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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 21ª, en jueves 7 de enero de 1993
Ordinaria
(De 10:45 a 14:13)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDES, PRESIDENTE,
Y BELTRAN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA
____________________
VERSION TAQUIGRAFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Oiga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro del Interior.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESION
-Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 41 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACION DE ACTAS

El señor VALDES (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 17a, ordinaria, en 15 de diciembre de 1992, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor VALDES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los tres primeros, retira y hace presentes nuevamente las urgencias, con el carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que dicta normas sobre bases del medio ambiente.

2.- El relativo a la plena integración social de las personas con discapacidad.

3.- El que se refiere al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Región.
-Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el cuarto y último, inicia un proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, con relación al sistema de concesión de obras públicas.
-Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que adscribe en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile al personal de Gendarmería de Chile que indica y hace imponibles sus remuneraciones.
-Se toma conocimiento y se manda archivar.
Informes
Segundos informes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que amnistía a infractores de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
-Quedan para tabla.
Comunicación
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que expresa que ha resuelto, por la unanimidad de sus integrantes, solicitar al Senado la ratificación del acuerdo de 8 de octubre próximo pasado, en el sentido de que esa Comisión informe sobre las materias jurídicas relacionadas con las figuras delictivas y las libertades y derechos individuales contenidos en el proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, con declaración de que le corresponderá hacerlo una vez evacuado el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse sobre la petición de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor OTERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Señoría.

El señor OTERO.- Señor Presidente, tengo a la mano la Versión Taquigráfica del debate que se llevó a efecto en la Sala con motivo de tratarse este asunto. En esa oportunidad quedó muy en claro que el estudio de las materias en cuestión se haría por la Comisión de Constitución en forma paralela al que iba a demandar el segundo informe de la Comisión de Transportes. Incluso, la Senadora señora Feliú, una de las Honorables colegas que votaron en favor de la indicación, expresó: "Sí, debe ser simultáneo". Por su parte, el Presidente del Senado, Honorable señor Valdés, añadió: "Se deja constancia de que el estudio será paralelo y de que la Sala conocerá conjuntamente ambos informes.".
Es importante dejar establecido que lo que se acordó en ese momento fue que la Comisión de Constitución se abocara a la parte del proyecto propia de su ámbito: las reformas de carácter penal, pese a que hicimos presente que en muchas iniciativas anteriores otras Comisiones habían resuelto tales aspectos sin la intervención de aquélla, a la que tampoco se han enviado normativas que de alguna manera determinan formas de procedimiento en ciertas materias.
La discusión que se produjo en la Sala aclaró muy bien lo que debía revisar esa Comisión, precisándose que no existían dudas de constitucionalidad en los textos aprobados por la Comisión de Transportes, ya que todas habían sido solucionadas, y que el tema fundamental de que se trataba era el referido a cuestiones penales. Por tal razón, los Comités acordaron por unanimidad, para definir el punto, que de un modo simultáneo la Comisión de Constitución viera solamente los preceptos vinculados con ese problema, luego de lo cual la Sala conocería del informe respectivo.
Lo que a los miembros de la Comisión de Transportes no nos parece conveniente es que la iniciativa se someta en su integridad al análisis de la de Constitución, porque ésta se transformaría, sin que ello proceda, en una segunda instancia.
Obviamente, en todo proyecto hay disposiciones de carácter legal. Así se origina una ley. Pero, si aplicáramos el criterio de que la Comisión de Constitución debe analizar el texto aprobado por la de Transportes y Telecomunicaciones, tendría que concluirse que respecto de todas las iniciativas sería necesario pedir que aquélla se pronunciara sobre distintos aspectos.
En el caso que nos ocupa no hay antecedente alguno que, por el hecho de ser distinto de los que se presentan en otras oportunidades, amerite la intervención de esa Comisión. Ante lo solicitado por algunos señores Senadores en legítimo ejercicio de su derecho, la Sala acordó pedirle informe sobre materias penales; pero no vemos razón para que emita su parecer acerca de todo el proyecto, máxime cuando no hay pendiente -ni se ha planteado- ningún problema de constitucionalidad.
La situación sería diferente si durante la discusión particular surgieran cuestiones de esa índole, pues esta circunstancia justificaría, conforme al Reglamento, la solicitud de que la Comisión de Constitución informe acerca de los puntos determinados en que ellas inciden. Mientras esa eventualidad no se produzca, enviarle el proyecto íntegro significa asignarle una actuación revisora que está en desacuerdo con la tradición y con el Reglamento, además de implicar que sería innecesaria la existencia de otras Comisiones. Estas, obviamente, podrían sustentar un criterio distinto del que mantenga la Comisión de Constitución, pero no en cuanto a legalidad, sino al mérito de una iniciativa, lo cual corresponde analizar en la Sala.
En consecuencia, interpretando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, insisto en que debe cumplirse el acuerdo de los Comités, que no puede cambiarse sino por unanimidad. De lo contrario, tendría que precisarse en la Sala cuál es la petición que se formula y su alcance.
Reitero que durante el tratamiento del proyecto no se ha planteado problema alguno de constitucionalidad que amerite su envío a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que ésta, conforme a lo que resolvió el Senado, únicamente puede abocarse al estudio de las disposiciones penales que contiene, por las razones que se expusieron en esa oportunidad.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se opone, por lo tanto, a la declaración de que se ha dado cuenta, que importa desconocer el acuerdo tomado por la Sala en el sentido de que los informes se prepararan en forma paralela. Al decirse "en forma paralela", se hacía referencia a las normas propias de la competencia de la Comisión de Constitución, o que podrían corresponder a ésta.
Finalmente, dejo expresa constancia de que si durante el debate en la Sala se suscitara alguna duda de constitucionalidad, con todo derecho se podría pedir a esta última Comisión un informe sobre los puntos precisos que ello involucre. Hasta el momento, esa situación no se ha presentado en la Comisión de Transportes.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Para la mejor ilustración de Sus Señorías, el señor Secretario va a dar lectura tanto al acuerdo de Comités como a la Versión Taquigráfica correspondiente a la sesión del Senado celebrada el 8 de octubre próximo pasado.

El señor DIEZ.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de la lectura?
Estimo que no cabe invocar el acuerdo de los Comités; de lo que se trata es de interpretar el que tomó la Sala. Los Comités son relacionadores entre la Mesa y la Corporación, en cuanto a la tramitación de los proyectos de ley, pero no tienen facultad para interpretar, ni siquiera por unanimidad, a la Sala.
Por consiguiente, pido que se prescinda del acuerdo a que llegaron, por escapar a su esfera de competencia, y que el señor Secretario nos dé a conocer cuál fue el de la Sala, así como el oficio enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador. No hay juicio alguno de valor respecto de la información a que aludí, de modo que nada obsta a la distinta ponderación del acuerdo de Comités. Para una mayor ilustración en el debate, es conveniente que se conozca la parte pertinente de esa decisión y lo que resolvió la Sala.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En la sesión 2a de esta legislatura, celebrada por el Senado en jueves 8 de octubre de 1992, se planteó que las Comisiones emitieran un informe paralelo sobre estas materias, en todo su contenido.
La Versión Taquigráfica dice lo siguiente:

"El señor DIEZ.- Queda por resolver si el Senado acuerda o no pedir la participación de la Comisión de Constitución en los aspectos tanto penal como de restricción a las libertades y derechos individuales.

"El señor VALDES (Presidente).- Entiendo que hay consenso para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento conozca estos temas...

"El señor ROMERO.- Excepcionalmente."
Y así quedó establecido: que por esta vez la Comisión de Constitución iba a conocer de los aspectos tanto penal como de restricción a las libertades y derechos individuales.
Posteriormente, en la reunión de Comités de 22 de diciembre, al tratarse este mismo punto, el Senador señor Otero adhirió a lo expresado por el Honorable señor Páez, quien, respecto de la iniciativa legal en estudio en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y que, por acuerdo del Senado, debía pasar a la Comisión de Constitución, pidió aclarar si esta última tenía que conocer de materias específicas, o bien, de todos los aspectos constitucionales que podría implicar el proyecto. Al efecto, el acta de esa reunión de Comités dice:
"El H. Senador señor Otero señala que concuerda plenamente con lo expresado por el H. Senador señor Páez, remarcando que, a su juicio, lo que .el Senado acordó fue que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronunciara exclusivamente sobre los nuevos delitos que se establecían en la iniciativa en comento y no sobre otros aspectos de ella.
"Al respecto y aclarando el señalado acuerdo, se resuelve que el sentido con que la Sala acordó que el referido proyecto pasara a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fue específicamente para pronunciarse respecto de los nuevos delitos que se establecían en la . mencionada iniciativa, con la oposición de la H. Senadora Feliú quien señaló que, a su juicio, el acuerdo de la Sala consistía en que la referida Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se pronunciara sobre todos los aspectos constitucionales del proyecto de ley referido.".
De la lectura del acuerdo de la Sala y del acuerdo adoptado por los Comités, se concluye que, indudablemente, son diferentes, Es más amplio el primero, que es al que hace referencia el oficio de la Comisión de Constitución que solicita al Senado ratificarlo.
En realidad, en esta materia, por una parte la Sala da cierta amplitud a la labor de la Comisión de Constitución y, por otra, esto queda restringido en un acuerdo de Comités, a petición del Honorable señor Otero.
Estos son los hechos que deben tenerse presentes.

El señor FERNANDEZ.- En ese caso, prima lo resuelto por la Corporación.

El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no tiene el propósito de tratar todos los artículos técnicos; se limitará absolutamente al acuerdo de la Sala y al oficio que recibió de la Presidencia del Senado, en el sentido de estudiar las disposiciones que impliquen restricción a la libertad, afecten derechos individuales o establezcan delitos penales. Jamás ha tenido la intención de exceder ese marco.
Sin embargo, con el acuerdo de la Sala se presenta un problema práctico, porque dispone que nuestro estudio deberá ser simultáneo al que se realice para el efecto del segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Pero nosotros materialmente estamos impedidos para emprender nuestra tarea si ignoramos cómo quedarán estos artículos después de que la Comisión especialista analice y apruebe o rechace las indicaciones que se formulen. Entendíamos que a medida que ella fuera despachándolos, iba a ponerlos en nuestro conocimiento. En todo caso, mientras no tengamos ese segundo informe, no podremos emitir una opinión sobre textos susceptibles de sufrir modificaciones que la dejarían obsoleta.
Quiero precisar que la Comisión de Constitución estimó, por unanimidad, que debe abocarse exclusivamente al examen de las materias que le señala el oficio del Senado. Porque ésa es su función y no pretende asumir labores que corresponden a otras Comisiones. Y no lo ha hecho hasta el momento -pese a que el proyecto ha figurado en tabla varias veces- por desconocer la redacción definitiva que tendrán los artículos pertinentes en el segundo informe de la Comisión técnica.
Lo anterior no significa que la Sala no pueda tratar simultáneamente, en un solo acto, tanto ese informe como el que emitirá la Comisión de Constitución, que, en conformidad al acuerdo unánime que tomó, se limitará exclusivamente -repito- a los temas que el Senado le encargó estudiar.

La señora FELIU.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Puede usar de ella Su Señoría.

La señora FELIU.- Señor Presidente, sólo deseo aclarar un antecedente de hecho: el acuerdo de Comités no fue unánime. Señalé que no lo compartía, por recordar, justamente, lo que se había planteado en la Sala, en orden a que la Comisión de Constitución examinara todos los aspectos relativos a la constitucionalidad de la iniciativa, y no solamente el ámbito penal.
Yo misma había expuesto el problema suscitado por la norma que restringe la libertad de las personas al permitir la interceptación de las comunicaciones, pues ello afecta una garantía constitucional, de modo que, a mi juicio, era indispensable que la examinara la Comisión de Legislación.
Por consiguiente, insisto en que el acuerdo de los Comités no fue unánime, porque la Senadora que habla no lo compartió.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Consta en el acta de la reunión de Comités lo aseverado por la Honorable señora Feliú.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Una moción de orden, señor Presidente.
Existe un acuerdo de la Sala que está plenamente vigente. Y debe regir mientras no sea modificado por otro. De lo contrario, se trataría de resoluciones sujetas, en definitiva a una instancia distinta.
El único problema práctico es el mencionado por el Senador señor Diez: que ese acuerdo dispone que ambas Comisiones estudiarán los preceptos en forma simultánea. A mi parecer, lo que la Sala pretende -para que haya lógica- es conocer conjuntamente de los dos informes.
Ese fue el acuerdo del Senado; está vigente, y, en tanto no se modifique, debemos aplicarlo.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- A juicio de la Mesa, el acuerdo a que se ha hecho referencia está en vigor. Y fue adoptado por unanimidad. Tengo a la vista su texto.
Creo que está de más seguir discutiendo sobre sus términos, salvo que la Sala quisiera revisarlos.

El señor OTERO.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.- Señor Presidente, aquí hay un error. Lo que ha pedido la Comisión de Constitución es que se rectifique el acuerdo, precisamente.
Lamento que un Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra no haya leído la Versión Taquigráfica respectiva, donde el Senador que habla dice:
"Señor Presidente, quisiera que quedara en claro que el estudio de esas materias, .que son estrictamente específicas, por parte de la Comisión de Constitución, deberá hacerse en forma paralela al segundo informe de la Comisión de Transportes.".
¿Qué significaba eso? Que la Comisión de Legislación las iba a analizar paralelamente, y después la Sala conocería de los dos informes.
Ahora, hay algo muy claro. Si durante el tratamiento de un proyecto de ley un precepto origina cuestiones constitucionales, el Senado, y cualquiera de sus miembros, tiene derecho a pedir el informe de la Comisión de Constitución. No obstante, éste no es el caso de la iniciativa en comento, en todo el articulado analizado por la Comisión de Transportes hasta ahora.

El señor DIEZ.- Pero hay un acuerdo al respecto.

El señor OTERO.- En su oportunidad podrá plantearse en este Hemiciclo si algún artículo provoca esa clase de problemas o no. Cabe tener presente que, como hemos visto aquí, en un momento determinado cualquier proyecto puede ser impugnado aduciéndose que no se ciñe a la Constitución. Una vez decidido, entonces, en qué consiste el planteamiento específico sobre el particular, procede requerir el informe pertinente.

El señor DIEZ.- Insisto en que hay un acuerdo que debe respetarse.

El señor OTERO.- De otro modo, ¿cómo vamos a pedir que la Comisión de Constitución analice un proyecto en todos sus aspectos constitucionales? Con ese precedente, en el futuro tendríamos derecho a solicitar que las distintas iniciativas fueran previamente examinadas por dicha Comisión.
Pienso que debemos atenernos a lo resuelto por la Sala.
Lo expuesto significa que, en el momento oportuno, si se origina una discusión sobre algún aspecto constitucional del proyecto, no nos opondremos a que la Comisión de Legislación informe acerca de ese asunto específico.
Empero, aquí se está pidiendo una tutela previa, un amparo general, una visación de constitucionalidad respecto de lo que apruebe una Comisión del Senado.
Quiero representar a mis Honorables colegas la gravedad que tendría ese precedente. Si lo aceptáramos, a cualquiera de nosotros le correspondería el derecho -repito-, antes de que el Senado tratase el proyecto aprobado por una Comisión, a solicitar que la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento lo revisara en su totalidad, para ver si alguna de las disposiciones presenta algún problema constitucional.
Eso no es lo que se desea, sin embargo. Lo que se quiere es que cuando se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ésta sea examinada en forma particular por la Comisión mencionada.
Eso es todo.

El señor VALDES (Presidente).- Llamo la atención de los señores Senadores hacia el hecho de que este debate es exactamente igual al llevado a cabo en la sesión 2a, en jueves 8 de octubre pasado. En esa oportunidad, al expresarse: "Queda por resolver si el Senado acuerda o no pedir la participación de la Comisión de Constitución en los aspectos tanto penal como de restricción a las libertades y derechos individuales", la Mesa manifestó entender que había acuerdo para que aquélla conociera de esos temas, y el Honorable señor Romero apuntó que ello sería "excepcionalmente", lo que el Presidente confirmó. Al agregar el mismo señor Senador: "para que no se transforme en algo habitual", se indicó: "La Mesa será celosa en ese sentido". Y se especificó que la única Comisión con facultades exclusivas para conocer de todos los proyectos es la de Hacienda, en los aspectos de su competencia, pero que no pueden crearse privilegios para otras Comisiones.
Sobre esa base, es indudable que, en determinados casos, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento debe resolver los problemas jurídicos cuyo estudio se le encarga e informar a la Sala simultáneamente con la Comisión sustantiva.
Así se acordó después de un debate como el que ahora hemos tenido. No veo razón para volver a discutir ese punto.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, de todas maneras, como moción de orden, sería conveniente que los Senadores de Renovación Nacional conversaran estas cosas antes de exponerlas en la Sala.

El señor VALDES (Presidente).- La Mesa no tiene opinión al respecto.

El señor DIEZ.- Se trata de una situación planteada entre dos Comisiones.

El señor OTERO.- En efecto, no se relaciona con Renovación Nacional.

El señor GAZMURI.- ¡Estamos ante el antiguo problema de la comunicación, señores Senadores...!

El señor VALDES (Presidente).- Cabría constituir un arbitraje al efecto...
Se mantiene, en definitiva, el acuerdo que se tomó sobre la materia.
Continúa la Cuenta.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Finalmente, la Senadora señora Soto pide permiso constitucional para ausentarse del país por más de 30 días, a contar del 8 del mes en curso.
-Se accede a lo solicitado.
El señor VALDES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
Se va a rendir homenaje en memoria de don Enrique Correa, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema recientemente fallecido.
Ofrezco la palabra.

La señora SOTO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.


HOMENAJE EN MEMORIA DE DON ENRIQUE CORREA LABRA. COMUNICACIONES

La señora SOTO.- Señor Presidente, Honorable Senado, con gran sentimiento rindo hoy un homenaje a don Enrique Correa Labra, Presidente de la Corte Suprema, juez, profesor, pero, sobre todo, al ser humano.
Recuerdo, como si fuera ayer, cuando entró a nuestra Escuela de Derecho en Valparaíso. Venía precedido de una terrible fama, y por eso le esperábamos con el corazón impaciente y, con la inflexibilidad propia de los jóvenes, prestos a la crítica analítica y festiva.
En el aula, su porte rompió los límites de la imaginación. La realidad nos mostró un caballero altivo, que superaba las líneas de la geometría. De una sola mirada abarcó y retuvo la mirada de todos.
Como estudiantes universitarios, resentíamos que nos considerara aún niños y que impusiera la disciplina de un método para estudiar el Derecho Procesal, que a la mayoría nos parecía árido o ajeno.
Sin impaciencias ni alardes nos fue inculcando el valor del estudio; mas, por sobre todo, nos enseñó el rostro humano y amable del Derecho, como instrumento de la justicia. Así, también, nos enseñó a amarlo y a respetar sus valores y principios éticos.
Con la sapiencia de sus clases, se nos reveló, asimismo, el hombre, el juez, el ser humano en toda su integridad. Tenía una especie de clarividencia sobre nuestros estados anímicos: era capaz de percibir las penas del amor, las crisis existenciales o las tiranías rebeldes, tan propias de los jóvenes que quieren conquistar el mundo u ordenar su detención para volar a otra galaxia.
A veces, sus alumnos nos acercábamos a los tribunales que nos puso al alcance de la mano, señalándonos con nitidez las virtudes del juez que él mismo encarnaba.
Se hacía tiempo para todo: nos acompañaba como un padre amante a todas las actividades patrocinadas por la Escuela de Derecho -deportes, música, teatro-, eventos a los cuales siempre iba con su compañera del alma y sus hijas, lo que aparecía ante los ojos profanos como una sola familia.
Su mal genio era proverbial, pero quienes lo conocimos sabíamos valorar que, tras la tormenta que hacía destellar sus ojos, llegaba la calma y la comunicación estrecha.
Era un magistrado probo, de una honestidad tan prístina, que lo inducía a caminar aterido bajo la lluvia, y ni aun así aceptaba que lo invitaran a subirse a un vehículo ajeno.
Era orgulloso de sus afanes, rígido con sus ideales, duro con los que pretendían corromper la justicia con dádivas o promesas; pero asequible, casi hasta parecer bondadoso, con los humildes que buscaban en él amparo a tanta arbitrariedad mundana.
De gran inteligencia, lo que le permitió destacarse entre sus pares; buscador del alma del Derecho, aunque respetuoso de la ley positiva.
Quería llegar a la Corte Suprema como el logro máximo en su carrera de juez, pero manteniendo incólume su independencia de saber y de actuar.
Celoso de sus prerrogativas, sin falsa modestia, consciente de su valía, no movía "un dedo" para alcanzar las altas cumbres. Y sólo se inclinaba a los designios de Dios.
Dicen que fueron sus pares los que corrieron al unísono pregonando las muchas virtudes que legítimamente le adornaban y que le hacían merecedor de ocupar un sillón en el más alto Tribunal de la República. Y, finalmente, se hicieron oír.
En las salas de la Corte y en otros lugares se repetían, una y otra vez, con sonrisas, sus decires y gestos que hacían de su personalidad un ser único e incomparable.
Integró el Máximo Tribunal en una época difícil, en tiempos del amor esquivo y del cólera disimulado que ardía en muchos hogares de Chile. Allí mostró su coraje de juez analítico y severo, respetuoso de la ley, mas celoso amante de la justicia. Por largo tiempo su voz clamó en el desierto y aró en el mar solitario, pero nunca triste ni vencido.
Sus fallos de los hábeas corpus eran atesorados como la luz de la esperanza para quienes sólo veían la hondura del precipicio. Y quizás, como reflexionamos ante su tumba, si su palabra hubiese sido oída, como al principio de los tiempos, la historia de la Patria se habría escrito con caracteres derechos.
Fue Presidente de la Corte Suprema, y blandiendo la afilada espada de su verbo, defendió con ardor e impaciencia de chiquillo a todos los jueces, pues se veía reflejado en cada uno de ellos, con su mezcla de voto de pobreza y de dignidad extrema, con la señera luz del entendimiento y, por sobre todo, con la vocación cierta de dar a cada uno lo que le corresponde en justicia, siempre atemperado con la bondad del corazón, para que el vencido no pierda la fe y el ganador no se envanezca.
Fue un amante esposo y un padre cariñoso. La muerte de su compañera le puso luto en el alma y le avizoró el final. Enfermo ya de cuidado, nunca quiso aceptar que una indemnización justa, o injusta, lo separara de aquello que amaba y respetaba, y prefirió seguir en su maravillosa tarea diaria, para que los jueces más jóvenes se miraran en él como en un espejo.
Quienes fuimos sus discípulos en distintos tiempos y que ahora nos encontramos esparcidos en diversos lares y quehaceres, hacemos un alto en el camino para rendir un homenaje al elegido, que luchó por los valores trascendentes y que venció, porque su arma fue el espíritu, más fino y resistente que una espada de acero.
Que el consuelo del Señor le sea dado a su familia que tanto amó, a la que decimos, con dulzura, que su alma imperecedera permanecerá entre nosotros por siempre.
Muchas gracias.
El señor VALDES (Presidente). Tiene la palabra el Honorable señor Martin.

El señor MARTIN.- Señor Presidente, Honorables señores Senadores:
El 17 de mayo de 1991, la Corte Suprema de Justicia, en reunión plenaria, con la natural y digna sencillez con que se realizan incluso las más trascendentales actuaciones en la administración de justicia, eligió al Presidente que habría de dirigir durante los tres próximos años el Máximo Tribunal de Justicia del país.
El eminente magistrado don Luis Maldonado Boggiano, después de haber consagrado una vida, con abnegación excepcional, a la sublime misión de juzgar, hizo entrega del alto cargo al sobresaliente y pundonoroso juez de ese Tribunal, destacado jurista y catedrático, don Enrique Correa Labra.
El magistrado señor Correa, en una existencia dedicada a vivir y a hacer sentir la máxima expresión de la justicia de dar a cada uno lo que corresponde, culminaba una notable carrera funcionaría, con la dignidad y natural modestia de quien nace para ejercer la superior misión de amparar la libertad, la honra y el patrimonio de las personas cuando ellas resultan amenazadas o son atropelladas.
Su honorabilidad, su independencia, su mantenido afán de perfección y su respeto a la majestad de la ley fueron pilares que sustentaron una vida de privaciones y renunciamientos, que quedó estampada en cada una de las categorías del escalafón a que diera lustre, sembrando verdad, prudencia y rectitud, con severo y digno respeto a la más alta misión que puede corresponder a un hombre: hacer justicia.
Inclinado por hechura espiritual y por vocación irrevocable a la judicatura, su camino está pleno de todas las virtudes y comprensiones, de la infinita lucha contra lo superfluo y lo infecundo.
Su vida fue esfuerzo y amor. En la luminosidad de su escritorio había espacio para todo: sus libros, su trabajo, la humana comprensión, el pensar y en todo momento el amor, el profundo amor por aquella maravillosa mujer que lo acompañara en todos los instantes, porque todos los instantes de ese amor los hizo suaves, placenteros y los transformó en vida.
Había también en él otra dilecta vocación: la cátedra universitaria. Y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en Valparaíso, enseñó Derecho Procesal, disciplina en la que instruyó a numerosas generaciones, que ayer fueron sus amigos y hoy lo recuerdan con respeto y cariño.
Para sus alumnos fue maestro y amigo. Su espíritu sano y su voluntad fuerte en la razón, dócil a los dictados de la bondad, de la equidad y de la justicia, canalizaban esa doble vertiente de grandeza y humildad que demostraba en sus lecciones, las cuales, penetrando con luminosa claridad, se asentaban para siempre en las conciencias de aquéllos.
¡Cuántos valores se formaron a la luz de sus enseñanzas! ¡Cuántas sabias palabras dijeron sus labios para aconsejar, dirigir y encausar!
El juez y el maestro hizo de sus vocaciones una devoción, y andando por los senderos del Derecho y de la justicia, encontró el que lo conduciría al verdadero camino, la verdad y la vida.
Los Senadores institucionales tributamos a Enrique Correa Labra el homenaje de nuestro afecto, respeto y admiración.
El dolor de sus queridas hijas y familias ha de encontrar algún consuelo en este sentido homenaje que el Senado de la República tributa a un hombre pleno de un afán extraordinario de perfección y de excelencia en sus obras.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente:
"Pareciera difícil emitir el juicio que merece la labor de los Tribunales.
"Los jueces y auxiliares han desempeñado su función con pureza y en la más completa libertad, que por lo demás jamás se ha visto violentada y presionada ni ha recibido torcidas influencias, porque se sabe independiente, es libre y desempeña su misión con esta independencia, que siempre ha utilizado en su desempeño funcionario.
"En la actuación del Poder Judicial jamás ha intervenido un poder político, ni sus propias ideas políticas que todo juez tiene y debe tener como parte de su cultura; pero no como un elemento para administrar justicia.
"Ni creencia ni prejuicios ni opiniones influyen en la dictación de los fallos, porque somos aplicadores de la ley, no como meros lectores de ella sino como juiciosos y estudiosos intérpretes de su aplicación al caso juzgado.
"No olvidemos que estamos en un estado de derecho y los jueces obligados a aplicar el derecho que la ley conduce. Debemos referirnos a la ley que lleva a la justicia, los jueces no pueden discutir sino interpretar de acuerdo con las normas legales de interpretación.
"La ley la dicta el poder político: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y ellos dicen lo que es justo, sin que le sea permitido al juez discutir o dudar de la justicia que la ley encierra, y los jueces sólo aplican este concepto de justicia y no el suyo que podría ser filosóficamente diferente.
"La aplicación de la ley se hace mediante su estudio e interpretación y los razonamientos que se consignan para demostrar la justicia con que se falla el caso, y ejercer, así, atinadamente la función jurisdiccional.
"Si se cree que doctrinariamente se administra mala justicia, debe ocurrirse al poder político pidiendo una justicia más justa para que los jueces apliquen esta justicia más justa.
"La ley determina, ordena, dispone que se aplique la justicia que ella comprende, y no pueden los jueces apartarse de esa justicia y crear una suya, propia y diferente a la justicia de la ley. Si así lo hicieran se produciría una dictadura judicial que nadie desea y busca.
"La vida enseña que en toda función pública o privada, se producen deficiencias causadas por la actuación incorrecta de uno o más funcionarios, llegando hasta la falta de honradez; el público de inmediato, con ansias, la extiende a todo el servicio, donde el hombre ha cometido la incorrección.
"Cualquiera que sea la crítica o el menosprecio que se sienta por el Poder Judicial, nadie puede imputar tal deshonor a los jueces de este país. Esto lo puedo decir ante quien conozca o no conozca a los jueces de esta tierra.".
Señor Presidente, Honorables Senadores:
Me he permitido traer a vuestras memorias algunos pensamientos del discurso de iniciación del año judicial, pronunciado por el Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema en 1992, porque él gráfica en cuerpo y alma lo que era don Enrique Correa Labra para la comunidad y para la judicatura nacional.
La larga y dilatada trayectoria de este insigne hombre de justicia que dio forma y fondo a su personalidad durante más de 64 años al servicio del Poder Judicial y en la misma Corte Suprema, sus reconocidos méritos personales -entre los que destacaban su inteligencia, independencia y vocación por la justicia-, lo hacían plenamente merecedor de la más alta investidura en la judicatura, culminando así una brillante carrera de abnegado servicio público con la asunción a la Presidencia de la Excelentísima Corte Suprema, en mayo de 1991.
Nacido en la sureña ciudad de Talca, el magistrado Correa Labra se titula muy joven de abogado en la Universidad de Chile, iniciándose en la carrera judicial como secretario de juzgado en Chanco. Luego, es trasladado con el mismo cargo a San Carlos. Años después, en 1937, es designado juez de Maullín, y posteriormente en Osorno y Valdivia. En esta última ciudad, en 1946, es designado Ministro de la Corte de Apelaciones, pasando posteriormente a ocupar igual cargo en Chillan, y, en seguida, en Valparaíso.
En 1972 llega a la Corte Suprema de Justicia. Y en 1981 sus pares, en reconocimiento a su probada independencia y de su apego a la ley y a la justicia, lo nombran miembro del Tribunal Constitucional, donde permaneció hasta el año 1985.
Este hombre, considerado muy duro por sus adversarios o sus críticos, sintió, sin embargo, en lo más profundo de su ser la desaparición de su distinguida esposa, doña María Aída Vivanco Goycolea, el 14 de septiembre recién pasado. De este feliz matrimonio nacieron cinco hijas. Don Enrique Correa Labra fue un hombre señalado por el destino para asumir cargos de relevancia humana, porque muy pocas son las personas que, haciendo su servicio, su apostolado, su carrera, fuera del poder central, que es la Capital, pueden lograr sus metas. El lo consiguió, pues estaba dotado para ello. ¿Qué caracterizó a este hombre tan excepcional, que pudo cumplir con sus metas soñadas? ¿Fue su gran independencia, su apego a la ley, a la justicia, o fue sencillamente su calidad humana la que lo llevó a convertirse en símbolo de la judicatura nacional?
En esta apasionada defensa de lo que era su vida, el Poder Judicial y su plena independencia, el Presidente de la Corte Suprema, don Enrique Correa Labra, fue capaz de criticar con energía el proyecto de Reforma Judicial, que según él "amenazaba seriamente la independencia del Poder Judicial". "Estas reformas" -dijo- "estarán sólo destinadas a destruir la actual organización de la Corte Suprema, mediante la introducción de un tercio de ella con abogados extraños a la carrera judicial y de otros actos netamente políticos". "No es que yo desprecie a los políticos. Ellos son necesarios para gobernar el país, pero no para gobernar el Poder Judicial".
Luchó por sus principios y defendió a su gente, que era la gran causa de su vida, ya que para el Presidente de la Corte Suprema, a quien hoy rendimos, con admiración y respeto, un emocionado homenaje, la razón fundamental de las dificultades del Poder Judicial fue la crónica y grave falta de rcursos públicos, que se traduce en insuficiente número de tribunales y jueces, funcionarios mal remunerados e infraestructura física poco adecuada. Todo ello produce carencias en el acceso a la justicia, demora y baja calidad en los fallos, y desaliento en quienes optan por la carrera judicial.
No puede concebirse el Estado de Derecho, base fundamental de toda República democrática, sin la independencia del Poder Judicial.
Ese pensamiento refleja todo el espíritu -que atesoró en más de 64 años de servicio a la justicia de su patria- de este noble y apasionado magistrado, que jamás claudicó en sus principios, en sus ideas. Pocos hombres hay como él, que cumplió como esposo, padre y juez, y que para todos tenía una palabra o un gesto amable, pese a su apariencia dura.
Fue un hombre de verdad, porque comulgó con todas las cosas que Dios nos da, porque toda su vida estuvo marcada por su sencillez, su honestidad y su acendrado amor a la justicia y al ser humano, expresado en su afirmación de que "el hacer justicia se agrega al amor de la mujer: amores que no disputan porque el primero nace del corazón y el segundo de la razón pura".
Vayan mis más sentidas condolencias a su familia, a la Excelentísima Corte Suprema, que tan dignamente presidió, y a todo el Poder Judicial, que fue la razón de su vida.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Gracias, señor Presidente.
En nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, rindo homenaje en memoria de don Enrique Correa Labra.
El ex Presidente de la Excelentísima Corte Suprema nació en Talca, el 12 de diciembre de 1907; hijo de don Ángel Correa y de doña Hortensia Labra, hizo sus estudios en el liceo de esa ciudad y en la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado en 1928.
Ingresó a la carrera judicial el 26 de septiembre de 1929, cuando empezó a desempeñar el cargo de Secretario del Juzgado de Chanco; de ahí pasó, con el mismo rango, a la ciudad de San Carlos. En 1937 es nombrado Juez de Maullín y, más tarde, de Osorno y Valdivia; posteriormente, es designado Ministro de las Cortes de Apelaciones de Valdivia, de Chillan y de Valparaíso. En 1971 es elegido Ministro de la Corte Suprema y, en 1991, Presidente de ese Excelentísimo Tribunal.
Durante los 64 años en que desempeñó la judicatura, se distinguió como un magistrado talentoso, honesto, incorruptible, independiente, de sólida formación jurídica, amplia cultura y fuerte personalidad.
Además, ejerció la docencia universitaria como profesor de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en Valparaíso, donde durante 15 años sobresalió por sus condiciones pedagógicas y el conocimiento de las tendencias más modernas de esa rama del Derecho, lo que me consta, pues fui su colega en esa Casa de Estudios.
Don Enrique Correa tenía una fuerte personalidad y un carácter enérgico, por lo que muchos lo tildaban de "duro", pero quienes lo conocimos bien podemos acreditar que era un hombre bondadoso y muy sensible para resolver los problemas humanos.
La vida de don Enrique Correa fue un ejemplo de servicio a la justicia y él constituyó un modelo de magistrado.
Para los que tuvimos el honor de conocerlo existe un aspecto de su personalidad que cabe destacar muy especialmente: el relativo a su vida familiar y el entrañable amor por su esposa, doña Aída Vivanco, y a sus hijas Gloria, Lilian, Patricia, Jimena y Cecilia.
El fallecimiento de su señora lo hirió e hizo que su salud se resintiera profundamente, hasta el extremo de que murió cuatros meses después.
Los Senadores de la Democracia Cristiana rendimos homenaje, con afecto y admiración, a un magistrado excepcional, y elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma.
Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a sus hijas y a la Excelentísima Corte Suprema, solicitando enviarles copia íntegra de todos los discursos de homenaje que se realicen hoy en el Senado de la República en honor de don Enrique.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, señores Senadores, con profunda emoción, en nombre de mi Partido y en el mío propio, adhiero al merecidísimo homenaje que esta Alta Corporación rinde al Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, don Enrique Correa Labra, fallecido el domingo recién pasado.
No resulta fácil -aun sintiendo el profundo dolor que su desaparecimiento me causó- describir en pocas palabras la personalidad extraordinaria de un hombre que durante más de 60 años se desempeñó en la judicatura chilena, con la entrega, brillo, talento e independencia que él lo hiciera.
Quizás las expresiones de Su Excelencia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, en su carta de condolencias al señor Presidente subrogante del Tribunal Supremo constituyan la mejor síntesis de lo que fue y representó don Enrique.
Dijo de él el Primer Mandatario:
"En su larga carrera judicial el señor Correa Labra se caracterizó, aparte de su severa rectitud y su versación jurídica, por el celo con que practicó y defendió la mayor de las virtudes de un juez: su independencia. En ello puso su recio carácter y, en ocasiones, hasta una buena dosis de pasión, lo que no le impidió cultivar la bonhomía y el humor.".
Estas palabras resultan especialmente adecuadas si uno reflexiona acerca de un hombre que, dotado de excepcionales condiciones de inteligencia y carácter, no vaciló desde muy joven en integrarse al Poder Judicial partiendo de la modesta función de secretario de un pequeño juzgado, para ir ascendiendo, paso a paso, y siempre por sus méritos, hasta llegar a presidir el máximo Tribunal de la República.
En todos los cargos que desempeñó y en las ciudades en que vivió, no obstante las limitaciones que sus escasas remuneraciones y su modestia personal le imponían, se granjeó no sólo el respeto y la admiración, sino también el afecto de sus colegas, de los abogados y de la ciudadanía.
Estudioso a carta cabal y absolutamente convencido del papel trascendente que cabe al Poder Judicial en la existencia de un Estado de Derecho, no dudó jamás en aplicar, con sabiduría y espíritu de justicia, la ley que dictamos otros Poderes del Estado.
Su independencia y reciedumbre moral fueron características en él y, por ende, siempre, bajo cualquier circunstancia y con los más diversos Gobiernos, resolvió como juez lo que su sano criterio de hombre de Derecho le dictaba, con prescindencia de cualquier otra consideración.
Por largos años integró, y en diversas oportunidades presidió, la Ilustre Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde tuve oportunidad de conocerlo, al defender en esos estrados a algunos clientes y luego al compartir con él, como abogado integrante, la sublime función de juez.
Por ello, esta mañana puedo destacar con propiedad sus condiciones extraordinarias y agradecer lo que a su lado aprendí.
Durante su estadía en nuestra ciudad se desempeñó como profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la antigua Universidad de Chile -hoy Universidad de Valparaíso-, y fueron muchas las generaciones de estudiantes que él supo formar y en cuyos espíritus grabó los sabios principios del Derecho y los deberes que impone la noble profesión de abogado.
Su estricto apego a las normas lo hacía aparecer intransigente y a veces duro, pero quienes lo conocimos bien sabemos que ello obedecía a su claro espíritu de justicia, que lo llevó a aplicar un trato igualitario para todos, sin excepción, y que debajo de su rostro severo existía un hombre profundamente bondadoso y justo.
Pero no sólo supo ser siempre un buen juez, sino también esposo y padre ejemplar. Amó en forma entrañable a su mujer, su muy querida Pirgua, hasta el extremo de no reponerse nunca del pesar de su fallecimiento; constituyó con ella una pareja excepcionalmente ejemplar, y el cariño y el afecto mutuos se extendieron a sus hijas y descendientes que hoy lo lloran.
No puedo dejar de referirme a la manera decidida y segura en que, siendo integrante de la Corte Suprema (muchas veces como Presidente subrogante, y después, como titular) abogó en defensa de lo que sinceramente creía mejor para Chile en cuanto a la integración y administración del Poder Judicial y a su necesaria independencia de los otros Poderes del Estado.
No obstante sus ya largos años, en la prensa y demás medios escritos, en la radio y en la televisión, no vaciló en hacer valer sus puntos de vista con brillo, con sabiduría, con mucha firmeza y aun algo de picardía.
A su tenaz acción se debe, en buena parte, que se dejaran de mano iniciativas legales que, a su criterio, afectaban la majestad del Poder Judicial y el mejor cumplimiento de los altos deberes que le corresponden, conforme no sólo a la Constitución Política del Estado, sino también a los principios inmortales de Montesquieu.
Pero la firmeza con que defendió lo que estimaba la buena causa, no implicó jamás falta de consideración y respeto hacia sus contrincantes, especialmente a quienes, a su juicio, no debieran intervenir en la generación del Poder Judicial. De allí la frase, tan propia de él: "No es que abominemos de los políticos, porque son respetables y absolutamente necesarios para el gobierno del país; pero absolutamente innecesarios para generar la Corte Suprema de Justicia".
No es raro, pues, que hoy día todos, aun quienes discrepaban de sus puntos de vista, lo recuerden con respeto y como un hombre que con su vida prestigió a Chile.
Al terminar estas palabras, no puedo dejar de expresar la doble sensación que ayer sentí en sus funerales (de pena, como chileno, y de orgullo, por nuestra justicia), cuando pensé que era enterrado con honores, como Jefe de un Poder del Estado, un hombre que, no obstante trabajar incansablemente toda su vida y llegar a tan alto cargo, murió sin dejar otro legado que el recuerdo de sus virtudes.
Reciban sus hijas, descendientes y demás familiares, sus colegas de la Excelentísima Corte Suprema y el Poder Judicial todo, los sentimientos de pesar de los Senadores de estas bancas.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZALEZ.- Señor Presidente, Honorables colegas, la bancada radical-socialdemócrata adhiere al homenaje que el Senado de la República rinde hoy en memoria del ex Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, don Enrique Correa Labra.
El Ministro Correa Labra inició su destacada trayectoria en el Poder Judicial, un año después de haber recibido su título de abogado, como Secretario del Juzgado de Chanco en 1929, desempeñándose posteriormente como juez en San Carlos, Osorno y Valdivia, ciudad esta última en la que pronto fue nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones. En tal calidad posteriormente es trasladado a Chillan y, luego, a Valparaíso. En 1972 asumió como titular de la Corte Suprema de Justicia. Desde 1981 a 1985 integró el Tribunal Constitucional y, en 1991, fue elegido Presidente del más alto tribunal de la República.
Don Enrique Correa puso su reconocida inteligencia, sólidos conocimientos jurídicos y amplia cultura al servicio de una trayectoria como juez probo, independiente y abnegado, que le valió el agradecimiento de todos los sectores de la vida nacional. Polémico en algunas de sus opiniones; éstas no dejaron nunca de reflejar lo que verdaderamente sentía y pensaba, y de guardar íntima coherencia con el testimonio de su conducta irreprochable.
También su vida privada fue un ejemplo de rectitud y de profundo amor por su esposa, la señora Aída Vivanco, y por sus hijas Gloria, Patricia, Lilian, Ximena y Cecilia.
Por ello, y porque compartimos con don Enrique Correa los principios y valores de un humanismo laico y racionalista, nos asociamos al hondo pesar que su deceso ha provocado y adherimos a este justo y significativo homenaje que, en la persona del Ministro Correa, es también el homenaje a la probidad, rectitud, independencia y abnegación, las que han sido tradicionales características de los jueces de nuestro país.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de Renovación Nacional, quiero adherir al homenaje que se rinde a don Enrique Correa Labra. Y no lo hacemos por haber sido Presidente de la Corte Suprema o miembro de este Alto Tribunal; al igual que los otros señores Senadores, estamos rindiendo tributo a una persona, porque la persona es la que hace al cargo y no el cargo a la persona.
A don Enrique Correa Labra habría que mirarlo desde distintos ángulos. Como hombre, fue ejemplar en cuanto esposo y padre. Su actividad se centró fundamentalmente en la familia; vivió y trabajó sólo para ella. Eso en lo exclusivamente personal.
En lo profesional, tuvo dos actividades distintas: la de juez y la de profesor.
Como juez, tal vez ha sido uno de los que ha representado un ejemplo más señero en probidad, rectitud, independencia y amor hacia lo que significa ejercer ese cargo. Si algo uno tiene que admirar en un magistrado, es precisamente su convicción de la importancia de la labor que desempeña y que la judicatura es indiscutiblemente una de las actividades más próximas a la divina, porque, en el fondo, resuelve sobre la vida, la honra y los bienes de las personas. Don Enrique Correa tuvo muy en claro ese papel básico del Poder del Estado que presidía y, sobre todo, lo que significa la actuación de cada miembro de los tribunales de justicia cuando ejercen la jurisdicción y resuelven los conflictos en que nos vemos envueltos los seres humanos o las instituciones. Es allí donde reside el gran mérito de este fallecido magistrado.
Don Enrique Correa jamás aceptó alegatos nocturnos ni recibir opiniones fuera de la Sala. Mantuvo una línea que muchas veces fue criticada, porque expresaba: "Si usted tiene algo que decirme, hágalo por escrito para que lo conozca la Sala" o "Dígalo en la audiencia respectiva". Se ha reparado que esta posición pudo ser inflexible; pero como juez le dio a su actividad, una transparencia que todos reconocemos y aplaudimos.
Como miembro de los principales y más altos tribunales de justicia -de la Corte de Apelaciones, primero; de la Corte Suprema, después y, finalmente, como Presidente de ésta- demostró ser infatigable defensor de la independencia, majestad y dignidad del Poder Judicial. Probablemente, en algunos momentos extremó su celo, pero no hay ninguna duda de que se constituyó ¿en uno de los magistrados que más hizo por defender la independencia, el prestigio y la dignidad de ese Poder del Estado, tan indispensables para mantener una verdadera democracia y la existencia de un Estado de Derecho.
En cuanto a su calidad de profesor, me tocó ejercer la docencia junto a él en distintos seminarios. Ejercíamos cátedras paralelas: don Enrique Correa en Valparaíso y yo en Santiago. Siempre contribuyó, con el aporte de sus opiniones, a enriquecer las materias sometidas a su consideración. Como manifestó anteriormente una señora Senadora al rendirle homenaje, a veces parecía inflexible en sus ideas, pero cuando, en la búsqueda del verdadero contexto y de la razón de ser de la ley, estimaba que otros estaban en lo cierto, don Enrique Correa Labra jamás se negó a cambiar de criterio o a contribuir efectiva y activamente al perfeccionamiento de una disposición legal y, por sobre todo, a la mejor ilustración de sus alumnos.
Así como Ministro se entregó de lleno a la función judicial, como profesor comprendió a cabalidad que quien enseña Derecho no debe limitarse sólo a exponer el texto escueto de la ley, sino que también debe explicar a sus alumnos la razón de ser, la finalidad de la norma legal y, principalmente, el contenido ético y moral que conlleva el ejercicio de la profesión de abogado. La ley es un medio para lograr un fin; y, como medio, debe ser legítimo y honorable, si no tal fin se desvirtúa.
Estas son las razones, señor Presidente, por las cuales los Senadores de Renovación Nacional, en este momento, nos adherimos al homenaje que se rinde. Creemos muy sinceramente que el país pierde a un gran magistrado; y la Corte Suprema, a uno de sus más preclaros miembros.
Pero recordemos también el aspecto humano. Le sobreviven sus hijas, para quienes, don Enrique Correa y su esposa, serán siempre el faro que las continuarán llevando por la senda de rectitud, honorabilidad, sacrificio y amor a la patria en que enmarcó su actividad de hombre, de magistrado y de profesor.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, quiero ocupar solamente unos minutos para agregar mi testimonio al homenaje que en nuestro nombre rindió el Honorable señor Otero.
Conocí personalmente a don Enrique Correa Labra cuando era miembro de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la misma. En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, fui a conversar con él para saber su opinión sobre los proyectos de reforma judicial pendientes de la consideración del Congreso Nacional. Pero, más allá de sus opiniones, recibí la fuerte impresión de encontrarme frente a un hombre excepcional, a un juez sabio, modesto, prudente y valiente en la defensa de su dignidad y prerrogativas, fiel siempre a su vocación de magistrado, ajeno a toda pretensión de honor o riqueza, comprendedor profundo de su misión y orgulloso de ella, y, como dije, valiente defensor de la independencia del Poder Judicial, sin la cual no existe el Derecho como instrumento eficaz de la justicia.
Lo conocí directo en sus opiniones, implacable en sus juicios contra quienes pretendieran alterar la dignidad, independencia e imparcialidad de la justicia.
La opinión pública -al igual que yo- lo conoció cuando, como Presidente de la Corte Suprema, defendió la dignidad y las prerrogativas del Poder Judicial. Y, así el país comprendió, quizás como nunca, el valor de nuestros jueces, encarnado realmente en un hombre de excepción.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, Honorable Senado, no he podido permanecer en silencio en este homenaje a don Enrique Correa.
Tuve el honor de conocerlo personalmente. Tenía todas las virtudes de los jueces: honestidad, independencia, inteligencia, comprensión, sabiduría y equilibrio entre el deber y la caridad. A ellas unía una voluntad inquebrantable.
Quien no lo conocía bien y no advertía aquel preciado equilibrio pudo calificarlo, tal vez, de severo.
Sin embargo, la suma de todas esas virtudes nos dio al hombre y al juez justo.
No es raro entre nosotros. Hay muchos jueces como él, y él lo sostenía con porfía. Frente a los ataques a los jueces de algunos abogados y de extraños a la profesión del Derecho, don Enrique Correa Labra reaccionaba con fuerza y exigía la formulación concreta de cargos o la retractación inmediata.
Hizo todo el camino de la carrera judicial. Al comienzo -y desde muy joven-, en destinos alejados, al sur del país, con sacrificios y estrechez económica, pero asimismo con enormes vocación y voluntad de cumplir en la mejor forma lo que la sociedad espera del juez.
Siempre contó con el apoyo decidido y abnegado de su dignísima mujer, con la que formó un hogar ejemplar, quebrado por la muerte hace pocos meses.
Continuó don Enrique en cargos cada vez de mayor responsabilidad hasta llegar a la Corte Suprema, y fue honrado con su presidencia. En este sitial, en la culminación de su carrera, fue celoso defensor de la independencia del Poder Judicial y rechazó con energía los ataques que se le dirigieron, inspirados por la pasión política.
Tomó esta honrosa pero pesada carga en sus últimos años, a una edad en que los que sobreviven se retiran a un merecido descanso. El sintió la responsabilidad histórica: de su nombramiento; no rehuyó las incomprensiones ni los debates; defendió, en todos los frentes, la independencia del Poder Judicial y el respeto que se le debe. Destinó a ello sus últimas energías y entregó a la Patria y al Poder Judicial su sacrificio y su entusiasta defensa.
El ejemplo de don Enrique Correa habrá de inspirar a sus sucesores, como él se inspiró en los que le precedieron. Podemos estar tranquilos, porque después de don Enrique Correa otros Presidentes de la Corte Suprema continuarán esta legión de hombres justos y sabios.
Chile puede estar orgulloso de sus jueces. Don Enrique Correa Labra, que personificó en forma admirable sus virtudes, fue uno de ellos.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviarán los textos de los discursos pronunciados a la Excelentísima Corte Suprema.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, solicité que también se hicieran llegar a la familia.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se remitirán las intervenciones a la Excelentísima Corte Suprema y a la familia.
Acordado.

V. ORDEN DEL DIA



CREACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA E INFORMACIONES


El señor VALDES (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea una Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, con segundos informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26a, en 16 de septiembre de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.
Hacienda, sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.
Constitución (segundo), sesión 21a, en 7 de enero de 1993.
Hacienda (segundo), sesión 21a, en 7 de enero de 1993.
Discusión:
Sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992 (se aprueba en general).

El señor VALDES (Presidente).- Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro del Interior.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión de Constitución en su segundo informe, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, deja constancia de los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones (4o, 5o, 6o, 9o, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27).
-Quedan aprobados.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Asimismo, la Comisión hace mención de las indicaciones aprobadas (1, 2, 7,13 y 14); de la indicación aprobada con modificaciones (5), y de las indicaciones rechazadas (3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 15), las que podrán ser renovadas con las firmas reglamentarias durante la discusión de la iniciativa.
Hace presente también que los artículos 1o, 2o, 10 y 24 inciso segundo, y 27 del proyecto, son disposiciones propias de ley orgánica constitucional, los cuales, para su aprobación, requieren del quórum constitucional que prescribe el artículo 63 de la Carta Fundamental.
Por otra parte, la Comisión de Hacienda, en su segundo informe, introduce dos modificaciones, originadas en sendas indicaciones del Presidente de la República, recaídas en el artículo transitorio: la N° 13 y la N° 14. Ambas indicaciones fueron aprobadas: la primera, por unanimidad, y la segunda, con los votos favorables de los Senadores señores Gazmuri, Páez y Zaldívar y con la abstención de los Honorables señores Piñera y Romero.
Corresponde tratar primero las modificaciones propuestas por la Comisión de Constitución en su segundo informe.
En el artículo 1o, sugiere suprimir la palabra "directivo" y la coma (,) que la sigue. Esta enmienda fue aprobada por mayoría de votos. Y la disposición quedaría en los términos que a continuación se señalan:

"Artículo 1o.- Créase la "Dirección de Seguridad Pública e Informaciones", en adelante la Dirección, servicio público centralizado de carácter técnico y especializado, que dependerá del Ministro del Interior."
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión particular.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, considero que el vocablo "directivo" tiene plena validez para el organismo que pretende crearse, porque es un ente asesor que proporciona antecedentes a la autoridad que debe resolver y tomar decisiones. No es un órgano ejecutivo.
Por esa razón, me parece muy importante que se considere el término "directivo".

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El texto primitivo dice:

"Artículo 1o.- Créase la "Dirección de Seguridad Pública e Informaciones", en adelante la Dirección, servicio público centralizado de carácter directivo, técnico y especializado, que dependerá del Ministerio del Interior.".

El señor THAYER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, deseo que se me informe -no formo parte de la Comisión respectiva- sobre el sentido de la supresión de la palabra "directivo" respecto de un órgano denominado "Dirección", pues, conforme a este último vocablo, da la impresión de que dicho organismo comprende un carácter directivo.
Me gustaría que se aclarara tal expresión.
He dicho.
El señor VODANOVIC- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor VODANOVIC- Señor Presidente, en el primer informe de la Comisión de Constitución, la voz "directivo" se había acogido, después de escuchar el planteamiento de algunos señores Senadores, para hacerla antinómica con el concepto de "operativo" que estaba en juego.
Algunos señores Senadores estimaban que, de no incluirse una definición más precisa, podía entenderse que la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones tenía funciones operativas.
Sin embargo, en el segundo informe se discutió latamente este tema y se estableció que la mayoría de la Comisión estimó que la supresión de la palabra "directivo" "se justifica por razones de técnica legislativa, ya que no constituye un concepto con un significado jurídico preciso, y el propósito que la Comisión tuvo al incorporarlo en el primer informe, cual fue despejar dudas en cuanto a que la Dirección no tendrá carácter operativo ni ejecutivo, se desprende con claridad de la regulación que se le da en este proyecto. A mayor abundamiento, los integrantes de la mayoría dejaron ex- $ J presa constancia de que la eliminación de ese vocablo no cambia el sentido de la disposición, ni implica admitir la posibilidad de que el Servicio que se crea pueda tener atribuciones operativas.".
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- No sé si las explicaciones dadas son satisfactorias para el Honorable señor Sinclair.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, no lo son por las razones que formulé hace un momento.
Es muy importante dejar claramente expresado que es un organismo de carácter asesor y, como tal, eminentemente directivo; no es un ente ejecutivo ni operativo.
¿Por qué no se vota, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- En votación.
-(Durante la votación).

El señor THAYER.- Señor Presidente, por la explicación dada por el Senador señor Vodanovic, me abstengo.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, rechazo la proposición de la Comisión, porque me da la impresión de que el término "directivo" tiene un claro significado, especialmente en el lenguaje orgánico internacional, no sólo en el militar. Y, precisamente, la inclusión de ese vocablo acentuaría el carácter que el Gobierno desea para esta Dirección, en el sentido de que no sea un organismo operativo ni ejecutivo.
Por consiguiente, al incluir el término "directivo", estamos dando la razón a lo que el Ejecutivo desea.
Por eso, voto que no.
-Se rechaza la enmienda (13 votos por la negativa, 12 por la afirmativa, 3 abstenciones y 4 pareos).


El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse sobre el artículo 1o del proyecto.
-Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 28 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la Comisión propone reemplazar el artículo 2o por el siguiente:

"Artículo 2o.- La Dirección tendrá como objetivo proporcionar al Ministro del Interior la información, estudios, análisis y las apreciaciones de inteligencia que se requieran para que el Gobierno formule políticas y adopte medidas y acciones específicas, en lo relativo a las conductas terroristas y aquéllas que puedan constituir delitos que afecten el orden público o la seguridad pública interior. Para cumplir este objetivo, dispondrá de las informaciones que le proporcionarán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.".
La Comisión aprobó, por unanimidad, la presente sugerencia.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Frei.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, la modificación en debate -originada en una indicación presentada por los Honorables señores Huerta, Sinclair, y el Senador que habla- tiende a precisar la expresión "Gobierno", la que en ningún caso constituye una realidad ambigua, carente de una determinación específica que permita definir claramente su contenido orgánico. Por el contrario, la propia Constitución Política de la República lo emplea con clara especificidad; por de pronto, el mismo Capítulo IV de la Carta Fundamental se denomina "Gobierno", dentro del cual se comprende a dos tipos de órganos: el "Presidente de la República", como Jefe del Estado, titular del gobierno y administración del Estado; y los "Ministros de Estado", como colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario en dicho gobierno y administración.
En ese sentido, el "Gobierno" constituye una clara realidad jurídico-constitucional, comprendida por dos tipos de órganos: el Presidente de la República y los Ministros de Estado.
Por lo tanto, la expresión "Gobierno" necesariamente debe interpretarse en el sentido de que la facultad de formular políticas y de adoptar medidas y acciones específicas recaerá preferentemente en el Presidente de la República, como titular del Gobierno y Administración del Estado, pero también en los Ministros o en los otros órganos que aquél indique. En el caso concreto, tal facultad puede recaer en el Ministro del Interior, como su colaborador inmediato encargado del orden público y, además, en el tema específico, como Presidente del Comité Consultivo de la Dirección.
En este contexto, no cabe sino concluir que la expresión "Gobierno" genera una dinámica más consecuente con la forma tradicional de administración del Estado, en el sentido de que, siendo el Presidente de la República el titular y primer obligado en la administración de la cosa pública, tan alta labor la puede asumir directamente o a través de sus colaboradores inmediatos, como son los Ministros de Estado, en los sectores que a cada uno de ellos corresponde.
En consecuencia, es claro que el reconocimiento de una facultad u obligación específica del Gobierno conlleva una determinación en cuanto al sujeto responsable y, al mismo tiempo, permite salvar la fórmula tradicional de conducción del Estado, en la cual el Presidente de la República y los Ministros conforman una armónica unidad en el ejercicio del Gobierno y Administración del Estado.
Esta indicación fue aprobada en forma unánime en la Comisión, razón por la que solicito al Senado aprobarla en los mismos términos.

El señor DIEZ.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, la aprobación de esta indicación en ningún caso significa introducir una enmienda de fondo al texto aprobado en el primer informe, sino que, más bien, lo perfecciona al darle un sujeto y precisar que el Gobierno es el que debe formular políticas. Porque, tal como lo establece la propia Constitución, éste lo dirige el Presidente de la República, quien es asesorado por los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, en este caso. Del último dependen Carabineros e Investigaciones.
Por eso, la Comisión de Constitución, por unanimidad, estimó que la indicación formulada mejora el texto y le da un sujeto, que no es otro que el Gobierno, en el mismo sentido en que lo emplea la Constitución Política, así como cuando dispone que la Cámara de Diputados puede fiscalizar los actos del Gobierno. Y como la Carta Fundamental lo cita siempre con mayúscula, en esta iniciativa se usa la expresión "Gobierno" en iguales términos, para entender que se ciñe al estricto sentido específico con que lo emplea la Constitución.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.- Señor Presidente, concurrí con mi voto a la aprobación unánime de esta indicación. Para adoptar tal criterio se tuvo presente que ella perfecciona el texto contemplado en el primer informe, en cuanto tiende a precisar que es al Gobierno -con mayúscula, como lo expresó el Honorable señor Diez-, a través de los órganos competentes, al que le corresponderá realizar las acciones del "caso, como formular políticas y adoptar medidas.
Por otro lado, la parte final de la indicación pone de relieve el papel activo que debe cumplir el órgano receptor de la información, en cuanto a disponer de las informaciones que se le proporcionen para los fines que el mismo artículo contempla.
Al concurrir a su aprobación, señor Presidente, lo hice también en el entendido de que tiene el sentido y alcance que ha precisado el Honorable señor Arturo Frei, y que hago mío también, porque ése fue el criterio con el cual precisamente, por lo menos yo, me pronuncié a favor de ella.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hay consenso.
Como debe existir el quórum suficiente, pido a los Honorables señores Senadores no ausentarse de la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, para los efectos de reunir el quórum requerido, se podría adoptar el acuerdo de que todas aquellas indicaciones aprobadas por unanimidad en la Comisión se votaran en conjunto. Porque de otra manera, la falta del quórum que se precisa podría conspirar contra la voluntad unánime de la Sala. Además, tengo entendido de que todas las indicaciones restantes -por lo menos las de la Comisión de Constitución- fueron aprobadas por unanimidad.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Efectivamente, señor Senador, todas las indicaciones contaron con el voto unánime de los integrantes de dicha Comisión. Y si existe acuerdo en la Sala, podríamos darlas por aprobadas con el quórum constitucional requerido, pues en este momento hay 28 señores Senadores presentes.

Si le parece a la Corporación, se aprobarían las enmiendas propuestas a los artículos 2o, 7o y 9o, y con la misma votación podrían darse por aprobados los artículos 10, 24, inciso segundo, y 27, que no se modifican en este segundo informe y que también requieren de quórum de ley orgánica constitucional.
Aprobados.


El señor HORMAZABAL.- ¿Hay indicaciones renovadas, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hasta este instante no se ha renovado ninguna señor Senador.

El señor HORMAZABAL.- Para poder despachar el proyecto, dadas las características del mismo, personalmente estoy dispuesto a no renovar algunas, que fueron rechazadas, con el objeto de facilitar su tramitación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, deseo presentar una indicación, la que para su aprobación requiere de la unanimidad de la Sala. Es bastante sencilla. El señor Ministro la ha comprendido bien, y creo que no tendríamos dificultades.
En el artículo 3°, letra c), se establece lo siguiente: "Relacionarse, a través del Ministerio de Defensa Nacional, con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para recabar la información referente al orden público y a la seguridad pública interior de que ellos tuvieren conocimiento.".
Pues bien, las Fuerzas Armadas, por múltiples obligaciones legales -tratados sobre actos de piratería marítima, problemas aéreos que mencioné en otra oportunidad, etcétera-, proporcionan informaciones de inteligencia. Entonces, sería conveniente que también ellas pudieran recibir tal información que les sea de interés para sus obligaciones. Por esa razón, sugiero agregar la siguiente frase: "Así como también proporcionar a dichos organismos de inteligencia la información que pudieren obtener en sus actividades de seguridad interior, que incidan en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas.".

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tendría que haber acuerdo de la Sala para ello, porque no se trata de indicación renovada, sino de una formulada en este instante. En todo caso, creo que primero debiéramos despachar las recomendaciones de la Comisión, aprovechando que existe el quórum necesario. Inmediatamente después podríamos abocarnos al punto específico señalado por el señor Senador.

El señor MC-INTYRE.- Muy bien.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si hubiera acuerdo de la Sala, así procederíamos.
Con respecto a esta materia, como se ha dicho que contaría con la aquiescencia del señor Ministro del Interior, sería interesante conocer en su oportunidad su punto de vista sobre el particular.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Por otra parte, la Comisión de Hacienda propone dos modificaciones. La primera se refiere a una indicación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República -signada con el número 13- recaída en el artículo transitorio, y tiene por objeto cambiar la referencia al año "1992" por otra al año "1993". Con ella se pretende imputar el gasto que irrogará la ley en proyecto al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación correspondiente al año en curso.
Esta indicación fue acogida por unanimidad tanto por la Comisión de Legislación como por la de Hacienda, por lo que podría darse por aprobada en iguales términos.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
Aprobada.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La otra indicación, también de Su Excelencia el Presidente de la República y signada con el número 14, tiene por finalidad agregar el siguiente inciso a la disposición transitoria:
"El presupuesto que se conforme para este Servicio, por aplicación del artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a los gastos a rendir cuenta en forma global a que se refiere e\ artículo 27 de esta ley, incluirá para el año 1993, hasta la cantidad de $240.000 miles.".
Esta enmienda fue aprobada por mayoría en la Comisión de Hacienda. Votaron a favor los Senadores señores Gazmuri, Páez y Zaldívar, y se abstuvieron los Honorables señores Piñera y Romero. Por su parte, la Comisión de Constitución la aprobó por unanimidad.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Efectivamente, señor Presidente, en la Comisión de Hacienda nos abstuvimos tanto el Honorable señor Piñera como el Senador que habla, dado que no nos pareció conveniente en ese momento aceptar un gasto del orden de los 240 millones de pesos sin un adecuado fundamento.
Con posterioridad, y dada la advertencia que hicimos en el informe, llegó un oficio del Ministerio del Interior clasificado de secreto, y, naturalmente, dado tal carácter, no puedo pronunciarme respecto de su contenido. En todo caso, debo dejar constancia de que con posterioridad a nuestro planteamiento llegó el citado oficio de dicha Secretaría de Estado.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Está en debate la proposición de la Comisión de Hacienda, que fue aprobada sólo por mayoría de votos. Por ello, no procede el acuerdo que recién adoptamos, y correspondería discutirla y votarla.
Consulto a la Sala si alguien se opone a la indicación en los términos en que está redactada. El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, después de la explicación dada por el Honorable señor Romero, en la que señaló la causa por la cual, con toda razón, se abstuvo, como también el Senador señor Piñera, luego de recibirse la información en el oficio secreto del Ministerio del Interior, y de no mantenerse una posición contraria, lo lógico sería que aprobáramos esta indicación, que ha sido suficientemente explicada. Por lo tanto, solicito al Senado su aprobación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si no hay oposición, se dará por aprobada.
-Se aprueba.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación renovada con las firmas de los Honorables señores Gazmuri, Calderón, Soto, Vodanovic, Núñez, Páez, Ruiz-Esquide, Ruiz De Giorgio, Hormazábal, González y Zaldívar, signada con el número 10, para intercalar el siguiente artículo nuevo, a continuación del 24:
"El Ministro del Interior deberá entregar anualmente a la Cámara de Diputados, en el mes de abril, un informe sobre las actividades de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones y las de los organismos de inteligencia policial. Dicha entrega se hará en sesión de la Cámara, la cual tendrá el carácter de secreta.
"Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones deberá entregar cada cuatro meses un informe acerca de sus actividades y la de los organismos de inteligencia policial.".
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión. ,
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, esta indicación fue presentada durante la discusión habida en la Comisión y quedó rechazada. Un grupo de Senadores la hemos repuesto por considerar muy importante que haya un control parlamentario específico respecto de las actividades de inteligencia del Estado, principio que existe en la mayoría de las democracias modernas del mundo. Esto con el objetivo de mantener un asunto que siempre es complicado: existe la necesidad de que el Estado desarrolle tareas de inteligencia, que es una función indispensable, pero al mismo tiempo es menester que ellas no vulneren derechos individuales, ni garantías constitucionales, ni procedimientos de Derecho. Y esto no es un asunto fácil. Hay que decirlo. No es obvio.
Más bien, la tendencia de todos los organismos de inteligencia del mundo -también en Estados democráticos- es a incurrir en áreas que, por lo menos desde el punto de vista del Derecho, uno podría considerar como áreas grises. Y, por lo tanto, todo lo que haga el Estado para resguardar los derechos individuales, que particularmente pueden verse amenazados por acciones indebidas de los organismos de inteligencia, creo que es un asunto fundamental.
En Chile, además, esto se hace especialmente evidente y necesario después de los últimos acontecimientos que hemos vivido, en donde organismos vinculados a la inteligencia, de hecho, han vulnerado garantías -a mi juicio, indispensables- de distintos ciudadanos, incluso de conocidas figuras de la política. Hay un extenso informe de la Cámara de Diputados al respecto, que se conoció ayer.
Por consiguiente, en función de la experiencia internacional y, además, de la concreta situación de nuestro país, creo que haríamos bien en establecer este principio de un control parlamentario específico.
Se dice que la Cámara de Diputados siempre tiene la facultad fiscalizadora. Y eso es evidente. Pero lo que se pretende señalar aquí es precisamente que en esta materia el Congreso Nacional quiere tener una fiscalización, un control particular, permanente y regulado por ley. Ese es el sentido de la indicación. Se puede discutir, asimismo -había indicaciones similares-, en el sentido de por qué la Cámara de Diputados, y no algún tipo de comisión mixta del Congreso, cuestión con la que, en teoría, por lo menos, estaría de acuerdo, pero que nos introduce otra discusión tocante a las distintas atribuciones de cada rama del Parlamento. Por tanto, en nuestro actual ordenamiento jurídico, obviamente este control, si se establece por ley, tendría que efectuarse a través de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de la fiscalización. Entonces, la indicación no entra en ninguna discusión posible acerca de su constitucionalidad. Es una facultad que le corresponde a ésta.
En consecuencia, sin mayor fundamentación, pienso que debería ponerse en votación la indicación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que el hecho de que la mayoría de la Comisión de Constitución rechazara la indicación, como, asimismo, de que desechara en forma unánime otras análogas anteriores, no quiere decir que nosotros consideremos que la Dirección de Seguridad no deba proporcionar las informaciones correspondientes al Congreso, para el debido control de la misma. Significa sostener y armonizar dos valores en juego: primero, la confidencialidad de la Dirección que estamos estableciendo; y segundo, la institucionalidad vigente.
Al depender la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones del Ministro del Interior, es éste políticamente responsable. No sólo debe entregar, dentro del plazo que señala la Constitución (30 días), las informaciones que le solicite la Cámara de Diputados, sino que debe responder ante ésta; e, incluso, puede ser objeto de juicio político, de acusación constitucional, por las actividades de la Dirección. De manera que pensamos que la legislación actual tiene fuerza suficiente para que la fiscalización de la Cámara Baja sea ejercida y la Dirección de Seguridad someta su actuar a la Constitución y a la ley.
Ahora, en cuanto al ejercicio de la facultad fiscalizadora que la Constitución entrega a la Cámara de Diputados, nos parece inconveniente una modificación de ella, aunque sea en forma indirecta, por la vía legal. Y ahí sí que existe un problema constitucional. Porque aquélla puede pedir información en cualquier momento y, también, ejercer su acción fiscalizadora cuando lo estime oportuno, y a través de su Oficina de Informaciones, además, requerir la información que crea conveniente del señor Ministro del Interior. De modo que no vemos la razón de introducir modificaciones a un sistema que, a nuestro juicio, cubre debidamente las facultades del Congreso y protege de esa forma los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Carta de 1980 contempla el recurso de protección. Este ampara a las personas en el ejercicio de los derechos que le garantiza la Constitución, no sólo frente a la acción, sino ante la omisión de cualquier persona, aun del Estado y de cualquiera de sus organismos. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dado lugar, inclusive, a recursos de protección contra la Contraloría General de la República, por no tomar debida razón de decretos. De manera que reitero: en la propia Constitución Política se encuentran garantizados los derechos de los ciudadanos contra la acción indebida -con respecto a los derechos humanos- de cualquier individuo, a través del recurso de protección. Al mismo tiempo, éste es un recurso de fiscalización individual que la Carta otorga a las personas en cuanto a los actos de todos los Poderes del Estado. Cuando los actos de éstos perturben el ejercicio de los derechos individuales, los ciudadanos tienen derecho a recurrir directamente a los tribunales, sin que sea necesario que la fiscalización la ejerza la Cámara de Diputados. Porque la Constitución del 80 comprende que los derechos individuales son de tal fuerza, que aunque esa rama del Parlamento no haga uso de sus derechos y aquellos no se encuentren cubiertos por el recurso de amparo, lo están por el de protección.
Por esa razón (y no por otra), la Comisión de Constitución -reitero-, en algunos artículos, por unanimidad, y en otros, por mayoría, consideró innecesario y, quizás, fuente de confusión aprobar las indicaciones a que me referí.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, iba a señalar lo que ya se dijo aquí en el sentido de que, dependiendo la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior, no se veía ninguna utilidad en que se estableciera esta norma, la cual, más bien, introduce confusiones, en lugar de nuevas atribuciones para la Cámara de Diputados.

El señor HORMAZABAL.- - ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, creo que el ánimo es no repetir un debate que ya sostuvimos antes sobre el particular, en el cual me tocó, precisamente, sostener una tesis por entero distinta de la defendida por el Senador señor Diez, entre otros.
Y en este sentido quiero señalar que ratifico mis dichos. Porque, objetivamente, recordé un ejemplo: la misma actitud fiscalizadora y atribución tiene la Cámara de Diputados respecto del Ministro de Hacienda. Y los distinguidos señores Senadores de Oposición, en su momento, expresaron que querían, además, que se viniera a rendir cuenta al Congreso cada tres meses sobre la ejecución de la Ley de Presupuestos. El Gobierno, entendiendo que era bueno, apropiado y valioso que se conocieran mayores antecedentes acerca de cómo se lleva a cabo esa labor, accedió. Y en la última Ley de Presupuestos aprobamos una indicación al respecto. Y no obsta,..

El señor DIEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor HORMAZABAL.- Excúseme, Su Señoría, pero escuché muy tranquilo su intervención.
Decía que ello no obsta a que se ejerza la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados sobre el señor Ministro de Hacienda. Lo que me preocupa es que, al parecer, aquí algunos señores Senadores dan más importancia al tema económico, que al problema de las personas.
La Cámara de Diputados acaba de finalizar un examen en profundidad acerca del tema de ciertos actos indebidos realizados por organismos a cargo de recoger información de inteligencia. Y se ha constatado que existen carencias en el ámbito de las normas legales que son apropiadas para controlar la actividad de tales órganos. El señor Ministro del Interior cuenta con la más absoluta confianza -por lo menos, personal- respecto a la forma en que ejerce su cargo y a su ponderación y prudencia. Pero estamos legislando de manera permanente al margen de las personas. Entonces, en un tema tan delicado para la ciudadanía, para los derechos de los individuos, se desea establecer un mínimo. ¿Cuál? Que el Ministro del Interior entregue, en el mes de abril, un informe de carácter reservado no parece un elemento que vaya a producir un daño, sino que, adicionalmente, involucra a otro Poder del Estado, en forma más activa, en la defensa y preservación de valores que todos compartimos. De modo que la interrogante que me formulo es ¿por qué? ¡Resulta valioso horquillar al señor Ministro de Hacienda, quien debe venir cada tres meses! ¡Pero el señor Ministro del Interior, que tiene que ver con la tutela de actividades tan relevantes como aquellas de las que muchos hemos sido víctimas durante tanto tiempo, no puede ser requerido oportunamente! Me parece que eso está referido al ejercicio de un derecho, y, por supuesto, no cuestiono el punto. Pero no me cabe duda de que corresponde a un doble estándar. ¡Y terrible es que para unos prime más la economía, que los derechos de las personas en un ámbito tan delicado como el que puede afectar la inteligencia, como los distinguidos señores Senadores de Renovación Nacional han podido constatar con los hechos acaecidos en el último tiempo!

El señor DIEZ.- Como Su Señoría no me concedió una interrupción, pido la palabra al señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, la verdad es que las materias son absolutamente distintas.
Cuando se trata de la ejecución presupuestaria, que incide en la política financiera del Gobierno, no sólo queremos que el Congreso la conozca, sino que ello constituye un elemento del que deben disponer los agentes económicos que actúan. Es, fundamentalmente, una información que deseamos que, a través del Congreso, sea pública, para que -repito- todos los agentes financieros, que conocen la política cambiaría del Banco Central, etcétera, se interioricen también de la política financiera del Estado. Es un elemento que una economía moderna debe tener a disposición de los agentes económicos. Y resulta absurdo que en Chile, con la influencia que tienen los dineros y la política financiera del Estado, tal información no esté en conocimiento de los agentes económicos.
Aquí se trata de una cosa diametralmente diferente, como muy bien lo reconoce la propia indicación, que establece que dicha entrega de antecedentes se hará en el carácter de secreto. Nosotros no queremos que la política de la Dirección de Seguridad sea de conocimiento público. Es evidente que no puede ser así. De manera que ahí está la respuesta. No es que nos preocupe más la política financiera del Estado, que los derechos de las personas, porque ése es un mal y sesgado juicio acerca de nuestra conducta.
Queremos que, en una economía libre, los antecedentes económicos estén en poder de todas las personas. Y en materia de seguridad, deseamos proteger dos bienes: los derechos de las personas, que se hallan garantidos por el recurso de protección (mucho más que por la acción de la Cámara de Diputados). Pero también buscamos proteger la confidencialidad de las acciones y de las políticas de seguridad, por razones obvias.
Por ello rechazamos la indicación. Y a ese pronunciamiento concurrieron cuatro miembros de la Comisión, y sólo uno se abstuvo. No hubo ningún voto favorable. De modo que tal criterio no puede ser imputado sólo a los Senadores de estos bancos, sino a la mayoría de la Comisión, e, insisto, sólo hubo una abstención. Y el motivo no es lo que se ha señalado. La razón para ello no fue dejar en la indefensión a las personas, o mirar en menos sus derechos. Creemos en la eficacia del recurso de protección, y, al mismo tiempo, estimamos absolutamente indispensable tomar todas las medidas para resguardar la confidencialidad. La confidencialidad resulta, en la oficina que se crea -como lo expuso el señor Ministro del Interior en la Comisión-, esencial para que los organismos del Estado den la información correspondiente a la Dirección de Seguridad. Si la misma no existe, ésta será siempre insuficiente. Porque los propios órganos de seguridad no van a arriesgar la vida de sus servidores corriendo el albur de que sus planes sean conocidos mediante cualquier interferencia, ó aunque sea nada más que por negligencia de algunas personas. Entonces, en la medida en que garanticemos la confidencialidad de la Dirección, estamos garantizando la eficacia y la cantidad de información que ésta recabe. Por lo demás, la Comisión rechazó estas indicaciones con el visto bueno del señor Ministro del Interior -quien se hallaba presente- y con la complacencia del Gobierno, para mantener el proyecto tal como lo envió el Ejecutivo, donde no se contempla una disposición de esta naturaleza.

El señor ZALDIVAR.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador, pero la había solicitado con anterioridad la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, la información a que se refiere la indicación es, por su naturaleza, reservada o confidencial. Ella dice relación a las personas y afecta indudablemente su privacidad y su derecho. La información que se ha recordado aquí, tocante al manejo de los recursos cales, por su índole, es de carácter público, debe ser pública. Quiero señalar que el manejo de las sociedades anónimas abiertas (aquellas cuyas acciones se transan en el mercado) es público. Entonces, con mayor razón lo son los recursos que no pertenecen ni al Ministro de Hacienda ni al Poder Ejecutivo, sino a todos los chilenos. Por ello, creo que no puede hacerse la comparación entre una y otra información.
Ahora, como expresó, con mucho acierto, el Senador señor Gazmuri, aquí se trata de ver modo de conciliar en derecho una materia en la cual se conjugan, por una parte, los derechos individuales, que se ven afectados por la información, y, por otra, los derechos del Estado de manejar la misma. La fórmula que se plantea en la indicación, para los efectos de resguardar tales derechos, de enviar de manera obligatoria las informaciones a la Cámara de Diputados, a mi juicio, transformará al organismo, y, en definitiva, ni éste recibirá información, ni podrá, por consiguiente, mandarla a la Cámara Baja. En consecuencia, no será un remedio para garantizar los derechos de las personas. En mi concepto, las normas vigentes resguardan adecuadamente tales derechos.
El artículo 20 de la Constitución Política, que consagra el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, garantiza sólo ciertos derechos, entre los que figura el comprendido en el número 4o del artículo 19 de la misma, que asegura "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.".
De esa manera, a mi juicio, no hay posibilidad de que alguien quede en la indefensión frente a la autoridad.
Por otra parte, cabe recordar que, según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las Oficinas de Informaciones de ambas Cámaras pueden requerir antecedentes, cuya entrega debe hacerse con procedimientos excepcionales cuando aquéllos revistan carácter secreto o reservado. En esa forma se aplicarán las facultades de la Cámara de Diputados -en los términos generales que le reconoce la Carta Fundamental- y las que poseen las Oficinas de Informaciones del Parlamento.
Por las consideraciones señaladas, creo que la indicación debe rechazarse.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, junto con el Senador señor Hormazábal, presentamos una indicación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el fin de permitir a la Cámara de Diputados y al Senado conocer información de parte del Ministro del Interior acerca de las actividades de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones que se crea.
Lamentablemente, como se ha recordado, dicha indicación fue rechazada por la mayoría de los miembros del organismo técnico de estudio, y una abstención. Y como la renovación de la misma vuelve a poner en discusión el tema, ello me permite señalar que el propósito tenido en cuenta, cuando la formulamos, apunta básicamente a la idea de que un Poder del Estado de tanta importancia como el Legislativo pueda conocer de una actividad tan relevante como la que le corresponderá realizar a la Dirección de Seguridad.
En virtud de las disposiciones constitucionales vigentes, el único Ministro obligado por ley a asistir al Congreso Nacional a lo menos una vez al año, es el de Hacienda; pero es discrecional de todos los demás Secretarios de Estado asistir o no asistir cuando son invitados.
Creo que los fundamentos de la iniciativa en estudio, contenidos en el mensaje del Ejecutivo, sostienen por sí mismos la conveniencia de que pueda haber una relación entre el Poder Legislativo y la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones en cuanto a las labores que a ésta le corresponda desarrollar.
Más que detenerme en un problema de carácter constitucional o tratar de buscar explicaciones en mecanismos jurídicos -por ejemplo, el recurso de protección o las garantías individuales de las personas-, lo que me preocupa en una indicación como ésta es que pueda existir oportunidad dé diálogo, de comunicación, entre el Ministro del Interior y nosotros acerca de las actividades que realicen los organismos que de él dependan, de acuerdo con el texto del proyecto, y que dicen relación a la seguridad de las personas, a las acciones que se cumplen para combatir la delincuencia y el terrorismo y al conocimiento directo que tenemos los Parlamentarios en el contacto permanente con nuestros representados -es decir, con la ciudadanía-, lo que puede ser muy útil e importante para perfeccionar las acciones que esa Dirección pueda llevar a cabo.
De esa manera, a mi juicio, se cambia la óptica de la discusión que hemos tenido y se busca un lado positivo en el que una complementación establecida en la ley permita al Ministro del Interior -una vez al año, a lo menos, según la iniciativa en estudio- cumplir con la tarea de informar de las actividades del referido organismo.
Si compartimos el criterio de que lo relativo a la seguridad ciudadana, a la violencia y al terrorismo es una labor que debe unir y vincular, a quienes estamos en mayor contacto con la ciudadanía, no cabe duda acerca de la conveniencia de ese contacto y acercamiento, en los términos establecidos en la indicación renovada.
Plantearse un problema doctrinario, desde el punto de vista constitucional o de técnica legislativa, no apunta a la esencia de lo que importa, esto es, buscar una forma de complementariedad y cooperación que permita a los Parlamentarios tanto estar oportuna y cabalmente informados de lo que realiza dicha Dirección, como entregar sugerencias o ideas para el cumplimiento más eficiente de las tareas que a ese organismo le sean propias.
Por esas razones, me parece importante acoger la indicación renovada, poniendo el acento -reitero- en la búsqueda de eficiencia en las labores que desarrolle más que en una cuestión de orden formal, la cual, aparte ser muy discutible, no va al fondo de lo que interesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.

El señor HUERTA.- Señor Presidente, señor Ministro y Honorables colegas, complementando las argumentaciones dadas -que aconsejan rechazar la indicación-, debo recordar que el artículo 74 bis B del Código de Procedimiento Penal prohibe y sanciona a cualquier miembro de la Fuerza Pública que dé información acerca de las investigaciones que se estén realizando por orden judicial.
Además de esa prohibición, existe la posibilidad de que cualquier filtración eche a perder las diligencias y ponga en peligro la vida de los agentes.
Por ello, en lo que respecta al servicio de inteligencia policial, la indicación no corresponde y debe ser rechazada.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- Señor Presidente, la fundamentación de la indicación formulada se refiere a su inciso primero, que alude a la presencia del señor Ministro del Interior en el Congreso para informar acerca de las actividades de los organismos de inteligencia policial.
Se señaló que dicho Secretario de Estado no está obligado a concurrir cuando se le invite. Yo creo conveniente que lo haga, para que la Cámara -o el Senado, en su caso- sepa lo que ocurre en determinada materia. Pero eso es muy distinto de lo que se consigna en el inciso segundo, que obliga a la Dirección -se me ocurre que a las personas que la dirigen- a proporcionar permanentemente a la Cámara de Diputados información de lo que aquélla está realizando.
Yo estaría de acuerdo en aprobar el inciso primero, pero no el segundo. Restringir la indicación en esos términos, estaría mucho más acorde con la normativa vigente.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Sin perjuicio de que también se puede argumentar en defensa del inciso segundo, yo estaría de acuerdo en acoger el primero, en el que se establece el principio básico que anima la indicación.

El señor HORMAZABAL.- Doy mi conformidad para modificar la indicación que renovamos, señor Presidente,

El señor HUERTA.- Pido votación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En ese caso, correspondería votar separadamente ambos incisos. Es la mejor manera de obviar el problema.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, para que no quede en actas una visión equivocada, debe precisarse que el informe del Ministro del Interior no dice relación a los antecedentes contenidos en procesos; no es ése el tema de la información. El delito en que pueden incurrir los funcionarios policiales u otros es el proporcionar información sobre los procesos que estén tramitándose ante los juzgados pertinentes. De lo que se trata es de informar de las actividades de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. Y por lo que escuché a un distinguido Senador que me antecedió en el uso de la palabra, aquí hay una confusión de los planos, pues ni el señor Ministro del Interior ni el organismo que se crea tienen derecho a conocer los procesos en estado de sumario, y menos aún les correspondería proporcionar antecedentes -en el supuesto de que se acepte la indicación- acerca de los mismos en abril de cada año.
Por consiguiente, el temor manifestado por el Honorable colega sobre el punto queda despejado, por no ser ése el sentido que tendría dicho informe.
Reitero mi acuerdo en aceptar la sugerencia de eliminar el inciso segundo de la indicación, para los efectos de conseguir consenso en la Sala.

El señor NAVARRETE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, creo que lo señalado por el Senador señor Jarpa puede ayudar a que se concrete la preocupación esencial que expresé, contenida en la indicación que formulamos en la Comisión, cuyas dos terceras partes apuntan a ese propósito, al decir que el Ministro del Interior deberá entregar un informe anual a la Cámara de Diputados, en sesión secreta, sobre las actividades de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones y las de los organismos de inteligencia policial. Y también agregábamos uno trimestral a la Cámara de Diputados y al Senado sobre las mismas materias, con carácter reservado.
Entiendo que esto último quedaría excluido y que se trataría de conciliar un acuerdo respecto del primer inciso.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Pienso que el debate está agotado y se procederá a votar separadamente ambos incisos de la indicación renovada.
En votación el inciso primero.
-(Durante la votación).
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estimo que el carácter de este tipo de información debe ser siempre secreto. Y aun cuando se den a conocer algunos antecedentes en sesión secreta de un cuerpo colegiado como la Cámara de Diputados en que figura tanta gente, más de alguna filtración puede haber. Por ello considero altamente inconveniente la disposición, y la voto en contra.

El señor PAPI.- Señor Presidente, rechazaré la indicación, aun cuando comparto el espíritu de quienes la renovaron, pues -creo- todos tenemos la misma preocupación; pero desde el punto de vista práctico, la considero muy inconveniente.
Por otro lado, la Cámara Baja, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, tiene la facultad de intervenir frente a cualquier situación que pueda considerar inconveniente.
De modo tal que, pensando en que ha habido voluntad para crear un organismo como éste y en la eficaz labor del mismo, rechazo la indicación. El señor JARPA.- Voto afirmativamente, porque no veo inconveniente en que el señor Ministro del Interior concurra una vez al año al Congreso Nacional para informar sobre las actividades que realiza el Gobierno a fin de prevenir los actos de terrorismo o de delincuencia.

El señor OTERO.- Por las mismas razones que ha expuesto el Honorable señor Jarpa, voto que sí.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votación.

-Se rechaza el inciso primero de la indicación (17 votos contra 15 y 3 pareos).


El señor URENDA (Vicepresidente).- Propongo que, en consecuencia, se dé por rechazado el inciso segundo.
-Se rechaza. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El Senador señor Mc-Intyre formuló una indicación, que no es renovada -que ha hecho suya el Honorable señor Arturo Frei- para agregar en el artículo 3o, letra c), lo siguiente: "y proporcionando a dichos organismos de inteligencia la información que pudieren obtener en sus actividades de seguridad interior, que incida en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas.".

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor KRAUSS (Ministro del Interior).- Señor Presidente, el Ejecutivo no tiene observaciones respecto de la indicación de los Honorables señores Mc-Intyre y Arturo Frei, toda vez que lo propuesto responde a la realidad de la actividad que estamos desarrollando.
A través del Comité Consultivo de los organismos de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad con las Fuerzas Armadas, se produce este intercambio de informaciones, que la indicación propende a dejar confirmada como uno de los objetivos de la Dirección que se crea.
En consecuencia, no tenemos inconvenientes ni observaciones que formular a la mencionada indicación.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría la indicación.
-Se aprueba, y queda terminada la discusión del proyecto.




CONVENIO DE PAGO DE PATENTES MINERAS Y PRORROGA DE LAS CORRESPONDIENTES A 1992. INFORME DE COMISION MIXTA


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El segundo punto del Orden del Día se refiere al informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto de ley que permite los convenios de pago de patentes mineras, y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período 1992-1993, cuya urgencia fue calificada de "Simple", y vence el 15 de enero en curso.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 17a, en 15 de diciembre de 1992.
informes de Comisión: ,
Minería, sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.
Hacienda, sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.
Mixta, sesión 21a, en 7 de enero de 1992.
Discusión:
Sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992 (se aprueba en general y en particular).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión Mixta recomienda aprobar el texto sugerido por la unanimidad de sus miembros, el que requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El artículo dice lo siguiente:

"Artículo único.- Prorrógase, por única vez, hasta el 28 de febrero de 1993, el pago de la patente minera anual que debió efectuarse en el curso del mes de marzo de 1992, sin el recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, aun cuando la concesión minera de que se trate se encuentre en trámite de remate. El dueño de la concesión que hubiere eliminado ésta de la subasta, pagando el doble del valor adeudado como patente, tendrá derecho a solicitar el reembolso de lo pagado a título de sanción.".
En el informe hay una nota de la Comisión Mixta, que dice:
"NOTA: Estima vuestra Comisión Mixta que este artículo debe ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, toda vez que, al permitir el pago atrasado de patentes de amparo, contraría el artículo 12 de la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que prescribe que el régimen de amparo "consistirá en el pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine el Código de Minería.".".


El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.- Señor Presidente, propongo que este texto sea aprobado sin discusión, porque creo que es bastante claro; ya se ha discutido en oportunidades anteriores y fue aprobado en la Comisión Mixta -como lo expresó el señor Secretario- por unanimidad. Debo sí, una vez más, resaltar la necesidad de aprobarlo con el quórum exigido por la Constitución, ya que se trata de modificar una ley orgánica constitucional.
-Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, que se pronunciaron favorablemente 27 señores Senadores.




OBLIGACIONES A DIVERSAS ENTIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


El señor VALDES (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional» que establece obligaciones a diversas entidades, en materia de Seguridad Pública.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto ley:
En primer trámite, sesión 25a, en 10 de diciembre de 1991.
En tercer trámite, sesión 20a, en 5 de enero de 1993.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 45a, en 24 de marzo de 1992.
Constitución (segundo), sesión 51a, en 14 de abril de 1992.
Hacienda, sesión 52a, en 15 de abril de 1992.
Discusión:
Sesiones 45a, en 24 de marzo de 1992 (queda pendiente su discusión); 46a, en 25 de marzo de 1992 (se aprueba en general); 52a, en 15 de abril de 1992 (se despacha en particular).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto tiene urgencia calificada de "Simple", y su plazo reglamentario vence el 8 de enero, en tanto que el constitucional termina el 4 de febrero de 1993.
Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados afectan a casi todos los artículos aprobados por el Senado. En el oficio correspondiente, se acompaña un texto comparado. En consecuencia -salvo que haya acuerdo para enviarlo a Comisión-, sería preciso guiarse por el orden de los artículos que aparece en ese texto comparado para los efectos respectivos.

El señor VODANOVIC- Señor Presidente, formulo indicación para que la iniciativa se envíe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor OTERO.- ¡Nosotros estamos de acuerdo con esa indicación, señor Presidente!

El señor RUIZ (don José).- Quiero hacer notar que el plazo vence el 8.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El plazo constitucional es el 4 de febrero; el reglamentario, el 8 de enero.

El señor VALDES (Presidente).- En virtud del plazo, hay que tratarlo hoy; si no, estaríamos obligados a citar a una sesión para mañana.
El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, el plazo reglamentario se podría prorrogar, por acuerdo unánime de la Sala, hasta el jueves de la próxima semana.
-Por unanimidad, se resuelve prorrogar el plazo reglamentario para tratar el proyecto el próximo jueves 14 de enero de 1993, y enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.




MODIFICACION DE CODIGOS PENAL, DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Y DE OTRAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Este proyecto, en tercer trámite, fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; pero acaba de llegar un mensaje retirando la urgencia solicitada.
El señor VALDES (Presidente).- Por consiguiente, se retira de la tabla.


MODIFICACION DE REGLAMENTO DEL SENADO


El señor VALDES (Presidente).- Corresponde continuar el tratamiento del proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo: (moción del señor Urenda)
Se da cuenta en la sesión 3a, en 27 de marzo de 1990.
Informes de Comisión:
Constitución (parte pendiente), sesión 40a, en 28 de enero de 1992.
Constitución (segundo), sesión 16a en 10 de diciembre de 1992.
Discusión:
Sesiones 17a, en 17 de julio de 1990 (se aprueba en general); 20a, en 31 de julio de 1990 (se aprueba la parte desglosada); 3a, en 9 de junio de 1992 (se aprueba en general la parte pendiente); 20a, en 5 de enero de 1993 (queda pendiente su discusión).


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En la sesión anterior, se llegó hasta la página 64, donde se consigna la letra i), que sustituye el número 8 (que pasa a ser número 11) por el siguiente:

"11.- Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 40, por los que a continuación se indican:

"Artículo 40.- El informe de Comisión dará cuenta de los acuerdos de ésta, consignando sus fundamentos esenciales, las opiniones de mayoría y minoría, cuando fuere necesario, y el resultado de las votaciones efectuadas para adoptarlos, precisando el voto de cada Senador presente en la Comisión cuando los acuerdos no fueren por unanimidad. Asimismo, deberá señalar las normas legales que se relacionan con el proyecto y, en su caso, indicar las disposiciones de éste que requieran quórum especial de aprobación, así como el hecho de haberse puesto en conocimiento de la Corte Suprema las normas que lo requieran, en virtud de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado.
"Constituirá informe de la Comisión el que sea suscrito por la mayoría de sus miembros, y sólo podrán suscribirlo aquellos que hayan concurrido a cualquiera de las sesiones en que se debatió el respectivo proyecto. Sin embargo, los Senadores que no se conformen con la opinión de la mayoría podrán presentar, por separado, su informe particular.".
Además, la Honorable señora Feliú ha formulado indicación para suprimir, en el inciso primero del nuevo artículo 40, la frase "cuando los acuerdos no fueren por unanimidad.". De modo que el inciso, en la parte pertinente, quedaría como sigue: "y el resultado de las votaciones efectuadas para adoptarlos, precisando el voto de cada Senador presente en la Comisión.".

El señor VALDES (Presidente).- En discusión el artículo 40 propuesto en el segundo informe, con la indicación de la Honorable señora Feliú.
Ofrezco la palabra.

La señora FELIU.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU.- Señor Presidente, en conformidad al nuevo texto propuesto para el artículo 40, aprobado por la Comisión de Constitución después de estudiar las indicaciones que se le formularon, el informe de Comisión deberá señalar el nombre de los señores Senadores que concurren al acuerdo de que se da cuenta. Se partió del supuesto de que si el informe se aprueba por unanimidad, de ello se desprendería, de manera clara, quiénes lo acogieron, por lo que se estableció la excepción en el sentido de que no será necesario dejar constancia de los nombres de los señores Senadores que adoptan los acuerdos cuando éstos se toman en forma unánime.
Sin embargo, señor Presidente, muchas veces ocurre -según consta en innumerables informes de Comisiones- que los acuerdos se adoptan después de varias sesiones de la Comisión, a las cuales han asistido diversos Senadores en reemplazo de miembros titulares. Y a menudo en el informe se menciona que el mismo se aprobó por unanimidad, en circunstancias de que a las reuniones de la Comisión tal vez asistieron 10 ó 15 Senadores distintos. Entonces, cabe preguntar cuáles de ellos concurrieron al acuerdo. Y la verdad es que generalmente lo hacen sólo los que estuvieron presentes en la última sesión; vale decir, cuando él se adoptó.
La indicación que he formulado tiene por objeto dar mayor transparencia a los informes, como acontece en la Sala respecto de la adopción de acuerdos. Porque, naturalmente, si una Comisión ha contado con la presencia únicamente de los miembros titulares, o de un solo reemplazante de cada integrante ausente, fluye claramente quiénes concurrieron a un acuerdo unánime. Pero, si no es así, debe quedar constancia de la forma en que votaron los diversos Senadores.
En realidad, hoy muchos Secretarios de Comisiones consignan quiénes acogen un acuerdo. Otros no. Por lo tanto, a fin de uniformar el sistema de los informes, es preferible dejar testimonio de cómo se pronunció cada integrante de una Comisión, eliminando en el artículo 40 la frase "cuando los acuerdos no fueren por unanimidad", de tal manera que se señalen también los nombres de los Senadores que dieron la unanimidad. Y, lógicamente, si tal unanimidad se alcanzó con la presencia sólo de los miembros de la Comisión, no se requeriría de esa constancia. Sí será necesaria cuando -como sucede prácticamente en todos los casos- han asistido muchos Senadores y han adoptado el acuerdo algunos de los mismos.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala y considera razonables las observaciones formuladas por la Senadora señora Feliú, se aprobarían los mencionados incisos del artículo 40 propuesto en el segundo informe, con la indicación de la señora Senadora.
Aprobado.


El señor MC-INTYRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, antes de entrar a examinar otro artículo, debo manifestar que la Comisión rechazó una indicación que presenté y que no renové aquí en la Sala, tendiente a solucionar el problema -quiero llamar la atención al respecto porque fue producto de la experiencia que he tenido (igual que muchos otros señores Senadores) en diferentes Comisiones- del registro de las reuniones de Comisión en cintas magnetofónicas. Y se rechazó aduciendo que éstas son sólo un apoyo para elaborar los informes y que no vale la pena establecer su uso en el Reglamento.
Dada mi experiencia con grabaciones en cintas magnetofónicas en las Comisiones, sé que el asunto es delicado. Por ejemplo, durante el estudio del proyecto de la nueva Ley de Pesca hubo una dificultad bastante seria, que llegó incluso hasta la Corte de Apelaciones. Porque cuando ese Tribunal pidió los informes y las cintas magnetofónicas, sólo se logró conseguir las de la Cámara de Diputados. Las nuestras no estaban.

El señor VALDES (Presidente).- Reglamentariamente, en el Senado no es obligación grabar las sesiones de Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En efecto.

El señor MC-INTYRE.- Por eso hago estas observaciones, señor Presidente. Aquí no son obligatorias las cintas magnetofónicas, y mi indicación fue rechazada en razón de que el sistema funcionaría bien y no sería necesario introducir innovaciones.
Sin embargo, repito, cuando oficialmente la Corte de Apelaciones solicitó las grabaciones de la Comisión de Pesca, fue posible realizar una causa judicial bien hecha en lo concerniente al tema con las grabaciones efectuadas en la Cámara de Diputados. Nosotros no las teníamos, porque después de algunas semanas las cintas fueron borradas, o no se continuó grabando. Ese fue un problema.
También se ha presentado esta eventualidad en la Comisión de Transportes, donde han llegado oficios en que se pidió el registro de los debates en cintas magnetofónicas. Entonces, el Presidente de la Comisión es quien resuelve si esa labor se hace o no.
Por lo tanto, creo que si esta materia no se incluye ahora en el Reglamento, es conveniente tener presente que el asunto de este tipo de grabaciones es delicado. Tiene que existir una norma general, pues muchas veces es más importante la grabación que el propio informe que se emite.

El señor VALDES (Presidente).- ¿Su Señoría sugiere que se adopte acuerdo en el sentido de incorporar al Reglamento una norma que disponga el empleo de cintas magnetofónicas en las reuniones de Comisión, las cuales deberían conservarse y ser parte integrante de los respectivos informes?
El señor MC-INTYRE.- Exactamente, aunque pienso que se trata de un procedimiento comúnmente usado en las Comisiones.

El señor VALDES (Presidente).- Ha sido una orden del servicio.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Sí, porque la verdad es que no todas las Comisiones registran sus debates en cintas magnetofónicas. Se acostumbra hacerlo en las Comisiones que así lo acuerdan. Pero en la generalidad de los casos no se toma versión completa de lo que se discute. No es necesario, aunque con frecuencia se hace en proyectos importantes. Y no existe una obligación reglamentaria de hacerlo.
En determinados casos el servicio, a petición del Presidente de una Comisión, imparte instrucciones para que se transcriban las cintas, sin necesidad de que lo disponga el Reglamento. Y basta que el Presidente de la misma lo solicite para que se grabe el debate y se guarde la cinta magnetofónica. El señor MC-INTYRE.- En todas las Comisiones de que he formado parte se han grabado las sesiones. Aun más, en algunas ocasiones escuché reclamos acerca de que en la sala grande de Comisión, donde caben más de 20 personas, los dos micrófonos que había eran insuficientes, y cada vez que se grababa ahí, la cinta salía mala. O sea, en la mayoría de las Comisiones existe tendencia a grabar. Creo que eso es bueno, porque ayuda mucho en el trabajo de elaboración de los informes.

El señor ZALDIVAR.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Puede usarla Su Señoría.

El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, coincido con lo expresado por el Senador señor Mc-Intyre. En toda organización moderna en que se desarrollan debates colegiados es esencial tener un archivo de las grabaciones de ellos. El Senado no debiera ser una excepción.
Es explicable que antiguamente no se hiciera; pero hoy es imprescindible disponer de esa clase de registro, a fin de poder recurrir a él en un momento dado -aunque excepcionalmente-, para ver cuál fue el fondo de un debate realizado en Comisión.
A mi modo de ver, debiera agregarse al Reglamento una norma específica para incorporar este sistema.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se establecería en el Reglamento que los informes y grabaciones de los debates de Comisiones se conservarán en el archivo de las mismas.
El señor ZALDIVAR.- Igualmente, debería fijarse un plazo para los efectos de no acumular una gran cantidad de cintas magnetofónicas. Ese término podría ser de 2 ó 3 años, o por el período de la respectiva legislatura.

El señor VALDES (Presidente).- Más bien durante el período de la legislatura.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Empero, en el Senado tampoco se hacen actas de las sesiones de Comisión.
El señor VALDES (Presidente).- Pienso que se está tocando un punto importante: el de que en las Comisiones no se levantan actas completas de las reuniones, y los informes hacen referencia sólo a las decisiones adoptadas. Sería razonable, entonces, que quedara constancia de los debates, si no mediante Versión Taquigráfica -ésta es mucho más difícil de tomar y requiere el empleo de más personal-, sí en bandas magnetofónicas que se dejaran archivadas en una especie de hemeroteca durante el tiempo que se juzgue prudente.

El señor THAYER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, el punto es bien delicado, primero, porque habitualmente la grabación se usa para estar seguros de la versión oficial. Es importante tener claro si el documento auténtico será esa versión, o si ésta siempre deberá acompañarse de la grabación que se conservará.
Punto dos. Ignoro cuánto represente, desde el punto de vista del costo, el mantener grabación de todas las sesiones de Comisión. A lo mejor aquél es insignificante. Pero hago la pregunta. Quizá este aspecto carezca de relevancia.

El señor VALDES (Presidente).- El costo no tiene significación alguna. Lo fundamental es que la versión oficial la constituye el informe con los acuerdos. Sin embargo, me parece que sería conveniente mantener, como mínimo, un registro magnetofónico de lo realizado en Comisiones, el cual pasaría a tener casi tanta importancia como la Versión Taquigráfica que se toma en la Sala de la Corporación. Porque las Comisiones son órganos de acuerdos del Senado, y tendría que quedar registrado todo lo que allí se efectúa.

El señor ZALDIVAR.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, a manera de respuesta a la interrogante planteada por el Senador señor Thayer, debo manifestar que la versión oficial, mientras no sea impugnada, es el informe que da a conocer el Secretario de una Comisión. Sin embargo, el informe puede ser modificado si alguien, tras cotejarlo con la grabación, demuestra que en él se incurre en un error. Esto es lo que normalmente se hace sobre la materia en cualquier organismo. Por consiguiente, creo que debe existir una constancia en ese sentido.

El señor THAYER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Ese es el punto que me interesa: establecer por cuánto tiempo deben conservarse paralelamente ambas constancias. Porque de no fijarse un procedimiento claro para determinar cuál es la historia fidedigna del establecimiento de la ley, puede acontecer que se entre a discutir el texto de los informes, por su incongruencia con la grabación.
Reitero que se trata de un asunto delicado. Debería precisarse si las cintas se guardarán indefinidamente o por un tiempo limitado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Claro.
Hago presente que en la Cámara de Diputados siempre ha habido actas de las sesiones de Comisión. No así en el Senado. Pero entiendo que ahora habría cierto consenso en grabar los debates y guardar las cintas magnetofónicas -como sugirió el Honorable señor Zaldívar- por un plazo, por ejemplo, de dos años. En eso no hay inconveniente.
Con relación a las actas propiamente tales, aquí no se hacen. Ello requeriría aumentar el personal, porque en algunas Comisiones, como en la de Pesca, los funcionarios pasaban días completos sacando copia de las grabaciones. Y con tantas páginas un Secretario no podría después elaborar el informe, porque tendría que leerlas todas, en circunstancias de que aquél debe contener los lineamientos básicos del proyecto de que se trata y lo aprobado por la Comisión. Esto no obsta a que haya una grabación que se guarde por un plazo razonable, tal vez de dos años.
Podría agregarse al Reglamento una disposición al respecto, aunque no en cuanto a las actas, porque no se alcanzan a hacer.

El señor VALDES (Presidente).- Yo propongo lo siguiente: que se tome versión magnetofónica de todas las sesiones de Comisión, y que el informe emitido por el Secretario de la misma pueda ser impugnado hasta el momento en que la Sala lo conozca y resuelva su aprobación o rechazo. Porque tampoco puede quedar indefinidamente sujeto a rectificación.

El señor ZALDIVAR.- Conforme.

El señor VALDES (Presidente).- De modo que si un Senador no estuviere de acuerdo con un informe, recurrirá a la cinta, la cual quedará, en definitiva, archivada hasta por un período de dos años. En todo caso, ella debe entenderse como antecedente del acuerdo que se haya adoptado en la Comisión, del cual da cuenta el ministro de fe, que es el Secretario.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, hay acuerdo en aceptar la proposición.

La señora FELIU.- Así es, señor Senador. Se archivaría la cinta durante dos años.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Entonces, podría agregarse una disposición al artículo 40 en el sentido de que las sesiones de las Comisiones serán grabadas y las cintas magnetofónicas se mantendrán en custodia en Secretaría por el plazo de dos años.

El señor MC-INTYRE.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor MC-INTYRE.- Quiero complementar lo que dije anteriormente. Desde luego, tienen mucha importancia aquellas cintas. Tan así es que en ocasiones hemos visto que los propios Ministros han solicitado escuchar las grabaciones. Pero deseo agregar que esas cintas son requeridas también por personas ajenas alienado, y creo que sería conveniente establecer que ellas son absolutamente internas y no deben ser entregadas a nadie. Como se ha dicho, son un complemento de los informes. Es importante tener presente la situación, porque en las Comisiones hemos recibido oficios por los cuales nos han pedido en préstamo las cintas.

La señora FELIU.- Eso no puede ser.
El señor VALDES (Presidente),- Concuerdo con el reparo que ha hecho el Honorable señor Mc-Intyre, pues las cintas magnetofónicas son de estricto uso interno; no pueden ser entregadas a ningún otro Poder del Estado, ni a nadie, y constituyen documentos de carácter reservado del Senado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Siendo así, podría consignarse que tienen ese carácter.

El señor PAPI.- Exacto.

La señora FELIU.- También concuerdo en ello.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, ¿donde contemplaríamos esa disposición si el artículo ya se encuentra redactado?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Podría quedar como inciso final del artículo 40.

El señor VALDES (Presidente).- Claro, porque el precepto alude a las Comisiones.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, ¿el punto se referirá sólo a las Comisiones, o también a todos los debates que se susciten en el Senado?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- No, señor Senador. Las discusiones que se llevan a cabo en la Sala son tomadas taquigráficamente.

El señor VALDES (Presidente).- Y se registran in extenso, para ser publicadas posteriormente. Cosa distinta ocurre en las Comisiones, donde no se hace acta de los debates que se suscitan en ellas, y debemos registrarlos de alguna forma.
El señor ALESSANDRI.- Gracias, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Entonces, la idea sería establecer un sistema de grabación, cuyas cintas serán de carácter reservado y deberán archivarse durante dos años. Además, los informes no podrán impugnarse después que la Sala los haya aprobado.
Si le parece al Senado, se consignarían esas ideas en un inciso final del artículo 40.
Acordado.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La siguiente proposición corresponde a la letra j). Aquí el número 9o pasa a ser 12, con la sola enmienda de sustituir, en el artículo 41, la referencia al inciso "tercero" del artículo 27 por otra al inciso "cuarto" del mismo precepto.
Esto es una consecuencia de lo ya aprobado.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Letra k). Se propone sustituir el número 10, que pasa a ser 13, por el siguiente: "13.-Asígnase al artículo "41" el número "42";".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Letra 1). Se sugiere intercalar como número 14 el que se indica: "14.- Agrégase al artículo 42, que pasa a ser 43, el siguiente inciso segundo:
"Será también función del Secretario ilustrar a los miembros de la Comisión acerca de los proyectos, en forma previa a su discusión, haciendo una relación de las materias que tratan, normas legales en que inciden y, en su caso, del resultado de su tramitación en la Cámara de Diputados, proporcionándoles, además, los antecedentes respectivos.".

El señor VALDES (Presidente).- Esta disposición tiene mucha importancia.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Letra m). Aquí el número 11 pasa a ser 15, sin enmiendas.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Letra n). Respecto del número 12, que pasa a ser 16, se propone efectuar las siguientes modificaciones a los artículos que en cada caso se indican:
1) En el artículo 55, reemplazar el vocablo "acuerdo" por la expresión "el voto conforme", y agregar a continuación de la frase final "proyectos de ley", lo siguiente: "o de acuerdo".

El señor ALESSANDRI.- ¿Y cómo quedaría la norma?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- "Cuando la hora de término de una sesión coincida con la fijada para iniciar la siguiente, podrán empalmarse unas con otras, con el voto conforme de los dos tercios de los Senadores presentes, siempre que estén destinadas a tratar proyectos de ley o de acuerdo.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La modificación número 2) del mismo número 12 consiste en intercalar en el inciso primero del artículo 56, a continuación de la expresión "el Secretario del Senado,", la frase "ante el reclamo de un Senador,". Y la disposición quedaría como se indica:
"Después de diez minutos contados desde la hora fijada para abrir la sesión, se llamará a los Senadores. Si transcurridos cinco minutos de llamada no hay quórum en la Sala, el Presidente, el que deba hacer sus veces, o en su defecto, el Secretario del Senado, ante el reclamo de un Senador, declarará que la sesión no se celebra.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Sobre el particular, hay una indicación renovada -la número 27-, firmada por los Senadores señora Feliú y señores Jarpa y Thayer, para agregar en el inciso segundo del artículo 56, a continuación de la palabra "asistentes", la frase "y se publicarán sus nombres". El inciso quedaría de la siguiente forma: "Se dejará testimonio en el acta de los Senadores asistentes y se publicarán sus nombres.".

El señor OTERO.- Pero eso se hace actualmente; basta verlo en el diario.

El señor VALDES (Presidente).- Precisamente, ello se publica en la prensa.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, esto se refiere a las sesiones que no tienen lugar.

El señor RUIZ (don José).- Pero ese punto está contemplado en el actual artículo 45.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene razón. No hay ninguna variación respecto de la norma primitiva.

La señora FELIU.- Sólo es para el caso en que fracase la sesión.

El señor OTERO.- Así lo entiendo también, señor Presidente, y parece perfectamente lógico que se publiquen los nombres de. los señores Senadores que iban a celebrar sesión.

El señor VALDES (Presidente).- Vale decir, se hará pública dicha nómina sea que haya sesión o que ésta fracase.
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
Aprobada.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La modificación número 3) del referido número 12 tiene por objeto reemplazar, en el número 4 del inciso primero del artículo 61, la referencia al artículo 103 por otra al 104.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La enmienda número 4) consiste en sustituir el inciso tercero del artículo 65 por e] siguiente: "Para el efecto de las citaciones, cada Senador deberá indicar por escrito al Secretario del Senado el o los lugares al que éstas deben ser enviadas. Cada Senador podrá indicar hasta tres lugares.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La número 5) es para reemplazar, en el inciso primero del artículo 66, la expresión final "ese porcentaje" por la siguiente frase: "un número equivalente de Senadores". Y la norma quedaría: "Las sesiones extraordinarias deberán celebrarse cuando lo pida por escrito un tercio, a lo menos, de los Senadores en ejercicio, o Comités que representen un número equivalente de Senadores.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La número 6) consiste en sustituir el número 3o del inciso primero del artículo 67 por el siguiente: "3o Cuando lo pida por escrito un tercio, a lo menos, de los Senadores en ejercicio, o Comités que representen un número equivalente de Senadores, y". La disposición establece quiénes podrán solicitar que se efectúen sesiones especiales, entre ellos, el Presidente de la República y el Presidente del Senado, aparte el tercio de los señores Senadores.

El señor OTERO.- Señor Presidente, esto es consecuencia de lo que se aprobó anteriormente. Así que debería darse por aprobado.

El señor VALDES (Presidente).- Efectivamente, Su Señoría.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La número 7 es para sustituir, en el inciso tercero del artículo 80, las palabras "cuenta de tal resolución" por lo siguiente: "a conocer tal resolución durante la Cuenta".
Sólo se trata de un cambio de redacción.

Dice el artículo: "Artículo 80.- No se admitirán a tramitación, en ningún caso, mensajes o mociones que inicien proyectos de ley que se refieran a materias que deban tener origen en la Cámara de Diputados ni mociones que recaigan en materias que sean de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
"Tampoco se admitirá a tramitación proyecto alguno que proponga conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional o que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.".
La modificación se introduciría en el inciso siguiente, que quedaría así: "La correspondiente declaración de inadmisibílidad será efectuada por el Presidente, debiendo darse a conocer tal resolución durante la Cuenta. La Sala podrá reconsiderar dicha declaración.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La enmienda número 8) tiene por objeto intercalar en el artículo 82, la palabra "informe,", a continuación de la frase "de la misma sesión de un".
Por lo tanto, la norma quedaría: "En cualquier parte de la sesión podrá acordarse, por la unanimidad de los Senadores presentes, la inclusión en la Cuenta de la misma sesión de un informe, proyecto o moción.".
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la número 9) es para reemplazar el artículo 83 por el siguiente: "Artículo 83.- Terminada la Cuenta, y previo acuerdo de Comités, el Presidente podrá rendir homenaje, en nombré del Senado, a personas o instituciones de relevancia nacional o internacional.".

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se daría por aprobada.

El señor ALESSANDRI.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de pasar a otro artículo?

El señor VALDES (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor ALESSANDRI.- El artículo 83 del primer informe contenía, también, normas relativas a la realización de homenajes en forma individual.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Esa norma decía:
"Terminada la Cuenta, se podrá rendir homenaje a personas fallecidas de relevancia nacional o internacional, circunstancia que calificará el Presidente.
"La solicitud correspondiente deberá presentarse al Presidente a lo menos dos días antes de la sesión en que desee efectuarse.
"El Senador que solicite el homenaje tendrá derecho a usar de la palabra hasta por diez minutos, y los Comités que deseen adherir a él dispondrán de hasta cinco minutos cada uno.".
Esta disposición se reemplaza íntegramente por el texto que señalé, que es del siguiente tenor:
"Terminada la Cuenta, y previo acuerdo de Comités, el Presidente podrá rendir homenaje, en nombre del Senado, a personas o instituciones de relevancia nacional o internacional.".

El señor ALESSANDRI.- ¿Se elimina lo demás?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Queda comprendido en el inciso segundo del artículo 101, que pasa a ser 102, el cual expresa:
"Durante esta parte de la sesión, los Senadores podrán, también, rendir homenaje a personas fallecidas y a instituciones, en el tiempo que les corresponda según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 104.".

El señor OTERO.- Porque existe acuerdo de rendir los homenajes en la hora de Incidentes.

El señor VALDES (Presidente).- Así es.
Y el artículo 83 faculta en la materia al Presidente, lo que hasta ahora no estaba consagrado.

El señor OTERO.- En forma excepcional, después de la Cuenta.

El señor VALDES (Presidente).- Exacto. Pero queda abierta la posibilidad para que cada uno de los señores Senadores rinda homenajes en la hora de Incidentes.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En ese caso, podrán anunciarlos.
El señor ALESSANDRI.- Con la nueva disposición, entonces, el homenaje que hoy rendimos no se podría haber efectuado, reglamentariamente: o debía haber hablado el señor Presidente, en nombre del Senado, o el Senador que lo deseara, pero en la hora de Incidentes.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDIVAR.- Señor Presidente, si bien la norma general podría ser la de que el Presidente rinda los homenajes en esas condiciones, creo que también podría hacerlo un Senador, previo acuerdo de los Comités y del mismo señor Presidente, cuando se tratara de una persona de relevancia nacional o internacional. Porque, para ser franco, aquellos que se rinden en Incidentes no tienen igual realce, al materializarse a una hora que no es la más conveniente.
Por eso, estimo apropiado hacer referencia, además, al Senador que se designe para ese efecto. El señor VALDES (Presidente).- Parece razonable, pero eso tendría que permitirlo un acuerdo de Comités. El homenaje de hoy, por ejemplo, se justificaba plenamente al inicio de la sesión, parte de ésta en la que no podría incluirse, sin embargo, cualquier homenaje. Porque a veces hemos sido forzados por razones públicas...

El señor PAPI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.- Señor Presidente, si no entiendo mal, el precepto se refiere a circunstancias especiales, en que la Corporación, como tal, toma el acuerdo que ellas ameritan. Y, en ese sentido, parece lógico que intervenga el Presidente, quien es la autoridad por intermedio de la cual se expresa el Senado. Pero, repito, considero que la norma apunta a situaciones muy excepcionales. Creo que ése es el sentido de hacer la diferencia.

El señor VALDES (Presidente).- En todo caso, siempre queda abierta la posibilidad de un acuerdo de los Comités al respecto.

El señor FERNANDEZ.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, pienso que la experiencia de los acuerdos de Comités en la materia no ha sido adecuada ni conveniente. Precisamente, la disposición en debate es muy excepcional, para el efecto de que rinda homenajes al inicio de la sesión sólo el Presidente del nado, en casos muy especiales. Si no es í, ellos tendrán que realizarse en la hora de Incidentes.
No debemos olvidar que durante mucho tiempo la norma que otorga sobre el particular una facultad a los Comités ha significado que la Corporación destine, a veces, una parte importante de sus sesiones a rendir homenajes, por cuanto para eso basta con que un Senador, cinco minutos antes de la hora de citación, les haga ver, como ocurre normalmente, que sus invitados ya se encuentran en tribunas. De ese modo, la situación de los Comités es virtualmente insostenible: no pueden negarse, porque ello significaría una falta de deferencia, tanto para el Senador que lo solicita como para el público presente.
Entonces, esa experiencia, que no ha sido adecuada ni conveniente -repito-, es la que se trata de evitar con el artículo que traslada esos homenajes a la hora de Incidentes. Siempre habrá circunstancias que justifiquen el rendirlos, pero, ante la difícil situación que han enfrentado los Comités, la norma persigue evitar que éstos deban resolver sobre la base de hechos virtualmente consumados, ya sea por mala interpretación o porque, simplemente, no hay otro procedimiento.
Por eso, señor Presidente, me parece que la norma, no obstante ser muy rígida permite que, cuando realmente se trate de personas relevantes, el Presidente del Senado les rinda homenaje en la oportunidad que se determina.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, considero que va a haber acuerdo en esta materia.
Cuando habla el Presidente del Senado, en nombre de la Corporación, no tiene sentido que cada Comité empiece a apoyar lo mismo que aquél expresa. La sobriedad y la jerarquía indican que en ese caso se rinde el máximo homenaje que esta rama del Parlamento puede efectuar.
El señor VALDES (Presidente).- Habría acuerdo, entonces, en acoger el precepto propuesto por la Comisión.
Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.- Señor Presidente, sugiero agregar la frase: "o a aniversarios importantes", de modo que la norma diga: "a personas, a instituciones o a aniversarios importantes".

El señor MC-INTYRE.- Estoy de acuerdo, señor Presidente.


El señor VALDES (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se aprobaría el N° 9) de la letra n), el cual reemplaza el artículo 83 del primer informe, con el agregado que se acaba de mencionar.
-Se aprueba.


El señor VALDES (Presidente).- Queda pendiente la discusión del proyecto de acuerdo, por haberse cumplido la hora de término del Orden del Día.

VI. TIEMPO DE VOTACIONES


CONTROVERSIA SOBRE CONSTRUCCION DE CENTRAL HIDROELECTRICA PANGUE EN EL ALTO BIOBIO

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Indicación del Honorable señor Ruiz-Esquide, formulada en Incidentes de la sesión ordinaria del martes 5 del actual, para que se adopten los siguientes acuerdos:

1.- Encargar a las Comisiones de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales -o a una subcomisión designada por ellas- el estudio del tema relacionado con la construcción de la represa Pangue en el Alto Biobío, para lo cual podrán contratarse las asesorías externas que fueren necesarias, independientes de las partes en disputa. Tales asesorías deberán efectuar un análisis crítico de los antecedentes conocidos y escuchar distintos planteamientos sobre los puntos en controversia.

2.- Recabar el acuerdo de los Comités para solicitar al Ejecutivo que se otorgue urgencia al proyecto sobre el medio ambiente y al que modifica el Código de Aguas, y pedir a la Comisión técnica la mayor rapidez en su tramitación, a fin de despacharlos antes del receso.

3.- Solicitar al Gobierno que, a través de la Comisión Nacional de Energía, busque un mecanismo que permita al Estado contar con un estudio de alternativas hidroeléctricas para el futuro, del cual hoy se carece.

El señor VALDES (Presidente).- Hago presente que esta indicación, formulada en Incidentes de la última sesión ordinaria, debe ser resuelta en el Tiempo de Votaciones de esta sesión, conforme al Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, tal como Su Señoría lo acaba de expresar, el día martes recién pasado intervine en la hora de Incidentes para señalar algunos puntos de vista sobre un tema que me parece extremadamente relevante y que ha motivado controversia en el país, como es el desarrollo energético en el Alto Biobío, que de alguna manera incidirá en futuros proyectos en Chile y, eventualmente, colisiona con visiones ecologistas o que pretenden evitar daños en el medio ambiente.
En consecuencia, solicité lo que se ha indicado. Sin embargo, con mucha franqueza debo hacer presente que he recibido la opinión contraria de algunos señores Senadores y Comités, los que me han manifestado que no están en condiciones de respaldar mis peticiones en la forma como se han planteado.
Respecto del punto 1, se me dijo que la contratación de asesoría independiente por parte del Senado contraviene las normas de la Corporación y que no sería bueno que repitiera lo que ya ocurrió en una ocasión anterior.
Al mismo tiempo, se me hizo ver que no parece procedente que los Comités pidan al Ejecutivo acelerar el tratamiento del proyecto relativo al medio ambiente, porque ello importaría un cierto agravio a la Comisión que lo debe estudiar, lo cual no ha estado en mi ánimo, desde luego.
Y, finalmente, existirían algunas reservas sobre el contenido del punto 3, relativo a estudiar más claramente las posibilidades de desarrollar en Chile alternativas hidroeléctricas que no dañen el medio ambiente y que no generen una controversia tan abrupta como la que se ha suscitado. En efecto, esto último significaría que cada proyecto en la materia terminará en un conflicto, en circunstancias de que hay antecedentes internacionales que demuestran que es posible llegar a ciertas formas técnicamente aceptables.
Se trata, señor Presidente, de que el Senado se pronuncie sobre un tema relevante, pero, atendidas las circunstancias mencionadas, me permito sugerir a la Sala que apruebe las ideas expuestas, de acuerdo a las bases siguientes: primero, pedir a las Comisiones de Economía y de Medio Ambiente que estudien el tema y emitan un pronunciamiento que nos señale algún camino para las controversias que se han planteado, ya que los puntos claves no son más de 6 ó 7, suprimiéndose lo relacionado con la asesoría externa; segundo, eliminar en el punto 2 la solicitud de que el Ejecutivo asigne urgencia a los proyectos que se mencionan, pues el mismo Presidente de la República señaló que ello no era conveniente, precisamente para no atochar de trabajo al Senado, y destacar la necesidad, en cambio, de que el trabajo de Comisión avance con la máxima rapidez, a fin de que la Sala pueda dar su opinión a la brevedad en esto hay que ser muy claros: la iniciativa sobre medio ambiente debe ser tratada cuanto antes, no sólo por lo relativo al asunto energético, sino también por otras materias), y, finalmente, insistir en el punto 3, porque creo que el Estado chileno no cuenta hoy con proyectos alternativos, como consecuencia de las carencias técnicas con que quedó el sector público a raíz de las modificaciones legales que se introdujeron en el área que nos ocupa.
En consecuencia, señor Presidente, reformulo mi indicación, en los términos que he dado a conocer, como una manera de lograr siquiera alguna participación del Senado en esta materia.
Nada más, señor Presidente.
El señor JARPA,- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor JARPA.- Señor Presidente, entiendo que la indicación se va a redactar de nuevo, en la forma planteada, luego de lo cual la votaremos. Deseo observar, entonces, que no hay ningún inconveniente en solicitar al Gobierno que realice estudios, pero que la frase relativa a buscar "un mecanismo que permita al Estado tener un estudio" resulta un poco indirecta. ¿Por qué no le pedimos derechamente que lo efectúe y que nos informe cuando sea pertinente?
He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Puede usar de la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, la indicación, de alguna manera, ha quedado definida: el punto 1 llega hasta la expresión "Alto Biobío", suprimiéndose el resto; en el punto 2, luego de eliminarse la parte inicial, hasta las palabras "Código de Aguas y", se sustituye la frase final por la siguiente: "Pedir a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales la mayor rapidez en la tramitación del proyecto sobre el medio ambiente, a fin de despacharlo lo más pronto posible.", y en el punto 3 se incorpora la enmienda formulada por el Honorable señor Jarpa.

El señor SIEBERT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor OTERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Se nos está terminando el Tiempo de Votaciones, que sólo dura 10 minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, para ilustrar al Honorable señor Ruiz-Esquide, cabe señalar que el proyecto sobre modificación del Código de Aguas ingresó a trámite legislativo en la Cámara de Diputados, donde aún se halla en estudio.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Por eso es que omití mencionarlo, señor Senador.

El señor OTERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, la Sala de Senadores de Renovación Nacional en pleno examinó esta materia. Obviamente, felicitamos al Senador señor Ruiz-Esquide por su preocupación por la ecología, la Central Pangue y el problema hidroeléctrico. Consideramos que es muy bueno que haya estudiado el tema y lo haya planteado en la Corporación. Sin embargo, se ha estimado que no podría aprobarse la indicación en la forma solicitada. Y algunas de las razones para no hacerlo ya fueron dadas por Su Señoría.
No tenemos inconvenientes respecto del punto 1, tal como lo propone ahora el Senador señor Ruiz-Esquide, como tampoco los tenemos para que se solicite a una Comisión del Senado acelerar su estudio del proyecto que se menciona. Tocante al punto 3, la opinión mayoritaria de esta bancada es la de que no parece conveniente que el Senado señale al Presidente de la República cómo ejercer sus funciones ejecutivas, porque, en el fondo, significaría representarle la necesidad de hacer algo que el Gobierno debe realizar motu proprio.
Ahora, quiero informar a la Sala que hace más de siete meses, y a pesar de las urgencias, la Cámara de Diputados no resuelve en cuanto a un proyecto sobre energía geotérmica. En Chile existe la posibilidad de utilizar ese tipo de energía, pero, aunque ha habido empresas extranjeras interesadas, ello no ha podido concretarse por no haberse dictado la legislación adecuada. De manera que no hay que considerar sólo los recursos hidroeléctricos, pues el país también dispone de otros que hoy día son importantísimos para la producción de energía eléctrica -como es el caso, precisamente, del que he señalado- y que no se han desarrollado, no por falta de capitales o de empresas interesadas, repito, sino porque no se cuenta con las normas legales que se requieren. Sin embargo, la iniciativa a que me refiero aún no ha sido despachada por la otra rama del Congreso.
Los Senadores de Renovación Nacional concurrimos con nuestra aprobación a los puntos 1 y 2, en la forma como los propone el Honorable señor Ruiz-Esquide, mas no en lo relacionado con el punto 3, por una razón de principio. Estamos conscientes de que se pueden enviar oficios a título personal, pero no creemos conveniente que el Senado, como institución, señale al Presidente de la República la forma de ejercer sus atribuciones de Jefe del Estado.
He dicho.

El señor FERNANDEZ.- ¿Me permite, Señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Puede usar de la palabra, Su Señoría, pero sólo un minuto, porque el tiempo está por terminar.

El señor FERNANDEZ.- Deseo hacer presente que no procede, a mi juicio, encargar esta clase de estudios a una Comisión del Senado. Las Comisiones tienen otro sentido: conocer de materias propias de la Corporación. ¿Para qué efectos? Para el análisis de un proyecto de ley y de evacuar el informe respectivo. Sin embargo, si entramos a pedirles estudios sobre cualquier asunto y con cualquier objetivo, creo que no existirá la capacidad suficiente para hacerlo, ni los Senadores dispondrán de tiempo para cumplir con las funciones que les competen.
Repito: estimo que no corresponde a la Cámara Alta realizar un estudio como el que se ha planteado, salvo cuando se trate de materias inherentes a sus facultades o inherentes a sus facultades o de informar proyectos de ley.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Al terminar el debate, deseo señalar que este aspecto, que es muy interesante, debería ser discutido en otra oportunidad.
Personalmente, mantengo un criterio distinto. Creo que el Senado debería tener la posibilidad de realizar estudios sobre cualquier tema de interés nacional, aunque no sea en función de un proyecto de ley. Ahora bien, una cuestión diferente es la capacidad de que se dispone y el número de Senadores, que no siempre lo permitiría. Sin embargo, así como tratamos problemas del mar, de la ciencia o de la energía, ¿por qué esta Alta Corporación no puede tener, como en muchas partes del mundo ocurre, la facultad de investigar, para formar su propia opinión? La guarda...

El señor FERNANDEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, participo de la idea de que en el Senado se puede tratar todo tipo de materias, si se solicita una sesión especial, a la que cada Senador llega con sus propios antecedentes, pero sin encargar a una Comisión el estudio que lo anterior demande. De modo que concuerdo en que la Corporación es el sitio apropiado para ello, en la medida en que se realice un debate de Sala especialmente citado para tal efecto y en las condiciones que señalo. Creo que de esa manera se puede contribuir a enriquecer nuestro conocimiento y al sentido de ser ésta la más Alta Tribuna del país.

El señor VALDES (Presidente).- Salvo que se forme una Comisión especial, la que permitiría al Senado contar con una fuente interna de información.
Existiría acuerdo, entonces, respecto del punto 1, para suprimir lo relacionado con las asesorías externas y para encargar a las Comisiones de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el estudio de esta materia, y, en cuanto al punto 2, para no solicitar al Ejecutivo el otorgamiento de urgencia a los proyectos mencionados, así como para eliminar el punto 3.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, acerca de este último, solicito que el oficio respectivo sea enviado en mi nombre.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, deseo hacer un breve alcance, ya que no hay tiempo para su discusión, respecto del tema de las asesorías externas, que han sido consideradas inconvenientes por experiencias anteriores. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado sobre el particular, porque, como se sabe, en la Comisión de Pesca y Acuicultura contamos con la excelente colaboración de una universidad, con todo su estamento, profesores y personal, obteniéndose buenos resultados.
Así es que no podemos ser tan tajantes en el sentido de que las asesorías externas no son beneficiosas.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, pido que el oficio atinente al punto 3 sea enviado, también, en nombre del Comité Demócrata Cristiano.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, los puntos 1 y 2 quedarían determinados en los términos expuestos por la Mesa, en tanto que con relación al punto 3 se oficiará en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide y del Comité Demócrata Cristiano.
Acordado.
Terminado el Tiempo de Votaciones.

VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor VALDES (Presidente).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios, a las que se dará curso en la forma reglamentaria.
)----------(
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Frei (don Arturo):
REITERACION DE SOLICITUD RESPECTO DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE OCTAVA REGION
"A Su Excelencia el Presidente de la República, reiterándole mi solicitud de 28 de abril próximo pasado, con relación a instrucciones sobre los planteamientos de la Comisión Regional Marítima de Estibadores de los puertos de Talcahuano, San Vicente y Penco Lirquén, referentes a las diferencias de la compensación por canje de la matrícula en la dictación de la ley N° 18.032, de 25 de septiembre de 1981, artículo 2o transitorio.".
REPOSICION DE SIFON DE AGUAS DE RIEGO PARA LA AGUADA
Y MISQUE (OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole acoger los requerimientos del Comité de Defensa de La Aguada y Misque en cuanto a la reposición del sifón distribuidor de aguas de riego destruido por un temporal en junio de 1991.
SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO PARA AGUA POTABLE EN SAN JORGE (OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro Vicepresidente de CORFO, pidiéndole asignar recursos a ESS-BIO para la ejecución de la segunda etapa del proyecto para agua potable en San Jorge, Comuna de Ñiquén, Octava Región, que en la actualidad se encuentra en su primera fase, lo que significa sólo el estudio y construcción del pozo.".
EXCLUSION DE PLANTAS DE REVISION TECNICA EN COMUNA
DE YUMBEL (OCTAVA REGION)
"Al señor Subsecretario de Transportes, a fin de que se sirva revisar lo dispuesto por resolución N° 68, de 24 de septiembre de 1991, acerca de la adjudicación de nuevas plantas de revisión técnica, lo que excluiría de este servicio a la comuna de Yumbel, Octava Región, y significaría un gran perjuicio para los vecinos.".
De los señores Frei (don Arturo), Valdés y Zaldívar:
CALLE CON NOMBRE DE RAUL SAEZ SAEZ (REGION METROPOLITANA)
"Al señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, solicitándole que esa Corporación considere la posibilidad de cambiar la denominación de la calle "El Retiro" por la de "Raúl Sáez Sáez", en homenaje a este ciudadano, de trayectoria relevante, que fue vecino residente de esa comuna.", i
Del señor Romero:
PLAN DE VIVIENDA PARA COMUNA DE PANQUEHUE (QUINTA REGION)
"Al señor Director Regional de SERVIU, Quinta Región, a fin de que informe sobre el plan de viviendas para la comuna de Panquehue en 1993 y sobre los fundamentos técnicos y la ubicación de éstas.".

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dejará sin efecto la hora de Incidentes.
Acordado.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 14:13.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción