REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 18ª, en miércoles 16 de diciembre de 1992
Ordinaria
(De 10:45 a 16:33)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS , PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
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VERSION TAQUIGRAFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-VALDÉS Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y de Agricultura.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESION
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACION DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 14a, ordinaria, en 26 de noviembre, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 15a, especial, en 9 de diciembre, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia, con el carácter de "simple", al proyecto de ley que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo en relación con el contrato individual, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral.
-Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantuarias, relativo a las acciones que proyecta ejecutar dicha Secretaría de Estado para solucionar las deficiencias que presentan las obras de alcantarillado, defensas fluviales y puente, ubicados en la Octava Región, que se indican.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Páez y Siebert, referente a la construcción del camino Hueyusca-Bahía San Pedro, en la comuna de Purranque, Provincia de Osorno, Décima Región.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Arturo Frei, sobre la reposición de carpeta de la pista principal del Aeródromo Bernardo O'Higgins de la ciudad de Chillan.
-Quedan a disposición de los Honorables señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones.
-Queda para tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DIPUTADO AKÍN SOTO MORALES
El señor VALDÉS (Presidente).-
De conformidad con lo resuelto en el día de ayer, el Senado rendirá homenaje en memoria del Honorable Diputado señor Akín Soto Morales, recientemente fallecido.
Se encuentran presentes en tribunas sus familiares, a quienes expresamos nuestras condolencias y sentimientos de dolor.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente,
Honorables colegas:
Tras una larga y dolorosa enfermedad, ha dejado de existir un gran amigo de cada uno de quienes integran esta bancada, un compañero de mil batallas políticas y un Diputado que supo responder al afecto y confianza que depositaron en él sus electores de San Antonio, ciudad en la que ya años atrás conocí de su talento cuando ejerció el cargo de alcalde.
Akín Soto nos deja en un momento particularmente desafiante, cuando Chile se encuentra en un proceso de transición exitoso y en cuyo desarrollo a Akín Soto -primero como dirigente del Partido Socialista, luego como fundador del Partido por la Democracia y estos dos últimos años como Parlamentario- le cupo permanentemente gran participación.
Fue Akín Soto un autodidacto; un hombre que supo lo difícil que es en Chile acceder a niveles superiores de la educación. Nació en la casa en donde se fundó nuestro Partido en el puerto de San Antonio. Su niñez transcurrió entre las herramientas con que su padre se ganó el sustento como carpintero y los avatares propios de la vida de un partido político.
En 1971, cuando fue elegido regidor, Akín Soto obtuvo la segunda mayoría nacional individual, lo que refleja de manera nítida su contacto directo con la gente y su enorme capacidad de interpretar genuinamente en ese momento el sentir mayoritario de los habitantes de su querido puerto de San Antonio.
Akín Soto ejerció funciones dentro de la estructura partidaria en los años difíciles del Gobierno Militar. Supo desenvolverse en condiciones de clandestinidad y de acoso. Fue capaz de recorrer incansablemente el país, manteniendo viva la esperanza de los chilenos en un futuro mejor y más armónico, y viva la fe de miles de socialistas en la nobleza de sus ideales.
Viajó al extranjero en innumerables oportunidades en esos años, viajes durante los cuales llevó la voz clandestina de los socialistas chilenos a personalidades de relieve mundial como Bettino Craxi, Felipe González y Francois Mitterrand, con quienes se entrevistó en más de una oportunidad. En sus encuentros con sus compatriotas en el exilio, Akín Soto demostró una envidiable agudeza en el análisis político, la que se transformó siempre en un signo de aliento y optimismo.
Fue un gran tribuno. Un hombre cuya oratoria y facilidad de palabra eran admiradas por todos los que tuvimos ocasión de escucharlo. Fue un político admirable que supo comprender los grandes desafíos que tenía el país por delante en esos años duros y que colaboró tenazmente -como Secretario Nacional Ejecutivo y del Comité por Elecciones Libres- a buscar un camino que permitiera el tránsito pacífico de nuestro país a la democracia. Fue un socialista destacado, que desde 1975 ejerció cargos de importancia partidaria en el Comité Central y en la Comisión Política, y uno de los primeros en comprender la necesidad de que los socialistas chilenos entrásemos en un proceso de profunda renovación política, teórica y cultural. Fue un Diputado cuya responsabilidad cívica y alto concepto de la labor partidaria estaban fuera de toda duda. Y cuyo último testimonio elocuente fue en noviembre recién pasado cuando ya enfermo de extrema gravedad asistió en silla de ruedas a la Cámara de Diputados para votar un proyecto que requería quórum calificado.
Con Akín Soto perdemos a un compañero de altas cualidades morales, a un amigo de nobles actitudes y a un legislador de reconocidas capacidades. Asistimos a una pérdida extremadamente dolorosa tanto para los militantes socialistas como para el Partido por la Democracia.
Podemos asegurar que su vida fue un ejemplo de laboriosidad y tenacidad; de entrega y generosidad.
Con Akín Soto se nos va un hombre multifacético, que en su juventud formó el Coro Polifónico de San Antonio, que fue amante del básquetbol y supo cultivar la amistad, pero que, por sobre todo, dedicó sus energías a mejorar la calidad de la vida de los hombres y mujeres de esta tierra, así como para entregar lo mejor de sí en pos de alcanzar en Chile una sociedad más justa y pluralista.
Saludamos a su señora y a sus hijos, y estamos seguros de que el ejemplo de Akín Soto perdurará en la memoria de la patria.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, la semilla tiene que morir, y penetrar en la tierra para que ésta la haga germinar y dé frutos. Akín Soto es una semilla que ha caído y ha vuelto al lugar de donde todos partimos. Y esa semilla es un ejemplo. La maravillosa vida de Akín Soto muestra un camino y una senda para todas las personas de buena voluntad que asumen y levantan la bandera del servicio público como la razón de su vida. Akín Soto no fue un político más, no fue un hombre más que pasó por los servicios públicos dedicándose en forma exclusiva a la sociedad. Lo hizo con lineamientos, con la entrega y voluntad de quien asume esta tarea como un apostolado.
Y cuando el mundo tiende a perderse y a dejar de lado principios y valores -aquellos elementos que dan razón de ser a la existencia y a la vida de las personas que asumen el servicio público-, Akín Soto, con su vida y con su muerte, nos está indicando un camino que debiera reivindicar y dignificar la labor de los políticos como -al decir de la Iglesia- una de las formas más altas de caridad cristiana.
Akín Soto no descansó. No sólo concurrió en silla de ruedas a la Cámara de Diputados, sino que estuvo atento a cuanto pasaba en el Congreso. Me consta personalmente porque hace sólo un par de semanas me llamó para manifestarme su preocupación por un proyecto de ley que se discute en el Senado y que modifica el artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca, precepto del cual fue autor. Pero no sólo se interesaba por una ley en la cual le cupo participación, sino que también estaba pendiente de los destinos del país y de las posibles consecuencias de la enmienda de una legislación que consideraba importante para el futuro económico de Chile. Y lo hizo hasta el último minuto, porque así fue la vida de Akín Soto: consagrada al servicio del país, y de los más necesitados de nuestra patria.
La bancada de Senadores de la Democracia Cristiana, con profundo sentimiento de pesar, pero también con la alegría de quienes creemos que el hombre no muere, sino que perdura en el tiempo, en la eternidad, junto al Hacedor, decimos a su familia que tenga serenidad y resignación, porque Akín Soto sigue entre nosotros. Su ejemplo perdurará en las generaciones futuras, dará sentido a nuestras vidas y nos permitirá continuar la obra que él inició, dando proyección a nuestra patria y permitiendo la justicia para los pobres, con quienes Akín Soto se identificó.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, en representación de la sala de Senadores de Renovación Nacional, adherimos al homenaje que se rinde a un hombre que integró con brillo la bancada regional de la Quinta Región.
Debo manifestar que primero lo conocí como alcalde de San Antonio y luego como Diputado por ese distrito. No puedo dejar de señalar que el respeto que su acción auténtica y consecuente siempre despertó entre sus amigos y entre sus adversarios me hace hoy ponerme de pie para brindarle también mi adhesión en este merecido homenaje que hoy el Senado le tributa a un hombre de excepción.
En nombre de Renovación Nacional, deseo expresar a su señora, a sus hijos y a la bancada que representó, nuestras más sentidas y sinceras condolencias.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, señores Senadores, esposa y familiares de Akín Soto:
Con profunda emoción, en nombre de la Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, adhiero al homenaje que el Senado rinde en memoria del ex Diputado señor Akín Soto Morales. Ello envuelve, más allá de un reconocimiento a su vida como hombre, padre, esposo, político y Parlamentario, un testimonio personal.
De origen modesto, desde muy joven, con esfuerzo y talento supo completar su educación sin dejar a la vez de trabajar. Atraído por la política, escaló dentro de su Partido los más altos niveles hasta alcanzar, en 1971, la Alcaldía de San Antonio, luego de obtener la mayoría más elevada, no sólo en su comuna, sino que, en términos relativos, en el país entero, quedando de manifiesto la adhesión que su ciudad le brindaba. Desde ese cargo impulsó la creación del mercado municipal, el barrio industrial y el instituto tecnológico. Paralelamente, fue director de la ENDESA, donde apoyó la electrificación de zonas rurales.
El deporte le atrajo siempre, llegando a ser, además de buen jugador de baloncesto, entrenador de la selección de su ciudad.
Asimismo, sus inquietudes culturales le impulsaron a ser fundador del Coro Polifónico de San Antonio.
Las circunstancias de la vida nos llevaron a disputar el apoyo de la ciudadanía del distrito que le eligiera Diputado. Ello no se tradujo jamás en aspereza alguna que desvirtuara el carácter que siempre deben tener las contiendas cívicas.
Pero hay algo más: aun cuando las distintas formas de ver la sociedad y la política podían habernos distanciado, los problemas reales de la gente, los de nuestro querido puerto de San Antonio y la necesidad de buscar soluciones a los mismos crearon vínculos entre nosotros que nos permitieron trabajar juntos por quienes depositaron su confianza y nos llevaron al Parlamento. Ello se tradujo en diversas acciones comunes y en largas reuniones de trabajo en las que buscábamos el mejor camino para el desarrollo de su ciudad, procurando crear fuentes de trabajo y generar recursos que hicieran posible superar paulatinamente las carencias que afligen en forma tan grave a parte importante de la población de la provincia de San Antonio y de la comuna de Casablanca.
Cabe señalar especialmente que ambos, junto con la activa participación de la Senadora señora Soto, hemos vivido empeñados en sacar adelante el proyecto de un puerto pesquero para San Antonio, que ha de ser el instrumento más preponderante para el progreso y bienestar de sus habitantes.
Pero quizás lo que más me impresionó en esta vinculación personal con el extinto fue la forma deferente y generosa con que él se condujo en diversas reuniones celebradas en su ciudad, en las cuales, obviamente, la gran mayoría tenía para con él especiales manifestaciones de simpatía, por ser oriundo de ella y por gozar de gran apoyo popular. En esas oportunidades dio siempre demostración de su grandeza de alma y de que los. vínculos de afecto y de amistad que habían nacido al encarar problemas comunes eran muy reales.
Su inagotable fuerza interior lo hizo asumir su enfermedad con valentía. Encontramos en él a un hombre con deseos de seguir luchando por sus proyectos y por sus ideales.
¡Qué enorme lección nos dio a todos con su actitud para encarar circunstancias tan difíciles! Cuando lo visité en su lecho de enfermo -ya anunciada su muerte-, pude apreciar a un ser con su voluntad íntegra, con su simpatía de siempre y con ánimo de seguir bregando mientras las fuerzas se lo permitieran. Pero Dios no consintió que terminara su labor parlamentaria. Sin embargo, su ejemplo permanece con nosotros.
En fin, él no sólo sobrellevó con noble espíritu sus graves achaques, sino también la historia presente de la institucionalidad y la democracia en nuestro país. A pesar de haber vivido momentos difíciles en el pasado, supo entender que Chile había cambiado, que se requería del esfuerzo de todos para construir en conjunto una sociedad que no admite exclusiones y que necesita unidad para el logro de los grandes objetivos nacionales.
Honorables colegas, el Parlamento y Chile han perdido a un hombre consecuente con sus principios, capaz de enfrentar con valentía una enfermedad cruel, que supo cumplir con su deber y que no dudó en compartir muchas tareas con quienes podría haberse supuesto separado por diferencias políticas o de otro orden.
Por ello permanecerá en el recuerdo de todos y siento en esta mañana, más que la de un gran Diputado, la pérdida de un amigo querido.
Quiero expresar a su esposa, doña Elvira, a sus hijos, familiares y a todos quienes compartían sus ideas y principios nuestro profundo sentimiento de pesar y las más sentidas condolencias. Y en estos momentos en que el Senado de la República rinde homenaje en su memoria, ruego a Dios que acoja en su seno a quien recordaremos siempre con admiración, respeto y sincero afecto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, conocí a Akín Soto en los años duros y difíciles del Régimen pasado, cuando tantos chilenos se esforzaban por abrir los surcos que condujesen al restablecimiento de la democracia que hoy vivimos, con su actitud generosa y amplia, siempre dispuesto al entendimiento y a poner el acento en los procedimientos que llevaran de modo real y efectivo al logro de tal propósito.
Fue un socialista que ya en esos años hablaba de lo que hoy es el socialismo chileno, poniendo todo su empeño en rescatar Mas tendencias mundiales que han dejado "de manifiesto que el humanismo en su más amplia acepción es la mejor forma de entender la acción política y de contribuir eficazmente al servicio público.
Como se ha destacado esta mañana en el Senado de la República, fue un hombre que, siendo de origen modesto, supo llegar a los más altos niveles de responsabilidad en el quehacer público, demostrando que el que se preocupa, se aplica y estudia puede adquirir gran conocimiento y confrontarse en las ideas con eruditos, profesionales, personas que han accedido a academias, institutos o centros de excepción y excelencia.
Quizás fue eso lo que más admiré en Akín Soto y lo que me hace, de modo muy especial, lamentar su desaparición. La larga enfermedad que padeció fue presagiando este final. Sin embargo, como todo desenlace, nos ha golpeado con rudeza. Y así como cuando cae un árbol robusto se estremece la tierra, así también su muerte ha estremecido nuestros corazones.
El Congreso Nacional pierde un gran elemento. En 1992 la Cámara de Diputados ha visto desaparecer a dos de sus miembros, de posiciones e ideas muy parecidas, y ambos despertaron la simpatía y fueron motivo de que todas las bancadas políticas expresaran su dolor por tan sensibles fallecimientos.
En nombre del Comité Radical-Socialdemócrata, expreso nuestro profundo pesar por la pérdida de este gran Diputado, de este gran socialista y de este gran chileno y amigo, y hacemos llegar a su familia nuestras condolencias y sentido pesar por su fallecimiento.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente y Honorables Senadores:
El lamentable fallecimiento del distinguido Diputado señor Juan Akín Soto Morales ocurrido en el día de ayer, después de haber soportado, con su entereza habitual, una dolorosa enfermedad, nos ha afectado sensiblemente.
Tuve la oportunidad de trabajar activamente con él en el Parlamento, y por eso deseo unir mi voz al homenaje que hoy se le rinde en esta Sala.
Durante el estudio de una trascendente ley de larga gestación, pude apreciar su gran interés, no sólo por sus aspectos generales, sino por los alcances que ella tenía para su querido puerto de San Antonio, cuyas instalaciones me invitó a visitar. Allí pude comprobar su auténtica preocupación por él y el cariño y afecto que sus habitantes le dispensaban.
Jamás olvidaré que, al final de una larga jornada legislativa, fue su voz ecuánime y ponderada la que permitió la mejor resolución.
Expresamos a su familia nuestra adhesión y la acompañamos en su dolor, invocando a Nuestro Señor para que le conceda la serenidad para aceptar tan difícil prueba.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, deseo adherir muy sinceramente al homenaje que esta Corporación rinde en la memoria de quien fuera un distinguido Diputado, y al que no tuve el privilegio de conocer sino a través de sus obras y. actuaciones.
Una demostración de su entereza, patriotismo e interés por la causa pública la dio en esa memorable ocasión cuando, ya enfermo, asistió a la Cámara de Diputados. Esa actitud pone de manifiesto que el Parlamento pierde a uno de sus hombres destacados.
Hago llegar a su familia y a su Partido, mis más sentidas condolencias.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente y Honorable Senado:
Rendir homenaje a Akín Soto es tributárselo no sólo a él sino también a lo mejor de nuestro pueblo, a su bondad, entrega, sentido de la dignidad y compromiso con la justicia.
Estas no son palabras fáciles para un elogio después de que una persona ha muerto. Conocí a Akín y quiero dar testimonio de su personalidad, de su sentido de la vida y del dolor, como fiel representante de lo mejor del pueblo chileno.
Fue un hombre de origen modesto, autodidacto, inteligente y emprendedor, que logró vencer las dificultades y salir adelante en la vida. Abrazó los ideales socialistas y alcanzó altos cargos en su Partido y en representación del pueblo. Pero quizás todos los títulos que se recuerdan en los homenajes para condecorar la vida de un hombre esconden lo principal. En el caso de Akín, los títulos no lo reflejan a cabalidad. Lo que me impresionó de este dirigente socialista fue una mezcla de coraje, inteligencia y compromiso. Coraje, porque fue un hombre que sufrió la clandestinidad, permaneciendo en Chile en los duros tiempos para los militantes de su Partido; coraje también para asimilar los cambios, los nuevos tiempos con sus enormes desafíos, e inteligencia para buscar caminos en la lucha por la democracia.
Con él, formamos la Comisión Chilena por la Democracia Municipal, y logramos la solidaridad mundial de los municipios para la causa de la libertad y para el regreso del régimen democrático a Chile.
Junto a otros compatriotas, fuimos invitados en varias oportunidades a los más importantes foros internacionales sobre el desarrollo regional y el poder local. Siempre Akín brilló por su lucidez al plantear los problemas de Chile en este campo.
Su compromiso fue por la vida, por el humanismo, por el pueblo humilde y quien lo reconoció como aliado y lo hizo alcalde y Diputado en su pueblo natal, San Antonio.
Supimos de su enfermedad hace mucho tiempo. Nunca lo vimos agobiado por ella. Mantuvo siempre la esperanza de superarla.
Quiero destacar un hecho que tal vez se olvida en estos días: Akín pudo afrontar su larga, dolorosa y costosa enfermedad debido a gestos de solidaridad internacional, especialmente de Italia, y de allí, una comuna, Bologna, porque reconocieron en él a un hombre bueno y sencillo.
El representó un sentido de humanidad y de trascendencia; la trascendencia que emerge en personas de sensibilidad que está por sobre los pensamientos, tradiciones o ideas diferentes, tengan o no fe en un Ser Superior. Akín fue un hombre que dio su vida por valores trascendentes.
La Democracia Cristiana rinde homenaje a un gran militante socialista cuyo aporte traspasó los límites de su Partido, ya que contribuyó en forma sustantiva a la consecución de la libertad en Chile y a la creación de las bases de la Concertación.
Por eso, la ausencia de Akín es una pérdida no sólo para su familia y su Partido, sino también para su pueblo, del cual fue testimonio y servidor, y para el Parlamento.
Nosotros, los creyentes, sabemos que el Padre ya lo recibió, con la sonrisa que El reserva para el momento de la Pascua, es decir, del paso definitivo de la muerte a la vida, a sus hijos más queridos.
Amigo querido, porque luchaste por la paz, descansa hoy en ella.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, Honorable Senado, aunque la tristeza nos inunda y nos nubla el entendimiento, queremos recordar hoy a Akín en sus momentos más luminosos.
Lo conocí en el fragor de una batalla que parecía titánica: la librada por recuperar la esperanza. En su tierra, San Antonio, donde era dueño, señor y padre amante, me declaró su hermana. Y esta generosidad de que me hizo objeto la tuvo con todos. El era así: absolutamente fraterno.
Recuerdo muy bien -y Elvira lo sabe, puesto que estaba allí presente- cómo las mujeres, por decenas, le cantaban "Bello, bello, bello". Y no porque él tuviera hermosura de escaparate, sino porque la tenía del alma; esa hombría de bien que equilibra la fuerza y la ternura, y que atrae por igual a hombres, mujeres y niños.
Fue capaz de persuadir con su palabra a cuantos se pusieron por delante, para defender los intereses más caros e ideales del país. Durante la discusión de la Ley de Pesca y Acuicultura -como se ha dicho- le cupo una brillante intervención para resguardar las riquezas del mar, pero también para hacer posible que este caudal alcanzara a los más desposeídos.
Las palabras que aquí se han dicho nos llenan de orgullo y de emoción. Nosotros, como bancada del Partido por la Democracia y Partido Socialista, queremos agradecer a todos quienes las han pronunciado y contribuido así a paliar de algún modo la pena que sienten Elvira y sus hijos, y decir, con emoción tremenda, "Compañero del alma, compañero.".
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminado el homenaje, me permito proponer al Senado que concurramos, como cuerpo, a la Cámara de Diputados, donde se velan los restos del Diputado Akín Soto, para rendirle un postrer homenaje y demostrar nuestra solidaridad con su familia.
-Así se acuerda.
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-Se suspendió la sesión a las 11:26.
-Se reanudó a las 11:52.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión.
PLANTAS DEL PERSONAL DEL CONGRESO NACIONAL
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En primer lugar de la tabla figura la proposición de la unanimidad de los Comités para encomendar a la Comisión de Régimen Interior que, en conjunto con la Comisión formada por la Cámara de Diputados, constituya una Comisión Mixta, de conformidad al artículo 28 del Reglamento de la Corporación, que proponga, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, las normas a que se sujetarán las plantas del personal y las disposiciones administrativas que rijan al mismo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Quiero hacer presente al Honorable Senado que en esa Comisión se van a acordar las plantas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y se presentarán como un proyecto aprobado por la Comisión de Régimen Interior a la Sala a la brevedad posible.
Asimismo, debo manifestar que la iniciativa cuenta ya con el patrocinio del Ejecutivo, de manera que podrá ser tratada por nosotros. Esto tiene la alta significación de que el Congreso Nacional, a través de la Cámara y el Senado, va a tener la facultad de establecer sus propias plantas y reglamentos del personal.
Si le parece a la Sala, se encomendaría este asunto a la Comisión de Régimen Interior.
Acordado.
El señor JARPA.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, siendo distintas las responsabilidades y facultades de ambas ramas del Parlamento, me parece conveniente tener presente que aquí podemos establecer niveles, funciones y dotación de personal diferentes de los que requiera la Cámara de Diputados. Porque, indudablemente, cada una de las Corporaciones tiene que cumplir de acuerdo a su propio criterio las responsabilidades que le asigna la Constitución.
El Senado, a veces, necesita personal más calificado, o que trabaje mayor número de horas, o que posea más experiencia. Como el depender en esto de un acuerdo con la Cámara podría significar un inconveniente, supongo que, dentro del acuerdo general, el Senado y la Cámara tendrán libertad para establecer sus propias normas.
Sólo quería hacer esta pregunta, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señor Senador, en la Comisión de Régimen Interior hemos estudiado con bastante atención este tema. Incluso, se ha encargado a empresas especializadas el análisis de la materia. Su Señoría puede tener la seguridad de que en el criterio de la Comisión existe unánime apreciación de que debe respetarse la autonomía, tanto del Senado como de la Cámara, para determinar y definir los cargos, fijar el número de funcionarios, su calificación, etcétera.
Lo que se busca es, primero, establecer las plantas de cada una de las Cámaras - facultad que no tenemos hasta el día de hoy -, y segundo, establecer aquellas normas mínimas de administración, en los mínimos y los máximos y en ciertas equivalencias, que hemos estudiado y que corresponden a una homogeneización, hasta donde sea posible, en el tratamiento del personal en las materias que sean comunes, guardando la autonomía en todo lo que sea necesario.
Oportunamente daremos cuenta a la Sala de las resoluciones que tomemos y, ciertamente, cuidaremos de las características especiales del funcionamiento de esta Corporación.
Por tanto, si le parece al Senado, se aprobará esta proposición.
Aprobada.
MODIFICACIÓN DE LEY ORGÁNICA DE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO Y DE PLANTAS DE SU PERSONAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor EYZAGUIRRE (Secretario). - Informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, aprobado por la Cámara de Diputados, recaído en el proyecto que modifica el decreto ley N° 2.573, de 1979, Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, y modifica la planta de personal de dicho servicio.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10a, en 14 de julio de 1992.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 17a, en 13 de agosto de 1992.
Hacienda, sesión 17a, en 13 de agosto de 1992.
Constitución (segundo), sesión 3a, en 13 de octubre de 1992.
Hacienda (segundo), sesión 3a, en 13 de octubre de 1992.
Mixta, sesión 18a, en 16 de diciembre de 1992.
Discusión: Sesiones 19a, en 18 de agosto de 1992 (se aprueba en general); 4a, en 15 de octubre de 1992 (queda para segunda discusión); 5a, en 20 de octubre de 1992 (queda pendiente la discusión); 6a, en 22 de octubre de 1992 (se despacha).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión propone una nueva redacción para el número 22 del artículo 1° del proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión el informe.
Ofrezco la palabra.
El señor PACHECO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, en el informe la Comisión expresa que aprobó por unanimidad el precepto que propone, basado en una redacción formulada en indicación del Diputado señor Molina, la que fue acogida con algunas modificaciones. Esa norma está inspirada en los principios rectores que expongo a continuación.
La idea central es que el Consejo de Defensa del Estado litigue en igualdad de condiciones con sus contrapartes.
No corresponde dar el carácter de secreto a determinados documentos, sino, más bien, imponer la obligación de guardar reserva a ciertas personas, respecto de determinados hechos, consten o no en documentos.
No se intenta sancionar penalmente las infracciones, sino imponer obligaciones funcionarías cuya infracción origine responsabilidades administrativas. Lo anterior no significa que el profesional que viola el secreto que le ha sido confiado en razón de su profesión quede exento de la pena fijada por el artículo 247 del Código Penal.
La obligación de reserva pesa tanto sobre los profesionales cuanto respecto de los demás funcionarios del Consejo. Es aplicable al personal de planta, a contrata y a honorarios.
La Comisión Mixta acordó, también en forma unánime, dejar constancia, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que la reserva a que se refiere el artículo 42 que se incorpora a la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado no es oponible a la Cámara de Diputados cuando ésta ejerce su atribución constitucional de fiscalizar los actos del Gobierno; ni a las Cámaras y sus organismos internos autorizados reglamentariamente, cuando ejercen la facultad que les otorga el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
En consecuencia, la Comisión Mixta propone aprobar como número 22 del artículo 1° del proyecto, en que incide este informe, el texto que en seguida indico:
"22.-
Agrégase el siguiente artículo 42, nuevo:
"Artículo 42.-
Los profesionales y funcionarios que se desempeñan en el Consejo, cualquiera sea la naturaleza de su designación o contratación, estarán obligados a mantener reserva sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Servicio, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 247 del Código Penal.".".
Solicito al Senado acoger este texto.
El señor DÍEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, el problema presentado a la Comisión Mixta se originó porque el Senado incorporó al decreto ley N° 2.573 un artículo 42 no contemplado en el proyecto de la Cámara y que ésta rechazó.
Dicha disposición tenía por objeto establecer que "Son secretas y amparadas por el secreto profesional las instrucciones específicas y las comunicaciones internas de cualquier tipo, relacionadas con la defensa de las causas en que intervenga o haya intervenido el Consejo de Defensa del Estado".
La Comisión Mixta aprobó, con algunas modificaciones, una sugerencia del Diputado señor Molina, para reemplazar ese artículo por otro que presenta las ventajas que señalo a continuación.
Primero, dispone que la reserva es aplicable a los profesionales y funcionarios que se desempeñen en el Consejo, cualquiera que sea la naturaleza de su designación o contratación. Esto amplía la base de las personas obligadas a mantener reserva.
Segundo, estatuye que la reserva no es sólo respecto de las instrucciones para llevar el juicio correspondiente, sino sobre todos los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el Consejo. Porque éste, además de los asuntos de carácter judicial, debe proporcionar informes al Presidente de la República y a las oficinas públicas sobre puntos de Derecho que necesitan de un conocimiento más especializado.
Tercero, hace aplicables a todo el personal del Consejo las disposiciones del artículo 247 del Código Penal, en la misma forma en que lo son para los profesionales que reciben un encargo que queda amparado por el secreto.
De esta manera, señor Presidente, creo que la redacción aprobada por la Comisión Mixta perfecciona la disposición, deja las cosas en su debido lugar y protege la reserva de los intereses del Estado.
La Comisión, a propuesta del Senador que habla, acordó unánimemente dejar constancia en el informe, para la historia de la ley y con el propósito de no tener que repetirlo cada vez, que la reserva no es oponible a la Cámara de Diputados cuando ésta ejerce su atribución constitucional de fiscalizar los actos del Gobierno; ni a las Cámaras y sus organismos internos autorizados reglamentariamente, cuando ejercen la facultad del artículo 9° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, relativo a las informaciones.
Quisimos dejar esto expresamente establecido en el informe, como dije, para no tener que reiterarlo cada vez que analicemos la confidencialidad o reserva de informaciones que deban proporcionar los secretarios, es decir, los oficiales del Estado, ya que siempre están vigentes, como es lógico, el principio de jerarquía constitucional, la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados y las atribuciones que competen a las Oficinas de Informaciones del Parlamento.
El señor VALDÉS (Presidente). - Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta.
PLANTAS DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que fija nuevas plantas del personal del Servicio de Registro Civil e Identificación, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Hacienda, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Constitución propone aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Por su parte, la de Hacienda sugiere, también, despacharlo en esa forma.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, Honorable Senado, en primer lugar, quiero hacer presente que acabo de presentar algunas indicaciones respecto de diversos artículos, sobre las cuales deseo referirme.
Debo manifestar que en esta iniciativa, al igual que en muchas otras -especialmente, la que conocerá la Sala a continuación, relativa a la sustitución de las plantas del personal del Instituto Nacional de Estadísticas-, se hacen ciertas adecuaciones de planta, con miras a lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Servicio de Registro Civil e Identificación y a adaptarlo a sus nuevas necesidades y estructura.
Se establece, además, una delegación de facultades en el Presidente de la República, para que, mediante decretos con fuerza de ley, fije los requisitos que deberán cumplirse en los cargos de las diferentes plantas del Servicio, esto es, las de Directivos, de Profesionales, de Técnicos, de Administrativos y de Auxiliares.
Respecto de esta materia, señor Presidente, quiero manifestar mi opinión contraria a lo que se viene proponiendo, atendido que ella es propia de una ley formal. Incluso, como el artículo 19, número 17, de la Carta, que dispone que para ingresar a los cargos públicos se requiere cumplir con los requisitos que imponga la ley, se halla contenido en las garantías constitucionales, estimo que la delegación no procede, pues lo impide el artículo 61 de la Constitución.
Aún más: varios proyectos de ley han sido sometidos en términos similares al pronunciamiento del Congreso, pero en cada Comisión que ha tenido conocimiento de ellos se ha planteado la necesidad de que dichos requisitos se establezcan formalmente en la ley. Y así se ha hecho. Recuerdo, entre otros casos, el de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, el del Instituto Nacional de Estadísticas -iniciativa que será conocida a continuación-, el del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y muchos otros.
En esa perspectiva, considero que debe rechazarse la delegación de facultades propuesta en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que en su oportunidad fue aprobada por la Cámara de Diputados, y fijarse en esta propia normativa los requisitos que deben cumplir quienes ingresen al Servicio, más aún si se toma en cuenta la transcendencia de la materia en análisis. Son las Comisiones que estudien el proyecto las que deben escuchar a las correspondientes asociaciones de funcionarios y analizar las exigencias establecidas en plantas de organismos que puedan tener una naturaleza semejante, con el objeto de armonizar la legislación y de que para similares empleos se consagren similares requisitos.
Por esa razón, señor Presidente, pienso que no debe haber delegación de facultades, sino que este punto tiene que quedar determinado en la ley.
Cabe señalar, además, que en el proyecto en análisis se dispone un plazo de 60 días para que el Presidente de la República pueda dictar los decretos con fuerza de ley respectivos, término ya excedido con creces. En consecuencia, presumo que el Ejecutivo debe tener muy claro cuáles son los requisitos que se establecerán.
Por otra parte, conviene destacar un aspecto muy importante en lo referente a la delegación que se propone. Como no se contempla la exención del personal en servicio, éste quedará desprotegido cuando se produzca la designación en los cargos con exigencias nuevas.
Por consiguiente, he presentado una indicación para suprimir dicha delegación y, de ser acogida, otra relativa a la fijación de determinados requisitos, basándome en el esquema de algunas entidades.
La tercera indicación, señor Presidente, tiene por objeto proteger los derechos de los actuales funcionarios, apuntando claramente -lo que no hace el proyecto- a aquellos que pudieran ser realmente afectados por un encasillamiento. Las protecciones son de derecho estricto, de modo que deben ser precisadas todas y cada una de ellas, y no procede que se especifiquen respecto de derechos que, como los relativos al desahucio y al sistema de prestaciones de salud, no pueden verse afectados por el proceso aludido. Así que, a mi juicio, la mención a ello en una ley sólo produce equívocos y es fuente de conflictos. Tampoco me parece conveniente establecerlas -como lo hace el proyecto en la disposición pertinente- con carácter general y sin conocerse sus efectos.
La indicación señala, además, que mediante planilla suplementaria se compensarán eventuales disminuciones de remuneraciones y que aquélla será reajustable e imponible en los mismos términos en que lo sean estas últimas, con el objeto de evitar que aumente o disminuya el monto sujeto a cotizaciones, o el de la respectiva pensión de jubilación. También dispone que dicha planilla se absorberá por futuras promociones, esto es, en la medida en que desaparezca la causa que le dio origen.
En consecuencia, señor Presidente, estimo que este proyecto debe volver a Comisión, a fin de que se analicen las indicaciones presentadas.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que fija nuevas plantas para el personal del Servicio de Registro Civil e Identificación, tiende, como lo expresa el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, a "hacer más eficiente la atención al público, a la vez que dignificar tanto la función como elevar el nivel de remuneraciones de los funcionarios".
Sin embargo, el sistema de incrementar los ingresos mediante la modificación de las plantas provoca bastantes problemas. Durante el último tiempo hemos visto por lo menos nueve proyectos en los cuales se ha utilizado este procedimiento. Y si efectuamos el análisis correspondiente, podremos darnos cuenta que las plantas han quedado totalmente deformadas.
Pienso que podría lograrse un buen equilibrio con un triángulo, en el que la cantidad de personas que figuren abajo debe ser, naturalmente, mucho más elevada, en tanto que en la parte superior tendría que ir la unidad del jefe del servicio. En el caso que nos ocupa, en los grados 26, 27 y 28 hay 11, 6 y 5 cargos, respectivamente, dentro de un total general de más de 2 mil funcionarios -en la cúspide se halla el jefe del servicio, lógicamente, lo que es correcto-, pero unos cuantos grados antes se observa un número de cargos bastante grande, al igual que en el centro. O sea, se ha producido un desequilibrio muy importante en la confección de esta planta, y ello no es tanto porque se desee mejorar o dignificar la función, sino que es una forma de elevar el nivel de los ingresos.
Además de ese problema de desproporción, que es totalmente negativo en la parte operativa, se plantea una interrogante respecto de la situación de los servicios e instituciones que tienen sus escalafones muy bien constituidos -es decir, en forma triangular-, como es el caso de las Fuerzas Armadas, a las cuales no puede aumentárseles la remuneración cambiando las plantas. Por lo tanto, éste constituye el segundo punto en que cabe advertir las deficiencias del sistema mencionado.
Me parece adecuado, señor Presidente, después de ver este proyecto y muchos otros parecidos, recomendar al Ministerio de Hacienda que haga un completo estudio de todas las plantas, a fin de que en ellas se logre un equilibrio real, de acuerdo a las funciones, y no sobre la base de aumentar los ingresos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, este proyecto de ley sustituye la planta del personal del Servicio de Registró Civil e Identificación, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 21 de febrero de 1990, del Ministerio de Justicia.
Ahora bien, ¿qué se pretende con ello? Se procura "hacer más eficiente la atención al público, a la vez que dignificar tanto la función como elevar el nivel de remuneraciones de los funcionarios", dice el mensaje. En la actualidad, esta repartición presenta un deterioro en este último aspecto, en relación con las restantes instituciones regidas por el decreto ley N° 249, de 1974, sobre Escala Única de Sueldos.
En el caso del Servicio de Registro Civil e Identificación debe destacarse que cuenta con 504 oficinas a lo largo y ancho del país, incluidas la Antártida chilena, Isla de Pascua y Juan Fernández, y, por su cobertura geográfica y tipo de actuaciones, es uno de los organismos que atienden mayor cantidad de público. Además, diversas leyes le han ido agregando permanentemente nuevas funciones, todo lo cual incide en una abundante carga de trabajo para el personal, que debe afrontarlas con remuneraciones que, como se ha dicho, son inferiores a las de otros servicios públicos.
Por lo tanto, señor Presidente, este proyecto es de toda justicia y no quiebra ninguna relación con las demás entidades, de modo que, en opinión de los Senadores democratacristianos, debe ser acogido.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó esta iniciativa, porque comprende la importancia del Servicio de Registro Civil e Identificación y, al mismo tiempo, la necesidad de perfeccionar su funcionamiento y mejorar las remuneraciones de su personal, ya que realmente, como se ha dicho, ha sido un organismo "postergado" -entre comillas-, desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, hay dos problemas que el Ejecutivo debiera considerar seriamente. Uno de ellos es el planteado por el Senador señor Mc-Intyre, en el sentido de que la fijación de la planta del personal no puede efectuarse con la idea de influir en las remuneraciones, sino que debe irse, lisa y llanamente, a un aumento de éstas. Porque estamos creando una importante anarquía en los escalafones de muchas reparticiones.
Además, no sabemos qué política tiene el Gobierno con respecto a los servicios públicos postergados, ya que ha enviado al Congreso proyectos individuales y cuyos criterios generales no son uniformes. Y esto se lo hemos hecho presente al señor Ministro de Hacienda en numerosas oportunidades.
En seguida, señor Presidente, y aprovechando la presencia del señor Ministro de Justicia, debo decir que la Honorable señora Feliú tiene razón en el sentido de que el artículo 2° del proyecto es inconstitucional. En efecto, la Carta Fundamental, en su artículo 19, número 17, garantiza a las personas "La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes", y el artículo 2°, ya citado, autoriza al Presidente de la República para que fije requisitos generales y específicos de ingreso y promoción. Se podría pensar que se trata del ejercicio de la potestad reglamentaria del Primer Mandatario, pero el mismo precepto dispone que ello se hará "mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Justicia".
Sin embargo, los requisitos de admisión a la Administración Pública no pueden ser fijados a través de una delegación de funciones, porque ésta, de acuerdo con el artículo 61 de la Carta, no puede extenderse a materias comprendidas en las garantías constitucionales. Y el ingreso "a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes", está inserto en ellas. En consecuencia, el Congreso Nacional no podría delegar dicha facultad en el Presidente de la República, quien puede reglamentar, sí, los requisitos establecidos en la ley.
Como dije, señor Presidente, el texto del artículo 2° nos hace pensar, a primera vista, que estamos, evidentemente, en presencia de una disposición inconstitucional, lo cual puede corregirse si el Gobierno envía una indicación relacionada con el establecimiento de los requisitos aludidos. Y de esa forma la norma armonizaría con la letra de la Constitución.
Llamo la atención del Senado sobre el particular, porque el Tribunal Constitucional ha sido estricto -y con razón- en la aplicación de la letra de la Carta. Y aquí nos encontramos ante requisitos que asegura el artículo 19, número 17, de la Ley Fundamental, por lo que se incluyen entre las garantías constitucionales.
En consecuencia, esta materia no podría ser objeto de una delegación de facultades al Presidente de la República, por lo que la indicación de la Honorable señora Feliú deberá ser tomada en cuenta muy seriamente en el análisis del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Para salvar el problema, seguramente el Ejecutivo tendrá que hacer presente los requisitos que desea que figuren en la ley, porque nosotros carecemos de facultad para ello.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, Honorable Senado, el tema que se ha planteado ya fue discutido en la Comisión de Hacienda, donde todas las indicaciones formuladas fueron declaradas inadmisibles.
El punto que requiere mayor análisis se refiere a si es posible delegar la facultad legislativa en lo relacionado con la determinación de requisitos de ingreso. El argumento que se esgrime para estimar inconstitucional tal posibilidad se funda en el artículo 19, número 17, de la Constitución Política, que asegura la igualdad en el acceso a cargos públicos, o sea, que todas las personas que reúnan los requisitos tienen derecho a una igualdad de condiciones en los concursos, según corresponda. Y tales requisitos deben estar impuestos, o por la Carta Fundamental, o por la ley, pero no se infringe la garantía si son establecidos mediante una delegación. De manera que, a nuestro juicio, no existe inconstitucionalidad en la norma del proyecto.
Por otro lado, se han señalado algunas críticas respecto del sistema de fijación de plantas...
El señor DÍEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Cómo no, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
El problema, señor Presidente, es que no queremos consagrar normas cuya constitucionalidad no sea clara. Y el tenor literal de la Carta Fundamental se aparta de la interpretación, tan acertada, que ha efectuado el señor Ministro, porque establece que la autorización para dictar disposiciones con fuerza de ley no podrá extenderse a la nacionalidad, etcétera, "como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales". Y la fijación por ley de los requisitos de ingreso a la Administración Pública es, precisamente, una de las materias comprendidas en las garantías constitucionales.
En consecuencia, la letra de dos preceptos de la Carta se traduce, a mi juicio, en la inconstitucionalidad del artículo 2° del proyecto, porque, siendo claros, no podemos consultar su filosofía.
Por eso, considero que, en vez de dictarse un cuerpo legal con un problema jurídico, es mejor que se formule una indicación, sobre la base de los proyectos de decretos con fuerza de ley que deben de haberse elaborado, y se establezcan las ideas fundamentales en el mismo texto en estudio, dejando el resto a la potestad reglamentaria del Presidente de la República.
Agradezco al señor Ministro la interrupción.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede proseguir el señor Ministro.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Gracias, señor Presidente.
Creo que el problema no es tan sencillo. Si el Servicio de Registro Civil e Identificación pidió 60 días es porque, incuestionablemente, los requisitos deben estar bastante estudiados. La cuestión radica en el precedente que se sienta. Si el Senado acoge la interpretación restrictiva que aquí se hace, significa que jamás podrá haber delegación de facultades,...
El señor DÍEZ.-
¡En cuanto al ingreso!
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
...pues bastaría para impedirla el hecho de que una materia fuera mencionada, simplemente, en una garantía constitucional, en circunstancias de que lo que la Carta Fundamental asegura son las garantías en sí mismas.
Aun cuando el punto que nos ocupa es opinable, una interpretación restrictiva sobre el particular puede establecer un precedente muy delicado. Por nuestra parte, consideramos que lo que la Constitución prohibe es delegar la esencia del contenido de una garantía, no lo vinculado a las meras referencias que con motivo de ésta se hacen.
En cuanto a las otras críticas al proyecto, una dice relación con las plantas y su integración.
Efectivamente, las plantas de la Administración Pública, en general, tienen una organización en forma de rombo, porque contemplan pocos cargos tanto en su inicio como al final.
Comparto la opinión aquí vertida en el sentido de que es necesario estudiar una regulación general al respecto. Sin embargo, en este caso concreto, tratar de lograr esa finalidad a través de un proyecto específico distorsiona todo el sistema vigente, tal como observó un Honorable Senador en una intervención anterior.
Lo mismo sucede con las indicaciones que persiguen perfeccionar la redacción de las garantías o protecciones cuando las personas van a ser encasilladas. ¿Qué ocurre? Que esa precisión va a ser interpretada en el contexto de otras leyes, pero estas otras leyes van a ser interpretadas con las restricciones actuales.
Son problemas de técnica legislativa que, evidentemente, requieren un análisis más profundo, para lograr mayor uniformidad.
Pero tratar de resolverlos a través de proyectos particulares crea situaciones que, a la inversa, no permiten obtener lo que se persigue.
En cuanto a las garantías de quienes en este momento ocupan lugares en las plantas, es obvio que todo decreto con fuerza de ley que consagra requisitos de esta índole incluye una norma transitoria que contempla la situación de esas personas, a fin de que no se vean afectadas por las nuevas exigencias.
El Registro Civil es un servicio postergado, que ha realizado una labor profundamente sacrificada en los últimos meses, como consecuencia de haber quedado recargado su sistema computacional. En la planta se crean los cargos necesarios para poder asumir técnicamente la función que este último demanda.
Se trata, en definitiva, del reconocimiento a un organismo que, desarrollando una actividad muy loable en todo el país y trabajando horas extraordinarias, ha podido mantener en pie el sistema de registro civil, a pesar de su obsolescencia. Recordemos que ya el Gobierno anterior quiso cambiarlo, lo que, por problemas en la licitación, se ha postergado por casi dos años. Ruego al Senado tomar en consideración esta circunstancia al pronunciarse sobre la iniciativa en debate.
Creo que la cuestión de constitucionalidad es un asunto bastante delicado. Aun cuando podamos presentar las indicaciones mencionadas, pienso que, acogido el precedente, la delegación de facultades legislativas va a quedar sumamente restringida.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La había solicitado con anterioridad el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, este proyecto, aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, es bastante sencillo: efectúa un reordenamiento en la planta del Registro Civil, cuya dotación máxima asciende a 2 mil 317 personas, existiendo una dotación efectiva de 2 mil 58 funcionarios de planta y de 197 contratados, asimilados a un grado.
Entre las novedades que introduce, se incluye la del aumento de 1 ó 2 grados para todo el personal, reordenándose las plantas de Directivos, que queda en 265 cargos, la de Profesionales, en 29, la de Administrativos, en 1 mil 591, y la de Auxiliares, en 104.
Asimismo, se crea la planta de Técnicos, con 69 cargos, absolutamente indispensable para el buen funcionamiento del Servicio, la cual comprende a los peritos dactiloscópicos y a quienes trabajan en la fabricación de cédulas de identidad y en la imprenta.
El aumento de grado a que he hecho referencia no se extiende al cargo de Director Nacional.
Además, la iniciativa mejora los grados mínimos de ingreso en las plantas de Administrativos y de Auxiliares, de 28 a 25 y de 31 a 28, respectivamente, y crea el cargo de Jefe de Sección de Oficinas Provinciales.
Todo lo anterior implica la transformación tecnológica del Servicio, que la Comisión de Hacienda pudo constatar a través de las explicaciones que dio la Directora.
En la citada Comisión, la Honorable señora Feliú presentó una indicación destinada a sustituir el precepto que se ha calificado de inconstitucional, la que fue declarada inadmisible precisamente por ser contraria a la Carta, ya que entrañaba un aumento de remuneraciones para determinados funcionarios profesionales. En esta materia el Congreso no tiene iniciativa, de acuerdo con el artículo 62, número 4°, de la Constitución.
Finalmente, señor Presidente, quiero señalar que el reordenamiento de las plantas, de un costo de 321 millones 125 mil pesos para el presente año, se encuentra perfectamente financiado y se imputará a un ítem del Tesoro Público cuyo saldo, a la fecha de expedirse el informe, quedaba en 28 mil 562 millones 482 mil 134 pesos.
En suma, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y cuenta con financiamiento adecuado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, el Senador señor Lavandera ha dado una cuenta bastante completa del tratamiento que tuvo la iniciativa en la Comisión mencionada. Por tanto, no voy a abundar en ello, sino que me voy a referir al tema de la constitucionalidad y a la falta de una política del Gobierno respecto de las remuneraciones en los servicios públicos, a pesar de que ambos aspectos1 ya fueron tocados por el señor Ministro.
Se nos ha informado en forma reiterada por la Dirección de Presupuestos acerca de la forma como se están realizando las modificaciones en las plantas de la Administración Pública, en lo que se sigue una pauta determinada, a la cual se adecuan. Lo que no podría hacerse -lo señalo para satisfacer la inquietud manifestada por algunos señores Senadores-es cambiar las plantas de todos los servicios simultáneamente, porque eso sería imposible. El proceso se está llevando a cabo servicio por servicio, conforme a los estudios que proceden y a pautas de carrera funcionaría y de remuneraciones. De manera que, desde ya, quiero dejar bien en claro que la afirmación que hizo sobre esta materia un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra es absolutamente gratuita y no tiene ningún fundamento. Y yo la entiendo, porque seguramente Su Señoría no ha tenido conocimiento ni información, por su imposibilidad de participar en la Comisión.
En segundo término, quiero referirme al tema de la constitucionalidad.
Coincido plenamente con lo manifestado por el señor Ministro de Justicia sobre la interpretación del artículo 61 de la Carta Fundamental con relación al artículo 19. Cuando aquél habla de las garantías constitucionales, se remite a su contenido. ¿Y cuál es la esencia del N° 17° del artículo 19? Evitar discriminaciones en cuanto a la admisión a todas las funciones y empleos públicos. Pero no se refiere a los requisitos que deben cumplirse, ya que eso corresponde a la ley. Y precisamente el citado N° 17° dice: "que impongan la Constitución y las leyes".
Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 61, la materia contemplada en el artículo 2° del proyecto es plenamente delegable. Y es propia de reglamentación, como normalmente lo ha sido en la legislación chilena, la fijación de requisitos u otras formalidades que deban cumplirse para el ingreso a la Administración del Estado.
Por otra parte, reclamo a la Mesa la aplicación del Reglamento para procurar el despacho rápido de la iniciativa.
Tengo en mi poder un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que señala que cuando una indicación ha sido declarada inadmisible por el Presidente de una Comisión, la cuestión no es revisable por la Sala. Incluso, ese informe sugiere a ésta la presentación de un proyecto que modifique la normativa legal existente sobre la materia.
Entonces, si las indicaciones formuladas por la Senadora señora Feliú -a quien reconozco muy buenas intenciones- son absolutamente inadmisibles, por inconstitucionales, no hay motivo para repetir su discusión, ni tampoco para replantearlas en la Sala. La inadmisibilidad está declarada. Por lo tanto, no es pertinente rever tales indicaciones.
Por otro lado, como la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto, considero positivo que lo despachemos rápidamente y no nos sigamos enredando en un tema que ya está del todo clarificado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Senadora señora Soto había solicitado la palabra.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, seré breve.
Estimo que la iniciativa es muy sencilla. Nuestra bancada la aprobará, porque consideramos que da cuenta de un magro aumento a un Servicio sobremanera postergado, que cumple funciones esenciales para la vida de cada uno de los chilenos: nacimiento, matrimonio, constitución de familia, etcétera.
Al mismo tiempo, aquí se crea una dependencia cuya importancia parece escapar un poco: una oficina técnica para la elaboración de fichas dactiloscópicas. Los abogados que hemos ejercido intensamente la profesión y defendido a los reos hemos visto cuan importante es tal aspecto y cuánto incide en la libertad de las personas, la que constituye una cuestión muy esencial establecida en la Carta Fundamental. Por lo tanto, celebramos que se cree dicha oficina técnica y, además, que se mejore el servicio computacional. Por consiguiente, no vemos inconveniente en aprobar la iniciativa. Y estamos de acuerdo con lo sostenido por el señor Ministro en cuanto a que es complicado aceptar una interpretación muy restrictiva de la Constitución.
Por otra parte, deseo hacerme cargo de una alegación que considero justificada, en el sentido de que las plantas del personal debieran ser un todo armónico. De manera que solicito a la Sala que, después de despachar este proyecto, los próximos relacionados con plantas de personal sean conocidos por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que es donde corresponde estudiarlos, a fin de que exista un criterio unificado sobre la materia.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, este proyecto parecía bastante sencillo de aprobar, pero se ha dificultado su tratamiento. Espero que finalmente podamos concordar un procedimiento que permita despacharlo antes de fin de año.
El mensaje del Ejecutivo destaca los méritos y la justicia de esta iniciativa. Básicamente, estamos en presencia de una situación que afecta a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuyas rentas se hallan por debajo del promedio dé los sueldos regidos por la Escala Única de Remuneraciones. Este no es el único servicio de la Administración Pública que enfrenta problemas de esta naturaleza; hay varios en situación similar. Por eso, el Gobierno ha enviado al Congreso varios proyectos que pretenden hacer justicia a quienes se hallan en condiciones desmedradas respecto del común de los funcionarios del Estado.
No quiero extenderme en exceso sobre lo que el Servicio en cuestión representa para el país, pero cabe destacar el hecho de que, probablemente, es la entidad de la Administración Pública que atiende al mayor número de personas. Por lo tanto, se trata de los funcionarios fiscales que están más en contacto con el público, por las características de la función que allí se cumple.
Asimismo, hay en el país más oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación que comunas, y están ubicadas en lugares tan apartados como Isla de Pascua, la Antártida o Juan Fernández.
Recientemente, al recorrer algunas de las comunas de mi circunscripción, me reuní con parte del personal de la oficina del Servicio en Angol, para conocer de un problema vinculado con sus calificaciones, las que no correspondían -y de ahí mi interés y preocupación por conversar con ellos- a lo que tradicionalmente habían sido las políticas sobre la materia. Y quedé sorprendido al comprobar que muchos funcionarios que permanentemente habían sido calificados en Lista 1 ahora estaban en Lista 2 ó 3.
Aunque ese tema no corresponde al proyecto, aprovecho de mencionarlo, porque estimo que ello agrava la situación desmedrada de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En definitiva, señor Presidente, solicito que realicemos un esfuerzo de buena voluntad -sin afectar la normal tramitación legislativa del proyecto- para posibilitar que este año se haga justicia a ese personal.
Por lo tanto, expreso mi acuerdo para aprobar la iniciativa en esta sesión. Y si se insiste en algunas indicaciones, sugiero que ellas sean vistas, a más tardar, el martes de la próxima semana, a fin de que aquélla sea despachada en general y particular antes de fin de año.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, sin ánimo alguno de retardar la tramitación del proyecto, quiero hacer breves consideraciones sobre materias que aquí se han abordado y que estimo de importancia.
Desde luego, se pretende descalificar cualquier tipo de planteamiento que haga un Senador a través de indicaciones, por estimarse que éstas son inconstitucionales o que corresponden a facultades de Su Excelencia el Presidente de la República. Pero la verdad es que son muy pocas las oportunidades en que podemos representar cuestiones de fondo al Primer Mandatario -quien tiene la responsabilidad administrativa del Estado-, para que en sus políticas considere la opinión del Senado, y en general, del Parlamento.
De allí, sin que ello pueda traducirse en la postergación indebida de un proyecto, me parece que nunca está de más plantear situaciones que dicen relación a una mejor administración del Estado y a una mayor justicia para los funcionarios públicos.
Por otra parte, esta iniciativa, a mi criterio, es una demostración cabal de la deformación del Estado chileno.
Siempre he sostenido que el Estado es el más injusto y el más disparejo de los empleadores. Y tal vez por intervenir en un conjunto de actividades que le son ajenas, a través de empresas u otros organismos, resulta que él mismo paga a funcionarios que trabajan en ámbitos donde se compite con particulares remuneraciones que pueden ser las adecuadas, pero que no condicen con las que paga a los funcionarios que desempeñan tareas indispensables y que siempre corresponderán al Estado, quienes reciben el peor tratamiento. Esto debe corregirse.
Quienes luchamos por una reducción del Estado, lo hacemos precisamente para lograr los objetivos de que sus funciones específicas se realicen acertadamente y de que aquellos que las llevan a cabo sean remunerados en forma adecuada.
A este respecto, creo que hay pocos servicios más útiles y necesarios que el de Registro Civil e Identificación, cuya eficiencia es extraordinaria, especialmente si tenemos presentes los sueldos que perciben quienes trabajan en él.
De allí que, sin pretender tratar hoy ese problema específico de la Administración Pública, me parece positivo representar dicho punto de vista, para que de una vez por todas tengamos un Estado equitativo que, circunscribiéndose a sus tareas principales, las remunere justamente, y que, en todo caso, empiece por cumplir bien aquello que es irrenunciable antes de entrar a competir en otro tipo de actividades.
Ahora bien, coincido con lo expresado por algunos señores Senadores en el sentido de que muchas veces se busca una línea oblicua para mejorar las remuneraciones. Creo que existe acuerdo absoluto en aumentarlas, pero no siempre será el encasillamiento el medio para conseguirlo, pues incluso puede ser perturbador.
Lo importante, entonces, es tener presente que hay personal mal remunerado, al cual debe solucionarse su problema, en lo posible, sin romper ninguna estructura.
No estoy en condiciones de determinar si el encasillamiento será adecuado para otro fin que no sea el de aumentar el nivel de ingresos. Sin embargo, adhiero a la preocupación manifestada en el sentido de que, en vez de seguir la senda clara y directa de aumentar las remuneraciones a funcionarios mal pagados, se busquen sistemas que pueden perturbar o producir otro tipo de efectos.
En todo caso, precisamente porque estamos conscientes de que se trata de uno de los servicios esenciales de la Administración Pública que se hallan postergados, concurriremos con nuestros votos favorables a la aprobación general del proyecto, que procuraremos despachar a la mayor brevedad, pero con la recomendación al Estado de que, consciente de cuáles son sus deberes fundamentales, se convierta en un empleador justo y equitativo, que remunere en forma más adecuada a quien mejor le sirve.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Creo que ha existido una lata discusión sobre el proyecto, que parece bastante simple.
De acuerdo con las disposiciones legales pertinentes, corresponde declarar la inadmisibilidad de las indicaciones presentadas por la Honorable señora Feliú, lo que hago en este instante.
Tiene la palabra la Senadora señor Feliú.
La señora FELIÚ.-
Indudablemente, es facultad del Presidente del Senado declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación. Pero estimo que la decisión de Su Señoría no es adecuada ni se ajusta a nuestro Reglamento, por las razones que a continuación expondré.
Las observaciones que presenté ante la Comisión de Hacienda no son técnicamente indicaciones. Y este proyecto no ha sido aprobado en general por el Senado.
Ante mi imposibilidad de asistir a dicha Comisión, ya que participaba en otra -debo recordar que no soy integrante de ella-, presenté mis observaciones por escrito, y no verbalmente, como habría correspondido normalmente.
En primer término, hice ver mi desacuerdo con la norma que delega facultades en el Presidente de la República para fijar requisitos de ingreso y promoción, y planteé, en su reemplazo, algunas exigencias similares a las que tiene el resto de la Administración Pública.
La verdad es que ni hilando muy fino podría concluirse que la fijación de requisitos importa un gasto público. Y, en todo caso, debo hacer notar que el Honorable señor Zaldívar, Presidente de la Comisión de Hacienda, acaba de manifestar que, a su juicio, la determinación. de requisitos para servir un cargo público es materia de reglamento y no de ley. Mal podría, pues, ser inconstitucional mi proposición.
En cuanto a la observación que formulé para corregir la redacción del artículo 4° -y reitero que, formalmente, no se trataba de una indicación, porque el proyecto no había sido aprobado en general-, debo decir que con ella sólo he pretendido establecer en forma más precisa las protecciones que corresponden a los funcionarios.
Por último, debo hacer presente que la delegación de facultades concebida en este proyecto dejará a los funcionarios en servicio sin la posibilidad de ser designados en los cargos si se les fijan requisitos distintos de los que tienen hoy.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Según consta en el informe, la Comisión de Hacienda conoció las proposiciones de Su Señoría como indicaciones, y en esa calidad fueron declaradas inadmisibles por su Presidente. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso y con el Reglamento de la Corporación, no corresponde al Presidente de la Sala revocar ese dictamen.
Por tanto, quedan rechazadas las indicaciones, por inadmisibles.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
Como no se han presentado otras indicaciones, queda aprobado también en particular.
El señor DÍEZ.-
No, señor Presidente. Hay que votarlo en particular, artículo por artículo.
La señora FELIÚ.-
Solicito división de la votación, señor Presidente, porque voy a votar en contra de la delegación de facultades.
El señor DÍEZ.-
Personalmente, deseo votar en contra del artículo 3°. Formulo indicación para suprimirlo.
El señor LAVANDERO.-
- Tendría que haberla presentado antes de que se cerrara el debate, señor Senador. Ahora no es posible hacerlo.
El señor VALDÉS (Presidente).- El proyecto está aprobado en particular, de acuerdo con el Reglamento. La Mesa ha aplicado el artículo 103, que dice: "Aprobado en general un proyecto acerca del cual no se hayan formulado indicaciones, o si todas son declaradas inadmisibles," -es el caso en que estamos- "se entenderá aprobado también en particular, y el Presidente lo declarará así.", lo que hice oportunamente.
En consecuencia, el proyecto está aprobado en general y particular.
SUSTITUCIÓN DE PLANTAS EN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que sustituye las plantas del personal del Instituto Nacional de Estadísticas, con informes de las Comisiones de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19a, en 18 de agosto de 1992.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Hacienda, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Economía propone aprobar la iniciativa con diversas modificaciones, las que fueron aceptadas por la de Hacienda.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, deseo informar esta iniciativa en nombre de la Comisión de Hacienda, que debí presidir accidentalmente, en reemplazo del titular, el Senador señor Zaldívar.
A la Comisión le correspondió pronunciarse sobre los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9°, y los aprobó por unanimidad.
El propósito del proyecto es sustituir las plantas del Instituto Nacional de Estadísticas. Tiene, pues, tanta relevancia como el que acabamos de despachar. En ambos casos se trata de servicios que habían sido postergados y que vieron reducirse sus funciones, importancia y remuneraciones hasta un punto tal que se ha hecho necesario cambiar sus estructuras.
No todos los servicios están en las mis; mas condiciones. Por eso, el Gobierno ha decidido solucionar los problemas de los más postergados, entre los cuales se cuenta el Instituto Nacional de Estadísticas.
Ahora bien, yendo al detalle de la iniciativa, cabe informar que la Dirección Nacional, en la Planta de Directivos, queda con 85 cargos, cuyos grados van del 2 al 13; en la de Profesionales, con 53 empleos, distribuidos entre los grados 6 y 18; en la de Técnicos, con 41 cargos, que van desde el grado 9 al 20; en la de Administrativos, con 216 empleos, entre los grados 12 y 25; y en la de Auxiliares, con 31 cargos, cuyos grados van del 19 al 28. En total, los cargos de planta suman 426.
Entre las innovaciones que introduce este proyecto está la de que las Direcciones Regionales tendrán en su Planta de Directivos 12 cargos, entre los grados 6 y 8. Contarán además, en su Planta de Profesionales, con 25 cargos, distribuidos entre los grados 6 y 18; en la de Técnicos, con 12 cargos, desde los grados 9 a 16; en la de Administrativos, con 111 cargos, entre los grados 12 y 25; y en la de Auxiliares, con 14 cargos, entre los grados 19 y 28. En total, en las Direcciones Regionales los cargos de planta suman 174, lo cual agregado a los 426 de la Dirección Nacional, arroja una cifra general para el Instituto de 600 cargos de planta.
En esta materia hubo una intensa discusión en la Comisión. Se criticó que se haya clasificado a los directivos regionales, que tienen tanta importancia como los metropolitanos, por debajo de éstos, entre los grados 6 y 8, así como el hecho de que se haya discriminado aun entre los directores regionales.
Al respecto, se observó que la presencia en las Regiones de profesionales altamente capacitados no sólo es importante para el Servicio mismo, sino también para impulsar el desarrollo de aquéllas, objetivo que no parece derivarse del proyecto.
Pero quizá el argumento de mayor profundidad que se dio -y se entregó asimismo en la Comisión de Economía- fue el siguiente: si existen funcionarios que cumplen una misma función y, no obstante, los grados y remuneraciones de los que se desempeñan en la Región Metropolitana son más altos, se corre el riesgo de que todos los buenos funcionarios deseen llegar a Santiago y de que en las demás Regiones queden, por ende, los de menor preparación.
Fue tal el interés que provocó este punto, que se acordó oficiar al Ministro de Planificación y Cooperación, solicitándole que al menos en los próximos proyectos con similares propósitos no se asignen a los cargos directivos de Regiones grados inferiores a los de la Región Metropolitana.
En cuanto al financiamiento, sobre la base de que de las 235 personas actualmente contratadas a honorarios sólo 31 permanecerían en esa calidad, en el artículo 7° se redujo el gasto por este concepto de 186 millones 700 mil pesos a 28 millones 320 mil pesos.
Por su parte, el artículo 8° fija la dotación máxima de personal en 655 cargos para 1992.
Por último, cabe señalar que el proyecto implica un mayor gasto de 17 millones 833 mil pesos mensuales; es decir, de 213 millones 998 mil pesos al año, que se imputan al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación.
Se trata -repito- de una iniciativa sencilla, que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú, quien la había solicitado con anterioridad.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción aprobó por unanimidad el proyecto que nos ocupa, en virtud del cual se sustituyen las plantas del personal del Instituto Nacional de Estadísticas, introduciéndose cambios muy importantes en la estructura de varias de ellas.
En la Planta de Directivos se remedia una situación que afecta al Instituto, cual es la casi inexistencia de jefaturas, cargos que son servidos de hecho. Esa Planta contempla actualmente sólo siete cargos -en circunstancias de que la dotación es de aproximadamente 600 personas-, los cuales se aumentan a 97. Esto, a su vez, se refleja en una modificación en la estructura de la Planta de Profesionales, en la que existen 124 cargos, muchos de ellos asignados de hecho a funciones de jefaturas, las cuales ahora quedan estructuradas definitivamente en la Planta de Directivos; por tanto, aquéllos se reducen a 78.
Por su parte, en la Planta de Técnicos, hoy existen 16 empleos, que se transforman en 53.
La Planta Administrativa tiene un incremento importante, correspondiente a personal que actualmente se desempeña a contrata, calidad que tiene desde hace muchos años. Por ello, sus 187 empleos pasan a ser 327.
Se crean, además, los cargos de directores regionales, que hoy no existen.
El incremento en las Plantas de Auxiliares y Administrativa absorbe empleados a contrata; pero, como éstos se disminuyen, la dotación queda igual.
Los requisitos para desempeñar los cargos en el Instituto Nacional de Estadísticas están fijados en el proyecto, a petición unánime de la Comisión de Economía, lo que será de gran importancia para el personal, que podrá ser encasillado tan pronto como se publique la ley.
Por último, se protege a los trabajadores que se encuentren en servicio mediante varias normas que cautelan tanto el monto de las remuneraciones cuanto el derecho a ser nombrado sin cumplir ciertos requisitos.
En consecuencia, señor Presidente, creo que esta iniciativa debe ser aprobada en general por el Senado.
He dicho.
El señor GAZMURI.-
Propongo que se apruebe sin discusión, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, seré muy breve. Con motivo del debate habido en la Comisión de Hacienda respecto de éste y otros proyectos, nosotros señalamos la necesidad de que, tanto el señor Ministro de Hacienda como el de Economía, pudieran explicarnos, en términos más globales, cuál es la política que el Gobierno adoptará sobre los distintos aspectos relativos a un Estado que debe, necesariamente, ser moderno y eficiente y tener bien remunerado a sus trabajadores.
Ocurre que el Senado, y naturalmente las Comisiones, han venido despachando proyectos de aumento de remuneraciones sectoriales -es decir, para distintas reparticiones- en la Administración Pública. Y nos parece de la mayor conveniencia -así lo acordó la Comisión de Hacienda- invitar a esos señores Ministros, con el objeto de que nos den a conocer la política futura que, en definitiva, tendrá el Gobierno al respecto.
A mi juicio, es importante, al momento de efectuar ese tipo de análisis sectoriales, tener la posibilidad de recibir una visión global y de futuro acerca de la materia.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, pido votar el proyecto, sin discusión, pues los informes de ambas Comisiones fueron aprobados por unanimidad.
El señor PRAT.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
La había solicitado con antelación el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, a mi juicio, existe el ánimo de despachar rápidamente el proyecto, pero ello no implica abstenerse de señalar, a lo menos, dos consideraciones básicas.
La primera, que me parece razonable y la compartimos también con los miembros de la Comisión de Economía, se refiere a la necesidad de tener una visión global -que el Gobierno está dispuesto a entregar- respecto de los mejoramientos, que todos estimamos extraordinariamente positivos. Porque la Administración Pública -deteriorada durante mucho tiempo- está recibiendo una serie de soluciones que, obviamente, aún no alcanza a cubrir los requerimientos de los trabajadores. Pero, en todo caso, es un proceso que se halla en una etapa donde se está arribando a diversos acuerdos. Y la iniciativa en discusión es precisamente una muestra de ello.
En la Comisión de Economía notamos, por ejemplo, que la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas hizo presente sus puntos de vista, y, en el debate habido en ella, el Gobierno recogió -así se prueba con las indicaciones pertinentes- algunas de las sugerencias formuladas por los trabajadores. Es una nueva señal, importante, de cómo ahora se legisla: las organizaciones laborales, con madurez, haciendo planteamientos lógicos y aceptables, logran producir cambios esenciales en la normativa y que el Senado tuvo el gusto de respaldar, por lo menos en la Comisión de Economía, donde al Senador que habla le tocó participar.
La segunda consideración dice relación al hecho de que aquí queda abierto un debate -como señaló el Honorable colega Lavandero- respecto a lo que significan los distintos grados que se asignan a los Directores Regionales. Si bien es cierto, conforme a la discusión en la Comisión de Economía, existe evidentemente un nivel de complejidad superior y, por ende, mayores responsabilidades en las Regiones con un alto porcentaje de habitantes, con más actividades, etcétera, no lo es menos que dicho factor cuantitativo debe ser complementado con otro cualitativo: que las Regiones necesitan que personal calificado pueda seguir aportando a ellas y a su desarrollo. Porque el funcionario profesional o técnico, no sólo contribuye con su trabajo, sino también su presencia permite incentivar y desarrollar la vida cultural en cada una de las Regiones. Sin embargo, si para ascender en la planta -lo cual representa un interés legítimo y propio del empleado público- debe estar siempre aspirando a la Región Metropolitana o a una que posea gran cantidad de habitantes, sin duda alguna se está produciendo un desperdicio de todos los otros componentes, más allá del específicamente laboral, que la familia de un profesional tan destacado puede generar en su respectiva zona.
Naturalmente, con el proceso de regionalización ahora en marcha, con las mayores atribuciones que se otorgan al gobierno regional, podemos volver a colocar nuevamente en el tapete el tema -no en el esquema reducido y pequeño, sino en la perspectiva amplia- de cómo un país debe tomar en consideración distintos factores para estimular su desarrollo armónico, sobre todo sabiendo las carencias que se producen para los habitantes de las Regiones.
Dado el hecho adicional de que nosotros no tenemos iniciativa en ese ámbito, no hemos podido proponer las indicaciones que al Senador que habla le interesan, encaminadas a estimular lo que, personalmente, considero un factor positivo que genera también mayores rentas y mejores posibilidades en la carrera funcionaría dentro de las propias Regiones.
Por último, señor Presidente, convoco precisamente a mis Honorables colegas a aprobar el proyecto, pues representa un paso significativo. Y reitero mi decisión en cuanto a apoyar la idea de discutir este tipo de iniciativas con los señores Ministros de Hacienda y de Economía, para tener la visión general que aquí se ha señalado.
Concedo una interrupción, con la venia de la Mesa, al Honorable señor Palza.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, seré muy breve. Es sólo para insistir en una idea expresada en la Comisión de Hacienda y a la cual hizo alusión el Senador señor Lavandero en el sentido de que los grados asignados a los Directores Regionales, en las Regiones, son bajos. Y ello no es primera vez que lo observamos: con motivo del estudio del proyecto sobre mejoramiento de remuneraciones y fijación de nuevas plantas para el personal que labora en los jardines infantiles, advertimos esas diferencias entre una y otra Región. Así, por ejemplo, en una, se colocaba un grado y, en otra, uno distinto. Nosotros pensamos que debemos uniformar las cosas y no centralizarlas.
Por eso, quería hacer presente mi malestar por el hecho de que reiteradamente se mira en un segundo plano a algunas Regiones.
A nuestro juicio, las inquietudes señaladas por algunos señores Senadores deberían ser una clara señal para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, cambie de criterio y se considere a todas las Regiones por igual, sin hacer distingos entre ellas según número de la población o de servicios de que dispongan.
Nos parece que debemos aplicar criterios equitativos, a fin de que todas las Regiones de Chile tengan el mismo trato, incluso en materia de encasillamientos, para no dejar postergadas a unas respecto de otras.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, sin perjuicio de aprobar en general el proyecto, con las observaciones formuladas, estimo que se requiere de un tiempo para clarificar una situación que depende del Ejecutivo.
La Comisión de Economía del Senado, en sesión celebrada el 21 de octubre del presente año, recibió a la Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, cuyos dirigentes hicieron presentes diversas consideraciones respecto del proyecto que sustituye las plantas del personal de ese Servicio.
Referente al artículo 3° de la iniciativa en estudio, solicitaron que se diera la posibilidad al personal de planta para postular a los cargos que quedaran vacantes una vez efectuado el encasillamiento.
En tal virtud -y estando de acuerdo los representantes del Ejecutivo que se encontraban presentes en la Comisión- el Presidente de la República, con fecha 28 de octubre, presentó la indicación número 118-325, con la cual sustituyó el artículo 3°, a fin de que el personal de planta pudiera acceder a los cargos vacantes.
Sin embargo, posteriormente el Ejecutivo, con fecha 12 de noviembre del año en curso, formuló indicación con el objeto de retirar la indicación antes mencionada, eliminando, en consecuencia, al personal de planta del citado beneficio.
Ayer conversé con el señor Ministro y me informó que estaría por llegar una indicación al proyecto en debate -se presume- en términos de corregir esta situación. Por consiguiente, sin perjuicio de que sea aprobado en general (pero no en particular), debería darse un plazo para que esa indicación pudiera llegar y ser vista por la Comisión.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría en general el proyecto y se fijaría plazo para formular indicaciones.
El señor HORMAZÁBAL.-
Excúseme, señor Presidente.
Conforme al criterio planteado por el Senador señor Prat, sugiero que el vencimiento de ese plazo sea mañana, a fin de que en la sesión del martes próximo -la última del año- podamos despachar este proyecto, pues existe bastante interés en ello.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
¿Se acordaría, entonces, fijar plazo hasta las 18 de mañana?
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, en verdad, quiero reiterar en la Sala nuestra discrepancia en cuanto a los grados asignados a los Directores Regionales. Creo que, una vez más, se castiga a las Regiones al aprobarse distintos niveles para quienes ejercen dichas funciones en un mismo Servicio. En el último tiempo, diversos proyectos de mejoramiento de rentas no han permitido efectuar una adecuada comparación al ser presentados aisladamente por el Gobierno.
En realidad, justamente las Regiones postergadas, las más apartadas, son las que requieren de un mayor aporte profesional y participación de los funcionarios públicos en el desarrollo y progreso regional. Por eso, habíamos señalado nuestra discrepancia al respecto. Y como es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, queremos dejar constancia expresa de esta situación.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Con relación a lo planteado reiteradamente en este debate en cuanto a que los Directores Regionales del Instituto Nacional de Estadísticas deban tener necesariamente el mismo grado -es decir, la misma remuneración- en todas las Regiones, quiero precisar que, a mi juicio, esa afirmación es errada.
La verdad es que los Servicios del Estado tienen una importancia relativa en las diferentes Regiones, por distintas razones. Por ejemplo, un organismo relacionado con la minería es muy relevante en las zonas de alta concentración de yacimientos, como ocurre en el norte del país, pero no lo es, en cambio, en el sur; y, por el contrario, una entidad concerniente a la agricultura posee una gran importancia relativa en las Regiones agrícolas y no así en las mineras.
En consecuencia, el número de funcionarios de las plantas de los Servicios del Estado en cada una de las Regiones, el conjunto de materias que deba conocer y la complejidad de las mismas, la cantidad de usuarios, etcétera, determinan que esas funciones no sean idénticas. Y si es así, aun cuando los Directores Regionales ejerzan el cargo de jefatura, naturalmente no deben tener ni el mismo grado de la Escala Única ni la misma remuneración.
Por consiguiente, a mi juicio, lo aprobado en distintas plantas con miras a establecer diferentes niveles de la Escala Única para determinados cargos no merece reproche. Sin perjuicio de ello, naturalmente el Parlamento debería analizar los elementos por los cuales se asigna un cierto grado a cada una de las Direcciones Regionales; pero no es admisible que todas ellas, en abstracto y . por gozar de tal calidad, deban tener un mismo nivel jerárquico.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, aquí se presenta el mismo problema en cuanto al concepto de plantas a que hice referencia en la discusión del proyecto anterior.
Votaré en contra de la iniciativa. Sin embargo, ya hemos analizado 9 ó 10 que encierran la misma idea.
En realidad, las plantas que sugiere el proyecto configuran verdaderos rombos: hay tantos cargos en los grados superiores como los que se ubican en los niveles inferiores. Por ejemplo, la planta de técnicos es un rectángulo, y la administrativa, un triángulo al revés, invertido: 14 ó 16 funcionarios ocupan los grados altos mientras que sólo 5 ó 6 están en los bajos. Y lo mismo sucede con la planta de auxiliares.
El propósito de mi intervención -acogiendo lo señalado por el Senador señor Lavandero, quien también manifestó su preocupación al respecto- es pedir, con el acuerdo de la Sala, que se envíe oficio al Ministerio de Hacienda, y tal vez al de Planificación y Cooperación, para que informen al Senado acerca de los proyectos de modernidad, de remuneraciones y, especialmente, de estructura de las plantas.
Reitero: una de las razones que dieron origen al proyecto en comento, según nos informa en el mismo el Presidente de la República, es para mejorar las remuneraciones. O sea, todas las iniciativas similares -9 ó 10- han procurado dicho objetivo. En estas condiciones -repito lo expresado anteriormente-, aquellos escalafones muy bien estructurados no tienen posibilidad de mejorar sus remuneraciones mediante este sistema.
He dicho.
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, quiero solicitar que el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, se incluya en la Cuenta de hoy.
Debo hacer presente que dicho informe está listo y es muy simple. Se trata sólo de prorrogar un plazo. De modo que rogaría que se procediera en estos términos.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Resolveremos sobre esa materia una vez que despachemos la iniciativa en debate.
La señora SOTO.-
Perdón, señor Presidente. Debo advertir que el proyecto está calificado de "Discusión Inmediata".
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, la Honorable señora Feliú planteó un problema que, a mi juicio, es muy justo para determinadas funciones y Ministerios, pero también se da en otras Secretarías de Estado y en otras funciones. Porque, por ejemplo, el ámbito de la salud abarca, por ser general, a todo el país. Y vemos, con sorpresa, que los grados de los directores regionales de salud son distintos según sea la Capital o la Región en que se desempeñen sus cargos. Esta es una situación que debemos revisar, por lo menos, en el área de la salud y también -me imagino- en la de la educación.
Creo que si hubiéramos pretendido -como se ha planteado aquí- solucionar todos los problemas de escalafones y de remuneraciones de todos los empleados públicos de Chile, podríamos haber estado discutiendo los cuatro años de este Gobierno y no los habríamos resuelto. Considero de muy buen criterio el sistema utilizado por el Ejecutivo de ir solucionando las dificultades en forma parcial, pero no por eso injusta. Es así como se dictó el Estatuto Docente, se han mejorado las rentas de los empleados municipales, de los funcionarios de la salud, etcétera.
También quiero hacer referencia a términos que con mucha frecuencia se emplean aquí, en el sentido de que hay que disminuir y jibarizar el Estado. Pienso que éste es un tema ya recurrente. Pero son otros los que lo reiteran. No podemos ser dogmáticos en lo relativo a las funciones del Estado. Hay servicios cuyo número de funcionarios puede ser reducido; pero en otros obligadamente debe ser aumentado, porque Chile está creciendo. Por ejemplo, el proyecto que vimos antes, sobre plantas del Servicio de Registro Civil e Identificación, demuestra que el país crece y necesita de más funcionarios. Y por lo menos desde los tiempos de don Arturo Alessandri Palma -que separó a la Iglesia del Estado en tiempos en que las funciones de aquel Servicio estaban en manos de la Iglesia Católica- indiscutiblemente ha habido algunos cambios en Chile. Los descendientes de este ilustre tribuno chileno, o los partidarios de su filosofía política, a veces preconizan cosas que sus antepasados realizaron en forma absolutamente distinta sobre la base de una visión de Estado. Lo digo con mucho respeto. Por lo demás, creo que el Honorable señor Arturo Alessandri entendió lo que quise decir: no lo manifesté en términos peyorativos ni ofensivos, sino al revés. Su ascendiente tuvo una visión de Estado y la forma como procedió fue excepcionalmente efectiva, sin traumas. Por cierto, desde entonces hasta ahora Chile ha crecido, y las reparticiones de las áreas de la educación y de la salud, el Servicio de Registro Civil e Identificación y otras instituciones del Estado no pueden jibarizarse ni achicarse, .siendo lo más probable que sus plantas sigan aumentando y mejorando las remuneraciones de sus personales en la forma parcial como se ha hecho, que es una manera de ir solucionando los problemas.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría unánimemente en general el proyecto, otorgándose plazo para formular indicaciones hasta las 18 horas de mañana.
Aprobado.
En cuanto a la petición de la Honorable señora Soto, solicito el acuerdo de la Sala para incorporar en la Cuenta de esta sesión el informe recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
Acordado.
MODIFICACIÓN DE SISTEMA DE CÁLCULO DE DEUDAS HABITACIONALES
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 4° bis del decreto ley N° 539, de 1974, en lo relativo al sistema de cálculo del reajuste de las deudas habitacionales que señala, con informe de las Comisiones de Vivienda y Urbanismo, y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 2a, en 8 de octubre de 1992.
Informes de Comisión:
Vivienda, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Hacienda, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión de Vivienda y Urbanismo propone por unanimidad aprobar la iniciativa en general, con dos modificaciones que figuran en la página 23 del informe.
Por su parte, la Comisión de Hacienda recomienda acoger el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la de Vivienda y Urbanismo.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
Puede usar de ella el Honorable señor Arturo Frei.
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, tal como se ha señalado, la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó este proyecto por unanimidad.
De acuerdo con la legislación vigente, los saldos de precio por la venta de inmuebles que realizan los Servicios de Vivienda y Urbanización y los préstamos habitacionales, sean o no hipotecarios, que se pacten u otorguen por dichos Servicios, quedan sometidos a un sistema de reajuste consistente en que dichos saldos, las amortizaciones ordinarias y extraordinarias y los respectivos dividendos se expresan en "cuotas de ahorro para la vivienda".
Tal como consigna el mensaje del Presidente de la República con que se inicia este proyecto, la cuota de ahorro de pago ordinario de dividendos, y por ende gran parte de las deudas habitacionales que deben servir los deudores en este momento se reajustan cada vez que se modifica el ingreso mínimo para los trabajadores, en los mismos porcentajes y oportunidades en que lo haga dicho ingreso. Como es de conocimiento de los señores Senadores, durante el último tiempo el ingreso mínimo ha aumentado de 18 mil a 26 mil pesos y de 33 mil a 38 mil 600 pesos. Sin embargo, este hecho, que es positivo, ha significado que para muchas familias el incremento del dividendo sea bastante mayor que la variación del IPC. Esto ha llevado al Gobierno a subsidiar permanentemente los dividendos, lo que no es una sana medida ni mucho menos.
De acuerdo con el proyecto, las deudas seguirán expresándose en cuotas de ahorro, las que se fijarán anualmente en el curso del mes de diciembre del año anterior a aquél en que deba regir, pero el reajusté se calculará ya no solamente sobre la base de la variación que experimente el ingreso mínimo, sino que considerando alternativamente el IPC, debiendo aplicarse el índice más bajo. De esta forma, si bien no se modifica la deuda a los deudores, por lo menos se garantiza un sistema de reajustabilidad más justo, sin que ello importe tampoco un detrimento para el erario.
Por otra parte, si bien es cierto que, como se desprende de ciertos estudios técnicos, la aprobación del proyecto producirá una menor recaudación en el período enero-diciembre de 1993, ello no constituye una pérdida, sino más bien una postergación en la recuperación por parte del Fisco de estos recursos.
Por lo expuesto, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto y recomienda a la Sala adoptar igual predicamento.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cooper.
El señor COOPER.-
Señor Presidente, como ya se ha dicho, esta iniciativa consta de un solo artículo y su objetivo es muy claro: procura eliminar el efecto perturbador que tiene la aplicación del sistema vigente de reajuste de las cuotas de ahorro.
En todos estos proyectos relativos a la vivienda, Renovación Nacional ha estado siempre de acuerdo en buscar una solución a todo este tipo de deudores, que han sufrido los distintos problemas por los que ha atravesado el país en algunos períodos. Consideramos que el cambio del mecanismo de reajustabilidad, que es facultativo, permite al Ministerio de la Vivienda determinar cuál de estos dos índices -el IPC o el ingreso mínimo- es el más bajo para, luego, aplicarlo en cada oportunidad.
También la iniciativa agrega un artículo transitorio que determina la forma como se calcula por primera vez la cuota de ahorro de pago ordinario de dividendos.
El proyecto en debate beneficia a aproximadamente 85 mil deudores, cuya morosidad, en mayo de 1990, era de 68 por ciento, en circunstancias de que hace pocos meses había bajado a 34 por ciento.
Pensamos, en todo caso, que con la aprobación de esta normativa se busca normalizar y facilitar el servicio de las deudas de estos deudores. El documento que acredita esta deuda no requiere de cambio ninguno.
Por consiguiente, por tratarse de un beneficio que favorece a aquellos deudores de ingresos más reducidos, que son precisamente los que atiende el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del SERVIU, lo votaremos afirmativamente.
Nada más, señor Presidente.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de los Honorables colegas en cuanto a que esta iniciativa representa la continuidad de una política que hemos venido desarrollando en conjunto con el Gobierno y se originó a raíz de los debates producidos en el Congreso con motivo de la medida tremendamente positiva del Ejecutivo de reajustar el ingreso mínimo. Pero al estudiar el proyecto en la Comisión técnica nos dimos cuenta de que se estaba provocando un efecto perverso, no deseado, precisamente en los deudores SERVIU. Por eso con la Diputada señora Adriana Muñoz, del Partido Socialista, oportunamente hicimos presente al Gobierno este elemento negativo que perturbaba una política manifiestamente positiva en este ámbito laboral.
Debemos recordar que esto no se enmarca en una política destinada a favorecer particularmente a los deudores SERVIU. Ellos ya tuvieron un tratamiento especial con la política aplicada por el Gobierno, que permitió -pagando 5 mil pesos, los que estaban al día, o 10 mil, los morosos- que cerca de 150 mil chilenos se convirtieran en propietarios definitivos, sin deudas pendientes con ese organismo.
Ocurre -como quedó de manifiesto en el debate habido el 20 de mayo de 1992- que el incremento de los ingresos mínimos, que era muy positivo ya que superaba con creces la inflación, estaba produciendo un daño en este particular sector de chilenos. Ante la petición que formulamos Senadores de distintas Comisiones -según consta en la discusión habida en la mencionada oportunidad-, el Ejecutivo envió el 23 de junio un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que recoge las inquietudes que representamos tanto en la Comisión técnica del Senado como en la de Hacienda. Por eso, me parece pertinente que, considerando además los fundamentos señalados por algunos señores Senadores, entre otros por mi colega y amigo el Senador señor Arturo Frei, la Corporación dé su respaldo unánime a esta iniciativa, porque es el reconocimiento, por parte del Ejecutivo, de las observaciones formuladas oportunamente por los Parlamentarios.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, sólo deseo manifestar mi acuerdo con el proyecto, el cual, como se señaló, tiende a beneficiar a un importante número de personas que mantienen deudas con el sector vivienda, quienes se han visto perjudicadas por el hecho de que los mecanismos ideados por el Gobierno para aumentar paulatina y sistemáticamente el ingreso mínimo han incrementado también en forma desproporcionada tales acreencias, defecto que la iniciativa del Ejecutivo pretende corregir, razón por la cual debiéramos despacharía favorablemente a la mayor brevedad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el texto en estudio por considerar que él no irroga mayor gasto fiscal, y porque tiende a corregir la paradójica situación de que, al subir el salario mínimo de 18 mil a 26 mil, a 33 mil y a 38 mil 600 pesos, las cuotas de ahorro para el pago de dividendos también se incrementaron extraordinariamente.
Pues bien, el mecanismo ideado para tal efecto consiste en reajustar dichas cuotas en el mismo porcentaje de variación experimentado por el ingreso mínimo, o por el índice de precios al consumidor, debiendo elegirse el más bajo, garantizándose a los deudores habitacionales el pago del valor menor.
Por otro lado, a pesar dé los considerables aumentos del salario mínimo, que determinan el reajuste de las cuotas de ahorro indicadas, la morosidad de la cartera del SERVIU disminuyó de 68 por ciento, en mayo de 1990, a 34 por ciento a la fecha, lo cual indica que el Ministerio de Vivienda no recibirá menos, sino más recursos.
Por esas razones -repito-, la Comisión de Hacienda aprobó unánimemente la iniciativa, y recomienda a la Sala proceder en iguales términos, por cuanto ella no requiere de mayor financiamiento y trae indudables beneficios a ese sector de deudores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, seré muy breve. Deseo simplemente dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que éste es uno de los proyectos nacidos gracias a la actividad incansable y a la preocupación por el problema de la vivienda de los Senadores señores Ríos, Arturo Frei y Cooper.
He querido destacarlo, porque si hubiera estado presente mi colega de bancada el Senador señor Ríos, quien se encuentra enfermo, habría explicado y defendido con brillantez extraordinaria la iniciativa, que no viene a ser sino una de aquellas materias en las que él ha insistido permanentemente.
Consideramos de gran interés que el país sepa que el problema de la vivienda y de los deudores habitacionales preocupa a todos los partidos por igual, y que lo hemos considerado, no como uno de política contingente, sino como lo que realmente es: un problema de Estado.
-Se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda también aprobado en particular.
CONVENIO CON SINGAPUR SOBRE EXENCIÓN DE IMPUESTO A EMPRESAS NAVIERAS
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse a continuación en la iniciativa que figura en el sexto lugar de la tabla, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre los Gobiernos de Chile y de Singapur para eximir de impuestos a la renta, sobre una base de reciprocidad, los ingresos obtenidos por las empresas navieras del otro país derivados de la operación internacional de buques, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 7a, en 3 de noviembre de 1992.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, por unanimidad, propone aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, éste es un proyecto que, más allá de lo que parece, es bastante sencillo y corresponde a lo siguiente.
Algunos países del mundo establecen tributos o cargas en relación a los fletes o a cualquier suma que perciban barcos extranjeros que visiten sus costas, impuestos que, por regla general, resultan de gran inconveniencia, debido a que sólo se pueden aplicar sobre ingresos brutos, y porque, en definitiva, la mayoría de las naciones ha entendido que ellos perturban el comercio marítimo.
De allí que, en el caso de Chile, que no tenía establecido ese tipo de tributo, y que podría obtener el beneficio de la exención de él para las naves nacionales en otros lugares, se dictó la ley N° 18.031, que agregó un número 4 al artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en lo que se denomina precisamente impuesto adicional. En ella se estableció un gravamen de 5 por ciento sobre fletes marítimos o comisiones que perciban las naves extranjeras por actividades que realicen en puertos nacionales, el que se aplicará también, en determinadas circunstancias y mediante un procedimiento complejo, a empresas navieras foráneas que posean establecimientos permanentes en el país. Tal gravamen tiene una característica muy especial: la de que no afectará a dichos ingresos generados por naves extranjeras, a condición de que en los países donde ellas estén matriculadas no exista un impuesto similar, o se concedan iguales o análogas exenciones a las empresas navieras chilenas.
Lo anterior significa que el tributo se creó para no aplicarse, con el fin de contar con un arma que evite efectos perniciosos al comercio exterior derivados de la imposición de gravámenes a los ingresos por concepto de fletes realizados en cualquier puerto del mundo, lo que, en la práctica, dio resultados.
Además, se dispuso que el Ministerio de Hacienda periódicamente confeccionaría listas de países en los cuales no se hacía tributar a las naves o a las empresas navieras chilenas, mediante un procedimiento que se simplificó, ateniéndose fundamentalmente al dicho de los propios afectados -las empresas nacionales, a través de la ANA-, por no ser fácil, en general, obtener certificación en el mundo de que no se aplica un impuesto, y resultando muy sencillo saber, para quien presta un servicio, si ¿ está o no gravado.
En lo concreto, ello se ha traducido en que no se imponen tales cargas en 67 países del orbe y, en consecuencia, tampoco se hace tributar en Chile a las naves de empresas provenientes de ellos. A este respecto, no es necesario firmar un tratado; basta que el Estado respectivo no aplique gravámenes, o que dicte una ley en tal sentido.
En el caso de Singapur, se prefirió llegar a un cambio de notas en virtud de las cuales esa nación establece que va a liberar de este impuesto, con lo que automáticamente entra en vigor la norma de nuestra Ley sobre Impuesto a la Renta que exime de tributación a las naves de ese país.
Debo hacer presente, por una parte, que hoy día prácticamente en todos los lugares del mundo a los cuales arriban naves chilenas ya no existe doble tributación. Y por otra, que, a diferencia de lo señalado en el mensaje, la relevancia de Singapur va más allá del comercio que desarrollamos con esa nación, pues es el segundo puerto del mundo y por él transita carga de muchas otras procedencias, por lo cual es cada vez más necesario como pilote de nuestra conexión con el lejano Oriente. Ya no basta con llegar a los puertos de Japón, Corea o Hong Kong, sino que es imprescindible ir al sudeste asiático, donde Singapur es la plaza más importante.
Al establecerse en el Convenio que nos ocupa que no se hará tributar a las naves nacionales, significa que Chile hará otro tanto con las singapurenses, facilitándose de esta manera el comercio entre ambos países.
A modo de referencia, cabe señalar que, tal como se indica en el informe, las empresas navieras chilenas están sujetas a gravámenes sobre sus entradas líquidas, al igual que cualesquiera otras, y obviamente, para determinar esas utilidades líquidas se consideran los ingresos que obtienen en su servicio al exterior.
El procedimiento que se consigna evita una tributación equivocada o injusta, porque no siempre un ingreso bruto se traduce en utilidad, impidiendo, en todo caso, la doble carga impositiva.
Por lo anterior, la Comisión, por unanimidad, estimó conveniente para el interés nacional aprobar el proyecto, y, de esa manera, lograr con un país más del mundo el objetivo perseguido por el Gobierno chileno hace ya muchos años. Por eso recomienda a la Sala acogerlo en iguales términos.
He dicho.
-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Restan cuatro proyectos por despachar, más otros dos calificados de "Discusión Inmediata".
Si la Sala lo estima pertinente, podríamos suspender la sesión en este momento, reanudarla después de almuerzo y, así, no celebrar la que está citada para mañana, dejando los asuntos que debían tratarse en ella para la del próximo martes, que no tiene una tabla demasiado recargada.
Como digo, la sugerencia concreta es suspender la sesión en este momento y reanudarla a las 15:30, con el fin de abocarse a las materias pendientes, casi todas de relativo fácil despacho.
La señora FELIÚ.-
Que se reanude a las 15, señor Presidente.
El señor DÍEZ.-
Y permitir a las Comisiones citadas sesionar simultáneamente con la Sala.
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor NAVARRETE.-
Concuerdo con la proposición de Su Señoría: que la sesión se reanude a las 15:30, y no a las 15. Lo pido en razón de que a esa hora está convocada la Comisión de Agricultura para estudiar un proyecto que no creo que nos tome más de media hora.
Además, deseo que se recabe el asentimiento de la Sala para incluir en la Cuenta el informe de la Comisión de Agricultura recaído en la iniciativa que modifica la ley N° 17.729, sobre protección de indígenas, ya distribuido, para los efectos de que pueda tratarse en la próxima sesión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se incluirá esa materia en la Cuenta de hoy con el objeto de tratarla el próximo martes 22 de diciembre.
-Así se acuerda.
El señor VALDÉS (Presidente):- Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Señor Presidente, en sesión de la semana pasada votamos en general el proyecto de ley sobre mejoramiento de las pensiones de los empleados públicos y otras disposiciones previsionales, acerca del cual existe gran interés en que se despache pronto, ojalá antes de Navidad, no sólo por parte de los funcionarios afectados, sino también del Gobierno y del Parlamento.
La Comisión de Trabajo está citada para hoy a las 15:30, con el objeto de ocuparse de la iniciativa. Por lo tanto, pido la anuencia correspondiente para su labor simultánea con la Sala, de modo que sea posible despachar el proyecto el próximo martes. Como dije, hay muchos funcionarios en espera de la ley que los favorece.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si no hay inconvenientes, se autorizará el funcionamiento de la Comisión de Trabajo paralelamente con la Sala.
-Se acuerda.
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, solicito que en esta sesión se incluya en la Cuenta el informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto referente a los deudores de ANAP, de modo que éste pueda tratarse el día martes próximo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece al Senado, procederíamos en la forma solicitada por el Honorable señor Arturo Frei.
-Así se acuerda.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, la Comisión de Educación está citada también para esta tarde, a las 15:30, con el objeto de abocarse al estudio del proyecto de Fomento del Libro y la Lectura, porque el Ministerio del ramo nos ha encarecido su pronto despacho.
La Comisión ya se reunió hoy en la mañana; hemos efectuado las audiencias, y estamos iniciando el trabajo de análisis del texto. En consecuencia, solicito la misma autorización que recabó la Comisión de Trabajo para sesionar en forma simultánea con la Sala. En las oportunidades en que sea necesario se nos puede convocar al Hemiciclo; pero, entretanto, podríamos avanzar en el informe de esta iniciativa que, primitivamente, teníamos la intención de dejar despachada esta semana.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, con todas las autorizaciones que se están solicitando, y que me parecen absolutamente .pertinentes, podría suceder que, en definitiva, no reuniéramos el quórum para sesionar en la Sala. Por eso, sugiero lo siguiente: fijemos a las 16 la sesión de las Comisiones, y a las 15 la de la Sala, ya que en una hora es posible despachar la tabla pendiente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La alternativa es que la del Senado se reanude a las 16, y que las Comisiones trabajen de 15 a 16.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, reglamentariamente, no es obstáculo el hecho de que las Comisiones estén citadas. Basta que éstas tengan quórum para constituirse y, luego, pueden volver a la Sala, continuando su trabajo a las 16. Esto porque hay Comisiones, como la de Trabajo y la de Educación, que no podrían despachar sus informes en sólo una hora.
Es preferible, en consecuencia, que reiniciemos la sesión de Sala a las 15; en seguida, los señores Senadores miembros de las Comisiones que tienen asuntos pendientes saldrán para constituirse, según lo exige el Reglamento; suspenden sus reuniones hasta las 16, y vuelven acá para despachar la tabla pendiente en el Senado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Queda convocada la Sala para las 15, con el ruego de hacerlo puntualmente.
Se suspende la sesión hasta esa hora.
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-Se suspendió a las 13:54.
-Se reanudó a las 15:15.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y LA GENDARMERÍA ARGENTINA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje, que aprueba el Convenio relativo a la cooperación entre Carabineros de Chile y la Gendarmería Argentina, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 7a, en 3 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor MC-INTYRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, en el estudio de este proyecto contamos con la participación del señor Subsecretario de Carabineros, de un jefe de la sección jurídica y de otro del departamento operativo de la misma institución.
Este tratado se encontraba en el paquete de convenios que el Presidente de la República firmó en 1991 con el Gobierno argentino. Es muy importante y viene a modernizar el Convenio sobre Policía Fronteriza suscrito entre Chile y Argentina el 13 de octubre de 1919, que constituye su antecedente histórico.
En el preámbulo se habla de fortalecer la cooperación mutua en las tareas de policía en zonas limítrofes, y se hace especial hincapié en la necesidad de establecer un buen sistema de comunicaciones, como mencionaré más adelante.
El artículo I estatuye que las partes contratantes asumen el compromiso de mutua cooperación en la prevención y control de la delincuencia.
El artículo II extiende esa cooperación a todas las cuestiones de interés mutuo relacionadas con las tareas de policía entre ambos países, sobre todo en las fronteras y, en especial, de las vinculadas a delitos contra la vida y la integridad física de las personas, secuestro de menores, contrabando de órganos humanos, terrorismo, contrabando de animales y bienes, tráfico ilícito de estupefacientes, blanqueo de dinero, falsificación de monedas, protección del medio ambiente, en particular la fauna y recursos forestales, etcétera.
El artículo III regula que ambas instituciones al investigar -sea de oficio o por resolución judicial- algunos de los ilícitos antes señalados, cuando tuvieren conocimiento de que los implicados han traspuesto la frontera, podrán solicitar diligencias que tengan por objeto la detención de ellos y la incautación de los efectos del delito.
El artículo IV -fue uno de los que más nos preocupó- determina que en el caso de que el o los participantes en un delito traspasen la frontera, huyendo para eludir la acción de la autoridad, la institución respectiva "podrá ingresar al territorio de la otra Parte al solo efecto de informar y solicitar a la otra Institución la detención de los partícipes.".
La disposición anterior sobre este punto era muy amplia. En la Comisión se manifestaron serias aprensiones al respecto y se hizo presente la conveniencia de que la institución correspondiente sólo ingresare al territorio de la contraparte en caso de no contar con medios de comunicación modernos, recalcándose que tanto Carabineros de Chile como la Gendarmería Argentina deberán hacer los mayores esfuerzos para disponer de excelentes comunicaciones entre ellos, de modo que no sea necesario que sus efectivos ingresen al otro país únicamente a informar que alguien se encuentra huyendo de la policía.
El artículo V se refiere a la prevención en materia de riesgos naturales, y a la protección de la ecología.
El artículo VI dispone que las partes establecerán las más expeditas vías de información, para facilitar un seguro y rápido intercambio de antecedentes acerca de las materias del Convenio.
El artículo VII propicia la instalación de sistemas de comunicaciones recíprocos.
El artículo VIII faculta a ambas instituciones para efectuar intercambios de personal.
El resto de las disposiciones se relaciona con la forma de aplicación del Acuerdo. La Comisión estimó que no presentaba mayor problema y procedió a aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad.
El señor ALESSANDRI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, a lo expuesto por el Senador señor Mc-Intyre deseo agregar que nosotros dejamos constancia también -sería bueno recalcarlo- de que el Gobierno debería aclarar que este Convenio reemplaza el Acuerdo de 1919, puesto que no se dice que lo sustituye.
En consecuencia, sugiero que el Ejecutivo, al comunicar al Gobierno argentino la aprobación de este Acuerdo, denuncie el Convenio sobre Policía Fronteriza suscrito en 1919.
He dicho.
El señor DÍEZ.-
Habría que oficiar a los organismos correspondientes, señor Presidente.
-Por unanimidad, se acuerda enviar oficio, en nombre del Senado, a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Los Senadores de estas bancas acogeremos el proyecto de acuerdo. Sólo quiero hacer un alcance a este tema, que considero relevante en las relaciones de complementación con Argentina y que estuvo muy presente en una reunión de la Comisión Binacional Chileno-Argentina llevada a cabo hace pocos días en Buenos Aires.
Existe cierta contradicción entre el esfuerzo de integración y los problemas que se observan en el tráfico fronterizo, fundamentalmente de personas, entre los dos países. Este hecho tiene bastante importancia práctica, sobre todo en este período por cuanto la frontera es muy concurrida y, básicamente, tiene un alto tráfico de argentinos que vienen a hacer turismo a Chile.
Parlamentarios de todas las corrientes políticas de ambas naciones constatamos que, en general, es indispensable agilizar elA tráfico y eso requiere modernizar los mecanismos de control, principalmente el fitosanitario. Pienso que el país debe ser muy riguroso en este sentido, a fin de defender un patrimonio esencial. Pero, salvo esa restricción, no tendría que haber otras mayores para un tráfico fluido. Solicito oficiar a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, representando la necesidad de avanzar efectivamente en algo que en muchos otros países del mundo ya existe: un control único de fronteras.
A mi juicio, es completamente absurdo fijar controles diferenciados. Ha habido conversaciones sobre el particular y, como dije, el único aspecto que Chile tendría que resguardar es el relativo a un riguroso control fitosanitario, el que, sin duda, involucra algún tipo de entorpecimiento del tráfico físico. Empero, es de interés mutuo agilizar y modernizar los sistemas de tráfico de personas, porque los actuales no contribuyen a la integración y pueden implicar, en .especial para nuestro país, dificultar el turismo argentino, que el año pasado significó un ingreso del orden de los 300 ó 400 millones de dólares. Además, hay intereses chilenos muy concretos vinculados a este ámbito.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se enviarán oficios a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, en nombre del Honorable señor Gazmuri y del Senado, haciendo presente, también, algo que me permito agregar: que desde el punto de vista de la información, datos y control de personas, todavía se trabaja en condiciones similares a las existentes a principios de los años 60. He constatado personalmente que no se han instalado equipos "electrónicos modernos para certificar la identidad de las personas, lo cual retrasa y desalienta el tránsito de las mismas.
-Así se acuerda en forma unánime.
El señor LARRE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, dado que se oficiará sobre la materia a los Ministerios pertinentes, sería conveniente insistir en un proyecto, que ha estado postergado, tendiente a unir los distintos puestos fronterizos entre Chile y Argentina mediante sistemas de comunicación directa.
La verdad es que eso se establecía en el Convenio, pero no se ha materializado y hay pasos, como el de Los Libertadores en el centro, y Puyehue en el sur, donde en esta época el horario de tránsito se prolonga y nunca se sabe cuál es el último automóvil que partió. Ha habido numerosos casos en que los turistas han quedado aislados en plena cordillera justamente por falta de comunicación directa entre los puestos fronterizos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Así se hará, señor Senador. Se enviarán oficios comprensivos de todos estos problemas.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo tomando en cuenta las observaciones y oficios mencionados.
El señor PÁEZ.-
Perdón, señor Presidente. Sólo deseo hacer un alcance.
La verdad es que los oficios no tienen relación directa con el proyecto...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pero sí con la materia, señor Senador.
El señor PÁEZ.-
...y no debieran ligarse a él.
El señor GAZMURI.-
Aprobemos ambas cosas, señor Presidente.
-Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, en la forma señalada por la Mesa.
CONVENIOS ENTRE CHILE Y FRANCIA Y ENTRE CHILE Y LA UNIÓN ECONÓMICA BELGO-LUXEMBURGUESA, SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE INVERSIONES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo al Convenio entre los Gobiernos de Chile y Francia sobre la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, suscrito en París el 14 de julio de 1992, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 9a, en 10 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular.
El señor ALESSANDRI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, este Convenio se refiere a la protección de inversiones recíprocas de ciudadanos chilenos en Francia y ciudadanos franceses en Chile. Es muy parecido al que el Senado ya aprobó con el Gobierno de España.
Se contemplan una serie de medidas que en realidad son supletorias de las que existen en el país. Porque las inversiones extranjeras aquí están garantizadas por la Constitución, por el decreto ley N° 600, por las normas del Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, etcétera. De manera que este tratado ratifica disposiciones vigentes en materia de inversiones.
Señor Presidente, como a continuación de este proyecto de acuerdo figura en la tabla otro que aprueba el Convenio entre Chile y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, que es casi igual, sugiero tratar ambos al mismo tiempo. No sé si esto es posible o es menester hacerlo por separado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se tratarán en conjunto ambos proyectos de acuerdo, ya que el que se propone agregar a la discusión aprueba un convenio similar, también está en segundo trámite y fue informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, habiéndose suscrito en Bruselas el 15 de julio de 1992.
Acordado.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 9a, en 10 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Como expresé, señor Presidente, estos Convenios son casi iguales. Ambos definen algunos términos, como "inversiones"; "nacionales", quiénes tienen derecho a la protección; "sociedad", en cuanto a la nacionalidad de ellas -por ejemplo, en el suscrito con Francia se establece que las inversiones podrán realizarse tanto en el territorio cuanto en su zona marítima; se contemplan medidas para fomentar las inversiones, preceptuándose que el tratamiento debe ser justo y equitativo y tendrá la protección que se otorga a cualquier persona que tiene inversiones en el país; se dispone la aplicación del tratamiento de nación más favorecida, excluyendo, naturalmente, aquellas facilidades que se conceden a otros países por uniones aduaneras y tratados específicos; se incluye el caso de las expropiaciones. En este aspecto, cabe destacar que el Convenio con Francia estatuye que las expropiaciones sólo proceden en caso de bien común; vale decir, se aparta de la nomenclatura de nuestra Constitución, que la hace extensiva también al caso de utilidad pública.
La Comisión analizó el alcance de la expropiación por causa de bien común y concluyó que, en razón de que nuestro Texto Fundamental expresa que el Estado debe propender al bien común, esta terminología, que se emplea también en otros tratados, engloba también la causa de utilidad pública, porque ésta, en general, apunta hacia el bien común. De manera que la Comisión estimó que si bien el término podría haber sido más preciso, su alcance en este caso es suficientemente explícito.
En ambos Convenios se establece, además, que el monto de la indemnización por causa de expropiación deberá fijarse conforme al valor real que tenga la inversión al día anterior a aquel en que se hayan tomado o hecho públicas las medidas. Indudablemente que es menor el valor de un bien que se va a expropiar, y como la Constitución establece que debe ser efectivamente compensado, esa disposición, a nuestro juicio, estaría de acuerdo con la legislación chilena.
El Convenio contempla las facilidades que deberán otorgarse a las Partes para las transferencias y remesas de sus haberes líquidos, de las ganancias, de las amortizaciones, de la liquidación de inversiones, de las indemnizaciones, de las transferencias de remuneraciones al personal asociado, etcétera.
Asimismo, contiene normas relativas a la subrogación del inversionista cuando éste haya obtenido una indemnización por otro motivo.
En ambos Tratados se deja expresa constancia de que regirán en la materia las disposiciones contenidas en el decreto ley N°600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, y en el Capítulo XIX, y, para el caso de Francia, deberá hacerse un protocolo adicional. Como dicho decreto todavía á vigente y no ha sido modificado, se entiende que las Partes no podrán retirar el capital antes de tres años; en lo que respecta al Capítulo XIX, no podrá hacerse antes de diez años.
El Convenio establece también los mecanismos correspondientes en caso de controversia entre los Estados, los que podrán recurrir a un arreglo directo, o bien, a un arbitraje. Pero lo más importante es la consagración de normas para dirimir los conflictos que se susciten entre la Parte que invierte y el Estado donde se haya realizado la inversión. Y en ambos casos se dispone que primero debe llegarse a un arreglo directo o a una conciliación. Si ello no es posible, los inversionistas pueden acudir ya sea a los tribunales del país respectivo o, en su defecto, al arbitraje internacional, de acuerdo con el Tratado suscrito en Washington el 18 de marzo de 1965, ratificado posteriormente por Chile y que actualmente es ley de la República. Cabe agregar que el inversionista puede optar por una de esas posibilidades, pero una vez adoptada la decisión, no podrá recurrir a la otra vía. De manera que si acude a los tribunales chilenos, tendrá que esperar el resultado del juicio, o si, por el contrario, se somete al arbitraje internacional, deberá acatar lo que éste resuelva. La única diferencia que existe entre los dos Convenios es que, en el caso del celebrado con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, se establece que si no hay una resolución por parte de los tribunales chilenos dentro de 18 meses, el inversionista podrá cambiar su opción y recurrir al arbitraje internacional.
Ambos Convenios entrarán en vigencia un mes después de su ratificación y tendrán una duración de 10 años, plazo que será indefinido a menos que una de las Partes lo denuncie con la antelación que en el respectivo Convenio se fija. En el caso de Francia, aun cuando se haya hecho la denuncia correspondiente, el Tratado regirá por 20 años en lo relativo a las inversiones hechas durante su vigencia. Respecto del suscrito con la Unión Belgo-Luxemburguesa, la protección a las inversiones se extenderá por 10 años, a contar de la fecha en que se haya denunciado la culminación del Tratado.
Como dije, las normas aplicables son las más favorables que existan para los inversionistas en estos convenios. Y si hay otras leyes, éstas deberán beneficiarlos en general.
Señor Presidente, esas son las disposiciones más relevantes que conviene destacar.
La Comisión analizó in extenso estos Convenios y estimó que propenden, efectivamente, a un mayor flujo de inversiones, especialmente del extranjero. La intención de ella era tratar conjuntamente ambos proyectos con un Tratado muy similar existente con la República Argentina, respecto del cual Chile tiene especial interés por las inversiones que realiza en ese país. Sin embargo, los documentos enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores estaban incompletos, ya que faltaba un protocolo adicional. Y en numerosas oportunidades le fue requerido el antecedente, sin que hasta la fecha lo haya remitido, razón por la cual tuvimos que enviarle un oficio. Como dije, habría sido preferible tratar los tres Convenios al mismo tiempo. Pero, desgraciadamente -como explicaba-, ello no fue posible, porque dicho Ministerio aún no envía esos antecedentes.
Finalmente, señor Presidente, la Comisión recomienda, por unanimidad, aprobar ambos Convenios, tanto el suscrito con Francia cuanto el firmado con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, en atención a las explicaciones del Honorable señor Alessandri, podríamos dar por aprobados ambos Convenios, en general y en particular.
Aprobados.
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, calificado de "Discusión Inmediata" y que cuenta con informe favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores. Además, el Honorable señor Zaldívar, en su calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, hará un informe verbal sobre la materia.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 18a, en 16 de diciembre de 1992.
Hacienda (verbal), sesión 18a, en 16 de diciembre de 1992.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, debo hacer presente que se pidió a la Comisión de Hacienda tratar la iniciativa en términos oficiosos, en razón de su calificación, para cuyo efecto ella se reunió hoy en la mañana. Después de estudiarla podría estimarse que no era preciso dicho trámite, puesto que el financiamiento del aporte que Chile debe integrar al Fondo de Inversiones fue considerado en la recién aprobada Ley de Presupuestos de la Nación, cuyo artículo 22 autoriza al Presidente de la República para entregar la cantidad de 5 millones de dólares a dicho Fondo. Y lo que hizo la Comisión fue verificar simplemente la obligación de nuestro Gobierno en relación con el aporte que hará a dicho Fondo. El monto total de los recursos, que serán administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo, será superior a los mil y tantos millones de dólares, y nuestro país tendrá la posibilidad de acceder a una cantidad mucho mayor que la entregada como aporte. Además, las sumas podrán recibirse mediante donación o crédito blando.
Por tal motivo, la Comisión de Hacienda no puede sino recomendar por unanimidad la aprobación del proyecto, destacando que el trámite fue oficioso, puesto que la Sala no lo puso en su conocimiento en términos formales. Y como se trata de una iniciativa de "Discusión Inmediata", se estimó que éste podía ser un adecuado procedimiento para dar cumplimiento a ese trámite.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, esta iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados el 9 de diciembre del presente año. Y entiendo que la despachó sin informe por haber sido calificada con trámite de "Suma Urgencia". Sin embargo, protestó por la rapidez con que debía tratarla, ya que, por haber sido suscrito el Convenio el 11 de febrero de este año en Washington, hubo tiempo suficiente para enviarlo con más antelación al Congreso. Pero dada la importancia del proyecto, la Comisión de Relaciones Exteriores consideró necesario analizarlo y emitir el informe que los señores Senadores tienen en su poder.
Se trata de un Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, suscrito en el marco de la Iniciativa para las Américas, en Washington, el 11 de febrero de 1992. Es un Fondo en el que participa una serie de países tanto latinoamericanos como del resto del mundo, y para el cual se pretende reunir la cantidad de un mil 256 millones de dólares.
Como se señala en la primera página del ^ mensaje, la constitución del Fondo es conveniente para Chile porque le permitirá acceder a recursos producto de donaciones y eventuales préstamos esenciales para suplementar y complementar las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Interamericana de Inversiones y de otros bancos multilaterales de desarrollo.
Los objetivos generales del Fondo, entre otras finalidades, son fomentar el desarrollo y la "implementación" -palabra que no existe en el idioma castellano- de la reforma de los regímenes de inversión y facilitar el incremento significativo de los niveles de inversión privada; alentar los esfuerzos de los países en la implementación de estrategias de desarrollo basadas en políticas económicas sólidas que promuevan un incremento de inversión privado y al sector privado en expansión, y fomentar las microempresas, las pequeñas empresas y otras actividades empresariales en los Estados miembros.
Los países que contribuyan al Fondo -la lista de ellos figura en un Anexo del Convenio- tienen la calidad de "donantes" y pueden participar, naturalmente, en las decisiones del mismo.
Las operaciones del Fondo se administrarán a través de tres "facilidades". A saber: la Facilidad de Cooperación Técnica, la Facilidad de Recursos Humanos y la Facilidad de la Promoción de la Pequeña Empresa.
En cuanto al marco de la primera, se otorgarán recursos de asistencia técnica a los Gobiernos, a las agencias gubernamentales, etcétera, para lograr los objetivos del Fondo y financiar estudios de diagnóstico, desarrollo de planes nacionales, servicios de asesoría y demás programas.
En lo referente a la Facilidad de Recursos Humanos, su propósito es desarrollar la base de recursos humanos necesaria para incrementar los flujos de inversión y ampliar el sector privado; en particular, para financiar la capacitación de trabajadores que puedan verse desplazados como consecuencia de reformas económicas; de trabajadores y de cuadros directivos; de individuos (incluyendo normas de protección al consumidor, al trabajador, etcétera); de profesionales, y, por último, para fortalecer el adiestramiento vocacional.
Tocante a la Facilidad de Promoción de la Pequeña Empresa, se otorgará financiamiento a microempresas y pequeñas empresas nacionales, ya sea directamente o a través de intermediarios.
También se contempla la formación de un Comité de donantes. Y de acuerdo con el Artículo IV, Sección 2, del Convenio, se establece que será competencia de este órgano la aprobación definitiva de todas las propuestas de otorgamiento de recursos de las tres "facilidades" señaladas.
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que al menos cinco de los probables donantes enumerados en el Anexo A totalicen con sus contribuciones, como mínimo, 800 millones de dólares. Y debo decir al respecto que una comunicación del Ministerio de Hacienda que obra en mi poder da cuenta de que el Fondo ya ha reunido más de esa cantidad y que a Chile le conviene suscribir el presente Tratado, desde luego, entre los cinco primeros Estados, porque con un aporte de 5 millones de dólares obtendría una ayuda de 30. Y, sin duda, es un beneficio absoluto para nuestro país que se logren 25 millones de dólares.
Precisamente, ésa es la razón del apuro en el tratamiento del proyecto.
El Convenio tendrá una vigencia de 10 años -renovable por un período único adicional de 5 años-, durante la que cualquier Donante podrá retirarse mediante notificación por escrito, aunque de todas maneras deberá cumplir las obligaciones que haya contraído.
Cabe destacar que el mensaje se refiere únicamente al Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones; sin embargo, el Ejecutivo acompañó un Convenio adicional, relativo a la administración del Fondo -ésta es encomendada al Banco Interamericano de Desarrollo-, en el cual se señalan todas las funciones que deberá realizar este organismo y la forma en que tendrá que cumplirlas. En efecto, su Artículo II, Sección 2, precisa que, entre las responsabilidades del Banco, estarán las de desarrollar, preparar y proponer las operaciones que se financiarán; presentar propuestas para operaciones específicas, y ejecutar o disponer la ejecución de todas las operaciones. El Artículo IV dispone que el Banco "invertirá los recursos del Fondo que no sean necesarios para sus operaciones en el mismo tipo de títulos valores en que invierte sus propios recursos". Se agrega que los gastos en que incurra el Banco le serán reembolsados con cargo al Fondo.
La Comisión estimó que el Convenio de Administración es parte del Convenio Constitutivo, y que en ese sentido el Ejecutivo, estando facultado para aprobar este último mediante autorización legislativa, asimismo lo estaría respecto del instrumento anexo que se acompaña. De manera que, junto con el Convenio Constitutivo, también quedaría aprobado el de Administración del Fondo.
En todo caso, señor Presidente, se estimó que el tratado que se somete a nuestra consideración es altamente favorable para Chile, por las razones indicadas, de modo que pido a la Sala que le dé su aprobación.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Sólo deseo plantear una inquietud que ya hice presente a la Mesa.
¿Sería posible hacer constar en la Versión Taquigráfica nuestra observación acerca del término "Facilidad" que se usa en el Convenio, como una manera de defender el idioma? Porque pedí los originales para revisarlos, y obviamente se trata de una m traducción de la versión en inglés. Dicha expresión, en la forma en que es usada, carece de sentido en castellano. No la podemos cambiar, porque forma parte del tratado, pero al menos podríamos dejar constancia de que tomamos nota de esta irregularidad.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, respondiendo la consulta del Senador señor Thayer, debo destacar que en diversas oportunidades la Comisión ha oficiado al Ministerio de Relaciones Exteriores llamándole la atención sobre el lenguaje que emplean los convenios o tratados. Incluso, se da una curiosa situación. Varios de ellos, cumpliendo el mismo objetivo, sin embargo utilizan redacciones distintas, lo que en algunos casos podría tener importancia.
Creo que la Comisión estaría de acuerdo en citar a un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer la debida coordinación en esta materia, porque a veces da la sensación de que se está actuando con demasiada ligereza.
Nada más, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Quiero dejar constancia de que la Cámara de Diputados ya aprobó este proyecto de acuerdo, el cual viene informado favorablemente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por la unanimidad de sus miembros.
Si le parece a la Sala, se acogería el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, y quedaría aprobado, al mismo tiempo, el Convenio anexo a que ha hecho referencia el Honorable señor Alessandri.
-Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo en la forma indicada.
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El señor FREI (don Arturo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, solicito a la Mesa que el proyecto que beneficia a deudores hipotecarios de la ex Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos se pueda tratar en la sesión del próximo martes, pues, de lo contrario, quedaría pendiente para el año que viene.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para incluir esa iniciativa en la tabla de la sesión del próximo martes.
Acordado.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el punto signado con el número 7 del Orden del Día.
De acuerdo con el Reglamento, por tratarse de una solicitud de rehabilitación de ciudadanía, la Sala debe constituirse en sesión secreta.
Mientras se despejan las tribunas, plantearé a la Corporación una inquietud respecto de los trámites que deben seguir los tratados internacionales.
RATIFICACIÓN DE TRATADOS POR EL SENADO. CONSULTA A COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
El señor VALDÉS (Presidente).-
No me voy a referir al caso específico de los tratados que hemos visto hoy, pero he observado ,que se presentan para la ratificación del Senado numerosísimos convenios qué más bien constituyen acuerdos entre el Estado de Chile y otro Estado, los cuales han aumentado considerablemente a raíz de la gran actividad que el Gobierno está desplegando en el exterior y de los viajes de Su Excelencia el Presidente de la República.
Mi impresión, por experiencias pasadas, es que muchos de esos llamados "tratados" no son tales, sino acuerdos que tienen por objeto que los Estados firmantes se otorguen facilidades recíprocas. La aprobación de ellos cae dentro de las facultades del Ejecutivo y, por lo tanto, no requieren de ley para ser sancionados. Es cierto que se pretende darles más solemnidad al denominarlos así, pero, en realidad, son simples intercambios de notas, memorándum de acuerdos o acuerdos propiamente tales que, aunque se suscriben entre países, no comprometen más que al Ejecutivo. No responden al concepto de "tratado" a que se refiere el artículo 50 de la Constitución.
No pretendo abrir ahora una discusión sobre la materia, pero creo que sería conveniente pedir a la Comisión de Relaciones Exteriores que estudiara el tema, con el fin de hacer presente, si lo estimara del caso, al Ministerio del ramo o al Ejecutivo, cuáles son aquellos convenios que merecen ser ratificados por el Congreso, y cuáles constituyen simples acuerdos que pueden llevarse a cabo por el Ejecutivo sin necesidad de convertirlos en algo tan solemne como un tratado internacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.- Estoy de acuerdo con esa medida, señor Presidente. Justamente, hemos solicitado al Secretario de dicha Comisión que haga un resumen de cuántos tratados han sido ratificados por el Senado, cuántas comisiones mixtas se han formado en virtud de ellos y cuántos, en realidad, han entrado a operar, porque, como bien dijo Su Señoría, muchos de ellos crean esas comisiones para desarrollar una serie de acciones que son comunes y corrientes entre los Estados. De manera que en una próxima sesión podríamos estar en condiciones de dar cuenta a la Sala acerca de este punto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, concuerdo totalmente con lo expuesto por la Mesa, pero quisiera agregar otro punto de vista.
Así como son numerosos los acuerdos de segunda importancia que tal vez no debería ver el Senado, existen determinadas áreas de enorme relevancia que no son objeto de convenios. Su Señoría cuenta con sólida experiencia en acuerdos económicos, y sabe que todos ellos están insertos en el marco general de la ALADI. El año recién pasado se firmó uno muy importante con Argentina, que tenía apéndices bastante delicados. Pero, por venir al amparo de la ALADI, no fue ratificado por el Senado.
Lo que me preocupa es que cuando se vulnera un tratado y se producen problemas, éstos recaen en el Ejecutivo, por no haber tenido, el respectivo instrumento, la fuerza de su ratificación por el Senado. Cuando esto ocurre, en el evento de que se presenten dificultades, la responsabilidad de los Gobiernos es mucho más grande.
No quiero salirme del tema, en el cual encuentro toda la razón a Su Señoría, pero me parece que también valdría la pena ver en alguna oportunidad el otro punto que he señalado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Al respecto, señor Senador, debo hacerle presente que el tratado constitutivo de la ALALC, entidad antecesora de la ALADI, fue ratificado por el Senado durante la Administración del Presidente Jorge Alessandri, con un agregado que establecía que todos los actos o convenios que tuvieran relación con el cumplimiento del mismo o que derivaran de él no requerirían ratificación posterior. Esta fue una proposición del entonces Canciller Germán Vergara Donoso, que permitió que el tratado de la ALALC -y posteriormente, el de la ALADI- tuviera una especie de tracto sucesivo, es decir, que convenio celebrado en virtud de él fuera ejecutado de inmediato por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin necesidad de ser ratificado por el Senado.
Es cierto que esta materia hay que analizarla con sumo cuidado, pues el horizonte de acuerdos es muy vasto: algunos son simples convenios sobre determinados productos, mientras que otros, bien distintos, rigen, por ejemplo, sobre aranceles completos. De modo que habría que revisar la situación y examinarla en conjunto con esa Secretaría de Estado.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, podría ocurrir, por ejemplo, que el Ejecutivo quisiera volver al Pacto Andino. En este momento lo podría hacer sin necesidad de que su decisión fuese ratificada por el Senado, dado que caería dentro de los márgenes generales, tal como ocurría con la ALALC y ocurrió después con la ALADI. Pienso que los tiempos han cambiado y que ésa es una circunstancia que tal vez debería variar.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El Pacto Andino, señor Senador, fue suscrito sin ser llevado al Congreso.
En fin. Ese era el tema que quería plantear.
Si le parece a la Sala, entonces, se encomendaría a la Comisión de Relaciones Exteriores, estudiar el problema a que me referí.
Acordado.
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 15:58, y adoptó resolución sobre la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del señor Alberto Castillo Gallardo.
-Se reanudó la sesión pública a las 16:6.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la sesión pública.
El señor PAEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede usar la palabra Su Señoría.
El señor PAEZ.-
Señor Presidente, ¿habrá quedado claro -como algunos señores Senadores no estaban presentes en la mañana- que no hay sesión mañana?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Voy a anunciarlo.
Informo que mañana no hay sesión. Pero cabe recordar que el martes próximo a las 13 hay una recepción para todo el personal del Senado, y después, un almuerzo de los señores Senadores en la Corporación.
MODIFICACIÓN DE LEY SOBRE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, TERRITORIALES Y FUNCIONALES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.893, sobre Organizaciones Comunitarias, Territoriales y Funcionales, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 18a, en 16 de diciembre de 1992.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión mencionada aprobó por unanimidad este proyecto, que consta de un artículo único, y propone a la Sala proceder de la misma manera.
Se ha formulado una indicación, suscrita por los señores Soto, Diez, Ruiz De Giorgio y Frei (doña Carmen), que agrega al texto el siguiente inciso segundo: "Declárase, para todos los efectos legales que los estatutos de las organizaciones comunitarias que conservan vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, prevalecerán sobre cualquier disposición contraria contenida en la presente ley.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
La señora SOTO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede usar de ella, Su Señoría.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, este es un proyecto muy sencillo que simplemente prorroga el plazo para resolver una situación de hecho que afecta a 20 mil organizaciones comunitarias. Estas entidades se hallan en espera de la aprobación de la iniciativa, porque el lapso para adaptar sus estatutos a la nueva normativa vence ahora en diciembre.
Por otra parte, la indicación sólo tiene por objeto afinar el objetivo perseguido dejando vigentes los estatutos que ya están listos.
Solicito la comprensión del Senado, porque el informe de la Comisión se entregó hoy en la mañana, pero se trata de una materia demasiado simple, que reviste una importancia enorme para mucha gente que espera su aprobación, quienes han venido muchas veces al Senado para plantear precisamente la situación de incertidumbre en que se encuentran.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hubo acuerdo en la Sala de tratar hoy este proyecto, y, además, la urgencia está calificada de "Discusión Inmediata".
El señor OTERO.-
Perdón, señor Presidente. Por mucho que sea de "Discusión Inmediata", uno debe disponer del informe 24 horas antes de la sesión, para poder estudiarlo.
Tengo entendido que en este momento no hay acuerdo en la Sala para tratarlo.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Senador, hubo acuerdo en la Sala en la mañana.
El señor VALDÉS (Presidente).- Se acordó tratarlo hoy día.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, quiero plantear algunas dudas.
El texto original del proyecto establece una prórroga por el plazo de cuatro años. La Cámara de Diputados lo aumentó a cinco, y la Comisión propone a la Sala aprobar esa sugerencia. Yo pregunto: ¿cuál es el fundamento para aumentar a cinco años el plazo de cuatro años establecido en el mensaje del Presidente de la República? Sobre la base de que el plazo primitivo era de 36 meses, ya hubo una ampliación bastante considerable al aumentarlo a cuatro años, y ahora el aumento sería a 5 años.
No conozco exactamente la indicación, pero entiendo que en virtud de ella la ley reglará directamente los estatutos de estas entidades. Entonces, la verdad es que el asunto resulta muy discutible, porque no le corresponde a la ley referirse a ellos. La característica de generalidad de la ley impide que lo haga. Una ley puede facultar a una autoridad administrativa, mediante un precepto de carácter general, para aprobar determinadas condiciones, pero no debe referirse a estatutos en concreto pronunciándose directamente sobre ellos o validándolos.
Deseo que alguno de los firmantes de la indicación diera respuesta a mis inquietudes.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, sobre el primer planteamiento hecho por la señora Senadora, cabe señalar que, cumplidos los tres años, existía una gran cantidad de organizaciones comunitarias que no habían logrado adecuar sus estatutos a las disposiciones de la ley. Entonces, para evitar que el próximo año tengamos que presentar un proyecto sobre nueva prórroga, se estimó conveniente, porque ello no crea ninguna dificultad, sustituir el plazo vigente por el de cinco años.
En cuanto a la indicación, ella plantea que los estatutos primen sobre cualquier disposición que exista en la misma normativa, de manera que, al ser aprobados por la organización comunitaria y por la autoridad pertinente, no entren en colisión con normas de la ley y queden fuera de contexto los términos contenidos en ellos.
En consecuencia, la indicación es solamente aclaratoria, para que no quede duda de que los estatutos que conservan vigencia tienen prioridad sobre cualquier disposición contraria de la ley que rige a esas organizaciones comunitarias.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, ¿por qué no se reparte la indicación?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, tuve una reunión con el Presidente de la Federación Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, señor Jorge Seleme, quien me hizo llegar una minuta en la cual solicita también -en términos similares a los expresados en la Sala- una postergación de plazo para adecuar los estatutos.
A continuación, daré lectura a la parte final de la carta:
"Por último, como la mayoría de las Juntas de Vecinos estamos esperando la publicación de una nueva Ley, que deje sin efecto la N° 18.893 por ser inadecuada para el mundo social moderno vecinal, y en la que esperamos ser partes en aportar sugerencia e ideas antes que se promulgue; ruego a V.S.," -en este caso, se dirige al Presidente del Senado- "acceder a lo solicitado en PRORROGAR EL PLAZO PARA ADECUAR ESTATUTOS, ya que estamos a 27 días" -esta nota fue entregada el 3 de noviembre- "que vence el plazo, y al no adecuar los estatutos, las Juntas de Vecinos perderán sus personalidades jurídicas.".
Por otro lado, la Senadora señora Soto se refirió a la cantidad impresionante de juntas de vecinos que están esperando que se apruebe esta iniciativa.
Por lo tanto, apelo a la buena voluntad de los señores Senadores para que no pongan obstáculos -por aspectos meramente formales, ya que es una situación sencilla de comprender y que beneficiará a mucha gente- en la aprobación de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite hacer una consulta, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Al parecer, la indicación trata de dos materias: una es la prórroga del plazo, y la otra, una disposición según la cual esta ley no se aplicaría a ninguna junta de vecinos que tenga actualmente estatutos distintos.
Quisiera que alguien me aclarara el sentido de la indicación, porque no la comprendo.
La señora SOTO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.- Señor Presidente, la indicación pretende únicamente que los estatutos de las organizaciones comunitarias que cuentan con esos instrumentos no se contradigan con disposiciones de la ley, a fin de que no se entorpezca lo que ya está vigente para ellas. Eso es todo. O sea, simplemente se trata de dar una mayor flexibilidad a las organizaciones comunitarias, que en realidad están muy preocupadas. Es el caso, por ejemplo, de aquella que en Valparaíso preside don Assis Opazo, quien es bastante combativo, y que nos ha dicho en varias oportunidades que no podrán funcionar si no se aprueban esta prórroga y la indicación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, nuevamente se nos obliga a resolver sobre una materia de ley sin que hayamos podido disponer de su informe con antelación, y, encima, debemos pronunciarnos respecto de una indicación cuyo texto sólo conocemos por el hecho de que se le ha dado lectura. Lamentablemente, no tengo memoria auditiva, sino visual.' En estas condiciones no es posible cumplir con nuestras funciones de legisladores.
Me veo, pues, una vez más, en la necesidad de insistir, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, en que esta no es manera de legislar, por muy buenas razones que se den. Porque, obviamente, no tenemos la posibilidad de darnos cuenta exactamente de a dónde apunta la ley en proyecto, como tampoco de su contenido. Las solas explicaciones que se nos entregan en un momento determinado no bastan para cumplir con nuestra tarea de analizar una iniciativa.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que, antes de que se ponga en votación esta materia, al menos se nos proporcione la indicación, porque, en caso contrario, nos veríamos obligados a votar respecto de algo que realmente no conocemos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En estos instantes se está repartiendo el texto a todos los señores Senadores.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Luego de haber leído la indicación, debo decir que la considero de la mayor gravedad. Hay una ley de la República cuyos efectos se pretende postergar nuevamente, esta vez por un plazo de 5 años. Es decir, se dictó un cuerpo legal para que no fuera aplicado...
Evidentemente, ése es el objetivo. Aquí ha habido una ley que dio un término para adecuarse a sus normas. Entiendo que lo anterior no haya podido cumplirse una vez; pero luego se concedió un segundo plazo, y ahora se quiere fijar un tercero. En el hecho, se está derogando la vigencia de la ley por 5 años.
¿Cuáles son los argumentos que se dan? La existencia de un proyecto que se está tramitando desde hace dos años en la Cámara de Diputados. Pero nadie asegura que va a ser aprobado -ésa es una hipótesis, un evento incierto-, y, mientras tanto, una ley que sí lo fue, no se materializa.
Por último, señor Presidente, podríamos acceder a dar un plazo razonable para mantener la suspensión de esta ley, como sería un año.' Porque se supone que al cabo de ese lapso se habrá despachado el otro proyecto, y, en consecuencia, corresponderá decidir si se deroga o no la ley vigente. Pero lo que nos parece extremadamente grave -repito- es lo que expresa la indicación:
"Declárase, para todos los efectos legales que los estatutos de las organizaciones comunitarias que conservan vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, prevalecerán sobre cualquier disposición contraria contenida en la presente ley.".
En el fondo, esto equivale a derogar la ley al establecer que priman sobre ella los estatutos.
Cabe advertir que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, por los precedentes que pueden crearse. Podríamos argumentar: "Pero esto es tan adecuado". Sin embargo, el fin no justifica los medios. Sentar el precedente de que estatutos pueden prevalecer sobre las normas de una ley es, francamente, violentar todo el sistema legal de la República. No es posible aprobar una disposición cuyo contenido importa señalar: "La ley existe y es obligatoria para todos, pero lo que esté en contravención con ella, se mantiene".
Lamento sinceramente que esta materia se discuta con tanta rapidez -su urgencia ha sido calificada de "Discusión Inmediata"--, porque no podemos analizar con todo detalle sus implicancias.
Como he dicho, podemos aceptar que se prorrogue la entrada en vigencia de la ley por un año, pero, de ninguna manera, por cinco. Si la razón que se ha dado para este último término es que existe un proyecto que sustituirá la ley en referencia, ¿significa que el Congreso se va a demorar cinco años en despacharlo? Me parece que no. De modo que no hay motivo lógico alguno que justifique el plazo que se solicita.
No obstante, lo que no podemos aceptar es que, por la vía de una indicación presentada en la Sala, que ni siquiera está contemplada en el informe de la Comisión, se cambie un sistema legal que es absoluto en Chile. Establecer que los estatutos priman sobre la ley aludida me parece simplemente contradictorio con todo nuestro ordenamiento jurídico.
Por esa razón, señor Presidente, si la indicación se mantiene, a riesgo de lo que sea, me veré en la obligación de pedir segunda discusión para este proyecto.
El señor NAVARRETE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto, quien la había pedido con anterioridad.
La señora SOTO.-
Señor Presidente, es necesario señalar que esta prórroga no tiene relación con la iniciativa que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, sino, simplemente, con la ley vigente.
Como el debate ya se ha hecho, sugiero que, si hay dudas, se voten separadamente el proyecto y la indicación, ya que lo más importante en este momento es que se apruebe el primero. Además, cabe recordar que está calificado de "Discusión Inmediata", por lo que si no nos pronunciamos ahora a su respecto, deberá citarse a sesión para mañana.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No corresponde segunda discusión en este caso, por la calificación de la urgencia, de manera que deberá votarse ahora.
El señor OTERO.- Solicitamos votación separada, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, se pone en votación, primero, el proyecto.
-(Durante la votación).
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, quiero dejar constancia de nuestra protesta por la forma en que se ha tramitado esta iniciativa. No es la primera vez que nos vemos en la necesidad de quejarnos de que se nos obligue, sin disponer de los informes a tiempo y en materias con una repercusión importante, a resolver por un sí o por un no en un lapso de 5 minutos. Es un problema al que también se han referido Senadores de otras bancadas en más de alguna oportunidad.
Aquí hay un elemento que atenta contra el sistema y la dignidad legislativos. Todos los Senadores somos iguales, pues entiendo que todos tenemos el mismo patriotismo y el mismo deseo de solucionar las dificultades y conflictos, pero, evidentemente, también tenemos una responsabilidad constitucional y personal respecto de las normas que despachamos. No me parece serio ni adecuado que se nos fuerce, sobre la base de la urgencia, a resolver sobre una materia de ley en esta forma. Quiero ser muy claro. En la Sala, los Senadores de Renovación Nacional no vamos a dar más aprobaciones, de ninguna naturaleza, para que se aplique nuevamente este procedimiento, porque, simplemente, se está atentando contra nuestra responsabilidad legislativa.
Mis palabras no pueden estimarse como una crítica a algún Senador o a la Comisión que informó el proyecto. Estamos haciéndonos eco de las observaciones que han hecho integrantes de otras bancadas cuando se han debido tratar proyectos de ley sin el tiempo necesario para estudiarlos, para ver sus proyecciones y para discutirlos adecuadamente.
Por estas razones, señor Presidente, voto negativamente esta iniciativa. Lo reitero: no por su fondo, sino por la forma en que se nos está obligando a legislar.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, a pesar de lo lamentable de estas sucesivas prórrogas, estoy de acuerdo con la que ahora nos ocupa, porque viene a solucionar un problema de hecho. Una ley, en su artículo 2° transitorio, dio un plazo de 6 meses para que las organizaciones por ella regidas adaptaran los estatutos a sus normas, pero la práctica ha demostrado que es muy difícil que se cumpla el trámite, por afectar a miles de instituciones. Hasta ahora, tres años no han sido suficientes para ello, y, en consecuencia, creo que su aumento no altera lo que el Senado ha acordado en otras oportunidades. Por ello, estoy a favor de esta iniciativa, sin perjuicio de lamentar, como siempre, que se nos aboque a pronunciamientos demasiado rápidos por la simple circunstancia de enviarse a última hora proyectos importantes.
Voto que sí.
-Se aprueba en general el proyecto (13 votos contra 7, 2 abstenciones y un pareo).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La indicación formulada por las Honorables Señoras Soto y Frei y los Senadores señores Diez y Ruiz propone agregar al artículo único el siguiente inciso segundo:
"Declárase, para todos los efectos legales que los estatutos de las organizaciones comunitarias que conservan vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, prevalecerán sobre cualquier disposición contraria contenida en la presente ley.".
La señora SOTO.-
Retiramos la indicación, señor Presidente.
El señor GAZMURL-Sí.
El señor PAPI.-
Se retira, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si ésa fuera la disposición de los señores Senadores que la firmaron, quedaría retirada. Debo aclarar que la Mesa tiene dudas acerca del sentido de la indicación.
El señor RUIZ (don José).-
La retiramos, señor Presidente.
La señora SOTO.-
Sí, señor Presidente.
-Queda retirada la indicación y aprobado en particular el proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que quede incluido en la Cuenta de esta sesión y se envíe a la Comisión de Economía el proyecto, originado en un mensaje del Presidente de la República, que dicta normas sobre acreditamiento y supervisión de organismos de certificación oficial de calidad de productos hortofrutícolas que se exporten a las Comunidades Europeas y a otros Estados.
La iniciativa tiene por objeto establecer un sistema oficial al respecto, manteniéndose, entre tanto, la vigencia del decreto supremo N° 601, de 1992, del Ministerio de Economía, para cumplir con las exigencias del reglamento dictado por la Comunidad Económica Europea que regirán a contar del 1° de enero de 1993.
El texto ha sido debatido con quienes están interesados en estas actividades, y, para que sea tratado y despachado en la sesión del martes próximo, deberá previamente analizarse en la Comisión de Economía.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 16:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción