REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 39ª, en miércoles 20 de marzo de 1991
Ordinaria
(De 10:45 a 14:29)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX,
PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS , VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA Y EL
PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-González Márquez, Carlos
-Guzmán Errázuriz, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candía, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 36 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente). - Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 36a, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 37a, ordinaria, en 5 y 12 de marzo en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor VALDÉS (Presidente). - Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario). - Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, celebrado entre los Gobiernos de Chile y Venezuela el 10 de octubre de 1990.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca de la naturaleza de la atribución que le confiere al Senado el artículo 49, N° 2), de la Constitución Política de la República, sobre si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales en contra de un Ministro de Estado.
De la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 458, Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo que se refiere a la obligación de ejecutar las plantaciones y obras de ornato de los nuevos loteos.
-Quedan para tabla.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
La tabla de Fácil Despacho de hoy contempla el proyecto que autoriza la transferencia de inmuebles fiscales a la "Fundación Pablo Neruda". Sin embargo, en la sesión de ayer la Sala acordó enviar esta iniciativa a Comisión para que allí se revisen algunos aspectos jurídicos que habían motivado observaciones sobre el texto, de manera que ahora se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Esperamos que ésta nos haga llegar su informe en él curso de la mañana, ya que el acuerdo de la Sala fue igualmente tratar hoy ese proyecto.
Por lo tanto, suspenderemos su debate hasta que dispongamos de dicho informe.
Lo mismo sucede con la iniciativa que figura en el primer lugar del Orden del Día, sobre planta y cargos de organismos públicos. De igual modo estamos a la espera del informe, pues, como se hizo presente ayer, la urgencia fijada al proyecto vence el 22 de marzo, y, por consiguiente, correspondería despacharlo hoy.
En consecuencia, comenzaremos con el tratamiento del proyecto que sigue.
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El señor CANTUARIAS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
La Comisión de Educación está tratando el proyecto de Estatuto Docente. El trabajo es bastante intenso, y hay un conjunto de personas ocupadas en el análisis del texto, hecho que nos ha llevado a pedir el asentimiento de la Sala para sesionar paralelamente con ella y así avanzar en nuestra labor y cumplir el propósito que nos anima a fin de terminar el primer informe dentro de esta semana.
Solicitamos por tanto esa autorización.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si les parece a los señores Senadores, se autorizaría a la Comisión de Educación para que sesione simultáneamente con la Sala.
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón, señor Presidente. Eso podría hacerse siempre que se mantuviera el quórum en el Senado. ¿Qué pasaría con éste si se retiran ahora los miembros de esa Comisión?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entre los proyectos que están en tabla, ninguno exige quórum calificado.
El quórum para que la Sala pueda sesionar es de 16 señores Senadores, de manera que, aun cuando se retiren los miembros de la Comisión, tendremos número suficiente para trabajar en esta Corporación.
El señor CANTUARIAS.-
Estaremos atentos para concurrir a la Sala en caso de que el número de asistentes en ella pudiere verse disminuido.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se los llamará con la oportunidad requerida, señor Senador.
-Se autoriza a la Comisión de Educación para funcionar paralelamente con la Sala.
ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y FRANCIA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que figura en el segundo lugar de la tabla, relativo al Acuerdo de Coproducción Cinematográfica celebrado entre los Gobiernos de Chile y Francia, en Santiago, el 30 de noviembre de 1990.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Este proyecto de acuerdo fue informado favorablemente por la Comisión de Relaciones Exteriores, con los votos de los Honorables señores Urenda (Presidente), Alessandri, Mc-Intyre, Navarrete y Páez.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 37a, en 12 de marzo de 1991.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión propone unánimemente aprobar el siguiente artículo único:
"Apruébase el "Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de Chile", suscrito por los Gobiernos de ambas Repúblicas en Santiago de Chile, el 30 de noviembre de 1990.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó unánimemente este proyecto de acuerdo, por estimar que él es conveniente para el país, y porque refuerza y estimula los vínculos culturales y de todo orden entre Francia y Chile.
Al respecto, el Presidente de la República señala en su Mensaje que "Siendo actualmente el audiovisual uno de los medios más universales de difusión, él ha sido considerado especialmente en este Acuerdo de índole cultural y constituye uno de sus objetivos básicos. Además, tiende a reiterar y reforzar la política del Gobierno"... "en orden a incrementar constantemente las relaciones políticas, culturales y económicas con todos los países del mundo, en especial con aquellos con los cuales se tienen ancestros culturales comunes, como es el caso de Francia.".
Nosotros hemos coincidido con este criterio del Jefe del Estado y dimos aprobación al Convenio, que, entre otros aspectos fundamentales, señala que las coproducciones cinematográficas realizadas y aprobadas en los términos del Acuerdo, serán consideradas obras nacionales conforme a la legislación de cada una de las Partes. Se beneficiarán, en consecuencia, de pleno derecho, de las ventajas que la legislación de cada país otorgue a las obras cinematográficas nacionales.
Cabe señalar que sólo podrán acogerse a los beneficios del Acuerdo las coproducciones cinematográficas propuestas o realizadas "por productores que tengan una organización técnica y financiera apropiada y una experiencia profesional reconocida por las autoridades nacionales competentes".
Es interesante destacar que el consentimiento dado para la coproducción por las autoridades de ambos países "no podrá subordinarse a la presentación de materiales filmados de dicha obra cinematográfica"; ni podrá dejarse sin efecto tal consentimiento sino por mutuo acuerdo entre las referidas autoridades, con lo cual se elimina la posibilidad de una censura, que pudiera ser previa, en estos aspectos.
Se sostiene también que "En principio, deberá existir un equilibrio general entre los dos países en lo que concierne a las atribuciones respectivas y a la participación de artistas y técnicos.".
Esta participación se entiende en el sentido de que no podrá exceder del 70 por ciento en un caso, ni bajar del 30 por ciento en el otro, salvo circunstancias muy especiales.
El informe de la Comisión señala que "Los directores, actores y técnicos deberán ser chilenos o franceses, o residentes en Francia. Previo acuerdo entre las autoridades, podrá participar un actor o técnico que no sea nacional de ninguno de los dos países, cuando fuere indispensable; sea por el tema, las características de la obra o las necesidades de su comercio.".
Se regulan diversos aspectos entre los cuales también cabe destacar que se establece que las coproducciones deberán ser presentadas como producciones franco-chilenas o chileno-francesas, lo que obligatoriamente deberá aparecer en los créditos, salvo en casos de festivales y competencias en que tales coproducciones serán presentadas bajo la nacionalidad del Estado al que pertenezca el coproductor mayoritario, salvo acuerdo en contrario, aprobado por las autoridades de ambos países.
Se establece en el Acuerdo que "la venta, importación, explotación y, de manera general, la difusión de obras cinematográficas nacionales de uno de los países pactantes no se someterán por el otro a ninguna restricción.". Esta norma, aparentemente de tanta amplitud, está limitada porque tales beneficios se otorgan bajo reserva de la legislación y la reglamentación vigentes.
"Finalmente," -dice el informe- "se preceptúa que las respectivas autoridades examinarán, según fuere necesario, las condiciones de aplicación del Acuerdo, con el objeto de resolver cualquier dificultad que pudiere presentarse en su aplicación. Para ello, formarán una Comisión Mixta Cinematográfica, convocada a petición de cualquiera de las partes, sobre todo para informarse de cualquier modificación importante en la legislación aplicable a la industria cinematográfica.".
Estas y otras consideraciones llevaron a la Comisión a dar su aprobación unánime al siguiente proyecto de acuerdo:
"Artículo único.-
Apruébase el "Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de Chile", suscrito por los Gobiernos de ambas Repúblicas en Santiago de Chile, el 30 de Noviembre de 1.990.".
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
En este proyecto, tal como decía el Honorable señor Urenda, la realización de las coproducciones cinematográficas deberá ser aprobada previa consulta por las autoridades chilenas del Ministerio de Educación, y en Francia, por el Centro Nacional de la Cinematografía. Por tanto, se piensa que en el futuro proyecto de ley sobre la materia se contemplará la existencia de alguna organización que sea más representativa de la parte cinematográfica que lo que es el Ministerio de Educación.
Así lo pensamos, y por tal razón creemos que en dicho proyecto de ley la observación debe hacerse en esa forma.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
El señor PAEZ.-
Señor Presidente, tal como se ha dicho, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió por unanimidad el Mensaje del Ejecutivo que contenía este proyecto de acuerdo.
Además de las consideraciones que se han hecho, creemos que esto es muy importante atendida la gran experiencia con que cuenta la cinematografía en Francia, para el progreso y el fortalecimiento de esta expresión artística, y también para la industria cinematográfica nacional.
Por eso, vamos a concurrir con nuestros votos para aprobar en la Sala el proyecto de acuerdo proveniente del Ejecutivo y que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Como miembro de la Comisión, deseo ratificar lo que se ha expresado en el debate que sostuvimos sobre este proyecto de acuerdo, y manifestar que los Senadores de la bancada Radical-Social Demócrata concurriremos también a aprobarlo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay observaciones, y por tratarse de una iniciativa que consta de un artículo único, se aprobaría en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Aprobado.
CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, suscrito en Washington D.C. el 18 de marzo de 1965 e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 37a, en 12 de marzo de 1991.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Relaciones Exteriores, en informe suscrito por la unanimidad de sus miembros, los Honorables señores Urenda (Presidente), Alessandri, Mc-Intyre, Navarrete y Páez, propone la aprobación del siguiente artículo único:
"Artículo Único.-
Apruébase el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", adoptado en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 18 de Marzo de 1.965.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, nuestro país se ha visto favorecido en los últimos años por un importante flujo de inversión extranjera, la que ha ido creciendo y se ha desarrollado a un ritmo significativo, lo que pone a Chile entre las naciones de más alto volumen de inversión extranjera.
No obstante, en los últimos dos o tres años, el escenario mundial ha experimentado cambios importantes que podrían afectar el flujo de capitales extranjeros hacia nuestro país. La competencia para que los capitales extranjeros concurran a sus respectivos países se hace cada vez más compleja y difícil.
No cabe duda de que la inversión extranjera constituye un aspecto trascendente en el plano del desarrollo nacional. Y para que ello sea posible es menester, no sólo mantener, sino acrecentar las ventajas que esta inversión pueda representar, otorgando la estabilidad, la confianza y la seguridad necesarias.
Como consecuencia de ello, el Ejecutivo envió al Congreso este proyecto de acuerdo, que dice relación con los tratados que tienen como objetivo la protección de las inversiones extranjeras entre los Estados signatarios. La Comisión de Relaciones Exteriores acogió en forma unánime este planteamiento.
En el caso de nuestro país, han manifestado la intención de celebrar y suscribir estos tratados, a lo menos los siguientes países: Holanda, Francia, Alemania, Suiza, España, Suecia, Bélgica, Canadá e Italia.
Como se señala en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, estos tratados de protección de inversiones tienen dos grandes ventajas para los inversionistas:
Primero, "representan una condición para que operen los mecanismos de seguros públicos de inversión de sus respectivos países. Esto último permite al inversionista acceder a pólizas de seguro para su inversión a un costo menor que el que deberían afrontar normalmente".
Segundo, los "tratados de protección de inversión extranjera incluyen como parte esencial un mecanismo de solución de conflictos, para el caso que surjan disputas entre el Estado en el que se recibe la inversión y el inversionista nacional del otro Estado. Este mecanismo es regularmente un procedimiento de arbitraje, el que puede ir o no precedido de un procedimiento de conciliación.".
Para poder utilizar este último procedimiento, los Estados que suscriban un tratado de protección de inversiones deben, previamente, ser partes del aludido Convenio.
Por esta razón, y como un primer paso hacia la negociación de tratados sobre protección de inversiones, el Gobierno ha sometido el referido Convenio a la aprobación del Congreso Nacional, como paso previo para su ratificación.
Para suscribir este Convenio, que fue celebrado el 18 de marzo de 1965, y entró en vigencia internacional el 14 de octubre de 1966, el Estado interesado debe cumplir la condición de ser miembro del Banco Mundial o signatario del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y haber sido invitado a suscribirlo por el Congreso Administrativo.
El referido tratado internacional consta de un preámbulo y de 75 artículos, los que -los más relevantes, por cierto- son reseñados en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que tienen en su poder los Honorables colegas.
En el Mensaje que envió el Ejecutivo, se destaca de una manera muy importante que la incorporación de un Estado al Convenio no implica desde luego su asentimiento en cuanto a someterse a los mecanismos de solución de controversias en él establecidos. Tampoco significa un reconocimiento automático a la jurisdicción del Centro. La incorporación simplemente convierte a un Estado en potencial usuario de los referidos mecanismos de solución, y sólo así lo decide para cada caso en particular.
Señor Presidente, Honorables colegas, no cabe duda de que respecto de la inversión extranjera los países han ido cambiando sus percepciones y actitudes. De una visión ideologizada, y hasta en cierto modo prejuiciada, se ha ido pasando inexorablemente a una visión programática y equilibrada que visualiza a la inversión extranjera como un instrumento útil para el desarrollo económico del país receptor, siempre y cuando se enmarque en la legislación interna del Estado y sirva a sus planes de desarrollo.
No cabe duda, por> tanto, que, en este contexto, un mecanismo como el consignado en el Convenio, que constituye parte del tema por debatirse en la Corporación en estos momentos, es aceptable en sus contenidos y conveniente por los resultados que a partir de él se puedan generar. Se trata de un mecanismo que concilia el interés de los países receptores, tendiente a acrecentar los flujos de inversión privada hacia sus economías, con la seguridad requerida por los proveedores de dichos recursos externos como condición de su aporte.
Por todo lo expuesto, señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a la consideración de la Sala su informe, para que se apruebe el artículo en él propuesto, que, como ha dicho el señor Secretario, expresa lo siguiente:
"Artículo único.- Apruébase el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", adoptado en Washington D. C., Estados Unidos de América, el 18 de Marzo de 1.965."
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, completando los conceptos expresados por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, quisiera destacar que hay conciencia hoy día de la importancia de la inversión extranjera, por cuanto la práctica demuestra que ella representa, no sólo recursos y capitales, de los cuales está escaso nuestro país, sino también, casi siempre, aportes tecnológicos y la posibilidad de abrir mercados.
Por ello, tal como se destacaba, todos los países del mundo reciben hoy aportes extranjeros sujetos a controles mínimos, por cuanto ellos contribuyen al desarrollo y al avance técnico, y facilitan la colocación de productos en el exterior.
Cabría sí destacar, como lo señala el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que en este momento hay en el mundo una gran competitividad por atraer recursos externos. La apertura de la Europa del Este; los cambios en las políticas económicas de Latinoamérica, y aun el despertar de África y los cambios que se producen en Sudáfrica, significan que hay muchos países que hoy tienen interés en atraer capitales extranjeros.
De allí que Chile debe estar muy atento para perfeccionar una legislación, que es muy buena, incorporando sistemas como éste, que en un momento dado facilitan la mediación y el arbitraje.
Considero que el proyecto de acuerdo que se somete a nuestra consideración es conveniente para Chile. Por ello, concurrí con mi voto favorable en la Comisión y recomiendo al Senado que le dé una amplia aprobación.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, Renovación Nacional prestará su apoyo y aprobación a este proyecto de acuerdo, atendiendo fundamentalmente a razones de bien público y de interés nacional.
La inversión extranjera es altamente deseable en todos los países. Ella es un proceso de flujo de capitales, tal como el comercio es un flujo de bienes y servicios.
La apertura del comercio no puede ser completa e integral si no va acompañada de una apertura del flujo de capitales. Esto lo han entendido los países desarrollados. Es así como también hay inversión extranjera en países muy desarrollados. Y hoy día vemos, por ejemplo, que en los Estados Unidos hay una fuerte inversión de capitales orientales y europeos. Lo mismo sucede en Europa. Es decir, el tener claros y definidos los conceptos de la conveniencia de la inversión extranjera en los países es fundamental para entender la globalidad del comercio y de la gestión económica en el mundo de hoy.
Por eso, este tipo de convenios tiene una alta conveniencia, como también la tienen los convenios comerciales, que establecen situaciones de mutua protección y conveniencia entre países. Aquello que es lícito, legítimo y conveniente en el ámbito comercial, también lo es en el ámbito de la inversión extranjera.
Por esa razón, ayer dimos tanta importancia a la discusión conceptual cuando debimos rechazar un plazo, que estimamos excesivo, para implementar la posibilidad de que los Fondos de Pensiones chilenos invirtieran en el extranjero parte de sus disponibilidades.
Hoy día, bajo el mismo concepto, estamos aprobando este proyecto de acuerdo que favorece la mutua protección a través de convenios sobre inversión extranjera; no podríamos hacerlo si no consideráramos que tía inversión extranjera es un flujo de doble sentido, que puede ser hacia un país, en determinadas áreas o momentos, y de vuelta, en otros momentos o áreas.
Convenios como éste implican un flujo de doble sentido de la inversión extranjera. No podemos pensar que tal inversión sólo puede ser desde el exterior hacia Chile y nunca pueda haberla desde nuestro país hacia el exterior. Eso es mantener una mentalidad antigua, pequeña, que no se condice con los requerimientos de los flujos de capitales en un mundo moderno y abierto.
Por eso estamos aprobando este proyecto y estimamos tan importante precisar los conceptos que hay tras él. Por eso, también, fuimos tan claros en la sesión anterior para señalar que el debate sobre la posibilidad de que Chile invierta en el exterior se originaba a través de la iniciativa que ayer estábamos rechazando. Damos prioridad al hecho de que el país se abra hacia el exterior.
Por eso, dentro de nuestra aprobación, no podemos sino mencionar la aprensión que hoy día existe en el empresariado chileno por no haber reaccionado debidamente los estamentos de Gobierno en estas materias y por haber provocado la ausencia de la primera autoridad del país en la inauguración de la mina "La Escondida", el proyecto de inversión extranjera más grande que Chile haya conocido en su historia, el que tiene comprometidos recursos por mil millones de dólares.
En consideración a lo anterior, señor Presidente, nosotros vamos a aprobar el proyecto de acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, nosotros, tal como se ha dicho aquí, también vamos a aprobar la iniciativa. Pero no me parece correcto que cada vez que se discute un proyecto con un objeto específico, se hagan alusiones que, en mi concepto, están absolutamente fuera de lugar y destinadas, al parecer, a justificar conductas que nada tienen que ver con el asunto en debate.
En el día de ayer discutimos el tema de la inversión extranjera, en circunstancias de que no era ése el problema de fondo que se estaba analizando; se trataba simplemente de postergar el plazo para la dictación del reglamento de una ley que está vigente pero no puesta en práctica en una parte, pues los organismos que debían dictarlo no lo habían hecho. Y en Comisiones se explicaron las causas por las cuales ello no ha sido posible.
Es evidente que detrás de esa iniciativa se advierte la necesidad de tener un debate -en algún momento el Senado deberá efectuarlo- acerca del tema de la inversión de capitales. Y no sólo de capitales privados, sino también de los pertenecientes a los trabajadores chilenos, quienes, a través de los conductos correspondientes, tendrán la posibilidad de expresar si están de acuerdo o no con invertir sus fondos en el extranjero y si consideran que los mecanismos que existen para resguardarlos corresponden a sus propias exigencias.
Tampoco procede vincular el asunto con la presencia o no del Presidente de la República en el acto de inauguración de un yacimiento cuprífero muy importante, pues ello debe estar condicionado a los programas del Primer Mandatario, quien determina, de acuerdo con la importancia de su cargo, las prioridades que el mismo le exige.
No me parece adecuado relacionar ésta y otras cosas para tratar de justificar ciertas conductas. Considero suficiente señalar la conveniencia de que nos sigamos abriendo al exterior, porque ahora que nuestra nación goza de democracia y tiene prestigio internacional, sus posibilidades de acceder al mundo son cada vez mayores. Y si en algún momento Chile supera la barrera del subdesarrollo y alcanza mejores niveles y capacidad para invertir en el extranjero, tendremos que ver con muy buenos ojos que el país pueda dedicarse a exportar capitales y ayudar a las naciones subdesarrolladas. Pero no parece razonable que hoy abramos un debate sobre ese tema, pues lo que estamos analizando aquí es otra cosa. Ya tendremos oportunidad de discutirlo.
En consecuencia, señor Presidente, quisiera que centráramos el debate en la idea contenida en la iniciativa. Y si todos estamos de acuerdo, me parece inútil seguir discutiendo materias que nada tienen que ver con ella.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NUÑEZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos a aprobar este proyecto de acuerdo.
Pero queremos formular dos reflexiones.
Cuando manifestamos nuestra voluntad de legislar sobre el punto, teníamos claro que en nuestro país -y, en general, en las economías mundiales-, se ha producido un cambio sustantivo en las relaciones entre los nacionales de cada Estado y entre los Estados mismos, en materia de inversión extranjera. Y sabemos que hoy día existe una suerte de pragmatismo internacional sobre el tema, todo lo cual nos lleva necesariamente a suscribir un convenio de esta naturaleza a través de un proyecto de acuerdo.
El debate relativo a la inversión extranjera, sin embargo, es bastante más de fondo, y requiere de un análisis mayor que el que podamos realizar a propósito de la discusión de esta iniciativa.
Entiendo que en la Comisión de Economía y Comercio -y seguramente en algún momento en la Sala-- vamos a poder analizar con más detenimiento el estatuto del inversionista extranjero, y examinarlo desde la perspectiva de nuestro desarrollo y crecimiento económico y de cuáles son los intereses nacionales que tenemos la obligación histórica de preservar. No se trata de levantar banderas nacionalistas o que puedan llevarnos a un proteccionismo extremo, el cual está desapareciendo del mundo actual y particularmente de las relaciones internacionales. No estamos por un enfoque de esa naturaleza ni pretendemos proyectar nuevamente visiones autárquicas de la economía nacional.
Sin embargo, sigue planteado para Chile el tema de la inversión extranjera, a lo menos desde una perspectiva nacional. Para nosotros, todo inversionista extranjero, aparejada con su decisión de invertir en nuestro país, debe traer más tecnología que la que aquí pueda haber. Y ésta es una exigencia que debemos imponer a todos. Me refiero a tecnologías que en general Chile no posee y que hoy forman parte de un sistema de dominación económica que normalmente hace más subdesarrollados y atrasados a países como los nuestros, y mucho más desarrollados a los que hoy cuentan con esos adelantos.
Repito: la exigencia que nosotros debemos hacer a todo capital extranjero es que, desde la perspectiva de los intereses nacionales, necesariamente deba constituir un aporte tecnológico significativo, dentro de un proceso de cambio que es extraordinariamente acelerado en el mundo actual.
En segundo lugar, toda inversión extranjera debe, no digo resolver un mal endémico de nuestras economías, pero sí, por lo menos, paliar en algo las dificultades que con respecto a este punto tenemos. Me refiero básicamente al tema del desempleo, de la cesantía.
Todo capital extranjero debe entender que en países como los nuestros existe como mal habitual, como problema estructural de la distribución de su riqueza, el del desempleo. Y desde una perspectiva nacional debemos hacer ciertas exigencias en este sentido, para los efectos de ir resolviéndolo teniendo en claro que, en las economías de naturaleza como las que poseemos, existen siempre niveles de desempleo y cesantía relativamente altos.
Y, en tercer lugar, el país debe realizar un esfuerzo, a través de sus disposiciones legales, a fin de que el capital extranjero nos permita agregar mayor valor a nuestras riquezas naturales.
Me parece extraordinario lo sucedido en "La Escondida"; valoro lo que existe en esa empresa y en esa explotación minera, en donde hay una inversión de 860 millones de dólares -efectuada por cuatro empresas del más alto nivel en el mundo- que nos parece importante. Pero no olvidemos que, en este momento, "La Escondida" exportará concentrado durante 12 años, y que en nuestra nación no va a haber capacidad de fundición, en circunstancias de que Chile tiene avanzada experiencia en ese plano, y podemos seguir desarrollándola.
Además, existen otras prácticas de la misma índole. En este sentido, considero interesante lo que sucede en algunos sectores de la economía del país. Por ejemplo, en la industria forestal, donde se ha producido un notable desarrollo y avance desde el punto de vista de las inversiones extranjeras, y cuyo mayor nivel tecnológico le ha permitido resolver, en alguna medida, ciertos problemas permanentes de ese sector, agregando un considerable valor a nuestros bosques.
Pero ello no ocurre en todos los sectores de nuestra economía. Por eso, junto con manifestar nuestra disposición de apoyar, naturalmente, el proyecto, realizamos esta reflexión haciendo presente a los Honorables colegas que éste es un tema en el que, sin ideologismos -como señalaba el Honorable señor Navarrete-; sin pretender hacer política -en el sentido menor del término-, y sin la intención de efectuar análisis que puedan retrotraernos a viejas discusiones que hubo en el país con relación a esta materia, el Senado tiene la obligación, en algún instante, de inaugurar un debate de fondo. Porque considero que ello dice relación con las perspectivas de desarrollo y crecimiento para nuestra nación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor GUZMÁN.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, las intervenciones que se acaban de escuchar en esta Sala en torno al tema de las inversiones extranjeras son de extraordinario interés y muy incitantes a un intercambio de opiniones eventualmente polémico, pero enriquecedor, para clarificar criterios al respecto.
Sin embargo, me permito sugerir muy respetuosamente a todos mis Honorables colegas evitar que, a propósito del despacho de proyectos de ley que tienen una finalidad muy precisa y específica -en la cual estamos todos de acuerdo-, se puedan abrir debates que, por una parte, no logran llegar a la profundidad que ellos merecen, y, por otra, retardan el despacho de las iniciativas.
En esta perspectiva, creo que sería del todo aconsejable que nos remitiéramos en la discusión y el despacho de los proyectos de ley solamente a aquellas observaciones que digan directa relación con la materia que en cada caso nos ocupa.
En mérito a esa consideración, voy a partir por no formular ningún comentario ni observación con respecto al tema de las inversiones extranjeras -que aquí se ha planteado, más allá de lo que el proyecto exige-, ya que estimo, en lo que concierne a la iniciativa, que ésta debe ser aprobada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no hay ninguna observación de algún señor Senador, se daría por aprobado el proyecto en general y en particular.
Aprobado.
MODIFICACIÓN DE DFL N° 2.128, DE 1930, DE JUSTICIA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el DFL N° 2.128, de 1930, de Justicia, que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil e Identificación, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con las firmas de los Senadores señores Lavandera, Pérez, Letelier, Vodanovic y Guzmán, propone la aprobación del proyecto en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados.
En la página 3 del informe viene copiada la iniciativa. Y la Comisión, por unanimidad la despachó.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36a, en 5 de marzo de 1991.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor VODANOVIC.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, el informe que está en conocimiento del Senado fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y por el carácter de "Simple" de la iniciativa, y por llenar una necesidad indiscutible, solicito a los señores Senadores que ésta sea aprobada en la misma forma.
Al respecto, basta leer su texto para comprender el carácter innegable de sus normas. Dice así:
"Los certificados expedidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación deberán contener copia íntegra de la partida a que se refieren y de todas las subinscripciones anotadas al margen.
"Sin embargo, el Servicio podrá expedir certificados atinentes a uno o más hechos que aparezcan en una inscripción; pero, en este caso, dejará expresa mención de esta circunstancia en el mismo certificado.
"Los certificados podrán ser manuscritos, dactilografiados o confeccionados en forma mecanizada. En el caso de las copias íntegras, podrá otorgarlas, además, mediante fotocopias, debidamente autorizadas.
"Los certificados que se expidan en forma mecanizada, por medio del procesamiento electrónico de datos, serán autorizados por funcionarios especialmente facultados para ello en la oficina en que se requieran.".
Se trata, en esencia, de legalizar o regularizar una situación que se viene produciendo, en virtud de la cual es indispensable expedir certificados mediante métodos más modernos; y no como muy antiguamente se hacía, sólo a través de la escritura.
Por esas consideraciones, solicito que el proyecto sea aprobado por el Honorable Senado.
Nada más, señor Presidente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, complementando la información entregada por el Senador señor Vodanovic en su calidad de Presidente de la Comisión, quisiera dejar constancia de que, dado que en la práctica se ha adelantado el otorgamiento de estos documentos a su regulación legal, la Comisión estimó importante consignar que ello no afecta en absoluto la validez de los documentos que se hayan podido conceder con estos nuevos métodos de fotocopia o de computarización.
Por otro lado, consideramos que hubiese sido preferible que en el inciso final, que se refiere a los "funcionarios especialmente facultados para ello en la oficina en que se requieran", se dijera expresamente que debían ser facultados por el oficial civil de la circunscripción correspondiente, a fin de que no se vaya a entender que quien debe otorgar esa autorización es el Director del Servicio.
Dado que ello habría implicado un tercer trámite constitucional y la exigencia de que el proyecto, por esa sola razón, retornara a la Cámara de Diputados, preferimos aprobarlo con el mismo texto con que vino de esa Corporación, dejando constancia, empero, de esa interpretación y de ese criterio en el informe con que la Comisión somete a la consideración del Senado la aprobación del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si no se formularen observaciones, se daría por aprobado en general y en particular el proyecto.
Aprobado.
MODIFICACIÓN DE D. L. N° 3.580, DE 1980, SOBRE DEPÓSITOS FRANCOS AERONÁUTICOS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el decreto ley N° 3.580, de 1980, sobre Depósitos Francos Aeronáuticos, con informe de la Comisión de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, con la firma de los Honorables señores Frei (Presidente), Lavandero, Gazmuri y Piñera, propone la aprobación del siguiente proyecto de ley:
"Artículo único.-
Intercálase entre los incisos segundo y tercero del artículo 1° del decreto ley N° 3.580, de 1980, el siguiente inciso:
"También, podrá establecerse este tipo de recintos para ser utilizados por empresas que presten servicios de apoyo a compañías de aeronavegación que operen servicios internacionales. No obstante, en estos recintos sólo se podrá ingresar especies destinadas al mantenimiento y conservación de las aeronaves, como así también, las máquinas, aparatos, piezas, repuestos, herramientas y equipos descritos en el inciso anterior. Las especies ingresadas a estos depósitos, no podrán salir de los recintos del aeropuerto.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Si ningún señor Senador hace uso de la palabra, y teniendo presente que viene informado favorablemente por la Comisión, y que, además, es un proyecto que tiene un artículo único, se daría por aprobado en general y particular.
Aprobado.
APLICACIÓN DE LEY SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL A DETERMINADAS EDIFICACIONES. FORMACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pongo en conocimiento del Honorable Senado que el proyecto que aprobara sobre autorización a las municipalidades para enajenar ferias y mercados sin sujeción a la Ley de Pisos, fue modificado por la Cámara de Diputados, que rechazó dos de las indicaciones aprobadas por el Senado. Corresponde, por tanto, formar una Comisión Mixta, y, en conformidad con lo que se ha acordado, actuaría en ella la Comisión de Vivienda.
Se me ha sugerido que podría funcionar el día 2 de abril próximo, a las 12:30, de manera que solicitaría a los miembros de la Comisión de Vivienda que se constituyeran en la Comisión Mixta -de común acuerdo con la Cámara- el día y la hora indicados.
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO DE INMUEBLES FISCALES A "FUNDACIÓN PABLO NERUDA"
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha llegado a la Mesa el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza la transferencia, a título gratuito, de los inmuebles fiscales que indica a la "Fundación Pablo Neruda".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1990.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 39a, en 20 de marzo de 1991.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Comisión aprobó por unanimidad el proyecto. Además, fue tratado en la Sala en el día de ayer, oportunidad en la que se explicaron suficientemente las razones que aconsejaron corregir la primitiva redacción.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Gracias, señor Presidente.
Tal como lo dijo Su Señoría, en la sesión de ayer se explicaron los fundamentos del proyecto y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para proponer una redacción alternativa por parte de la Comisión.
Debe tenerse presente, señor Presidente, que el proyecto requiere quórum calificado para la aprobación de su artículo 2° y, al parecer, en este momento no lo hay en la Sala.
El proyecto de ley en informe autoriza al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, dos inmuebles -actualmente fiscales- que corresponden a la casa del poeta Pablo Neruda y a un predio colindante con el anterior, ubicados en la localidad de Isla Negra, provincia de San Antonio, a la "Fundación Pablo Neruda", entidad encargada de la preservación, propagación y difusión de su obra.
Asimismo, este proyecto autoriza, como homenaje al poeta y a su cónyuge Matilde Urrutia, que los restos de ambos sean exhumados y descansen definitivamente en la propiedad en la que el vate vivió y donde escribió gran parte de su obra.
Finalmente, permite prorrogar el plazo de protección de los derechos de autor, en beneficio de la referida Fundación, de 30 a 50 años, contados desde la fecha de fallecimiento del poeta.
La redacción alternativa propuesta por la Comisión -más específicamente, por la Honorable señora Feliú- se elaboró de común acuerdo con los representantes de la Fundación y del Ejecutivo.
El proyecto de ley consta de tres artículos permanentes. Un artículo 1° que autoriza al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, a la "Fundación Pablo Neruda", el dominio de los inmuebles de propiedad del Fisco de Chile ubicados en la localidad de Isla Negra, ya individualizados a propósito de los antecedentes que se han tenido en consideración para el estudio de la iniciativa, que, de alguna manera, ya he mencionado. Un artículo 2° que autoriza a la "Fundación Pablo Neruda" para que, previos los trámites de rigor, proceda a efectuar la exhumación, el traslado y la inhumación de los restos mortales del poeta y de su cónyuge Matilde Urrutia Cerda, desde sus actuales sepulturas en el Cementerio General de Santiago al inmueble donde vivieron en la localidad de Isla Negra. Y un artículo 3° que establece en beneficio de la "Fundación Pablo Neruda" la prórroga de la protección de los derechos de autor de que es dueña, en la forma indicada en la ley N° 17.336.
Señor Presidente, estimados colegas, en el fondo, este proyecto, que es un homenaje al poeta Pablo Neruda -una de las figuras universales de la literatura chilena y de las letras, en general-, fue aprobado por unanimidad por la Comisión y, en consecuencia, propongo al Honorable Senado actuar en la misma forma.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El artículo 2° del proyecto requiere un quórum especial, por lo que suspenderemos la sesión un momento a fin de llamar a los señores Senadores que se encuentran en Comisiones para que se reintegren a este recinto, de conformidad con lo acordado al autorizar el trabajo paralelo de las Comisiones y la Sala.
El señor LAVANDERO.-
Que la suspensión sea de 10 minutos, para que exista un plazo determinado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sé suspende la sesión por 5 minutos, hasta que se reintegren los señores Senadores que se encuentran en Comisiones.
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-Se suspendió a las 11:48.
-Se reanudó a las 11:58.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
Ofrezco la palabra sobre el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas, creo conveniente destacar en esta oportunidad la posición y el criterio mantenidos por todos los Senadores que participamos en la Comisión, tanto de Gobierno como opositores, y la Senadora institucional señora Olga Feliú, en orden a mirar sin sectarismo este traspaso de bienes del Estado a la "Fundación Pablo Neruda", pese a tener cada uno de nosotros motivaciones distintas.
Renovación Nacional se hace un deber el dejar constancia de que, conociendo la posición política de varios de los que dirigen esta Fundación, y partiendo de la base de que la buena fe se presume, la finalidad que ha tenido presente para concurrir en un rato más con sus votos favorables a fin de que, en definitiva, se apruebe el proyecto será permanentemente respetada.
Señalo lo anterior, porque no cabe duda de que don Juan Agustín Figueroa y las demás personas que lo acompañan en el directorio son respetuosos de todas las ideas, tesis que, por lo demás, también compartimos.
La obra y brillo de Pablo Neruda traspasan largamente las diferencias de tipo político. Y, naturalmente, como amantes de la cultura, admiramos al escritor, al artista, al poeta. Y como chilenos, nos sentimos orgullosos de su obra artística y literaria y del hecho de que por sus merecimientos haya logrado un Premio Nobel.
En consecuencia, estamos convencidos de que la Fundación cumplirá cabalmente sus objetivos, entre los que destacan una importante labor cultural y el dar a conocer la obra de Neruda con un criterio amplio, sin posiciones sectarias que pudieran desnaturalizar las finalidades tenidas en vista al momento de concebirse dicha entidad.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional a la iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
En efecto, como manifestó el Honorable señor González, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que estudió el proyecto, se ha dado una nueva redacción al texto propuesto por el Ejecutivo, sobre la base de conciliar tres aspectos fundamentales de la Constitución Política: el principio de igualdad ante la ley, las materias propias de ley, y en especial, el hecho de que mediante esta iniciativa se rinda un homenaje público al gran servidor que fue Pablo Neruda.
El primero de ellos se consagra en el artículo 1°, en lo relativo a que la obra del poeta reciba el homenaje de las generaciones presentes y sirva de ejemplo a las futuras. En esa perspectiva, junto con rendírsele este tributo, se establece que sus restos mortales y los de su viuda serán sepultados en el que fuera su hogar en Isla Negra.
El artículo 2° contiene una modificación legal de carácter general, para que las corporaciones y fundaciones de derecho privado sin fines de lucro que tengan iguales fines que los de la "Fundación Pablo Neruda" puedan ser beneficiarías de una cesión gratuita de terrenos fiscales comprendidos en la faja de playa de 80 metros de ancho.
Por su parte, el artículo 3° dispone que, por decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá determinar, respecto de las corporaciones y fundaciones de idéntica naturaleza que la "Fundación Pablo Neruda", que los derechos de autor consignados en la ley N° 17.336 tengan una duración de 50 años, y no de 30, como es la regla en ese cuerpo legal.
Reitero, señor Presidente, que la nueva redacción dada a la iniciativa concilia el principio de igualdad ante la ley, el homenaje público a los grandes servidores y las materias propias de ley.
Por lo anterior, pido a la Sala aprobar el proyecto en la forma propuesta por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Sólo deseo expresar que me asocio de manera entusiasta a esta iniciativa, señor Presidente.
En otras oportunidades, mientras me desempeñé en la Editorial Jurídica de Chile, mantuve contactos muy estrechos con la "Fundación Pablo Neruda". Me constan no sólo la objetividad, sino también el sentido cultural profundo con que trabaja, y conozco a su gente.
Por lo anterior, en nombre del Comité Independiente de 3 Senadores, y muy en especial del Honorable señor Alessandri, quien no pudo estar presente, doy mi más entusiasta adhesión a este proyecto.
Nada más, muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, más allá de las disquisiciones jurídicas, más allá de las ideologías, lo que hacemos hoy es una reparación, además de constituir una honra necesaria.
Como país, tenemos una tradición histórica, una tradición de fineza y de grandes poetas: los más grandes, pues hemos obtenido, con gran orgullo, dos Premios Nobel. Durante la época pasada, hubo gente que no entendió esa fineza, que no entendió la poesía, que no entendió la belleza ni el sentido espiritual. Y muchos, por ideología, rompieron y pisotearon, en la propia casa en que se encontraban, aquellas cosas que Pablo Neruda amaba. Por eso, nos parece que hoy día esta iniciativa viene a reparar con celo un mal injustamente causado.
Con mucho entusiasmo y con emoción profunda, nuestra bancada también dará su acuerdo al proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Guzmán.
El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, porque Pablo Neruda es una gloria de nuestras letras; porque con ello ha dignificado al país y lo ha extendido a lo largo del orbe, y porque hablar de Pablo Neruda y de Isla Negra es una sola y misma cosa, este Comité adhiere, asimismo, con profundo respeto y entusiasmo, al proyecto de ley que se propone a la consideración del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, de modo que también apoyo con mi firma, por supuesto, el texto en estudio.
Deseo recalcar algunas cosas.
En primer lugar, aquí se está rindiendo un homenaje al poeta Pablo Neruda, no al militante de un determinado partido político; ni siquiera al Senador o al embajador, calidades que también ostentó. Es por su obra literaria que se lo hemos rendido, y por ella le hemos tributado un reconocimiento.
Indiscutiblemente, el hombre es uno. Pero, dentro de esa unidad personal, estamos rindiendo homenaje -repito- a su excelencia como poeta.
En segundo término, deseo repetir una frase, una vez más: "En el principio, era el Verbo". Creo que siempre va a ser el verbo. Pablo Neruda, al igual que Gabriela Mistral y otros, nos ha dado a conocer más que nuestros productos materiales. El cobre, el salitre, pueden tener una vida efímera, o bien, larga; sin embargo, algún día se acabarán. Pero la poesía es eterna, como lo es la música. Y eso lo encarnó perfectamente bien el grande e insigne poeta Pablo Neruda.
Asimismo, deseo destacar un hecho. Me parece que es la primera vez, o una de las primeras veces, que un museo se destina a una Región, lo cual estimo muy importante, al igual que la circunstancia de que sea la de Valparaíso. Si bien ésta no fue la cuna del nacimiento físico de Neruda, constituyó el lugar donde quizás pudo alcanzar mayor altura su poesía, en contacto con la naturaleza, en contacto con el mar.
Creo que Pablo Neruda ha sido un excelente marino de la poesía y uno de los mejores embajadores que ha tenido Chile para dar a conocer nuestra patria en todo el mundo.
Por eso apoyamos los Senadores democratacristianos la iniciativa que nos ocupa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En conformidad a las opiniones expuestas y al informe de la Comisión, se daría por aprobado en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, quedaría también despachado en particular.
Aprobado.
Se deja constancia de que los 34 Senadores presentes han concurrido al acuerdo, lo que excede el requerimiento constitucional, particularmente en lo relativo al artículo 2° del texto.
MODIFICACIÓN DE REQUISITOS EN PLANTAS Y CARGOS DE DIVERSOS ORGANISMOS, Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS COMPLEMENTARIAS, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se había planteado la posibilidad de tratar hoy en la mañana el proyecto que figura en primer lugar del Orden del Día, esto es, el que modifica requisitos en planta y cargos de organismos que señala y dispone otras normas complementarias, de administración financiera y de incidencia presupuestaria, pero no ha llegado aún el informe de la Comisión de Hacienda. Me comunican que en una hora más estaría a nuestra disposición.
En el día de ayer el Honorable señor Calderón estaba inscrito para rendir un homenaje en memoria de don José Tohá González. Lamentablemente, no alcanzó a hacerlo, por lo cual le ofreceré la palabra en esta oportunidad.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Quisiera saber si estamos en la hora de Incidentes o prosigue el Orden del Día.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entraremos a la parte de la sesión destinada a rendir un homenaje, señora Senadora.
Si le parece a la Sala, podríamos volver a reunimos dentro de una hora, para despachar la iniciativa a que he hecho referencia, sin perjuicio de que, oído el homenaje que rendirá el Honorable señor Calderón, se celebre a las 12:30 una reunión de Comités a fin de tratar el tema determinado ayer.
¿Habría acuerdo?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite una sugerencia, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Con todo respeto, pienso que procede discutir ese punto una vez que el Senador señor Calderón haya intervenido.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON JOSÉ TOHA GONZÁLEZ. COMUNICACIÓN
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente, señores Senadores:
Me pongo de pie, en esta Sala, para rendir homenaje a José Tohá González, cuyo fallecimiento -hace diecisiete años- recordamos el 15 de marzo.
Entiendo que en el Senado se rinde homenaje a los más destacados ciudadanos, y me parece indudable que José Tohá fue un destacado y admirable hombre público.
Nació en 1926 en Chillan, hijo de José Tohá Soldavilla, español, y de la señora Brunilda González Monteagudo, chilena.
Ya a los 18 años mostró su vocación social y su disposición a volcar sus mayores esfuerzos en la búsqueda de mejores destinos para su pueblo. Siendo Presidente de la Federación de Estudiantes de Nuble fundó, en 1944, el Liceo Nocturno "Bernardo O'Higgins", de Chillan.
Al año siguiente ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y más tarde, en 1951, fue elegido Presidente de la Federación de Estudiantes de esa Universidad (FECH).
En ese tiempo opta por la militancia política en la Juventud Socialista. Y en aquellos años, también, conoce a Salvador Allende, con quien establece una profunda amistad que desbordará lo personal, convirtiéndose en uno de sus más cercanos colaboradores, hasta su muerte.
Desde 1960 a 1970 dirigió el vespertino "Ultima Hora". Al producirse la victoria de Salvador Allende en la elección de 1970, el Presidente electo no dudó un instante en decidir quién asumiría la Cartera del Interior. Las circunstancias eran complejas y las cualidades políticas y morales de José Tohá resultaban óptimas como apoyo de la misión presidencial. Más de una vez se escuchó confesar a Allende que Tohá era quien mejor lo interpretaba.
Su labor ministerial fue de altura, siempre comprensiva, ponderada y constructora de puentes hacia las fuerzas opositoras. Tanto desde el Ministerio del Interior como del de Defensa, y, en dos ocasiones, en calidad de Vicepresidente de la República, defendió con firmeza la institucionalidad democrática. La espigada figura de José Tohá junto a la del entonces Comandante en Jefe del Ejército, General Carlos Prats, en las acciones contra los tanques movilizados por un grupo de militares subversivos el 29 de junio de 1973, es una imagen que ha graficado para la posteridad la consecuencia y fidelidad democrática de ambos.
Después del 11 de septiembre de 1973, junto a gran parte de los dirigentes de la Unidad Popular y de las autoridades de Gobierno, José Tohá fue a parar a la isla Dawson. El rigor del cautiverio minó aceleradamente su salud. Su cuerpo, ya delgado, perdió casi 30 kilos en pocos meses. Era tal la gravedad de su estado físico que dos veces fue llevado al hospital de Punta Arenas, y el 1° de febrero de 1974 se le trasladó al Hospital Militar de Santiago.
Yo me encontraba herido y recluido allí, y tuve ocasión de verlo por vez postrera. Todavía no estoy seguro si mi visita fue permitida por autorización superior o por humanidad de los oficiales y soldados de guardia. Más allá de la emoción del encuentro, dos cosas me quedaron grabadas: una fue su terrible deterioro físico, que además de haberlo llevado a una delgadez extrema, le estaba haciendo perder la visión; la segunda, su pregunta reiterada, a lo largo de la conversación: "Pero, si tienen algo en contra de mí, ¿por qué no me juzgan?". Me contó que había recibido la visita del General Arellano Stark, a quien había solicitado formalmente lo mismo: que lo juzgaran. Sin embargo, su demanda nunca fue acogida.
A pesar de su estado de salud siguió siendo sometido a interrogatorios, hasta que un día, el 15 de marzo de 1974, apareció muerto.
El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dice: "Falleció en la fecha ya indicada encontrándose en grave estado de desnutrición. La versión entregada a los familiares por las autoridades fue que se había suicidado. No obstante lo anterior, esta Comisión ha llegado a la convicción de que se trata de una víctima de violación de sus derechos humanos, teniendo presente las circunstancias que rodearon su muerte, tales como su prolongada detención, las condiciones físicas en que se encontraba y los apremios físicos a los que fue sometido.".
¿Por qué lo condujeron a la muerte? La respuesta, que a la vez ofrece una caracterización genial de la personalidad de José, la da el General Prats en una carta que escribiera a la viuda, la señora Moy. Decía "...porque no les resultaba tolerable ni compatible exhibir como marxista a un ser de tanta sensibilidad social, de tanta nobleza y dignidad personal y de tanta misericordia humana.".
Nada justifica ninguna violación de los derechos humanos. Sin embargo, no queremos desconocer que los distintos sectores políticos contribuimos a crear un clima que facilitó los excesos de esa índole. Los socialistas hemos asumido públicamente, a través de las palabras del Presidente del Partido, Jorge Arrate, nuestra responsabilidad en ello. Pero, si hay un socialista que merezca ser excluido de esas responsabilidades; si hay uno al que no se podría acusar de haber ayudado a polarizar a la ciudadanía; si hay uno que se caracterizó por el respeto al adversario y por buscar el diálogo y el entendimiento, sin, por eso, renegar de sus posiciones, ese socialista fue José Tohá González.
Señor Presidente, más importante que estas palabras de recuerdo en el Senado es que todos pudiéramos tributar homenaje a José Tohá con una práctica política nueva, en la que, inspirándonos en su ejemplo, mantengamos la lealtad a nuestras ideas y nos esforcemos por corregir los errores del pasado.
He dicho. ,
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, Honorables colegas, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, queremos sumarnos al homenaje que, con justicia, se rinde hoy a un hombre que, si hubiera estado vivo, no cabe ninguna duda de que habría compartido con plenitud los principios que hoy inspiran al Gobierno de la Concertación.
Su vida, su obra, su conducta en los momentos difíciles que vivió el país, ameritan que pongamos su nombre como ejemplo para una tarea que requiere, cada vez más, un espíritu de renunciamiento -muchas veces-, ante situaciones que uno puede considerar extremadamente justas desde el punto de vista de las ideas que sustenta, pero que, puestas en la perspectiva del interés del país, es preciso ser capaces de dejar de lado.
José Tohá, miembro de un Gobierno del cual fuimos adversarios, tuvo una conducta intachable. Creo que hoy día, cuando rememoramos su figura, debiéramos hacer los mayores esfuerzos para que su sacrificio y el de mucha otra gente en el curso de los años pasados tenga algún sentido en la tarea de reconstruir la convivencia entre todos los chilenos.
Pensamos que el mejor homenaje que podemos rendir a José Tohá es que cada uno de nosotros, más allá del discurso, más allá incluso de la palabra emotiva, procuremos con nuestra conducta hacer realidad el sueño que él y muchos otros compatriotas trataron de materializar a lo largo de la historia: hacer de Chile un país de hermanos, donde a pesar de nuestras diferencias podamos vivir en paz y en fraternidad, porque aquí nadie sobra y ésta es una tierra que debe ser para todos los chilenos.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
El señor SULE.-
Señor Presidente, Honorables colegas, es difícil hablar en estas circunstancias de tan distinguido amigo, con quien tuve el honor de estar confinado -junto con su hermano Jaime, actual Ministro del Gobierno democrático- en la isla Dawson.
Allá y en Chile entero, con ocasión del golpe de Estado, nos desnudamos, y la verdad irrumpió, violenta y descarnada, en el país y en todo el mundo. Y en los ojos y en el corazón de todos los demócratas del mundo está grabado lo que ahí ocurrió y lo que hizo, fuera y dentro de la prisión, ese gran hombre que fue José Tohá.
José Tohá murió como consecuencia de las medidas de represión que en contra de su persona se adoptaron. Pero murió, también, porque se agotó. Empleó hasta la última de sus fuerzas recogiendo entre sus manos, entre sus brazos y en su cuerpo -así como la madre recoge y protege al hijo-, la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos, con el propósito de que una vez que en Chile iluminara nuevamente la democracia, pudieran restituirse a ésta esos valores.
Por eso, con tremenda emoción, el Comité Radical-Social Demócrata recuerda a José Tohá y le agradece su extraordinario gesto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, los Senadores de estas bancas también queremos sumarnos, en esta hora, al homenaje que se rinde a don José Tohá; a la persona que, como su familia, dejó una huella en la provincia de Nuble, y al hombre público, moderado, equilibrado en épocas de convulsión, que tiene ciertamente una notable hoja de vida de servicio público, independientemente de las discrepancias de ideas que hayamos podido mantener.
Por ello, nos sumamos al homenaje que en su recuerdo se rinde en esta Corporación en el momento del aniversario de su muerte.
Hacemos votos para que don José Tohá tenga paz, y los suyos, consuelo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.- Señor Presidente, creo que las palabras vertidas en esta Sala son la suma de lo que el país anhela: la reconciliación y el reencuentro. ¿ Por eso, me parece absolutamente necesario que todas estas expresiones sean recogidas y transmitidas a la familia de don José Tohá.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Con el asentimiento de la Sala, así se procederá.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente a Sus Señorías que acordamos tratar el primer punto de la Tabla cuando llegara el informe de la Comisión de Hacienda. El señor Secretario me comunica que aún no se ha recibido.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Según se me ha indicado, lo tendríamos en la Sala en tres cuartos de hora más. Por eso el señor Presidente propuso suspender la sesión y reanudarla después de la reunión de Comités que se realizará para estudiar la distribución de oficinas en la torre que en definitiva albergará a los señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, tal vez sería conveniente tratar el proyecto de inmediato, puesto que la Comisión de Hacienda sólo varió el criterio del primer informe para dejar constancia de algunos hechos que podríamos señalar en este instante, si la Sala así lo requiriera.-
Tanto el Presidente de la Comisión, el Honorable señor Eduardo Frei, como el Senador que habla podemos dar una información verbal, para no retrasar el despachó de la iniciativa ni hacer esperar a los señores Senadores hasta que llegue el segundo informe.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se adoptará el criterio anunciado por el Honorable señor Lavandero.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, ¿qué urgencia tiene este proyecto?
El señor VALDÉS (Presidente).-
El plazo vence el 22 de marzo.
El señor PÉREZ.-
No sé si el Reglamento lo permite. Pero mientras llega dicho informe, ¿por qué no entramos a la hora de Incidentes y posteriormente analizamos la iniciativa?
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Es una buena sugerencia, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Así es. Sin embargo, también es posible proceder a un informe verbal, si los señores Senadores no tienen inconveniente.
El señor RÍOS.-
Nos parece más adecuado contar con el informe, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, entraremos a la hora de Incidentes.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde el tiempo al Comité Radical-Social Demócrata.
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON GUILLERMO MANUEL UNGO. COMUNICACIÓN
El señor SULE.-
Señor Presidente, me he puesto de pie porque deseo rendir un muy sentido homenaje a un distinguido y querido amigo de muchos de los señores Senadores aquí presentes, un gran latinoamericanista, profesor, político, rector de la Universidad Central de su país, El Salvador. Me refiero a don Guillermo Manuel Ungo, quien falleció hace aproximadamente un mes, a los 60 años de edad, en Ciudad de México, donde se hallaba exiliado.
La mitad de su vida la dedicó a una intensa actividad política, que le significó dos exilios.
En 1960, a los 29 años, integra el Consejo Central de Elecciones, después del derrocamiento del Gobierno Militar del señor José María Lemus y con la instalación de una Junta Cívico-Militar.
Objetivo fundamental del nuevo Gobierno era el de realizar por primera vez en la historia salvadoreña elecciones verdaderamente libres.
En 1961 es derrocada esa Junta precisamente porque el sistema vigente no podía permitir que el pueblo escogiera en forma libre a sus gobernantes.
Ungo expresa más adelante con mucha, claridad esa situación al decir: "En mi país" (El Salvador) "la democracia es considerada subversiva, y por ello los demócratas son sujeto de persecución, cárcel y muerte".
Al producirse este hecho, Ungo renunció a su cargo en el Consejo Electoral, permaneciendo en el país mientras varios de sus compañeros eran enviados al exilio.
En 1968 su partido, miembro de la Internacional Socialista, que preside el señor Brandt, obtiene reconocimiento legal, y ese mismo año participa en elecciones parlamentarias, logrando una importante cantidad de Diputados.
En 1969, después de la guerra de las 100 horas entre El Salvador y Honduras, Ungo es elegido Secretario General de su partido, cargo que desempeñó hasta el día de su muerte.
Durante su vida mantuvo una lucha política pacífica, buscando conquistar la democracia y la justicia social. Ya desde 1972 había solicitado e impuesto a su partido la búsqueda de una solución política al problema de El Salvador.
Desde la presidencia de su partido, don Guillermo Manuel Ungo trabajó constantemente por lograr la paz con democracia y justicia en su país por medio -como lo he señalado- de una solución política negociada en las Naciones Unidas, en el Movimiento de Países No Alineados, en la internacional Socialista, en la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos. Esto, desde luego, le valió ser elegido como uno de los Vicepresidentes tanto de la Internacional Socialista como de la COPPPAL y de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos.
Se ganó el reconocimiento y respeto como político y estadista de parte de importantes líderes y Jefes de Estado de América Latina, de Europa y del Tercer Mundo. Por ello, señor Presidente y Honorables colegas, el Partido Radical y el Partido Social Demócrata me han pedido pronunciar estas palabras de homenaje y, al mismo tiempo, solicitar que se envíe un cable de duelo, respeto y reconocimiento, en nombre de nuestro Comité, a los familiares del doctor Guillermo Manuel Ungo.
He dicho.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, el Comité Partidos por la Democracia y Socialista adhiere al homenaje rendido por el Honorable señor Sule y pide que la comunicación se envíe también en su nombre.
El señor RUIZ.-
Y en el del Comité Demócrata Cristiano.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se procederá como Sus Señorías lo han solicitado. Aún queda tiempo al Comité Radical Social Demócrata.
Si no va a hacer uso de la palabra, corresponde el turno al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
REQUERIMIENTO DE SENADORES ANTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA A COLONIA DIGNIDAD
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, en la prensa de hoy hemos tenido la oportunidad de enterarnos de que diecisiete señores Senadores han recurrido al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del decreto supremo dictado por el Gobierno del Presidente Aylwin que afecta a la institución conocida públicamente como Colonia Dignidad.
Los Honorables colegas que presentaron el recurso afirman que no se trata de formular una defensa de la persona jurídica afectada, sobre la cual se pueden tener las opiniones más diversas, sino sólo de defender los principios constitucionales ostensiblemente infringidos por el autor del decreto supremo.
Aducen que, concedida la personalidad jurídica a las asociaciones, éstas quedan dotadas del derecho a conservarla indefinidamente, de no mediar la ocurrencia de alguna de las causales disolutorias que la propia Carta Fundamental consagra.
Concluyen que se ha producido un quebrantamiento de valores supremos y que el referido decreto es inconstitucional, ya que la ley carece de potestad para establecer otras causales prohibitivas de la existencia de estas corporaciones.
No es del caso entrar ahora a un examen exhaustivo del texto que -con la gentileza del Senador señor Urenda- tengo en mi poder en este momento. Solamente quisiera entregar algunas opiniones provisionales sobre este recurso legítimo, actuado dentro del marco de la Constitución, mediante el cual se pide establecer la situación que los requirentes estiman inadecuada.
En primer lugar, para despejar situaciones, deseo expresar que podría pensarse que se trata de un hecho con connotación política; que hay persecución contra una entidad benefactora integrada por gente honorable; que el advenimiento de la democracia ha generado para ella algo incómodo; que se aplicaron disposiciones legales abusivas, en contradicción con las normas de igualdad ante la ley que establecen los textos constitucionales y legales.
En opinión de los Senadores de la Concertación, particularmente de los democratacristianos, eso no corresponde a los valores que inspiran el quehacer de este Gobierno, cuyo acatamiento a las normas constitucionales y legales vigentes es reconocido por todos.
¿De qué hecho se trata? ¿Es un asunto propiamente político?
Del examen del decreto respectivo no fluye eso.
¿Pero sólo los Parlamentarios de la Concertación hemos emitido opiniones críticas respecto de Colonia Dignidad?
Quiero recordar, por ejemplo, que los oficios 02052, de 9 de marzo de 1988, y 07473, de 19 de octubre de 1989, del Ministro de Relaciones Exteriores de la época, el señor Errázuriz, Canciller del General Pinochet, dicen lo siguiente:
"En lo referente a la estructura orgánica de Colonia Dignidad y teniendo presente los estatutos de la misma, surgen dudas fundadas en cuanto al cumplimiento de las finalidades sociales y de beneficencia.".
Otra cita: "En relación a los bienes de la sociedad, la investigación también arroja situaciones confusas sobre la transferencia de las propiedades sociales (tierras y vehículos).".
Otra cita: "Los bienes que se capitalizan con el trabajo de los socios se han incorporado al patrimonio personal de algunos de ellos, situación que es ignorada por la mayoría de los colonos.".
Otra cita: "Los ciudadanos alemanes que laboran en la Colonia, aproximadamente 250, lo hacen sin contrato de trabajo, previsión social ni remuneración".
"Debo destacar como ejemplo" -afirma el señor Errázuriz- "que los hijos son separados de sus padres desde que nacen sin haber razón aparente que lo justificare".
Luego se cita al Ministro de la Corte de Apelaciones señor Robert, quien investigó:
"Pese a que el Ministro Robert considera que en los aspectos que solicité por Oficio se investigaran, no hubo resultados que permitieran comprobar hechos que pudieren ser constitutivos de delito, del estudio y análisis del Informe en cuestión se desprende" -dice el señor Errázuriz- "que Colonia Dignidad tiene características propias de una secta, no descartándose que pueda existir una manipulación intencionada de la conciencia de sus miembros".
A continuación, señala el mismo señor Errázuriz: "Un comentario especial merece el carácter de Sociedad Benefactora, por cuanto del Informe que se ha venido comentando, se desprende claramente que los miembros de dicha Colonia, y en especial su Directorio, ni siquiera cumplen con los estatutos propios de su organización, en asuntos tan importantes como elección de sus directivos, manejo de los fondos sociales, propiedad de los inmuebles y otros".
En la misma línea, entonces, el Gobierno anterior estimó que había razones fundadas para preocuparse del cumplimiento de los objetivos legales por parte de dicha sociedad de beneficencia, de acuerdo a la ley que le otorgó su personalidad jurídica.
Posteriormente, cumplidos diversos trámites, el Consejo de Defensa del Estado -institución de extraordinaria significación, integrada por profesionales de destacada trayectoria y reconocida independencia-, en el informe N° 000103, de 16 de enero de 1991, dirigido al señor Ministro de Justicia, expresa que "concurren en la especie las diversas causales de disolución de la personalidad jurídica que se han señalado en el curso de este informe y, por ello, procede legalmente que la autoridad que legitimó su existencia cancele la personalidad jurídica otorgada a la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad".
Naturalmente, éstos son algunos de los antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno del Presidente Aylwin para disponer la dictación del decreto que canceló la personalidad jurídica a esa institución.
Investigaciones realizadas por las autoridades legales competentes establecieron, por ejemplo, que el patrimonio de la Colonia Dignidad, que en determinado momento tenía más de 15 mil hectáreas, comprendiendo bienes raíces y complejos industriales, comerciales y mineros, era de propiedad de sociedades comerciales integradas por algunos de los componentes de dicha Sociedad Benefactora y no de todos los colonos.
Adicionalmente, para los efectos concretos de los objetivos de beneficencia de la institución, se estableció que estaba realizando actividades comerciales con fines de lucro y que los resultados fueron producto de una gestión exitosa, como consta en los documentos acompañados oportunamente. Por ejemplo, en 1984 tuvo un excedente de sobre 32 millones de pesos; en 1985, uno de más de 95 millones; en 1987, 166 millones, y en 1988, 168 millones. Y ocurre que para los fines de beneficencia establecidos, el Hospital y la Escuela, sólo destinaron 9,18 por ciento de los excedentes generados en las actividades comerciales de dicha Colonia.
Desechemos la idea, respecto del caso en discusión, de que se trata de una persecución política provocada a raíz de las sospechas -y ahora certezas- que tenemos los chilenos sobre el papel que cumplió Colonia Dignidad en las etapas represivas del Régimen anterior. Se trata sólo de un análisis jurídico que es continuación de otro iniciado en el Gobierno precedente, que ha contado con todos los antecedentes del caso y que, obviamente, ha dado derecho a los afectados para interponer los recursos que corresponden de acuerdo a la ley.
Deseo aclarar el tema de la Colonia Dignidad, porque uno de los grandes aportes efectuados por la Comisión de Verdad y Reconciliación es el establecimiento, en determinados ámbitos, de certezas o conclusiones que estimo válidas para todos nosotros.
Por ejemplo, en el informe de esa Comisión se consigna que la Sociedad Benefactora Dignidad era propietaria de una casa ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto, ex calle Unión, N° 262, de Parral, y de la que se sabe que fue utilizada como recinto por la DINA, específicamente para una brigada de inteligencia regional. Además, la Comisión estableció, por declaraciones tanto de víctimas como de ex funcionarios de la DINA, que allí fueron enviados muchos chilenos para ser detenidos, interrogados y torturados.
Empero, esto no es lo que está en juego hoy día en la discusión del tema que ha planteado el Ejecutivo. Lisa y llanamente, éste ha realizado el seguimiento -como ya señalé- de las incorrecciones, desde el punto de vista de los estatutos y de la falta de cumplimiento de la ley, en que la Sociedad Benefactora ha incurrido, las cuales justifican la decisión gubernamental.
He mencionado la continuidad de la investigación del caso por dos Regímenes tan distintos como los que he citado. Me referí al informe del Consejo de Defensa del Estado. Pero quiero dar a conocer a la Sala dos elementos nuevos.
¿Es acaso este decreto supremo sobre cancelación de personalidad jurídica el primero que conocemos en el país después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980? No. Porque ha habido 78 decretos supremos de ésa índole luego de la entrada en vigor de esa Carta. Y durante el período del Presidente Aylwin sólo se han dictado cuatro.
¿Y por qué hago presente este dato? Porque entre los fundamentos de mis Honorables colegas se menciona que, como el texto de la Constitución de 1925 que disponía la facultad del Gobierno para otorgar y cancelar, en su caso, personalidad jurídica no está consagrado en la de 1980, se debería entender que ahora dicha atribución no es de competencia del Ejecutivo.
Al respecto, deberíamos tener presentes dos situaciones muy concretas.
En primer lugar, algunos de los afectados por los decretos de cancelación de personalidad jurídica dictados durante el Gobierno anterior recurrieron a los tribunales de justicia. Uno dé los recursos figura en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el rol N° 499-88. ¿Qué estableció el considerando 17 de la sentencia de esa Corte? Dice: "el Ministerio podía cancelarle la personalidad jurídica que le había otorgado, ya que lo que garantiza el Art. 19 (N° 15) de la Constitución Política es el derecho a asociarse sin permiso previo, pero no a obtener la personalidad, pues para ello debe cumplirse con los requisitos legales, ya que el inciso segundo de dicho número añade que: "Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley." y evidentemente, para seguir gozando de ella deben cumplir con sus exigencias.". La Corte de Apelaciones continúa señalando: "La ley a este respecto sigue siendo los Arts. 545 a 564 del Código Civil y el Art. 548 establece que la concesión de personalidad jurídica la otorga el Presidente de la República, añadiendo el Art. 559 que pueden las personas jurídicas ser disueltas por la autoridad o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus miembros, si llega a comprometer la seguridad del Estado o no corresponden al objeto de su institución.".
En definitiva, el Gobierno del Presidente Aylwin continuó una investigación solicitada por el Régimen anterior, estableciéndose circunstancias tan graves como las que reproduje de los oficios del entonces Ministro de Relaciones Exteriores señor Errázuriz. Y la Contraloría General de la República dio curso al decreto de cancelación, rechazando las alegaciones de la parte afectada, porque no pudo comprobarse ninguna de las infracciones que ésta señalaba.
En segundo término, existen precedentes jurisprudenciales de los tribunales de justicia que establecen con nitidez !a vigencia de la normativa legal que faculta al Presidente de la República para disponer la cancelación de personalidad jurídica. Además, sobre esta materia hay un informe en Derecho, serio, de un organismo competente, como es el Consejo de Defensa del Estado.
Ciertamente, el requerimiento hecho al Tribunal Constitucional emana del ejercicio legítimo de una facultad constitucional. ¿Pero cuál es su propósito, si incluso sobre el particular hay proceso pendiente?
Se ha presentado un recurso de protección. ¿Por qué estos señores Senadores, quienes dicen ser tan respetuosos de los fallos de los tribunales de justicia, no esperan que sea el propio órgano jurisdiccional competente -los tribunales de justicia, que ya han conocido de situaciones anteriores- el que decida qué corresponde aplicar en la especie? ¿Cuál es el elemento de fondo? ¿Generar un hecho de convulsión pública y política, como es, por ejemplo, sostener que están en riesgo los valores permanentes, que están en juego principios del estado de Derecho?
¡Por Dios! ¡Si éste es el Gobierno que mayor demostración ha dado de su fidelidad al cumplimiento de lo que es el estado de Derecho! Entonces, ¿por qué generar una campaña pública que llama a escándalo sobre la presunta inconstitucionalidad de un decreto de tal naturaleza?
Ya otros señores Senadores de Oposición recurrieron a la misma instancia a propósito de un decreto dictado por el Ministerio de Vivienda. No tuvieron suerte. Se recurrió también con motivo de la Ley de Pesca, y el Tribunal Constitucional objetó aspectos formales. Pero, ¿qué pretende la Oposición? ¿Transformar a ese Tribunal en un superpoder que inhiba la función del Parlamentó, la del Ejecutivo e incluso la del Poder Judicial?
Respecto de estas materias, estimo que el Gobierno del Presidente Aylwin ha actuado en conformidad a la Constitución y a la ley. Pero mi opinión no vale frente a la de los destacados juristas que integran el Consejo de Defensa del Estado, quienes consideraron pertinente el decreto de cancelación, ni tiene mayor peso en comparación con la de la Contraloría General de la República -el organismo que constitucionalmente está llamado a dictaminar sobre la legalidad de los decretos-, la que ya emitió un pronunciamiento al respecto. Tampoco puede compararse mi juicio jurídico con el de ilustrados miembros de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que ratificaron el fallo a que hice referencia.
Entonces, ¿a qué viene todo esto de que el Ejecutivo está poniendo en pugna el estado de Derecho?
Señor Presidente, soy respetuoso del derecho que tiene cada ciudadano a ejercer las atribuciones que la ley le otorga. Pero, además, soy exigente para defender la integridad, la honorabilidad y la fidelidad con que este Gobierno está respetando los valores del estado de Derecho, porque obviamente, después de las traumáticas experiencias de 17 años de dictadura, no deseo nunca más para mi patria poder arbitrario y sufrimientos como los que la ciudadanía y este Senado han conocido.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan ocho minutos al Comité Demócrata Cristiano.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Renunciamos a ellos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, en la presentación hecha por 17 Senadores ante el Tribunal Constitucional sobre el caso Colonia Dignidad se señala -y leo textualmente el escrito-: "nuestra ocurrencia ante V.E. no tiene -en propiedad- por objeto inmediato formular una defensa de la persona jurídica afectada en este caso en concreto," -Colonia Dignidad- "sino -en estricto rigor- la defensa de los principios articulados en la Ley Fundamental que, constatamos ostensiblemente infringidos por el autor del Decreto Supremo"...
Creemos que en el decreto del Gobierno están en juego ciertos principios, como el derecho de asociación, el de propiedad, a que no se confisquen los bienes, etcétera. Y pretendemos con este reclamo prevenir de situaciones similares a otras personas jurídicas, en resguardo de sus derechos y de sus garantías constitucionales.
Por ese motivo hemos presentado tal reclamación al organismo que corresponde, cuyo veredicto esperamos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Restan 24 minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA. OFICIOS
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, desde junio del año pasado hemos venido planteando nuestra preocupación por la grave situación de sequía existente, que cumple su tercer año y cuyos efectos son tal vez los más catastróficos que ha conocido el país en los últimos cien años.
Durante 1967-1968 vivimos un problema de sequía bastante grave. De acuerdo a la estimación de los expertos, respecto de los secanos interiores y costeros estamos enfrentados quizás a una situación peor que la ocurrida en aquel período.
Por desgracia, la falta de recursos suficientes, así como la tardanza en la adopción de medidas ante esta emergencia, han sido características que debemos lamentar en este caso.
Primero, hubo un atraso inexplicable en reconocer el fenómeno. El año pasado -alrededor de junio o julio-, se expresó por el Ministerio de Agricultura que sólo existía un déficit de precipitaciones, evitando entonces tomar medidas oportunas para paliar de alguna manera los efectos de esta situación.
En seguida, ha habido una demora injustificada en declarar zona de catástrofe a las 49 comunas comprendidas entre la Tercera y Octava Regiones del país.
Por último, pese a reconocerse que existen 30 mil familias gravemente afectadas -pienso, como muchos otros, que la cantidad es mayor- y a evaluarse por ahora un daño económico que, según cifras oficiales del Ministerio de Agricultura, representa 200 millones de dólares, la Comisión Nacional de la Sequía, en un informe reciente del 11 de marzo, señala que se ha contado con 1 mil 200 millones de pesos, es decir, sólo cerca de 3 millones de dólares, ya distribuidos y asignados en las regiones afectadas, y que se ha propuesto al Director de Presupuestos la continuidad de los programas por una cifra levemente superior (1.400 millones de pesos), de acuerdo al decreto supremo N° 860. Asimismo, se nos informó, oficial y formalmente por parte de la Comisión indicada, que el INDAP ha destinado, como crédito especial de sequía, un monto nacional total de tan sólo 300 millones de pesos.
En reunión sostenida la semana pasada por quien habla, en compañía de los Honorables señores Pérez y Cooper, con los Ministros del Interior y de Agricultura y el Presidente de la Comisión Nacional de la Sequía, hemos hecho entrega, mediante una nota oficial y formal respecto de esta materia, de los antecedentes de que disponemos para sostener lo señalado precedentemente y, además, proponer constructivamente la adopción de cinco medidas que a nuestro juicio son indispensables en esta materia. Ellas son las siguientes.
Primero, crear una instancia del más alto nivel ministerial para que se actúe con la urgencia y decisión compatibles con la situación creada.
Nos parece esencial que esa instancia esté compuesta por Ministros de Estado, y no por funcionarios que, pese a la mejor voluntad que puedan tener, muchas veces carecen de la decisión necesaria y oportuna para enfrentar la situación descrita.
En segundo lugar, disponer de mayores recursos, provenientes, si fuera necesario, del 2 por ciento constitucional, dado que los actuales son claramente insuficientes.
Quiero hacer presente en esta Sala que la declaración de zona de catástrofe para 49 comunas no tendría sentido, explicación ni justificación si no fuese para fundamentar la asignación de recursos extraordinarios. Inclusive, en los propios decretos dictados en ese sentido se señala, a la letra: "la necesidad" -dice el fundamento- "de que en forma inmediata los organismos competentes acudan a asistir a los damnificados, disponiendo de medidas de excepción". Justamente, el 2 por ciento constitucional para catástrofes está destinado a lo que su nombre indica. Y de allí que nos parece inexplicable que existan recursos en forma absolutamente limitada.
El tercer planteamiento, solución o propuesta que hemos formulado consiste en impulsar un plan extraordinario de obras públicas a fin de procurar la creación de nuevos empleos, ante la grave cesantía existente en las zonas afectadas.
Debo señalar en esta oportunidad que, según informe de la Comisión Nacional de la Sequía de fecha 13 de marzo -recién lo recibí, con los antecedentes que solicité al señor Director-, el número de empleos generados por Obras Públicas es de 453 cupos para 1991, y que los provenientes de todos los programas -incluidos los de riego, forestación y otros- alcanzarían a sólo 7 mil 930. Estas cifras son demostrativas del problema que destaco hoy ante esta Alta Tribuna.
La cuarta medida que proponemos tomar es una revisión de la normativa legal a fin de incentivar la prospección y extracción de aguas subterráneas, así como también revisar los sistemas de concursos de obras de riego, con el propósito de hacerlos operables.
Como bien saben los señores Senadores, Chile está dotado de aguas subterráneas en una extensión e importancia extraordinarias. Nosotros debemos concordar -eso es lo que planteamos al Gobierno- en la necesidad de revisar la legislación existente sobre la materia para incentivar -reitero- la prospección y extracción de estas aguas.
Quiero señalar -esto le consta al señor Vicepresidente, por ser vecino de Olmué y Limaehe- que el caudal del río Aconcagua, por dar un ejemplo, se encuentra, en la medida en que no es regulado por los usuarios, con el problema de que aquellos de las Secciones Segunda y Tercera dependen en gran medida de la situación de distribución de aguas de la Primera Sección.
No se trata de repartir escasez de agua. En la propia zona de Aconcagua, en Curimón, existen lagos hídricos que podrían ser perforados para trasladar esos recursos a las aguas del río Aconcagua. En esta forma, nosotros mismos estaríamos regulando una situación que, como es natural, debemos enfocar hacia el futuro, porque un cuarto año de sequía, señor Presidente, sería de extrema gravedad.
Digo esto por cuanto los antecedentes que poseo, y que deben de tener muchos de los señores Senadores -aquí hay representantes de la Tercera y Cuarta Regiones del país, además de otras-, indican que, por ejemplo, en Estados Unidos están entrando en el quinto año de sequía. Y mis Honorables colegas saben que, por desgracia, estos fenómenos del hemisferio norte se repiten en el del sur. Este año, en el Estado de California existe un déficit del 60 por ciento de las precipitaciones, por quinto año consecutivo.
¿Qué va a significar lo anterior para Chile? No quiero imaginar, señor Presidente, lo que esto puede representar para nuestro país. Desde luego, quedarían absolutamente eliminados los cultivos de hortalizas y verduras, y existiría un riesgo en cuanto a las plantaciones permanentes. Estas tendrían primera prioridad por sobre cualquier otra consideración, pero antes que ellas está el agua para beber. Y actualmente tenemos problemas muy graves en cuanto a las norias de las Regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta -en la parte costera de la 'última-. Como le consta al señor Presidente, aquí, en Casablanca -además de Santo Domingo y San Antonio- prácticamente la gente tiene que recorrer grandes distancias para disponer de un mínimo de agua para beber, con el peligro de las epidemias que todos los días estamos advirtiendo que se producen en países vecinos, por lo cual este problema del agua en general -no sólo de la potable-, en cuanto a la higiene, tiene también gran incidencia en la población.
Para no extenderme demasiado, no me referiré al aspecto hidroeléctrico de los recursos energéticos, que básicamente están estructurados a lo largo y ancho del país, cuyos embalses han llegado prácticamente a sus niveles más bajos de cota.
A mi juicio, señor Presidente, nosotros debemos revisar, no sólo lo descrito, sino también el problema de los concursos de riego.
Tengo en mi poder antecedentes que indican que los actuales llamados a concursos de la Ley de Fomento de Riego prácticamente no se han podido hacer operables porque, en definitiva, no existe oposición, ya que ahora se han introducido cambios, modificaciones. Respeto esas modificaciones; pero en un período extraordinario de sequía, como el actual, debemos aprovechar los recursos ahora, y no mañana. En ese sentido, me parece que también debemos revisar toda esta situación, no solamente para tener mayores recursos, sino también para aplicarlos en forma eficiente.
Por último, la quinta medida que hemos propuesto consiste en iniciar un proyecto de ley para aliviar el pago de contribuciones de bienes raíces y posibilitar la revisión extraordinaria de la clasificación de terrenos, que en muchos casos se encuentra alterada.
Me explico, señor Presidente. Por haber realizado extensos recorridos por la zona que represento, afectada por la sequía, me consta que hay predios considerados como de riego, en circunstancias de que desde hace seis años, o más -no me he referido solamente a los dos últimos años-, ni siquiera son de riego eventual, sino de secano. Entonces, esto hace que la clasificación incida en el avalúo y en el pago de contribuciones de bienes raíces y, también, en la tributación por sobre la base de presunción, en cuanto a terrenos que no tienen la productividad de otros que efectivamente poseen características de riego seguro.
Por ello, en ese sentido, juzgo de la mayor urgencia la adopción de medidas como las indicadas precedentemente.
Deseo llegar hasta aquí en mi planteamiento. Sólo quiero agregar que tenemos la mejor disposición y un ánimo constructivo para colaborar a fin de hacer más llevadera la situación de los afectados por el problema descrito. Pero, a la vez, estimamos indispensable que de una vez por todas se tome una decisión política, que yo no advierto, señor Presidente -perdonen que sea majadero en esta materia-, para enfrentar la situación reseñada como corresponde.
Muchas gracias.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, ¿dispone de tiempo el Comité Renovación Nacional?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Sí, señor Senador. Le restan 12 minutos.
El señor DÍAZ.-
¿Podría cederme algo de su tiempo?
El señor ROMERO.-
Con el mayor agrado.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Muchas gracias.
Me interesó extremadamente el tema tocado por el Honorable señor Romero, porque afecta a la Sexta Región, que represento. Sin embargo, quiero hacer algunos alcances también, sobre la base de lo que Su Señoría expresó.
Dice que, desde hace 6 años, terrenos que antes eran de riego ahora son de secano. Es decir, se nos culpa prácticamente de no haber adoptado medidas, en circunstancias de que el Gobierno anterior dispuso de 5 años para resolver tal situación. Tomo nada más que las palabras del señor Senador: dijo que predios que hace 6 años eran de riego actualmente son de secano.
A continuación, expresó que llevamos 3 años de sequía. Por lo tanto -para que vayamos aclarando las cosas-, ellos contaron con dos años para buscar la solución a ese problema, y nosotros, con uno.
También señaló que hasta junio y julio de 1990 no se había tomado una decisión para declarar zona de catástrofe o de sequía a las Regiones Cuarta, Quinta y Sexta.
Si mal no recuerdo, el solsticio de invierno comienza el 21 de junio, y las lluvias empiezan habitualmente durante ese mes. En consecuencia, mal podría nuestro Gobierno tomar una decisión en esa época, en cuanto a si el año iba a ser seco o lluvioso, porque no correspondía, a menos que fuéramos videntes. Por desgracia, no lo somos. Ojalá hubiera un sistema mediante el cual pudiéramos prever la pluviosidad de determinado año.
Por supuesto que se están tomando todas las medidas. Con el Honorable señor Sule, que hasta hace pocos momentos estuvo presente en la Sala, recurrimos al Ministerio del Interior; el Presidente de la República estaba en conocimiento de esta situación, y también el Director General de INDAP, don Hugo Ortega, y se decretaron zonas de sequía. Al mismo tiempo, se está estudiando la posibilidad -un poco tarde, pero, en fin, ellos demoraron bastante más- de resolver estas situaciones.
Quiero hacer una última observación.
Ahora, en este Gobierno, se ha tomado la decisión de construir embalses -lo que no se realizó durante 16 años y medio- para las Regiones Tercera, Sexta, Séptima y Octava. Me refiero a los de El Toro, Convento Viejo, Laja-Diguillín y Pencahue, obras que -reitero- no se hicieron durante 16 años y medio.
Así que, si bien es lógica la preocupación del Honorable señor Romero, también tenemos que argumentar que se dejaron de hacer cosas que debieron haberse realizado con anterioridad. En este sentido, hemos recibido una enorme y mala herencia.
Pero íntima relación con la sequía tienen los bosques y nuestra vegetación. Y si hubo una política nefasta en cuanto a la conservación de esos recursos de nuestra masa boscosa, ésa fue la del Gobierno anterior, en que, sencillamente, se hizo tabla rasa de toda la conservación de nuestros bosques. Inclusive, recién ahora se están tomando medidas para respetarlos y conservarlos.
En mi opinión, la materia da para una discusión muchísimo más amplia.
Estoy absolutamente de acuerdo con la inquietud del Honorable señor Romero y la comparto, porque se refiere a su zona, así como también a la nuestra. Pero, indiscutiblemente, no se puede echar toda la culpa a un Gobierno -perdón; parece majadero decirlo- que sólo lleva un año, en circunstancias de que el problema en análisis se arrastra desde por lo menos 3.
Recuerdo también que durante la Administración del señor Frei -1968- hubo una sequía, mencionada por el señor Senador, que resultó catastrófica para la agricultura chilena.
Hay cosas que no dependen del Gobierno. No voy a hacer una relación, porque ya se tocó el tema. Pero me llama la atención que, mientras que para El Toro, Convento Viejo, Laja-Diguillín y Pencahue se necesitan recursos, ayer estuviéramos discutiendo la posibilidad de enviar dinero al exterior, a otros países.
Creo que nuestros trabajadores estarían muy felices de invertir en Chile para que todas estas obras, que cuestan millones de dólares, pudieran ser sustentadas con los propios recursos de los obreros de nuestra patria.
El solo proyecto de Convento Viejo tiene un costo total de 180 millones de dólares. Y ayer hablaban de 72 millones de dólares que se podrían enviar afuera, mediante el mecanismo de inversión en el extranjero.
Hago referencia a eso no más, señor Presidente. Son muchos los temas por tratar, pero recalco que la responsabilidad que nos cabe es mínima, al lado de la irresponsabilidad que tuvo el Gobierno anterior.
He dicho, señor Presidente.
El señor ROMERO.-
¿Me permite usar de la palabra, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROMERO.-
En verdad, había cedido tiempo al Honorable señor Díaz en el entendido de que iba a hacer un aporte positivo y constructivo. Una vez escuchado su planteamiento, me parece que Su Señoría ha politizado el problema. Yo jamás he hecho una comparación sobre la materia.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor ROMERO.-
Me gustaría, por el respeto que nos merecemos todos en esta Sala, que especialmente el Honorable señor Hormazábal, a quien le gusta interrumpir a los que hablan...
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me concede una interrupción, Honorable colega?
El señor ROMERO.-
Se la concederé, señor Senador, al final de mi explicación.
El señor HORMAZÁBAL.-
Espero, con todo agrado.
El señor ROMERO.-
Esta es una característica que lo hace efectivamente ser una de las personas que más interrumpen y perturban dentro del Senado, faltando el respeto a sus colegas.
Ahora bien, quiero señalar que el recuerdo que hace el Honorable señor Díaz sobre el problema de la sequía en los dos primeros años no tiene ninguna base sólida de argumentación. Y se lo voy a demostrar.
Su Señoría ha dicho que esta materia debió haberse planteado oportunamente. No sólo se planteó, sino que yo tengo todos los antecedentes, Honorable colega, que me permiten probar cuál es el monto de los recursos, cuál es el número de los proyectos y cuáles son las cantidades que se han invertido efectivamente, no a través de declaraciones y de las palabras -porque la sequía no se combate con palabras, como lo he dicho reiteradamente-, sino con medidas concretas.
Y voy a leer algunas cifras, señor Senador. De marzo de 1988 a marzo de 1989 hubo concursos por un monto de 2 mil 370 millones de pesos, que efectivamente se realizaron y se pusieron en ejecución. Entre marzo de 1989 y marzo de 1990 hubo también diversos concursos por un orden superior a los dos mil millones de pesos. Sin embargo, cuando la sequía estaba en su punto más agudo -el proceso de la sequía es un proceso exponencial, que se va incrementando a medida que naturalmente se va radicalizando la falta del recurso agua-, entre marzo de 1990 y enero de 1991 se concedieron 1.790 millones de pesos para obras de regadío, y resulta que estos dineros en su mayoría están empozados, porque en definitiva en muchos casos no se han utilizado los recursos. Eso es muy grave, porque, existiendo éstos, no han sido aprovechados de la manera eficiente con que debiera haberse hecho.
En segundo lugar, cuando puse el ejemplo del secano y hablé de seis años, lo hice por dar un ejemplo cualquiera.
La verdad de las cosas es que Su Señoría no puede, en el contexto de mi exposición, tomar esa cifra, porque deliberadamente no quise dejarlo en el corto plazo, sino que quise señalarlo como un hecho que era posible. Porque Chile está viviendo un proceso de desertificación permanente. Cada vez estamos perdiendo más hectáreas de riego seguro, y cada vez están entrando mayores hectáreas a un riego eventual e incluso a un proceso prácticamente de secano. Esto viene desde hace mucho tiempo, y no de seis años. Entonces, la verdad es que no podemos hacer el análisis sobre la base de un ejemplo que yo mismo señalé, de seis años, que era un lapso determinado.
Por último, señor Presidente, me parece que debemos ser constructivos y no hacer comparaciones, que muchas veces son negativas y lo único que provocan son problemas y debates estériles.
Lo que está esperando la gente hoy día de nosotros son proposiciones prácticas. Y, en ese sentido, me hubiera gustado más que Su Señoría se hubiese abocado en su planteamiento a las cinco medidas concretas y constructivas que hemos sugerido, respecto de las cuales el Gobierno hasta ahora no ha dado respuesta.
Gracias, señor Presidente.
El señor PAPI.-
¿Me concede una interrupción, señor Senador?
El señor HORMAZÁBAL.-
Su Señoría me había concedido una interrupción al final de su intervención.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Estamos en el tiempo de Renovación Nacional.
El señor ROMERO.-
No tengo ningún inconveniente, señor Senador.
El señor PAPI.-
¿Podría concederme después una interrupción, si le restan unos minutos, Honorable colega?
El señor ROMERO.-
Con el mayor agrado.
El señor HORMAZÁBAL.-
Seré muy breve, para que pueda intervenir el Honorable señor Papi.
Agradezco al Honorable señor Romero la deferencia que ha tenido, y le doy excusas públicas si lo perturbo. En todo caso, le pido que tenga paciencia, porque voy a estar ocho años en el Senado. Así que o se toma un Valium antes de cada sesión, o se acostumbra.
El señor ROMERO.-
¡Su Señoría tuvo la suerte de ser par!
El señor HORMAZÁBAL.-
Desde ese punto de vista, reitero mis excusas.
Ahora, yo tomo la iniciativa del Honorable señor Romero en el sentido positivo. Creo que hay muchas cosas que vamos a poder hacer.
Está por llegar un proyecto que modifica la Ley de Riego, Honorable colega -se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados en este momento-, que va a permitir, entre otras cosas, que el estímulo que el Estado hace para enfrentar este tema salga al encuentro de la reacción positiva del sector privado.
Por ejemplo, con el Honorable señor Cooper podríamos informar que ello permitirá que, en la Cuarta Región, un canal de alimentación ayude a que las aguas del tranque La Paloma también puedan favorecer en este instante de escasez las dificultades que tiene el de Recoleta, lo que se podrá hacer con una gran inversión que también realizará el sector privado y que, con el estímulo del Estado, constituirá un aporte extraordinariamente significativo a nuestra Región.
Compartiendo la preocupación de mi Honorable colega, los que pertenecemos a lugares declarados zona de catástrofe, por la sequía, sabemos del importante volumen de recursos que se ha gastado.
El Honorable señor Romero se ha referido a problemas de agua. Pero, por ejemplo, en la Cuarta Región, todos los niños que asisten a clases recibieron durante el verano y los fines de semana alimentación, ordenada por el Gobierno del Presidente Aylwin en atención a la emergencia. He recorrido toda la Región durante el verano y, como el Honorable señor Cooper podrá corroborar, comprobé que se dio acabado cumplimiento a esta disposición, partiendo por la preocupación por los niños.
En segundo lugar, en nuestra Región, los programas de empleo que se generaron fueron distintos a los de oportunidades anteriores. En vez de repartirse una plata que se pierde, se ha tratado de estimular la inversión productiva. Es decir, crear oportunidades para preparar la infraestructura. Porque, como bien dice el Honorable señor Romero, hay que acostumbrarse al hecho de que sobre todo la Cuarta Región es una zona semidesértica, que tendrá, si Dios quiere, lluvia en los próximos meses, pero que después de algunos años volverá a enfrentarse con el problema.
Así que, señor Presidente, ha habido un esfuerzo real del Gobierno. Me habría gustado -incluso se lo pedí al señor Ministro de Hacienda, precisamente- una disposición mayor para que hubiera más recursos disponibles ante esta emergencia. Voy a colaborar activamente, en cuanto a las preocupaciones del Honorable señor Romero, para ver cómo mejoramos lo que el Gobierno ya ha hecho. Pero lo que no puedo evitar, aunque comprometeré mis esfuerzos, es provocar trastornos a un Senador tan distinguido como el Honorable colega.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Renovación Nacional.
Si el Comité Independiente no tiene inconveniente, podría ceder algunos minutos al Honorable señor Papi.
El señor MC-INTYRE.-
Conforme.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Doy las gracias al representante del Comité Independiente por su gentileza.
Seré muy breve.
Quiero sumarme también a la preocupación manifestada por el Honorable señor Romero, que comparten los Honorables colegas que me precedieron en el uso de la palabra.
Yo represento a la Séptima Región, la parte sur, de las provincias de Linares y Cauquenes, que también están afectadas, pero, además, en un doble sentido: uno, por la sequía y, derivado de lo mismo, por un problema de administración de aguas, que sí tiene raíces en la forma en que en el pasado reciente se enfocó este aspecto.
Creo que lo anterior, más temprano que tarde, nos llevará a una profunda revisión del Código de Aguas, porque me parece que eso se está haciendo urgente.
De la misma manera, los criterios tenidos para la privatización de algunas empresas, como es el caso de ENDESA, de Pehuenche; el trato con que se convirtió en sociedad anónima Colbún-Machicura, y convenios que en su minuto, desgraciadamente, se hicieron en forma verbal con la Dirección de Riego, y que hoy día no se respetan, tal vez también llevarán a este Parlamento a revisar esos criterios.
Sin embargo, en relación a lo señalado por el Honorable señor Romero, respecto a las medidas que podrían adoptarse, existe una ley de catástrofes, de 1965, que, si mal no recuerdo, la impulsó en su tiempo el Honorable señor Zaldívar.
Si hubiera acuerdo de la Sala, se podría oficiar a la Comisión de Sequía para los efectos de que informe por qué no se está haciendo uso de todas las atribuciones y de las posibilidades que otorga esa ley, como, también -porque sería interesante que lo conociera el país-, a la Dirección Nacional de Aguas, con el objeto de que dé cuenta acerca de lo que está haciendo en la materia, a fin de llevar adelante un plan para regularizar los derechos de aguas.
Por lo tanto, solicito, si hay acuerdo en la Sala, que se envíen los dos oficios a que he hecho mención, porque sería interesante que el Senado los pudiera conocer.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por el Honorable señor Papi, a través del Ministerio de Agricultura.
En el tiempo del Comité Independiente de 7 Senadores, ofrezco la palabra.
No hará uso de la palabra.
No hay en la Sala representantes del Comité Mixto.
En seguida, corresponde el tiempo al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
En este momento, no hay ningún señor Senador.
En consecuencia, en conformidad a lo que se había convenido antes y no habiendo llegado todavía el informe que esperamos, vamos a suspender la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Se encuentra en la Sala el Honorable señor Romero, que es miembro de la Comisión de Hacienda. Y he sido informado por el Honorable señor Lavandero de que el proyecto relativo a las normas complementarias se aprobó por unanimidad en ella. A fin de despacharlo hoy, a lo mejor podríamos darle un trámite más rápido en el sentido de no esperar el informe y de que algún miembro de la Comisión diera cuenta oral de lo tratado en ésta.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Este tema se debatió hace aproximadamente media hora y, a insinuación de un señor Senador de Renovación Nacional, se acordó esperar la llegada del informe.
El señor PÉREZ.-
Pero podemos rectificar ese acuerdo.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Tenemos muchas esperanzas en que rectifiquen en otras materias, señor Presidente!
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Dadas las circunstancias de que hay pocos señores Senadores en la Sala, de que una Comisión se halla funcionando y de que están reunidos los Comités, sugiero suspender la sesión por 15 minutos.
Se suspende la sesión.
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-Se suspendió a las 13:22.
-Se reanudó a las 13:43.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
MODIFICACION DE REQUISITOS EN PLANTAS Y CARGOS DE DIVERSOS ORGANISMOS, Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS COMPLEMENTARIAS, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE INCIDENCIA PRESUPUESTARIA
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En virtud de lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica requisitos en plantas y cargos de organismos que señala y dispone otras normas complementarias, de administración financiera y de incidencia presupuestaria, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 36a, en 5 de marzo de 1991.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
Hacienda (segundo), sesión 39a, en 20 de marzo de 1991.
Discusión:
Sesión 38a, en 19 de marzo de 1991 (se aprueba en general).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Hacienda, con las firmas de los Senadores señores Eduardo Frei (Presidente), Lavandero y Romero, propone rechazar las dos indicaciones formuladas, supresivas de los artículos 4° y 6°.
En definitiva, la Comisión deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7° permanentes, y 1° y 2° transitorios, los que, por ese hecho, habría que darlos por aprobados automáticamente, en virtud de lo que dispone el artículo 106 del Reglamento del Senado. En cuanto a los artículos que sí fueron objeto de indicaciones -que están en la página 9 del informe que estoy leyendo-, señala que son el 4° y el 6°.
Las indicaciones supresivas formuladas a los artículos 4° y 6° aparecen rechazadas. Y, en consecuencia, para poder considerarlas, tendrían que renovarse con la firma de 10 señores Senadores. Si no hay tal renovación, simplemente procedería aprobar el informe.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora FELIÚ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorable Senado:
En relación con las indicaciones formuladas al proyecto de ley, quiero plantear que si deben renovarse de inmediato, y antes de su discusión, suspendiéramos la sesión por cinco minutos, para los efectos de tener, siquiera, la posibilidad de leer el informe que se presenta en este minuto.
En segundo término, y en cuanto al fondo de las indicaciones, deseo exponer lo siguiente. El artículo 4° del proyecto de ley en trámite agrega a continuación del artículo 156 del Estatuto Administrativo una letra f), por la cual se excluye de la aplicación de dicho Estatuto a todo el personal de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile.
Formulé indicación para suprimir el artículo 4° porque, a mi juicio, éste contraviene la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, tema al que paso a referirme en seguida.
De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política de la República, "Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaría y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.".
El artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece: "El Estatuto Administrativo del personal de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 18" -que comprende a la Universidad de Chile completa, con todas sus dependencias- "regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los artículos siguientes.
"Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.". Luego, una ley común puede establecer, sólo tratándose de determinadas profesiones o actividades, que no se aplique el Estatuto Administrativo común.
El artículo 156 del Estatuto Administrativo, entonces, establece los casos en que determinadas profesiones o actividades no quedan sujetas a sus normas. Este artículo menciona los académicos de las instituciones de Educación Superior; el personal afecto a la ley N° 15.076; el personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores; el personal de planta de oficiales y vigilantes penitenciarios, y el personal que cumpla funciones fiscalizadoras (Fiscalía Nacional Económica, Servicio de Aduanas; esto es, servicios fiscalizadores). Ahora bien, a esa nómina se agrega ahora, no a un grupo de funcionarios que se señalen por su profesión o su actividad, sino que a toda una dependencia universitaria, cual es la Corporación de Televisión, en la que se desarrollan actividades o profesiones múltiples, incluyendo el personal administrativo, el de servicio, el directivo -porque lo tiene- y uno que se dedica a actividades propias de la televisión. Pero, aparte de este personal dedicado a funciones propias de la televisión, tiene un personal -por así llamarlo- común. Lo propuesto se aparta de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que -reitero- permite excluir a determinados profesionales o a ciertas actividades, y es lo que hacen las letras vigentes del artículo 156 del Estatuto Administrativo.
Tal es la observación con relación al artículo 4° de la iniciativa en examen. Y, en este sentido, creo que podríamos referirnos separadamente a cada una de las indicaciones que formulé.
He dicho, señor Presidente.
El señor THAYER. - Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER. - Señor Presidente, haciendo mías las observaciones de la Honorable señora Feliú, quiero insistir en que el punto en debate es extraordinariamente delicado como precedente.
Todo el sistema de nuestra legislación y, más aún, todo el proceso de regulación de las funciones públicas y privadas siempre han distinguido entre lo que compete a una profesión o actividad y lo que es propio de una corporación o empresa.
En el mundo laboral ello ha motivado una larga discusión acerca de qué incumbe a los sindicatos de empresa y para qué existen, y qué atañe a los sindicatos de industria o profesionales y para qué existen, en Chile y en el extranjero.
La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como ya se ha señalado, establece en su artículo 45, inciso segundo -lo quiero destacar por su redacción-, que "Cuando las características de su ejercicio lo requieran," (¿De qué ejercicio habla la norma? Del de las funciones a que se viene refiriendo) "podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.".
Estaríamos faltando flagrantemente a esta disposición, a menos que la modificáramos con el quórum respectivo. Y a mí, al igual que al Honorable Senado, me preocupa que pueda repetirse lo que ocurrió con la Ley de Pesca. No vaya a ser cosa que, una vez terminado todo el proceso, surjan dificultades por la anulación o falta de regularidad de cierto procedimiento legislativo.
Yo comprendo - y se lo expresaba esta mañana al Honorable señor Eduardo Frei- que la Comisión de Hacienda haya actuado en virtud de los antecedentes que nos han entregado, los que he leído en forma muy precipitada. Es perfectamente razonable que ella los haya considerado.
Sin embargo, he estudiado con cuidado el informe de dicha Comisión. Y en realidad se nota el esfuerzo, de parte del distinguido profesor de la repartición correspondiente que asistió a ella, por defender lo indefendible. ¡Si no puede confundirse actividad con corporación!
La Corporación de Televisión de la Universidad de Chile supone, como toda corporación, el desarrollo de distintas funciones dentro de ella. No hay ningún problema en que la legislación establezca un estatuto especial para determinadas funciones. De hecho existen ciertos precedentes al respecto. Pero establecerlo para una corporación entera, como tal, es crear un problema de irregularidad en la legislación.
Por eso, la indicación tiene toda una fundamentación jurídica, pues se está intentando torcer el sentido de la ya citada Ley de Bases para interpretar que donde ella habla de actividad o función está hablando igualmente de corporación, instituto o empresa. Esto es introducir un factor de confusión en la legislación, a lo que el legislador debe oponerse. Y es la razón por la cual apoyo encarecidamente la indicación formulada.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor PAPI.-
¿Me permite, Honorable colega?
El señor LAVANDERO.-
Con todo agrado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, la Honorable señora Feliú propuso suspender la sesión por cinco minutos. He estado revisando los antecedentes. Me parece interesante el debate que está originándose. Pero la verdad es que yo no tengo suficiente información como para pronunciarme seriamente sobre el asunto.
Desgraciadamente, existe la práctica de que cuando los proyectos tienen su origen en la Cámara de Diputados llegan sin el Mensaje respectivo. Yo supongo que lo mandan, porque aquí dice "se envía el Mensaje". Pero el hecho es que entre los antecedentes que se nos entregan a los Senadores no se incluye.
No sé, señor Presidente, si podemos corregir este problema. Lo ideal sería que cuando una iniciativa venga de la Cámara se acompañe también el Mensaje. Porque de lo contrario no podremos saber la intencionalidad ni el propósito de las modificaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se procederá como usted lo solicita, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, deseo ilustrar un poco más la opinión que se señaló en la Comisión de Hacienda en relación con el tema en debate. Y lo voy a hacer, no desde un punto de vista excesivamente legalista, sino desde una perspectiva comprensiva, para que podamos entender cabalmente cuál es el problema, de qué se trata y qué significa la aprobación de la norma que nos ocupa. Considero que no podemos enfrascarnos en una discusión abstracta sin saber cuál es el objetivo del artículo y lo que quiere la Universidad de Chile. Porque, más que el Gobierno, es esa corporación la que lo está solicitando, a fin de resolver un problema bastante serio y grande que la aqueja.
Pues bien, ¿de qué se trata? De que esa Universidad pueda incluir al personal de la Corporación de Televisión en un estatuto especial. ¿Y por qué quiere hacerlo? Porque existen alrededor de 700 personas que laboran en el Canal, desempeñándose en una actividad que es distinta de otras que desarrolla dicho establecimiento docente.
¿Cuál es la actividad propia de la Universidad de Chile? ¿De qué se preocupa ella? En primer lugar, de la docencia; y, para eso, tiene su estatuto especial, autorizado por la Constitución y por su Ley Orgánica; en segundo término, de la investigación; y, en tercer lugar, de la extensión. Y entre las actividades de extensión de esa Universidad están la Radio, el Ballet Nacional Chileno, la Cineteca, la Editorial Universitaria, el Teatro Experimental, la Orquesta Sinfónica, y, por supuesto -entre otras más-, la actividad televisiva, la que -repito-, por sus características y funciones es diametralmente distinta de la docencia y la investigación.
Y quiero explicar por qué existe esta gran diferencia entre la actividad extensiva a través del Canal 11, y el resto de las funciones que desarrolla la Universidad, a saber, docencia e investigación. Supongamos que ese Canal contrata un cantante el día sábado, para una sola presentación. Parecería una locura que, con el objeto de poder presentarlo en televisión, tuviera que contratarlo como empleado público. ¡Eso sería una aberración gigantesca! Y equivaldría, también, a amarrarle las manos al Canal de la Universidad de Chile en relación a los Canales 13, 17 y 9 (Megavisión), ya que lo convertirían en un lastre inoperante. Piensen ustedes por un instante, señores Senadores, que un cantante, para poder presentarse en el Canal 11 por una única vez, tuviera forzosamente que ser contratado, a través del Estatuto Administrativo, como empleado público.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Y si canta bien?
El señor LAVANDERO.-
Si canta mal, es peor.
Bueno, yendo a la parte legal, veamos qué dice la ley N° 18.575 en su artículo 45, inciso segundo, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Escuchemos esto con atención, porque creo que si la Universidad nos pide ayuda, especialmente quienes estuvimos en ella -para quienes es nuestra Universidad madre- debemos tenderle la mano con comprensión, a fin de que pueda desarrollar bien su actividad. No le pongamos una soga al cuello con una piedra, de modo que, en definitiva, tenga que liquidar ese Canal. El año pasado, la Universidad destinó cerca de 1.400 millones de pesos para ayudar al Canal 11, debido a la situación engorrosa en que se encuentra. En vez de orientar esos recursos a educar, a investigar, debe destinarlos a una actividad televisiva, que, si bien aparece vinculada a ella a través de la extensión, por otra parte le quita recursos a la actividad fundamental para la cual existe.
Por eso, debemos abordar este problema con atención y comprensión extremas. ¿Qué dice el inciso segundo del artículo 45, a que nos estamos refiriendo? Expresa - escuchémoslo bien-: "Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades". " Óigase bien: "o actividades". Y nadie podrá negar que la extensión -como la misma palabra lo indica- es una actividad. Es decir, está de acuerdo con el artículo 45, inciso segundo, de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
¿Y qué dice la ley N° 18.834, artículo 156, en consonancia con lo anterior? Establece: "Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 45 de la ley N° 18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:".
Entonces, debemos entender que la Universidad de Chile puede organizar a estas 700 personas en un estatuto especial, contratándolas como particulares que se desempeñan en una actividad específica, a fin de poder, así, competir con los otros canales. Y no nos quejemos si rechazamos una indicación que suprima este artículo.
¿Por qué a un organismo creado, que tiene una actividad competitiva con el sector privado, no le podemos dar las mismas condiciones, a fin de que sea capaz de competir?
Por último, si la Universidad de Chile desea convertir su Canal en una sociedad anónima, constitucional y legalmente puede hacerlo. Y, si puede llegar a ser una sociedad anónima, ¿por qué no podemos ahora facultarla para desempeñar una actividad, dependiente de la Universidad, regida por un estatuto especial? ¡Quien puede lo más, puede lo menos!
Personalmente, no veo una dificultad en esto. De ahí que la unanimidad de los señores Senadores de la Comisión de Hacienda, advirtiendo la observación de la Honorable señora Feliú, comprendió -como consta en el informe- que la función que desarrolla la Universidad de Chile a través del Canal 11 es una actividad, y que, por ello, puede regirse por un estatuto especial. Por esa razón, señor Presidente, se determinó aprobar la disposición tal como estaba, con esta explicación. Ya se rechazó la indicación de la Honorable señora Feliú, aunque, sí, se acogió clasificar la labor que realiza el Canal 11 como extensión, la que -al menos, en nuestra opinión- estaría incluida dentro de las actividades a que se refieren los artículos del Estatuto Administrativo y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado a que he dado lectura.
He dicho.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, creo que el problema planteado es de extraordinario interés.
Cabe distinguir dos cosas: primero, el deseo de satisfacer la necesidad que ha planteado la Universidad de Chile; y, segundo, la forma en que esta necesidad debe satisfacerse.
El problema es más o menos simple: si se desea satisfacer esa necesidad sobre la base, no de otorgar un estatuto especial a los funcionarios que desarrollen una profesión o actividad determinada, sino a todo el personal de una institución, ello se puede hacer, pero mediante una ley de quórum calificado, por cuanto se requeriría modificar la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
El segundo elemento que someto a consideración, especialmente, de quienes apoyan el proyecto y del distinguido Senador que me antecedió -cuyas palabras aprecio y comparto en su intención-, es el porqué se establece este distingo. Porque, en la medida en que la norma busca exactamente lo que ha planteado dicho Senador -que una institución del Estado disfrute de un estatuto especial de modo que pueda competir con la actividad privada-, requiere también, expresamente, ley de quórum calificado, de acuerdo con la Constitución. Por eso, habiendo quórum calificado,...
El señor LAVANDERO.-
Lo tiene ya.
El señor THAYER.- ...por mi parte, no hay ningún problema o dificultad en que la norma se aplique.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, en relación con lo planteado respecto de la indicación formulada para suprimir el artículo 4º del proyecto, me quiero referir a algunos puntos de la intervención del Honorable señor Lavandero.
Él ha indicado que, atendiendo parcialmente -por así decirlo- a la indicación formulada, el informe de la Comisión complementa la norma, en el sentido de que lo que se excluye del Estatuto Administrativo es la actividad televisiva de la Universidad de Chile.
La verdad es que el informe de una Comisión que ilustra a la Sala acerca de una ley no puede jamás complementarla, ni menos modificarla. El proyecto sometido a la consideración de este Honorable Senado agrega una letra al artículo 156 del Estatuto Administrativo y excluye de su aplicación, no una actividad, no una profesión -como lo faculta la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, sino un organismo, una dependencia universitaria completa. Eso es lo que no está permitido en la Ley Orgánica mencionada.
Naturalmente, la actividad de televisión que desarrolla hoy la Universidad de Chile -a través de una corporación que incluye personal de toda clase de profesiones y actividades- la lleva a cabo en virtud del artículo 1º de su Ley Orgánica, decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que estatuye que "La Universidad de Chile es una Institución de Educación Superior que, a través de sus funciones de docencia, de investigación, de creación artística y de extensión, preserva, acrecienta y transmite la cultura y cumple las políticas universitarias orientadas a los intereses y necesidades nacionales.".
La Universidad de Chile es un organismo del Estado cuyas funciones son de gran amplitud. Entre tales funciones está la de impartir televisión, la que desarrolla hoy a través de una corporación interna. Por eso, el hecho de excluir toda esa corporación de las normas del Estatuto Administrativo no resulta lícito, atendido lo dispuesto por la Ley de Bases.
Se ha sugerido también que el Canal podría funcionar como una sociedad anónima. En lo personal, la considero una buena proposición, pero que no podría jamás desarrollarse por la vía de modificar el artículo 156 de la ley N° 18.834, para evitar la aplicación de las normas del Estatuto Administrativo.
Si la Universidad de Chile desea transformar su canal de televisión en sociedad anónima, deberá hacerlo mediante un proyecto de ley de quórum calificado, como lo dispone el número 21 del artículo 19 de la Constitución, porque ésa sería una actividad empresarial. Hoy día no desarrolla una labor de este tipo, sino que de extensión.
En lo tocante a la posibilidad de contratar a una persona que se rija por el Estatuto Administrativo, no hay problema alguno. En la Administración del Estado diariamente se contrata a honorarios a muchas personas que desarrollan actividades no vinculadas directamente al quehacer del servicio. Se hace a menudo y en diversos campos. La Universidad de Chile realiza una vasta labor de extensión, y en ella experimenta las mismas dificultades para contratar un pianista o un ballet, que se encuentran en situación idéntica a la planteada.
Lo que hoy establece el Estatuto Administrativo es la exclusión de los académicos de la Universidad; pero no puede dejar de aplicarse, porque ello violentaría el espíritu de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y significaría dejar de lado toda una dependencia, que cuenta con trabajadores y personal que cumplen funciones administrativas, de servicios, directivas o de otro carácter.
Por lo anterior, reitero que debe rechazarse la norma propuesta y acogerse a la indicación renovada.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, deseo hacer un alcance a lo planteado por la Honorable señora Feliú.
Al parecer, lo que más le ha llamado la atención es que esto afectaría a un servicio completo. Creo que podría ser discutible incluso la calidad de servicio de esa Corporación de Televisión.
El artículo 45 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado dice que "Cuando las características de su ejercicio lo requieran..."; de modo que no es restrictivo en cuanto a la extensión que pueda abarcar. Simplemente establece que "Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.". Entonces, no veo por qué la Honorable señora Feliú le da un sentido restrictivo, pues, de acuerdo con la norma citada, podría perfectamente tratarse de un servicio completo.
Esa interpretación de la Honorable señora Feliú es la que no alcanzo a comprender.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, el planteamiento formulado por el Honorable señor Papi afecta específicamente la cuestión en discusión.
Acontece que la disposición no se refiere a corporaciones o a personas jurídicas, sino a determinadas funciones del personal afecto a una carrera funcionaría. El artículo 45 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado consigna en la parte pertinente: "... y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, en conformidad con las bases que se establecen en los artículos siguientes."; y, en seguida: "Cuando las características de su ejercicio lo requieran," -esto es, las de las funciones de aquellos que están afectos al Estatuto Administrativo- "podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.". De modo que sería forzar la interpretación si entendiéramos aquí que "actividades" es sinónimo de "servicio completo" o de "corporaciones" y no de actividades desarrolladas por personas que cumplen una labor específica incluida en un estatuto especial de tipo profesional o de actividad.
Por eso, creemos que esta norma afecta, bien o mal, a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Como se ha explicado, lo que se está buscando es muy legítimo: que el Canal 11 de la Universidad de Chile pueda operar como una empresa que compita con las demás estaciones de televisión. De acuerdo con el número 21 del artículo 19 de la Constitución, ello se puede hacer, pero mediante ley de quórum calificado, por tratarse de una empresa del Estado.
Ése es el problema, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, el artículo 156 de la ley N° 18.834 incluye personales completos de una actividad. Por ejemplo, se refiere al del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al de la planta de oficiales y vigilantes penitenciarios de Gendarmería de Chile. ¡Por supuesto que los únicos que resultan excluidos son los presos...!
En seguida, para abundar en los antecedentes que permiten el funcionamiento del Canal de la Universidad de Chile como sociedad anónima -y aquí estoy respondiendo a la Honorable señora Feliú-, examinemos lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4° transitorio de la ley N° 18.834: "La Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso, para la explotación y operación de sus canales de televisión, en conformidad con el inciso precedente, podrán mantener la actual calidad de sus corporaciones de televisión y estatutos vigentes, o adoptar, en su reemplazo, la forma jurídica y organización que estimen adecuadas, quedando sometidas para todos los efectos a las normas de fiscalización del artículo 18 de esta ley.".
En consecuencia, en lo atinente a su Canal de Televisión, la Universidad de Chile puede reemplazar su forma jurídica por la de sociedad anónima, mediante un estatuto especial, debido a que está autorizada por la norma que acabo de citar. Por tanto, lo que estamos haciendo es ratificar y dejar claro lo que la Universidad de Chile está en su derecho de realizar.
Por lo anterior, sugiero aprobar el informe de la Comisión de Hacienda; hacer fe en que estudiamos la iniciativa con los personeros correspondientes: con la Jefa del Departamento Jurídico, señora Figueroa en el caso de la Universidad de Chile, y con el señor Jorge Precht, del Ministerio de Hacienda, y confiar en que esta disposición es enteramente lógica y aceptable. De esa manera será posible despachar el proyecto como lo pide la Universidad, a fin de resolver sus problemas internos y dotar a su canal de televisión de una organización eficiente y moderna.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Sólo para precisar algunos conceptos, señor Presidente. ¿
Se ha señalado que el artículo 156 del Estatuto Administrativo contempla en su texto vigente no sólo profesiones o actividades, sino también servicios completos, por así decirlo.
En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hizo presente que el Estatuto Administrativo excluye al personal del Servicio Exterior. El señor Presidente, que fue Ministro de Relaciones Exteriores, sabe tan bien como yo -que conozco las plantas de esa Secretaría de Estado-, que el Servicio Exterior constituye una parte de la planta del Ministerio, un conjunto que, si la memoria no me traiciona, comienza con los embajadores y termina con los cónsules de tercera clase. Además, la planta considera empleos de orden administrativo, de servicios, profesionales, directivos y otros cargos. Igual cosa ocurre con la planta de personal penitenciario en Gendarmería, Servicio que tiene una dotación numerosa, por la ardua labor que debe cumplir, y que también incluye empleos directivos, profesionales, administrativos y de servicios, como sucede con el resto de las plantas de la Universidad de Chile.
Asimismo, se ha planteado que la norma propuesta se ajustaría a Derecho, por cuanto reconocería como fuente o fundamento la ley N° 18.838, cuyos alcances no conozco, pues, por razones obvias, no la he alcanzado a estudiar. En todo caso, si así fuera, por tratarse de un texto legal posterior a la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, este precepto estaría de más, porque de acuerdo con el artículo 52 del Código Civil, cuando los preceptos de la nueva ley son inconciliables con los de la anterior, queda ésta derogada tácitamente, en forma total o parcial.
En consecuencia, si la argumentación se hiciera sobre la base de la ley N° 18.838, el precepto en discusión estaría de más.
Finalmente, respecto del planteamiento tendiente a transformar al Canal 11 en sociedad anónima, reitero que, de acuerdo con el artículo 19, número 21, de la Constitución Política, la actividad empresarial del Estado -calidad que tiene la Universidad de Chile en un concepto amplio- requiere de ley de quórum calificado.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que sería de conveniencia general dar por cerrado el debate sobre la materia, pues ya se han planteado las diversas argumentaciones, hay un informe de la Comisión, y se ha renovado una indicación con las diez firmas reglamentarias. Por lo tanto, procedería realizar la votación correspondiente.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Muy breve. La indicación que formulé para suprimir el artículo 6° por considerar que lo dispuesto en él estaría comprendido en otra norma en trámite en el Senado, no la he renovado por una razón muy simple. El texto propuesto, en principio, no es malo; es una modificación del Estatuto Administrativo que amplía el plazo de las comisiones de servicio.
Reitero, sin embargo, lo que hice presente al referirme a esta disposición en el día de ayer: no constituye una buena técnica legislativa el que en este momento haya en el Senado dos proyectos, y que en uno de ellos se modifique el inciso primero del artículo 70 del Estatuto Administrativo, sobre comisiones de servicio, y en el otro se altere el mismo inciso en sentido distinto. Y, para adecuar la aprobación producida respecto del primer inciso, se presentó indicación para suprimir la primera parte del inciso segundo. Pero -reitero- no es una buena técnica legislativa.
Por otra parte, considero que el precepto debería haber sido estudiado en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que está analizando el proyecto que modifica completamente el artículo 70 del Estatuto Administrativo, sobre comisiones de servicio. En todo caso, no insistiré en ello, por estimar adecuada la enmienda propuesta, a pesar de la mala técnica legislativa usada.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Sólo para formular una observación respecto del cabo suelto que dejó la Honorable señora Feliú en su argumentación, en cuanto a que podría estar derogado el artículo 4° transitorio de la ley N° 18.838.
Deseo dejar constancia de que la ley que aprobó el Estatuto Administrativo es de fecha 23 de septiembre de 1989, y la que creó el Consejo Nacional de Televisión es posterior,...
La señora FELIÚ.-
Precisamente. Por eso,...
El señor LAVANDERO.-
...del 30 de septiembre de 1989. O sea, esta norma habría derogado incluso la parte del Estatuto Administrativo a que la señora Senadora hizo alusión. De manera que es perfectamente válido que el Canal pueda darse una organización distinta, constituirse en sociedad anónima y, si puede hacerlo, también puede contar con un estatuto especial.
Nada más, señor Presidente.
La señora FELIÚ.-
¿Me permite hacer una aclaración, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIÚ.-
Quiero señalar que si se toma como base lo dispuesto por la ley N° 18.838, habría que entender tácitamente derogada, en ese aspecto, la ley N° 18.834 y, por lo tanto, la disposición contenida en el proyecto en estudio sería innecesaria.
Distinto es el caso de la formación de una sociedad anónima.
El señor GONZÁLEZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, la verdad es que he escuchado con bastante atención este debate, pero hay algunas cosas que no entiendo. Evidentemente, ésta debe ser una limitación de tipo personal; no pretendo descargarla en los señores Senadores que han intervenido.
El artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, a que se ha aludido, establece que "podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades". Me parece que estamos de acuerdo con esto.
Todos los Senadores sabemos el significado del término "profesión". Pero yo tenía dudas respecto de la palabra "actividad" y he mirado el diccionario, donde aparece con varias acepciones. La cuarta la define como "Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad". O sea, una entidad -en este caso la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile- desarrolla un conjunto de operaciones y tareas propias. Y eso es una actividad, d acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua.
Por lo tanto, si la ley permite que haya estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades, y la palabra "actividades" tiene la definición que he señalado, no entiendo por qué se pretende excluir a la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile de las actividades que la ley permite que se rijan por un estatuto propio.
He dicho.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Existe el ánimo de cerrar el debate.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, he conversado con la Honorable señora Feliú y, para obviar su aprensión, hemos convenido en reemplazar la letra f) que el artículo 4° propone agregar al artículo 156 del Estatuto Administrativo por la siguiente: "f) El personal que desempeña actividades directamente vinculadas a la actividad televisiva en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile.".
Creo que con esta indicación se disipan todas las dudas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ruego a Su Señoría hacer llegar a la Mesa la indicación, por escrito, a fin de darle curso.
El señor LAVANDERO.-
Muy bien.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La indicación, presentada por el Honorable señor Lavandero, consiste en reemplazar la letra f) que el artículo 4° del proyecto propone agregar al artículo 156 de la ley N° 18.834, por la siguiente:
"f) El personal que desempeña actividades directamente vinculadas a la actividad televisiva en la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile.".
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
-Se aprueba.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, se deja constancia de que, por no haber sido objeto de indicaciones, quedan aprobados los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 7° permanentes, y 1° y 2° transitorios.
En cuanto al artículo 6°, si bien se formuló indicación para suprimirlo, la Comisión la rechazó; y, como no hubo indicación renovada, queda, igualmente, aprobado.
Por último, con relación al artículo 4°, también hubo indicación para eliminarlo; sin embargo, ella fue rechazada. Se renovó la indicación en tal sentido, pero, en definitiva, los 10 Senadores firmantes la retiraron. Finalmente, se aprobó una indicación del Honorable señor Lavandero por la cual se reemplaza la letra f) que se proponía agregar al artículo 156 de la ley N° 18.834.
Por lo tanto, queda despachado el proyecto en este trámite.
Ha sido un muy positivo esfuerzo de los señores Senadores.
No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 14:29.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción