rectitud y seriedad, sino también por su preparación académica. La mayoría de ellos han coincidido en apreciar que las normas del Título III del proyecto en estudio violan algunas disposiciones de la Carta de 1980, que específicamente hemos señalado al Tribunal Constitucional.
Los firmantes de ese requerimiento estimamos nuestro deber asegurar al país una legislación estable. No podemos contentarnos con decir: "Dejemos en manos de los tribunales resolver si la ley es constitucional o no", ya que sabemos, después de haber recibido documentados y múltiples informes contradictorios sobre la materia, que ellos dan pábulo y base a un sinnúmero de recursos de protección o de petición de inconstitucionalidad de la ley. Nuestro deber es promulgar un cuerpo legal cierto y seguro, más aún si la Constitución nos da el camino del Tribunal Constitucional para precisar la constitucionalidad de las disposiciones antes que ellas estén acordadas por el Congreso o afecten, protejan o perturben intereses económicos determinados que pueden, a veces, ennublecer, por acción de la propaganda o de los intereses legítimos de aquellas personas que trabajan en el mar, el sentido de la aplicación de la ley.
Estimamos conveniente obtener oportunamente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A eso va destinado el requerimiento que hemos presentado, y me he alegrado enormemente al oír las expresiones del Senador señor Zaldívar.
Pensamos que existe en esto la necesidad, no de afirmar rotundamente una política determinada, sino de buscar, dentro de los parámetros de nuestro sistema jurídico y de nuestra tradición jurídica, una solución rápida a los problemas vigentes relacionados con el mar, porque afecta a muchos intereses y a muchas personas. Y ésta es una responsabilidad que tiene el Congreso.
No quiero terminar sin agradecer a la Comisión de Pesca y Acuicultura el trabajo que nos ha entregado, el que, por la celeridad del tiempo, no hemos podido analizar en profundidad. Pero no nos cabe duda alguna -por una pequeña "ojeada" que hemos dado a este voluminoso informe- que él contiene datos, sugerencias y estudios serios que prestigian al Senado y que nos servirán de base para que, a través de su texto, de las indicaciones y de los fallos que el Tribunal Constitucional dé sobre la materia, podamos elaborar un proyecto de ley que, ojalá, lo elaboremos todos en conjunto. Ojalá cada uno de nosotros, al trabajar en él, olvidemos nuestra posición política y nos demos cuenta de que, en realidad, estamos legislando sobre una parte muy importante de nuestro territorio, que hoy día tiene una relevancia económica trascendental y de peso en el desarrollo del país, y que mañana la tendrá mucho más, no sólo en el aspecto económico, sino también en el sentido de que una de las columnas vertebrales sociológicas del país será la actividad que desarrollan los chilenos en el Pacífico. Me refiero a una legislación adecuada, creadora, impulsadora de nuevas iniciativas, abiertas no sólo a los chilenos de hoy, sino también a quienes vendrán en el futuro. Ello es indispensable para que nosotros conquistemos ese Océano que está enfrente nuestro. Lo amamos en nuestros versos y en nuestro corazón, pero todavía no hemos sido capaces de sacar de él lo que el país necesita, y, quizás, lo que la humanidad puede obtener de los chilenos del futuro.
Por esa razón, con nuestra mente puesta en lo constructivo, e inspirados en el mejor deseo de cooperar con el actual Gobierno en encontrar una normativa adecuada para la actividad pesquera, daremos nuestra aprobación al proyecto en general y haremos las indicaciones correspondientes en los términos que los Comités acordaron.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, todos estamos procurando hacer una síntesis para facilitar el despacho rápido de este proyecto, que, por los anuncios que se han escuchado, tendrá la aprobación unánime del Senado, por lo menos en cuanto a la idea de legislar.
Sobre el particular, me ahorrará tiempo la exposición que hizo el señor Ministro de Justicia respecto al tema de la constitucionalidad de la iniciativa, por cuanto el Senador que habla está absolutamente convencido de ello. Si se produjere una resolución negativa del Tribunal Constitucional, en mi opinión eso daría mérito para que modificáramos la Constitución, porque objetivamente no puede darse una interpretación restrictiva a un propósito de bien nacional que interesa a todos los sectores del país. Reclamo una vez más la atención de la opinión pública para decir que el Senado da nuevamente una demostración de que un tema de tanta relevancia para el país no se enfoca en la perspectiva partidista; hay Senadores de diversas tendencias, de Oposición y de Gobierno, que hacen uso de su legítimo derecho de exponer sus ideas y criterios respecto de un tema tan trascendente. Eso es una buena señal, porque los chilenos tenemos que acostumbrarnos al proceso pedagógico democrático que pone en primer lugar la capacidad de abordar temas de interés nacional desde una perspectiva que no debe analizarse dentro de marcos exclusivamente partidarios. Eso lo destaco -por supuesto- como un gran aporte al proceso de reconstrucción de la democracia en que nos encontramos empeñados.
Considero que la interpretación armónica de los textos constitucionales permite ciertamente al Ejecutivo y al Parlamento establecer las normas que dicen relación con los problemas, entre otros, de los regímenes de acceso que están tratados en detalle en la legislación en estudio. Pero, ya que está pendiente, también, la resolución del Tribunal y que tenemos el acuerdo de seguir trabajando en los demás ámbitos, no profundicemos el tema desde el punto de vista constitucional. Solamente haré una nueva afirmación en el marco propiamente jurídico del por qué este tema no debe abordarse desde una perspectiva partidista. Quiero traer a colación el texto del artículo 611 primitivo del Código Civil, que establecía: "Se podrá pescar libremente en los mares; pero en el mar territorial sólo podrán pescar los chilenos y los extranjeros domiciliados.". El inciso segundo decía: "Se podrá también pescar libremente en los ríos y en los lagos de uso público.". Este artículo, muy antiguo, del Código Civil, fue modificado en el año 1986, en pleno período del Régimen anterior, con la Junta Militar de Gobierno como poder colegislador. Se estableció un texto cuya lectura nos ayuda a precisar nuevamente el ámbito del tema que estamos analizando. El actual artículo 611 del Código Civil dice: "La caza marítima y la pesca se regularán por las disposiciones de este Código y, preferentemente, por la legislación especial que rija el efecto.". El legislador del Régimen pasado tuvo que entrar a modificar lo que fue la conceptualización jurídica vigente durante muchas décadas en el país, que subsistió durante Gobiernos de variado carácter ideológico, precisamente porque la situación de los recursos hidrobiológicos, al igual que la perspectiva de la pesca, es de tal naturaleza, y la depredación que se ha producido en los mares es de tanta responsabilidad, que no cabe duda alguna de que, al margen de concepciones partidistas, hay que hacer algo.
Intentamos con este proyecto de ley avanzar en la dirección correcta.
Reclamo el justo aprecio para el trabajo realizado por la Comisión de Pesca; para los funcionarios de la Subsecretaría del ramo, quienes aportaron sus antecedentes y desvelos de una manera muy sólida; para los representantes de los empresarios del sector pesquero, y para las organizaciones de pescadores artesanales, las que dieron su opinión sobre el particular.
Valoro el hecho de que en esta iniciativa, con relación al sector pesquero artesanal, existan normas que lo modifican y le dan un impulso notable, las cuales mantienen un reconocimiento histórico hacia ese sector, que está constituido por miles de familias a lo largo de nuestro litoral, para las cuales la pesca es su único medio de subsistencia. Y la circunstancia de que se les reconozca esa posibilidad de organización e, incluso, de que puedan -en algunos casos- ir a pescar a las regiones contiguas, es un reconocimiento de la diversidad de las situaciones que se dan en el ámbito de quienes laboran en ese sector.
También es evidente que en el proyecto de ley se han introducido varios elementos positivos respecto al registro de pescadores artesanales, lo que impedirá el uso abusivo e inadecuado de esa norma y permitirá así que instituciones de fomento puedan otorgar la asistencia técnica y crediticia que dicho sector necesita para usar nuevas tecnologías y modernizar sus materiales de pesca habituales.
Pero también destaco con mayor fuerza la creación del Fondo de Investigaciones Pesqueras, porque resulta paradójico que en este país, donde la letra de la canción nacional habla del mar; donde versos de poetas destacados se refieren a él, y donde hay un desafío compartido de los Senadores que aquí han hablado de cómo llegamos al Pacífico, exista en nuestras normas constitucionales una exagerada nomenclatura para abordar, por ejemplo, el tema de la minería -de suyo relevante en el país- o de otras especies de propiedad. Pero sobre el mar no se dice casi nada, por no decir nada. Allí se plantea un desafío que debemos enfrentar.
Ocurre que otra de las paradojas que llamó la atención en la Comisión de Pesca -en una de las tantas reuniones a las que he asistido-, es la de que este país posee una pobreza casi franciscana con relación a las investigaciones sobre la situación de los recursos hidrobiológicos. Cuando uno habla de las vedas, por ejemplo -la del molusco loco, en especial-, se encuentra con que los antecedentes que existen sobre la reproducción de éste y las condiciones que deberían existir en las eventuales vedas para permitir el crecimiento y la recuperación de la especie, son realmente insuficientes.
El hecho de que aquí se esté dando un estímulo a la investigación, es parte de la nueva cultura, la cual entiende que, sin invertir en dicha investigación, no es posible pensar en una actividad empresarial de desarrollo futuro conveniente. Este es un logro notable de la ley en proyecto.
Del mismo modo, me parece destacable la participación que tienen los sectores activos de la pesca en el Consejo Nacional de Pesca, y, sobre todo como Senador de la Región, destaco las atribuciones otorgadas a los Consejos Zonales de Pesca, que, en este aspecto, son extraordinariamente notables y, además, porque se otorga carácter resolutivo a los informes técnicos fundamentados que ellos emiten. Es decir, hay una ley "erga omnes" -para recordar la cita latina mencionada por el Honorable Senador Diez- en el sentido de que estos Consejos se están estableciendo para que la comunidad y los sectores activos puedan entregar una opinión sobre qué se va a hacer en su respectiva área. Este es uno de los grandes adelantos que significa la iniciativa. Empero, quedan pendientes varias situaciones: por ejemplo, el tema planteado por el Honorable señor Palza sobre qué ocurre con las situaciones de veda en nuestra área fronteriza.
El Gobierno está interesado -y aquí en el Senado tuvimos el honor de recibir al señor Ministro de Pesca de Perú- en establecer vinculaciones que nos permitan trabajar en común con otros países frente a un tema de esta naturaleza. Por lo demás, hay algunos antecedentes técnicos -controvertibles, por supuesto- que muestran que, en realidad, solamente un 4 por ciento de los recursos hidrobiológicos existentes en la zona fronteriza con dicho país podría verse afectado por la situación que estamos estudiando. Pero, sin duda alguna, no basta con tomar resoluciones aisladas, en una materia de tanta importancia hay que establecer los acuerdos pertinentes, concretamente con Perú.
Además, señor Presidente, considero muy relevante analizar la situación objetiva que se plantea con relación a las vedas.
Represento a una Región muy modesta, con grandes valores. No obstante, ocurre que allí se da la paradoja de que muchos de sus habitantes, para poder sobrevivir, tienen que infringir la ley.
Soy decidido partidario de preservar nuestros recursos hidrobiológicos, pero si me hacen optar, prefiero, en primer lugar, preservar la especie humana antes que la del loco. Con relación a este molusco, hemos apreciado una actitud que conmueve la conciencia, en donde se han destapado escándalos de verdaderas mafias, las que han utilizado las fórmulas más variadas para hacer exportaciones millonadas de ese recurso que está vedado. Incluso, por algunos vacíos de la ley, basta que un juez de policía local subaste los locos requisados para que se legitime su posibilidad de comercialización. Esa tiene que ser una situación a la que se debe poner fin, porque resulta paradójico el hecho de que grupos muy importantes obtengan ganancias millonadas, mientras los pobres pescadores y sus familias, que no pueden recurrir a otros medios de subsistencia, tengan que enfrentar multas gravosas y, además, debido a la carencia de recursos, deban pagar con cárcel las infracciones.
Por eso, en su oportunidad, presentaré una indicación al artículo 89 de la ley en proyecto, que dice relación al monto de las multas para aquellas personas que viven en una situación precaria de subsistencia y cuyo estado de necesidad es evidente.
Finalmente, señor Presidente, llamo a la aprobación en general del proyecto; a despejar las incógnitas que nos quedan planteadas, y a volver a demostrar que, en el Senado, los grandes temas que interesan al país pueden abordarse en una perspectiva nacional y no en una partidista.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, cuando un Mandatario de Chile, don Gabriel González Videla, planteó, hace ya más de treinta años, la tesis de las 200 millas marinas, cambió la historia del derecho en el mundo en lo que respecta al mar. Y, en lo tocante a Chile, dada la configuración del país, prácticamente duplicó su territorio soberano.
Esto generó a la vez un problema legal y jurídico de la mayor importancia, que ha seguido examinándose a través de la historia, conformando toda la problemática del derecho del mar, el que aún no está definitivamente afinado. Dentro de este escenario histórico se inserta el estudio de la Ley de Pesca, que para nuestro país -no tengo para qué abundar en lo que ilustradamente se ha expresado antes- constituye un factor de primera magnitud.
Poco o nada podría yo agregar a las versadas opiniones e informaciones que he escuchado sobre la industria de la pesca. Sin embargo, como manifestación de un aporte en cuanto a la necesaria convicción que tenemos de penetrar algo en los misterios de ese inmenso material documental que nos ha entregado el trabajo acucioso de la Comisión de Pesca y Acuicultura, y de otras anexas del Senado, quisiera hacer un par de comentarios respecto del problema constitucional, al cual, como abogado -aunque no especialista-, algo podría quizá aportar.
Me he preocupado de estudiar, si no todos, el mayor número de los informes jurídicos sobre la cuestión constitucional. Me he detenido particularmente en el informe del distinguido profesor señor Guillermo Pümpin, porque, en razón de mi docencia en la Universidad Católica de Chile, lo conocí muy de cerca. Pocas personas hay de una versación jurídica, de una seriedad académica y profesional tan acabadas como las del señor Pümpin. Sin embargo, comparado su estudio con los de otros distinguidos juristas -que no tengo para qué mencionar-, por lo menos personalmente he llegado a la conclusión favorable a la constitucionalidad del Título III del proyecto.
Sé que este problema está entregado al estudio del Tribunal Constitucional. Personalmente he concurrido con mi firma a ese requerimiento, porque estimé de la mayor prudencia que pueda contarse con esa información, con esa respuesta, antes de legislar definitivamente sobre la materia, no obstante que mi apreciación es que el proyecto de ley se ajusta a los requerimientos de la Carta Fundamental.
En mi concepto, los argumentos que defienden la constitucionalidad de la iniciativa aparecen, en esencia, muy sólidos, y no resultan contradichos por el informe mencionado, el que quisiera, sin embargo, examinar, porque es útil que el Parlamento se asome al problema en este período intermedio entre la iniciación del tratamiento del texto en particular y la recepción de la respuesta del Tribunal Constitucional.
Los argumentos del profesor Pümpin son del mayor interés, no sólo por su prestigio y conocida versación, sino también porque aconsejan la mayor precisión en los preceptos, a fin de asegurar que se legisle cuidando de los correspondientes quórum constitucionales cuando los preceptos tratan de asuntos que exigen ley de quórum calificado, y se podrían generar problemas por simple descuido del legislador. Por ejemplo, una norma que implica regulación legal es tema de ley ordinaria; en cambio, una que implica restricción legal a un modo de adquirir el dominio (de acuerdo con el artículo 19, número 23, de la Constitución), requeriría un quórum calificado.
También llama oportunamente la atención el profesor Pümpin a que el derecho de adquirir toda clase de bienes, excepto los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o deban pertenecer a la nación toda, antes emanaba del Código Civil y ahora es de rango constitucional.
Agrega el informe en su página 15: "A la fecha presente y bajo el imperio de la actual Constitución, no se ha producido ninguna situación de hecho que permita variar el contenido de la norma constitucional respecto de los bienes que "la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres". De producirse algún caso de bienes que admitan la posibilidad de hacerse accesibles al dominio singular, sería necesario obtener una reforma constitucional que admita lo que su texto actual no acepta.". Más adelante, agrega: "En lo que se refiere a los bienes que deban pertenecer a la nación toda, desde la fecha de entrar en vigencia la Constitución no se ha dictado ley alguna que haya declarado para determinados bienes tal calidad", explicitando después que para ello basta una ley ordinaria.
Al respecto, me parece prudente concordar con el profesor Mario Verdugo en cuanto a que la ley N° 18.565, de 23 de octubre de 1986, al modificar el artículo 596 del Código Civil, armoniza su preceptiva con la jurisdicción de Chile sobre las 200 millas marinas según los tratados internacionales vigentes y su normativa complementaria, la que acuciosamente puede examinarse en el informe del profesor Sergio Carrasco. Esta ley reafirma lo que ya había dispuesto la ley N° 18.129, de 11 de junio de 1982 (que no cita el profesor Pümpin), la cual, en el inciso primero del artículo 18 prohíbe "capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que, en relación con los períodos de veda, las zonas de extracción y captura, los tamaños mínimos de especies, la alteración de ecosistemas locales y las artes o sistemas de pesca o extracción, fije el reglamento". Según el inciso cuarto, se pueden fijar los porcentajes de dichas especies que, en tal carácter y en relación con el desembarque total, sea lícito pescar conjuntamente con esos recursos. También se ajusta a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, de 10 de diciembre de 1982, firmada en Jamaica y suscrita por Chile, que reconoce la zona económica exclusiva hasta las referidas 200 millas marinas, estableciendo que la soberanía, alcanza a la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos que en ella existan. Si bien esta Convención no está aún vigente, todo el sistema institucional chileno referente al mar se apoya en ella. Más aún: tanto la Constitución de 1980 como la Ley de Reforma Constitucional N° 18.825, de 19 de agosto de 1989, ratificaron su vigencia, siendo de notar lo previsto en el artículo 5o permanente, inciso final, sobre el deber de respetar los tratados internacionales ratificados por Chile.
Adviértase, por último, que si se desconociera la vigencia y constitucionalidad de la ley N° 18.595, peligraría el derecho soberano de Chile sobre la mitad de su territorio, o sea, sobre todos sus espacios marítimos hasta las 200 millas marinas.
Por lo expuesto, no podemos acompañar al profesor Pümpin en sus objeciones constitucionales fundadas en no haberse dictado la normativa que regule el acceso por ocupación a las especies hidrobiológicas que pueblan el territorio marítimo soberano de Chile, ni en las objeciones a la ley N° 18.892 y al proyecto que la modifica, fundadas en dicha causa. En mi concepto, esa legislación se ha dictado; está vigente, y se ajusta a los compromisos internacionales de Chile.
En cuanto a otros aspectos del prolijo informe del profesor Pümpin, opino que no tiene debidamente en cuenta lo que la nueva Constitución señala como ámbitos propios de la ley y del poder reglamentario, al exigir el grado de especificación de las normas legales que regulan la administración de los recursos hidrobiológicos dentro de la zona económica exclusiva. Por lo mismo, la Carta Fundamental no podría imponer a la ley precisiones que ella misma impide que tenga, punto en el cual la diferencia con la Carta de 1925 es crucial, habiéndose ampliado en la Constitución vigente notoriamente el poder reglamentario.
Tampoco parece convincente una tendencia a identificar lo que son situaciones jurídicas con derechos de propiedad adquiridos. El argumento prueba demasiado y conduciría a petrificar la legislación, lo que terminaría por destruir el respeto a la Carta Fundamental. Sobre el particular, no puede olvidarse que la normativa constitucional vigente, junto con restringir el ámbito de la ley y ampliar el poder reglamentario del Ejecutivo, creó -adicionalmente a otras normas de seguridad jurídica- el recurso de protección para velar por el uso abusivo de dicha facultad. Tal garantía precave actuaciones arbitrarias cuando se autoriza o resulta indispensable un cierto ejercicio discrecional propio de toda administración, pública o privada.
En todo caso, parece muy conveniente tener a la vista el informe del profesor Pümpin en la revisión cuidadosa de cada precepto, a fin de prevenir dudas que podrían obviarse. Igualmente, es muy necesario considerar los perjuicios que podrían derivarse del cambio intempestivo de una legislación respecto de quienes hubieren montado empresas o arriesgado fuertes inversiones en la difícil industria pesquera.
A ese respecto, sin embargo, caben dos observaciones: me parece que el informe que estoy comentando extrema los derechos de quienes hubieren montado una empresa fundados en situaciones legales que después se modifican. No toda situación jurídica está amparada por la garantía constitucional del derecho de propiedad, porque, como bien lo expresa el profesor Verdugo (páginas 42 y siguientes de su informe), "si así fuera, ello importaría que el Estado, al legislar, enajena su soberanía en manos de los particulares, los que, así, podrían petrificar la legislación. Toda legislación nueva, como se comprende, afecta situaciones jurídicas erigidas al amparo de la antigua; luego, si todas ellas equivalieran a dominio, toda legislación sería expropiatoria y obligaría al Estado a indemnizar a todos los habitantes, lo que, como se comprende, no sólo es jurídicamente inadmisible, sino un absurdo.".
Por lo mismo, si alguien monta una empresa fundado en perspectivas de gran abundancia de pesca, es indiscutible él derecho de propiedad sobre las especies adquiridas por ocupación -la pesca es un modo de adquirir por ocupación-, pero las expectativas fracasadas de adquirir otras muchas más si sobreviene una veda u otra causal legítima que impide nuevos actos de ocupación, no es asunto de dominio, sino de un negocio frustrado, como muchos en la vida empresarial, aun cuando el acto arbitrario de la autoridad pudiere dar origen a indemnizaciones de acuerdo a la Constitución y el Derecho Ordinario.
En conclusión, señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto que modifica la ley N° 18.892, porque me parece sustancialmente ajustado a la Constitución, sin perjuicio de examinar cuidadosamente si algunos preceptos exceden la mera regulación, para entrar en restricciones que requieran quórum especial, o si singularmente algún precepto requiere una mayor precisión para evitar que se asigne al poder reglamentario -por amplio que sea- lo que no emane de una norma expresa de la ley. En tal sentido, aunque discrepo del criterio general del profesor Pümpin en los aspectos expuestos, sugiero una cuidadosa revisión de los preceptos que él objeta, a fin de dar a la legislación la explicitación y exactitud que alejen toda duda sobre su constitucionalidad.
Nada más, señor Presidente.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, quiero destacar, en forma breve, que en la Región que usted y el que habla representamos esta ley en proyecto tiene efectos muy particulares, ya que la actividad se desarrolla tanto en el mar como en las aguas interiores -lagos y ríos-, y a través del cultivo y la industrialización está dando trabajo a unas 25 mil personas, lo que incide en forma gravitante en que tengamos el segundo mejor índice ocupacional del país, inmediatamente después de la Undécima Región.
Ahora, deseo solamente usar como punto de referencia lo que expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que la pesquería marítima sería capaz de producir 900 millones de dólares para el país, para hacer presente que en la Décima Región el potencial para producir salmones es del orden de las 50 mil toneladas anuales, cuyo valor de exportación ascendería a 300 millones de dólares, lo que en el presente decenio fácilmente se puede lograr, ya que en la actualidad la producción equivale a un tercio de esta cifra.
Pero, señor Presidente, y señores Senadores, creo que en la discusión particular de este proyecto de ley será necesario estudiar los mecanismos de protección de la calidad de las aguas interiores -de lagos y ríos-, ya que muchas poblaciones dependen de ellas en su consumo, como es el caso, por ejemplo, en el lago Ranco, de los mil habitantes de la isla Huapi, o bien, de ciudades como Valdivia, Río Bueno y otras, que obtienen su abastecimiento directamente de los ríos.
Del mismo modo, es preciso establecer normas para evitar la contaminación visual del paisaje de la denominada "Suiza americana", localizada en los lagos chilenos, que abre enormes perspectivas al desarrollo y progreso de nuestra Región.
Igualmente, deben adoptarse medidas para proteger los semilleros de la fauna y flora marítimas establecidos en los estuarios de los ríos, como el Lingue, Valdivia, Bueno, Maullín, Pudeto, etcétera.
Y, finalmente, resulta conveniente facilitar la actividad de construcción naval de embarcaciones de pesca artesanal, de alta mar y deportivas, que han alcanzado niveles tecnológicos de competencia en el plano internacional en los últimos años.
Para proteger las perspectivas futuras de la Décima Región, señor Presidente, estimo indispensable considerar los factores señalados, los cuales, en mi opinión, serán fundamentales en su devenir.
Por lo tanto, junto con enunciar cuáles serán los motivos de preocupación regional en la discusión particular, anuncio mi voto favorable a la iniciativa en general.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Páez.

El señor PÁEZ.- Señor Presidente, cuando la Comisión de Pesca comenzó el estudio de este proyecto estaba consciente de cuál era su complejidad y de la tremenda importancia que tenía esta legislación para la economía del país.
Tuvo la suerte de contar con un extraordinario asesoramiento. Pero también se dio el tiempo necesario, antes de que llegara el texto al Senado, para iniciar un recorrido por las diferentes zonas del país donde están concentradas las pesquerías más importantes, a fin de tomar contacto con los empresarios, los trabajadores de las industrias, los pescadores artesanales; es decir, con todos los agentes que intervienen en este vital proceso para nuestra economía y para algunas regiones.
Creemos que se ha efectuado un estudio acucioso -y lo demuestran las 500 páginas que los señores Senadores tienen en sus escritorios-, en el que realmente se ha tratado de hacer lo mejor posible, con la asesoría técnica que mencioné.
Es importante destacar que en esta materia no ha habido en ningún momento una postura política en la Comisión. Sólo nos guió el deseo de elaborar una legislación adecuada y eficiente para resguardar estos recursos.
De los 13 Títulos que componen el proyecto, hay uno que es controvertido: el Título III (acerca del cual se ha hablado en detalle); pero pensamos que lo que está en estudio -y que seguramente los señores Senadores podrán enriquecer en la discusión particular- dista mucho de ser una camisa de fuerza o una iniciativa que no permitirá la posibilidad de expansión o de manejo del sector pesquero del país.
Se regulan aspectos importantísimos, como el tratamiento del sector acuícola, por ejemplo, que es fundamental, especialmente para la Región que represento.
En definitiva, si alguna cosa podríamos echar de menos en relación con estas normas es que no existe el elemento humano suficiente en los organismos técnicos para efectuar los controles necesarios. Es algo que el texto en debate no contempla. Y tendría que aumentarse, a mi juicio, la dotación para tales fines. Si los señores Senadores de la Oposición están conscientes del problema y de su importancia, deberían facilitar la posibilidad de que el organismo técnico estatal de pesca contara con una planta de funcionarios que permitiera un control adecuado en este ámbito.
Aquí se habló del molusco loco, que está en veda. Se estima, señor Presidente y Honorables colegas, que están llegando a los mercados internacionales 180 toneladas mensuales de este molusco, que salen de contrabando. Tal como dijo el Honorable señor Hormazábal -en mi Región ello también afecta mucho-, quienes reciben una mísera paga por esa actividad son precisamente los pescadores artesanales. Y hay verdaderas mafias, que son las que se favorecen con ese tráfico. Una de las formas de evitarlo es ejerciendo la capacidad de control, que obviamente es escasa.
Considero que ésta es una muy buena legislación, un proyecto de ley que ha sido estudiado con mucha conciencia y gran sacrificio. No es común en las prácticas del Senado y del Congreso alabarnos entre los Parlamentarios, pero creo que merecen un reconocimiento especial la dedicación, el esfuerzo y la responsabilidad que en esa labor puso el Presidente de la Comisión de Pesca de esta Corporación, el Honorable señor Mc-Intyre. A mi modo de ver, sin su diligencia y preocupación, a lo mejor esta iniciativa no habría resultado tan bien elaborada.
El texto podrá ser enriquecido y a su respecto podrán formularse indicaciones. Estoy absolutamente convencido de que no va a constituir una camisa de fuerza, sino que será una legislación que va a preservar los recursos y a favorecer el desarrollo, no sólo de los industriales, no sólo de la gente de capital -que es valiosísima e importante en el proceso extractivo y en el aspecto acuícola-, sino que también, señor Presidente, de los pescadores artesanales, cuyos intereses protege, lo que beneficiará especialmente a aquellos que habitan en la isla de Chiloé y la provincia de Llanquihue.
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, me parece que hay un vacío en el articulado. Me refiero a la inquietud que indudablemente existe acerca de la depredación, de la captura excesiva de especies, tanto pelágicas como demersales.
Pero se plantea otra situación, asimismo, de carácter muy puntual.
Es de todos los señores Senadores conocido que el año pasado, en el lago Rapel -también tenemos aguas interiores en la Sexta Región, señor Presidente-, hubo una mortandad de peces, la que hasta el día de hoy no ha tenido una explicación clara. Y recientemente, en el sector de Bucalemu, en el extremo sur de nuestra costa -aludo al Bucalemu modesto, no al que se encuentra en la Quinta Región-, se produjo la misma situación, sin que se hayan conocido las causas.
Juzgo indispensable, señor Presidente y señores Senadores, incluir en el articulado alguna disposición que permita investigar acuciosamente estos fenómenos, porque no sólo se trata de preservar el recurso, de evitar la depredación, sino también de impedir que los hechos que menciono se produzcan. En los casos señalados ha habido muertes masivas de peces -repito-, sin ninguna explicación hasta el momento.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, me sumo a las expresiones vertidas en esta ocasión en cuanto a la importancia fundamental de este proyecto. También adhiero a las felicitaciones a la Comisión respectiva por la labor cumplida.
Sólo deseo agregar un antecedente.
Es conveniente que el Senado -y el Congreso, en general- despache cuanto antes esta iniciativa, a fin de que la industria pesquera conozca en todos sus aspectos las reglas del juego, porque creo que en este momento está algo inquieta al no saber cuáles van a ser las normas que regirán en el futuro.
En la actualidad hay una crisis, al menos en la Segunda Región, en dicha industria: por un lado, no hay pesca, la cual ha disminuido considerablemente; por el otro, han subido los insumos, como el petróleo, que es fundamental para la operación de los barcos. Además, ha bajado el precio de la harina de pescado en el mundo, sobre todo por la competencia que efectúa en este momento Perú, cuya industria pesquera ha renacido. Asimismo, los retornos que se perciben han disminuido, al mantenerse el valor del dólar. De manera que existe -repito- una crisis. Puedo citar como ejemplo que en Mejillones ha habido despidos de casi 100 personas en las industrias pesqueras, porque, sencillamente, las plantas que fabrican harina de pescado no funcionan.
En consecuencia, sabiendo que éste es un tema muy complejo e importante, pienso que es deber del Congreso despachar cuanto antes el proyecto, considerando todos los aspectos que se han destacado, con el objeto de que se sepa a ciencia cierta cuáles son las reglas que regirán en lo futuro -reitero- y de que la empresa pesquera esté en conocimiento de cuáles serán sus limitaciones, sus derechos y las condiciones en las cuales se va a desarrollar.
Quiero destacar, también, mi gran satisfacción por todo lo que se ha manifestado respecto de los pescadores artesanales, quienes han tenido a lo largo del país, inclusive en la Segunda Región, la vieja aspiración de contar con una zona exclusiva, fuera de cuyos límites puedan pescar, además, cuando no permita una captura suficiente.
Votaré, por lo tanto, favorablemente este proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Trataré de ser muy breve, señor Presidente, porque a estas alturas el debate se ha extendido demasiado.
Desde luego, quiero dejar constancia de mi posición favorable a la idea de legislar, así como de la necesidad de establecer reglas del juego claras y estables para el sector; de evitar la arbitrariedad funcionaría, y de dictar normas que favorezcan la pesca artesanal. Señalo esto último porque en la circunscripción que represento, desde Quintero hasta prácticamente el norte de Papudo, existe una intensa actividad de ese carácter, que da trabajo a mucha gente modesta y determina que tengamos necesariamente que preocuparnos de un tema de esta importancia.
Asimismo, me asocio al reconocimiento que se ha hecho en la Sala respecto a la labor del Presidente de la Comisión y de sus integrantes. Me parece de justicia reiterarlo, porque la verdad es que también he sido testigo de su intensa preocupación acerca de la materia que nos ocupa.
Hago presente -repito- mi posición favorable a la idea de legislar.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Se ratifica el acuerdo de Comités en el sentido de que hay plazo hasta el 27 de noviembre, a las 12, para presentar indicaciones.

Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
El señor VALDÉS (Presidente).- Hay una indicación formulada en la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del 6 de noviembre en curso por el Honorable señor Zaldívar, para formar una Comisión Especial, integrada por Senadores de todos los sectores, que se encargue de buscar y encontrar una solución al problema de los deudores en unidades de fomento en materia habitacional y de determinar un sistema de reajustabilidad acorde con sus ingresos.

El señor ROMERO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, me alegro de que se trate en esta oportunidad la indicación del Honorable señor Zaldívar y de que Su Señoría haya compartido la preocupación expresada desde estas bancas respecto del problema de los deudores hipotecarios.
Si los señores Senadores revisan la Versión Taquigráfica de la sesión de ayer, se van a encontrar con que dicha preocupación, en efecto, surgió en este sector. Y, naturalmente, el Honorable señor Zaldívar, con un buen sentido de la oportunidad, no dejó pasar ese hecho y presentó la indicación que nos ocupa.
Por mi parte, señor Presidente, me asocio con mucha alegría -repito- a la proposición que se hace.

El señor HORMAZÁBAL.- "¡Risas en la Sala!"


El señor VALDÉS (Presidente).- Señor Senador, las buenas ideas siempre son contagiosas.
Creo interpretar lo planteado por el Honorable señor Zaldívar en el sentido de que debe determinarse quiénes integrarán dicha Comisión, para lo cual podría facultarse a los Comités, lo que permitiría a éstos abocarse a ello mañana por la mañana.
Si no hubiera observaciones, así se acordaría.
Acordado.

Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20:14.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.