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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 28ª, en jueves 21 de enero de 1993
Especial
(De 11:15 a 14:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, PROSECRETARIO
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Palza Corvacho, Humberto
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11:15, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 19a y 20a, ordinarias, en 22 de diciembre de 1992 y 5 del actual, respectivamente, que no han sido observadas.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que concede un nuevo plazo para poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación los casos a que se refiere el N° 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123. (Calificado de "simple urgencia").
-Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Con el segundo comunica que ha rechazado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea una Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, de modo que corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los cinco señores Diputados que señala. (Calificado de "simple urgencia").
-Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, sobre aprobación del Tratado Constitutivo de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural. Cuatro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Miguel Segundo Ávila Ponce, Juan Gustavo Díaz Órdenes, Raúl Jesús Campusano Silva y Alex Taro Schramm Solari, respectivamente.
-Quedan para tabla.
Comunicación
Del Honorable señor Palza, en la que hace presente que los artículos 104, inciso final, y 106, inciso primero, del Reglamento del Senado no han sido interpretados de manera uniforme y que ello ha motivado decisiones disímiles en algunas Comisiones, de modo que, por estimar oportuno que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Corporación se pronuncie sobre el sentido y alcance de las referidas normas, solicita el acuerdo del Senado para que así lo disponga.

El señor SIEBERT.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, ya que en esta sesión proseguiremos el estudio de las modificaciones al Reglamento del Senado, tal vez sería pertinente ocuparnos en esa parte de la materia a que se hace referencia, en lugar de enviarla a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así me parece. Porque esto último significaría suspender el tratamiento de esas enmiendas.
Si no hubiere objeciones, el punto planteado por el Senador señor Palza se analizará durante la discusión en la Sala del proyecto de acuerdo relativo al Reglamento, que se desea despachar hoy.
Acordado.
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS INDUSTRIALES PARA
RECURSO JUREL EN OCTAVA REGIÓN


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, relativo al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Región. La iniciativa, que cuenta con nuevo informe de la Comisión de Pesca y Acuicultura, ha sido calificada de "simple urgencia".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Cantuarias, Frei (don Arturo), Ríos y Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 5a, en 20 de octubre de 1992.
Informe de Comisión:
Pesca y Acuicultura (nuevo), sesión 27a, en 20 de enero de 1993.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La Comisión, junto con someter a la consideración de la Sala el texto que propone acoger, le solicita determinar si la aprobación requiere quórum calificado, al tenor del N° 23° del artículo 19 de la Carta.
Esta disposición asegura "La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución.
"Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;".

El señor DÍEZ.- ¿Qué dice la Comisión al respecto?

El señor LAGOS (Prosecretario).- Ella no opina, sino que solicita un pronunciamiento, Su Señoría.
______________

El señor VALDÉS (Presidente).- Se encuentra en el Hemiciclo el señor Ministro de Economía, quien ha pedido que se autorice la presencia del Subsecretario de Pesca, señor Andrés Couve Rioseco.
Si no hubiere objeciones, así se acordará.
Acordado.
______________
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.

Ofrezco la palabra.

El señor MC-INTYRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, dada la experiencia que tuvimos con la Ley de Pesca, que debió ir al Tribunal Constitucional, cabe concluir que este proyecto es, sin duda, de quórum calificado. No vale la pena debatir el punto, a mi juicio.
El señor DÍEZ.- Es de quórum calificado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, al margen de que no sé si en este momento tenemos el quórum suficiente,...

El señor VALDÉS (Presidente).- Lo tenemos, Su Señoría.

El señor URENDA.- ...pienso que la iniciativa reviste gran importancia, no sólo por lo que representa, sino por la gravedad, como precedente, de que la presentación de un recurso de protección induzca a cambiar las leyes y a adoptar determinadas medidas. En consecuencia, el ánimo de los Senadores de estas bancas es pedir segunda discusión.
Si bien en este caso siempre se ha interpretado que no se efectúa debate, no tengo inconveniente en que el señor Ministro exponga sus razones, si así lo desea, en el entendido de que nuestro propósito es el que señalé.

El señor VALDÉS (Presidente).- En primer lugar, habría acuerdo para estimar que el proyecto requiere quórum calificado.
Si le parece a la Sala, así se declarará.
Acordado.
En segundo término, el Honorable señor Urenda ha solicitado segunda discusión; sin embargo, ésta no procede, porque el proyecto tiene urgencia.

El señor CANTUARIAS.- ¿Y cuándo vence, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- El artículo 137 del Reglamento del Senado dice que "No procederá la segunda discusión respecto de los asuntos acerca de los cuales se haya acordado la urgencia."; o sea, cualquiera que sea el término de esta última.
Este caso ya se discutió una vez en la Sala.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, entiendo la petición formulada por el Senador señor Urenda en el sentido de que la discusión de un proyecto de esta naturaleza requiere, por supuesto, mucho estudio e información.
Desde ya, se han emitido dos informes para el efecto de la discusión general. El primero la Sala lo estimó insuficiente, solicitando un nuevo pronunciamiento a la Comisión, en donde ha habido debate, preguntas e inquietudes, acerca de las cuales sé -por la información que tenemos- que el Ministro trae respuestas.
Comprendo lo que el Honorable señor Urenda desea por la vía de la segunda discusión. Sin embargo, nada impide que las interrogantes y problemas planteados se resuelvan precisamente con motivo del segundo informe que deberá evacuar la Comisión. Y podemos fijar un plazo para la presentación de indicaciones, o requerir del Ejecutivo las que sean necesarias, a fin de aclarar las dudas que puedan tener los señores Senadores.
Por eso, si bien la segunda discusión no procede, no se perderá el objetivo que se tuvo en cuenta al pedirla.

El señor URENDA.- Señor Presidente, la solución sería que el Gobierno retirara la urgencia.
Ahora, insisto en que no tengo inconveniente, dentro del sentido que tendría en el Reglamento la segunda discusión, en que se dé la oportunidad para que el Ministro explique las razones del proyecto.
Por mi parte, me opongo a la iniciativa y a la idea de legislar, por lo que, obviamente, una sesión con poca asistencia favorece mi posición. Pero no es éste mi ánimo, sino el hacer un análisis serio de un texto que, a mi juicio, tiene mucha importancia y que puede sentar graves precedentes por la forma en que se ha generado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, adhiero a lo manifestado por el Honorable señor Urenda.
La Ley de Pesca, cuyo estudio nos tomó bastante tiempo y que fue discutida con mucha latitud, pretende resguardar la riqueza marítima para todos los chilenos. Si sistemáticamente se va a ir haciendo excepciones -como se ha señalado acá- que den lugar a la instalación de nuevos industriales, terminará por anularse un cuerpo legal que demandó un gran esfuerzo. Yo también pido, entonces, que el Gobierno retire la urgencia.
Para la Quinta Región, ésta es una situación muy importante, por cuanto se le ha estado quitando absolutamente todo. De llegar a aprobarse esta iniciativa, significaría para ella un nuevo zarpazo.

El señor FREI (don Arturo).- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FREI (don Arturo).- Entiendo que los Senadores de la Quinta Región defiendan los intereses de su zona. Pero el proyecto que presentamos los Senadores de la Octava Región protege los legítimos intereses de la nuestra.
Como el Honorable señor Urenda, en uso de un derecho reglamentario, ha solicitado segunda discusión, ello obligará a debatir esta iniciativa en la sesión del próximo martes.

El señor DÍEZ.- El proyecto tiene urgencia, señor Senador.
El señor FREI (don Arturo).- Entonces, empezaríamos a tratarlo de inmediato.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Por representar a la Región Metropolitana, no tengo intereses comprometidos...

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.- Me parece que, estando en la Sala el señor Ministro y el señor Subsecretario, debiéramos escucharlos. El hecho de que medie una urgencia no significa que no se puedan debatir todas las posturas y formarse una impresión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Considero razonable la proposición del Honorable señor Otero.
Si la intervención del señor Ministro no fuera suficiente y se requiriese más estudio, resolveremos lo que proceda.
Ofrezco la palabra al señor Ministro.

El señor MARSHALL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Gracias, señor Presidente.
Los informes de que disponen los señores Senadores contienen todos los antecedentes necesarios, a mi juicio.
Para conocimiento de la Sala, quiero señalar tres elementos. El primero dice relación con el origen de la iniciativa, porque creo que, desde el punto de vista del fundamento jurídico de ésta, es muy importante precisarlo. El segundo se refiere a cuáles son los riesgos que podrían plantearse -elementos que también están contenidos en el informe- y cómo los visualiza el Gobierno. Y el tercero concierne a cómo podrían resolverse esos riesgos, sobre la base de la discusión de algunos aspectos específicos.
En cuanto al origen del proyecto, es muy relevante señalar que la Ley de Pesca sentó un marco adecuado y eficiente para la administración de nuestros recursos pesqueros, pero, al mismo tiempo, estableció ciertas excepciones que han sido extraordinariamente exitosas. Por lo tanto, no se trata de juzgar esas excepciones, sino simplemente de reconocer el hecho de que en particular el artículo 3° transitorio, entre otros, de ese cuerpo legal ha sido muy efectivo, desde el punto de vista de sus resultados.
¿Qué planteaba el artículo 3° transitorio, a mi juicio de manera muy acertada? Consideraba un análisis de lo que son las pesquerías en las Regiones en donde no se había cerrado la inscripción: la Quinta, la Sexta, la Séptima y la Novena.
En esas Regiones, al entrar en vigencia la Ley de Pesca, no estaba declarada la categoría de plena explotación, que posteriormente se extendió a todas ellas con dicha normativa. De este modo, en caso de hallarse en construcción naves o plantas, se consagró el derecho, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° transitorio, a incorporar esos barcos a la actividad, o bien, la flota necesaria para la operación de esas instalaciones. Este sistema se ha aplicado exitosamente, como lo demuestra la experiencia del puerto de San Antonio.
En la disposición citada -que aprobó el Congreso- se tuvo en cuenta, entonces, que existían Regiones con las inscripciones todavía abiertas, lo que había sido ponderado por los inversionistas para tomar sus decisiones. Por lo tanto, si se cerraban las inscripciones sin un plazo transitorio para poner en vigencia las decisiones aludidas, se generaba una discriminación, al modificarse las reglas del juego en que esos inversionistas se habían basado. La Ley de Pesca estableció, en consecuencia, que para ese caso particular, para esa excepción, se admitirían las solicitudes presentadas por inversionistas que tuvieran plantas en construcción, respecto de esas zonas de pesca.
Sobre el particular, hago presente que el artículo 3° transitorio no separó la zona de pesca de la localización de la planta, en circunstancias de que, desde el punto de vista de la inversión, la decisión es equivalente. Por ejemplo, yo podría haber instalado una planta en la Octava Región -por tener ya una en esa zona y poseer el equipo básico para ampliarme- con miras a una pesquería en la Sexta, en la Séptima o en la Novena Región, por tratarse de áreas de pesca que estaban abiertas. Esta situación es análoga a la que justificó el criterio del artículo 3° transitorio, pues a su respecto concurre el mismo fundamento que se tuvo en cuenta para considerar que existían decisiones de inversión previas a la puesta en vigencia de la Ley de Pesca y acordes con las reglas del juego imperantes en el momento en que habían sido tomadas, lo que se tradujo en que ese cuerpo legal las validara.
Sin embargo, quedó al margen el caso descrito: el del inversionista que se localizaba en la Octava Región, pero cuya expectativa de pesquería no estaba en ella, por hallarse cerrada, tal como lo está en la actualidad. Esto hay que dejarlo muy en claro: la Octava Región estaba cerrada cuando se discutía la Ley de Pesca, lo que se hallaba en conocimiento del inversionista al tomar su decisión. Pero éste también sabía que la Séptima Región no estaba cerrada, y que tampoco lo estaba la Novena. Por lo tanto, respecto de esta iniciativa concurre el mismo fundamento por el cual la propia Ley de Pesca -y, en consecuencia, el Congreso- reconoció que se estaban modificando las reglas del juego con relación a determinados inversionistas. Son las mismas situaciones. Y la base de la que nos ocupa está en distinguir lo que es la Región de pesquería y lo que es la Región donde se localiza la inversión.
Quería puntualizar lo anterior, señor Presidente, porque estimo importante hacer constar que el origen de este proyecto es el propósito de precisar una excepción que estableció la propia ley citada. O sea, no constituye un agregado distinto, con un fundamento que no se haya discutido. Este fundamento ya se discutió y se aprobó para determinados casos, pero, en nuestra opinión, no se contempló el de una inversión localizada en una Región y con una expectativa de pesca en otra que estaba abierta.
Ahora, como segundo punto, me referiré al menos a algunos de los argumentos planteados en la Comisión y que contiene el informe.
En primer lugar, se afirma que este proyecto contraviene el espíritu de la ley. Desde el punto de vista del fundamento que señalé, cabe expresar que el espíritu de la ley debe entenderse en forma integral. Obviamente, ésta desea limitar la incorporación de nuevos esfuerzos pesqueros. Pero también contiene un artículo transitorio que determina, respecto de quienes ya han tomado sus decisiones de inversión, que no se van a alterar las reglas del juego. Y esto también es parte de la ley aprobada por el Congreso, a la que, por ende, no se opone el espíritu de esta iniciativa.
En segundo término, se ha señalado que se sentaría un precedente. En virtud de lo aprobado por el Congreso -vale decir, del artículo 3° transitorio-, se ha presentado una determinada cantidad de solicitudes, las que, a juicio de la autoridad administrativa del sector, no corresponden a la letra y al espíritu del texto despachado luego de la discusión parlamentaria pertinente. Por lo tanto, no procedía darles una solución administrativa, que es la que plantean los recursos de protección entablados.
Entonces, el precedente que estamos sentando es el de que en esas situaciones no es posible -lo hemos dejado muy en claro- buscar una solución administrativa contraria al espíritu y a la letra de la ley. Por eso, hemos sometido esta materia al nivel que debe conocer de ella; es decir, estimamos que la única instancia que puede entrar a debatirla es justamente el Congreso, que estableció las bases para determinar el alcance del artículo 3° transitorio.
En tercer lugar, respecto de la sobreexplotación, sólo quiero entregar un dato. El artículo recién mencionado se aprobó en términos de que generaba condiciones para ingresar 50 mil toneladas métricas adicionales. ¿Por qué? Por el argumento que ya di: los inversionistas ya habían tomado decisiones.
Ahora, este proyecto exhibe dos características: primero, el fundamento es el mismo, y segundo, no se altera la cifra aludida. Hoy -y ésta es una virtud del tiempo, no de la iniciativa- tenemos información de que al menos entre 10 mil y 12 mil toneladas métricas se restarán del total, porque existe un plazo. Es decir, de las 50 mil toneladas métricas potenciales que autorizó el artículo 3° transitorio, se materializarán solamente alrededor de 38 mil. Y eso lo sabemos porque la instalación de una planta toma de 14 a 18 meses, y estamos a sólo 6 meses de que venza el plazo para entrar en operación.
Cabe advertir que respecto de este proyecto se ha considerado un potencial de alrededor de 6 mil toneladas métricas, lo que está, en consecuencia, dentro del marco que el Congreso tuvo en cuenta con relación al artículo 3° transitorio, al fijar la cantidad de 50 mil toneladas sobre la base de las solicitudes respectivas y de las autorizaciones que se otorgaran. Lo anterior es lo que estimó razonable para la estabilidad de las reglas del juego, que era lo que constituía el fundamento.
Los argumentos que se opongan no pueden basarse, por lo tanto, en un aumento del esfuerzo que se desplegará, porque el resultado es inferior al que el Parlamento estimó originalmente.
Asimismo, 6 mil toneladas métricas adicionales no representan un cambio significativo, obviamente, en las condiciones que en ese aspecto se observan en el sector. Y este tema ha sido debatido. Y acepto que puedan existir opiniones encontradas en cuanto a si las 6 mil toneladas adicionales -constituyen 5 por ciento respecto de las 134 mil autorizadas a nivel nacional- son o no significativas. Y la mayoría de los técnicos -cuyas opiniones se hallan contenidas en el informe- consideran que se trata de un margen leve. Incluso, el informe de los técnicos que se oponen al proyecto lo estima así y habla de un nivel cercano al límite, y de que estas 6 mil toneladas métricas adicionales son inferiores al propio margen de error de las estimaciones. Empero, desde el punto de vista jurídico, el primer argumento, en el sentido de que estamos dentro de lo que el Congreso consideró razonable, me parece suficientemente válido.
Por último, se arguye también si este proyecto será capaz de precisar si vamos a llegar a 6 mil toneladas adicionales o las vamos a superar. Como lo hemos planteado a diversos señores Senadores, con los cuales hemos debatido el tema, el Gobierno ha estado estudiando algunas proposiciones, que haremos llegar a la Comisión correspondiente cuando estén más avanzadas, que permitirán delimitar el proyecto en lo atinente a que las definiciones y el establecimiento de mecanismos administrativos nos den garantía de que la iniciativa se ajusta al espíritu con que el artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca fue aprobado por el Congreso Nacional.
Señor Presidente, tales son los fundamentos y motivos por los cuales el Gobierno considera razonable corregir la situación producida respecto de esa disposición transitoria, en lo tocante a esta excepción, ya otorgada en la Ley de Pesca, y de precisarla y hacerla extensiva a los casos incluidos en este proyecto.

El señor URENDA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA.- Señor Presidente, tal como señalé al comienzo de la sesión, no había la intención de tratar hoy esta iniciativa, sino contar con la oportunidad de analizarla con más calma, porque su importancia excede del texto mismo. Y si bien las observaciones del señor Ministro podrían explicar algunos puntos, la verdad es que, en lo esencial, los inconvenientes subsisten.
En primer lugar, cabría recordar dos hechos fundamentales. La Ley de Pesca tuvo en el Parlamento un larguísimo proceso de discusión, que prácticamente comenzó el 11 de marzo de 1990 hasta culminar con la aprobación de su texto definitivo en septiembre de 1991. Es decir, abarcó 16 meses. Y durante la tramitación tuvimos oportunidad de escuchar a mucha gente -a demasiada, a mi juicio- y creo que no ha habido en la historia proyecto más debatido que éste.
En segundo lugar, es bueno que el Honorable Senado también sepa que todas las personas escuchadas por la Comisión, sin excepción alguna, se manifestaron contrarias al proyecto que nos ocupa. Y quiero señalar que entre ellas se encontraban representantes de los Consejos Regionales de la Quinta y Octava Regiones, de trabajadores y de empresarios. Es decir, quienes están preocupados del problema y los que se hallan directamente involucrados en él, tienen un concepto contrario al proyecto.
Sostuve que la forma en que fue presentada la iniciativa sienta un mal precedente. Porque, en definitiva -y así se expresó-, es consecuencia de la interposición de recursos de protección -uno de los cuales fue acogido en primera instancia-, los que, según el criterio mayoritario, el de quienes han estudiado la situación, y el de los que lo han informado jurídicamente a la Subsecretaría de Pesca, iban a ser rechazados. El señor Subsecretario de Pesca, desde su perspectiva, planteó que la existencia de muchos recursos de protección podía convertir a dicha Subsecretaría en un "estudio de abogados", o en una oficina destinada a problemas jurídicos. Por consiguiente, para el buen trabajo de esta entidad, era conveniente buscar una solución legal, en buenas cuentas, una reforma a la ley que satisficiera las pretensiones de quienes presentaban dichos recursos.
Pero vamos al origen, a la historia de ello.
¿Por qué se dictó el artículo 3° transitorio? Por una razón muy clara. En la Octava Región, desde 1985, en virtud del decreto 436, se había determinado el cierre de esta pesquería. Lamentablemente, no obstante la promulgación de tal decreto, tanto el nivel de pesca como el de las instalaciones aumentaron en forma desproporcionada en esa Región, porque es indudable que los empresarios privados son ingeniosos -y deben ser así- para obtener el máximo de sus posibilidades, aumentando las capacidades de sus flotas.
¿Por qué -repito- se dictó el referido artículo 3° transitorio? Porque la Subsecretaría de Pesca recomendó la instalación de empresas pesqueras en otras regiones del país, y muy especialmente en la Quinta, en San Antonio, puerto que, pese a sus enormes posibilidades pesqueras, se encontraba en situación económica muy deprimida y no contaba con el número de industrias y empresas pesqueras acorde con su capacidad. ¿Qué ocurrió? Cuando se amplió el cierre de las inscripciones de pesquería de la Quinta a la Novena Región, se consideró que si la Subsecretaría de Pesca, el Gobierno y las autoridades respectivas -tanto anteriores como actuales- recomendaban a los empresarios concentrarse en la Quinta Región (específicamente en San Antonio), no se podía, por razones de equidad, impedir a quienes planeaban trabajar en la Quinta Región -a los de la Octava les estaba impedido desde 1985, y, por lo demás, cuentan con una enorme capacidad pesquera- la terminación de sus proyectos. Si sus planes representaban 40, 50 ó 60 mil toneladas, es un hecho secundario, porque allí había involucrado un claro principio de equidad. Como dije, esta posibilidad no existía respecto de los de la Octava Región, quienes tenían desde hace muchos años cerrada tal posibilidad, por lo cual no se justificaba que tuvieran proyectos en este sentido, salvo que pudieran suponer que las reglas del juego iban a ser cambiadas.
Por ello, estimo que el espíritu y la letra de este artículo transitorio de la ley, originado en moción del recientemente fallecido Diputado socialista señor Akín Soto, que en esta materia, por lo demás, trabajó absolutamente de acuerdo con la Senadora señora Soto y el Senador que habla, fueron los de favorecer precisa y determinadamente a estos empresarios, que ya habían construido instalaciones y efectuado inversiones en San Antonio.
Ése fue el objetivo. Y la letra de la ley es bastante clara. Porque dice: "Asimismo, aquellos armadores autorizados para operar naves pesqueras en las regiones que en virtud de lo dispuesto en la letra d) del artículo 1° transitorio se incorporen al régimen de plena explotación"... Y, obviamente, la Región que se incorporaba no era la Octava, sino las Novena, Séptima, Sexta y Quinta. A ellas se les concedió. Y no cabe duda de que -reitero- ése es el espíritu y la letra de la ley. El espíritu ha quedado de manifiesto en innumerables sesiones de la Comisión, e, indudablemente, su Presidente, el Senador señor Mc-Intyre, podrá precisar mejor este aspecto. Pero ésa es la realidad.
Por lo tanto, como primer concepto, debo decir que, por la presión que implica la presentación de determinados recursos, estimo extraordinariamente peligrosa esta situación, y me parece curioso que, después de haber escuchado a tantos empresarios y de que ninguno haya mencionado en aquel entonces (cuando se trató la ley) los planes que tenía en la Octava Región, resulta que ahora, 18 meses después de dictada la ley, aparecen con que tenían inversiones, proyectos y una serie de cosas. Ello me hace pensar -y ésta es la razón que nos lleva al rechazo de la iniciativa- que si pasado tanto tiempo son capaces de sacar del sombrero algunos proyectos, aun cuando se limiten a 6 mil toneladas, nada nos asegura que no sean por 10, 15 ó 20 mil.
Paralelamente, todos los informes -y me atengo a las opiniones de los técnicos de Gobierno, a las de los trabajadores y de los empresarios, que en su mayor parte constan en el informe de la Comisión- sostienen que existe un grave peligro de sobreexplotación del recurso jurel, que la biomasa ha disminuido en los últimos años y que, por consiguiente, cualquier paso tendiente al aumento de la capacidad de pesca, de explotación del recurso, pone en riesgo el futuro de la actividad, contrariando el espíritu fundamental de la ley, que es el de preservar la especie para las generaciones venideras, a fin de evitar lo sucedido en tantas partes del mundo donde el recurso pesquero se ha extinguido.
Por ello, no se divisa razón para que el Parlamento rectifique la posición adoptada luego de acuciosos estudios, y, sobre todo, después de transcurrido tanto tiempo, para dar una salida específica a determinados empresarios de la Octava Región, los que -como dije-, pese a no contar con planes y proyectos durante la tramitación de la ley anterior, sin embargo, ahora aparecen con ellos. De ahí que existe, primero, una razón de principios, pues no parece conveniente que esto ocurra, no parece adecuado que el Gobierno llegue a acuerdos específicos con determinados empresarios a cambio de que éstos retiren sus recursos de protección. Creo que no es un camino correcto, y, en todo caso, el Parlamento no tiene por qué ceñirse a él, pues, de alguna manera, significa desmerecer el extraordinario esfuerzo realizado durante más de dos años para llegar a una ley de pesca razonablemente satisfactoria, puesto que en ésta, como en toda materia, no hay leyes perfectas.
Ahora, tenemos la posición adoptada unánimemente por todos los trabajadores, y mayoritariamente por los empresarios, salvo aquellos a los que se les abre una puerta para entrar a un mercado. La mera circunstancia -creo que esto tiene alguna trascendencia- de que no se cope la posibilidad de aumentar la capacidad en San Antonio, existente en virtud del artículo 3° transitorio, debiera ser una noticia satisfactoria para el Gobierno. Porque si en este momento hay riesgo de sobrecapacidad de carga y sobreexplotación, lo que se ha traducido, según opinión del mejor técnico pesquero de Chile, en disminución de la biomasa, para qué vamos a desaprovechar esta favorable situación de que la capacidad de bodega no sobrepase los 50 mil metros cúbicos, para coparla en otro lado o para satisfacer otros intereses.
Por ello, no veo justificación alguna a esta iniciativa de ley, y creo que sentaríamos un mal precedente.
Por otra parte, si nos hemos preocupado de crear organizaciones donde están representados todos los intereses vinculados a la actividad, si existen Consejos Regionales de Pesca, y todos ellos se pronunciaron en contrario, ¿para qué, entonces, los creamos, si no los tomamos en cuenta? ¿Qué razón hay para que, ya no la Subsecretaría de Pesca, sino el Parlamento de la República prescinda de esas opiniones y se destruya o altere lo que antes se hizo, afectando con ello la letra y, sobre todo, el espíritu de una indicación formulada por un Parlamentario lamentablemente fallecido?
Si se da la coyuntura de que este esfuerzo pesquero, aparentemente ya excesivo, pudiera ser levemente menor, ¿por qué el Congreso, deliberadamente, lo va a aumentar, elevando, consiguientemente, el riesgo de extinción del recurso o disminuyéndolo peligrosamente, como los señores Senadores pueden constatarlo de las opiniones unánimes expresadas en los informes técnicos?
A lo más que se llega es a decir que, a lo mejor no sería tan peligroso; que hay esta coyuntura, o que quedó un vacío. Pero si todos coinciden en que la pesca ha excedido los límites supuestos y que la masa pesquera ha disminuido, no hay razón para que mediante determinado tipo de presiones o intereses, por legítimos que ellos puedan parecer, se modifique la ley y se altere su claro espíritu, desperdiciando la oportunidad de evitar que la capacidad pesquera resulte excesiva.
De ahí, pues, que me oponga al proyecto. Pero, como no es mi ánimo aprovechar la circunstancia de que hay pocos Senadores presentes en la Sala y que, en consecuencia, sea difícil reunir el quórum exigido por la Constitución, concuerdo en aplazar temporalmente su consideración hasta tener a la vista las indicaciones que el Gobierno dice estar preparando para, al menos, minimizar los graves riesgos que presenta en la forma como viene recomendado por la Comisión.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, estamos ante una importante iniciativa, que es como la continuación de la Ley de Pesca, que tanto tiempo nos costó despachar.
En esta oportunidad, no estoy de acuerdo con la posición del Gobierno. Pero debo reconocer que la información veraz y adecuada que nos fue proporcionada en la Comisión, nos ha permitido, junto con los antecedentes técnicos de que disponemos, formarnos una clara idea al respecto. Debo decir que en su momento felicité por su participación al personal de la Subsecretaría de Pesca, tanto a nivel local como del Consejo Nacional de Pesca, por la forma como presentó los datos y antecedentes, en coordinación con las Regiones, y ello sin recibir instrucciones superiores, lo que es bastante difícil de encontrar en estos días. Esa gente actuó con gran dignidad y suma claridad. Me parece conveniente destacar también que muchas de esas personas cooperaron en la elaboración de la Ley de Pesca.
En este instante, si bien tengo una posición discrepante, creo que, en el fondo, estamos de acuerdo, ya que tanto el señor Ministro como el Subsecretario están preocupados, no de las industrias o de aumentar el esfuerzo pesquero, sino de defender la especie. Y ante los recursos de protección presentados en la Corte de Apelaciones y mencionados por el Senador señor Urenda, optaron por hacerlo por la vía legislativa y no por la judicial.
Reconocemos, naturalmente, el esfuerzo por delimitar el problema. Pero resulta que la dificultad mayor sigue siendo el recurso. Para defender los aproximadamente 6 mil metros cúbicos de incremento de capacidad de bodega, se aduce que éstos no influyen y que el problema no reviste tanta gravedad. En mi concepto, por los antecedentes reunidos, ello no es así, y la gran estrategia del Gobierno se pierde un poco por esa razón.
Más aún: la información disponible en la actualidad es mucho más completa que la que teníamos al inicio del estudio de la Ley de Pesca. Es así como se cuenta con los resultados de las investigaciones relacionadas con la biomasa llevadas a cabo por el IFOP y por científicos rusos, las que vale la pena mencionar por su seriedad.
A modo ilustrativo, podemos decir que, en 1978, hubo un total de 51 mil 706 toneladas de desembarque, las que aumentaron a 1 millón 121 mil 479 en 1989. El crecimiento de esta pesquería coincide con el incremento de la actividad de la flota de Talcahuano, que tras capturar 144 mil 539 toneladas en 1978, llegó a 2 millones 281 mil 945 toneladas en 1991.
Con respecto a la biomasa, había 22 millones de toneladas en 1985, y en 1991 se encontraba en niveles cercanos a los 13 millones de toneladas. El mayor volumen registrado en 1985 está asociado al gran reclutamiento observado entre 1984 y 1986, cuando la clase anual nacida en 1983 ingresó a la pesquería.
Pienso que no vale la pena que, por dar más antecedentes, dificulte la comprensión de lo que estamos tratando de explicar. Pero me parece importante insistir en que estamos ante un problema del recurso, que a la luz de estos nuevos datos que es necesario tener en cuenta, va más allá de la iniciativa en análisis.
Debo reconocer también que las industrias han progresado y que lo han hecho en muy buena forma, con eficiencia y solidaridad con los principios; que han mejorado las relaciones laborales, y que los barcos que hoy se construyen, valorados en millones de dólares, son técnicamente mejores, de mayor volumen y operados por personal más eficiente. Pero, por esa mayor capacidad de bodegaje, el esfuerzo de pesca de las nuevas naves es mucho más considerable.
¿Qué ocurre, entonces, con la apertura de las áreas de pesca autorizada en virtud del artículo 3° transitorio?
Cuando el ex Diputado señor Akín Soto -en cuya memoria rendí homenaje, porque fue un hombre muy serio, que se preocupó mucho de este asunto y fue notablemente honrado en sus posiciones- defendió la situación de San Antonio, al principio no le creí, y pensé que había exageración. Pero al visitar las instalaciones de ese puerto comprobé que había industriales preocupados de ellas. No acontecía lo mismo en la Octava Región, y en nuestro recorrido por Talcahuano y en las numerosas reuniones celebradas por la Comisión jamás alguien procedió como lo hizo don Akín Soto respecto de los empresarios de su Región.
De manera que el problema se presentó después y no antes. Y una cosa más: de muy buena fe aceptamos efectuar estas perforaciones a la ley, pensando que se trataba de 5 mil, 6 mil ó 10 mil metros cúbicos más. Pero en la práctica -no tengo todos los datos- el incremento es mucho mayor, pues, en virtud del inciso segundo del artículo 3° transitorio, la capacidad de bodega de las embarcaciones aumentó a unos 20 mil metros cúbicos. Y, tal como se indicó, esta cantidad podría llegar aproximadamente a 50 mil metros cúbicos, en circunstancias de que en la Comisión, por los antecedentes de que disponíamos, la estimábamos mucho menor.
También se afirma que de los proyectos autorizados no se concretarían alrededor de 10 mil metros cúbicos. Pero nótese algo sumamente importante: que entrarían a la pesca cerca de 40 mil metros cúbicos de capacidad de bodega, que se sumarían a los 134 mil del total permitido, lo que constituye un esfuerzo de pesca bastante considerable.
En la actualidad, se están extrayendo más de 3 millones de toneladas de jurel, sin que hayan empezado a operar aún esas naves, lo que quiere decir que el problema central va más lejos que el 5 por ciento de que se habla y de los volúmenes que estamos considerando.
En tales condiciones, como recordaba el Honorable señor Urenda, pedimos información a algunos Consejos Regionales de las Regiones Quinta y Octava y al Consejo Nacional de Pesca. Y unánimemente expresaron su desacuerdo con el proyecto, por las mismas razones que acabo de indicar.
En lo personal, si bien no comparto los términos de la iniciativa, no descarto la idea de seguir estudiando el tema con mayor profundidad, aun cuando estimo que, para los efectos de adoptar una decisión, los antecedentes de que disponemos son muy completos, con la única limitante de que el número de Senadores presentes en la Sala no es suficiente para reunir el quórum exigido, y que sería conveniente que participaran en un debate más completo.
En todo caso, soy contrario al proyecto en análisis.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, deseo formular un par de reflexiones, en el ánimo de que ellas puedan ser aclaradas en el curso de la discusión, pues no participo en el organismo técnico respectivo, ni soy especialista en la materia, y, a mis años, pretendo tener cierto conocimiento de lo que no sé.
Desconozco el tema, pero me preocupa lo siguiente. Advierto que asuntos que, por lo que recuerdo de la Ley de Pesca, debían ser tratados por organismos de participación (Consejos Regionales y Consejo Nacional de Pesca), empiezan a estudiarse a nivel legislativo. Comprendo que la Ley de Pesca, que significó un gran esfuerzo, debe adolecer todavía de imperfecciones y que requiere acomodos. A lo que me quiero referir y respecto de lo cual deseo llamar la atención, es a la función que nos corresponde como legisladores.
Actualmente, de acuerdo con la institucionalidad vigente -y ésta es una gran inquietud que tengo-, lo propio de ley es la excepción; no es como antes cuando todo podía serlo. Hoy día, sólo ciertas cosas son materia de ley, lo que estimula la democracia de participación. Ello fue así para que el Parlamento no se transformara en un organismo que legislara caso por caso, Región por Región, tonelada por tonelada.
Además, la posibilidad de determinar si, en un momento preciso, hay o no sobreabundancia de determinada especie, o de que una actividad pesquera, por ejemplo, está agotando o no una pesquería, es algo que normalmente no compete de suyo al Parlamento, sino que es una materia que, a mi juicio, debe ser resuelta por los Consejos Regionales o por el Consejo Nacional de Pesca establecidos en la ley. Pero estas iniciativas de quórum calificado son para situaciones muy generales, para fijar las grandes pautas.
Por consiguiente, mi observación sólo procura ese objeto: que, ojalá, en el curso del debate de hoy, o después, se tenga presente el punto de vista constitucional sobre la materia. No vayamos a caer en el vicio de ir resolviendo por ley, incluso de quórum calificado, asuntos propios de los niveles de ejecución o decisión y, en este caso concreto -imagino-, de organismos técnicos y en última instancia del Poder Ejecutivo.
Al Parlamento corresponde abocarse al estudio de los temas de gran envergadura, donde sea imprescindible resolver por ley, especialmente si es de quórum calificado.
He dicho.

El señor FREI (don Arturo).- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, esta iniciativa legal fue elaborada en la Subsecretaría de Pesca y sometida a conocimiento de los cuatro Senadores de la Octava Región -Honorables señores Ríos, Cantuarias, Ruiz-Esquide y el que habla-, quienes, después de examinarla, la hicimos nuestra y la presentamos en el Senado.
Lo hicimos, porque los argumentos entregados por la Subsecretaría -que tiene los antecedentes técnicos y el manejo de los recursos pesqueros del país- fueron inobjetables: el proyecto hace justicia, fundamentalmente, a un conjunto de industriales de la Octava Región a los que la Ley de Pesca cambió las reglas del juego cuando ya habían efectuado inversiones en la zona, como le consta a dicha Subsecretaría, puesto que presentaron las correspondientes solicitudes dentro de los 90 días siguientes a la dictación del nuevo cuerpo legal. O sea, esas inversiones están hechas, hay proyectos concretándose en instalaciones. Entonces, pretendemos hacer justicia a un grupo de personas que invirtió en la Región para crear nuevas fuentes de trabajo y a las cuales les cambiaron las reglas del juego.
Debo hacer presente que la autorización que se otorga mediante el proyecto en debate, tal como expresó el señor Ministro, está dentro del marco de tonelaje fijado por el Congreso en el artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca. Es decir, la razón que algunos aducen para oponerse a la iniciativa, en el sentido de que se sobrepasaría la cantidad de metros cúbicos de tonelaje de captura, no es efectiva.
Por otra parte, la Subsecretaría de Pesca ha tenido conocimiento de que muchos de los proyectos anunciados en su oportunidad, no se llevarán adelante y, en consecuencia, no se ocuparán todas las autorizaciones. Además, debe tenerse en cuenta que esta iniciativa no representa más de un 5 por ciento del esfuerzo pesquero sobre el recurso.
Permanentemente se comenta que el jurel tendría problemas de sobreexplotación y que, pese a ello, cada día se estaría capturando mayor cantidad. Según el Senador señor Cantuarias, quien es bastante docto en la materia y es miembro de la Comisión de Pesca desde hace bastante tiempo, siempre se ha formulado la misma crítica. Cuando se discutió la Ley de Pesca ya se hablaba del peligro a que estaba expuesta esta especie, y en ese entonces su extracción anual alcanzaba a 2 millones de toneladas. Hoy llega a 3 millones de toneladas, pero con motivo de este proyecto -que no modifica las reglas del juego que fijó la normativa vigente- también se advierte que se estaría poniendo en peligro la sobrevivencia del recurso. Esto demuestra que se trata de un argumento que se emplea cada vez que se intenta legislar acerca del tema.
Reitero que la iniciativa propuesta tiene un solo objetivo: hacer justicia a gente que efectuó inversiones en la Octava Región y a la que se cambió las reglas del juego. A la Subsecretaría de Pesca le constan, las visitó e incluso envió un oficio a la Comisión de Pesca de esta Honorable Corporación con el detalle de ellas. Se trata, señor Presidente, de un proyecto justo que no cambia la ley en vigor, que mantiene el nivel de captura dentro de los límites fijados en el artículo 3° transitorio de la misma y no pone en peligro de extinción a la especie.
Hechas estas puntualizaciones, señor Presidente, y en conformidad al artículo 112 del Reglamento, solicito aplazar la discusión del proyecto. La disposición aludida expresa: "En las discusiones de los asuntos sometidos a la consideración del Senado, no podrán promoverse cuestiones ajenas a la materia de que se trate. Sin embargo, tendrán cabida las siguientes indicaciones:
"1° Para aplazar temporalmente la consideración del asunto en debate. La aprobación de esta indicación no obsta a la facultad del Presidente de la República de hacer presente la urgencia;".

El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Su Señoría tendría inconveniente en que primero termináramos este debate y después nos pronunciáramos acerca de su petición?
El señor FREI (don Arturo).- No, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, como bien expresó el Presidente de la Comisión de Pesca, Honorable señor Mc-Intyre, el artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca tuvo una razón muy concreta. No se pretendió legislar Región por Región, sino que se trató de solucionar de inmediato la situación existente en San Antonio, donde se habían realizado cuantiosas inversiones en instalaciones pesqueras y se contemplaba también -se halla en estudio- la construcción de un puerto pesquero de enorme magnitud, que traerá gran auge no sólo a la ciudad de San Antonio, que se encuentra muy deprimida, sino a todo el país.
A mi parecer, esa disposición transitoria, que se dictó exclusivamente para beneficiar a San Antonio, no puede transformarse en una especie de puerta de entrada para legislar y hacer excepciones constantemente, en perjuicio, no ya de una Región determinada, sino de la preservación de la especie jurel.
He leído atentamente el informe de la Comisión técnica y, en especial, la opinión de los expertos que concurrieron. El Presidente del Consejo Regional de Pesca de la Octava Región, en parte de su discurso expresó:
"Por otro lado, al revisar los antecedentes históricos de la abundancia relativa, se observa que los rendimientos han ido disminuyendo paulatinamente entre los años 1984 y 1991. Para el primero de los citados la captura por unidad de esfuerzo alcanzó a las 57 toneladas y en 1991 a 21 toneladas. Para el período 90/92 se advierte una estabilización en la parte baja de la curva de captura por unidad de esfuerzo, lo que indica que se debe administrar el recurso conservadoramente.". Todos los especialistas concuerdan en que es así; y, si bien el señor Ministro ha dicho que el margen del esfuerzo pesquero adicional sobre el jurel que implica el proyecto será muy leve, de alrededor de 5 por ciento, se incrementará bastante cuando San Antonio complete su flota, ya que aún le falta por incorporar entre 15 y 20 mil metros cúbicos de capacidad de bodega.
En síntesis, pienso que la iniciativa contradice flagrantemente el espíritu de la Ley de Pesca que procura preservar el recurso. Por eso, me opongo a la idea de legislar.

La señora FELIÚ.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, Honorable Senado, a mi juicio, este proyecto incluye tres materias diferentes: las propias de ley; aquellas que corresponden a la potestad reglamentaria, y las de responsabilidad de la autoridad administrativa.
En lo que dice relación a las materias de ley, coincido con el Honorable señor Thayer en que son las que fijan las reglas generales por las que debe regirse la pesca, señalan las autoridades que deben actuar en el área e indican los casos y forma en que la pesca puede ser restringida por encontrarse alguna especie en peligro de agotamiento, o por cualquier otro motivo.
Debo recordar, señor Presidente, que este planteamiento lo formulé durante el estudio de la actual Ley de Pesca, porque estimé que era ajeno al debate de la misma determinar si hay mucho o poco jurel; si aumentará o disminuirá, porque es algo cambiante con el tiempo.
La Constitución Política -en mi concepto, sabiamente-, dispone que son propias de ley las normas generales; luego, ella debe señalar a quién le corresponde determinar. En la Ley de Pesca el sistema está entregado a la autoridad administrativa y a los Consejos Regionales de Pesca, que son los que verdaderamente tienen la potestad, el conocimiento y la posibilidad de asesorarse para establecer los casos y forma en que puede restringirse la captura.
Por consiguiente, la materia de ley no puede ser la pesca en la Octava, Tercera ni Quinta Regiones. ¡En ninguna! La materia debe ser cómo, cuándo y en qué oportunidades deberá restringirse la pesca, porque, en principio, la pesca es libre.
Aquí se plantea también un problema de interpretación de una norma transitoria contenida en la Ley de Pesca, que establece: a las pesquerías que se encuentren en cierta situación les pasará tal cosa. Hoy se dice: la historia de su establecimiento indica que el precepto se dictó para favorecer a la Quinta Región; pero también podría determinar que se buscaba beneficiar a la Séptima o a la Novena Regiones. No debemos olvidar que, en conformidad a las normas de interpretación de la ley contenidas en el Código Civil -artículos 19 y siguientes-, "Cuando el sentido de la ley es claro," -no las palabras, como a veces se sostiene- "no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.". Y continúa: "Pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención" manifestada "en la historia fidedigna de su establecimiento.".
Éste no es el caso, señor Presidente.
Además, resulta que la norma que ahora se pretende que podría estatuir lo contrario, porque así se habría expresado en la Comisión en su oportunidad (lo cual fluiría de la historia de la misma), es una ley y, como tal, obligatoria y ha generado situaciones jurídicas: personas que podrían hacer inversiones, dejan de realizarlas, etcétera. Lo cierto es que no podemos prescindir de ese elemento para los efectos de abordar esta materia.
Por todo lo anterior considero que no debemos centrar el debate en saber si el jurel es abundante o no, sino en el aspecto jurídico, en la regla general y a quién corresponde resolver. La disposición en comento es clara. Se trata de una norma de amparo por la cual han podido generarse obligaciones y derechos. Esto debe ser nuestra materia.
Señor Presidente, para graficar el asunto, o tal vez hacer una especie de caricatura, diría que estamos legislando respecto de los peces y no de la pesca.
Creo que no debemos restringir el debate a zonas específicas, a peces determinados, sino a lo que en su momento se aprobó como norma transitoria, respetando derechos, los cuales, so pena de infringir el principio constitucional de igualdad ante la ley, no podían referirse a un lugar geográfico concreto.
He dicho.

El señor LAGOS.- - Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de ella Su Señoría.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, indudablemente este proyecto viene a corregir una injusticia producida cuando el Parlamento comenzó a tratar la actual Ley de Pesca. En ese entonces, algunos industriales pesqueros habían iniciado la construcción de nuevas instalaciones, las que a raíz de la dictación de aquélla quedaron sin terminar.
He participado en toda la discusión de esta iniciativa en Comisión, donde pude comprobar que, pese a las informaciones de que disponemos, ellas no nos pueden dar seguridades acerca de las advertencias sobre el peligro de agotamiento de la especie. Tengo a la vista una tabla estadística que demuestra que en 1978 la captura de jurel en la zona de Talcahuano llegó a 144 mil 539 toneladas. Ése fue el año en que entraron en operación las flotas internacionales, las cuales, en el mismo año, extrajeron allí 51 mil 706 toneladas de este recurso. Ya en esa época se decía que la especie se iba a extinguir, y en 1985 se habla del colapso de la pesquería del jurel, puesto que en la misma zona se había llegado a un nivel de captura de 851 mil 970 toneladas, más 603 mil 745 toneladas de los barcos extranjeros. Todos pensaban que el jurel desaparecería para siempre. No ocurrió así. En 1988, la captura en Talcahuano alcanzó a un millón 455 mil toneladas, y la internacional a 989 mil toneladas.
¿Qué ocurre hoy? En la actualidad, el retiro de la flota rusa ha dejado prácticamente un sobrestock de una especie que no nace en Chile, que es altamente migratoria y con un ciclo de vida que usa distintos hábitat difíciles de determinar. Hay una serie de informaciones técnicas y también existe un instituto ruso. Pero, en realidad, nadie puede asegurar si el recurso jurel está o no en colapso. Estos mismos problemas de interpretación se nos presentaron durante la discusión de la Ley de Pesca. Y el país no está en condiciones de aseverar -menos en una materia tan compleja y científica como ésta- si la especie se halla o no en extinción.
Creo que es de justicia la iniciativa presentada por el Gobierno -por eso la apoyaré-, por cuanto permitirá que industriales de la Octava Región puedan terminar sus plantas. Por lo demás, los antecedentes muy serios que nos ha entregado el señor Subsecretario de Pesca aseguran que este mayor esfuerzo pesquero sobre el jurel no afectaría, bajo ningún aspecto, la situación actual.
Cabe señalar que en el debate de la Comisión participaron representantes de Consejos Regionales de Pesca. Obviamente, la información proporcionada por algunos es muy comprometida: la gente de la Quinta Región no desea que nadie más participe en este sector.
Señor Presidente, aprobaré la idea de legislar porque viene a resolver un tema pendiente. El señor Subsecretario de Pesca ha informado que se ha fijado un plazo sobre el particular, que, tengo entendido -si no es así, me corregirá-, vencerá en septiembre. Además, hay todo un sistema de comprobación que certificará el inicio de las obras y su estado de avance.
Por esas razones, anuncio que votaré favorablemente.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, el estudio de la Ley de Pesca fue hecho con mucha acuciosidad, con debate extenso y documentado. Pero, sin duda, quedó pendiente un problema que afectaba a una Región, que es justamente el que hoy día se propone subsanar. Sin embargo, pienso que es malo circunscribir la discusión de un proyecto de esta naturaleza a una u otra Región. Tampoco es conveniente que aquí, en el Parlamento, los Senadores empecemos a discrepar sobre situaciones que, siendo legítimas para una Región, deben analizarse en el contexto nacional.
Si a través de la ley permitimos la extracción de 51 mil metros cúbicos, meta que no se va a cumplir, lógicamente podemos remediar este error permitiendo que una Región se favorezca con la pesca. Debemos ser regionalistas y cada uno tiene que defender la que representa -así lo hago respecto de la Segunda Región-, pero no podemos desconocer las realidades de otras Regiones.
Señor Presidente, creo que ése es el espíritu con que los Senadores debemos proceder para perfeccionar la legislación: en el momento adecuado tenemos que aprobar lo que en justicia corresponde a una Región. No me parece que con esta normativa podamos ocasionar un perjuicio a la Quinta Región, que se ubica en el sector de pesca del jurel. San Antonio, sin duda, se desarrollará. Por consiguiente, no podemos restringir los beneficios de la captura de este recurso a una sola Región.
De acuerdo con lo que he escuchado, las inversiones efectuadas en la Octava Región no salieron debajo del sombrero después que se promulgó la ley, sino que quedaron en el aire debido a un vacío de ella. Por eso, considero que es un muy mal sistema que paralicemos inversiones que favorecerán a una parte de nuestro país por estimar que con ello, según se cree, perjudicaremos a otra Región. Es una muy mala señal que parcelemos el interés nacional, intensificando nuestros sentimientos regionalistas, que pueden ser legítimos. Pero también debemos legislar con perspectiva de país.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, quiero hacer una pequeña acotación.
Es bastante seria esta discusión, porque hoy la pesca es una de las fuentes de recursos más importantes de nuestro país. ¿Cómo no van a tener derecho a dar su opinión la Quinta y la Octava Regiones, o cualquiera otra que tenga interés en la materia? No podemos guiarnos exclusivamente por aspectos jurídicos. Me parece que la Ley de Pesca es muy importante y debe abordarse desde todos los puntos de vista. Corresponderá a lo jurídico acotar los aspectos pertinentes. Pero no podemos agotar este debate solamente por razones de técnica legislativa.

El señor ZALDÍVAR.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Señor Senador, la había solicitado primero el señor Ministro, a quien se la concedo.

El señor MARSHALL (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente, simplemente quiero manifestar dos precisiones sobre puntos que no han estado presentes en el debate, y que son muy importantes.
En primer lugar, y a propósito de lo que decían algunos señores Senadores, la administración de las pesquerías, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley de Pesca, está entregada a la autoridad administrativa, quien debe preocuparse de si existe o no sobreexplotación, y los instrumentos para ello están definidos en esa misma normativa. Eso se ha aplicado con extrema rigurosidad durante todo este período. Existen cuotas globales, vedas y prohibiciones. Por lo tanto, el tema deja concordancia entre el esfuerzo pesquero, la pesquería y su evolución se halla en permanente monitoreo y evaluación. Para eso se creó el Fondo de Investigación Pesquera. Y a la autoridad corresponde aplicar las medidas administrativas limitativas, a fin de que el esfuerzo pesquero sea concordante con los recursos disponibles.
En segundo término, deseo destacar, señor Presidente -tampoco se ha hecho presente-, lo relativo a la localización de la planta y a la localización de la autorización. Lo que estamos discutiendo acá no es la apertura de la pesca en la Octava Región, sino la autorización para pescas en otras Regiones a plantas ubicadas en la Octava Región. Quiero hacer esta distinción porque en determinado momento aparece como si estuviéramos discutiendo dicha apertura. Eso no es parte de este proyecto, por cuanto -y el señor Presidente lo manifestó en su intervención- ya estaba excluida en 1985, de modo que no era novedad para los inversionistas.
Hago estas dos precisiones para subrayar que efectivamente la ley contempla una forma de administración de pesquería, delegada a la autoridad, que se ha aplicado con mucha rigurosidad. En este proyecto se separa la localización de plantas de las áreas en que se autorizaría la pesca, y éstas son solamente aquellas de libre acceso al momento de entrar en vigencia la ley. Por eso, porque eran de libre acceso, es que se establece la autorización.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, como lo señaló la Senadora señora Frei, creo que esta materia no debemos visualizarla desde una perspectiva de lucha entre zonas o Regiones, porque la pesca es un problema global en nuestro país.
Durante el debate de la ley vigente planteé una indicación para que no hubiera una zona de pesca entre la Quinta y la Novena Regiones. Si mal no recuerdo, el señor Presidente, y otros señores Senadores de esas Regiones no estuvieron de acuerdo, y aprobaron una sola área de pesca.
Pero eso ya no se hizo, y no es el tema en análisis.
Lo que ahora se propone es para corregir algo derivado de la aplicación de la Ley de Pesca. De acuerdo con los antecedentes que se han entregado, no existe la intención de incrementar el esfuerzo pesquero sobre el recurso jurel, sino extraer una cantidad del producto que, por diversas razones, no será objeto de captura. ¿Para qué? Para que inversiones, hechas con anterioridad a la dictación de la Ley de Pesca, con cargo a esa cuota no ocupada y en una zona declarada de plena explotación, puedan efectivamente completarse.
Ése es el tema.
Lo importante de este debate reside en que lo dicho en él pueda recogerse en el segundo informe.
La iniciativa no pone en contradicción los intereses pesqueros de la Quinta Región con los de la Octava Región, porque se trata de un área de pesca: la comprendida entre la Quinta y la Novena Regiones. Perfectamente en esta última Región podría haberse instalado una industria en las mismas condiciones, y habría que considerarla y ver de qué manera darle un cupo dentro de la cantidad autorizada, a fin de que su inversión no quede ociosa o sea inefectiva y cumpla con el propósito de la Ley de Pesca, que no es sino que la planta trabaje y explote el recurso en términos racionales.
Insisto: no se trata de un tema que interese a Regiones consideradas separadamente, sino de acotarlo. Creo que los aportes del Ministro de Economía y del propio Presidente de la Comisión de Pesca, más otros que podamos recoger, servirán para ver cómo se puede utilizar el cupo, sin incrementarlo -salvo que hubieren condiciones para ello-, para que las plantas que hicieron inversiones en la fecha establecida por la ley puedan acceder a la correspondiente cuota.
Eso tendremos que analizarlo en el segundo informe, donde podremos pronunciarnos sobre las indicaciones del Ejecutivo, que -según me dicen- precisarán este tema.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, en realidad, aunque somos Senadores de la República, debe quedar bien en claro que es absolutamente legítimo que cada uno de nosotros defienda su Región. Además, resulta peyorativo, y hasta injurioso, sostener que cuando uno defiende una Región no lo hace teniendo en cuenta los altos intereses de la patria. Creo que primero están los altos intereses de la patria, y, en ese sentido, estamos legislando todos. Me parece legítimo que, así como a veces apoyamos intereses regionales distintos, cada Senador defienda la Región que representa. Que eso quede bien claro.
En segundo lugar, es importante considerar que cuando se dictó el artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca la Octava Región no invocó que tenía industriales interesados e instalados allí. Ésta es una cuestión que también debe quedar en claro.
Mi interés personal es la preservación del recurso jurel. En este sentido, discrepo de la Senadora señora Feliú. Pero me da mucho temor que, por los términos en que ha sido redactado el proyecto, podamos abrir un frente, una ventana, y comiencen a presentarse recursos de protección de otros empresarios, quienes legítimamente podrán aducir que están instalados en otros lugares, lo cual significaría extinguir la especie jurel, cuya sobrevivencia deseamos proteger.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

La señora SOTO.- Con todo gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Espero que no haya sido yo quien dijo que los Senadores que defienden los intereses regionales pueden estar en contra de los intereses nacionales. Nunca he sostenido eso.
Quiero aclarar que en la Ley de Pesca no se consideró la división regional del país, sino una sola zona: la comprendida entre la Quinta y la Novena Regiones. Ahí todos los intereses se mueven en conjunto. La autorización de la cuota de pesca, conforme a los términos planteados en esta iniciativa, obedece al propósito -y así lo entiendo- de acotar la protección del recurso, para que no exceda lo que se contempló en el momento en que se dictó la Ley de Pesca.
Lo único que se persigue aquí, según entiendo, es que parte de lo que no se ocupe, conforme al artículo 3° transitorio, posibilite que plantas físicamente instaladas con anterioridad a la dictación de la Ley de Pesca -tal como ésta lo dispone- accedan al recurso, para que esa inversión no quede ociosa. Con ello no se perjudica a nadie de la zona pesquera, que incluye a las Regiones Quinta a Novena.
Por eso, creo que vale la pena examinar el proyecto para ver la posibilidad de aprobarlo o no.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Quiero hacer una precisión de hecho respecto al artículo 3° transitorio. Esta disposición no fijó una cuota de pesca, sino que estableció una relación de capacidad de bodega para los empresarios que tuvieran derecho a instalarse. La cuota fue una apreciación...

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Por supuesto. Sólo estaba haciendo una aclaración, nada más.

El señor ZALDÍVAR.- Justamente, deseo indicar, señor Presidente, que el artículo 3° transitorio, por la vía de un cálculo matemático entre flota y planta, determina la cuota de pesca. Por cada metro cúbico, con relación a la elaboración por hora del producto, se establece que la cuota es tanto. En consecuencia, indirectamente ésta se fija.

El señor URENDA (Vicepresidente).- No quiero entrar en debate; sólo señalar que ni en el proyecto anterior, ya aprobado, ni en el actual se sabe con exactitud cuantas son las plantas que se van a instalar. De ahí la importancia de las disposiciones que el Gobierno ha anunciado sobre esta materia, para no caer en lo que ha ocurrido. Había un elemento que era fijo (40 metros cúbicos), pero como no se sabía por cuanto se multiplicaba, el resultado podía ser mil toneladas, 10 mil toneladas, 50 mil o cualquier otra cantidad.
Lo digo para los efectos de aclarar el debate y saber qué vamos a modificar o no modificar.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, esta discusión me lleva a ratificar lo que planteó el Senador señor Thayer.
También encuentro un poco exagerado y apartado del espíritu de la Constitución, en cuanto a lo que debe ser una ley, el que se esté determinando cuándo, dónde y cuánto se debe pescar. Todo eso es materia de reglamento, o de un acuerdo de los Consejos Regionales de Pesca. Y me parece altamente inconveniente que a cada rato se cambie la ley según ciertas circunstancias que dependen de la naturaleza. Si mañana la biomasa aumentara 10 veces, tendríamos que volver a modificarla para permitir cantidades de pesca mayores. Por ello, sería partidario de reestudiar todo el problema desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Además, no alcanzo a comprender por qué se modifican disposiciones del artículo 3° transitorio de la Ley de Pesca, no en una iniciativa sobre la materia, sino a través de una relativa a otro tema. Eso me preocupa.
No conozco en detalle el proyecto (no intervine en su discusión), pero quiero dejar constancia de que existe tal inquietud de parte del Honorable señor Thayer y del Senador que habla en cuanto a los alcances que debe tener una ley. A mi juicio, aquí, en general, se está legislando de más: hay muchas materias que no debieran ser objeto de ley, a la luz de la Constitución, que establece taxativamente cuáles deben serlo. Muchas de ellas, en esta iniciativa, tendrían que ser asuntos de reglamento, o de resoluciones de los organismos que la ley ha creado justamente para solucionar situaciones como ésta.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si no hubiere más interesados en participar en el debate, procedería pronunciarse sobre la solicitud de aplazamiento de la discusión formulada por el Honorable señor Arturo Frei.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, habría que dejar constancia de que lo que se posterga es el debate, porque quiero aportar algunos elementos, pero cuando se reanude el tratamiento del tema y estemos en condiciones de pronunciarnos y votar sobre él.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ojalá -éste es un simple deseo de la Mesa-, el Ministerio pudiera hacer llegar oportunamente, para el mejor desenvolvimiento del debate, las indicaciones que dice que está preparando a fin de acotar el proyecto.
Por tanto, se aplazaría la discusión del asunto hasta la llegada de las indicaciones del Ejecutivo, que corresponde, por lo demás, a lo manifestado por un Senador en la Comisión, el Honorable señor González, quien dio su asentimiento en ese entendido.
Así queda acordado.




OBLIGACIONES A DIVERSAS ENTIDADES, EN
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA


El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse, a continuación, en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece obligaciones a entidades que indica, en materia de seguridad pública, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 25a, en 10 de diciembre de 1991.
En tercer trámite, sesión 20a, en 5 de enero de 1993.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 45a, en 24 de marzo de 1992.
Constitución (segundo), sesión 51a, en 14 de abril de 1992.
Hacienda, sesión 52a, en 15 de abril de 1992.
Discusión:
Sesiones 45a, en 24 de marzo de 1992 (queda pendiente su discusión); 46a, en 25 de marzo de 1992 (se aprueba en general); 52a, en 15 de abril de 1992 (se despacha en particular).

El señor LAGOS (Prosecretario).- Por acuerdo unánime de la Sala, y debido a la extensión de las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al texto de esta Corporación, se resolvió que la iniciativa fuera informada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Cámara de Diputados, en su oficio N° 1090, informa que aprobó el texto del Senado con las modificaciones que indica, y hace presente que el inciso cuarto del artículo 3°, nuevo; los incisos tercero y cuarto del artículo 5°, y el inciso segundo del artículo 9° (artículo 8° del proyecto del Senado) fueron aprobados, tanto en general como en particular, por la unanimidad de 72 señores Diputados, sobre un total de 117 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República. En consecuencia, tales disposiciones requieren para su aprobación de quórum de ley orgánica constitucional, equivalente a los cuatro séptimos de los señores Senadores (26 votos).
La Comisión, en su informe, hace constar que todas sus resoluciones respecto de las enmiendas introducidas por la Cámara Baja fueron adoptadas por unanimidad, menos la recaída en el artículo 16.
En primer lugar, la otra rama del Congreso sustituyó el artículo 1° por el que se transcribe en el oficio mencionado. Y la Comisión del Senado rechazó tal sustitución.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, si no entiendo mal, algunas de las normas de la iniciativa son de quórum calificado.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Quórum de ley orgánica constitucional, señor Senador.

El señor THAYER.- Peor todavía.
Por lo tanto, ¿no sería conveniente pasar al siguiente punto de la tabla? Porque, de lo contrario, el proyecto que estamos viendo quedaría rechazado por falta de quórum.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Para alterar el orden de la tabla es necesario un acuerdo de Comités. En el caso específico de esta iniciativa, podríamos postergar su discusión.

La señora FELIÚ.- Pidamos ampliación de plazo, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Porque es obvio que en este instante no se reúne el número de Senadores necesario para aprobarla. Sin embargo, es probable que al momento de votarse las disposiciones pertinentes se logre el quórum respectivo. Pero de ello no tenemos ninguna certeza.

La señora FREI.- Podrían tocarse los timbres, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Propongo empezar a analizar las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, y, si llegado el momento de la votación de esas normas no hay quórum (existiendo el ánimo de aprobarlas), no nos quedaría otra alternativa que postergar su estudio.
Está en discusión la primera modificación de la Cámara de Diputados.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La Cámara plantea sustituir íntegramente el artículo 1°, lo que se rechazó por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El texto del Senado para esa norma es del siguiente tenor:
"Las entidades, establecimientos, instituciones y empresas que por sus actividades reciban, mantengan o paguen valores o dinero, deberán cumplir, en los recintos en que desarrollen con carácter permanente o temporal tales labores, con las obligaciones de la presente ley, a fin de contribuir con la autoridad en la prevención de delitos y en la protección de la seguridad de las personas, especialmente de su personal y de sus usuarios o clientes.
"Quedará sujeto a las obligaciones de esta ley cada establecimiento o local de las entidades aludidas en el inciso anterior cuyo monto en caja, en cualquier momento del día, sea igual o superior al equivalente de 500 Unidades de Fomento. Los establecimientos de venta de combustibles al público quedan afectos a las obligaciones de esta ley, cualquiera sea el monto de valores o dinero que tengan en caja.
"Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a las entidades y empresas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, las que se regirán por sus propias regulaciones en la materia, de acuerdo con las normas que imparta el señalado Ministerio.".
La Cámara de Diputados lo reemplazó por el siguiente...

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente, a fin de evitar que prosiga la lectura de la norma y de dar una explicación global del asunto.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, quiero pedir a la Sala que acoja el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprobado por la unanimidad de sus miembros.
No existen diferencias de fondo con la Cámara de Diputados; sí hay diferencias de forma, accidentales y de ubicación de los artículos. Estimamos que ellas pueden ser resueltas por una Comisión Mixta con relativa facilidad. Y el informe de la Comisión tiene por objeto posibilitar un acuerdo con los señores Diputados.
En consecuencia, no existiendo materias de fondo propiamente tales envueltas, solicito al Senado que, en vez de discutir el proyecto artículo por artículo -son 16-, dé su asentimiento al informe de la Comisión de Constitución.
Todas las normas fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros, excepto el artículo 16, que tuvo votación dividida, pero no por razones políticas, sino por apreciaciones jurídicas. Y reitero que no hay ninguna materia de fondo envuelta en la tramitación de la iniciativa. La única diferencia de fondo con el texto de la Cámara de Diputados es que el Senado quiere mantener la idea de que algunas empresas que no estén obligadas a ello, puedan acogerse voluntariamente a este sistema por razones de seguridad, y así, tener derecho a imputar los gastos correspondientes como necesarios para producir renta. De modo que ése es el único desacuerdo básico con la Cámara Baja, la que suprime el artículo que fomenta que las empresas, autónoma y libremente, tomen medidas de seguridad.
Por consiguiente, señor Presidente, insisto en solicitar que aprobemos el informe, a fin de que las diferencias puedan ser analizadas con posterioridad por la Comisión Mixta.

El señor HUERTA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Huerta.

El señor HUERTA.- Señor Presidente, en mi concepto, aquí hay un problema de fondo y de cierta gravedad.
La Cámara de Diputados reemplazó el artículo 14 por otro que sustituye completamente el artículo 3° del decreto ley N° 3.607, traspasando la competencia, en lo que respecta a vigilantes privados, de las guarniciones militares a las prefecturas de Carabineros.
Como manifesté en la Comisión, la aprobación del texto del Senado, que entrega a Carabineros atribuciones en materia de seguridad de las empresas, sin enmendar en igual sentido lo que el citado decreto ley establece sobre el tema, crea una zona ambigua que conduciría a confusiones, puesto que hay autoridades policiales y militares involucradas. Sostuve que tal duplicidad resulta inconveniente, porque puede generar problemas en la aplicación de estas normas.
El texto de la Cámara de Diputados, en mi opinión, clarifica la situación y adopta la sana doctrina de que Carabineros de Chile es la Institución que debe enfrentar la delincuencia y que, en consecuencia, está preparada para hacerlo.
El Senado aprobó un proyecto sobre vigilantes privados que establece duplicidad de control y de funciones por parte de las autoridades. Por un lado, se entregan obligaciones a Carabineros, y, por otro, se deja vigente el decreto ley N° 3.607, que hace lo propio con las comandancias de guarnición.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, existe una iniciativa de la Cámara de Diputados que reforma dicho decreto ley -la que no ha sido puesta en tabla-, a fin de ver modo de zanjar la duplicidad de autoridades para una misma función.
No se trata de una pugna entre Instituciones fundamentales de la República, las que, en forma tradicional, se han mantenido férreamente unidas; ni tampoco existen razones económicas, espíritu de cuerpo o celo de funciones.
Al respecto, es preciso considerar problemas de jurisdicción y razones de carácter estratégico, que deben respetarse. Por ese motivo, estimo necesario buscar consenso entre las partes involucradas con el objeto de solucionar la duplicidad de atribuciones y funciones ya señaladas, en beneficio del servicio y de la seguridad que se pretende garantizar a través de estos proyectos.
Lamento no haber estado en la Sala cuando se aprobó en general la materia.
Por las razones expuestas, me abstendré de aprobar la iniciativa, con la esperanza de que durante el debate en la Comisión Mixta se corrijan estas anomalías, que pueden producir roces innecesarios.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, estimo que podríamos considerar el criterio sostenido por el Honorable señor Diez, porque efectivamente -como afirmó Su Señoría-, la mayoría de las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados son más bien correcciones de forma que de fondo.
Pero hay un artículo -sobre el cual nos ha llamado la atención el Senador señor Huerta- en que lo aprobado por el Senado es absolutamente diferente de lo que propone la Cámara Baja. Esta Alta Corporación mantiene en las guarniciones militares el control de todo lo relacionado con servicios privados de protección o vigilancia, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.607.

El señor DÍEZ.- ¡No es así!

El señor ZALDÍVAR.- A mi modo de ver, el artículo 14 del texto de la Cámara de Diputados recoge una discusión ya realizada sobre este tema y reglamenta con mucha precisión cómo funcionan los servicios de vigilantes privados, entregando su control a Carabineros, y no a las comandancias de guarnición.
Por esa razón, podríamos aceptar lo propuesto por el Senador señor Diez, pero someter a votación el artículo 14 del texto de la otra rama del Parlamento.
Personalmente, estoy de acuerdo con lo dispuesto en ese precepto, porque resuelve un problema vigente que Carabineros nos había hecho presente hace mucho tiempo. Estimo que la supervigilancia del sistema de guardias privados -a quienes vemos en diversas partes de nuestras ciudades- es propia de Carabineros, y no de las guarniciones militares.
Por lo tanto -reitero-, podríamos aceptar la tesis del Senador señor Diez de llegar a la Comisión Mixta aprobando el proyecto, excepto su artículo 14, sobre el cual cabría pronunciarse entre lo propuesto por la Cámara de Diputados y lo aprobado por el Senado. Desde ya, manifiesto mi opinión favorable al texto de la Cámara Baja.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Cabe señalar que la aprobación incluiría el artículo 16 -suscrito por mayoría en la Comisión-, que corresponde a una materia bastante sencilla. El Senado sostuvo que los plazos que fija el proyecto deben ser de días corridos, lo que rechazó la Cámara de Diputados.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, excepto en lo referente al artículo 14, sobre el cual nos pronunciaríamos en forma separada.
-Se aprueba en particular el proyecto, con excepción de su artículo 14, y se deja constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra sobre el artículo 14.

El señor THAYER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede usar la palabra, Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, me parece razonable el criterio de la Honorable Cámara de Diputados en cuanto a que el control de los sistemas de seguridad, en general, quede radicado en Carabineros.
Sin embargo, desconozco si se planteado la salvedad tocante a ciertas empresas de carácter estratégico que, probablemente, debieran quedar bajo la supervigilancia de las Fuerzas Armadas.
Ésa es mi pregunta, y desearía que fuese respondida.

El señor ALESSANDRI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, no sé si algunos vigilantes privados tienen derecho a portar armas, pero, ¿el control de éstas no pertenece al Ejército, más que a Carabineros? Por ello, a lo mejor, el Senado sugirió que dependieran de las comandancias de guarnición.
Formulo esta consulta solamente para aclarar el debate.

El señor HUERTA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.

El señor HUERTA.- Señor Presidente, esto no dice relación a la inscripción, prueba y autorización para portar armas que otorga la guarnición militar. Simplemente, se trata de los vigilantes privados.
Estimo que deben respetarse los sectores jurisdiccionales, como también lo relativo a las empresas estratégicas, por lo que no debe existir dualidad de funciones. Tampoco se interfiere en la ley que fija normas sobre movilización. Es sólo un problema de vigilancia, base fundamental de la previsión.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, tratando de responder a la inquietud del Senador señor Thayer, debo manifestar que aquí no se afecta en nada lo relativo a las empresas estratégicas.
Tocante a lo señalado por el Honorable señor Alessandri, efectivamente, no se modifica la obligación de cualquier ciudadano -incluidos los vigilantes privados- de requerir la autorización de la guarnición militar para portar armas.
He escuchado a altos oficiales de Carabineros sostener que actualmente, en la ciudad de Santiago, alrededor de 40 mil personas están trabajando en el área de seguridad y de resguardo de barrios. Debemos tener presente que Carabineros no alcanza a los 30 mil efectivos. Entonces, a juicio de esos oficiales, es necesario hacer una interconexión de la Institución con los vigilantes privados y las empresas; es decir, trabajar en conjunto y bajo la supervigilancia de Carabineros. Ello permitirá que la protección dada por ese tipo de servicios privados se sume a la acción en el mismo sentido que otorga el servicio público de la Institución policial, y, además, controlar su eficiencia, el buen cumplimiento, etcétera.
Tal labor no la puede desarrollar la guarnición militar, que hoy día tiene a su cargo la vigilancia, el control y todo.
Ésa es la razón por la cual me pronuncio en favor de la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados. Me parece positiva, incluso, en el control de la delincuencia, porque para Carabineros significará reforzar su capacidad de vigilancia, con la colaboración de dichos servicios privados.
.

El señor ALESSANDRI.- Estoy de acuerdo.
El señor THAYER.- Señor Presidente, por mi parte, estoy conforme con las explicaciones dadas y concurriré a aprobar la sustitución del artículo 14 que propone la Cámara.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, en verdad, abrevia mucho mi intervención lo expuesto por el Senador señor Zaldívar.
Quien conoce a Carabineros, ha escuchado a sus Altos Mandos y estado en contacto con la oficialidad -en mi caso, por el hecho de impartir clases en el Instituto Superior-, está consciente de la necesidad de que el personal de vigilantes privados (como muy bien se dijo aquí, éstos exceden en número a la dotación de la policía uniformada) sean controlados por esa Institución, que tiene a su cargo la seguridad ciudadana en la calle.
Lo anterior no significa, en modo alguno, quitar facultades a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en lo referente al control de armas, o a la labor que ellas realizan. Son cosas totalmente distintas. En este caso se trata de una función exclusivamente policial y que debe ser controlada por la policía uniformada.
Ésa es la razón que me lleva a votar favorablemente el artículo 14 de la Cámara de Diputados, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, ésta es una materia bastante delicada. He estado haciendo memoria respecto de por qué la Comisión, por la unanimidad de sus miembros, solicitó rechazar la redacción de la Cámara de Diputados. Pido al Senador señor Huerta que rectifique lo que digo si me equivoco, pero entiendo que la idea fue enviar esta norma a la Comisión Mixta, a fin de hacer una distinción entre las empresas y servicios estratégicos de seguridad pública y los establecimientos comerciales. Queremos dejar reglamentado que aquéllos -los que determine el Presidente de la República- queden bajo la tuición de la Comandancia de Guarnición respectiva -sea en ciertos casos o en general, precisamente por ser estratégicos- y que el comercio, los bancos o las empresas ordinarias dependan de Carabineros.
Para eso es necesario formar una Comisión Mixta, donde se pueda hacer la distinción. Y ésa es la razón de que nuestra Comisión por unanimidad solicite al Senado que rechace el artículo de la Cámara. Prácticamente existió consenso en el sentido de que las empresas estratégicas y servicios de seguridad pública debían, en determinadas circunstancias, quedar a disposición de las Fuerzas Armadas, y los establecimientos comerciales a cargo de la Prefectura pertinente.
Me alegro de que haya llegado a la Sala el Presidente de la Comisión, Senador señor Vodanovic, para que Su Señoría confirme si ése fue el criterio que se tuvo para pedir al Senado el rechazo de la norma y poder redactarla de nuevo.

El señor VODANOVIC.- Efectivamente sucedió como señala el señor Senador.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, deseo ratificar lo expresado por el Honorable señor Diez. En este punto es preciso distinguir claramente entre los aspectos funcionales, lo que se entiende por los medios que participarán en estas actividades, y el aspecto de control.
Sin duda alguna es muy importante precisar qué va a quedar bajo el control de las Comandancias de Guarnición y qué bajo el control de las Prefecturas de Carabineros de Chile. A mi modesto entender, es conveniente que dependan de las primeras todas aquellas empresas estratégicas o servicios de utilidad pública que el día de mañana puedan ser objeto de sabotajes y de actos terroristas que provoquen grave daño al país. Todo lo relacionado con la seguridad de tipo comercial -de pequeñas empresas, de bancos; o sea, lo que diga relación a la acción delictual y no terrorista-, debiera, en cambio, quedar, como siempre, en manos de quienes responden de la seguridad pública, es decir, de Carabineros. Eso en lo referente al aspecto funcional.
Ahora bien, los medios que intervienen en esto son los vigilantes privados. ¿Cómo realizan su actividad? Ciertamente, provistos de armas. De modo que, en el fondo, ellos están sujetos a un doble control. Son generados, desde el punto de vista de recursos humanos, por la Dirección de Movilización del Ejército. En lo relativo a control de armas, dependen de las Comandancias de Guarnición; pero en el desempeño de determinadas actividades de protección en el ámbito comercial, deben ser controlados por Carabineros de Chile. Lo único que queda fuera de su custodia es, como hemos dicho, las empresas estratégicas y los servicios de utilidad pública. Siempre los recursos humanos y las armas han estado bajo el control de la Dirección de Movilización Nacional y de las Comandancias de Guarnición, respectivamente.
Por estas razones, no estoy de acuerdo con la redacción dada al artículo 14 por la Cámara de Diputados.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, creo que, por la experiencia que algunos tenemos en estas materias, vale la pena analizar el punto con un poco más de profundidad.
Las empresas estratégicas son, por ejemplo, aquellas importantes como las de gas, hospitales, buques de Marina Mercante, ENTEL, CHILGENER, etcétera. En períodos normales, no existe problema alguno, pues funcionan con la vigilancia habitual. Pero, apenas se producen situaciones excepcionales de peligro, comienza a operar un plan especial, a cargo de las Fuerzas Armadas, porque Carabineros no está en condiciones de cubrir todos los puntos estratégicos. Existen planes de esa naturaleza para cada establecimiento de las características señaladas. Recuerdo que en mis tiempos -bastante lejanos ya- debíamos concurrir a los hospitales, o viajar desde acá a Santiago para proteger las empresas eléctricas. Debe de haber muchos planes actualizados que Carabineros no puede cumplir. Imaginen Sus Señorías si Carabineros intentara cubrir Chuquicamata con toda la actividad de CODELCO en sus alrededores. Ésa es una función que, sin la menor duda, debe asumirla el regimiento que tiene su sede en Calama. Desde luego, los planes estratégicos los tiene aquélla y los supervigila. Naturalmente eso nada tiene que ver con la vigilancia diaria o de rutina, que se encuentra a cargo de Carabineros. Pero, cuando estamos hablando de una situación crítica, de algo estratégico, son las Fuerzas Armadas las que deben actuar, pues ya tienen los planes respectivos.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa, quien la había pedido con anterioridad.
El señor JARPA.- Señor Presidente, propongo suspender la discusión hasta que haya un nuevo informe sobre esta materia, en el que se contemple la posibilidad de separar la coordinación que debe existir entre Carabineros y los vigilantes privados en tiempos normales y las responsabilidades permanentes que corresponden a las Fuerzas Armadas y especiales en caso de alteración de la tranquilidad pública. No creo conveniente votar ahora, sino hasta tener una mayor clarificación respecto a los posibles alcances de esta disposición en distintas circunstancias.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Estamos en tercer trámite constitucional, de modo que esa posibilidad no existe. La única alternativa para alcanzar una solución intermedia es la Comisión Mixta.
El señor DÍEZ.- Así es.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Arturo Frei, que la había solicitado con anterioridad.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, creo que son dos los aspectos fundamentales que están en juego. Coincido con los Senadores señores Zaldívar y Otero en el sentido de que representa una antigua aspiración de Carabineros el que los guardias privados pasen a depender de esa Institución y dejen de estar en manos del Ejército. Ello, por las razones ya expresadas: hay 40 mil personas, 80 mil ojos y oídos, que van a coordinarse con Carabineros, y ayudar a la seguridad ciudadana.
Por otro lado, comparto también lo señalado por el Honorable señor Sinclair en todo lo que se refiere a los aspectos estratégicos, los que, evidentemente, deben seguir bajo la tuición de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, lo fundamental, a mi juicio, es que la vigilancia privada esté bajo la supervisión directa de Carabineros y no de las Guarniciones Militares, pues esto produce una dualidad. Los órganos policiales no tienen el control y el manejo que debieran en todo el sector.
Por lo anterior, me parece que la forma de solucionar el problema es la planteada por el Senador señor Diez, esto es, aprobar el artículo con la redacción del Senado, en la inteligencia de que en la Comisión Mixta se va a buscar una redacción que entregue la parte privada a Carabineros, manteniendo lo estratégico en poder de las Fuerzas Armadas.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado por el Senador señor Arturo Frei, en el ánimo de despachar rápidamente el proyecto, que considero de mucha importancia.
Debemos sí dejar constancia de que el rechazo del artículo de la Cámara de Diputados lo hacemos para el solo efecto de que en la Comisión Mixta se introduzca la diferenciación entre empresas estratégicas -a ellas se han referido los Senadores señores Sinclair y Mc-Intyre- y comerciales, a fin de hacer de las primeras una excepción, dejando todo lo que se refiere a la vigilancia propiamente privada dentro del espíritu de lo aprobado en la Cámara de Diputados.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.
El señor HUERTA.- Señor Presidente, comparto la necesidad de que las empresas de carácter estratégico en los sectores jurisdiccionales militares deben estar a cargo de las respectivas reparticiones castrenses. Pero no debemos confundirlas con los servicios de utilidad pública -concepto que es muy amplio e incluye empresas de gas, agua, electricidad, etcétera-, pues respecto de ellos existen en Carabineros planes perfectamente definidos. En situaciones de emergencia, ciertamente, puede haber necesidad de recurrir a otras instituciones; pero ello implica la existencia de un estado de excepción, porque la función policial es privativa de Carabineros de Chile. Por eso propiciaba una reunión de consenso, precisamente, para dejar claramente establecido el punto. Porque no es posible que existan dos autoridades con las mismas funciones, en circunstancias de que ello puede originar roces y diferencias, lo que no le conviene al país ni al propósito de seguridad que en este momento se busca con la dictación de estas normas.

El señor DÍEZ.- Existió acuerdo en la Comisión respecto de este punto, señor Senador.


El señor URENDA (Vicepresidente).- Al parecer, no es el espíritu del Senado insistir en su texto, sino buscar un artículo que refleje las ideas que aquí se han expuesto,...

El señor DÍEZ.- Así es, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- ...con una redacción adecuada, tanto más cuanto que la que le ha dado la Cámara de Diputados es sumamente larga, e incluye una serie de aspectos sobre los que no resulta fácil decidir en este momento.

El señor RUIZ (don José).- ¡Aprobémoslo, señor Presidente!

El señor URENDA (Vicepresidente).- Según me informa Secretaría, no se requiere de un quórum especial para rechazar lo propuesto por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si le parece a la Sala, se aprobaría el informe de la Comisión, rechazando lo aprobado por la Cámara, en el entendido mencionado en el curso del debate.
Acordado.
En consecuencia, corresponde designar por parte del Senado a los integrantes de la Comisión Mixta. Propongo que sean los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Acordado.

______________

El señor LAGOS (Prosecretario).- El señor Otero ha formulado indicación para incluir en la Cuenta de hoy el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones. De esa manera, quedaría para la tabla de la próxima sesión ordinaria.

El señor DÍEZ.- Ello no es posible, pues falta el informe de la Comisión de Constitución, que debe pronunciarse sobre algunos artículos. El proyecto acaba de llegarnos.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Al parecer no podría incluirse en la Cuenta, porque todavía no está listo el informe complementario.

El señor DÍEZ.- Tienen que verse simultáneamente.

El señor OTERO.- Señor Presidente, el acuerdo fue que hayan informes paralelos; y nuestra Comisión emitió el suyo, por lo que puede incluírselo en la Cuenta, y decidirse después si es posible o no tratarlo en la Sala.

El señor URENDA (Vicepresidente).- El problema es que debemos dar cuenta de los dos informes porque el trámite que corresponde es dejarlo para tabla, y ello no puede hacerse si falta uno.

El señor OTERO.- Señor Presidente, el proyecto se encuentra detenido en su estudio desde hace bastante tiempo. Y, realmente es urgente resolver el problema de la radiodifusión en Chile. Por lo tanto, si no se trata en la próxima semana, quedará para marzo, y algunas situaciones son muy conflictivas, por lo cual todos concordamos en que es necesario despachar la iniciativa cuanto antes.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Sólo podemos recomendar a la Comisión de Constitución que, dentro de sus múltiples tareas, emita el informe.


MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO
DEL SENADO


El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde proseguir la discusión del proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que figura en el tercer lugar del Orden del Día.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de Acuerdo: (moción del señor Urenda).
Sesión 3a, en 27 de marzo de 1990.
Informes de Comisión:
Constitución (junta pendiente), sesión 40a, en 28 de enero de 1992.
Constitución (segundo), sesión 16a, en 10 de diciembre de 1992.
Discusión:
Sesiones 17a, en 17 de julio de 1990 (se aprueba en general); 20a, en 31 de julio de 1990 (se aprueba la parte desglosada); 3a, en 9 de junio de 1992 (se aprueba en general la parte pendiente); 20a, en 5 de enero de 1993 (queda pendiente su discusión); 21a, en 7 de enero de 1993 (queda pendiente su discusión); 23a en 14 de enero de 1993 (queda pendiente su discusión).


El señor LAGOS (Prosecretario).- Quedó pendiente una indicación presentada por el Honorable señor Diez -su formulación fue aprobada por la unanimidad de la Sala-, para agregar un inciso final al artículo 169 del segundo informe, la cual debe tratarse y votarse ahora. Su tenor es el siguiente:
"Los Ministros podrán usar de la palabra en conformidad al artículo 37 de la Constitución Política; en este caso, el Senador a cuyo fundamento de voto se haya referido el Ministro, podrá usar de la palabra hasta por cinco minutos, para referirse específicamente a lo expuesto por el Ministro, inmediatamente después de éste.".
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.- Señor Presidente, en verdad, las ideas están bien; sin embargo, sugeriría un cambio en la redacción.
En el fondo, se trata de que el señor Ministro ejerza el derecho inmediatamente después que termine de hacer uso de la palabra el Senador a quien desea rectificar y, acto seguido, éste tenga derecho a la réplica. Ése es el alcance de la indicación, y lo que hemos conversado. Creemos que ése es el consenso de fondo en la Sala del Senado.
Por consiguiente, agradeceré que se nos haga llegar la indicación porque al haber acuerdo sobre las ideas de fondo -por lo que he escuchado; puedo estar equivocado-, tal vez podría mejorarse la redacción en el sentido de dejar perfectamente clara dicha finalidad.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, ya discutimos acerca de este tema en la sesión anterior cuando tratamos el proyecto que modifica el Reglamento del Senado.
Entiendo el objeto de la indicación. Sin embargo, hubiera preferido haber empezado a analizar la derogación del artículo 37 de la Constitución, en lo que dice relación a la posibilidad de un Ministro de rectificar de hecho a un Senador durante la votación. Porque creo que perturba y distorsiona absolutamente...

El señor OTERO.- ¡Está ya la disposición!

El señor ZALDÍVAR.- Estoy de acuerdo. Si existe la norma, debe buscarse un remedio.
Pero quiero dejar constancia de la necesidad de que, en una próxima reforma constitucional, ojalá se plantee una modificación del artículo 37, pues no lo estimo conveniente.
Sin embargo, pese a no creer que sea la mejor forma de solucionar el problema, pienso que en la proposición hecha llegar a la Mesa debe quedar establecido -como en ella se expresa- que el Ministro, si desea rectificar conceptos, tiene que hacerlo inmediatamente después que el Senador haya usado de la palabra. También me parece que hay que limitar el tiempo del Secretario de Estado -reglamentar el uso de la palabra no atenta contra la norma constitucional-, e igualmente señalar que el Senador podrá replicar de inmediato por un lapso determinado.
A mi juicio, la redacción debiera darse dentro de ese contexto, aunque no sea lo óptimo. Ojalá que no se use mucho el mecanismo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se redactará la indicación según los conceptos emitidos.

El señor OTERO.- ¡Exacto! Podría ser un buen acuerdo, señor Presidente, pues nos permitiría seguir avanzando en el estudio del proyecto. Es sólo una materia de redacción, ya que los conceptos están perfectamente claros y acordados por el Senado.
El señor RUIZ (don José).- ¡De acuerdo!

El señor VALDÉS (Presidente).- A juicio de la Mesa, hay que producir una situación equitativa. Es decir, que durante la discusión no haya preeminencia de los derechos del Ministro respecto de los derechos de los Senadores. Eso es lo que se trata de equilibrar.
-Se aprueba.

El señor LAGOS (Prosecretario).- En seguida, corresponde tratar la indicación renovada referente al N° 2° del artículo 223 del Reglamento, suscrita por los Senadores señora Feliú y señores Mc-Intyre, Cooper, Larre, Martin, Cantuarias, Alessandri, Otero, Jarpa y Siebert, para sustituir la coma que precede a la conjunción final "y" por un punto y agregar, en punto seguido, lo siguiente: "Con todo, cualquier gasto por un monto superior a 200 UTM del mes en que éste se realice, deberá contar con la aprobación de la Comisión del Régimen Interior,".
El número 2° del artículo 223 propuesto por la Comisión, respecto de las funciones del Prosecretario-Tesorero, dice:
"Servir de órgano exclusivo y obligatorio para disponer toda adquisición o inversión de fondos con cargo al presupuesto de la Corporación, así como también para la visación y despacho de las órdenes de pago correspondientes, para todo lo cual llevará los libros de contabilidad necesarios,".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en verdad todo lo que dice relación al régimen interno de manejo de recursos debe ser objeto de una reglamentación muy completa. Pero, en todo caso, como esta norma se encuentra hoy en nuestro Reglamento, presenté una indicación -la cual se renovó- que, en alguna medida, radica en la Comisión de Régimen algo que es propio de ella según el Reglamento: el manejo de la parte interna de la Corporación.
El número 2° del artículo 223, sin modificación, dice que son funciones del Prosecretario-Tesorero:
"Servir de órgano exclusivo y obligatorio para disponer toda adquisición o inversión de fondos con cargo al presupuesto de la Corporación". Aquí se agregaría que, tratándose de una adquisición o de un gasto superior a 200 UTM del mes en que éste se realice, requiere del acuerdo de la Comisión de Régimen.
En realidad, no es un monto muy elevado. Además, debo recordar que los desembolsos se efectúan de acuerdo con el presupuesto, y esto dice relación sólo respecto a los gastos variables, porque los fijos están considerados y ordenados en aquél y no se necesita del acuerdo de nadie para disponer de ellos. Sin embargo, una adquisición por ese monto debe ser ordenada, calificada y dispuesta por la Comisión de Régimen.
Reitero: se trata de gastos variables, y sin perjuicio de que esta materia debería tener una reglamentación general.
Además, señor Presidente, solicitaría el asentimiento unánime de la Sala para modificar el número 3° del mismo artículo, referente a la obligación del Prosecretario-Tesorero de presentar semestralmente las cuentas de Tesorería. Porque, en verdad, debería ser mensualmente. Incluso, en este momento, se está haciendo dentro de ese período, debido especialmente a que esas cuentas se auditan.
Por lo anterior, me permito solicitar la aprobación de la indicación renovada y, además, el asentimiento unánime de la Sala para establecer que la presentación de las cuentas de Tesorería debe realizarse mensualmente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si me permiten los señores Senadores, la Mesa desea hacer presente que, respecto de estas materias, la Comisión de Régimen está por terminar -prácticamente ya está aprobada- una distribución de responsabilidades en función de la nueva planta de personal -facultad que hemos obtenido del Ejecutivo, para tener nuestra propia planta, por primera vez- que se establecerá tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
En esa planta -la que será sometida a la aprobación de la Sala, por cierto- hay una distribución de responsabilidades distinta de la que consulta el Reglamento, la cual se ha estudiado con mucha latitud, profundidad y con asesoría de auditorías externas, y modifica los sistemas de ambas ramas del Parlamento en cuanto a los recursos financieros.
En esta parte del Reglamento, que hace juego con la nueva estructura, se moderniza el sistema de la Corporación, en términos de aclarar más las funciones legislativas, de apoyo a éstas -por decirlo así- y administrativas. La concepción del actual Reglamento data desde hace varias décadas -no sé cuantas; es casi centenaria-, y ahora hemos tratado de introducir una idea más empresaria, de distribución de responsabilidades de manera tal que exista un claro apoyo a la función legislativa, desde el punto de vista de Secretaría, Comisiones e Informaciones, que son las tres grandes corrientes que necesitamos. Y, en otra rama, hemos consultado todo lo concerniente a lo administrativo: los recursos financieros, físicos y el personal administrativo propiamente tal. Son dos líneas. Lo hemos estudiado mucho.
Por consiguiente, como se está aprobando un sistema distinto del que ahora está en debate, quiero que dejemos pendiente esta materia hasta que podamos discutirla con la nueva estructura que moderniza, agiliza y especializa mejor a los funcionarios en su respectiva calidad. Porque, además, por primera vez en la historia del Senado, se han incluido, desde hace más de dos años, auditores internos y externos -quienes cumplen una función elemental en cualquier organización que maneje dinero-, ya que se requiere de una auditoría respecto de nuestros recursos públicos y tener un control al respecto.
En consecuencia, me permito sugerir que tratemos esta materia junto con la proposición que viniera de la Comisión de Régimen -además de lo que ha visto la Comisión de Legislación-, para que, dentro de poco tiempo, no tengamos que revisarla nuevamente.

El señor SIEBERT.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, a Su Señoría le consta que yo defendí en la Comisión de Régimen la posición sustentada por la Asociación de Empleados del Senado, la cual coincide con la orgánica que establece el Reglamento del Senado. Sin embargo, posteriormente la Asociación cambió de opinión y hubo consenso en orden a modificar la estructura de la Corporación, tal como la Mesa lo hizo presente.
Para el estudio de las modificaciones al Reglamento del Senado -cuyo tratamiento se rige conforme a la normativa común aplicable a cualquier proyecto-, hubo plazo para presentar indicaciones, y lamentablemente nos encontramos ahora -cuando estamos aprobando el Reglamento y los plazos vencieron ya hace mucho tiempo- con esa observación. Por lo tanto, no existió la preocupación por quienes deseaban llevar adelante el proyecto respecto de la modificación de la estructura del Senado, para formular las indicaciones correspondientes.
Entonces, nos encontramos ahora con que se está trastocando la normalidad del tratamiento de la aprobación del Reglamento. Por eso, quiero dejar constancia de mi voto de abstención respecto de lo que está proponiendo Su Señoría. El señor VALDÉS (Presidente).- Solicitaría que esta materia volviera a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, porque aun cuando ha efectuado un muy buen trabajo en relación con el Reglamento antiguo, no tuvo la información de lo que paralelamente se estaba tratando en la Comisión de Régimen Interior. Si volviera a la Comisión de Constitución, esto se podría revisar bien. Como se trata de un aspecto relacionado con el funcionamiento interno del Senado, no estaríamos sujetos a los requisitos propios de la tramitación de una ley. Estamos buscando la mejor manera de funcionar, y hemos demorado bastante tiempo en ello.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, quiero proponer una cosa.
Como faltan pocos artículos para aprobar la reforma del Reglamento -que lleva prácticamente tres años de tramitación y sabemos que cualquier pequeña modificación se puede hacer con muchísima rapidez, pues basta un simple informe de Comisión-, ¿no sería preferible que termináramos este trabajo y acto seguido, cuando tengamos clara la nueva estructura de las plantas -sobre todo, si lo hacemos por la vía legal- adaptemos el Reglamento a la normativa legal? Porque, de lo contrario, es probable que termine esta legislatura y el proyecto no habrá sido aprobado. Y, como digo, su tramitación es muy sencilla, porque no requiere de la iniciativa del Ejecutivo ni de trámites en la otra Cámara.
Entonces, sería partidario de que despacháramos la reforma del Reglamento, y una vez que tengamos claras las modificaciones de estructuras y otras que pudieran surgir, se las presente como indicación. El Reglamento permanentemente está sufriendo algunas enmiendas.
Debo hacer presente que nos hemos demorado una semana en examinar exclusivamente un artículo, y ahora -tengo entendido- estamos en el artículo final. Ello no significa que si la semana próxima está listo el otro trabajo, formulemos una nueva indicación para modificar el Reglamento, tal como lo hemos hecho en diversas oportunidades. Pero terminemos de una vez por todas el estudio de esta materia. Aquí estamos hablando de un artículo, en circunstancias de que se han modificado 100 ó 150.
He dicho.

El señor VODANOVIC.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, deseo sumarme a lo planteado por el Honorable señor Urenda.
Me parece muy razonable lo que dice el señor Senador. ¿Por qué no aprobamos formalmente el Reglamento de la manera en que está redactado hasta ahora, incluso dejando constancia, para los efectos del informe, de que en lo pertinente a aquellas normas de personal o a las que podrían verse afectadas por otras decisiones, en su oportunidad se tomará nota de las eventuales modificaciones de que puedan ser objeto? Pero, ahora, cumplamos dando aprobación al Reglamento, con el objeto de que sea editado y puesto pronto a disposición de los señores Senadores, porque en este momento hay dificultad para saber conforme a qué normas estamos operando.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, desgraciadamente estuve enfermo y no pude participar en la discusión de otras partes del Reglamento. Pero, en todo caso, me atrae la idea de dejar despejado el problema del Reglamento sobre alguna base.
Ahora, en lo referente a la cuestión del personal, tengo preocupación -se la he hecho presente al señor Presidente y a otros miembros de la Comisión de Régimen Interior- de que no esté acomodada la actual reglamentación a las situaciones legales, tanto previsionales como laborales. Me gustaría saber si acaso ese aspecto fue discutido y precisado. Porque en alguna oportunidad me fueron solicitados -lo que agradezco mucho- algunos informes, los que entregué. No sé si se los consideró o no, pero la situación del personal -en especial el de planta del Senado y el personal administrativo o de apoyo a los señores Senadores- no estaba esclarecida suficientemente.
Por eso, me atrae la idea de que, junto con aprobar el Reglamento, dejemos alguna salvedad para chequear la situación del personal y aclarar de una vez por todas los problemas.
Por ejemplo, he tenido informaciones de la Dirección del Trabajo respecto de situaciones incómodas que se plantean y que podrían afectar al prestigio del Congreso. Sé de personal, por ejemplo, que ha tenido dificultades para hacer su declaración de renta, porque el sistema de descuento no está suficientemente esclarecido. Me refiero a este tipo de problemas. Y más que una observación, estoy formulando una pregunta, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aquí se han planteado dos materias.
Una dice relación con la reforma del Reglamento. Y al parecer, la Sala quiere aprobarlo para tener un texto. En ese aspecto, me abstengo, porque hay un compromiso entre la Comisión de Régimen Interior y la Asociación del personal -trabajosamente logrado- en el que se ha aceptado un sistema distinto al de acá. De modo que no quisiera tener dificultades con el personal aprobando algo que no corresponde a lo que hemos acordado. Por lo tanto, me abstengo en la votación de ese punto.

El señor OTERO.- ¿Me permite señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, voy a contestar las dos preguntas.
En cuanto a la segunda observación formulada por el Honorable señor Thayer, quiero descargar su preocupación. En esa materia se ha llegado a un completo acuerdo, que permite solucionar todo el problema que ha existido respecto a las dificultades previsionales y otras que ha tenido el personal. Me refiero a los personales de planta, a contrata y a honorarios del Senado, que quedarán en situación de absoluta normalidad desde los puntos de vista tributario y previsional. Respecto del personal de los Senadores, quedan algunos puntos pendientes, porque hay casos diferentes. Pero en lo que corresponde a la responsabilidad del Senado como tal en sus relaciones con la legislación vigente, eso ha quedado ya acordado con el personal y en la Comisión de Régimen Interior. No ha sido fácil, pero se ha logrado plena y satisfactoriamente.
Me refiero a otro asunto. No seré obstáculo para aprobar el Reglamento. Lo que quiero decir es que, en cuanto al sistema de manejo de fondos, de autorizaciones de fondos, hemos buscado una forma más moderna y eficiente de proceder, desligando francamente del Secretario, que es el Jefe del Servicio, y del Prosecretario, funciones financieras y de control de fondos que han pasado a ser muy complejas por el volumen de gastos que tiene el edificio. Antiguamente, el Senado tenía un sistema propio de los años 30 ó 40, en donde las cosas se hacían a mano, sin equipamiento, en forma un poco familiar, muy correcta y respetable, porque incorrección no se ha notado nunca aquí. Pero sí se ha querido establecer, sobre la materia, una estructura más acorde con los procedimientos modernos que se usan en todas las instituciones públicas y privadas.
El señor URENDA.- Coincido plenamente con el fondo del planteamiento...

El señor VALDÉS (Presidente).- El Honorable señor Otero había pedido la palabra.

El señor OTERO.- Con las explicaciones dadas por el señor Presidente y dejando constancia de las salvedades que indicó, para que las podamos revisar cuando esté listo el acuerdo a que llegue la Comisión con el personal, perfectamente bien podríamos aprobar el Reglamento, para que todo lo demás entre en vigencia.
Así que entre lo señalado por el señor Presidente y lo propuesto por el Honorable señor Urenda no hay conflicto, en el sentido de que lo aprobamos dejando expresa reserva respecto de ambas materias en la forma en que lo ha expuesto el señor Presidente.
Por otra parte, nos agrada enormemente la información proporcionada por el señor Presidente, en el sentido de que efectivamente se va a normalizar toda la parte previsional y tributaria del personal del Senado.

El señor VALDÉS (Presidente).- No quisiera sorprenderlos después con una reforma que puede venir en pocos días más, cuando estemos aprobando esto.
En ese sentido, para tener cerrado el Reglamento, poderlo editar y trabajar en los otros puntos, se podría aprobar la proposición.

El señor SIEBERT.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIEBERT.- Señor Presidente, no deseo ser obstáculo para aprobar el Reglamento, pero quiero sugerir una solución ecléctica: que se trabaje hasta principios de marzo. Porque no creo que se vaya a aprobar, de esta semana a la próxima, la reforma del Reglamento. Incluiríamos las modificaciones que estén de acuerdo con los estudios que se están haciendo respecto de la planta y el organigrama del Senado. ¿Para qué vamos a aprobar ahora algo que no está de acuerdo con lo que se está estudiando en la Comisión de Régimen Interior? El señor URENDA.- Señor Presidente, incluso se va a dictar una nueva ley modificatoria de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, lo que necesariamente va a obligar a adaptar otras disposiciones del Reglamento. Éste se puede modificar en cualquier instante. Lo que se aprueba ahora no implica establecer algo inamovible. Y como el asunto depende sólo de nosotros mismos, se trata nada más que de dar vigencia a un cúmulo de disposiciones ya aprobadas, en el claro entendido de que tendremos que introducirles modificaciones, porque vamos a modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Pero si esperamos que todo esté listo, obviamente no aprobaríamos el Reglamento hasta marzo o abril.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, sólo deseo apoyar la idea de que aprobemos el Reglamento y le demos curso.
Como aquí se ha hecho presente -incluso la indicación partía de ese supuesto-, hoy existen normas respecto de las cuales están muy acabados los estudios como para modificarlas. En realidad, no vale la pena sujetar la aprobación del Reglamento al despacho de esas normas que versan sobre aspectos distintos al de la tramitación de la ley, y que dicen relación con la planta y el personal del Senado, con el manejo de los recursos y con materias referentes a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Como no tenemos limitaciones para los efectos de proponer enmiendas, apoyaría la idea de aprobar el Reglamento, con la salvedad de que a muy corto plazo se tendrán que hacer modificaciones en los aspectos señalados. Aprobamos, repito, todo lo relativo a la discusión de la ley, a las intervenciones de los parlamentarios, lo que es muy importante en el quehacer interno del Senado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, comprendo perfectamente el punto de vista y el compromiso de Su Señoría con el personal en lo que ya han estado de acuerdo. Pero creo que estos artículos podrían dejarse tal como están agregándoles el carácter de transitorio. De ese modo, quedará entendido que están en estudio y se van a modificar más adelante.

El señor THAYER.- Quiero dejar muy en claro que estimo sumamente delicada la cuestión que ha planteado el señor Presidente sobre acuerdos a que ha llegado con los funcionarios en materia de personal.
Por mi parte, apoyaré en forma total lo que Su Señoría ha sugerido. Vale decir, en la aprobación del Reglamento, llego hasta donde esté de acuerdo el señor Presidente, porque no quisiera que se creara un problema de roces con el personal. Me parece que lo razonable es aprobar todo lo que no está en discusión. Si queda un punto en discusión, o lo dejamos pendiente o se aprueba de manera provisional, sujeto a la ratificación del acuerdo que el señor Presidente tiene pendiente. El señor VALDÉS (Presidente).- Considero fuerte el argumento de que no se puede suspender todo el despacho del Reglamento por un capítulo que se refiere a un asunto distinto. Pero sí deseo dejar constancia muy explícita de que debe ser considerado y modificado lo relativo a las funciones, al personal de Secretaría, a todas esas funciones finales sobre las cuales ya hay un principio de acuerdo. Lo que me preocupa es que no estoy tan seguro de que sea muy fácil reformar los reglamentos. El nuestro tiene muchísimos años. Y, entonces, puede ocurrir que se arrastre el problema durante bastante tiempo y no consigamos ponerlo al día. Pero, tal vez, el ánimo de los señores Senadores es que despachemos, tan pronto esté en condiciones de ser visto por la Sala, ese cuadro de reemplazo que no afecta para nada a las otras responsabilidades relativas al manejo del Senado, sino que se refiere a lo interno, a las funciones, a la descripción de éstas, a las calificaciones, a la planta, a las responsabilidades. En consecuencia, habrá como una especie de reemplazo de una parte del Reglamento. Y ello se encuentra tan listo que reconozco como una falla de la Mesa no haberlo tenido a tiempo para llevarlo a la Comisión, y luego, a la Sala. El señor URENDA.- Yo excuso a la Mesa, señor Presidente. Como habrá que modificar una ley orgánica a la cual el Reglamento necesariamente debe adaptarse, si estamos de acuerdo en las demás cosas, no veo el problema. Lo que estamos despachando se ha demorado, ya que, obviamente, ha habido que modificar íntegramente el Reglamento. Pero el trabajo posterior será trasladar al Reglamento los acuerdos que emanen de esa reforma legal y los de la Comisión de Régimen Interior respecto del personal. Es decir, se tratará simplemente de un trámite que puede demorar 24 horas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, señor Senador. Pero hay una reforma legal referente a algunos aspectos, y otras reformas que son internas y que corresponden al mejor manejo del Senado, en lo cual hemos llegado a un trabajoso acuerdo con los funcionarios, con la Asociación de Empleados del Senado, ratificado por las asambleas, y que, también, repercute en la Cámara de Diputados, porque allá se ha hecho lo mismo. Es un proceso de modernización, y es importante haber llegado a un acuerdo con los funcionarios, quienes participaron desde su perspectiva en lo tocante al funcionamiento de la Corporación.
En consecuencia, requiero de Sus Señorías que, cuando llegue el momento, demos a este asunto un lugar en la tabla, para dedicarnos a él. Porque no quisiera que hubiera un retraso o que se perdiera todo el esfuerzo realizado.

El señor PALZA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.- Señor Presidente, formulé una petición a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por un problema que existe en los artículos 104 y 106 del Reglamento. Al parecer, al comienzo de esta sesión se acordó tratar este punto al final del estudio del Reglamento.
Si su Señoría me lo permite, podría informar de qué se trata esto. Además, el Senador señor Otero conoce el tema.
Cuando se presentan indicaciones a cualquier proyecto de ley, a juicio de algunos señores Senadores debe someterse a votación sólo la indicación. Me refiero al segundo informe de los proyectos. Pero existe el criterio en el sentido de que, presentada una indicación a una norma, todo el artículo queda sujeto a interpretación y modificación. Y el problema se presenta con el artículo 106 cuando se renuevan las indicaciones. Eso no está claro. Por eso, solicitamos la interpretación de este asunto a la Comisión de Constitución. Pero me dicen que se acordó no mandarlo a la Comisión, sino someterlo a la consideración de la Sala. En lo personal, prefiero que vaya a Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Creo que lo más conveniente es mandarlo a Comisión, para así no demorar la aprobación del proyecto. Se trata de una interpretación respecto de lo que Su Señoría plantea.
El señor PALZA.- Así me parece, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Como ha llegado la hora fijada como término de la sesión, solicito el asentimiento del Senado para prorrogarla por unos minutos hasta despachar el Reglamento.
Acordado.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).- En seguida, en el segundo informe, la Comisión propone en el N° 41 de la enmienda n), lo siguiente: "En el N° 3° del inciso segundo del artículo 223, eliminar los vocablos "al Senado", que van a continuación de la palabra "Tesorería", y suprimir la parte final que dice: "El Senado conocerá de dichas cuentas previo informe de la Comisión de Régimen Interior.".".
El N° 3° del primer informe decía: "3° Presentar semestralmente las cuentas de Tesorería al Senado, acompañadas de los comprobantes respectivos. El Senado conocerá de dichas cuentas previo informe de la Comisión de Régimen Interior.". Actualmente dice: "3° Presentar semestralmente las cuentas de Tesorería, acompañadas de los comprobantes respectivos.". En consecuencia, quedarían eliminados los vocablos "al Senado" y la frase final.
-Se aprueba la enmienda.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La enmienda ñ) del segundo informe dice: "ñ)
Agregar el siguiente N° 17:

"17.- Intercálase, a continuación del artículo 224, el siguiente título XVII, con sus artículos 225, 226, 227 y 228:".".
El Título XVII se refiere a los recursos. El artículo 225 expresa:
"Los recursos necesarios para el funcionamiento del Senado, serán consultados anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación, sujetándose a la clasificación presupuestaria común para el sector público.
"Para estos efectos, el Presidente del Senado comunicará al Ministro de Hacienda las necesidades presupuestarias del Senado,", etcétera.

La señora FELIÚ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión la enmienda. Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, presumo que se trata de una de mis indicaciones; no lo he corroborado. Pero, en todo caso, sólo se desea introducir en el Reglamento las mismas normas contenidas actualmente en la ley N° 18.918 sobre la materia. No se innova en absoluto. Además, todo esto quedará sometido a lo que Su Señoría ha planteado respecto a la posibilidad de que pueda revisarse lo tocante al manejo interno. Pero -reitero- estas disposiciones sólo reproducen lo que actualmente señala la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. -Se aprueba la enmienda.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La enmienda letra o) expresa:
"o) El N° 13 pasa a ser N° 18, sustituyendo las menciones al número "225" y al "Artículo 225", por otras al número "229" y al "Artículo 229", respectivamente, y". Es decir, son modificaciones de concordancia.
-Se aprueba la enmienda.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La enmienda letra p) expresa:
"p) Reemplazar el N° 14, que pasa a ser N° 19, por el que a continuación se indica:

"19.- Sustitúyese el Título Transitorio, con sus artículos 1° y 2°, por el siguiente:

"Artículo transitorio.- Los artículos 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 207, 208, 212 y 213 entrarán en vigencia cuando se aprueben sus textos definitivos con el acuerdo de la Cámara de Diputados."
Ésta es la última enmienda propuesta en el segundo informe.
-Se aprueba la enmienda.

El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la discusión del Reglamento.
Por lo tanto, el texto se editará rápidamente, para el manejo de los señores Senadores. Y espero que tan pronto como sea factible -ojalá en la primera semana de marzo- podamos disponer de la parte de reemplazo a que nos hemos referido, para incorporarla al texto del Reglamento que acabamos de aprobar.

El señor VALDÉS (Presidente).- Antes de levantar la sesión, debo señalar a Sus Señorías que acabo de ser informado de que la Excelentísima Corte Suprema ha tomado conocimiento de los acuerdos adoptados anoche por el Senado, y que ha resuelto acatar lo dispuesto por esta Corporación.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 14:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción