REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 34ª, en miércoles 16 de enero de 1991
Ordinaria
(De 10:45 a 21:53)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Guzmán Errázuriz, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Pacheco Gómez Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante, de Defensa Nacional, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Justicia, del Trabajo y Previsión Social, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretario General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 45 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 29a, ordinaria, 30a, especial, 31a ordinaria, y 32a extraordinaria, en 8, 9 y 10 de enero en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira la calificación de urgencia y la hace presente nuevamente con carácter de "simple" al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Juventud.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación, y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Con el segundo hace presente la urgencia con carácter de "discusión inmediata" al proyecto de ley que establece el poder comprador estatal de vehículos de locomoción colectiva y otras normas.
--Se tiene presente la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Con el tercero retira la calificación de urgencia al proyecto de ley que dicta normas de subrogación del Ministro de Defensa Nacional.
--Queda retirada la urgencia, y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Con el cuarto inicia un proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscrito el 31 de enero de 1990.
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Oficio
De la Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que excluye al Servicio Nacional de Menores de la aplicación del artículo 9° de la ley N° 18.834.
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Informes
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, atinentes a las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que modifica diversos textos legales para garantizar en mejor forma los derechos de las personas (calificadas de "simple urgencia"), y al proyecto sobre libertad de expresión.
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, relativos a las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Gustavo Francisco Zepeda Camilliere y Andrés Nicolás Galanakis Tapia.
Uno de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción, recaído en las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre propiedad industrial.
--Quedan para tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
MODIFICACIONES LEGALES PARA GARANTIZAR MEJOR DERECHOS DE LAS PERSONAS. VETO
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En el primer lugar del Orden del Día corresponde discutir las observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que modifica diversos textos legales para garantizar en mejor forma los derechos de las personas.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22a, en 7 de agosto de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 32a, en 10 de enero de 1991.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 11a, en 8 de noviembre de 1990.
Constitución (segundo), sesión 14a, en 15 de noviembre de 1990.
Mixta, sesión 28a, en 20 de diciembre de 1990.
Constitución (veto), sesión 34a, en 16 de enero de 1991.
Discusión:
Sesiones 11a, en 8 de noviembre de 1990 (se aprueba en general); 14a, en 15 de noviembre de 1990 (se aprueba en particular); 28a, en 20 de diciembre de 1990 (se aprueba informe de Comisión Mixta).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Guzmán, Diez, Vodanovic, Letelier y Pacheco, propone aprobar las dos observaciones, acordadas por tres votos a favor en el caso de los dos artículos a que dicen relación.
El voto de mayoría correspondió a los Honorables señores Diez, Letelier y Pacheco, y los votos en contra, respecto de la primera, así como las abstenciones, con relación a la segunda, a los Honorables señores Guzmán y Vodanovic.
La primera observación se refiere al artículo 5° del texto aprobado por el Congreso, y la segunda, al artículo 10.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión las observaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor RÍOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Como un problema de orden, quiero manifestar a la Mesa que no tengo inconveniente alguno en que estén presentes los Subsecretarios del Interior y de Desarrollo Regional.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿No se encuentra el señor Subsecretario del Interior como Ministro subrogante de esa Cartera?
El señor VALDÉS (Presidente).-
En efecto. Y pidió autorización para que asista a la sesión el señor Subsecretario de Desarrollo Regional, señor Gonzalo Martner.
Solicito el asentimiento de la Sala para tal efecto.
Si no hay inconveniente, así se procedería.
Acordado
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Por nuestra parte, coincidimos con el Honorable señor Ríos...!
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Agradecemos al señor Senador su preocupación, pero el señor Subsecretario asiste a la sesión como Ministro del Interior subrogante.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Así es.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¡Felicitamos al señor Ministro...!
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, este veto sorpresivo fue aceptado por la Cámara de Diputados, de manera que no habrá ley, cualquiera que sea el pronunciamiento del Senado, en el caso de los artículos cuya supresión ha pedido el Ejecutivo. El informe y la votación tienen por objeto cumplir con los trámites que indica la Carta respecto de la formación de la ley, que son solemnes y deben cumplirse a cabalidad. En consecuencia, solicito al señor Presidente que las observaciones se den por aprobadas en forma unánime.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece al Senado, se aprobarían las observaciones por unanimidad.
Aprobadas.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE ABUSOS DE PUBLICIDAD. VETO
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En seguida, corresponde tratar las observaciones del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley sobre libertad de expresión.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer tramite, sesión 5a, en 17 de abril de 1990.
En tercer trámite, sesión 21ª, en 5 de diciembre de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 22ª, en 11 de diciembre de 1990.
Observaciones, en primer trámite, sesión 33a, en 15 de enero de 1991. Informes de Comisión: Constitución, sesión 7ª, en 13 de junio de 1990.
Constitución (segundo), sesión 24ª, en 14 de agosto de 1990.
Mixta, sesión 26a, en 18 de diciembre de 1990.
Constitución (veto), sesión 34ª, en 16 de enero de 1991.
Discusión:
Sesiones 10ª, en 20 de junio de 1990 (queda pendiente discusión): 11ª, en 26 de junio de 1990 (se aprueba en general); 26ª, en 29 de agosto de 1990 (queda pendiente discusión); 29ª, en 4 de septiembre de 1990 (se aprueba en particular); 22ª, en 11 de diciembre de 1990 (se despacha en tercer trámite); 27a, en 19 de diciembre de 1990 (se aprueba el informe de Comisión Mixta).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con las firmas de los Honorables señores Vodanovic, Diez, Letelier y Pacheco, propone, por unanimidad, aprobar las observaciones del Ejecutivo, dejando algunas constancias que indican las páginas 2 y 3 del informe.
Asimismo, acordó precisar, para la historia fidedigna de su establecimiento, que la norma del número 5) del artículo 24, que el texto de la Comisión Mixta incorporaba a la ley Nº 16.643 con el propósito de proteger a los menores de 18 años que estuvieren vinculados a un proceso criminal, persigue tal finalidad cualquiera que sea su calidad en el proceso, incluidas las de inculpado y procesado.
El informe recomienda al Senado la constancia a que acabo de hacer referencia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay inconveniente, y teniendo presente que la Comisión ha estado de acuerdo con los vetos, se aprobarían las observaciones del Ejecutivo, con las consideraciones y las constancias que se ha propuesto dejar para la historia fidedigna de la ley.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Las normas de este proyecto son de quórum calificado -como lo señala la Comisión-, de modo que se requieren 24 votos. Como hay 26 señores Senadores en la Sala, ello se dejaría establecido, para los efectos constitucionales.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por lo tanto, quedan aprobadas las observaciones del Presidente de la República con el quórum calificado que exige la Constitución.
Aprobadas.
PROPIEDAD INDUSTRIAL. VETO
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Luego, corresponde ocuparse en las observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley sobre propiedad industrial, calificado de "Simple Urgencia".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 14 de agosto de 1990.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 3ª, en 9 de octubre de 1990.
Observaciones, en segundo trámite, sesión 29a, en 8 de enero de 1991.
Informes de Comisión:
Economía y Hacienda, sesión 31a, en 12 de septiembre de 1990.
Mixta, sesión 14a, en 15 de noviembre de 1990.
Economía (veto), sesión 34a, en 16 de enero de 1991.
Discusión:
Sesiones 31a, en 12 de septiembre de 1990 (queda pendiente su discusión); 32a, en 13 de septiembre de 1990 (se aprueba en general y particular); 14a, en 15 de noviembre de 1990 (se aprueba el informe de la Comisión Mixta).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Economía, con las firmas de los Honorables señores Ruiz De Giorgio, Hormazábal, Prat y Fernández, propone aprobar las observaciones del Ejecutivo.
La primera de ellas incide en el artículo 39 del proyecto, cuyo inciso primero prescribe que las patentes de invención se concederán por un período no renovable de 15 años, con el objeto de suprimir la frase "contado desde la fecha de la presentación de la solicitud", lo cual fue acogido por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
El informe hace referencia a las legislaciones extranjeras, y sus páginas 2 y 3 fundamentan las razones por las cuales debe aprobarse el veto del Presidente de la República.
Tanto la observación al artículo 39 como la relativa al artículo 51 fueron aprobadas por unanimidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Gracias, señor Presidente.
El veto del Ejecutivo ha tenido por objeto, a mi juicio, rectificar dos situaciones no precisadas por la iniciativa sobre propiedad industrial.
La primera de ellas se refiere al plazo de concesión de la patente, que originalmente el proyecto fijaba en 15 años, contados desde la fecha de la solicitud, pero agregándose después el tiempo que ésta había demorado en su tramitación.
En el fondo, se trataba de la misma disposición que rige actualmente, ya que hoy las patentes se conceden en Chile por 15 años, a partir de la fecha de la concesión.
De acuerdo con la normativa aprobada, en el hecho se habría restado todo el tiempo de la tramitación de la solicitud. Por este motivo se estimó conveniente presentar el veto, a fin de que las patentes rijan -como sucede ahora y como ha sido la práctica desde 1931, cuando entró en vigencia la ley de Propiedad Industrial- por el término ya señalado, desde la fecha de su concesión. De manera que se trata de volver a lo existente, que ha probado ser efectivo.
Resulta interesante considerar que Bélgica, Dinamarca y otros países han prorrogado el plazo de vigencia de las patentes, el cual se extiende hoy por 20 años. El hecho de acortarlo en Chile habría significado ir contra la corriente mundial.
El segundo punto se refiere a la eliminación de una serie de situaciones monopólicas dadas a título ilustrativo, las cuales justificarían que la Comisión Antimonopolio otorgara licencias no voluntarias a personas que deseen hacer uso de la patente.
Esos ejemplos, que se incluyeron en el artículo 51 (objeto del veto), fueron agregados por la Cámara de Diputados, tras lo cual el Gobierno consideró conveniente -y estoy de acuerdo en ello- suprimir las enumeraciones y volver al texto original, que daba a la citada Comisión bastante latitud en cuanto a resolver cuándo existe lo que podría llamarse "monopolio injustificado". Porque cabe recordar que la patente en sí representa un monopolio justificado. Cuando deja de revestir este carácter, la Comisión Antimonopolio puede declararlo y disponer que haya una licencia obligatoria en favor de quienes deseen explotar la patente.
Por lo tanto, estimo que el veto del Presidente de la República es aceptable, como lo acordó unánimemente la Comisión, de manera que solicito al Senado acogerlo.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el Gobierno formuló dos observaciones al proyecto sobre Propiedad Industrial: una, relativa al período de vigencia o duración efectiva de la patente de invención, y otra, respecto de la tipificación de las causales de abuso, monopólico para el otorgamiento de licencias no voluntarias.
En cuanto a la primera, la norma aprobada por el Congreso establece que las patentes de invención durarán 15 años, contados desde la presentación de la solicitud.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo disponía una duración efectiva de las patentes por 15 años, ya que se daba al solicitante un plazo adicional por el tiempo consumido en la tramitación de la solicitud.
La actual Ley de Propiedad Industrial -el decreto N° 958, de 1931- consagra, por su parte, un término de 15 años al respecto, también contado desde la concesión.
La modificación introducida por el Congreso significaba, en la práctica, reducir el período de vigencia a 13 años, dado el hecho de que el tiempo de la tramitación de la patente normalmente es de 2 años.
El veto del Ejecutivo señala que la tendencia mundial, de acuerdo con la mayoría de las legislaciones modernas, es a dar plazos en materia de propiedad industrial incluso bastante más largos que los 15 años contemplados por nuestra ley. Se ha hecho presente que países como Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Israel y otros, así como la misma Convención Europea de Patentes, consideran 20 años de duración de la patente, a contar de la presentación de la solicitud.
Atendido lo anterior, estimamos de toda conveniencia aprobar el veto en lo que dice relación a esta materia, ya que resulta necesario otorgar, para los efectos de una adecuada protección de la propiedad industrial, un plazo de efectiva vigencia de 15 años.
El segundo aspecto de las observaciones se vincula con la tipificación de causales de abuso monopólico.
El proyecto original no contemplaba una determinación ejemplar de las mismas, sino que simplemente contenía la norma general que permitía a la Comisión Resolutiva, conforme al decreto ley N° 211, de 1973, en definitiva otorgar licencias no voluntarias en casos monopólicos.
El Ejecutivo estimó que la tipificación aprobada por el Congreso en alguna medida podía limitar o restringir las facultades de la Comisión Resolutiva, lo cual no fue el ánimo, por cierto. Por esta razón, se acordó acoger el veto del Presidente de la República, pero dejando constancia de que los casos señalados en las letras b) y c) del inciso segundo del artículo 51 quedan comprendidos, en conceptos de la Comisión, en la regla general consignada en esta norma. Además, se sugiere que en una legislación posterior el Ejecutivo incluya en el decreto ley N° 211, de 1973, las situaciones contempladas en dichas letras, ahora vetadas.
Por las razones expuestas en su oportunidad, así como en este momento, concurriré con mi voto a aprobar la proposición del Ejecutivo, en el sentido de establecer que el período de vigencia de las patentes durará 15 años efectivos, y que la tipificación de la causal de abuso monopólico será la que el proyecto consagrará en forma genérica.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, llamamos a aprobar el veto del Ejecutivo, por las razones expuestas por nuestros Honorables colegas.
Sólo me restaría agregar que la Comisión de Economía durante el estudio del proyecto tuvo la oportunidad de oír a los distintos sectores interesados en el tema. Precisamente una de las letras a que se refiere el veto tuvo su origen en el Senado, a raíz de las experiencias narradas por los representantes de los laboratorios nacionales.
La particular circunstancia de que el Congreso tenga en democracia el importante deber de escuchar a los actores involucrados permite enriquecer las normas jurídicas que se dictan. Por este motivo, en la Comisión -donde se efectuó un análisis muy serio y la decisión afortunadamente fue unánime- quisimos establecer algunos de los criterios que el Gobierno consideraba comprendidos en el decreto ley N° 211, de 1973.
Como se ha dicho, acordamos dejar constancia en la historia fidedigna de la ley, junto con la aprobación del veto, de que estimamos, dada la experiencia que tuvo la Comisión, constitutivas de ejemplos de prácticas abusivas las señaladas en las letras b) y c) citadas. En síntesis, una de ellas se refiere -es importante que los habitantes del país lo sepan- a la posibilidad de otorgar licencias no voluntarias cuando el titular de la patente, su licenciatario o empresas relacionadas en cualquier forma con uno u otro, establezcan para un producto un precio promedio de venta al público que sea considerablemente superior a aquel en que se comercializa en otros países.
Porque una de las grandes preocupaciones de los chilenos era que la Ley de Patentes pudiera generar un alza indiscriminada en los productos farmacéuticos, los cuales tienen una función social relevante que la Comisión valoró en gran medida, en forma unánime.
En seguida, constatamos que en la negociación de las licencias se puede presentar la situación de que el titular del derecho in curra en una práctica abusiva al imponer al licenciatario, como condición para el otorgamiento de la patente, que deje de producir o comercializar un producto que ya esté en el mercado y que pudiera ser competitivo con aquel que es objeto de la nueva patente. La experiencia recogida nos permitió incorporar esta materia en el articulado del proyecto.
Nos parecen atendibles las razones del Gobierno. Y como la definición de las conductas abusivas resulta casuística, estimamos pertinente, para el efecto de ilustrar la actividad de la Comisión Antimonopolio, establecer que, a juicio de la unanimidad de la Comisión de Economía, esas prácticas son lesivas, siendo definidas como un abuso monopólico.
En virtud de las consideraciones expuestas, y porque se pretende establecer una ley que modernice el concepto de propiedad industrial; mejorar la calidad de los productos de distintos rubros que consumen los chilenos, y proteger adecuadamente en el extranjero las creaciones e inventos de chilenos, además de adoptarse medidas de resguardo contra los incrementos indebidos de precios o abusos en el otorgamiento de licencias, solicitamos la aprobación del veto del Ejecutivo.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
En primer lugar, deseo señalar que adhiero al consenso unánime para acoger las observaciones del Presidente de la República.
En segundo término, me preocupa el tema de las constancias. En este caso concreto -y lo formulo, más que como una crítica, como una consulta a los miembros de la Comisión pertinente-, el veto, si no he entendido mal, suprime ciertas explicaciones que, por vía ejemplar, se habían introducido en el proyecto. Pero ocurre que, junto con la aprobación, que implica la eliminación de las cuatro letras en el artículo 51, se dejaría constancia de que dos de ellas corresponden a expresiones adecuadas de la norma general.
Me parece que lo anterior implica cierta contradicción con lo que se vota. Por este motivo, tengo serias dudas sobre la conveniencia de agregar constancias que implican, en forma un poco subrepticia, reintroducir ejemplos que se derogan al aprobarse -repito- las observaciones del Jefe del Estado.
He dicho.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que acaba de plantear el Honorable señor Thayer, porque si bien es cierto que se establecen las funciones y responsabilidades que en esta materia competerán a la Comisión Resolutiva señalada en el decreto ley N° 211, de 1973, sobre prácticas monopólicas, resulta muy importante tener presente que la normativa analizada hoy día por el Senado corresponde a un marco, ambiente o entorno muy distinto al de las disposiciones legales respectivas en 1973.
A mi juicio, el aspecto más trascendente de esta situación es que el Parlamento está prestando su aprobación a un proyecto mediante el cual el país se incorpora al sistema de patentes industriales establecido en el mundo.
La letra b) del artículo 51 determina que uno de los elementos importantes que deberá tener en cuenta la Comisión Resolutiva para establecer la práctica monopólica deriva de que el precio promedio de venta al público de un producto sea considerablemente superior a aquel con el cual se comercialice en otros países.
Se ha expresado hasta el cansancio que esta disposición corresponde a una legislación internacional que rige para todos los países. Por tal motivo, el producto que se patente en Estados Unidos o en cualquier otro país de gran avance industrial, científico y tecnológico será único en el mundo entero; de modo que su precio será regulado en todo el orbe. Debido a ello, tampoco existirán parámetros lógicos de libre competencia, ya que quien inscriba el producto en determinada nación -seguramente, una industrializada, de gran desarrollo económico, científico y tecnológico- en ese mismo instante estará fijando el precio en el mundo entero. De manera que no van a existir parámetros.
Por eso, si el Senado da su aprobación, es importante que lo haga sin incorporar lo establecido en la letra b), sobre todo en el punto que estoy señalando, a fin de que haya parámetros distintos, como los costos propios de la elaboración de un producto versus su venta al usuario, estimando un elemento no trascendente el precio de comercialización en el mundo entero.
Por lo tanto, votaré a favor del veto al artículo 51, considerando los aspectos que he señalado y que espero sean tomados en cuenta también por el Honorable Senado.
En lo referente al artículo 39, que prescribe que las patentes de invención se concederán por un período de 15 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, la observación del Ejecutivo propone suprimir la expresión "contado desde la fecha de presentación de la solicitud".
A mí me parece lógico, de acuerdo con las prácticas comerciales tradicionales de nuestro país y con los aspectos positivos _ que ha teñido la evolución de la industria farmacéutica chilena, que el plazo debe computarse desde el momento de la inscripción o de la iniciación del proceso. Puede haber en determinado instante una demora por razones burocráticas, de interés comercial o de cualquier otro tipo en todo lo concerniente a la inscripción de una marca y al desarrollo comercial propio de ella. De manera que, en este caso, me pronunciaré contra el veto del Ejecutivo.
Quiero señalar también -lo hice presente cuando el señor Ministro de Relaciones Exteriores se encontraba en esta Sala- que esta legislación es expresión típica de un problema según el cual los países como el nuestro, si bien no pueden marginarse de los criterios generales e internacionales de las disposiciones existentes sobre esta materia, deben preocuparse también de cuidar permanentemente su propia industria, y más que eso, de proteger a los usuarios de los productos que se elaboren. Y, en este caso, los farmacéuticos adquieren -como el Senado comprenderá- especialísima trascendencia.
Cuando discutimos el problema en esta Corporación, el señor Ministro de Economía, al finalizar el debate, expresó su satisfacción por el hecho de que, salvo algunas enmiendas de la Comisión de Economía y el voto contrario de ocho o nueve señores Senadores, la iniciativa del Gobierno se hubiera aprobado mayoritariamente.
En esa oportunidad señalamos que con toda seguridad existirían opiniones adversas de algunos organismos, sobre todo de Estados Unidos. Y ellas se comenzaron a oír casi de inmediato. No habían transcurrido 48 horas desde la aprobación del proyecto por el Senado, cuando aparecieron declaraciones de distintas entidades norteamericanas en el sentido de que no estaban de acuerdo con diversos preceptos, apreciándose en ellas amenazas veladas.
Por último, han llegado estas observaciones del Ejecutivo, con expresiones muy parecidas a las de esos organismos. Y tengo la sensación de que nuevamente ha existido presión por parte de esos imperios económicos, científicos y tecnológicos en contra del Estado chileno y de nuestra estructura legal.
Me parece necesario señalar este hecho, porque cada vez que analicemos disposiciones legales como las que estamos tratando ahora nos vamos a encontrar con actitudes de otros Gobiernos que, finalmente, pueden destruir nuestra soberanía.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Gracias, señor Presidente.
Cuando iniciamos la discusión del proyecto de ley sobre propiedad industrial, se planteó en este Senado una serie de objetivos que se perseguían.
En primer lugar, crear un sistema que protegiera la propiedad intelectual, que no estaba debidamente cautelada, en la legislación chilena, como un bien legítimo, a fin de contar con mecanismos adecuados para incentivar el progreso, el desarrollo y la investigación en los campos científico y tecnológico.
En segundo término, teniendo plena conciencia de que el otorgamiento de patentes o licencias significa en la práctica el reconocimiento de un monopolio, planteamos como objetivo de la ley en examen establecer sistemas que resguardaran a la comunidad entera de abusos en la utilización de la facultad que confiere la patente o la licencia. Y esto parecía especialmente importante en todo lo relacionado con productos farmacéuticos, por afectar la salud de los chilenos.
Y, en tercer lugar, patrocinamos como objetivo la integración de Chile a las reglas del juego de la comunidad internacional en materia de derechos intelectuales y de propiedad industrial. En esa oportunidad sostuvimos que un país que ya exporta más de ocho mil millones de dólares y cuyo comercio internacional -importaciones más exportaciones- representa sobre 70 por ciento del producto nacional bruto, obviamente, debe actuar de acuerdo con las reglas aceptadas por la inmensa mayoría de los países desarrollados de la comunidad internacional -que son precisamente sus socios en el campo del comercio y de las inversiones- y no puede pretender una actitud que, so pretexto de defender intereses particulares de una industria, a la larga sea totalmente negativa para los intereses generales de la nación.
Cuando uno analiza las cifras involucradas en el pago de patentes que deberá afrontar Chile en conformidad a la ley en examen y las compara con los beneficios derivados de integrarse plenamente a la comunidad internacional -como lo ha demostrado la experiencia de los últimos meses-, llega a la conclusión inequívoca de que la iniciativa de ley de propiedad industrial fue aprobada con amplia mayoría por el Senado en defensa de los intereses del país y no de los de otras naciones.
Hoy día nos encontramos frente a un veto presidencial respecto de dos puntos. Uno se refiere al plazo de vigencia de este mecanismo de protección, que en un caso sería de 13 años, y según el veto, de 15. Después de revisar la jurisprudencia y las legislaciones sobre propiedad en el resto del mundo, hemos comprobado que los plazos fluctúan entre 12 y 20 años. Por tanto, plazos de 13 y 15 años están dentro del ámbito normal. En este sentido no hay números mágicos. El Presidente de la República propone 15 años en su observación, y la Comisión, en forma unánime, estuvo de acuerdo.
La otra parte del veto se refiere a si la ley debe establecer lo que, según el proyecto del Congreso, constituye prácticas de abuso monopólico. La primera proposición consigna que se considera abuso monopólico no satisfacer adecuadamente en términos de precio, cantidad o calidad la demanda interna del producto protegido. En realidad, ésta es una cláusula tan amplia y tan susceptible de distintas interpretaciones, que, indudablemente, atenta contra el objetivo principal de la ley, cual es establecer un derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, estoy de acuerdo con su eliminación.
Distinto es el caso de las cláusulas b) y c), la primera de las cuales se refiere a cuando el precio del producto internamente difiera de manera sustancial de los que tiene en otros países.
En esta materia, quiero explicar cuál es el sentido y objetivo de esa cláusula, que fue incorporada al proyecto de ley por el Congreso: evitar lo que comúnmente se llama segmentación de precios entre los distintos mercados.
En otras palabras, el titular de una patente, aunque la tenga en el mundo entero, puede segmentar los mercados. Es decir, en los países donde la competencia es mayor, por la existencia de productos sustitutos semejantes, le es factible tener precios menores; en cambio, en aquellos donde no existe competencia puede tener precios mayores.
Ahora, si el precio es alto en todo el mundo, resulta muy difícil que Chile pretenda el privilegio de contar con un precio menor. Pero lo que nuestro país debe evitar es que el precio sea bajo en algunas partes y alto aquí como práctica de segmentación de mercados que pueda realizar el poseedor de la patente.
En consecuencia, me parece muy pertinente que exista esta cláusula como un mecanismo de presunción de prácticas de abuso monopólico.
Lo mismo ocurre con la letra c), mediante la cual se trata de evitar que el hecho de tener determinada patente permita a su poseedor negociar con los laboratorios nacionales cosas absolutamente ajenas a la comercialización del respectivo producto, como sucede en la práctica en muchas partes del mundo donde se otorga el derecho a comercializar un artículo siempre y cuando se discontinúen otros competitivos.
Señor Presidente, el hecho de que dichas cláusulas figuren o no en la ley es un problema de forma. En la Comisión se acordó aprobar el veto presidencial, pero con una clara insinuación al Gobierno para que modifique el artículo 2º del decreto ley 211, que precisamente se refiere a normas para la defensa de la libre competencia, incorporando las citadas letras b) y c) como adicionales y no excluyentes. Porque dicho cuerpo legal dispone que "serán normas que atentan contra la libre competencia, entre otras"; y enumera, sin pretender ser exhaustivo ni excluyente. De modo que la inclusión de esas letras al decreto ley 211 permitirá, a nuestro juicio, conseguir los objetivos del otorgamiento de patentes, pero al mismo tiempo protegerá a la comunidad nacional de prácticas que consideramos definitivamente abusos monopólicos, como son las discriminaciones de precios o la utilización de un producto para negociar cosa ajenas a su comercialización.
Por esta razón, y porque existen buena voluntad y el compromiso del Gobierno de incorporar las letras b) y c) al decreto ley 211, anuncio mi voto positivo al veto presidencial.
He dicho.
El señor VALDÉS: (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, con las palabras finales del Honorable señor Piñera se aclara bastante más el cuadro. Porque aquí estamos reeditando el debate que ya tuvimos cuando el proyecto llegó al Senado, y no me parece que estemos aportando nada nuevo.
Las razones en que se funda el veto del Presidente de la República para eliminar esas letras no tienen mayor relevancia, como aquí se ha señalado. Por lo demás, dada la amplitud de facultades de que dispone la Comisión Resolutiva, situaciones como ésta podrán quedar comprendidas. Así se evita el riesgo de establecerlas de esta manera en el proyecto, terminando en la práctica, con algo más bien lucrativo.
Por eso señor Presidente, solicito que entremos derechamente a pronunciarnos sobre el veto, considerando la recargada tabla que tenemos por delante.
He dicho.
El señor VALDÉS.-
(Presidente) Tiene la palabra el señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor BOENINGER (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Gracias señor Presidente. Seré muy breve.
A propósito de algunas de la últimas observaciones, yo diría que, en lo relativo a la supresión de la letra b), me inclino por el razonamiento que hacía el Honorable señor Ríos en el sentido de que se trata de evitar que la explicación del texto pertinente pudiera permitir a la Comisión Antimonopolios ejercer una atribución sobre la fijación de precios, lo que no nos parece adecuado.
En cuanto a las observaciones del Senado señor Piñera, la posibilidad de incluir las letras b) y c) dentro del decreto que regula las condiciones de libre competencia nos parece interesante, y ciertamente, el Ejecutivo la estudiará.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, son dos las observaciones del Ejecutivo. Creo que habría que votarlas separadamente. Además, se trata de materias bastantes diversas, pese a estar vinculadas a la iniciativa. Y. por esta razón, correspondería votar, no el informe de la Comisión, sino cada veto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Su Señoría está pidiendo dividir la votación?
El señor GAZMURI.-
Exactamente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por lo tanto, se votarán las observaciones por separado.
En votación.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Se votará la observación del Ejecutivo consistente en suprimir, en el inciso primero del artículo 39 del proyecto aprobado por el Congreso Nacional, la expresión ", contado desde la fecha de la presentación de la solicitud".
¿Se aprueba o no la observación?
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, en vista de lo recargada que está la tabla, ¿podríamos hacer una votación rápida, consignando sólo quiénes votan en contra?
El señor VALDÉS (Presidente).-
He oído únicamente a un señor Senador decir que votará en contra: el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Así es, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará el veto al artículo 39, con el voto en contra del Honorable señor Ríos.
Aprobado.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La segunda observación recae en el artículo 51, y fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El señor PAPI.-
Que se siga el mismo procedimiento anterior, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí. ¿Y el Honorable señor Ríos votaría...
El señor RÍOS.-
Favorablemente, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No se han presentado, por tanto, posiciones en contrario.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, respecto de esta observación del Ejecutivo, me abstendré. Se han dado las razones que la explican. En general, ha habido una negociación muy complicada con Estados Unidos, situación que, en mi concepto, no debe ocultarse ni al Senado ni al país. Como se ha dicho anteriormente, hemos legislado considerando el interés nacional. Pero tengo dudas respecto de que el texto aprobado en esta materia por el Senado sea el mejor. Entiendo que hay razones que pueden haber llevado al Presidente de la República a plantear el veto. Pero, en tales circunstancias, prefiero abstenerme.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, si le parece a la Sala, se aprobará el veto de Su Excelencia el Presidente de la República, con las abstenciones de los Honorables señores Gazmuri,...
El señor JARPA.-
Y la mía, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
... Jarpa y Urenda.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MUNICIPALIDADES
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En el cuarto lugar del Orden del Día figura el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, sobre municipalidades, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13a, en 14 de noviembre de 1990.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 34a, en 16 de enero de 1991.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, con los votos negativos de los Honorables señores Diez, Guzmán y Letelier y afirmativos de los Honorables señores Pacheco y Vodanovic, propone rechazar en general la iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior subrogante.
El señor VELASCO (Ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, señores Senadores:
Hace aproximadamente siete meses me correspondió presentar ante las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Gobierno Interior, unidas, de la Cámara de Diputados el proyecto sobre reforma constitucional en materia municipal, el mismo sobre el cual esta mañana tengo el alto honor de exponer en el Senado de la República.
Un postulado fundamental del Programa de Gobierno del Presidente Aylwin lo constituye la democratización integral de la sociedad chilena, unida a la descentralización gradual del Poder, en términos de establecer una participación amplia y efectiva de la ciudadanía en la generación de las autoridades y en la concreción del compromiso patriótico de hacer realidad la aspiración de una sociedad más libre y equitativa en nuestro país.
Este proyecto, junto con el que propone modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, forma parte del esfuerzo sostenido por democratizar la institucionalidad heredada del Régimen anterior, constituyendo al mismo tiempo una de las más sentidas demandas de participación ciudadana, bases todas de un avance decisivo hacia la consolidación del sistema democrático.
La democratización, cabalmente entendida, supone básicamente la concurrencia de tres elementos:
A) La elección de autoridades a todo nivel por voluntad popular genuinamente representada. Sería inconcebible que esta aspiración, ya reflejada a nivel nacional en las recientes elecciones, no tuviera el necesario correlato en el comunal, donde la municipalidad constituye la expresión institucional más próxima a la base social y, por ende, la que mayormente incide en aspectos importantes de su vida cotidiana;
B) El reconocimiento y estímulo a la participación social organizada, de modo que cada chileno y chilena interesados en manifestar sus opiniones y legítimas inquietudes como parte de un sector de la sociedad disponga de cauces efectivos para hacerse oír por las autoridades y coadyuvar con ellas en la realización de programas de bien público, y
C) El restablecimiento de un razonable equilibrio de atribuciones entre los órganos del Poder Público, en términos tales que ninguno de ellos supedite a los demás ni escape al control y al veredicto de la voluntad soberana.
En este contexto, absolutamente sentido y asumido por el Gobierno democrático del Presidente- Aylwin, estimo necesario hacer resaltar ciertas ideas esenciales que inspiran y fundamentan la reforma en discusión.
Primero, deseo destacar la importancia de la generación de las autoridades municipales por sufragio universal, genuina expresión de todo sistema que se precie de democrático, aspiración que no sólo es compartida por la enorme mayoría de los chilenos, sino también por los propios señores Diputados a propósito del debate del proyecto en la Cámara Baja y su posterior aprobación, ocurrida hace ya más de dos meses.
Segundo, es del todo necesario, además, que el constituyente no prejuzgue, en la reforma constitucional que hoy nos ocupa, sobre el sistema electoral por emplearse para la elección tanto de alcaldes como de concejales municipales, lo que es materia de la ley orgánica. Simplemente, debe consagrar el sistema general de elección, difiriendo a la ley la determinación de la modalidad electoral y otros aspectos específicos.
Tercero, se pretende involucrar plenamente a la ciudadanía en el manejo de la cosa pública -es decir, darle una proyección política en el sentido cabal de la palabra-, lo que se expresa a través tanto de la generación de las autoridades por sufragio popular como de la participación de la comunidad organizada en el Consejo Económico y Social Comunal.
Y cuarto, se debe tener presente el compromiso asumido con la sociedad chilena -no sólo por el Gobierno en ejercicio, sino también por las tres candidaturas presidenciales en la última elección, y aun por los Parlamentarios de la actual Oposición- en el sentido de contar cuanto antes con autoridades elegidas en todas las comunas del país. Las elecciones no deben posponerse, ya que un planteamiento que supedite la fecha de ellas a las consideraciones de cálculo político no se concilia con un auténtico comportamiento de consecuencia democrática y, sobre todo, constituye una irreverencia hacia el sentir tan claramente mayoritario de la ciudadanía, expresado primero en los últimos comicios presidenciales y parlamentarios, y reflejado hoy en todas las encuestas, con una cifra superior al 80 por ciento.
Ayer, señores Senadores, me reuní con la directiva de los trabajadores municipales, quienes celebraron un congreso los días 10, 11 y 12 recién pasados, y eligieron a 655 dirigentes, que representan a más de 12 mil trabajadores de todos los municipios del país. La lista que presentó como idea central el apoyo a la reforma constitucional en materia municipal obtuvo una cifra que alcanza a 80 por ciento y eligió los 15 dirigentes nacionales.
Señores Senadores, deseo expresar por último que, una vez aprobada la reforma constitucional, la discusión de las modificaciones que consecuentemente deban introducirse en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades será la oportunidad propicia para analizar con amplitud la consagración normativa de las modalidades institucionales más apropiadas para el perfeccionamiento de los municipios y su adecuación a las necesidades de la comunidad local, subsanando de paso los vacíos e insuficiencias que actualmente presenta dicha legislación.
El Ejecutivo, de acuerdo con lo expresado recientemente por el Presidente Aylwin, considera también indispensable avanzar en breve plazo en la reforma del sistema de gobiernos regionales, y ha comprometido iniciativas al respecto.
Es fácil comprender que los temas regionales y municipales, aun cuando obviamente están vinculados, son distintos y su tratamiento corresponde a diferentes cuerpos legales.
En este contexto, solicito respetuosamente a los miembros del Honorable Senado de la República la aprobación de la presente reforma -anhelada con urgencia por la ciudadanía- y, al mismo tiempo, los invito a exponer y defender sus legítimas apreciaciones e inquietudes en el debate del proyecto de ley orgánica constitucional respectiva, que deberá efectuarse más adelante.
Agradezco a la Mesa el haberme concedido la palabra; y a los señores Senadores, la atención prestada.
Gracias,
El señor VODANOVIC.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Antes había solicitado la palabra el Honorable señor Alessandri. Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que pretende introducir modificaciones al régimen municipal nos obliga a un debate de mayor consideración acerca del futuro de nuestra democracia.
Hace unos días denuncié el peligro que para el correcto ejercicio de la democracia Significaba el desplazamiento de las decisiones del Poder Legislativo hacia las directivas de los partidos políticos. En aras de un mítico consenso y mediante el sistema de los "acuerdos previos", se pretende obligar al Parlamento a transformarse en un simple buzón ratificador de los convenios entre los partidos. Ningún reparo merece para tal procedimiento el hecho de que, en la mayoría de los casos, los dirigentes partidarios no han recibido el encargo de la ciudadanía para que "concurran a la formación de las leyes", según lo señala nuestra Constitución.
Por otra parte, la ley sobre partidos políticos impide la resurrección de las "ordenes de partido", que tanto daño causaron al sistema político chileno, especialmente al normal ejercicio de las atribuciones de los Poderes Públicos y, de manera más específica, a las funciones propias del régimen presidencial.
No quiero que mis palabras se interpreten como un repudio a los partidos políticos. Considero fundamental -como el que más- su misión en la existencia y preservación de un régimen democrático. Mis reflexiones obedecen al deseo y la necesidad de que, para la consolidación de nuestra democracia, los partidos se fortalezcan sobre la base de interpretar realmente las aspiraciones ciudadanas y orienten a la opinión nacional; y, también, a la inquietud que me provoca el gran porcentaje de la ciudadanía que, según una reciente encuesta, no se siente interpretada por colectividad política alguna.
Debemos tener muy presente lo anterior, porque en ninguna otra parte como en la comuna puede existir una clara distinción -e incluso discrepancia- entre la visión centralizada y centralizadora de los partidos y la rica vida plural y propia de aquélla, que a la vez puede producir tipos de participación y representación especiales en cada comuna.
En aras de una "democratización municipal" (¿será lo mismo que decir "democracia municipal"?), se está urgiendo a la opinión pública por tener prontas elecciones comunales. Esta urgencia denota un simple sentido electoralista en las propuestas, y existe el grave riesgo de transformar a las municipalidades en un mero campo de lucha por el poder político. No hago esta afirmación sin antecedentes: basta leer las declaraciones de los jefes de los partidos para descifrar los objetivos que se persiguen.
Por otro lado, nunca antes se había demostrado por el Gobierno la imposibilidad de convivir con las autoridades comunales actualmente en funciones y que han sido nombradas, designadas o elegidas de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las dificultades en la entrega de fondos a las municipalidades, la rebaja de éstos, los continuos ataques a la legitimidad de los alcaldes y CODECOS no designados por el Ejecutivo son las pruebas irredargüibles de esa conducta.
Ningún Gobierno anterior -ni siquiera el de la Unidad Popular- dejó de aceptar el hecho de que la autoridad comunal podía desempeñarse por independientes o personas de partidos diferentes de los gobiernistas. Y es notoria esta imposibilidad de aceptar la distribución del poder en forma que no quede monopolizado en una sola mano. El pluralismo democrático y la autonomía municipal corren, así, grave peligro.
La presión que significa la "Suma Urgencia" resuelta por el Ejecutivo para tratar este proyecto de reforma constitucional -caso único en una materia tan importante- denota el simple sentido electorista que la mueve.
¿No es digno de asombro, para la opinión nacional, el hecho de que no se tenga antecedente alguno respecto del objetivo de la enmienda, aparte del de facilitar que haya luego elecciones municipales?
Fuera de lo que acabo de decir, no se sabe a qué conduce esta reforma. La regionalización -tan unida al tema municipal-, la descentralización administrativa, la autonomía de los municipios, la seguridad de contar con recursos suficientes para el cumplimiento de sus fines y la independencia para administrarlos, la real participación ciudadana, la desconcentración del poder son -entre otras- materias profundamente ligadas a la vida comunal. En cambio, se pretende que el Senado apruebe a ciegas una modificación constitucional que no tiene otro propósito que satisfacer los deseos de los partidos de Gobierno y de éste mismo de que haya pronto elecciones municipales, sin saber para qué, soslayando el problema de fondo que es la verdadera regionalización del país, iniciada por el Régimen anterior.
Creo que el Senado de la República no puede ser sometido a un trato de esta naturaleza, y, desde luego, anuncio que votaré negativamente el proyecto.
La obsesiva idea de que las elecciones se realicen en 1991 y no después revela un clarísimo intento de monopolizar el poder comunal en manos de los partidos de Gobierno y de concentrar en ellos la totalidad del poder político sobre toda la sociedad chilena.
Si a ello sumamos los continuos ataques -incluso del Presidente de la República- contra todo lo que signifique no aceptar cerradamente los proyectos de la Concertación y contra todos cuantos así opinamos, estamos en presencia, ante esta reforma tan urgida, de un intento de imponer el poder total de quienes se sienten mayoría, sin respeto a las minorías y a una sociedad plural. ¿No estaremos frente a una deformación de la democracia, ya que, a pretexto de una llamada "democratización", se nos lleva hacia una verdadera dictadura de los que se consideran mayoría?
Al respecto, debe recordarse que, conforme a las leyes vigentes, el Presidente de la República designa a 15 alcaldes a través del país y que, a pesar de todas las declaraciones sobre democratización, no ha tenido escrúpulos en nombrarlos y todos los reconocemos como autoridades legítimas de sus respectivas comunas. Aun más: debemos recordar que, ante lo que se ha dado en llamar "oposición a la democratización", Parlamentarios de la Concertación propusieron un proyecto para que el Jefe del Estado designara a 70 alcaldes en las comunas más importantes del país.
Como se puede apreciar, no existe una cuestión de principios democráticos respecto de la designación de alcaldes. Lo que relato revela el afán de extender -monopolizándolo- el poder político sobre la mayor parte de la sociedad chilena.
Tal deformación puede presentarse, asimismo, si se pretende monopolizar y dar expresión a la vida comunal sólo a través de los partidos políticos. Afortunadamente, parece no haber acuerdo a este respecto entre ambos bandos partidarios. Y, gracias a Dios, tenemos un Senado donde existen, también, representantes de los independientes y de la más rica experiencia de la nación en materias universitaria, judicial, militar y de la alta administración del país.
Por otra parte, se ha levantado la voz de un prelado -el Obispo auxiliar de Concepción- instando a los sectores políticos a ponerse de acuerdo acerca de este punto, pero -dice- con el auxilio de expertos en la materia.
Nada sería mejor que, en vez de definir este asunto tan forzadamente y en el brevísimo lapso que se nos exige, se optara por formular una amplia y seria consulta al Senado acerca de todos los puntos que inciden en la reforma municipal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 49, número 10), de la Constitución.
Dejo formulada, con el mejor propósito, esta idea.
La monopolización del poder municipal en manos de los partidos políticos puede parecer una solución de democratización electoral inmediata; pero, una vez superadas las circunstancias políticas que vivimos, significará un grave retroceso en el progreso democrático de Chile y en la perspectiva de una sociedad plural, como la que empezamos a vislumbrar. En este último aspecto, será el ahogo para las reales y auténticas expresiones de la variada sociedad de una ciudad o de una comuna.
Veamos un poco de historia.
La trayectoria del régimen municipal chileno acusó un sostenido deterioro hasta 1973, descendiendo en su eficiencia y prestigio, en dar posibilidades de representación y participación a los vecinos y en abrir los cauces de la descentralización. A esa fecha, las municipalidades -salvo escasísimas excepciones- eran elementos decorativos, engranajes de un sistema partidista centralizado que cercenaba cada vez más sus atribuciones y presupuestos.
Cada cuatro años se realizaban elecciones de regidores, cuyas candidaturas las monopolizaban los partidos. Los alcaldes no eran elegidos popular o directamente por los votantes: jamás lo fueron. Eran designados de entre y por los mismos regidores, en verdaderos espectáculos de cuoteos. Lo regular era que duraran un año -se llegó hasta períodos de seis meses-, para que otros partidos disfrutaran también del cargo. Los de las ciudades con más habitantes (Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción) eran designados por el Presidente de la República.
El señor VODANOVIC.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ALESSANDRI.-
Con todo gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor VODANOVIC.-
De lo expuesto por Su Señoría acerca de las antiguas elecciones de alcaldes y regidores, deduzco que está en contra del pacto de la UDI y Renovación Nacional que, en forma subsidiaria, contempla exactamente el mismo sistema, es decir, que el alcalde sea elegido por los concejales.
Gracias.
El señor ALESSANDRI.-
Estoy en contra de ese sistema, señor Senador. Lo que propongo es que, en la próxima elección municipal, el alcalde sea elegido directamente por los votantes, sufragando cada uno por una sola persona. Esa es mi opinión personal.
Como decía, señor Presidente, todo esto era un simulacro de democracia: simplemente formal, de casi nula representatividad y de ninguna participación en las reales actividades comunales. Las elecciones sólo servían para que los partidos midieran fuerzas para las siguientes justas electorales parlamentarias o presidenciales, o para adquirir mayor peso en la política nacional o en el Gobierno.
Todo esto constituye una realidad histórica indesmentible, que debe ser recordada por el país para que no se repita.
El Régimen militar trató de producir una modernización del sistema municipal, casi exclusivamente con el propósito de mejorar su eficacia. Designó alcaldes ejecutivos, con carácter gerencial, eligiéndolos entre elementos jóvenes y capacitados. Muchos de ellos no tenían arraigo ni vecindad en las comunas que iban a dirigir; pero se les proporcionaron respaldo y medios para que demostraran eficiencia, a fin de que el cargo de alcalde recuperara prestancia y la confianza de los vecinos.
Al mismo tiempo, se procedió a dividir los territorios comunales muy extensos en unidades más ligadas a los vecinos y capaces de prestarles mayor atención directa a sus problemas; se extendieron las facultades de las municipalidades para que pudieran ocuparse de importantes aspectos de la educación y la salud y fiscalizaran, también, la actividad de éstos y otros servicios que interesaran a la comunidad local.
En cuanto al financiamiento, se llegó a dotarlas con ingresos que en muchas de ellas representaban un aumento real de hasta veinticinco veces las entradas que tenían en 1973. Al respecto, se utilizó un principio de solidaridad para que las comunas con mayores ingresos auxiliaran a las que carecían de fondos o atendieran problemas de extrema pobreza.
Con estos precedentes, la Constitución de 1980 creó un nuevo y moderno régimen municipal; desechó la representación indirecta a través de los partidos políticos y echó las bases para establecer una participación directa de los organismos y fuerzas sociales existentes en cada comuna. Estableció, así, los Consejos de Desarrollo Comunal, compuestos por representantes elegidos directamente por las organizaciones intermedias y las actividades relevantes de la comuna. Los CODECOS proponían ternas para que, en base a ellas, los Consejos Regionales de Desarrollo designaran los alcaldes.
Lamentablemente, el Gobierno pasado no impulsó la constitución de este nuevo régimen municipal: muchos CODECOS se establecieron sólo en fechas muy recientes. Por lo tanto, el país no ha podido formarse un criterio acerca de la conveniencia del nuevo sistema, por no ser suficientemente probado en su pleno y adecuado funcionamiento.
Hemos dicho muchas veces que la democracia no se agota en lo electoral y en lo que se ha llamado sistema representativo a través, exclusivamente, de los partidos políticos.
La insuficiencia del sistema se hace presente en particular en el plano municipal, pues en la comuna se encuentran las más ricas expresiones de las organizaciones intermedias de la comunidad.
Por otra parte, los problemas vecinales o comunales no tienen color político y, por ello, requieren ser resueltos con más pragmatismo y desprendidos de cargas ideológicas. Esta fuerte realidad ha sido reconocida incluso por las fuerzas políticas que operan en nuestra América.
En 1976 se reunieron en Caracas dirigentes democratacristianos y llegaron a la conclusión de que lo que se conoce por democracia representativa -y, agregaron, "indirecta"- necesitaba superarse, especialmente en el plano local, y plantearon, incluso, una sustitución. Sus conclusiones fueron consignadas en un libro con título impactante: "Hay que reinventar la democracia".
Allí se dijo que la participación es el reconocimiento del derecho a tomar parte activa y fecunda en la vida pública, social o comunal por los mismos y directos interesados. Se dejó constancia de que la democracia participativa en el plano local debía realizarse por las asociaciones de pobladores y de vecinos en sus diversas manifestaciones.
He querido dar a conocer todos estos antecedentes para indicar ante el Honorable Senado que la tendencia moderna de la democracia, especialmente en el plano comunal, apunta a favorecer la participación directa de los interesados por medio de sus propias organizaciones.
Es muy posible que, para hacer realidad y fructífera esta participación, haya que introducir modificaciones a las normas que la establecieron y que lamentablemente, como hemos explicado, no han sido suficientemente experimentadas.
Puede que también se desee por la opinión nacional participar directamente, mediante el sufragio popular, en la elección de los alcaldes de sus respectivas comunas; y como dije, soy partidario de este sistema.
Desgraciadamente, ninguna de las dos cosas se aseguran en la reforma que se nos propone. La redacción ambigua permite una elección indirecta del alcalde de entre los llamados concejales y la participación real y directa de los interesados va a ser reemplazada posiblemente por los candidatos que presenten los partidos. Los organismos intermedios de la comuna no podrán participar directamente en la conducción y resolución de los asuntos municipales. Sus exponentes, si lo quieren hacer, tendrán que presentarse en las listas de candidatos, bajo el alero de algún partido, con lo que se dará pase libre a la politización de estos organismos.
El Gobierno quiere luz verde para modificar el régimen municipal, pero no se garantiza la elección directa de los alcaldes y se desea volver, con algunos toques cosméticos, a una ineficiente organización municipal, retrogradándola a la más absoluta dependencia de los partidos.
No se nos asegura la independencia y autonomía de las municipalidades, que seguramente serán manejadas por el Ministerio del Interior, mendigando recursos y cercenando sus facultades en los avances hechos en materia de educación y salud, como acusa la tendencia actual.
Nada se nos dice de la aspiración nacional sobre regionalización, de la descentralización administrativa y de la desconcentración y dispersión del poder político, como lo requieren las democracias plurales y modernas.
En suma, señor Presidente, votar por la reforma es hacer correr al país los gravísimos riesgos que he anotado y poner fin a un proceso de modernización en el plano municipal que todos deberíamos anhelar.
Por todas estas razones, voto que no, y me permito insistir, en cambio, en la necesidad de que el Gobierno someta una consulta amplia al Senado sobre todos los temas que inciden en una reforma municipal, dentro de un esquema de regionalización, para que a ellos se les imprima el carácter nacional y democrático que merecen.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, el Honorable colega que me ha precedido en el uso de la palabra decía que algunos tenemos la obsesión de que haya elecciones municipales este año o el próximo. Quiero contestarle afirmativamente. Sí, Honorable colega, la tenemos. Pero también tenemos positiva obsesión por la democracia, tan distante de la ilusión -diría yo- de quienes creen que cuando se avanza hacia un régimen democrático es posible seguir actuando con la lógica de las dictaduras.
El Senado conoce la primera enmienda constitucional de envergadura. Somos muchos los que quisiéramos que el Parlamento no sólo abordara esta reforma, sino también un conjunto de modificaciones y rectificaciones a la Carta Fundamental de 1980.
En este Hemiciclo a menudo se escucha un lamento cuando, a propósito de la discusión de iniciativas legales, es necesario recurrir o volver al pasado.
Pienso que todos estamos interesados en mirar hacia adelante para construir en común una nación próspera, progresista y democrática. Sin afán monopólico, creo poder afirmar que los socialistas somos quienes más esfuerzo hacemos y hemos hecho por no perder de vista el porvenir; por recuperar la esencia democrática de nuestro proyecto y perfilarla hacia el futuro; por buscar consenso con los otros sectores políticos; por procurar, sobre todas las cosas, encontrar puntos de convergencia entre los que piensan distinto, representan intereses diversos y que, en un pasado histórico inmediato, estuvieron enfrentados unos como victimarios, otros como víctimas.
Hace un año los diferentes sectores políticos más representativos del país constataron la imposibilidad de transitar hacia esas fórmulas democráticas si se mantenía la estructura constitucional legada por el Gobierno militar. Por eso, hubo un acuerdo político que generó un conjunto de reformas constitucionales plebiscitadas y sancionadas por la voluntad popular. Durante las discusiones previas quedó claro que todas las fuerzas políticas coincidían en la necesidad de democratizar los municipios. De ello quedó testimonio en la expresión de quienes fueron candidatos presidenciales, los que, a su vez, representaban muy diversas opciones para la nación.
Hoy estamos conociendo una reforma constitucional que suponíamos expresaba no sólo la voluntad mayoritaria del pueblo, sino también la que compartían los distintos sectores políticos. Y en el decurso de su tramitación nos hemos ido encontrando con una sorpresa tras otra.
Para demostrar una vez más la necesidad de democratizar la estructura municipal, cabe referirse brevemente a lo que fue en el pasado inmediato. Porque debe suponerse que quienes se oponen a su democratización y postergan la legítima manifestación de la voluntad popular probablemente lo hacen por entender que el sistema vigente, concebido en el Gobierno militar, arrojó frutos y no merece ser cambiado, a lo menos, con un sentido de urgencia.
¿Cuál es el sistema heredado del Régimen anterior? El de los CODECOS y COREDES.
¿Quién designaba a los miembros de los CODECOS? El COREDE.
¿Quién designaba a los del COREDE? Las autoridades del Gobierno.
¿Quién designaba a los alcaldes? El COREDE, sobre la base de una proposición de los CODECOS.
Ocurría como en la jerga futbolística. Así como cuando los jugadores se pasan la pelota, durante la Administración pasada se decía: "Tuya, mía; tuya, mía"; yo te nombro, tú me nombras de vuelta". Lo mismo aconteció con los alcaldes que elegía la autoridad superior del país. Cuando ésta recorría las distintas ciudades y comunas, era condecorada, con diversas medallas, como Hijo Ilustre. Es decir: "Tuya, mía; yo te designo, tú me condecoras mañana".
Esta estructura municipal significó para el país la reproducción, en cada una de sus comunas, del ejemplo dado en la cúspide del poder. Muchas veces dijimos que en cada uno de los municipios aparecían día a día otros Pinochet, que manejaban las comunas como Pinochet lo hacía con el país. En aquéllos se reiteraba, quizás con más intensidad, la estructura autoritaria de nuestra sociedad y, sobre todo, la voluntad omnímoda del poder.
¿Qué descentralización, qué participación, qué grado incipiente siquiera de protagonismo popular hubo en la gestión municipal? Ninguno. Porque el alcalde -reproducción de Pinochet- mandaba en cada comuna como señor feudal.
¡Y esos alcaldes son los que el país conserva hasta el día de hoy! ¡Alcaldes que descaradamente intervinieron electoralmente en el plebiscito de 1988 y en la elección presidencial y parlamentaria de 1989! ¡Alcaldes que, como en los antiguos partidos comunistas, formaban parte de la escuela de cuadros de los partidarios del Régimen militar, porque la mitad de ellos ahora son Diputados de la Derecha!
Honorables colegas, ¿ése es el municipio que se pretende conservar?
El señor GUZMÁN.-
Eso demuestra que fueron muy buenos alcaldes.
El señor VODANOVIC.-
¡Yo pienso que el país no lo desea!
Por otro lado, cuando no se puede insistir en el carácter democrático de las municipalidades, se abunda en la eficacia de su gestión, la que, para decirlo en dos palabras, además de antidemocrática, fue ruinosa. Citaré sólo sus dos elementos más importantes: la intervención en los procesos educativos y satisfacción de las necesidades de salud del país; vale decir, los dos aspectos claves de la municipalización llevada a cabo por el Régimen anterior.
¿Qué decían las encuestas? La opinión pública, en un 80 ó 90 por ciento, señalaba: "Estamos profundamente disconformes con la ejecutoria del sistema de salud y de la gestión educacional".
Esos fueron los municipios que hasta hoy siguen existiendo en Chile y que algunos sectores aspiran que continúen perviviendo por algunos años más.
El proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo, reconociendo lo que es una necesidad y expresando los anhelos democráticos de las mayorías del país, plantea en esencia dos cuestiones: la referente a que el gobierno municipal sea elegido por manifestación de la voluntad popular -es decir, por sufragio universal, por votación libre y directa- y la tocante a que la estructura del poder a nivel local sea equilibrada y representativa de la comunidad.
Por eso, la iniciativa de reforma constitucional es muy sintética y contiene sólo las bases fundamentales o elementales de lo que debe ser un proceso de democratización de los municipios. Y sus perfiles, sus detalles y la propuesta de fondo se encuentran establecidos en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por ello, cuando un señor Senador reclamaba denantes acerca de la necesidad de estudiar con mayor detalle tales aspectos, quiero recordarle que por mayo del año pasado el Gobierno presentó en la Cámara de Diputados este proyecto de reforma constitucional y otro para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, que no ha podido ser conocido por el Parlamento porque constitucional y legalmente debe sancionarse primero la reforma. En todo caso, esta última fue registrada en la Cámara de Diputados, ha sido conocida públicamente por la ciudadanía, discutida por distintos sectores políticos y buscado y explorado muchas fórmulas consensúales para lograr estructurar un sistema de administración municipal que incorpore los distintos puntos de vista.
De tal suerte que cuando se hace la crítica injusta de que no es admisible pronunciarse sobre la reforma constitucional, porque se desconoce en todos sus alcances cuáles serían sus efectos, se está incurriendo en una falacia. El pensamiento del Gobierno y de los partidos que lo apoyan se halla meridianamente expresado y establecido en ese proyecto de ley, que es del conocimiento de todos nosotros.
A falta de fundamentos más sólidos, se dan como argumentaciones en contrario básicamente dos planteamientos.
En primer lugar, que el Honorable Senado es compelido a pronunciarse sobre una materia de esta importancia con suma urgencia. Sin embargo, se olvida que el proyecto fue presentado en el mes de mayo a la Cámara de Diputados y que se encuentra aproximadamente desde hace dos meses en el Senado. Agrega que se ignora el hecho de que en la Comisión respectiva la iniciativa fue analizada en todo su contenido y se escucharon las opiniones de expertos y de profesores pertenecientes a los más distintos sectores; y de que toda la tramitación normal u ordinaria estaba prácticamente terminada. Porque si el Ejecutivo no le hubiere puesto urgencia, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de todas maneras, en su sesión de ayer, habría tenido que votarlo salvo que aquélla lo hubiera enviado a "descansar" durante dos, tres, cuatro semanas; o dos, tres meses, mientras se procuraba un acuerdo político. Es decir, la urgencia fue solicitada por el Ejecutivo cuando la tramitación del proyecto, dentro de su desarrollo natural y normal, estaba terminando. En consecuencia, se trata de una crítica absolutamente injusta.
En segundo lugar, la Oposición plantea que es necesario readecuar en su conjunto no sólo el sistema del poder local de la administración municipal, sino también toda la estructura de regionalización del país.
¡Vaya qué descubrimiento de última hora!
Pensábamos que los sectores que ayer apoyaron al Gobierno militar y que hoy están en la Oposición, encontraban buena su Constitución. Así lo han dicho reiteradamente. Más de una vez hemos escuchado decir a muchos que es nocivo reformarla; a otros tantos, que es necesario operar algunos ajustes, y a todos en común, que uno de los aciertos trascendentales del Régimen anterior, fue precisamente abrir la ruta de la regionalización. Y ésta fue establecida en la actual Carta, de manera que sorprende el deseo de la Oposición de cambiar de inmediato la regionalización y profundizarla muy intensivamente, porque de lo contrario la estructura municipal tampoco se podría tocar.
En verdad, estamos hablando de temas distintos, considerando materias diversas. Y, cuando se plantea la regionalización o el avance en ésta, hasta el día de hoy no se formula un proyecto de contornos nítidos y claros; se escuchan voces contradictorias; se oyen planteamientos no siempre coincidentes dentro de la Oposición; se percibe más de alguna vez -sin hacerse cargo responsablemente de la idea- que tal vez sería necesario elegir por votación popular también a los intendentes, porque algunos en la Oposición expresan que "como en el Gobierno quieren elegir a los alcaldes, y dicen que es democrático, elijamos también a los intendentes; ¿por qué sólo los alcaldes pueden ser elegidos?". La elección directa de intendentes nos acerca -no sé si peligrosa o afortunadamente- a un sistema federal de Gobierno muy distante de nuestras tradiciones, muy contrapuesto a lo que la Derecha históricamente ha planteado para el país, y nos aproxima a un tema que ni siquiera ha sido explorado ni planteado seriamente en círculos políticos y académicos.
Entonces, ¿qué es lo que se quiere de la regionalización y cuáles son los elementos de ésta que condicionan -según la Derecha- la aceptación de la reforma constitucional? ¿Significa la elección directa de intendentes transformarnos en un país federal? Si es así, que se diga. Si no, ¿qué es? ¿Profundizar algunos conceptos de la actual Constitución? ¿Cuáles? Esa profundización o sea rectificación, ¿no es querida por los otros sectores políticos? ¿Estamos en contra de la regionalización? No es así. Entonces, cuando uno compele para obtener respuestas, se encuentra con la falta de éstas, porque simplemente no las hay. En esencia, se trata de obstaculizar la tramitación de este proyecto de reforma constitucional y de que no existan elecciones municipales, porque por supuesto resulta mucho mejor y más cómodo, sin que haya elecciones, seguir disfrutando y gozando de la administración municipal ejercida por más del 90 por ciento de los alcaldes designados en el Régimen del general Pinochet. Esa es la verdad de la milanesa y no otra. Creo que conviene afrontar y considerar el tema, y no eludirlo con subterfugios de distinta naturaleza.
Hemos conocido recientemente, Honorable Senado, a propósito de las distintas negociaciones que se abrieron para buscar un acuerdo en esta materia, un convenio suscrito entre los dos partidos de Oposición, Renovación Nacional y la UDI, o sea, las mismas fuerzas políticas que, formalmente, ponen como condición para aprobar la reforma que ésta se estudie con más latitud y que se explore el tema de la regionalización.
En ese acuerdo, que es de carácter público, está establecida realmente la fundamentación concreta de los partidos de Derecha para oponerse a esta reforma.
¿Qué dice el acuerdo? ¿Qué les gusta a los partidos de Derecha como sistema de administración municipal? Elección directa de los alcaldes entre aquellos candidatos que obtengan más o menos -puede que en la cifra me equivoque- el 30 por ciento de los votos. ¡Qué curioso sistema! ¡Con el 30 por ciento de los votos la lista se lleva al alcalde! ¿No será que -porque se sabe minoritaria y estudió los efectos electorales de esa proposición- la Derecha advierte que, aún siendo minoría, con ese porcentaje de los sufragios está en condiciones de obtener cerca de la mitad de los alcaldes del país? Pienso que sí, que ésa es la respuesta.
¿Qué dice en segundo lugar el acuerdo? Si ninguno de los candidatos obtiene ese 30 por ciento o la cifra parecida -no recuerdo cuál es-, al alcalde lo eligen los concejales.
Escuchábamos recién críticas sobre el sistema de generación de autoridades municipales. Y seguiremos oyendo invocaciones a la expresión de la voluntad democrática. La Derecha ha firmado un acuerdo en virtud del cual en la práctica a los alcaldes los eligen los concejales. Es decir, el mismo sistema viciado y desprestigiado, en concepto de muchos, que existía con los regidores, los cuales se reunían y elegían al alcalde. Es el mismo método que ahora propone la Derecha.
Por último, ¿qué insinúa la Derecha en cuanto al Concejo Municipal? Que lo integren seis concejales municipales en todo el país: seis en Chuchunco, seis en Santiago, o seis en Concepción. ¿Y por qué seis? Porque los expertos electorales de uno de los partidos de la Derecha han descubierto que con ese número -y sólo con esa mágica cifra, y no con otra; no con una impar- no les iría tan mal en las elecciones. Si no, que se me conteste en contrario cuál es la fundamentación para este esotérico número seis, que indica que todos los concejos municipales de Chile deben tener el mismo número de concejales. ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no once? ¿Por qué no trece? ¿Por qué no guardar un mínimo de consideración con la lógica, la cual indica que no se puede elegir seis concejales en una comuna con 300 mil habitantes y elegir los mismos seis en una de 8 mil? La lógica señala que el número de concejales -como ha sido siempre, y como es en todas partes del mundo- debe estar en relación con el número de habitantes de la comuna o del sector territorial que se trata de representar.
Ese acuerdo, que expresa la voluntad política de la Oposición, demuestra nítidamente sus puntos de vista y, sobre todo, acredita fehacientemente que su actitud está condicionada por cálculos políticos. Y yo, al contrario de lo que nos reprocha la Derecha, no lo digo peyorativamente: ¡Cálculos políticos, sí! ¡Legítimos! ¡Los mismos cálculos políticos que cualquier sector tiene derecho a plantearse ante sí mismo cuando existe la eventualidad de una elección! ¿Cuál será el mejor sistema para mis intereses? ¿Cuál será el mejor sistema para una representación adecuada del electorado que estoy orientando o del que soy voz?
Es válido que cada sector político se lo plantee e, incluso, que pugne, que inste por tener mayoría o por generar consensos alrededor de la propuesta que les es conveniente. ¡Por supuesto que es legítimo! ¡Todos lo hacen! ¡Todos lo hacemos! Pero lo que no es legítimo es subordinar una reforma constitucional clara, prístina, diáfana, que interpreta la voluntad del 85 por ciento de los habitantes de la nación, a un cálculo electoral tan secundario como ése.
Es decir, el país tiene que estar pendiente de que Renovación Nacional y la UDI puedan repartirse los seis candidatos a concejales. Y cuando la Derecha nos reprocha que queremos politizar las elecciones municipales, yo, como antiguo abogado, acostumbrado a leer documentos, recurro al suscrito por ellos que contempla la posibilidad de que vayan independientes también. Pero, ¿dónde? En las listas de los partidos. Entonces, ¿quién quiere politizar estas elecciones?
Y de todo el contexto de ese acuerdo de la Oposición se desprende con claridad meridiana que el elemento que lo ilumina es un cálculo político, legítimo, pero cálculo político al fin.
Entonces, que no nos vengan a decir -y que no le digan al país- que rechazan la reforma constitucional, porque es necesario hacer una distinta sobre la regionalización del país, en circunstancias de que permanentemente los hemos escuchado hablar en un sentido contrario. Unos argumentan que debe mantenerse intangible la Carta Fundamental; otros, que hay que introducirle las menores reformas posibles. Pero ahora, cuando se discute una enmienda anhelada por toda la nación, la Derecha descubre la necesidad de seguir descamisando "su propia Constitución". ¿Y en qué quedó su intangibilidad? ¿En qué quedaron todas las protestas sobre mantener la estabilidad institucional y constitucional? ¿En qué quedaron todas las críticas hacia las fuerzas que hoy respaldan al Gobierno cuando planteábamos la conveniencia de reformar amplia e integralmente la Carta Fundamental? Quedaron sencillamente, en nada. Porque la Derecha, ante un proyecto con esa finalidad, que lesione sus intereses electorales, no trepida en agregar otra reforma constitucional. Y tal vez, por esa vía, podríamos llegar a lo que ilustres representantes de esa tendencia política han llamado "la cascada de reformas constitucionales". No seré yo, en todo caso, Honorables colegas, el que proteste por una cascada de reformas, porque me parece que el país necesita cambiar sustancial e integralmente la actual Constitución.
Finalmente, Honorable Senado, creo que las cosas deben ponerse en su lugar. El asunto es simple. El 85 o el 90 por ciento de este país no comparte la idea de que los municipios sigan siendo administrados por alcaldes que designó el señor Pinochet. Esa voluntad mayoritaria reclama elecciones municipales.
Aprobemos este proyecto, que tiene ese objeto y la aspiración sentida por todos. Discutamos en seguida, seria y responsablemente, la iniciativa del Gobierno que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades; y concordemos criterios con relación a sistemas electorales, atribuciones y facultades de los municipios y sobre todos aquellos temas que son una consecuencia de contar por fin con organismos edilicios generados libre y democráticamente.
Eso es lo que debemos hacer, y no introducir elementos que perturban el debate, que añaden componentes que nunca fueron puestos en discusión y que sólo testimonian, lamentablemente, la voluntad de no abrir paso a la expresión de esa voluntad popular.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, personalmente creía que este proyecto iba a ser objeto de un acuerdo previo o consenso político que me parecía bastante avanzado, y en el cual, como Senador independiente, no me correspondía participar. Sin embargo, no han ocurrido así las cosas, y el problema se ha precipitado hacia una votación en el Senado urgida en forma suma por el Ejecutivo.
Quiero hacer presente que el punto de vista que voy a expresar es sólo personal; no pretendo representar a nadie, sino dar a conocer mi modesta experiencia y mi visión del asunto. Más aún, tengo la percepción clara de que en la pasada elección presidencial los tres candidatos propusieron la elección de alcaldes por votación popular. Ocurre que yo tengo un pensamiento distinto, y lo voy a manifestar de manera muy breve, porque me interesa particularmente escuchar las argumentaciones en este interesante debate para ver si estoy equivocado; pero quiero decir lo que realmente siento.
Primero, tengo la convicción jurídica e institucional formada en el sentido de que los alcaldes y los municipios no son autoridades políticas, sino administrativas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución -y no creo que en esto haya modificación respecto de normas anteriores-, "La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad la que está constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo comunal respectivo.".
Cuando se habla de gobernaciones o de autoridades regionales, como es lógico, la Carta -ahora y antes- se refiere a "gobierno" y a "administración". Para mí es absolutamente claro y concuerdo del todo con un orador que me ha precedido en el uso de la palabra con una brillante intervención, en cuanto a que no tendría sentido en una república unitaria como Chile, elegir a los intendentes por votación directa. Eso nos conduciría a un régimen federal.
El problema radica en determinar si queremos hacer de los municipios y de los alcaldes autoridades políticas o autoridades administrativas. Y ocurre que a ese respecto, por múltiples razones que sería largo debatir aquí -ojalá se presentara la oportunidad de hacerlo, porque estimo, coincidiendo con lo expresado por un orador anterior, que sería muy oportuno que el Senado fuese consultado a este respecto por Su Excelencia el Presidente de la República para así abrir un debate a fondo sobre un problema que, a mi modesto entender, no está de acuerdo con el avance del país-, hay cierta conciencia de que el sistema establecido no está funcionando bien, aunque no está claro por cuál debería reemplazarse.
A mi juicio, ni la elección de administradores ni la de técnicos debe hacerse por sufragio universal. Creo que esta última es una herramienta establecida y probada políticamente en la historia de las democracias para la elección de autoridades políticas; no es un buen sistema, ni se ha pretendido de ordinario invocarlo como tal para elegir buenos administradores, o jerarquías, o gente de determinada calidad técnica.
Cuando de acuerdo a la Constitución, ahora y antes, por ejemplo, el Presidente de la República debía elegir -supongan los señores Senadores- al Contralor General de la República, exigía la aprobación del Senado, que tiene funciones específicas propias, distintas de las de la otra rama del Congreso.
A mí no me causa rechazo alguno un esquema de elección de alcaldes en que fueran -oigámoslo bien- todos designados por el Presidente de la República, a propuesta, y con una adecuada reglamentación, de las entidades más representativas de la respectiva comuna. Pero acontece que lo que considero como una función de administrar la comuna es para mí esencialmente distinto de lo que concierne a una autoridad política. Precisamente lo que es propio de la vida política en una república unitaria tiene un indesmentible sentido nacional. En cambio, lo relativo a una administración puede ser de nivel nacional, comunal o, incluso, inferior.
En el momento en que hubiera conciencia en el país, o conveniencia, de que los alcaldes sean autoridades políticas; y de que los concejos municipales sean cuerpos colegiados de carácter político, lo razonable sería que se eligieran por sufragio universal. Si ello no fuera así, habría que buscar un mecanismo en que, a la inversa, la facultad de designación suba desde la base comunal -expresada fundamentalmente por las entidades más representativas de las distintas funciones de la comuna- para que se busque a la persona más adecuada para administrar esa localidad.
He observado en algunos de los proyectos que se han discutido la idea de que, junto con la elección de un alcalde, se designe a un gerente, por ejemplo. En el fondo, el gerente que se está buscando es el alcalde que se les ha perdido desde el punto de vista administrativo.
No quiero alargar mi intervención, pero tengo conciencia, señor Presidente y señores Senadores, de que mi enfoque es como muy solitario. No concuerdo -soy muy franco- con los puntos de vista planteados en esta materia por el Gobierno, por Renovación Nacional y por Unión Demócrata Independiente. Creo que el debate se torna muy difícil, porque se ha perdido de vista una cuestión que, como la que estoy mencionando, a mi juicio, es principal y clave.
Ahora, como de nada estoy más seguro que de ser una persona falible, participo en este debate más con ánimo de escuchar que de hablar.
Quería hacer tal salvedad, que me parece fundamental, para que se entienda cuál va a ser mi voto, a menos que los antecedentes que se expongan me induzcan a cambiar de opinión.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, en el mundo moderno se hace cada vez más necesario encontrar los caminos que permitan acercar la autoridad a la sociedad o pueblo que se pretende gobernar.
Los países europeos han alcanzado niveles muy atractivos en el campo de la administración de los Estados y, a pesar de ello, numerosos institutos estudian cada día nuevas fórmulas que permitan mayor perfección en la permanente búsqueda de las bases de una administración adecuada del hombre y su entorno social.
El centralismo, fuertemente influenciado por doctrinas estatistas, alcanzó niveles a tal punto exagerados que el crecimiento de inmensas urbes, hoy día muy difícil de detener, marcó lo que fueron políticas de administración centralizadas, omnipotentes y ajenas al espíritu social.
Desde nuestro punto de vista, actualmente la alternativa se encuentra en la formación de los poderes verticales, que, para el caso chileno, se ubican en los niveles central, regional y comunal.
El pasado Gobierno inició este proceso, aceptado y querido por todos los chilenos. Quién sabe si este programa resulta ser el mejor ejemplo de cómo es posible hacer cosas que son acogidas por todos, o al menos por la inmensa mayoría de un país, y que, al mismo tiempo, constituyen una demostración significativa de la sabiduría de la sociedad, que las más de las veces se adelanta a lo que sus propios líderes le indican.
La regionalización fue una acción subterránea que se cobijó en el interior de cada habitante de Chile, a la espera de que sus líderes le abrieran los caminos para su realización.
Lo anterior no indica otra cosa, señor Presidente, que no sea participar. En efecto, la regionalización es participación, es ser responsable de su propio destino.
La sociedad, mientras más culta y educada, es también más participativa. Y Chile, en los últimos decenios, ha alcanzado niveles de educación atractivos. Por ello, se requiere la formación de normas legales que interpreten lo más profundamente posible tal hecho.
Este aspecto tan trascendente -ocuparíamos muchas horas en su estudio- es una de las causas más importantes por las cuales el propio comunismo comienza a desaparecer de la Tierra, y, al mismo tiempo, nuestras ideas -las ideas de Chile- alcanzan niveles de atracción popular tan altos.
Por ello, entonces, nuestra gran tarea legislativa en materia de leyes de Gobierno será, al menos durante todo este decenio, la de crear las condiciones adecuadas para que la participación se manifieste activamente. No hacerlo es simplemente dar vuelta la espalda a una realidad poderosa, impresionante, que se expresa cada día en decenas de ejemplos diferentes.
Los Tres Poderes Verticales
Cada nivel de la administración del Estado es, de hecho, un poder, por cuanto cada uno de ellos tiene responsabilidades muy definidas.
El Poder Central
Son los poderes horizontales clásicos de nuestra sociedad: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para los efectos de nuestro interés actual, trataremos de preocuparnos preferentemente del primero de ellos, del Poder Ejecutivo.
Ahí se ubica la administración superior de la soberanía de la nación y, aunque requiere responsabilidad nacional en todo el desarrollo armónico de Chile, sus obligaciones directas son las referentes a las relaciones de nuestro país con el resto del mundo, como también las relativas a las Fuerzas Armadas y a la policía, al estudio de la legislación chilena y a su participación en ella, además de la administración directa de recursos que permitan un crecimiento armónico de sus habitantes, en mérito de la norma básica que ha de ser el sentido permanente de todo nuestro quehacer público: la igualdad de oportunidades.
El poder central, en mérito de sus altas obligaciones, debe estar desprovisto de una infinidad de deberes propios de la administración del país, permitiendo, a su vez, una amplia participación de los ciudadanos que él gobierna. Ello constituye la descentralización, es decir, aquel conjunto de normas que permiten u obligan a las autoridades centrales a entregar responsabilidades administrativas, de estudio y ejecutivas en los niveles regionales y comunales del país.
En suma, el poder central deberá administrar recursos para cumplir tres grupos de obligaciones: primero, la administración del país; segundo, las obligaciones relativas a las Fuerzas Armadas y Policía, y tercero, la administración de un Fondo Nacional de Desarrollo, constituido por recursos que, proviniendo del Presupuesto General de la Nación, han de permitir al Presidente de la República su uso para proyectos nacionales o de cooperación social en zonas deprimidas económicamente.
El Poder Regional
Variados aspectos del poder regional se encuentran en la actualidad en pleno funcionamiento. De partida, está la Región propiamente tal, como unidad geográfica, subdividida en provincias, las que, a su vez, se dividen en comunas. Se hallan definidas sus autoridades -intendente, gobernador y alcalde-, como igualmente el cuerpo ejecutivo que rodea a cada una de ellas. Un estudio legal más a fondo permitirá algunos cambios en las responsabilidades de éstas, tendientes a la descentralización de Chile.
La Región la concebimos como un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, provisto de los recursos adecuados para el cumplimiento de los programas propios del desarrollo regional, los cuales abarcarán la totalidad de las obligaciones no asumidas por el poder central.
La Ley de Presupuestos anualmente le entregará los recursos para su administración directa, los que serán distribuidos sectorialmente por el Consejo Regional y ejecutados por el intendente, en colaboración con sus secretarios regionales ministeriales, futuros ministros regionales de su dependencia.
Dicho Consejo Regional estará compuesto por el intendente, quien lo presidirá; gobernadores, donde los haya, y alcaldes comunales. Cumplirá las funciones de Parlamento regional, tendrá facultades fiscalizadoras y podrá dictar leyes regionales (entre ellas, la del presupuesto de su zona), para un mejor y más completo desarrollo de su área geográfica.
Aunque el ideal de configuración del Consejo o Parlamento regional sea producto de una elección para esos fines, y a pesar de que el proceso electoral es una de las manifestaciones más destacadas de participación, no es posible, sin un estudio más profundo, aprobar una iniciativa de este orden sin tener presente los resultados negativos que pueda implicar, a su vez, un exceso de elecciones para un país que, como el nuestro -hasta ahora, al menos-, alcanza niveles de división y conflicto tan grandes que incluso perjudican su desarrollo económico y social. Por ello, la alternativa del alcalde elegido popularmente resulta ser adecuada para la formación de ese Consejo, aunque dicho personero también ha de cumplir funciones ejecutivas en su respectiva comuna, y puede -lo reconozco- ser un factor inadecuado que un personero esté cumpliendo esa doble función.
El intendente, desde mi particular opinión, debe ser nombrado por el Presidente de la República. Es de su exclusiva confianza y, aunque se desempeñará en tal cargo por todo el período presidencial, podrá ser removido cuando el Ejecutivo lo estime conveniente.
El nombramiento -y no elección- del intendente es básico para llegar a armonizar el doble propósito que nuestras ideas desean alcanzar: la descentralización, sin destruir las características propias de nuestra tradición enmarcadas en la existencia de una sola gran nación, solidaria, cuya soberanía reside en toda ella, y su administración corresponde a los Poderes con que cuenta.
Descentralizar no puede ser federar, al menos por este decenio, en que nuestra dedicación principal será la de ubicar a nuestro pueblo en una nueva perspectiva de participación, la cual conlleva otras responsabilidades que deben cumplirse también en buena forma.
El patrimonio de la Región estará compuesto por la totalidad de los bienes fiscales existentes, salvo aquellos que correspondan a una administración centralizada (Fuerzas Armadas, Policía, etcétera). Igualmente, pertenecerán al patrimonio regional las empresas estatales o la parte fiscal que ellas puedan tener. La tesorería regional ha de recoger la totalidad de los tributos que generen sus riquezas regionales, como igualmente las eventuales utilidades de las empresas fiscales de su área; y cada año la Ley de Presupuestos de la Nación establecerá qué porcentaje de lo recaudado será de su exclusiva responsabilidad administrativa y ejecutiva y, por consiguiente, qué porcentaje pasará a la administración central para el cumplimiento de las obligaciones generales ya descritas.
Anualmente, el Ministro de Planificación Regional entregará al intendente el plan de gastos e inversiones correspondiente, y éste lo pondrá en conocimiento del consejo regional para su trámite respectivo, pudiendo ser aprobado, modificado o rechazado. Una ley especial fijará la forma en que este organismo legislará.
Dicho presupuesto consultará las partidas necesarias para un adecuado desenvolvimiento del poder regional, distribuyendo sectorialmente los recursos y ubicando todos aquellos del área social preferentemente en el poder comunal, para su realización.
Poder Comunal
Tendrá, al igual que hoy, personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará gobernado por un alcalde, elegido directamente por los ciudadanos de su área, y contará con un Concejo comunal amplio y participativo, numeroso, cuya integración deberá contemplar la presencia en él de la mayor parte de las actividades y personeros trascendentes en la comunidad, todos elegidos directa y universalmente por ésta.
Todo lo anterior, además del cuerpo ejecutivo que dependerá directamente del alcalde, conformará, desde nuestro punto de vista, la municipalidad respectiva.
El Poder Comunal asume la responsabilidad plena del desarrollo social frente a la sociedad que gobierna. Ahí estarán radicados el plan de vivienda, como igualmente su ejecución; la educación; la salud; los programas laborales; la justicia local, en el nivel existente al día de hoy, pudiendo crear, bajo la tuición del magistrado local, los jueces de distrito. Cabe mencionar además los servicios sanitarios, de planificación y desarrollo urbano (pavimentación, alcantarillado, agua potable, parques y jardines), y, cuando sea aconsejable, la mantención de caminos rurales y la elaboración de programas sociales también rurales. En fin, todo aquello que sea menester en los aspectos básicos del desarrollo social.
Para el cumplimiento de lo anterior, contará con un presupuesto anual comunal cuyos recursos provendrán de aquellos que son propios del municipio (por concepto de impuestos por contribuciones territoriales, patentes comerciales e industriales, permisos de circulación y todo otro ingreso actualmente considerado), además de los que procedan del presupuesto regional.
Lo anterior obliga a terminar con el Fondo Común Municipal, pues la conformación presupuestaria nacional, regional y comunal, como se ha observado -desde nuestro punto de vista-, adquiere otra dimensión.
Las funciones ejecutivas están radicadas en el alcalde, quien será elegido directamente cada cuatro años. En el cumplimiento de dichas tareas participará su cuerpo ejecutivo, compuesto por los departamentos existentes en cada una de las municipalidades.
El municipio tendrá, como es obvio, la responsabilidad de cuidar de la calidad de vida de todos sus habitantes. Por lo tanto, sin perjuicio de las leyes nacionales que existan al respecto, aquél adquiere la obligación directa del cuidado del medio ambiente en toda su dimensión, pudiendo recurrir al consejo regional, del cual forma parte, para obtener en casos calificados la dictación de normas legales que para estos efectos requieran la participación de dos o más municipios o de toda una Región.
El Concejo Municipal
Por las características que adquiere este cuerpo social en las ideas que estoy dando a conocer -que en términos muy generales hemos expresado en un documento-, y, a su vez, por los aspectos referentes a la participación, la descentralización, la regionalización y la responsabilidad del cuidado de la vida, entregados al municipio, hemos creído conveniente dedicarle un capítulo aparte.
La participación debe reflejar en el país una pirámide cuya base es el municipio; luego, la región, y finalmente, para los efectos de administración y conducción nacional, el Presidente de la República.
Por otro lado, también esta participación debe reflejar la presencia del rico cuerpo social chileno, el cual estará radicado muy especialmente en la comuna.
El poder político, representado preferentemente por los partidos políticos, también tiene cabida en la comuna en la medida en que éstos tengan amplia representación en su ciudadanía, la cual, obviamente, se conocerá en la elección propiamente tal.
Por lo tanto, en la conformación del Concejo Municipal ningún grupo social, gremial, político o de otra índole tiene privilegios especiales para llegar a formar parte de él. Ello significa que no podrán existir pactos políticos que robustezcan determinadas postulaciones, en detrimento de otras que no los tienen. La elección es, por lo tanto, individual: privilegiamos a la persona, y no a su organización. Si hay necesidad de pactos para conformar diversas listas, ellos no sólo pueden ser de carácter político, sino que también podrán consistir en pactos sociales.
Estimamos que debe haber solamente un cuerpo de concejales, y en número tal que, junto con permitir una amplia participación, llegar a él no signifique onerosas campañas públicas, contemplando en suma tal cantidad de votos para ser elegido, que haga posible la participación de personas líderes de determinadas comunidades o de actividades relevantes de la comuna, como igualmente de organizaciones sindicales o gremiales. En nuestro concepto, un concejo municipal pequeño es inadecuado, poco participativo, altamente politizado y oneroso, que destruye las bases de la pirámide pública descrita anteriormente. Para ello, proponemos Concejos Municipales integrados por 12 concejales en las comunas más pequeñas; hasta 100 en las comunas de más alta población en el país (sobre 300 mil habitantes). De esta forma, la media electoral será del orden de las 1.500 preferencias, requeridas para llegar al cargo de concejal, cantidad adecuada para lograr un interés por participar muy alto en lo personal y muy ampliamente en lo social.
El Concejo Municipal, desde nuestro punto de vista, será de hecho un organismo legislativo municipal. Se organizará en tantas comisiones de trabajo como departamentos tenga el municipio, siendo secretario ejecutivo de cada uno de ellos el jefe de departamento correspondiente. Dicho Concejo fiscalizará los actos del alcalde, fijará el presupuesto municipal y estudiará los planes y programas relativos al desarrollo de la municipalidad. Una ley especial fijará sus atribuciones.
De este modo, damos al municipio un carácter profesional, altamente tecnificado en su esfera ejecutiva y muy participativo en su cuerpo de concejales.
Chile, señor Presidente, bajo el pasado Régimen alcanzó niveles de alta significación mundial en materia de desarrollo empresarial, profesional, laboral y en algunas áreas también obtuvo logros científicos y tecnológicos. Ahora le corresponde la participación en el ámbito político, y muy especialmente dentro de él, la participación propiamente tal.
Lo aquí propuesto, al menos desde mi punto de vista, da un paso muy significativo en ello y avanzamos fuertemente a un nuevo concepto de administración del Estado en cada uno de sus niveles o poderes verticales.
Finalmente, nuestra opinión en cuanto a las fechas en que deben ponerse en marcha tales ideas generales.
De partida, como es obvio, deberá profundizarse bastante en muchas o todas ellas, a fin de configurar un cuerpo legal moderno y permanente. Sin embargo, en todo lo referente al poder municipal y regional, su conformación "embrionaria" podría ser pronto, sin descuidar obviamente aspectos trascendentes del espíritu general que anima el camino aquí señalado.
Por otro lado, respetuosos de la Constitución, tampoco es posible modificar plazos generalizados en los que la actual autoridad municipal ha sustentado su trabajo. Por lo tanto, entendiendo que debemos iniciar un gran debate y un gran análisis totalmente marginal a la premura con que el Gobierno quiere tratar este tema, propongo algunos aspectos que son importantes en esta materia.
Uno de esos aspectos es la elección de alcaldes permanentes con las autoridades parlamentarias.
Lo anterior se basa en el hecho de que el cargo de alcalde, por ser único, representará, sin lugar a dudas, una opción política bastante definida. Y, para los efectos prácticos de hoy, es obvio que la elección de alcalde no puede desarrollarse en otra fecha que no sea el 14 de diciembre de 1993.
La elección del Concejo Municipal debe ser independiente de las elecciones políticas, es decir, dos años antes de éstas o dos años después.
El sentido de este Concejo Municipal, en su generación y participación -como ha podido observarse- es amplio y no debe privilegiar sólo al poder político. Por lo tanto, es aconsejable que esa elección no se desarrolle o efectúe también con motivo de una elección política.
Por otro lado, los futuros candidatos a alcaldes, en una gran proporción, surgirán de los mismos concejeros municipales. Por ello, este cuerpo colegiado comunal siempre será dirigido por dos alcaldes, o por uno, cuando el titular haya sido reelegido.
Para los efectos prácticos estimo que la conformación -elección- del Concejo puede efectuarse en el mes de diciembre de 1991. De esta forma damos inicio a todo un proceso de nueva generación municipal.
Señor Presidente, estas ideas entregadas, que corresponden a la experiencia de muchos años en el trabajo público y municipal, desde mi punto de vista, reflejan dos aspectos que son muy importantes y trascendentes.
El primero de ellos es ir encontrando los caminos más adecuados de participación y entender que el poder político, que puede, estar ubicado en distintos lugares de la acción social del hombre en nuestro país, está radicado fundamentalmente en el Congreso. Por tal motivo, ése es el lugar donde se privilegia a los partidos políticos y a la organización política en general. No es así el caso de esta rica organización social que tiene Chile, respecto de la cual obvia y naturalmente aspiramos a que esté bien representada -¡numerosamente representada!- en el municipio, que es el poder comunal y también el poder social.
Señor Presidente, entrego estas proposiciones pensando que corresponden, al menos desde mi punto de vista, a un todo relativamente orgánico, que naturalmente obliga a iniciar estudios en cada uno de sus aspectos. Y también lo señalo en la discusión de esta reforma constitucional, porque, si bien es cierto muchas de las ideas corresponden a futuras leyes, gran parte de estos conceptos deben quedar en la Constitución Política de la República, a fin de robustecer las ideas de participación y solidaridad, y las ideas y la acción descentralizadora y de regionalización que el país desea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El Honorable señor Núñez había cedido el lugar al Honorable señor Ríos. Por lo tanto, ahora le corresponde recuperar su lugar al Honorable señor Núñez.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Gracias, señor Presidente.
En el Mensaje que recientemente enviara a la Honorable Cámara de Diputados el Presidente Aylwin con respecto a este tema, señaló que su Gobierno asume como tarea fundamental la plena democratización de la institucionalidad. Y agregó que el tema de la democratización local es uno de los de mayor interés y preocupación, que ha generado, entre los partidos y la ciudadanía, las más diversas opiniones, las que, de alguna manera, han expresado la voluntad mayoritaria de imponer, por la vía institucional, la pronta democratización de los municipios.
En el mismo Mensaje, el Presidente Aylwin estimó como prioritario promover un cabal proceso de democratización de los municipios, y agregó que éste era un sentir mayoritario de nuestra ciudadanía.
Señor Presidente, a juicio del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, en este período presidencial la soberanía popular otorgó mandato a las autoridades de Gobierno y a los representantes para realizar básicamente dos objetivos: uno, transitar del Régimen autoritario al Régimen democrático, y otro, consolidar la democracia.
El primer objetivo, en lo sustancial, consiste en eliminar o reemplazar las disposiciones constitucionales y legales que coartan el predominio de la soberanía popular en la conducción del Estado y del Gobierno. En lo medular, estas reformas propias del objetivo de la transición en que estamos inmersos, están contenidas en el acuerdo suscrito a mediados de 1989 por la Concertación de Partidos por la Democracia y el Partido Renovación Nacional, acuerdo que parcialmente se convirtió en reforma constitucional mediante el plebiscito de junio de ese año. Sus temas y puntos pendientes deberán ser asumidos en algún momento del actual período legislativo, para así cumplir cabalmente el compromiso democratizador y dar prueba de la seriedad y coherencia de las fuerzas políticas que lo contrajeron.
Creo que es hora de que los partidos que estuvimos en la discusión respecto de este tema tan sustantivo para el futuro democrático de nuestro país, asumamos una vez más el compromiso de contribuir con nuestra voluntad histórica para hacer factibles las reformas constitucionales pertinentes, que nos parecen esenciales para estabilizar el proceso histórico, social y político que estamos viviendo.
El segundo objetivo, vale decir, consolidar la democracia, qué emanó de la expresión soberana del pueblo el 14 de diciembre de 1989, y que se refiere a la creación de condiciones para consolidarla -a diferencia de lo que hasta hace poco sostenía el Partido Renovación Nacional-, no puede esperar el despacho de reformas referentes a esta transición.
En efecto, la democracia para afirmarse y consolidarse requiere no sólo del respeto al Estado de Derecho por todas las instituciones y Poderes del Estado, de la existencia de un Parlamento, de las libertades y garantías individuales -como la de asociación y la de prensa- y de la existencia de partidos políticos, sino que además supone y precisa, sobre todo, de la acción de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones sobre los asuntos que le interesan o le competen, tanto desde el punto de vista nacional como directamente.
Entre estos últimos, destaca la participación de ellos en los Gobiernos comunales, los municipios, cuyas decisiones inciden directamente en la determinación de la calidad de vida de los ciudadanos de una comuna, y más aún cuando, como ocurre hoy, el gobierno municipal tiene bajo su tuición asuntos tan relevantes como la salud, la educación y el manejo de alrededor de 73 tipos de subsidios sociales, todos los cuales se suman a facultades y funciones tradicionales que ha asumido el municipio en nuestro país, como son la cultura, el urbanismo y otros.
Si la democracia es el gobierno de todo el pueblo, y, por lo tanto, la difusión del poder en la sociedad y en los individuos que la componen hasta el punto ideal de cada uno de ellos, para que en su conjunto se gobiernen y autogobiernen, sólo la municipalidad democratizada hará que nuestro país se aproxime a dicho ideal democrático.
En sociedades como la nuestra, crecientemente complejas y heterogéneas, la eficacia en la determinación de prioridades y en la asignación de los recursos no puede radicar sola y exclusivamente en el Gobierno central, pero tampoco puede residir en una autoridad comunal, con poder discrecional e irresponsabilidad política frente a los habitantes de la comuna.
Los alcaldes actuales, los CODECOS -independientemente de la calidad personal que algunos de ellos tienen y que, más aún, estamos dispuestos a reconocer en muchos casos- no tienen legitimidad democrática. Y el país así lo percibe; los ciudadanos así lo captan, independientemente -como digo- de la calidad personal que algunos de ellos puedan tener, e incluso de su idoneidad. Más aún, respecto de muchos de ellos -y los señores Senadores de las bancadas opositoras lo saben perfectamente-, si se consultara a gente que les es adicta, se comprobaría que gran número de estas personas estimarían más conveniente poder legitimar su mandato sobre la base de la soberanía popular y del mandato del pueblo.
Señor Presidente, sin la efectiva participación ciudadana en las instituciones de base, no hay asignación de recursos suficientes, ni determinación justa y equitativa de prioridades de desarrollo. Y lo que es peor, no hay sostén sólido a la democracia en el Estado.
Por la historia reciente de nuestra patria, el proceso que hoy vivimos y protagonizamos -de recuperación, reconstrucción y perfeccionamiento de nuestras tradiciones democráticas- no está exento de tensiones, conflictos, y -yo diría- también de tentaciones involucionistas. De ahí la importancia de avanzar rápidamente en la ampliación de la participación democrática de los ciudadanos a través de los gobiernos municipales, pues ello le pondrá pie de granito a la reciente democracia chilena.
La reforma constitucional a la cual estamos abocados, que permite consagrar a nivel de las municipalidades, de modo institucional y objetivo, los espacios de participación de la ciudadanía es, en consecuencia, un imperativo urgente e histórico, que no puede ser dilatado por estrechos cálculos electorales o maniobras divisionistas.
Sobre este punto, señor Presidente, nos llaman la atención los argumentos de la Derecha. Francamente dicho acá, el tema de las urgencias está planteado constitucionalmente en la Carta Fundamental que ellos ayudaron a elaborar y a aprobar, que consagró un sistema presidencialista extremo que entrega al Jefe del Estado la potestad de fijar las urgencias en el trámite legislativo. Se trata de un producto, en consecuencia, de su propia visión institucional, la cual pusieron en práctica en el país. Y el Primer Mandatario no ha hecho sino ejercer esa facultad.
Pero es más: como lo manifestó el Honorable señor Vodanovic, igual habríamos tenido que discutir, aprobar o rechazar la reforma constitucional en estos días; incluso, en esta sesión. Por lo tanto, el argumento de que la urgencia pone al Senado en la necesidad de debatir un tema supuestamente no discutido por la ciudadanía, por los partidos políticos y por nosotros mismos, a nuestro juicio es absolutamente irreal y no corresponde a la verdad.
Sin embargo, el elemento que han representado con mayor fuerza es el relativo a la regionalización. Sobre este punto, es bueno que la Derecha se ponga de acuerdo de una vez por todas.
Hemos escuchado planteamientos provenientes de la UDI, en concreto, en el sentido de que está dispuesta a que se elija a los intendentes, olvidando que éste fue un tema extraordinariamente traumático en la sociedad chilena.
Me refiero a algunos dirigentes de esa colectividad política.
El señor GUZMÁN.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
¿Quién hizo ese planteamiento de parte de la UDI?
El señor NÚÑEZ.-
Dirigentes importantes de su Partido, Honorable colega.
El señor GUZMÁN.-
No.
El señor NÚÑEZ.-
Por alguna razón, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra formuló declaraciones contrarias a tal idea, en la medida en que fue un planteamiento que surgió en las bancadas de la Derecha.
El señor GUZMÁN.-
¿Me permite...?
El señor NÚÑEZ.-
No ha sido un planteamiento de la Concertación, ni del Gobierno.
El señor GUZMÁN.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor NÚÑEZ.-
Con mucho gusto.
El señor GUZMÁN.-
Sólo deseo manifestar que quien haya postulado la elección popular de los intendentes, en mi opinión, ha dicho un disparate.
El señor NÚÑEZ.-
Exactamente.
El señor GUZMÁN.-
Tengo el más absoluto convencimiento de que ningún dirigente de la UDI lo ha hecho; si ello ha ocurrido, no retiro el calificativo de disparate. Sin embargo, tengo la impresión de que es usted, señor Senador, quien está equivocado y de que dirigente alguno de la UDI ha postulado -repito- ese disparate.
Muchas gracias.
El señor NÚÑEZ.-
No es la primera vez que eso sucede, Honorable colega, de modo que no sería extraño.
El señor GUZMÁN.-
Tampoco lo sería que usted atribuyera a la UDI algo que no corresponde, Su Señoría, como se ha podido observar muchas veces en representantes de la Concertación.
El señor NÚÑEZ.-
Vamos a revisar la documentación.
El señor VODANOVIC.-
¡Que intervenga el Tribunal de Disciplina, Honorable señor Guzmán...!
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ruego a los señores Senadores suspender los diálogos.
El señor GUZMÁN.-
¡Ojalá tenga la hidalguía de reconocer en la Sala que se ha equivocado, Honorable señor Núñez, si sus palabras obedecen a un error, de lo que estoy virtualmente seguro!
El señor NÚÑEZ.-
Estoy absolutamente cierto de lo que expresé.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, les ruego terminar los diálogos.
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
No tengo inconvenientes para recurrir a documentación y a declaraciones públicas de dirigentes de ese Partido que sostuvieron tal punto de vista. Que no se trate de la idea fundamental, ni la de la UDI, es otro cuento, si bien me parece importante.
Lo relevante, sin embargo, es que se ha planteado la elección de intendentes como una alternativa democratizadora. Y repito: no por una razón banal forma parte en este momento de la discusión acerca de la materia en los Partidos de la Oposición.
Independientemente del debate que esas colectividades políticas puedan sostener al respecto, la verdad es que llegar a tal extremo resultaría francamente lamentable, a nuestro juicio, para la subsistencia de un país unitario, con una tradición republicana como la de Chile.
Lo anterior es sin perjuicio de nuestra más amplia y decidida voluntad de descentralizar y desconcentrar, como lo señalamos en el transcurso de la campaña electoral. El Presidente Aylwin también lo expresó en Viña del Mar, hace poco tiempo. Es un objetivo nuestro. Pero resulta al menos absurdo establecer una relación entre la elección municipal y el proceso de desconcentración y descentralización, por cuanto el tema de las municipalidades se ha planteado en Chile desde 1891, cuando se crearon los municipios autónomos, en tanto que el tema de la regionalización, descentralización y desconcentración político administrativa del Estado lo estamos analizando con seriedad ahora, en democracia.
¡Porque no se me diga que fue un paso muy significativo el que dio en esta materia el Régimen militar! Este llevó a cabo la regionalización -es cierto-, pero, por una visión autoritaria y centralista (encabezada, obviamente, por el propio General Pinochet), no entregó atribuciones sustantivas, ni a los intendentes, ni a gobernadores, ni a SEREMIS. Al revisar la práctica concreta al respecto durante los 16 años del Gobierno anterior, cabe observar que los gobernadores y los SEREMIS fueron figuras decorativas, en circunstancias de que las potestades con que se contaba permitían llevar a cabo un proceso de desconcentración y descentralización más eficaz.
Por nuestra parte, estamos estudiando esta materia. El Gobierno acaba de hacer un anuncio sobre el particular. Y, en la Comisión de Legislación, el Ministro del ramo informó que próximamente nos ocuparemos en ella, de modo que podremos analizarla en profundidad. Ello nos interesa, porque no hay democracia estable, ni desarrollo democrático, si efectivamente no se entregan mayores autonomías y atribuciones a las entidades intermedias del aparato político administrativo del Estado. ¡No los hay!
En este sentido, tenemos una larga experiencia. Considerando lo realizado por los socialistas en Europa Occidental, prácticamente en todos los países donde existe una real y efectiva participación han sido los socialistas quienes profundizaron la descentralización y desconcentración. No es atribuible, por lo tanto, a nuestro pensamiento la idea de que queremos mantener un Estado centralizado, absolutamente omnipotente, en el que no haya participación ciudadana. Nos interesa la participación ciudadana, el autogobierno de los ciudadanos, porque forma parte de nuestro ideario, de nuestra visión acerca de cómo ir construyendo efectivamente una democracia que sea posible aplicar, sobre la base de nuestra tradición cultural y de nuestras necesidades, en el aspecto que señalo.
Pienso que Renovación Nacional y la UDI han cometido un error, francamente, no sólo al pactar hace poco con relación a este punto, sino que también al desmentir en gran medida algo que la ciudadanía está dispuesta a reconocerles -como lo hemos hecho los dirigentes de los Partidos de la Concertación-, en el sentido de que han ayudado a aprobar leyes muy importantes para el país; que con generosidad, en algunos casos, han aportado al perfeccionamiento de disposiciones legales significativas para el desarrollo de la democracia. No entendemos, en consecuencia, que ahora, en virtud de ese pacto, quieren rechazar esta reforma constitucional. Porque saben perfectamente que todos los planteamientos, absolutamente todos -tanto el del Honorable señor Ríos, como los de los Honorables señores Thayer y Alessandri-, caben en la discusión de la Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades que debemos realizar en el Senado.
¡No se nos venga ahora con que es necesario reformar el Capítulo XIII de la Constitución o con que es preciso tener un pensamiento más claro respecto de lo que el Gobierno pretende en materia de descentralización y regionalización! Es algo que quienes estamos realmente comprometidos con el tema hemos dado a conocer en este Hemiciclo y en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, la opinión pública tendrá que juzgar. Y pienso que se sentirá defraudada, y que va a castigar a esos Partidos, si rechazan la idea de una enmienda constitucional en esta materia. Me parece que no hay cálculo electoralista, ni maniobra diversionista, que justifique una actitud de este tipo.
Señor Presidente, los Senadores del Partido Socialista y del PPD abogamos en favor de esta reforma y por su aprobación inmediata, e invitamos a los Partidos de Oposición a actuar en este mismo sentido.
Es verdad que la elección de autoridades municipales, por sí sola, no garantiza la participación de los habitantes de cada comuna. Es más: es cierto que ella no necesariamente implica el establecimiento de determinado modelo y esquema en cuanto a la forma de entender la administración municipal. Estamos dispuestos a debatirlo. Y lo hemos estado discutiendo. Y nos parece fundamental que el Senado adopte la decisión de radicar aquí el análisis sustantivo pertinente.
No creemos realmente lo que señaló el Honorable señor Alessandri -y perdón por la alusión personal- en el sentido de que aquí se esté produciendo una suerte de desviación dictatorial por parte del Ejecutivo y de quienes representamos las bancadas de la Concertación. Esa es una imputación grave, señor Senador.
Estamos dispuestos a hacer uso de todas las atribuciones para que en el Senado y en la Cámara de Diputados estudiemos todos los temas referentes a la administración municipal. Asimismo, estamos llanos a considerar la proposición del Honorable señor Ríos. En principio, me parece interesante.
Recuerdo que los socialistas, al menos, hemos estado dispuestos a apoyar la idea de la elección directa de los alcaldes. Puede que electoralmente no nos convenga, pero ése no es nuestro tema. Nuestro tema es cómo se elegirá a un alcalde y cómo los ciudadanos votarán por un señor que, con un rostro, y un nombre y un apellido, durante 4 años gobernará la vida comunal. Este conocimiento es importante para el ciudadano, ya que no es bueno que ignore quién va a ser su alcalde, o que el día de mañana alguien ocupe el cargo como resultado de acuerdos políticos internos, los cuales muchas veces no obedecen a la sensibilidad media. De manera que estamos dispuestos a enfrentar una discusión al respecto.
Es más: si llegáramos a un entendimiento en cuanto a que sólo será alcalde quien sea determinado en virtud de un acuerdo de los concejales -trátese de cien, elevado número que señaló el Honorable señor Ríos, o de seis, como lo plantea el pacto UDI-Renovación Nacional-, nos parece que ello debería corresponder a normas transitorias. En un régimen democrático que estamos construyendo, que con avances y retrocesos vamos consolidando, podría suceder que nos equivocáramos todos y que, en consecuencia, tuviéramos que revisar en cuatro años más el mecanismo para elegir a los alcaldes y concejales, de modo que estamos dispuestos a establecer los artículos transitorios necesarios para que ésta sea una prueba -importante, sin embargo- en pro del desarrollo democrático.
Lo que sí no nos parece aceptable es que se recurra al subterfugio de que terminemos eligiendo a alcaldes en 1993 o a concejales a mediados del próximo año, por tratarse de acciones dilatorias que no obedecen a la necesidad de que el país sea convocado razonablemente a comicios para tal efecto.
El espíritu de nuestra bancada en este asunto, Honorables colegas, es que se perfeccione y profundice la participación ciudadana, y que se dicten normas que sustraigan a todas y a cada una de las municipalidades de manejos interesados a que se pueda sentir tentado el Gobierno de turno. Para nosotros, eso es básico.
No tenemos la intención de constituir municipios rojos, amarillos, verdes, ni de ningún color. Nos interesa, al igual que a los Senadores de la Oposición, que existan municipalidades eficientes, que procuren efectivamente elevar la calidad de vida de la ciudadanía -y que ésta sienta que es posible participar en el mejoramiento de su medio urbano-, y que permitan a cada chileno tener conciencia de que hay una instancia político administrativa del Estado a la cual puede recurrir cotidianamente.
Y si en algún lugar del país -o en muchos- los alcaldes son de Derecha, en virtud de la voluntad popular, no quepa la menor duda a Sus Señorías de que los concejales socialistas o del PPD trabajarán lealmente con ellos. No tenemos inconvenientes. Porque lo que estimamos básico es recrear una institucionalidad municipal, de Poder local, en la que efectivamente se consagre un principio básico para nosotros: que no hay democracia posible, profundizable con la perspectiva de desarrollar todas sus cualidades, si no hay una efectiva participación ciudadana. Y eso es lo que estamos buscando.
Nos parece perfectamente factible, en consecuencia, que una vez aprobada la reforma constitucional con los votos favorables de la Oposición, nos sentemos mañana aquí, en el Senado, a discutir acerca del tema, en todas las instancias que sean necesarias, incluyendo a nuestros partidos políticos. Porque no comparto la idea de que éstos tienen que estar al margen de la institucionalidad del Parlamento. De hecho, ellos están presentes. Lo importante es que no sean los que hagan las leyes, pues para este efecto fuimos elegidos nosotros. En tal sentido, tenemos que compatibilizar lo señalado por la Oposición al respecto, para lo cual no existen problemas.
En cuanto a la discusión de los partidos, cabe tener presente que Renovación Nacional impuso un pacto con la UDI a sus Senadores, quienes tuvieron que "tragarse" algo que no comparten. ¡Y esos Honorables colegas tuvieron que leer tres papelitos sobre el particular hace pocos días, en circunstancias de que muchos de ellos ni siquiera estaban enterados!
Lo relevante, sin embargo, es que ahora podamos debatir aquí respecto de la materia; es decir, que ello se haga en el Gobierno, en nuestras colectividades y en el Congreso. Y no abrigamos ninguna intención de escabullir el cuerpo a la necesidad de hacer posible que en el Senado tengamos una visión superior sobre las cosas para los efectos de hacer factible la elección municipal.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 13:35.
--Se reanudó a las 13:53.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, nos hallamos abocados al estudio y resolución de un proyecto de reforma constitucional. Esta iniciativa, cuyo tratamiento no estaba previsto para esta semana, apareció en la tabla de la presente sesión en razón de que el Gobierno la calificó de "Suma Urgencia" a fines de la semana recién pasada, lo que nos obliga a resolver sobre ella en el día de hoy.
Inclusive, ayer oímos el llamado que Su Excelencia el Presidente de la República nos hizo por televisión a los Senadores, a quienes nos rogó encarecidamente -palabras textuales suyas- aprobar la iniciativa, aduciendo una urgida aspiración de la ciudadanía.
El sector que represento ha sostenido reiteradas reuniones con personeros de Gobierno, particularmente con los señores Ministros del Interior, Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia, y también con Subsecretarios. En todas ellas les hemos hecho ver una posición que siempre ha sido la misma: estamos conscientes de que, junto con efectuar elecciones en el nivel comunal, debemos también solucionar los urgentes problemas que éste presenta, los que no necesariamente se resuelven por la vía de un acto eleccionario. Asimismo, les hemos hecho ver que no está resuelto lo relativo a la inserción y a la representatividad de las comunas en el ámbito regional, especialmente en lo tocante a la distribución de los recursos regionales, y que tampoco está claro el problema de las autonomías regional y comunal.
En resumen, hemos planteado al Gobierno que debemos estudiar conjuntamente las reformas necesarias para profundizar la regionalización, para asegurar y afianzar la autonomía de los municipios y para mejorar su sistema de financiamiento. Sin esos tres elementos estaremos dando solución sólo a un ámbito del problema, el de la participación, y lo estaremos haciendo a nivel de la comuna y no de la región.
Hemos solicitado al Gobierno que presente -dice tenerlos ya en la fase de elaboración- los proyectos referidos a la regionalización, y que, de no ser así, nos permita formular los que nosotros ya estamos redactando, para analizar en el Congreso Nacional, en conjunto, los que resuelven los problemas de las regiones y de las comunas, tanto en el campo de la participación -que es lo que permiten las elecciones- cuanto en el del financiamiento y la autonomía.
Hay grandes dificultades en las comunas. Existe en todas las del país un déficit financiero angustiante y que agobia, producto fundamentalmente del hecho de que el Fondo Común Municipal no es suficiente para atender las necesidades operacionales y de los servicios traspasados. Hoy existe un mecanismo para suplir dicho déficit: los recursos provistos por la Subsecretaría de Desarrollo. Pero la provisión de fondos por esa vía está afecta a la posibilidad de la mayor discrecionalidad y constituye un problema que debe ser resuelto en las reformas que estamos abocados a estudiar.
En la actualidad, al Fondo Común Municipal, que es el sistema fundamental de financiamiento de los municipios, contribuyen las comunas que arrojan excedentes en su recaudación. Estos se aportan a dicho Fondo, que los distribuye a lo largo del país, atendiendo á distintos parámetros. El Fondo es modificado cada tres años mediante decreto. Estimamos que debe ser materia de ley, para concitar la gran mayoría del país y asegurar que no haya la discrecionalidad absoluta que existe hoy respecto de su distribución.
Actualmente, la mayor parte de las inversiones de las comunas son hechas gracias a los recursos que éstas obtienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el que es distribuido por el Consejo Regional de Desarrollo (COREDE), de acuerdo con los proyectos presentados por ellas y aprobados por el Banco Integrado de Proyectos. Las comunas no tienen voz ni voto en dicho Consejo; carecen de representatividad en el organismo que entrega los recursos con los cuales pueden realizar sus inversiones, sea en el mejoramiento de escuelas, de postas o de obras viales, o en otros rubros que caen en el ámbito de ese Fondo.
Mediante la reforma que estamos analizando debemos resolver ese problema, de modo que las comunas, preferentemente por intermedio de sus alcaldes, tengan participación con voz y voto en el Consejo Regional de Desarrollo, que es el que determina la distribución de los recursos regionales para cada una de ellas.
Todas ésas son materias que no pueden ser dejadas de lado en el tratamiento del tema que estamos examinando. De ahí nuestra solicitud al Gobierno de tratar esta iniciativa sin el trámite de "Suma Urgencia" y presentar los proyectos que significan la solución del todo: autonomía, profundización de la regionalización y, también, descentralización ministerial. Porque, por ejemplo, en la Región que me eligió se da el caso de que, según la legislación actual, los proyectos para pequeñas obras de regadío deben ser resueltos en Santiago y no en el ámbito regional, que es el que conoce la geografía, la topografía y las necesidades locales. Por lo tanto, es fundamental incluir el tema de la descentralización ministerial en el gran proyecto que debemos abordar en conjunto.
Hoy día se nos está pidiendo qué mediante esta reforma abramos la puerta constitucional para modificar el sistema municipal. Sin embargo, cuando abrimos una puerta es primordial saber qué y cuánto ingresará por ella. No queremos que, producido el vértigo de una campaña electoral que indefectiblemente se va a originar cuando se apruebe esta modificación, se olviden y queden en el desván las grandes aspiraciones de las regiones y comunas postergadas, que ven en ésta la única oportunidad para solucionar en forma definitiva sus grandes dificultades. Estando el país sumido en el vértigo y la vorágine de una campaña electoral -reitero-, esas grandes aspiraciones quedarán irremisiblemente postergadas. Y seguramente en ese momento esta Sala estará vacía.
Es por eso por lo que nos estamos oponiendo en la votación de este proyecto, pues estimamos que, junto con aprobarlo, debemos sancionar también aquellos que perfeccionan la regionalización, racionalizan el otorgamiento de recursos y dan autonomía a las comunas, Y esos proyectos no están. Se promete que serán presentados. Pero, en el hecho, no están. Y a su respecto no hemos llegado siquiera a un mínimo acuerdo.
Es curioso comprobar que las numerosas intervenciones que hemos oído en esta Sala se han referido, en lo fundamental, a cómo debería ser el gobierno municipal. Incluso, se ha hablado de cómo debiera ser el gobierno regional. Han surgido distintas ponencias. Es decir, en la discusión de esta Sala está la evidencia de que debemos alcanzar un mínimo nivel de acuerdo sobre esos y otros asuntos antes de franquear la puerta que hoy día se nos pide abrir.
No quiero extenderme en esta explicación, señor Presidente, sino tan sólo formular un llamado al Ejecutivo a retirar la urgencia de esta iniciativa y presentar -podríamos hacerlo en conjunto- los proyectos tendientes a complementarla, a fin de analizarlos en este Parlamento y llegar a una solución de consenso que permita la aprobación global.
Rechazo el procedimiento -temo que sea efectista- sugerido por los asesores comunicacionales del Gobierno. Existe un ejemplo que me parece muy doloroso y que no puedo dejar de mencionar aquí. Hoy se inauguró una central hidroeléctrica que constituye una obra de la mayor importancia para el país; sin embargo, Su Excelencia el Presidente de la República no asistió a la ceremonia porque la empresa propietaria debió adoptar la resolución de exonerar a parte de su personal. En otra empresa, LAN-Chile, donde el Estado tiene participación accionaria a través de la CORFO, hace 10 días se tomó una medida similar, precediéndose a despedir a un gran número de trabajadores; pero en ese momento se calló este hecho. Entonces, pareciera que los asesores comunicacionales del Gobierno pretenden provocar un resultado efectista al privar al país de la positiva señal que habría significado la concurrencia del Jefe del Estado a la inauguración de una obra de enorme interés para Chile.
La intervención de ayer del Primer Mandatario; la circunstancia de que se nos conmine a votar antes del receso esta reforma constitucional, y el llamado -por otras vías- a despachar, también antes del receso, el proyecto relativo al estatuto docente, sin haber sido debidamente estudiados por el Senado, me hacen temer que los asesores comunicacionales del Ejecutivo están abocados a preparar el discurso del 11 de marzo más que a preocuparse de que en esta Corporación se analicen seriamente las materias que interesan a la nación.
Se dice que será mal interpretado por la ciudadanía el hecho de que esta reforma sea rechazada por nosotros, que somos partidarios de la elección de alcaldes, que lo dijimos durante nuestra campaña, que lo hemos reiterado y que lo repetimos en esta ocasión. Pero tengo confianza en que la prensa chilena sabrá exponer, con igualdad y transparencia, las distintas posiciones, asumidas en esta Sala.
Empero, aun cuando hubiera un costo de imagen, estimo que bien vale la pena si con este rechazo aseguramos para las regiones y comunas postergadas la solución definitiva de sus graves problemas: la cuestión presupuestaria, el gran tema de la regionalización y la autonomía comunal. De otra manera, si nos abocamos a un vértigo eleccionario, generaremos algo muy negativo: el despertar de las justas expectativas que provoca todo proceso electoral y (por no habernos preocupado de la normativa presupuestaria y de proporcionar las herramientas suficientes al nuevo alcalde que surgirá de los comicios) el nacimiento de un sentimiento de frustración muy serio en el país.
Se ha hecho presente que las últimas encuestas demuestran un grado de despego hacia los partidos políticos. Pues bien, ese despego refleja un estado de desilusión, de enfriamiento de las esperanzas que la gente se forjó a raíz de las promesas formuladas durante la pasada campaña electoral. Debemos ser especialmente cuidadosos de que las campañas que se originarán con motivo de la reforma que conducirá a la elección de alcaldes y concejales no generen expectativas que con posterioridad, por no haberse resuelto acerca de las herramientas necesarias para su concreción, terminen frustrándose.
Por eso, me permito invocar a Su Excelencia el Presidente de la República que proceda al retiro de la urgencia recaída en este proyecto y al envío de las iniciativas legales indispensables para complementarlo con el gran tema de la participación, la autonomía y la descentralización, todo lo cual inquieta a las grandes poblaciones, en especial a las que habitan comunas y regiones. De otro modo, nuestro propósito de satisfacer esos requerimientos nos impulsará a rechazar este proyecto, para que se reponga en marzo -ése es el efecto procesal de nuestro rechazo-, lo cual nos permitirá examinar en forma conjunta todas las materias que -como he dicho- es urgente y necesario plantear.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, lejos está poner en duda que éste es uno de los temas trascendentes que ha correspondido conocer al Senado, porque dice directa relación al predicamento en cuya virtud quienes conformábamos la Oposición al Régimen anterior concurrimos a la aprobación de las reformas constitucionales que se requerían para que el Gobierno de transición tuviera una duración extraordinaria de sólo 4 años. Y lo hicimos porque entendíamos que sería una Administración en la que habría que efectuar las adecuaciones indispensables para llegar a una plena democracia.
Lamentablemente, cuando por primera vez se plantea un asunto vinculado de modo específico con esa materia, el proceder de la Oposición configura una actitud que me parece cada vez más peligrosa: la contradicción flagrante en que ella viene cayendo, desde hace algún tiempo, al decir una cosa y hacer otra distinta.
Durante las campañas presidencial y parlamentaria, todos coincidimos -como aquí se ha recordado- en la necesidad de modificar el régimen municipal. Y hasta hoy la Oposición dice a la ciudadanía estar de acuerdo con la enmienda pertinente. Lo ha reafirmado esta tarde. Sin embargo, procede de una manera tal que, en la práctica, significa hacer lo imposible por evitarla.
Eso es riesgoso. Y ello puede terminar explicando la desilusión de la gente respecto del comportamiento de los dirigentes políticos. Porque no existe consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso me inquieta.
Si hubiera lógica entre lo que se ha sostenido y lo que se va a hacer, este proyecto debería ser aprobado mayoritariamente. Porque incluso el Honorable señor Alessandri expresó estar de acuerdo con la elección directa de los alcaldes. Y recién ahora escucho un argumento que apunta al fondo de la cuestión.
Es importante que quede bien claro que aquí no estamos discutiendo ni afinando los detalles acerca de la futura corporación municipal; tampoco estamos analizando el régimen electoral sobre cuya base se elegirán los concejales y los alcaldes. Estamos debatiendo una cuestión mucho más básica y simple: ¿Queremos realmente modificar eso? ¿Queremos hablar en serio de régimen de elección municipal? ¿Queremos hablar en verdad de una nueva corporación municipal?
Para que eso sea real, es básico aceptar esta reforma. Todo lo que se diga al respecto que no signifique aprobar esta enmienda es engañar; significa sostener públicamente una cosa y después hacer otra.
¿Y qué argumentos se esgrimen en definitiva para oponerse al proyecto? Se dice: "Abriríamos aquí una puerta que no sabemos adonde conduce".
Estamos de acuerdo: se trata de abrir la puerta a la democratización de los municipios. Entonces, la Oposición debe explicar al país por qué es contraria a que se democraticen. Porque, en los hechos, eso es lo que está ocurriendo.
Con relación al segundo argumento, todos sabemos adonde conduce la puerta.
Pero esta materia se liga, además, a la regionalización. Es razonable, entonces, que pensemos: "¿Es éste un nuevo mecanismo o subterfugio para dilatar el problema?" Si en verdad nos preocupa la regionalización, partamos por hacerla. Empecemos por fortalecer el sistema comunal, por dotarlo de la necesaria y adecuada soberanía. Y con ello también estaremos regionalizando. Pero no sigamos con la argucia de decir "Quiero hacerlo" y, en la práctica, actuar de un modo que impide su concreción.
Creo que este juego de la Oposición, que aparentemente puede ser hábil, es muy dañino para el país.
Aquí no se trata de que el Gobierno esté impulsando una reforma con la cual todos decimos estar de acuerdo porque queremos -como señalaba un señor Senador- tener alcaldes de la Concertación. Esa sería una visión muy corta. Esta enmienda no regirá sólo para la próxima elección: es el sistema que deseamos que exista en el futuro.
Lo que sí pretendemos es terminar con el serio problema, que se presenta en gran parte de los municipios, de que el alcalde acaba siendo un agente opositor al Gobierno. Eso no tiene lógica; no puede ser que la tarea central de un alcalde en la comuna consista en convertirse en el principal contradictor del Gobierno.
No queremos alcaldes de la Concertación ni de la Oposición. Lo que precisamos son alcaldes leales con su comuna, obligados a responder ante los miembros de ésta de su buena o mala gestión, porque, en último término, son ellos quienes se benefician o perjudican.
Y deseo invitar a reflexionar acerca de este asunto a los señores Senadores designados.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite una consulta, con la venia de la Mesa, señor Senador?
El señor PAPI.-
Luego, Honorable colega.
Porque algunos de ellos han expresado una inquietud respecto de la conveniencia de mantener o no el actual sistema. Y yo les digo: es objetivo y veraz que este tema es fuente permanente de agitación y debate en el nivel comunal. No estamos inventando: Quienes recorremos las comunas sabemos muy bien de qué estamos hablando.
Entiendo al Honorable señor Prat cuando pone tanto énfasis en explicar lo que deberá responder mañana en su propia circunscripción. Su Señoría dice: "Quiero fortalecer a las regiones; lo que me preocupa son las regiones". Pero yo le planteo algo más simple: si es verdad que le preocupan las regiones, empecemos demostrando interés por las comunas. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo yo con la regionalización, si represento aquí a una Región históricamente olvidada: aquella donde se ubican las provincias de Cauquenes y Linares? Me interesa que sus municipios comiencen a actuar en función de los problemas de la comuna. Porque la politización -y empleo el término en sentido negativo- no sólo puede darse cuando los alcaldes son elegidos, sino también, por desgracia y con mayor intensidad, cuando éstos son designados.
En consecuencia, si verdaderamente nos preocupa regionalizar, empecemos a hacerlo. Y vamos afinando el resto. Pero no distorsionemos el debate.
El Senado está llamado a pronunciarse respecto de algo muy simple: si modificamos o no la Constitución, para después hablar en serio de todo lo demás que se ha planteado.
Señor Presidente, no quiero alargar mi intervención, porque el debate es sencillo y, en mi opinión, el país lo entiende muy bien. No es casualidad que los Honorables colegas de la Oposición hagan tantas piruetas intelectuales a fin de justificar lo que no admite explicación, ya que constituye una flagrante contradicción entre lo que se dice y lo que se hace.
Estoy cierto de que esto ameritaría un largo debate respecto de otras materias planteadas aquí. No me cabe duda de que el gobierno comunal tiene una especial importancia en el Estado moderno. Porque una buena o mala gestión no sólo afecta al municipio, sino también al Estado en su conjunto. Y lo que queremos es democratizarlo y aumentar la participación de la gente. Por eso, también nos interesa la elección de concejales y alcaldes, sea cual fuere el sistema que en definitiva adoptemos.
Finalmente, quiero hacer un llamado a la Oposición para que medite acerca de las consecuencias de su comportamiento contradictorio; y a mis colegas designados, para que reflexionen en la materia, porque tal vez no ven de un modo tan directo como nosotros lo que significa en el nivel comunal y la conveniencia de debatirla seriamente. Aprobar la iniciativa no implica lanzarnos a ninguna vorágine electoral, sino simplemente dejar establecida la factibilidad de modificar el actual régimen municipal.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En vista de que son las 14:20, consulto a la Sala si continuamos la sesión o la suspendemos, para reanudarla a una hora conveniente.
Hay nueve señores Senadores inscritos para hacer uso de la palabra, lo que significa alargar la sesión a dos horas o dos horas y media más. Creo razonable suspender el debate y autorizar a las Comisiones de Trabajo, de Educación, de Hacienda y de Vivienda para sesionar simultáneamente con la Sala. Cuando llegue el momento de votar, suspenderíamos la sesión por cinco minutos para llamar a los señores Senadores que se encuentren trabajando en ellas.
¿Habría acuerdo?
El señor PÉREZ.-
¿A qué hora se reanudaría la sesión, señor Presidente? ¿A las 15?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Es preferible a las 18 para que las Comisiones puedan continuar su labor.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Quisiera completar la proposición que formula la Mesa: prorroguemos la sesión hasta el término del estudio y votación del proyecto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pero la suspensión no podría durar hasta las 18.
El señor DÍEZ.-
Hasta las 16, entonces.
El señor DÍAZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, habrá interesantes debates en Comisiones. Asistirán, entre otros, el rector de la Universidad de Chile y el decano de su Facultad de Medicina. Se abordarán problemas relativos a la salud. A todos nos interesa el debate sobre esta reforma constitucional. Sería lamentable que algunos que deseamos escuchar las exposiciones, o incluso expresar nuestra opinión, estuviéramos ausentes.
Soy partidario de tener la posibilidad de participar en las Comisiones y de reanudar más tarde la sesión de Sala hasta agotar el tema, procediendo finalmente a su votación.
El señor GUZMÁN.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, deseo reforzar la sugerencia del Honorable señor Díaz.
Tratándose de un proyecto de reforma constitucional y teniendo en cuenta los juicios vertidos durante el transcurso del debate, no me parece razonable que la Sala continúe la sesión a las 16, en medio del mismo desierto que hubo ayer al reanudarse la discusión acerca del proyecto sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. Si en alguna ocasión ello acontece por razones circunstanciales, debemos darle un carácter excepcional. Lo lógico es proseguir la sesión de Sala cuando no estén funcionando las Comisiones. Y como ellas están citadas para las 15:30 ó 16, podríamos reiniciar el debate sobre la reforma constitucional a las 18, y no habría ninguna dificultad para votarla antes de las 20 a fin de que, luego, concurramos a un muy agradable evento al cual todos los señores Senadores estamos invitados.
El señor SULE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SULE.-
Señor Presidente, sólo quiero señalar que a la Comisión de Educación se encuentran invitadas alrededor de 12 personas. En consecuencia, no será posible terminar el trabajo en una hora o en una hora y media.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, creo que en un proyecto como el que estamos analizando la prioridad la tiene la Sala, lo que, atendida además su urgencia, nos obliga a someterlo a votación hoy día.
Hay que respetar el trabajo de las Comisiones, pero hasta cierto límite, porque -repito- esta iniciativa debe quedar despachada ahora.
El señor SULE.-
Lo hago presente para que todos los colegas puedan concurrir a la Sala.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que la mejor solución consiste en proseguir la reunión de Sala a las 17.
Si no hay objeciones, así se procederá.
Acordado.
Se suspende la sesión hasta las 17.
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--Se suspendió a las 14:26.
--Se reanudó a las 17:14.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, la reforma municipal fue uno de los compromisos que todos adquirimos ante el pueblo de Chile en las pasadas elecciones, tanto los que somos hoy Gobierno como quienes son hoy Oposición. Y sabíamos que para lograrlo se requería como primer paso la modificación constitucional que ahora votaremos.
El proyecto lleva cerca de ocho meses en Congreso Nacional. Su demora y postergación hace méritos y no rinde cuenta al compromiso contraído con los chilenos. Por el contrario, desprestigia la función del Parlamento. Debemos ser consecuentes con lo que dijimos o prometimos ayer. Esta es una de las razones por las cuales los demócrata-cristianos apoyamos de manera decidida la urgencia solicitada por el Ejecutivo para la tramitación de la iniciativa.
No puede argumentarse -como se ha expresado por algunos- que no hay acuerdo sobre aspectos que se refieren a la ley orgánica municipal y no a la reforma que hoy decidimos. Tampoco justifica esta demora el inconsecuente raciocinio de que, para tratar la enmienda del régimen municipal, se requiere conocer la reforma sobre regionalización del país, materia que el Gobierno someterá a consideración del Congreso en estos días.
Señor Presidente, la vida diaria de cada familia chilena depende en gran medida de su relación con el municipio. Se han democratizado las juntas de vecinos y las organizaciones sociales, y todavía algunos quieren abrasar la democratización del municipio para mediados del próximo año. No existe razón alguna que justifique esa pretensión. Salvo la de restar al pueblo su capacidad de decisión en un organismo fundamental para la vida socioeconómica y política del país. Tenemos el deber de hacerlo, porque representamos a personas que nos dieron su confianza y que, por nuestro intermedio, pueden opinar y participar en resoluciones que las afectan -como decía- en su vida diaria.
La elección de alcaldes no es sólo un problema electoral. La comuna es la expresión más pura de una comunidad: en ella se halla el camino del desarrollo interno de cada persona unido al de otras para vivir, crecer juntos, expresarse libremente y concretar puntos de vista distintos. La libertad se da sólo en democracia, la cual constituye, a su vez, la expresión de la libertad.
Existe una línea a seguir -a mi juicio- que permite la armonía en la vida de un país: libertad, democracia, participación, crecimiento personal y familiar, desarrollo comunitario y reconocimiento de la autoridad que dirige y que es elegida libre y responsablemente.
Deseo hacer presente la inconsistencia del manido argumento de que nosotros pretendemos politizar el municipio: si los alcaldes designados son de la Derecha, no hay politización; pero sí la hay cuando es el pueblo quien elige soberanamente la autoridad edilicia entre los candidatos de partidos y, también, independientes.
Es de público conocimiento que 22 Diputados de los partidos de la Derecha fueron alcaldes designados por el Gobierno pasado y que la gran mayoría de los actuales pertenecen a colectividades políticas que la integran.
Es verdaderamente inconsistente e inaceptable moralmente el argumento de la politización de los municipios toda vez que se piden elecciones libres. En todos los países democráticos del mundo las autoridades municipales se eligen entre distintas opciones partidarias e independientes en forma clara y no cubierta.
Como expresaba al comienzo de mi intervención, todos nos comprometimos en la campaña parlamentaria a restituir esa soberanía al pueblo de Chile, o expresamos opinión favorable en ese sentido.
Hoy invito a los partidos de la Oposición a dar un paso histórico en el tema municipal y, mañana, a avanzar en lo referente a la regionalización definitiva del país.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Mi intervención acerca de la reforma municipal abordará, en primer lugar, el significado y la esencia de la modificación constitucional que analizamos.
En mi opinión, existen atributos, requisitos y elementos fundamentales para que las sociedades progresen y que contribuyen en forma muy relevante a que los pueblos puedan vencer los distintos obstáculos que se les presentan, tanto naturales como económicos y políticos. Uno de dichos elementos, constituido por la estabilidad de las normas jurídicas, su certeza y aplicación constante en el tiempo, ayuda poderosamente al desarrollo de los pueblos. Por ello, creo firmemente que uno de los factores que colaborará en forma muy importante a consolidar nuestro régimen democrático consiste en una norma o principio básico rector: la estabilidad y certeza de las normas jurídicas y, fundamentalmente, constitucionales.
A mi entender, atentan contra este concepto básico de toda sociedad moderna la permanente revisión de preceptos. No estoy tratando de defender la intangibilidad de las disposiciones jurídicas o el inmovilismo del texto constitucional, sino de destacar que posean cierto grado de estabilidad y certeza.
Hace poco más de un año, en 1989, se aprobaron 54 enmiendas a la Carta Fundamental -convenidas por el Gobierno militar con Renovación Nacional y personeros del actual Gobierno- por estimarse que perfeccionaban el régimen democrático y eran pasos sustanciales -como así se hizo- hacia un régimen como el que estamos viviendo, plenamente democrático.
La semana pasada se modificó la Constitución, por razones dadas a conocer en esa oportunidad, en el artículo 9° y otras disposiciones, con el objeto de hacer consecuente esa reforma con los propósitos que se perseguían.
Hoy, una semana después, nuevamente discutimos enmiendas al Texto Fundamental. Además, se han anunciado otras, como la dependencia de Carabineros del Ministerio del Interior y un paquete de innovaciones sobre aspectos importantes y sustanciales.
Cuando hablo de la estabilidad del régimen institucional, me refiero a que debe poseer algún grado de certeza para que los ciudadanos sepan en qué materias la Constitución tendrá valor permanente o estable en el tiempo.
Estamos conscientes de que no existen normas de ninguna especie que puedan ser inmutables, intangibles o inmodificables. Pero es preciso, para que el país pueda desarrollarse adecuadamente, la existencia de un cuerpo constitucional con algún grado de estabilidad en el tiempo.
Sólo quiero preguntar qué podrá pensar un inversionista extranjero o nacional que está estudiando algún proyecto de trascendental importancia para sus intereses -que también puede tenerla para el país-, si en este cúmulo de reformas estuvieran involucradas, las normas relativas, por ejemplo, al derecho de propiedad. Nadie podría darle hoy una respuesta cierta; sólo es posible emitir opiniones.
Por el camino que vamos, las reformas irán sucediéndose unas a otras; en el tiempo; y, en definitiva, las tan preciadas estabilidad y certeza, indispensables para el progreso del país, a mi entender, se ven seriamente afectadas.
Por otra parte, también me parece inconveniente la modificación parcial y sistemática de la Carta Fundamental. Las reformas que se le introduzcan deberían integrar un todo armónico que considere sus distintos aspectos. Las enmiendas aisladas, desconectadas unas de otras, sin objetivos unitarios previamente definidos, pueden convertir la Constitución en un texto inorgánico e inarticulado. Una racionalidad mínima indica que, en ese sentido, la reforma del sistema municipal debe ser analizada simultáneamente con las relativas a los regímenes provincial y regional.
También parece técnicamente discutible que materias tan importantes como aquellas en las que se ponen en juego principios básicos del orden social libre, tales como el sistema de elección de alcaldes y de concejales, las formas de participación de los grupos intermedios o la autonomía del régimen financiero municipal no sean abordados por la reforma constitucional y su regulación quede entregada a una normativa de menor jerarquía.
En otro orden de ideas, quiero señalar que, aparte estas consideraciones previas que dicen relación a la estabilidad, certeza y la forma parcial de reformar la Ley Fundamental, es de justicia expresar que, respecto de las normas permanentes a que en esta materia se refiere la Constitución, no ha existido el tiempo suficiente para apreciar adecuada y debidamente su funcionamiento, su eficacia y la forma en que ellas se concibieron.
A mi entender, una de las grandes obras del Gobierno de las Fuerzas Armadas fue la revitalización del municipio.
Hasta 1973, estábamos en presencia de entes politizados, poco relevantes, mayoritariamente ineficientes y que se habían convertido en un factor que, en definitiva, afectaba el desarrollo de las comunas. Por el contrario, a partir de entonces, dotados los municipios de recursos que se multiplicaron varias veces en términos reales, éstos tienen hoy día injerencia en las materias más relevantes para el ciudadano medio, lo que permite su mayor participación en ellas, realidad que hoy se aprecia en las comunas que han contado con alcaldes dinámicos y eficientes.
Fruto visible del nuevo municipio y de la acción de sus alcaldes -a quienes es de justicia reconocer su gran labor-, lo constituye el hecho que los chilenos podamos disfrutar de comunas que, en la mayoría de los casos, han cambiado sustancialmente, transformándose en modernas y pujantes.
Por ello creo que ha faltado el tiempo suficiente para que estas normas constitucionales puedan tener la debida aplicación y probar su eficacia. Son normas que estaban diseñadas para permitir la participación de los distintos elementos que conjugan y forman parte de una comunidad. La realidad no es la señalada por algunos señores Senadores que intervinieron con anterioridad, en el sentido de que el sistema permitía designar en forma arbitraria a las autoridades. Lo común es que se tratara de personas muy respetables que cumplían sus labores en forma efectiva, abnegada y con gran sacrificio, por lo cual su labor debería medirse en cuanto a su mérito. Si así se hiciera no me cabe duda alguna de que el juicio que pueden merecer en sus respectivas comunas puede evaluarse en forma muy positiva por los efectivos actores de ellas.
Pero hay otro aspecto que también es preciso tener en cuenta. Estamos modificando la Constitución y con tal medida alterando el régimen establecido para la administración municipal. Con ello se varían los plazos vigentes de los alcaldes, los cuales están ejerciendo sus cargos conforme a las normas constitucionales. Estamos en presencia de una enmienda que modifica un plazo de vigencia en curso, lo cual el constituyente puede señalar, obviamente, pero atenta en forma grave contra los principios fundamentales de cualquier precepto de Derecho Político y, por cierto, de Derecho Constitucional. Es norma de Derecho Constitucional que los plazos por los cuales las autoridades han sido elegidas -caso de los alcaldes, elegidos conforme la Constitución y la ley orgánica que así lo indica- se cumplan conforme a los preceptos legales que los señalan. Establecer una norma constitucional que modifique esa situación en forma sustancial e interrumpa al plazo ya en vigencia, atenta, en mi opinión, contra un principio constitucional que debe ser cuidadosamente analizado y respetado.
Entrando ya a la reforma que comentamos, creo que efectivamente -como aquí se ha señalado- estamos en presencia de uno de los temas prioritarios en el debate público. No se ha abundado, sin embargo, en el recuerdo de que, al abordar la reestructuración del régimen municipal, estamos incursionando en algo en lo cual se ha intentado en repetidas oportunidades en nuestra historia; y, por lo tanto, si se ha de emprender otra reforma, tengamos presente lo anterior para que procuremos arribar esta vez a mecanismos más eficaces, valiosos y duraderos que los del pasado.
Al respecto, pienso que eso puede lograrse en mejor medida si conseguimos hacer de la organización municipal un mecanismo efectivamente democrático. Democrático en el sentido de que permita a la base poblacional local decidir y participar por sí misma en la solución de los problemas que más inmediatamente le atañen.
Creo que sería sólo formalmente democrática una organización que hiciera de las personas, de las comunidades locales, aquello que se ha llamado acertadamente "meros espectadores con derecho a voto".
Nadie puede poner en duda la importancia trascendental de los partidos políticos en un régimen democrático. Pero estos partidos tienen una natural vocación, ya que buscan el poder a escala nacional, y su organización, visión y prioridades tienen, consecuencialmente, ese carácter.
La vida cotidiana de las personas, en cambio -así como la de las comunidades regionales y provinciales- tiene un componente local mucho más acentuado, no menos legítimo ni menos real que el nacional, pero que es más apremiante.
Un ordenamiento institucional que se llame equilibrado es aquel que atiende a la vez los componentes nacionales y los comuna-, les sin que ninguno de ellos opere en desmedro del otro. De allí que resulte inquietante cualquier fórmula que no conduzca a ese acertado equilibrio; porque, si no lo consigue al menos en un grado aceptable, probablemente observaremos en lo venidero distorsiones como las que se conocieron en el pasado y que hoy día, por cierto, todos estamos de acuerdo en corregir. Y observaremos también -lo que es más importante- un desarraigo del ordenamiento institucional en la vida real de las personas.
Estaríamos, en consecuencia, construyendo una democracia sólo formal, incluso deforme, en que las decisiones, paradójicamente, no surgirían de la base de la población, sino desde la cúpula hacia ella.
Atendamos, pues, a no confundir la vida de los partidos con la total del país. La primera es una parte muy importante de la segunda; pero sólo una parte. En el plano municipal, ese riesgo se corre con demasiada facilidad. Tal vez las consecuencias negativas de esa confusión no se adviertan de inmediato, pero son inevitables.
Atendamos asimismo a que lo municipal no es un compartimiento estanco. Esa área es una parte capital de la estructura que hace posible la descentralización. Esta no conlleva sólo una limitación de las ventajas de la Capital en favor de las regiones y de las provincias; significa también, y no menos importantemente, la devolución a las organizaciones menores de facultades y atribuciones que en la práctica fueron absorbidas por el Estado en el curso del siglo. Significa, en definitiva, la devolución a las comunas de múltiples derechos y libertades que les han sido silenciosamente arrebatados por el estatismo y que corresponde restituir urgentemente.
La Constitución actual ha tenido muy presente esta relación. El régimen de Gobierno y la administración regional y comunal constituyen hoy un todo lógico apenas puesto en funcionamiento y que dista mucho de haber desplegado sus potencialidades. Pienso, en consecuencia, que en cualquier premisa prioritaria esa reforma debe constituir una reducción efectiva de las atribuciones nacionales en beneficio de las comunidades de base comunal, provincial y regional.
Teniendo en cuenta ese criterio básico -cual es fortalecer las atribuciones locales y comunales-, estamos en cierta manera asegurando que cada cuerpo intermedio y cada persona, puedan participar día tras día en las decisiones que realmente le atañen de modo inmediato. Si, en cambio, la comuna resulta debilitada, o aún más, si la reforma es simplemente neutra al respecto, todo el sentido de la misma resulta por completo discutible e inaplicable.
En general, la reforma constitucional que hoy se analiza significa que, de hecho, los Consejos Regionales de Desarrollo y los Comunales dejarán de tener importancia práctica. Me parece indispensable que esto no retrotraiga la situación a la antigua indiferencia del Estado central por las comunidades locales, más allá de lo meramente electoral.
Al respecto, no parece suficiente el argumento de que la generación electoral de los municipios vaya a suplir lo que las regiones y las corporaciones edilicias pierdan, porque elecciones ha tenido el país por más de un siglo y medio, pero ellas por sí solas, como aparece de manifiesto, no han bastado para asegurar un desarrollo regional y comunal armónico.
En consecuencia, si hemos de ir a la reforma municipal, que ella no se circunscriba a establecer éste o aquel mecanismo de elecciones para sus autoridades. El tiempo dirá si un sistema es o no es mejor que el otro; pero lo que no puede esperar más es el fortalecimiento de las instancias locales en su conjunto, tanto comunales como regionales.
En los últimos años, se han producido importantes avances regionalizadores. Pero, por una parte, las condiciones no son aún aceptablemente semejantes para todos los chilenos que viven en regiones respecto de los que residen en la Capital. Y, por otra, el proceso regionalizador mismo ha ido perdiendo impulso en muchos aspectos. Esa es una distorsión básica de nuestra evolución institucional, a cuya corrección urge abocarse. No cabe completa democracia si la mayoría de nuestros connacionales se encuentra en desventaja por el hecho de residir en una región respecto de los que residen en la Capital, porque tienen menor posibilidad real de participar en las decisiones nacionales y, peor aún, en aquellas que les atañen directamente a ellos y a sus regiones.
En consecuencia, una reforma constitucional debería, en todo caso, significar un paso adelante en la igualdad entre las regiones y la capital.
Desde esa perspectiva, nuestras decisiones, tanto en lo municipal como en toda reforma del régimen de gobierno interior, deberían ser basadas en la realidad y, después de habernos asegurado de que todas ellas favorecen en forma efectiva el proceso regionalizador.
Esto es determinante para el desarrollo global. Sin desenvolvimiento armónico de todas las partes, el peligro de estancamiento descentralizador se multiplica. La práctica así lo confirma. Durante la última década y media, regiones y comunas han ido asumiendo crecientes responsabilidades. Su desempeño exitoso evidencia que ellas son capaces de desarrollar un potencial hoy apenas sospechado.
En síntesis, señor Presidente, si este Senado y el Congreso van a abocarse a una reforma constitucional sobre el sistema municipal, pienso que sería una estrecha e innecesaria limitación el circunscribirla a la mera generación electoral de alcaldes y concejales. Mucho más que eso: lo que está en juego es toda una filosofía regionalizadora, toda una necesidad nacional de fortalecer las regiones y las comunas.
Pienso que el desarrollo del país, el bienestar de su población, la ampliación de la democracia real, la consolidación de un régimen político verdaderamente moderno exigirían mucho más: una visión más vasta, de conjunto y de largo plazo. Una visión en que las reales libertades y derechos de sus ciudadanos fuesen la efectiva primera prioridad.
Todo ello exige una estructura administrativa y municipal consecuentemente orientada hacia la descentralización. El que sus autoridades sean generadas electoralmente representa sólo un factor, que no basta por sí mismo para garantizar el cumplimiento de metas mucho más amplias. Olvidarlo equivaldría a confundir los instrumentos con los objetivos.
No hay verdadera democracia sin verdadera participación. Y no existe tal participación si las comunidades regionales y comunales no tienen efectiva decisión en todo el ámbito que les compete.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, de acuerdo a lo escuchado en la mañana a los señores Senadores, en la práctica casi todos están contestes en realizar la reforma constitucional. Eso despeja el camino, porque lo otro por discutir -más adelante y extensamente- es cómo llevamos a cabo esa reforma de las municipalidades.
Escuché con mucha atención al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien hizo una serie de proposiciones de tipo general respecto de la regionalización. También se efectuarán, a su debido tiempo. Pero resulta que, a veces, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo que queremos es hacer algo comprometido ya con el pueblo a través de nuestras campañas presidencial y parlamentaria, sentido por la ciudadanía y respaldado prácticamente en el momento oportuno por todos los candidatos a la Presidencia y al Congreso.
Eso es archisabido y considero innecesario repetirlo.
En esta materia, señor Presidente, aparece un contrasentido: por una parte, los chilenos estamos facultados para elegir -y de hecho lo hicimos- Presidente de la República, Senadores y Diputados; pero, en este momento, enfrentamos serios inconvenientes para proceder en igual forma con los alcaldes y concejales, que constituyen la parte básica de la democracia comunitaria.
En mi opinión, estamos profundamente equivocados, y esto aparece como un gran contrasentido.
Se arguye que, al elegir alcaldes y concejales a través de los partidos, estaríamos politizando las comunas y las municipalidades. Considero que no hay que tener miedo alguno a la política. Y, de hecho, quienes estamos aquí es porque no le tememos a la política, sino que pretendemos enaltecerla y darle el rango que merece.
Según definición de Aristóteles, el hombre es un animal político. Y ese animal político hace política en toda clase de actividades: en los clubes deportivos, en las municipalidades, en el Senado, en la Cámara y en todas partes donde pueda realizar alguna actividad. Este es un hecho real y sería absurdo negarlo.
Muchos de los que estamos ahora en el Senado fuimos o regidores o alcaldes políticos; y fuimos elevados a la categoría de ediles por un partido político. Creo que fue una experiencia valiosa la que tuvimos.
Se sostiene que no se debe utilizar los cargos municipales ya señalados para optar a puestos políticos. La señora Senadora que estaba a mi derecha hasta hace poco dijo que, prácticamente, más de una veintena de diputados de los partidos de Oposición fueron alcaldes. En la Sexta Región, que represento -está en la Sala el Honorable señor Sule, quien puede corroborar lo que afirmo-, más de algún alcalde hizo toda su carrera política -y muy bien, por lo demás- para llegar a ser Diputado, y se elevó a esa categoría por haberse desempeñado muy bien como jefe edilicio, cosa que la gente valorizó. Lo mismo ha sucedido con algunos Senadores, entre los que me cuento. Yo no sería Senador si no hubiera ocupado primero el cargo de Alcalde de Rancagua.
Por lo tanto, no quememos lo que antes adoramos, ni adoremos ahora lo que quemamos. Es decir, en el fondo, no nos arrepintamos de lo que fuimos en un momento dado y no rasguemos vestiduras de haber hecho política. Todos la hicimos en alguna ocasión.
Pero hay algo extrañísimo: algunos alcaldes que, habiendo sido elegidos en forma popular a través de los pactos tan criticados ahora, después fueron ratificados por el Gobierno militar y elevados a la categoría de jefes edilicios en Santiago. Incluso, diría, se les erigieron estatuas en la capital. Y lo hago notar con mucho respeto por haber sido amigo de uno de ellos, el fallecido Patricio Mekis. Lo preciso, además, para que no se malinterpreten mis palabras. Es decir, él llegó a ser alcalde en Rancagua, elegido a través de un sistema de pactos. Todos reconocemos que se desempeñó muy bien y, gracias a esa muy buena acción como jefe comunal, fue después ratificado por el Gobierno militar y, posteriormente, elevado a la categoría de Alcalde de Santiago.
O sea, aquí, quienes ejercimos como alcaldes, hoy día de Gobierno y ayer de Oposición, fuimos malos. Pero quienes ocuparon las alcaldías y eran partidarios del Gobierno militar, ésos eran buenos. Me parece que ésta es una manera absolutamente injusta para juzgar a unos y a otros.
El sentido de la labor del alcalde, era antes -lo digo por haberlo sido en dos ocasiones- absolutamente distinto del de ahora: era de equipo. Se hacían pactos, y se trabajaba en absoluta coherencia y también concordancia con la Oposición. Nosotros suscribimos pactos, y el grupo opositor fue un real y eficiente crítico, al mismo tiempo que apoyó toda la labor municipal.
En mi opinión, en lugar de quejarnos y recordar cómo era antes, podríamos tomar las muchas cosas buenas que otrora tuvieron las municipalidades, para adecuarlas a este momento.
Se sostiene que los alcaldes de ahora son eficientes y que el método para elegirlos sería, aparentemente, de elección democrática.
¡Por favor, digamos la verdad! ¿Qué son los CODECOS, especialmente en los sectores rurales? Lo dice la ley: en parte, forman un porcentaje importante de los Consejos de Desarrollo Comunal personas relevantes. Y entiéndase "relevante" como sinónimo de "fortuna" o "dinero". Porque digamos las cosas tal como son: en las comunas pequeñas, en especial en aquellas rurales, la palabra "relevancia" es igual a "capacidad económica". Todos lo sabemos. Y los CODECOS en estos sectores están integrados fundamentalmente por gente de alguna capacidad económica.
En segundo lugar, se excluye de estos organismos -¡escuchémoslo bien!-, por ley, por norma, a aquellos que son dirigentes gremiales y a los dirigentes políticos. Entonces, por una parte, son elegidos quienes tienen relevancia política -recordemos que relevancia política es similar a fortuna-, y por la otra, se deja fuera a los representantes gremiales o políticos.
Por lo tanto, no corresponde en absoluto a un sentido democrático la forma en que debieran ser elegidos los alcaldes.
Escuché, también en la mañana, con mucha atención, señor Presidente -es mi costumbre-, una crítica a los partidos políticos y a la politización que se había hecho de las comunas. Y ello me desconcertó, por cuanto esa crítica proviene de los sectores que se denominan independientes. Me preocupa el hecho de que muchos que fueron elegidos como independientes, una vez Diputados y Senadores pasen a integrar los mismos partidos políticos que han criticado. No considero lógico eso de que aparezcan criticando a partidos políticos; se presenten a una elección como independientes y posteriormente, a cortísimo plazo, pasen a formar parte de las colectividades a las cuales han criticado.
Perdónenme que en este aspecto haga una alusión personal. Algunas familias chilenas tienen raigambre y categoría políticas -lo digo con mucho ¿espeto-, como los Alessandri, que se caracterizaron por ser políticos y que constituyen honra y orgullo para el país. Uno de ellos fue profesor mío, así que imagínense el respeto que tengo por él...
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor DÍAZ.-
Sí, con todo gusto.
El señor ALESSANDRI,- Yo no integro ningún partido político y mantengo mi calidad de independiente.
Gracias, señor Senador.
El señor DÍAZ.-
Al decir esto me refiero a que los políticos aparecemos como con un sentido peyorativo muchas veces. Y, mi juicio, tenemos que reivindicarnos como tales y hacernos respetar en esa condición.
Los políticos somos aquellas personas que respondemos a un partido. Porque he visto a muchos alcaldes, señor Presidente, que no responden ante nadie. Si no, díganme, por favor, a quién responde ese señor Iván Moreira -en la mañana pregunté si pertenecía a Renovación Nacional o a la UDI, y nadie lo reconoce como integrante de su colectividad-, quien, entre otras cosas, manifiesta lo siguiente: "¡Zaldívar incita a la violencia contra los alcaldes!". Sostiene que, si no hay reforma, la gente se movilizará contra nosotros y va a crear conflictos. Es decir, ¡Zaldívar, el terrorista!
El señor DÍEZ.-
¡Debe ser partidario del señor Frei!
El señor DÍAZ.-
Indiscutiblemente, esta persona no responde a nadie y está diciendo cosas en forma absolutamente irresponsable.
No es partidario del señor Frei, porque no es democratacristiano. De lo contrario no sería Alcalde de La Cisterna. Está muy clara la respuesta, señor Senador. Indudablemente, es de los que se llaman independientes, que pertenecieron al pasado Régimen militar, y que se encuentra ahí como alcalde designado por estos CODECOS que no tienen en absoluto ninguna raíz democrática.
Señor Presidente, en mi opinión, quienes fuimos regidores o alcaldes y participamos en las municipalidades antiguas, tuvimos una excelente escuela. Y creo que eso es bueno. Nosotros estábamos sometidos a un juicio político. Hoy día, con el Régimen actual, los alcaldes no están sometidos a ningún juicio político. Y puedo citar por lo menos a dos alcaldes de nuestra Sexta Región, quienes el único juicio que enfrentaron fue el de la Contraloría, porque no tuvieron a nadie a quien responder; ni a los CODECOS, porque eran sus incondicionales; ni a la comunidad, porque no los eligió, y menos a un partido político, porque no pertenecían a ninguno.
Y, con el actual sistema, los alcaldes, por lo menos en algunas pequeñas comunas, son dueños del aseo y del ornato, son los que se encargan de la salud y la educación e incluso, señor Presidente, cuando el cementerio no es parroquial, ¡también nos entierran, porque son dueños de aquél!
Respecto de estos mismos alcaldes, que tienen calidad de personajes tan importantes, me permito nada más que relatar una anécdota, relacionada con lo dicho hoy en la mañana por el Honorable señor Vodanovic, relativo a esto de las condecoraciones, que aparece como un tanto jocoso, pero creo que de alguna manera gráfica la situación.
Dicen que don Ramón Barros Luco enfrentó un conato de insurrección por parte de unos coroneles, por allá por Temuco. Y recibió un telegrama del Intendente de Cautín en que éste le decía: "Yo, fulano de tal, adhiero, soy leal, soy fiel, mantengo una total adhesión a usted", etcétera. Le dirigió una misiva larguísima. Le preguntaron a don Ramón Barros Luco qué respondía a ese mensaje, encendido y fervoroso, de adhesión a su persona. Y el Presidente contestó lo siguiente en un telegrama: "¡Y era que no!". Nada más.
Lo anterior corresponde a la misma situación de los alcaldes que condecoraban al pasado Presidente de la República. ¡Era que no, pues! ¡Si no lo hacían, sencillamente se les acababa la calidad de alcaldes!
La municipalidad, señor Presidente, estaba organizada -y debía estarlo- por políticos que respondían a alguien, pues se trata de una misión importantísima. No queremos esquivar nuestra responsabilidad ni nuestra calidad de políticos. Y cuando se alude a que la política, a través de los municipios, de los regidores y de los alcaldes, sirve para "lograr un ascenso" -entre mal llamadas comillas-, quiero recordarles, con gran orgullo, que muchas veces sucede así. Y eso es bueno, porque es una manera de que la comunidad conozca a aquellos hombres que tienen capacidad de servicio y vocación pública.
Fue así como en 1963 el Partido Demócrata Cristiano, por primera vez en la historia de Chile, a raíz de una elección de regidores, pasó a ser el partido mayoritario del país. Y eso permitió que un año después, en septiembre de 1964, el Partido Demócrata Cristiano llevara al cargo de Presidente de la República a don Eduardo Frei Montalva.
De modo que si ése es un comentario que aparece como crítico, yo lo doy vuelta para decir que es un alcance que nos favorece, porque es cierto: la gente, a través de los municipios y de los ediles, puede conocer a aquellas personas que realmente tienen vocación de servicio público.
Señor Presidente, esta mañana se aludió a Chuchunco -y no lo digo en sentido dolido, ni mucho menos; perdone que hable de estas cosas aparentemente anecdóticas- y se dijo que no daba lo mismo que seis concejales estuvieran en Chuchunco o en Santiago, porque dicha comuna era muy pequeña. Yo estoy de acuerdo en que no puede ser lo mismo una comuna con 2 ó 3 mil habitantes que una con 400 mil. Y ése es otro tema para ser discutido. Pero quiero aclarar que Chuchunco es una población muy pequeña, de la cual me siento casi vecino -está río por medio-, porque yo soy de Coínco, que está al frente, y que pertenece a la comuna de Doñihue, Sexta Región.
Señor Presidente, para terminar quiero hacer una relación porque parece que nadie está contento con las actuales municipalidades. No lo estamos quienes somos de Gobierno, porque creemos que no responden a las necesidades populares, ni responden al compromiso que adquirimos con el pueblo de Chile en la campaña parlamentaria. Pero tampoco están de acuerdo con ellas, según lo escuchado en la mañana, los señores Senadores de Oposición, ni menos los alcaldes designados.
Aquí tenemos un artículo en que el alcalde a que me referí se queja dolorosa y dramáticamente diciendo que casi el ciento por ciento de sus recursos tenía que dedicarlos a salud y educación, lo cual es cierto. Pero ése es otro tema -harina de otro costal- que también discutiremos.
Pues bien, es indiscutible que con el actual sistema de municipalidades, el alcalde, que es un señor feudal que tiene a su cargo desde el ornato, el tránsito, la salud y la educación hasta el cementerio, indudablemente no puede ejercer todas sus funciones. Como los alcaldes no están de acuerdo con el sistema, y como los propios alcaldes designados por el anterior Régimen tampoco lo están en su inmensa mayoría, creo que deberíamos, por lo menos, como dijo sabiamente alguien, abrir la puerta para empezar a hacer un camino, que es la reforma municipal.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Muchas gracias, señor Presidente.
La aspiración de democratizar el régimen municipal chileno es compartida por la enorme mayoría de los chilenos. Encuestas de opinión pública revelan que más del 80 por ciento de la gente quiere que las municipalidades se generen democráticamente, por sufragio universal.
Después de 17 años, los días 10, 11 y 12 de enero, se realizó el Congreso de Trabajadores Municipales. Concurrieron 655 delegados, que representaban a más de 12 mil trabajadores de todas las municipalidades del país. La lista que presentó como idea central el apoyo a la reforma que nos preocupa, obtuvo casi 80 por ciento de los votos y eligió los 15 representantes de la directiva. Esto es un síntoma de que es verdad que esta aspiración es compartida por la inmensa mayoría.
Para materializar esa idea dentro del mecanismo institucional chileno son necesarias dos reformas: una, a la Constitución Política, que consagre el mecanismo democrático de generación para reemplazar al actual, y luego otra, a la Ley Orgánica de Municipalidades, que estructure los mecanismos de conformación y de elección de los futuros cuerpos edilicios.
El Supremo Gobierno presentó el primero de estos proyectos, el de reforma constitucional. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y está pendiente en el Senado desde hace alrededor de dos meses. Nadie discute la idea misma de democratizar el sistema y de generar las municipalidades por elección popular.
El debate se ha centrado en torno de mecanismos de conformación del municipio y de designación del alcalde, que no están resueltos en la Constitución, sino en la futura ley de municipalidades, la que deberá dictarse una vez que entre en vigencia la reforma constitucional.
En estas circunstancias, señor Presidente, considero necesario aprobar el proyecto de reforma constitucional pendiente. Al hacerlo, nadie renuncia a sus puntos de vista sobre las formas que deba tomar la organización municipal. Los proyectos que se han ido presentando o las ideas que se han barajado, tanto por personeros de la Concertación como de los partidos de Oposición, caben todos dentro del proyecto de reforma constitucional. Más aún, para que cualquiera de esas ideas se pueda convertir en ley, es indispensable que previamente se apruebe la reforma constitucional.
Se ha invocado en esta Sala la conveniencia de ligar la reforma constitucional para democratizar los municipios con las reformas que serían necesarias para perfeccionar el proceso de regionalización nacional.
Yo quiero reiterar lo que se ha expresado por el Presidente Aylwin y por muchos de los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra: el Gobierno tiene la voluntad y la decisión de abordar el tema de la regionalización para perfeccionar el sistema existente, pero el problema de la regionalización es mucho más complejo que el de la autonomía municipal. En Chile hay comuna autónoma y administración municipal descentralizada desde hace más de un siglo. En cambio, el proceso de regionalización está en sus comienzos.
Las ideas no están suficientemente maduras. El Gobierno alienta el propósito de lograr acuerdo sobre esta materia, ha elaborado un anteproyecto, está haciendo consultas entre los partidos de la Concertación y las extenderá a los de Oposición, y en los próximos meses presentará un proyecto sobre esa materia.
Pero nada justifica postergar la satisfacción de un anhelo, expresado por todos los candidatos en la campaña presidencial. Los tres postulantes manifestaron su propósito, al llegar al Gobierno, de promover la generación democrática de los municipios. Y, además, todos los candidatos a Diputados y a Senadores expusimos el mismo pensamiento. Nada justifica, en consecuencia, que esta idea, en la que estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los chilenos, se postergue en su aplicación.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito a los señores Senadores que contribuyan con su voto a avanzar en la materialización de esta idea aprobando el proyecto de reforma constitucional, que es un paso previo e indispensable para perfeccionar, del modo más consensual posible, el régimen de organización y atribuciones de las municipalidades democráticas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, hago uso de la palabra en mi calidad de Senador independiente, en primer lugar, para desmentir una afirmación que se ha hecho reiteradamente en este debate, en el sentido de que todos los candidatos de la última elección éramos partidarios de reformar el sistema que rige los municipios y, en general, el sistema de participación social.
Sobre el particular, tenía y tengo una opinión, la que di a conocer durante la campaña y figura en muchos documentos. En consecuencia, no tengo esa obligación que, según se afirma acá, tendríamos todos: de optar necesariamente por reformar el sistema municipal. Mi opinión a este respecto -creo que no es la oportunidad de entrar en mayores detalles- es la de que la democracia no consiste exclusivamente en el voto popular, sino que debe ser complementada en muchas instancias por otros sistemas. Y, al igual que muchas perdonas de alta categoría no son designadas por voto popular, como los señores Ministros de Estado o del Poder Judicial, o numerosas otras autoridades, hoy existen sociedades que son plenamente democráticas y que tienen sistemas de participación distintos, por estimar que el proceso de la democracia no se agota con ¡ meros actos electorales, porque la democracia es un proceso que hay que vivirlo día a día, y es necesario que el ciudadano común tenga posibilidades de expresarse, y no necesaria y exclusivamente a través de los partidos políticos.
A este respecto, debo señalar que la circunstancia de ser independiente no significa que yo tenga una posición contraria a los partidos, ni mucho menos. Pienso que éstos son indispensables en una democracia, pero creo que también es perfectamente posible que haya opiniones o que existamos personas que en un momento dado pudiéramos sentirnos plenamente representados por los partidos existentes, o que, de alguna manera, expresemos el sentir de ese enorme porcentaje de la población que reiteradamente se declara independiente.
Quiero también aprovechar esta oportunidad para desmentir algunas afirmaciones que se han hecho aquí en forma rotunda, en el sentido de que en este momento tendríamos en Chile 300 o más alcaldes designados por el anterior Presidente de la República y 15 que no lo serían. La verdad de las cosas es que, de acuerdo con la Constitución que nos rige, existen hoy 15 alcaldes designados, todos los cuales han sido elegidos por el actual Primer Mandatario, y corresponden, por lo menos, a 15 de las 20 primeras comunas del país.
Después hay que reiterar que el procedimiento aplicado en el pasado puede no ser perfecto y tener más de una falla, pero no consistía -como se ha pretendido sostener acá- en meras designaciones a dedo, o en algo que el Jefe del Estado anterior hubiera hecho. Existe un proceso de participación que se estaba estructurando y que yo estimo que ha dado buenos resultados, sin perjuicio de que es evidente que, junto con darle oportunidad para demostrar sus ventajas, es probable que haya que introducirle mayores o menores modificaciones.
En todo caso, en contra de lo que aquí se ha afirmado, existen hoy numerosas municipalidades que funcionan en forma muy adecuada y con más eficiencia que las del pasado. Y, aún más, podemos señalar que en los COREDES y en los CODECOS -a vía de ejemplo- hay más representantes de los trabajadores que los que jamás existieron en municipios anteriores o aun en el propio Parlamento.
En consecuencia, no estamos ante una situación dramática, que exija medidas urgentes para sustituir un sistema, porque existen hoy numerosos alcaldes, así como gran número de integrantes de los CODECOS y de los COREDES, que están prestando señalados servicios a sus ciudades y a sus regiones.
Específicamente, puedo señalar que, en lo que concierne a la Quinta Región, el COREDE es extraordinariamente eficiente, representativo, y está trabajando en perfecta armonía con el señor Intendente designado por el Presidente Aylwin.
Ante esto yo me pregunto ¿por qué este afán de una reforma urgente?
Hemos escuchado acá, y con mucha atención, la importancia que se atribuye a este tema y al proceso de regionalización; a la necesidad de crear un sistema, a nivel de base, de las comunas y aun de las regiones, que sea más eficiente que el que hoy tenemos o que el que jamás tuvimos en el pasado.
Y se produce la contradicción de que frente a este problema de extraordinaria importancia, y al cual se le atribuye -como digo- una gran significación, pero que no tiene especial urgencia, se nos aboca aquí, a los Senadores, a pronunciarnos con motivo de la "Suma Urgencia" solicitada por el Ejecutivo.
A este respecto, creo que hay una grave inconsecuencia. Precisamente porque la materia es importante; porque existe un deseo de todos -estoy seguro que de todos los señores Senadores- de estudiar a fondo las mejores fórmulas para que el país pueda desarrollarse en todos sus niveles; porque se ha demostrado aquí en numerosas ocasiones que existe el ánimo de cooperación, no comprendo ni puedo aceptar el afán de imponer un criterio determinado, sin que todos tengamos la oportunidad de estudiar el tema en forma detenida y poder ver, por nosotros mismos, si esa puerta que se abre nos lleva a un campo más espacioso y fértil o, sencillamente, nos conduce al abismo o a una situación peor que la actual.
Es indudable -lo ha señalado con mucho acierto el Honorable señor Fernández- que lo ideal sería que la Constitución y las leyes no se modificaran con frecuencia, de acuerdo, también, a un concepto que los juristas vienen repitiendo desde hace miles de años, en el sentido de que más importante que una ley perfecta lo es una ley estable, conocida y de la cual estén compenetrados todos los ciudadanos.
Me parece que más trascendente que el régimen municipal, es la sensación de que éste es un país estable y serio, que estudia con detenimiento los problemas fundamentales y que no introduce modificaciones sólo por el afán de hacerlo.
De ahí que formulo la misma exhortación de otros señores Senadores, a fin de que si se estima tan importante esta materia, no se obligue al Senado a un pronunciamiento que no le permita su debido estudio.
Si tenemos un real afán de llegar a un proceso de regionalización más avanzado, a una descentralización efectiva, que facilite el crecimiento armónico del país, y si anhelamos eficiencia en los municipios, tomémonos todo el tiempo necesario para lograr una normativa que nos permita tener la certeza de que es mejor que la legislación vigente. Pero no caigamos en la tentación de forzar un pronunciamiento con el pretexto -también invocado aquí y al cual deseo referirme-, de que si en una elección triunfó una mayoría determinada, el papel del Parlamento consiste en acatar lo que la autoridad elegida en esa oportunidad decidió. De esa manera, poco tendríamos que hacer, señores Senadores, frente a una mayoría, la que durante 4, 6 u 8 años podría proceder a su real saber y entender. Creo que no debe ser así.
Tenemos que elegir autoridades y debemos hacerlo con el voto popular. Pero esas autoridades deben responder al concepto fundamental del país, a la esencia de la democracia, en donde hay derechos para las mayorías y las minorías. Y, además, si ciertas concepciones políticas pueden tener, en un momento dado, mayorías definidas, ello no significa necesariamente que lo que sostenga el elegido respecto de cada materia específica,»corresponda a la voluntad de la mayoría real del momento o a las verdaderas necesidades o conveniencias nacionales.
Por ese motivo, debo dejar constancia -repito- de que no estoy cambiando mi criterio sobre el régimen municipal. Ello no significa, tampoco, que me cierre a estudiar con objetividad al tema y a buscar, aprovechando la experiencia práctica, mejores fórmulas de solución.
Deseo, al mismo tiempo, señalar que la disyuntiva a que somos sometidos nos obliga a tomar una actitud que no deseamos; simplemente la de rechazar un proyecto, por cuanto, de ninguna manera, podemos legislar bajo presión sin renunciar también al derecho y a la obligación de despachar las mejores leyes posibles e, indudablemente, a efectuar las reformas constitucionales indispensables, que Realmente se traduzcan en beneficios para Chile y los chilenos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo ser muy breve en mi intervención, porque desde la mañana hemos escuchado largas intervenciones con relación a un tema que prácticamente está agotado.
Pienso que el Senado hoy día debe resolver una situación que ha sido planteada sobre la base de un sistema de urgencias, que ha venido rondando en torno al Congreso desde hace 100 años.
Todos sabemos que a partir de 1891, y en el ciclo que terminó con la Constitución de 1925, se produjeron incontables problemas relacionados con la tramitación de los proyectos y, particularmente, por el hecho de que ellos eran intencionadamente postergados para así desarrollar todo un sistema de trabajo.
La Constitución de 1925 introdujo el concepto de "las urgencias", con el objeto de reparar un vicio que se había planteado en nuestra institucionalidad.
No cabe duda de que hoy día estamos viviendo un proceso también dramático respecto de legislar bajo presión, al calificar de "Suma Urgencia" un proyecto de reforma constitucional que requiere del tiempo y la reflexión necesarios para analizar debidamente los alcances que tiene.
El Senador señor Fernández...
El señor NAVARRETE.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor ROMERO.-
Una vez que termine, señor Senador.
El Senador señor Fernández ha hecho una intervención de fondo respecto del problema y la estabilidad constitucionales. En la mañana de hoy oímos planteamientos concretos del Honorable señor Prat, con relación a la posición de nuestro Partido. Yo deseo señalar, señor Presidente, que no se trata solamente de tener el tiempo de reflexión necesario, sino que debemos mirar la perspectiva y el desarrollo comunal con una visión de futuro.
Entiendo la nostalgia de algunos señores Senadores por el pasado. Comprendo que tengan buenos recuerdos de su paso por ciertas municipalidades. Y no me cabe la menor duda de que así debe haber sido.
También, dentro del concepto que tenemos de esta materia, debemos recordar los orígenes del proceso de autonomía y modernización de la comuna, la que se denominó "comuna autónoma" a fines del siglo pasado.
Creo que debemos mirar con una perspectiva diferente la administración comunal y regional. Hoy día nos corresponde revisar conceptos de fondo, porque no es posible que existan -por ejemplo- entidades que prácticamente carecen de facultades, y muchas veces se desconoce el motivo de su existencia. Me refiero a las gobernaciones, que son la herencia de una división provincial que en la actualidad no presta utilidad al país. Ahora la realidad está planteada en conceptos de región y de comuna.
Nosotros debemos ir al fondo de los problemas y disponer del tiempo necesario para hacerlo, a fin de -repito- poder desarrollar con un sentido de modernidad y futuro aspectos que satisfagan las aspiraciones de las personas.
Los chilenos se hallan angustiados porque los políticos nos embarcamos en interminables y cansadoras intervenciones y no resolvemos los problemas de fondo, que siempre quedan pendientes, que siempre necesitan de una espera.
¿Cuál es la realidad actual, si toda la Sala -según las intervenciones escuchadas- está en completo acuerdo respecto de aplicar lo que se ha denominado una "democratización del proceso municipal"? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿No será -como lo señalaban algunos señores Senadores esta mañana- el planteamiento de asesores comunicacionales que en la prensa de hoy hacían aparecer a Parlamentarios de la Concertación sosteniendo que el Gobierno repondría en marzo el proyecto de reforma constitucional de las municipalidades? ¿Ellos desean aprovechar el receso de verano para poder "administrar" -entre comillas- una situación que se la han buscado a través del sistema de las "urgencias"? Si fuere así, no me parecería serio. No quisiera pensar que es cierto, porque estaríamos volviendo a los viejos vicios del pasado. Cuando me refiero a los "viejos vicios" no estoy sólo mirando los vicios del frente, sino también los propios, porque todos los políticos, de una manera u otra, tuvimos algún grado de responsabilidad por lo que ocurrió en el pasado.
Debemos hacer una crítica constructiva y positiva respecto de la perspectiva con que debemos mirar esos problemas. Y, en ese sentido, deseo hacer un llamado para que no sigamos colocando en una posición difícil a esta Institución -al Senado, en particular, y al Congreso, en general-, pues las encuestas nos pueden castigar -yo diría- injustamente. En definitiva, el aporte entregado es la prueba de ello: todo el trabajo realizado durante el período legislativo, el cual es suficientemente serio y fecundo como para que nosotros no tengamos hoy día que despedirnos con una demostración más de corte antiguo y electorero, sino con una de modernidad y futuro.
Señor Presidente, me parece que ya es hora de votar. Solicito que así se haga, pues hemos recibido una grande e importante información al respecto.
El Senador señor Prat me solicita una interrupción. No tengo inconveniente en dársela, con la venia de la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Muchas gracias, señor Presidente y Honorable colega.
Las razones de nuestra posición, respecto de la oportunidad de votar el proyecto, han sido latamente expuestas. Me parece que en la Sala están claros los distintos puntos de vista.
Sin embargo, señor Presidente, no deseo que se cierre el debate sin reponer algo que considero fundamental.
En este Hemiciclo se han expresado en forma reiterada opiniones injustas y agraviantes contra quienes se desempeñan o se han desempeñado como alcaldes, de acuerdo a la Constitución y a las leyes.
Esos funcionarios asumieron sus cargos,» generalmente, en un afán de servicio, aceptando la normativa vigente.
Estimo que el Senado y todas las instituciones del Estado deben velar por la dignidad de los servidores públicos.
Sólo deseo reponer esa dignidad, que siento que ha sido dañada.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, Honorables colegas, no cabe ninguna duda de que el tema que nos ha preocupado prácticamente todo el día es de la mayor importancia. El se refiere a la institucionalidad local. Como se sabe, las municipalidades son los órganos que se encuentran más vinculados al quehacer diario, a los problemas y a las necesidades de la comunidad.
El proyecto de reforma constitucional que nos ha presentado el Gobierno busca la posibilidad de reformar la Ley Orgánica de Municipalidades, con el propósito de generar democráticamente, a través de elección directa, a los alcaldes en todas las comunas del país; crear concejos municipales integrados por representantes de toda la ciudadanía, los que tendrán facultades normativas, fiscalizadoras y resolutivas; readecuar el Consejo de Desarrollo Comunal, en lo atinente a su integración y funciones, denominándolo Consejo Económico y Social y estructurándolo como un órgano de participación y concertación plena de la comunidad organizada, con carácter consultivo y asesor.
Al mismo tiempo, resultan necesarias normas sobre escrutinios y calificación de las elecciones municipales -las que será posible dictar por la vía de la reforma constitucional que se propone-, para que tales funciones las desarrollen tribunales electorales regionales.
¿Qué se ha argumentado por parte de la Oposición respecto de este proyecto presentado por el Gobierno y que cuenta con el respaldo de todos los Comités de los partidos que apoyan a la actual Administración, como ha quedado de manifiesto en el debate habido hoy día? Los socialistas, los PPD, los democratacristianos, los radicales y los socialdemócratas, clara, categórica y enfáticamente queremos que se cumplan los objetivos de esta iniciativa de reforma constitucional. Sin embargo, los Senadores de Renovación Nacional, los de la UDI, los Senadores designados y algunos Senadores independientes, en sus intervenciones han expresado su oposición, su rechazo, a la idea de legislar sobre el proyecto de reforma constitucional que permitiría el cumplimiento de los objetivos descritos.
¿Qué se argumenta? Se aduce premura, se reclama de la urgencia con que el texto ha sido sometido al debate legislativo. Creo que no sólo es posible buscar argumentos para confundir un debate legislativo, sino también lo es que mediante ellos se pretenda crear confusión pública, pues, como se sabe, los periodistas que presencian nuestras discusiones transmiten la información. Además, las versiones de las sesiones que celebra el Senado son publicadas en la prensa.
El país tiene que saber -como lo sabe- que el proyecto que estamos discutiendo fue presentado por el Gobierno para su debate en el Parlamento en el mes de mayo próximo pasado, y que ingresó al Senado de la República hace dos meses. Por eso, me parece que, con arreglo a un mínimo de rigor y seriedad, no se puede sostener que esta iniciativa ha sido sometida precipitadamente a discusión, en circunstancias de que los plazos hablan por sí mismos.
El señor PRAT.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor NAVARRETE.-
Una vez que termine, Honorable colega.
Se sostiene que, además, de reformarse la Carta Fundamental para hacer posible la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el país entraría en un "vértigo electoral". ¿Acaso ello constituye un fenómeno lesivo a la institucionalidad democrática? ¿Acaso las elecciones son malas? ¿Acaso no se cree en el sufragio universal, en el ejercicio de la soberanía popular?
Pienso, señor Presidente, que es preciso que las cosas se digan por su nombre y que no se sigan buscando argumentos que solamente confunden, distraen y pueden crear malos antecedentes para futuros debates legislativos, respecto de otros proyectos de ley que deberán contar con la mejor voluntad de todos los sectores políticos representados en el Parlamento.
Estaremos en presencia, cuando se vote, de una de las primeras iniciativas sobre las cuales no se ha podido llegar a acuerdo. Y me parece que eso no es bueno. Probablemente ha habido proyectos con alcances políticos mayores que éste, desde el punto de vista del interés del Gobierno y de lo que puede significar su aprobación en el ejercicio de las tareas gubernativas. Sin embargo, fue posible lograr consenso, establecer puntos de vista comunes, discutir objetivamente, reducir las propuestas originales, y llegar a despachar materias que hoy son leyes de la República.
La iniciativa en debate no sólo reviste una trascendencia política indiscutible; no sólo está relacionada con una de las materias de mayor urgencia, desde el punto de vista de la clara mayoría que se observa en el país para que pueda haber elección democrática de alcaldes, sino que, al término del trabajo legislativo de este primer año del Congreso Nacional, da lugar a un hecho que, a mi juicio, no constituye un buen antecedente para los futuros debates y tareas del Parlamento.
Quisiéramos, señor Presidente, que se acogiera el llamado formulado ayer por el Presidente de la República, con palabras tranquilas, serenas, responsables, guardando el mayor respeto a las competencias de este Poder del Estado, y con reconocimiento a todos los sectores políticos aquí representados. Por igual invocó la responsabilidad de los Senadores de la Concertación y de los Senadores institucionales, de Renovación Nacional, de la UDI, y en general, de todos los Parlamentarios que ocupan un lugar en esta Corporación.
Y deseamos que sea oído, señor Presidente, porque en ese planteamiento, al igual que en los argumentos que hemos venido esgrimiendo, no hay otro propósito que el de contribuir a la profundización del proceso de institucionalidad democrática que se vive. Estamos en deuda, no con nuestros partidos, ni con nuestras particulares funciones legislativas o parlamentarias, ni tan sólo con nuestro electorado, si no con todos los chilenos y, sobre todo, estamos en deuda con todo el país.
Mientras no exista una democratización de la comuna y las municipalidades no pasen a ser regidas por autoridades generadas en forma democrática, el país no habrá alcanzado - hay que decirlo clara y definidamente - el escenario de plenitud democrática que se requiere para que todos podamos ver con optimismo el futuro de los chilenos y construir entre todos la patria grande que deseamos. Y ésta es una materia que no tiene características de orden ideológico ni partidista, y que debe asumirse con sentido patriótico. En definitiva, esto es lo que tiene que primar, a mi juicio, en la resolución a que nos encontramos abocados en el día de hoy.
Se podrán argüir muchas razones; se podrán señalar diversos antecedentes; pero lo cierto es que quienes no voten por hacer posible la reforma constitucional estarán impidiendo la voluntad soberana de los chilenos para darse, en el organismo de base más cercano a sus necesidades y problemas, las autoridades que quieren tener, no las que les impusieron gobernantes que ya no están frente a la conducción del aparato del Estado.
Eso es lo fundamental. Y creo que la sana razón, el buen propósito, el sentido positivo de las cosas y la justa reivindicación de lo que la política debe ser, tendrán que prevalecer sobre cualquier otro elemento. Por lo tanto, éste debe ser el motivo que lleve a pronunciarnos respecto del proyecto de reforma constitucional en debate.
No se está imponiendo la estructura de los municipios. No estamos discutiendo el número de concejales que en definitiva debe ser sometido a elección, ni tampoco la forma como se van a generar o como van a ser elegidos los alcaldes. Estamos haciendo posible la expresión democrática de los chilenos para elegir sus autoridades en las comunas. Luego, una vez concretada esta etapa básica y fundamental, podremos dirimir, de acuerdo con nuestras particulares doctrinas y puntos de vista, las cuestiones que dicen relación a estas materias. Pero negar hoy día la voluntad para que se haga posible la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no sólo es actuar con inconsecuencia respecto de lo que se declaró en la campaña presidencial y parlamentaria de 1989, sino que es demostrar una vez más que no se está actuando con arreglo a la expresión mayoritaria del país. Y por esta vía se está cercenando indirectamente el ejercicio pleno de la soberanía popular.
Espero, señor Presidente y Honorables colegas, que el llamado hecho en el día de ayer por el Presidente de la República sea acogido por el Senado, y que, sobre la base de las razones de fondo que hoy deben preocuparnos, demos nuestra aprobación para que esta reforma constitucional permita la elección democrática de alcaldes y de concejales en todo el país.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, existe consenso y conciencia en el Senado en cuanto a la necesidad de estructurar y fortalecer municipios que sean a la vez democráticos y eficientes.
La tarea, sin embargo, no es fácil. Un municipio democrático debe ser fiel reflejo de una representatividad ciudadana, pero debe ser al mismo tiempo un adecuado cauce o conducto para la participación de la comunidad en materias de muy directa incumbencia e interés para cada ciudadano. Un municipio eficiente debe combinar autonomía, financiamiento y tecnificación, para configurar una administración apropiada en el sentido de ser capaz de solucionar los problemas de orden eminentemente local, comunal, vecinal, propios de la tarea municipal, que son muy diferentes de aquellos que competen a un órgano político, como este Parlamento, o de los que deben abordar las autoridades gubernativas, en general.
Por ello, es efectiva la afirmación que hacía un señor Senador esta mañana en cuanto a que cuando definimos la institucionalidad municipal no podemos operar con criterios simplistas, como si solamente estuviéramos eligiendo autoridades políticas. El asunto es mucho más complejo.
Hay que tener presente, además, que todos deseamos, según lo que se ha expresado en este debate, que la descentralización que el Gobierno anterior impulsó fuertemente sea completada y profundizada en muchos aspectos, para llevar las decisiones que más interesan a los ciudadanos al ámbito o nivel en que realmente toda persona puede influir de modo más eficaz, precisamente por tenerlo más cerca, como sucede con el municipio.
Por eso, señor Presidente, cuando abordamos este proyecto de reforma constitucional debemos tener presente qué carácter reviste la votación en general respecto de una iniciativa. Deseo ser especialmente enfático para señalar que induce a perturbación en la ciudadanía que se la haga creer que un pronunciamiento de esa índole se refiere a la idea de legislar sobre la materia en abstracto, lo cual no es efectivo. La votación en general implica pronunciarse sobre la idea de legislar respecto de un proyecto concreto y determinado, evaluando su mérito, y además, la oportunidad -también precisa y determinada- en que es sometido a la consideración del Congreso Nacional.
En esta perspectiva, estimo que la reforma constitucional que se nos propone debe ser rechazada, por no ser oportuna, más allá del juicio de mérito que pueda merecer su contenido.
Y afirmo, señor Presidente, que es inoportuna, por cuanto se podrá discutir cuál es la relación e interdependencia con que el tema municipal se condiciona recíprocamente con el regional, lo que, efectivamente, podrá ser materia de apreciaciones variadas y con matices -el Honorable señor Prat exponía esta mañana elementos de juicio y argumentos muy interesantes para subrayar la ligazón que cabe estimar que existe entre ambos temas-; pero lo que a mi juicio está fuera de toda discusión es la interdependencia estricta, indisoluble y absolutamente íntima de la iniciativa que hoy se somete a la consideración del Senado con el proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades. En este último deberemos determinar la estructura municipal, el financiamiento de los municipios, el sistema electoral y la fecha en que se lleven a cabo los comicios respectivos. Sin este texto, el proyecto de reforma constitucional no tiene ninguna eficacia práctica.
Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado un llamado a esta Corporación, que valoro por sus términos respetuosos y convencidos. Sin embargo, el mismo Primer Mandatario ha dicho que todas las proposiciones planteadas por los distintos partidos políticos respecto del tema municipal caben dentro de la reforma constitucional que hoy día se somete a la discusión y aprobación del Senado. En esa virtud, solicita que acojamos el proyecto, porque no será obstáculo para la aprobación posterior de ninguna de las iniciativas acerca de la estructura municipal, funcionamiento de las municipalidades, sistema electoral o fecha de las elecciones.
Es un punto de vista respetable. Pero tendremos que convenir en que es igualmente respetable, a partir del mismo elemento de juicio que plantea el Jefe del Estado, estimar que no procede la aprobación del proyecto de reforma constitucional ahora, precisamente porque, al caber todo dentro de su texto, no define nada en forma suficiente. Y como no lo hace, su aprobación no tendría ninguna eficacia práctica.
Por eso, señor Presidente, deseo sólo llamar la atención...
El señor VODANOVIC.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GUZMÁN.-
Con todo gusto, señor Senador.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Con la venia de la Mesa.
El Honorable señor Guzmán señala que esta reforma constitucional sería ineficaz, porque los contenidos sustanciales que de ella derivarían deben precisarse en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Por mi parte, insisto en que un proyecto en este último sentido fue planteado con el de reforma constitucional en la Cámara de Diputados, y que sólo en virtud de disposiciones legales y reglamentarias no ha sido posible tratarlos en conjunto.
Entonces, mi pregunta al Honorable señor Guzmán es la siguiente: si no es posible discutir en forma conjunta esa iniciativa, ¿no es obvio que debiera aprobarse previamente la reforma constitucional? ¿Qué sistema permitiría debatir los términos y contenidos de aquélla como no sea el de despachar primero la reforma, salvo que se desee efectuar el estudio pertinente fuera del Congreso?
Gracias, señor Senador.
El señor GUZMÁN.-
Respondiendo derechamente a la pregunta que se me ha hecho, puedo decir que no cabe ninguna duda de que, desde el punto de vista reglamentario, debe discutirse primero la reforma constitucional, y después el proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Este es el orden natural y lógico.
Sin embargo, para nadie es un misterio que tanto dentro del Parlamento como fuera de él existen -y pueden mantenerse- conversaciones tendientes a definir el contenido de dicho proyecto. Y la razón para ello es muy simple: se trata de una materia de ley orgánica constitucional, que requiere la aprobación de las cuatro séptimas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.
En consecuencia, ni las fuerzas de Gobierno ni las de Oposición tienen mayoría suficiente para imponer su punto de vista en cuanto al contenido de la iniciativa. Esto hace que necesariamente, tanto dentro del Parlamento como fuera de él -y con la legítima interrelación que estas dos instancias tienen y seguirán teniendo en la vida del país, porque son perfectamente legítimas e incuestionablemente reales-, tendremos que tratar esas dos materias ligadas. Así lo entendemos todos. Nadie supone que se puede resolver una en forma eficaz sin solucionar la otra. Y con relación al proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre Municipalidades no hay todavía un acuerdo que permita avizorar que por los cuatro séptimos de los miembros en ejercicio de ambas Cámaras podemos despacharlo, sobre la base de la actual posición de los distintos partidos aquí representados.
Por lo tanto, creo que no procede aprobar la enmienda constitucional en este momento.
Para terminar, deseo llamar la atención del Congreso y de la ciudadanía en el sentido de que es tan evidente lo que he señalado en cuanto a que la aprobación o rechazo de esta reforma no va a modificar en nada la necesidad indispensable de que nos pongamos de acuerdo en el contenido de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que realmente pueda operar una nueva institucionalidad municipal, que no tiene absolutamente ninguna eficacia la aprobación de la primera ahora, como tampoco reviste ninguna gravedad ni irreversibilidad su rechazo.
El hecho de que se califique la urgencia para que la reforma se vote en esta oportunidad es un derecho legítimo del Gobierno y que personalmente no impugno. Sólo advierto que puede transformarse en el instrumento para que ciertos sectores adeptos a aquél empiecen a desfigurar la realidad de nuestra posición y de lo que implica la votación del Senado, en caso de no ser aprobada la reforma constitucional.
No estamos oponiéndonos a reestudiar y a mejorar la institucionalidad municipal. La Unión Demócrata Independiente ha dado a conocer un documento público, en conjunto con Renovación Nacional, que señala cuál es nuestro punto de vista a ese respecto. Además, tenemos un compromiso de actuar de consuno y en forma similar en todas las votaciones que se lleven a cabo en ambas ramas del Congreso Nacional con relación al tema. Y actuando conforme a ese compromiso, que respetamos hoy y respetaremos a lo largo de todo el período presidencial para el cual ha sido suscrito, en esta oportunidad votaremos en contra del proyecto sometido a la consideración del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente, estimados colegas, yo no pensaba intervenir, porque ya lo había hecho en nombre del Comité el Honorable señor Papi, y porque también intervino hace pocos momentos el Honorable señor Navarrete. Pero la verdad es que se han planteado una serie de cosas que no puedo rehuir, y de cuya responsabilidad superior deseo que quede constancia en la historia fidedigna de estas disposiciones, que creo y espero que tendremos que aprobar en el curso de 1991.
Como ustedes saben, he participado en las conversaciones que la Concertación ha mantenido y mantendrá con Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente en torno de esta materia. En realidad, me preocupa bastante el hecho de que, al parecer, tengamos enfoques de inicio o de enlace -término este último que está tan de moda- distintos para medir lo sustantivo del problema. En ninguna de las reuniones en que he intervenido -creo que no peco de ninguna manera en decir algo que no es público- se ha discutido si modificamos la Carta Fundamental para que los alcaldes y concejales sean elegidos o no. Era un hecho absolutamente aceptado por todos. Y me parece que es un hecho aceptado y exigido, si no por todos, por la inmensa mayoría de los chilenos.
He expresado que ello me preocupa, porque estamos creando en esta oportunidad -a lo mejor, por culpa de todos- una verdadera "cámara de tortura" para los políticos de Gobierno y de Oposición, y más concretamente, para los Parlamentarios de uno y otro sector. Porque pareciera que algunos encuestadores -a quienes mucho respeto, desde luego- han circunscrito la expresión "políticos" sólo a los Parlamentarios, quienes no contaríamos con el apoyo, el fervor o el respeto de nuestro pueblo. Por lo menos, así lo dicen las encuestas. En consecuencia, quisiera salirme de esa cámara de tortura que estamos creando, porque a partir de mañana todos los órganos de comunicación -no sólo los de Gobierno- van a recriminarnos por lo que suceda hoy.
Es posible que no haya sido lo más recomendable el envío de la urgencia a estas alturas del debate, de las conversaciones o de los encuentros sostenidos. Pero fue enviada, y aquí estamos. Sobre el particular, recuerdo que en 1970 discutimos la urgencia pedida para las reformas constitucionales planteadas por el Presidente Frei. Y no se trataba de una mera enmienda a la Carta, ni de un proyecto sentido por el 90, el 95 o el ciento por ciento de los chilenos, ni que partiera del cambio de estructuras.
Como ciudadano, sobre la base de un compromiso, acato la norma a que se refería el Honorable señor Prat. La acato, pero no me gusta. Nunca fue mía y nunca la compartí. Por eso he querido hablar esta tarde.
Se ha dicho, por ejemplo, que la Constitución es la norma que por excelencia debiera tener permanencia para el fortalecimiento de la democracia. Pero la disposición en virtud de la cual se designa a los alcaldes no es democrática, por muy "ratificada" -entre comillas- que haya podido ser, al menos para mí. Ningún alcalde ha sido elegido democráticamente. Así que no es problema de que el Presidente Aylwin haya designado a 25 de ellos, o de que 300 ó 200 y tantos hayan sido nombrados por el Jefe de Gobierno anterior. No es ése el problema. El pueblo quiere -lo creo, y casi estoy seguro, al igual que como legislador también lo creo y lo quiero- que los alcaldes sean elegidos en forma democrática.
El Honorable señor Thayer planteó con mucha sinceridad que no es partidario de elegir por sufragio universal sino a los dirigentes, jefes o coordinadores políticos. ¡Y quién es más político que un alcalde o un concejal, o que un regidor, como el segundo se denominaba! ¿Dónde está la célula básica de cualquier gobierno, en cualquier momento de la historia del mundo, si no en lo que hoy es la municipalidad o el Concejo Municipal, con un primero entre sus iguales como jefe, a quien hemos denominado alcalde? ¡Qué acción, qué obra, qué trabajo más político que el de la célula familiar del Estado comunal! ¿O seguimos pensando en las superestructuras, que destruyen, eliminan, corrompen y liquidan a nuestras comunidades? Esta es mi inquietud. Y la di a conocer a algunos de los Honorables colegas opositores antes de esta sesión.
El Gobierno quedará con problemas por haber pedido la urgencia, como también la Oposición, por impedir -y ojalá que me equivoque- la apertura de la ancha puerta por donde podamos construir un sistema, el mejor que ustedes deseen, para que dirija la descentralización, la regionalización y la célula básica del sistema comunitario e institucional chileno.
De ahí, señor Presidente, que yo no pida en esta oportunidad a los señores Senadores que acojamos el clamor muy respetable del señor Presidente de la República, sino que no confundamos más a nuestro pueblo. Si los miembros del Concejo son 6, 12, 14, 24 ó 100, como plantea el Honorable señor Ríos; si se eligen de una manera u otra; si damos al municipio más o menos presupuesto; si le proporcionamos la mayor de las autonomías, todo esto lo discutiremos acá también. Y no les quepa la menor duda de que, una vez aprobada la reforma constitucional que nos habilite para debatir esa iniciativa legal, forzosamente tendremos que ponernos de acuerdo.
Señor Presidente, yo tenía la calidad de Senador -creo ser el decano en esta Alta Corporación-, y fui cercenado en mis derechos de Parlamentario y de ciudadano. Pero eso quedó atrás. Eso me da fuerzas para tratar de construir en conjunto -Gobierno y Oposición, representantes de partidos políticos e independientes- un sistema que otorgue mayor respetabilidad, vigencia, fortaleza y proyección al Poder Legislativo, a fin de que, en concordancia con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el pueblo y sus organizaciones comunitarias, evitemos que se repita en Chile lo que aconteció y que ocurra en el mundo lo que está a punto de suceder.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, quiero referirme en primer término, y en muy pocas palabras, al sistema jurídico de administración comunal.
El proyecto de reforma constitucional contiene sobre la materia, fundamentalmente, las normas que paso a mencionar.
El alcalde deberá ser elegido mediante sufragio universal y existirá un Concejo Municipal, compuesto por el alcalde y concejales, elegidos también por sufragio universal, cuyo número -no se señala cuál será el mínimo ni el máximo- se fijará por ley. Este Concejo será normativo, resolutivo y fiscalizador.
La iniciativa no indica cuáles serán las atribuciones de los alcaldes; pero en ningún caso ellas podrán ser resolutivas, pues este tipo de facultades se entrega al Concejo.
La comunidad local organizada -esto es, las juntas de vecinos, los centros de madres, los sindicatos y los habitantes de las comunas en general- tendrá derecho a la participación que le reconozca la ley. Es decir, la Constitución, según la reforma propuesta, no le reconocerá participación concreta alguna.
De acuerdo con las normas constitucionales vigentes y que se pretende modificar, los alcaldes pueden ser designados por el Consejo Regional de Desarrollo, a propuesta del Consejo Comunal, o por el Presidente de la República, en las comunas que determine la ley, atendida su población o su ubicación geográfica. En la actualidad, son designados por el Presidente de la República los alcaldes de Santiago, Las Condes, Arica, en fin, de varios municipios, que suman dieciséis.
Con anterioridad, según la Constitución Política de 1925 y la ley N° 11.860, Orgánica de Municipalidades, éstas eran administradas por los regidores, elegidos mediante sufragio universal, quienes designaban de entre ellos al alcalde. Sin embargo, conforme al Texto Fundamental, en las comunas de más de 100 mil habitantes y en las que determinara la ley aquél era nombrado por el Presidente de la República. Desde la promulgación de la ley N° 5.357, de 1930, hasta 1973, el Jefe del Estado designaba a los alcaldes de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.
La administración comunal por regidores elegidos mediante sufragio universal, en elecciones de carácter político, no demostró ser eficiente. Y no es de extrañar esa ineficiencia. Los grupos colegiados, no técnicos, pueden ser excelentes normativos o fiscalizadores, pero no buenos ejecutores directos.
La administración comunal es difícil y compleja. Los municipios cuentan con numerosas atribuciones, del más alto interés para los vecinos y la sociedad toda. Actualmente tienen a su cargo, también, la administración de los servicios de salud y de educación.
Esa administración comunal, que involucra relevantes tareas que importan a todos los vecinos, es la expresión misma de la descentralización. Las tareas se ejecutan y resuelven en la comuna, no en la capital, ni siquiera en la región, sino directamente en el municipio. Por eso, debe dotarse a éste de los recursos que requiere para desempeñar sus labores en forma adecuada.
Las municipalidades, además, deben tener una administración técnica e impersonal. Y la elección de un administrador técnico no se realiza por votación popular.
Los Ministros de Estado, técnicos en las materias que corresponden a sus Carteras, no son elegidos por sufragio popular, sino que son designados por el Presidente de la República. Yo pregunto: ¿sería más democrático que fueran elegidos por votación popular? Pienso que no; me parece que el sistema en vigor es conveniente para su designación.
Similar raciocinio cabe hacer respecto de los jefes superiores de servicio, y a igual conclusión debe llegarse. No es más democrático elegir un Director de Impuestos Internos por votación popular. Sí sería más ineficiente.
El municipio es un servicio público cuyo ejecutivo máximo reviste las características de jefe superior de servicio y debe cumplir funciones de tal. Y este jefe de servicio administra cuantiosos recursos públicos; recursos del Estado provenientes de todos los chilenos.
En esta perspectiva, cabe destacar la grave situación que se produce cuando un alcalde elegido por sufragio universal, no obstante ser excelente en lo personal, no es un buen administrador. ¿Cómo se le remueve? No es necesario recordar los numerosos casos -por todos conocidos- de extraordinarias personas que no han sido buenos jefes de servicios.
En suma, por lo expuesto, considero que los alcaldes no deben ser elegidos mediante votación popular. Y tampoco me parece conveniente suprimir el sistema, vigente desde 1925, que permite al Presidente de la República designar a algunos de ellos en los municipios que establezca la ley, atendida su población o su ubicación geográfica.
Respecto de la elección de concejales que se propone, estimo que también es inconveniente, porque representa un sistema idéntico al de los regidores, que demostró no ser eficiente para la administración comunal.
Por otra parte, me parece necesario hacer algunas reflexiones acerca del procedimiento para la tramitación de este proyecto de reforma constitucional, que el Presidente de la República ha calificado de "Suma Urgencia".
En conformidad a las disposiciones de la Constitución Política de 1925, correspondía al Jefe del Estado hacer presente la urgencia para la tramitación de una ley, y al Congreso Nacional -esto es, Cámara de Diputados y Senado-, calificar dicha urgencia, que era de tres grados, igual que hoy día. Pero la Carta actual, en su artículo 71, dispone: "El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse dentro del plazo máximo de treinta días.". En su inciso segundo -y esto es lo más importante- establece: "La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso". Esta ley orgánica contempla las mismas tres clases de urgencia.
El proyecto de Constitución enviado al Consejo de Estado dejaba entregado a la normativa de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso todo lo atinente a la tramitación y calificación de las urgencias, y fue precisamente ese Consejo el que cambió la redacción del artículo respectivo, encargando al Presidente de la República la calificación.
En el informe elevado al Primer Mandatario por el Consejo de Estado se expresa cuál fue la razón de dicho cambio: "Tampoco está de acuerdo el suscrito" (don Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente del Consejo) "en que no se haya incorporado al proyecto las normas sobre el sistema de urgencias y se las haya entregado a una Ley Orgánica Constitucional. En esta materia, cualquier Congreso adoptará siempre fórmulas que aumenten su influencia, en detrimento de las facultades del Presidente de la República, quien es el que administra y el que sufre las consecuencias de cualquiera actuación desmedida del Poder Legislativo, lo que no se aviene con el propósito de reforzar las atribuciones del Jefe del Estado.".
Como puede advertirse, la Constitución Política de 1980 entrega al Presidente de la República la enorme responsabilidad de solicitar las urgencias y de calificarlas.
Pero esta atribución tan especialísima -y a lo mejor tan necesaria-, sugerida por quien fue Primer Mandatario y que estuvo muy cerca de otros Jefes de Estado en el país, conlleva una gran responsabilidad para el Presidente de la República: él no puede caer, a su vez, en los excesos de los congresales que se pretendió evitar.
El actual Jefe del Estado, don Patricio Aylwin, quien fue Parlamentario y Presidente del Senado, sabe de la dedicación y trabajo que requiere el estudio de cualquier proyecto de ley. Si la aprobación del Congreso sólo fuera formal, tal vez no tendría importancia que el Primer Mandatario solicitara urgencia para todas las iniciativas legales que enviara. Pero el sistema democrático involucra que las proposiciones de ley del Presidente de la República sean revisadas por ambas Cámaras, con el objeto de que las normas aprobadas sean lo más perfectas posible y representen la voluntad de esos dos Poderes del Estado.
Creo que todos los Parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado, tratamos de legislar en la forma más seria y técnica posible. Y nos falta tiempo para atender los requerimientos de nuestra presencia en las Comisiones y, luego, en la Sala, amén de todo aquel que debemos dedicar a cada iniciativa, para desempeñar dignamente el cargo que juramos servir con fidelidad y lealtad. Por ello, las diferentes urgencias para numerosos proyectos de ley alteran ese trabajo parlamentario.
Ahora bien, me parece que ordenar el trámite de "Suma Urgencia" para un proyecto de reforma constitucional, por importante que ésta sea, no es conciliable con la seriedad y acuciosidad del estudio que debe efectuar el Parlamento a su respecto.
En el análisis de una iniciativa de reforma constitucional sobre el régimen de administración de los municipios, el Senado debería oír necesariamente la opinión de prestigiosos especialistas, profesores y estudiosos del sistema municipal. Cabe recordar que, incluso, existía una Corporación de Estudios Municipales.
Pienso que el constituyente de 1980 fue prudente al entregar al Presidente de la República la facultad de hacer presente las urgencias y, también, de calificarlas, pues con ello impedirá que una Oposición al Gobierno, actuando políticamente, pueda retardar el despacho de leyes relativas a materias que, por su naturaleza, deben resolverse en plazo breve. Sin embargo, esta facultad implica para el Jefe del Estado la inmensa responsabilidad de evitar que su uso indiscriminado lleve, en su momento, al convencimiento de que debe restablecerse el sistema de calificación de urgencias por el Parlamento, como lo consagraba la Constitución de 1925.
Por otra parte, en cuanto a las elecciones que deberían efectuarse de acuerdo con la reforma constitucional propuesta, creo conveniente también formular algunas consideraciones.
En Chile, las elecciones y las consiguientes campañas políticas representan enormes gastos y una distracción y paralización en las actividades y la producción nacionales. Esto ha sido reconocido por destacadas personalidades.
En un proyecto de reforma constitucional enviado al Parlamento por el Presidente Frei se propuso suprimir las elecciones complementarias, señalándose precisamente que los procesos eleccionarios ocasionaban alteración en la producción de bienes y servicios. Y el actual Jefe del Estado, en su calidad de Senador, manifestó su parecer en el mismo sentido.
A mi juicio, Chile debe dedicar sus mejores esfuerzos a incrementar la producción y erradicar la pobreza. Con motivo del reciente estudio en este Senado del proyecto que crea el Instituto Nacional de la Juventud, se analizaron los graves problemas que afectan a los jóvenes. La solución de esos y otros problemas igualmente importantes sólo se consigue con trabajo y dedicación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas, hoy estamos debatiendo una reforma constitucional que, desde los puntos de vista jurídico y político, resulta necesaria. Sin embargo, por la importancia que reviste, ella debe estar inserta en un todo; vale decir, tenemos que analizar de una sola vez la totalidad de las enmiendas que estimamos indispensables, ya que la Carta Fundamental no puede ser objeto de permanentes modificaciones.
Encuentro altamente oportuno el alcance que hizo el Honorable señor Sule en orden a que no era recomendable la urgencia que se dispuso para este proyecto, pues no haberla planteado nos habría permitido, sin lugar a dudas, llegar a un buen acuerdo.
Además, se hace necesario dejar constancia de que no existe por parte de los Senadores de Renovación Nacional - y creo que de ningún otro Parlamentario opositor - el deseo de postergar innecesariamente esta iniciativa por tiempo indefinido; muy por el contrario, nos interesa analizarla seriamente y hacerla realidad.
La respuesta del Gobierno a la propuesta formulada por los partidos de Oposición sobre lo que pensamos que debe ser la democratización municipal tiene como finalidad, en nuestro concepto, confundir a la opinión pública, toda vez que pretende deformar lo que real y honestamente hemos planteado en conjunto con la UDI.
Nosotros no rechazamos la realización de elecciones municipales, como el Gobierno está pretendiendo hacerlo creer a la ciudadanía en forma tan torcida. Esta conducta, que me permito calificar como demagógica, deja en muy mal pie al Régimen, que revive prácticas políticas perniciosas, tergiversando sistemáticamente nuestros planteamientos, lo cual, además de ser una deslealtad política, perjudica las relaciones necesarias entre Gobierno y Oposición, las que, si se quiere mantenerlas, deben llevarse a cabo a base de la buena fe y el respeto recíproco.
Resultan curiosos -por decirlo de alguna manera- el procedimiento y los términos que están empleando el Régimen y los Parlamentarios de la Concertación cada vez que solicitan nuestro apoyo. Basta recordar las intervenciones de algunos Senadores, que incluso han empleado un trato vejatorio para con los integrantes de estas bancas.
Cuando concurrimos con nuestros votos a la aprobación de proyectos que interesan al Gobierno, se nos alaba. Y algunos Ministros a veces han tenido la hidalguía de señalar públicamente el papel importante que hemos jugado en el perfeccionamiento de las iniciativas que nos han presentado, reconociendo que ellas han sido mejoradas en estas discusiones.
Sin embargo, pareciera que esa elemental norma de buena educación política y social es desconocida por algunos Senadores de la Concertación, quienes han llegado, incluso después de haber celebrado pactos políticos con ellos, a denostarnos en el debate de la Sala, lo que resulta a todas luces un contrasentido.
Renovación Nacional es resuelta partidaria de las elecciones de alcaldes, y coincide con autoridades y dirigentes de partidos del Gobierno en que ellas puedan realizarse el próximo año.
No obstante esa coincidencia, tenemos diferencias importantes en lo que dice relación al proyecto.
Aspiramos legítimamente a que la reforma que en definitiva se apruebe más adelante -como estoy cierto que así se hará- asegure un municipio autónomo, moderno y tecnificado; depurado al máximo de interferencias partidistas, y, lo que es más importante, provisto de los recursos necesarios para actuar con independencia al servicio del desarrollo comunal, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que los alcaldes tienen poco menos que mendigar dineros al Ejecutivo para llevar a cabo algunas obras de adelanto.
Es un hecho indiscutible -y lamentablemente se olvida- que los problemas que afectan e interesan a todos los chilenos son cosas del diario vivir, que deben ser resueltos a nivel comunal.
El proyecto del Gobierno no considera para nada lo que dice relación a la verdadera autonomía económica de los municipios, la que estimamos fundamental.
Además, creemos indispensable y lógico que la nueva normativa municipal se enmarque en el propósito de profundizar la regionalización y descentralización del país, ya que las normas sobre los gobiernos municipal, provincial y regional están conceptual y objetivamente enlazadas entre sí y deben constituir un todo coherente y armónico, lo que no contempla en forma alguna la iniciativa en debate. En consecuencia, nos parece necesario considerar esta situación en el proyecto que en definitiva aprobemos más adelante.
Como Partidos de Oposición, tanto Renovación Nacional como la UDI hemos propuesto un sistema electoral diferente del que propicia el Gobierno, porque, contrariamente a lo que señalaba un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, la Concertación ha ideado un complejo diseño de ingeniería política destinado únicamente a favorecer a la heterogénea gama de colectividades que la integran y a los intereses electorales de los grupos más fuertes que hay dentro de ella, situación que, por lo demás, han captado los partidos más pequeños de esa coalición.
El empecinamiento por forzar una votación en el Senado, llegándose al absurdo de imponernos la tramitación con "Suma Urgencia", respecto de una materia compleja es incomprensible y atentatorio contra la seriedad de la función legislativa. Celeridad y eficiencia no siempre son compatibles...
El señor PAPI.-
El proyecto ingresó hace ocho meses al Parlamento.
El señor ORTIZ.-
Es efectivo el alcance que de las bancadas del frente formula el Honorable señor Papi en cuanto a que la iniciativa ingresó hace ocho meses a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Senado tuvo conocimiento de ella hace tan sólo dos meses. Y en este período los Parlamentarios no hemos estado ociosos, sino trabajando en la Sala y en las distintas Comisiones que integramos. De suerte que recién ahora estamos conociendo este proyecto.
Señor Presidente y Honorables colegas, tenemos la obligación de estudiar y buscar la mejor solución para el país, legislando para hoy y para mañana. En consecuencia, no podemos dejarnos llevar por una especie de vértigo electoral, el que al final hace caer en el desprestigio, precisamente porque la nación se da cuenta de que son normas dictadas sin la meditación y el estudio necesarios.
El Ejecutivo, a pesar de sus esfuerzos, no va a lograr separar ante la opinión pública, como si se tratara de materias que nada tienen que ver entre sí, la reforma constitucional propuesta, sobre régimen municipal, de su contenido sustantivo, que es lo que a nosotros nos interesa.
Se ha pretendido desvincular públicamente, por parte de la Concertación, materias que sus miembros saben que están estrechamente relacionadas entre sí, ocultándose al país que los propios Ministros de este Gobierno y los dirigentes de esa coalición que han intervenido en las negociaciones celebradas hasta la fecha exigieron, durante el curso de las reuniones, tratarlas conjuntamente.
Tal conducta configura lo que hemos llamado "doble estándar", lo que lamentablemente se está repitiendo y pareciera inspirar el proceder de los Parlamentarios y funcionarios del Régimen.
Nosotros, Renovación Nacional, conjuntamente con la UDI, aprobaremos la reforma constitucional sobre municipalidades sólo cuando alcancemos con el Gobierno un acuerdo sustantivo que asegure que los alcaldes que se elijan no serán meros funcionarios del Ministerio del Interior y contarán con la necesaria independencia administrativa y, principalmente, financiera frente al Ejecutivo.
Creemos conveniente que no haya una reforma parcial, dispersa y fragmentaria de la Constitución Política de la República en aspectos que exigen, lógicamente, un tratamiento global. Desde luego, tampoco aceptaremos la imposición arbitraria de un sistema electoral que no se ajuste a la equidad.
Me permito solicitar a los señores Senadores de la Concertación que revisen los fundamentos y principios que inspiran su acción política frente al papel que nos corresponde como Oposición. Hemos tenido una postura positiva; hemos realizado una oposición constructiva; queremos contribuir a la búsqueda de soluciones razonables para los problemas que afronta el país, y estamos íntimamente comprometidos en el afianzamiento de la democracia política y el logro de la estabilidad económica y social.
El país real es distinto del país político. Y nosotros queremos contribuir a que el país real siga avanzando; luchar por tener un desarrollo sostenido; preocuparnos de la cesantía que sufren muchos jóvenes y adultos, de la situación de los jubilados, de la falta de seguridad en las calles. En definitiva, deseamos enfrascarnos en el estudio de proyectos que signifiquen alentar actividades productivas que permitan más y mejores puestos de trabajo. Queremos que el país real se interese por las actividades que nosotros realizamos. Y una manera de que esto ocurra es que seamos capaces de reconocer el derecho a disentir y nos preocupemos de lo que realmente importa a Chile.
Señor Presidente, rechazamos terminantemente la actitud asumida por el Gobierno en esta materia, porque resulta inaceptable que cada vez que debe enfrentar un planteamiento opositor contrario a sus pretensiones incurra en la inmediata descalificación, desatando campañas de desinformación en la opinión pública.
Tendremos reforma constitucional y elecciones municipales cuando ciertamente estemos en situación de despachar una iniciativa que considere las reflexiones que hice anteriormente.
Por tales razones, anuncio desde ya que votaré en contra del proyecto del Ejecutivo.
He dicho.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, ¿me permite hacer una precisión?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si es una interrupción para referirse a lo expresado por el Honorable señor Ortiz, tiene que solicitarla a Su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Con todo gusto se la concedo, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, frente al reiterado argumento de la urgencia, tan sólo deseo precisar que este proyecto ingresó hace dos meses al Senado. Pero la iniciativa igualmente habría llegado tratándose de un despacho normal. Y si el Gobierno hizo presente la urgencia, fue simplemente para terminar con la desidia existente alrededor del tema.
Más aún, este Comité -y estoy cierto de que todos los de la Concertación- estaba de acuerdo en que el Senado sesionara la próxima semana. Es bueno que se sepa que Renovación Nacional quiso apurar las vacaciones.
Así que si Sus Señorías necesitan estudiar un par de días más un proyecto tan simple y elemental como éste, trabajemos la semana que viene. Hemos despachado con mayor rapidez iniciativas mucho más largas y complejas.
Por lo tanto, ese argumento, en este caso particular, carece de validez.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor DÍEZ.-
Pido una interrupción a Su Señoría, para hacer una aclaración al Honorable señor Papi.
El señor ZALDÍVAR.-
Se la concedo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, el Senador que me antecedió en el uso de la palabra ha acusado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de desidia en el tratamiento de este proyecto. Ello es absolutamente injusto para esa Comisión, que ha estado sesionando con mayor frecuencia que cualquiera otra de este Senado. Ha estudiado el proyecto de reforma constitucional que modifica la facultad del Presidente de la República en materia de indulto y amnistía. Se ha ocupado en las "leyes Cumplido", que enmiendan los Códigos de Procedimiento Civil, de Justicia Militar y Orgánico de Tribunales. Conjuntamente con la Comisión de Trabajo, ha analizado las iniciativas que modifican tres Libros completos del Código del Trabajo, sin que haya fracasado ninguna de sus sesiones. Además, ha despachado numerosas consultas de la Corporación e informado los proyectos de ley que el Senado ha conocido. En la mañana de hoy se hallaban en tabla dos vetos que la Comisión despachó ayer.
Por lo tanto, la primera parte de su intervención, en que acusa de desidia a la Comisión de Constitución, es injusta. Sé que el Presidente de la Comisión pertenece a la Concertación. Por lo tanto, me siento moralmente obligado a salir en defensa de la Comisión y de la forma como el señor Presidente de la misma ha procedido.
El señor PAPI.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor DÍEZ.-
Quiero terminar la idea. Después, con el mayor gusto, y con la venia del Senador señor Zaldívar...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Y de la Mesa.
El señor DÍEZ.-
... y de la Mesa.
Señor Presidente, si ayer hubiéramos aprobado en general la reforma constitucional -esta tarde se ha explicado extensamente la razón de nuestra negativa-, la Comisión habría tenido que iniciar su discusión particular y oír a numerosos profesores y especialistas en cada una de las materias. Esta es la forma como la Comisión, valorando la profesionalidad y la seriedad de los informes que emite, ha actuado en el presente período, conforme a una tradición muy noble del Senado que hemos querido conservar.
Con relación al trabajo de la próxima semana, destaco que los Senadores de Renovación Nacional hemos hecho todos los esfuerzos para despachar, tanto en las Comisiones como en la Sala, los proyectos pendientes. Y la semana venidera no es de vacaciones -cada uno la toma como quiere-, sino, con arreglo a un acuerdo del Senado, de trabajo en las regiones. Los Senadores que representamos regiones grandes tenemos la obligación de tomar conocimiento de los requerimientos y necesidades de quienes viven en ellas. Después de labores legislativas intensas, destinamos la cuarta semana a celebrar numerosas reuniones de carácter político e informales con el objeto de examinar los proyectos y de adoptar algunos acuerdos en materias de trascendental importancia.
Por lo tanto, sin entrar al fondo del debate, quise dejar en claro conceptos que sé que el Honorable colega que intervino antes no tuvo intención de emitir, aun cuando sus palabras lo traicionaron.
Muchas gracias, señor Presidente y Honorable señor Zaldívar.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entiendo que su intervención fue sin perjuicio de su inscripción para usar de la palabra posteriormente.
El señor DÍEZ.-
Sí.
El señor PAPI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
El Honorable señor Zaldívar tiene la palabra. ¿Su Señoría concede la interrupción?
Tiene la palabra el Senador señor Papi.
El señor PAPI.-
Es muy breve, señor Presidente.
Quiero representar a mi Honorable colega que la Comisión no sólo hizo su trabajo, sino que incluso informó este proyecto. Está listo; está informado. Y, en consecuencia, mayor razón había para despacharlo.
El señor DÍEZ.-
No está informado.
El señor PAPI.-
Además, usé el término "vacaciones" en el sentido de las que corresponde tomar a los Senadores en cuanto a su trabajo en la Corporación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, Honorable Senado, hemos llevado a cabo un largo debate sobre una materia que considero relevante para la tarea de construir realmente la democracia en Chile.
Nuestro país se ha caracterizado por tener -salvo interrupciones- una larga trayectoria democrática. Desde el comienzo de su República apareció el tema de los municipios, creándoselos -me parece- por la tradición recogida fundamentalmente del mundo hispánico. Y ya la Constitución de 1833 determinó que la elección de los alcaldes debía hacerse por sufragio universal. Por supuesto, la municipalidad no era un órgano autónomo del Gobierno ni con excesivas facultades, aun cuando permitían por lo menos afrontar los problemas más básicos de la convivencia vecinal.
Fue un político conservador, el Diputado señor Irarrázabal, quien se caracterizó, a fines del siglo pasado, por defender lo que se llamó "comuna autónoma", concibiéndola con mayores facultades y mejor organización. En ese tiempo hubo mucha oposición de algunos sectores que, seguramente, repitieron la misma argumentación que hoy se da. Porque en esa época la inmensa mayoría de quienes actuaban en política creía mucho en un poder central fuerte, con muy poca delegación de facultades a otro tipo de autoridades.
La municipalidad se sostuvo así durante el presente siglo hasta la Constitución de 1925, dictándose a comienzos de los años 30 la ley que la reguló: sus autoridades eran elegidas por votación popular; y el alcalde, por los regidores, sistema qué duró hasta que terminó nuestra democracia.
Por supuesto, cuando la democracia no existe, no hay municipio. Puede haber personas con títulos de alcaldes, los que, con más o con menos delegación de quien tiene toda la autoridad, ejercen el poder municipal.
Eso es lo que sucedió entre 1973-1989. Los alcaldes durante ese período fueron designados discrecionalmente por el Jefe del Estado, sin consulta a nadie, sólo representando sus propios intereses y su buen criterio, en el sentido de creer que era la mejor gente para gobernar el municipio.
Sólo en 1989, ya hecho el plebiscito de 1988, cuando se sabía que se perderían las elecciones presidenciales y parlamentarias, se dicta la ley orgánica municipal que establece un mecanismo para dar un cierto ropaje de consulta a los vecinos: los COREDES, a proposición de los CODECOS, designan a los alcaldes.
He escuchado en esta Sala a una señora Senadora y a señores Senadores referirse al mismo tema, aunque no muy profundamente, porque sus argumentos revelan que añoran un sistema democrático con cierta mixtura no democrática. Porque el sistema establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades de 1989 no es democrático. Y menos lo es en los hechos: quienes ahora proponen a los alcaldes en los CODECOS fueron, a su vez, designados por el anterior Gobierno. ¿Se nombró algún alcalde que hoy día pueda estar dentro de lo que pudiéramos llamar tendencias del Gobierno o de los partidos de Gobierno? ¡No podía ser! Porque los miembros de los CODECOS eran designados a proposición de los propios alcaldes de ese momento, a petición del Gobierno; facultad que luego transfirieron a los intendentes nombrados por el Jefe del Estado anterior. ¿Y cómo se integraban los CODECOS? En un 25 por ciento, con representantes de las organizaciones llamadas comunitarias (juntas de vecinos, centros de madres y otros); un 25 por ciento, de las denominadas organizaciones funcionales (centros de padres, bomberos, clubes deportivos, instituciones educacionales), y un 50 por ciento, de las actividades relevantes. ¿Quién designó a los representantes de juntas de vecinos que no habían sido democratizadas? El Gobierno anterior. Centros de madres, cuyos representantes no habían sido elegidos, dependían -y hasta el momento parece que igualmente se trata de mantenerse así- de la señora del Primer Mandatario.
Por lo tanto, desde la perspectiva de la representación popular, no existe ninguna generación democrática o participación.
Y los representantes de las actividades relevantes ¿se designaron por casualidad? Todavía no conozco -por lo menos en la zona que me eligió- ningún miembro de algún CODECO con el cual pudiese decir que me siento identificado. ¡Todos están vinculados con el Gobierno anterior! ¡Es lógico! ¡Porque el Régimen anterior quiso amarrar el sistema! Y dejó una institución que es antitética con la democracia en sí misma.
Quiero desmentir una afirmación que no creo que se haya formulado con el alcance de verdad absoluta. En ninguna democracia del mundo -ni en las de origen anglosajón, ni en las de Europa latina, ni en nuestra América, ni en Estados Unidos, ni en las del Pacífico- las autoridades de los municipios dejan de ser designadas por elección popular. En todos los países del orbe donde existe democracia los alcaldes y los concejales son elegidos por votación popular. Y emplazo a los señores Senadores que han planteado tesis contrarias a que me señalen un solo país -democrático, por supuesto- donde los alcaldes sean nombrados en los términos planteados en la legislación que heredamos de la Administración anterior. Ello sólo se da por la vía corporativa o en intentos de manejar los municipios por mecanismos no electorales; es decir, en los regímenes autoritarios y en los totalitarios. En éstos, obviamente, no puede haber alcaldes elegidos por el pueblo. Porque la institución municipal -como he dicho- es la raíz misma, la esencia, el comienzo del sistema democrático en la gran pirámide que hay que construir. Incluso la literatura nos relata cómo en monarquías absolutas hubo alcaldes que en algún grado pretendieron representar los intereses de los vecinos y cómo recibían las sanciones que les correspondían.
Personalmente, estimo que el sistema de elección democrática es esencial, necesario, para la vigencia de la democracia en Chile.
Dentro de su acervo político, mi partido concibe el tema municipal como central, porque cree que es en la base comunal donde empieza la participación y donde los vecinos pueden tener mayor injerencia en la búsqueda de la solución de sus problemas.
Rechazamos el concepto emitido aquí, en el Senado, en el sentido de que no puede designarse a los alcaldes por elección popular porque se requiere que ellos y las municipalidades conformen equipos técnicos eficientes y no políticos. Todo organismo elegido en democracia debe tener -y en el mundo de hoy con mayor razón- capacidades política y técnica. La técnica no excluye la democracia; al contrario, la hace más perfecta. Por eso, tal argumento carece de sustentación en un debate en el que todos dicen desear la democracia. Por supuesto, si alguien tiene reminiscencias del pasado, con el cual tuvo adhesión ideológica -como puede ocurrir con algunos Senadores que se encuentran en la Sala y que mostraron admiración por el franquismo o por algún otro ismo-, es perfectamente entendible que se defienda y busque no dar representación democrática en la base comunal.
Ahora, ¿qué pasa con el proyecto? He escuchado todo el debate y observé que sólo un representante de los partidos de Oposición -una señora Senadora- analizó el texto de la reforma. Ningún otro Senador lo hizo. Ninguno dijo: "No estoy de acuerdo con la letra b) del número 2"; o "No estoy de acuerdo con que pase tal cosa en el artículo 107". Es decir, no se ha producido un debate sobre la modificación constitucional propuesta, materia que teníamos que discutir.
El señor ROMERO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ZALDÍVAR.-
No. Pido a Su Señoría que, por favor, no me interrumpa; yo respeté su tiempo.
No ha habido discusión sobre la reforma. ¿Por qué? Trataré de explicarlo.
La verdad es que a este debate antecedió una larga negociación, en la cual participé. Y es bueno que se sepa cuáles fueron sus términos, sin faltar a la privacidad de las conversaciones.
En esa etapa de intercambio de ideas con los partidos de Oposición, todos estaban de acuerdo con la reforma.
El señor DÍEZ.-
Eso quiere decir que usted negoció muy mal, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR.-
No, Honorable señor Díez. Lo que pasa es que, cuando uno negocia lealmente sobre un tema, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Voy a tratar de explicar a Su Señoría por qué se produjo el fracaso.
Durante la negociación llegamos a acuerdos fundamentales acerca de que la enmienda procedía y que era necesaria para aprobar a continuación la ley orgánica, materia sobre la cual avanzamos en un consenso previo consistente en tres aspectos esenciales: primero, la fecha; segundo, el sistema electoral; y tercero, la composición de los órganos de gobierno de la municipalidad, su funcionamiento, condiciones de financiamiento, etcétera.
En ese momento se nos dijo -más bien por un grupo de señores Senadores de uno de los partidos opositores- que también estaban interesados en que avanzáramos en regionalización (en lo cual estuvimos de acuerdo); pero agregaron -así lo escuché a varios de ellos- que, por ser materia muy delicada,'el país no se hallaba en condiciones de resolverla con la misma rapidez con que debíamos emprender la reforma municipal.
En lo relativo a regionalización, estuvimos de acuerdo en formular puntos básicos para abordarla.
Sin embargo, en la última fase de las negociaciones, aparecieron elementos -no importantes en su gran mayoría- que nos llevaron a discrepar.
Primero, en cuanto a la fecha de las elecciones municipales, hubo un avance sustancial: algunos señores Senadores propusieron el año 1993; la Concertación, fines de 1991; y, en virtud del pacto Renovación Nacional-UDI -que implicaba un acercamiento-, a mediados de 1992. Incluso entonces nosotros manifestamos que ése no era un problema insalvable; que podía buscarse una solución y que estábamos dispuestos a considerar alguna fecha intermedia. Contestaron que el asunto tampoco era esencial para ellos y que podría discutirse.
Segundo, en lo relativo a sistema electoral, durante las conversaciones hubo posiciones diversas. Pero existían algunos puntos básicos. Y nos llamó la atención que uno de los partidos de Oposición, con una postura más extrema en la impugnación de la reforma, nos planteó el sistema indirecto de elección de alcaldes, ante lo cual expusimos que, a nuestro juicio, esa modalidad no era conveniente. No nos cerramos; pero les recordamos lo que se había dicho al país: que queríamos elegir a los alcaldes por algún sistema determinado de mayoría.
Tercero, se sugirió que los concejales tendrían que ser seis. Nunca entendí por qué esa cantidad. Incluso argumenté que un número par era absolutamente inconveniente para resolver empates. Normalmente la composición de los cuerpos colegiados es impar, salvo si en este caso se pensara dar el voto dirimente al alcalde, lo que podría ser una solución. Pero seamos francos: se estaba haciendo un cálculo electoral. Y es lógico, porque -seguramente en una cuenta hecha por uno de los partidos de la Oposición- se concluía que ese número le brindaba siempre la posibilidad de elegir un concejal y, además, si se imponía el sistema indirecto de elección, de contar -en una alianza política proyectada a futuro- con algunos alcaldes, lo cual también es legítimo.
Eso es lo que demoró la negociación. Pero las conversaciones se llevaron a cabo sobre la base de que conocíamos la reforma constitucional presentada al Congreso.
Por lo tanto, no es efectivo, como aquí se afirma, que estamos legislando con urgencia. Basta ver la versación de todos los señores Senadores acerca del tema. Al contrario: hubo estudios profundos de la materia por parte de los dirigentes políticos y por los Parlamentarios. Incluso las negociaciones nos llevaron muy cerca de una solución, que, por desgracia, no se logró.
Esa es la razón por la cual hemos demorado dos meses en pedir la urgencia: primero era necesario esclarecer esos puntos. Ese retraso no tuvo el objetivo que aquí se ha expresado. Y en la declaración del partido Renovación Nacional se afirma lo mismo: nosotros estaríamos pretendiendo montar una campaña publicitaria para presentarlos a ellos en posición contraria a las elecciones de alcaldes y concejales. El Gobierno todavía no conoce la resolución del Senado sobre el proyecto. Sin embargo, Renovación Nacional emite una declaración con mucha anterioridad al pronunciamiento de esta Corporación. Por lo tanto, es extemporánea. Además, formula apreciaciones o prejuzgamientos sobre nosotros que no corresponden a la realidad. Todavía no hemos dicho nada acerca de su conducta final, porque no la conocemos. Espero que los señores Senadores de la Oposición modifiquen su postura. Aún falta votar.
No entiendo las razones de esa declaración. ¿Por qué anticiparse a lo que va a suceder? Es, como diría un huaso, mejor ponerse el parche antes de la herida. Al parecer, algo de eso revelaría el hecho de formular una declaración tan adelantada.
En verdad, no hay razón para rechazar la reforma. En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que deben realizarse elecciones municipales por votación popular y la enmienda constitucional las permite, sin entrar, por supuesto, en los detalles que echa de menos una señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra. Es lógico: como Su Señoría sabe, las disposiciones constitucionales sólo establecen el marco general y las de rango orgánico lo precisan.
No es más que una excusa decir: "Mientras no nos pongamos de acuerdo en el sistema electoral, en la composición del municipio, en la fecha o en el número de regidores, no despacharemos la modificación constitucional". Un señor Senador sostuvo que no era oportuno aceptarla porque antes era preferible ponerse de acuerdo sobre la ley orgánica .correspondiente; pero ocurre que ella, como muy bien se le contestó, para poder siquiera iniciar su trámite legislativo, requiere la previa aprobación de la reforma. Lo que sí podemos hacer es anticipar criterios comunes para avanzar sobre el tema. Pero la Ley Orgánica de Municipalidades es una materia abierta a la discusión.
Quienes hoy se oponen saben bien que estamos obligados en el Senado a buscar consensos, porque una legislación orgánica constitucional y una modificación constitucional requieren quórum especiales. Es decir, necesitamos también sus votos.
Entonces, las razones dadas no explican nada.
Realmente, no entiendo esta oposición, si consideramos que hemos logrado acuerdos en otros temas mucho más conflictivos, más difíciles, definitorios para determinadas políticas. Oportunamente hemos agradecido esa participación. La valoro, porque creo que así se va construyendo la democracia. Pero, en este caso -lo digo sinceramente-, no encuentro explicación, ni siquiera en un cálculo de fuerza, porque la tienen, y nosotros estamos obligados a negociar en el Senado. Y lo vamos a hacer para tratar de obtener el resultado, que no es otro que la aprobación de la reforma constitucional. El país lo ha pedido. Y nosotros, como representantes de la voluntad popular, tenemos que cumplir con lo que nuestros mandantes han solicitado. Y cuando las encuestas muestran que más de 80 por ciento de la gente pide reforma constitucional para realizar comicios municipales, ese porcentaje no sólo comprende a electores democratacristianos o de la Concertación, sino también de los otros sectores.
Todos han declarado ser partidarios del objetivo perseguido por la iniciativa en debate. En la campaña presidencial -por supuesto, en la parlamentaria pudo haber alguna excepción, como la hecha presente por un señor Senador- cada candidato manifestó, con más o menos matices, su voluntad de democratizar los municipios, empezando con la elección de los alcaldes por votación popular. Tenemos una obligación, por lo tanto, con el país. Más aún si estamos convencidos de que esto es un elemento fundamental para avanzar a la democracia.
Voy a hacer una afirmación que ha provocado algunas polémicas. Cuando señalé que a mi juicio era conveniente aprobar la reforma constitucional y afrontar la dictación de la Ley Orgánica Municipal -previa aceptación de aquélla-, expresé que, si no lo hacíamos y en 1991 no veía el país claramente que íbamos a realizar con decisión, con voluntad, con acuerdo, elecciones en un plazo razonable -creo que hemos estado y estamos muy cerca de lograr una solución-, se iba a producir, quisiéramoslo o no -y no es un problema de amenazas-, un clima de tensión política. Porque, por una parte, ya salió la declaración de Renovación Nacional, lo que obligará entonces a la Concertación y a cada uno de los partidos a hacer también su propia declaración. Vendrán los foros, las giras y también el reclamo. Pero, peor que esto -lo hemos escuchado aquí y lo leí hoy en varios diarios, y creo que eso va a aumentar en el tiempo, lo queramos o no, y no porque yo desee predecir lo que pueda suceder en el futuro, por cuanto pienso que la intuición política muchas veces a uno no lo traiciona-: va a venir el alegato de los alcaldes designados, quienes se van a sentir perseguidos por el Gobierno y por los partidos que lo apoyan.
Algo de eso se ha insinuado aquí: que los alcaldes designados no tienen suficiente presupuesto; que no les han entregado los proyectos que corresponden según el Fondo de Desarrollo Regional; que están mal distribuidos los ingresos; que no pueden pagar a los profesores ni tampoco al sector de la salud; que carecen de dinero para las inversiones. ¿Y a quién le echarán la culpa? Al Gobierno. Y, entonces, éste tendrá que retrucar y nosotros vamos a salir al camino para decirles: "No es efectivo; usted tiene el presupuesto, así como los fondos del desarrollo regional". Estos, por lo demás, se rigen por normas bastante estrictas. Y si acaso podemos traer al Senado la lista de proyectos financiados durante 1990 a través de las municipalidades, se podrá comprobar que más del 90 por ciento de ellos se han realizado por esa vía. Porque así está establecido, por mucho que nosotros reclamemos en el sentido de que se están entregando a los alcaldes herramientas que pueden ir en deterioro de quienes somos representantes del Gobierno. Sin embargo, tiene que precederse en esa forma, porque así lo dispone la ley.
Pero, a pesar de todo eso, se va a discutir el tema y va a existir -reitero- un clima de tensión política.
Muchas veces reclamamos aquí, en este Senado, porque alzamos la voz, o porque a veces no somos oportunos, o no decimos las cosas con reflexión suficiente. Reclamamos por este trato que nos damos entre nosotros. Pero quiero hacer reflexionar a Sus Señorías acerca de qué puede suceder en el país en 1991, cuando no exista claridad y precisión de que se realizarán elecciones municipales para avanzar realmente en una democracia eficiente y efectiva en Chile.
Eso es lo que he dicho, y lo reitero, pues así lo creo. No porque esté incitando a la violencia a nadie -nunca he sido partidario de la violencia-, sino por cuanto estoy llamando a una reflexión de orden político para que, realmente, haya hoy día un voto consciente en el sentido de aprobar o rechazar esta reforma.
No existen argumentos para votarla negativamente. No ha habido un solo Senador -salvo una señora Senadora- que haya objetado alguno de los textos contenidos en ella. Todos los partidos se han declarado partidarios de las elecciones. Todos ellos están de acuerdo en que debe haber una legislación orgánica constitucional que dé a las municipalidades autonomía y un poder local, que realmente refuerce al municipio para que haya ahí un gobierno que en verdad llegue al vecino, donde efectivamente creemos condiciones de participación. Nadie ha defendido mantener la situación anterior.
Todas estas razones me llevan a reflexionar y a decir "por qué". Y se aduce que el fundamento de fondo es la urgencia. He explicado que ése no es el problema: todos conocían el texto, y en detalle. Y cuando negociamos, lo hicimos letra a letra. Esto no se realizó con el proyecto escondido debajo de la mesa.
Y el otro motivo que se da -lo dijo un señor Senador de Renovación Nacional- es que hay que ligar el tema de la regionalización a la cuestión municipal. Estoy de acuerdo. Pero eso lo haremos cuando discutamos el proyecto de Ley Orgánica de las Municipalidades, donde también tenemos que buscar la manera de perfeccionar la regionalización.
Y, en este aspecto, también deseo hacer una reflexión. Algunos han hecho avances en el sentido de que nuestro país no puede tender a una regionalización que no corresponda a su estructura de país unitario, y no federal.
La región, hoy día, no se va a potenciar, ni podemos potenciarla -lo he escuchado decir a muchos señores Senadores, de todos los partidos, con relación a su propia zona-, porque todavía no está estructurada una capacidad real de gobierno regional en el nivel que ahí se requiere. Se pueden realizar avances. Claro que sí; pero en todas partes del mundo la regionalización se ha hecho fundamentalmente desde el municipio. La más grande descentralización de poder, de limitación de poder del Estado, se produce cuando se transfiere realmente a los municipios autonomía y capacidad de decisión, pues así los vecinos se imponen de lo que sucede a su alrededor en materia de educación, de salud; de saber hasta dónde falta un semáforo o dónde hay un hoyo en la calle.
Esa es la gran virtud de la modernización del Estado en los tiempos actuales; es lo que ha llevado al éxito a las democracias occidentales; es lo que ha sustentado realmente a las democracias para que funcionen en forma estable.
Esa es mi apelación. Porque creo en la democracia, creemos en la participación, este proyecto debiera aprobarse, ya que en nada compromete ninguno de los juicios adversos emitidos por los partidos de Oposición.
Me alegraría por el país, me alegraría por la democracia que queremos construir, que esta tarde pudiéramos aprobar la reforma. Sé que es poco posible. Cada uno asume su responsabilidad. Nosotros no cejaremos en nuestro empeño; y en la primera oportunidad volveremos sobre aquélla, porque creemos que representa el camino que tenemos que recorrer.
He dicho, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención alegrándome de las últimas expresiones del Honorable señor Zaldívar.
Nosotros somos partidarios de otra oportunidad para discutir la reforma a la Constitución en lo concerniente a los municipios y a los alcaldes.
Y somos partidarios de otra oportunidad, porque el proyecto que tenemos a nuestro alcance no responde a los conceptos de un municipio moderno, eficiente, que limite las atribuciones del Poder Central, que nos ha descrito el señor Senador, ideas que nosotros compartimos. Y si no nos hemos referido al texto de la reforma constitucional, es porque el texto es nada: trata sólo de alcaldes elegidos por votación popular, y todo lo demás queda entregado a la Ley Orgánica de las Municipalidades.
A nuestro juicio -lo hemos dicho en conversaciones privadas y en declaraciones públicas-, junto a la reforma del sistema municipal y a la elección de jefes comunales, como muy bien lo señaló el Honorable señor Zaldívar, están vinculadas íntimamente la descentralización y la regionalización. Pero, a diferencia de lo sostenido por ese señor Senador, nuestra profundidad en la regionalización y en la descentralización va mucho más allá de lo que puede contener una ley orgánica de municipios, porque afecta a conceptos insertos en el Capítulo XIII de nuestra Constitución Política.
Por eso hemos querido que tanto el régimen municipal como el de administración interior sean tratados conjuntamente, porque constituyen un solo todo, y porque coincidimos con el Honorable señor Zaldívar en que son las municipalidades el foco efectivo de la regionalización. Y, en consecuencia, creemos que la Carta Fundamental, que es la que se ocupa de las bases del régimen interior, debe reconocer en su texto -no puede ser de otra manera- la participación de los municipios en la administración y en el gobierno de las regiones.
Curiosamente, he coincidido con el análisis histórico hecho sobre esta materia por el Honorable señor Zaldívar. Quizás, porque tenemos ambos una misma cuna: una cuna conservadora, en cuyos valores se destaca, con mucha importancia, aquel de la participación y el de la autonomía comunal. Y yo siempre me he sentido muy orgulloso de la Ley de la Comuna Autónoma, que contribuyó en medida muy grande a la creación de un ambiente propicio para que Chile fuera construyendo su participación democrática. Fue en las municipalidades donde empezó el debate y donde los vecinos comenzaron a aprender que gente que pensaba distinto podía discutir de maneras muy diversas.
Muchas veces estimé, siendo Parlamentario joven, lo inútil que era que la Municipalidad de Pelarco, en Talca, se ocupara de la guerra del Vietnam. Hoy, más maduro, considero que es buen local para ocuparse de los problemas del mundo. ¡Qué buena formación la que adquiría nuestra gente en los municipios! Porque, al igual que el Honorable señor Zaldívar, creo que la política no está ajena a ninguna actividad humana donde más de dos hombres se reúnan para analizar un problema. Pero, al igual que él, estimo que una cosa es el municipio, y otra, cosa, el alcalde. Aquí veo una preocupación por elegir alcaldes, pero no diviso la misma preocupación por la creación de un municipio fuerte, moderno y autónomo.
La Constitución de 1980 ideó un sistema de elección de alcaldes en el cual yo, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, no estuve de acuerdo. Fui el único integrante de ella que propuso elegirlos por votación directa, e incluso con dos vueltas, porque creía en la figura del alcalde, importante como autoridad y como representante de la jerarquía y del orden en las pequeñas comunas del país.
Pero la Carta actual tiene un experimento, que aún no se ha terminado, en materia de organización de régimen interior y de municipalidades, al que, como manifesté, creo que le falta el perfeccionamiento de una autoridad elegida por sufragio universal, en forma directa.
Si se analiza la Carta Fundamental de 1980 con tranquilidad y sin apasionamiento político, se verá que trata de construir canales de participación distintos de aquellos políticos, legítimos e indispensables. Y esos canales de participación se estructuraban a través de la representación de las juntas de vecinos - no puedo alegrarme más que, siguiendo la democratización del país, éstas sean hoy elegidas-; de los centros de madres, de padres, de apoderados; de instituciones respetables como los bomberos, las asociaciones gremiales y sindicales. Porque los hombres no actuamos solos. Actuamos por medio de organizaciones intermedias entre el hombre y el Estado. Y estos organismos intermedios son los que la Constitución de 1980, con las imperfecciones propias de un experimento que se estaba realizando por primera vez, quiso incorporar a la vida política chilena a través de su organización regional y comunal.
Hoy día, trascurridos ya más de una decena de años desde que la Ley Suprema se elaboró, cambiado el sistema político chileno y modificada, no hay duda alguna, en aspectos muy importantes la capacidad decisoria de nuestra opinión pública, no hay duda de que debemos hacer una reforma. El proyecto que tenemos en nuestras manos no consigna la reforma de ninguno de esos canales de participación.
En realidad, aquí hay valores que nosotros hemos preferido en este debate, y valores que, por su parte, el Gobierno ha preferido. Y ésa es la razón por la cual se produjo esta especie de divorcio temporal que ha originado el debate de hoy. Porque todos coincidimos en que deseamos elegir los alcaldes democráticamente y en que queremos llevar la regionalización del país, junto con las municipalidades, a un perfeccionamiento, para aumentar el grado de participación popular.
Y no es que nosotros hayamos mantenido esto en secreto hasta el último día. Hace algunas semanas, los Senadores de estas bancas responsables de analizar el tema -los Honorables colegas señores Prat y Ríos, y el que habla, más el Presidente del Partido- tuvimos una reunión en La Moneda, invitados por varios Ministros, e hicimos presentes los mismos puntos de vista que estoy mencionando esta tarde. Y les expresamos que no queríamos despachar una reforma constitucional sin que estuvieran juntos, armónicos, amarrados como una sola cosa, la elección popular, la regionalización y la descentralización. Es decir, diversas caras de un mismo problema: el que nuestras regiones, provincias y comunas sientan el poder más cerca; sientan que tienen más influencia; sientan que tienen más participación.
Por eso, yo no dejo este debate en forma pesimista. Se ha producido algo a lo mejor necesario. Nosotros entendemos la preocupación del Gobierno por elegir los alcaldes. Pero el proceso de democratización comienza ahí, pero no termina ahí. Y nosotros queremos que, junto con elegir los alcaldes, descentralicemos y convengamos las bases del desarrollo regional. Porque ni el proyecto que tenemos en nuestras manos, ni la iniciativa de ley orgánica que el Gobierno mandó a la Cámara de Diputados nos satisfacen: los encontramos tibios y sin profundidad.
Y queremos construir junto con el Gobierno, tal como hemos construido muchas cosas más difíciles que ésta, en las que seguramente nos separaban espacios pequeños o prejuicios que la vida política anterior nos dejó.
Hemos llegado a acuerdo en la negociación colectiva. Se ha podido producir el acuerdo en 200 artículos del Código del Trabajo; en la terminación del contrato de trabajo, y espero que se puedan seguir produciendo en la modificación total para modernizar la legislación laboral. ¿Por qué no se va a producir en esta materia? Le pedimos al Gobierno que nos oiga y que nos crea. No queremos evitar las elecciones municipales, pero tampoco deseamos que la gente elija alcaldes que carezcan de recursos ni de facultades; ni que el sistema constitucional esté sólo para que la acción del Estado en la solución de los principales problemas sociales se haga con la mano de las municipalidades.
Y así como nos hacen un llamado a la democratización, nosotros les decimos: que la democratización sea completa. Y queremos llegar sobre todo a un acuerdo.
No nos basta nuestra propia iniciativa. Porque la tenemos y cuando llegue el período ordinario de sesiones presentaremos un proyecto sobre la materia. Pero, si el Gobierno se anticipa y nos presenta un proyecto de reforma constitucional sobre régimen interior, discutiremos sobre la base del texto elaborado por el Gobierno.
Pero también nos interesa ponernos de acuerdo en conjunto, tal como hemos analizado otras cosas, como las reformas laborales. Si no nos ponemos de acuerdo en una parte, dejemos pendiente lo relativo. Nos hemos puesto de acuerdo conjuntamente en los proyectos sobre centrales sindicales, organizaciones sindicales y negociación colectiva, porque todo estaba junto. Tenemos que ponernos de acuerdo en la Ley Orgánica de Municipalidades y en la reglamentación legal del régimen interior.
Nosotros no tenemos facultades ni para determinar formas de recolectar tributos, ni para crear servicios públicos o municipales, ni para darles a éstos facultades. La iniciativa corresponde, según las Constituciones de 1980 y de 1925, al Presidente de la República; de manera que nosotros también reclamamos -para la seguridad de que la regionalización del país corresponda a lo que pensamos- discutirla de manera conjunta. Y ése es un diálogo político.
El debate de hoy, o la votación de hoy, yo diría que constituye un trámite indispensable y sano. Y yo pediría al Senado que rechazáramos esta reforma por insuficiente, para que el Gobierno entienda que tiene que darnos todo lo que nosotros aspiramos y la gente anhela con respecto a la regionalización, a la descentralización, y no sólo a la elección de alcaldes.
El Honorable señor Zaldívar está muy preocupado de la reacción de la opinión pública. Y dice que incluso nuestra gente es partidaria de elegir los alcaldes. ¡Evidente! ¡Somos todos partidarios de elegir los alcaldes! Yo le agradezco su preocupación, pero me parece que nosotros interpretamos a nuestra gente mejor de lo que lo puede hacerlo el Presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Y vemos en nuestra gente el deseo real de producir una participación mayor, y ésta no es suficiente con los alcaldes, porque, como muy bien decía el Honorable señor Zaldívar, dependen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para hacer las obras. Pero el Honorable colega olvidó decir que el monto de ese Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la forma como se aplica en las diversas regiones del país corresponden al Presidente de la República. Y una región tiene que limitarse; el Congreso Nacional sólo puede disminuir. Pero la asignación, como se despachó en la última Ley de Presupuestos, región por región, es exclusiva del Presidente de la República. Y la asignación del monto destinado a ese gasto también corresponde al Primer Mandatario. De la asignación dentro de la zona se preocupa la organización regional, pero la iniciativa respecto a la proporción en el Presupuesto del país y la cantidad que va a cada región emana del Presidente de la República. Pero nosotros creemos que, en alguna medida, esa facultad presidencial debe ser tomada con conocimiento, oyendo a las diversas regiones, que son parte del país y tienen el derecho de ser oídas en lo relativo a la distribución de los fondos, lo que para ellas es realmente de trascendental importancia.
De manera, señor Presidente, que nosotros vamos a votar en contra del texto de esta reforma constitucional, porque no lo consideramos suficiente. Pero desde esta Alta Tribuna le decimos al país que estamos dispuestos a votar la elección popular de los alcaldes.
Y cuando el Honorable señor Zaldívar mencionó el convenio que celebramos con la UDI -el señor Senador lo conoce muy bien-, se olvidó de una disposición que señala: "Será alcalde aquel concejal que individualmente obtenga más de 1/3 de los votos. En el evento que dos o más de éstos alcancen tal porcentaje, será alcalde el que haya obtenido el mayor número de votos. Si ningún concejal superara la referida mayoría, el alcalde será elegido por los concejales de entre ellos.".
De manera que el principio de elección directa del alcalde, la preferencia que nosotros tenemos para la elección popular, está manifestada en el acuerdo que hemos suscrito con la Unión Demócrata. Independiente, con la cual actuaremos juntos y en consulta -y esperamos que también con la Concertación y el Gobierno- para dar un paso más hacia la perfección democrática e institucional de Chile, como lo hemos hecho en el transcurso del primer año de transición democrática que está a punto de terminar, el cual, a mi juicio, ha sido ejemplo para muchas naciones. Y el Senado y su Presidente tienen razón de enorgullecerse de la forma como aquí ha sido tratado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Gracias, señor Presidente,
Señor Presidente, me alegro profundamente de la última intervención del Honorable señor Díez, porque, después de esta larga jornada que hemos tenido, veo que estamos alcanzando la unanimidad. Aquí todos queremos hacer elecciones para elegir a los alcaldes y concejales. Entonces, podríamos evitarnos la votación, porque, cuando no hay nadie que se oponga, quiere decir que aceptamos el proyecto por unanimidad. Pero pareciera que en esta oportunidad no vamos a poder actuar de esa manera.
El municipio es parte de la organización política de la nación. Una distinguida señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, planteaba la elección de los alcaldes como entes técnicos, como buenos gerentes. Tenemos una amarga experiencia en este país con los gerentes. Hicimos un país con desarrollo, pero sin justicia social. Yo le tengo mucho temor a eso.
El municipio es parte de la organización política de la nación. Y el método de sufragio universal para elegir a los alcaldes y a los concejales es el más idóneo dentro de una organización democrática.
Se ha señalado acá, por el razonamiento del absurdo, que podría pretenderse que también fueran elegidos en votación popular los Ministros de Estado o el Director del Servicio de Impuestos Internos. Yo no comprendo ese razonamiento; no sé qué se quiere demostrar. Los Ministros de Estado son Secretarios del Presidente de la República. El ente político es el Primer Mandatario. Es el Jefe del Poder Ejecutivo de la nación. El es elegido popularmente y él designa a sus Secretarios. ¡Eso es obvio! ¡Porque tampoco vamos a elegir por votación popular al secretario del alcalde! Por lo tanto, razonamientos de ese tipo no resisten ningún análisis. Y ello, fundamentalmente, porque hay personas muy respetables que no han ejercitado en su vida ciudadana la política -la noble actividad de la política-, que sienten aversión por el derecho del pueblo para ejercer la soberanía, de la cual es titular. Es de la esencia de la democracia la titularidad que el pueblo tiene para ejercer la soberanía. ¿Y cuál es el procedimiento para ejercerla? La elección popular.
La tecnocracia, estimados colegas, nos ha llevado a una situación muy difícil en este país.
Contamos con cifras acerca del grado de desarrollo, del nivel de las exportaciones. Y también tenemos datos sobre el número de proteínas y calorías que consume diariamente el quintil más bajo de la población chilena. Y eso se produce cuando las decisiones se toman con sentido tecnocrático.
La política -se ha dicho acá- constituye la más noble de las actividades humanas. Hay gente que, al parecer, tiene temor de vivir y sentir la libertad y la democracia.
Yo considero, señor Presidente, que una de las funciones más básicas del Congreso y de los políticos de esta época es enseñar a vivir la libertad y la democracia, porque algunas personas tienen un justo temor de vivir su libertad y su democracia. Nosotros pensamos que no debe ser así. Creemos que entre un sistema democrático y un régimen autoritario hay diferencias fundamentales. Y con esto no estoy haciendo una calificación que pretenda denostar a alguien o que sea peyorativa para uno o para .otro tipo de gobierno. Son diferencias fundamentales. Por ejemplo, en un régimen autoritario ninguno de los actuales alcaldes designados permanecería en su cargo. Lisa y llanamente los habrían expulsado por un simple decreto o por una ley hecha entre cuatro ciudadanos, cuyo poder no emergería de la voluntad del pueblo. Pero nosotros vivimos en democracia; creemos, amamos y practicamos la democracia. Y nos hemos comprometido a respetar una legislación que no es producto del consenso y que queremos modificar.
¿Qué pasa con los alcaldes designados? Hay en cada municipio un enclave de poder político que deriva de la organización autoritaria que tuvo este país durante 17 años, en el Gobierno pasado. Y obviamente hay quienes desean que este enclave de poder político se prolongue en el tiempo.
Pensamos que eso no es bueno; creemos que debe ser modificado. Pero también estamos de acuerdo con el Honorable señor Diez cuando dice que debemos aplicar la regionalización y hacer la desconcentración, y creemos que eso sería bueno para el país en los términos que han señalado otros señores Senadores, en el sentido de respetar nuestra tradición histórica de país unitario.
Señor Presidente, estimo que tarde o temprano, y, probablemente, más temprano que tarde, esta reforma la vamos a aprobar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Aquí voy a entrar a un campo que los Senadores señores Díaz y Guzmán dominan mejor que yo: al de los preceptos bíblicos o latinajos, que tienen clara connotación divina. Hay un manido latinajo que dice: "Vox populi, vox Dei" -"Voz del pueblo, voz de Dios"-. Entonces, ¿cómo evitar esta reforma, cuando es el pueblo -que es Dios- quien la está pidiendo?
He dicho.
El señor GUZMÁN.-
¡Más complicado el alcance...!
El señor DÍEZ.- Me complace que Su Señoría se haya vuelto religioso.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política, "El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.". La Constitución exceptúa de esta norma algunos capítulos, pero todas las modificaciones de este proyecto de reforma caen dentro del quórum de los tres quintos de los Senadores en ejercicio -es decir, 28 señores Senadores- para ser aprobadas.
--(Durante la votación).
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, deseo fundar en forma muy breve mi voto afirmativo, después de este largo debate.
Un señor Senador ha dicho que el texto es nada, que sólo se trata de elegir alcaldes. Mi voto favorable es justamente por esa razón, porque se trata -nada más ni nada menos- de dar al país y a la opinión pública la señal de que democratizamos la vida municipal, lo cual resulta esencial para transitar a la democracia.
Voto que sí.
La señora FELIÚ.-
Por las razones dadas en mi intervención, voto que no.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, no obstante haber votado en contra en la Comisión, ahora me abstengo.
El señor THAYER.-
Por las razones dadas en mi intervención, me abstengo.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, esta votación que el Senado ha llevado adelante después de una larga tramitación de conversaciones, en las cuales muchos de los señores Senadores hemos participado, la he oído con profundo respeto y, como lo han señalado algunos señores Senadores de Oposición, en el ánimo abierto de escuchar argumentos. No creo que la hora en que estamos sea la oportunidad de dar un argumento más o alguna posición sobre esta materia. Tengo muy claras -y el país también- las razones por las cuales cada uno aprueba y cada uno rechaza. Pero, señor Presidente, si he pedido la palabra es exclusivamente para referirme a una declaración a la cual un señor Senador dio lectura aquí en nombre de su partido. Y esa declaración pública, dada a conocer antes de que el Senado votara, y en el instante en que estábamos discutiendo, incluso en el momento mismo en que nos encontrábamos abocados a la búsqueda de acuerdos, personalmente, como Senador de Gobierno, no puedo aceptarla en algunos de sus términos.
Soy, señor Presidente y Honorables Senadores, un hombre que cree en la libertad, en el respeto y en la fuerza de las ideas que no necesitan palabras fuertes para sostenerse. He vivido demasiado tiempo sujeto a la violencia de las palabras que se lanzan y no se pueden recoger. Así falló la democracia en Chile". Tengo el juicio claro de por qué cada señor Senador está votando de determinada manera. Pero no seré yo quien haga un juicio de valor sobre las intenciones que tiene.
He considerado siempre que el hombre, para que pueda ser valorado en sus posiciones, debe necesariamente ser consecuente con lo que piensa o con lo que hace. O se vive como se piensa, o se termina pensando como se vive.
Esa consecuencia es la que me da autoridad, después de haber buscado hasta donde pude el diálogo para que la democracia no se rompiera, luego de haber sido consecuente en rechazar lo que, a mi juicio, era lo peor que le podía pasar al país: las medidas de fuerza, de opresión y de falta de libertad que Chile tenía. Y con la misma consecuencia busco el acuerdo, el trato preferente de la fórmula de llegar a alguna solución antes de la confrontación.
Creo, señor Presidente -y con esto termino-, perfectamente posible que nosotros en esta Sala difiramos brutalmente de lo que pensamos. La visión de la sociedad que algunos señores Senadores de Oposición tienen es muy distinta de la mía; es totalmente diferente su concepto de libertad, de la relación entre el hombre y la autoridad, de lo que es la vida comunitaria. Pero estoy dispuesto a concordar en lo que nos une, con respeto. Y así me he mantenido en este Senado desde que asumimos. ¡Ni una sola palabra que vaya más allá de lo que puede ser el respeto por las personas y la claridad en las cosas!
Los señores abogados -profesión a la que hubiera querido pertenecer- dicen "fortici in re, suaviti in modo". Intento cumplir con eso.
Pero, señor Presidente, con la misma claridad, tengo aquí una declaración pública de la directiva de Renovación Nacional que fue leída en parte por uno de los señores Senadores de esas bancas. Y se refiere al Gobierno al que respaldo y al que pertenezco, de una manera que no puedo aceptar. En ella se dice lo siguiente: "En la deformación reiterada de los verdaderos puntos de vista de Renovación Nacional y de UDI". Y más adelante se señala que "el Gobierno revive una de las prácticas políticas más perniciosas cual es tergiversar sistemáticamente los planteamientos del adversario. Tal actitud constituye una deslealtad política que lesiona la ética de las relaciones entre el Gobierno y la Oposición".
Esto es lo que conocerá el país mañana, señor Presidente, y quiero señalar aquí que los Senadores de la Concertación y de Gobierno no lo vamos a aceptar, porque no hemos cambiado ni un solo punto de vista de lo manifestado desde el mismo instante en que planteamos la necesidad de democratizar el país. ¡Pero sí lo han hecho los Senadores de Renovación Nacional y de la UDI, porque aquí, señor Presidente, una de las cosas más extraordinarias que hemos apreciado hoy día es la capacidad intelectual de Parlamentarios de la Oposición -y los respeto por tal cualidad- de apoyar lo indefendible, de ser capaces de cambiar la argumentación de tal manera que, a mi juicio, constituyen ejemplos de dialéctica! Pero no significa eso que hayan sido capaces de conformar realmente lo que nosotros podemos decir.
Señor Presidente, cuando se acusa a un Gobierno de que está faltando a la ética, se está erosionando algo mucho más grave. Se está usando ya el mismo lenguaje del que ellos, en algún instante, reclamaron porque nosotros lo habríamos empleado.
El respeto que entre nosotros nos debemos, señor Presidente, nos obliga a que tanto en el Senado como fuera de él justifiquemos nuestras posiciones con razones y no con frases punzantes y violentas como aquéllas. ¿Con qué derecho la directiva de un partido político que entre sus hombres sostuvo -y casi oficialmente- al Gobierno anterior, con todos sus defectos, y respecto del cual todo el mundo conoce lo que de él pensamos, viene ahora a decirnos que esto es una falta de ética? ¡Con qué autoridad moral se nos viene a tratar de esta manera sólo porque estamos diciendo lo que pensamos de lo que ellos aducen como razón para postergar el tratamiento de este acuerdo!
Señor Presidente, no quiero abusar del tiempo, pero creo que es bueno que aquí, con el mismo respeto, con la misma altura moral con que todos los señores Senadores debemos plantear nuestros puntos de vista, entendamos que así como se está pidiendo, por un lado, que los acuerdos se produzcan en el Senado, no es aceptable, por otro, que en ese mismo momento, mientras se lleva a cabo el debate, una directiva política nos esté diciendo estas cosas.
¡Alguien está actuando de mala fe!
En seguida, señor Presidente, la falta de ética política y la deslealtad política es una acusación muy grave. Ninguno de los partidos políticos que aquí representan al Gobierno ha tenido alguna actitud que pudiera ser calificada de deslealtad. Pensamos lo mismo desde que nacimos a la vida política y sufrimos por eso el peso de la opresión de una dictadura.
Creo que eso es suficiente para que alguna vez se nos respete como corresponde.
Señor Presidente, yo reclamo aquí en el Senado de una actitud inaceptable de la dictadura anterior para con nosotros. Y a las personas que en aquel entonces estaban en ese Gobierno no les estamos exigiendo cuentas de mayor consecuencia, pero sí les pedimos -y eso sí que puede ser una exigencia- terminar con esta doble manera de actuar.
Señor Presidente, señores Senadores, lamento mucho haber tenido que traer al debate estos términos. Me habría gustado más intervenir para dar a conocer mis puntos de vista sobre el problema de fondo, pero me parece conveniente que, de una vez por todas, reclamemos de lo que consideramos inaceptable.
Con tales salvedades, señor Presidente, voto que sí.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, lamento que no se haya llegado a un acuerdo sobre esta reforma constitucional y las leyes complementarias a ella que garanticen efectivamente los conceptos de regionalización, de autonomía municipal y de participación social.
Creo que, constreñidos por la urgencia planteada por el Gobierno, se ha producido este desenlace en esta votación. Sin embargo, espero que en pocas semanas más, o en pocos meses más, poniéndonos de acuerdo, especialmente en lo tocante al problema municipal y al de regionalización, podamos votar unánimemente esta reforma planteada hoy día.
Asimismo, confío y anhelo, por el buen desenvolvimiento de esta etapa de transición, que el próximo año haya elección democrática de alcaldes y concejales en todas las municipalidades de Chile.
Voto que no.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, gran parte del día hemos estado en la Comisión de Educación, razón por la cual no he tenido oportunidad de escuchar el debate y participar en él. Sin embargo, quiero, en muy pocas palabras, fundamentar mi votación negativa.
Creo que el Senado está legislando con un concepto de mirar hacia el pasado y no de buscar las fórmulas para resolver en el futuro los problemas que enfrenta cada una de las comunidades nacionales. Estimo que para lograr el adelanto local y el bienestar general de nuestras comunidades es indispensable que los alcaldes y los municipios cuenten con las atribuciones y los recursos para dar esta satisfacción.
A mi juicio, esta simple reforma constitucional permite únicamente definir la elección de los alcaldes en el país. Debo decir al respecto que no temo a esta situación, porque en más de una oportunidad enfrenté esa decisión ciudadana. Y me parece que muchos de los que estamos aquí logramos justamente en esa etapa de nuestras vidas una de las satisfacciones más grandes en el servicio público.
Deseo, por lo tanto, manifestar que quienes hemos sido conducidos a adoptar una decisión negativa debemos dejar siempre abierta la posibilidad de buscar fórmulas de entendimiento, a fin de que juntos logremos una legislación que realmente atienda las necesidades de los chilenos que quieren desarrollo social y progreso material a través del ente en el cual está constituido cada uno de los grupos de la sociedad chilena: la comuna, el núcleo comunal, que, a mi juicio, debe ser la gran decisión del futuro.
Por estas razones, señor Presidente, voto que no.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a lo expresado por el Honorable señor Ruiz-Esquide en el sentido de que deberíamos suprimir los calificativos ofensivos. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Y lo invito a que por ambas partes nos hagamos el firme propósito de no atacar en forma que no corresponde ni al trato ni al respeto que debemos guardarnos entre los Senadores, y no atacar con ánimo de descalificar permanentemente a quienes no pensamos como piensa la bancada del Gobierno.
Hemos presenciado ayer lo que yo ya considero el récord: nos atacaron por haber ayudado a sacar adelante un proyecto que le interesaba al Gobierno. Y los mismos que nos invitaron a llegar a un acuerdo dijeron aquí que éste era malo, y que lo era por culpa nuestra. Si es malo, el Presidente de la República podrá vetarlo. Pero si queremos que haya acuerdos, debe haber respeto. En eso comparto absolutamente lo señalado por el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Hoy día, por ejemplo, se ha tratado de tergiversar permanentemente nuestra posición al decir que nos negamos a elegir alcaldes. Al contrario: estamos interesados en ello. Pero no basta elegirlos, como se ha señalado. Hay que preocuparse de reafirmar la autonomía de los municipios, de su financiamiento, de la descentralización, o sea, de todo aquello que el Primer Mandatario también ha sostenido que preocupa al Gobierno. Entonces, pongámonos de acuerdo para modificar el Capítulo XIII de la Constitución, lo cual no se puede hacer con la amplitud necesaria mediante este proyecto de reforma constitucional.
Por lo tanto, pienso que vamos a seguir llegando a coincidencias, pero hay que suprimir las injurias, las ofensas y los ataques, que a nada conducen, y que, lamentablemente, han sido el tema central de los debate.5 en el Senado en muchas oportunidades.
Deseo reiterar lo señalado por el Honorable señor Diez en el sentido de que estamos dispuestos a estudiar una reforma que permita lograr los objetivos que todos nos proponemos. En ese sentido, espero que en marzo próximo podamos empezar a trabajar.
Para terminar, quiero decir al distinguido colega Ruiz-Esquide que no se va romper la democracia si el Gobierno no obtiene los votos de la Oposición. Espero que la democracia chilena sea mucho más firme, y que nos acostumbremos a que si el Gobierno gana o pierde elecciones o votaciones, no por esto aquélla se acabe.
Formulo el deseo de que entre todos podamos lograr los acuerdos, el respeto y el respaldo a la democracia, aunque ganemos o perdamos votaciones. Por tratarse éste de un proyecto incompleto e insatisfactorio para los fines que se persiguen, voto que no.
El señor ROMERO.-
Lamento que mientras efectuamos una votación que transitoriamente nos divide, señor Presidente, se nos informe que se ha iniciado una conflagración mundial que no sabemos qué costos ni qué efectos tendrá para Chile.
Confío en que esta situación sea limitada en el tiempo, y en que nos una más de lo que nos pueda desunir, por lo que formulo este llamado justamente en un momento tan importante.
Voto que no.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, sólo necesitaré un par de minutos para fundamentar mi voto.
En el debate en que hemos participado, muchos planteamos -así al menos lo estimo- caminos muy concretos para desarrollar el proceso de administración del Estado, en el cual lo concerniente a la regionalización y la descentralización juega un papel muy importante, si bien algunos, entre quienes me cuento, le asignamos una trascendencia aun mayor que otros.
Sin embargo, desde mi punto de vista, se advierte que el debate estaba dirigido a otros caminos. Hubo descalificaciones y se suscitaron situaciones que terminaron por desvirtuar un análisis profundo de aquello en lo que todos estábamos muy de acuerdo: la búsqueda de los caminos más adecuados para la elección de alcaldes y la conformación de concejos, y al mismo tiempo, descentralizar el país.
Seguramente, es la primera vez que los Senadores, no obstante coincidir acerca de una materia, estamos votando divididos.
Respecto de las opiniones que cada uno de nosotros expresó en su respectiva campaña electoral, el Honorable señor Ruiz-Esquide sabe perfectamente que los planteamientos que he dado a conocer aquí son exactamente los mismos que manifesté entonces -ambos participamos en muchos foros-, los cuales en definitiva determinaron que fuera elegido Senador. Hoy, trato de representarlos en la mejor forma posible.
Lo importante -y esto sí que corresponde a algo muy sentido, al menos por mi parte- es que el nuevo debate y las negociaciones que tengamos en marzo o en alguna fecha próxima deben realizarse en torno de los Parlamentarios. En este aspecto, es indispensable elevar la dignidad del Parlamento y del Parlamentario. Resolver aquí los aspectos propios de los proyectos que ingresen al Congreso o que presentemos nosotros, y asumir plenamente las responsabilidades que derivan de nuestra calidad para resolver lo relativo a las discusiones o negociaciones vinculadas con una iniciativa, resulta fundamental. Confío en que respecto de este tema tan trascendente las cúpulas de nuestros respectivos partidos políticos (todos ellos merecedores de mi respeto) entreguen las orientaciones pertinentes, al igual que los señores Ministros, pero que en último término -repito- resolvamos y negociemos nosotros. Si eso hubiera ocurrido, habríamos estado en condiciones de llegar a acuerdo mucho antes acerca de esta materia.
Por tales motivos y por las consideraciones señaladas en mi intervención, estimo indispensable un debate más profundo sobre estos temas, por lo cual voto que no.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, a lo largo del primer año de esta nueva etapa de democracia que vive el país hemos dado muestras concretas de que enfocamos este período con altura de miras, con sentido patriótico y, sobre todo, con visión de futuro. Los acuerdos logrados en materias como el programa social, la reforma tributaria, los cambios a la legislación laboral, la reforma al artículo 9° de la Constitución, e inclusive, hoy, uno muy importante respecto de la Ley de Pesca, son evidencias muy claras de que nuestra conducta está fundada en hechos y no sólo en palabras.
Es lo que hemos denominado "democracia de los acuerdos", necesarios para consolidar una democracia y un sistema económico estables y compartidos en Chile.
Pero no se debe confundir esta democracia de los acuerdos en términos de que necesariamente debamos coincidir en todo lo que proponga el Gobierno.
Realmente, creo que la importancia del municipio hoy día es enorme, y está llamada a acrecentarse en el tiempo. Las municipalidades no sólo administran en la actualidad el tránsito o el aseo de la comunidad, sino que también tienen a su cargo la salud, la educación y la red social, aspectos que impactan en millones de chilenos. Y precisamente por la relevancia que ellas presentan debemos tener una especial consideración cuando reformamos la Carta Fundamental a su respecto.
Bernard Shaw decía que la democracia, a veces, se parece a un globo que se eleva cada cuatro años con los Parlamentarios, quienes miran desde arriba el mundo terrenal y se dignan descender una vez en ese lapso para tomar contacto con los simples mortales, para subir nuevamente, casi siempre con la misma carga.
En verdad, no es ésa nuestra visión de la democracia. Creemos que la democracia representativa debe evolucionar en Chile cada vez más hacia una participativa. Y, sin duda, la comuna y el municipio son instancias privilegiadas de participación para muchos chilenos que no tienen otras oportunidades.
He sido y soy abierto y entusiasta partidario de la elección democrática de los alcaldes, por estimar que si queremos dar importancia al municipio, éste debe tener legitimidad. Y la mejor legitimidad es precisamente la que deriva de dicha elección.
Pienso que no es eso lo que ha estado en discusión hoy día. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los chilenos y del Senado -por no decir la unanimidad- concuerda sobre ese particular.
Tampoco ha estado en debate la fecha de la elección.
La verdad es que lo que ha significado puntos de discrepancia ha sido, por una parte, no la reforma misma, sino su contenido sustancial, de modo que no sólo se establezca la elección directa de alcaldes, sino que también se logren otras características que, en nuestra opinión, debiera tener el municipio, y que han sido reseñadas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
También se ha debatido y producido diferencias lo relativo al sistema electoral. Yo no quisiera suponer intenciones a nadie, contrariamente a la forma como procedieron en la mañana Parlamentarios de la Concertación; pero sí puedo hacer un comentario acerca del sistema propuesto por un importante sector de ese conglomerado político en el sentido de que sea alcalde el candidato más votado de la lista que obtenga mayor número de sufragios y del pacto que logre más preferencias. Lo que la gente quiere, a mi juicio, es elegir directamente a una persona natural. Probablemente, no desea votar por listas ni por pactos que, muchas veces, adolecen de poca coherencia o de contradicciones en su interior, en circunstancias de que lo que realmente determinará y afectará la vida de los miembros de una comunidad es la persona que ejercerá la importante tarea de alcalde.
Por estas razones, hubiéramos querido tener iniciativa en esta materia, en lugar de estar restringidos en la práctica a decir "Sí" o "No". Lamentablemente, en este momento no la tenemos. Sin embargo, estamos plenamente dispuestos a discutir el tema antes del 21 de mayo -si el Ejecutivo presenta un nuevo proyecto, por ser el único con facultades para ello en la legislatura extraordinaria-, o, en su defecto, a presentar una iniciativa propia a partir de esa fecha, cuando rigen nuevamente las atribuciones de los Parlamentarios al respecto.
Por los motivos expuestos y por creer que el tema requiere discutir, no sólo lo relativo a la elección de alcaldes, sino también el contenido profundo del municipio, en esta oportunidad debo votar que no.
Gracias, señor Presidente.
El señor GUZMÁN.-
Por las razones señaladas en mi intervención en el debate, voto que no.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, por haber tenido que participar junto con otros señores Senadores en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no pude intervenir en la discusión relativa a esta materia tan interesante.
Luego de oír las intervenciones de algunos Honorables colegas, deseo formular una reflexión, para que nada de lo que se diga pueda ser interpretado como injuria, descalificación o imputación de actitudes poco éticas.
Los hechos que he conocido, de los cuales son testigos todos los miembros de esta Corporación, son los siguientes:
Primero, hay una reforma constitucional cuyo objetivo es permitir qué los ciudadanos chilenos tengan la posibilidad de elegir directamente al gobierno comunal, es decir, a alcaldes y a concejales.
Segundo, esta propuesta no es una imposición de un partido o de un grupo, porque fue recogida por todas las candidaturas presidenciales en 1989.
Tercero, existen antecedentes empíricos y estadísticos, encuestas y otros que demuestran que el pueblo chileno quiere que ello se concrete.
Cuarto, hemos oído a Parlamentarios de todos los partidos decir que en el proceso de reconstrucción democrática muchos ciudadanos confunden las funciones de los Diputados o Senadores con las que deben cumplir los regidores o alcaldes, debido a que se ha producido un distanciamiento en este ámbito.
Quinto, el proyecto de reforma constitucional en debate no se refiere a las modalidades propias de la elección, ni a las atribuciones específicas de los concejos, por cuanto tendrían que ser materia de una ley orgánica constitucional.
¿Qué otra cosa se ha planteado? Que algunos Senadores legítimamente han votado en contra, y otros lo hacemos a favor. ¡Si el mundo no se va a terminar por esta obra nuestra! Ya hay quienes están preocupados de terminarlo sin que debamos aporta nuestra propia cuota.
Pero, ¿dónde existe una falta de ética, dónde hay un intento para desprestigiar la posición respetable de partidos políticos legítimos, cuando decimos que durante la campaña electoral los actuales Senadores de Oposición -que apoyaron al señor Büchi- afirmaron que querían elecciones democráticas? He oído a algunos colegas expresar su acuerdo con las elecciones de alcaldes. Sin embargo, cuando se trata de aprobar las normas para que eso ocurra, votan que no.
El señor DÍEZ.-
¡Se nota que Su Señoría no estuvo en la Sala en el curso del debate!
El señor HORMAZÁBAL.-
Sí. Pero como la posición de esas bancas es conocida, no es preciso ser muy ingenioso para suponerla. Además, la declaración que hicieron es pública y hemos podido estudiarla.
Continúo.
¿Y cuál es el argumento "respetable" para ello? El argumento que aducen es que quieren analizar la materia en conjunto con el tema de la regionalización. ¡Qué bueno! ¡Los felicito! Cuando el Ejecutivo envíe el proyecto que ha anunciado acerca de la regionalización, ¡qué interesante será escuchar la experiencia de los Honorables colegas que fueron intendentes, que fueron alcaldes, que fueron miembros del Gobierno durante el Régimen anterior, pero que durante 17 años nunca hablaron de regionalización, ni de entregar atribuciones a las Regiones para definir lo relativo a régimen político y a otros asuntos!
El señor ROMERO.-
¡No rebaje el nivel del debate, señor Senador!
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Pero ahí están los hechos!
Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto por la Constitución de 1980, que fue escrita por algunos señores Senadores.
Cuando nos preguntamos qué pensó el Constituyente -y no se enojen Sus Señorías, porque es en términos simpáticos-, algunos de ellos contestan: "¡No! ¡Qué pensé yo!".
El señor ROMERO.-
¡No siga rebajando el debate, señor Senador!
El señor HORMAZÁBAL.-
Aquí está el texto de la Constitución, donde se establece que las Regiones formalmente están descentralizadas; pero los intendentes carecen de atribuciones para determinar la administración adecuada de los recursos y de muchas otras cosas que ellas necesitan.
Si en ese tema vamos a estar de acuerdo, ¿por qué condicionarlo a la aprobación de esta reforma?
¿Es faltar a la ética constatar un hecho legítimo?
¡Por favor! Defiendo el derecho de los Honorables colegas a oponerse. ¡Tienen todo el derecho para hacerlo!
El señor JARPA.-
¡Gracias!
El señor HORMAZÁBAL.-
¡No me den las gracias! Tendrían que dárselas a muchos chilenos a quienes Sus Señorías no les reconocieron ese derecho antes.
Ya hemos tenido muchos equívocos. Pero no importa.
Quiero decir, señor Presidente, que no es faltar a la ética, ni injuriar, decir que cuando se trata de iniciar el proceso que hemos analizado en relación con los municipios, los Senadores de Oposición se niegan a aprobarlo. El planteamiento de que debe efectuarse un estudio para que los alcaldes...
El señor ORTIZ.-
¡Pero esto no es fundamentar el voto, señor Presidente!
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Estoy fundamentándolo!
El señor ORTIZ.-
¡Esto no es fundamentar el voto; es guardarse para intervenir al final!
El señor HORMAZÁBAL.-
El Honorable señor Ortiz viaja mucho en avión y se ha puesto nervioso, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
los señores Senadores disponen de 5 minutos para fundamentar su voto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Cuando Renovación Nacional dice aquí...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Honorable señor Hormazábal, ya va a enterar su tiempo.
El señor GUZMÁN.-
¡Lo enteró hace rato!
El señor HORMAZÁBAL.-
Muy bien, señor Presidente. ¡Sólo voy a terminar con esta "joya"!
En Renovación Nacional dicen que están dispuestos a alcanzar un acuerdo substantivo con el Gobierno con el objeto de asegurar que los alcaldes que resulten elegidos no serán meros funcionarios del Ministerio del Interior. ¡Por favor! ¡Si eso es, precisamente, lo que no queremos! ¡Eran meros funcionarios del Ministerio del Interior, o solamente partidarios del Régimen, con su elección por parte de los CODECOS y COREDES!
Nosotros pretendemos cambiar ese sistema. Y los Senadores de la Oposición dijeron lo mismo. Entonces, ¡no desatemos la "guerra mundial"! ¡La paradoja está en que los Honorables colegas dicen una cosa y hacen otra...! Y el país tendrá derecho a opinar acerca de su actitud.
Por último, señor Presidente, si se trata...
El señor JARPA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor HORMAZÁBAL.-
Si pudiera concedérsela, lo haría con mucho gusto, pero no puedo.
Si se trata de la regionalización, ¿por qué no permitimos las elecciones en las municipalidades, y que hombres honestos, de todos los partidos, nos ayuden, en las comunas, a reflexionar acerca de un proyecto que debe interpretar a todos los chilenos y que, por tanto, no puede discutirse entre cuatro paredes?
La regionalización y las atribuciones necesarias para hacer justicia a las Regiones abandonadas de este país requieren la expresión democrática de los ciudadanos, con el aporte de Renovación Nacional, de la UDI, de la Concertación y de los independientes. Y, entonces, la regionalización que vendrá será obra del pueblo, como siempre debe ser.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechaza en general y en particular el proyecto (23 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 2 abstenciones).
GUERRA EN GOLFO PÉRSICO
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo dar cuenta al Honorable Senado de que el Gobierno estadounidense ha anunciado oficialmente la iniciación de operaciones bélicas en contra de Irak, de conformidad a lo planeado en la operación llamada "Tormenta del Desierto", que comprende el empleo de todas las fuerzas. En estos momentos la ciudad de Bagdad está siendo bombardeada.
Por lo tanto, estamos ante una guerra cuyo alcance, profundidad y duración desconocemos, pero que -ciertamente- puede ser una de las más severas, graves y trágicas que haya tenido la humanidad.
Creo que esta Alta Corporación debería tener la oportunidad de reflexionar acerca de este hecho, y, más aún, de estudiar, con mucha atención, las consecuencias que, sin duda, este conflicto acarreará a nuestro país. Necesariamente sufriremos por esto. Se requerirá especial unidad, gran solidaridad y, de parte del Senado, un trabajo que contribuya a enfrentar la difícil encrucijada a que Chile está expuesto -tal vez más que otras naciones-, por su apertura al comercio internacional y su dependencia de éste.
A mi juicio, no es el momento para hacer una declaración. Sólo podemos dejar constancia de nuestro deseo de que esta guerra sea de corta duración y de que se logre pronto la paz; de que la agresión no dé frutos, y de que la base de la nueva paz la constituya el derecho de todos los pueblos a vivir dentro de fronteras seguras.
Pienso que nuestra obligación es mantener estos principios y hacer votos por la paz.
El señor ROMERO.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, como ya lo había hecho presente a la Mesa, estoy pidiendo citar a una sesión especial para el martes próximo, con el objeto de que podamos conocer los. efectos y alcances de este conflicto bélico para nuestro país. Es fundamental que el Senado no esté ausente de esta situación.
Por consiguiente, solicito recabar el asentimiento de la Sala para la celebración de dicha sesión, con invitación a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de Hacienda.
Gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Sala ya ha oído la proposición del Honorable señor Romero.
El señor GONZÁLEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, estimo que este tipo de materia debe ser motivo de acuerdo de Comités, no de un planteamiento a la Sala, porque no ha habido conversaciones previas al respecto. La verdad es que no corresponde tratarla aquí.
Sugiero que los Comités se preocupen del tema y adopten la decisión final.
El señor PRAT.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, propongo facultar a la Mesa para resolver, de acuerdo al curso de los acontecimientos, si procede citar a una sesión.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Complementando lo expresado por el Senador señor Prat, sugiero que mañana, antes de comenzar la sesión, se efectúe una reunión especial de los Comités y que encarguemos al señor Presidente obtener toda la información que el Gobierno haya podido reunir durante estas horas con relación al conflicto. Con esos antecedentes podría decidirse lo que convenga hacer respecto de la situación descrita acertadamente por la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sin perjuicio de lo propuesto por el Honorable señor Gazmuri, me parece que mañana es demasiado pronto para que el Gobierno pueda conocer los alcances totales de este conflicto.
Concuerdo con la posición del Senador señor Romero de que la Corporación no puede estar ausente por mucho tiempo de un debate relativo a este tema, que contaría con la presencia de los señores Ministros. De modo que me permito solicitar la autorización de la Sala para que, en el momento oportuno y previa consulta telefónica, o por otro medio, con los Comités, la Mesa pueda suspender el receso, a fin de convocar a una sesión especial una vez que los hechos hayan demostrado la intensidad y dimensión del conflicto. Ello nos permitirá participar también en la proposición de las medidas que se requieran y en la formación de un espíritu nacional realmente adecuado para enfrentar una situación de esta naturaleza.
El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, creo que al Senado le corresponde no sólo analizar y evaluar las consecuencias que pueda tener para nuestro país la guerra que se ha iniciado, sino una responsabilidad aun mayor: formular al Gobierno un planteamiento destinado a hacer presente ante las Naciones Unidas la necesidad de que se adopten todas las decisiones -incluida la designación de una Comisión Especial- tendientes a buscar una solución que permita poner término a esta conflagración. Es decir, debemos analizar, no sólo los problemas que pueden derivarse de esta, sino también de qué manera el prestigio de nuestro país puede influir en el logro de la paz.
Ese debiera ser, a mi juicio, el pronunciamiento del Senado ante nuestro Gobierno.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente, parece haber consenso en la Sala respecto de la importancia y gravedad de la noticia que nos ha comunicado oficialmente Su Señoría.
Considero que lo más lógico es facultar a la Mesa para adoptar todas las medidas que estime oportunas a fin de canalizar las inquietudes que aquí se han planteado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Concuerdo con la posición de los Senadores señores Sule y Prat en orden a facultar a la Mesa, y específicamente al señor Presidente, para determinar lo que estime pertinente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muy bien.
Se procederá, entonces, en la forma indicada.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
En la última reunión de Comités, previéndose que esto iba a ocurrir, se autorizó al Presidente para citar a la Corporación en caso de que fuera necesario.
Hace mucho tiempo que algunos Senadores señalamos que esta situación podría suceder -si bien otras personas expresaron dudas-, pues quienes viajamos a Washington lo supimos, por otras razones, casi con certeza. Sería conveniente que ahora, en una posible reunión a que nos convoque el señor Presidente, pudieran tomarse algunos resguardos a que debería haberse recurrido con antelación.
Nada más.
El señor SULE.-
Ya existe una proposición concreta.
El señor PAPI.-
Y está acordada.
El señor VALDÉS (Presidente).- En efecto, está aceptada y, junto al señor Vicepresidente, la hemos asumido.
PODER COMPRADOR ESTATAL DE VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
El señor VALDÉS (Presidente).-
De conformidad a lo acordado, corresponde tratar el proyecto de la Cámara de Diputados, iniciado en Mensaje del Presidente de la República, que establece un poder comprador estatal de vehículos de locomoción colectiva y otras normas, el cual ha sido aprobado por unanimidad en las Comisiones de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 33a, en 15 de enero de 1991.
Informes de Comisión:
Hacienda y Transportes, unidas, sesión 34a, en 16 de enero de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).- Por la urgencia que existe en resolver esta materia, y dado que no se ha manifestado opinión contraria a su respecto, solicito a la Sala aprobar la iniciativa sin debate.
El señor PAPI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPI.-
Estoy absolutamente de acuerdo con su insinuación, señor Presidente. Sólo quiero informar de una indicación -cuenta con la unanimidad de la Comisión de Transportes y fue suscrita por los Honorables señores Ortiz, Lagos, Mc-Intyre y Páez y por el Senador que habla- destinada a reemplazar en el artículo 11 del proyecto las expresiones "obtenido la aprobación de su" por "realizado la".
El propósito de esa modificación es permitir al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones subsanar un pequeño número de casos que podrían producirse respecto de las máquinas que iniciaron su trámite de revisión técnica, por ejemplo, los días 27 ó 28 de junio y lo terminaron el 2, 3 ó 4 de julio.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar la indicación formulada por el Honorable señor Papi?
Aprobada.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- También ha presentado una indicación el Senador señor Núñez, para agregar el siguiente artículo: "El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá decretar medidas de restricción vehicular en cualquier lugar del territorio nacional en virtud de situaciones de congestión vehicular o de emergencia nacional que involucre la necesidad de ahorrar combustibles.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORREA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, en las reuniones que hemos sostenido para analizar las medidas que se tomarían en caso de desatarse la guerra en el Golfo Pérsico -lamentablemente, se nos ha informado que comenzó- hemos conversado activamente con la Contraloría General de la República. Porque, como Sus Señorías saben, existe la posibilidad de decretar restricción vehicular, no sólo en las ciudades principales, sino a lo largo de todo el territorio nacional, a fin de ahorrar combustible. Al respecto, hemos detectado un vacío legal. Y las conversaciones con el organismo contralor han tenido por objeto determinar sobre qué bases podría dictaminarse una restricción vehicular. Está la posibilidad de recurrir a preceptos constitucionales, en virtud de seguridad nacional. Pero hay cierta debilidad jurídica en eso.
En razón de ello, y ya que ha estallado el conflicto, creo que la indicación del Senador señor Núñez, aunque recae en una materia distinta de la del proyecto en análisis, podría resolver el problema del vacío legal mencionado, dándonos las atribuciones necesarias para reforzar las medidas que eventualmente tomaremos debido a la situación que se ha planteado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Sala ha escuchado las explicaciones del señor Ministro respecto de la indicación que presentó el Honorable señor Núñez.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, estamos conmovidos por la noticia que se nos ha dado y entendemos que puede haber materias que requieran de instrumentos jurídicos para la acción del Gobierno. Pero aquí se trata de una cosa distinta, que sale de la idea contenida en el proyecto. Creo que admitirla no hablaría bien de la seriedad con que legislamos ni de la oportunidad con que se desarrollan las tareas en este Senado, toda vez que, si hubiéramos tomado conocimiento del problema una hora antes o abreviado el debate del proyecto anterior, no habríamos tenido la posibilidad de legislar de improviso en esta materia. No la hemos discutido, no conocemos su alcance, ni hemos consultado a nadie.
Por lo expuesto, creo que no sería conveniente introducir una modificación de esta naturaleza.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, entiendo el planteamiento que acaba de hacer el Honorable señor Cantuarias respecto de este tema.
Ahora, hemos sugerido la idea -y la han patrocinado varios Honorables colegas- de efectuar una reunión especial para analizar el problema del Golfo Pérsico, y particularmente las implicancias que dicho conflicto puede tener desde el punto de vista económico para nuestro país.
Sin embargo, si vamos a realizar un debate sobre ello, y dado el hecho evidente de que deberemos adoptar algún tipo de medidas que implique ciertas restricciones -eso lo verá el Gobierno, sobre la base de su información y de su análisis-, retiro la indicación, teniendo presente -reitero- que éste es un tema que necesariamente habrá que estudiar más adelante.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, concuerdo con el fondo de lo planteado por el Senador señor Núñez, pero quiero explicar al señor Ministro que la restricción de derechos que la Carta Fundamental reconoce y que se puede hacer por medio de ley, requiere informe y estudio al menos de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. No podemos limitar los derechos individuales en un proyecto de discusión inmediata, menos aún si no contamos con informe de ninguna Comisión técnica del Senado, porque crearíamos un mal precedente.
Por esa razón, me alegra que el Senador señor Núñez haya comprendido nuestra posición y retirado su indicación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Queda retirada la indicación. Y la Mesa tendrá en cuenta la observación del Honorable señor Núñez, porque, ciertamente, la situación indicará el grado de medidas que deberán tomarse.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Quiero hacer una consulta muy breve al señor Ministro.
Actualmente, en la Región Metropolitana hay restricción vehicular. ¿A quién corresponde la determinación? Si es al Ministerio de Transportes, ¿por qué no la extiende al resto del país?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CORREA (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, nuestra Secretaría de Estado cuenta con atribución legal para disponer restricción vehicular sólo en casos de contaminación del aire, pero no en los de congestión o cuando hay necesidad de ahorrar combustible. Dicha facultad está consagrada en la Ley de Tránsito, y la restricción se aplica únicamente en Santiago, porque es el único lugar donde se ha comprobado la existencia de contaminación atmosférica.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En consecuencia, queda aprobada la iniciativa en la forma como fue presentada, con la indicación a que se refirió el Honorable señor Papi.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Para rendir homenaje, tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON ATILIO COSMELLI ESTEVA. OFICIO
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Me he puesto de pie para rendir homenaje en memoria de un gran hombre recientemente fallecido: Atilio Cosmelli Esteva.
Dedicó cincuenta años en cuerpo y alma a la fantasía de Aisén, embrujado por sus inconmensurables extensiones, sus variados climas y sus tempestades y angustias. Se enamoró de esa tierra. Es más: la intuyó antes de pisarla.
Llegó a pocos años del despertar de Aisén. En sus muchos relatos, este hombre con alma de poeta decía: "Cuando yo llegué, había incendios que duraban seis meses, se oscurecían los cielos, las cenizas llegaban hasta las costas del Atlántico. Miles de hectáreas ardían, los colonos embravecidos por la selva impenetrable, prendían fuego. Un daño tremendo a la ecología sin duda, pero ha sido el costo que ha debido pagar muchas veces la humanidad. El gran error, fue que no hubo preocupación de los gobiernos de entonces, que debieron haber proporcionado semillas de pastos a los colonos para afirmar los suelos de esa tierra, vigorosa y fértil. Las cenizas volaron durante años.".
Atilio Cosmelli nació en Valparaíso, en 1914. Su juventud la vivió en España, donde se presentó voluntariamente, a los 22 años, en la Falange Nacionalista, lleno de ideales. Participó tres años en la revolución, donde recibió condecoraciones por actuaciones destacadas.
Posteriormente viajó a Chile, por mandato de su padre, a ver algunos intereses que había dejado en el país. Estando ya aquí, contaba:
"Decidí irme a Tierra del Fuego por un año para hacer una prueba física de autodisciplina; necesitaba probarme para irme a Aisén; quería saber cómo era de cruda la vida en la soledad del campo patagónico. Así aprendí el manejo de la voluntad".
Con la tenacidad propia de los hombres de su temple, unido a ello el hecho de la sangre española que corría por sus venas, y con el espíritu de aventura y afán de descubrir nuevas tierras, no se doblegó ante nada y cumplió todas las tareas que esta empresa le significó.
Fue un poeta, un marino, un soñador, con los pies bien puestos sobre la tierra, y además, un gran realizador.
Como marino, se dedicó primero a la explotación y comercialización de la langosta desde la isla Juan Fernández a Valparaíso, para lo cual viajó a Nueva York, donde pasó un año y adquirió una goleta-velero que condujo a Chile en pleno inicio de la segunda guerra mundial: "El Starling", considerada una de las goletas-veleros más marineras y bonitas de la época. Desgraciadamente, en uno de sus primeros viajes naufragó, lo que motivó a Atilio Cosmelli a intentar trabajar en el cabotaje en el lago General Carrera, ese maravilloso e inmenso lago, el más grande de Chile y el segundo de América.
Fue así como se radicó durante 15 años en Chile Chico, donde se le recuerda con admiración y cariño. Allí estuve esta semana, pudiendo constatar que su muerte produjo un gran impacto, al igual que en todo Aisén.
Aisén se pobló primero por la frontera, siendo Balmaceda la localidad más antigua, y posteriormente, en 1918, Chile Chico, llamado así por los chilenos que fueron expulsados de la Patagonia argentina y buscaron en esa zona un lugar para vivir.
Paralelamente, en esos años el Gobierno designó a Moraleda, un marino, y luego, al comandante Simpson, para explorar las costas del litoral chileno.
Fueron tan cuerdos, sabios e intuitivos, que el comandante Simpson desembarcó donde hoy se encuentra Puerto Aisén; avanzó en unas chalupas por el río que ahora lleva su nombre, hasta las praderas naturales, actualmente centro ganadero, e intuyó, siendo marino, que debía sembrarse pasto ovillo, el cual no ha podido ser reemplazado por otro mejor.
Fue en esos años que el Gobierno empezó a preocuparse por dicha provincia, dividiendo este enorme territorio, de más de 100 mil kilómetros cuadrados, en tres grandes sociedades que fueron dadas en concesión: Estancia Ganadera Valle Chacabuco, Sociedad Industrial de Aisén y Sociedad Ganadera Río Cisnes, cuyo presidente y director fue don Ismael Pereira Iñíguez, quien curiosamente, sin mediar contacto alguno y sin que se conocieran siquiera, sería más tarde suegro de Atilio Cosmelli.
El señor Pereira, con el mismo espíritu y la misma sangre castiza de Atilio Cosmelli, había iniciado en los años 20 una obra similar en esas remotas latitudes, al formar la gran Estancia Cisnes.
Quizás su ejemplo fue determinante en su hija Luz Pereira Lyon, con quien posteriormente contrajo matrimonio Atilio Cosmelli, participando después junto a él en cada paso que dio, compartiendo los mismos sinsabores, iguales privaciones, prolongadas separaciones, pero a la vez, las mismas esperanzas y alegrías. Todo esto no habría sido posible sin el apoyo y el amor que recíprocamente se brindaron.
Fueron ellos los que formaron profundos valores en sus ocho hijos, en sus nietos y en quienes los rodearon.
Con justa razón, Atilio Cosmelli decía que su familia ya tenía generaciones relacionadas con la arisca Patagonia.
En 1958 fue designado Intendente de la provincia por el entonces Presidente de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez, radicándose en Puerto Aisén, capital de aquélla en ese momento.
Fue en 1960 cuando el Gobierno redactó la Ley de Colonización, que asignaba 600 hectáreas a título gratuito a cada chileno que se avencindara en esos lugares. De este modo, aquellos colonos que, junto a sus mujeres e hijos, abrieron caminos con un machete por el bosque y los fachinales buscando dónde instalarse y construir una vivienda, aunque fuera precaria, pudieron optar a sus títulos de dominio y consolidar nuestra soberanía en los lugares fronterizos.
Así se ha hecho la Región, señores Senadores. Y hombres como Atilio Cosmelli han jugado un papel relevante en todo esto.
Como Intendente de Aisén, tiene el mérito de un récord en la normalización de la tenencia de tierras, que para los colonos resultaba y resulta de gran importancia. Además de su cargo, debió actuar como juez, para evitar problemas entre los colonos. Creó un tribunal mediante el cual lograba acuerdos frente a discusiones por límites precisos, riegos y otros aspectos. Dentro de sus anécdotas, contaba: "Me acusaron en le Congreso de tener un tribunal ilegal". Junto con solucionar conflictos graves entre los colonos, que defendían sus tierras a costa de cualquier sacrificio, permitió la consolidación y permanencia de muchos de ellos en aisladas, alejadas e inhóspitas tierras.
Durante su período de Intendente gestionó la construcción de pistas aéreas, volando por lugares de fuertes turbulencias, con todos los riesgos que ello involucraba. Pero estas canchas aéreas harían factible un mayor desarrollo, ya que se podría llegar a lugares a los que por tierra resultaba imposible acceder.
Fue gestor de la primera división administrativa y política de la provincia de Aisén, hoy Undécima Región, creando las primeras provincias y comunas.
En esos años llegó también a la zona doña Eugenia Pirzio Birolli. Con Atilio Cosmelli y su familia conversaron, analizaron y llevaron adelante una serie de ideas, fundándose Puerto Cisnes.
Atilio Cosmelli, junto a la señora Pirzio Birolli, gestionó, entre otras, cinco grandes realizaciones para Puerto Cisnes: el aeródromo, la escuela de la localidad, la construcción del muelle, la creación de la comuna y la dotación de un grupo electrógeno para dar luz durante algunas horas del día. Hoy es ésa una ciudad pequeña, pero pujante.
Fundó la Villa Mañihuales, donde poco antes de su muerte la comunidad, como intuyendo su partida, le rindió un cálido homenaje, en el que destacaron las palabras del ex Intendente señor Gabriel Santelices.
Trabajó en esos años por un proyecto de Carretera Austral, que vio concretado por la obra del Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Consiguió el primer vuelo de LAN-Chile a Chile Chico.
Siempre recordó que tuvo una especial preocupación, apoyo y contacto con el entonces Presidente de la República, don Jorge Alessandri, quien en forma personal se interesó por el desarrollo de esta remota provincia, que hoy constituye la Undécima Región.
Divulgó infatigablemente la realidad de Aisén, informando, entre sus conocidos, en diversas esferas y círculos de sus amistades, en la Capital y, además, en charlas y conferencias en escuelas y universidades, sobre la geografía, clima, recursos y bellezas naturales de esa tierra, entonces casi desconocida y legendaria para la mayoría de los chilenos, a fin de motivar una conciencia nacional en torno a Aisén. Su esfuerzo no fue vano. Y hoy todos se interesan en saber algo de esa tierra hermosa y promisoria, que aún está en pleno período de colonización, lo que justifica sobradamente un trato preferente.
En 1959 fueron honrados, junto a su mujer, por el Provincial General de los Siervos de María con una bendición especialísima, dada a muy pocas personas. Decía esa bendición: "Por su generosidad hacia la Congregación en el Vicariato Apostólico de Aisén", tierra de misiones; y les conceden "tanto durante la vida como después de la muerte, una especial comunicación en todas las misas, oficios, oraciones, ayunos, abstinencias, disciplinas y peregrinaciones que se hacen entre los religiosos de nuestra Orden".
Atilio Cosmelli fue pionero de la zona. Conocía, a fondo la realidad de Aisén. Se ganó el respeto de aquellos que lo conocieron y de quienes oyeron sus hazañas. Trabajó con generosidad por la tierra aisenina, para originar progreso. Y su ejemplo, sin duda alguna, ha sido reconocido por todos.
Con una goleta de su propiedad, piloteada por él mismo, en compañía de su mujer y sus hijos, recorrió los estuarios, el litoral y las islas, contactándose con pobladores de los lugares más remotos y aislados, ayudándolos en sus proyectos y afanes, dándoles consejos, animándolos en sus iniciativas, alentándolos en sus tareas. Fue uno de los primeros en visitar la laguna San Rafael y los ventisqueros, y en divulgar el potencial turístico de la Región. Era un enamorado de la zona y colaborador incansable para lograr el progreso.
A fines de 1964 trasladó su residencia a Coihaique, para instalar una moderna industria maderera, que hasta la fecha es una de las más importantes de la Región.
Trabajó activamente en todos los frentes, sabiendo que muchos de sus esfuerzos sólo tenían una recompensa espiritual. Pero era feliz sirviendo en esas tareas, ya que fue un idealista y un romántico hasta el día de su muerte.
Participó también en política, como una manera de canalizar sus esfuerzos en forma más adecuada, haciéndolo a través de un partido político, porque estimaba que era la manera más efectiva de colaborar.
Además de Intendente, en 1969 fue candidato a Diputado por el Partido Nacional. Y posteriormente, dirigente y fundador del Partido Renovación Nacional en la Región, gozando del respeto de todos los sectores y de la admiración y el cariño de todos los militantes. En lo personal, le estoy agradecido por sus consejos y por la ayuda que me brindó.
Fue un hombre de gran estatura moral, recto, de una sola línea, preocupado de crear cosas, de enriquecerse intelectual y espiritualmente en forma permanente. Tan interesante fue su vida en el mar y en el campo como en la política. Tuvo aserraderos en las montañas y varios campos en diversas partes, siendo uno de los puntos principales de sus actividades como agricultor su campo de San José de Mallín Grande o la llamada "Meseta Cosmelli", ubicados a orillas del lago General Carrera, en el paralelo 47, lugar en el cual lo acompañé cuando enfrentó problemas con gente ajena a su campo, en los tiempos en que se preconizaba la reforma agraria. Sin embargo, gozaba del cariño y respeto de sus trabajadores, con quienes mantuvo siempre una relación muy estrecha.
Habían impresionado, sin duda, a ese joven soñador los relatos de Don Bosco, fundador de la Orden de los Salesianos, cuya principal preocupación fue el abandono en que se encontraban los habitantes de la Patagonia.
"Este hombre santo solía tener un sueño recurrente en que anunciaba que en el paralelo 47 del hemisferio sur existiría en el año 2000 una ciudad que regiría los destinos del mundo".
Nos relató también la leyenda de la Ciudad de los Césares: "Cuenta la leyenda que los náufragos de los barcos que viajaban de la opulenta Europa pasando del Atlántico al Pacífico Sur por el Estrecho de Magallanes, caminaron por instinto buscando un lugar amable y un clima generoso. Se dice que los tesoros enterrados por ellos, y que han sido seriamente buscados, se encuentran en la Región del Lago General Carrera, en el paralelo 47".
Decía Atilio Cosmelli: "Nos acercamos al año 2000, y se avecinan para esta zona grandes bendiciones. Coinciden estas profecías con los recursos naturales de la zona: lago poderoso, cuenca, los ríos más caudalosos de Chile, siendo una de las zonas más auríferas del continente, donde se proyectaban grandes explotaciones mineras. Hoy la Carretera Austral ha incorporado un vasto territorio de Aisén a la economía y a la geografía del país".
Poco antes de su muerte, ocurrida el 15 de diciembre recién pasado, Atilio Cosmelli decía:
"¡Quién hubiera imaginado que mientras estuviéramos vivos iba a haber un camino, puentes, comunicación, avión y carretera! ¡Ya se produjo el despertar de Aisén!
"Tarde o temprano, todo lo que ves sin nieve deberá poblarse". Y tenía razón.
Es éste un momento de profunda tristeza, pero, a la vez, de una gran admiración para aquellos que lo rodearon y conocieron, para sus hijos y nietos, muchos de los cuales se encuentran hoy presentes en las tribunas de esta Corporación. Cincuenta años no han pasado en vano. Su vida, sus historias, sus leyendas, su gran aporte a la zona. Queda mucho por conocer de las cosas de Atilio Cosmelli. Se podría escribir un libro. Un trovador que calladamente, como era su estilo, fue convirtiendo sus sueños en realidad. Tuvo una vida plena de significado, dejando su ejemplo de trabajo, lealtad y sólidos principios a quienes seguimos viviendo en este mundo, en esa Región, y a las generaciones venideras.
Probó ser más fuerte y testarudo que esa naturaleza magnífica y despiadada. Siempre llegó a donde se propuso, gracias a que aprendió "el manejo de la voluntad".
A pie, a caballo, en medio de la lluvia, de la nieve, del viento y del frío, entre las olas y el peligro, luchó por conquistar esa tierra de Aisén. Murió recorriendo su campo, en un lamentable accidente.
Nos sentimos orgullosos de que sus restos descansen para siempre en esas tierras que él tanto amó.
Desde el Senado de la República digo, junto a su familia, a la gente de la Región y a quienes lo conocieron:
"¡Trataremos de seguir tu ejemplo, amigo Atilio Cosmelli Esteva!".
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, quiero adherir personalmente, y también en nombre de Renovación Nacional, al sentido homenaje rendido a don Atilio Cosmelli, hombre al que Chile debe mucho y a quien tuve el honor de conocer. Además, trabajé con él cuando recién asumió la Intendencia de Aisén.
Muchas gracias.
El señor SIEBERT.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, con relación al homenaje rendido por el Honorable señor Ortiz, solicito que se oficie a la familia de don Atilio Cosmelli trascribiéndole las expresiones de Su Señoría, como asimismo que se haga llegar a los medios de comunicación copia de ellas, con el objeto de que sean publicabas.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
También en nombre del Comité Demócrata Cristiano.
El señor SULE.-
Y del Comité Radical Social Demócrata.
El señor ALESSANDRI.-
Y del Comité Independiente.
El señor VALDÉS (Presidente).- Se enviará la comunicación pertinente, en nombre de los señores Senadores y Comités que adhirieron al homenaje.
)-------------(
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Mesa ha recibido la petición de un Comité para que se publique in extenso el debate habido acerca del proyecto de reforma constitucional sobre municipalidades.
Para tomar dicha resolución se requiere el asentimiento de la Sala.
El señor DÍEZ.-
No tengo inconveniente en que se perfeccione el acuerdo en la sesión de mañana.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muy bien, señor Senador.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Refacción.