REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en jueves 15 de octubre de 1992
Ordinaria
(De 10:45 a 13:53)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, la señora Ministra de Justicia subrogante, el señor Ministro Secretario General de Gobierno y el señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de la sesiones 24a y 25a, ordinarias, en 10 y 15 de septiembre, respectivamente, que no han sido observadas.
Las actas de las sesiones 26a, especial, en 16 de septiembre, y 1a, de la Legislatura Extraordinaria, en 6 del actual, se encuentran en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, con el carácter de "Simple", al proyecto de ley que autoriza al Estado para participar en la creación de la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile.
-Se tiene presente la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Con el segundo inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tomado conocimiento del rechazo por parte del Senado del proyecto que modifica el artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado, y de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta, a la vez que informa acerca de los señores Diputados que formarán parte de dicha Comisión.
-Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ortiz referente al planteamiento efectuado al señor Senador por numerosos dirigentes gremiales sobre la difícil situación económica que afecta a Puerto Aisén.
Dos del señor Ministro de Educación, con los que responde sendos oficios enviados en nombre del Honorable señor Ortiz, sobre las siguientes materias:
1) Respecto de la situación de la estudiante de Aisén doña Paola Soto Flores, beneficiaria de la Beca Presidente de la República.
2) En cuanto al apoyo solicitado para el Comité Pro-Construcción de la Escuela Internado Isla Toto, comuna de Puerto Cisnes, Undécima Región.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Siebert, relativo al establecimiento de mecanismos de prevención que garanticen la seguridad de los tripulantes de la draga "Ing. Jorge Lira", de propiedad de la Dirección de Obras Portuarias.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantuarias, acerca de la situación de las deudas hipotecarias contraídas por un grupo de ex funcionarios de la Municipalidad de Coronel.
Del señor Ministro de Salud, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantuarias, atinente al control de calidad del agua potable.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del señor Contralor General de la República, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Hormazábal, tocante a las indemnizaciones pagadas por la Corporación Nacional del Cobre de Chile durante el período comprendido entre abril de 1990 y esta fecha.
-Queda a disposición de los señores Senadores por intermedio de la Oficina de Informaciones del Senado.
Informes
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en primer trámite constitucional:
1.-
El que aprueba la Convención sobre la Prohibición de Utilizar Técnicas de Modificación Ambiental con Fines Militares u otros Fines Hostiles.
2.-
El que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Chile y el de la República del Paraguay.
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de exigibilidad del bono de reconocimiento, considerando la realización de trabajos pesados.
Por último, ha llegado recién a la Mesa un informe de la Comisión de Educación, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en Santiago y otro en Valparaíso en memoria del ex Senador de la República señor Jaime Guzmán Errázuriz.
-Quedan para tabla.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, echo de menos en la Cuenta un proyecto discutido en Comisión Mixta, sobre el mejoramiento de remuneraciones del personal municipal, el cual fue despachado el martes en la mañana. Existe un interés muy grande en el país por esa materia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señor Senador, el informe respectivo debe ser enviado en primer término a la Cámara de origen, que, en este caso, es la de Diputados; posteriormente, lo analizará el Honorable Senado.
Terminada la Cuenta.
______________
El señor PAPI.-
Señor Presidente, solicito a la Mesa recabar la autorización de la Sala para los efectos de que la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos sesione en forma simultánea. En ella participan las Senadoras señoras Soto y Feliú, el Honorable señor Díaz y el Senador que habla, y en esta oportunidad recibirá la información relativa al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyos representantes han concurrido con ese fin.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente a Su Señoría que el proyecto que se discutirá a continuación contiene materias de quórum calificado.
El señor DÍEZ.-
Más que eso: de ley orgánica constitucional.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que no será necesaria la autorización, pues, al parecer, se pedirá postergar el debate de esa iniciativa.
En todo caso, si se llegara a tratar, propongo que la autorización se otorgue en el entendido de que los Senadores que participan en la Subcomisión suspenderán su labor para concurrir a la Sala cuando se llame a votación, con el fin de dar el quórum correspondiente.
Acordado.
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA DE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y DE PLANTAS DE SU PERSONAL
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto que modifica el decreto ley N° 2.573, de 1979, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, y modifica las plantas del personal de este Servicio, con segundos informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10a, en 14 de julio de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 17a, en 13 de agosto de 1992.
Hacienda, sesión 17a, en 13 de agosto de 1992.
Constitución (segundo), sesión 3a, en 13 de octubre de 1992.
Hacienda (segundo), sesión 3a, en 13 de octubre de 1992.
Discusión:
Sesión 19a, en 18 de agosto de 1992 (se aprueba en general).
El señor PACHECO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, está presente la Ministra de Justicia subrogante, señora Martita Woerner. Me permito solicitar a la Mesa que recabe la autorización de la Sala para que también se incorpore a esta sesión el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Guillermo Piedrabuena, quien junto al señor Ministro de Justicia y a la Subsecretaría del ramo, nos ha acompañado permanentemente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se otorgará la autorización solicitada.
El señor OTERO.-
Hallándose en el Hemiciclo la Ministra subrogante, los Senadores de Renovación Nacional no tenemos inconveniente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por lo tanto, se accede a la petición.
En discusión particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en uso de la facultad que concede el artículo 110 del Reglamento, y en atención a que algunos señores Senadores que no estarán presentes en la discusión de este proyecto, que requiere quórum especial, pido segunda discusión, para garantizar que en la próxima sesión del Senado habrá la mayoría necesaria. Precisamente, el artículo 1° es de quórum calificado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Su Señoría tiene derecho a solicitar segunda discusión, aun cuando la razón invocada es discutible, pues se cuenta con la mayoría suficiente. Se acaba de autorizar a la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos para sesionar simultáneamente con la Sala en el entendido de que sus miembros concurrirán al Hemiciclo para votar y dar el quórum respectivo.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
Por tratarse de la discusión particular del proyecto, el quórum debe ser permanente durante el transcurso de la sesión. Sabemos que está funcionando la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y hay Ministros citados, por lo que es probable que en algún momento no contemos con el número de 26 Senadores que demanda una materia de carácter orgánico constitucional. No vale la pena que corramos el riesgo de que el despacho de una iniciativa tan importante quede trunco por no poder aprobarse algunos artículos, razón por la cual me parece prudente el planteamiento del Honorable señor Otero.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La petición de segunda discusión es válida y ha sido hecha oportunamente.
-El proyecto queda para segunda discusión.
ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JAIME GUZMÁN ERRÁZURIZ
El señor VALDÉS (Presidente).-
En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde abocarse a continuación al estudio del proyecto originado en moción del Senador señor Cantuarias, en tercer trámite constitucional, que autoriza erigir un monumento en Santiago y otro en Valparaíso en memoria del fallecido Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz, con informe de la Comisión de Educación.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Cantuarias).
En primer trámite, sesión 48a, en 7 de mayo de 1991.
En tercer trámite, sesión 25a, en 15 de septiembre de 1992.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 25a, en 8 de agosto de 1991.
Educación (tercer trámite), sesión 4a, en 15 de octubre de 1992.
Discusión:
Sesión 29a, en 20 de agosto de 1991 (se aprueba en general y particular).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión consigna en su informe una relación de las distintas modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, al texto aprobado por el Senado en el primer trámite, cuyos artículos 1o y 2o traducen el propósito de erigir sendos monumentos en las ciudades de Santiago y Valparaíso en memoria del fallecido Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
Las enmiendas introducidas a las referidas normas tienden a que se erija un solo monumento, el que se ubicará en Santiago; las recaídas en los artículos 5o y 6o tienen por objeto adecuar estos preceptos a las disposiciones propuestas para los artículos 1o y 2o, en orden a erigir un solo monumento, y las relativas a los artículos 3o y 4o son de carácter formal y de redacción.
La Comisión estimó que la iniciativa legal aprobada por el Senado tiene pleno fundamento, por cuanto Valparaíso es la sede del Congreso Nacional, y Santiago, la capital de la República, además de formar parte de la Región Metropolitana, a la cual el desaparecido Parlamentario representó en esta Corporación, lo que justifica sendos monumentos en ambas ciudades.
En conformidad a lo anterior, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, los Senadores señora Feliú y señores Cantuarias y Larre, acordó rechazar la totalidad de las modificaciones incorporadas al proyecto por la Cámara de Diputados.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
Ruego excusar mi interrupción, ¡pero no podemos permitir que algunos señores Senadores celebren una sesión paralela...!
El señor VALDÉS (Presidente).-
Invito a Sus Señorías a tomar asiento.
Puede continuar el señor Secretario.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, recomienda rechazar la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, al texto aprobado por el Senado en el primer trámite.
El acuerdo fue adoptado con fecha 14 de octubre, con asistencia de los Senadores señores Cantuarias (Presidente), señora Feliú y señor Larre.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, es mi deber señalar lo siguiente.
En esta materia me voy a abstener, fundamentalmente porque más allá de que todos, sin duda alguna, llegamos a sentir un gran afecto por el Senador señor Jaime Guzmán, los miembros de esta bancada no hemos sido correspondidos por ninguno de los Partidos de Oposición cuando hemos señalado que nos parece de justicia histórica que al igual que en el caso de otras grandes figuras que ha tenido el país, se erija en algún lugar del territorio un monumento a Salvador Allende. En efecto, el proyecto que en tal sentido presentamos hace más de un año los cuatro Senadores socialistas no ha encontrado ningún eco -la Cámara de Diputados lo ha postergado permanentemente- y hemos recibido evasivas para materializar ese recuerdo en memoria de un Presidente constitucional.
Por esa razón -y quiero decirlo con mucha franqueza-, no me opongo, obviamente, a la erección de un monumento a Jaime Guzmán; pero, por no haber sido correspondidos en algo que nos parece de justicia histórica y de lealtad con nuestros principios institucionales, me abstendré en la votación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente apoyaré lo propuesto por la Comisión, ya que lo estimo fundado. Tenemos la mejor intención de que se erijan estos monumentos en memoria del Senador señor Jaime Guzmán. Y no encontramos ninguna base para que se haya establecido por la Cámara de Diputados que debe ser sólo uno; podrán ser diez o veinte, dependiendo de cómo el pueblo o su Partido quiera materializar el homenaje.
No obstante, me veo en la obligación de solidarizar muy ampliamente con las palabras del Honorable señor Núñez y de hacer un llamado a los Senadores de Oposición para que adopten una actitud igual a la que exhibimos al aprobar esta iniciativa, en relación con la presentada por la bancada socialista con el fin de erigir un monumento al ex Presidente constitucional de Chile don Salvador Allende, la que, por lo demás, anuncié al iniciar sus sesiones este Congreso. Reitero que, en lo personal, acojo la idea -ignoro el pensamiento del resto de mis compañeros de bancada- de erigir en las ciudades de Valparaíso y Santiago sendos monumentos en memoria del fallecido Senador señor Jaime Guzmán. Y mi posición será análoga respecto del proyecto -que solicito a los Partidos de Oposición apoyar- tendiente a que también se levante uno al ex Presidente de Chile don Salvador Allende.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, nos ocupamos en un proyecto de ley que inició su tramitación en mayo del año pasado, cuando el Senado y el país fueron conmovidos por un cobarde asesinato que motivó sentidas, sinceras y emocionadas palabras de reconocimiento y de calificación muy positiva respecto de quien fue hasta ese momento colega nuestro, por integrar esta Alta Corporación.
En su oportunidad, por los motivos que la Sala y el país conocen, y en atención a la relevante trayectoria que exhibió, a pesar de su juventud, el Senador señor Guzmán, esta rama del Congreso fue partidaria de acoger una moción en el sentido de erigir sendos monumentos en su memoria en las ciudades de Santiago y Valparaíso. En ésta, por ser la sede del Poder Legislativo, donde el ejercicio de la función senatorial por parte del Parlamentario seguramente gatilló o fue determinante en la decisión de sus cobardes asesinos, y en aquélla, porque era la ciudad en la que residía y a la cual representaba en esta Corporación, Tal es el proyecto que analizamos.
Por razones que desconozco y que no están fundamentadas en sus informes, la Cámara de Diputados resolvió reducir los monumentos propuestos en la moción que comentamos a sólo uno, en Santiago. Inexplicablemente, la mayoría de los Parlamentarios de la Concertación acogió esa tesis, lo que nos obliga a este tercer trámite, en el que, por justicia, nos parece que debemos insistir en el planteamiento que sostuvimos en su oportunidad.
Reconozco y agradezco la acogida que la iniciativa ha tenido desde su inicio en el Senado, pero no puedo sino lamentar las expresiones vertidas en la Sala acerca de una correspondencia respecto de otras. Es bueno que el Senado sepa que en la Comisión de Educación se encuentran a la espera de ser tratados una serie de proyectos, en función exclusivamente de las urgencias, que, como todo el mundo sabe, fija el Ejecutivo. Desde luego, descarto por inaceptable, además de ser de mal gusto, el intento de introducir un factor de negociación en cuanto al respaldo de una iniciativa sobre la cual el Senado ya emitió una opinión unánime, que me ha parecido sincera, supeditándolo al que se brinde a materias que la Comisión no ha podido considerar por el solo hecho de que el Ejecutivo, en el ejercicio de sus legítimas facultades, ha fijado urgencias que nos impiden estudiarlas.
En consecuencia, pueden Sus Señorías contar -no sólo en el caso de la iniciativa que ha mencionado el Honorable señor Núñez- con toda la buena voluntad de la Comisión de Educación y de cada uno de sus integrantes, Pero me parece lamentable que, cuando estamos tratando este proyecto, se mezclen inconvenientemente las cosas, porque eso, sobre todo después de conocer los acuerdos que sobre él adoptó la Cámara de Diputados, nos predispone anímicamente en forma distinta.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, junto con manifestar mi apoyo al proyecto del Senado, quiero advertir que seguramente ésta va a ser la última oportunidad en que el Parlamento discuta una iniciativa sobre erección de monumentos, porque la ley sobre Gobierno y Administración Regional entrega prácticamente la totalidad de las atribuciones pertinentes a los organismos creados mediante ella.
Ésa es una información interesante para el Senador señor Núñez.
Hace un par de semanas, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles se levantó un monumento a don Jaime Guzmán, lo cual no requirió de norma legal alguna. Bastó una resolución del municipio local. Los habitantes del sector aportaron algunos fondos, se levantó el monumento, éste fue inaugurado, y se terminó el trámite.
Vale la pena saber que en el futuro la erección de todo monumento podrá realizarse sin mediación de ley, pues los gobiernos regionales tienen atribuciones para actuar en tal sentido.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, nos extraña profundamente el rechazo a la erección de estos monumentos.
El señor NÚÑEZ.-
¿Quién la ha rechazado, señor Senador?
El señor GONZÁLEZ.-
Nadie la ha rechazado.
El señor NÚÑEZ.-
Ni aquí ni en la Cámara de Diputados. Sólo ha habido abstenciones.
El señor OTERO.-
Se han abstenido. Y, en el fondo, cuando uno se abstiene sólo está manifestando en forma muy elegante su desacuerdo con lo que se propone.
He escuchado rendir encendidos homenajes en memoria del ex Senador Guzmán por parte de todas las bancadas que componen este Hemiciclo. Y nadie se ha abstenido. De modo que habría que esperar consecuencia.
Mediante este proyecto se procura rendir tributo a un Senador que por su defensa de la constitucionalidad fue cobardemente asesinado; o sea, estamos simplemente resaltando los valores morales y espirituales de un ex miembro de la Cámara Alta. Y ésa es la razón que nos lleva a mantener una posición que la bancada de Renovación Nacional asume unánimemente.
Me parece que éste es uno de los homenajes que deben rendirse, pues está inspirado en un hombre que durante toda su trayectoria dio pruebas de adhesión a los principios democráticos. Y aquí, en el Senado, se honró con su nombre nada menos que la sala donde funciona la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este gesto demuestra que el Senador Guzmán fue una persona que se hizo acreedora a los monumentos que el Honorable señor Cantuarias propuso erigir en su recuerdo.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, pienso que el Senador señor Cantuarias se ha confundido, porque nadie ha propuesto una negociación.
En este caso particular -no soy defensor del Honorable señor Núñez-, anuncié que aprobaría el proyecto del Senado porque me parece justo, al margen de cualquiera otra consideración, que el Partido Unión Demócrata Independiente esté luchando por erigir un monumento en Valparaíso y otro en Santiago a don Jaime Guzmán.
También expresé nuestra esperanza de que igual ánimo se manifieste en los señores Senadores de Oposición cuando tratemos el proyecto del Partido Socialista sobre la erección de un monumento en memoria del ex Presidente de la República y ex Senador señor Salvador Allende.
Pero eso no es una negociación. Sencillamente, hemos exteriorizado un estado de ánimo. Y esperamos que así sea comprendido, sin perjuicio de que los señores Senadores, en el momento oportuno, puedan actuar de la manera que estimen conveniente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente que nadie ha vertido expresión agraviante alguna y que todos estamos conscientes de la significación que tiene levantar un monumento en memoria de quien fue un distinguido Senador.
Entonces, sugiero a Sus Señorías no abrir debate sobre esta materia. Se han hecho planteamientos a mi juicio perfectamente atendibles, y podríamos proceder a votar después de escuchar las palabras que va a pronunciar el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, apoyaremos el proyecto del Senado porque creemos que los monumentos que se erigen en memoria de ciertas personas son para señalarlas como ejemplos a la comunidad, por su vida y por sus virtudes. Pensamos que la existencia y las virtudes excelsas de Jaime Guzmán ameritan que se levanten los monumentos propuestos.
Como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Honorable Corporación y como compañero de Jaime Guzmán en la Comisión que redactó el borrador de la Carta que nos está rigiendo, pude conocer, además de su preparación jurídica, filosófica y doctrinaria, su enorme patriotismo y su inmensa bondad, que son de las características que más ennoblecen al ser humano.
Por esta razón, los Senadores de estas bancas daremos nuestros votos favorables al proyecto del Senado.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, con la abstención anunciada, se insistirá en el texto propuesto por el Senado.
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, concurro a ese acuerdo, pero quiero dejar constancia de que comparto las expresiones del Honorable señor Núñez.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se dejará esa constancia, señor Senador.
Si le parece a la Sala, con la abstención del señor Núñez, se rechazarán las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados.
Acordado.
Como la iniciativa deberá ir a Comisión Mixta, se propone como representantes del Senado a los miembros de la Comisión de Educación.
Acordado.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE PLUTONIO POR AGUAS TERRITORIALES CHILENAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo propuesto por el Honorable señor Ortiz en cuanto al transporte de materiales nucleares por aguas territoriales chilenas.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
El proyecto de acuerdo dice:
"PROYECTO DE ACUERDO
"1.-
Que de conformidad a la información obtenida y publicada por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, estudios hechos por universidades e instituciones, grupos y movimientos ecologistas a nivel nacional e internacional y por los antecedentes técnicos de que disponemos, es posible que nuestro país sea parte de una de las eventuales rutas del transporte marítimo de plutonio, material radiactivo de alta toxicidad en la forma de óxido de plutonio, de alto riesgo.
"2.-
Sabemos que en caso de producirse un accidente en alta mar provocaría un daño humano, ecológico y económico irreparable e irreversible a los habitantes y a toda la zona sur del continente, y principalmente a nuestro país, y
"3.-
Considerando que por nuestra calidad de Senadores, tenemos el deber constitucional de velar por el bienestar de nuestro pueblo y la soberanía de nuestro territorio, y al mismo tiempo el impedir hechos que puedan ser lesivos para Chile y su pueblo,
"ACORDAMOS:
"Rechazar el tránsito de navíos transportando materiales nucleares de alta radiactividad como el plutonio, por nuestras aguas territoriales y por las 200 millas de zona económica exclusiva, así como también pedimos al Gobierno que se oponga a que recalen o se abastezcan estos barcos en nuestros puertos bajo cualquier pretexto o circunstancia extraordinaria o situación, que pudiera darse. Asimismo solicitamos a Su Excelencia el Presidente de la República, de acuerdo a los antecedentes expuestos se sume a la decisión de países latinoamericanos y de otros lugares del planeta de manifestar su enérgica oposición a que nuestras costas puedan ser virtualmente dañadas por un accidente en alta mar.
"Finalmente que el Senado recabe del Gobierno, que lleve este problema a los organismos internacionales, a fin de impedir ese transporte por cualquier otro lugar, ya que el planeta nos pertenece a todos.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en la hora de Incidentes de la sesión del martes último me referí a este tema, que es, a mi juicio, trascendente, por lo cual resulta importante tratarlo en el Senado.
Todos sabemos que Japón desea transportar 45 toneladas de plutonio desde Francia hacia su territorio. En aquella ocasión mencioné que ésta es una de las substancias radiactivas más tóxicas y cancerígenas, lo que representa un gravísimo peligro en caso de accidente.
Es de público conocimiento, también, que nuestro país se encontraría entre las eventuales cuatro rutas por las que podría pasar esa carga.
Diversos grupos han manifestado su preocupación al respecto. Y entre ellos destacan los estudiantes de la Universidad de Magallanes y, en general, las poblaciones de las Regiones Décima, Undécima y Duodécima, que son las que más han vibrado con el problema. Pero en el mundo entero -además de Chile, Perú y Ecuador, los países más afectados- existe una inquietud que se acentúa en los sectores ecologistas.
La Cámara de Diputados ha tratado esta materia, y lo mismo ha sucedido en el Ejecutivo.
Personalmente, me correspondió abordarla en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde anuncié que intervendría en la Sala para plantear un proyecto de acuerdo al respecto.
Es importante considerar que el Gobierno de Chile ha tratado de lograr acuerdos con los de Argentina y Brasil, lo que considero muy útil. Y dije en aquella ocasión que un Embajador nuestro se reunió en Buenos Aires con funcionarios de las Cancillerías de las naciones mencionadas y de Uruguay a fin de lograr una posición común que nos permita tener más fuerza.
En estas circunstancias, estimo indispensable que nuestro país presente a la brevedad una protesta formal ante los Gobiernos de Japón y Francia por la decisión que tomaron, ya que, en caso de accidente, lo que puede llegar a ocurrir -lo comentamos antes de la sesión con el Honorable señor Díaz- es espeluznante. Estamos, Honorables colegas, frente a una situación a la que no hemos asignado la importancia debida.
El material radiactivo en cuestión es una especie de polvillo que, en caso de accidente, puede ser llevado por los vientos a grandes distancias. Ello implica un grave peligro, ya que, de producirse el mínimo escape, aquél puede ser inhalado o ingerido fácilmente por todos los seres vivos a que alcance. Todo eso resulta más grave aún si consideramos que un solo microgramo del elemento es más pequeño que un grano de arena y, al ser ingerido o inhalado, provoca cáncer.
Hago este alcance porque recién señalé que la pretensión es transportar 45 toneladas del elemento, en varios viajes. En consecuencia, el riesgo aumenta tantas veces como viajes se hagan con dicha carga.
Nuestro país se encuentra, Honorables colegas, en una situación muy delicada, que sería crítica en el evento de un accidente.
Naturalmente, los países que procuran hacer dicho transporte han afirmado que cuentan con bastantes seguridades. Y son muchísimos los casos en que se ha dicho que los barcos no implican riesgo cuando se toman todas las precauciones. Pero también son numerosos los ejemplos, desde el hundimiento del "Titanic" hasta nuestros días, de tragedias que recuerda la humanidad.
En consecuencia, solicito el apoyo del Senado para este proyecto de acuerdo que presenté en nombre de Renovación Nacional -hecho que puse en conocimiento de la Comisión respectiva-, cuya aprobación considero de mucha relevancia. Y también sería conveniente que el Gobierno lograra en los organismos internacionales el respaldo del resto de los países del mundo.
He dicho.
El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, los Senadores democratacristianos aprobaremos el proyecto de acuerdo.
A lo ya expuesto, debo agregar que los Gobiernos de Chile y Argentina tomaron oficialmente el acuerdo de impedir el paso de naves con carga de la índole señalada por aguas de dominio territorial de ambos Estados. Empero, carecen de capacidad para hacer extensiva esa prohibición a las aguas de dominio económico exclusivo, porque son de tráfico internacional. Sólo pueden ejercer soberanía absoluta sobre las 12 millas de mar territorial.
Pero considero pertinentes los términos en que se encuentra redactado el proyecto de acuerdo, porque lo que se pretende es crear conciencia -el problema no radica sólo en el transporte de las 45 toneladas de plutonio, que se haría en diferentes viajes- en los países desarrollados de que su conducta respecto de los pueblos subdesarrollados, aparte haber causado ya la destrucción del medio ambiente, hoy amenaza con dañar la vida futura.
Este tema debiera hacernos reflexionar sobre lo que está aconteciendo a raíz del deterioro de la capa de ozono, que afecta muy seriamente la salud de los habitantes del Cono Sur, especialmente de los de la Región de Magallanes y de quienes deben permanecer en la Antártida. Dicho problema es, igualmente, eje responsabilidad de los países desarrollados, cuyo consumismo los ha llevado a destruir, no sólo su propio medio ambiente, sino también la atmósfera que rodea la Tierra.
Por eso, creo oportuno que el Senado emita una declaración en este sentido, pero que comprenda, asimismo, un llamado a enfrentar otra situación que será vital para el mundo en los próximos años: el consumo de materias primas y el uso de energía contaminante, que están llevando a que las restricciones impuestas a las naciones del sur no guarden relación con la permisividad existente en los países del norte.
En consecuencia, sugiero que esta Alta Corporación se aboque en algún momento al análisis de este asunto, a fin de que en la implementación de los distintos modelos de desarrollo, tanto en Chile como en las naciones del norte, se ponga particular énfasis en la preservación del medio ambiente del planeta en su conjunto. Porque no es admisible que este esfuerzo lo estemos realizando únicamente los países subdesarrollados, con perjuicio de nuestras economías, y que las grandes potencias no tomen las precauciones necesarias para asegurar a las generaciones del futuro la posibilidad de vivir en un medio ambiente adecuado.
Ciertamente, el proyecto de acuerdo no resolverá el problema; sin embargo, constituirá una voz de alerta. Y por eso estimo conveniente su aprobación.
Al mismo tiempo, es preciso que nuestra representación ante las Naciones Unidas promueva una iniciativa que permita una amplia discusión sobre todo lo relativo a la manipulación y uso de la energía nuclear, que, desgraciadamente, pese a todos los resguardos que se adoptan, terminan provocando tragedias cuyas consecuencias son de difícil reparación.
Aún más. Se ha dicho que en este caso se han tomado las máximas medidas de precaución para evitar accidentes. Pero si los buques no tuvieran posibilidad de accidentarse en el mar, no existirían las compañías de seguros. Y la verdad es que todos los sistemas de seguridad son pocos para la navegación en los mares por los cuales pasa la ruta que seguirá la nave que transportará el material en cuestión, los del sur del cabo de Hornos, que son los más tempestuosos del orbe y donde, por tanto, existe la contingencia real de que ese barco, aunque reúna las características requeridas, tenga que enfrentar dificultades que pueden derivar en un accidente. Por lo demás, aun cuando se tomen todas las salvaguardias, la nave no estará exenta de sufrir un incendio a bordo, en la medida en que transporte el combustible que le permite moverse.
De allí que es importante que, a pesar de las seguridades que se nos dan, expresemos nuestro rechazo -como lo están haciendo los países ubicados en las distintas rutas alternativas- al paso de ese barco por el extremo austral chileno, con el objeto de proteger, no sólo a la presente generación, sino también a las generaciones futuras.
Debemos hacer un llamado a la conciencia universal para impedir que se continúe transportando elementos radiactivos por vías que representan un riesgo que no se puede desconocer.
He dicho.
El señor MC-INTYRE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PACHECO.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Está inscrito antes el Honorable señor Alessandri.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, quiero manifestar mi entusiasta apoyo a la proposición formulada por el Honorable señor Ortiz.
Concuerdo en que implica un gran peligro para nuestro país el paso de una nave de tal naturaleza por un estrecho muy angosto ubicado entre el continente americano y la Antártida. Si ella transitara, por ejemplo, por el cabo de Buena Esperanza, donde hay mucha más distancia entre el continente y el Polo Sur, no correría los riesgos aquí señalados en cuanto a las condiciones del tiempo y las dificultades de navegación.
En consecuencia, el hecho de que Chile proteste y procure impedir el paso de tal barco por dicha vía en ninguna forma afecta el traslado del material en cuestión, ya que perfectamente podría emplearse otra menos peligrosa.
Por otra parte, así como Chile creó el concepto de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas, que finalmente se materializó con la suscripción de un tratado, debiera empeñarse en complementar éste con disposiciones tendientes a preservar esas 200 millas, no solamente respecto de la explotación de los recursos pesqueros allí existentes, sino también de su destrucción, prohibiendo que a través de ellas se transporten elementos que en un momento determinado -tomo el actual- pudieran aniquilar la riqueza que contienen.
Pienso que ésa es una idea interesante, que perfeccionaría la gran iniciativa del Presidente González Videla, quien finalmente logró imponer en Sudamérica ese concepto, que hoy es aceptado mundialmente. Y de nuevo Chile estaría a la cabeza de los demás países en esa materia.
Estimo justo recordar ahora esa iniciativa, la cual -reitero- podría complementarse con la idea que he expuesto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, en general estoy de acuerdo con la declaración. Sin embargo, me parece que faltan bastantes antecedentes para considerar este asunto con mayor profundidad.
Cabe señalar que la política nuclear nacional ha sido efectiva. Y tan así es que durante el Gobierno anterior en varias oportunidades se recibieron proposiciones, por ejemplo, para traer basura radiactiva al país por parte de firmas extranjeras, como la World Energy Recycling Enterprise y la American Weise, pero fueron rechazadas. Asimismo, las medidas de seguridad que se adoptan con respecto a todos los buques de propulsión atómica que navegan por el mar territorial chileno son muy adecuadas. Incluso, hemos estado preocupados por el depósito de residuos nucleares que tal vez se instale en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, por el riesgo que significaría, sobre todo en caso de terremoto.
Empero, esencialmente, pienso que nuestra política atómica ha sido apropiada. En Chile no existen plantas nucleares. Empleamos principalmente energía hidroeléctrica.
Y cuando fue necesario enfrentar el problema del abastecimiento de electricidad en el norte, se resolvió construir plantas termoeléctricas, y no nucleares.
Eso quiere decir que el país ha aprovechado otras experiencias, ha previsto las dificultades y tiene una clara posición en este aspecto. Ojalá sigamos así.
Sin embargo, no podemos aislarnos de las actividades nucleares del resto del mundo, ni creer que en ninguna otra parte deben construirse plantas nucleares, o que debe prescindirse del plutonio como fuente energética y que, sencillamente, debe recurrirse a la instalación de plantas termoeléctricas o hidroeléctricas.
Esto nos lleva a pensar en las actividades de Greenpeace, la organización -muy seria- que ha alertado acerca de esta situación y que se encuentra preocupada, entre otros problemas medioambientales, de los generados por el uso de la energía nuclear tanto en la fabricación de bombas para la defensa como en cualquier otro campo, inclusive el comercial.
En un trabajo de investigación que nos hizo llegar, esa entidad evidencia su inquietud, en primer lugar, por la eventualidad de que Japón incursione en la fabricación de bombas atómicas. ¡Quién iba a pensar que ese país, que sufrió sus efectos y permanentemente ha manifestado oposición a ellas, podría involucrarse en esto!
En segundo término, le preocupa que la nave que transportará el plutonio sea atacada por terroristas. Esa intranquilidad ha sido compartida por diversos países que supervigilarán el paso por ellos. Y el mismo Japón ha dispuesto que durante la travesía aquélla sea escoltada por una fragata equipada con armas y personal especializado.
Se ha dicho que no ha habido experiencias anteriores en transporte de plutonio. Eso no es efectivo. Se han efectuado 8 embarques por vía aérea y 5 por vía marítima.
Un estudio encomendado por Greenpeace a la firma privada ECO Enginearing Inc. con relación a los contenedores y al transporte de material nuclear -creo que los señores Senadores lo conocen, porque se nos hizo llegar; es bastante bueno y muy interesante- concluye que el sistema completo no está suficientemente definido como para juzgar si presenta riesgo o no.
Sin embargo, lo más grave de este asunto, señor Presidente, está en la parte atinente a los tratados existentes sobre la materia.
La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, que quedó abierta a la firma a partir de 1980 y entró en vigencia en febrero de 1987, fue suscrita por gran número de países. Chile, pese a haber asistido a las reuniones, no la ha firmado ni ratificado. A lo mejor convendría hacerlo, porque en ella están comprendidos casi todos los puntos que nos inquietan en el caso que nos ocupa. Por ejemplo, en algunos de sus considerandos expresa:
"RECONOCIENDO el derecho de todos los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos y su legítimo interés en los beneficios potenciales que pueden derivarse de los usos pacíficos de la energía nuclear".
"CONVENCIDOS de la necesidad de facilitar la cooperación internacional en los usos pacíficos de la energía nuclear".
"CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD de la cooperación internacional para poder establecer medidas efectivas para la protección física de los materiales nucleares, de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte"...
"HAN CONVENIDO lo siguiente: "...Y se detallan las diferentes disposiciones.
En la letra a) del Artículo 1 se incluye el plutonio entre los materiales nucleares. Y en la letra c) -importante para nuestro país- se establece:
"Por "transporte nuclear internacional" se entiende la conducción de una consignación de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a salir del territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el momento de la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta el momento de la llegada a la instalación del destinatario en el Estado de destino final.".
El artículo 2 dispone:
"1. La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de transporte nuclear internacional.".
El artículo 4 dice:
"1. Los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación de materiales nucleares a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales durante el transporte nuclear internacional." (en los Anexos de esta Convención se especifican los niveles de protección y se clasifican los materiales nucleares en categorías -entre ellos, naturalmente, se halla el plutonio-, determinándose los grados de peligrosidad de cada uno).
"3. Un Estado Parte no permitirá el tránsito por su territorio por tierra o vías acuáticas internas, ni a través de sus aeropuertos o de sus puertos marítimos, de materiales nucleares que se transporten entre Estados que no sean Parte en la presente Convención, a menos que el Estado Parte haya recibido la seguridad, en la medida de lo posible, de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales".
En fin, hay una serie de otros puntos interesantes; por ejemplo, el relativo a que "Ninguna disposición del presente artículo podrá interpretarse de manera que afecte a la soberanía y jurisdicción de un Estado sobre su territorio, incluyendo su espacio aéreo y su mar territorial.".
En este instante estamos preocupados en ver qué medidas tomaremos. Según este mismo tratado -que aún no hemos firmado ni ratificado-, cada cuatro años pueden reunirse las Partes y, si se ponen de acuerdo entre ellas, corregir sus artículos.
Repito, señor Presidente: nosotros tenemos una clara conciencia nuclear nacional; pero debemos despertar ante los problemas nucleares mundiales, que se encuentran regulados en convenios como el que me he referido, y deben ser respetados. Es así como en uno de sus artículos se dice que los países pueden preocuparse por el mar territorial y no por el correspondiente a las 200 millas.
Por tal motivo, pido analizar a fondo, además de las observaciones formuladas al proyecto de acuerdo, la Convención que he venido comentando, como una manera de participar directa y activamente en las resoluciones sobre materias nucleares, y no meramente mediante declaraciones del Senado o del Parlamento chilenos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, en el día de ayer la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, según información entregada por el Senador señor Ortiz, tomó conocimiento de este proyecto de acuerdo, lo discutimos y llegamos a la conclusión de que debe ser aprobado por el Senado.
Reitero: si bien no enviamos una comunicación oficial al respecto, informo verbalmente a la Sala que los integrantes de la referida Comisión recomiendan a la Corporación votarlo afirmativamente.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Creo que en ningún señor Senador existe el ánimo de no aprobar una iniciativa de este tipo, porque hay argumentos suficientes que la avalan. Sin embargo, creo que su texto, no así sus fundamentos, puede conducir a cierta confusión, por cuanto resulta excesivamente declarativo o voluntarista. Además, da la sensación de que el Senado estuviera llamando la atención al Gobierno por no haber sido más activo sobre el particular, que tampoco es la intención.
Si bien son atendibles los argumentos del Honorable señor Mc-Intyre, ellos aluden a un tratado, como Su Señoría señaló, no suscrito ni ratificado por Chile. En todo caso, reconozco que esa convención, estudiada a nivel internacional, representa un avance sobre la materia.
Mi impresión es que el proyecto de acuerdo -participo plenamente de la finalidad que persigue- debiera ser revisado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a fin de darle una redacción más positiva que nos permita, en conjunto con el Gobierno, formular un planteamiento de política de Estado, con examen, incluso, del tratado, ya aprobado, sobre transporte de materiales de alta radiactividad.
En la parte resolutiva del proyecto de acuerdo, en vez de decir: "Asimismo solicitamos a Su Excelencia el Presidente de la República de acuerdo a los antecedentes expuestos se sume a la decisión de los países latinoamericanos y de otros lugares del planeta de manifestar su enérgica oposición a que nuestras costas puedan ser virtualmente dañadas por un accidente en alta mar." -porque de esa redacción podría desprenderse que el Ejecutivo está reacio a pronunciarse al respecto-, soy partidario de expresar: "Concordamos con los planteamientos hechos por el Gobierno en esta materia, y solicitamos se lleven a cabo todas las acciones para lograr acuerdos con los países latinoamericanos y otros para manifestar una oposición a que nuestras costas puedan ser dañadas eventualmente por un accidente.", y de agregar que "El Senado solicita al Gobierno hacer un planteamiento en conjunto ante los organismos internacionales y ver la posibilidad de perfeccionar el tratado que limita y reglamenta el transporte de material nuclear de alta radiactividad.".
Lo que quiero sugerir -no por oponerme al proyecto de acuerdo; por el contrario, lo comparto absolutamente- es remitirlo a la Comisión de Relaciones Exteriores para darle otra redacción, de manera que, de ahí, emerja una política del Estado de Chile tras la consecución de una muy buena convención destinada a evitar que en el futuro este tipo de transporte ponga en riesgo a los países afectados.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, creo que hay bastante consenso en esta Corporación sobre el objetivo de este proyecto de acuerdo. Hice presente a la Mesa sugerencias de redacción, algunas de las cuales las consulté al autor de la moción.
Sin embargo, no habiendo Chile ratificado el convenio a que hizo referencia el Senador señor Mc-Intyre -que es muy importante-, se nos presenta un problema inmediato respecto del cual hay que tomar una actitud.
Soy partidario de aprobar el proyecto de acuerdo, pero sugiero introducirle una modificación -la hice llegar a la Mesa- al segundo párrafo de su parte resolutiva, en el sentido de establecer que la acción que se propone sea la de recabar la atención de organismos internacionales para precaver los riesgos que puedan derivarse del tránsito de materiales nucleares por cualquier ruta. Me parece demasiado fuerte aparecer promoviendo la prohibición de cualquier tipo de transporte en cualquier forma y en cualquier lugar. Creo que eso no pasaría. En cambio, lo que propongo se sitúa en la línea del tratado internacional que algún día tendremos que debatir.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, coincido con las expresiones vertidas, que traducen el consenso del Senado en cuanto a la preocupación, muy legítima, por los riesgos que implica el transporte de materiales radiactivos en zonas próximas a nuestras costas. Pero, al mismo tiempo, veo que este proyecto de acuerdo presenta defectos de forma y de fondo que pueden desnaturalizarlo y colocarnos en una posición que diera la impresión de estar improvisando resoluciones.
Desde luego, en cuanto a sus considerandos, fuera de pequeños detalles, cabe señalar que no cualquier accidente va a producir daños irreparables, porque puede haberlo sin efecto alguno sobre el material que se transporta. Pero, al margen de ello, no parece razonable que el Senado acuerde, como cuerpo, rechazar el tránsito de navíos que transportan materiales de alta radiactividad, en circunstancias de que -como lo expresó el Senador señor Mc-Intyre- hay un problema técnico. No puede colocarse a todos los elementos nucleares en un mismo saco, ni que la Corporación adopte una posición de absoluto impedimento a su tránsito, porque bien sabemos que en muchos territorios hay plantas nucleares instaladas; uno las encuentra en Europa con mucha frecuencia.
Por tal motivo, soy partidario de dar una redacción más afinada al proyecto de acuerdo, a fin de que aparezca como una resolución adoptada con mayor apoyo técnico y, a su vez, tienda a la consecución de los verdaderos objetivos: primero, obtener del Gobierno un pronunciamiento claro y, segundo -como se ha dicho en la Sala-, entrar a participar en convenios internacionales que regulen todo este sistema, y no tomar acuerdos sobre un punto concreto. Quizás, en razón del tiempo, podríamos resolver algo muy sencillo en orden a expresar nuestra preocupación por esta materia y porque se dispongan las medidas pertinentes.
Ojalá que este debate condujera a un estudio más acabado del tema y a evitar que la Corporación respalde decisiones basadas en que va a ocurrir tal cosa o rechace en forma genérica cualquier transporte de materiales nucleares, por cuanto, a mi juicio, técnicamente no puede colocarse a todos en un mismo plano.
Además, el proyecto presenta defectos de redacción -no sé cuáles son las proposiciones del Senador señor Thayer al respecto- que deben corregirse.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En vista de las observaciones formuladas y teniendo presente que hay consenso en cuanto a la importancia y necesidad de que el Senado se pronuncie sobre la materia, no sé si le parece adecuado al Senador señor Ortiz que, para los efectos de una mejor presentación y corrección de algunas claras deficiencias de forma, el proyecto de acuerdo pase a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, creo que se ha logrado plenamente el propósito de mi intervención en la hora de Incidentes de la sesión del martes pasado, que contó con muy pocos señores Senadores presentes.
Pienso que el asunto es muy relevante y trascendente. Las observaciones para mejorar la redacción del proyecto de acuerdo o para remitirlo a la Comisión de Relaciones Exteriores no hacen sino reafirmar lo que estimo indispensable: que el Senado de la República se preocupe realmente del tema.
En mi exposición de ese día dejé clara constancia de que no estaba haciendo crítica alguna al Gobierno; eso habría significado bajar el perfil del debate que deseaba producir. Lo que señalé fue que nuestra obligación era preocuparnos mayormente del problema.
Señor Presidente, sobre la materia numerosas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han protestado. Y, por vía del ejemplo, deseo señalar que la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de América aprobó un proyecto de ley que prohíbe la entrada de barcos cargados con plutonio en sus aguas y puertos. Ellos, naturalmente, han protegido a sus connacionales, y es la obligación del Senado chileno proteger a los nuestros.
Éste y otros temas relevantes, a mi juicio, deben preocupar a los congresos internacionales y a los encuentros interparlamentarios mundiales, a los cuales muchas veces asistimos. En julio de este año el Ministro de Población y Medio Ambiente de Indonesia pidió públicamente al Gobierno japonés evitar los transportes de plutonio a través de las rutas de navegación y de los congestionados estrechos del Sudeste Asiático, o sea, Malasia y el sur de China.
Estimo necesario, señor Presidente, que la comunidad nacional sepa, por ejemplo, que los contenedores que serán usados para el transporte de plutonio son los mismos utilizados para el combustible nuclear quemado. Y, de acuerdo con mis informaciones, con las citadas por el Senador señor Mc-Intyre y con otros documentos que he estado estudiando, esos contenedores son técnicamente inadecuados y las pruebas de resistencia han sido insuficientes. Estudios acabados en la materia indican que estos contenedores, en caso de incendio a bordo -que ocurren, aunque no frecuentemente-, pueden perder su integridad después de una hora, a una temperatura de 1.472 grados Fahrenheit (aproximadamente 800 grados Celsius) generada por el fuego. Y los fuegos a bordo -y esto lo han difundido distintos medios de información- como promedio arden por sobre 20 horas y pueden alcanzar fácilmente temperaturas de hasta 2.400 Fahrenheit o más.
Es fundamental que todos sepan que la dispersión de los materiales radiactivos, dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede llegar a dañar no sólo la parte sur del país, sino a todo nuestro territorio, y concretamente a tres naciones del Cono Sur, que son Ecuador, Perú y Chile.
Por eso, señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en que la iniciativa pase a la Comisión de Relaciones Exteriores, antes de que sea vista de nuevo por el Senado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviaría el proyecto de acuerdo al referido organismo.
Acordado.
Terminado el Tiempo de Votaciones.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se le dará curso en la forma reglamentaria.
_______________
-El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor Cantuarias:
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA SECTOR PESQUERO ARTESANAL
"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que en el más breve plazo posible disponga el estudio y aprobación de las siguientes medidas relacionadas con el sector pesquero artesanal, que se ha visto seriamente afectado por la pesca de investigación y la licitación de la pesquería del bacalao, dispuestas recientemente por la autoridad:
1o) Constituir el Consejo Nacional y los Zonales de Pesca en el plazo previsto en la ley que se acaba de despachar por el Senado;
2o) Otorgar un subsidio especial a los pescadores artesanales que hoy atraviesan por una gravísima situación socioeconómica (aproximadamente 8 mil 500 de 11 mil pescadores se encuentran en estas circunstancias), derivada del colapso provocado por las decisiones emanadas de la autoridad;
3o) Congelar las deudas CORFO que dichos pescadores artesanales mantienen en la actualidad y que se encuentran virtualmente imposibilitados de pagar;
4o) Otorgar créditos especiales al sector para modernizar los equipos, embarcaciones e instalaciones en tierra, lo que le permitiría a los pescadores artesanales optimizar sus esfuerzos;
5o) Otorgar asistencia y cooperación técnica en materia de comercio exterior, posibilitándole al sector artesanal el acceso a los mercados internacionales en mejores condiciones de competencia con sus productos;
6o) Suspender la licitación del bacalao hasta la constitución de los Consejos Zonales y Nacional de Pesca, instancias a las que corresponde evaluar objetivamente ésta y las demás medidas futuras relacionadas con el fomento de la pesca artesanal; y,
7o) Agilizar la apertura de nuevos mercados en el ámbito internacional a través de PROCHILE y otras instancias técnicas para la colocación de los productos derivados de la pesca artesanal.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
En la hora de Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
El Honorable señor Vodanovic ha anunciado que rendirá un homenaje en memoria del señor Willy Brandt, ex Canciller de la República Federal de Alemania, recientemente fallecido.
Tiene la palabra Su Señoría.
HOMENAJE EN MEMORIA DE WILLY BRANDT, EX CANCILLER DE REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, el 9 de este mes falleció, a los 78 años de edad, el ex Canciller alemán Willy Brandt. Su muerte es profundamente sentida por los hombres y mujeres que nos sentimos identificados con las ideas del socialismo democrático, de la libertad, de la justicia social y de la cooperación entre las naciones de la Tierra. Difícilmente encontraremos una personalidad política de este siglo que pueda encarnar mejor este amplio abanico de ideas.
Brandt representa, para el Partido Socialista, un símbolo de entrega a una causa noble, a la vez que un auténtico modelo de capacidad para diseñar e implementar políticas inteligentes y realistas desde un ángulo progresista. Por ello, su deceso nos ha consternado profundamente y deseamos, en esta oportunidad, hacer un público y solemne reconocimiento a su vida.
Muchas cosas nos unían a Brandt. Su vida denota hechos y actitudes extraordinariamente parecidos a los avatares vividos por muchos militantes de nuestro partido. Me refiero, en concreto, a la forma de abordar su participación en la lucha antifascista. Brandt -llamado realmente Karl Herbert Frahm, hijo de madre soltera y de extracción obrera- militó desde muy joven en las filas socialistas, integrándose al Partido Socialista de los Trabajadores, que en los años 30 pasó a constituirse en el ala más radicalizada del Partido Socialdemócrata alemán. La llegada del nazismo lo obligó a partir al exilio a Noruega, donde ejerció el cargo de Secretario del Comité de Solidaridad. Allí tomó como nombre político el de Willy Brandt, que lo acompañaría por el resto de su vida. Luego tuvo contacto directo con el idioma castellano, pues como periodista le tocó cubrir la guerra civil española. Sin embargo, se mantuvo en relación con la resistencia, y en particular con sus compañeros socialdemócratas. Su compromiso con la lucha antifascista lo llevó -al igual que a muchos compañeros nuestros- a adoptar una decisión difícil y peligrosa: retornar clandestinamente a su país. A partir de ese momento, Brandt conoció las dificultades de la vida clandestina, y viajó por toda Alemania reconstituyendo grupos de trabajo y estudio del Partido Socialdemócrata.
En 1947, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, Brandt recuperó la nacionalidad alemana, de la que había sido despojado, y dos años más tarde se presentó a las elecciones parlamentarias, siendo elegido Diputado por Berlín. Allí le cupo una destacada participación, que lo llevó rápidamente a la posición de figura gravitante de la socialdemocracia alemana.
Sin embargo, es el 10 de enero de 1959 cuando comienza a reflejarse su plena madurez como político. En esa fecha, asume la alcaldía de Berlín. Los problemas y circunstancias que rodeaban a esa ciudad, tan especiales por aquellos años, hicieron que los ojos del mundo se fijaran en la gestión de este dirigente socialista. A él le tocó hacer de Berlín occidental un baluarte de la democracia ante la agudización de la Guerra Fría, hecho que ocurría físicamente en el centro mismo de esa urbe, al erigirse allí el muro que dividía a la ciudad en dos.
La complejidad de aquella situación exigió a fondo a Willy Brandt, quien demostró un inusual talento político. Su sutil manejo como alcalde, mezclando adecuadamente firmeza y flexibilidad, le dieron una connotación y una relevancia política de primer orden en Alemania. Su gestión como alcalde de Berlín le significó transformarse en la primera figura del Partido Socialdemócrata de su país.
Pero los grandes temas de la Guerra Fría no le impidieron promover la renovación ideológica de la socialdemocracia alemana. Hoy ya forma parte de la historia de ese país el Congreso realizado por esa colectividad en Bad Godesberg, en 1959, en el que se deja atrás de manera definitiva una visión doctrinaria fuertemente influida por Marx -quien alcanzó a militar en el Partido Socialdemócrata alemán-, a la vez que se acaba con el enfoque reduccionista de que los partidos socialdemócratas y socialistas deben actuar únicamente en función de su carácter de clase.
Con la hegemonía definitiva de los actores renovados en el sector, y con un líder carismático y en pleno auge como Willy Brandt, el Partido Socialdemócrata, de tanta importancia en la vida política de Alemania y fundado en 1869, se encontró con la posibilidad inmediata de relevar a la Unión Demócrata Cristiana de las más altas funciones del Estado germano-federal.
En 1966, Willy Brandt asume como Presidente del Partido Socialdemócrata y como Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, y el 21 de octubre de 1969 jura como Canciller, máxima función política de ese Estado. Brandt había logrado un acuerdo con los liberales, lo que le permitió una sólida mayoría en el Bundestag.
Su paso por ese cargo significó un vuelco total de las relaciones exteriores de Alemania, lo que tuvo gran impacto en la política europea y mundial. Inauguró su Ostpolitik (o Política hacia el Este), destinada a reconocer formalmente la existencia del bloque soviético, a establecer nexos y contactos directos con las autoridades máximas de éste y a no obstruir el comercio que pudiera emerger entre los países de ese bloque y Alemania. En definitiva, practicó una política de conciliación que apaciguase los efectos de la confrontación Este-Oeste. Brandt obtuvo éxitos resonantes en éste, su principal objetivo de aquellos años. Se reunió dos veces con Willy Stoph, Primer Ministro de la Alemania oriental, y firmó importantes tratados con la Unión Soviética y Polonia.
En 1973 el mundo le reconoció estos esfuerzos, que no buscaban otra cosa que mantener firme la esperanza de la paz en el viejo continente, al concedérsele el Premio Nobel. Y, una vez que el Bundestag ratificó, en 1972, los acuerdos firmados con la URSS, Polonia y la Alemania Oriental, Brandt llamó a elecciones anticipadas, las que ganó holgadamente. Reelecto Canciller, prosiguió con su Ostpolitik, pero centró sus energías en la realización de la unión monetaria y económica de Europa occidental.
En 1974, cuando Brandt se encontraba abocado a estas tareas, se descubre que su Jefe de Gabinete era espía de la Alemania Oriental, hecho que lo obliga a renunciar.
A pesar del fuerte golpe que supuso para su carrera política el descubrimiento de tal circunstancia, Brandt siguió activo. Mantuvo la presidencia de su partido hasta 1987, y dedicó este tramo de su vida a los grandes temas de la humanidad.
Junto a otras personalidades socialistas y socialdemócratas -entre las que cabe citar al ex Primer Ministro sueco Olof Palme-, crea la llamada Comisión Brandt, destinada a sensibilizar a la opinión pública acerca de la necesidad de fortalecer la cooperación entre el Norte y el Sur, como una herramienta eficaz en contra de la pobreza del Tercer Mundo. Por otro lado, promueve la Internacional Socialista, haciendo de este foro multipartidario el más grande del mundo en su género. Con Willy Brandt a la cabeza desde 1976, este conglomerado de partidos progresistas deja de ser un ente principalmente europeo, para transformarse en una activa corriente mundial con presencia y gravitación en todos los continentes.
Willy Brandt fue un hombre cuya memoria cabe honrar no sólo a través de la solemnidad parlamentaria. Su espíritu, su ejemplo de entrega y su visión para comprender la naturaleza de los problemas de su época y encontrar soluciones, son un elemento gratificante y enriquecedor de la actividad política en todos sus planos.
El Partido Socialista de Chile, que ha rubricado recientemente su ya larga relación con el Partido Socialdemócrata alemán al ingresar a la Internacional Socialista, ha recibido con consternación la noticia del desaparecimiento de Willy Brandt, un hombre que siguió siempre con mucho interés la evolución política de nuestro país, y que en reiteradas oportunidades manifestó su simpatía y solidaridad con nuestro partido.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, en este merecido homenaje que el Senado de la República rinde al insigne político alemán Willy Brandt, hablo en nombre de la bancada radical-socialdemócrata y en mi condición de Vicepresidente de la Internacional Socialista.
Hace exactamente un mes, el 15 de septiembre, nos reunimos en Berlín. En esa oportunidad, al Presidente Brandt -como lo llamábamos en la Internacional- le correspondía iniciar los trabajos. Sin embargo, no pudo estar presente, pues ya se encontraba en Bonn aquejado de la enfermedad que luego lo llevaría a la muerte.
Felipe González, Primer Ministro y Jefe del Gobierno español, habló en representación de Willy Brandt, y dijo entre otras cosas:
"Sin la tarea de Willy Brandt desde 1976, la Internacional Socialista no tendría ni la dimensión, ni la potencialidad que hoy se manifiesta en esta sala. Sin su lucidez, su coraje y su hombría de bien, no hubiéramos superado el eurocentrismo para alcanzar una universalidad imprescindible en el mundo en que vivimos.".
A continuación, señor Presidente, en esa reunión inaugural de la Internacional Socialista realizada en Berlín, se leyó un mensaje enviado por Willy Brandt que demuestra la lucidez con que se mantuvo el ex Canciller alemán hasta las últimas horas de su vida.
Voy a leer algunos párrafos escogidos de dicho mensaje, el último discurso político de Willy Brandt en la Internacional Socialista, porque revelan el amplio conocimiento que tenía de todo lo que estaba pasando en la política mundial.
Dijo:
"Se ha dicho con acierto que la constatación del fracaso de la respuesta comunista no significa que las preguntas hayan dejado de existir.
"Nosotros, como socialistas y socialdemócratas, tenemos un patrimonio de respuestas que han permitido a las áreas del mundo en que la presencia del socialismo democrático ha sido fuerte, avanzar en la justicia, en la solidaridad y en la libertad. Con errores y aciertos, hemos contribuido al progreso de millones de seres humanos.
"Pero somos conscientes de que para otros muchos millones de seres humanos, los más, este progreso no ha existido, de que siguen sometidos a brutales desigualdades, a injusticias lacerantes.
"Y somos también conscientes de que hay nuevas preguntas sin respuesta.
"¿Cómo organizar el nuevo orden mundial, tras la liquidación del viejo esquema del equilibrio del terror, de la división entre bloques?
"¿Cómo pasar de la comprensión del fenómeno de interdependencia -económica o medio ambiental- a una acción coordinada internacionalmente que nos permita afrontar los grandes desafíos que comporta?
"¿Cómo satisfacer necesidades sociales en las democracias emergentes, amenazadas a veces por los desequilibrios que suponen las políticas de ajuste o los movimientos pendulares hacia un modelo económico en que se desprecia el papel de los poderes públicos para responder a esas necesidades?
"Efectivamente" -señaló Willy Brandt- "vivimos un cambio acelerado. Cualquiera de nosotros que reflexione sobre las circunstancias del Congreso que celebramos hace sólo tres años en Estocolmo puede constatarlo.
"La Internacional Socialista tiene que avanzar en sus ideas al ritmo de ese cambio histórico. Ninguno de nosotros" -agregó- "añora ese mundo dividido en bloques antagónicos. Ninguno de nosotros puede ser insensible ante las graves incertidumbres de la situación actual. Probablemente se ha hablado con excesiva precipitación de los dividendos de paz. Hemos de reconocer que, económicamente, sólo han llegado las facturas. Los famosos dividendos no se atisban en el horizonte.
"El mundo ha asumido la idea de la interdependencia, pero no actúa en consecuencia. Fenómenos como el de los nacionalismos exacerbados, o la propia resistencia ante el proceso de unión europea parecen caminar en la dirección opuesta. Nosotros, como socialistas democráticos, tenemos que aportar respuestas económicas y sociales que tengan en cuenta la interdependencia en las regiones en que vivimos y entre las distintas regiones del mundo.
"El mundo acepta la idea de la interdependencia cuando comprueba que los grandes problemas del medio ambiente no conocen límites fronterizos. La revolución de las telecomunicaciones nos acerca a la aldea global. Nosotros tenemos que desarrollar un nuevo concepto de progreso que tenga en cuenta la compatibilidad entre desarrollo y medio ambiente, y tenemos que avanzar en ofertas rigurosas de soluciones.".
Finalmente, el brillante político alemán, el lúcido conductor de la Internacional Socialista, en una idea ampliamente aceptada en nuestra Internacional, expresó: "El fracaso del comunismo, de la economía estatalizada ha hecho comprender a todos las ventajas de la economía libre y, por tanto, del mercado. Nosotros tenemos que aportar, en este cuadro, respuestas económicas eficaces y defender con claridad el papel de los poderes públicos como correctores de los desequilibrios o las injusticias sociales que nunca podría resolver el mercado.".
Éstas son las palabras de Willy Brandt, pronunciadas el 15 de septiembre de 1992 a través de Felipe González, en la inauguración del último Congreso de la Internacional Socialista.
Termino este homenaje reproduciendo los conceptos vertidos en una declaración conjunta por los Partidos Radical, Socialista y por la Democracia, con ocasión del fallecimiento del ex Canciller alemán:
"Después de ser uno de los principales artífices de la reconstrucción alemana y de la unidad europea, consagró sus esfuerzos en los últimos 16 años, a servir al mundo, desde la Presidencia de la Internacional Socialista.
"Creador de la Comisión Brandt, luchó denodadamente por reducir las diferencias económicas y sociales entre los países del norte y del sur, esforzándose por imponer una concepción global y planetaria de la sociedad y de la economía.
"Fue WILLY BRANDT, sin lugar a dudas, uno de los gobernantes y políticos más importantes del mundo de la posguerra, uniendo a su clara inteligencia y notable lucidez política, una bonhomía y condición humana que le granjeó el afecto irrestricto de sus amigos y la consideración y el respeto de sus adversarios.".
De esta forma, señor Presidente, la bancada Radical-Socialdemócrata y el Senador que habla, en su condición de Vicepresidente de la Internacional Socialista, hemos querido rendir homenaje en memoria de Willy Brandt, quien, en nuestro concepto, ha sido uno de los políticos más brillantes del siglo XX, destacándose, fundamentalmente, por su exquisita calidad humana y por la lucidez de su pensamiento político.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, Honorables colegas:
Los Senadores democratacristianos queremos tributar hoy, en el Senado, un justo homenaje en memoria de Willy Brandt, ex Canciller de la República Federal Alemana entre 1969 y 1974; Presidente, por largos años, de la Internacional Socialista, y también Presidente del Partido Socialdemócrata de su país.
Sin duda, este estadista, junto con Adenauer, Schmidt y Kohl, son las figuras más señeras en la historia política de la Alemania de la posguerra. Nadie puede desconocer el aporte del Canciller Brandt en la consolidación de la democracia en su país. Como tampoco nadie puede olvidar su lucha por las libertades ciudadanas durante el período negro del nazismo, que lo obligó a vivir largos años en el exilio, fuera de su patria.
Memorable jornada de su vida, cuando en 1957 resultó elegido Alcalde de Berlín. Allí Willy Brandt se erigió en el representante sin par de la libertad y de la democracia que se enfrenta al frío muro de piedra y cemento que pretende ahogar esa libertad y la dignidad de sus conciudadanos.
Su discrepancia absoluta de los regímenes marxistas de Europa del Este y de la Unión Soviética no le impidió trabajar con el objeto de evitar el enfrentamiento suicida a que podría haber sido llevado el mundo durante la crisis de la Guerra Fría. La "Ostpolitik" fue una de sus grandes propuestas internacionales. Y, como siempre sucede con los grandes estadistas, el tiempo le dio la razón: la Guerra Fría terminó; se ha impuesto, o, al parecer, se tiende a la paz y al desarme mundial; cayó el Muro de Berlín; la libertad y la democracia se extienden a toda Europa del Este y a la ex Unión Soviética, y el mundo avanza hoy, en este nuevo contexto, preocupándose en forma más seria de la búsqueda de la justicia.
En 1978, la Organización de las Naciones Unidas le encargó -con razón- que junto con un grupo de destacadas personalidades mundiales, entre las cuales se contó el ex Presidente Frei, realizaran un informe acerca de cómo afrontar una política universal para superar las dramáticas diferencias existentes entre las naciones ricas, del norte y las pobres del sur. La labor fue cumplida, y el llamado "Informe Brandt" sirve hoy de guía a todos nuestros países para trabajar por hacer cada vez más posible esa utopía en que todos pensamos: la justicia social internacional.
La vocación de servicio de Willy Brandt, y su defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos, de la justicia y de la paz lo hicieron merecedor, justamente, en 1971, del Premio Nobel de la Paz.
Tuve oportunidad de conocerlo en su primera visita a nuestro país, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei, siendo Ministro de Relaciones Exteriores el Presidente de esta Corporación, Senador señor Valdés. Vino en ese tiempo, hace ya más de 25 años, a estrechar los lazos de amistad entre Alemania y Chile. Y desde esa fecha -puedo afirmarlo- nunca dejó de mantener su interés por nuestra patria, especialmente en los años difíciles. No guardó silencio cómodo, sino que, por el contrario, se mantuvo activo manifestando su solidaridad en todos los foros internacionales. Siempre estuvo atento a brindar su apoyo a los demócratas chilenos, sin distinguir fronteras ideológicas.
En mi calidad de Presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, pude conocerlo más íntimamente. Participamos juntos en diversos foros internacionales; coincidimos en la defensa de los mismos valores democráticos, y nuestra acción común culminó con un acuerdo celebrado entre las tres Internacionales políticas: la liberal, representaba por el Senador Malagodi, italiano; la socialista, representada por Willy Brandt, alemán, y la Demócrata Cristiana, representada por el Senador que habla, en la ciudad de Roma, en 1984. Nos comprometimos a trabajar de consuno y a luchar en todos los países del orbe contra cualquier tipo de dictadura, sin tomar en cuenta su signo ideológico. Nuestro compromiso estaría por la democracia, como régimen político; por los derechos humanos para todas las personas, sin exclusión; por la justicia social, a fin de lograr que los países pobres pudieran acceder al bienestar con la ayuda de las naciones desarrolladas.
Por primera vez las tres Internacionales políticas coincidían en la defensa irrestricta de los valores humanistas fundados en las diversas visiones: laica, liberal y cristiana.
Nuestro mensaje y acuerdo eran válidos para dar solidaridad política a todos los pueblos que lucharan por recuperar su libertad y dignidad, siempre que renunciaran a la violencia y la fuerza. Nuestro compromiso se hacía con la movilización pacífica, social y política, de los oprimidos.
De esta forma conocí al gran estadista. Doy gracias a Dios por habérmelo permitido. Aprendí mucho de él, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Principalmente, que los valores comunes de la persona humana no son patrimonio exclusivo de un partido o de una ideología, sino de todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
El Canciller Willy Brandt fue un hombre de buena voluntad, gracias a Dios.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, desde estas bancas adherimos al homenaje que hoy rinde el Senado en memoria del ex Canciller alemán, ex Alcalde de Berlín y Presidente Honorario de la Social Democracia alemana y de la Internacional Socialista, señor Willy Brandt, un hombre que se caracterizó por buscar acuerdos y eliminar las barreras que separan a las personas y a las naciones.
Luchó, desde su puesto de Alcalde de Berlín, por derribar el muro que mantenía divididos a individuos de un mismo país. Y al final de su vida brindó apoyo al actual Canciller señor Helmut Kohl, en la celeridad del proceso de reunificación alemana, incluso contra la opinión de algunos de sus correligionarios, que no estaban de acuerdo con la rapidez con que se llevaba a cabo.
Luchó, en la época de la Guerra Fría, por la distensión entre Este y Oeste, mediante la "Ostpolitik".
Luchó por derrumbar las barreras entre los países ricos y pobres, o lograr comprensión entre ellos, a través del organismo que llevó su nombre, la Comisión Brandt.
Luchó por lo que hoy vemos: una Europa unida. Ya en 1960, Willy Brandt decía: "Quiero ver el día en que Europa sea una". No en vano fue Premio Nobel de la Paz, en 1971.
Luchó por dar una identidad propia al socialismo europeo. Desde siempre se esforzó por eliminar los sesgos y las raíces ideológicas del marxismo-leninismo que estaban entrometiéndose en la política del socialismo europeo.
Ciertamente, tenemos discrepancias con el pensamiento y la filosofía de Willy Brandt, pero su figura nos merece respeto y deseamos rendirle un homenaje en este día. Fue uno de esos pocos hombres que en el decurso de este siglo iluminaron el camino de la humanidad hacia mayor libertad, paz y justicia.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Restan 6 minutos al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
Si no va a hacer uso de ellos, corresponde el tiempo del Comité Radical Socialdemócrata. Tampoco desea intervenir.
El siguiente turno pertenece al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
READECUACIÓN DE POSTAS Y SERVICIOS DE URGENCIA
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, hay un problema de dramática actualidad, y no queremos rehuirlo: el de las asistencias públicas de nuestro país, especialmente en la Región Metropolitana.
Estas unidades tienen una larga historia. Las fundó don Alejandro del Río, eminente médico, por allá por 1911, época en que las enfermedades eran atendidas por la caridad pública y privada, principalmente en las iglesias. En ese momento de gran crecimiento de la Capital, después de cien años de vida independiente, se creó por necesidad la primera posta.
Si comparamos las antiguas patologías con las actuales, nos daremos cuenta de que han cambiado, y de que ello, de alguna manera, ha influido para crear los problemas que estamos viendo. En décadas pasadas, la morbimortalidad era distinta: enfermedades infecciosas, tuberculosis, etcétera. Hoy en día la gran causa de mortalidad, especialmente en personas sanas menores de 45 años, son los accidentes. Este hecho tiene estrecha relación con las postas, ya que el grueso de las asistencias que deben dispensarse recae en traumatismos. Naturalmente, éstos se explican por el tipo de vida que hacemos; por el aumento extraordinario del parque automotor; por la violencia, fruto de la drogadicción, la delincuencia, etcétera. No entraré en este tema. Sólo he querido destacar que, en general, los traumas son hoy la primera causa de mortalidad en gente joven, y son tratados en los servicios de urgencia. Con razón se ha llamado a aquéllos "la epidemia silenciosa del siglo XX".
Prácticamente, el 80 por ciento de las asistencias públicas tiene más de 30 años de antigüedad. A fin de mejorar la atención, se han creado los Servicios de Asistencia Pública de Urgencia (SAPU); pero, obviamente, ellos no han solucionado en este breve lapso el problema de la real demanda que tiene este tipo de servicios.
Sin embargo, deseo hacer una mención de lo que pasa en otros países, sin que ello signifique que debamos consolarnos con el mal de muchos. Nuestro amigo el Honorable señor Hormazábal, quien sufrió recientemente una fractura, nos ha contado -a los Senadores y a todo el que ha querido escucharlo- que en un connotado hospital de Nueva York tuvo que esperar más de dos horas para ser atendido, y que debió pagar más de mil dólares por ello. Esto, de alguna manera, grafica cómo el problema no es solamente de nuestro país; es mundial, y podemos verlo en una nación que -se supone- tiene el nivel de desarrollo más alto del mundo, y que invierte 13,3 por ciento del producto geográfico bruto en atención de salud. Chile, en cambio, no destina ni siquiera la mitad de esa cifra, y, por supuesto, tampoco hemos llegado aún al nivel histórico de inversión en la materia.
Ése es el diagnóstico de la situación hospitalaria en nuestro país -ella se debe a dos décadas de deterioro, descuido y abandono del sistema estatal- y, obviamente, hay que enfrentarla.
Actualmente, se halla en ejecución un proyecto del Ministerio de Salud que readecua postas y asistencias públicas, lo cual da motivos para encontrar no tan justificado el movimiento que están llevando adelante los médicos de estos servicios, porque, indudablemente, dicho proyecto fue elaborado con asistencia de especialistas del país y del exterior.
¿Qué se pretende con esa readecuación? Primero, modernizar los servicios; segundo, agilizarlos, y tercero, coordinarlos. Debe ponerse al día la infraestructura, pues el 80 por ciento de la misma está obsoleto. Se persigue también mejorar la situación de los recursos humanos y de planteles -esperamos que el Presupuesto del próximo año lo permita-, y actualizar la tecnología, que se encuentra atrasada en más de tres décadas. En otros países, dado el cambio que han experimentado las patologías, se ha adecuado a esta nueva situación toda la tecnología de postas y servicios de urgencia. Por último, se trata de mejorar la capacidad del transporte -ambulancias y otros-, que al asumir este Gobierno sufría un déficit de 50 por ciento.
Para la reestructuración del sistema de urgencia se están elaborando, además, múltiples proyectos. Uno de ellos es un plan piloto relativo a la ruta 68 (Valparaíso-Santiago), de la que somos tan asiduos usuarios. Consiste en coordinar la acción de Carabineros, Bomberos y servicios públicos en general con postas o asistencias permanentes e itinerantes. Ello permitirá actuar con máxima rapidez, para lo cual se contará, incluso, con una coordinación telefónica.
Dentro del proyecto se contempla, también, la creación de un sistema de atención en diferentes niveles. Existirá un sistema de emergencia para las trece Regiones de país; se incrementará el número de ambulancias por cada base de asistencia pública -no son cosas que diga al azar, pues esto ya se está llevando a cabo-, y se crearán, en un plazo brevísimo, nuevas bases en Maipú, San Bernardo, Huechuraba, Quilicura e Independencia.
En lo general, se procura aumentar el personal, pero, también, las remuneraciones del mismo, en especial las de los profesionales regidos por la ley N° 15.076.
A fines del año pasado se promulgó la ley N° 19.112, que modificó el sistema de remuneraciones de estos profesionales, la que se halla en plena ejecución. Entre los puntos principales -no me referiré a todas las mejoras que significa- se contempló un aumento en la asignación de urgencia de entre 70 y 85 por ciento, lo cual se está pagando desde mediados del presente año.
Además, los médicos que realicen reemplazos de urgencia recibirán una asignación de ciento por ciento de un sueldo de 28 horas, en el caso de quienes tengan un cargo de 22 horas, a partir de noviembre del año en curso. Es decir, faltan sólo 20 días para que esto se haga realidad. Por ello encuentro tan inoportuno el movimiento de estos profesionales.
Por otra parte, se plantea la real posibilidad de jubilar para los médicos que cumplan 20 años en servicios de urgencia. En efecto, el proyecto de ley de Presupuestos para 1993 contempla todos los cargos que se necesiten para que se puedan acoger a este beneficio quienes deseen solicitarlo.
En relación a la necesidad de apoyo legal para muchos de estos profesionales que se ven envueltos en juicios -que deben enfrentar prácticamente solos- por una supuesta mala praxis, el Ministerio ha impartido instrucciones para que se otorgue asistencia legal especial.
En cuanto al deseo de la Asistencia Pública de obtener independencia administrativa, la Secretaría de Estado respectiva está totalmente de acuerdo. La profundización de la descentralización administrativa es uno de sus objetivos básicos, y la Asistencia Pública cumple con todos los requisitos para obtener lo que desea.
Los señores Senadores conocen todos los aumentos de presupuesto que ha originado la ley que indiqué. No obstante ello, deseo dar algunas cifras. Si consideramos, por ejemplo, la variación de remuneraciones de un cargo de urgencia, en el caso de médicos con 28 horas y que cuenten con tres trienios, veremos que sus honorarios ascendían, en marzo de 1990, a 160 mil pesos; en marzo de 1991, a 207 mil 854 pesos; en septiembre de 1992, a 286 mil 504; y que en diciembre de 1992 serán de 309 mil 617, y en enero de 1993, de 320 mil 837 pesos. Si estimamos que la inflación de este año bordeará el 13 por ciento y la sumamos a la de los dos años anteriores, obtenemos la cifra de 59 por ciento, aproximadamente, en circunstancias de que el aumento de los sueldos habrá sido de ciento por ciento.
Además, se proyecta incrementar sustantivamente el personal médico y paramédico del sector, porque existe un gran déficit de estos profesionales, quienes se ven tentados por la medicina privada, que, indiscutiblemente, paga mejor. Cabe recordar que cuando asumió el actual Gobierno la carencia era de 12 mil funcionarios.
Pero existen otras facetas que se quiere mejorar. Se pretende crear dentro de las asistencias públicas áreas diferenciadas de atención, destinadas a la atención de los enfermos menos graves, graves y muy graves, que habrán de seleccionarse, a fin de que no llegue todo el mundo a atenderse en la misma parte. Se va a crear, además, la función de especialistas que tendrán llamadas por turnos.
Por otro lado, se dividirán los servicios de urgencia en distintos niveles. El nivel C -hospital 4- corresponde a los actuales Servicios de Asistencia Pública de Urgencia. En Santiago hay tres en este momento, y se espera que lleguen a 12 en marzo de 1993. Para igual mes de 1994 se aspira alcanzar el número de 70 en todo el país. Por su parte, el nivel B comprende los hospitales 2 y 3, intermedios. Para este efecto se crearán asistencias públicas en los hospitales San Ramón, San José, Santiago-Oriente, El Pino, San Juan de Dios y Barros Luco-Trudeau; es decir, seis servicios de urgencia en total. Y el nivel A, o superior, corresponde a los hospitales 1 y 2, que serán anexados a los grandes hospitales que existen actualmente en la República.
Además, se normalizarán -porque requieren ser adecuadas y modernizadas- las postas de urgencia de los hospitales Calvo Mackenna, Salvador y San Borja-Arriarán y la Asistencia Pública de Santiago.
Se me preguntará cómo podrá financiarse todo esto. La respuesta es: en primer lugar, con el Proyecto Banco Mundial-MIN-SAL; en segundo término, con los Proyectos 1, 2 y 3 del Gobierno alemán -el Senado ya aprobó los dos primeros, y próximamente deberá ver el tercero, que beneficia especialmente a los hospitales de clases 2, 3 y 4-, y por último, con aportes sectoriales.
Según estudios hechos -no sólo por el Gobierno, sino, también, por el Instituto Libertad y Desarrollo y otras entidades-, el gasto en salud proyectado en el Presupuesto para 1993 significa un aumento en remuneraciones de 38,9 por ciento; en bienes y servicios, de 6,9 por ciento, y, en inversión real, de 53 por ciento, lo cual, comparado con otros sectores, marca indiscutiblemente un elocuente beneficio para el sistema de salud.
La solución planteada por el Gobierno ya, ha sido dada a conocer por el Jefe de Gabinete del Ministro de Salud, doctor Rafael Solís, por lo menos, a los médicos, aunque -según entiendo- no al público en general.
Los médicos -muy preocupados de este tema- han realizado numerosos encuentros y mesas redondas, en los que, reunidos todos los jefes de los Servicios de Urgencia de la Región Metropolitana: Posta Central, Barros Luco-Trudeau, San Borja-Arriarán, Ñuñoa, Sótero del Río, Salvador, José Joaquín Aguirre, Hospital Psiquiátrico y, también, de hospitales o clínicas privadas, efectuaron un diagnóstico dramático, pero reconocieron los esfuerzos que se están haciendo para superar el problema. En ese análisis se insiste en las necesidades existentes, como la falta de un parque automotor, y se destacan las nuevas circunstancias que se viven, especialmente en la Capital, no sólo por los efectos del smog, sino también por el enorme y desproporcionado conglomerado existente en ella, la reducción de los presupuestos para salud en los últimos años de la década pasada, etcétera.
El tema, señor Presidente, Honorables colegas, podríamos tratarlo, incluso, en sesión especial. Observo que está presente en la Sala el Senador señor Otero, que siempre ha manifestado muchísimo interés sobre la materia y que, como representante de la Región Metropolitana, generalmente se ha referido a las dificultades y necesidades que la aquejan, las cuales también se extienden al resto del país.
Nosotros estamos dispuestos a enfrentar esta situación. Creo que el Gobierno ha realizado un esfuerzo gigantesco para resolver los problemas, pero ello, obviamente, no es posible hacerlo ni en dos ni en cuatro años.
Por último, quiero formular unas peticiones. Como al parecer hay conciencia y sensibilidad respecto del tema de la salud, es lógico que ello se traduzca en una conducta que dé al Servicio de Salud la prioridad que merece y se le otorguen así los recursos que necesita. Nos encontramos en una ocasión muy oportuna para materializar esta proposición, porque estamos en vísperas de tratar la Ley de Presupuestos de 1993, en que el tema de la salud es importantísimo. Deseo, además, plantear la petición expresa -algunos señores Senadores lo han requerido- de considerar la posibilidad de prorrogar la reforma tributaria, con lo cual se podrían destinar suficientes recursos al aspecto social, donde la salud, a nuestro juicio, tiene prioridad.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan 5 minutos al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Corresponde el turno al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
REFLEXIONES CON MOTIVO DEL DÍA DEL PROFESOR
El señor LARRE.-
Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional queremos rendir un sentido homenaje a nuestros profesores, a ese enorme número de profesionales que día tras día forman a nuestros niños con gran dedicación y esfuerzo.
El país entero conoce esa gran labor. La entrega de conocimientos científicos y tecnológicos, junto con el reforzamiento de los valores espirituales en nuestra niñez y juventud, hacen posible fortalecer las bases para vivir en armonía, en una sociedad que avanza por el camino de un desarrollo más humano.
Esta tarea de todos: la construcción de una sociedad más humana, abierta y solidaria, en la búsqueda de igualdad de oportunidades, la acentuación de la unidad familiar, la promoción de la disciplina del trabajo, el espíritu de superación y la austeridad en el consumo, requiere de políticas educacionales aún más profundas y precisas que promuevan la participación de todos los sectores del quehacer nacional.
Lo más importante de un país es su gente. Éste es el más preciado capital: su capital humano. Y éste se forma con la dedicación de los padres y el apoyo importante de nuestros profesores. La educación es la base del progreso material y espiritual de las personas.
Ahora bien, ¿cómo reconoce la sociedad esta labor tan noble? Hay variadas formas. Y las principales son las herramientas públicas para el fortalecimiento del sistema educacional. Existe un nuevo estatuto de la profesión docente y más recursos para la educación, pero estos medios no han mostrado beneficios significativos.
La puesta en marcha del Estatuto Docente ha producido un desencanto en el magisterio por la falta de mejoramiento real de las remuneraciones y ha generado presiones sobre los sostenedores, tanto municipales como particulares, por la insuficiencia de recursos económicos para financiar todos los beneficios del estatuto.
Asimismo, sabemos que sin aumentar la subvención no es posible hacer realidad las aspiraciones de los profesores por mejores rentas. Esta situación ha sido reiteradamente expuesta por Renovación Nacional en su labor parlamentaria.
Quienes participan en el sector, se consultan: ¿Cuándo se darán los reajustes a la subvención y, éstos, de qué magnitud serán? La respuesta a estas preguntas la tiene el Gobierno, porque a él corresponde la iniciativa legal en esta materia.
Consideramos que el profesorado necesita respuestas.
El Ejecutivo ha enviado a trámite legislativo el proyecto de Ley de Presupuestos para, 1993, reflejando en él sus prioridades, entre ellas las de carácter social y, particularmente, las remuneraciones de los profesores. Lamentablemente, nada se consigna allí acerca del reajuste de remuneraciones, tema que sabemos es de vital importancia para ellos.
Los profesores necesitan una respuesta ahora.
Está demostrado que el país ya ha generado recursos suficientes al Fisco, para fortalecer aquellos sectores de mayor prioridad social y, por lo tanto, es posible aumentar el aporte al sector educación. Sabiendo que existen dineros disponibles, hemos solicitado al Gobierno dar preferencia al sector educación, no engrosando los recursos que maneja el nivel central del Ministerio, sino en aquellas vías que signifiquen un real mejoramiento para el magisterio.
Por eso, planteamos aumentar el Fondo de Recursos Complementarios, para adelantar los beneficios del Estatuto Docente, de manera que los profesores no sigan esperando tres años más, mientras el país se encuentra en condiciones de reconocerles integralmente hoy sus beneficios, y, además, solucionar de manera eficaz el problema de la jubilación, ya que las normas del Estatuto Docente fueron un engaño para los profesores. En su oportunidad, los Parlamentarios de Renovación Nacional señalamos de manera infructuosa que las normas sobre jubilación propuestas por el Gobierno en el Estatuto debían ser estudiadas detenidamente por expertos, puesto que su contenido, confuso y poco claro, no permitía analizar las implicancias prácticas de su puesta en marcha.
Esperamos que el Gobierno le dé la prioridad que corresponde y demuestre con hechos que valora y reconoce la labor del profesorado del país. Existen los recursos, sólo falta la voluntad de hacerlo. Ahora, el Gobierno tiene la palabra.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Restan 6 minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Senador señor Otero.
UBICACIÓN DE RECINTOS CARCELARIOS
El señor OTERO.-
Señor Presidente, quiero referirme a un problema extraordinariamente grave en el país: el carcelario.
Nadie desconoce que el actual sistema carcelario es lesivo para los derechos humanos. Los establecimientos penales no son propiamente tales, sino lugares de hacinamiento, de corrupción y escuelas del crimen.
Aparte ese hecho, hoy ocurre un fenómeno muy serio: los recintos penales, por el crecimiento urbano, han quedado ubicados dentro de la ciudad. Y cuando presenciamos intentos de fuga o escapes que se realizan incluso con ayuda externa, nos encontramos con que ahora no sólo están en juego los derechos del recluso, sino también, fundamentalmente, la seguridad de la población que vive alrededor de estos establecimientos.
Existe la necesidad de resolver tal situación. Y debemos reconocer que no es un problema de este Gobierno, sino que se arrastra de muchos anteriores; pero al actual corresponde solucionarlo, porque se ha llegado a un punto que no admite espera. Sin embargo, la solución por la que ha opta no ha sido la más adecuada, y, por el contrario, le ha faltado transparencia, organicidad y un elemento fundamental: considerar el interés de los centros urbanos en materia de seguridad y, especialmente, de convivencia.
El Gobierno militar cometió un serio error al levantar un penal en Colina. Ese hecho -repudiado por la población- no puede constituir excusa ni precedente para que la actual Administración lo haya acentuado y profundizado gravemente, al construir un nuevo anexo, más grande, con todo lo que ello significa para la calidad de vida de esa localidad. Con posterioridad, se pretendió instalar un penal en Maipú, en pleno centro y contiguo a colegios; luego, se intentó ubicarlo en Calera de Tango, y hoy, la amenaza recae en San Bernardo. Nadie, con "dos dedos de frente" y una mínima sensibilidad social, podría negarse a que el Estado construya establecimientos penales y de rehabilitación, pero una lógica prudencia aconseja no hacerlo en medio de un centro urbano, sino en lugares donde realmente se cautelen la seguridad de los reclusos y, principalmente, la de la población urbana y su convivencia permanente.
El acceso de los familiares a los recintos carcelarios crea un serio problema de convivencia. El hecho de llegar en grandes cantidades, y de que no dispongan de servicios ni lugares donde estar y comer en espera de que los admitan en los penales, significa un detrimento para la tranquilidad y la seguridad de quienes viven en los alrededores. Hay casos, como el de Colina, en que, cuando las personas llegan de visita los domingos, los habitantes simplemente se recluyen en sus casas para protegerse y, al mismo tiempo, porque les es imposible salir confiadamente a gozar de su entorno.
Hoy es San Bernardo. Pero lo grave es que nunca en esta materia el Gobierno ha presentado un plan ni ha dicho qué es lo realmente pretende al respecto. Sabemos de rumores, pero no tenemos certeza. Los habitantes de esa ciudad están alarmadísimos por los comentarios que circulan. Y, de ser efectivos, los Parlamentarios de la Región Metropolitana deberemos hacer todo lo posible para evitar que se atente contra los derechos de los inocentes y de quienes viven en las ciudades.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor OTERO.-
Voy a terminar, Honorable colega. Con mucho gusto se la daré después.
Al concluir mis palabras solicito oficiar al Ministerio de Justicia para que informe claramente si en la actualidad o en el futuro se pretende o no construir un establecimiento penitenciario en San Bernardo. Y si lo tiene contemplado en sus planes, que nos señale en forma concreta el tipo de recinto, cuál será su objetivo real, las características de los reclusos, y las medidas de seguridad que se tomarán respecto de la población. Pero que principalmente indique en qué lugar de la ciudad estará ubicado.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor OTERO.- Tal como lo he señalado, es legítimo, humano e imprescindible preocuparse de quienes están cumpliendo condenas. Pero con igual validez y prioridad hay que cautelar los derechos de las personas que viven alrededor de los establecimientos penales, los que por ningún motivo deben construirse en medio de la ciudad.
Concedo una interrupción al Honorable señor Zaldívar, pero con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano, que entiendo dispone de cinco minutos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
A propósito de la intervención del Honorable señor Otero, deseo formular algunas aclaraciones.
Coincido plenamente -tal como lo manifesté en otra sesión del Senado- en la necesidad de una política carcelaria que permita realmente solucionar los problemas del sector, que -como muy bien lo señaló el señor Senador-, se arrastran por muchos años. Pero no creo que por ello se pueda sostener que el actual Gobierno debe resolverlos ahora, en circunstancias de que no lo han sido en 50 ó 60 años de historia de este país. Lo interesante es que esta Administración -ojalá hubiera sido antes- ha comenzado a buscar una solución al tema penitenciario. Incluso la vez pasada insinué invitar al señor Ministro de Justicia, con el objeto de estudiar más a fondo este asunto y ver cuál es la política existente sobre la materia.
Ahora bien, el Honorable señor Otero ha abordado dos o tres temas, a uno de los cuales quiero referirme muy especialmente, ya que, por tener conocimiento de él, me llama la atención la falta de información al respecto.
En lo referente a Calera de Tango, efectivamente hubo allí una movilización -en la cual participé personalmente- para evitar que se ampliara y se instalara allí un centro de rehabilitación de menores, a pesar de que era perfectamente posible ubicarlo ahí, si acaso era lo conveniente. Por lo demás, en alguna parte habrá que construir las cárceles y los recintos de rehabilitación. ¡Y si en cada ciudad donde se intente instalar o ampliar un establecimiento carcelario se producen manifestaciones de repudio, querría decir que tendremos que llevar las cárceles a la estratósfera, lo cual es imposible¿!
Recuerdo que, en el caso de Maipú, el tema se discutió y se llegó a una solución. Pero en cuanto al de San Bernardo, quiero precisar lo siguiente al Honorable señor Otero.
En el día de ayer me impuse de un panfleto en el que un Diputado de la zona citaba a un gran mitin para decir "No a la cárcel". Y se había solicitado información respecto de ciertas obras que se estaban realizando en Los Morros, a la salida de San Bernardo. No sé si acaso Su Señoría conoce la zona, pero es un lugar que se encuentra a varios kilómetros del centro de la ciudad y de cualquiera construcción urbana.
Pues bien, al requerir antecedentes -porque me llamó mucho la atención este asunto- me enteré de que se trataba de faenas a cargo del Ministerio de Obras Públicas relacionadas con inversiones en agua potable y captaciones de otro tipo, pero no con la construcción de una cárcel. Es efectivo -y hay que tenerlo presente- que cuando se discutió lo relativo a la construcción de un centro de rehabilitación de menores en Calera de Tango -recinto absolutamente necesario para enfrentar uno de los problemas delincuenciales más importantes, como es el que afecta a los menores-, se acordó no hacerlo en dicha localidad, pero sí buscar terrenos en San Bernardo, en donde ya existe un plantel carcelario, para dar solución a este problema. Y fue así como se obtuvo del Ministerio de Defensa la entrega de un terreno de aproximadamente 15 hectáreas de extensión que -cosa que deseo aclarar al Senador señor Otero- no se encuentra ubicado en el centro urbano de San Bernardo, sino en el sector Los Morros, bastante apartado del de esa ciudad. Y se está estudiando la posibilidad de instalar ahí ese centro de rehabilitación de menores.
Ahora, para evitar que se haga aprovechamiento del tema de las cárceles -sobre todo, en los sectores urbanos, en donde uno nota que la gente trata, por supuesto, de defender su propio entorno-, deberemos estudiar la ubicación de los centros carcelarios que reemplazarán a los existentes, que son absolutamente inadecuados. Pero en algún lugar tendrán que hacerse. Y en ese sentido, reitero la sugerencia de invitar al señor Ministro de Justicia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el objeto de informarnos sobre el punto. O bien, aprovechar la discusión del Presupuesto en la respectiva Subcomisión para invitar a dicho Secretario de Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
Con motivo de celebrarse hoy el Día del Anciano, deseo saludar a quienes han concurrido a esta sesión y representan a la tercera edad. Para el Senado y para quien habla es muy grato darles la bienvenida a esta Corporación.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente:
Chile debe aprovechar la oportunidad histórica que brinda la actual coyuntura europea y abrir sus puertas a la migración de ese origen, que busca empezar una nueva vida en nuestro continente. Los ejemplos que en esta materia nos dan diversos países vecinos en nuestros mismos días, muestran el camino que también deberíamos seguir. Si no lo hacemos, creo que habremos de lamentarlo en el futuro.
No se trata de planteamientos teóricos, sino eminentemente pragmáticos. En lo fundamental, son dos:
a) La inmigración alemana en el sur; entre otras, la croata, española, francesa, suiza, italiana, árabe, judía e inglesa, en distintos puntos del territorio, ha sido de innegable beneficio para el país. Todo Chile se ha beneficiado con ella. Difícil es que alguien discuta este punto. La historia nacional habla por sí misma.
b) Específicamente respecto de Magallanes, se trata de un inmenso territorio que se encuentra subpoblado, ya que en más de 132 mil kilómetros cuadrados apenas existe algo más de un habitante por kilómetro cuadrado. Es una franja de terreno chileno que cuadruplica la extensión de Bélgica, y que se halla semidesierta en su mayor parte. La más elemental consideración geopolítica indica que esto representa un peligro grave y acumulativo, especialmente cuando otros países siguen una política poblacional y migratoria mucho más previsora que la nuestra.
Frente al retraso de una Región de tantas posibilidades económicas e importancia estratégica para el país, se configura un deber nacional: urge evitar su despoblamiento y, simultáneamente, fomentar su mayor poblamiento.
Es preciso, pues, complementar la capacidad colonizadora de la población chilena. Y, por cierto, esta última también debe fomentarse. Pero, sin perjuicio de ella, considero un deber aprovechar para el país la presente situación mundial, que ofrece a la inmigración un cúmulo de oportunidades como no se había dado en muchas décadas.
Hoy existen cientos de miles de europeos que desean emigrar, cuya dotación cultural les permitiría asimilarse rápida y útilmente a nuestra nación. Esta ocasión quizás no se repita en mucho tiempo, ya que a mi entender es una oportunidad única. Así lo han advertido diversos países de América Latina, en donde ya se están instalando los primeros colonos de esta nueva ola migratoria.
Como era de prever, hay voces que frente a estos hechos repiten el viejo argumento que se opone a la inmigración, y que no es otro que el de que los inmigrantes vendrían a competir con los chilenos por los puestos de trabajo. En realidad, lo que los inmigrantes traen consigo, como lo han probado repetidamente, es un nuevo dinamismo y una nueva potencialidad laboral. Ellos no tardan en transformarse en creadores y dadores de nuevas oportunidades de trabajo, para común beneficio de todos los chilenos. Ése es un gran capital humano, mucho más importante que el pecuniario.
Igualmente falaz es el argumento según el cual el inmigrante sin capital propio iría a engrosar las filas de la cesantía. Lo cierto es que nada de esto confirma que los inmigrantes estén o permanezcan en calidad de desempleados. Por el contrario, es habitual que ellos desarrollen muy pronto actividades que les permiten subsistir por sí solos y, aún más, dar trabajo a chilenos. La psicología del inmigrante, en general, estimula la iniciativa empresarial. Por lo demás, el desempleo es hoy muy bajo en Chile y hay áreas en las que incluso falta ya fuerza de trabajo.
Si el subdesarrollo es un problema fundamentalmente cultural, razonable sería reconsiderar la inmigración teniendo en cuenta estos factores. Y, en consecuencia, ponderar de manera diferente los criterios de selección del patrimonio que el inmigrante traiga consigo. Más importante que la propiedad de un determinado caudal de bienes que se les pueda exigir -o que en algunas ocasiones se pretendió hacerlo-, es la actitud mental de la persona frente a estos problemas. Este segundo aspecto suele pervivir pese a que la adversidad sobreviniente les pudiera deparar situaciones muy difíciles de poder superar. Eso explica, en no pequeña parte, la rápida recuperación europea de posguerra.
El tema de la inmigración puede evaluarse en términos muy pragmáticos: ¿Es casual que los países que se abrieron ampliamente a la migración europea se hayan desarrollado más que aquellos que no lo hicieron? Pienso que no. La inmigración conlleva un cierto grado de transmisión colectiva de cultura, que ayuda al país receptor a recorrer con más celeridad ciertas etapas de su evolución.
Por lo demás, la insuficiente población actual del país es un hecho evidente. Con apenas 13 millones de habitantes, tomaría varias generaciones el integral aprovechamiento de nuestro territorio, tan sui géneris, si sólo nos apoyamos en nuestra propia capacidad actual.
Por todo lo anterior, creo necesario desarrollar con urgencia una política de migración selectiva en dos sentidos:
Aquella que no rompa radicalmente con nuestra tradición histórica. Y la que contrapese las limitaciones y complemente las carencias o insuficiencias de nuestra idiosincrasia.
Debe recordarse, además, que en un mundo crecientemente interdependiente es inútil pretender ignorar los fenómenos migratorios. La dinámica propia de ellos hace que si no se asume la iniciativa, tarde o temprano la selectividad opere negativamente: llegan a establecerse en un territorio elementos que pueden no ser los más idóneos para una armónica y pronta fusión nacional, en tanto que eventuales condiciones más atractivas en el extranjero impulsan la emigración de elementos valiosos en ese mismo territorio.
El ejemplo de Magallanes prueba fehacientemente todo lo anterior. Magallanes es tierra de inmigrantes de origen tanto europeo como chileno. Sobre el particular, debemos recordar la importante migración que proviene de Chiloé, la que aun en tan pequeña escala ha sido exitosa en esa zona, y bien podría proyectarse, más ampliamente, no sólo a las vastas extensiones vacías de la propia Región, sino, también, a numerosas otras Regiones.
Sabido es que la Comunidad Europea se muestra hoy bien dispuesta a apoyar material y políticamente iniciativas como ésta. Países vecinos ya han enviado, y siguen enviando, misiones especiales a capitales europeas para acordar las modalidades de ese apoyo, expresadas principalmente en transporte y respaldo financiero a la instalación inicial.
Chile podría y debería realizar otro tanto. Y hacerlo, no sólo respecto de los europeos, sino, además, de los chilenos que deseen participar en esta empresa de poblamiento. Entre quienes deseen poblar esas enormes extensiones hoy semidesiertas (chilenos por nacimiento y chilenos por decisión), el Estado, al menos, debería repartir una parte importante de las muchas tierras que posee y que permanecen en improductividad indefinida.
Ciertamente, una política semejante no desplazaría a ningún connacional de su presente realidad económica y laboral. Por el contrario, lo que haría sería abrir nuevas posibilidades de desarrollo, crear nuevas y mejores oportunidades, que no existirían sin una adecuada y realista posición y política migratoria.
En el marco de una economía libre, como aquella de que Chile hoy disfruta, con tan amplios territorios desocupados, como los que nuestro país tiene, el desplazamiento por competencia es un temor completamente infundado. Hay espacio y posibilidades para todos. De la riqueza y de la fusión cultural sólo pueden derivar beneficios para todos. Mal podría afirmarse que pueda ser dañino el que haya más compatriotas y mejor distribuidos en el territorio, ya que se crearía así un mayor desarrollo nacional.
Para eso -insisto-, ésta es una hora de oportunidad histórica, la que no debe desaprovecharse.
He dicho.
Señor Presidente, cedemos el tiempo que nos resta al Comité Renovación Nacional.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Al Comité Independiente de seis Senadores le quedan aún 10 minutos.
Tiene la palabra el Honorable señor Prat, por el tiempo señalado.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, antes quiero agradecer al Comité Independiente por el tiempo cedido.
CRISIS DE SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
El señor PRAT.-
Señor Presidente, la ciudadanía ha sido impactada por la renuncia masiva de los médicos de la Asistencia Pública Metropolitana, que tiende a ampliarse a los profesionales que laboran en otros hospitales públicos.
El caso pone en evidencia la profunda crisis que aqueja al sistema de salud estatal. Y, en este sentido, es indispensable encontrar el diagnóstico correcto, para hacer posible una solución verdadera.
En el Senado escuchamos una exposición de un señor Senador de Gobierno sobre el tema, que comprende un diagnóstico que debe ser discutido a la luz de la realidad existente en todos los hospitales públicos del país. Su Señoría señala que el problema está siendo abordado a través de una política de Gobierno consistente en crear más plantas de funcionarios, más asistencias públicas -tanto en las provincias como en la Región Metropolitana-, y en dotar de una mayor infraestructura. Y es así como está procediendo el Gobierno. Y ello lo vemos en sus programas anuales y en la aplicación del aumento de recursos destinados al sector salud.
Con respecto al Área Metropolitana, se indica que está planificada la construcción de cuatro hospitales, cuatro centros de diagnóstico terapéutico y cinco hospitales siglo XXI.
Pero el problema que hoy día tiene detenida a la Asistencia Pública consiste en la renuncia del personal, en este caso, médico (en otros, lo constituye la inexistencia de personal paramédico o auxiliar). El problema es humano, no de cargos, de plantas o de infraestructura; es de personas que se encuentren dispuestas a llenar tales cargos y a asumir las funciones que esas infraestructuras y cargos prevén. Entonces, ¡qué importante es hallar el diagnóstico adecuado de la situación que tiene en crisis a la salud pública en el país!
La teoría que sustenta el aludido Senador de Gobierno plantea que el problema sería de gastos (en plantas, en infraestructura); además, reconoce que con los recursos provenientes de la reforma tributaria el gasto se ha incrementado en el orden de un 50 por ciento, y pide que se mantenga la reforma para seguir aumentándolo.
Pero debemos analizar si ese gasto se está aplicando, en primer lugar, en un sistema adecuado, y luego, en una forma conveniente. Nosotros sostenemos que el mayor gasto realizado en salud está destinado a un sistema inadecuado. El sistema de salud pública es inconveniente, porque es burocratizado, tremendamente centralizado, y carece de los incentivos que lo hagan eficiente y que, a su vez, permitan remunerar adecuadamente al personal. Esta realidad se da, además, en la circunstancia de que, a propósito de la creación de las ISAPRES, la medicina privada está creciendo día a día. El aumento anual de personas que optan por traspasarse a la salud privada, porque sus remuneraciones se lo permiten, como consecuencia del incremento del bienestar que observamos año a año -gracias al crecimiento sostenido que presenta nuestro país- es del orden de un 20 por ciento anual. Ello hace que la salud privada siga creciendo, que a diario veamos que se inauguran clínicas, consultorios, postas y otras infraestructuras para prestaciones de dicha salud, que requieren de personal auxiliar, paramédico y médico. Y ese personal es el que se traslada día a día desde los establecimientos públicos a los privados. Y es así como existen muchos cargos que se encuentran desprovistos de funcionarios.
Al respecto, conozco el caso en la propia ciudad en que vivo, Angol, donde después de muchos esfuerzos de años, se logró establecer una asistencia pública, la que se hacía posible, además, con la creación de seis cargos que permitieran una rotativa de médicos las 24 horas. Sin embargo, en dos años, no ha sido factible llenar esos cargos, porque no hay profesionales interesados en ellos. Y eso es lo que pasará con los hospitales que se construirán en Santiago; eso es lo que sucedería si se crearan nuevas plazas o se aumentaran, por esa vía, las plantas.
Ocurre que el sistema público está entrabado en una burocracia, en una centralización y en una carencia de incentivos, que lo tornan incapaz de remunerar al personal en forma conveniente. Y tal realidad será creciente y más dramática en la medida en que el sistema privado se vaya expandiendo. Porque este sistema mantiene las condiciones de incentivos que hacen que el rendimiento de las remuneraciones en términos de prestaciones ejecutadas sea mejor, y que, por lo tanto, se pueda retribuir con más remuneraciones al personal. Y, entonces, se llega a que siempre la salud privada podrá pagar más que la pública. Por consiguiente, siempre faltará personal en la salud pública, porque dichos funcionarios van a preferir trasladarse al sistema privado.
Señor Presidente, ése es, a mi juicio, el diagnóstico central para avanzar en la solución del problema. No sacamos nada con crear muchos hospitales, porque el sector privado también los construirá. Y este sector va a contar en sus hospitales con personal de auxiliares, de paramédicos y de médicos; y en el hospital público, por nuevo y flamante que sea, veremos que las maquinarias estarán desocupadas -como sucede en la actualidad- por falta de personal, o que los quirófanos no se estén utilizando en su totalidad, porque hay médicos o personal auxiliar para ocupar sólo uno de ellos (como ocurre hoy en los hospitales públicos del país). De manera que el primer diagnóstico -repito- que se debe realizar apunta al hecho de que se está gastando en un sistema inadecuado. El sistema adecuado sería aquel donde el gasto permitiera activar los incentivos de que consta la salud privada y donde se posibilitara, también, que la población eligiera en qué lugar atenderse. Y respecto a los establecimientos que en un plazo transitorio deban seguir siendo públicos, debe descentralizarse su administración. Pero la tendencia que se sigue es justamente la contraria. Y, en este sentido, existe un proyecto en la Cámara de Diputados para crear un estatuto nacional de los funcionarios de la salud municipal; vale decir, se los va a centralizar en una sola unidad, lo que significará que los aumentos de remuneraciones serán mucho más difíciles de lograr, porque estarán centralizados y, por tanto, el aumento para uno habrá que calcularlo, en términos de costo, para todos.
Por último, señor Presidente, una vez resuelto cuál es el sistema adecuado para gastar en salud, tenemos que ver la forma adecuada para realizar ese gasto. En la actualidad, vemos que en el presupuesto de salud para 1993 se aumenta dicho desembolso en un 18,5 por ciento. En el pasado ya se lo incrementó en 50 por ciento. Pero, curiosamente, el gasto en bienes y servicios crece sólo en 7 por ciento. Quizás ahí esté la explicación de que en hospitales donde existen flamantes equipos importados, recientemente instalados, éstos se encuentren sin ocuparse, puesto que falta el medio de contraste requerido para que ese complejísimo instrumento ejerza su función. Porque si se está aumentando el gasto sólo en 7 por ciento en bienes y servicios, seguramente la implementación de la nueva infraestructura y del nuevo equipamiento no podrá llevarse a cabo. Y conocemos el caso de modernos "scanners" que se hallan en los patios, porque no hay recursos para instalarlos debidamente. Entonces -reitero-, se debe, primero, gastar en un sistema adecuado, y, segundo, ello debe hacerse en forma adecuada. No es sólo gastar por gastar. Porque gastar mal es lo peor que puede hacer una sociedad.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo del Comité Independiente de 6 Senadores.
En consecuencia, el turno siguiente corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
REFLEXIONES SOBRE V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente:
Hace muy pocos días, el mundo entero, y en especial nuestro país, conmemoró la celebración del V Centenario de la Evangelización de América y la fantástica cruzada que a partir de la Corona de Castilla, de España -la madre patria-, Colón desarrollara para, maravillando al mundo, sembrar la semilla de cuya germinación, tras un sostenido e innegable esfuerzo, somos orgullosos descendientes.
En esta oportunidad, las organizaciones indígenas existentes realizaron distintos actos destinados a hacer públicas sus demandas históricas, en un clima en el que estuvieron presentes las más diversas y encontradas reacciones.
Simultáneamente, el Congreso Nacional se encuentra abocado al análisis de un conjunto de iniciativas inspiradas en la necesidad de elaborar un estatuto jurídico especial para las comunidades indígenas de nuestro país, cuyas principales demandas hiciera suyas el actual Presidente de la República durante su campaña electoral, a través de un acta de compromiso suscrita el 1o de diciembre de 1989, en Nueva Imperial.
El contenido de aquellas iniciativas; sus antecedentes, fundamentos y proyecciones; sus implicancias en nuestro ordenamiento institucional y en las bases fundamentales del mismo, y diversas otras inquietudes en torno de la cuestión de nuestras comunidades indígenas, nos ha llevado a intentar en esta ocasión una breve aproximación a la materia, la que, por cierto, desborda el estrecho margen de esta intervención.
Antecedentes
El 17 de mayo de 1990, mediante el decreto supremo N° 30, se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, integrada por representantes de las principales comunidades aborígenes existentes en el país, entre cuyos objetivos figuró la elaboración de una ley indígena.
Esta iniciativa se fundó en el reconocimiento de las comunidades nativas existentes en el territorio, las más importantes de las cuales serían la mapuche (incluyendo a pehuenches y huilliches), la aimara y la rapa nui, cuya población total se estima en aproximadamente 600 mil personas.
Basados en una visión histórica que se remonta a la época en que los españoles llegaron al continente, la Concertación gobernante afirma que los indígenas han sido objeto de -cito textualmente- "enormes injusticias y graves atropellos de sus derechos elementales como personas y como pueblos. El exterminio, el sometimiento militar primero y la asimilación después han sido los rasgos característicos de la acción desarrollada por las autoridades y los gobiernos" frente a ellos.
El referido conglomerado político subraya que -cito de nuevo- "los mapuches han sido confinados a vivir en una porción cada vez más reducida de su territorio ancestral, que los Rapa Nui fueron despojados de la mayor parte de las tierras de Isla de Pascua y que los Aymarás se han visto privados del agua que necesitan para el desarrollo de la agricultura y para su subsistencia.".
A partir de lo anterior, la Concertación concluye afirmando la urgente necesidad de reconocer constitucionalmente a las comunidades indígenas, lo que significaría garantizarles la propiedad de sus tierras, su identidad, costumbres, valores, derecho, lengua y cultura propios.
Adicionalmente, se postula la creación de entidades especiales encargadas de fomentar planes de desarrollo en beneficio de dichas comunidades y la promulgación de los cuerpos legales que contemplen y protejan la identidad de los pueblos aborígenes, sus territorios y recursos naturales, así como su educación y cultura, entre otras medidas, que ya han sido abordadas por la Comisión Especial individualizada precedentemente.
Los pueblos indígenas
Para comprender en su correcta dimensión los fundamentos de las demandas indígenas, es necesario formular previamente algunas precisiones. Desde luego, cabe advertir que a partir del Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en junio de 1989 por la Conferencia Internacional del Trabajo, de la OIT, se ha venido imponiendo una terminología cuidadosamente elaborada, que tiende a sustituir la empleada en el Convenio N° 107 aprobado por la misma Organización, al cual se cuestionó sistemáticamente por ser "asimilacionista" y "etnocéntrico", lo que habría sido el reflejo de una "ideología colonialista imperante en muchos países al momento de su aprobación", según cita textual.
Los detractores del Convenio 107 no aceptan que se aborde la cuestión aborigen como un problema que afecta a determinadas "poblaciones" o "comunidades" tribales y semitribales que se encuentran en una etapa menos avanzada que el resto de la colectividad nacional, lo que califican de etnocentrismo. Tampoco aceptan que se promueva la integración progresiva de dichas agrupaciones al sistema de vida de sus respectivos países, lo que motejan de asimilacionismo.
El Convenio 169 de la OIT promueve el reconocimiento del carácter de "pueblos", con todas las consecuencias que a partir del mismo pudieran derivarse. Por ello, no obstante la prevención contenida en el artículo 1o, número 3, de dicho instrumento, en el sentido de que la utilización del término pueblos "no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse al dicho término en el derecho internacional", resulta inevitable formular algunas aprensiones acerca de los efectos jurídicos y prácticos a que pudiera conducir tal reconocimiento, que, en nuestro caso, la Concertación reclama y promueve a nivel constitucional.
En efecto, reconocida constitucionalmente la existencia de los "pueblos" -indígenas, en este caso-, sus destinatarios reclamarán luego el reconocimiento de un "territorio", emblemas, organización judicial, sistema de valores, sistema económico, cultura, identidad, costumbres, derecho y lengua propios y distintos de los chilenos.
En el caso de la Isla de Pascua, además del reconocimiento constitucional del pueblo rapa nui, se ha postulado la plena autonomía administrativa de los indígenas en el uso y goce de su territorio y recursos naturales; el derecho a tener sus propios representantes en el Parlamento y a izar su propia bandera nacional; el reconocimiento del Consejo de Ancianos de Rapa Nui, formado por 36 miembros, sobre quienes descansaría la representación del pueblo, y diversas otras demandas educacionales, económicas, políticas y culturales, las que, consideradas en su conjunto, configuran una abierta amenaza a la unidad nacional. Idéntico camino ha seguido el Consejo de Todas las Tierras, según hemos tenido ocasión de presenciar en el último tiempo.
El planteamiento analizado dista mucho de ser una reivindicación improvisada y, en cambio, invoca a su favor diversas consideraciones históricas, políticas, culturales e, incluso, doctrinarias, que la revestirían -al menos aparentemente- de serios fundamentos. No me refiero a la terminología empleada, la que de por sí obedece a un planteamiento estudiado. Al rechazo del "asimilacionismo", del "etnocentrismo", del "etnocidio", del "economicismo desarrollista"; a la propuesta de una "discriminación positiva", de un "Estado pluriétnico", de la "recuperación de los territorios históricos", de la "unidad etnocultural", se une una formulación cuidadosamente elaborada que afirma su plena compatibilidad con los conceptos de unidad nacional, de Estado unitario y bien común, fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento institucional.
La Concertación gobernante, en consonancia con los planteamientos de las comunidades indígenas, ha sostenido textualmente que "La sociedad no sólo acepta la existencia de diversas culturas, sino que debe apoyar su desarrollo". "La posición que aquí se levanta es que solamente en la medida que se marquen las diferencias con claridad, se puede llegar a una verdadera y armoniosa integración." "En la actualidad," -expresó el Presidente de la República- "los Estados modernos compuestos por distintos pueblos han comenzado a comprender que el reconocimiento de los mismos, de su identidad y culturas, de su lengua y sus tierras, no sólo no atentan contra la unidad nacional, sino por el contrario, enriquece a las sociedades nacionales y beneficia su desarrollo social, económico y cultural.".
El peligro que encierra esta nueva concepción del Estado moderno para su propia existencia y fundamentos es evidente. Reconocido el carácter de pueblos a las minorías indígenas y el derecho a un territorio propio y a su autodeterminación, ¿qué impediría que más tarde invoquen con más fuerza el derecho a su independencia, o que reclamen soberanía exclusiva sobre sus territorios? ¿Qué posibilidades reales de integración existen en una política nacional de tal naturaleza? ¿No es éste acaso un intento de atomización de la sociedad chilena?
Derecho al territorio
El problema de los terrenos indígenas merece una consideración especial. El proceso de asignación en dominio de pequeñas parcelas o minifundios a las familias mapuches en virtud de los decretos leyes N°s 2.568 y 2.750, de 1979; la declaración del carácter fiscal respecto de la Isla de Pascua dispuesta por el decreto ley N° 2.885, del mismo año; el nuevo régimen jurídico sobre las aguas consignado en el nuevo Código de Aguas, de 1981, que habría originado una disputa entre las compañías mineras y la comunidad aimara de la zona norte, son antecedentes esgrimidos en la reivindicación de los "territorios" indígenas.
No se trata, como pudiera pensarse, de una demanda dirigida a reclamar mayores garantías a la propiedad de las tierras en las que habitan en la actualidad dichas familias, sino de una exigencia mayor. Argumentando una "cosmovisión" singular, de acuerdo con la cual existiría una estrecha vinculación entre el indígena y su territorio, concebido éste como un elemento sine qua non para su subsistencia y como base fundamental de su reproducción social, política, económica y cultural, se plantean y legitiman las tomas de terrenos que históricamente les pertenecieron -hoy, bajo el eufemismo de las "recuperaciones"-, y ello, tomando como fundamento los Títulos de Merced, en el caso de los mapuches; los de Comisario Ralengo, en el de los huilliches; la posesión inmemorial, en el de la comunidad rapa nui, y las tierras colectivas y comunales, en el de la población aimara. De esta manera, sin entrar a impugnar -al menos abiertamente- la soberanía chilena sobre las mismas, se cuestiona la legitimidad del dominio, uso y goce chilenos sobre los "territorios" indígenas comprendidos en el suelo nacional.
Aunque resulte evidente, se debe advertir que dentro de este planteamiento no tiene lugar -o al menos resulta francamente ilusorio- el derecho de propiedad privada de los aborígenes, por cuanto se subraya el carácter colectivo de la relación pueblo indígena-territorio. Incluso, el derecho de dominio de los terrenos que actualmente ocupan familias nativas por mera tolerancia o ignorancia de sus legítimos propietarios (comodato precario, según nuestro Código Civil), se ve afectado por las demandas de esas comunidades, que alegan un "derecho" a utilizar dichas tierras, fundadas en el ejercicio tradicional de actividades de pastoreo y labranza necesarias para su subsistencia. El episodio de Quinquén nos ahorra mayores comentarios sobre el particular.
Adicionalmente, el "dominio público" sobre los recursos minerales existentes en el suelo chileno, cuya exploración y explotación por particulares supone -constitucional y legalmente- una concesión previa del Estado, se ve igualmente afectado por las reivindicaciones de las comunidades indígenas, las que reclaman en su favor, sobre dichos yacimientos, un derecho de dominio, uso y goce exclusivo.
Con todo, lo más grave es el planteamiento del derecho a su territorio, por cuanto ello implica un cuestionamiento implícito a las fronteras, soberanía y derechos que sobre el territorio nacional tiene el Estado de Chile. Ciertamente, no se plantea explícitamente dicho cuestionamiento; pero resulta evidente que, de consagrarse tal derecho, y sumado al reconocimiento del carácter de pueblos, comienza a configurarse una amenaza creciente a nuestra integridad nacional y a darse las condiciones propicias para inminentes luchas separatistas o independentistas, tal como lo ha venido insinuando abiertamente el Consejo de Todas las Tierras.
Derechos económicos, sociales y culturales
La afirmación de que la unidad nacional supone la diversidad y que el respeto a ésta garantiza la estabilidad de los vínculos nacionales constituye el fundamento a partir del cual la Concertación postula la concepción de un Estado pluriétnico y pluricultural. En efecto, se plantea como un anacronismo la concepción de un Estado unitario fundado en un conjunto de valores y principios comunes a sus connacionales. De esa manera, ya no sería la existencia de una "común unidad", o comunidad, la que habrá de permitir la subsistencia de nuestra sociedad organizada, sino el reconocimiento de diversas culturas, identidades, costumbres, derechos, lenguas y valores. Se trataría de un "quiebre positivo" -usando expresiones de la Concertación gobernante- que posibilitaría el desarrollo armónico y equilibrado de los pueblos indígenas. En este ámbito se insertan las reivindicaciones en los campos educacional, judicial, económico, político, cultural y social.
En estricto rigor, los episodios registrados últimamente en el país y en el resto del continente permiten constatar un propósito más ambicioso que la mera reivindicación de beneficios económicos o sociales. No se trata, como pudiera creerse inicialmente, de demandas por un mayor gasto social o una gradual y sostenida focalización del mismo, ni de mejores oportunidades de empleos o de salarios dignos, ni de un mejoramiento de la calidad de la educación o de la vivienda, ni de un proceso de saneamiento u otorgamiento de nuevos títulos de dominio sobre las tierras adquiridas irregularmente.
No estamos sólo en presencia de requerimientos propios de los sectores más pobres del país, entre los cuales se encuentran, por cierto, las comunidades aborígenes, y a cuya solución debe responder necesariamente el Estado de Chile, sino ante un serio intento por cambiar radicalmente las bases de nuestra institucionalidad, a través de diversas iniciativas que, de concretarse, pondrán en grave peligro nuestro ser y nuestra alma nacional.
Es evidente que la intención de algunos dirigentes indígenas va mucho más allá de las legítimas demandas sociales o culturales que pudieren corresponder a las minorías étnicas del país, pues, si de ello se tratara, no existiría razón alguna para reclamar territorios o reivindicar el reconocimiento a un carácter de pueblo, que, por lo demás, no pasa de ser una aspiración demagógica e irresponsable si se considera la relación de la población chilena con la indígena. Nuestro ordenamiento jurídico-institucional reconoce y ampara a todas aquellas sociedades intermedias en las cuales se agrupan y organizan las personas, así como su autonomía. Asimismo, el Estado de Chile garantiza el respeto a todas las religiones, creencias, idearios políticos o culturas, esto es, el pluralismo en todos sus ámbitos, con la sola condición de que se guarden determinados principios básicos de nuestro ordenamiento institucional.
En otras palabras, si se analiza detenidamente este último, se podrá advertir que ninguna norma jurídica obsta a la existencia de las comunidades indígenas y a la vigencia de sus lenguas, costumbres, culturas y creencias. En rigor, la Constitución de 1980 les garantiza plenamente el derecho a ello, y mucho más, de lo cual se deduce que las verdaderas pretensiones de dichas minorías tienen otra dirección y espíritu.
Las últimas manifestaciones de las comunidades indígenas confirman tales aprensiones e invitan a una oportuna reflexión sobre el particular. Es obvio que en el país se ha precipitado un fenómeno claramente inconveniente para la estabilidad de nuestra democracia y el desarrollo de nuestra comunidad. Y en ello las actuales autoridades tienen una alta cuota de responsabilidad, porque no sólo fueron incapaces de reaccionar oportunamente para frenar estos intentos separatistas, sino que en un principio los alentaron, al fragor de la lucha electoral, como quedó demostrado con la, suscripción del Acta de Compromiso de Nueva Imperial, de fecha 1o de diciembre de 1989, promovida por el candidato presidencial de la Concertación.
Los múltiples problemas que hoy afectan a las comunidades indígenas reclaman de las autoridades una actuación seria y responsable. No será promoviendo separaciones étnicas ni territoriales como las familias descendientes de esas comunidades saldrán de la postergada situación económica y social en que se encuentran. No queremos guetos en nuestro país, sino chilenos integrados a la gran tarea en la que nos encontramos empeñados. Por ello, me alegro de que las actuales autoridades hayan rectificado el camino, lo que indica que han percibido el error y están dispuestas a repararlo. Me asiste la íntima convicción de que sólo la integración, en el marco de la promoción del bien común, permitirá a nuestras comunidades indígenas, no sólo crecer en sus valores y creencias, sino, también, vivir dignamente.
He dicho.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
Me complace saludar a las señoras representantes del CEMA de Molina que nos han honrado con su concurrencia esta tarde, al igual que a las otras delegaciones.
Lamento que sólo hayan podido llegar en momentos en que la sesión está terminando, pero, en todo caso, su presencia en el Senado es muy satisfactoria.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 13:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.