REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 11ª, en martes 17 de noviembre de 1992
Ordinaria
(De 16:15 a 19:35)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormázábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ruiz De Giorgio,José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 40 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 8a y 9a, ordinarias, en 5 y 10 de noviembre, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 10a, ordinaria, en 12 de noviembre, se encuentra en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "Discusión Inmediata", al proyecto de ley que otorga anticipo de reajuste a las pensiones de los regímenes provisionales establecidos en los decretos leyes N°s. 2.448 y 2.547 y a las pensiones asistenciales, y un aguinaldo de Navidad a los mismos pensionados.
-Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "Simple", al proyecto de ley que autoriza al Estado de Chile para participar en la creación de la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile.
-Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Vicepresidente de la República al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y dicta normas sobre remuneraciones para el personal municipal. (Calificadas de "Discusión Inmediata").
-Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que ha prestado su aprobación a la enmienda introducida por el Senado al proyecto que autoriza al Ministerio Secretaría General de Gobierno para transferir fondos a las municipalidades que indica, con la finalidad de instalar sistemas de recepción satelital de televisión.
-Se toma conocimiento y se manda archivar.
Del Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada del requerimiento por cuestión de constitucionalidad, formulado por Su Excelencia el Vicepresidente de la República, durante la tramitación del proyecto de ley que modifica las plantas de personal de la Contraloría General de la República, y de la resolución recaída en él.
-Se manda contestar.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Cantuarias en que se planteaban diversas inquietudes respecto de la constitución de los Consejos de Pesca, de la pesquería del bacalao y de la posibilidad de otorgar un subsidio especial a los pescadores artesanales.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz en el que solicitaba se estudiara la posibilidad de restablecer diversos beneficios y franquicias económicas a la Undécima Región.
Del señor Ministro de Educación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz referente a las becas especiales que el Supremo Gobierno otorgó a los alumnos de la comuna de Chile Chico, cuyos padres resultaron damnificados a consecuencia de la erupción del volcán Hudson.
Del señor Contralor General de la República, con el que remite copia del dictamen emitido por el Organismo Contralor respecto de una solicitud de reconsideración formulada por el Banco Central sobre la obligación de informar al Congreso Nacional, en los términos establecidos en los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Se hace presente que el dictamen sometido a reconsideración -N° 27.729, de 1991- fue evacuado a solicitud expresa del Senador señor Lavandero, el que se canalizó a través de la Oficina de Informaciones del Senado.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Uno de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía, Fomento y Reconstrucción, unidas, y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a la autorización para que el Estado de Chile participe en la creación de la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, referente a la consulta de la Sala acerca del verdadero sentido y alcance de la exigencia constitucional de residencia como requisito habilitante para ser elegido Diputado o Senador.
De la Comisión de Hacienda, respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga anticipo de reajuste a las pensiones de los regímenes previsionales establecidos en los decretos leyes N°s 2.448 y 2.547 y a las pensiones asistenciales, y un aguinaldo de Navidad a los mismos pensionados.
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y otro de la de Hacienda, atinentes al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo en relación con el contrato individual de trabajo, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral, y otros textos legales.
-Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señora Soto y señor Vodanovic, con la que inician un proyecto de ley que modifica los artículos 397 y 398 del Código Penal, en relación con el contagio de enfermedades.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, solicito que este último proyecto sea enviado posteriormente a la Comisión de Salud, por razones obvias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a tal petición.
Acordado.
NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE PERSONAL MUNICIPAL. VETO
El señor VALDÉS (Presidente).-
Respecto de las observaciones del Ejecutivo al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales -aprobadas por la Cámara de Diputados-, y que originalmente fueron tramitadas a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, la Mesa desea consultar a la Sala si habría acuerdo en cambiar su destinación a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas, considerando que éstas fueron las encargadas del trámite legislativo de los proyectos de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y de Gobierno y Administración Regional.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, sugiero que, si se acepta la sugerencia, las Comisiones de Gobierno y de Constitución analicen la iniciativa en forma separada, porque, a mi juicio, el trabajo en Comisiones unidas constituye un obstáculo para una labor expedita.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El inconveniente, señor Senador, es que el proyecto, por estar calificado de "Discusión Inmediata", debe ser despachado en un plazo de tres días, y no sé si las Comisiones podrán cumplir su cometido en tan corto tiempo. Debemos tener en cuenta, además, que tiene que ser estudiado por la Comisión de Hacienda.
El señor DIEZ.-
No hay tiempo para tal procedimiento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No lo hay.
La señora FREI.-
Que trabajen las Comisiones unidas, señor Presidente; se dispone de muy poco tiempo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿No tendría objeción a ello, Honorable señor Vodanovic?
Si le parece a la Sala, se enviaría el proyecto a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Constitución, Legislación y Justicia, unidas.
Acordado.
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El señor THAYER.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, en relación con el proyecto que introduce modificaciones al Código del Trabajo, me parece que, aun cuando se trata de un texto extenso, su discusión podría agilizarse bastante si desde ya quedara claro que se dispondrá de un plazo razonable para presentar indicaciones. Así, solamente pasaría a la Sala para discusión general, lo que tomaría un tiempo breve, tal vez una hora y media.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Su proposición, señor Senador, es muy atendible; pero la iniciativa no está todavía en tabla. Lo estará el próximo jueves, y entonces podríamos fijar el plazo de recepción de indicaciones.
¿Le parece bien a Su Señoría?
El señor THAYER.-
Perfectamente de acuerdo, señor Presidente. Me interesaba sólo que se dijera eso.
El señor VALDÉS (Presidente).- Muy bien. Se hará constar en el acta.
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Los Comités han adoptado los siguientes acuerdos:
1.-
Dejar sin efecto la "semana regional" -que habitualmente se fija para fines de mes- programada entre el 23 y el 29 de noviembre en curso, y hacerla efectiva la primera semana de diciembre.
2.-
Tratar en primer lugar del Orden del Día de la presente sesión las siguientes iniciativas, en el orden que se indica:
1°) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga anticipo de reajuste a las pensiones de los regímenes previsionales establecidos en los decretos leyes N°s 2.448 y 2.547 y a las pensiones asistenciales, y un aguinaldo de Navidad a los mismos pensionados, con informe de la Comisión de Hacienda, y
2°) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza al Estado de Chile para concurrir a crear la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía, Fomento y Reconstrucción, unidas, y de Hacienda.
A continuación se tratarán, sucesivamente, las iniciativas que aparecen en los puntos 1, 2 y 3 de la tabla de hoy.
La decisión de los Comités de despachar ahora estos cinco proyectos, implica un esfuerzo de restricción y de síntesis.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, ¿eso quiere decir que se entiende prorrogado el Orden del Día hasta el despacho de todos ellos?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Esa eventualidad estuvo en la intención de los Comités.
El señor NAVARRETE.-
Por la respuesta de Su Señoría, ¿debo suponer que la prórroga de la hora no fue materia de acuerdo de los Comités, sino que queda supeditada a lo que la Sala resuelva en el momento oportuno?
El señor VALDÉS (Presidente).-
No se consideró ese aspecto, señor Senador.
El señor NAVARRETE.- Muy bien. Gracias.
ANTICIPO DE REAJUSTE DE PENSIONES Y AGUINALDO
DE NAVIDAD PARA SECTOR PASIVO
El señor VALDÉS (Presidente).-
En conformidad a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados, originado en mensaje del Presidente de la República, que otorga anticipo de reajuste a las pensiones de los regímenes previsionales de los decretos leyes N°s 2.448 y 2.547 y a las pensiones asistenciales, y un aguinaldo de Navidad a los mismos pensionados, con informe de la Comisión de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Hacienda informa haber aprobado unánimemente la iniciativa, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados, y propone adoptar igual predicamento.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, sólo quiero proporcionar algunos antecedentes financieros acerca del proyecto.
Se trata de una modificación al sistema normal de reajuste de las pensiones de los regímenes previsionales contenidos en los decretos leyes N°s 2.448 y 2.547, en virtud de los cuales aquél se aplica cuando el índice de precios al consumidor alcanza o supera el 15 por ciento. Como en el país se ha logrado contener el proceso inflacionario y no se ha llegado aún a dicho porcentaje, el Ejecutivo, previas conversaciones con las distintas organizaciones de pensionados, estimó conveniente conceder un anticipo de reajuste -sin alterar el sistema- a cuenta de ese 15 por ciento.
Por lo tanto, a contar del 1° de diciembre próximo se otorgará un anticipo equivalente, más o menos -incluyendo el IPC que arroje el presente mes-, a 13,4 por ciento.
Ese beneficio, en el caso del sector pasivo de los regímenes mencionados, significará en diciembre un mayor gasto del orden de 7 mil 573 millones de pesos, y en el de las pensiones asistenciales, uno de 495 millones.
El proyecto contempla también -como en años anteriores- un aguinaldo de Navidad, que será de 3 mil 400 pesos para cada uno de los un millón 330 mil pensionados, y de mil 600 pesos por carga familiar, cuyo número asciende a 488 mil. Esto tiene un costo de 5 mil 302 millones de pesos.
El gasto que irroguen al Fisco el anticipo de reajuste y el aguinaldo, que totalizan 13 mil 370 millones de pesos, que será el máximo legal autorizado, se imputará al ítem correspondiente de la partida Tesoro Público, que a la fecha arroja un saldo positivo de 46 mil 568 millones de pesos.
Estas fueron las cifras que conoció la Comisión con relación a esta iniciativa, la que aprobó por la unanimidad de sus miembros.
El señor HORMAZABAL.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor HORMAZABAL.-
Señor Presidente, creo que todos respaldaremos este proyecto y ojalá no exista mayor dilación. Sin embargo, habría sido pertinente -lo dejo establecido- que, por la materia que trata, lo analizaran en conjunto las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, por las razones que explicaré a continuación.
Este tema fue abordado por diversos Parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, tanto con representantes de los pensionados como con el Ejecutivo. Las gestiones realizadas en tal sentido culminaron con la decisión del señor Ministro de Hacienda -asumida finalmente por el Gobierno- de proponer al Congreso este anticipo de reajuste.
¿A dónde va el tema principal, señor Presidente? A que la casi unanimidad del Parlamento -por lo menos, así he escuchado en los distintos Partidos- entiende que, dados los grandes éxitos que se están logrando en el manejo macroeconómico del país, resulta inadecuado mantener un sistema de reajustabilidad de pensiones ligado a un porcentaje de inflación. Mientras los sectores productivos y de trabajadores están contestes y felices, y haciendo votos para que el triunfo de la lucha antiinflacionaria nos permita llegar pronto a índices del costo de vida de un solo dígito, más de un millón de jubilados hacen votos también, ¡pero para que el IPC alcance pronto el 15 por ciento, a fin de tener acceso al reajuste!
En consecuencia, como Chile está desarrollando una política económica sana y actuando con la equidad que se requiere, debemos tratar de ajustar la normativa legal a las nuevas condiciones que se perciben para los próximos años.
Nos parece fundamental -incluso, lo discutimos, en su momento, con el Ministro de Hacienda, señor Foxley- buscar en el Congreso el consenso necesario para modificar el sistema y establecer que el reajuste se otorgará una vez al año -como lo demandan las organizaciones de pensionados- y, adicionalmente, fijar lo que se denomina una cláusula de aceleración; es decir, que si el IPC sobrepasare, por ejemplo, el 10 por ciento antes de cumplirse el año, se adelantará el pago del reajuste al sector pasivo.
Me parece adecuado hacer este planteamiento, para que los distintos sectores políticos de esta Corporación examinen el tema y hagan llegar su opinión al Ejecutivo, el que ha mostrado disposición para contemplar, sobre la base de un gran acuerdo, una modalidad distinta, de carácter permanente, para acudir en ayuda de los pensionados chilenos, cuya situación urge resolver.
En el mismo sentido, quiero señalar que lo único que hace este proyecto es anticipar el pago del reajuste. No se enmienda la disposición que preceptúa que los ingresos de los pensionados sólo se reajustarán cuando el índice de precios al consumidor alcance el 15 por ciento. Por lo tanto, se efectuará ahora este pago -seguramente será del orden de 13,4 por ciento- y el saldo que resta para enterar el 15 por ciento se cancelará cuando se cumpla este requisito legal.
Insisto: es indispensable que, por las razones expuestas, los diversos sectores políticos representados en el Parlamento estudien con el Ejecutivo el cambio de la actual modalidad de pago.
Por otra parte, llamo la atención hacia el hecho de que en esta iniciativa se incorpora a las pensiones asistenciales, que se rigen por un mecanismo de reajustabilidad anual. Se prefirió incluirlas, para adelantarles el aumento correspondiente, pero sus titulares no recibirán otro en los próximos meses. Porque no se trata de aplicar un doble reajuste, sino de que los aproximadamente 300 mil chilenos que las perciben también reciban este anticipo durante diciembre próximo.
Cabe hacer presente que el aguinaldo puede resultar, de nuevo, tremendamente menguado si uno analiza lo que su monto representa en el presupuesto de cualquier persona. Empero, no cabe duda de que el esfuerzo que implica el que su valor se haya ido incrementado por sobre el índice de precios al consumidor es una buena señal de que el país trata de dar una respuesta justa a los pensionados, que tanto lo merecen.
Por eso, señor Presidente, creo útil aprobar este proyecto por unanimidad -pienso que así será-, sin perjuicio de las prevenciones que he formulado acerca de la necesidad de iniciar un debate para establecer una modalidad de reajuste definitiva.
Eso es todo.
El señor PIÑERA.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo confirmar nuestro decidido apoyo a esta iniciativa, porque permite paliar el efecto negativo que produce en el sector pasivo un hecho que es bueno para todo el país y, en último término, también para los pensionados: la baja de las tasas de inflación. Es efectivo que esto, en el corto plazo, puede aparecer desfavoreciendo a los jubilados, porque significa postergar el reajuste de sus pensiones. Por ello, el anticipo que plantea el proyecto, en el cual se incluye a las pensiones asistenciales, es -como muy bien decía el señor Senador que me antecedió- justo y positivo.
Asimismo, quiero reiterar el argumento de que en países que, como Chile, tienen como meta alcanzar inflaciones de un solo dígito, el establecer que el reajuste de las pensiones se efectuará únicamente cuando se acumule un 15 por ciento de alza del costo de vida corresponde a épocas pretéritas, en que los IPC superaban con creces ese porcentaje. La intención del legislador de entonces fue reajustar las pensiones dos o tres veces en el año. Sin embargo, en la actualidad las nuevas tasas de inflación pueden llevar a que el mecanismo de reajustabilidad de las pensiones se aplique cada dos años.
Por lo tanto, se requiere -a mi juicio, corresponde a la iniciativa del Ejecutivo- modificar la normativa vigente que, en el caso de las pensiones normales, dispone que se reajustarán sólo cuando se acumule un IPC de 15 por ciento, y en el de las asistenciales, en enero de cada año.
Por otro lado, señor Presidente, como nos estamos refiriendo al tema de las pensiones, debemos recalcar que en diciembre de este año se completa el programa de recuperación del 10,6 por ciento de reajuste que todas ellas perdieron en 1985. Aquí no podemos confundirnos. Una cosa es el casi millón de jubilados que perciben la pensión mínima, y otra distinta los 350 mil cuyas pensiones son superiores. Todos ellos perdieron el 10,6 por ciento y es justo que todos lo recuperen.
Desde esa fecha en adelante, nuestra preocupación fundamental deberá ser continuar incrementando el valor real de la pensión mínima. No hay un instrumento de política más simple de aplicar que una ley donde exista relación directa entre el costo y el beneficio. Porque el ciento por ciento del costo del programa para aumentar las pensiones mínimas favorece directamente a los pensionados: no se enreda plata en el camino; no se requiere de burocracia; no se precisan más funcionarios públicos; no se entra en mayores gastos, porque los computadores realizan al mismo costo un cheque por 27 mil pesos -monto de la pensión mínima hoy- que otro por un valor más alto.
Por consiguiente, una ley de ese tipo es un instrumento extraordinariamente eficaz Pero, además, dado que los últimos estudios relativos a la pobreza en Chile muestran que 4 de cada 5 pensionados -precisamente los que perciben el mínimo- se hallan en la categoría de pobreza que afecta a muchos chilenos, es un instrumento que tiene gran efecto de equidad.
Lo anterior se ve corroborado por la circunstancia de que, al hacer los cálculos entre lo que esas personas aportaron al sistema previsional antiguo y el monto actual de su pensión, se aprecia que no existe ninguna proporción. La verdad es que -lo destacamos una vez más- esos pensionados son las grandes víctimas inocentes de la quiebra del antiguo sistema de previsión.
Por lo expuesto, señor Presidente, junto con anticipar que respaldaremos una modificación del mecanismo de reajuste de tales pensiones, sugiero que, dentro de las disponibilidades de los recursos públicos y de su incremento natural derivado del crecimiento económico, que es del orden de los 550 millones de dólares anuales, e igualmente, dentro de otra fuente de financiamiento que se puede explorar -como es racionalizar otros gastos públicos u obtener recursos de privatizaciones o provenientes de un mejor control tributario-, se establezca una prioridad en un programa que gradual y responsablemente permita no pensar que la recuperación del 10,6 por ciento agota la deuda moral que se tiene con los pensionados, sino considerar que ello fue solamente un primer paso.
Por esas razones, señor Presidente, nosotros anticipamos nuestro voto favorable a este proyecto de ley.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, deseo aprovechar esta oportunidad para hacer dos observaciones que me han sido planteadas por organizaciones de jubilados de Chile.
Desde luego, como es obvio, nosotros votaremos favorablemente esta iniciativa. Pero quiero señalar dos hechos. Primero, que dichas organizaciones me han expuesto que estiman de justicia que en el futuro -te-niendo en cuenta la misma cantidad de dinero que se emplea al efecto- el aguinaldo de Navidad sea igual, tanto para los empleados en servicio activo como para los pasivos. Porque -como dije- ellos consideran que esto representa un acto de mayor justicia; no significa un costo más elevado, pero sí un gesto de solidaridad, respecto de los pensionados, de parte de quienes están hoy trabajando.
Tengo información en el sentido de que próximamente se tramitará un proyecto que otorgará un aguinaldo de 11 mil pesos para los empleados públicos en servicio activo, en circunstancias de que los pasivos recibirán ahora 3 mil 400 pesos, más mil 600 pesos por carga familiar.
Esas organizaciones me han señalado que no desean que el Gobierno ponga más dinero, sino que éste sea repartido de una manera más ecuánime. Y, probablemente, ésta es una materia que podría ser estudiada por el Ejecutivo, razón por la cual la he planteado en esta ocasión.
En segundo lugar, deseo hacer presente lo siguiente. El Ejecutivo ha hecho un extraordinario esfuerzo financiero y económico para devolver a los jubilados de Chile el 10,6 por ciento de sus pensiones, del cual fueron privados por una ley dictada en el Gobierno anterior. Eso constituía uno de los puntos del programa de esta Administración; los jubilados pidieron que se diera cumplimiento a él, y ahora podemos decir, con satisfacción, que ello se hará efectivo a contar del 1° de enero de 1993, fecha en la cual todas esas personas habrán recibido su 10,6 por ciento.
Estoy absolutamente de acuerdo con parte del planteamiento que hizo el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar las pensiones mínimas. Porque no puede ser que los reajustes se apliquen en porcentajes iguales a todas ellas, toda vez que si a un jubilado que gana 350 mil pesos se le aumenta su ingreso en un 10 por ciento, recibirá 35 mil pesos, en circunstancias de que si a una persona cuya pensión de 27 mil pesos se le aumenta ésta en ese mismo porcentaje, percibirá sólo 2 mil 700 pesos, lo cual significa aumentar la brecha, y eso no es justicia. Y todos sabemos que para devolver el 10,6 por ciento al sector que percibe las pensiones más altas, constituido por el 20 por ciento de los pensionados, se necesita tres veces el dinero que se requiere para restituir igual porcentaje al 80 por ciento restante.
Señor Presidente, aprovechando el estudio de esta iniciativa, quisiera plantear un asunto en muy breves palabras: los pensionados estiman que a ellos se les adeuda el 10,6 por ciento de sus ingresos a contar de abril de 1985 y desean que su dinero les sea devuelto. Nosotros comprendemos que éste es un problema monumental, sea para el actual Gobierno como para cualquier otro; pero creemos necesario demostrar una voluntad política en orden a buscar un acercamiento hacia los jubilados, a fin de solucionar el problema.
Deseo dejar consignado este hecho para que en el futuro nos preocupemos de llevar hacia el espíritu de todos los jubilados de Chile la declaración enfática de que tanto el Ejecutivo como el Parlamento están inquietos, al menos, por el tema, no con el objeto de lograr una solución inmediata, sino para explorar algunas soluciones que en cierta manera pudieran ser factibles.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, seré muy breve. Sólo deseo dejar constancia de que a los miembros de la Comisión de Trabajo nos hubiera gustado que este proyecto pudiera haberse tramitado en dicha Comisión, como siempre ha sido la norma, con el objeto de que hubiésemos tenido la oportunidad de conversar con los Ministros de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social sobre los temas que han anunciado algunos Honorables colegas, los que en más de una ocasión hemos tratado en forma directa con personeros de Gobierno. Porque es bueno que estas materias sean vistas acá en el Parlamento y que se busquen algunas soluciones.
Cabe señalar que, en primer lugar, celebramos el esfuerzo del Gobierno por atender la petición que hicieron distintos señores Parlamentarios -entre los cuales se incluye el Senador que habla- en el sentido de que se enviara un proyecto de ley para anticipar el reajuste, puesto que éste iba a ser concedido recién en enero o febrero de 1993. En segundo término, deseo manifestar que habría sido de nuestro agrado el otorgamiento de un aguinaldo mayor al que se viene ofreciendo. Y ésta es una antigua solicitud de las distintas instituciones de pensionados y jubilados que existen en el país. En tercer lugar, quisiera destacar lo que dijimos el año pasado respecto de los pensionados -sobre todo tratándose de los que ganan sólo de 18 a 20 mil pesos-, a quienes, además, se les aplica un descuento de 7 por ciento para FONASA, situación que, a nuestro juicio, no puede seguir dándose en el futuro. Creemos que, por lo menos, debería eliminarse de ese pago a las personas que por muchos años han financiado las Cajas.
Por tal motivo, considero conveniente que más adelante se lleve a cabo una sesión -y tal vez podría ser en la Comisión de Trabajo- en la cual los señores Senadores puedan conversar con el Ministro del ramo, señor Cortázar, como también con el de Hacienda, a fin de que analicemos la manera de seguir avanzando en la entrega de un mejoramiento más sustancial para los pensionados y jubilados del país.
Por último, debo hacer presente que el proyecto presentado por el Gobierno es auspicioso y constituye un gran avance en la materia, razón por la cual le damos pleno respaldo.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Seré muy breve, señor Presidente. Sólo deseo decir que votaremos favorablemente esta iniciativa por los argumentos que se han dado y especialmente por cuanto la norma consistente en un reajuste vinculado al porcentaje de inflación favorecía a los pensionados cuando se llegaba a índices anuales sobre el 15 por ciento. Sin embargo, hoy día esto se ha convertido en una discriminación.
El año pasado planteamos -y ahora lo volvemos hacer- el problema del desnivel que se produce en los aguinaldos que se otorgan a los sectores pasivo y activo. Y queremos reiterar lo sostenido en aquella oportunidad, en el sentido de que, en nuestra opinión, en el futuro debería haber una política tendiente a acercar esos montos, para evitar una arbitrariedad que no se justifica. Por lo tanto, me sumo a las voces de los señores Senadores que han planteado la necesidad de lograr un sistema que establezca aguinaldos equivalentes para esos sectores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, quiero señalar solamente lo siguiente: lo que en algún momento pareció un muy buen sistema de cálculo para reajustar las pensiones -vale decir, que éstas se incrementaran automáticamente cuando el IPC llegara al 15 por ciento-, hoy día, como consecuencia del adecuado funcionamiento de la economía del país, resulta, al parecer, inapropiado. En efecto, felizmente se ha previsto que dicho índice no alcanzará el 15 por ciento anual, situación que, aplicando tal sistema, significa postergar el reajuste de las pensiones.
Por eso, aprovecho el estudio de este proyecto de ley -como se ha señalado, hay consenso en el Senado para despacharlo favorablemente- para mencionar que sería conveniente analizar un sistema de cálculo distinto, el que podría ser sobre la base de una estimación del IPC, en vez de esperar que dicho índice llegue a la barrera de 15 por ciento, como sucede en la actualidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, Honorables colegas, anticipo el voto favorable de los Senadores de estas bancas al proyecto que se discute, en atención a las razones que se han expuesto y que son de plena justicia.
Aunque ésta no es la oportunidad de sostener un debate más amplio, deseo hacer dos o tres consideraciones para dejar una inquietud en esta Corporación sobre los regímenes que se puedan aplicar en materia de reajuste de pensiones.
Cabe señalar que el establecimiento de la reajustabilidad de las pensiones tuvo como propósito que los jubilados recibieran una suma que mantuviera siempre su valor adquisitivo. De ahí que, en contra de lo que sucedía antes, en el sentido de que este incremento, por la vía de la perseguidora, sólo se aplicaba a una parte de aquéllos, sin que el resto tuviera ese derecho -eso obligaba a leyes especiales-, durante el Gobierno anterior se estableció un sistema de reajustabilidad que permitiera mantener el mismo valor que tenía la pensión al momento de otorgarse.
En 1985, como consecuencia del terremoto, y en atención a que el producto per cápita del país había bajado sustancialmente, se estimó que, dentro del ánimo de sacrificios compartidos, podía ser justo rebajar las pensiones o no reajustarlas, por las condiciones económicas imperantes, al igual que al resto de los empleados públicos. Y lo mismo sucedió con el sector privado.
Por lo tanto, señor Presidente, es digno de considerar que en el futuro -y en esto concuerdo con algunos aspectos señalados en esta Sala- puede resultar injusto que si el país logra mantener un ritmo de crecimiento importante y también un aumento relativamente interesante del producto per cápita, no se busque una fórmula para que esa mayor riqueza del país llegue a los pensionados. Como, probablemente, esa fórmula significaría un alto costo en caso de que se la aplicara a todos los jubilados, correspondería beneficiar por lo menos a quienes tengan ingresos muy bajos, los que, sin duda, son insuficientes.
Creo digno -repito- de considerar ese aspecto, porque si logramos las metas a que aspiramos llegar -y éstas, en algunos casos, hacen presumir que en un lapso de 10 ó 12 años podría duplicarse la renta per cepita-, resultaría absolutamente injusto mantener las pensiones bajas, impidiendo a sus beneficiarios participar de alguna manera en el desarrollo íntegro del país.
A este respecto, es útil señalar que la recuperación del 10,6 por ciento para los jubilados es inferior al aumento que ha tenido la rentabilidad per cápita desde 1990 hasta la fecha. Y no podemos olvidar que esa inmensa masa de pensionados también forma parte del país y, en cierta forma, debe compartir su suerte, especialmente cuando hay períodos de mayor prosperidad.
De ahí que, estando de acuerdo con los puntos de vista en que se apoya este proyecto -respecto del cual no cabe sino aprobarlo o rechazarlo, porque no podemos mejorarlo-, y alegrándonos de que se dé algún paso en esta materia, dejo planteada esa inquietud, por cuanto me parece que si aspiramos a ser un país que crezca, este crecimiento debe ser para todos. Quienes están en actividad pueden lograrlo a través de remuneraciones en su trabajo; no así los que se encuentran en retiro.
En consecuencia, sería interesante considerar de alguna manera -al menos para las pensiones más bajas- el aumento del producto per cápita que alcance Chile.
Señor Presidente, termino reiterando que vamos a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No habiendo ningún otro señor Senador que desee hacer uso de la palabra, si le parece a la Sala, la iniciativa se aprobaría en general y en particular.
Aprobada.
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA-CHILE
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En segundo lugar, los Comités acordaron tratar el informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Economía, Fomento y Reconstrucción, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza al Estado de Chile a participar en la creación de la Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile. La Comisión de Hacienda, por su parte, recomienda aprobar la iniciativa en la forma en que lo hicieron aquéllas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10a, en 14 de julio de 1992.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores y Economía, unidas, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.
Hacienda, sesión 11a, en 17 de noviembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente que se encuentra en la Sala el señor Ministro de Economía subrogante, don Alvaro Briones, a quien doy la bienvenida.
En discusión general la iniciativa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía.
El señor BRIONES (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Señor Presidente, como es sabido, una de las áreas de acción prioritarias del Gobierno en la perspectiva de impulsar el desarrollo empresarial dice relación con el fomento del desarrollo productivo y con el incremento de las relaciones e intercambios entre Chile y nuestros principales socios comerciales. En ambos casos, el esfuerzo contribuye a abrir importantes espacios para que el sector privado aumente al máximo sus potencialidades.
El proyecto que se somete a la consideración del Honorable Senado apunta a la creación de una entidad que puede llegar a constituirse en instrumento principal de apoyo, tanto al desarrollo productivo de nuestra economía como a nuestras relaciones económicas internacionales.
Solicitamos autorizar al Estado de Chile para concurrir a la formación de una fundación autónoma, que se llamará "Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile", cuyo objeto, según lo dispone el artículo 1° de la iniciativa, será "promover y fortalecer la cooperación económica e industrial y la transferencia de tecnología entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chile, mediante el establecimiento y administración de líneas y proyectos que permitan aumentar la capacidad de gestión, innovación, formación de personal, producción y comercialización de las empresas nacionales.".
La Fundación realizará actividades que deberán responder a necesidades reales de las empresas chilenas, trabajando en estrecho contacto con la Comunidad Europea. Asimismo, se abocará a la transferencia de tecnologías; a la difusión de información técnica, económica y financiera; a la capacitación de instructores técnicos y al desarrollo de aptitudes empresariales en la juventud; a la coordinación de acciones para la modernización productiva de nuestras pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicio, y a impulsar la colaboración y los negocios entre empresas europeas y nacionales.
La creación de la Fundación se inscribe en el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Europea y Chile, el cual concede gran importancia a la cooperación técnica y económica y ofrece a nuestro país la posibilidad de ser el primero en recibir las ventajas de lo que la Comunidad llama "cooperación de tercera generación", esto es, aquella que se establece en un plano de igualdad, con beneficio mutuo y haciendo factible realizar negocios.
Como esta Honorable Corporación sabe, el mercado comunitario, de 342 millones de habitantes, ya representa un cuarto del comercio y un quinto del producto mundial. La Comunidad Europea es el principal socio comercial de Chile dentro del marco de un comercio en permanente expansión. Cabe recordar que durante el año recién pasado el 25,6 por ciento de nuestro intercambio comercial global correspondió al que mantuvimos con esa entidad, la que, igualmente, constituyó el principal destino de nuestras exportaciones, recibiendo el 31,8 por ciento de ellas.
La Fundación Empresarial que se propone permitirá englobar, en un solo instrumento, la capacidad de impulsar el comercio con la Comunidad Europea y la capacidad de contribuir a una modificación de nuestra estructura de producción que enriquezca tales intercambios, situando a nuestras exportaciones, sobre la base de las posibilidades que la transferencia tecnológica y la capacidad empresarial abrirán, progresivamente en el ámbito de los productos manufacturados y de servicios.
Me voy a referir en seguida, señor Presidente, a las características principales de la Fundación Empresarial.
En primer lugar, dirigirá su acción de transferencia tecnológica a la pequeña y mediana empresas, segmento donde se observa una importante brecha entre su actual nivel técnico operativo y el que es posible apreciar en las empresas modernas del mismo rubro.
En segundo término, operará, preferentemente, como un organismo de segundo nivel, privilegiando el papel de articulador, coordinador y promotor de iniciativas y aprovechando al máximo las capacidades de entidades ejecutoras, cuerpos especializados y empresas existentes tanto a nivel nacional como de Comunidad Europea para la realización de acciones de apoyo directo.
Por otra parte, pondrá especial énfasis en la defensa de iniciativas que surjan en regiones, potenciando sistemas integrados de producción localizados en ellas. Para tal efecto, contará con un mecanismo descentralizado de detección de oportunidades.
Finalmente, apoyará la integración regional de América Latina, favorecida por la localización en Chile de la sede de la CEPAL y de otros importantes organismos económicos internacionales.
Señor Presidente, tanto el sector privado como las instituciones con que colaborará la Fundación participaron activamente en la preparación del proyecto.
Para la definición de los objetivos, la selección de las actividades prioritarias, la determinación de la estructura legal y organizativa propuesta y, en general, para todas las variables críticas fueron consultadas, entre otras, las siguientes instituciones: la Confederación de la Producción y del Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados No Tradicionales (ASEXMA), la Asociación de Industriales de la Madera, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, la Asociación Gremial de Industriales Químicos, la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, la Corporación Chilena de la Madera, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, el Servicio de Cooperación Técnica, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago y la Universidad Técnica Federico Santa María.
Para terminar, señor Presidente, deseo expresar el agradecimiento del Supremo Gobierno por el amplio respaldo y apoyo que el proyecto ha recibido de todos los sectores durante su tramitación legislativa
En efecto, fue aprobado por unanimidad en las Comisiones técnicas de ambas Cámaras, donde fue estudiado y enriquecido. Es necesario destacar, en este aspecto, el trabajo realizado por las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Economía del Honorable Senado.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, el amplio informe del señor Ministro de Economía subrogante me ahorra referirme a los aspectos más salientes del proyecto. Por ello, me circunscribiré sólo a las materias de interés para el Senado en relación con la forma en que se ha tramitado.
El propio Gobierno y las Comisiones unidas estimaron necesario aclarar algunos puntos que podían crear dudas en cuanto al alcance de la iniciativa, a su aplicación práctica y a la posibilidad de que llegara a constituir una forma de establecer una burocracia oculta.
Al margen de las consideraciones técnicas que menciona el informe -a las cuales se referirá seguramente la Honorable señora Feliú-, algunos integrantes de las Comisiones unidas plantearon inquietudes en el sentido de que los objetivos de la Fundación, indicados por el proyecto, sirvieran de resquicio para que ésta se convirtiera en un organismo que compitiera con actividades comerciales y privadas, en general, o de alguna manera excediera su ámbito propio y los fines que claramente se le señalan.
Existe plena coincidencia en que es tremendamente importante para Chile cooperar con las llamadas "PYME" (pequeñas y medianas empresas), en especial en lo relativo a exportar. Bien sabemos que estas instituciones, tan importantes para la estabilidad social, por sus propias limitaciones de orden económico y su porte, enfrentan muchas dificultades para acceder a los mercados externos. De allí que la oportunidad de que la Comunidad Europea haga aportes de dinero y, más que eso, aportes técnicos para facilitar la labor de la pequeña y mediana industria, aumentando su capacidad de gestión, de administración, de innovación y de formación de personal, no puede desaprovecharse.
No obstante que, desde un punto de vista doctrinario, podría objetarse que el Estado realizaría, por vía indirecta, una función que normalmente no le es propia, aun reconociendo que esta posibilidad existe, pensamos que el hecho de que la Comunidad Europea se interese, específicamente, en favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional y su acceso a los mercados, otorgándole dinero y respaldo técnico, representa ventajas que no pueden desperdiciarse. Es una coyuntura que Chile, país en vías de desarrollo, debe necesariamente aprovechar en toda su magnitud.
Deseo destacar que el Gobierno, acogiendo observaciones encaminadas a precisar los objetivos de la Fundación y a evitar el exceso de burocracia de este organismo y que los beneficios otorgados a sus funcionarios llegaran más allá de los estrictamente necesarios, formuló indicaciones con el objeto de prevenir esos riesgos. En efecto, tal como aparece hoy el texto de la iniciativa, no más de cuatro extranjeros gozarán del régimen propio de funcionario internacional, no pudiendo extenderse los beneficios a un mayor número de ellos o a los empleados chilenos.
En las Comisiones se hizo ver que la única posibilidad de que el organismo contara con funcionarios europeos de alto nivel que se interesaran en venir a Chile, fundamentalmente gerentes de grandes empresas, era dándoles el status que tienen los representantes de organismos internacionales, porque, de lo contrario, ello no sería posible. Y, al limitarse a cuatro el número de estos funcionarios, creo que evitamos todo riesgo de abuso a este respecto.
La precisión de objetivos y la declaración -de la cual se dejó constancia expresa en el informe- en el sentido de que la Fundación de ninguna manera realizará actividades comerciales por sí misma ni competirá con ellas, sino que impulsará el desarrollo de la pequeña y mediana industrias y facilitará la creación de centros de estudio y de capacitación, son elementos que justifican la aprobación del proyecto.
Se debatió si el organismo será privado o público. Tal como se señaló, desde un comienzo la Comunidad Europea puso como condición que su ayuda no la otorgaría a una entidad pública, sino a una de carácter privado. De ahí que, al margen de cualquier otra consideración, se dio esta última calidad a la Fundación, la que, en consecuencia, no estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni a las exigencias propias de organismos estatales o paraestatales.
Si bien es cierto que se aportan recursos fiscales, ello se hace por una sola vez -probablemente en etapas-y con una suma establecida de 6 millones de ECU, que equivale aproximadamente a 7 millones y medio de dólares, cantidad igual a la que, por su parte, corresponde entregar, en el fondo, como donación, a la Comunidad Europea. Estos recursos están destinados fundamentalmente a crear un capital cuya renta permita mantener la citada Fundación, que no será burocrática, sino que servirá de enlace entre -como lo ha explicado el señor Ministro- las organizaciones empresariales chilenas que han cooperado en la preparación de este proyecto y diversos organismos de Europa, a fin de detectar los posibles mercados y llegar a ellos, sin perjuicio, obviamente, del significado que tiene el aporte técnico de la Comunidad Económica Europea, dado el alto nivel que en ese aspecto exhiben los países que la forman.
Tal como se ha señalado, el inciso final del artículo 4°, que regula el ejercicio de la seguridad social, debe aprobarse con quórum calificado, y el inciso primero del artículo 6° reviste el carácter de ley orgánica constitucional, por eximir de la supervigilancia de la Contraloría General de la República -organismo habitualmente encargado de ejercerla- a la Fundación que se crea, que quedará sujeta al control y fiscalización del Ministerio ;de Justicia, con lo cual se podrá impedir cualquier tipo de abusos.
Estimo que las amplias explicaciones que se dan en el informe, más las palabras del señor Ministro, justifican plenamente la conveniencia de aprobar este proyecto, cuya urgencia se ha puesto de manifiesto, debido a que existe un plazo para utilizar los recursos que la Comunidad Económica Europea ha puesto a nuestra disposición, y, además -repito-, porque Chile no puede despreciar esta gran oportunidad para favorecer el desarrollo, especialmente a nivel exportador, de sus pequeñas y medianas industrias.
Por lo tanto, votaremos favorablemente la iniciativa, que espero que sea despachada con prontitud por los motivos que he señalado.
He dicho.
La señora FELIU.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DIEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.
La señora FELIU.-
La exposición, detalladísima, del señor Senador que me precedió acorta mucho la mía. Su Señoría ha apuntado a todos los problemas de interés para las Comisiones unidas.
Señor Presidente, la situación que a mi juicio se presenta se relaciona con el hecho de que en virtud del proyecto de ley en estudio se autoriza al Estado para concurrir a la formación de una fundación de derecho privado; esto es, de una entidad que la doctrina del Derecho Administrativo incluye en lo que se conoce como "Administración invisible del Estado". Se trata de entidades que se financian con recursos públicos -de todos los chilenos-, que se encuentran en el Presupuesto de la Nación, pero que se manejan y gobiernan como instituciones privadas.
Sobre ese tema se discutió ampliamente en las Comisiones unidas -y primero en la de Economía-, y, finalmente, aprobamos la idea de legislar sobre la base de que, en realidad, estábamos en presencia de la creación de una entidad de absoluta excepción. Y digo de absoluta excepción porque el Gobierno de Chile aporta para tal efecto 6 millones de ECU, cantidad similar a la que entrega la Comunidad Económica Europea, con la que no se habría llegado a un acuerdo, sin embargo, de no mediar el carácter de organismo de derecho privado de la Fundación.
Por consiguiente, señor Presidente, concurriré a apoyar la iniciativa en el entendido de que se trata de un caso absolutamente de excepción -repito-, que se fundamenta en el planteamiento hecho por la Comunidad Económica Europea de crear una entidad de derecho privado para recibir los recursos que ella dona.
Uno de los aspectos importantes del proyecto, entre otros, es el de que la Fundación -como ya se ha recordado- de ningún modo emprenderá actividades por su cuenta, sino que siempre actuará como entidad puente o de enlace, a fin de impulsar el desarrollo y la promoción de tecnología extranjera para las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, señor Presidente, en cuanto a la fiscalización, la verdad es que resulta muy difícil que la Contraloría General de la República la efectúe en forma normal, atendida la calidad de fundación de derecho privado que tendrá el organismo que nos ocupa. Por esa razón se entrega ese cometido al Ministerio de Justicia.
Por todas estas consideraciones, votaré favorablemente el proyecto.
El señor ALESSANDRI.-
Pido la palabra.
El señor DIEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, solamente deseo sumarme a las opiniones en favor de la iniciativa en discusión, que tiene gran importancia, dadas las relaciones que se establecen entre la Comunidad Económica Europea y el elemento productivo de Chile.
El sector privado nacional, en su totalidad, estaba muy interesado en este proyecto, porque, indudablemente, constituye una ayuda considerable para las pequeñas y medianas industrias, a las que justamente hay que desarrollar para elevar la actividad económica y absorber la cesantía.
Como lo han manifestado diversos señores Senadores, esta entidad privada proporcionará, sobre todo, asesoría y transferencia de tecnología a las pequeñas y medianas empresas, pero no ejercerá ninguna función productiva. También podrá servir de puente para eliminar algunos obstáculos que se les presenten a las exportaciones de productos chilenos a la Comunidad Económica Europea, dado que ésta financiará la mitad de los recursos de la Fundación.
Por lo tanto, creo que las ventajas para Chile son de una evidencia absoluta, y solicito al Senado que aprobemos la iniciativa -ojalá, por unanimidad- lo antes posible, para que no perdamos el quórum.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Papi.
El señor PAPI.-
Concuerdo con mis Honorables colegas en la clara conveniencia de un organismo como el que se crea. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, se trata de una figura bastante curiosa, porque la entidad quedará sujeta a una suerte de doble tuición, de parte del Ministerio de Justicia y del de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Pero el punto que más me inquieta -el Senador señor Urenda explicó con precisión una de mis dudas: por qué se procede de esta manera- y que deseo consultar al señor Ministro dice relación a cómo el Gobierno piensa cautelar el uso adecuado de estos recursos públicos, que no son poco significativos, si en la práctica no ejercerá ninguna tuición de carácter directo. Porque no podemos olvidar que estamos hablando de recursos públicos, y, en consecuencia, alguna responsabilidad sobre su buen uso debe tener la autoridad.
Esa es mi consulta concreta, señor Presidente
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor BRIONES (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Señor Presidente, deseo hacer presente, en primer lugar, que los recursos que el Estado chileno destinará a incrementar el patrimonio de la Fundación se entregarán por una sola vez, aunque en tres etapas, de modo que no constituirán parte del Presupuesto de la Nación. Y estarán destinados a servir de base para la renta que permitirá el funcionamiento de la entidad.
La autonomía que este organismo necesariamente debe tener -co-mo han manifestado algunos señores Senadores- es justamente una de las garantías que nos estamos dando para que se concrete el mejor cumplimiento de sus actividades. Al consistir su objetivo principal en poner en contacto a empresas chilenas con las de la Comunidad Económica Europea, requiere que sea dotado de los mayores grados de flexibilidad, los que deben ser, por lo menos, equivalentes a los de las entidades con las cuales operará. Esa es la razón por la que el Gobierno ha estimado necesario -y así lo ha comprendido el Honorable Senado- que la entidad tenga libertad para funcionar, sobre la base de un sistema de utilización de recursos fundado en la calidad de su propia gestión. Es ésa la medida en que la Fundación va a prosperar y a materializar la finalidad que se persigue.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, ¿me permite formular una consulta al señor Ministro?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Solamente con ese propósito, Su Señoría, porque hay otros señores Senadores inscritos para intervenir.
El señor LARRE.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Quisiera que el señor Ministro nos informara acerca del concepto que tiene el Ministerio respecto de otorgar a las regiones una instancia de participación en la Fundación, ya que la iniciativa plantea que ésta centrará su actividad principal en ellas, pero no establece cuál será el modus operandi que aplicará. Y tampoco lo hace el informe de las Comisiones unidas.
El señor BRIONES (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción subrogante).-
Señor Presidente, como señalé antes, la principal actividad de esta Fundación es servir de vínculo para contactos entre las empresas chilenas -las pequeñas y medianas, que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país- y las empresas europeas. Para los efectos de canalizar esta función, se ha determinado formar entidades denominadas "antenas", localizadas en cada una de las regiones, y cuyo objetivo consistirá en detectar necesidades emanadas del sector productivo regional y transmitirlas a la vía de información con la Comunidad, que será la Fundación, y recibir, igualmente, los estímulos que ésta última ofrezca para el ámbito local. Se tratará de instituciones publicas o privadas, de reconocida aceptación y legitimidad entre el empresariado regional, que pueden ser universidades, corporaciones empresariales u otras.
Ese es el mecanismo dispuesto para tal efecto.
El señor DIEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Está inscrito antes el Honorable señor Otero.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, solamente deseo señalar que votaremos favorablemente este proyecto, ya que cuando el Ejecutivo lo presentó formulamos algunas observaciones que conversamos directamente con el Ministro del ramo y que posteriormente originaron correcciones en las Comisiones unidas, donde se logró una aprobación por unanimidad.
Por haber sido resueltos los reparos que expresamos con relación al texto que fue enviado en primer término, nos alegra profundamente que, una vez más, hayamos dado muestras de que dialogando y buscando el interés nacional se puede llegar al consenso en una Comisión y en la Sala.
Creemos que esta proposición de ley es extremadamente importante, que la forma en que está redactada satisface a los Parlamentarios de todos los sectores, que está más allá de cualquier idea partidista y que realmente va en beneficio del desarrollo y del futuro de la pequeña y mediana empresas del país.
Al mismo tiempo, coincido con los planteamientos de Honorables colegas de mi Partido en cuanto a que tal vez sería conveniente referirse específicamente a la integración del Consejo Superior Directivo con la participación regional; pero eso es una materia que tratará el señor Senador que ha efectuado la indicación correspondiente.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, estimamos que con la aprobación de este proyecto de ley se crea una institución sumamente útil para el desarrollo de la nación y acorde con una manera moderna de visualizar las cosas, de derrotar viejos prejuicios que delimitan acciones tendientes a formar entidades novedosas, activas, emprendedoras y llenas de iniciativa.
Nos parece conveniente que los consejeros del organismo no vayan a percibir remuneraciones, sino solamente la compensación de los gastos que les irrogue el desempeño del cargo. Pienso que de esa manera se consigue que personas de gran capacidad y preparación entiendan esto como un camino para iniciar una obra de bien público, que será muy fecunda, porque, evidentemente, su acción se multiplicará muchas más veces de las que uno se imagina al crearla.
Y el capital con que se dota a esta Fundación, de ser bien administrado, va a poder sobrevivir -e incluso, traducirse en que se acreciente el patrimonio- si ella sigue los ejemplos de otras entidades que se han constituido en forma similar con anterioridad, tal como se señala en el informe de las Comisiones, y que configuran un gran precedente.
No obstante lo anterior, he formulado una indicación en conjunto con el Honorable señor Larre -espero que sea aprobada por unanimidad en la Sala, a fin de que el proyecto no deba volver a Comisión-, la que es muy simple. Consiste en disponer en el artículo 6° que dos de los cuatro consejeros que nombra el Presidente de la República deban estar vinculados a asociaciones gremiales de carácter regional. Ello, para ligar desde el Consejo de la Fundación a las actividades de la producción de cualquier Región del país. De este modo, si bien es cierto que el Presidente de la República está obligado a nombrar personas vinculadas a las asociaciones mencionadas, puede elegir con libertad de entre éstas -no se le señala ningún marco- a las que representen mejor la orientación que el Consejo quiera dar a la Fundación.
En consecuencia, señor Presidente, la indicación propone agregar en el inciso segundo del artículo 6°, a continuación de la frase "y los otros cuatro por el Presidente de la República de Chile", seguida de coma, la expresión "dos de los cuales deberán estar vinculados a organismos gremiales regionales.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, naturalmente, voy a aprobar este proyecto, por las múltiples razones que, muy clara y brillantemente, se han dado. Sólo deseo hacer un comentario respecto del artículo 4° -y llamo la atención del Senado sobre este punto-, que se refiere a la condición laboral.
No existe ningún problema con la calidad de los trabajadores que prestarán servicios en esta Fundación. Muy por el contrario, ella queda claramente establecida en el inciso primero. En cambio, me parece que los incisos segundo y tercero constituyen normas absolutamente sui géneris.
No se trata de los miembros del Consejo. Me refiero a la situación de cuatro trabajadores de nacionalidad extranjera, que podrán prestar servicios en-cargos directivos o de supervisión, en forma permanente y rentada, los cuales quedarán absolutamente al margen de toda prestación u obligación de carácter previsional, social o de salud. Esto es bastante contradictorio con toda la normativa del Código del Trabajo, de salud pública y de seguridad social, en general.
Hay dos alcances que sería conveniente hacer a esta disposición, a fin de subsanar todo posible conflicto. El primero se refiere al tercer inciso. Cuando éste dice que las cuatro personas de nacionalidad extranjera no estarán afectas a ningún régimen previsional en Chile, debe entenderse que sí estarán protegidas por uno en el exterior.
El otro alcance dice relación con el inciso segundo, que establece que "No más de cuatro personas podrán gozar al mismo tiempo de este beneficio" -se refiere al hecho de regirse, "mutatis mutandi", por las normas que existen para el personal de CEPAL-, lo cual se hará constar en el contrato respectivo. Quisiera entender que éste será un contrato a honorarios o civil, y no un contrato de trabajo, porque, de no ser así, nos podría crear un precedente bastante complicado. Aun si éste fuera el caso, el proyecto es de tal importancia que a mi juicio debemos respaldarlo. No obstante, creo que sería preferible que se tratara de personas remuneradas no regidas por un contrato de trabajo, sino por un contrato de honorarios, con lo cual se salva un problema delicado, desde el punto de vista del Código del Trabajo, y, en cierto modo, también desde el punto de vista de la Constitución.
La señora FELIU.- Su Señoría tiene toda la razón.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NUÑEZ.-
Señor Presidente, deseo anunciar nuestra disposición favorable a la aprobación de este proyecto de ley, además de hacer una pequeña reflexión que creo importante.
Junto con el Senador señor Ríos, tuve la oportunidad de participar en la reciente visita que el Presidente de la República realizó a Europa, donde pudimos conversar muy activamente con una serie de funcionarios de la Comunidad Económica Europea que han impulsado diversas iniciativas favorables a Chile. Y, en lo relacionado con cuál es el papel que actualmente puede jugar este tipo de fundaciones, nos pareció altamente relevante que pudiera materializarse una iniciativa de esta especie en nuestro caso, por cuanto todas las experiencias que se han realizado hasta ahora permiten concluir que la Comunidad Europea puede ayudar en cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales para los países en desarrollo y para los que, como Chile, requieren una constante innovación tecnológica. Ellas son, a lo menos, cuatro:
1.-
La formación constante de cuadros técnicos que permiten ir conociendo las características del nuevo mercado internacional que se empieza a estructurar en el mundo.
2.-
La posibilidad de generar intercambios permanentes entre científicos y profesores, que pueden ir ayudando al proceso productivo.
3.-
La innovación productiva y tecnológica en frentes sensibles, y
4.-
La generación de intercambios permanentes y muy ágiles, que van más allá, incluso, de lo que pueden hacer las embajadas.
Tengo un gran reconocimiento por la labor de nuestras representaciones en el exterior, y no me cabe duda de que ella es muy importante en el intercambio comercial o en el establecimiento de relaciones permanentes con diversas entidades de los países en que se desempeñan. Pero este tipo de fundaciones tienen la virtud de que están en continua actividad, a fin de cumplir con el objetivo que les está fijado por ley.
Por estas razones, y porque, en mi opinión, el proyecto constituye un paso más en la perspectiva de la modernización real de nuestra economía, votaremos afirmativamente.
Muchas gracias.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, deseo manifestar nuestra complacencia con el proyecto en debate y señalar, ante la indicación que ha formulado el Senador señor Díez, que existe la necesidad de despacharlo a la brevedad, porque, en caso contrario, se corre el riesgo, incluso, de perder los recursos contemplados para echar a andar la Fundación.
Ahora, hay dos maneras de abordar la inquietud respecto de una participación mayor o menor de las Regiones. Una es, ciertamente, dejar consignada en la ley la indicación del Honorable señor Díez, pero otra pudiera ser alcanzar un acuerdo unánime de la Sala para solicitar al Ejecutivo, sobre la base de que ha dado muestras reiteradamente de querer avanzar en la descentralización y regionalización del país, que considere la posibilidad de nombrar a dos personas de Regiones para constituir el Consejo. De esta forma, el proyecto podría ser despachado en esta sesión, evitándose un tercer trámite.
Nada más.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente que el proyecto debe ir de todas maneras a la Cámara de Diputados, de modo que sugiero votar la indicación, lo que no lo atrasará.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Senador señor Palza. Es preciso recordar que, además, deberán dictarse los estatutos, y, a lo mejor, se podría establecer en ellos lo que sugiere el Honorable señor Díez, sin necesidad de que modifiquemos el texto. En consecuencia, el Senado podría recomendar que cuando deban aprobarse se señale cuál será la condición o la calidad que deberán tener los directivos que nombrará el Gobierno de Chile.
El señor VALDÉS (Presidente).- Esa es otra alternativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZABAL.-
Señor Presidente, algunos miembros de la Corporación hemos estado buscando una solución a este problema. Como el Consejo Superior Directivo va a estar integrado, inicialmente, por ocho personas, las que después podrán escoger, por unanimidad, cuatro adicionales, hemos explorado la posibilidad de que, de éstas, tres fueran de Regiones. Es una alternativa tan lícita y apropiada como la otra. Con este procedimiento, podría incorporarse una persona del norte, otra del centro y una tercera del sur.
Sin embargo, como lo mejor es enemigo de lo bueno, cabría aprobar por unanimidad la indicación del Senador señor Díez, estableciendo que solamente uno de los cuatro miembros que designe el Presidente de la República deberá ser de Regiones. He consultado, también, la opinión del señor Ministro, quien me ha hecho ver que en esta fase podría aceptar esa solución.
El señor ZALDÍVAR.-
De acuerdo.
El señor DIEZ.- Peor es nada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En, realidad, se discute si uno o dos de esos integrantes deberán ser de Regiones. No puedo dejar de manifestar mi sorpresa respecto de una diferencia de esa índole; pero, si le parece a la Sala que es mejor determinar uno,...
El señor NUÑEZ.-
Excúseme, señor Presidente. No veo razón para que lleguemos a ello. La indicación es verdaderamente interesante...
El señor DIEZ.-
Al hacerla, pensaba en que podría elegirse uno del norte y otro del sur.
El señor NUÑEZ.-
Exactamente. O bien, pueden provenir de dos actividades relevantes, pues el país felizmente las tiene. En cambio, la designación de una sola persona podría ser mucho más difícil.
El señor DIEZ.-
Votemos, señor Presidente.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, tendría que precisarse cuál es el punto de referencia. Si se trata de la Región Metropolitana,...
El señor DIEZ.-
La indicación no dice nada.
El señor DÍAZ.-
Pero esto debe aclararse, señor Senador. Al hablar del sur, uno imagina inmediatamente cierta zona, a partir de Angostura... Debe, pues, establecerse que dos miembros serán de la Región Metropolitana, y que, de los restantes, uno provendrá del norte de ella y el otro del sur, a fin de que no se excluya ninguna Región. ¡Y señalo esto porque alguna razón tengo para hacerlo, señor Presidente...!
Muchas gracias.
El señor LARRE.-
De acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Para ir por orden, podríamos dar por aprobados los artículos que no han sido objeto de indicaciones, dos de los cuales requieren quórum especial. El artículo 4° debe ser aprobado con quórum calificado...
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Respecto del artículo 4°, a mi juicio sería interesante, para no complicar las cosas, acoger la sugerencia manifestada por el Senador señor Alessandri, para el efecto de que, por ejemplo, en la reglamentación de los estatutos de la Fundación quede constancia de que no estarán regidos por el Código del Trabajo los extranjeros a que la norma se refiere. Porque eso es muy fácil decirlo. Una ley puede indicar que una persona está o no sujeta a ese Código, pero si establece que lo está y además se aplican normas discriminatorias, se enreda tremendamente la legislación.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Lo que ocurre es que en la discusión del proyecto quedó en claro que esos funcionarios forman parte del personal de la Comunidad Económica Europea, que tiene su propio régimen previsional y de salud y que se relaciona con ese organismo a través de un contrato de trabajo.
Por consiguiente, se puede dejar constancia en la historia de la ley, para los efectos que señala el Senador señor Thayer, de que dichas personas no están sujetas a obligaciones de carácter previsional y de salud, por cuanto tienen su propio sistema.
El señor THAYER.-
Estoy absolutamente de acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).- Queda así, por lo tanto, aclarada la. situación.
-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del inciso final del artículo 4° (quórum calificado) y del inciso primero del artículo 6° (quórum de ley orgánica constitucional), de que en cada oportunidad se pronunciaron favorablemente 29 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde debatir la indicación formulada al inciso segundo del artículo 6°, respecto de la cual el Honorable señor Hormazábal propondrá una solución alternativa.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, hemos tratado de establecer una modalidad que recoja el sentir de todos los señores Senadores y no origine una discusión que afecte el fondo del asunto.
Hasta el momento, podríamos llegar a un acuerdo, casi de consenso, en los siguientes términos: mantener la idea en cuanto a que, de los cuatro miembros titulares designados por el Presidente de la República, uno de ellos deba estar vinculado a organismos gremiales regionales -como señala el texto de la indicación formulada por los Senadores señores Díez y Larre-, y, adicionalmente, de los cuatro que podrán nombrarse por la unanimidad de los representantes de los fundadores, que dos de ellos tengan la misma característica, de tal modo que, a través de las normas estatutarias que se dicten posteriormente, reflejen la diversidad geográfica de nuestro país.
Con dicho procedimiento no encerramos al Primer Mandatario, sino que -como manifesté- le dejamos la posibilidad de que nombre a uno con tal característica, y los otros dos serían resorte de la propia Fundación, en el momento en que proceda a la designación que corresponda.
Habría que redactar la fórmula y complementar el texto de la indicación, por cuanto así se recogería una opinión, si no unánime, al menos de mayoría.
El señor ZALDÍVAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, entiendo la finalidad de la proposición. Sin embargo, a mi juicio, la posible designación de cuatro miembros adicionales tiene un objetivo muy distinto: son representantes de entidades adherentes a la Fundación que realizan contribuciones importantes para la consecución de sus fines. Se trata de otro tipo de representantes. Es algo parecido a lo que ocurre en el Banco Interamericano de Desarrollo, en cuyo directorio se incluye, por ejemplo, a Canadá. ¿Por qué? Porque es un contribuyente importante de dicho organismo.
Creo que, si se quiere hacer prosperar la indicación, perfectamente puede establecerse que dos de los miembros representen a las Regiones y pedirse al Presidente de la República que en los estatutos se consigne que uno debe provenir del norte y el otro del sur, con la aclaración que efectuó el Senador señor Díaz en el sentido de considerar como punto de referencia la Región Metropolitana.
A mi parecer, la proposición dada a conocer por el Honorable señor Hormazábal rompe el alcance que tiene el precepto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hubiere otra proposición, se votaría la indicación al inciso segundo del artículo 6° del proyecto, formulada por los Senadores señores Díez y Larre, que dice:
"Agregar después de la palabra "Chile", reemplazando el punto seguido por una coma, lo siguiente: "dos de los cuales" -se refiere a la designación de cuatro miembros por el Presidente de la República- "deberán estar vinculados a organismos gremiales regionales.".
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, tengo una duda: ¿existen organismos gremiales de carácter regional?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí los hay, Su Señoría.
El señor DIEZ.-
Y de diversa índole.
El señor VODANOVIC.-
Pero ¿por Regiones?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Efectivamente. Agrícolas y mineros, señor Senador.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, organismos agrícolas de esa naturaleza, por lo menos, existen tres en el país: el Consorcio Agrícola del Norte; el Consorcio Agrícola del Sur, que incorpora a las sociedades agrícolas de la Octava, Novena y Décima Regiones...
El señor DIEZ.- Hay muchas. Y también en la pequeña y mediana minerías.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, lamento mucho que se pierda todo el esfuerzo que hicimos.
Este asunto lo conversé con personas vinculadas a la Fundación que se crea y con el señor Ministro, para tratar de llegar a un acuerdo. Y como no lo hay, no respaldaré la indicación del Honorable señor Díez en los términos originales, porque nos va a provocar un problema. Chile es mucho más que Santiago hacia el sur o hacia el norte. Y la definición de qué se entiende por "organismos vinculados", a mi juicio, es demasiado aleatoria.
Señor Presidente, la intención vale. Pero, como no se pudo establecer el acuerdo, no comparto el sentido de la indicación original.
El señor PALZA.-
- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Sólo quiero reiterar lo que señalé al comienzo en el sentido de que, conociendo la voluntad expresada por el Presidente de la República -en más de una oportunidad- de llevar a cabo la regionalización del país, no me parece conveniente dejar estipulada en la ley la idea propuesta.
Por ese motivo, prefiero lo que decía el Honorable señor Alessandri: formular una recomendación para que este asunto quede contemplado en los estatutos.
En consecuencia, tampoco estoy a favor de la indicación.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, pido al Senador señor Díez que retire la indicación, porque es muy imprecisa. Y Su Señoría, que es un gran jurista, convendrá conmigo en que la expresión "vinculados a organismos gremiales regionales" no resiste análisis. Todo está vinculado a las Regiones o puede estarlo en algún momento.
El señor DIEZ.-
¿Me permite, Honorable colega?
Primero, me gustaría mucho que Su Señoría, si es partidario de las Regiones, mejorara la indicación en lugar de pedirme que la retire. Se lo agradecería mucho, y humildemente aceptaría la sugerencia.
Segundo, la indicación, en efecto, es muy amplia, y deja al Presi-dente de la República absoluta latitud para elegir personas vinculadas -él tomará la determinación; lo que está indicando la iniciativa al Jefe del Estado, en cuya buena fe creemos, es la orientación- a organismos gremiales regionales. Nada más. El Primer Mandatario las designará. Y no queremos coartar su facultad de decidir; sólo le señalamos que nos gustaría que las Regiones estuvieran representadas por personas vinculadas a ellas. Ni siquiera se expresa que sean miembros. Lo que deseamos es vincular la actividad productiva regional a esta Fundación que con tanta alegría contribuimos a formar.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, mantengo mi criterio en cuanto a que es mejor dejar esta materia sometida a los estatutos. Por tanto, no estoy de acuerdo con la indicación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En votación la indicación.
-(Durante la votación).
El señor THAYER.-
Señor Presidente, me parece que una indicación tan amplia y absolutamente concordante con el pensamiento unánime de regionalizar no puede votarse en contra. Por consiguiente, la apoyo.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, voto en contra, a la espera de que el Primer Mandatario incorpore a las Regiones en la medida en que los Senadores lo hemos pedido.
-Se aprueba la indicación (18 votos contra 11, 3 abstenciones y 3 pareos), y queda aprobado en particular el proyecto.
ERECCIÓN DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE EX SENADOR
DON JAIME GUZMAN ERRAZURIZ. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor VALDÉS (Presidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Santiago y otro en la ciudad de Valparaíso en memoria del ex Senador señor Jaime Guzmán Errázuriz.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Cantuarias)
En primer trámite, sesión 48a, en 7 de mayo de 1991.
En tercer trámite, sesión 25a, en 15 de septiembre de 1992.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 4a, en 15 de octubre de 1992.
Informes de Comisión:
Educación, sesión 25a, en 8 de agosto de 1991.
Educación (tercer trámite), sesión 4a, en 15 de octubre de 1992.
Mixta, sesión 8a, en 5 de noviembre de 1992.
Discusión:
Sesiones 29a, en 20 de agosto de 1991 (se aprueba en general y particular); 4a, en 15 de octubre de 1992 (pasa a Comisión Mixta); 10a, en 12 de noviembre de 1992 (queda para segunda discusión).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión Mixta propone aprobar el proyecto en la forma como lo despachó el Senado.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZABAL.-
Señor Presidente, el ejercicio de nuestra función en el Parlamento es muchas veces desconocido por la gente. Sin embargo -incluso esta misma tarde-, comúnmente podemos observar cómo Senadores de distintas bancadas hacemos esfuerzos para coincidir y ponernos de acuerdo.
En el trabajo legislativo, entendemos que eso nos pide el país: capacidad de llegar a acuerdos a fin de despachar los proyectos de ley indispensables para hacer justicia y procurar el progreso de todos.
En ese clima, al margen de las opiniones con las cuales uno ejerce la voluntad de legislar, va originando afectos personales y el elemento básico de la convivencia.
Yo, señor Presidente, fui uno de quienes se sintieron muy conmovidos por el asesinato del Senador señor Guzmán, pese a no tener la calidad de amigo suyo, ni menos la de una persona que compartiera sus ideas. Sí lo conocí desde hacía mucho tiempo.
Entiendo el sufrimiento de su familia, porque ésa es una pérdida dolorosa, como la de tantas otras familias chilenas que han lamentado la muerte de seres queridos.
Entiendo la actitud de sus compañeros de Partido: Jaime Guzmán ayudó a formar una colectividad política; construyó una generación, una manera de hacer política. Y he observado en militantes de la UDI que conozco y que son mis amigos el dolor que provoca un hecho de tanta violencia y tan vergonzante para Chile.
Entiendo la actitud de la Unión Demócrata Independiente respecto al papel de Jaime Guzmán en la construcción de su Partido.
Entiendo y comparto la decisión del Senado de colocar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde él trabajaba, una placa con el nombre de un Senador tan alevemente asesinado.
Entiendo la determinación de la Municipalidad de Providencia de dar el nombre del Senador Jaime Guzmán a la calle donde fue asesinado.
Entiendo la posición de Senadores de distintos partidos que han expresado que ésta es una oportunidad para rendirle homenaje.
Sin embargo, señor Presidente, como también creo que en política uno tiene la posibilidad de decir que no cuando está en desacuerdo, votaré que no, por tener sobre lo que significó el aporte de Jaime Guzmán a la vida política chilena un juicio histórico que me impide colocarme en la condición moral de aprobar la erección de monumentos para recordarlo.
Respetuoso de la decisión de otros y sin querer entrar en la profundidad de un debate más extenso, sólo he pedido que se me libere de mi pareo -cosa que ya he logrado-, porque considero que los políticos debemos responder cara a la gente de lo que realmente pensamos.
Hoy, cuando muchos opinan que los políticos nos conformamos con una verdad oficial o que estamos dispuestos a tapar cualquier cosa, incluso estoy dispuesto a asumir un rol distinto.
Respetuoso de los demás, pero consecuente con lo que honestamente pienso, rechazo el informe.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, cumplido el procedimiento reglamentario impetrado por un Comité al solicitar segunda discusión, nos abocamos ahora al estudio del informe evacuado por la Comisión Mixta de Senadores y Diputados que se constituyó para ver la forma de salvar las divergencias producidas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto sobre erección de monumentos en memoria del ex Senador señor Jaime Guzmán.
Como es sabido, pocos días después del asesinato de nuestro Honorable colega presentamos una moción para recordar su nombre y para constituirlo -como alguien lo expresó en la Comisión Mixta- en un monumento de rechazo a la violencia y de respaldo a la paz.
La discrepancia principal se produjo respecto al número de monumentos. Mientras la iniciativa del Senado contemplaba dos -uno en Santiago, Región donde nació y a la que representaba en esta Corporación, y otro en Valparaíso, ciudad en la que desempeñó sus funciones legislativas-, la Cámara de Diputados era partidaria de que se erigiera un monumento en Santiago.
Pues bien, en su primer trámite, en el Senado, la iniciativa original fue aprobada por unanimidad. Y en esa oportunidad agradecimos mucho los conmovedores conceptos que se vertieron y cuyo recuerdo otra vez nos emociona a quienes fuimos sus colegas, amigos y compañeros de Partido.
Cuando el proyecto regresó a tercer trámite con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, nuevamente, con una o dos abstenciones, el Senado rechazó las enmiendas y mantuvo a firme su idea primitiva, es decir, la erección de dos monumentos, uno en Valparaíso y otro en Santiago.
Provoca sorpresa que ahora surjan voto negativos en el Senado. No los califico; lo respeto, pues emanan del ejercicio de un derecho.
Sin embargo, debo informar -en forma somera- que la Comisión Mixta que se abocó a resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras, por unanimidad y nuevamente con muy elocuentes conceptos acerca de la trayectoria y quehacer legislativo de Jaime Guzmán, aprobó la idea de proponer la erección de dos monumentos en su memoria. O sea, ateniéndome a esos conceptos y respetando como el que más las opiniones discrepantes que por primera vez escuchamos en este Senado, debo dar cuenta de que la Comisión Mixta, compuesta por Senadores y Diputados de distintos signos y pensamientos, de diversas trayectorias y partidos, estimó importante mantener el criterio que hasta ese momento había sustentado el Senado.
En consecuencia, el informe que nos disponemos a votar recomienda erigir dos monumentos en memoria del ex Senador señor Jaime Guzmán: uno en la ciudad de Santiago y otro en la de Valparaíso. Y me permito sugerir que la Sala lo apruebe, manteniendo el criterio sustentado en dos oportunidades.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, para los Senadores de Renovación Nacional, no sólo es conveniente, sino también justo votar a favor de lo recomendado por la Comisión Mixta.
Creemos que aquí, en Valparaíso, donde está la sede del Parlamento, debe levantarse un monumento a quien fue parte de este Senado y a quien en este Hemiciclo se le rindieron todos los homenajes. Incluso, la sala de nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lleva su nombre. Acá está el Senado, y Jaime Guzmán será recordado como Senador. En Santiago se levantará otro monumento, para evocar sus virtudes en muchísimos otros aspectos.
Por eso, concurriremos con nuestros votos a la aprobación del informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, con el voto en contra del Honorable señor Hormazábal.
DEROGACIÓN DE NORMAS DE LEY SOBRE ESTADOS ANTISOCIALES
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Honorable señor Vodanovic, que deroga disposiciones de la ley N° 11.625, sobre estados antisociales y medidas de seguridad, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del señor Vodanovic):
En primer trámite, sesión 32a, en 9 de enero de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 9a, en 10 de noviembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, con los votos afirmativos de los Honorables señores Letelier, Pacheco y Vodanovic y las abstenciones de los Senadores señores Díez y Martin, propone aprobar la iniciativa, que consta de dos artículos.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, la ley cuya derogación parcial se solicita a través de esta iniciativa es de antigua data. Desde que se promulgó han transcurrido aproximadamente 40 años. Jamás ha entrado en vigencia, por estar subordinada a la dictación de un texto reglamentario que hasta la fecha no se ha sancionado.
Sin embargo, por el carácter de sus disposiciones, de evidente riesgo democrático; por la recurrencia, en los distintos Regímenes, con que se invoca su aplicación, y por la persistencia con que a menudo se alzan voces para que se dicte el reglamento que la pondría en vigor, hemos estimado importante someter a la consideración del Senado la discusión de su contenido y la posibilidad de su derogación.
Recuerdo que hace algunos meses, con ocasión de problemas derivados de la delincuencia y de atentados contra la seguridad del Estado, más de algún distinguido dirigente político reivindicó la factibilidad de aplicación de esa ley o la de su modificación.
Resumiré apretadamente su contenido.
Esta ley, como su nombre lo indica, establece los que serían estados antisociales. Y haré una enumeración de sus acápites más relevantes.
Afecta a sus disposiciones y define con ese carácter a géneros o grupos de personas y de ciudadanos. Señala que quedan sometidos a sus normas "Los que no teniendo hogar fijo o viviendo en el de otra persona por mera tolerancia o complacencia, carezcan de medios lícitos de subsistencia y sin estar impedidos para el trabajo, no ejerzan habitualmente profesión u oficio". Es decir, con arreglo a este cuerpo legal, que podría entrar en vigor cuando algún Ejecutivo así lo estimara, tendrían el carácter de antisociales y estarían sometidos a las medidas punitivas que ella consagra cerca de un millón de chilenos que no cuentan con hogar fijo o viven en el de otro por mera tolerancia o complacencia; o sea, los allegados.
Tienen asimismo el carácter de antisociales, para los efectos de esta ley, "Los que sin la competente licencia, pidan habitualmente limosna en lugares públicos o de acceso al público". Siendo cuantitativamente menor el grupo de ciudadanos afectos a una disposición de esta especie, indudablemente que también concierne a muchos chilenos.
Se menciona además a los toxicómanos, lo que, desde luego, eleva el número de personas sometidas a las normas de esta preceptiva legal.
No deseo seguir con la enumeración, porque hay un rasgo común en esta enunciación. Se trata de definir con el estado de antisocial a personas que, sin incurrir en delitos, cuasidelitos o faltas, tienen en su vida características que las harían merecedoras a una sanción por parte del Estado.
A su vez, las sanciones se parecen mucho a una pena común, aunque tengan otro nombre. Y esta misma ley señala que las medidas de seguridad que se pueden aplicar a quienes caen dentro de la definición de estados antisociales son, entre otras, "La internación en casa de trabajo o colonia agrícola por tiempo indeterminado que no podrá exceder de cinco años" -evidentemente, es una sanción privativa de libertad y se parece mucho...
El señor DIEZ.-
A los trabajos forzados.
El señor VODANOVIC.-
... al presidio-; "La obligación de declarar domicilio o de residir en un lugar determinado por el tiempo que no podrá exceder de cinco años" -esto se asemeja bastante a una relegación-; la "prohibición de residir en un lugar o región determinados por un plazo no superior a cinco años".
Es decir, en esta ley, bajo otra denominación, se están tipificando ciertos estados a los que se asigna el carácter de antisociales y estableciendo sanciones bajo el nombre de "medidas de seguridad".
Como es obvio, una normativa de tal especie atropella disposiciones constitucionales y legales muy claras y categóricas de nuestro ordenamiento, y principios jurídicos de naturaleza universal. Desde luego, el principio de la legalidad, en cuya virtud la ley debe definir expresamente las conductas antijurídicas y, también, asignarles explícitamente una sanción; el principio de la culpabilidad, conforme al cual nadie puede ser sancionado si no tiene conciencia de la ilicitud de su conducta, y el principio jurídico de la presunción de la inocencia, porque, sin que medie la comisión de algún delito, aquí se está imponiendo una sanción.
Me parece, en términos generales, que la iniciativa legal es el resabio de concepciones del Derecho Penal superadas por el avance de la criminología; es la herencia de mentalidades superadas, también, por una comprensión democrática de la evolución de las sociedades y, por último, no es más que la manifestación de criterios profundamente reaccionarios, de tal suerte que su supervivencia, aunque sea en el carácter de latente -porque su vigor está condicionado a la dictación de un reglamento que aún no se ha sancionado-, por cierto se convierte en un elemento contradictorio con la vigencia del Estado democrático y, sobre todo, absolutamente contradictorio con el esfuerzo de ir construyendo un ordenamiento jurídico en el ámbito penal que sea, también, la expresión de ese Estado democrático. Pienso que si hay alarma por el recrudecimiento de la delincuencia, si hay preocupación ciudadana por la indefensión en que quedan los habitantes del país frente a la común ocurrencia de hechos que los violentan, que constituyen agresión para ellos, existen otras fórmulas para afrontar situaciones de esta naturaleza. Y la fórmula principal consiste en construir un ordenamiento penal donde los principios que he reseñado, y que son la base fundamental de nuestro sistema, tengan una adecuada vigencia y se vayan perfeccionando crecientemente.
Hoy día se plantea la posibilidad de poner en vigor esta ley. Mañana podrá sugerirse, igualmente, la idea de modificarla o de "enriquecerla" -entre comillas-; pero siempre quedará subsistente lo que constituye la parte medular de su contenido, vale decir, la intencionalidad de sancionar, no conductas, sino estados, la factibilidad de construir un Derecho Penal que no sea de actos -como es el Derecho Penal contemporáneo-, sino un Derecho absolutamente subjetivo, que se dirija en contra de la persona y no que trate de afectar los actos concretos de esas personas. De manera que, más allá del carácter doctrinario que pudiera tener la discusión del proyecto, está en juego la posibilidad de dar una referencia pública, una señal, acerca de cómo el Parlamento entiende que se debe afrontar una política de seguridad ciudadana. Desde luego, no se debe afrontar a través de la vigencia de normas de esta naturaleza. Porque el contenido de las mismas es el que en todos los Estados totalitarios ha servido para ir marcando las características fundamentales de esos regímenes, para ir ahogando la libertad ciudadana y, en definitiva, para ir construyendo sociedades que son verdaderas cárceles. Creo que los hechos de violencia ciudadana que ocurren en nuestro país, el riesgo que hay, particularmente en las grandes ciudades, son merecedores de nuestra preocupación. Y, por ello, el Parlamento ha seguido con atención la discusión de numerosas iniciativas que se van acercando a este objetivo. Pero no puede él mismo -reitero- estar determinado por la subsistencia de normas como ésta.
Por eso, solicito al Honorable Senado prestar atención a la iniciativa y aprobarla.
He dicho.
El señor DIEZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, a decir verdad, la ley a la que la moción Parlamentaria deroga disposiciones (la N° 11.625), es del año 1954. Han transcurrido los mandatos de cinco Presidentes sin que se haya dictado el respectivo reglamento. Y, a nuestro juicio, con la explicitación que los derechos individuales tienen en la Constitución de 1980, es imposible que este reglamento se dicte, ya que violaría disposiciones claras de ella, si se atuviera al texto de la ley de estados antisociales. No obstante lo anterior, en la Comisión me abstuve, no por estar en desacuerdo con la tesis fundamental del proyecto, sino porque creo que, frente al recrudecimiento de la delincuencia, debiéramos hacer lo posible por dictar una legislación -y no limitarnos sólo a una derogación- que venga a crear, dentro del espíritu de nuestra Carta Fundamental, una serie de presunciones destinadas a favorecer la seguridad de la comunidad.
Me explico. La ley sobre control de armas no es otra cosa que una normativa que establece una presunción de derecho: si alguien posee un arma, es para usarla. Y el que tiene un arma de ciertas características y no la ha registrado ante la autoridad competente está cometiendo, por ello, un delito. Una ley de estados antisociales debiera configurar una cosa muy difícil, pero que es factible de lograr. Y espero que el Congreso Nacional, menos urgido por la legislación que tiene que despachar y, además, menos agobiado por las urgencias, pueda dedicarse a la creación de medidas de defensa de la sociedad distintas de las de carácter penal, y orientar lo que podríamos denominar "estados antisociales" en un sentido diferente del contenido en la ley N° 11.625, de 1954. Desgraciadamente, el hecho de que en la Comisión de Constitución haya tantas iniciativas pendientes y de tanta importancia -como las relativas al mejoramiento de la Administración de Justicia, al maltrato de menores, a la adopción de menores, a corporaciones y fundaciones, a modificaciones a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, por citar sólo algunas-, nos impide dedicarnos al estudio de una legislación de reemplazo.
Por las razones expuestas -reitero-, me abstuve en la Comisión. Asimismo, quiero dejar constancia en la Sala de que la ley N° 11.625, de 1954, no puede ser reglamentada por ningún Gobierno, porque contradice las normas fundamentales de la Constitución de 1980.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, los Senadores democratacristianos aprobamos ampliamente esta iniciativa.
El decreto reglamentario -como ya se ha hecho presente- no ha sido dictado, por lo que el Título I de la ley N° 11.625 no tiene vigencia ni aplicación práctica. Los establecimientos existentes son inadecuados o a lo menos insuficientes para conseguir aplicación de las normas sobre estados antisociales y medidas de seguridad. La construcción de establecimientos adecuados significa una inversión pública que las circunstancias económicas del país han impedido realizar hasta ahora a diversos Gobiernos.
Además, es posible plantearse dudas -como lo ha manifestado el Honorable señor Díez- sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales que se propone derogar, ya que vulneran garantías fundamentales contempladas en la Constitución Política de la República y en los Pactos de Derechos Humanos, como la determinación legal de la conducta y de la pena, el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de la culpabilidad y todas aquellas que protegen la libertad personal de los ciudadanos. Por lo demás, son normas que tienen la amplitud y vaguedad que permitirían recluir a amplios sectores de la población de nuestro país.
En el ámbito académico, ya no rigen las concepciones que dieron origen a esta ley. El desarrollo de los derechos humanos, los avances en los estudios de criminología y política criminal, así como los principios básicos del Derecho Penal, quitan a la ley de estados antisociales cualquier justificación que haya podido tener.
Por ello -repito-, somos partidarios de este proyecto. Y solicitamos al Honorable Senado su aprobación, tal como lo hiciera la mayoría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, anuncio que los Senadores de Renovación Nacional van a concurrir con su voto favorable a esta iniciativa por las razones dadas por el Senador señor Díez.
Pero, también, quisiéramos dejar expresa constancia en la Sala de nuestra preocupación. Si bien la legislación vigente impide dictar un reglamento violatorio de las normas constitucionales, pensamos que es imperativo que el Gobierno envíe un proyecto -o nosotros lo presentemos- destinado a enfrentar la situación actual. No hay ninguna duda de que se requiere una legislación para normar una serie de conductas hoy no consideradas en el Código Penal y que servirían, precisamente, para garanti-zar la seguridad de la población. Creemos que la iniciativa es buena -y, repito, la vamos a votar favorablemente-, pero, al mismo tiempo, estimamos que debiera haberse complementado de inmediato con una legislación como la solicitada por el Honorable señor Díez, con la que nosotros concordamos.
En consecuencia, esperamos que el Ejecutivo acoja este mensaje y se haga cargo de la inquietud planteada, sin perjuicio de las iniciativas que podamos formular al respecto.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, en forma muy breve deseo expresar nuestra plena concordancia con el proyecto. Porque no es muy frecuente que se presenten iniciativas, como ésta, destinadas a limpiar nuestra legislación de disposiciones que no tienen aplicación o que resultan anacrónicas o que, en este caso particular -como ya ha sido señalado por dos Honorables colegas-, pugnan con la Carta Fundamental. Finalmente, quiero hacer presente -creo que nadie puede negarse a revisar la normativa sobre la materia o a innovar- que en nuestra legislación penal existen muchos preceptos que permiten a la policía ampliar su margen de acción, para prevenir situaciones delictivas o para proceder cuando se encuentra frente a conductas sospechosas; pero específicamente en ese sentido: o sea, ante actitudes determinadas y no -como bien manifestaba el autor de esta iniciativa- ante grupos de personas que quedan bajo la calidad de sospechosos solo por su condición. Y ello es particularmente grave en un país como el nuestro, que por desgracia todavía presenta los niveles de extrema pobreza que todos conocemos.
Por consiguiente, los Senadores de esta bancada concurriremos con nuestros votos favorables.
He dicho.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en atención a lo dicho por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, quisiera dejar constancia en el Senado de una situación legal que es real: las normas vigentes del Código de Procedimiento Penal que facultan a la policía para detener en forma preventiva son absolutamente obsoletas y anticuadas. En la actualidad, la policía sólo puede detener -y está obligada a ello- en presencia de un delito flagrante, es decir, al delincuente sorprendido in fraganti, y además conforme a dos preceptos ya obsoletos, referidos a quienes anduvieren con disfraz y rehusaren dar a conocer su identidad y a los que se encontraren a deshoras y en actitudes sospechosas, caso que hoy no se produce, porque las actitudes sospechosas se pueden dar a plena luz del día y en lugares concurridos. No existe ninguna preceptiva legal que permita a Carabineros o a la Policía de Investigaciones allanar a una persona. No hay en el Código de Procedimiento Penal una disposición que, incluso, permita a esas instituciones detener, pasada la flagrancia del delito, a una persona sindicada como autor por otra que ha sido la víctima. Si no hay inmediación, la policía -Carabineros e Investigaciones- no puede hacerlo, lo que produce situaciones extraordinariamente graves en su funcionamiento, en la seguridad de la población y en la acción de los tribunales. Porque cuando Carabineros detiene o toma una medida preventiva al margen de lo contemplado en la ley, incurre en conductas sancionadas en el Código de Justicia Militar y hasta en el Código Penal.
Por eso, me parece muy importante lo dicho por el Senador señor Papi. Debemos tener muy claro que hoy carecemos de una legislación que faculte a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para adoptar resguardos que, junto con respetar los derechos constitucionales, en ciertos y determinados casos posibilite una acción policial preventiva que proteja a la población. En muchos casos, es imposible llegar a detener a alguien aunque otro -como ya señalé- lo sindique como autor de un delito, si no existe inmediación y flagrancia; en otros, nos encontramos ante la imposibilidad de exigir a una persona su identificación de no haber motivos graves para ello. Y cuando se trata muchísimas veces de delincuentes, de terroristas o, incluso, del crimen organizado, Carabineros, antes de que se materialice el hecho, no puede tomar medida alguna respecto de ellos, por no estar considerada esta materia en la legislación procesal penal.
Dejo constancia de lo anterior en esta Sala, para señalar, precisamente, la necesidad y la urgencia de que nos aboquemos a estudiar este asunto, con el fin de permitir la realización, con respeto a la Carta Fundamental, de una acción policial preventiva eficaz y oportuna.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día. Para hacer posible lo resuelto por los Comités y despachar la tabla de hoy, que además del proyecto en análisis incluye el que figura en tercer lugar, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarlo por el tiempo que sea necesario.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Me correspondió vivir la época en que se dictó esta ley. Deliberadamente no se reglamentó, porque no había la infraestructura suficiente para contener a toda la gente que se vería afectada por ella. Y, como ese problema subsiste, votaré favorablemente el proyecto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votación, queda aprobada en general la iniciativa, y también en particular por no haber sido objeto de indicaciones.
MODIFICACIÓN DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA FACILITAR INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL DELITO DE LESIONES
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En el último lugar de la tabla, figura el proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de diez señores Diputados, que modifica el Código de Procedimiento Penal con el objeto de facilitar la investigación y prueba del delito de lesiones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 51a, en 14 de abril de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La iniciativa consta de un artículo único, por lo cual procede discutirla en general y particular a la vez. A su respecto, la Comisión propone algunas modificaciones, y designó, como Senador informante, al Honorable señor Pacheco,
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, como señaló el señor Secretario, la iniciativa tuvo su origen en una moción de diez señores Diputados.
En la Comisión, expresaron sus puntos de vista el Colegio Médico de Chile; el Colegio de Matronas de Chile; el Colegio de Kinesiólogos de Chile; el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile y la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.
La idea matriz del proyecto de ley consiste en perfeccionar la legislación vigente, con el objeto de facilitar la investigación y prueba del delito de lesiones ante los tribunales de justicia. Esta idea se enmarca dentro de otra de carácter más amplio, cual es enfrentar con posibilidades reales de éxito a la delincuencia. Para ello, junto con otras medidas de carácter preventivo, es necesario mejorar la legislación procesal penal.
En la actualidad, cerca de 80 por ciento de los juicios penales son sobreseídos, lo que genera en la ciudadanía una falta de confianza en la administración de justicia.
Esto es particularmente grave en los delitos de lesiones, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados ante los tribunales.
Con el objeto de facilitar la investigación y prueba de los crímenes y simples delitos, especialmente de las lesiones, el proyecto modifica el Código de Procedimiento Penal en los siguientes aspectos: primero, extiende a los tecnólogos médicos, cirujanos, dentistas, enfermeras y auxiliares paramédicos la obligación de denunciar los crímenes o simples delitos, incluidas las lesiones, que noten al examinar a una persona; segundo, incluye la obligación de denunciar las lesiones leves; tercero, establece la obligación de los jefes de hospitales u otros establecimientos asistenciales, sean públicos o privados, de denunciar a Carabineros e Investigaciones la atención de toda persona que presente lesiones, cualquiera que sea su gravedad; cuarto, cuando entre la fecha en que se produjeren las lesiones y aquella en que se practicó el informe médico pericial que decreta el tribunal haya transcurrido un número tal de días que haga que desaparezcan los signos y efectos de las mismas, servirá de antecedente suficiente para acreditar su existencia la descripción de las lesiones efectuadas por el jefe del establecimiento en que fue atendido el herido; y, quinto, se aumenta a 541 días la pena a quienes infringen la obligación de denunciar.
La iniciativa consta de un artículo único con cuatro numerales que contienen otras tantas disposiciones.
El primero sustituye el número 5° del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, que señala quiénes están obligados a denunciar un delito. La denuncia es un modo de iniciar el proceso penal. El número 5° del referido artículo 84 impone la obligación de hacer denuncia a los jefes de establecimientos hospitalarios o clínicas particulares y, en general, a los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y otras ramas relacionadas con la conservación o restablecimiento de la salud, y a los que ejerzan profesiones auxiliares de ellas. El proyecto en informe reemplaza ese número, para hacer extensiva a las faltas la obligación de denunciar, esto es, a las conductas ilícitas sancionadas con no más de sesenta días de privación de libertad o con multa.
El número 2 del artículo único de la iniciativa sustituye el inciso primero del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal por dos nuevos incisos. La citada norma castiga con la penalidad de las faltas la omisión del deber de denunciar que pesa sobre las personas indicadas en el artículo 84. Además, dispone que si el infractor es miembro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones o de Gendarmería, es competente el juzgado de fuero.
El número 3 reemplaza el artículo 138 del mismo cuerpo de leyes, que impone la obligación de denunciar a toda persona a cuyo cargo inmediato se encuentre un hospital u otro establecimiento de salud semejante, deber que, en ausencia del jefe, recae sobre quien la subrogue al momento de la entrada del enfermo.
El número 4 agrega al artículo 139 del mismo Código un inciso final. La referida norma establece la obligación del juez de trasladarse al lugar en que se encuentre el herido, con el fin de tomarle declaración, además de disponer que uno o más facultativos procedan al examen de las lesiones. Si en el lugar no hay médico, el reconocimiento debe ser hecho por el juez, acompañado de dos testigos, de lo cual se deja testimonio en el expediente.
En conformidad al resumen que acabo de hacer, y por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, aprobó el proyecto, y solicita al Honorable Senado se sirva proceder en igual sentido.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, deseo formular una consulta al Senador señor Pacheco.
En el informe que tenemos a la vista, el artículo único consta de tres numerales y no de cuatro, como sucedía con el texto original que venía de la Cámara de Diputados. Y como Su Señoría se refirió a disposiciones que no figuran en él, quiero saber si estamos pronunciándonos sobre el informe o acerca del proyecto de la Cámara.
El señor PACHECO.-
Estamos votando el informe, señor Senador.
El señor ALESSANDRI.-
Porque en él no figura uno de los numerales, que sí venía en el texto enviado por la otra rama del Congreso.
Eso es lo que deseo que se aclare.
El señor PACHECO.-
Efectivamente, en el proyecto primitivo había cuatro numerales, y la Comisión rechazó uno de ellos.
El señor ALESSANDRI.- Gracias, señor Senador.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, he estudiado la iniciativa y formulé algunas indicaciones que pido al señor Secretario que las dé a conocer, pues, por tratarse de un artículo único, las podemos discutir y votar en el acto.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La primera indicación, que lleva la firma de los Senadores señores Otero, Cooper y Thayer, sustituye el artículo 84, N° 5, del Código de Procedimiento Penal, por el siguiente:
"Los jefes o encargados de establecimientos hospitalarios, policlínicos o consultorios y los facultativos, matronas, paramédicos y personal auxiliar de salud que, en el ejercicio de su actividad profesional, noten señales de un crimen o simple delito.".
Esa es la primera indicación presentada por Sus Señorías, que vendría a reemplazar el número 1 propuesto por la Comisión, que dice:
"1.-
Sustitúyese, en el número 5° del artículo 84, las palabras "señales de envenenamiento o de otro crimen o simple delito" por "señales de un crimen o simple delito".
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En discusión.
El señor OTERO.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, es un hecho que el Código de Procedimiento Penal vigente establece que esa obligación corresponde sólo a los facultativos, y que, por esa razón, no se cumple.
La norma propuesta persigue que cuando una persona llega a un establecimiento hospitalario, a un policlínico o consultorio, quien esté a cargo informe o denuncie la existencia de señales de crimen o simple delito, que es la reforma que introduce la Comisión. De no hacerlo, prácticamente todo esto seguirá siendo letra muerta. Porque debe haber una obligación para los jefes o encargados de establecimientos hospitalarios, policlínicos o consultorios de hacer estas denuncias. Pero, al mismo tiempo, manteniendo la idea y la normativa del Código, que es lo adecuado, tienen ese deber los facultativos, las matronas, los paramédicos y el personal auxiliar de salud que, en el ejercicio de su actividad profesional, noten señales de crimen o simple delito.
En muchísimos casos, puede no estar presente un médico, pero sí una matrona o una enfermera universitaria o un enfermero o un auxiliar, quienes actualmente curan y toman nota del hecho, pero no están obligados a denunciarlo. El proyecto en análisis pretende, precisamente, que llegue a conocimiento de la justicia todo aquello que pueda ser notado o comprobado por quien hace la prestación de salud en el establecimiento asistencial. Esa es la razón por la cual proponemos modificar el número 5° del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal. De esa manera la obligación sería comprensiva. En primer lugar, quedarían obligados los jefes o encargados de establecimientos hospitalarios, policlínicos o consultorios, sin perjuicio del deber que va a caber a facultativos, matronas, paramédicos y personal auxiliar de salud que, en el ejercicio de su actividad profesional -no en otra circunstancia, sino en el ejercicio de su actividad profesional, por el hecho de estar desempeñándose en ella-, noten señales de un crimen o simple delito.
Si se aprobare esta indicación, se justificaría la segunda, que consiste en agregar al número 5° del artículo 84 el siguiente inciso: "La denuncia hecha por el jefe o encargado del establecimiento hospitalario, poli-clínico o consultorio, exime de esta obligación al personal de su dependencia.". Porque si el jefe la está cumpliendo, no hay razón para que recaiga sobre los demás. Pero es necesario dejar constancia de ello, ya que si aquél no lo hace, el médico que atendió al paciente tiene la obligación de denunciar, porque lo que perseguimos es precisamente que el hecho llegue a conocimiento de la justicia.
Estas son las razones que motivan las dos indicaciones que he dado a conocer.
Finalmente, hay una tercera que consiste en modificar la penalidad. La explicaré ahora, para no tener que intervenir de nuevo.
Se ha comprobado que, cuando procede sancionar con penas de privación de libertad, éstas prácticamente no se aplican. Por muy grave que sea la falta, la pena que se asigna, que puede ser de cárcel, será de inmediato conmutada. Por eso, jamás se aplica la normativa del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal.
Creo, de acuerdo a la teoría moderna de los penalistas, que la sanción debe ser pecuniaria. Le va a doler muchísimo más a la persona una penalidad de este tipo, que la privativa de libertad. Por eso propuse dejar al juez la facultad de sancionar con una a 10 unidades tributarias mensuales. La gente va a reaccionar mucho más defendiendo su bolsillo, que ante la normativa legal que le puede imponer una pena de cárcel, que nunca va a cumplir y que jamás se le va a imponer, como ha ocurrido hasta hoy día.
Con estas tres modificaciones, me parece que el proyecto realmente cumplirá con su finalidad. ¿Cuál es ésta? Terminar con la situación actual de que los delitos por lesiones leves y graves no son sancionados. Y esto sucede a causa de que, en primer lugar, no hay denuncia; en segundo, porque muchas veces, cuando la hay, no existe el medio para poder acreditar la lesión, debido a que a veces se llega al Instituto Médico Legal veinte o treinta días después de producidos los hechos, y el informe de éste termina diciendo: "No hay constancia de lesiones.".
Luego, todo el proyecto tiende, precisamente, a defender a los chilenos, a los habitantes de esta República, de la actuación delictual en algo que es importante: las lesiones leves, las menos graves y las graves. Todos los días estamos viendo que ésta es la criminalidad que más habitualmente se produce, y, sin embargo, no tenemos una manera de combatirla. Aquí se dan los elementos: la obligación de denunciar, impuesta en forma racional (con sanción económica, si no se cumple); y el establecimiento de los medios de prueba subsidiarios para determinar la existencia de la lesión.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ,- Señor Presidente, en esta norma noto un grave vacío. Dice: "Sustitúyese el N° 5° del artículo 84 por el siguiente:
"Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina", etcétera. Por lo que entiendo, todo se refiere a la atención en un recinto hospitalario, consultorio, clínica u otro. ¿Y la que se presta a domicilio? ¿Qué pasa con ella?
El señor OTERO.-
¿Me permite una interrupción Su Señoría?
El señor DÍAZ.-
Sí; cómo no, señor Senador.
El señor OTERO.-
El Honorable señor Díaz está leyendo el texto que después modificó la Comisión. Esta rechazó ese artículo. Y yo propongo uno que soluciona exactamente la inquietud de Su Señoría. Porque estamos hablando de señales que noten en el ejercicio de su actividad profesional; no en otras. Si no, estaríamos estableciendo una desigualdad. ¿Por qué vamos a obligar a los médicos a denunciar hechos que pueden ser constitutivos de delito, pero que no conocieron en su calidad de tales, ni en el ejercicio de su profesión?
El señor DÍAZ.-
Perdóneme, señor Senador: a eso voy, justamente.
Si a mí me llaman a un domicilio en donde la esposa ha sido víctima de una paliza contundente y me quedo callado, ¿qué parte de la norma me obliga a denunciar que en esa casa fue violentamente maltratada una mujer, o un niño? Aquí no lo veo. Si ustedes dan satisfacción a esa inquietud, perfecto.
La mayoría de las veces en que se causan lesiones, incluso graves, la gente lo calla. Y, obviamente, el autor de la paliza o del maltrato no lleva a su víctima al hospital, ni a la clínica, ni a ninguna parte, sino que la guarda muy bien en su casa. Creo que hay que reparar especialmente en esto, porque en un enorme porcentaje de los casos de maltrato, sobre todo a niños (hay un proyecto que versa sobre este asunto), no se lleva a las víctimas a ningún consultorio, sino que se las guarda muy bien en casa. Y, en último caso, llaman al médico a su domicilio.
Hay que buscar una fórmula para obligar al facultativo, personal auxiliar, matrona o lo que sea, a hacer la denuncia correspondiente. Me pongo en los casos de aborto séptico. ¿Cuántos llegan a las clínicas, sean éstas privadas o públicas? Un porcentaje bajo. Gran número de personas muere en las casas, gente en plena juventud -de 18 o de 20 años-, a consecuencia de una maniobra abortiva y, por supuesto, quien la practicó o los familiares no la van a llevar a la clínica.
Si hay una satisfacción a mi pregunta, quedaré muy conforme. Pero planteo el tema porque corresponde a mi inquietud.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente? Puedo contestar, ya que no se ha distribuido la indicación a los señores Senadores.
Mi indicación satisface precisamente la inquietud del señor Senador, porque obliga a hacer la denuncia a los jefes o a los encargados de los establecimientos hospitalarios, policlínicos o consultorios, y a los facultativos, matronas, paramédicos y personal auxiliar de la salud que, en el ejercicio de su actividad profesional, noten señales de un crimen o simple delito. Es decir, la preocupación de Su Señoría está expresamente atendida por el hecho de que la norma rige en cualquier lugar, y no sólo en centros asistenciales. Cuando una de las personas indicadas interviene, está obligada a hacer la denuncia, que, por lo demás, es lo que actualmente dispone el Código de Procedimiento Penal, aunque hasta ahora limitado solamente a los facultativos.
El señor DÍAZ.-
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, las cosas hay que facilitarlas al máximo posible, o si no, nos puede pasar lo mismo que sucedió al tratarse una iniciativa del Honorable señor Vodanovic, en cuanto a derogar disposiciones legales que no llegaron a ser efectivas porque faltó normar una serie de circunstancias. Lo mismo podría ocurrir en esta oportunidad.
Me pongo en la eventualidad de que, en un momento dado, un centro asistencial de urgencia esté por completo copado de accidentados a causa de un choque o de un grave siniestro colectivo. Lógicamente, lo primero que procura el personal es atender los casos de vida o muerte; y carece de tiempo para estar elaborando una información detallada. Por tal razón hay que buscar una fórmula para proceder ante tales situaciones, como sucede por lo menos en los servicios de urgencia. En muchos de los de cierta magnitud hay un funcionario de Carabineros que se encarga de tomar nota sobre el ingreso de personas y de lo que está pasando. Pero en comunas más pequeñas, donde sólo se cuenta con consultorios, lo lógico sería que, de haber alguna sospecha, y en el supuesto de que existiera teléfono, se avisara a Carabineros, porque muchas veces, dado el trabajo agotador que afrontan tales servicios, es imposible estar detallando minuciosamente todo lo que sucede. Y, perdónenme Sus Señorías, alguna experiencia tengo. Cuando acuden heridos multitraumatizados, con lesiones desde la raíz del cabello hasta los dedos del pie, la descripción de su estado puede demorar hasta veinte o treinta minutos. Y si se está recargando al personal con una exigencia más o menos formal en este aspecto, en el hecho ella no se va a poder cumplir.
Hay que buscar una fórmula lo más práctica posible para que, cuando se note alguna señal sospechosa, se entregue la información de manera rápida y expedita a la unidad de Carabineros más cercana. Y siempre, a menos que hayan cambiado mucho las cosas, la responsabilidad de informar será del jefe de guardia, llámese del servicio de urgencia o de lo que sea. No puede entregarse a personal subalterno. En un centro asistencial de urgencia, el responsable de las omisiones es el jefe de servicio de turno. No puede ser otra persona, porque si no caeríamos en una serie de dificultades y viviríamos en sumarios permanentes.
La intención del proyecto es muy buena, pero faltan elementos. Los antecedentes me llegaron recién, estoy dando opiniones sobre la base de lo que tengo a la vista y hay algunas objeciones. Repito que la finalidad de la iniciativa es muy buena, aunque adolece de algunas limitaciones y dificultades en cuanto a ponerla en práctica, para que resulte realmente eficaz.
He dicho.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente? Es imprescindible dar una explicación.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
El artículo 82 del Código de Procedimiento Penal establece: "Denuncia un delito la persona que pone en conocimiento de la justicia o de sus agentes" el hecho que lo constituye. O sea, figura en la legislación vigente que la denuncia se puede hacer directamente a la Policía de Investigaciones o a Carabineros.
Por lo tanto, lo que echa de menos el Honorable señor Díaz ya está contemplado en la actual normativa, aunque, obviamente, Su Señoría, por su profesión de médico, no tiene la obligación de conocerlo, ni podrá saberlo en detalle, así como nosotros desconocemos materias de salud.
Las observaciones de mi distinguido colega el Senador señor Díaz se refieren a aspectos ya reglados en los artículos 82 y 85 del Código de Procedimiento Penal. Este último fija un plazo de 24 horas para hacer la denuncia; ni siquiera demanda acción inmediata. Y en la proposición que hice se establece expresamente que, cuando la denuncia la presenta el jefe del establecimiento, cesa automáticamente la obligación de los demás en tal sentido. Esas son las explicaciones.
En consecuencia, las interrogantes y dudas de mi Honorable colega, muy legítimas, están expresamente solucionadas en los preceptos anteriormente mencionados.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Procede votar el proyecto, salvo que exista consenso en aprobarlo.
-Se aprueba en general.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
A continuación, corresponde pronunciarse sobre las indicaciones formuladas por el Honorable señor Otero.
El señor Secretario dará lectura a la primera.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La indicación tiene por objeto sustituir el número 5° del artículo 84 del Código de Procedimiento Penal. La norma actual es la siguiente:
"Los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y otras ramas relacionadas con la conservación o restablecimiento de la salud, y los que ejerzan profesiones auxiliares de ellas, que noten en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro crimen o simple delito.". (El artículo comienza con la frase "Están obligados a denunciar:").
El texto de reemplazo propuesto dice:
"Los jefes o encargados de establecimientos hospitalarios, policlínicos o consultorios y los facultativos, matronas, paramédicos y personal auxiliar de salud que, en el ejercicio de su autoridad profesional, noten señales de un crimen o simple delito.". (Están obligados a denunciar, de acuerdo con el enunciado del artículo).
La segunda indicación es para agregar el siguiente inciso segundo al mismo número 5°: "La denuncia hecha por el jefe o encargado del establecimiento hospitalario, policlínico o consultorio, exime de esta obligación al personal de su dependencia.".
El señor PACHECO.-
¿Me permite, señor Presidente, antes de votar las indicaciones?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PACHECO.-
Creo que, efectivamente, la nueva redacción propuesta para el número 5° del artículo 84 mejora el proyecto, por lo cual recomendaría aceptarla. Por nuestra parte, me adelanto a decir que la apoyaremos.
La señora FELIU.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
La señora FELIU.-
Señor Presidente, sugiero que las indicaciones se remitan a la Comisión de Constitución, a fin de tener su informe al respecto.
Pienso que el problema no es tan simple. Porque -no tengo en mi poder el texto, de manera que me atengo a lo que se leyó-, entre otros, habla del personal paramédico "que, en el ejercicio de su autoridad profesional, noten", etcétera.
Esa frase me merece dudas.
El señor PACHECO.-
No; dice "que, en el ejercicio de su actividad profesional,".
La señora FELIU.-
Señor Senador, el problema es que, como no se repartió el texto de las indicaciones, resulta sumamente difícil poder apreciar su real alcance, con el objeto de aprobarlas o rechazarlas.
Por otro lado, estimo que las observaciones planteadas por el Honorable señor Díaz son muy atendibles.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, pido enviar las indicaciones a la Comisión de Constitución.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Tengo la impresión de que la preocupación de la Honorable colega proviene, por lo menos en parte, de un lapsus en la lectura del señor Secretario, o en la interpretación de la misma. Dijo "en el ejercicio de su autoridad profesional", en lugar de "su actividad profesional".
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Efectivamente, la palabra correcta es "actividad".
La señora FELIU.-
Estos equívocos se presentan por la simple lectura de las indicaciones.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, creo que el proyecto es muy interesante y vale la pena estudiarlo más a fondo. Me declaro desconocedor de muchas de las disposiciones a que se refiere, porque no tengo los antecedentes del caso. Y, obviamente, como Presidente de la Comisión de Salud, me gustaría que, dada la importancia de la materia que aborda, se analizara con más detalle.
Solicitaría segunda discusión.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, la iniciativa ya está aprobada en general. Se trata solamente de las indicaciones.
El señor DÍAZ.-
Que vaya a Comisión.
El señor PACHECO.-
Sí, pero sólo las indicaciones.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
El problema es que el proyecto ya se aprobó en general y que consta de un artículo único.
La señora FELIU.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usar de la palabra Su Señoría.
La señora FELIU.-
A mi juicio, no se trata de un proyecto de artículo único. No puedo considerar que consta de un solo artículo un texto que modifica varias normas legales. De lo contrario, sería sumamente fácil, de acuerdo al Reglamento, presentar una iniciativa tendiente a modificar una legislación completa mediante artículo único.
Es un asunto de técnica legislativa. Aquí se introducen enmiendas a diversos preceptos -basta leer el proyecto para darse cuenta de ello- del Código de Procedimiento Penal, y esto se lleva a cabo a través de un artículo único. Pero, técnicamente, significa lo siguiente: "Artículo 1°, modifica el artículo 82; artículo 2°, modifica el artículo 83". A mi entender, se trata de distintas modificaciones. El recto sentido de la norma reglamentaria es, indudablemente, que el proyecto que consta de un artículo único es tal cuando se refiere a una sola materia; no así al abordar diversas materias.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Lamentablemente, el Reglamento es claro en cuanto a que en este tipo de proyectos no cabe segundo informe. Sin embargo, para un mejor entendimiento de la norma, si hubiere acuerdo unánime en la Sala podría enviarse a Comisión para nuevo informe.
El señor RUIZ (don José).-
Conforme.
El señor PACHECO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PACHECO.-
Acogería esa proposición en el entendido de que la iniciativa está aprobada en general y de que la Comisión examinará únicamente las indicaciones formuladas por el Senador señor Otero e informará sobre el particular.
El señor RUIZ (don José).-
De acuerdo.
El señor OTERO.-
Con esa interpretación, señor Presidente, aceptamos la sugerencia. De no ser así, pediremos que se aplique el Reglamento. Porque la verdad es que, en virtud de éste -puedo citar como ejemplo varios otros proyectos-, el artículo único puede contener diversos números. Si no se entendiera de esta manera, estaríamos modificando lo ya acordado por el Senado.
Concordamos en que el proyecto está aprobado en general y en que vuelva a Comisión sólo para el estudio de las indicaciones que formulé.
El señor PACHECO.-
Esa es la idea.
El señor PAPI.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, si ese es el entendimiento, lo estimo conveniente, porque no me cabe duda de que la indicación del Honorable señor Otero mejora ostensiblemente el texto del número 5° del artículo 84. No es una reforma intrascendente. Puede traer consecuencias y afectar a un importante número de personas de distinto nivel y con diversos grados de responsabilidad. Porque la norma vigente restringe ésta sólo a los facultativos.
Por lo tanto, no estamos ante una modificación menor al Código de Procedimiento Penal, y merece un detenido estudio.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo unánime para dar por aprobado en general el proyecto, y enviarlo nuevamente a Comisión para los efectos de que informe acerca de las indicaciones presentadas por el Senador señor Otero?
Acordado.
Terminado el Orden del Día.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)-----------------(
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Alessandri:
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS ALUVIONALES
EN ANTOFAGASTA (SEGUNDA REGIÓN)
Al señor Ministro1 de Hacienda, en los siguientes términos:
"Señor Ministro:
"El Intendente Regional, don Blas Espinoza, ha tenido la gentileza de remitirme copia de un oficio enviado a usted solicitando que se descarte una eventual solicitud de nuevo aporte regional para financiar la construcción de vías aluvionales en la ciudad de Antofagasta, ya que es un proyecto urgente de concretar.
"He tenido oportunidad de visitar las obras de la primera etapa de las vías aluvionales y coincido plenamente, y con conocimiento de causa, en que han quedado verdaderos embudos de cemento en las quebradas que apuntan hacia las poblaciones, con evidente riesgo para las vidas humanas.
"Por lo tanto, señor Ministro, solicito a usted acelerar el envío de los fondos destinados con antelación para la terminación total de estos trabajos, puesto que la Región ha cumplido con lo prometido cuando se elaboró el programa de financiamiento del plan de reconstrucción de Antofagasta y Taltal, ya que se ha duplicado el aporte regional a ese financiamiento.
"En efecto, el aporte regional al financiamiento del plan de reconstrucción de Antofagasta y Taltal, asciende a la suma de M$ 1.070.884, cifra que más que duplica el aporte convenido originalmente.
"Por lo tanto, ruego al señor Ministro que tenga a bien disponer las medidas para apresurar la entrega de estos fondos, destinados a la terminación de las vías aluvionales, que son muy importantes para la seguridad de la población de Antofagasta.
"Esperando una respuesta favorable del señor Ministro, lo saludo muy atentamente.".
Del señor Frei (don Arturo):
CREACIÓN DE CARGO DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL
EN COMUNA DE SAN NICOLÁS (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Ministro del Interior, solicitándole que disponga la incorporación del cargo de Administrador Municipal, según oficio N° 390 de la Municipalidad de San Nicolás, de la Octava Región, que se adjunta.
PLANTEAMIENTOS DE COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
DE LA OCTAVA REGIÓN
"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole especial preocupación con respecto a las aspiraciones del Colegio de Profesores de Chile A.G. Octava Región, del Bío-Bío, acerca de lo siguiente: aumento del presupuesto nacional de Educación a un 5% del PGB, lo que permitiría elevar a $ 5.000 la hora cronológica, bono compensatorio para el año 1992 de $ 100.000, aumento de la asignación de movilización a $ 6.000 y jubilación a los 30 años de servicios la mujer y a los 35 el hombre, con un 100% de la última renta.".
PLANTEAMIENTOS DE COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE
DE LA OCTAVA REGION
"Al señor Ministro de Educación, solicitándole especial preocupación con respecto a las aspiraciones del Colegio de Profesores de Chile A.G., Octava Región del Bío-Bío, acerca de lo siguiente:
"a) Aumento del presupuesto nacional de Educación a un 5% del PGB, lo que permitiría elevar a $ 5.000 la hora cronológica, bono compensatorio para el año 1992 de $ 100.000, aumento de la asignación de movilización a $ 6.000 y jubilación con 30 años de servicios la mujer y 35 años el hombre, con el 100% de la última renta.
"b) Rechazo a las calificaciones, ya que se interpretan como un sistema punitivo.".
Del señor Ruiz-Esquide:
REACTUALIZACION DE CONDECORACIONES
AL MÉRITO "BERNARDO O'HIGGINS"
"Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dirección de Ceremonial y Protocolo, reiterando el oficio N° 3.372, de 21 de julio de 1992, referente a la reactualización de las Condecoraciones al Mérito "Bernardo O'Higgins" otorgadas en 1970 a don Rufino Adán Sáenz y a don José García Ciudad, cuyas acreditaciones no se han entregado.".
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Partidos por la Democracia y Socialista,
No se halla presente ninguno de sus representantes.
En el turno del Comité Radical-Socialdemócrata, ofrezco la palabra.
El señor GONZÁLEZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
ESPIONAJE TELEFÓNICO
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, quiero referirme, en forma muy breve, a un asunto que ha concitado la atención de la ciudadanía y provocado profunda inquietud en buena parte de la opinión pública y de los sectores políticos democráticos del país.
A los radicales nos agradaría que la actividad política estuviera motivada por temas y factores que realmente tengan que ver con los intereses superiores de la sociedad chilena, sin que se vea conmovida negativamente por acontecimientos ajenos a la tradición y a los valores de reconciliación, justicia y ética, que contribuyen a la construcción de un presente y un futuro de realizaciones y esperanzas.
Aludimos, por supuesto, señor Presidente, a lo que los medios de comunicación han denominado "caso del espionaje telefónico", que ha dejado en evidencia graves fallas en nuestros sistemas valóricos y de convivencia. En nuestra opinión, las personas involucradas deberán asumir su responsabilidad en tiempos debidos y distintas instancias.
No es pertinente que nosotros intervengamos en ese ámbito. Sin embargo, señales oscuras para el ojo del simple ciudadano nos obligan a llamar la atención del Honorable Senado sobre este particular. Ellas van surgiendo ominosamente en la medida en que la justicia ordinaria avanza en investigaciones, y han ido estructurando un cuadro que ha convencido a diversas autoridades del Estado acerca de la necesidad de ejercitar los mecanismos que la Constitución pone a su alcance para reiterar el imperativo de ir a fondo y en detalle en las investigaciones y sumarios internos y judiciales. En efecto, para el Partido Radical es de la más alta valía la convocatoria hecha por el señor Ministro de Defensa Nacional para que ciertos sectores civiles y militares se abstengan de realizar contactos al margen de los organismos regulares. Igual importancia atribuimos a la determinación de solicitar al Ejército, a través de sus autoridades, la continuación del sumario interno, con el objeto de establecer, absoluta y transparentemente, todas las responsabilidades y los protagonistas del grave asunto que nos preocupa.
Comprendemos que nuestro acuerdo con ésas y otras medidas que el Gobierno adopte, por intermedio del Ministro del ramo, pudiera resultar obvio, por cuanto la tradición republicana y democrática del radicalismo nos enseña que ésos son realmente los equilibrios que debemos alcanzar, luego de la experiencia autoritaria, para construir una sólida democracia.
La etapa que vivimos, que queremos llamar "de recuperación democrática", debe ser progresiva y sostenida. Ello nos induce también a insistir en la conveniencia de volver a la histórica presidencia del Alto Mando del Ejército por la máxima autoridad política del Estado: el Primer Mandatario. Consideramos que ninguna interpretación del Texto Constitucional, con relación a los roles que entrega a las Fuerzas Armadas, justifica el peligroso papel de protagonistas directas en la creación de fenómenos y hechos políticos contingentes. Lamentablemente, y sin entrar en enojosos detalles, ésa no ha sido la realidad de todas en estos los años y medio de transición.
A mayor abundamiento, debemos recordar que en el ojo del último ciclón cívico-militar de estos días se ha encontrado, entre otros, un Honorable miembro del Senado. No obstante los momentos difíciles por que ha debido atravesar ese señor Senador, su familia y su Partido, nos complace señalar que ha demostrado la suficiente tenacidad y fuerza para ayudar a impulsar el esclarecimiento de esta desagradable situación.
Otro tanto debemos decir los radicales del rol que ha jugado el señor Ministro de Corte que substancia el procedimiento civil. Expresamos nuestra firme convicción respecto de la calidad de su investigación, y anhelamos y exigimos que el asunto se mantenga en el área de su competencia.
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra esperanza de que la justicia militar recupere, mediante una rigurosa y, en lo posible, transparente actividad, el prestigio que tuvo en el pasado, y del que -honestamente, a nuestro parecer- hoy no goza en el alma nacional.
Pensamos que es urgente consolidar el proceso de reconciliación que con tanto ahínco ha impulsado el Supremo Gobierno y en el cual hemos colaborado todas las fuerzas políticas y sociales. Y nadie puede seguir ignorando una cuestión fundamental: todo proceso de ese carácter tiene como exigencia la decidida voluntad y buena fe de todas las partes.
El Partido Radical está empeñado, en la medida de sus fuerzas, en la tarea global de construir una sociedad libre, solidaria y justa. Creemos que en tal proyecto tienen cabida y roles que cumplir todos los chilenos que aspiren, además, a una convivencia fraternal y regida por los principios que inspiran el Estado de Derecho social y democrático. Por lo tanto, denunciaremos serenamente, pero de manera inclaudicable, todo intento ajeno a esos superiores objetivos y, sobre todo, la persistencia de vicios y lacras que constituyen un pesado fardo para alcanzarlos.
Señor Presidente y Honorables colegas, el Congreso Nacional, en general, y el Senado de la República, en particular, cumplen, desde los albores de la institucionalidad parlamentaria, labores no sólo legislativas. En su tradición se encuentran decenas de ejemplos de tipo orientador político y moral para nuestra sociedad. La confusión o pérdida del sentido de su propio rol, en momentos en que hubo señales difusas en el Senado con motivo de un apasionado juego de las partes, ha contribuido a tragedias que la vida nacional podría haberse ahorrado.
Si por acción u omisión no cumpliéramos con lo que es un deber intransable, que el país y las instituciones agradecerán, haríamos un enorme daño a la actividad política, que los radicales amamos y respetamos porque la vemos imbuida, esencialmente, por la ética y la dignidad.
Por eso, señor Presidente y Honorables colegas, hemos alzado la voz, con tranquilidad, en este recinto para llamar a quienes no lo han entendido como nosotros, a rectificar conductas, deponer toda actitud de parte y coadyuvar a que nuestra sociedad se sienta orgullosa y protegida por esos principios que rigen a las instituciones fundamentales de la República.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan 8 minutos al Comité Radical-Socialdemócrata.
El señor NAVARRETE.-
No los ocuparemos, señor Presidente,
El señor URENDA (Vicepresidente).-
No hará uso de ellos.
Corresponde el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor DÍAZ.-
Tampoco intervendremos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
No lo empleará.
El siguiente es el turno del Comité Renovación Nacional.
El señor SIEBERT.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede usarla, señor Senador.
CONTROL DE ARMADURIAS DE CAMIONES CON PIEZAS Y PARTES USADAS. OFICIO
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, el 15 de octubre pasado nos vimos impactados por el accidente sufrido por nuestro Honorable colega señor Ríos, del cual, felizmente, salvó con vida y se recupera en forma positiva.
Ese lamentable hecho, señores Senadores, se debió a un desperfecto del vehículo que embistió el automóvil que él conducía.
Tengo en mi mano recortes de diarios de los últimos tres años, relativos a 15 accidentes ocasionados por fallas mecánicas de vehículos, la mayoría de los cuales, por desgracia, costaron vidas humanas.
En esta oportunidad, deseo llamar la atención del Senado sobre la armaduría de camiones con partes y piezas usadas, que desde hace varios años se practica en el país, sin que exista un organismo responsable que controle si los vehículos reconstituidos por esta curiosa vía están o no en condiciones idóneas para circular con pesadas cargas en forma segura. Concretamente, es el caso del camión Mercedes Benz, patente ED 8222, que el pasado 15 de octubre embistió al auto del Senador señor Ríos.
De hecho, solamente está permitida la importación de bienes de capital usados, siempre que constituyan parte de equipos muy específicos, como es el caso de grúas, betoneras, etcétera. Bajo este predicamento se han ingresado camiones usados al país, a los cuales los usuarios posteriormente suelen quitar el equipo especial para utilizarlos como camiones. Distinto es el caso si un vehículo es desarmado en su lugar de origen por comerciantes que se dedican a ello y luego lo transfieren como partes y piezas usadas a Chile o a otros países, donde determinados "especialistas" o transportistas propiamente tales proceden a armar vehículos con ellas.
Cumplido lo anterior, viene después la relativa dificultad -por no decir, facilidad- de inscribirlos en el Registro Civil, como fue el caso del tracto-camión Mercedes Benz que chocó al auto del Honorable colega y que fue inscrito como modelo 1981 el 14 de septiembre de 1989 por don Manuel Amador Nallar -tengo en mi poder copia del documento respectivo-, acogiéndose al resquicio que permite a un juez, previo informe del Servicio Encargo y Búsqueda de Vehículos donde se constate que el camión armado con partes y piezas no ha sido encargado por robo, dictaminar al respecto y ordenar la inscripción del mismo. Esta facilidad ha posibilitado el registro de miles de vehículos armados sin control adecuado -sí legal y reglamentario- y también reinscribir camiones o buses para su "renovación" cuando a éstos se les cambia el motor por otro usado y más nuevo que el anterior.
Todos estos mecanismos desvirtúan el espíritu de nuestra legislación y, junto con poner en peligro la integridad ciudadana, van en directo perjuicio de quienes ejercen el oficio de transportista en forma regular, poniéndolos, además, en desventaja frente al resto de las personas que desarrollan esta actividad.
Considero grave para el país tal procedimiento. Por eso, solicito oficiar al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que, al tenor de los antecedentes que he proporcionado, se adopten drásticas medidas para controlar los vehículos armados en la forma que he descrito.
Creo que eso será bueno para nosotros, lo mismo que para el resto de los chilenos.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Aún restan algunos minutos al Comité Renovación Nacional. No hará uso de ellos.
El turno siguiente corresponde al Comité Independiente. Tampoco lo usará.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
COBERTURA A PARLAMENTARIOS ANTE ACCIDENTES
El señor THAYER.-
Señor Presidente, sólo deseo expresar dos palabras vinculadas con lo que acaba de manifestar el Senador señor Siebert.
Lo acontecido a nuestro estimado colega y amigo el Honorable señor Ríos sería calificado, de acuerdo con cualquier legislación sensata, como accidente del trabajo, lo cual le habría dado derecho a las indemnizaciones que proceden en estos casos. Pero ocurre que los Senadores nos encontramos en una situación muy ambigua, que, de una vez por todas, es necesario definir.
Recuerdo que, en cierta forma, este problema fue tratado al iniciar sus labores el actual Senado, y se conversó incluso con la Asociación Chilena de Seguridad sobre la posibilidad de incorporar a sus integrantes a los beneficios de la ley 16.744. Y, en definitiva, se resolvió -es la información de que dispongo, pues no pertenezco a la Comisión de Régimen Interior- que los Parlamentarios no podían quedar afectos a la ley sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo, porque no son empleados de nadie, tampoco son empresarios, sino una mezcla, una "rara avis", muy interesante, digna de consideración y respeto, y muy pasible a toda clase de ataques. Sin embargo, están desprotegidos ante situaciones tan dramáticas como la que se acaba de recordar.
Por eso, pido al señor Vicepresidente, que integra la Comisión de Régimen Interior, y al Senador señor Siebert, que este asunto sea tratado en la Comisión de Régimen Interior. Porque no podemos esperar que venga otra desgracia y nos cree un problema más grave que aquel del que pudo salir milagrosamente con vida el Honorable señor Ríos.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).- La Mesa ha tomado nota de la sugerencia de Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, pido la palabra para referirme a la materia.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, cuando reanudó sus sesiones el actual Congreso planteamos la necesidad de que los Senadores estuvieran cubiertos contra riesgos de accidentes, sobre la base de la cancelación mensual de una prima, cargada a nuestra dieta. Y en este sentido se conversó con la Asociación Chilena de Seguridad. Lamentablemente, en virtud de disposiciones reglamentarias, quienes no perciben sueldo o jornal no pueden ingresar a dicha Asociación, como tampoco a otras mutuales. Y tuvimos que desistir de tal propósito.
Con motivo del accidente del Senador señor Ríos, hace pocos días en la Comisión de Salud volvimos a conversar con ejecutivos de esa institución, los que nos manifestaron que bastaba modificar un decreto -instancia a nivel de Gobierno- para que los Parlamentarios tuvieran acceso a la cobertura que ofrecen las mutuales o asociaciones de seguridad por concepto de riesgo de accidentes.
Señor Presidente, en vista de que aún no hemos tenido respuesta de la Asociación Chilena de Seguridad, solicito que, por intermedio de la Mesa, se hagan las gestiones tendientes a plantear esta petición a Su Excelencia el Presidente de la República. De este modo, los Parlamentarios, tanto Diputados como Senadores, quedaríamos cubiertos frente a estas eventualidades, que son efectivas, ya que las informaciones que diariamente entrega la prensa indican que el índice de accidentes ha aumentado notablemente en el país. Y quienes, en razón de nuestras funciones, debemos recorrer muchos kilómetros por todo tipo de carreteras, estamos sujetos a múltiples accidentes, no solamente a los automovilísticos, porque también utilizamos otros medios de transporte. En consecuencia, sería muy conveniente disponer de alguna cobertura, con el fin de evitar que en el futuro se nos presenten problemas tanto de carácter personal como para el propio Congreso.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).- La Mesa ha tomado nota de la sugerencia hecha por Su Señoría.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:35.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción