REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 28ª, en jueves 20 de diciembre de 1990
Extraordinaria
(De 11:15 a 13:47)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX,
PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Mac-Intyre Mendoza, Ronald
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Papi Beyer, Mario
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Andrés
Y el Diputado señor:
-Molina Valdivieso, Jorge
Concurrió, además, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11:15, en presencia de 29 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
La siguiente es la comunicación recibida.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta formulada por los Comités acerca de la situación producida en la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con motivo de la sentencia dictada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional con relación a la referida iniciativa legal.
-Queda para tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).-Terminada la Cuenta.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En atención a que el proyecto que figura en el primer lugar de la tabla está siendo debatido en este momento por la Cámara de Diputados, esperaremos su despacho para tratarlo.
Por ello, iniciaremos esta sesión con la iniciativa ubicada en el tercer lugar del Orden del Día.
MODIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a las normas relativas a las exportaciones no tradicionales contenidas en la ley N° 18.480.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22a, en 11 de diciembre de 1990.
Informes de Comisión:
Hacienda y Economía, unidas, sesión 28a, en 20 de diciembre de 1990.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
El informe de las Comisiones de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción, unidas, recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.480, sobre sistema simplificado de reintegro de exportaciones, propone aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, indudablemente el proyecto es de alto interés para el país en cuanto actualiza y amplía normas acerca de reintegro de exportaciones.
En primer lugar, deseo dejar constancia de que cuando tiempo atrás el Supremo Gobierno presentó una iniciativa respecto de esta materia, formulé indicaciones para que se considerara a ciertos exportadores que, en virtud de la mecánica del proyecto, quedaban excluidos, no obstante ser merecedores -tal vez más que ninguno- de la ayuda que significa el reintegro en cuanto a facilitar su posición competitiva en el exterior. Y, como se expresó en aquella oportunidad, en el nuevo proyecto el Gobierno consideró todas las ideas que yo había señalado en la indicación, que retiré en aras de un pronto despacho.
En lo concerniente al proyecto en actual tramitación -que, como decía, amplía y actualiza las normas, haciéndolas coincidentes con la nueva nomenclatura aduanera-, presenté a la Mesa dos indicaciones, en razón de los fundamentos que daré a conocer a continuación.
Primero, en cuanto al plazo para solicitar el reintegro -no existía en el pasado, y en el texto aprobado por la Cámara y por las Comisiones unidas del Senado se fija en 120 días-, señalé que puede ser muy exiguo para los exportadores de las regiones, por cuanto es necesario efectuar diversos y, muchas veces, complejos trámites. En todo caso, en forma previa a la presentación de la solicitud a la Tesorería, hay que realizar otro trámite de tipo aduanero que, en teoría, debe demorar diez días, pero que a menudo toma más tiempo.
He accedido a retirar esta indicación -y una segunda-, para facilitar el pronto despacho del proyecto, por considerar importante que sus normas empiecen a regir y por entender que el Gobierno, en otra iniciativa, acogerá sus ideas relativas a dar mayores facilidades en la presentación de solicitudes de reintegro y a descontar del plazo para solicitarlo la demora en que pueda incurrir el Servicio de Aduanas en su tramitación.
Asimismo, redacté otra indicación en cuanto a la situación existente en la actualidad. Hasta la fecha, no hay plazo alguno para solicitar el reintegro. Hay muchos exportadores que no han hecho valer sus derechos, sea por ignorancia, por dificultades administrativas o por falta de asesoría adecuada. Estimo que ellos ya tienen un derecho adquirido, que no debiera entenderse limitado por el nuevo precepto. Mi indicación propone que él no rija respecto de las exportaciones ya efectuadas y que hayan dado derecho a reintegro. El señor Subsecretario de Economía ha dicho que se darán instrucciones administrativas para que, en los casos de exportaciones ya efectuadas, puedan llevarse a cabo prescindiendo del plazo que hoy se establece.
Hago presente que he decidido retirar estas indicaciones, en aras de que el proyecto sea despachado y comience a regir el 1° de enero próximo. De no ser así, obviamente carecería de justificación su retiro, por cuanto, si va a tardar el despacho de la iniciativa por haber otras indicaciones, sería preferible que las correcciones que sugiero también se discutieran.
Dejo constancia de ello y reitero que, en mi criterio, la legislación proyectada, en líneas generales, es útil para el país, fomenta las exportaciones, ayuda especialmente a -lo que es constante preocupación mía y de muchos señores Senadores- a que no se deje en desventaja a los pequeños exportadores y a los de las regiones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, lamentablemente las normas constitucionales no nos permiten a los Parlamentarios plantear iniciativas tendientes a aumentar la lista de los productos que deben ser beneficiados por la ley que se modifica.
Sin embargo, deseo dejar constancia de que, en su oportunidad, los exportadores ganaderos de Magallanes solicitaron al Supremo Gobierno incorporar, entre los productos que podrían ser objeto del beneficio, los cueros de exportación.
Debo hacer notar que esta situación cobra especial relevancia ante la grave crisis que enfrenta la ganadería regional, debido, no sólo a las dificultades climáticas de los últimos años, que han deteriorado seriamente las praderas, sino también a los bajos precios de los productos cárneos, y la lana.
El beneficio del reintegro de exportaciones de cueros -uno de los principales rubros productivos de los ganaderos- habría traído un alivio, aunque fuera pasajero, a ese importante sector de la Región que represento.
Por ello, dejo constancia del malestar de los Parlamentarios de la Región por el hecho de que no se haya considerado su solicitud, que, como decía, de alguna manera habría solucionado -aunque fuera sólo en parte- un serio problema en materia de exportaciones.
Por último, espero que en un futuro no muy lejano se revise la situación y se acoja la petición formulada por los empresarios ganaderos, que cuenta con el respaldo de todos los Parlamentarios que representan la Duodécima Región.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor Secretario dará lectura a las indicaciones recibidas.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Hay una formulada por el Honorable señor Calderón para sustituir la letra f) del artículo 5° bis de la ley N° 18.480 -expresa: "Las exportaciones de mercancías que se clasifican en las subposiciones 41.01.01.00, 41.01.02.00 y 41.01.03.00 del Arancel Aduanero."- por la siguiente: "f) Las exportaciones de mercancías que se clasifican en las subposiciones 41.01.01.00 y 41.01.02.00 del Arancel Aduanero.".
El artículo 5° bis de la ley N° 18.480 dice: "No podrán acogerse al sistema de reintegro simplificado:", "a) Las exportaciones de mercancías que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren sido ingresados al país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o devolutivos de aranceles o de franquicias aduaneras..."; b) Las exportaciones regidas por la ley N° 18.483 o las acogidas a sus beneficios;"; "c) Los exportadores que individualmente en el curso de los últimos doce meses hayan embarcado una mercancía afecta al reintegro de 10% respecto de la posición arancelaria correspondiente, en la parte que exceda el valor FOB de US$ 7.500.000, moneda de los Estados Unidos de América,..."; "d) Las exportaciones de mercancías que se clasifican en la subposición 74.01.05.00 del Arancel Aduanero,"; "e) Los productos nacionalizados que se exporten sin cumplir las condiciones señaladas en esta ley.".
Todo este artículo se refiere a las mercaderías que no pueden acogerse al sistema de reintegro simplificado a que alude el proyecto.
El Honorable señor Calderón propone reemplazar la letra f), que expresa: "f) Las exportaciones de mercancías que se clasifican en las Subposiciones 41.01.01.00, 41.01.02.00 y 41.01.03.00 del Arancel Aduanero.", por la que se leyó anteriormente y que consiste en suprimir la subposición 41.01.03.00.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El Senador señor Calderón explicará el alcance de la indicación.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente, la indicación se originó en una solicitud de la Asociación de Ganaderos de Magallanes y fue presentada a la Comisión respectiva. La he patrocinado por considerarla de toda justicia, puesto que esos ganaderos están excluidos del sistema de reintegro simplificado, en circunstancias de que exportan el 80 por ciento de su producción. En la zona existen 8 empresas exportadoras, de manera que su actividad tiene una importancia muy grande.
Ya se ha informado aquí respecto de la situación en que se encuentran los ganaderos de Magallanes debido al precio de la lana y de otros productos. No obstante, en el proyecto se excluye a este sector, que, como los Honorables colegas saben, constituye un rubro importante cuya actividad se desarrolla en 550 predios, que ocupan un total de 2 mil 500 trabajadores permanentes durante el año, más 1.200 por temporada.
Antiguamente este sector tenía derecho a acogerse al sistema de reintegro simplificado, pero se le privó de él en los últimos años. Pido al Senado reparar esta injusticia. Y como el principal producto que ellos exportan es cuero ovino, que no se utiliza en la fabricación de calzado, su inclusión no afectará a la industria nacional del cuero, como se ha argumentado.
El señor Ministro me acaba de formular una apreciación al respecto. Le pediría esclarecerla, a fin de resolver en consecuencia,
El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, quiero expresar, en forma muy breve, que el Gobierno está consciente de los problemas que afligen a los productores de cuero de Magallanes. Hace pocos días viajé a la zona y tuve oportunidad de contactarme personalmente con varios de sus representantes en Punta Arenas.
Dada la urgencia que existe en sacar adelante este proyecto y con el objeto de no producir efectos negativos en el desarrollo del sector exportador en las próximas semanas -creemos muy importante que quede despachado hoy-, señalo el compromiso formal del Gobierno de estudiar más a fondo la situación planteada por el Senador señor Calderón, a fin de resolver, en el curso de los próximos meses, este problema específico.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, dado el compromiso asumido por el señor Ministro y en la confianza de que no sólo se analizará la problemática, sino que se legislará sobre el particular, yo, haciendo fe en sus palabras, retiro la indicación, para no entorpecer el despacho del proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Queda retirada la indicación.
-Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto; no habiéndose presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda concluida su discusión en este trámite.
PRÓRROGA DE PLAZO PARA ESTABLECER FÓRMULAS TARIFARIAS DE LEY N° 18.856
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional y calificado de "Discusión Inmediata", que prorroga el plazo para establecer las fórmulas tarifarias a que se refiere el artículo único transitorio de la ley N° 18.856, con informe de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 27a, en 19 de diciembre de 1990.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 28a, en 20 de diciembre de 1990.
Discusión:
Sesión 27a, en 19 de diciembre de 1990 (queda pendiente su discusión).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Economía, con las firmas de los Honorables señores Piñera (Presidente), Prat y Ruiz De Giorgio, propone aprobar la iniciativa en la misma forma en que la despachó la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa la discusión general y particular del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, la Comisión de Economía ha resuelto aprobar el proyecto en discusión, que, en lo substancial, prorroga hasta el 30 de junio del año 1991 el plazo para establecer las fórmulas tarifarias a los suministros y servicios que las empresas distribuidoras de gas de la Duodécima Región efectúen a sus consumidores. Según la ley 18.856, esas tarifas deben ser reglamentadas mediante decretos con fuerza de ley. Pero en dos oportunidades la Contraloría los ha objetado. Como el plazo para fijar las tarifas venció el 2 de diciembre en curso, mediante esta iniciativa se pretende regularizar la situación.
La Comisión consideró excesiva la prórroga de ese plazo por un año. Sin embargo, en vista de que el proyecto fue calificado de "Discusión Inmediata" y de que cualquier modificación que se le introduzca significará un tercer trámite, se aprobó la prórroga planteada, con la recomendación, sí, de que el señor Ministro nos informe -lo cual le solicito en este momento- acerca de las razones que tuvo la Contraloría para objetar los decretos que pretendían regular esta materia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente, efectivamente, como señaló el Honorable señor Prat, ha habido un conflicto de interpretación con la Contraloría. El Gobierno, de acuerdo a lo establecido en una ley aprobada -si no me equivoco- en diciembre de 1989, envió a la Contraloría los decretos con fuerza de ley, pero en dos ocasiones (mayo y septiembre) ese organismo procedió a rechazarlos. Por ello, el Ministerio se encuentra imposibilitado de normar la política tarifaria mencionada, y ésta es la razón por la cual ha solicitado al Parlamento prorrogar el plazo a que se refiere la ley 18.856.
Creo que la objeción básica de la Contraloría alude al hecho de que la ley estableció una facultad presidencial para resolver en esta materia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
¿Debemos entender, entonces, que la ley contendría un elemento de vicio, y su aplicación sería imposible, de acuerdo con el criterio de la Contraloría?
El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-
Ése es, exactamente, el punto que observa la Contraloría.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.- Entonces, lo que procedería sería proponer un proyecto modificatorio de la ley objetada que la adecue a la normativa vigente a fin de que la Contraloría acepte el decreto. ¿Es así?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- En ese caso, señor Presidente, tendría que hacer una consulta de tipo legal, porque existiría la posibilidad de que el Ejecutivo renunciara -conforme a la interpretación de la Contraloría- a hacer uso de la facultad que esa ley otorga al Presidente de la República, remitiéndonos, simplemente, a los textos anteriores que están vigentes. Pero requeriría, de todas maneras, hacer una pequeña consulta de tipo técnico. Tengo la impresión, sí, de que la vía de solución no tendría por qué pasar por una nueva ley, sino sólo por hacer uso del mecanismo regular establecido para estos efectos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay indicaciones, se daría por aprobado en general y en particular el proyecto.
Acordado.
________________
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, vamos a suspender la sesión en espera de que la Cámara de Diputados despache -lo que ha prometido hacer alrededor de las 12:15- el primer proyecto de la tabla, relativo a modificación de diversos textos legales a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas.
Invito a los señores Comités a una reunión a fin de proporcionarles algunas informaciones.
Ruego a los demás señores Senadores esperar la reanudación de la sesión, pues el proyecto que corresponde estudiar requiere de quórum especial.
Se suspende la sesión.
_________________
-Se suspendió alas 11:50.
-Se reanudó a las 12:56.
________________
El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
MODIFICACIONES LEGALES PARA GARANTIZAR MEJOR DERECHOS DE LAS PERSONAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Corresponde debatir el informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos textos légales a fin de garantizar en mejor forma los derechos de las personas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22a, en 7 de agosto de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 11a, en 8 de noviembre de 1990.
Constitución (segundo), sesión 14a, en 15 de noviembre de 1990.
Mixta, sesión 28a, en 20 de diciembre de 1990.
Discusión:
Sesiones 11a, en 8 de noviembre de 1990 (se aprueba en general); 14a, en 15 de noviembre de 1990 (se aprueba en particular).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En la página 20 del informe se encuentran las proposiciones de la Comisión Mixta.
Las proposiciones de este informe, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, deberán votarse como un todo. En su página 3, la Comisión Mixta hace presente que el proyecto contiene disposiciones orgánicas constitucionales, las que, en virtud del artículo 63 de la Constitución Política, en relación con el artículo 74 de la misma, requerirían el voto conforme de 26 señores Senadores. Esas disposiciones son los artículos 7° permanente y 1° transitorio.
El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, señores Senadores, en primer término, debo presentar las excusas del señor Ministro de Justicia, quien tenía el propósito de concurrir a esta sesión para estar presente en la discusión del proyecto; pero el señor Presidente de la República citó a una reunión de Ministros, y eso lo retuvo en Santiago.
Además, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable señor Vodanovic, por no poder asistir, me pidió que, en su representación, hiciera una relación del informe de ese organismo.
Se trata, como se ha dicho, señor Presidente, del proyecto que tiene por objeto garantizar en mejor forma los derechos de las personas.
Durante la tramitación de la iniciativa, que modifica diversos textos legales, se suscitaron varias divergencias entre el Senado y la Cámara de Diputados. De acuerdo con lo que dispone el artículo 68 de la Constitución Política, en tal eventualidad corresponde formar una Comisión Mixta. La Cámara de Diputados designó como sus representantes en ella a los siguientes miembros de esa Corporación: Honorables señores Andrés Aylwin, Andrés Chadwick, Alberto Espina, Jorge Molina y Hernán Rojo. De esta designación dio cuenta al Senado. Éste nombró, con el mismo propósito, a quienes integran la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, esto es, a los Honorables señores Vodanovic, Diez, Guzmán y Letelier, y al Senador que habla.
Con posterioridad, la Cámara de Diputados reemplazó al Honorable señor Andrés Chadwick por el Honorable señor Juan Antonio Coloma.
Convocados los integrantes por el señor Presidente del Senado, celebramos varias reuniones. La Comisión Mixta se abocó al estudio de una forma de resolver las discrepancias producidas. Todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad, salvo contadas excepciones, de las que se deja constancia pormenorizada en el informe.
Hago presente a los Honorables señores Senadores que, previo a la reunión de la Comisión Mixta, se celebró una sesión que tenía por objeto llegar a un consenso entre los partidos de la Concertación y Renovación Nacional.
Además, la Cámara Baja, cuando en la mañana de hoy aprobó el acuerdo de la Comisión Mixta, designó al Diputado señor Jorge Molina, presente en la Sala, con el objeto de que expusiera aquí los puntos de vista de esa Corporación.
Como lo dijo el señor Secretario, se deja constancia, para los efectos del cumplimiento del artículo 63 de la Constitución Política, en relación con el artículo 74 de la misma, de que los artículos 7° permanente y 1° transitorio del proyecto, cuya aprobación la Comisión Mixta recomienda, se refieren a materias propias de ley orgánica constitucional, por lo que se ofició a la Excelentísima Corte Suprema.
Ese Alto Tribunal envió ayer un fax, evacuando el informe que se le había solicitado. En ese documento, que tiene cinco páginas -no quiero cansar con su lectura a los señores Senadores-, se muestra bastante crítico en relación con las modificaciones que se ha propuesto introducir en diferentes leyes.
Además, la Corte Suprema, en un comienzo, hace observaciones respecto de que el oficio sólo le llegó el día viernes, lo que es razonable, puesto que ése fue el día en que nosotros aprobamos el informe. Luego expresa que, por lo indicado, ha dispuesto de muy escaso tiempo para evacuar su informe. Éste, en general, es crítico, salvo algunos votos disidentes de los señores Ministros. El pronunciamiento de la Corte Suprema se ha agregado a la documentación.
Señor Presidente, yendo al fondo del asunto, debo expresar que la Comisión Mixta estableció que existe discrepancia entre ambas Cámaras en lo que respecta a las enmiendas introducidas por el Senado a los números 2) y 3) del artículo 1° del proyecto, las que la Cámara de Diputados ha rechazado.
Ese artículo contiene modificaciones a la ley N° 12.927, sobre Seguridad del Estado.
El número 2) se refiere al artículo 5°, letra a), de dicho cuerpo legal, que castiga a los que, con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o intimidar a la población, atentaren contra la vida o la integridad física de las personas.
El proyecto de la Cámara de Diputados suprimió en el inciso primero la expresión "o intimidar a la población" y rebajó las penas establecidas en este artículo.
El Senado rechazó la reducción de sanciones y coincidió con la Cámara de origen en orden a eliminar la expresión recién citada.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo respecto de la reducción de penalidad, de modo que sobre este particular se mantienen las sanciones vigentes.
En cuanto al número 3), se refiere al artículo 5°, letra b), de dicho cuerpo legal, que castiga a los que con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad o intimidar a la población, privaren de libertad a una persona.
El proyecto de la Cámara de Diputados suprime, en el inciso primero del precepto, la expresión "o intimidar a la población" y rebaja las penas establecidas en este artículo.
El Senado rechazó la reducción de sanciones y coincidió con la Cámara de origen en cuanto a eliminar la expresión recién citada.
Igual que en el caso anterior, la Comisión Mixta no llegó a acuerdo respecto de la reducción de penalidad, de modo que sobre este particular se mantienen las sanciones vigentes.
Existió también discrepancia entre ambas Cámaras en lo que respecta a las enmiendas introducidas por el Senado a los números 5), 6), 7), 8) y 9) del artículo 2° del proyecto, así como acerca del nuevo número 7) que el Senado intercaló en este artículo.
El artículo 2° del proyecto contiene enmiendas al Código de Justicia Militar. Los números recién citados se refieren a la integración de las Cortes Marciales, a su funcionamiento divididas en salas, a sus integrantes y a la oportunidad para designarlos, a la subrogación de los mismos y a las facultades administrativas, disciplinarias y económicas del pleno de las salas.
El número 5) del artículo 2° del proyecto de la Cámara propone una nueva integración para la Corte Marcial y la Corte Naval, materia regulada por el artículo 48 del Código de Justicia Militar.
La Comisión Mixta, luego de que quedara rechazada por un doble empate la proposición de la Cámara de Diputados, adoptó el texto del Senado, pero elevando el período de inamovilidad a tres años, en lugar de dos.
El número 6) del artículo 2° del proyecto de la Cámara de Diputados derogó el artículo 49 y el inciso segundo del artículo 50 del Código de Justicia Militar, que autorizan el funcionamiento en salas de las Cortes Marciales y fijan los quórum respectivos. El texto del Senado mantiene la vigencia de ambas disposiciones.
La Comisión Mixta acordó eliminar este número 6), por cuanto no hubo acuerdo para reponer la versión de la Cámara de Diputados y porque estimó redundante la proposición del Senado.
El número 7) del artículo 2° del proyecto de la Cámara de Diputados reemplaza el artículo 51 del Código de Justicia Militar, que regula los nombramientos y la destitución de los miembros castrenses de las Cortes Marcial y Naval. El Senado lo rechazó.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo, produciéndose un doble empate, por lo que no hay enmiendas al artículo 51.
Sin embargo, dicha Comisión aprobó el nuevo número 7) intercalado por el Senado, que dispone que el sorteo para designar a los Ministros de Corte que deban integrar las Cortes Marciales se hará en la misma época en que se sortea la composición de las salas de las Cortes de Apelaciones, esto es, en la última semana de enero.
El número 8) del artículo 2° del proyecto reemplaza el artículo 52 del Código de Justicia Militar, que se refiere a la subrogación de los oficiales que integran Cortes Marciales. El Senado lo rechazó.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo, produciéndose un doble empate, por lo que no hay enmienda al artículo 52.
El número 9) del artículo 2° del proyecto de la Cámara de Diputados deroga los incisos segundo y tercero del artículo 70 del Código de Justicia Militar, que hace aplicables a las salas de las Cortes Marciales determinadas normas del Código Orgánico de Tribunales.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo, produciéndose un doble empate, por lo que no hay enmienda al artículo 70.
Existe también discrepancia entre ambas Cámaras en lo que respecta a las enmiendas introducidas por el Senado a los números 2), letra c); 5), 6), 7) y 8) del artículo 3° del proyecto, las que la Cámara de Diputados rechazó.
El artículo 3° modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
La letra c) del número 2) de dicho artículo, propuesta por la Cámara de Diputados, modifica el artículo 4° de aquella ley y dispone que deberá dictarse un reglamento que norme la adquisición, almacenamiento y manipulación de explosivos empleados en faenas mineras. El Senado la rechazó, lo mismo que el resto de este número.
La Comisión Mixta fue del parecer de aprobarla en los mismos términos propuestos por la Cámara de Diputados.
El número 5) del artículo 3° propuesto por la Cámara de Diputados reduce la penalidad del delito tipificado en el artículo 10 de la ley sobre Control de Armas.
El citado precepto de la ley N° 17.798 castiga a quienes sin autorización fabricaren, armaren, importaren, internaren, exportaren, etcétera, armas.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo, produciéndose un doble empate, por lo que no hay enmienda al artículo 10.
La Comisión Mixta tampoco llegó a acuerdo en relación con el número 6) del artículo 3°.
En cuanto al número 7) del artículo 3° del proyecto de la Cámara de Diputados, que reduce la penalidad del delito tipificado en el artículo 13 de la ley sobre Control de Armas, el Senado lo rechazó.
La Comisión Mixta no llegó a acuerdo en este precepto, produciéndose un doble empate, por lo que no hay enmienda al artículo 13.
El número 8) del artículo 3° del proyecto de la Cámara de Diputados reduce la penalidad del delito tipificado en el artículo 14.
Ese artículo sanciona el porte de los mismos elementos y armas.
La Comisión Mixta tampoco llegó a acuerdo.
Un punto importante, señor Presidente, es que existía discrepancia entre ambas Cámaras en lo que respecta al número 13), nuevo, agregado por el Senado al artículo 5°.
El referido artículo contiene las enmiendas que se introducen al Código de Procedimiento Penal.
Tras un prolongado debate, la Comisión Mixta aprobó el texto que propone más adelante, por 7 votos contra 2 y una abstención. Se pronunciaron por la afirmativa los Senadores señores Diez, Guzmán, Letelier y Vodanovic, y los Diputados señores Chadwick, Espina y Rojo; lo hicieron por la negativa los Diputados señores Aylwin y Molina, y se abstuvo el Senador que habla.
En síntesis -y esto es importante, señor Presidente, por ser una disposición nueva-, se suprimió la causal que consistía en que hubieran transcurrido más de tres años desde la iniciación del sumario sin que se hubiera dictado auto de procesamiento, y se fijó la fecha del primer auto de procesamiento como inicial para el cómputo del plazo de la causal que se mantuvo.
En seguida, consta sucintamente la fundamentación del voto expresada por los miembros de la Comisión Mixta.
El Honorable señor Guzmán manifestó que esta agregación al Código de Procedimiento Penal persigue poner un límite a una práctica en virtud de la cual se mantiene indefinidamente a una persona sometida a proceso, con todas las limitaciones que esto conlleva, sin que en la causa existan antecedentes suficientes para dictar una sentencia de condena.
El Diputado señor Molina expresó ser contrario a la norma, porque favorece muy principalmente a procesados por delitos financieros o económicos y porque no es posible medir ahora su efecto en procesos por otras figuras penales, como el tráfico de estupefacientes, por ejemplo. Hizo ver que comúnmente no es el tribunal el que alarga el proceso, sino el inculpado.
El Senador que habla se abstuvo, porque si bien es cierto que la disposición en comento soluciona efectivamente algunos casos de prolongación indebida de los efectos de un auto de procesamiento que no da pie para una acusación, no lo es menos que en el curso del debate no fue posible determinar con exactitud el alcance de esta norma. Además, porque temo que pueda ser empleada de modo fraudulento, dilatando deliberadamente un proceso para evitar una sentencia que se presume adversa.
Otro punto importante -los preceptos son muchos, señor Presidente, pero estoy resumiendo los más relevantes para el informe ante el Senado- es el que dice relación a las discrepancias entre ambas Cámaras en lo que respecta al rechazo por parte del Senado del artículo 7° del proyecto de la Cámara. Esta disposición reemplaza artículo 169 del Código Orgánico de Tribunales, que sienta una regla de competencia entre tribunales ordinarios y militares cuando, entre varios sujetos activos de un delito o de delitos conexos, alguno está sujeto a fuero.
La Comisión Mixta aprobó una proposición del señor Ministro de Justicia, modificada a indicación del Honorable señor Vodanovic, según la cual corresponderá a un Ministro de la Corte Suprema conocer de los delitos que puedan afectar las relaciones internacionales de la República. Con esta enmienda se armonizó la redacción con la que el Código Orgánico de Tribunales emplea en el artículo 560. Además, se incluyó la disposición en el artículo 52 del citado Código.
Por indicación del Honorable señor Guzmán, se adicionó el precepto con una frase final que deja sentado que debe tratarse de conductas delictivas que afecten las relaciones de Chile con otros Estados.
Me permito hacer presente al Honorable Senado que esta disposición también fue criticada por la Corte Suprema, la que se manifestó contraria a la enmienda y cree que la norma del artículo 560, primitivo, del Código Orgánico de Tribunales es suficiente para la finalidad que se persigue.
Omito algunas disposiciones, no tan trascendentales, para referirme a otras.
Existió discrepancia entre ambas ramas del Parlamento en lo relativo a algunas de las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 1° transitorio del proyecto. La Cámara de Diputados rechazó los incisos quinto, sexto y séptimo del precepto sustitutivo aprobado por el Senado. La norma transitoria establece un conjunto de disposiciones que regulan el traspaso de causas desde la justicia militar a la civil.
La Comisión Mixta siguió el camino propuesto por el señor Ministro de Justicia, quien sugirió disposiciones que reemplazan a las que fueron objetadas y que son las que describe el informe.
En seguida, se especifica cuál será en lo sucesivo el tribunal competente: un Ministro de Corte de Apelaciones en visita extraordinaria, designado por la Corte Suprema. Este tribunal tendrá un plazo de cuarenta y cinco días para fallar, prorrogable una sola vez por otro lapso igual, y la prórroga sólo puede ser autorizada por la Corte Suprema. Contra los fallos se podrá apelar para ante la Corte de Apelaciones de que forme parte el ministro en visita extraordinaria. Estas causas tendrán preferencia para su vista y fallo.
Si el proceso ante la justicia militar estuviere en plenario, se señala al tribunal militar un término fatal para dictar sentencia, de treinta días, contados desde la vigencia de la ley. El procesado es el único que puede pedir una prórroga de este plazo, por quince días más. Si la sentencia no es dictada dentro del lapso señalado, opera de pleno derecho un traspaso de competencia a los tribunales ordinarios especiales que este mismo artículo transitorio instituye.
El texto del artículo 1° transitorio que se propone al Senado fue aprobado por unanimidad en la Comisión Mixta.
También se produjo discrepancia entre ambas Cámaras en lo referente al artículo 3° transitorio, nuevo, agregado por el Senado, que rechazó la Cámara de Diputados.
La Comisión Mixta acogió dos cambios sugeridos por el señor Ministro de Justicia y aprobó dicho artículo, de forma que será aplicable el procedimiento que corresponda a cada infracción, con las enmiendas que la norma transitoria contiene.
Por último, en nombre de la Comisión Mixta y de su Presidente, queremos manifestar nuestro reconocimiento al señor Ministro por la valiosa y abnegada colaboración que nos prestó, pues asistió a todas las reuniones, y su presencia fue un factor muy determinante para la comprensión del tema y, en algunos casos, para la decisión que adoptamos.
Con esto termino mi exposición, señor Presidente. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Comisión Mixta tiene el honor de recomendar al Honorable Senado que apruebe, en una sola votación -como prescribe la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional-, las disposiciones y acuerdos que especifica el informe, para dirimir los puntos de controversia producidos en el proyecto que nos ocupa.
Es cuanto puedo decir, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Molina, designado por la Honorable Cámara de Diputados para defender esta iniciativa.
El Diputado señor MOLINA.-
Gracias, señor Presidente.
Como Su Señoría expresó, la Honorable Cámara me designó unánimemente para sostener este proyecto ante esta Corporación. Y debo agradecer tanto a la Sala como a los miembros de las Comisiones del Senado su delicadeza por la atención con que permanentemente se escuchó al Diputado que habla, lo que me ha permitido acumular una experiencia que puedo calificar de estimulante.
Éste es un proyecto complicado. Muchos Parlamentarios dificultosamente pueden seguir sus aspectos técnicos. Pero básicamente la propuesta de la Comisión Mixta, a mi juicio, se mueve en dos planos. Uno es el de los artículos permanentes, respecto de los cuales el criterio ha sido no introducir la totalidad de las modificaciones que proponía el Gobierno en cuanto a la legislación en vigor, y mantener la competencia de la justicia militar tal como estaba diseñada anteriormente. Se ha determinado conservar la integración de las Cortes Marciales; no rebajar las penalidades en los delitos por las Leyes de Control de Armas y de Conductas Terroristas; designar un Ministro de la Corte Suprema para que asuma el denominado "Caso de los Pasaportes"; introducir una nueva causal de sobreseimiento, aspecto que fue muy discutido, ya explicado por el Honorable señor Pacheco, y en general, avanzar con más cautela de lo que se había pretendido en los proyectos presentados por el Ejecutivo.
En segundo lugar, respecto de las disposiciones transitorias que tienden a resolver la situación de los presos políticos, la Comisión Mixta en definitiva busca un camino entre la acción que realizará el Presidente de la República a través de la reforma constitucional propuesta al Congreso y las normas que introducen modificaciones en los artículos permanentes, con reglas de procedimiento destinadas a acelerar los procesos, facilitar las pruebas, propender a que las sentencias se dicten con mayor celeridad y otorgar otros beneficios alternativos, a fin de que, en lo posible, queden resueltas caso a caso las situaciones más controvertidas, dejando a la ponderación y al criterio de Su Excelencia el Presidente de la República el otorgamiento de indultos en esta materia, ampliándolo también al Parlamento.
Hoy en la mañana, la unanimidad de la Cámara prestó su aprobación al informe de la Comisión Mixta. Hubo muchas críticas a algunas disposiciones, pero se estimó que en definitiva la solución propuesta es la mejor. La abstención del Diputado señor Letelier -la única- se vincula con el caso de la competencia del Ministro en Visita de la Corte Suprema, por referirse a una situación en la que su familia se encuentra comprometida.
Por estas razones, y agradeciendo una vez más la atención y deferencia del Honorable Senado, me permito solicitar la aprobación del informe de la Comisión Mixta, que, como dije, la Cámara de Diputados aprobó unánimemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, vamos a aprobar el informe de la Comisión Mixta, en la cual participamos, por variadas razones.
Primero, por obedecer al cumplimiento de un acuerdo político entre Renovación Nacional, el Gobierno y la Concertación, relativo al tratamiento de las materias que resguardan los derechos de las personas y al restablecimiento del indulto presidencial en toda su plenitud para los hechos cometidos con anterioridad al 11 de marzo de 1990, además de la modificación que acordamos respecto al Código de Justicia Militar y a la Ley sobre Control de Armas.
Queremos hacer presente nuestra satisfacción, porque en definitiva este conjunto de leyes, más la reforma constitucional aprobada ayer por la Comisión de Legislación del Senado, constituyen la solución de algunos problemas puntuales pendientes en este período de transición, sin deteriorar a nuestro juicio, la legislación vigente. Se han mantenido las penas y la competencia básica de los tribunales militares en los casos de las asociaciones ilícitas y de la Ley sobre Control de Armas, lo que nos interesaba fundamentalmente para la eficacia del sistema jurídico frente a los actos de violencia y de terrorismo que hemos visto crecer en estos últimos meses.
Por otra parte, creemos que la política seguida por el acuerdo, en el sentido de dictar leyes destinadas a apurar causas pendientes más allá de lo razonable y que han excedido los términos legales, permite a los inculpados contar con una justicia más rápida -que de otra manera no sería tal- y al Presidente de la República ejercer su facultad de indulto en los casos en que lo estime necesario.
Por la información recogida durante la tramitación de los proyectos, hemos llegado al convencimiento de que en algunas situaciones las personas sometidas a ciertos procesos han sufrido lapsos de incomunicación más allá de lo legal y conveniente, o han sido detenidas por períodos que exceden de todos los términos legales, situación de injusticia procesal que no tiene otra solución que la del indulto presidencial.
En efecto, no podemos pretender resolver, por medio de reformas legales de carácter general y que rigen para el futuro, situaciones del pasado que son absolutamente singulares. La única manera de superar éstas consiste en acelerar los procesos para que se aplique en la sentencia la legislación vigente, y para que, una vez fallados, en conformidad a la Constitución y a la ley, el Presidente de la República pueda ejercer su facultad de indultar en aquellos casos en que lo considere adecuado, cuando las personas realmente hayan sufrido una injusticia en la tramitación de sus causas.
Creemos que de esta manera hemos logrado afirmar la legislación vigente y conseguir la aprobación de un proyecto antiterrorista, acogido por la unanimidad del Senado y de la Cámara de Diputados, que constituirá una ley mucho más moderna, mucho más eficiente, y que también contiene normas para prevenir los delitos terroristas y la formación de grupos armados. Y, al mismo tiempo, se permite al Presidente de la República solucionar aquellos casos en que crea de justicia hacerlo.
Al otorgar al Jefe del Estado la facultad del indulto, estamos confiando -y lo decimos muy sinceramente- en el buen criterio con que va a aplicar estas disposiciones. No nos cabe ninguna duda de ello, por su formación jurídica, por su formación moral y por su tradición en la vida pública del país.
De esta manera, los Senadores de Renovación Nacional damos cumplimiento a un acuerdo largo y costoso, pero que en definitiva, a nuestro juicio, arroja frutos saludables para Chile, porque mantiene una legislación fuerte, enérgica; porque acelera los procedimientos judiciales, y porque permite a la vez al Presidente de la República solucionar los casos que considere que han sido tratados con injusticia en un período de tiempo en que la vida política del país no fue normal.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, por supuesto que concurriré a aprobar esta iniciativa de ley, ya que obedece a un esfuerzo serio y responsable tendiente a introducir avances en una legislación que es importante para el normal desarrollo de los acontecimientos en el país y para acelerar los elementos de justicia reclamados por vastos sectores.
Quiero solamente dejar constancia, ante el hecho de que el número 13) del artículo 5° establece dos nuevas causales de sobreseimiento temporal...
El señor DÍEZ.-
Se suprimió una, señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón, el informe hace referencia a dos, pero finalmente quedó una, en efecto.
Deseo dejar expresa constancia de que quiero que se oficie al Gobierno -y lo solicitaré oportunamente en la hora de Incidentes de una sesión ordinaria- para conocer cuántos procesos por delitos de tipo económico se encuentran pendientes que pudieran involucrar a personas vinculadas a hechos de esa naturaleza. Porque particularmente quienes fueron dueños de bancos y defraudaron la confianza pública al llevar adelante acciones que significaron afectar seriamente a pequeños y medianos inversionistas, al generar una crisis de estabilidad en el empleo para sus trabajadores y al determinar que el país gastara alrededor de 4 mil millones de dólares para reforzar el sistema bancario, no pueden quedar protegidos por una norma de esta especie. Y de acuerdo con los antecedentes que podamos recoger, yo pediría las correcciones legislativas pertinentes.
Para favorecer el pronto despacho de la iniciativa que nos ocupa, sólo hago presente esta observación relativa a tal materia, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor HORMAZÁBAL.- Terminé, Su Señoría. Pero si es posible, se la concedo con todo agrado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Con la venia de la Mesa.
Señor Presidente, algunos de los Senadores que votaron a favor de esta proposición en la Comisión Mixta -por mi parte, no dejé una constancia al respecto por coincidir en lo fundamental con el Honorable señor Vodanovic, quien me antecedió en la votación- tuvieron en cuenta que esto soluciona muchos problemas de gente modesta, la que, sin siquiera tener abogado, permanece realmente en el osario de la mayoría de los juzgados del país.
Respecto de los delitos a que hace referencia el Honorable señor Hormazábal, quiero dejar constancia de las medidas que se tomaron en la Comisión para evitar el mal uso del precepto. Primero, se trata sólo de un sobreseimiento temporal, de manera que, existiendo nuevos antecedentes, puede quedar sin efecto el que el tribunal haya dictado. Segundo, para que pueda pedirse el sobreseimiento temporal deben haber transcurrido más de cinco años desde la encargatoria de reo sin que se hubiere dictado la sentencia respectiva, lo que ya es un lapso bastante grande. Además, de esos cinco años se descuenta todo el tiempo de los recursos que hubiere interpuesto la persona a quien se encargó reo, de manera de no premiar al litigante que quiera extender los procesos precisamente para beneficiarse.
Por otra parte, a indicación del Diputado señor Rojo se dispuso que la resolución que dicte el juez será siempre elevada en consulta a la Corte de Apelaciones respectiva. Y, además -encima de todas estas garantías-, se permite que el juez pueda denegar el sobreseimiento por resolución fundada, basada en antecedentes calificados del proceso, si ello es necesario para la realización de diligencias precisas y determinadas de la investigación.
En consecuencia, consideramos que hemos tomado todos los resguardos para realmente dejar decidir al juez, y en definitiva a la Corte de Apelaciones, si procede o no procede el sobreseimiento temporal. Y nos impulsó el hecho de que creemos que una persona no puede vivir permanentemente con un autoencargatorio de reo sobre sí, sin que se dicte sentencia. Esto afecta fundamentalmente a la gente que va a buscar un trabajo asalariado, porque se le pide su certificado de antecedentes y aparece encargada reo en causa pendiente, lo que le resta muchas posibilidades de conseguirlo. Y ésta fue también una de las razones que expresó el Honorable señor Vodanovic -que compartí- en el seno de la Comisión Mixta.
No me opongo a la solicitud planteada por el Honorable señor Hormazábal -al contrario: estoy de acuerdo- para el efecto de conocer qué personas podrían beneficiarse con este artículo. Pero el asunto va a ser realmente muy difícil, por las circunstancias y los requisitos que pide el precepto: el transcurso del plazo, el descuento de los recursos, no existir circunstancias calificadas, no haber diligencias pendientes y la consulta a la Corte de Apelaciones.
Con esto estamos corrigiendo, por lo tanto, la situación que he señalado, porque no puede una persona soportar el peso de la inercia de la justicia y vivir con una encargatoria de reo pendiente.
Ahora, nos parece que el plazo de cinco años es razonable para que se dicte sentencia en un proceso. Si el juez, por razones calificadas, como la complejidad del tema, el haber diligencias periciales pendientes, etcétera, cree que no debe dar el sobreseimiento temporal, en su mano está denegarlo. En todo caso, queda constancia de que esto no significa absolución; es sólo sobreseimiento temporal, el que evidentemente puede ser dejado sin efecto, si aparecen nuevos antecedentes en la causa.
Muchas gracias.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, sólo con el propósito de...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón. Yo había concedido una interrupción, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL.-
Agradezco al Honorable señor Diez la información que ha proporcionado a la Corporación.
Además, entiendo que los fundamentos que ha señalado son de fondo, por lo que vamos a aprobar las proposiciones del informe.
Creo que sólo me basta agregar que mi inquietud se fundaba en que me preocupé del tema. Y he consultado, por ejemplo, en el ámbito de la justicia militar, en el cual casi todos los procesos van a estar terminados ante de que esta ley entre en vigencia, porque existe una disposición que ha instruido a los fiscales militares para que ellos no puedan ser conocidos por los tribunales civiles. Y, adicionalmente, es posible percibir la inquietud, en el ámbito de la judicatura civil, acerca de los efectos que eso pudiera tener en las causas de tal naturaleza.
Con la explicación del Honorable señor Diez y con el sentimiento, que entiendo compartido por la Sala, en cuanto a que el espíritu de esta legislación es favorecer a las personas de escasos recursos y a la gente injustamente procesada, y no el de permitir una salida artera a quienes deben responder ante la justicia, ratifico mi voto afirmativo a lo propuesto por la Comisión.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Seré muy breve, señor Presidente, sin ánimo de polemizar, porque sería desviarnos de lo central, que es aprobar el proyecto, a lo cual concurriremos.
El Honorable señor Diez -y entiendo el espíritu con que Renovación Nacional quiso entregar al Presidente de la República la facultad de indultar- hizo dos acotaciones que pueden ser preocupantes para el tratamiento futuro del tema. Dijo que se confiaba en el "buen criterio" del Primer Mandatario y en su versación jurídica.
Pero hay que tener presente que se está otorgando una facultad al Jefe de Estado. Y el día de mañana, cuando sea ejercida, no vaya a ser utilizado tal razonamiento para decir: "Nosotros se la dimos, pero sobre la base de esto". O sea, aparte de haber descargado íntegra la responsabilidad sobre sus hombros respecto de un tema de por sí delicado, no la vayamos a utilizar después como herramienta para sostener aquí: "Falló el buen criterio; falló la versación jurídica". Se establecería un condicionamiento, entonces, con relación al cual quiero dejar constancia desde ahora que espero que no sea utilizado el día de mañana con un propósito político menor.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, sólo deseo referirme a una expresión que oí al Honorable señor Diez, quien textualmente habló de los actos de terrorismo que "hemos visto crecer en estos últimos meses".
Me parece que es una afirmación que puede no corresponder a la verdad. Me baso en declaraciones que formularon tanto el General Director de Carabineros como Investigaciones en el sentido de que, si bien es cierto que hay más espectacularidad y más noticias respecto a los actos de terrorismo, puede que éstos no hayan aumentado.
Ruego que quede constancia de esto, porque puede tratarse de una información que haya recibido el Honorable señor Diez, pero que a lo mejor no es exacta.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente tanto el informe como el proyecto de ley definitivo.
Con esto culmina un largo proceso de discusión en el Parlamento y de negociación política. Nuestras dos colectividades, tanto el Partido Socialista como el Partido por la Democracia, han concurrido al acuerdo político, y en tal virtud, van a aprobar el proyecto.
Sólo deseo señalar que, a nuestro juicio, el texto contiene bastantes diferencias en algunas materias respecto de los que fueron nuestros planteamientos en todo proceso de debate.
En general, nos parece que la jurisdicción militar sigue siendo excesivamente amplia en nuestro país después de este proyecto, en cuanto a lo que son las normas del sano Derecho. Sobre eso hubo una discusión en particular que yo no quisiera repetir; pero sí insisto en que, en nuestro concepto -sin perjuicio de nuestros votos favorables-, quedamos todavía en una situación en que la jurisdicción militar es exageradamente amplia.
En segundo lugar, quiero destacar la importancia, a nuestro modo de ver, de los artículos transitorios, que esperamos que contribuyan a la necesidad nacional de resolver, en el tiempo más breve posible, la situación de quienes son presos políticos desde antes del 11 de marzo en nuestro país.
Creemos que la sociedad chilena debe a muchos de esos ciudadanos una reparación indispensable, en razón de que fueron sometidos a juicios que no cumplieron con las garantías mínimas de un Estado de Derecho, ni con las normas internacionales sobre el debido proceso. Y esperamos que la reforma constitucional en trámite permita que en el más breve plazo podamos resolver este problema, que todavía es una herida abierta y que dificulta la plena normalización y la reconciliación nacional en que todos estamos empeñados.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, así como se mencionaba la presencia del señor Ministro y la forma como colaboró en el estudio del proyecto, debe tenerse presente que el Diputado señor Molina, quien se encuentra en la Sala, durante toda la tramitación de la iniciativa siempre nos trajo la última palabra, y tuvo la oportunidad de participar en nuestras discusiones, proporcionando los antecedentes respectivos, sin duda, a la Cámara de Diputados.
Durante el debate de hoy en la Cámara, en un encendido discurso, un distinguido señor Diputado, por tercera o cuarta vez, se ha referido a la forma en que el Comité Independiente votó esos proyectos, que fueron varios -formaban un paquete grande-, y entre los cuales estaba el relativo a la pena de muerte. Así que tuvimos una participación realmente activa y votamos muchas veces.
La interpretación, sin embargo, ha estado en varias oportunidades -más de cuatro- equivocada. Hay que entender lo que es para nosotros la justicia militar. Ella, como lo señalé en otra ocasión, está representada de alguna forma por el Código de Justicia Militar, que data de muchos años: viene del siglo pasado, de las cortes españolas.
En ese sentido somos bastante tradicionalistas en cuanto a respetar en general el articulado del Código, a pesar de que el Honorable señor Gazmuri piensa que es un poco amplio. Puede que así sea. Pero es tradicional. Y, cuando se ha considerado amplio, se han nombrado periódicamente -cada diez o doce años- grandes comisiones que lo han estudiado uno o dos años y reformado.
El problema radica en que el Código, súbitamente, en un período muy corto y con un marco político bastante distinto de lo que es la justicia militar, fue objeto de modificaciones en una serie de artículos. Y reconocimos que había normas discutibles y que no correspondían a la época democrática que estamos viviendo ahora. Por eso votamos a favor de muchos de esos cambios.
Pero -lo repito por enésima vez- pensar que los Senadores que nos sentamos en esta parte del Hemiciclo hemos votado constantemente en forma inadecuada o alineada es un error. Al contrario, la iniciativa en debate es precisamente una de las más claras demostraciones de que hemos votado a conciencia respecto de una materia que conocemos muy bien.
Votaré favorablemente el informe, señor Presidente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se procederá a tomar la votación.
Como se trata de un informe de Comisión Mixta, las proposiciones deben votarse en conjunto.
Además, dos artículos del proyecto requieren quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobados. De manera que el señor Secretario procederá a contar a los señores Senadores que se hallan presentes.
El señor SULE.-
Parece que existe unanimidad, señor Presidente.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pero hay que contar cuántos somos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se necesitan 26 votos para aprobar el informe, y hay 29 señores Senadores en la Sala.
¿Existe algún pareo?
Todos los señores Senadores se encuentran habilitados para votar.
Si no hay oposición, se dará por aprobado, por 29 votos a favor, el informe de la Comisión Mixta.
Aprobado.
NORMAS SOBRE SUBROGACIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Finalmente, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, calificado de "suma urgencia", que establece la subrogación del Ministro de Defensa Nacional por el Subsecretario de Guerra. Ayer se acordó eximirlo del trámite de Comisión.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, esta iniciativa no fue enviada a la Comisión de Defensa, y entiendo que no hay urgencia para despacharla hoy.
Por tal motivo, propongo remitirla a dicha Comisión, a fin de que elabore el informe correspondiente, y no discutirla en esta sesión.
El señor HORMAZÁBAL.-
Respaldo la proposición de Su Señoría, señor Presidente.
El señor FREI (don Eduardo).-
Yo también, señor Presidente: que pase a la Comisión de Defensa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El proyecto está calificado de "Suma Urgencia" y no tiene ninguna relación con circunstancias que los señores Senadores pudieren imaginar. Llegó por otras razones.
De acuerdo con lo solicitado, se enviaría a la Comisión de Defensa. Y habría que pedir al Gobierno que retirara la urgencia, pues de lo contrario sería necesario convocar a sesión extraordinaria para el sábado.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
DECLARACIÓN DEL SENADO ANTE HECHOS ACAECIDOS EL 19 DE DICIEMBRE
El señor VALDÉS (Presidente).-
En conformidad a lo acordado en reunión de Comités, la Mesa, creyendo interpretar el sentimiento del Senado, preparó la siguiente declaración:
"En relación a los hechos que han preocupado a la opinión pública en el día de ayer el Senado declara lo siguiente:
"Reafirma su adhesión a la Constitución Política del Estado, a la estricta observancia de las funciones que ella y las leyes establecen para cada órgano e institución que conforman el Estado de Derecho.
"Reitera su confianza en que con espíritu patriótico se siga avanzando en el proceso de consolidación democrática que es de responsabilidad de todos los chilenos.".
¿Habría acuerdo unánime respecto de esta declaración?
Aprobada.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13:47.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.