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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 321ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 44ª, en martes 16 de abril de 1991
Ordinaria
(De 16:15 a 20:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX, PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA ZEGERS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SUBROGANTE, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Palza Corvacho, Humberto
-Pérez Walker, Ignacio
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro de Educación.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 41a, especial, secreta, en 2 de abril en curso, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 42a y 43a, ordinarias, en 9 y 10 de abril en curso, respectivamente, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que retira la urgencia hecha presente al proyecto que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y los Estados Unidos de América, suscrito en Santiago el 11 de junio de 1990, sobre solución a problema suscitado entre ambos países, con motivo de la muerte del ex Embajador don Orlando Letelier.
-Queda retirada la urgencia, y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Cámara de Diputados con los que comunica que ha tenido a bien aprobar los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal en lo relativo a los delitos de robo y de hurto. (Calificado de "suma urgencia").
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

2.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 18.778, que establece un subsidio al pago del consumo de agua potable y al servicio de alcantarillado de aguas servidas. (Calificado de "suma urgencia").
-Pasa a la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción y a la de Hacienda, en su caso.

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado General de Cooperación y Amistad, suscrito entre la República de Chile y el Reino de España, el 19 de octubre de 1990. (Calificado de "simple urgencia").
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro de Agricultura, con el que da respuesta al oficio enviado en nombre de los Honorables señores Calderón y Vodanovic, sobre el estudio de una iniciativa de ley que modifique el sistema simplificado de reintegro a exportadores que producen cuero ovino.
-Queda a disposición de los señores Senadores.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Nogales, Quinta Región, con el que remite copia del decreto alcaldicio que denomina a un centro cultural de Nogales con el nombre del ex Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz, perpetuando en esta forma su memoria por la meritoria labor suya en beneficio de la democracia y bienestar de la patria.
-Se toma conocimiento.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el que comunica la renuncia presentada a su cargo por su Presidente, el Honorable señor José Ruiz De Giorgio, y que acordó designar en su reemplazo al Senador señor Ricardo Hormazábal Sánchez.
-Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la constitucionalidad y quórum de aprobación que requeriría el proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos que señala, en el exilio.
De las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reliquida pensiones de ex Parlamentarios. Segundo informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos que señala, en el exilio. (Calificado de "simple urgencia").
De la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de ley sobre modificación del decreto con fuerza de ley N° 1 (G), de 1968, en lo relativo a las especialidades a que pueden optar los empleados civiles de las Fuerzas Armadas.
De la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley N° 591, de 1982, del Ministerio de Obras Públicas, que fija normas de carácter general relativas a la ejecución, reparación y mantención de obras públicas fiscales por el sistema de concesión. (Calificado de "simple urgencia").
-Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables señores Díez, Jarpa, Otero, Ríos y Siebert con la que inician un proyecto de ley que crea una nueva figura penal de acción pública, destinada a sancionar a miembros, colaboradores y propagandistas de grupos terroristas.
-Pasa a la Comisión de Constitución. Legislación, Justicia y Reglamento.
Condolencias
Del Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de España, don Felipe González; del Senado de la República del Perú; de los señores Embajadores de las Repúblicas del Perú, de Costa Rica, de Egipto, de Líbano, de Nicaragua y de Ecuador; del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional, y de diversas autoridades nacionales, entidades de carácter gremial y particulares, por el sensible fallecimiento del Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
-Se manda agradecer.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
)----------(

El señor VALDÉS (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités en su reunión de hace pocos minutos, en el primer lugar del Orden del Día se tratará el proyecto de ley que figura en el primer lugar de la tabla, que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron durante su exilio los grados y títulos que señala, con urgencia calificada de "simple".

El señor LAVANDERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, en la reunión de Comités también se acordó autorizar a la Comisión de Hacienda para que funcione paralelamente con la Sala -hoy a partir de la hora de Incidentes, y mañana durante la sesión-, a fin de tratar el proyecto de ley sobre Estatuto Docente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Efectivamente, señor Senador: por acuerdo unánime de los Comités, se acordó...

El señor DÍEZ.- ¡No es así!

La señora FELIÚ.- El acuerdo fue para que lo haga sólo hoy día, y no mañana.

El señor RÍOS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, quiero aclarar los conceptos del Honorable señor Lavandero.
Lo que se pidió fue que la Comisión de Hacienda funcione paralelamente con la Sala a partir de la hora de Incidentes de hoy. No se solicitó acuerdo para la sesión de mañana.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, entiendo que el acuerdo se tomó en la forma que recordé; pero voy a hacer fe en lo señalado por el Senador señor Ríos, y no insistiré, ya que hay oposición para que mañana sesionen paralelamente la Sala y la Comisión de Hacienda. De modo que se citará a la Comisión conforme al Reglamento para que trabaje mañana fuera de las horas de sesión.
V. ORDEN DEL DÍA



AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO PROFESIONAL A CHILENOS QUE
OBTUVIERON GRADOS Y TÍTULOS EN EL EXILIO


El señor VALDÉS (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día, figura el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron grados y títulos en el exilio, cuya urgencia fue calificada de "simple".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1991.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.
Constitución, sesión 44a, en 16 de abril de 1991.
Educación (segundo), sesión 44a, en 16 de abril de 1991.
Discusión:
Sesión 38a, en 19 de marzo de 1991 (se aprueba en general); 42a, en 9 de abril de 1991 (se retira de tabla).

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de la Corporación, se dan por aprobados los artículos 2°, 8° y 9°, que no fueron objeto de indicaciones en la discusión general ni de modificaciones en el segundo informe.
La Comisión de Educación, en segundo informe suscrito por los Senadores señora Feliú y señores Cantuarias (Presidente), Larre, Pacheco y Palza, propone aprobar la iniciativa con las modificaciones que indica.
La Mesa ha recibido una indicación, renovada por diez señores Senadores, recaída sobre el artículo 1° del proyecto, que dice: "...para intercalar en su inciso primero entre la coma (,) que sigue al guarismo "1990" y la expresión "serán", el siguiente texto: "por acuerdos intergubernamentales, por razones de orden político y otras de fuerza mayor, y que hubieren retornado,".


El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, la Comisión rechazó por tres votos contra uno -el criterio de minoría fue el mío- la indicación formulada por los Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, González, Hormazábal, Núñez, Palza y Ruiz De Giorgio, para intercalar en el inciso primero del artículo 1° la frase "por acuerdos intergubernamentales, por razones de orden político y otras de fuerza mayor, y que hubieren retornado".
En realidad, tal rechazo no se justifica, porque el artículo, sin la indicación mencionada, beneficiaría a todas las personas que salieron del país antes del 11 de marzo de 1990, en circunstancias de que la iniciativa propuesta por el Ejecutivo tiene por objeto favorecer a quienes obligadamente tuvieron que exiliarse por razones políticas o de fuerza mayor, y no a quienes lo hubieran hecho, por ejemplo, por motivo de estudios y de obtener títulos profesionales aprovechando las mayores facilidades de otros países, o por razones de orden económico o por otras consideraciones.
Por lo tanto, señor Presidente, yo me permito insistir en la idea de aprobar la indicación rechazada en la Comisión, a fin de limitar el proyecto sólo a quienes hubieren salido de Chile por razones de orden político y otras de fuerza mayor, y que hubieren retornado al país.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- El señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha solicitado a la Mesa que se dé lectura al informe que emitió dicha Comisión, respecto de la constitucionalidad y quórum de aprobación que requeriría el proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron en el extranjero grados y títulos que señala.
Tal documento fue suscrito por los Honorables señores Vodanovic (Presidente), Díez, Fernández, Letelier y Pacheco, y en su parte resolutiva -consta en el Boletín N° S35-10-, dice: "En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de absolveros la consulta formulada en el sentido de que el proyecto se ajusta a la normativa constitucional vigente y que sus normas son propias de ley común, con excepción del artículo 3° que, en cuanto crea una Comisión Especial como la propuesta, tiene el rango de ley orgánica constitucional y, consecuentemente, necesita para su aprobación de una mayoría de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.".

La señora FELIÚ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, por ahora me referiré solamente al artículo 1°. En cuanto al artículo 3°, lo haré en el momento de efectuarse la votación correspondiente, que requiere de un quórum especial, según lo señalado en el informe por la Comisión de Constitución.
Efectivamente, en el proyecto consignado en el primer informe -aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación- se eliminó del artículo 1° la frase que exigía que los chilenos hubieran salido por razones de carácter político. Ahora, respecto de esta norma que señala como beneficiarios de esta ley en estudio a los chilenos nacionalizados que salieron del país antes del 11 de marzo de 1990 y que hubiesen retornado, se ha presentado una indicación tendiente a agregar que esas salidas estuvieren motivadas por acuerdos intergubernamentales, por razones de orden político y otras de fuerza mayor.
En verdad, señor Presidente, la mayoría de la Comisión de Educación del Senado estimó conveniente rechazar la indicación -y le pido a la Sala que se manifieste en igual forma-, porque exigir a los chilenos salidos del país antes del 11 de marzo de 1990 y que obtuvieron títulos o grados de carácter superior en el extranjero, que acrediten hallarse en esa condición por acuerdos intergubernamentales o por razones de orden político u otras de fuerza mayor, significará dificultarles la autorización para trabajar a que se refiere el proyecto en debate. Si se aprueba el texto conforme a lo señalado en la indicación renovada, tales personas deberían acreditar ante la Comisión que se crea en el artículo 3° que cumplen estas condiciones o requisitos, esto es, que debieron salir de Chile por razones de orden político, por fuerza mayor o por acuerdos intergubernamentales.
La Comisión estimó por mayoría de votos que la exigencia de cumplir con dichos requisitos complicaba la situación de quienes se encuentran en esas condiciones sin que de la norma se derive realmente ningún beneficio. Sin embargo, se tuvo presente precisamente -tal como lo señala el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que esto no puede ser fuente para que algunas personas puedan beneficiarse con estos preceptos, sin hallarse en la situación que la ley contempla y que ésta quiere proteger. Por ello, la Comisión, modificando el texto propuesto por la Cámara de Diputados, agregó el requisito de que se tratara de personas que hubieren salido de Chile antes del 11 de marzo de 1990. En ese caso debe presumirse que quienes salieron del país, obtuvieron títulos y grados en el exterior, y cumplen con el resto de las condiciones que impone la iniciativa legal, se encuentran amparados por sus disposiciones; pero establecer más requisitos y exigencias especiales que deberán acreditarse dificultará el beneficio que esta ley en estudio otorga.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Ministro de Educación, señor Lagos.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Señor Presidente, el Ejecutivo ha presentado indicaciones renovadas al proyecto de ley que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron en el extranjero grados y títulos que señala.
Entre otras, en el artículo 1° renovamos la indicación original, en el sentido de que el propósito era no hacer una legislación general sobre el reconocimiento de títulos y grados, sino, específicamente, respecto de aquellos chilenos que, por razones de orden político o de fuerza mayor, tuvieron que vivir fuera de su patria durante un largo período. De la misma manera, se hacía extensivo el beneficio a los extranjeros que, por el hecho de haber contraído matrimonio con chilenos que regresan al país, quisieren también ejercer sus respectivas profesiones en Chile.
En consecuencia, era importante el punto de vista del Ejecutivo, ya que existía un propósito en cuanto al grupo de personas que se pretendía beneficiar con este proyecto de ley, a fin de resolver una situación de evidente injusticia. Pero no queríamos legislar en forma general, porque obligaría a otro tipo de consideraciones.
Se trataba de beneficiar específicamente a un determinado grupo; y que, en consecuencia, los antecedentes de orden político o de fuerza mayor de los interesados fuesen presentados a la misma comisión especial que debe velar por el reconocimiento de los títulos y grados académicos.
Otra indicación se refiere a los integrantes de esa comisión, respecto de lo cual ha habido un acuerdo en la Comisión de Educación, el que, a mi juicio, satisface plenamente la inquietud del Ejecutivo, en cuanto a que forman parte de aquélla los rectores designados por el Consejo de Rectores, es decir, por el cuerpo de universidades actualmente en condiciones de otorgar títulos y grados en el país, pues existe un importante número de instituciones privadas que todavía no se hallan plenamente habilitadas para ello.
El Gobierno considera conveniente que ese reconocimiento y habilitación tengan carácter permanente, y no sólo por un determinado período, al término del cual los beneficiarios tendrían que someterse a los requisitos regulares establecidos por la legislación general.
Ése es el sentido de la indicación propuesta por el Ejecutivo. Sin embargo, según lo conversado tanto con los miembros de la Comisión de Educación como con los de la de Constitución, Legislación y Justicia, es posible buscar los mecanismos y procedimientos que permitan resolver el problema de tipo reglamentario en cuanto a los quórum especiales de aprobación que plantea el informe de la última de ellas. En tal sentido, para aprobar la Sala el nuevo artículo 3° propuesto por la Comisión de Educación, se requeriría contar con los votos favorables de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, según lo dispone la Constitución Política. Y esa nueva norma legal debería ser debatida en tercer trámite por la Cámara de Diputados, la que -en ese evento- requeriría también para su aprobación el quórum especial a que se ha hecho referencia. De esa manera estaríamos salvando una posible inconstitucionalidad en el procedimiento de la tramitación del proyecto de ley, pues en la Cámara de Diputados no se planteó el requerimiento de quórum calificado.
En otras palabras, de acuerdo con la forma en que se presenta ahora el informe de la Comisión de Educación -el cual propone un nuevo artículo 3° que satisface los planteamientos del Ejecutivo respecto de la indicación-, el nuevo artículo permitiría resolver el problema constitucional señalado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y, por lo tanto, solicito a los Honorables Senadores, por intermedio del señor Presidente, aprobar nuestra indicación al artículo 1°, para restringir a cierto grupo de chilenos la aplicación de esa disposición, porque nuestro propósito no es legislar en forma global ni establecer un nuevo sistema de reconocimiento de títulos y grados. Esto nos parece que, llegado el momento, debería ser incluido en un proyecto de ley referente a la educación superior que el Gobierno enviará oportunamente al Congreso Nacional.
Respecto del artículo 3°, nos parece que su incidencia en una materia propia de ley orgánica constitucional, como se plantea en el informe de la Comisión de Constitución, se resuelve con la nueva redacción dada por la de Educación, con la cual estamos plenamente de acuerdo.
Finalmente, en cuanto a la indicación para suprimir el período de tres años, creemos que es un tema que podría ser debatido en la Comisión Mixta -si así procediere- o, tal vez, en esta Sala directamente.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VODANOVIC.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VODANOVIC.- Sólo deseo formular una consulta al señor Ministro.
En el evento de que se sancione una norma como la propuesta -vale decir, que el beneficio se radique en quienes salieron del país antes del 11 de marzo de 1990 por razones políticas o en virtud de acuerdos intergubernamentales-, ¿establece el texto del proyecto algún sistema de control para acreditar que se cumplen estas circunstancias? ¿Es la Comisión Especial la encargada de controlarlo?

El señor NAVARRETE.- Es la Comisión.
El señor VODANOVIC.- Pero del texto del artículo 4° no se deduce exactamente eso. La Comisión Especial supervigila otros requisitos. Por ese motivo estoy preguntando.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Me parece que la respuesta a la consulta formulada por el Honorable señor Vodanovic está en principio contemplada cuando en el número 2 del artículo 4° se dice que el interesado deberá presentar, entre los antecedentes, "Invocación fundada de la causa que motiva la solicitud para acogerse a las disposiciones de esta ley.".
Esa causa deberá ser revisada por la Comisión Especial. Ahí se precisará entonces si se trata de personas que salieron en virtud de acuerdos intergubernamentales, por persecuciones políticas, o por otras causales de las consignadas en la ley.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, de acuerdo con el sistema previsto en el proyecto propuesto a esta Sala, las solicitudes deberán presentarse ante la Oficina Nacional de Retorno, la que debe calificar todas las circunstancias y antecedentes de hecho. Y ella es la encargada de presentar los casos a la Comisión Especial a que se refiere el artículo 3°. Ahí es donde se ponderarán todas las situaciones de que trata esta iniciativa y se analizará su sentido.
En cuanto a la consulta del Honorable señor Vodanovic, quisiera puntualizar que lo que se pretende precisar en el artículo 3° mediante la indicación renovada es, en realidad, de una gran amplitud, y, verdaderamente, no se logra tal propósito. Porque dicha indicación se refiere a personas que han debido salir por acuerdos intergubernamentales, por razones de orden político -que se van a dar normalmente en el caso de los padres, ya que en el de los hijos será dudoso que pueda estimarse que salieron por razones de orden político niños que a veces abandonaron Chile a los diez años, o menos-, y otras de fuerza mayor. De acuerdo con el Código Civil, la fuerza mayor es el imprevisto imposible de resistir, y éste puede revestir múltiples gamas.
En consecuencia, esta indicación no precisa nada, y enumera una serie de circunstancias, todas muy amplias, que obligará a los interesados a probar que se encuentran en alguno de los casos, y con ello el trámite se va a burocratizar y a demorar.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.- Señor Presidente, creo que estamos en un error en lo referente al sentido de la indicación que se propone renovar. Por eso, es conveniente recordar que la idea fundamental del proyecto del Ejecutivo es que, dentro de las normas que persiguen ofrecer una reparación a todas las personas que han tenido problemas a raíz de lo acontecido durante los últimos diecisiete años, se dé un tratamiento especial a aquellos profesionales que han vuelto del extranjero, muchos de ellos con títulos obtenidos allá, y posibilitarles el acceso al trabajo.
Y me parece que la intención del Gobierno apunta exclusivamente a ese tipo de personas; en cambio, en la forma como la Comisión de Educación ha despachado la norma queda una puerta muy abierta para que cualquier persona que hubiera salido del país, por distintos motivos, no por razones de carácter ideológico o político, pueda acogerse al beneficio.
Sobre esa base, nosotros, insistiendo en el sentido primitivo del mensaje, presentamos la indicación a fin de favorecer a las personas que, por los motivos señalados, debieron abandonar el país.
Por tales razones, señor Presidente, pido cerrar el debate y proceder a la votación.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Se ha sostenido que la indicación renovada podría producir tramitación burocrática, por así decir, en la obtención del beneficio de la ley. A mi juicio, dicho argumento no es muy sólido, pues, de todas maneras -incluso si el proyecto quedara tal como viene, con la votación de la mayoría de la Comisión-, los eventuales beneficiarios tendrían que ir, primero, a la Oficina de Retorno y, después, fundar las razones de la solicitud ante la Comisión que finalmente otorga el beneficio. O sea, los trámites serían los mismos, con el inconveniente de que efectivamente la ley tendría un carácter más amplio, que podría producir otras consecuencias, en circunstancias de que, como se precisó en la discusión habida en la Comisión de Educación, se trata de una iniciativa de índole particular, restringida a á sólo un grupo de chilenos, y no es una legislación que revise todo el sistema internacional y nacional de acreditación de títulos obtenidos en el extranjero. Por tanto, si no se precisan sus normas, realmente estaríamos abordando un tema de mayores alcances del que hoy se presenta a la consideración de este Congreso.
En consecuencia, me parece útil que el artículo 1° detalle expresamente cuál es el grupo de chilenos favorecidos con este tratamiento excepcional, debido a que fueron también extraordinarias las razones que los obligaron a estudiar y obtener títulos en el extranjero. Me parece que constituye un deseo nacional el que esos conciudadanos retornen, y es también un sentir de este Congreso el que puedan acceder al trabajo en Chile, aprovechando las calificaciones técnicas y profesionales logradas durante el exilio.
Finalmente, sólo quiero reiterar que, desde el punto de vista de los procedimientos, el proyecto, tal cual viene aprobado por la mayoría de la Comisión, sería más engorroso, porque aparte los dos mecanismos que se crean -la Oficina Nacional de Retorno y la Comisión Especial que finalmente acredita los derechos-, habría un volumen mayor de eventuales beneficiarios que el que este proyecto pretende favorecer.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, creo que debemos evitar que, por tratar de resolver un problema -en lo cual todos estamos interesados-, estemos creando otro.
Personalmente, estimo que la indicación renovada complica el texto de la iniciativa; y lo hace porque, de alguna manera, está en los límites -o quizás los traspasa- de establecer una disposición que contraría la igualdad ante la ley.
La fijación de un plazo -11 de marzo de 1990- es una norma común, general, de aplicación clara; pero si respecto de los beneficiarios decimos que son los que salieron "por razones de orden político", me parece que implica usar una técnica legislativa que puede ser objetada aduciendo que se crea un precepto legislativo discriminatorio que favorece a algunos y no a todos. A mi juicio, ello contribuye a enredar el proyecto.
Fui partidario de pedir informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por tener dudas sobre otros aspectos del texto, materia que ya fue discutida, informada y resuelta en la Comisión por 4 votos contra 1 y, por tanto, doy por superado ese problema. Pero no estoy dispuesto a apoyar una indicación que, en un proyecto que todos deseamos aprobar, crea dificultades que ninguna razón suficientemente valedera justifica.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, ante la última argumentación, solamente quiero señalar que lo que se está restableciendo aquí es una justicia, una equidad, que la igualdad se rompió precisamente en* el Régimen pasado, cuando los chilenos se vieron obligados a irse del país. Entonces, lo único que hoy día hace la ley es restablecer ese equilibrio.
Hemos escuchado al señor Ministro anunciar el envío de un nuevo proyecto destinado a que muchos -y para nosotros importantes- cerebros chilenos que están en el extranjero puedan también acogerse a un beneficio similar.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- Señor Presidente, aquí hay señores Senadores muy jóvenes, y, tal vez no recuerdan la crisis que vivió nuestro país entre los años 1970 y 1973, cuando muchos chilenos tuvieron que abandonar su patria en busca de posibilidades de trabajo y de subsistencia en el exterior. Hay que acordarse de las tomas, de las persecuciones y, sobre todo, de la enorme crisis económica que entonces nos afectó, y que obligó a muchos profesionales, ante la imposibilidad de poder desarrollar sus actividades normales, a buscar en otros países la forma de subsistir y de educar a sus hijos.
Por tanto, señor Presidente, creo que si realmente tenemos el propósito de no suscitar aquí un debate político interminable respecto de culpabilidades, de víctimas y de victimarios, deberíamos acoger el proyecto de ley sin esta indicación renovada, dotándolo así de la amplitud suficiente para acoger todos los casos de chilenos que, por razones de fuerza mayor, en una u otra época, han tenido que abandonar el país.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, siempre se ha dicho que la historia puede ayudar para aprender de ella, o que, a veces, puede citársela para entramparnos.
Creo que las recientes expresiones del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra pueden tener un fundamento. Hay chilenos que experimentaron durante esa etapa una percepción negativa, a quienes se les cerraron puertas, y que a veces, incluso por razones políticas, optaron por estar fuera de la patria.
Ésa constituiría una causal para ser invocada en la Comisión: razones políticas, y que corresponde al texto de la indicación que presentamos. Porque si eso ocurrió antes de 1973, ¡pasaron diecisiete años sin que nadie legislara para resolver la situación de esos connacionales! Que yo sepa, no hay norma alguna en virtud de la cual los afectados durante el período 70-73 pudieran haber sido después recibidos en la patria, con los brazos abiertos, para reincorporarse.
Por eso, como no se trata de mirar el pasado para lanzarnos ofensas, me parece que la legítima expresión de duda planteada por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra cabe perfectamente en las razones de índole política que hemos consignado en nuestra indicación. En consecuencia, cualquier chileno, por las razones que fueren, que haya sacado un título, su cónyuge o su hijo, y que quiere volver a este país a cooperar con la paz y la reconciliación, sea bienvenido, en los términos del proyecto.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, estoy muy consciente de que estamos en presencia de una legislación de carácter excepcional para regular casos muy concretos y específicos dentro de un cuadro nacional de reencuentro de todos los chilenos. Creo que, desde otros aspectos, la iniciativa podría merecer objeciones de carácter técnico, pero, desde el punto de vista que señalo -el del reencuentro-, en esa línea, en esa inspiración, tenemos que enmarcar nuestra conducta para fijar posiciones al respecto.
A mi entender, ello nos lleva a mirar la situación como un caso de excepción al cual no pueden aplicarse las reglas generales propias de todos los ciudadanos, y, por tratarse de circunstancias extraordinarias, estará incluida en normas que habitualmente no se aplican a todos los chilenos.
Por las razones que motivan mi apoyo al proyecto, y como una manera de resolver el problema que enfrentan las personas que han estado viviendo en el extranjero, al votar cada artículo lo haré inspirado en ese pensamiento: el de buscar una solución. Por lo tanto, en la medida en que por impedimentos constitucionales o de tramitación reglamentaria no sea posible superar las dificultades que los textos legales o constitucionales plantean, voy a preferir siempre la opción que beneficie a quienes el proyecto tiende en definitiva a favorecer.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, creo que hay coincidencia en el Senado en la aprobación del proyecto y en facilitar el reconocimiento de los títulos obtenidos en el exterior por chilenos a quienes, según la opinión de muchos, se les colocó en una situación difícil o imposible. Sin embargo, me parece advertir cierto egoísmo en la indicación planteada, por cuanto, al margen de lo que se ha expresado y frente a los inconvenientes de entrar a calificar motivos políticos o razones de fuerza mayor -pensemos que estas últimas pueden tener gran variedad-, yo me hago una reflexión de orden general: la circunstancia de que corrijamos una injusticia y facilitemos el reconocimiento de títulos a determinados chilenos que se sienten perjudicados, ¿por qué nos lleva a eliminar la posibilidad de incluir a otros? No veo por qué a otros profesionales que salieron en una época anterior a la fecha consignada en el proyecto -11 de marzo de 1990- no se les puedan reconocer sus títulos.
Ojalá que este país pudiera acoger a todos los chilenos que se fueron, por cualquier circunstancia -política, económica, familiar o social-. El éxodo de profesionales o de jóvenes capaces es el gran drama de Latinoamérica. Por ello, justificaría esta discusión si la norma causara algún mal; si fuera sumamente grave o altamente perjudicial para Chile el que, a lo mejor, 50, 100 ó 200 profesionales más retornaran. Pero no veo inconveniente alguno. Creo que eso es ventajoso para el país. En consecuencia, el dar lugar a un problema de interpretación o posibilitar que haya discriminación entre los chilenos, estimo que va en contra del propio espíritu que inspiró al proyecto.
En mi opinión, ya que estamos allanando el camino a este grupo de compatriotas, a sus hijos o familiares, que tuvieron que salir de Chile en circunstancias difíciles; ya que hacemos esta excepción, abramos los brazos a todos los chilenos que estén en situación de efectuar al país un aporte tan valioso como aquel a que específicamente han querido referirse.
Si la norma, en la forma como está, representara un grave inconveniente, constituyera un gran problema o resultara injusta, me explicaría que pudiéramos entrar a un proceso complejo. Pero no hay nada de eso. Lo más probable -repito- es que 50, 100 ó 200 profesionales más vengan a reforzar el acervo cultural del país, lo que nos permitirá a todos seguir trabajando juntos para hacer a Chile más grande.
Por eso, pido a los autores de esta indicación que, en aras precisamente del ánimo de reconciliación que a todos nos anima -quienes hemos tenido oportunidad de viajar al extranjero hemos podido apreciar cuántos chilenos que han salido, por muy variados motivos, desearían verse mejor acogidos en su patria, o llamados por ella-, en vista de los antecedentes dados, de lo que he expuesto y por muchas otras razones, procedan a retirarla. En caso contrario, expreso desde ya mi voto negativo.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, probablemente yo debería inhibirme del debate sobre este proyecto de ley. Creo que soy el único Senador que ha obtenido un título en el exilio. Sin embargo, no dejan de preocuparme algunas de las argumentaciones dadas esta tarde.
Confieso que, siendo uno de los posibles beneficiados con esta iniciativa -aun cuando el reconocimiento de mi título emana del convenio cultural suscrito entre España y Chile-, una de las inquietudes que aquélla me provocó fue la de que pudiese verse afectada la excelencia académica y profesional de nuestros estudiantes y titulados. La verdad es que tal inquietud se ve disminuida si se tiene en cuenta que se trata de un proyecto de ley destinado a resolver problemas derivados de un caso irregular, extraordinario, excepcional, inédito quizás en la historia de nuestro país, que puede ser considerado a partir del 11 de septiembre de 1973 y hasta el 11 de marzo de 1990, o bien, con anterioridad a la primera fecha y hasta el 11 de marzo del año pasado.
Creo que no existen contradicciones en tal sentido. Mi impresión es que no se pretende dividir temporalmente a quienes pueden acogerse a un beneficio de esta naturaleza. Tampoco estamos introduciendo categorías derivadas del análisis político por la vía de reglar la materia con este proyecto. Estamos hablando de situaciones irregulares que afectaron a ciudadanos chilenos que estaban en condiciones de estudiar cuando hicieron abandono del país -o, posteriormente, sus hijos-, y que debieron cursar sus estudios en el exterior, y que hoy, al regresar a su patria, no han podido incorporarse al mercado de trabajo en su actividad profesional por no existir ninguna ley que los proteja en este sentido.
Por consiguiente, aquí no se trata de la visión histórica que tengan Senadores más viejos o Senadores más jóvenes, sino de la expresión de un espíritu abierto verdaderamente dispuesto a legislar acerca de situaciones muy concretas producidas recientemente, o con mayor anterioridad.
Quizás la redacción de esta indicación no es la más afortunada. Pero creo que, en razón de la excelencia profesional de los graduados en las universidades chilenas, y del buen nivel que siempre se les ha atribuido, deberíamos precisar que el proyecto pretende legislar sobre una situación -repito- irregular, excepcional, extraordinaria, sin permitir que ciudadanos que salieron del país por otros motivos sean beneficiados con este proyecto.
Por otra parte, habría preferido que no se fijara el límite consignado en el artículo 1°, es decir, que pudieran acogerse a él quienes salieron de Chile antes del 11 de marzo de 1990. Quizás hubiese sido más afortunado decir "quienes iniciaron sus estudios antes del 11 de marzo de 1990". Podría darse el caso de un ciudadano chileno que haya debido irse al extranjero el día anterior a esa fecha y que haya comenzado sus estudios en marzo recién pasado. Perfectamente podría acogerse a los beneficios de esta disposición.
Por lo tanto, también expreso mi preocupación acerca de la forma como está redactada la parte referente al límite para quienes podrían acogerse a tal franquicia.
Señor Presidente, soy claramente partidario de que, en caso de ser aprobada la iniciativa por el Congreso Nacional, puedan acogerse a ella quienes tuvieron que realizar estudios en el exilio, por razones de carácter extraordinario, o por motivos de fuerza mayor, y, por cierto, sin que ello implique en absoluto que tan sólo puedan ser favorecidos los que fueron víctimas del Gobierno anterior, sino también quienes demuestren que, por razones políticas o de fuerza mayor, debieron abandonar el país antes de septiembre de 1973.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, tengo la impresión de que, si pretendemos que la ley opere de manera adecuada, deberemos analizarla más detenidamente.
Como bien dijo un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, estamos legislando sobre una situación de excepción.
En mi calidad de ex secretario general de una universidad de nuestro país, y también en la de exiliado, puedo señalar que los problemas concretos que se generaron fueron más o menos los siguientes.
Primero, por única vez en Chile hubo una cantidad extraordinariamente alta de académicos que debieron irse por razones políticas y que tuvieron que revalidar títulos o realizar estudios en el extranjero, los que normalmente no tenían convalidación simple en nuestro país.
En segundo lugar, durante 17 años muchos chilenos se fueron con sus hijos, los que, también por razones de carácter político, debieron iniciar estudios afuera. Por lo general, un joven que en ese entonces tenía 10 años, al cabo de ese lapso, al contar con 27, ya ha obtenido un título universitario, casi con entera seguridad.
Y en tercer término, hay muchos casos de conciudadanos que no se vieron afectados por razones de carácter político, que no se acogieron a convenios intergubernamentales, pero quese fueron del país por motivos de fuerza mayor.
En mi opinión, dentro de ese concepto -motivos de fuerza mayor- se encuentran no solamente aquellos que no eran partidarios del Régimen anterior, sino también chilenos que apoyaban a dicho Gobierno. ¿En quiénes estoy pensando? En muchos de sus adeptos que también debieron viajar al exterior por fuerza mayor, por ejemplo, los afectados por la brusca disminución de las remuneraciones ocurrida en nuestras universidades. Algunos se acogieron a determinados convenios intergubernamentales o interuniversitarios y, por esas razones, se radicaron también en el extranjero y pudieron obtener títulos. Otros, sin embargo, salieron sin hacer uso de tales convenios y, en mi opinión, podrían invocar razones de fuerza mayor.
No es el caso de quienes debieron irse entre 1970 y 1973, porque éstos tuvieron siempre, durante 17 años, la posibilidad de convalidar estudios en nuestro país. Ni es tampoco el de muchos chilenos que, habiendo salido también por razones políticas, no pudieron acogerse ni al asilo político -y, en consecuencia, no están en condiciones de acreditar esta causal- ni tuvieron posibilidades de optar a algún convenio interuniversitario, porque, obviamente, no eran académicos ni estudiantes de enseñanza media o superior y, por tanto, no tenían probabilidad alguna de acogerse a lo que aquí se establece.
Por ello, a mi modo de ver, la indicación renovada puede resolver adecuadamente tanto los casos de las personas que debieron salir del país por razones políticas, y con convenios intergubernamentales, como los de quienes -por otras razones, no necesariamente políticas, pero posibles de catalogar como de fuerza mayor- también obtuvieron títulos o grados fuera del país en los años a los cuales nos estamos refiriendo. Es decir, la indicación no sólo está beneficiando al grupo señalado, sino asimismo a otros que igualmente salieron de Chile por fuerza mayor, por razones de orden académico, o por otros motivos y que, por lo tanto, no pudieron convalidar títulos en nuestro país.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor NÚÑEZ.- Sí, Honorable colega.

El señor PÉREZ.- Su Señoría ha citado como de fuerza mayor el tema de las bajas remuneraciones en un período de crisis, y yo me pregunto si no caben ahí, en ese concepto, en la época anterior al 11 de septiembre de 1973, la crisis económica vivida en el país, las huelgas en las universidades, la falta de esperanza de tantos profesionales que tuvieron que irse de Chile en busca de nuevos horizontes.

El señor NÚÑEZ.- Yo creo que está...

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego evitar debate sobre la materia, porque estas interrupciones son más parecidas a intervenciones.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor GAZMURI.- Señores Senadores, no hagamos de nuevo la historia entera en torno de este proyecto.

El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, he sido aludido.
Honorable señor Díaz, ¿me permite una interrupción?

El señor DÍAZ.- Hago presente a los señores Senadores que me dieron la palabra y voy a hacer uso de ella.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene derecho a ello, señor Senador.

El señor GONZÁLEZ.- ¡A los otros los echaron, y éstos se fueron! ¡Estamos hablando de los que echaron!

El señor PÉREZ.- ¡El Honorable señor Núñez acaba de decir que personas partidarias del Gobierno anterior también tuvieron que salir del país por otras razones!
El señor VALDÉS (Presidente).- Señores Senadores, ruego dirigirse a la Mesa para usar de la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Hace algunos momentos, un señor Senador hizo referencia a los que se recibieron en el exterior -que se encontrarían en otras condiciones- y que también merecerían acogerse a los beneficios de este proyecto, aunque no estuvieran calificados entre los casos de fuerza mayor o razones políticas.
Todos cuantos estudiamos en las universidades sabemos que había -y lo hay- un sistema de puntaje y una exigencia. Y era frecuente que algunos estudiantes -imagino que ahora también- que no lo alcanzaban, especialmente en algunas carreras como arquitectura, ingeniería, medicina, estudiaran en otros países. Indiscutiblemente, podrían hacerlo en el extranjero.
Creo que, al calificar la situación de aquellos que pueden retornar por motivos políticos y razones de fuerza mayor, se está aclarando la situación. No puede ser que mediante el subterfugio descrito, muchos estudiantes logren sus títulos afuera, en universidades de inferior calidad -digamos las cosas como son-, y después, recurriendo a este método, porque tienen más recursos o por cualquier otra circunstancia, puedan ejercer la profesión en Chile.
En mi concepto, esta norma, calificada como "discriminatoria" -aceptémoslo, lo es absolutamente-, tiene este carácter deliberadamente porque también fue discriminatoria la forma corno muchos debieron irse del país. De modo que son situaciones absolutamente diferentes.
Creo que, como lo señaló el Honorable señor Navarrete, por la excelencia de nuestras universidades, debemos puntualizar perfectamente que la iniciativa está destinada a esos casos específicos.
Ahora bien, esos estudiantes o personas que durante los años 1970 a 1973 tuvieron que salir del país y recibirse en el extranjero, dispusieron nada menos que de 17 años propicios para ellos. Porque, evidentemente, se trataba de opositores al Gobierno de la Unidad Popular y, como es obvio, eran partidarios del Gobierno que lo siguió. Entonces, tuvieron el amplio lapso de 17 años para haber retornado al país. Si no lo hicieron, creo que es problema de ellos.
Por último, me parece que aquí también se formuló indicación en el sentido de que el plazo para acogerse al beneficio sea lo más extenso posible. Hay carreras -me refiero específicamente a arquitectura, a ingeniería, a medicina y quizás a leyes- que duran seis o siete años. Y algunos pueden haber iniciado su carrera universitaria en el exterior alrededor de los años 1988-1989, cuando aún no estaba seguro lo que iba a suceder el 14 de diciembre de 1989, que gracias a Dios acaeció, y empezaron un estudio, el que, por supuesto, tendrán que seguir cursando en el exterior hasta 1995 ó 1996. Creo que a esas personas también debe dárseles la oportunidad de retornar en las mismas condiciones que al resto de las señaladas.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ha pedido la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Señor Presidente, quiero indicar que el propósito del Ejecutivo fue hacer de esto una situación de tipo restrictivo. No queríamos establecer un nuevo procedimiento en una legislación que abriera un debate respecto al mecanismo por el cual los chilenos obtienen grados o títulos en el extranjero. Hay un procedimiento normal, que nos parece adecuado y que requeriría de un debate mucho más profundo.
En ese sentido, tampoco deseamos hacer de esto un debate político. Lo digo sinceramente. En consecuencia, si hay otra modalidad que permita, a todos aquellos que por distintas circunstancias tuvieron que vivir fuera del país, quedar colocados dentro de cierto parámetro que no tenga el grado de generalidad, me parece espléndido.
Por lo que he podido apreciar acá en el Senado, existe el propósito de legislar sobre el particular. En consecuencia, busquemos una redacción adecuada en ese sentido, de tal manera de no estar estableciendo el principio de una legislación de carácter general; porque, entonces, el tema será: ¿por qué fijamos el 11 de marzo de 1990 y no una fecha posterior? Me parece que a partir de ello podemos resolver el tema. Simplemente se puede establecer la oración "aquellos chilenos que hubieran estado afuera por razones de fuerza mayor u otra causa y que hubieren retornado". De esa manera, creo que el texto queda lo suficientemente amplio como para que, por una parte, se pueda satisfacer los distintos planteamientos que han hecho los señores Senadores y, por otra, se pueda establecer un procedimiento mediante el cual, de una u otra forma, quede claro que no estamos haciendo una legislación de tipo general.

El señor LARRE.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional, dentro del espíritu planteado por el señor Ministro, estaríamos de acuerdo en votar favorablemente esta indicación, si la parte pertinente del texto se sustituye por la frase "por razones de fuerza mayor y que hubieren retornado".

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.- Señor Presidente, tal como se ha planteado, creo que el espíritu tenido en vista ya ha quedado registrado en el debate. Me parece que una manera de zanjar esta discusión es justamente lo que ha planteado el señor Ministro de Educación, en el sentido de colocar expresamente la frase "por fuerza mayor". En esa forma, los Senadores democratacristianos aprobaremos el texto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.- Señor Presidente, la verdad es que a ratos uno se siente motivado por algunos estímulos, pero trataremos de mantener la calma, porque nuestros compatriotas -incluso tres hijos míos- están hace tiempo esperando poder ejercer la profesión, porque no pudieron estudiar acá. Creo que estos son hechos claros y notorios, bastante determinados y determinantes en la vida de una persona y de una familia.
Me parece que hemos discutido esto demasiado. Doy excusas incluso a mis Honorables colegas con quienes renové la indicación y pido que aceptemos la proposición del Honorable señor Larre, en el sentido de aprobar este artículo en la forma como se ha planteado, ya que lo importante es no poner obstáculos a nadie.
El señor GAZMURI.- Aprobado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, estoy en completo acuerdo con la indicación, pero, sin ninguna animosidad, quisiera dejar planteada mi opinión, en el sentido de que el exilio forzado al que se vieron sometidos miles de chilenos durante el período posterior al año 1973 no es comparable a otras situaciones, también dolorosas, de abandono del territorio nacional por parte de otros compatriotas. Digo esto sin ninguna mezquindad. Siento la necesidad de expresar que las verdades históricas finalmente también tienen que quedar planteadas en esta Sala. El exilio forzoso de miles de chilenos no tuvo, desde el nacimiento de la República, la magnitud que alcanzó en esos años. Las otras situaciones de exilio -y las hubo en el siglo pasado y también durante este siglo, incluso con ilustres Presidentes, parientes de nuestro Honorable colega que se sienta en las bancas del fondo- fueron arbitrarias, dolorosas, como todo exilio, pero nunca adquirieron el carácter masivo que afectó a miles de chilenos y que hace que seamos un país con una diáspora que se reparte en más de 50 naciones de la Tierra.
Yo sólo quiero decir eso. Y me parece que, si por esta disposición -y ése es el espíritu que la inició- hay otros chilenos que, por distintas razones pueden acreditar sus títulos y volver a la patria, me alegro mucho que también así sea. Pero creo que, en honor a la verdad histórica, no podemos comparar situaciones anteriores, porque no tuvieron el carácter forzoso ni masivo del exilio durante el Régimen anterior.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, quiero anunciar mi propósito de concurrir al acuerdo que se ha establecido, haciendo presente, para los efectos prácticos, que la redacción a que se ha arribado, y que ha sido propuesta por el señor Ministro, en el fondo nada cambia respecto de los alcances o de los eventuales beneficiarios que la ley contempla. Lo cierto es que, cuando se legisla en general -me estoy refiriendo a legislar-, se pretende abarcar de una manera amplia todas las situaciones que puedan quedar contempladas.
Y en cuanto a los efectos prácticos, por cierto que el camino que se señala, como lo referente a la composición de la Comisión -que, entiendo, será materia de conversación al tratar el artículo 3°- y todos los demás alcances apuntan en el sentido de que con el patrocinio de la Oficina Nacional de Retorno se beneficie justamente al conjunto de chilenos que estamos señalando, cuya razón, motivación y circunstancias personales son las que han enriquecido los debates del Senado al elaborarse el primer informe de esta iniciativa en la Comisión.
Adicionalmente, quiero precisar, sin embargo, que, respecto de las consideraciones hechas por el Honorable señor Díaz en cuanto a las personas que hayan salido del país hacia fines del año 1989 o aun en ese entorno, lo cierto es que tales personas están contempladas en la ley, porque no están limitados los plazos que se precisan acerca de haber salido del país antes del 11 de marzo de 1990 y de hacer uso del beneficio. Todo lo que establece el resto del articulado es el tiempo en que serán vigentes las habilitaciones que la ley permite, una vez que ellas sean concedidas por la comisión respectiva. De forma que el caso específico que planteaba Su Señoría está cubierto por el proyecto que nos interesa.
Quisiera señalar que ha sido propósito del Senado y de la Comisión de Educación legislar con la mayor celeridad en esta materia. De manera que no puede argumentarse, y ni siquiera sostenerse, que la intención ha sido cambiar el sentido o alcance de los beneficios a quienes van a hacer uso de la ley. Por el contrario, se ha tratado, no sólo de mejorar un proyecto de ley que en sus aspectos formales y en los términos que utilizaba -conforme vamos a demostrar en la discusión del artículo 3°- conducía a manifiestos errores, sino, además, de formularle los alcances y precisiones que lo hicieran operativo y práctico, y lo dejaran rápidamente a disposición de los interesados.
El espíritu que anima los debates de esta Alta Corporación, que ya en otras oportunidades ha sido destacado, no se ha perdido, por cierto, en la discusión particular de este proyecto.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ha solicitado la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- Señor Presidente, los Senadores que se sientan al fondo hemos sido aludidos...

El señor GAZMURI.- Un Honorable colega que está a su derecha, Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- Me han encargado que conteste en nombre de todos.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente, por enésima vez. La he solicitado desde el comienzo.

El señor JARPA.- Señor Presidente, todos deploramos las circunstancias que vivió nuestro país y que dieron como resultado el exilio o el abandono del territorio nacional de numerosas familias de chilenos.
Siendo Ministro del Interior, hice una encuesta, un estudio con el propósito de ir solucionando este problema. Los exiliados afectados por decreto que les impedía volver al territorio nacional eran 9.400 a fines de 1983. Muy lamentable situación.
Quiero decir que durante el Gobierno anterior al Régimen militar un número mucho mayor de trabajadores chilenos se vieron forzados a buscar trabajo en la República Argentina por falta de posibilidades en Chile. De manera que no hagamos tanta historia de estos éxodos masivos -espero que nunca más ocurrirán en nuestro país-, porque se han debido a diferentes causas y, generalmente, obedecieron a situaciones económicas más que a circunstancias políticas.
Gracias, señor Presidente.

El señor SULE.- Reitero mi petición de votar el artículo 1°.

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto a aceptar la expresión "fuerza mayor". Pero creo que debemos precisar un poco en la historia de la ley cuál es el contenido de dicha expresión, porque es evidente que, si nosotros aplicamos la definición que de ella hace el Título Preliminar del Código Civil en el artículo 45, según el cual se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistir, muchas de las personas que deseamos favorecer quedarían fuera de la ley en proyecto.
Nosotros hemos creado una Comisión que nos da confianza, compuesta por personas de alta jerarquía universitaria.
El resumen del debate habido en el Senado, a mi juicio, significa que se pueden acoger a esta ley, y están comprendidos dentro de los afectados por la fuerza mayor, todos aquellos que por motivos razonablemente fundados en la situación económica, política o social del país debieron emigrar y llevar a cabo su vida afuera. De esta manera comprendemos, no sólo a las personas de los exiliados, sino también a sus hijos. De modo que en este sentido doy mi voto, es decir, entendiendo que la expresión "fuerza mayor" está interpretada en un sentido amplio, en que los motivos son fundados en la situación económica, social o política general del país y no en los motivos particulares del estudiante mismo.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Díez, para aclarar algo que considero muy importante?

El señor DÍEZ.- Con el mayor gusto.

El señor ZALDÍVAR.- Creo que la discusión que se está llevando a efecto va dejando una historia de la ley bastante difusa, y podemos dejar cosas que pueden mañana provocar efectos, si no se aprueba la ley, con claridad.
Voy a hablar de esto porque soy parte afectada. Los hijos de los exiliados están contemplados en la fuerza mayor, porque el exilio les fue impuesto por el hecho de que sus padres tuvieron que vivir fuera.
Quiero precisar esto, porque creo que el Honorable señor Díez no ha tenido la intención que parece desprenderse de sus palabras. Es necesario que haya claridad en el tema. Es fuerza mayor la que afecta al hijo de exiliados, porque fue obligado a salir del país. Yo no podría haber dejado a mis hijos en Chile, así que tuvieron que salir al extranjero a estudiar.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor DÍEZ.- Concedí una interrupción al Honorable señor Zaldívar, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.- Señor Presidente, la interpretación del Honorable señor Zaldívar es exactamente lo que yo quería significar. Estamos dando a la expresión "fuerza mayor", no el sentido estricto del imprevisto al que es imposible resistir, sino el de un motivo razonable para actuar, basado precisamente en la situación del país y no en otras causas. Y con esa amplitud del criterio para interpretar la expresión "fuerza mayor", que abarca también -tal como lo ha señalado el Honorable señor Zaldívar- a los hijos de los exiliados, voy a dar mi voto favorable al artículo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, con respecto a lo expresado por el Senador señor Gazmuri, deseo señalar que, si bien es cierto que el número de exiliados y de los hijos de éstos fue bastante grande, el proyecto -que nosotros concurrimos a aprobar-, mediante la indicación para intercalar las palabras "con fuerza mayor", deja afuera un grupo importante de gente muy joven cuyos padres disponían de pocos recursos.
Al respecto, es preciso señalar que en esa época tanto Cuba como la Unión Soviética concedieron muchas becas. Y así, me tocó saber de personas que salieron del país, no por problemas políticos, sino porque les ofrecieron becas bastante ventajosas.
Por consiguiente, tocante al número de quienes se educaron tanto en Cuba como en la Unión Soviética, por ejemplo, debo manifestar que no correspondía a exiliados, sino a quienes obtuvieron una beca, porque sus padres no contaban con los recursos suficientes como para darles una buena educación.
He dicho.

El señor NÚÑEZ.- Una aclaración, señor Presidente.
Lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra efectivamente sucedió. Pero ocurrió antes de 1973. Con posterioridad a ese año, obviamente no había convenios entre universidades chilenas y soviéticas. Prácticamente, en el momento en que se terminaron las relaciones diplomáticas entre ambos países, ningún chileno pudo ir a esa nación para obtener títulos universitarios que pudieran ser posteriormente revalidados en Chile.

El señor DÍAZ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍAZ.- Es muy breve, señor Presidente.
Sólo deseo aclarar una forma verbal: no es lo mismo irse que ser echado.


El señor VALDÉS (Presidente).- Creo que la discusión ha terminado...

El señor GAZMURI.- Señor Presidente...

El señor VALDÉS (Presidente).- Excúseme, señor Senador. Existe una proposición que, al parecer, ha sido aceptada en su texto y en su espíritu, el que estaría suficientemente fundado como para que quedara una historia fidedigna de la indicación.
Sólo deseo hacer presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, inciso tercero, del Reglamento, no puede alterarse el texto de la proposición original cuando se discute en particular una indicación.
Pero, evidentemente, esta limitación puede obviarse si existiera acuerdo unánime de la Sala y de los Comités. Porque así, entonces, estaríamos, con seguridad -perdonen la redundancia-, legislando en forma estrictamente legal.
Si no hay observaciones, se daría por aprobada la indicación en la forma propuesta por el señor Ministro, con la enmienda del señor Larre, haciendo las adecuaciones de redacción correspondientes.
Aprobada.


El señor GAZMURI.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, deseo hacer un alcance sólo para la historia de la ley.
Quiero entender la intervención del Honorable señor Mc-Intyre en el sentido de que hay conveniencia en tener un criterio, no restrictivo, sino amplio respecto a quienes han estudiado en Cuba y en la Unión Soviética.
La señora FELIÚ.- Eso es, exactamente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Existe una proposición para modificar el artículo 3° del proyecto en debate.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Corresponde pronunciarse con respecto a la modificación del artículo 3° del proyecto, propuesta por la Comisión de Educación.
La Comisión expresa que, a raíz de las diversas indicaciones formuladas a esta disposición -se refiere al artículo 3°-, por la unanimidad de sus miembros acordó proponer suprimirlo y consultar como artículo 3° nuevo el siguiente:

"Artículo 3°.- La habilitación para el ejercicio profesional y la respectiva autorización de trabajo a los titulares de grados académicos y títulos profesionales y técnicos a que se refiere el artículo 1°, será exclusivamente otorgada por una Comisión Especial que se crea para tales efectos, que se pronunciará sobre los casos que le presente la Oficina Nacional de Retorno.
"Esta Comisión estará integrada por:
"a) El Ministro de Educación quien la presidirá, pudiendo delegar transitoriamente en el Subsecretario;
"b) El Rector de la Universidad de Chile quien podrá delegar permanente o transitoriamente en el Pro Rector;
"c) Dos Rectores de Universidades integrantes del Consejo de Rectores, designados por éste;
"d) Dos miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Chile, uno de los cuales deberá ser el decano de la Facultad que imparta los estudios correspondientes a la profesión que se desea habilitar, y el otro, elegido por dicho Consejo;
"e) Un representante de las Asociaciones Gremiales que correspondan a la profesión que se desea habilitar, elegido por éstas;
"f) En el caso de una solicitud de habilitación que no corresponda a los estudios impartidos por la Universidad de Chile, integrará también la Comisión un Rector de las Instituciones de Educación Superior que los impartan, el que será designado por la misma Comisión, y
"g) El Director Nacional de la Oficina Nacional de Retorno, con derecho a voz.
"El Secretario de la Comisión será nombrado por ésta.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.

El señor PALZA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.- Señor Presidente, en la Comisión de Educación, con el fin de superar un problema, se ha logrado la unanimidad de los miembros para despachar el artículo de la manera como ha sido leído, en el entendido de que esta norma va a ser discrepante con el acuerdo adoptado por la Cámara de Diputados en un punto que, para superar los quórum reglamentarios en la votación, tendrá que ser nuevamente analizado por dicha Cámara.
Esta disposición, despachada por la Comisión por la unanimidad, persigue colocar los integrantes de la Comisión Especial en forma que permita operar desde el punto de vista de la realidad.
Primitivamente, aparecían dos miembros del Consejo de Universidades abiertos, por lo cual podrían otorgar títulos incluso algunas universidades que no tienen las carreras respectivas. Por eso, repito, se prefirió redactar el artículo 3° de la manera como ha sido leído.
Quiero aprovechar la oportunidad, también, para manifestar un criterio global. Al respecto, debo señalar que no estuve en el debate habido con anterioridad respecto del texto.
En principio, los democratacristianos pensábamos aprobar el proyecto de ley tal como venía de la Cámara de Diputados, con el fin de sacar rápidamente sus disposiciones, y no entramparlo -como lamentablemente ha sucedido- con problemas reglamentarios.
Sin embargo, debemos reconocer que en este momento ha sido importante rever el artículo, porque así nos da la posibilidad de superar cualquier inquietud surgida desde la perspectiva constitucional, como ha sido sugerido por miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Tal Comisión, por tres votos contra dos, determinó que la aprobación de esta norma requería quórum especial. Nuestra bancada cree que ello no es así. Pero, con el fin de no crear ningún problema futuro, hemos estimado conveniente despachar el artículo de la manera propuesta. Y la bancada democratacristiana lo aprobará en esas condiciones.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Sólo quiero manifestar nuestra plena conformidad con la redacción propuesta por la Comisión.
En consecuencia, estamos retirando la indicación que había presentado el Ejecutivo respecto del artículo 3°.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, el tenor de lo escuchado en la Sala nos hace suponer que prácticamente se estaría dando por aprobado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que señala la necesidad de alcanzar un quórum especial para aprobar la constitución de la Comisión Especial de que trata el artículo 3°.
La nueva redacción de esta norma -es bueno decirlo- no hace sino reponer el texto del primer informe; en él se establecía la misma composición de la referida Comisión Especial que ahora se propone: De esto tuvimos conocimiento hoy en la mañana, y aproximadamente a las 13 se pidió la reapertura del debate en la Comisión de Educación, con el objeto de aprobar esta nueva redacción, que -repito- en el fondo repone el texto primitivo. Quiero señalar esto, porque a las 14:30, por la unanimidad de sus miembros, la Comisión accedió a tal petición, y aprobó en definitiva la redacción que ahora se somete a la consideración de la Sala.
Vale la pena consignar una palabra de reconocimiento para la Secretaría de la Comisión, que -no sólo en esta oportunidad, pero ésta singularmente nos sirve para destacarlo- ha tenido una actividad extraordinaria y nos ha permitido llegar en la Sala a esta discusión. Y ello revela, además -lo que a mi juicio es muy importante-, un espíritu (al que ya se aludió denantes) de los señores Senadores que componen ese órgano de trabajo.
Desde ese punto de vista, me permito lamentar y deplorar profunda y formalmente las declaraciones que el señor Ministro de Educación formuló ayer respecto de estas materias y que hoy aparecen publicadas en la prensa. El señor Ministro expresó que eran "lamentables" las modificaciones que había introducido la Comisión de Educación del Senado a la iniciativa en debate. Dijo textualmente: "No comprendo cómo los Senadores no puedan entender" la situación de estos chilenos, y utilizó reiteradamente la palabra "revalidación", que, conforme nos quedó meridianamente claro en los debates de la Comisión, no corresponde al espíritu ni al contenido del proyecto. Estamos hablando de "habilitación para el ejercicio profesional". Asimismo, el señor Ministro habló de reponer todas las indicaciones y dijo que era "fuera de toda lógica" lo que se había realizado.
Dentro de este contexto es pertinente señalar, a mi juicio, que los hechos una vez más demuestran que el espíritu de los Senadores de la Comisión de Educación -como estoy seguro es el de todos los que componen esta Alta Corporación- ha sido el de contribuir a resolver los problemas.
Desde esa perspectiva, no puedo dejar de llamar la atención respecto de tales calificaciones, que alcanzan, no sólo a la iniciativa en estudio, sino también al proyecto de Estatuto Docente. Hago esta precisión porque vi en las tribunas a la Directiva Nacional de la asociación gremial del Colegio de Profesores, que seguramente habrá tenido más de una desilusión al saber que esta tarde no podremos discutir dicho Estatuto. Pero eso no ocurre porque se encuentre detenido en el trámite de la Comisión de Educación, pues ésta concluyó su trabajo el 23 de marzo recién pasado.
Por lo tanto, nosotros estamos por insistir en la composición primitiva de la Comisión Especial, conforme a la nueva redacción del artículo 3° -que es la misma anterior-, y también por precisar que estamos aprobando un proyecto que tiene por propósito "habilitar para el ejercicio profesional", que es muy distinto de revalidar, convalidar o reconocer dicha actividad, materias que, por ley, corresponden y competen en forma exclusiva a la Universidad de Chile. Por eso, el utilizar estos conceptos profusamente tiende -como aquí ya se ha señalado respecto de otra materia- a producir confusiones que son, desde luego, lamentables.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.- Señor Presidente, yo creo que acá existe una situación de fondo que, con la venia de mis Honorables colegas, deseo exponer.
En primer lugar, esta iniciativa tiene cierta demora, pues data de varios meses.
Aquí se han traído a colación declaraciones aparecidas hoy en la prensa, pero, lamentablemente, también nos hemos informado a través de ella de que en determinados lugares del país se ha objetado a profesionales que justamente desean regularizar su situación y acceder a un empleo, y que, por determinado motivo han tenido que trabajar en alguna Región. Se los ha denunciado públicamente por no contar todavía con reconocimiento legal para ejercer su profesión. Muchos de ellos han asistido a la Comisión de Educación y nos han dado a conocer la dramática situación que están viviendo. Esos profesionales pensaban que esta iniciativa se iba a convertir en ley de la República en marzo, pues en este mes pueden programar sus actividades y decidir qué educación dar a su hijos, de acuerdo con sus posibilidades económicas. De esa situación no es responsable la Comisión de Educación.
Se está repitiendo lo que nos pasó con la Ley de Pesca. Eso nos está sucediendo con esta iniciativa y nos volverá a ocurrir con cualquier otro proyecto. Me refiero al hecho de que si a juicio de un señor Senador o de una mayoría de Senadores en una Comisión determinada la aprobación de una norma requiere un quórum más alto de acuerdo con la Carta Fundamental, eso da lugar a que se entrampe y retrase cualquier legislación.
Señor Presidente, dicha situación se está planteando aquí ya por segunda vez, y es probable que siga planteándose, porque basta manifestar una inquietud a ese respecto, aunque no sea efectivamente inconstitucional una materia, para que un proyecto se entrampe y retrase.
Es así como respecto de esta iniciativa, por ejemplo, 3 miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia determinaron que cierta norma requería una votación especial, por tener rango orgánico constitucional, en tanto que la minoría, formada por dos Senadores, opinó lo contrario. Pero estamos sujetos aquí al vaivén de los acuerdos que tome la Comisión de Constitución, que pasa a ser hoy, en la práctica, la que regula cualquier disposición de orden legal en el Senado.
Señor Presidente, creo -y lo planteo como una sugerencia importante para evitar estas dificultades, que se seguirán presentando en el futuro- que sería conveniente determinar en el Senado, o bien, tal vez en el nivel del Congreso, un número apropiado de juristas dentro del personal con que se cuenta, a fin de que, ojalá, cuando llegue un proyecto del Ejecutivo, se aboquen a su estudio en la Cámara de origen, y en su primer trámite, por lo tanto, con lo cual se evitarían estos problemas que retrasan, pues en esta materia han transcurrido 45 días. Lo mismo ocurrió con el proyecto que modifica la Ley de Pesca, con relación al cual, cuando su análisis estaba a punto de terminar, surgió la cuestión constitucional. Ahora caemos en una situación análoga: la iniciativa en debate fue despachada por la Comisión de Educación y, encontrándose a punto de ser despachada por la Sala, ha aparecido nuevamente el problema constitucional.
Señor Presidente, pienso que a esto hay que darle un corte, porque, en caso contrario, seguiremos demorando proyectos que algunas personas, en condiciones dramáticas, esperan que se transformen en leyes.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente,...

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Señor Presidente, no deseo distraer a la Sala con un debate al que, aparentemente, quiere arrastrarme -en especial, mirando a la galería- un Senador que me antecedió en el uso de la palabra. No acostumbro a hacerlo. Creo que lo que podamos debatir aquí resulta más importante.
Mis expresiones del día de ayer tenían relación con tres temas muy concretos.
El primero: cuáles eran las razones por las que nos parecía que existía una especificidad de la ley y que ésta no debía tener un carácter genérico, porque ello significaba desvirtuar su sentido profundo.
El segundo se refería al artículo 3°, porque no encontrábamos adecuada la redacción que había elaborado la Comisión de Educación, en el sentido de que la Comisión Especial estaría integrada por "Dos Rectores de las Universidades chilenas, elegidos por éstos en una sesión convocada por el Ministro de Educación para estos efectos". Ello significaría que invitamos a participar en esta designación a más de 40 Rectores de universidades, algunas de las cuales todavía no tienen la completa habilitación para dar sus propios títulos profesionales. Y, en consecuencia, nos parecía más apropiada la redacción que ahora ha dado la Comisión de Educación al hacer referencia a la designación de dos Rectores por parte de los integrantes del Consejo de Rectores, lo que sí se vincula con universidades habilitadas. Considerábamos que en una materia de esta naturaleza ello es más adecuado.
Y, finalmente, nos parecía más conveniente no restringir esta habilitación de títulos a un período de tres años.
En ese sentido fueron los planteamientos que hice a la prensa en el día de ayer respecto a la labor efectuada. Hoy en la mañana hemos trabajado extensamente con los miembros de la Comisión, y hemos ayudado, también, a resolver el problema atinente a la Comisión de Constitución, acerca del cual estamos dando un buen arreglo, a mi juicio.
En todo caso, si el Senador señor Cantuarias estima necesario continuar con este debate, sugiero que lo hagamos en otro momento, a fin de no demorar la tramitación de este proyecto.
Gracias, señor Presidente.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente,...

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic, quien la había pedido con antelación.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, la verdad es que estamos en la discusión en particular de una disposición determinada. En consecuencia, lo natural sería que remitiéramos las argumentaciones al tema específico que es objeto de debate.
Sólo quiero hacer un par de puntualizaciones, ya que de alguna forma ha sido tocada la labor del Senado o de sus Comisiones.
En primer lugar, deseo recordar que la Comisión de Constitución no se atribuyó competencia para conocer de este asunto. Todo lo contrario: fue la propia Comisión de Educación la que la requirió expresamente para elaborar un informe sobre diversas materias.

El señor CANTUARIAS.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor VODANOVIC.- Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Quiero precisar que no fue la Comisión de Educación la que trajo la inquietud a la Sala: fue ésta -apenas- la que solicitó un pronunciamiento a la Comisión de Constitución.

El señor VODANOVIC.- Así es. Dicho más precisamente -como indica el colega señor Cantuarias-, fue la Sala la que pidió a la Comisión que informara al respecto, de manera que ésta sólo cumplió con su cometido.
En segundo término, creo que el ejercicio de sus derechos por parte de cualquier señor Senador no es más que eso, y no merece ninguna crítica. Se puede opinar en un sentido o en otro -en la Comisión o en la Sala-, lo cual es perfectamente válido y legítimo. De lo contrario, estaríamos utilizando un doble estándar: celebrando lo que nos gusta y repudiando lo que nos disgusta. Insisto: ejercer el derecho de opinión es algo absolutamente legítimo, que no debiera ser objeto de crítica, de tal manera que me parece que los colegas que se han pronunciado en la Comisión en un sentido -que puede ser contrario al que sostengo- ejercen válidamente su derecho.
En tercer término, como se estaba dando por supuesto que la aprobación de esta norma implicaba de alguna forma la aprobación del informe de la Comisión de Legislación, que incidía en aspectos constitucionales o legales, quisiera dejar constancia de que ello no es así. Son cosas enteramente separadas: la Sala no se ha pronunciado formalmente sobre dicho informe, y, si fuera menester, podría hacerlo después de este debate, caso en el cual yo, al menos, mantendría la opinión que manifesté en la Comisión.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, creo que lo lógico es que nos pronunciemos sobre el informe antes de que se vote el artículo pertinente, a fin de tener la certeza de una tramitación acertada.
Para no alargar el debate, no daré las razones de nuestra posición, ya que están suficientemente expuestas en el informe respectivo. Solamente quiero precisar que si la Carta exige determinados quórum para ciertas materias, es deber principalmente de los miembros de la Comisión de Legislación y de los hombres de derecho el tratar de que se aplique y se cumpla el texto constitucional, única forma en que un país puede marchar en orden. Dicho cumplimiento no ha significado entrabar los proyectos de ley en el Senado, ya que éste ha tenido especial cuidado de aprobarlos o de pronunciarse a su respecto con el quórum correspondiente. El punto dice relación a actuaciones de la Cámara de Diputados, la que ha aprobado iniciativas sin considerar el quórum constitucional.
No hay en esto, tampoco, la intención de entrampar, ni de demorar, sino la sana intención de establecer un sistema democrático que sólo puede funcionar sobre la base de un irrestricto respeto al Derecho. Cuando este último nos molesta y tratamos de "sacárnoslo de encima", para hacer más expedito el funcionamiento del sistema político, estamos cometiendo un crimen contra el sistema democrático, que no tiene otro basamento que el respeto, no sólo a la letra, sino, también, al espíritu de la ley.
Quiero que el Honorable Senado tenga la certeza de que si algunos miembros de la Comisión de Constitución, y ella misma, son tan celosos en este análisis, es porque creemos que es nuestra obligación, y que los problemas se presentan porque recién se está aplicando una disposición constitucional diferente de la que tradicionalmente teníamos pero que, a la larga, por la propia jurisprudencia del Senado y de la Comisión, se irá señalando qué materias necesitan quórum especial.
Gracias, señor Presidente.

El señor SULE.- Votemos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, junto con pedir que votemos, quisiera hacer una precisión.
Aquí se ha hablado de una demora en el proceso. La verdad es que -como consta al señor Ministro de Educación y al señor Subsecretario- hemos tratado de darle agilidad. Sin embargo, hay información que solicitamos a los propios interesados que llegó con mucho retardo, que todavía es incompleta, y que, a nuestro juicio, era un elemento vital para tomar decisiones. De manera que, en ese aspecto, quisiera precisar que la Comisión jamás quiso retardar el despacho del proyecto. Y si éste tenía imperfecciones, considero que quien lo envió -el Ejecutivo- debió haber previsto cuáles eran los distintos pasos que debía cumplir, de acuerdo con las normas constitucionales.
He dicho, señor Presidente.
El señor SULE.- Eso es pedir votación y "morder".

El señor VALDÉS (Presidente).- En mi opinión, Honorables señores Senadores, corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor CANTUARIAS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.- Gracias.
Quiero dejar en claro en esta Sala que no he querido arrastrar a nadie a ningún debate especial -ni mirando a las tribunas ni a ningún otro lugar-; pero sí puntualizar la que es mi opinión y lo que me parece una injusticia en la forma como se ha tratado el trabajo de la Comisión, así como el muchas veces reconocido espíritu de colaboración y de resolver problemas que anima a los Senadores que integramos Comisiones y que intentamos cumplir con responsabilidad nuestros deberes.
Se obra mal al suponer intenciones y que hay en esto algún propósito distinto, y que se actúa con otro afán que el de concurrir, en cada oportunidad posible, a establecer acuerdos y a mejorar los proyectos de ley que se someten a nuestra consideración.
Gracias, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ.- Solicito que votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Había pedido la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, entiendo que lo que se someterá a votación es el informe de la Comisión de Legislación acerca del artículo 3°, ¿no es cierto?

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es.

El señor PACHECO.- Precisamente acerca de ello quisiera pronunciarme, señor Presidente, pues aún no lo he hecho. La Comisión, por tres votos contra dos, concluyó que la creación de la Comisión Especial contemplada en el artículo 3° del proyecto incide en una materia propia de ley orgánica constitucional. Éste fue el pensamiento de tres de sus miembros. Pero su Presidente -el Honorable señor Vodanovic- y el Senador que habla coincidimos con los planteamientos formulados por el representante del Ejecutivo en esta materia, en el sentido de que el proyecto no infringe la ley N° 18.575.
Y dejamos establecido, además, que el fallo del Tribunal Constitucional que se invocó se refiere a una situación completamente distinta, como es el problema de los Consejos de Pesca, por lo que lo resuelto al respecto no es aplicable a la Comisión Especial que propone crear esta iniciativa. Esa entidad tiene una función muy específica, cual es la de habilitar para el ejercicio profesional a determinadas personas que obtuvieron títulos o grados en el extranjero, la que no corresponde a ninguno de los niveles jerárquicos del Ministerio de Educación ni a la asunción de funciones propias de la Administración del Estado.
Por esta razón, señor Presidente, los Senadores Vodanovic y el que habla llegamos a la conclusión de que este proyecto no necesita un quórum especial, porque no incide en una materia propia de ley orgánica constitucional.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor SULE.- Votemos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Simplemente, quería proponer que se explicara a la Sala -porque no tuvimos tiempo para leer el informe- el punto que se debatió en la Comisión; pero me quedó claro con la explicación del señor Pacheco.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se trata de pronunciarse sobre el informe que la Sala pidió a la Comisión.
El texto, que fue repartido, en su parte resolutiva establece, por mayoría, que en lo referente al proyecto no hay problema alguno, por ajustarse a la normativa constitucional vigente, con excepción del artículo 3°, en la medida en que crea una Comisión Especial como la propuesta, aspecto al que se considera con el rango de una ley orgánica constitucional, y que, consecuentemente, necesita para su aprobación de una mayoría de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, de 26 señores Senadores.
Sobre esa base, cualquiera que sea la determinación en las respectivas votaciones -y si está presente en la Sala, en seguida, al menos ese número de Senadores-, se doptaría un pronunciamiento, primero, respecto del informe, y luego, si éste es aprobado, en lo atinente al artículo 3°, con el cual se relaciona.

El señor GAZMURI.- La primera materia se aprobaría por simple mayoría, ¿no es cierto, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- No era nuestra intención entrar al fondo del asunto, pero las intervenciones de los Honorables señores Vodanovic y Pacheco obligan a algunas precisiones.
Personalmente, estimé que el quórum requerido era el que señala el informe de la Comisión, basado en una sentencia del Tribunal Constitucional.
Todos los organismos del Estado tienen funciones específicas. De manera que decir que este aspecto no toca a las bases de la Administración del Estado, porque la Comisión Especial tiene funciones específicas, es jurídicamente inaceptable. Todo órgano del Estado -repito- las tiene.
En sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 3 de diciembre de 1990 se expresa que si se aceptara "que pueden crearse niveles jerárquicos distintos o adicionales, por ley común, así como denominaciones diferentes dentro de la organización de los Ministerios y de los servicios públicos", se estaría "posibilitando que se burlaran el espíritu y la letra del constituyente que quiso que la organización de la Administración estuviere entregada a una norma de superior jerarquía". Esto es, a una ley orgánica constitucional.
La sentencia agrega que "en estricto derecho y habida consideración a que el campo de acción de la ley en nuestro ordenamiento constitucional está determinado en forma expresa, por el artículo 60 de la Carta, no es posible la delegación de la ley orgánica a la ley común, pues la competencia de ambas emana de la propia Constitución". De manera que la ley orgánica constitucional no puede delegar su modificación en la ley común.
En esta virtud, la mayoría de la Comisión concluyó que la creación de la Comisión Especial referida "recae en una materia propia de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y, por ende, necesita para su aprobación de una mayoría correspondiente a los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio.".
La verdad es que la Comisión que va a habilitar para el ejercicio de profesiones a las personas que comprende el proyecto es una rama de la Administración del Estado. Es el Estado el que habilita para ejercer determinadas profesiones. Y, en consecuencia, se trata de un órgano estatal distinto de los establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, de modo que el precepto requiere, a nuestro juicio, el quórum que señala el informe de la Comisión.
Voy a votar que sí.

El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.
-(Durante la votación).

El señor VODANOVIC.- Fundaré brevemente mi voto, señor Presidente.
En realidad, creo que se incurre en un error y en una confusión al pretenderse que la disposición de que estamos hablando es de rango orgánico constitucional, en cuanto pueda incidir en una materia propia de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Sólo deseo dar dos razonamientos al respecto, y apelar un poco al buen espíritu de mis Honorables colegas, para tratar de asumir este problema más allá de sus proyecciones políticas inmediatas, porque, naturalmente, dice relación a un tema más de fondo, que va a tener, o que puede tener, aplicación en muchas otras ocasiones.
Por lo demás, la fórmula que se ha escogido al plantearse en la Comisión una indicación que va a ser votada por primera vez en el Senado obviará cualquier dificultad en el trámite del proyecto. De modo que lo que diré no tiene referencia alguna a un asunto contingente, o, mejor dicho, no depende de ello que la iniciativa salga bien o mal tramitada, porque de todas maneras saldrá bien. Pero pienso que para el futuro es bueno tener en cuenta un par de elementos.
Creo que de alguna forma se está dando una acepción, más que general, absoluta, a lo que se entiende por bases de la Administración y a los temas propios de una legislación de esa naturaleza. Hago notar que aquí se está aprobando la formación de una Comisión Especial, cuya finalidad consiste en habilitar para el ejercicio de una profesión, respecto de personas tituladas en el exterior.
Ahora bien, ¿de qué manera se podría entender que esta norma afecta a los elementos o bases de la Administración? Por ejemplo, si fuera el Ministerio de Educación u otro organismo el que estuviera, por así decirlo, habilitado para hacer lo que estamos entregando a la competencia de la Comisión. Sin embargo, ello no es así, porque no existe en la Administración un ente u organismo que esté naturalmente habilitado para tomar las decisiones que estamos entregando a la Comisión Especial. En consecuencia, teóricamente esta entidad no se superpone en sus atribuciones a ningún órgano, y mal puede afectar a las bases o elementos generales mencionados.
Pienso que conviene tomar en cuenta este aspecto, porque de lo contrario, cada vez que se discuta una iniciativa de ley que regule directa o indirectamente una actividad -más que del Estado, pública-, y en general, cada vez que se sancione mediante leyes actividades que tengan repercusión social o pública, podría inferirse que se está sancionando una legislación que afecta a las bases de la Administración. Por consiguiente, jamás el Parlamento -o bien, difícilmente, en raras ocasiones- podría considerar materias que se estimaran sustraídas de ese concepto.
En virtud de lo anterior, me parece útil tener en cuenta estos argumentos al momento de votar. Entiendo que la intencionalidad con que se aprobó en su momento la Ley de Bases Generales de la Administración fue la de que ella tuviera carácter amplio. Pero no lo es en grado sumo, como para subsumir en su comprensión cualquier tema, materia o actividad, pues de lo contrario -insisto- difícilmente habría proyecto de ley que no afectara en alguna forma a las bases de la Administración.
En segundo y último lugar, el fallo del Tribunal Constitucional -como bien saben mis Honorables colegas- recayó en una interpretación establecida a propósito de la creación de los llamados "consejos zonales de pesca", que tenían atribuciones y competencia bastante amplias. Y no es muy difícil sostener que de alguna manera esas entidades regulaban materias propias de la Administración -en ese caso, propias de la Subsecretaría de Pesca-, pues la vía sencilla para establecerlo consistía simplemente en determinar cuáles eran sus facultades y compararlas con las que podían corresponder a la Subsecretaría o al Ministerio del cual ella depende. Por eso, el fallo del Tribunal Constitucional alude a niveles jerárquicos distintos o adicionales, pero siempre en el entendido de que se regulan materias que inciden en esos niveles.
Ahora, me pregunto de qué forma la creación de una Comisión que se establecería con el objeto de habilitar para el ejercicio de profesiones a personas que han obtenido títulos universitarios en el exterior constituiría una instancia que se superpone a determinados niveles jerárquicos dentro de la Administración: en este caso, dentro del Ministerio de Educación o de las dependencias que de esta Cartera derivan. Porque no podría sostenerse que una Comisión de esa índole tiene que ver con el Ministerio de Economía, ni con el de Relaciones Exteriores. Pero tampoco tiene que ver con el de Educación, que no es, ni puede ser, el naturalmente destinado a efectuar una labor de la naturaleza de aquella que se está entregando a la Comisión Especial.
Por estas razones, Honorables colegas, considero útil mirar con más calma y detención el tema, y analizarlo y votarlo independientemente de la coyuntura o del problema específico que estamos viendo.
Voto en igual forma que lo hizo la minoría de la Comisión.

El señor GAZMURI.- Seré breve, señor Presidente.
Como ha señalado el Honorable señor Vodanovic, esta votación puede tener la máxima importancia, desde el punto de vista de los precedentes, pues por esta vía se puede estar efectivamente introduciendo el criterio de que cualquier proyecto de ley pueda requerir un quórum calificado, lo que me parece que no está en el espíritu ni en la letra de la Constitución.
Por lo tanto, voto en contra.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, el artículo 3° del proyecto de ley en análisis crea una Comisión en la Administración del Estado para desempeñar una función claramente pública. Además, esta última es de carácter absolutamente excepcional, como ha quedado de manifiesto en la discusión.
¿Por qué se precisa una ley de un quórum calificado en este caso? No porque se esté creando un servicio público, o un organismo público, o una entidad pública, pues la creación de organismos integrantes del Estado que desempeñan funciones públicas, de acuerdo con el artículo 62, N° 4, de la Constitución Política, es materia de ley, y sólo requiere la iniciativa del Presidente de la República. En este asunto se necesita una ley de quórum calificado porque, efectivamente, la creación de comisiones o de consejos en la estructura del Estado no está comprendida en la Administración orgánica de éste, reglada de manera general en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales.
De acuerdo con ese cuerpo legal, señor Presidente, los servicios estatales pueden ser centralizados o descentralizados, y en la organización de los Ministerios, además de las Subsecretarías o de las Secretarías, podrán existir sólo los niveles jerárquicos tales o cuales. "No obstante" -dice su artículo 24-, "en circunstancias excepcionales la ley podrá establecer niveles jerárquicos distintos o adicionales, así como denominaciones diferentes.".
Es decir, en el caso que nos ocupa, tratándose de una Comisión, que constituye una estructura no considerada en el texto legal referido, se requiere una ley excepcional, la que, como tal, exige un quórum calificado. No se trata, como se ha dicho aquí, de que para crear cualquier servicio público se precise una ley de esa índole; para ello, se necesita una ley de quórum ordinario -repito-, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El proyecto en análisis sí necesita un quórum especial, en cambio, por crear una entidad no contemplada en las bases ordinarias del Estado: una comisión. Y las comisiones no forman parte de la estructura del Estado, en los términos que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales.
Por lo tanto, voto a favor del criterio aprobado por la mayoría de la Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la votación.
-Se aprueba el informe (22 votos por la afirmativa, 17 por la negativa).

El señor VALDÉS (Presidente).- Se procederá a votar, a continuación, el artículo 3° del proyecto.

El señor PACHECO.- Hay unanimidad para aprobarlo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si no hubiere observaciones, se aprobaría por unanimidad, dejándose constancia de que existe en la Sala el quórum constitucional requerido, esto es, más de 26 señores Senadores.
-Por unanimidad, se aprueba el artículo 3°, dejándose testimonio de que en el momento de votarse se encontraban presentes 39 señores Senadores.


El señor LAGOS (Secretario subrogante).- La siguiente proposición de la Comisión recae en el artículo 4°, y tiene por objeto consultar como inciso final el siguiente, nuevo: "Fuera de la Región Metropolitana las solicitudes de habilitación podrán ser presentadas ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la que sólo actuará como receptora y hará entrega de las mismas a la Oficina Nacional de Retorno, en un plazo de 10 días contado desde la fecha de recepción.".

El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, esta proposición fue aprobada en la Comisión por la unanimidad de sus miembros, en atención a que implica un ahorro de tiempo y dinero para las personas que se acojan a los beneficios de la ley en proyecto. De manera que solicito al Honorable Senado aprobar el artículo 4° con la referida enmienda.

El señor LARRE.- De acuerdo.
-Se aprueba por unanimidad la proposición de la Comisión.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Respecto del artículo 5°, hay una indicación renovada para reemplazar el inciso primero por el siguiente:
"Artículo 5°.- La Comisión Especial sólo podrá otorgar la habilitación y autorización posterior para el ejercicio profesional a los titulares de grados académicos, títulos profesionales o técnicos que hayan cumplido con las exigencias que ella determine, las que podrán ser de orden académico y no académico, sean éstos similares o tengan denominaciones o niveles diferentes a los que se otorgan en Chile.".

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría objeción para aprobar esta indicación?
Solicito la opinión de la Sala al respecto.

El señor JARPA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.- Señor Presidente, ¿podría aclararse a qué se refiere la indicación en la parte que dice "o niveles diferentes a los que se otorgan en Chile."? Porque esto es demasiado vago. Y podría ocurrir, por ejemplo, que reclamara el título de ingeniero una persona que sólo tuviera estudios de técnico.
No sé lo que se pretende decir con esa frase.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tal vez el señor Ministro podría absolver la consulta formulada por el Honorable señor Jarpa con respecto al alcance de la expresión mencionada.
El señor Secretario leerá el texto del inciso primero del artículo 5° aprobado por la Comisión y el propuesto en la indicación.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- El inciso primero del artículo 5° aprobado por la Comisión dice: "La Comisión Especial sólo podrá otorgar la habilitación y autorización posterior para el ejercicio profesional a los titulares de grados académicos, títulos profesionales o técnicos, que hayan cumplido con las exigencias que ella determine.".
La indicación renovada propone reemplazarlo por el que sigue: "La Comisión Especial sólo podrá otorgar la habilitación y autorización posterior para el ejercicio profesional a los titulares de grados académicos, títulos profesionales o técnicos que hayan cumplido con las exigencias que ella determine, las que podrán ser de orden académico y no académico, sean éstos similares o tengan denominaciones o niveles diferentes a los que se otorgan en Chile.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, me parece que la indicación, sencillamente, agrega al inciso primero una frase explicativa.
En cuanto al significado de la expresión "académico y no académico", creo que el de "académico" es muy claro. Y se me ocurre que lo "no académico" debe referirse a situaciones como, por ejemplo, experiencia profesional. Para obtener ciertos grados o títulos se requiere haber hecho práctica por un tiempo determinado. Probablemente este requisito es distinto en cada país.
No sé si éste es el alcance de la indicación. Sería conveniente que lo aclarara alguno de sus autores.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, no soy autora de la indicación, pero creo que ésta incluye un concepto similar al contenido en el inciso segundo del mismo artículo 5° aprobado por la Comisión, que expresa: "La Comisión Especial, para otorgar la habilitación, podrá disponer, que se realicen ciclos de estudios, trabajos prácticos" -éstos son "no académicos"- "o se rindan las pruebas académicas que estime convenientes en la Universidad de Chile"...
Considero que ése es el sentido de la frase que se agrega.
No tengo inconveniente alguno en aprobar la indicación, que, en el fondo, aparece más explicitada en el inciso segundo del artículo 5° aprobado por la Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Señor Presidente, quiero señalar que el propósito de la indicación es muy similar al señalado por la Senadora señora Feliú. Vale decir, puede haber proposiciones académicas o no académicas que tienen que ver con la realización de trabajos prácticos. Y, en este sentido, el inciso segundo del artículo 5° recoge buena parte de lo dispuesto en la indicación planteada como continuación del texto del inciso primero.

El señor VALDÉS (Presidente).- La Mesa desea el pronunciamiento de la Sala acerca de si ése es el sentido de la indicación renovada.
Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- La aclaración hecha por la Honorable señora Feliú me parece muy pertinente. Pero creo que luego de la frase "de orden académico y no académico" debiera decir "sean éstas". Porque se está refiriendo a las exigencias. El sujeto, en este caso, son las exigencias.
En consecuencia, habría que sustituir "éstos" por "éstas", pues el género masculino produce confusión.
El señor PACHECO.- Correcto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, yo pediría que se aclarara más todavía el significado de la expresión "o niveles diferentes a los que se otorgan en Chile.".
¿Implica esto que, por ejemplo, a un estudiante de Medicina le bastarían tres años para obtener el título de médico y ejercer la profesión, o a otro, dos años para ser ingeniero?
¿A qué se refiere, específicamente, la indicación al hablar de "niveles diferentes"?
Sería bueno aclararlo, porque no me parece conveniente aceptar en Chile ejercer una profesión con niveles inferiores a los exigidos regularmente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Es una consulta para el señor Ministro, a quien ofrezco la palabra.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Los niveles dicen relación a las denominaciones que en distintos países se da a determinados tipos de situaciones. En este caso, el nivel tiene que ver con los grados que se entregan en cada nación. Pero no necesariamente. Y ése es el propósito de que la Comisión Especial pueda ordenar la realización -en la Universidad de Chile- de ciclos de estudios, trabajos prácticos o pruebas académicas que estime indispensables.
El señor ALESSANDRI- Gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Excúseme, señor Ministro, que le formule una segunda pregunta.
El inciso segundo del artículo 5° menciona la realización de ciclos de estudios, trabajos prácticos o pruebas académicas. Frente al tenor tan amplio de esta norma, ¿por qué se agrega la frase contenida en la indicación? No entiendo cuál pueda ser su utilidad.
El señor DÍEZ.- No agrega nada.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- El propósito de esa frase es clarificar la facultad de la Comisión Especial para ordenar la realización de tareas, no sólo en el ámbito académico, sino también en el no académico, en la forma y con las modalidades allí establecidas.
Si a juicio de la Sala ella es redundante, podemos retirar la indicación. Pero nos parecía que de esa manera quedaban más claras las obligaciones de dicha Comisión y, al mismo tiempo, se revestía de mayor seriedad la tarea que deberá llevar a cabo.

El señor THAYER.- Me basta con que en la historia de la ley haya quedado constancia de que la finalidad de esa frase es dar al precepto mayor claridad, aun a riesgo de que pueda ser redundante.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, quería manifestar justamente lo planteado recién por el Honorable señor Thayer. Y esto forma ya parte de la historia de la ley, porque en la Comisión se llegó a esta redacción final después de un debate sobre la materia.


El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala para aceptar, primero, la indicación renovada, y en seguida, la proposición del Honorable señor Jarpa tendiente a usar el término femenino "éstas", para guardar la debida concordancia con el sujeto "exigencias"?
Acordado.


El señor LAGOS (Secretario subrogante).- En el inciso segundo del artículo 5°, la Comisión propone sustituir la palabra "aprobación" por "consentimiento".
Además, hay una indicación renovada para agregar, entre la coma (,) que sigue a "disponer" y la palabra "que", la siguiente frase: "si lo considera necesario,".

El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.

La señora FELIÚ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.- La Comisión desechó la indicación primitiva, por considerar que estaba de más. Le pareció obvio que, si la Comisión Especial ordenaba realizar ciertas tareas, era porque lo estimaba necesario.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, retiramos la indicación.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Se acoge, entonces, el reemplazo que sugiere la Comisión?
Acordado.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- En seguida, la Comisión propone sustituir, al final del inciso tercero del artículo 5°, la palabra "aprobación" por "consentimiento".
El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aceptar la proposición?
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, solamente para aclarar el sentido de ese inciso, porque se habían presentado algunas dudas con relación al texto primitivo.
La idea de este consentimiento -o aprobación, como decía el texto original- es que las universidades que deban impartir los cursos que ordene la Comisión Especial que crea el artículo 3° manifiesten su voluntad para hacerlo, pues de lo contrario ésta podría imponerles una obligación que eventualmente no estarían en condiciones de cumplir. De modo que el concepto dice relación al hecho de que las universidades deben consentir en la realización de lo que les ordene la referida Comisión Especial.
Ese es el sentido de la expresión "consentimiento", señor Presidente.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición de la Comisión.
Aprobada.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- A continuación, la Comisión sugiere agregar, después del inciso tercero del artículo 5°, los siguientes incisos nuevos:
"La habilitación y autorización posterior para el ejercicio profesional a los titulares a que se refiere el inciso primero de este artículo, que autorice la Comisión establecida en el artículo 3° de esta ley, permitirá el desempeño respectivo en todo el territorio nacional.
"Con relación a aquellas que se otorguen para desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, no se aplicarán las exigencias contenidas en el artículo 112 del Código Sanitario.
"Las personas a quienes se conceda la autorización respectiva en virtud de esta ley, gozarán de los mismos beneficios y asignaciones remuneratorias establecidas o que se establezcan en la ley para quienes poseen títulos profesionales, técnicos o grados académicos otorgados por las Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado.".
Sobre el particular, debo hacer presente que se ha renovado una indicación con el fin de agregar el siguiente inciso final:
"Para los efectos del trabajo profesional en organismos públicos o privados y de las exigencias formuladas por el artículo 112 del Código Sanitario, se entenderá que los grados académicos y los títulos profesionales y técnicos indicados en el artículo 1°, se asimilan a los respectivos títulos otorgados por la Universidad de Chile u otras Universidades o Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Estado, y gozarán de los mismos beneficios y asignaciones remuneratorias establecidas o que se establezcan para dichos títulos.".

El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que renovamos la indicación -y doy excusas a la Comisión- antes de leer el informe respectivo.
Quiero explicar solamente que esto apunta a la posibilidad de que quienes posean dichos títulos trabajen en los organismos públicos de salud. Y en ese sentido, después del debate sostenido en la Comisión, la redacción planteada recoge el espíritu y los contenidos principales de la indicación que presentamos primitivamente.
En todo caso, queda pendiente un problema: lo atinente a remuneraciones tiene que provenir del Ejecutivo, y no de los Senadores.
Como la indicación pertinente no ha llegado...

El señor CANTUARIAS.- Sí llegó, señor Senador. Y por eso la proposición figura de la manera expuesta.
El señor GAZMURI.- Entonces, no hay problema. Retiramos la indicación renovada.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se me hace presente que ya se cuenta con el patrocinio del Ejecutivo. Así que no hay inconveniente para proceder en el sentido indicado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los tres incisos que la Comisión propone agregar luego del inciso tercero del artículo 5°.
Aprobados.


El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Hay una indicación renovada para agregar al artículo 7° el siguiente inciso segundo:
"La certificación habilitante para el ejercicio profesional obligará, a petición de parte, a la Dirección General del Registro Civil e Identificación a efectuar la inscripción procedente en el Registro de Profesionales, creado por el decreto con fuerza de ley N° 630, del Ministerio de Justicia, de 1981, incorporando la mención de la profesión que corresponda en la cédula de identidad del recurrente.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, la Comisión, por tres votos en contra y dos a favor, rechazó la indicación primitiva. Sin embargo, pido a la Sala aprobar el texto renovado, porque los interesados nos hicieron presente que la manera más expedita -no la única, obviamente- para acreditar la habilitación es precisamente la cédula de identidad, donde se puede hacer constar la profesión respectiva.
Por esa razón de orden práctico, y para evitar que tales personas deban mostrar permanentemente la autorización del caso, con el Honorable señor Vodanovic fuimos partidarios de aprobar la indicación formulada por los Senadores señora Soto y señores Calderón, Gazmuri, González, Hormazábal, Núñez, Palza, Ruiz De Giorgio, Ruiz-Esquide y Sule.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en la Comisión de Educación concurrí con mi voto para rechazar la indicación mencionada, sobre la base de dos antecedentes que, a mi juicio, son fundamentales.
En primer término, la ley en proyecto no otorga títulos profesionales, sino que habilita para desempeñar en Chile actividades derivadas de un título obtenido en el extranjero; y ello, por un plazo determinado, a la espera de que los interesados revaliden sus títulos en los términos que establece la legislación común, esto es, de acuerdo a los tratados internacionales y a las normas del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1980, Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, que habilita a ésta para tales efectos.
En segundo lugar, la ley en estudio no faculta a la Comisión Especial para reconocer títulos, sino para permitir trabajar como titulado.
El decreto con fuerza de ley N° 630, aludido en la indicación, contempla un Registro de Profesionales. Los interesados no adquieren en virtud de la declaración de esa Comisión la calidad de tales, sino sólo el carácter de habilitados para ejercer; o sea, no tienen un título reconocido. Y la ley en proyecto, además, habilita el ejercicio profesional por determinado plazo; en cambio, la inclusión de la mención pertinente en la cédula de identidad o en el citado Registro sería de naturaleza indefinida.
Por otra parte, con respecto a la acreditación, debo hacer presente a este Honorable Senado que la vía nunca ha sido la presentación de la cédula de identidad, sino la exhibición del correspondiente título.
En consecuencia, la Comisión, por mayoría de votos, estimó que debía rechazarse la indicación pertinente. Y yo solicito a esta Sala que desapruebe el texto renovado.
He dicho.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Antes había pedido la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Le concedo una interrupción, Honorable colega, con la venia del señor Presidente.

El señor GAZMURI.- Muchas gracias, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Propongo que votemos la indicación renovada al artículo 7° una vez que nos pronunciemos sobre lo referente al plazo, ya que es un argumento válido para desaprobarla.

El señor VALDÉS (Presidente).- La cuestión a que alude Su Señoría incide en el artículo 10, que fija un plazo de tres años a la habilitación que se otorgue en virtud de la ley en estudio.

El señor LARRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, hay un acuerdo unánime para reemplazar el plazo de tres años por otro de cinco. Haré llegar de inmediato a la Mesa la indicación.
Esa es mi proposición.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ese es un acuerdo unánime de Comités. Ahora corresponde que se pronuncie la Sala.
Si no hubiera objeción, se modificaría el artículo 10 en la forma propuesta, sustituyendo la palabra "tres" por "cinco".
Acordado.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, me abstendré en esta votación. Y quiero fundamentar muy brevemente mi posición.
Entiendo que éste fue un acuerdo logrado en la Comisión para hacer posible la ley. Sin embargo, a mi juicio, contraviene un aspecto fundamental que se pretendía conseguir originalmente con el proyecto, cual era reconocer la habilitación para el ejercicio profesional de manera permanente, y no otorgar un plazo especial para revalidar títulos.
La indicación fue aprobada por unanimidad en los Comités. Y entiendo que a veces debamos llegar a acuerdos para que pueda haber legislación. Pero yo no podría dejar de decir que, en mi opinión, esto cambia el sentido original de la iniciativa, que es -como lo señalé- reconocer permanentemente para el ejercicio profesional los grados y títulos obtenidos en el exterior por un número restringido de chilenos que vivieron situaciones de excepción. Y lo que estamos haciendo acá es simplemente entregar, con este mecanismo tan complejo, un plazo para que los chilenos exiliados que lograron grados y títulos en el extranjero tengan que someterlos al procedimiento normal de revalidación.
En ese sentido, quiero dejar expresa constancia de que la norma respectiva y el plazo vulneran el propósito de reparación que todos deseábamos alcanzar con la ley en proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.- Señor Presidente, sólo deseo hacer constar un hecho.
Si bien renovamos la indicación con el ánimo de abrir la norma, debo señalar que esto obedeció a conversaciones sostenidas entre distintos sectores, con el objeto de posibilitar la concreción de la ley en trámite.
Sólo me resta manifestar que, de todas maneras, este asunto, tal como está, deberá ir a un tercer trámite a la Cámara de Diputados, y eventualmente, ser estudiado por una Comisión Mixta.
Por tal razón, pido al Honorable señor Gazmuri, en el ánimo con que conversamos previamente, que aprobemos la indicación -como lo dijo el señor Presidente- por unanimidad. Porque ése fue precisamente el predicamento con que analizamos el punto todos los sectores, a fin de lograr una disposición que posibilite legislar, sin perjuicio de que el problema pueda ser analizado posteriormente en el tercer trámite o en una Comisión Mixta.
Por eso, solicito al Honorable señor Gazmuri que retire su abstención.
Nada más, señor Presidente. El señor GAZMURI.- Debo señalar que no estuve presente en esas conversaciones. Pero si el ánimo es que la ley en examen siga su tramitación, sin desdecirme, por cierto, de los criterios que expuse, votaría a favor la indicación, con las reservas que hice.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, hablaré en el mismo sentido que el Senador señor Gazmuri.
Considero que poner plazo para un beneficio que se está entregando a gente a la cual se pretende habilitar para el ejercicio de su profesión en virtud de un título obtenido en el extranjero, tratándose del exilio o de otros casos -personalmente, lo constaté muy de cerca-, constituye una situación inaceptable. Por lo tanto, no debiera fijarse un plazo. Seguramente en cuatro años más -recuérdenlo-, mediante una nueva legislación, tendremos que ampliarlo. Y, así, sucesivamente, seguiremos de ley en ley.
Si queremos dar un beneficio a dichas personas, porque les reconocemos condiciones y habilidades para que desempeñen su profesión en nuestro país, no veo por qué en cuatro o cinco años dejen de tener esas condiciones y habilidades.
Personalmente, estimo inadmisible establecer ese plazo. Si vamos a otorgar el beneficio -aun cuando se trate de habilitar o no habilitar el título-, lo razonable es considerar que estamos ante una situación excepcional, de gente que estudió en el extranjero y que, por diversas causas sea por no existir tratados de convalidaciones ni interpretaciones de cómo ellas se hacen, o por los elementos muy complejos que requieren dichos reconocimientos- no puede ejercer su actividad en Chile. Por eso, para la revisión de los títulos de un número importante de profesionales meritorios, con muy buena formación profesional, existirá una comisión que deberá autorizar responsablemente los casos que se acogerán al beneficio. Sin embargo, si éste se concede en forma transitoria, ello no corresponde a una legislación seria.
Atendiendo a lo señalado por el Honorable señor Palza, me sumaré a la votación favorable de la iniciativa, a fin de evitar que no haya ley, lo cual sería peor que lo que vamos a aprobar. Empero, dejo constancia de este hecho para que en cuatro años más -si acaso se mantiene este plazo- los Senadores que estemos presentes en ese momento, recuerden la oportunidad en que hicimos la observación de que era mejor haber legislado definitivamente y no en esta forma que, a mi juicio, no constituye una solución en los términos que se pretende.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Gracias, señor Presidente.
Esta discusión me obliga a explicar muy brevemente el alcance de la indicación, respecto de la cual debo precisar que no he sido autor ni patrocinador.
La Comisión de Educación oyó a distintas personas y autoridades durante el estudio de esta iniciativa, tanto del Ministerio de Educación, como de Colegios Profesionales, rectores de universidades, etcétera, formándose un juicio sobre la base de las opiniones y consejos que, en determinadas materias, se nos entregaron respecto de esta legislación. De este modo la Comisión tomó conocimiento de la enmienda que el Reglamento para la revalidación, reconocimiento o convalidación de diplomas había sufrido en la Universidad de Chile. Y, asimismo, también lo hizo respecto de otras materias, como la de que los integrantes y representantes del Consejo Universitario de la Universidad de Chile en la Comisión Especial -a que hemos aludido en el artículo 3°-, iban a ejercer un derecho, por instrucciones de esa casa de estudios superiores respecto de determinadas profesiones, a fin de requerir los informes y los procedimientos correspondientes a reconocimientos, y no a habilitación.
En consecuencia, escuchando esas opiniones, nos formamos una convicción respecto del sentido del proyecto. A través de la legislación en estudio, teníamos que permitir que un conjunto de chilenos, impedidos de ejercer cargo o función alguna en el país por no estar habilitados profesionalmente, pudieran hacerlo, aun cuando fuera transitoriamente. Pero, al mismo tiempo, debíamos reconocer que la verdadera solución del problema era que ellos no se convirtieran en profesionales de categorías distintas a las de aquellos que obtuvieron sus títulos en Chile.
Ése fue el tenor de la discusión y el concepto que manejamos en la Comisión. Es decir, no sólo se pretende ayudarles transitoriamente a resolver el problema de subsistencia que hoy día tienen, sino también a dar pasos ciertos para que a ellos se les puedan aplicar los mecanismos de reconocimiento; y que, de esa manera, sus títulos profesionales tengan igualdad de condiciones y derechos que los de los profesionales formados en el país.
Desde ese punto de vista, sugerimos al Ministerio de Educación que, mientras funciona esta habilitación -que no es de reconocimiento de títulos-, propusiera un nuevo proyecto, específicamente para las carreras en las cuales eventualmente se pudiera presupuestar una mayor dificultad -según se nos informó por parte de los rectores de universidades-, como son las de las áreas de la salud y de la ingeniería estructural. Y que ese nuevo proyecto consultara un apoyo para estos profesionales, porque algunos de ellos, autónomamente, reconocen desventajas o deficiencias en su formación. De forma que debíamos ayudarles a trabajar y a ganarse la vida; pero, en el fondo, con el propósito de resolver su problema, teníamos que lograr que obtuvieran una validación de diploma que los dejara en igualdad de condiciones que el resto de los profesionales chilenos.
Es en ese sentido -por lo menos- en que he estado de acuerdo con establecer ese plazo, con el objeto de que la sociedad chilena emita una señal de que quiere colaborar y resolver el problema de estos profesionales; pero, junto con hacer limitada en el tiempo la posibilidad de que ellos puedan proceder a revalidar sus diplomas o a recibir los beneficios de otras legislaciones que apunten a facilitarlos -como en medicina, con estadías pagadas, o respecto de otros casos conversados en la Comisión y para cuya solución recibimos luces de parte de las autoridades que he señalado-, resolver el problema en términos más definitivos.
Esta intervención obedece exclusivamente al propósito de ilustrar a la Sala sobre el ánimo que tuvo el Senador que habla para concurrir al establecimiento del artículo 10.
He dicho, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Dentro de las indicaciones renovadas por el Ejecutivo en el día de hoy, se consultaba la derogación del artículo 10, a fin de eliminar la fijación de plazo.
En el proyecto original, por cierto, no existía el plazo. Entendimos que lo que estábamos haciendo era buscar una modalidad para reparar una situación anormal y habilitar a los profesionales afectados al ejercicio de su actividad en el país.
Seguimos con mucha atención las deliberaciones de la Comisión. Nos parecieron muy interesantes los planteamientos de los representantes de las diversas universidades, porque creemos fundamental para toda sociedad velar por la seriedad de los títulos y grados que habilitan para el ejercicio de determinadas profesiones. Se trata de un tema que, por cierto, trasciende este cuerpo legal. Implica una materia que deberá ser objeto de un análisis muy serio en el Parlamento, porque, en la actualidad, existe un número importante de cuerpos académicos que, mediante examinación, están en condiciones de otorgar títulos y grados en universidades que no imparten la respectiva carrera.
Ésa es la realidad con la cual estamos actuando hoy día, y que hemos heredado.
En consecuencia, entendemos perfectamente la preocupación existente en cuanto a este tema. Nos gustaría que ella fuera no sólo respecto de las personas que, por razones de fuerza mayor, tuvieron que estudiar en el extranjero, sino también de quienes están realizando hoy día estudios en ciertas universidades, y en donde no está en juego el tema de la libertad para enseñar, pero sí, el de la seriedad de los títulos y grados en el sistema de educación superior en Chile.
De modo que la acuciosidad que se plantea y la necesidad de otorgar un plazo respecto de esos profesionales, nos gustaría que hubiese existido, con mayor razón, respecto de aquellos otros que están en un conjunto importante de universidades, en donde, en función de lo que en este instante se observa, existen, por cierto, elementos de seriedad que dejan mucho que desear. Sin embargo, estamos conscientes de que en esta cuestión...

El señor DÍEZ.- Señor Ministro, ¿me permite una interrupción?

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- Con mucho gusto.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, en el análisis de la seriedad de nuestra educación superior, el señor Ministro siempre nos encontrará dispuestos a buscar la armonía que debe existir entre la libertad de enseñanza y la seriedad de los títulos profesionales.
Muchas gracias, señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Educación).- No me cabe duda alguna de que encontraremos ese planteamiento.
Pero no quiero distraer la atención respecto de otras iniciativas de ley, ya que es en este proyecto en donde, precisamente, planteamos que fuese el Consejo Superior de Educación -organismo creado por la anterior Administración- el que estableciera el sistema de acreditación de universidades y no el de exanimación, que es lo que está permitiendo el sistema al cual he hecho referencia.
Respecto de esta materia, nos parece que estamos enfrentados a una situación de hecho: o aceptamos el plazo que se nos ha planteado, o no tenemos ley. En consecuencia, es en función del ánimo de resolver un problema importante, que estamos planteando el retiro de la indicación formulada por el Ejecutivo, y aceptar plazo de cinco años. No es la solución a que aspirábamos. Creemos que no se interpreta adecuadamente el sentido de la ley; pero, reconocemos también que, en este momento, ante la realidad existente, es el único camino para poder resolver un problema acucioso y apremiante.
Y, es en ese contexto y por esa razón, que hemos procedido a retirar la indicación formulada por el Ejecutivo y nos sumamos al acuerdo que dice relación al establecimiento del plazo de cinco años.
Una última reflexión: durante cinco años esos profesionales podrán ejercer sus respectivas actividades. Resultaría extraño que transcurrido dicho período, tuviéramos que señalar que, por no cumplir ciertos requisitos, tuvieran que dejar de hacerlo.
En consecuencia, considero también que el plazo de cinco años puede resultar útil para analizar el proceso de aplicación de esta ley, el desempeño obtenido, y la posibilidad eventual de volver sobre la misma e introducirle modificaciones o correcciones. Por ahora, me parece que con este precepto, por lo menos, damos una solución transitoria a estos profesionales que la requieren.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Las palabras del señor Ministro me ahorran varios comentarlos al respecto. Sin embargo, quiero señalar, señor Presidente y Honorable Senado, que existe un procedimiento normal para el reconocimiento y convalidación de los títulos de aquellos chilenos o extranjeros que los hayan conseguido en el exterior. Ése es el procedimiento normal. Pero aquí se trata de otorgar un beneficio excepcional para determinadas personas que estuvieron sujetas también a circunstancias excepcionales. En este caso, corresponde a un consenso de la voluntad democrática, expresada con el objeto de reparar algunos hechos que nos permitan alcanzar la tranquilidad y la paz social.
Me parece, señor Presidente, que limitarles el beneficio en el tiempo es, en cierto modo, un acto poco serio; casi un acto de mezquindad, y de mezquindad política, y que otorga -primitivamente por tres años y ahora por cinco- una solución a medias o parcial, sobre todo, teniendo presente que para resguardar la excelencia académica se ha formado una comisión de la mayor investidura para rechazar, reparar, modificar y exigir condiciones especiales, como si existiese alguna duda de que quien obtuvo un título profesional en el extranjero no está lo suficientemente habilitado para ejercer profesionalmente en Chile.
Estimo que en el último tiempo, tal como lo ha señalado el señor Ministro, algunas universidades se formaron al amparo, un poco, de soluciones comerciales. Y hemos visto a algunas de ellas que funcionan "part time" y que incluso imparten instrucciones, enseñanzas y habilitaciones por correspondencia.
Me parece que, frente a estos hechos, al limitar el ejercicio de una profesión con la exigencia de un título otorgado, no de este modo sino en forma seria en el extranjero y refrendado por una comisión de alto nivel, encabezada por la Universidad de Chile -la cual debe velar por su propia excelencia académica- e integrada también por representantes del Consejo de Rectores, en definitiva se está jibarizando la idea que, en un comienzo, partió generosa para tratar de resolver la situación creada a aquellos chilenos que, desgraciadamente, tuvieron que vivir, estudiar y obtener su título, a costa de un inmenso esfuerzo, en el extranjero. Lamento que hoy día no tengamos esa misma generosidad para resolver tal problema, lo cual, como señalamos, podría contribuir a la paz social a la que aspiramos.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿el acuerdo de los Comités fue unánime?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL.- Me gustaría recordar el artículo 19 del Reglamento, señor Presidente.

El señor DÍEZ.- Inoportunamente lo recuerda Su Señoría. Si lo hubiese hecho antes, lo habría aplaudido.

El señor DÍAZ.- De todas maneras, tengo la palabra, a pesar del artículo 19, señor Presidente, porque Su Señoría me la dio.

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Se ha hecho referencia al artículo 19 del Reglamento, que, efectivamente, dice: "Ningún Senador podrá oponerse a los acuerdos adoptados, dentro de su competencia, por la unanimidad de los Comités.".
En realidad, existe un acuerdo de los Comités para proceder a la votación del reemplazo del número "tres" por "cinco"; es decir, para fijar un plazo de cinco años en el texto. En tal sentido, hay acuerdo válido y obligatorio de los Comités. No he oído enunciar votos distintos en esta materia. Se han expuesto, sí, consideraciones respecto del mérito o falta de mérito del plazo. Y a eso debo limitar el debate.

El señor SULE.- Señor Presidente, ¿me permite plantear una cuestión de orden?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, con la venia del Honorable señor Díaz.

El señor SULE.- Yo entendí que habíamos aprobado por unanimidad el artículo, basados en el acuerdo de Comités, y que las demás intervenciones eran sólo para fundar el voto.
Si es así, entonces, sigamos fundando el voto.
Muchas gracias, Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Hay variados sistemas tendientes a permitir que la persona habilitada para trabajar en una determinada profesión en nuestro país, pueda perfeccionarse. Si tal persona se desempeña en el ámbito de los servicios públicos (se hizo referencia al sector de la salud, donde se encuentra más allá del 50 por ciento de las personas que retornaron al país y que estarían habilitadas), existen ciertos procedimientos. En primer lugar, la calificación. El funcionario calificado dos veces en lista 3, automáticamente queda eliminado del servicio. Ése es un procedimiento.
En segundo término; los profesionales -inclusive los venidos del extranjero- habitualmente tienen un espíritu de superación que voluntaria y espontáneamente los hace acudir a cursos de perfeccionamiento, a becas, etcétera, con esfuerzos y sacrificios enormes. Es otro método.
En tercer lugar, si una persona no pertenece a un servicio público, puede desempeñar su profesión en el sector privado, en el cual rige la competencia. Por lo tanto, espontáneamente, por propia voluntad, va a tratar de perfeccionarse y de mantenerse al día.
Perdonen que puntualice una actividad muy especializada y que concentra a más del 50 por ciento de la gente que ha retornado al país: el profesional de la salud. Quienes no se perfeccionan y no hacen cursos, sencillamente quedan atrás y son mal calificados en su idoneidad y conocimientos, y se les elimina del servicio. Eso, por lo menos, sucede dentro de los servicios nacionales de salud dependientes del Estado. Para qué decir en el sector privado.
Además, esta materia guarda mucha relación -y, aunque no tenga atinencia con el tema, de alguna manera quiero abordarla marginalmente- con los colegios profesionales, a los que se quitó su categoría de corporaciones de Derecho Público. Es necesario que vuelvan a tenerla, porque eso da cierta seguridad de que los profesionales van a ser muy bien evaluados en su capacidad de especialidades y los trabajadores alcanzarán una real valorización en cualquier campo de sus actividades.
Eso quería agregar, señor Presidente, y perdone si he transgredido el artículo 19 del Reglamento.
El señor VALDÉS (Presidente).- En realidad, el artículo ya fue aprobado por los Comités y por la Sala. Aquí se han expuesto ciertas consideraciones a su respecto; pero, como existe un pronunciamiento, no corresponde, a mi juicio, seguir debatiendo el tema.

Vamos a pasar a la norma que se había postergado hasta votar el artículo 10. Como este último se encuentra aprobado, volveremos a analizar el artículo 7°.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Se trata de la indicación renovada que tiene por objeto agregar un inciso segundo al artículo 7°, al cual ya se dio lectura, y que dice lo siguiente: "La certificación habilitante para el ejercicio profesional obligará, a petición de parte, a la Dirección General del Registro Civil e Identificación a efectuar la inscripción procedente en el Registro de Profesionales, creado por el decreto con fuerza de ley N° 630, del Ministerio de Justicia, de 1981, incorporando la mención de la profesión que corresponda en la cédula de identidad del recurrente.".

El señor VALDÉS (Presidente).- Este es el artículo que está en votación y al cual se refirió la Honorable señora Feliú.
El señor Secretario procederá a registrar los votos.

El señor PALZA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría.

El señor PALZA.- Señor Presidente, creo que, sobre la base de la votación anterior, la indicación de algunos colegas Senadores no tiene sentido, por lo que sería bueno retirarla.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Hay acuerdo de los señores Senadores patrocinantes para retirarla?

El señor HORMAZÁBAL.- Por el plazo, no podemos establecer una certificación permanente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.- Señor Presidente, como me cuento entre quienes patrocinaron la indicación, estoy de acuerdo en que la retiremos; pero quiero dejar constancia de que sí se puede acreditar la profesión con el carné de identidad, porque, de conformidad a la ley orgánica de la dirección correspondiente, para certificar esa calidad, debe acompañarse certificado válido del título.
El señor VALDÉS (Presidente).- Por lo tanto, si se ha retirado la indicación, está despachado el proyecto y queda terminada su discusión.

El señor ALESSANDRI.- ¿Me permite, señor Presidente?.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, se trata sólo de un aspecto técnico, que no advertí en el momento de la discusión. No está bien redactado el inciso segundo de lo que se pretende agregar al artículo 5° y que figura en la página 15 del informe de la Comisión de Educación. Podría mejorarse el texto. Le falta una palabra; o solamente habría que trasponer la frase, para dejarla más inteligible.
Dice: "Con relación a aquellas que se otorguen para desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, no se aplicarán...". Debería decir "no se les aplicarán"; o bien, poner primero la frase "No se aplicarán las exigencias"... y luego complementar: "a aquellas que se otorguen...", etcétera. Así quedaría mejor redactado el inciso.
Propongo facultar a la Mesa para que corrija la redacción.
Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo en autorizar a la Mesa para hacer la enmienda, en la forma sugerida por el Honorable señor Alessandri?
Acordado.

El señor JARPA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, con el asentimiento de la Sala.

El señor JARPA.- Señor Presidente, a menudo ocurre que los proyectos de ley que aquí se aprueban en los Comités por mayoría de votos, en la Sala son objeto de críticas; y a sus sostenedores se les califica de poco serios, como ha ocurrido hoy; de tener ánimo egoísta, en fin.
Resulta muy difícil, señor Presidente, mantener nuestra disposición para colaborar -de la cual hemos dado siempre muestras reiteradas- si los mismos miembros de los partidos representados por sus Comités que proponen o aceptan una fórmula, aprovechan el debate general para atacar a quienes, de buena fe, hemos entrado igualmente en dicha fórmula.
Me parece, señor Presidente, que sería conveniente que de ahora en adelante quienes concurran a un acuerdo de Comités se comprometan a defender en la Sala el proyecto aprobado por ellos. Porque es muy curioso: terminamos aprobando por unanimidad un artículo objetado por numerosos y distinguidos señores Senadores.
Es un tema que quería proponer para verlo en una reunión de Comités. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, ha quedado en el ambiente la impresión de que la Comisión se hubiera sometido a un verdadero chantaje en la aprobación o rechazo del artículo 10.
La verdad es que en la Comisión se votó; y, si aquí se ha buscado la unanimidad, fue justamente con el objeto exclusivo de aprobar este proyecto de ley. De manera que, en ese punto, discrepo con algunos de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, por cuanto creo que nos hemos sometido al libre juego de las mayorías.
Por otro lado, siempre hemos mostrado buena disposición para resolver este problema. Por ejemplo, propusimos una norma relativa a inscribir el título en las cédulas de identidad. No estamos reconociendo, ni validando, ni convalidando títulos, sino habilitando para ejercer una profesión, de manera que sería absolutamente ilegítimo inscribir el título en la cédula de identidad. Y si, tal como se dijo, estábamos otorgando un plazo de tres o de cinco años, las cédulas de identidad tienen una vigencia de diez.
Por otra parte, señor Presidente y señores Senadores, siempre hubo la buena disposición para que este grupo de chilenos encuentre la mejor fórmula para reinsertarse en la comunidad nacional. Y la prueba es que desde el primer día manifestamos que lo ideal sería que se lograra reconocer, validar o convalidar títulos. Al efecto propusimos a los representantes del Gobierno que buscaran alguna fórmula de enviar un proyecto para otorgar becas a quienes querían optar por la solución definitiva que era, a nuestro juicio, la más lógica y la más justa, por cuanto estábamos dando un trato igualitario entre profesionales.
Por lo tanto, quiero manifestar que por ningún motivo debiera interpretarse como chantaje el manejo que se hizo en la Comisión para buscar justamente la fórmula que, por una parte, cautele la autonomía universitaria, ofreciendo a los chilenos títulos profesionales realmente seguros; y por otra, implique ayudar al grupo afectado.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, quiero recoger algunas expresiones vertidas en la Sala para calificar la actitud de quienes hemos sido partidarios del proyecto en la forma despachada por la Comisión de Educación.
Pareciera que nuestro empeño en producir una buena ley hubiese estado destinado a molestar a las personas que, por haber vivido situaciones lamentables en el pasado, tuvieran que ejercer sus profesiones en Chile. Nada más lejano a nuestra intención. Pero, además de esos cientos o miles de personas respecto de las cuales tenemos que velar para que de alguna manera regularicen su situación en Chile, están los millones de conciudadanos que van a ser atendidos por estos profesionales. No estoy pensando en los médicos, sino en los enfermos, y quiero tener la seguridad de que los profesionales que los atiendan estén calificados. Por poner el ejemplo extremo: no estoy pensando en los ingenieros, sino en la seguridad de los edificios, en un país que se caracteriza por sus movimientos sísmicos, y donde habrá ingenieros que han estudiado en zonas en las que se desconoce esta clase de fenómenos.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor DÍEZ.- Deseo terminar la idea, Honorable colega.

El señor GAZMURI.- ¿Podría concederme una interrupción?

El señor DÍEZ.- Con el mayor gusto.

El señor GAZMURI.- Es muy breve.
En este aspecto, el problema es el siguiente: la Comisión va a calificar al ingeniero y al médico para que ejerzan como tales durante 5 años.

El señor DÍEZ.- Si Su Señoría me hubiera dejado terminar, habría visto...

El señor GAZMURI.- Ése es el problema: ¿por qué al cabo de ese lapso les quita esa posibilidad? Estoy también pensando en los enfermos y en los habitantes del país.

El señor VALDÉS (Presidente).- Señores Senadores, ruego evitar los diálogos.
Continúa con la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, siguiendo con mi idea -y agradeciendo la intervención del Honorable señor Gazmuri-, aquí hay dos maneras de solucionar el problema. Una, que el Estado chileno, responsable y representante de la nación, subvencione a esas personas para que puedan completar en forma satisfactoria sus estudios dentro de las universidades chilenas y revaliden sus títulos, que es lo normal, lo lógico. Lo otro, el autorizarlos para ejercer la profesión, significa que el riesgo se carga sobre el pueblo. No sobre el Estado ni el erario.
Nosotros acogimos esta segunda tesis, primero, por la seriedad de la Comisión, y segundo, por la transitoriedad. No queremos sentar el principio de que en Chile pueden ejercer profesiones personas que no han sido autorizadas para hacerlo por el sistema educativo de nuestro país. Esa es nuestra garantía. Deseamos que aquéllas, a quienes les damos 5 años de plazo para ejercer su profesión, se sometan al sistema educacional chileno para revalidar sus títulos, igual como cualquier otro ciudadano de nuestro país. Las circunstancias dolorosas por que atravesaron las entendemos compensadas por el ejercicio de la profesión durante el período indicado, si se cumplen requisitos mínimos. Pero no queremos violentar en forma definitiva nuestra legislación, sabia y prudente al respecto.
Por consiguiente, nuestros criterios no han sido egoístas, ni hemos pretendido jibarizar la reparación. Nuestra intención ha sido defender al pueblo chileno, que va a recurrir a estos profesionales, y garantizarle su eficiencia técnica. Y, al mismo tiempo, queremos dar estabilidad a nuestro sistema educacional, en el cual se adquieren los títulos mediante un sistema de enseñanza o uno de revalidación. Por eso le hemos dicho al señor Ministro que nos encontrará siempre dispuestos a toda iniciativa que tienda a compatibilizar los dos bienes: la libertad de enseñanza con la necesidad que tenemos de asegurar un buen servicio profesional en nuestro país.
Con ese mismo espíritu hemos despachado este proyecto. Y yo rechazo, con la mayor energía, los adjetivos, nacidos de la ignorancia, con que se trata de calificar nuestra actuación.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hago presente que ha terminado el Orden del Día, y que el último orador será el Honorable señor Cantuarias, porque se había inscrito antes, pero a quien le ruego limitar su intervención porque de lo contrario habría que prorrogar la hora y pedir la autorización de la Sala en este sentido.

El señor CANTUARIAS.- Seré muy breve, señor Presidente.
Quiero señalar que, al terminar el debate del proyecto, estamos cambiando el sentido de la discusión. Nos encontramos enjuiciando el sistema universitario chileno, nos estamos refiriendo a la ley orgánica constitucional de enseñanza, y hablando de otros tópicos que considero muy importantes y que en otras oportunidades, en esta misma Corporación, he propuesto debatir.
Pero quiero precisar sólo una cosa. Yo no he participado de ningún acuerdo de Comités en el que, por una parte, se considere un plazo a los beneficios contemplados en una iniciativa, y, por la otra, la aprobación o el rechazo de ella. Concurrí, sí, a un acuerdo de Comités para que los años consignados en un artículo del informe de la Comisión de Educación se aumentaran de 3 a 5, que es algo enteramente distinto a supeditar, condicionar -como me ha parecido entender de las intervenciones que he escuchado- la aprobación del proyecto, y que, por lo tanto, el juego era el siguiente: o se aceptaban los 5 años, o no había ley.
Debo decir que en ningún momento he participado en él, y, al parecer, por las consultas que he hecho, nadie se ha visto involucrado en una discusión de ese nivel o de ese calibre. Por lo tanto, rechazo categóricamente que haya habido una negociación de esa naturaleza y que ése haya sido el acuerdo de los Comités. Lo que aprobamos fue cambiar un plazo que estaba establecido. Y podemos ejercer el derecho de votar o de opinar sobre esta materia con la mayor libertad. Y, desde luego, libero de responsabilidad a cualquiera que desee hacerlo que quiera reponer la indicación para eliminar este artículo, si así lo estima.
He dicho, señor Presidente.

El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Voy a conceder el uso de la palabra al Honorable señor Gazmuri, pero hago presente a la Sala que nos hemos excedido en el tiempo del Orden del Día.
El proyecto se encuentra despachado.
No deseo incurrir en faltas al Reglamento; de manera que requiero la autorización de los dos tercios de la Sala para continuar el debate.

La señora FELIÚ.- No hay acuerdo, señor Presidente.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, hemos sido aludidos políticamente y deseo tener el derecho a responder.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ya le había dado el uso de la palabra, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL.- Puedo aclarar la duda del Honorable señor Cantuarias, por ejemplo, respecto de su planteamiento de que no ha escuchado el tema ése: yo sí lo oí.

El señor CANTUARIAS.- Yo dije que no participé.

El señor GAZMURI.- Tengo la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es, señor Senador. Y vamos a poner término al debate porque es antirreglamentario.

El señor GAZMURI.- Sin el ánimo de prolongar esta discusión, sólo quiero manifestar que es segunda o tercera vez que se plantea este mismo problema en el sentido de que a veces llegamos a acuerdos que evidentemente son de transacción, lo que, a mi juicio, no nos impide después dar las razones por las que llegamos finalmente a un consenso, tras partir de dos puntos de vista muy distintos.
Efectivamente, como señaló el Honorable señor Cantuarias, en esta materia la Comisión había aprobado por mayoría un plazo de 3 años. Y hubo una indicación de minoría para que fuera indefinido. Los partidarios de ambos plazos se basaban en razones muy distintas, evidentemente todas legítimas; yo no las califico, pero eran diferentes. Porque nosotros teníamos motivos fundados -que no deseo reiterar en esta ocasión- para considerar que ésta era una materia que no debería estar sujeta a plazos.
Finalmente, llegamos a un acuerdo, a una transacción: quienes estaban por los 3 años -al principio optaron por ese plazo por estimarlo razonable- convinieron aumentarlo a 5, y nosotros, partidarios de no fijar límites, lo aceptamos.
Ello no obsta a que al momento de argumentar no podamos reponer en el debate público las razones que cada uno tuvo en apoyo de su propuesta original. Y esto, a mi juicio, no significa -como se ha pretendido plantear acá- una suerte de deslealtad entre los acuerdos políticos y la explicación política de los motivos por los cuales se llegó a determinados acuerdos, porque tenemos responsabilidades con nosotros mismos y también con el país, y debemos dar las razones por las cuales unos y otros, en este afán de hacer avanzar las cosas, tenemos que ceder. Porque la negociación política es cesión, y uno tiene que explicar también por qué cede, y para ello sentía la obligación de dar un fundamento, que juzgo absolutamente legítimo y razonable -puede haber opiniones contrarias-, para explicar por qué habíamos apoyado el proyecto del Ministerio y por qué habíamos presentado una indicación contraria a lo aprobado por mayoría en la Comisión.
Quiero aclarar esta situación porque si no, cada vez que lleguemos a alguna negociación política, como estamos obligados a hacerlo en este Senado -y bien sea, por Chile-, vamos a tener la misma discusión.
Recojo la sugerencia de que si este asunto requiere mayor análisis entre nosotros, traslademos el debate a los Comités.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ha terminado la discusión del proyecto.
VI. INCIDENTES

El señor VALDÉS (Presidente).- - En el tiempo del Comité Renovación Nacional, ofrezco la palabra.

El señor ORTIZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


PLAN DE DESARROLLO PARA UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIOS

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, Honorables colegas, frente a la realidad existente en Villa O'Higgins y en otras comunas y pueblos de la Undécima Región, me permito sugerir el Plan de Desarrollo que más adelante detallaré.
La comuna de Villa O'Higgins, y muy principalmente el área del Lago O'Higgins, corresponde a una zona estratégica de nuestro territorio nacional, y ha saltado recientemente a los titulares de los diversos medios de comunicación por el problema de Laguna del Desierto, no obstante que estos conflictos con Argentina se arrastran desde hace muchos años y que, además, nos encontramos con pretensiones de soberanía superpuesta con nuestros vecinos, situación que nos afecta a todos.
Si observamos lo que ocurre al otro lado de la frontera, podemos señalar que hay acciones de parte de Argentina orientadas a tener cada vez una mayor presencia en la zona y que, sin perjuicio del territorio que nos tiene de hecho tomado, más allá de nuestras reales fronteras, dicha nación ha desarrollado centros poblados y tiene una construcción de infraestructura de apoyo social y productivo.
Por nuestra parte, la presencia chilena en dicho sector es débil y, lo que es más grave, dependiente, lo que nos obliga a preocuparnos, debiéndose tomar de inmediato medidas que permitan que nuestra soberanía sea real, y no solamente declarativa, a fin de disuadir la realización de acciones que puedan atentar contra los intereses del país.
Renovación Nacional, consciente de la realidad que hoy se vive en ese sector, plantea que se lleve a cabo un plan de desarrollo que considere, entre otras, las siguientes medidas:

1.- Complementar el presupuesto de obras públicas, a fin de sacar a la comuna de Villa O'Higgins del aislamiento en que se encuentra.

2.- Crear auténticas condiciones para un real y efectivo desarrollo productivo, además del apoyo social, que no sólo haga interesante el arraigo de quienes actualmente ahí viven, sino que sea atractivo para otros que quieran poblar dicha comuna.
Respecto al aumento del presupuesto de obras públicas, éste tendría, entre otras, las siguientes finalidades básicas:
a) Acelerar el avance de la carretera Austral, que con el actual presupuesto es de 10 kilómetros anuales, en circunstancias de que el Cuerpo Militar del Trabajo puede construir 30 kilómetros en ese período si se le otorgan los dineros necesarios, ya que tiene maquinarias, hombres y equipos en la Región.
b) Llevar a cabo el trazado de varias huellas desde la ciudad de Villa O'Higgins a otros sectores dentro de la misma comuna, de manera que sus pobladores puedan trasladarse más fácilmente.
c) Mejorar pistas aéreas -por ejemplo, las de Laguna Redonda y Candelario Mancilla-, y construir otras en lugares en que resultan indispensables, como en Ventisquero Chico, que antiguamente se usó -hasta 1965-, y en Lago O'Higgins, que queda en el sector de la Tenencia de Carabineros.
d) Construcción, reparación y mejoramiento de muelles en Bahía Bahamonde, Bahía Pescado y en el sector Ventisquero Chico.
En cuanto a la creación de condiciones de desarrollo y a brindar apoyo social, es necesario llevar adelante lo siguiente:
a) Mejoramiento de la asignación de subsidio al transporte aéreo, por constituir el único medio expedito para entrar a la comuna y salir de ella.
El subsidio que existe al pasajero de hecho no opera en forma satisfactoria, de manera que hay que reestudiarlo.
b) Un plan concreto de salud, educación y abastecimiento que permita a los colonos tener alguna seguridad en estas áreas.
c) Saneamiento de títulos de las tierras ocupadas, que fueron entregadas principalmente en forma gratuita, otorgándose la documentación necesaria a fin de que se pueda acreditar su dominio, sin que esto tenga costo alguno para los colonos.
Sin perjuicio de lo anterior, estimo necesario que la comuna de Villa O'Higgins y las demás comunas o poblados que tengan una situación análoga sean declarados zonas de colonización, liberándolos de todo pago de impuestos e implementándose este proyecto con franquicias especiales que permitan el asentamiento de un mayor número de chilenos, para el ejercicio de nuestra soberanía en la zona, junto al desarrollo social y económico, lo que permitirá el aumento poblacional.
No teniendo nosotros iniciativa en este tipo de materias, solicito que se les remita copia íntegra de esta proposición a los señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas, a fin de que el Gobierno haga suya esta propuesta que formulo en nombre propio y en el de Renovación Nacional. |
He dicho, señor Presidente.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador y de Renovación Nacional, en conformidad al Reglamento.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.


TERMINACIÓN DE CAMINO DE OSORNO A BAHÍA MANSA. OFICIOS

El señor LARRE.- Señor Presidente, solicito oficiar en mi nombre tanto el señor Ministro de Obras Públicas como al de Planificación con el fin de que se estudie la destinación de recursos para la conclusión del camino de Osorno a Bahía Mansa en su tramo final, ya que se ha puesto término al contrato con el Cuerpo Militar del Trabajo. Restan nada más que dos kilómetros y, de no continuarse las obras, el Ejército retirará sus instalaciones del sector. Debo advertir que el volverlas a levantar implicaría un muy alto costo.
Considero altamente conveniente esta inversión, por cuanto, además de facilitar el traslado de la población a los balnearios del litoral de Osorno, mejoraría el acceso al puerto pesquero artesanal instalado en Bahía Mansa.
Solicito que este oficio sea enviado también en nombre de mi par en la circunscipción, el Honorable señor Valdés.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, en la forma propuesta por Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


PLAN DE PROGRESO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA REGIÓN DE TARAPACÁ. OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente, Honorables colegas:
Durante todo el desarrollo de mí campaña parlamentaria, asumida con un profundo sentido de servicio a la comunidad, hice presente que una de mis grandes aspiraciones era ofrecer a mi Primera Región, como Senador de la República, una iniciativa que recogiera, tan fidedignamente como fuera posible, las inquietudes y aspiraciones del Norte Grande, y particularmente de la Región que tengo el honor de representar en esta Corporación.
En cumplimiento de mi compromiso y obedeciendo a una vieja inquietud de orden personal, me he dedicado a recoger y analizar gran cantidad de información relativa a la Primera Región y a su desarrollo histórico, tomando contacto con los más variados sectores de la comunidad y para lo cual he requerido la valiosa asesoría técnica de organismos especializados, todo ello con el propósito de formular una iniciativa coherente, realista y compatible con las estrategias generales del desarrollo nacional.
Por otra parte, la proposición que formulo se basa, en forma importante, en mi experiencia personal en torno a lo que ha sido una constante histórica para el Norte Grande: las enormes dificultades con que se ha encontrado para dar vitalidad a su difícil desarrollo, las desventajas comparativas que derivan de su especial situación geográfica y, con frecuencia, la indiferencia e incomprensión de los Poderes Públicos ante sus inquietudes y aspiraciones.
En efecto, en la Primera Región existe la percepción generalizada de que el resto del país no parece haber asumido en toda su significación lo que representa vivir y trabajar en el Norte Grande de Chile. Y no se trata sólo de la situación de aislamiento respecto del resto de la vida nacional -circunstancia, por lo demás, insuperable- ni de sus especiales características climáticas. Las peculiares modalidades de vida de esta porción del territorio nacional tienen que ver, más bien, con su historia, que no es sino la crónica sucesiva de una permanente e implacable lucha del hombre contra la adversidad: sangrientas guerras, catastróficos fenómenos naturales, el auge y la muerte de la pampa salitrera, la persistente falta de oportunidades para nuestra juventud, la porfiada carencia, en fin, de una política permanente -y persistente- de desarrollo regional, son factores adicionales que, ciertamente, han representado grandes obstáculos para la Primera Región. No obstante, la gente que allí vive no renuncia a cultivar porfiadas esperanzas, acaso porque sienten profundamente que su presencia en esos áridos y exigentes territorios sigue representando un heroico testimonio de soberanía nacional, testimonio vivido intensa y personalmente, en cada minuto y en cada cosa que se hace.
Es precisamente por eso que hoy deseo entregar a mis conciudadanos y autoridades nacionales y regionales el presente documento, denominado Plan de Progreso y Desarrollo Integral de la Primera Región, Tarapacá, el que contiene, además de un diagnóstico general de la Región, un análisis de los diferentes sectores sociales, de infraestructura y servicios, las perspectivas del sector productivo, con indicación de objetivos, planes de acción concretos y, por supuesto, una estimación respecto de las inversiones que se propone realizar.
No me es dable presumir, por cierto, que estoy ofreciendo, a través de este documento, una solución integral y definitiva para todos los problemas regionales. Sé que no es así; sin embargo, abrigo la esperanza de que los antecedentes que aquí entrego serán de real utilidad para encontrar soluciones, gradual, persistente y visionariamente.
Se trata, por otra parte, de proposiciones que trascienden de la contingencia política, porque se han inspirado, sin señal alguna de otra motivación, en los supremos intereses de la Nación, de la que forma parte viva la Región que represento. Por lo mismo, confío en que el análisis de esta propuesta se hará dejando de lado intereses político-partidistas, simplemente porque el interés nacional está primero.
Al formular mi proposición, deseo dejar expreso testimonio de mi profundo reconocimiento por la valiosa cooperación recibida de profesionales y técnicos de mi Partido, Renovación Nacional, y de los expertos del Instituto Libertad y Desarrollo, y de los técnicos y amigos de mi Región. Y mi especial reconocimiento, asimismo, por el valioso aporte recibido del Honorable Diputado Carlos Valcarce Medina, profundo conocedor de la realidad nacional y regional.
Señor Presidente, quiero que, en mi nombre, se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, haciéndole llegar este proyecto de desarrollo, para el estudio que él ordene.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la anuencia de la Mesa?

El señor PÉREZ.- Con cargo a su tiempo, Honorable colega.


CAMPAÑA CONTRA EL CÓLERA EN ARICA

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, deseo felicitar a la zona de Arica por la extraordinaria labor desarrollada por toda su comunidad para lograr vencer el flagelo del cólera, por lo menos a ese nivel.
En representación del Ministerio de Salud escuché el otro día una exposición del doctor Urrutia, a quien Su Señoría conoce, en la que explicó cómo la totalidad de la comunidad ariqueña -personal médico, paramédico y funcionarios- logró por lo menos frenar el avance del cólera hacia Chile. Que haya aparecido en otras partes, es otra cosa.
Por lo anterior, creo que la comunidad ariqueña como tal, el Ministerio de Salud y todas sus autoridades, merecen nuestras calurosas felicitaciones. Y yo quiero que eso también se exprese a través de este Senado, señor Presidente. El señor LAGOS.- Exactamente. En realidad, hay que reconocer la eficiencia y prontitud con que tanto la comunidad como también el Cuerpo de Carabineros, que ha estado a cargo de la frontera, y todos en general, hemos luchado contra esa gravísima enfermedad.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.


DICTACION DE REGLAMENTOS PARA INVERSIONES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO. OFICIOS

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, hace pocas semanas esta Corporación rechazó un proyecto del Ejecutivo tendiente a postergar la entrada en vigencia de la ley que permitiría a las AFP invertir en el extranjero.
En verdad se trata de una ley que pretende fijar pautas para invertir en el extranjero, ya que el monto de los capitales que las entidades previsionales podrían exportar llega, en el plazo de cinco años, a 72 millones de dólares.
Las razones dadas a conocer tanto en la Comisión de Trabajo por el Superintendente de AFP como en esta Sala por el señor Ministro, al defender el referido proyecto, fueron las de que había dos reglamentos que dictar: uno, del Banco Central, que regulaba el acceso al mercado cambiario, y otro, de la Comisión de Riesgo de AFP, que calificaba los riesgos de los papeles en el extranjero, los que no era posible dictar en el plazo que la ley contemplaba como fecha de postergación para su entrada en vigencia.
Ayer tuve una reunión con algunos miembros de la Comisión Nacional de Riesgo, la que está conformada por cuatro personeros de las administradoras de fondos de pensiones y por tres superintendentes, en representación del Gobierno. Y ellos sostuvieron -y tienen razón- que ese argumento no es válido por cuanto la elaboración del reglamento correspondiente a la Comisión de Riesgo supone previamente la elaboración del estatuto por parte del Banco Central como acceso al mercado cambiario. Y han señalado al mismo tiempo que ello debe hacerse entre el Banco Central y la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por lo tanto, hay aquí un problema muy serio, el que sumado a las declaraciones del Superintendente de AFP al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin, en el sentido de que son contrarios a la entrada en vigencia de esta ley, hacen sospechar que la postergación de la dictación del reglamento tiene por finalidad impedir que esta ley entre en aplicación.
Por estas razones, señor Presidente, pido oficiar, en mi nombre y en el de Renovación Nacional, a los señores Ministros de Hacienda -sé que tiene una opinión distinta a la del Superintendente de AFP-; al del Trabajo; al Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, y a los miembros de la Comisión de Riesgo, transcribiéndoles las palabras que he señalado, a fin de que respondan cuándo -porque están fuera de plazo y en situación de ilegalidad- se van a elaborar dichos reglamentos, y cuál es la armonía que debe existir entre un reglamento y otro.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.


RECURSOS PARA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN DE CHILLÁN

El señor RÍOS.- Señor Presidente, en el mundo moderno, tal como lo he expresado muchas veces, las comunicaciones son muy importantes y fundamentales para el desarrollo de los países. Y en nuestro caso, en el de Chile, las comunicaciones han ido surgiendo en las distintas regiones -sobre todo las audiovisuales, como la televisión- en forma muy artesanal, con muchos sacrificios y esfuerzos. Y las regiones o las ciudades que cuentan con medios propios de comunicación proporcionan una visión más completa de la realidad local, que es por último la que más interesa a los habitantes de los distintos lugares donde se encuentran esas estaciones de televisión, que concretamente son dos en Chile. Una de ellas es el Canal 10 de Televisión de la Universidad del Bío-Bío, ubicada en la ciudad de Chillán. Lamentablemente, hace algunas semanas un siniestro destruyó total y completamente sus estudios, quedando esa ciudad absolutamente marginada de toda posibilidad de contar con ese medio de información.
La situación típica que se da en estos casos, señor Presidente, es la de que estos canales de televisión, que funcionan con recursos muy limitados y débiles, tampoco cuentan usualmente con los dineros suficientes para contratar seguros adecuados. Por eso, destruido dicho canal de televisión, no existe recurso alguno para ponerlo en marcha -tampoco había, obviamente, seguros comprometidos-, lo que naturalmente produce un daño y un problema muy grande.
Hace algunos meses esta Corporación entregó a Televisión Nacional cuantiosos recursos con el fin de que pudiera resolver sus problemas financieros, y considerando la necesidad de que el país siguiera contando con su red de canales. El problema es que el Canal 10 de Televisión de la Universidad de Bío-Bío, con sede en Chillán, por tratarse de un medio de carácter muy local, seguramente nunca será objeto de un proyecto de ley del Ejecutivo tendiente a resolver sus problemas económicos. Es muy difícil que ello ocurra, debido fundamentalmente a la existencia de una administración tan centralizada y que normalmente se traduce en una despreocupación de la autoridad para resolver los problemas de comunicación que estoy señalando.
Sin embargo, señor Presidente, en mérito al esfuerzo y a la necesidad de ir fortaleciendo los medios de comunicación locales y, fundamentalmente, aquellos ligados a centros universitarios -como se da en el caso de la Universidad de Bío-Bío, sede Chillán-, estimo importante que la autoridad demuestre algún grado de preocupación y busque las fórmulas adecuadas para poner en marcha, nuevamente, dicho Canal, requerido y necesitado por toda la comunidad de Nuble.
Por tal motivo, señor Presidente, solicito oficiar en mi nombre al señor Ministro Secretario General de Gobierno para que tenga presente el estado de las comunicaciones existentes en esa ciudad a raíz del mencionado siniestro y para que arbitre las medidas que permitan poner en marcha y sacar al aire de nuevo al Canal y resolver su situación tan desgraciada, pues en estos momentos, como ya lo he señalado, está trabajando en condiciones tremendamente sacrificadas y merece, al igual que otras estaciones de televisión, la cooperación y ayuda del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Quedan 4 minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


CARENCIA DE RECINTO POLICIAL EN LA TIRANA, PRIMERA REGIÓN. OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en mi última visita al pueblo de La Tirana, santuario de la Primera Región, muy respetable, sostuve una reunión con sus juntas de vecinos, en la cual fui informado de que ahí llegan delincuentes y narcotraficantes provenientes de las ciudades de Antofagasta, Tocopilla, Iquique y Arica buscando refugio después de cometer sus fechorías en las diferentes Regiones del Norte de Chile.
A esa tierra religiosa concurren en julio -el 16 exactamente- más de 70 mil personas. Lamentablemente, no existe allí ni un retén de Carabineros. El recinto policial más cercano es una Comisaría en el pueblo de Pozo Almonte, de modo que sus efectivos tienen muchas dificultades para trasladarse hasta La Tirana.
Señor Presidente, pido oficiar en mi nombre al señor General Director de Carabineros a fin de que en los futuros planes de construcción de unidades para su Institución se considere a la Primera Región, y especialmente a La Tirana, pues se trata de una necesidad muy acuciante.
Hace pocos meses, en ese poblado un incendio arrasó con 36 viviendas, cuyos dueños pertenecían a pequeñas y humildes familias. Se identificó como autores de ese hecho a drogadictos que realizaban allí algunas actividades.
Por lo tanto, atendida la urgencia de resolver ese problema, solicito enviar en mi nombre el oficio indicado.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


CONSTRUCCIÓN DE LINEA 5 DEL METRO DE SANTIAGO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor URENDA (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a una moción.

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Ha llegado a la Mesa una indicación, suscrita por los Honorables señores Prat, Ríos, Díez, Pérez y Romero, para aprobar el siguiente proyecto de acuerdo:

"1.- Es de público conocimiento que las autoridades de Gobierno tienen en estudio la construcción de la línea 5 del Metro de Santiago.

"2.- Atendido que la iniciativa toca conceptos cuya discusión resulta del mayor interés nacional; en especial los relativos a
"i) Si el Estado debe asumir el rol de ejecutor de obras y prestador de servicios, o si debe entregar estas funciones a la iniciativa particular.
"ii) Si -resuelto fuere que el Estado comprometa sus recursos en proyectos de infraestructura y prestación de servicios- es este proyecto el que tiene prioridad frente a otros como obras de regadío, caminos productivos, puertos; o plantas de tratamiento de aguas servidas.
"iii) La forma focalizada o general en que el Estado debe entregar los subsidios fiscales cuando éstos fueren pertinentes.
"iv) Las implicancias en el proceso de mayor o menor concentración poblacional en centros urbanos que el proyecto puede generar;
"El Senado acuerda pedir un informe a sus Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Economía; para remitirlos en carácter de oficio al Sr. Presidente de la República.".
De acuerdo con el artículo 91, inciso segundo, del Reglamento, "Las indicaciones formuladas en los Incidentes se votarán, sin informe de Comisión, en el tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente". Es decir, esta indicación se debería votar en la sesión ordinaria de mañana.
El señor URENDA (Vicepresidente).- La moción, entonces, se votará en la sesión ordinaria de mañana.
PETICIONES DE OFICIOS

El señor LAGOS (Secretario subrogante).- Asimismo, han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Ortiz:
PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA LA SEÑORA ESTER ROSA
VÁSQUEZ PANTOJA
"Al señor Intendente de la Undécima Región, informando del número de carnet de identidad y del domicilio de la señora Ester Rosa Vásquez Pantoja para los efectos del trámite de su pensión de invalidez.".
)----------(
Del señor Ruiz (don José):
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE LEY N° 18.392
"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole patrocinar el siguiente proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Establécese en el territorio de la Provincia de Última Esperanza, y en las comunas de Porvenir y Primavera, Provincia de Tierra del Fuego, XII Región, un régimen especial aduanero y tributario que consistirá en la aplicación, en dicha zona, de las franquicias y beneficios especiales que otorga la Ley 18.392 a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades Industriales, Mineras de explotación de las riquezas del mar, de transporte y de turismo, en las mismas condiciones, modalidades y con las mismas limitaciones establecidas en la Ley 18.392, esta vez, en el territorio anteriormente descrito.

"Artículo 2°.- Se exceptúa expresamente la aplicación, en esta zona, de los beneficios y franquicias a personas naturales establecidos en el inciso primero del artículo 11 y en el artículo 12 de la referida Ley 18.392.
"Artículo 3°.- Este régimen especial durará hasta el vencimiento del plazo establecido en el artículo primero de la Ley 18.392.".
)----------(

El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde el tiempo al Comité Independiente.
Ofrezco la palabra.
No va a hacer uso de su tiempo.
El siguiente es el turno del Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.


COBRO EXCESIVO EN TARIFAS DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA REGIÓN. OFICIO

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, uno de los problemas más angustiantes en la Segunda Región es el del agua. Ya me había referido con anterioridad en el Senado a dicho asunto, solicitando a la autoridad que lo estudiara en profundidad.
Afortunadamente, ya pasó por allí un experto israelita, de modo que espero que de su visita resulte algo para que puedan cuantificarse las reservas de agua y su disponibilidad, y para que se tomen medidas tendientes a aprovechar las aguas servidas y las aguas subterráneas que se puedan tratar.
Sin embargo, señor Presidente, quiero referirme a un problema puntual que pude detectar en mi última visita a la ciudad de Tocopilla y que también denuncié por la prensa. Y es que, a pesar de que no han aumentado las tarifas del agua potable -problema que afecta en este momento a gran parte de las ciudades de Chile-, se están efectuando cobros extraordinarios, pues de un mes a otro, y sin explicación, los consumos de agua de algunas personas han aumentado en forma tal que a veces ellas han tenido que pagar hasta 4 veces lo que pagaron en el mes anterior.
Hay que pensar que gran parte de la población es de escasos recursos. Y si bien es cierto que en este momento existe un proyecto en estudio para bonificar o subsidiar los pagos de agua potable a las personas de pocos recursos, no es menos efectivo que, al aumentar aparentemente el consumo de estas personas, ellas quedan fuera del subsidio.
Hago presente esta situación en público, porque la encuentro de la mayor gravedad, ya que, sin haberse autorizado un alza de las tarifas del agua potable, en este momento las personas, por un aumento de su consumo de agua -que debe ser más aparente que real- están pagando mucho más que antes.
Por lo tanto, vengo en solicitar que se oficie, en mi nombre, al Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que la empresa de agua potable ESSAN -que hoy es fiscal; pero transformada en sociedad anónima- explique a qué se deben estas irregularidades en el cobro de las tarifas -que al no haber aumentado siempre los cobros resultan muy superiores a los de hace pocos meses-; si se han realizado los estudios pertinentes; si los medidores están malos o cuál es la razón por la que se está produciendo este problema, que, además, ha llevado a la ciudadanía a efectuar manifestaciones de repudio, pues es un problema que la afecta profundamente.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, que el oficio solicitado por el Senador señor Alessandri se envíe, también, en mi nombre.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en nombre de los Honorables señores Alessandri y Mc-Intyre.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, hemos cedido algunos minutos de nuestro tiempo al Honorable señor Jarpa.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


PROBLEMAS DE AGUA POTABLE, DE TENDIDO ELÉCTRICO Y DE ATENCIÓN SANITARIA EN ARCHIPIÉLAGO DE JUAN FERNÁNDEZ. OFICIOS

El señor JARPA.- Señor Presidente, me he impuesto hoy día de una situación bastante problemática que afronta la población que vive en el archipiélago de Juan Fernández.
Existe allí un deterioro de las cañerías de agua potable y del tendido que provee energía eléctrica, y la Municipalidad no tiene posibilidad alguna de financiar las reparaciones correspondientes.
Pero lo más grave, señor Presidente, es que tampoco existe médico residente. La población, de más de 600 personas, es atendida por una matrona. ¡No hay médico y no existe casa para él!
¡Es increíble que, estando tan cerca del centro de Chile, esta población insular no haya tenido posibilidad de reparar tales deficiencias, y, además, esté enfrentando una situación que no corresponde a un país civilizado!
Por lo tanto, ruego que se oficie al señor Ministro del Interior, para que ponga los recursos necesarios a disposición de la Municipalidad, a fin de proveer el agua potable y la energía eléctrica que se necesitan.
Asimismo, pido oficiar, también, al señor Ministro de Salud, para que resuelva el envío de un médico residente, con el objeto de que esta población tenga una atención sanitaria de acuerdo a las necesidades más urgentes que puedan surgir. Se trata de unas 600 personas; a menudo varias de ellas están enfermas y no disponen de atención.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por el Honorable señor Jarpa, a los cuales, personalmente, me adhiero.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, cedemos, también, algunos minutos de nuestro tiempo al Honorable señor Lagos.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


COBRO EXCESIVO EN TARIFAS DE AGUA POTABLE EN PRIMERA REGIÓN

El señor LAGOS.- Muy breve, señor Presidente.
Con respecto al problema del agua potable a que aludía el Honorable señor Alessandri, debo señalar que también afecta a la Primera Región. Y de la empresa a que el señor Senador hizo mención la Corporación de Fomento de la Producción es dueña del 99% de las acciones. El 1% restante pertenece a la Tesorería General de la República. Es decir, el asunto está radicado en aquella Corporación.
Deseo manifestar que, según el procedimiento de reajuste que tiene esa empresa, en el mes de junio vendrá una nueva alza; y en diciembre, otra más.
En estos momentos, las cuentas, especialmente en los sectores más desposeídos, son prácticamente impagables, ya que superan los 14 mil pesos.
Quería hacer esta salvedad, porque la Corporación de Fomento de la Producción -repito- es la dueña del 99% de la empresa ESSAN.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Se tomará nota de lo señalado por Su Señoría.
A continuación, corresponde el tiempo al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
No hay representantes de dicho Comité.
Por lo tanto, el turno siguiente corresponde al Comité Radical-Social Demócrata, cuyos integrantes tampoco se encuentran en la Sala.
En consecuencia, el Comité Demócrata Cristiano puede hacer uso de su tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.


RADICACIÓN, EN EL PARLAMENTO, DE ARCHIVO CON HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA LEY. OFICIOS

El señor PACHECO.- Señor Presidente, señores Senadores:
Las ciencias políticas y la práctica de los Estados convergen en la idea de asociar la división de los Poderes con la de un Estado democrático.
Por otra parte, se vincula la permanencia de las instituciones con el prestigio con que ellas cuentan, hecho que se asimila a la eficiencia en la realización de las tareas que la sociedad les asigna.
El Congreso Nacional, en tanto Poder del Estado, tiene como función principal la formación de las leyes. Así lo establece la Constitución Política de la República en su artículo 42: "El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen las demás atribuciones que ella establece.".
Si asumimos como nuestra función central la formación de las leyes, es necesario ver qué entiende el Derecho chileno por ley. Al respecto, lo mejor es seguir a nuestro Código Civil, que en su artículo 1° señala: "La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.".
Toda ley, como consecuencia de la naturaleza de su creación, posee una historia. Esta historia de la ley tiene la más alta importancia para el objeto de su interpretación. Y entendemos por interpretación de la ley "la búsqueda del verdadero sentido y alcance del precepto". Tal búsqueda puede interesar tanto al juez, al particular que hace uso de la ley y al creador de la ley: el Congreso Nacional. Esto último es lo que la doctrina conoce como "interpretación auténtica", la que se encuentra consagrada en el artículo 3°, inciso primero, del Código Civil: "Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio.".
El intérprete de la ley cuenta con variados elementos para realizar su cometido. Uno de ellos, consagrado por la doctrina, es la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
La historia fidedigna puede decirnos cuándo se dictó una ley, cómo y para qué fue dictada; de esta misma forma, el Código Civil, dentro de las reglas de interpretación, nos señala en su artículo 19, inciso segundo: "Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.".
Concordando todos los elementos antes expuestos, queda clara la necesidad que tiene el Honorable Senado de conocer la historia fidedigna de las leyes para lograr su cabal interpretación. Sólo de esta manera será posible cumplir con nuestra función como Poder del Estado.
Por tanto, creo necesario que el mismo Senado tenga acceso a la historia fidedigna de toda la legislación producida. Sin ella, vemos limitadas nuestras posibilidades de legislar en bien de todos los chilenos.
La continuidad del quehacer legislativo resulta indispensable como método de técnica legislativa. La legislación debe ser coherente, y, para ello, es de la esencia que haya afinidad entre la letra de la ley y el espíritu que tuvo el legislador al dictarla. Pues bien, se da el caso de que la historia fidedigna de las leyes dictadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se encuentra dispersa. Es así como tenemos antecedentes que en parte se encuentran en la Cámara de Diputados, mientras otros estarían en el Consejo Asesor del Comandante en Jefe del Ejército, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Comprenderán los Honorables señores Senadores la urgencia, importancia y necesidad de reunir en un solo archivo todos estos dispersos documentos de interpretación de la ley, razón por la que someto a la consideración del Honorable Senado la petición de dirigir oficio a los señores Ministros de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia, a fin de que remitan todos los documentos y antecedentes que digan relación con la legislación dictada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que se encuentran en poder del Comité Asesor del señor Comandante en Jefe del Ejército y de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia de la República.
Asimismo, solicito al señor Presidente del Senado que coordine la labor de radicar, en un solo lugar, en el Congreso Nacional, el archivo de los documentos del mencionado período que se reciban, de los que tienen en su poder la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso, y de los relativos a leyes que estén en la Comisión de Constitución del Senado.
Agradeceré al señor Presidente que se sirva ordenar el envío de los oficios que he solicitado y coordinar, repito, la radicación de documentos a que me he referido.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Lo primero sería por acuerdo de la Sala?

El señor PACHECO.- No, señor Presidente; a título personal.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador.

El señor MC-INTYRE.- Quizás sería mejor establecer, primero, qué documentos faltan, a fin de darles preferencia, pues tenía entendido que los antecedentes legislativos de 1973 en adelante estaban casi completos.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Entonces, habría que pedir información a la Secretaría respecto de cuáles son los antecedentes que están pendientes, a fin de dar preferencia a su obtención.
Resta aún tiempo al Comité Demócrata Cristiano, pero no hay Senadores presentes de esa bancada.
Si ningún señor Senador desea hacer uso de la palabra, levantaré la sesión.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.