REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 24ª, en miércoles 12 de diciembre de 1990
Ordinaria
(De 10:45 a 13:41)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEUX, PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Guzmán Errázuriz, Jaime
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandera Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Pacheco Gómez, Máximo
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario .
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Thayer Arteaga, Wüliam
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 38 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Cámara de Diputados: Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, con excepción del nuevo artículo 9o permanente, que ha rechazado, y que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los cinco integrantes que señala.
-Se toma conocimiento, y se designa como integrantes de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores miembros de la Comisión de Minería.
Con el segundo comunica que ha tomado conocimiento del rechazo por parte del Senado a determinadas modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre libertad de expresión y del nombre de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, y que, al efecto, a su vez, ha designado a los cinco integrantes que señala.
-Pasa a la Comisión Mixta respectiva.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
En conformidad a lo acordado ayer por los Comités, iniciaremos la sesión con homenajes.
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente:
Anteayer se cumplieron 42 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La aprobación se produjo sin ningún voto en contra, con 48 sufragios a favor -incluyendo el apoyo entusiasta de nuestro país- y con sólo ocho abstenciones, que correspondieron a la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Ucrania, Bielorrusia, Sudáfrica y Arabia Saudita.
Sin duda, dicha Declaración marcó un hito trascendente en la historia de la humanidad, por cuanto por primera vez la inmensa mayoría de los países, en forma libre y soberana, aceptó un conjunto de derechos básicos de las personas y un sistema de principios fundamentales de la conducta humana, a lo cual se dio validez universal.
Como lo han señalado muchos juristas, la acción de las Naciones Unidas tendiente a la promoción y defensa de los derechos humanos, para ser eficaz, requiere no sólo declaraciones universales, sino también la elaboración de pactos internacionales de derechos humanos obligatorios para los Estados firmantes y el establecimiento de órganos jurisdiccionales encargados de controlar el respeto a estos convenios y, en general, la adopción de medidas internacionales destinadas a la aplicación efectiva de los derechos del hombre.
A la luz de este concepto universal de derechos humanos, que no reconoce fronteras, es indudable que aún falta un largo camino por recorrer para garantizar eficazmente el cumplimiento, en todos los países y para todos los hombres, de los contenidos de esa Declaración Universal.
Sin embargo, ella constituye un gigantesco paso adelante en la permanente historia de la humanidad en materia de identificación y protección de los derechos del hombre.
Tal vez, el primer reconocimiento de la dignidad y de esos derechos está contenido en el Antiguo Testamento, en el libro del 40 Génesis, cuando se establece que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Desde entonces ha habido múltiples documentos e iniciativas del hombre que han significado pasos adelante en esa dirección. Podríamos mencionar la Carta Magna, en 1215; la Constitución de los Estados Unidos, el año 1787; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948; múltiples encíclicas de los Papas, particularmente de Juan XXIII y Juan Pablo II; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 1966, hasta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, firmada en septiembre de este año, con ocasión de la visita del Presidente Aylwin a esa Organización, durante una reunión a la cual tuve el privilegio de asistir.
No obstante, la historia de progreso de la humanidad en materia de derechos humanos no se ha detenido. Y es bueno que continúe adelante.
De hecho, el progreso en materia de derechos humanos siempre ha estado vinculado a dos grandes cauces de pensamiento: la vertiente humanista de origen racionalista y la vertiente humanista de origen cristiano.
Los historiadores relacionan la primera, en sus orígenes, con la asimilación por los romanos de la cultura griega, expresada en la traducción de la palabra "paideia" por el vocablo latino "humanitas", que fue la expresión predilecta de Cicerón y que se identificó con el término, también griego, "filantropía", que significa "amor al hombre", "amor a la humanidad". Estos vocablos resurgieron en el mundo clásico y tuvieron, tal vez, su expresión más clara en el racionalismo iluminista del siglo XVIII, siendo Kant el mejor exponente de tal tendencia.
La corriente cristiana agrega conceptos distintos a los argumentos establecidos por la racionalista. Además de hablar de virtudes naturales, como la justicia, la sabiduría y la prudencia, añade las ideas de fe, esperanza y caridad.
Siempre me ha reconfortado la energía, claridad y profundidad con que la Iglesia Católica -incluyendo en forma muy especial al Papa Juan Pablo II- ha tratado el tema de los derechos humanos, llamándolos con ese nombre, identificándolos uno a uno, transformándose en su más decidida defensora y convocando a todos los hombres de buena voluntad -y en primer término a los católicos- a respetarlos, defenderlos y promoverlos.
Hoy subsisten en Chile dos situaciones de naturaleza muy distinta; pero creo que no son incompatibles.
Por una parte, el tema de las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo constituye una herida abierta y dolorosa en la sociedad chilena. Las víctimas están en todos los sectores, y nadie puede decir que se halla exento de responsabilidad en estas materias. Nada sacamos con ignorar esta situación y esconder la cabeza. Las heridas no sanan sólo con cubrirlas o ignorarlas. Tampoco lograremos nada bueno hurgando permanentemente en esta herida hasta transformarla en una gangrena que termine destruyendo la sana convivencia entre los chilenos.
Pero, conjuntamente con la existencia de esta herida abierta, hay en Chile un profundo anhelo de paz y reconciliación. Y su consecución constituye un imperativo del presente, y no del futuro, y una tarea de todos, y no sólo de algunos.
La pregunta es cómo conciliar estas dos situaciones de tan diferente naturaleza. Sin duda, ello representa uno de los más grandes desafíos que enfrenta hoy la sociedad chilena.
Creo que la reconciliación debe fundarse en la verdad. San Pablo decía: "Sólo la verdad nos hará libres". Pero la real disyuntiva de la sociedad no es si enfrenta o no la verdad. Pretender ignorar ésta es como querer detener el mar con las manos. La verdad está surgiendo y surgirá con su propia fuerza. El real desafío que enfrentamos son nuestra voluntad y capacidad para encarar esa verdad en forma global -con sus fundamentos y su historia; no una verdad parcial, sino toda la verdad- y con altura de miras, generosidad de alma y sentido de futuro.
Pienso que, al igual como no existirá efectiva reconciliación sin verdad y justicia, tampoco la habrá sin perdón.
En tal sentido, estimo muy oportuno recordar las reflexiones que hiciera el Papa Juan Pablo II durante su estadía en Chile: "Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento. No se puede progresar agudizando las divisiones.". Y terminó recalcando: "Es la hora del perdón y la reconciliación.". Estas palabras fueron aplaudidas por todos los chilenos. Ahora tenemos la mayor responsabilidad: no sólo aplaudirlas, sino transformarlas en realidad.
El perdón cristiano -ya que me he referido a la palabra "perdón"- establece dos requisitos básicos para su perfeccionamiento: primero, arrepentimiento, y segundo, firme propósito de enmendar. Yo me pregunto: ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer nuestras propias -culpas y responsabilidades? ¿Quién puede negar hoy que la introducción y legitimación de la violencia como instrumento de lucha política por ciertos partidos durante la década de los 60 constituyo un atentado grave a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos? ¿Quién podría negar ahora la amenaza que significó para los derechos esenciales de los chilenos la posible consolidación, hace 20 años, de un régimen marxista como el de la Unidad Popular, inspirado en las llamadas "democracias populares", cuyo derrumbe, en la actualidad, nadie lamenta, nadie siente, y al cual, por el contrario, muchos dan la bienvenida? ¿Quién puede negar hoy día que durante el Gobierno militar se cometieron graves y reiterados atropellos a los derechos humanos? ¿Quién puede negar ahora que durante ese período muchos no alzamos nuestras voces de protesta o no lo hicimos con la suficiente fuerza como para haber producido un cambio significativo en la situación? ¿Y quién puede negar hoy día que fracasar en el desafío y en el camino del desarrollo, en la eliminación de la pobreza y en el otorgamiento de oportunidades iguales constituye otra forma de atentar contra los derechos económicos y sociales del hombre, que también forman parte de los derechos humanos? ¿Quién puede tirar la primera piedra?
Esto, sin duda, no significa que todas las culpas o responsabilidades sean equivalentes. Es obvio que existen responsabilidades de distintos grado y naturaleza. Pero una cosa es clara: cuando se trace la línea divisoria entre el bien y el mal -porque algún día esa línea se trazará-, no es verdad que a un lado quedará un sector y en el lado opuesto el otro; sabemos muy bien que esa línea pasará por la mitad del corazón de cada hombre, separando lo bueno y lo malo que todos tenemos.
Y respecto de la segunda condición del perdón -el firme propósito de enmendar-, yo pregunto a mis Honorables colegas: si pudiéramos retroceder el reloj a los años 60, ¿no nos comportaríamos en forma diversa, con mayor sabiduría, con más tolerancia, con mayor prudencia, más generosamente y, en especial, con mayor respeto por la paz y los derechos esenciales de todos los hombres?
En cuanto al futuro, ¿quién quiere hoy día replicar exactamente el pasado, cualquier pasado? ¿Quién no tiene la aspiración de un futuro distinto?
En síntesis, creo que están las bases fundamentales que permitirán conciliar la situación de una herida abierta en materia de derechos humanos con el anhelo profundo de la inmensa mayoría de los chilenos por una paz y una reconciliación verdaderas.
Tenemos distintas visiones respecto al pasado; no coincidimos acerca de cuándo y por qué se perdieron en Chile la democracia, la paz y la sana convivencia. Ciertamente, son diferencias importantes y legítimas; pero son diferencias respecto del pasado. Pero también es cierto -y mucho más- que hoy tenemos significativas coincidencias en cuanto al sistema democrático, al modelo de desarrollo y a la importancia de la igualdad de oportunidades. Hacia allá queremos avanzar. Y estas coincidencias no sólo son significativas, sino que inciden en el futuro. Esto implica una gran ocasión y un tremendo potencial para que Chile, como nunca antes conoció en el pasado, dé un paso gigantesco hacia adelante en materia de democracia, desarrollo y justicia.
No podemos permitir que el pasado asesine al futuro. En esta oportunidad, con circunstancias tan favorables, no tenemos derecho a fracasar. Porque, en último término, ¿quién, si no nosotros, deberá resolver en qué país queremos vivir en el futuro y en qué país deseamos que vivan nuestros hijos?
Debemos ser capaces de superar muchas ataduras, traumas y divisiones del pasado, con el objeto de empezar a enfrentar hoy la agenda del futuro.
La sociedad chilena tiene una deuda con las víctimas de la violencia, civiles y militares. Debemos intentar reparar el daño causado, a través de medidas de carácter moral, legal y económico, y, sobre todo, facilitando la reincorporación de esas víctimas a la sociedad chilena.
Debemos prevenir en esta materia, educando a la juventud en los valores del respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos esenciales.
Debemos restablecer una relación fructífera y respetuosa entre el mundo civil y el mundo militar, de acuerdo a los principios fundamentales de la democracia y a la importancia y trascendencia de la labor que cumplen las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo.
Debemos admitir, sin reserva de alguna naturaleza, que en toda situación excepcional, por extrema que ella sea, incluyendo la guerra interna o la externa, hay normas morales y jurídicas que deben ser respetadas por todos -combatientes y no combatientes; civiles y militares; jefes y subordinados-, y que, además, deben existir los recursos para hacerlas efectivas. En esta materia, la circunstancia de que la Corte Suprema de Chile haya declarado carecer de jurisdicción para conocer recursos de amparo y ejercer facultades disciplinarias sobre los tribunales militares en tiempo de guerra interna en la etapa inmediatamente posterior al 11 de septiembre de 1973, significó, en mi opinión, un retroceso' en la evolución histórica del Derecho en nuestro país y tuvo las importantes y graves consecuencias que la comunidad nacional conoce hoy.
No debemos mirar al pasado sólo para acusarnos mutuamente, sino, principalmente, como una fuente de experiencias y lecciones para no repetir los errores cometidos.
Debemos consolidar una democracia moderna, participativa y descentralizada, en la que realmente imperen la libertad, el respeto y la paz.
Debemos consolidar un sistema económico libre, que nos permita superar el subdesarrollo, derrotar la pobreza y acercarnos a un mundo de mayor igualdad de oportunidades.
Debemos proteger la naturaleza y el medio ambiente.
Y, sobre todo, debemos ser capaces de construir un país fundado en sólidos valores éticos y morales, para impedir que, junto con el retiro o la derrota de la pobreza material, aparezcan las enfermedades de la riqueza, como la destrucción de la familia, la drogadicción, los suicidios, la soledad, la desesperanza, y tantos otros males que afectan a países que han superado el subdesarrollo y alcanzado altos grados de riqueza. A veces, las enfermedades de la riqueza son peores que las de la pobreza.
Precisamente porque tenemos esta maravillosa agenda por delante, debemos lograr que, así como 1990 fue el año de la paz y la verdad, 1991 sea, definitivamente, el año de la paz y la reconciliación entre los chilenos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, señores Senadores:
Con motivo de haberse celebrado el 10 de diciembre pasado el 42° aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, deseo rendir este homenaje en nombre propio y de los Senadores de la Democracia Cristiana.
El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana y su manifestación en declaraciones de carácter político y jurídico se han ido concretando y precisando a través de la historia, hasta constituir un testimonio del progreso de la conciencia moral de la humanidad.
Este proceso no ha sido espontáneo ni permanente, sino consecuencia de una lucha del hombre por superarse; se ha realizado dificultosamente, con avances y retrocesos, y se ha traducido en una ampliación del número y contenido de estos derechos y en una expansión del campo personal y territorial de su vigencia y protección jurídica.
Durante el siglo XX debemos destacar tres importantes Declaraciones, que dieron origen a otros tantos sistemas de la protección internacional de los derechos humanos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; la Declaración Universal de Derechos Humanos, del mismo año, y la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, de 1950.
Declaración Universal de Derechos Humanos
En 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acordó la creación de la Comisión de Derechos Humanos, la que fue presidida por la señora Eleonora Roosevelt (viuda del ex Presidente norteamericano Franklin Délano Roosevelt).
La Comisión celebró numerosas sesiones durante cerca de dos años, en las cuales sus miembros -que representaban a distintos Estados- plantearon puntos de vista muy diversos, e incluso divergentes, inspirados en el humanismo cristiano, el marxismo y la filosofía china. Es de justicia destacar la actuación del representante de Chile, Embajador señor Hernán Santa Cruz. Finalmente, no obstante las notables discrepancias de opiniones existentes entre los delegados, se llegó a un acuerdo práctico sobre un proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual, después de prolongados debates, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, el 10 de diciembre de 1948. La aprobación se produjo sin ningún sufragio en contra, por 48 votos a favor y 8 abstenciones, correspondientes a la Unión
Soviética, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Yugoslavia, Unión Sudafricana y Arabia Saudita.
El delegado de la Unión Soviética consideró que el proyecto de Declaración no satisfacía las tres condiciones que, ajuicio de su país, eran indispensables para su adecuado perfeccionamiento, a saber: una garantía de las libertades en favor de todos y el debido resguardo de la soberanía nacional de los Estados; una garantía de que los derechos humanos serían ejercidos teniendo en consideración las condiciones económicas, sociales y nacionales propias de cada país, y una definición de los deberes de los ciudadanos para con su nación, su pueblo y su Estado. "Deploro" -dijo- "que no se condenara al fascismo en ninguna parte del proyecto.". Declaró, finalmente, que los derechos explicitados en el proyecto de Declaración eran ilusorios, ya que carecían de garantías efectivas.
Críticas similares expresaron los delegados de Bielorrusia y de Ucrania.
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Los derechos humanos constituyen, por lo tanto, el fundamento de legitimidad moral y jurídico de todo Estado nacional moderno, y una exigencia que la humanidad ha establecido para todos los hombres y países, considerando que toda violación de ellos es una agresión contra la libertad, la justicia y la paz del conjunto de los pueblos del orbe.
Como lo expresara el Papa Juan Pablo II en el mensaje enviado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, "la comunidad internacional no puede tolerar que los Estados miembros de esta organización violen sistemática y abiertamente los derechos fundamentales, practicando la discriminación racial, la tortura, la represión política e ideológica, la eliminación de las libertades de opinión y de conciencia".
Obligaciones de los Estados y las personas respecto a los derechos humanos
El sistema jurídico de los derechos humanos se ha establecido definiendo obligaciones específicas y concretas, para los Estados, los pueblos y las personas, respecto al cumplimiento de los compromisos que sobre esta materia se han suscrito y a la promoción de los valores que los inspiran.
Esas obligaciones, en cuanto a los Estados y Gobiernos, son, principalmente, las siguientes:
-Para ser miembro de la Organización de las Naciones Unidas hay que estar capacitado para cumplir con las obligaciones que se han convenido en materia de derechos humanos, y todo miembro de ella que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado.
-Los Estados deben promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades en toda la nación. Del mismo modo, tienen la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas en todo el orbe.
-Los Estados están obligados a dictar las disposiciones legales que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos establecidos.
-Los Estados se han comprometido a garantizar el derecho humano al recurso de amparo o hábeas corpus, de modo que cada vez que aquellos derechos sean violados, aun cuando la violación la cometan personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales, la autoridad judicial o la prevista por el sistema legal del Estado ampare a quienes sufren daño en sus derechos esenciales.
En síntesis, los Estados están obligados a respetar los derechos humanos para pertenecer y seguir perteneciendo a la Organización de las Naciones Unidas; deben promover estos derechos en la cultura nacional mediante la educación y la enseñanza; deben reconocerlos explícitamente en su propia legislación y están obligados a establecer el derecho humano al recurso de amparo o hábeas corpus, a fin de que las personas puedan protegerse contra toda violación de los mismos; y, por último, deben controlar el cumplimiento de esas obligaciones por todas las naciones y Estados del mundo.
Por su parte, las personas, junto con asistirles el derecho a que se establezca un orden social e internacional donde los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se hagan efectivos, tienen la obligación de esforzarse por la observancia de los derechos reconocidos en los pactos internacionales citados y, por supuesto, en esa Declaración.
Violación de los derechos humanos
De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los pactos y convenios internacionales, se entiende por violación de tales derechos la lesión o puesta en peligro de ellos que se realiza, primero» por la autoridad política (Gobierno) o sus agentes, sea en cumplimiento de disposiciones legales en sí mismas atentatorias contra dichos derechos, sea como parte de una política oficial (aunque no se proclame como tal), sea en forma de abusos individuales o aislados de funcionarios o agentes públicos; y segundo, por individuos o grupos privados, en la medida en que actúen por encargo de la autoridad o con el beneplácito de ésta, o en que se vean tácitamente autorizados por la impunidad que les brinda el Gobierno.
Importancia de la Declaración
Mucho se ha discutido sobre la validez jurídica de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La tesis de que la Declaración Universal viene a definir y precisar las disposiciones de la Carta de San Francisco en materia de derechos del hombre y de que, por tanto, es un texto de Derecho Internacional positivo obligatorio para los Estados, ha sido sostenida por ilustres internacionalistas. Lo mismo han sostenido varios Estados, entre los que figuran Australia, Bélgica, Chile, Líbano, México y Panamá. Por mi parte, considero que ésa es la tesis correcta.
Entre las muchas declaraciones gubernamentales oficiales que respaldan esta conclusión, podemos mencionar la Proclamación de Teherán, aprobada en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos reunida en Teherán en 1968, en la que se afirmó que la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional.
Por su parte, las Naciones Unidas han afirmado en reiteradas oportunidades la tesis de que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración de principios de Derecho Internacional aplicables a esta materia, expresa el consenso de la comunidad internacional y, en consecuencia, debe ser considerada como una verdadera fuente del Derecho Internacional. La Declaración contiene obligaciones jurídicas de los miembros de las Naciones Unidas e, incluso, de la organización misma, aunque sean imperfectas desde el punto de vista de su ejecutoriedad.
No obstante, algunos consideran que la Declaración sólo comprende un conjunto de orientaciones o recomendaciones con fuerza moral, pero sin eficacia jurídica. Ello, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene, en principio, competencia legislativa y sólo puede hacer recomendaciones.
El reconocimiento que las instituciones políticas de los Estados estarían judicialmente obligadas a otorgar a la Declaración Universal y, en general, al Derecho Internacional de los derechos humanos constituye un problema vinculado a un antiguo debate en la doctrina jurídica: el de las relaciones jerárquicas entre el Derecho Internacional y los derechos estatales.
Estimo que el Derecho Internacional de los derechos humanos está reconocido como Derecho general, como Derecho Internacional condicionante de la validez de todo otro ordenamiento. Si los Estados creen en los derechos humanos, tienen que aceptar la supremacía del Derecho Internacional de los derechos humanos, como única forma lógica. No digo que hacerlo sea absolutamente necesario, que no puedan existir ordenamientos constitucionales que consagren la superioridad del Derecho Interno sobre el Derecho Internacional. Lo que quiero decir es que, en la medida en que existen ordenamientos jurídicos que se pretendan superiores al Derecho Internacional, en esa medida no se está adscrito al movimiento de los derechos humanos. El Estado que sostenga eso no tiene derecho a afirmar que él es defensor de los derechos humanos, los cuales, hoy, están reconocidos como tales en el derecho universal.
El más grave problema que ha enfrentado la Declaración Universal es. la falta de órganos jurisdiccionales con facultades suficientes para imponer el cumplimiento de los derechos humanos en los distintos países en que han sido violados.
Con el objeto de subsanar en parte estas graves dificultades, se ha propuesto la creación de un alto comisionado que actuaría en esta materia con amplias facultades; pero la iniciativa no ha prosperado hasta la fecha.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, señor Presidente, es un hito trascendente en la historia de la humanidad. Representa un hecho nuevo en cuanto a que, por vez primera, un sistema de principios fundamentales de la conducta humana ha sido libremente aceptado por la mayor parte de los países. Solamente después de su consagración, podemos tener la certidumbre histórica de que la humanidad comparte algunos valores comunes con relación a los derechos humanos.
La Declaración Universal es únicamente el comienzo de un largo proceso del que no estamos en condiciones de ver todavía la realización final. Ella constituye algo más que un sistema doctrinal, pero algo menos que un sistema de normas jurídicas positivas de valor universal.
La comunidad universal se encuentra hoy no sólo ante el problema de otorgar garantías válidas a los derechos humanos, sino también frente al de perfeccionar continuamente el contenido de la Declaración Universal, articulándolo, especificándolo, actualizándolo, de tal manera que sea una garantía efectiva de los derechos humanos. A pesar de las limitaciones e imperfecciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ha ejercido gran influencia durante cuarenta y dos años. Sus principios son considerados como un ideal que todos los pueblos deben alcanzar. Es efectivo que en muchos países estos derechos no se cumplen, pero no por eso la Declaración deja de reconocerse como válida.
Ella ha tenido una considerable repercusión en el campo del Derecho Internacional Público y del Derecho Constitucional. Además, ha inspirado diversas leyes y fallos judiciales en distintos países.
Con la Declaración Universal, comienza una etapa en la que la afirmación de los derechos es, a la vez, universal y positiva. Universal, en el sentido de que ya no sólo son destinatarios de los principios allí contenidos los ciudadanos de tal o cual Estado, sino todos los hombres; positiva, en cuanto pone en marcha un proceso en cuya culminación los derechos humanos no sólo son reconocidos, sino efectivamente protegidos, incluso contra el propio Estado que los viola.
Podemos describir el proceso de desarrollo que termina con la Declaración Universal manifestando, señor Presidente, que los derechos humanos nacen como derechos naturales universales, se desarrollan como derechos positivos particulares, para encontrar, al fin, su plena realización como derechos positivos universales.
Ruego al señor Presidente se sirva ordenar enviar un oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, transcribiendo el texto íntegro de esta intervención.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martin.
El señor MARTIN.-
Señor Presidente, señores Senadores:
Desconocidos en la antigüedad, el advenimiento del cristianismo reconoce los derechos humanos para todos los hombres al realzar, en toda su esplendidez, la dignidad del hombre y el amor al prójimo como primer mandamiento de la Ley de Dios.
Luego, en un proceso de formulación doctrinaria y jurídica, que se extiende durante años y culmina en 1215 con la Carta Magna, comienzan a desaparecer las limitaciones y se hacen ostensibles a un mundo que empieza a valorar la persona humana y a tener fe en sus derechos.
La Revolución Francesa consagra el principio de que "Los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en sus derechos". Y, en el mismo ideal, las Cartas Fundamentales se abren en el mundo hacia la consideración y respeto de los derechos esenciales del hombre como condiciones primarias de su existencia, adentrándose en los sentimientos de todos los individuos.
Y así, siempre avanzando, estos derechos alcanzan valor internacional hasta llegar el día 10 de diciembre de 1948, fecha en que las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagrando, en su portada, el pensamiento ideal de que "La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
Esta Declaración Universal es la base más sólida para llegar a la paz que el mundo anhela, haciendo desaparecer los elementos destructivos que han golpeado a la humanidad en las más cruentas confrontaciones, dejando doloroso recuerdo y amarga experiencia.
Desde que Chile nace a la vida independiente, su evolución constitucional se ha caracterizado por un proceso de perfeccionamiento de las disposiciones relacionadas con los derechos esenciales.
Nuestra actual Constitución Política cumple con la finalidad primordial de fortalecer las libertades y derechos fundamentales, amparando sin discriminaciones a todas las personas, al ser humano que vive en sociedad, que existe y se realiza en los valores y objetivos de la esencia de su vida.
En su texto reconoce mayor número de derechos y libertades que en anteriores Constituciones. El derecho a la vida es una nueva garantía que asegura a todo ser humano el derecho de conservar su vida y de exigir que el ordenamiento jurídico la proteja contra atentados de la autoridad o dé particulares y lleva consigo el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, es decir, el derecho de vivir en la plenitud de las facultades físicas e intelectuales.
Es de importancia, también, el reconocimiento que nuestra Constitución hace de los derechos en su esencia, al señalar, en el número 26° del artículo 19, que preceptos legales referentes a las garantías que consagra "no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.".
Es de interés destacar, asimismo, la disposición del inciso tercero del artículo 21 de la Carta Fundamental que por primera vez trae a ella el denominado recurso de amparo preventivo o precautorio. Acepta que el recurso pueda deducirse, igualmente, en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la- libertad personal y seguridad individual.
Esta garantía fue incorporada a la Constitución teniendo en consideración la adecuada protección de la libertad y el deseo de prestar eficaz e inmediato amparo a una persona en todos los casos en que su libertad o seguridad esté o pueda estar amenazada, lo que lleva a hacerla aplicable a todos aquellos comprendidos en el número 7o del artículo 19.
Señor Presidente, el contenido de la Declaración reafirma la fe en los derechos esenciales; en la dignidad y valor de la persona; en la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los hombres y en la necesidad de crear las condiciones que han de preservar de conflictos a las generaciones venideras, desterrando odios, ambiciones, rivalidades y expansionismos territoriales.
Es el hombre el que actúa en la comunidad y protagoniza la marcha de la historia.
En uno de sus considerandos, la Declaración señala el nexo próximo y fundamental que existe entre la protección de los derechos esenciales y la paz internacional cuando dice "que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
Es evidente que, protegidos los derechos humanos internacionalmente por un sistema jurídico aceptado por todos los pueblos, por cada pedazo de humanidad escondido en cada país, podrá hablarse de paz estable y duradera, de una paz de siglos.
Hoy, al conmemorar otro aniversario de los ideales que sustenta y el profundo contenido espiritual de la Declaración Universal de Derechos Humanos, formulamos nuestro deseo y esperanza hacia su respeto y la pacífica convivencia entre todos los pueblos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
En nombre de la bancada del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, intervengo en esta sesión para referirme a la conmemoración que Chile y los países pertenecientes a las Naciones Unidas celebran con motivo del 42° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, como "el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse".
Esa proclamación de los derechos y libertades fundamentales del hombre representa un enorme progreso en el proceso de evolución de la humanidad y ha permitido orientar e inspirar a la mayoría de los países de la tierra. Con el correr de los años, la Declaración Universal ha llegado a ser la medida para evaluar el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales de los derechos humanos.
Desde su proclamación en 1948, sigue siendo la más importante de las declaraciones de Naciones Unidas y se ha convertido, en la práctica, en fuente ineludible en el campo de los derechos del hombre y su dignidad y en base ética y filosófica de muchos instrumentos internacionales posteriores que, en forma de pactos, obligan a los Estados a proteger los derechos y libertades esenciales de la persona humana.
En nuestros días, la Declaración Universal junto a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al de Derechos Civiles y Políticos -y al Protocolo Facultativo de este último-, que entraron en vigor en 1976, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, pieza matriz de la humanidad y constitutiva de una trilogía que ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento y comportamiento de las personas y de los gobiernos del mundo.
Nuestro país tuvo importante participación en el estudio y redacción de la Declaración Universal. Siguiendo su antigua tradición de apego al Derecho y de participación activa en todas las instancias de la comunidad internacional, no sólo adhirió a sus principios y normas, sino también se distinguió en el concierto latinoamericano como impulsor de su dictación, lo que refleja su condición de país amante de la paz, del Derecho y de la dignidad de los pueblos y de los individuos.
Al recordar esta fecha tan importante para la humanidad, es necesario traer a la memoria las dolorosas circunstancias por las cuales nuestro país ha atravesado durante los últimos 17 años en materia de derechos humanos. Más allá de las razones y las causas de tan dramática situación -a las que no es del caso referirse en esta oportunidad-, es menester mencionar que nunca antes en la historia de la República el país vivió una experiencia similar donde los derechos fundamentales fueron violados de una manera tan sistemática y masiva. Nunca antes los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, recibieron de parte del Estado, obligado a respetarlos y promoverlos, un trato que llevó a nuestro país a ser invariablemente cuestionado tanto por el sistema de Naciones Unidas como por el interamericano. La comunidad internacional, haciendo uso de un derecho y cumpliendo con la obligación que emana de la propia Declaración Universal, observó y recomendó con severidad que se detuvieran las prácticas violatorias, se adoptaran las medidas conducentes a la eliminación de tales normas y prácticas y reiteró su llamado a que Chile volviera a su tradicional cauce democrático.
Ahora que Chile efectivamente se reencuentra con su historia democrática, la celebración de esta fecha nos obliga a reflexionar sobre la forma en que todo el país, su Gobierno, sus partidos políticos, los Poderes del Estado y los movimientos sociales nos hacemos cargo de nuestra historia reciente, a fin de restañar las heridas que nos deja como herencia y a proyectarla positivamente para que nunca más cometamos los errores que las hicieron posibles.
Por ello, al hablar de este inmenso avance de humanidad que representa la Declaración Universal, es necesario rendir un homenaje a las víctimas que ha producido el desconocimiento de sus valores, principios y postulados. Estas víctimas representan un llamado a la conciencia de todo el pueblo de Chile; ellas son la expresión de un error histórico que, para no cometerse más, implica el reconocimiento de ellos como seres humanos dotados de dignidad, cuyo recuerdo, entre nosotros, nos impulsará a vivir en paz y en democracia. Nuestro deber es restituir la condición de ciudadanos a quienes fueron discriminados, perseguidos y maltratados por causa de sus convicciones. Debemos aprender que su sacrificio no ha sido en vano y que nunca más perseguiremos las ideas; que la libertad de conciencia, las libertades públicas y el derecho a organizarse constituyen valores permanentes e irrenunciables, y que será la tolerancia y el respeto a los demás valores lo que hará de nuestro país más grande y más respetado.
Debemos, pues, prestarnos a reparar el daño causado, poniendo al servicio de este deber ético y político lo mejor de nuestro esfuerzo, con generosidad, altura de miras y en el marco de una democracia constituida en un Estado de Derecho. La más importante forma de reparación es la justicia que busca retribuir a cada quien lo que corresponde basada en la verdad, para que ésta, despojada de todo ánimo de revanchismo o venganza, ilumine a gobernantes y gobernados en el común propósito de reencuentro de toda la familia chilena en la solidaridad y fraternidad.
Nada sería más fatal, para ese anhelo nacional de justicia, que olvidarnos del pasado y de sus víctimas. Los socialistas, al menos, no nos olvidamos. La verdadera reconciliación a que Chile aspira sólo puede estar fundada en la verdad y la justicia. Por eso nos anima la esperanza de un futuro mejor. Es una esperanza concreta, que encuentra su sustento en la admirable actitud de quienes, precisamente, han sabido responder con generosidad y responsabilidad a los desafíos de nuestra reconstrucción democrática. Son las propias víctimas y las organizaciones de derechos humanos las que nos llaman a este proceso nacional de justicia, verdad, reparación y reconciliación.
Anteayer, el Excelentísimo señor Presidente de la República, al concurrir a la celebración del 12° Aniversario de la Fundación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dio a conocer la dictación de un decreto supremo que declara el 10 de diciembre de cada año Día Nacional de los Derechos Humanos, recogiendo de este modo el llamado formulado en tal sentido, en 1950, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa, que saludamos como un símbolo importante para la cultura, la educación y la vida de nuestra comunidad nacional, nos interpela a todos los chilenos para hacer de los derechos del hombre una causa permanente de nuestra patria y para constituirse en fundamento de nuestra democracia y también -esperamos- en factor de consenso entre todos los chilenos, a fin de que nunca más, en Chile, recurramos a la fuerza y a la ruptura democrática para zanjar nuestras diferencias, por legítimas que sean.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas-, en nombre de la bancada Radical-Socialdemócrata, haré uso de la palabra en esta oportunidad.
Hace exactamente cuarenta y dos años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo Preámbulo y artículo 1o, por su incuestionable valor humano y vigencia permanente, creemos necesario y útil reproducir.
Dice la Declaración:
"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
"Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que lo seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
"Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
"Considerando también esencial el promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
"Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
"Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre; y
"Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
"La Asamblea General
"Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como en los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.".
El artículo 1o de la Declaración señala que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.".
Creemos, señor Presidente y Honorables colegas, que resultan particularmente acertadas las palabras empleadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos -tal vez el más importante instrumento jurídico en la historia de la humanidad- cuando da cuenta de su propia naturaleza señalando que se trata de un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
Efectivamente, la realidad existente en el mundo en la propia época de la Declaración y los múltiples y dolorosos ejemplos que la Historia se ha encargado de colocar con posterioridad -de los que, desgraciadamente, no ha estado marginado nuestro propio país- demuestran, sin lugar a dudas, que el respeto universal por los derechos humanos no es un estadio ideal que se haya alcanzado o se alcanzará en forma definitiva e irreversible en algún momento histórico, sino que es, por sobre todo, una tarea y un desafío común y permanente que debemos enfrentar diariamente con fe en el ser humano y en su destino, con fortaleza y valor para luchar contra los atropellos que se pretendan realizar, con sinceridad y sentido de la autocrítica para reconocer nuestras propias falencias y egoísmos.
El desafío del respeto universal a los derechos humanos requiere, en suma, que ejercitemos permanentemente -como lo señala el artículo 1o de la Declaración- nuestra razón y nuestra conciencia, para comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Parece sencillo, pero todos sabemos que no lo es. ¿Cuántas veces la razón se extravía? ¿Cuántas veces la conciencia se acalla, por temor o por interés, para dar paso libre a los extravíos de la razón?
Por eso, señor Presidente, tengo la firme convicción de que los derechos humanos no requieren tanto de homenajes verbales o escritos -que pueden, no obstante, ser útiles para ayudar a difundir y crear conciencia sobre el mensaje imperecedero de la Declaración que hoy recordamos-, sino que, por sobre todo, requieren homenajes reales y concretos, que se manifiesten en la conducta del individuo, a modo de testimonios de auténtica fraternidad y compromiso con la vida y los derechos de nuestros semejantes.
Ese es el verdadero homenaje que debemos rendir y que queremos rendir hoy. Ese es el homenaje que, aun a costa de sus vidas, rindieron muchos hombres que ahora no nos pueden acompañar.
Ese, y no otro, es el homenaje que el pueblo recordará.
Luchemos incansablemente por los derechos humanos.
Transitemos por el camino de la fraternidad.
Ejercitemos la razón; escuchemos siempre a nuestra conciencia.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
A continuación, corresponde rendir menaje en memoria del ex Senador don Julio Duran Neumann. Me han solicitado postergarlo para el inicio de la sesión de esta tarde, que se celebrará a las 16.
¿Habría acuerdo para proceder así?
Acordado.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL Y DE JUSTICIA MILITAR Y DE OTROS TEXTOS LEGALES EN LO RELATIVO A LA PENA DE MUERTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Informe de la Comisión Mixta, formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, para resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley que modifica los Códigos de Justicia Militar, Penal y Aeronáutico para abolir la pena de muerte, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados y calificado de "Suma Urgencia". El plazo vence el 14 del mes en curso,
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13a, en 15 de mayo de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 16a, en 27 de noviembre de 1990.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 31a, en 12 de septiembre de 1990.
Constitución (segundo), sesión 10a, en 7 de noviembre de 1990.
Mixta, sesión 22a, en 11 de diciembre de 1990. Discusión:
Sesiones 4a, en 10 de octubre de 1990 (queda pendiente la discusión); 5a, en 16 de octubre de 1990 (se aprueba en general); 10ª, en 7 de noviembre de 1990 (se aprueba en particular).
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados, me permito sintetizar el correspondiente informe.
El Mensaje del Gobierno del Presidente Aylwin apuntó a la supresión total de la pena de muerte en la legislación chilena. La Cámara de Diputados aprobó la proposición del Ejecutivo, con enmiendas que no alteraron el propósito original. El Senado modificó la propuesta de la Cámara de origen de tal manera que, sin perjuicio de derogar la sanción máxima en numerosos casos, la mantuvo para otros delitos.
En el tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados rechazó la mayoría de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado, con lo que quedó configurada la discrepancia cuya solución compete resolver a esta Corporación.
En la discusión de la Comisión Mixta, el Diputado señor Jorge Molina formuló indicación para conservar la pena de privación de la vida única y exclusivamente para delitos del Código de Justicia Militar cometidos en tiempo de guerra externa.
Explicó el autor de tal propuesta que, no obstante ser ferviente partidario de la posición abolicionista en esta materia, le parecía que de esta forma se podría encontrar un acuerdo que conciliara las dos tesis opuestas que se han manifestado en el curso de la tramitación del presente proyecto de ley.
La Honorable señora Soto, el Senador que habla y el Diputado señor Andrés Aylwin secundamos la indicación haciendo presente que, no obstante ser contrarios a la idea de mantener la pena de muerte, aunque fuera para algunos casos, la acogíamos solamente en el entendido de que se trata de una solución posible para resolver el problema planteado.
Los Honorables señores Diez y Guzmán manifestaron su disconformidad con la indicación, señalando que el Senado ya hizo el esfuerzo de examinar en detalle las leyes chilenas que imponen la pena de muerte, y que, como resultado de ese examen, la suprimió en todos los casos en que le pareció injustificada o excesiva, rebajándola a presidio perpetuo.
Puesta en votación la indicación del Diputado señor Molina, ella fue aprobada por seis votos contra cuatro. Se pronunciaron a favor la Honorable señora Soto y el Senador que habla y los Diputados señores Aylwin, Jara, Molina y Ribera, este último de Renovación Nacional. Lo hicieron en contra los Honorables señores Diez, Fernández y Guzmán y el Diputado señor Ulloa.
Sobre la base del acuerdo precedentemente indicado, se revisaron las disposiciones del artículo 1o del proyecto, de modo de agregar, en los delitos tipificados por el Código de Justicia Militar que imponen como pena la privación de la vida, un nuevo requisito, cual es la situación de guerra externa en que debe ser cometida la infracción. Así, se añade una frase específica sobre este nuevo elemento del tipo en cada artículo, inciso, número o parte de un precepto que definen aquellos delitos militares en los que se adoptó el predicamento de señalar la pena de muerte como el máximo de la escala aplicable.
Por último, se consideró conveniente reiterar, en el artículo 5o nuevo, que agregó el Senado en el segundo trámite constitucional, la exigencia de unanimidad para imponer la pena de muerte en las cortes marciales y en los consejos de guerra, que en el derecho penal común está consagrada por el artículo 73 del Código Orgánico de Tribunales. Por ello, se propuso aprobar este artículo.
Como consecuencia de todo lo anterior, señor Presidente, la Comisión Mixta tiene el honor de proponer al Honorable Senado, como forma de resolver las diferencias producidas entre las Cámaras en la tramitación de este proyecto, adoptar en una sola votación los acuerdos que se detallan más adelante, con mayor precisión, en el proyecto.
Tales acuerdos están referidos a la iniciativa despachada por la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, o a los adoptados por el Senado en el segundo trámite, cuando se trata de nuevas disposiciones agregadas por la Cámara revisora.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Honorable Senado que se sirva aprobar, en una sola votación, el informe de la Comisión Mixta de Senadores y Diputados que mantiene la pena de muerte para los delitos establecidos en el Código de Justicia Militar en caso de guerra externa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, la exposición hecha por el Honorable señor Pacheco da cuenta fiel de lo ocurrido en la Comisión Mixta; de modo que no deseo ex-tenderme al respecto.
Sólo quiero manifestar que, en opinión de los Honorables señores Díez y Fernández y del Senador que habla, debiera rechazarse, también en una sola votación, lo propuesto por la Comisión Mixta, con el objeto precisamente de mantener el criterio aprobado en el Senado en el sentido de que la pena de muerte quede consagrada como pena máxima dentro de una escala -tal cual se configura en nuestro ordenamiento jurídico-, no sólo para delitos del Código de Justicia Militar en tiempos de guerra externa, sino también para los muy graves delitos terroristas y para aquellos más atroces del Código Penal, en que esta Corporación se pronunció en forma mayoritaria mantener la pena máxima.
Por esa razón, señor Presidente, insto al Senado a que rechace el proyecto de la Comisión Mixta también en una sola votación, porque es, según creo, como procesalmente procede.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente y Honorable Senado, como ya se ha manifestado, el Gobierno presentó un proyecto de ley destinado a suprimir la pena de muerte en toda la legislación chilena, por las razones invocadas en el Mensaje.
Entendemos que, cuando hay discrepancias entre los integrantes del Poder Legislativo, deben buscarse las formas de llegar a acuerdo para que la ley exprese claramente la voluntad soberana del pueblo.
A nuestro juicio, el acuerdo que se logró por mayoría en la Comisión Mixta, si bien no satisface plenamente las sugerencias y proyectos del Poder Ejecutivo, radica la mantención de la pena de muerte en los delitos militares en caso de guerra externa, como lo contemplan algunos de los países democráticos. Parece cuerda la proposición de la Comisión Mixta, ya que hay un sacrificio por parte de los representantes en ella de la Cámara de Diputados, de las distintas corrientes de opinión, con miras a obtener una expresión de la voluntad legislativa plena.
Quiero señalar, al mismo tiempo, que el Presidente de la República no ha promulgado ni publicado aún el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, sobre conductas terroristas, precisamente para adecuar su vigencia a las normas contenidas en esta iniciativa tocante a la pena de muerte, en la medida en que en aquel proyecto se sustituyó el sistema de penalidad. En él no se contemplan normas específicas que condenen a muerte; sólo se podría llegar a ella por agravación. De manera, entonces, que -reitero- no hemos promulgado ni publicado aún el proyecto señalado, para adecuarlo a lo que se apruebe con relación a la pena de muerte en la iniciativa que estamos examinando.
Parece innecesario, señor Presidente, tener que insistir en las razones por las cuales la pena de muerte en la legislación común y especial -no tratándose de delitos militares- ha de justificarse, puesto que estimamos que los argumentos dados en esta Corporación para mantener tal pena en los delitos en caso de guerra externa pueden tener una justificación en caso de una conflagración en que nuestro país se vea enfrentado a otra nación. Pero al interior de nuestro territorio, cuando se trata de delitos comunes o de aquellos de leyes especiales, nos parece que debe prevalecer esencialmente el sistema de rehabilitación, antes que los de disuasión o de vindicta.
Por estas razones, señor Presidente, con la aclaración que he hecho respecto al proyecto de ley de conductas terroristas, compartimos la iniciativa aprobada por la Comisión Mixta de Diputados y Senadores por 6 votos contra 4, recordando que la mantención de la pena de muerte se aprobó en el Honorable Senado por un voto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Gracias, señor Presidente.
Deseo formular una consulta a los miembros de la Comisión -por desgracia, el informe recién lo tengo en mi poder, no lo he leído íntegro y, como uno no participa en todas las Comisiones, a veces no puede seguir el detalle en su totalidad-: había una distinción, planteada en una oportunidad respecto de la pena de muerte en cuanto a los militares, diferenciando, dentro de los que vestían uniforme, entre profesionales y aquellos que no revestían tal carácter ¿Eso se eliminó, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
- Sí, señor Senador.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional dispone lo siguiente: "No podrán ser objeto de indicaciones, y se votarán en conjunto, las proposiciones que hagan las comisiones mixtas".
Por lo tanto, según esa norma, debe votarse en conjunto todo el informe de la Comisión Mixta.
Si ningún señor Senador desea usar de la palabra, cerraríamos el debate.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión Mixta.
-(Durante la votación).
El señor PAPI.-
Voto por aprobar el informe.
El señor HUERTA.-
No, por las múltiples razones que he dado respecto al momento que está viviendo el país.
El señor SIEBERT.-
Mi opinión es igualmente negativa, pero lamentablemente estoy pareado con el Honorable señor Zaldívar.
El señor GAZMURI.-
Apruebo el informe, pero quiero dejar expresa constancia de que procedo en esta forma sólo en virtud de que ello significa restringir la aplicación de la pena de muerte, sanción a la que en principio soy absolutamente contrario.
Ya en otras discusiones he planteado que, a mi juicio, la mantención de la pena de muerte en la civilización contemporánea y en nuestro país, mirando a los años 1990 a 2000, constituye un absoluto anacronismo desde los puntos de vista ético y penal. Y en ese sentido, sólo en virtud de cómo se ha dado el debate en el Congreso voy a tener que aprobar un informe que la mantiene, entiendo, en casos de guerra externa. Desde el punto de vista político y ético no comparto que se mantenga ni incluso en estas circunstancias; pero dado que se restringe por lo menos sólo a ellas, manteniendo esta expresa salvedad voto a favor del informe.
El señor NÚÑEZ.-
Lamentablemente, estoy pareado. De hacerlo, me hubiera abstenido.
En verdad, quiero ser muy consecuente con lo que planteamos desde un primer instante. Lo dije expresa y públicamente: estoy en contra de la pena de muerte en cualquier caso. Creo que, como lo ha dicho el Honorable señor Jaime Gazmuri, nuestro país tiene que caminar definitivamente para abolir esto que constituye todavía parte de la barbarie que reina en el ser humano.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, deseo fundamentar brevemente el voto.
Soy absolutamente contrario a la aplicación de la pena de muerte, y a diferencia de lo que piensan algunos Honorables señores Senadores, lo soy aun más en caso de guerra externa, porque creo que, cuando menos posibilidades tiene una persona de tener un debido juicio y una adecuada defensa, es justamente cuando el país se encuentra en un conflicto.
Por lo tanto, yo debiera votar por el rechazo del informe de la Comisión Mixta, porque mantiene la pena de muerte para el caso de guerra externa. Pero, como un mal menor, considerando que esto va a restringir la aplicación de la pena máxima, y por lo tanto va a evitar que este mismo daño se produzca en otros sectores de la sociedad, voto a favor de dicho informe.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, hemos escuchado elocuentes y brillantes discursos sobre los derechos humanos por parte de muchos de los Senadores presentes aquí.
El primero de dichos derechos es el derecho a la vida. Parece una inconsecuencia que algunos Honorables colegas que hacen brillantes alocuciones respecto a los derechos humanos, en un momento dado voten contra el primero de los derechos.
Soy contrario a la pena de muerte, pero, dadas las circunstancias, voto a favor del informe.
El señor PALZA.- Voto en favor del informe, porque considero que es un avance dentro de lo que todos queremos eliminar definitivamente: la pena de muerte.
El señor PACHECO.- Señor Presidente, voto a favor del informe, pero reiterando lo que dije en la Comisión Mixta: soy partidario de la abolición absoluta de la pena de muerte, y si estoy votando en este sentido, es exclusivamente por las razones que ya expuse anteriormente.
La señora FREI.-
Señor Presidente, apruebo el informe, pero quiero dejar expresa constancia de que soy contraria a toda pena de muerte.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, soy contrario a la pena de muerte, pero voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, de no estar pareado habría votado a favor del informe, a pesar de que tampoco satisface plenamente mi posición con respecto a la pena de muerte. Pero, como se ha señalado, significa un avance en esta materia.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Resultado de la votación: 16 por la negativa, 14 votos por la afirmativa y 4 pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).- Se rechaza el informe de la Comisión Mixta.
MODIFICACIÓN DE LEY N° 15.840, ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En el segundo lugar de la tabla, figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y establece diversas normas relativas a dicho Ministerio.
La Comisión de Obras Públicas en la página 13 del informe introduce diversas modificaciones al proyecto de la Honorable Cámara de Diputados.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14a, en 15 de noviembre de 1990.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 24a, en 12 de diciembre de 1990.
Hacienda, sesión 24a, en 12 de diciembre de 1990.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha pedido la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Tengo la impresión de que no ha llegado el informe de la Comisión de Hacienda. De tal manera que yo propondría dejarlo...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se está distribuyendo, señor Senador.
El señor SIEBERT.-
Perfecto.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Por su parte, la Comisión de Hacienda propone aprobar los artículos 3C y 4o despachados sin enmiendas por la Comisión de Obras Públicas. (Véase en los Anexos, documento 4).
En cuanto al artículo 10°, propone algunos reemplazos, que aparecen en la página 6 del segundo informe de la Comisión de Hacienda que se está repartiendo en estos momentos.
El señor LAVANDERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, votaremos favorablemente este proyecto, que fue aprobado por la unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, y sólo tiene una modificación de forma en el artículo 10°. Por esa razón, no le vemos mayor objeción a este proyecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, Honorables colegas, este proyecto de ley que fue tratado y aprobado por unanimidad por los miembros...
El señor NAVARRETE.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
Con la venia de la Presidencia, quería pedir la anuencia de la Corporación para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Obras Públicas, don Juan Enrique Miquel, quien se encuentra en el edificio del Congreso, para que acompañe al señor Ministro en la discusión de este proyecto de ley.
Gracias, señor Senador,
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay inconveniente de parte de la Sala,...
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, yo no me voy a oponer nunca más. Ahora es el Presidente quien deberá velar por la dignidad del Senado, no yo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No creo que esté en juego la dignidad del Senado por entrar a la Sala el señor Subsecretario. Pero participo del acuerdo que tomamos en su oportunidad, en el sentido de que quienes están autorizados para ingresar a la Sala sólo son los señores Ministros. Ese es un criterio que adoptamos oportunamente. No es un problema de dignidad, es un problema de tradición. Y se supone que los Ministros están capacitados para dar las explicaciones correspondientes sobre los proyectos.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
El acuerdo que establecimos efectivamente es que pueden entrar los Ministros, pero no el resto de los funcionarios si no están los Secretarios de Estado. Pero nos parece impropio que, estando un Ministro presente en la Sala y requiera de algún asesor, no pueda estar con él. El problema está en que no debe entrar el asesor solo. De tal manera que creo que es bueno que un Ministro pueda estar acompañado de su asesor o del Subsecretario para que le pueda proporcionar todos los antecedentes que el Senado le requiera.
En todo caso, estoy conteste con el Honorable señor Díez, en el sentido de que nosotros no debemos autorizar la entrada de funcionarios sin la presencia del Ministro correspondiente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, para que no haya malentendidos, sería conveniente que el señor Ministro aquí presente diga cuáles son los asesores que vienen con él.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Solamente viene el señor Subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Enrique Miquel.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay objeción, se autorizaría el ingreso a la Sala del Subsecretario, para que acompañe al señor Ministro.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, para que no se repita cada vez esta situación, me parece que sería útil aclarar el sentido del acuerdo que -entiendo- hemos tomado, que establece que los Ministros puedan venir acompañados del Subsecretario o de algún asesor, cuando lo estimen conveniente. Entiendo que ése es el acuerdo: que no puede venir ningún funcionario si no es acompañado por el Ministro respectivo.
Por lo tanto, solicito que tomemos este acuerdo a firme, a fin de no estar en cada oportunidad solicitando la anuencia de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario o de asesores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, quiero ratificar lo que ha señalado el Honorable señor Gazmuri, pero con la variante de dar hoy por superado este problema y permitir que asista el señor Subsecretario. Veamos después si hay acuerdo de los Comités sobre este asunto. Porque entiendo que es una situación extremadamente incómoda, tanto para el Senado como para el señor Ministro y el señor Miquel, que estemos discutiendo en público si entra o no entra el señor Subsecretario a la Sala. Hay que salvar la vieja tradición del Senado, pero también debemos guardar la cortesía elemental que es necesario mantener al tratar en público con los señores Ministros.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Queda autorizado el señor Subsecretario para ingresar a la Sala, pero, en todo caso, vamos a tratar este asunto en una reunión de Comités para resolverlo adecuadamente.
Bienvenido, señor Subsecretario.
Continúa la discusión general del proyecto.
Estaba con la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, quiero ser muy breve al intervenir en esta oportunidad en mi calidad de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, ya que este proyecto misceláneo, que favorece al Ministerio de Obras Públicas, fue aprobado por unanimidad, tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Hacienda.
Es una vieja aspiración -de prácticamente todos los funcionarios de ese Ministerio- la de poder contar con estas disposiciones distintas, que regulan muchos aspectos que en el fondo le quitaban flexibilidad a esta Secretaría de Estado para su funcionamiento. Y, tal como lo dice el Mensaje, hacemos votos para que el presupuesto -evidentemente incrementado para el año 1991- pueda ser mejor administrado con las normas contenidas en este proyecto de ley misceláneo.
Sin entrar al detalle de cada uno de los preceptos -porque son 10 u 11 artículos los que componen el proyecto de ley-, quiero decir que la iniciativa tiene fundamentalmente por objeto dar más flexibilidad en cuanto a la aplicación de normas referentes a viáticos y comisiones de servicio. Además, tiende a lograr igualdad entre la gente que labora en el Ministerio de Obras Públicas, parte de la cual está regida por el Código del Trabajo, mientras la mayoría está sujeta al Estatuto Administrativo.
Del mismo modo, estos artículos persiguen regularizar problemas derivados de la reciente creación de las empresas regionales de obras sanitarias, que se han transformado en sociedades anónimas recientemente, y que requieren seguir manteniendo, en alguna medida, el apoyo del Ministerio de Obras Públicas.
Sin lugar a dudas, el artículo más importante que contiene este proyecto de ley es el que faculta al Presidente de la República para fijar la planta del Ministerio de Obras Públicas, la que comenzaría a regir a partir del próximo año, a mediados del año 1992, y en la cual se encasillaría a todos los funcionarios -tanto de planta como a contrata- de ese Ministerio. Esa es una facultad legislativa que se delega al Primer Mandatario y que estimamos traerá positivos beneficios para la carrera funcionaría dentro de esa Secretaría de Estado.
Señor Presidente, en la Comisión de Obras Públicas se aprobó por unanimidad este proyecto de ley. Por ello, los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestro voto favorable para aprobar esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, en primer lugar, nos alegramos de que tanto la Comisión de Hacienda como la de Obras Públicas hayan aprobado por unanimidad el proyecto del Ejecutivo, que en líneas generales sólo persigue resolver limitaciones operativas derivadas de legislaciones recientes que han entrabado seriamente el funcionamiento en esta materia.
En segundo término, tiene por objeto normalizar situaciones críticas producidas por disposiciones -también recientes- en el sector de obras sanitarias y que hacen aconsejables soluciones lógicas de racionalización de recursos para 1991.
Por otro lado, responde a grandes desigualdades existentes en lo relativo a asignación de zona y a horarios de trabajo. Sobre el particular, con toda seguridad a los señores Senadores les habrán llegado circulares de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que laboran desde la Primera hasta la Duodécima Regiones. Se ha logrado concitar, un principio de acuerdo elemental al respecto -yo diría que casi unánime- entre ellos, quienes esperan que esta iniciativa sea despachada cuanto antes.
Creo que sería inútil ahondar en las bondades del texto. Sólo quiero resaltar un detalle: todos los funcionarios públicos de la Cartera tienen fe y confianza en la labor del Ministro y del Gobierno -es digno de resaltarlo, máxime si ya ha otorgado el visto bueno la Comisión de Obras Públicas- en cuanto a que la facultad para encasillar al personal será usada por la discrecionalidad y la altura de miras que el Servicio aconseja.
Los funcionarios de Obras Públicas mantienen desde hace largos años una posición de unidad que los hace trabajar por el engrandecimiento de su misión.
Aprovecho este momento para anunciar los votos favorables de la Democracia Cristiana y para destacar la labor que cumple dicho personal en todo el país, especialmente en las zonas más alejadas, como aquella que represento.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Sólo deseo expresar, señor Presidente, el acuerdo del Comité Radical-Social Demócrata con relación a esta iniciativa, que modifica la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.
Parece inoficioso extenderse en mayores consideraciones, habida cuenta de que tuvimos oportunidad de participar en el debate en la Comisión y, con nuestro voto, en el pronunciamiento unánime de la misma para aprobar el informe que hoy discute la Sala, más aún cuando ya hemos conocido la opinión favorable acerca del proyecto de los dos Comités más importantes de la Corporación.
Sin embargo, como comentario final, creo que vale la pena poner de relieve que las distintas modificaciones que el Ministerio ha venido experimentando hacen necesario otorgar facilidades para su mejor funcionamiento, superando las restricciones que hoy prevalecen, posibilitando su operatividad y adecuándolo a una etapa de mayor ensanche y expansión de los programas de obras públicas, basados en inversiones públicas y privadas, y en la idea de obtener mayor infraestructura.
Por lo tanto, cuando se plantean estas materias, que evidentemente interesan al conjunto del país, no podemos sino entregar con entusiasmo nuestro apoyo.
Gracias.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, deseo hacer una aclaración y una rectificación a mi colega de bancada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Su Señoría quiere usar de la palabra?
El señor PAPI.-
Sí, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene las palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Sólo quiero rectificar, señor Presidente -repito-, a mi colega de bancada.
El Honorable señor Navarrete aludió a los dos Comités más numerosos, pero no necesariamente los más importantes. Creo que en importancia estamos en igualdad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Ministro de Obras Públicas habrá advertido que la opinión general de la Sala parece ser favorable a la iniciativa.
Tiene la palabra.
El señor HURTADO (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, el Gobierno está haciendo un esfuerzo por incrementar la acción del Estado en la provisión de infraestructura. Y para este propósito requiere utilizar de la manera más eficiente los recursos disponibles, que son fijados y revisados anualmente por el Congreso.
El objetivo del proyecto es dar cierta flexibilidad para el manejo de los recursos humanos del Ministerio, con pleno respeto de los derechos adquiridos de su personal.
Quiero agradecer, en nombre del Gobierno y de la Cartera que dirijo, la confianza que han mostrado los miembros de las Comisiones que analizaron el texto y los Comités del Senado, y reiterarles que mantendremos una política de amplio sentido nacional, y de respeto y de garantía hacia todos los funcionarios, en la utilización de las facultades que se nos otorgan para un manejo más racional de los recursos que se hallan a disposición del Ministerio.
-Se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.
RECUPERACIÓN DE IVA POR PEQUEÑOS AGRICULTORES Y PRÓRROGA DE REAVALÚO AGRÍCOLA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar a continuación el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que permite a los pequeños agricultores recuperar el impuesto al valor agregado y prorroga el reavalúo agrícola.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Falta el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Lamentablemente, no ha llegado todavía.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Precisamente se ha reunido en estos momentos la Comisión para terminar la discusión del proyecto.
El señor DÍEZ.-
. Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, ¿es posible que esta iniciativa, que es muy corta y muy importante -pero que tenemos que ver con el informe, para no romper un precedente en el Senado-, sea colocada en el primer lugar de la tabla de la sesión de la tarde?
El señor VALDÉS (Presidente),- Si no hay objeciones, así se hará.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Siempre que llegue el informe.
El señor DÍEZ.-
Va a llegar.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Secretario me señala que en el primer lugar de la tabla de esa sesión se encuentra el proyecto de ley, calificado de "Discusión Inmediata", que aumenta el capital de Televisión Nacional de Chile y de Radio Nacional de Chile, de modo que tendríamos que colocarla a continuación.
El señor DÍEZ.-
Yo la pondría primero, señor Presidente, por tratarse de un texto muy corto -repito- y que será aprobado por unanimidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Es más corto que el otro?
El señor DÍEZ.-
Mucho más.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para colocarlo en primer lugar?
Si no hay inconvenientes, así se hará.
Acordado.
FUSIÓN DE PLANTAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En seguida se encuentra el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fusiona las plantas del Ministerio de Educación, con informe de la Comisión de Educación. (Véase en los Anexos, documento 5).
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19a, en 25 de julio de 1990.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 24a, en 12 de diciembre de 1990.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, en informe suscrito por los Honorables señores Cantuarias, Pacheco, Larre y Arturo Frei, propone rechazar el texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, Honorables colegas, el proyecto que fusiona las plantas de cargos del Ministerio de Educación obedece, como lo indica el Mensaje, a la necesidad de aplicar la carrera funcionaria, cuyo establecimiento está dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política del Estado; consagrado en el Párrafo 2o del Título II de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (artículos 45 a 53), y finalmente, regulado en el actual Estatuto Administrativo. ,
Es precisamente por toda esta normativa que el Ministerio de Educación, ateniéndose estrictamente a los preceptos constitucionales y legales, ha remitido este texto al Congreso Nacional, cumpliendo así la obligación expresa contenida en el artículo 53 de la mencionada Ley de Bases, que establece:
"El Estado velará permanentemente por la carrera funcionaría y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.".
Las nuevas autoridades, al asumir en marzo de este año, pudieron percatarse de que el Ministerio de Educación era el único con plantas de funcionarios estructuradas separadamente para el nivel central y el nivel regional, con 623 cargos para el primero y 2 mil 253 para las diversas Regiones, incluida la Metropolitana.
Al pretenderse aplicar la carrera funcionaría, se pudo comprobar que la estructura vigente hacía imposible el cumplimiento expreso de la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional respectiva, ya que nos aseguraba la igualdad de oportunidades entre los distintos funcionarios de una misma Secretaría de Estado, por el solo hecho de pertenecer, unos al nivel central, y otros, al regional.
Efectuadas las consultas a la Oficina Técnica del Ministerio de Hacienda y a funcionarios del propio Ministerio de Educación -todos ellos, nombrados desde mucho antes de marzo del año en curso- respecto a la separación de ambas plantas, se pudo establecer que la única razón que se habría tenido en cuenta fue un mal entendido sentido de privilegiar a las Regiones por sobre el nivel central.
Ahora bien, el principio mencionado, tendiente a una sana y eficiente regionalización, no es posible cumplirlo con esa estructura, por lo que el Gobierno propuso la fusión de las plantas, para así dar la misma oportunidad de carrera funcionaría a todos los empleados (sea que se desempeñen en la propia Secretaría de Estado, en el desierto o en las tierras australes), y asimismo, dejarlos en igualdad de condiciones que el resto de la Administración Pública.
La validez de los argumentos del Ministerio para fusionar las plantas se demuestra por simple hechos:
Los 2 mil 253 cargos de las Regiones están englobados en una planta nacional de carácter regional, paralela e incompatible con la del nivel central, de modo que los 2 mil 253 funcionarios jamás podrían tener acceso, mediante la aplicación de las normas de ascensos y escalafones, a proveer vacantes en dicho nivel, y a la vez, los empleados de éste tampoco podrían tenerlo a las vacantes de Regiones. De hecho, subsistirían en una misma Cartera dos servicios completamente diferentes, cada uno con cinco escalafones, sin que los Secretarios Regionales Ministeriales pudieran aplicar por sí mismos la carrera funcionaria al personal, por cuanto las facultades en esta materia corresponden exclusivamente a los Ministros de Estado.
En cambio, con el proyecto en discusión el Ministerio asegura a todos la igualdad de oportunidades de acceso a la carrera funcionaría, pues de esta forma quienes se desempeñan en las trece Secretarías Regionales Ministeriales podrán ascender a grados que, de mantenerse las plantas separadas, jamás podrían alcanzar. Los Directivos, Profesionales y Técnicos, que en la actualidad sólo pueden ascender hasta los grados 10, 8 y 14, respectivamente, al estar fusionadas las plantas podrán hacerlo hasta los grados 9, 4 y 10, y los Administrativos y Auxiliares, que sólo pueden ascender hasta los grados 19 y 25, llegar hasta los grados 14 y 22.
Por último, en ninguna disposición de la ley que establece la actual planta nacional regional se señala cuáles son los cargos que pertenecen a cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales, lo que no obsta a que en ellas exista una dotación de cargos para atender sus funciones. Estas dotaciones, de ser insuficientes, sólo podrían complementarse con una modificación legal que las aumentara, o que, como lo hemos visto en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para 1991, asignase fondos para contratar al personal necesario. Este, por lo demás, es el sistema vigente y en plena aplicación en todos los Ministerios, bastando para comprobarlo una simple lectura de los antecedentes que obran en poder de cada uno de los señores miembros de la Comisión (copia de los Diarios Oficiales con las plantas de las Secretarías de Estado).
Por ello, señor Presidente, y por estimar que con la aprobación del proyecto se hace justicia a todos los funcionarios de las distintas Regiones, quiero anunciar los votos favorables de la bancada democratacristiana, haciendo presente que, además, hemos recibido el apoyo -yo diría unánime, al menos en mi Región- del personal de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, el cual considera que la iniciativa realmente lo beneficia. No creo que en la Sala haya una opinión discrepante al respecto, como tampoco en algún grupo de trabajadores en el nivel regional.
Es necesario señalar, también, que existía inquietud en algunos señores Senadores en el sentido de que, al crearse una sola planta a nivel nacional, pudiera ir disminuyendo en el corto plazo la planta de las Regiones. Sin embargo, debemos señalar que no es el espíritu del Gobierno proceder de ese modo.
Y por el contrario, si existiera alguna duda, queremos anunciar precisamente el patrocinio -al que invitamos a adherir- de una indicación mediante la cual se dejara expresa constancia de que ninguna Región perderá algún cargo que actualmente tenga.
Es un compromiso del Gobierno. Pero si queremos darle mayor claridad, cabría dejarlo perfectamente bien refrendado en una indicación que podemos someter próximamente a conocimiento de la Sala.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, participé en algunas ocasiones en la Comisión de Educación reemplazando al Honorable señor Palza, y en otras, al Honorable señor Pacheco, por lo cual deseo intervenir.
El propósito del proyecto del Ejecutivo es muy claro; la creación de una planta única a nivel nacional, que facilitaría la carrera funcionaria del personal del Ministerio de Educación. Y para tal efecto se fusionan las plantas central y regional existentes.
Pero hay un asunto que causa preocupación -y lo digo claramente-, como en su debida oportunidad lo expresaron también los Honorables señores Ruiz Danyau y Larre.
En un memorándum enviado a la Comisión de Educación, la Secretaria General de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, doña María Teresa Infante, argumenta que la ley N° 18.830 agregó dos nuevas disposiciones al artículo 72 de la ley N° 18.827 con el objetivo de profundizar la regionalización del país. En su comentario agrega, en forma textual, que "el centralismo provocó en el pasado una tendencia a sobredotar al nivel central y dejar abandonadas las regiones, sin supervisión adecuada, sin profesionales suficientes". Estima la señora Infante que el proyecto las perjudicaría.
Los Parlamentarios provincianos -como se nos denomina peyorativamente, incluso en alguna prensa- tenemos gran preocupación por nuestra "patria chica", como diría Gabriela Mistral, y queremos adquirir la certeza de que esta iniciativa no va a afectar la calidad ni la cantidad 'de docentes y administrativos en las Regiones.
Todas las ventajas que señala el proyecto -posibilidades de ascenso, corrección de desigualdades entre funcionarios del nivel central y regional, unificación de criterios en un Ministerio de tanta-importancia como el de Educación, facilitación de la carrera funcionaría, apoyo a la estabilidad laboral- son evidentes. También lo es el hecho de que esto no significa un mayor gasto al erario. El informe de los Secretarios Ministeriales Regionales ha sido favorable a la iniciativa, prácticamente por unanimidad. Y quienes hemos participado en reuniones y foros con profesores y personal administrativo en distintas Regiones estamos convencidos de que ella satisface un sentir muy profundo y mayoritario.
Pero eso debemos conciliarlo igualmente con las necesidades locales, y dentro de éstas, con las de los sectores rurales. Porque así como en Chile existe un absorbente y perjudicial centralismo, esta situación también se presenta, aunque en menor escala, en las capitales de provincias o regiones y en las ciudades principales, respecto de los sectores campesinos y rurales. En ellas se produce, pero en menor grado -repito-, similar fenómeno, ya que ejercen una atracción significativa.
Cada Región tiene sus características, y esperamos confiados que el Gobierno democrático del Presidente Aylwin las dote de personal idóneo, en cuanto a calidad y a cantidad.
Este proyecto hace justicia a los meritorios funcionarios del Ministerio de Educación, en especial a los 2 mil 253 que se desempeñan en las trece Secretarías Regionales Ministeriales.
Por lo tanto, votamos favorablemente este texto, que fusiona las plantas del Ministerio de Educación, por estimarlo de justicia, salvo la observación señalada, que estoy seguro que Su Excelencia el Presidente de la República tomará muy en cuenta.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, quiero intervenir en forma muy breve, porque en lo referente a esta materia la Comisión, durante la tramitación del proyecto, tuvo algunas incidencias que ilustran y han hecho conocidos por la mayoría de los señores Senadores cuáles son los argumentos que se han dado en cuanto al contenido del informe puesto a nuestra disposición y para fundamentar las proposiciones que esta mañana se enfrenta.
Aquí hay un problema que, por una parte, podemos enfocar desde un punto de vista operativo, o de reinvidicaciones y de carrera funcionaría del personal de una Cartera, o bien, por la otra, desde el punto de vista de la regionalización, materia acerca de la cual parece haber mayor grado de acuerdos y un por lo menos permanentemente expresado deseo de caminar en forma sistemática.
Tenemos un Ministerio de Educación en el que, por circunstancias que no vale la pena analizar, existen dos plantas en todo el país: una para los funcionarios de su sede central, y otra -una sola- que agrupa a su personal en todas las Regiones, inclusive al de la Región Metropolitana. El proyecto, entonces, pretende fusionarlas y hacer del Ministerio un organismo con una sola planta.
Mirado esto desde la perspectiva de los funcionarios y de sus posibilidades de hacer carrera funcionaría, pudiera constituir una importante oportunidad. Sin embargo, la experiencia demuestra -y en este sentido pudimos obtener distintos testimonios e informaciones en el trabajo de la Comisión, que fue bastante prolongado a pesar de la simpleza del proyecto en análisis- que, en el fondo, lo que ocurrió siempre en el pasado fue que se concentraron en el nivel central, en Santiago, y en sus distintas reparticiones, cuando existía una sola planta, los grados mayores y los profesionales más calificados, lo que manifiesta y resueltamente camina en el sentido contrario de la regionalización.
Por medio de algunas observaciones e indicaciones presentadas en la Comisión y de conversaciones sostenidas en particular con el Departamento Jurídico del Ministerio, quisimos introducir algunos elementos que aseguraran que en esta fusión de plantas las Regiones y sus dotaciones de personal técnico y profesional, con los grados adecuados para garantizar excelencia, pudieran quedar refrendadas en el texto que nos ocupa.
En tal sentido, debo señalar que, ateniéndome a las disposiciones de la Constitución Política y del Reglamento del Senado, tuve que declarar inadmisibles dos indicaciones: una del Honorable señor Larre y otra del Honorable señor Ruiz Danyau, que pretendían consagrar una planta por cada una de las Regiones, fijando un plazo al Presidente de la República para dictar un decreto que así lo estableciera. Lo hice a pesar de que ambas resolvían el problema que acabo de mencionar, en términos de asegurar a las Regiones la posibilidad de contar con funcionarios idóneos, técnicamente calificados y adecuadamente remunerados, por lo menos en sus grados de escala, en la comparación relativa de todo el personal del Ministerio.
Iniciamos largas y pormenorizadas conversaciones con el Ministerio para intentar introducir alguna indicación, aun en este punto de la discusión del proyecto, para consagrar tal objetivo.
Son demasiadas las muestras, testimonios y ejemplos que podemos levantar y establecer esta mañana para mostrar cómo fatalmente la unificación de plantas y la disponibilidad de mayores grados profesionales terminan total e inequívocamente concentradas siempre en los niveles centrales.
Considerado el tema desde el punto de vista de la regionalización, del deseo que hemos hecho evidente en la tramitación de múltiples proyectos y en el análisis de distintas alternativas en este Senado, en cuanto a empezar a caminar sistemáticamente en el sentido de la regionalización, a entregar a las Regiones la capacidad de autogestionarse, y a dotarlas de autonomía para decidir, por medio de ciertos recursos, acerca de la solución de sus problemas, la iniciativa en estudio constituye, desde luego, un paso equivocado, por las experiencias que cité.
Por estas razones, y en honor al tiempo, quiero señalar que apoyamos la proposición del informe de la Comisión de Educación en lo relativo a rechazar el proyecto, que en el fondo limita, a nuestro juicio, la capacidad de las Regiones para contar con buenos profesionales, si bien pudiera eventualmente brindar algunas oportunidades a los funcionarios que hoy día en ellas se desempeñan.
Hemos desarrollado gestiones que pretenden asegurar a las Regiones la disponibilidad de grados y técnicos suficiente, en calidad y número, para asegurar una gestión expedita e idónea. No hemos conseguido acuerdos en este punto, y lamentamos, entonces, tener que requerir de esta Sala el rechazo del proyecto, y por lo tanto, la aprobación del informe de la Comisión que así lo recomienda.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, acerca del tema que nos convoca esta mañana, tocante a la fusión de las plantas del Ministerio de Educación -y aun cuando no he podido seguirlo en forma directa en la Comisión respectiva-, he tenido la oportunidad de conversar con varios funcionarios de esa Secretaría de Estado y, naturalmente, con los que laboran en nuestras Regiones.
Al respecto, deseo señalar dos cosas.
En primer lugar, la mayor parte de ese personal, que fue contratado antes del 11 de marzo, ha sostenido que la mantención de dos plantas le ocasiona dos graves dificultades, una de las cuales -que objetivamente se le plantea- es el difícil acceso a la carrera funcionaría. Por lo tanto, ello afecta a cada funcionario y a las autoridades pertinentes del Ministerio en lo relativo a la aplicación del artículo 53 de la Ley de Bases, que establece la garantía del Estado de regular esa materia a nivel de la Administración Pública.
La otra dificultad consiste en que en muchos casos no existen posibilidades de acceder a los grados superiores, precisamente por las dos plantas diversificadas.
En consecuencia, el Ministerio de Educación ha pretendido fusionar ambas plantas asumiendo la responsabilidad de asegurar que la situación de las Regiones no será disminuida. Mal podríamos los Senadores que las representamos estar de acuerdo con una iniciativa de esa naturaleza que mermara las expectativas de desarrollo de los funcionarios que se desempeñan en ellas. Por el contrario, hemos estado preocupados de que el proyecto incluya alguna disposición que garantice que las plantas regionales no serán reducidas, de manera que me parece muy atinente la indicación a que hizo referencia el Honorable señor Palza. Tengo la impresión de que ésa es una solución perfectamente posible, y que podemos insistir en ella sin perjudicar a los funcionarios, que en estos instantes ven afectadas sus perspectivas. Insisto en que en su mayor parte se trata de personas que ingresaron a la Administración Pública, al Ministerio, antes del 11 de marzo recién pasado.
Desde ya, anuncio nuestros votos favorables a la iniciativa, teniendo presente, como lo señaló el Honorable Senador que me precedió en el uso de la palabra, que sin duda alguna en esta materia hay una discusión de fondo en el sentido de que tanto en éste como en otros proyectos debemos evitar que se vaya produciendo un proceso de concentración que todos concordamos absolutamente en que debe ser revertido en nuestro país. Sin embargo, creo que hay otro tipo de medidas -y en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que tengo el honor de presidir, las estamos estudiando con tranquilidad pero con premura-, incluso de carácter constitucional, que permitirían contar con la seguridad de que no va a proseguir el proceso de concentración de funciones y de personal en la Administración Pública.
Quiero, por lo tanto, precisar que, aun cuando concuerdo con la idea de que cada uno de los proyectos de ley contemple la necesaria desconcentración -ya no es el caso de la regionalización, sino <ie la desconcentración administrativa-, al no aprobar el proyecto específico que nos ocupa incurríamos en una grave injusticia en contra de los propios funcionarios del Ministerio de Educación, que en su mayor parte, por no decir en su abrumadora mayoría, plantea la necesidad de fusionar las plantas como una manera de acceder más fácilmente a la carrera funcionaría.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, deseo anunciar a la Sala, en muy pocas palabras, que los Senadores de Renovación Nacional aprobaremos el informe de la Comisión, porque, después del largo debate habido en ella, donde tratamos de perfeccionar el proyecto del Ejecutivo, creemos que éste adolece de defectos que nos llevan a pensar que constituye una vuelta atrás en el proceso de regionalización, descentralización y desconcentración del país. Basta observar cómo en los últimos años se ha ido concentrando la población. Y hace algunos días, con motivo de la discusión de otra iniciativa de ley, planteábamos que, una vez más, se había perdido de vista la regionalización.
Hoy hemos recibido el compendio estadístico del INE, que informa que el 39,6 por ciento de la población nacional está ya concentrada en la Región Metropolitana.
Nosotros tememos, señor Presidente, que el Ministerio de Educación, que es uno de los tres servicios públicos que han logrado contar con plantas regionalizadas -los otros son el SERVIU y el Servicio Nacional de Turismo-, con la ley en proyecto pierda la orientación general que se tuvo en vista al unificar las distintas reparticiones dependientes en el pasado (la Secretaría y Administración General; las Direcciones de Educación Primaria y Normal, Secundaria y Profesional; la Superintendencia de Educación; el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, y la Oficina de Presupuestos) en dos plantas: una, del nivel central, con 623 funcionarios, y otra, del nivel regional, con 2.253, lo que totaliza 2.876 cargos en el país.
Pensamos que es indispensable acentuar ese proceso, en lugar de retrotraerlo. Por ese motivo, planteamos una indicación -fue rechazada en la Comisión- a fin de autorizar a Su Excelencia el Presidente de la República para que, en el plazo de 180 días, asignara, desde el plano nacional, cargos y grados a las trece Regiones del país.
Ya el señor Presidente de la Comisión señaló que dicha indicación se declaró inadmisible.
Con posterioridad, los cinco miembros de aquélla hemos tratado de encontrar una fórmula para perfeccionar el proyecto contenido en el Mensaje, pero sin lograr éxito.
Como estamos convencidos de que la iniciativa es perfectible, nos manifestaremos en el sentido sugerido por el informe; es decir, por el rechazo. Y anunciamos nuestra voluntad, una vez más, de buscar mecanismos para responder a lo que los propios Secretarios Regionales Ministeriales expusieron durante la consulta que se les formuló: que es indispensable mantener plantas regionales con el fin de que se atiendan en forma efectiva, sobre todo, las funciones de supervisión del Ministerio de Educación.
Reitero, señor Presidente, que aprobaremos el informe de la Comisión.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, es efectivo que este proyecto se trató extensamente en la Comisión de Educación. Y, como a todos nos interesaba que se despachara de la mejor manera posible, pedimos la concurrencia del Subsecretario respectivo y solicitamos asesoría al Departamento Jurídico del Ministerio del ramo.
Algunos Senadores sostuvieron que la iniciativa resultaría perjudicial para las Regiones. La respuesta del Ministerio de Educación fue que ello no era así, sino al revés: que el proyecto de fusión de plantas estaba requerido y que favorecía a las Regiones, y no al gobierno central de esa Secretaría de Estado.
No obstante, se hicieron gestiones ante esa Cartera. Y, con el fin de dar plena satisfacción y garantía a quienes temían que se pudiera afectar a las Regiones, se redactó la siguiente indicación: "La aplicación de la presente ley no podrá significar disminución de las actuales dotaciones de las Secretarías Regionales Ministeriales, las cuales, en conjunto, mantendrán como mínimo el total de 2.253 cargos contemplados actualmente en la planta regional de carácter nacional del Ministerio de Educación, fijada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1990, de dicho Ministerio.". Creo que eso da plenas garantías. Además, el señor Ministro del ramo ha otorgado personales seguridades de que ello se va a cumplir muy lealmente.
Por otra parte, durante las conversaciones se formuló indicación para agregar un segundo inciso. Pero, realizadas las consultas del caso, resultó ser inconstitucional, por lo cual no se pudo avanzar al respecto.
Sin embargo, hemos mantenido la indicación -en nuestro concepto, era innecesaria-, con el propósito de dejar testimonio fehaciente de la voluntad del Gobierno y de los Senadores de la Concertación de no perjudicar a las Regiones. Yo represento a la Séptima, que abarca las provincias de Talca y Curicó; y consulté al Secretario Regional Ministerial, quien me manifestó que la fusión de plantas es favorable para la Región.
En consecuencia, con pleno conocimiento de causa, voto a favor del proyecto y, por ende, en contra del informe de la Comisión.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, de lo que he escuchado, pareciera estar como cuestión de fondo el proceso de regionalización, respecto del cual creo que existe el más amplio acuerdo en el país acerca de la conveniencia de llevarlo a cabo.
Sin embargo, estimo que el punto ha sido mal enfocado, porque lo que en definitiva va a fortalecer un eficaz proceso regionalizador estará determinado por dos factores: los recursos con que cuenten las Regiones y la desconcentración, entendida ésta en el sentido técnico del término; esto es, la delegación de facultades para que las autoridades regionales tengan la capacidad de decidir sin necesidad de consultar permanentemente al poder central.
No obstante, no se ve cómo con estas dos plantas puedan cumplirse dichos objetivos. Al contrario, por un principio de sana y buena administración, un Ministerio que se maneje en tales condiciones no puede menos que llevar a concluir que es ineficiente. De hecho, estamos hablando de la única Secretaría de Estado cuya planta funcionaría se encuentra estructurada en forma separada.
No deja de ser curioso -como lo señala el propio informe de la Comisión- que, consultados los distintos SEREMIS, coincidieron en señalar que estaban de acuerdo en la fusión de las plantas, pero por otro lado pidieron regionalizar los cargos.
¿Qué entiendo de esto? Aquí no hay contradicción. Ellos aceptan una carrera que permita acceder a los más altos grados; que haya fluidez en los desplazamientos; que la persona que está en Santiago pueda ir a una Región y viceversa, pero que, a la vez, quienes se hallan en Regiones cuenten con las facultades necesarias para el eficaz desempeño de sus funciones.
En consecuencia, no veo cómo al rechazar el proyecto podemos estar fortaleciendo la regionalización.
Francamente, creo que la discusión está encaminada. Sí pienso que estamos ante un Ministerio que funciona de manera ineficiente y que el proyecto no afectará los cargos que se necesitan en cada Región. Al contrario, va a permitir asegurar en todas las Regiones personal técnicamente calificado. Desgraciadamente, la experiencia indica que, cuando los asuntos se concentran sólo a nivel regional, ello no asegura niveles de excelencia y de calidad, sino que tiende a hacer mediocre el sistema. Del mismo modo, la gente que quiere salir de allí y acceder a otras situaciones abandona las Regiones.
Por lo tanto, no visualizo qué razón hay para que éste sea el único Ministerio que tenga su estructura funcionaría dividida de esa manera, cuando todo aconseja, desde un punto de vista de buena administración, tener una sola planta, con la movilidad necesaria, que garantice la cantidad adecuada de cargos que se requieren en Regiones. Y si ello no está suficientemente explicitado, hay una indicación que tendería a asegurarlo.
En consecuencia, y no viendo nada que justifique el rechazo de la iniciativa, nuestro Comité la apoyará, no sólo por lo que representa para los funcionarios de esa Secretaría de Estado, sino también por razones de buena administración.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, deseo señalar en forma breve dos puntos, para luego pedir que procedamos a votar, por creer que el tema se va agotando y por haber una larga tabla que despachar.
Es efectivo que no estamos resolviendo el problema de la regionalización por medio de este proyecto; no se cumplen con él los requisitos de transferencia de potestades o de autoridad, ni tampoco el traspaso de recursos a las Regiones.
Sin embargo, nadie podría asegurar lo contrario y decir que la regionalización se favorecería en caso de aprobarse la iniciativa. Y se ha llegado a esta discusión porque no siempre los deseos de los funcionarios de un Ministerio en las Regiones son sinónimo de lo que conviene a éstas; se suele confundir ambos aspectos, como ha ocurrido esta mañana en el Senado.
El propósito de consultar la opinión de los funcionarios a través de las Secretarías Regionales Ministeriales fue una iniciativa que tomé para ilustrar el debate de la Comisión de Educación. Empero, la respuesta que recibimos reflejó, en general, el parecer de los Secretarios Regionales Ministeriales o, a lo más, de su asesoría técnica. Dispongo de la información -no dudo de la que puedan entregar otros señores Senadores- proporcionada por los funcionarios de al menos dos Regiones, donde se comprueba que el tema no fue conversado, discutido ni planteado al conjunto de funcionarios, por lo menos a su nivel profesional.
Por ende, la aproximación al tema buscando la posibilidad de una carrera mayor y con acceso a mejores grados para los funcionarios del Ministerio a lo largo del país es una iniciativa que indudablemente contaría con nuestro concurso.
Nos oponemos en esta oportunidad por creer que no estamos asegurando -cosa que es efectiva- que con la fusión de plantas los funcionarios puedan ser trasladados sólo si están de acuerdo con ello. Y por eso, junto con declarar inadmisible la indicación que pretendía establecer una planta en cada Región -porque no correspondía hacerlo en este proyecto-, señalamos un complemento de la iniciativa que asegurara que el traslado de los funcionarios fuera con acuerdo explícito de ellos.
El hecho de que no se quiera suscribir esa segunda indicación constituye una señal inequívoca de que pueden ocurrir circunstancias negativas para ese personal, como la de que eventualmente no le resulte conveniente la factibilidad de crecer en una carrera funcionaría si al mismo tiempo puede significar traslados indeseados y, como es proverbial en nuestro país, la posibilidad de deshacerse de funcionarios obligándolos a trasladarse contra su deseo.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor CANTUARIAS.-
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
El señor NÚÑEZ.-
Muy brevemente, y sólo para recordar que acabamos de aprobar un proyecto relacionado con el Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual se entregó al Presidente de la República una facultad que, en la práctica, producirá los mismos efectos que Su Señoría está tratando de evitar en el caso del Ministerio de Educación.
Quiero saber si existe una actitud discrecional, de desconfianza o de otra naturaleza respecto de esa última repartición. Porque, como digo, recién se aprobó por unanimidad un proyecto que permite al Ministerio de Obras Públicas efectuar, a base de la responsabilidad y el buen criterio, el traslado de sus funcionarios de una Región a otra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede continuar el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, no deseo alargar esta discusión, pero debo señalar que el proyecto a que se refirió el Honorable colega otorga al Presidente de la República la facultad de estructurar el Ministerio de Obras Públicas, lo cual es substantivamente distinto de una atribución para fusionar plantas. Y, justamente porque esa materia no se encontraba contenida en el proyecto del Mensaje, se desecharon dos indicaciones, presentadas por los Senadores señores Larre y Ruiz Danyau, cuya finalidad era entregar al Ejecutivo esa misma facultad; pero ambas, dada la tramitación de la ley en estudio, s contenido y las responsabilidades de es Alta Corporación, hubieron de ser declaradas inadmisibles.
En consecuencia, señor Presidente, nos encontramos frente al hecho de que la opinión de los trabajadores del Ministerio de Educación en las Regiones no ha sido debidamente consultada a lo largo de todo el país.
Por otro lado, la fusión de las plantas no garantiza que los funcionarios de las distintas Regiones, quienes formalmente pueden acceder a una planta mayor y con mejores grados, quedarán al margen de los traslados indeseados, cuya ocurrencia pretendíamos evitar incorporando a la iniciativa las normas pertinentes.
Nos llama la atención que no se haya querido aceptar la segunda indicación y que este asunto se haya traído a discusión en los términos en que lo hemos hecho.
Por eso, y lamentándolo -como lo expresé en mi primera intervención-, debemos solicitar a la Sala que apruebe el informe de la Comisión, que, en lo substantivo, rechaza el proyecto, por las razones señaladas.
El señor PALZA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palza; y a continuación podrá hacer uso de ella el Honorable señor Díaz.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, seré muy breve. Sólo pretendo que exista un mínimo de claridad en lo que estamos debatiendo.
Como se ha dicho, esta iniciativa no tiene nada que ver con el proceso de regionalización. Y de las propias palabras del Senador señor Cantuarias se deduce que el problema fundamental no es ése, sino, en cierto modo, una especie de desconfianza acerca del uso que pueda darse a la ley en proyecto.
En efecto, tal como se recordó, el Senado acaba de despachar una iniciativa mediante la cual se entrega una facultad amplia -algo así como un cheque en blanco- al Ministerio de Obras Públicas para que efectúe un encasillamiento del personal. Y tanto en Comisiones como en la Sala ha sido unánime la actitud de confianza en que el Gobierno no hará uso arbitrario de esa atribución.
Hago resaltar el nivel de confianza que ha habido en el caso del Ministerio de Obras Públicas. Es cierto que la facultad se concede al Presidente de la República. Pero, en definitiva...
El señor CANTUARIAS.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PALZA.-
Con todo gusto, Honorable colega, con la venia de la Presidencia.
El señor CANTUARIAS.-
Es para puntualizar que lo que se acaba de aprobar para el Ministerio de Obras Públicas era lo que queríamos para el de Educación. Y las indicaciones en tal sentido -constan en el informe que tiene en su poder el señor Senador- iban en esa dirección. Sin embargo, hubieron de declararse inadmisibles por cuestiones reglamentarias. Pero, en el fondo, ése era nuestro deseo. Y estamos dispuestos a concurrir a una estructuración del Ministerio de Educación que asegure que los funcionarios de las Regiones puedan contar con escalafones profesionales en número y grado adecuados. Ese es el punto.
No hay contradicción alguna entre lo que acabamos de aprobar para el Ministerio de Obras Públicas y lo que pretendemos para el de Educación. Y debo hacer presente al Honorable señor Palza que lo que sí llama a sorpresa es el hecho de que las indicaciones concretas que presentamos con el objeto de dar seguridades y tranquilidad a los funcionarios de la educación no se hayan aprobado, en circunstancias que lo único que perseguían era garantizar que los interesados estuvieren de acuerdo con los traslados que se produjeren.
Eso -repito- es lo más llamativo en este asunto. Y nuestra actitud no se contradice con la reciente aprobación del proyecto que reestructura el Ministerio de Obras Públicas.
Gracias por la interrupción, Honorable colega.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede continuar el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, en todo caso, ratifico lo que señalé al empezar mi intervención, en el sentido de que respecto de la iniciativa en debate existe un grado de desconfianza hacia el Ministerio de Educación. Y lo prueba un hecho muy simple: a través de la indicación a que han hecho referencia algunos Honorables colegas podría haberse dado el visto bueno a este proyecto del Ejecutivo, pues, según ella, los traslados de los funcionarios se efectuarían sólo cuando éstos estuvieren de acuerdo con la medida.
Si ése era el sentido de la indicación, ello nos prueba que en el caso de este proyecto existe un grado de desconfianza, más allá de lo expresado por el Honorable señor Cantuarias en su primera intervención.
Creo que en esta iniciativa está de por medio no sólo la confianza en el Gobierno. Yo puedo hacer fe de que en la Región que represento ningún funcionario ha estado en contra del proyecto. ¡Y es lógico! Nadie va a oponerse a una iniciativa que a una persona que hoy tiene tope en su carrera y puede llegar únicamente hasta el grado 10 le da la posibilidad de acceder hasta el grado 6. Ningún funcionario desearía perder esa oportunidad.
Por eso, consideramos, por un lado, que la ley en estudio cuenta con el beneplácito de los trabajadores del Ministerio de Educación en las distintas Regiones del país, y por otro, que el Ejecutivo no hará uso arbitrario de la facultad para fusionar las plantas.
Debo destacar que el Gobierno -y por ende la palabra del Presidente de la República- está involucrado en todos los servicios públicos. Si recién se confió en él respecto de un Ministerio, recabo de los Honorables colegas que analicen en profundidad la iniciativa que nos ocupa y piensen que en las Regiones hay una gran cantidad de funcionarios de la educación que, en su momento, les preguntarán por qué rechazaron un precepto que les permitía acceder a mejores cargos en el futuro.
Por las razones expuestas, pido a los señores Senadores no hacer cuestiones de orden ideológico ni político en esta materia, sino que tomemos en cuenta solamente lo que nos están solicitando los funcionarios: aprobar el proyecto primitivo del Gobierno y, por tanto, rechazar el informe de la Comisión de Educación.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, el Honorable señor Cantuarias usó una expresión que bien podría retirar. Este Gobierno no efectúa traslados "indeseados". Creo que esa palabra, empleada por Su Señoría, no corresponde a lo que el Ejecutivo ha hecho hasta ahora en el Ministerio de Educación y en otras Secretarías de Estado.
Por lo tanto, sería conveniente que el señor Senador efectuara una rectificación al respecto, porque nadie -ni el Presidente de la República, ni ninguno de sus Ministros, ni personero alguno con autoridad en la Administración Pública- tiene la intención de realizar traslados indeseados.
He dicho.
El señor CANTUARIAS.-
¿Me permite, señor Presidente? He sido aludido, y deseo responder.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Perdón, señor Senador. Había pedido la palabra el Honorable señor Huerta. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, quiero expresar que, en el caso del proyecto acerca del Ministerio de Obras Públicas, nuestra Comisión, por unanimidad, recomendó aprobarlo, y tanto el señor Ministro como el Subsecretario del ramo estuvieron presentes a fin de aportar sus luces y aclarar cualquier duda.
En cuanto a la iniciativa en debate, la Comisión recomienda rechazarla. Y lamento que el señor Ministro de Educación no se encuentre aquí para darnos su opinión y clarificar muchas cosas que han alargado esta discusión. Gracias, señor Presidente.
El señor CANTUARIAS.-
¿Me permite, señor Presidente, para efectuar una aclaración?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, deseo precisar que utilicé la expresión "indeseados" para referirme a "traslados no deseados por el funcionario".
Gracias.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, lamentablemente, debo manifestar que difiero de algunos comentarios formulados durante la discusión.
En primer término, debo decir que, tal como funcionarios del Ministerio han planteado a algunos señores Senadores el deseo de que se apruebe este proyecto de ley, son múltiples las opiniones que he recogido de funcionarios de mi Región en orden a que sea rechazado. De manera que hay propiciadores del proyecto y, también, detractores, a quienes hay que considerar.
En segundo término, respondiendo a lo planteado en el sentido de que no se ha querido otorgar facultades al Gobierno para lograr una planta regionalizada, deseo informar que en la Comisión propusimos eliminar los artículos 2o y 3o del proyecto y sustituir el artículo 1o por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 180 días, mediante un decreto con fuerza de ley expedido a través del Ministerio de Educación, efectúe la asignación de cargos y grados a las trece regiones del país, dentro de la Planta de Nivel Regional del Ministerio de Educación fijada en las leyes N°s 18.827, 18.830 y 18.886, y adecuadas por el decreto con fuerza de ley N° 1 de 1990, de dicho Ministerio.
"El Presidente de la República encasillará en dicha asignación al personal de la Planta del Nivel Regional respetando la carrera funcionaría y entendiéndose que existe continuidad de funciones para todos los efectos legales.".
Creo, señores Senadores, que con esto queda de manifiesto nuestra voluntad de otorgar al Gobierno las facultades necesarias para cumplir lo dispuesto en este proyecto.
Por último, con relación a los traslados in-deseados, debo señalar que, lamentablemente, han ocurrido muchos, y en distintos Ministerios. En lo que respecta a mi Región, puedo citar casos. Por ejemplo, el del Jefe Provincial del INDAP en Valdivia, el médico veterinario don Gonzalo Vásquez Rudloff -que prestó sus servicios profesionales durante los Gobiernos de don Jorge Alessandri, de don Eduardo Freí y de don Salvador Allende y en la Administración recién pasada-, quien, siendo Presidente del Directorio de la Universidad Austral, fue notificado de que sería trasladado a una
Región extrema; pero, a raíz de las gestiones realizadas por Parlamentarios y distintas autoridades de la Décima Región, se logró que fuera trasladado nada más que a Lanco.
Si se da ese trato al Presidente del Directorio de una Universidad, ¿qué podemos esperar páralos profesores?
Otro caso es el de la abogada de la Dirección de Asuntos Indígenas de la misma Región, la señorita Ana María Robert, quien fue funcionaría de la Oficina respectiva de La Unión desde su creación. Pues bien, ésta fue traslada de domicilio, y, finalmente, dicha profesional, frente a la insistencia del Gobierno, debió renunciar al cargo.
Un tercer caso es el del abogado del SER-VIU en Osorno, don Orlando Munzenmeyer, a quien se trasladó a Iquique; pero, al ir a asumir su cargo, se encontró con que en la planta de dicho organismo en esa ciudad no existía el puesto de abogado.
Son múltiples los ejemplos que podríamos dar a conocer a este respecto.
Nuestra voluntad, señores Senadores, es que se respete la carrera funcionaría. Y, si propusimos una indicación tendiente justamente a dar esta garantía a los trabajadores del Ministerio de Educación, fue porque pensamos que debe procurarse por todos los medios que cuenten con la tranquilidad que requieren para desempeñar sus funciones. No ha sido otro nuestro objetivo.
Por lo tanto, cuando manifestamos nuestro rechazo al proyecto del Mensaje aprobando el informe de la Comisión, fuimos muy sinceros al decir que aquél era perfectible. Pero, desafortunadamente, no contamos con el apoyo de los sectores de la Concertación para complementar la iniciativa del Ejecutivo y aprobarla.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQU1DE.-
Señor Presidente, no deseo alargar la tramitación de este proyecto. Incluso, estaba en el ánimo del Comité pedir el cierre del debate, a fin de que pudiésemos votar. Hay una larga tabla que tratar, y hemos tenido ya una discusión muy rica.
Pero sucede que, cuando se lleva a cabo un debate, éste queda, no sólo para conocimiento de la opinión pública, sino también para la historia de la ley. Y aquí se ha expuesto una serie de observaciones que considero inconveniente dejar sin aclarar.
Concuerdo absolutamente con el Senador señor Larre. Comparto sus críticas relativas a los casos que ha señalado de traslados inadecuados e inaceptables.
Sin embargo, señor Presidente -para no alargar el debate-, solicito la autorización unánime de la Sala para incluir en la Versión Taquigráfica, junto a los nombres que el Honorable colega mencionó, por lo menos unos 200 ó 300 nombres, de los 20 mil profesores que exoneró el Gobierno anterior, y también añadir en la lista de los exonerados a los profesores de la Universidad de Concepción y, asimismo, a los académicos asesinados en mi ciudad durante el Régimen pasado. Sería bueno tener presente estos casos durante el debate.
Señor Presidente, cuando en las bancas de la Oposición se habla de temas de esa naturaleza y se plantea el punto de que existe desconfianza política, lo encuentro razonable. Ello es legítimo. Siempre en Chile, cuando asume un nuevo Gobierno, ha surgido la duda respecto de su actitud para con los funcionarios públicos.
No obstante, señor Presidente, deseo hacer dos observaciones. En primer término, la actual Administración ha dado garantía -reiterada por el Presidente de la República y por los integrantes de la Concertación Democrática- de que no habrá abuso de poder para con los empleados del Estado. Y creo que hemos dado fe de que eso es así. En todo caso, revisaré lo denunciado por el Honorable señor Larre.
Estimo que respecto de este Gobierno, como en ningún otro -asumo la responsabilidad de los errores que pudimos haber cometido bajo otras Administraciones-, nadie puede dudar de que no ha hecho justicia a funcionarios públicos contrarios al Régimen democrático; es decir, no ha cometido abusos con ellos.
En segundo lugar, señor Presidente, siempre he manifestado mis opiniones con mucho respeto -porque considero que el Senado debe ser un lugar de acuerdos, donde no nos espetemos cosas que no se pueden sostener-; pero el Senador que habla, al igual que mis colegas de la Concertación, hemos sido claros para señalar que, cuando se reclama con tanta dureza y se niegan los votos a un proyecto sobre bases casuísticas como las señaladas por el Honorable señor Larre, se daña la consecuencia ética entre lo que se hizo y lo que se hace, máxime si, frente a cuarto, cinco o diez casos mencionados, se halla innumerables otros -que los quintuplican o decuplican- en que se agravió a los funcionarios durante el Régimen anterior, período en el cual el Honorable señor Larre -a quien estimo y aprecio- es responsable, porque formó parte de él, con la agravante de que en esa época no había Senadores que pudieran votar en contra de un proyecto que nos era impuesto por un Gobierno que no tenía contrapeso.
Señor Presidente, he hecho uso de la palabra, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, sin ánimo de abrir debate, sino únicamente para llamar la atención sobre la materia. Pero, si se desea, podemos tratar el tema en otra oportunidad.
Resumiendo: primero, vamos a examinar y resolver las situaciones dadas a conocer por el Honorable señor Larre; segundo, frente a ese tipo de observaciones e imputaciones, tenemos la obligación moral de señalar los numerosos casos, no sólo de directores de sedes universitarias, sino de rectores elegidos por sus pares enviados a islas desérticas y, posteriormente, expulsados de Chile, por el único mérito de haber sido contrarios al golpe militar; y, finalmente, pediría que, en adelante, no utilizáramos más casos como éstos para justificar el rechazo a ciertos proyectos, porque la historia de los últimos años no da autoridad para hacerlo.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larre.
El señor LARRE.-
Me alegro mucho de haber escuchado las palabras del Honorable señor Ruiz-Esquide: lo que justamente deseamos evitar y prevenir con estas precauciones es que ocurran situaciones como las señaladas. En consecuencia, vamos a reiterar la disposición de prestar nuestra entera colaboración para proteger la carrera funcionaría.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Se aprueba el informe de la Comisión (11 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 9 pareos).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Al aprobarse el informe de la Comisión de Educación, queda rechazado el proyecto del Ejecutivo.
Correspondería designar a los miembros de la Comisión de Educación para integrar la Comisión Mixta con la Cámara de Diputados, cuya formación procede de acuerdo con las disposiciones constitucionales respectivas.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si no hubiese oposición, así se haría.
Acordado.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, ¿me permite una interrupción?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUZMÁN.-
¿La tabla para la sesión de la tarde es la continuación de lo que no se alcance a despachar en esta oportunidad? ¿O hay una tabla distinta?
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
No, señor Senador. Se acordó que el proyecto que está en el número 3 de la tabla se trate en primer lugar; posteriormente, la iniciativa de discusión inmediata relacionada con Televisión Nacional y Radio Nacional, y, luego, todas las materias que no se alcancen a despachar en la presente sesión.
El señor GUZMÁN.-
En el punto 7 del Orden del Día figura el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía sobre la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del general en retiro don Roberto Viaux Marambio. Esta materia supone una sesión secreta y, además, que cada Senador emita su voto en conciencia, de acuerdo a una facultad muy peculiar del Senado, distinta de la de orden legislativo. Acabamos de presenciar una votación en la que hubo 9 pareos. Estimo que no podemos pronunciarnos sobre un tema de esa naturaleza en un cuadro de tantos pareos. Por esa razón, sugiero ubicarlo en el primer lugar de la tabla de la sesión de la tarde para, al menos, tener el tiempo suficiente a fin de levantar los pareos verbales y que haya una votación razonable al respecto.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Señor Senador, de hecho la mencionada solicitud de rehabilitación integrará la tabla de la sesión de la tarde, sin perjuicio de las preferencias a que hice mención.
El señor GUZMÁN.-
Así ocurriría si no se alcanza a tratar ahora. Mi temor es que pueda debatirse en la presente sesión, debiendo votarse -reitero- en un cuadro deplorable de pareos.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En este momento restan 15 minutos del Orden del Día. Y, a menos que la Sala acuerde prorrogarlo, sólo dispondrá de ese tiempo para despachar los proyectos siguientes.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, solicito que se tome de inmediato la decisión de no prorrogar la hora de término de esta sesión y dejar para la de la tarde las materias del Orden del Día que queden pendientes. No sé si en un cuarto de hora más tendremos quorum para tomar algún acuerdo.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Estoy de acuerdo con la petición del Honorable señor Guzmán, porque no es bueno votar una materia de esa naturaleza con la actual situación de pareos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, ¿tenemos hoy hora de Incidentes?
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Sí, señor Senador, salvo que la Sala resolviera lo contrarío.
El señor DÍEZ.-
Suspendamos la hora de Incidentes. Estamos muy recargados de trabajo con sesiones de Comisiones y de Sala.
El señor GAZMURI.-
Propongo suspender la hora de Incidentes.
El señor GUZMÁN.-
Además, no habrá asistentes para dicha hora.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si no hay oposición, se suspenderá la hora de Incidentes.
Acordado.
El señor VODANOVIC- ¿Cuál es la tabla para la sesión de la tarde?
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Por acuerdo de la Sala, en primer lugar se halla el número 3 de la tabla de esta sesión, que corresponde al proyecto de ley de la Cámara de Diputados que permite a los pequeños agricultores recuperar el impuesto al valor agregado y que prorroga el reavalúo agrícola. En segundo lugar, figura el proyecto -con discusión inmediata- referente al financiamiento de Televisión Nacional y de Radio Nacional de Chile.
El señor GONZÁLEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZÁLEZ.-
Hoy en la tarde sesiona la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales con asistencia del señor Ministro del ramo. Ese trabajo se programó con mucha anticipación y no es posible suspenderlo. Como el Senado citó a una sesión extraordinaria no programada -la de la Comisión se preparó hace tres semanas- solicito autorización, en mi calidad de Presidente de la Comisión, para sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Entiendo que esa autorización ya está concedida, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, con relación al orden de la tabla, propongo que se atrase un tanto el debate sobre el proyecto relativo a recuperación del IVA por los pequeños agricultores, porque aún no lo despacha la Comisión de Hacienda. - Además, si se quiere evitar excesivos pareos durante la sesión secreta de la tarde, sugiero tratar la solicitud de rehabilitación en el primer lugar de esa tabla, ya que, en parte, los pareos se originan por el trabajo simultáneo en muchas Comisiones. Si no procedemos en esa forma, en toda la tarde no vamos a conseguir el quórum necesario para la sesión secreta.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Someto a consideración de la Sala la última proposición formulada por el Honorable señor Gazmuri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, lo más lógico pareciera ser iniciar la sesión con carácter de secreta; seguir en sesión pública con el homenaje en memoria de don Julio Duran y, luego, continuar con los demás proyectos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si no hay objeciones, así se procederá.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, quienes fuimos partidarios de adoptar el sistema "tres por uno" -es decir, legislar durante tres semanas y dedicar la cuarta a trabajo en regiones- entendíamos que, en el peor de los casos, permaneceríamos aquí martes, miércoles y jueves; y en el mejor, de lunes a viernes.
Me parece que estamos trabajando a un ritmo que no es el adecuado. Deberíamos celebrar reuniones de Comisiones y sesiones de Sala en horarios distintos, evitando, en lo posible, su simultaneidad. En ese sentido adoptamos el sistema "tres por uno": para estar aquí, si es necesario, de lunes a jueves, e incluso hasta el viernes. Pero vemos que se trabaja a un ritmo no compatible ni siquiera con la fisiología.
A propósito de eso, formularé indicación para que las sesiones de Sala se lleven a efecto en horarios adecuados a la condición humana. Trabajar tres o cuatro horas en forma intensiva significa despreocupación, desconcentración y una serie de otros fenómenos. Podría solicitarse un informe médico para conocer el rendimiento que puede alcanzarse en sesiones de Sala tan prolongadas.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Me parece que debemos aprovechar la experiencia vivida para que, en reunión de Comités, establezcamos futuras pautas de trabajo que impliquen debida coordinación de las labores del Senado e impidan, en lo posible, las situaciones representadas, como médico, por el Honorable señor Nicolás Díaz.
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en lo relativo a normas sobre viviendas económicas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14a, en 4 de julio de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Informes de Comisión:
Vivienda y Urbanismo, sesión 30a, en 5 de septiembre de 1990.
Mixta, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Discusión:
Sesión 31a, en 12 de septiembre de 1990 (se aprueba en general y particular).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión Mixta, con la firma de los Senadores señores Frei Bolívar, Cooper y Ríos, y de los Diputados señora Caraball y señores Concha, Estévez y Sotomayor, proponen (en la página 4 del informe) las siguientes recomendaciones:
En el artículo 1o, letra a), segundo párrafo, expresar: "Los edificios ya construidos, que al ser alterados o reparados se transformen en viviendas de una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda, podrán acogerse a los beneficios, franquicias y exenciones de las viviendas económicas y se considerarán como tales para todos los efectos legales, siempre que reúnan las características, requisitos y condiciones que se determinen en este Título,"... Y continúa la proposición de la Comisión Mixta, que habría que considerar en una sola votación, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Este informe fue aprobado por unanimidad.
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.
El señor FREI (don Arturo).- Efectivamente, señor Presidente, la unanimidad de la Comisión Mixta aprobó el criterio sustentado por la Cámara de Diputados, por hallarse subsanadas las prevenciones del Senado en cuanto a que no podría hacerse uso de la facultad que el proyecto establece respecto de viviendas que ya se hubieren acogido al DFL 2. De ahí la unanimidad para aprobar este texto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Nuestro Comité está de acuerdo con el informe de la Comisión Mixta.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Renovación Nacional también aprueba el informe.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si no se pide votación, se dará por aprobado el informe de la Comisión Mixta.
Acordado.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13:41.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.