REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 22ª, en martes 12 de enero de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 22:21)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS , PRESIDENTE, Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortíz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia, de Obras Públicas, del Trabajo y Previsión Social, Secretario General de Gobierno y Secretario General de la Presidencia.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 42 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Las actas de las sesiones 18a, extraordinaria, en sus partes pública y secreta, y 19a, ordinaria, en 16 y 22 de diciembre de 1992, respectivamente, se encuentran en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "simple", a los siguientes proyectos:
1.-
El que permite al Fisco asumir algunos derechos y obligaciones pendientes de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP).
2.-
El relativo al convenio regional de convalidación de estudios y títulos, suscrito el 19 de julio de 1974, en Ciudad de México.
-Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el tercero retira la urgencia al proyecto que modifica la ley N° 4.601, Ley de Caza.
-Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha tomado conocimiento del rechazo del Senado a la modificación propuesta por la Cámara dé Diputados al proyecto que introduce diversas modificaciones al decreto ley N° 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera, y de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse como consecuencia del referido rechazo, indicando, además, los señores Diputados que ha designado para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
-Se toma conocimiento y se manda agregarlo a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que ha rechazado la modificación que indica, introducida por el Senado al proyecto de ley que crea un Fondo para la Capacitación y Formación Sindical, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los cinco señores Diputados que señala. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el tercero comunica que ha rechazado las enmiendas que indica, introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los cinco señores Diputados que señala.
-Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores miembros de la Comisión de Agricultura.
Con los cuatro siguientes comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas introducidas por el Senado a los siguientes proyectos:
1.-
El que modifica el artículo 4° bis del decreto ley N° 539, de 1974, en lo relativo al sistema de cálculo del reajuste de las deudas habitacionales que señala.
2.-
El que sustituye las plantas del personal del Instituto Nacional de Estadísticas.
3.-
El que dispone mejoramiento de las pensiones de los empleados públicos y otras disposiciones previsionales.
4.-
El que rebaja dividendos por créditos hipotecarios de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo (ANAP).
-Se toma conocimiento y se manda archivarlos.
Con el octavo comunica que acordó dar lugar a la acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra de los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema señores Hernán Cereceda Bravo, Lionel Beraud Poblete y Germán Valenzuela Erazo, y del señor Auditor General del Ejército, don Fernando Torres Silva, en cuanto integrante de ese Alto Tribunal, por la causal de notable abandono de sus deberes, establecida en la letra c) del número 2) del artículo 48 de la Constitución Política de la República.
Además, señala que acordó designar una Comisión integrada por los Diputados señores Sergio Elgueta, Gutenberg Martínez y Jorge Schaulsohn, para formalizar y proseguir esta acusación constitucional ante el Senado.
-Se toma conocimiento de la acusación constitucional entablada por la Cámara de Diputados.
Dos de la Corte Suprema:
Con el primero emite su opinión en cuanto al proyecto de ley que modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales.
-Se toma conocimiento y se manda agregarlo a sus antecedentes.
Con el segundo comunica que ha elegido como Presidente de ese Excelentísimo Tribunal, por el próximo trienio, al Ministro don Marcos Aburto Ochoa.
-Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Diez y Lavandero, en el que solicitan recursos para mejorar el camino que une las localidades de Reigolil, Quiñenahuín y Curarrehue, en la Novena Región.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei, en el que solicita que se otorgue al Director General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado autorización para reponer el 40 por ciento de descuento de remuneraciones por planilla respecto de las adquisiciones que sus trabajadores efectúan en la Cooperativa de la Empresa.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Siebert, en el que solicita que se adopten medidas de fiscalización y de sanción para quienes hagan mal uso de la franquicia consistente en la reinscripción de buses o camiones de fabricación antigua armados con piezas usadas.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Del Director del Servicio Electoral, con el que da a conocer el cronograma que contempla los plazos establecidos por la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, elaborado para las distintas actividades del proceso electoral a efectuarse durante el presente año.
-Queda a disposición de los señores Senadores a través de la Oficina de Informaciones de la Corporación.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar al comienzo de la sesión ordinaria de hoy los siguientes asuntos, signados en la Tabla con los números 4 y 7:
a) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales.
b) Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede amnistía a infractores de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
2.-
Tratar en seguida el proyecto de reforma constitucional, en segundo tramité, sobre materias electorales.
3.-
Tratar en el último lugar de la Tabla de hoy el proyecto que modifica el Reglamento del Senado, prorrogándose la sesión, para ese efecto, hasta por 2 horas.
4.-
Tratar en la sesión ordinaria del jueves próximo, 14 de enero, el proyecto sobre jueces árbitros y procedimiento arbitral, y, si se aprueba en general, fijar un plazo de 10 días para presentar indicaciones.
5.-
Tratar en la sesión ordinaria del jueves 14 de enero el proyecto de ley sobre fomento del libro y la lectura.
6.-
Establecer el siguiente procedimiento para el despacho de la acusación constitucional deducida contra tres Ministros de la Excelentísima Corte Suprema y el Auditor General del Ejército, en cuanto integrante de la misma:
a) Iniciar su consideración en sesión especial el martes 19 de enero, convocándola desde las 10 hasta las 13:30.
En esa oportunidad se escuchará una relación sucinta que hará el señor Secretario sobre la acusación y, en seguida, a la Comisión de Diputados que la formalizará.
b) Celebrar una sesión especial de la Corporación el mismo día, de 16 a 20, a fin de escuchar la defensa de los acusados.
c) Realizar una sesión especial, de 10 a 13:30, el miércoles 20 de enero, en la que se distribuirá el tiempo otorgando los primeros 90 minutos para la réplica de la acusación y 120 minutos para la duplica de la defensa, y
d) Efectuar una sesión especial el mismo miércoles, de 16:30 en adelante, para realizar la votación, la que, a solicitud de un Comité, será nominal. Cada señor Senador dispondrá de 15 minutos para fundar su voto.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor GAZMURI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, sólo deseo referirme a un asunto que no se trató en la reunión de Comités y que sería conveniente dejar aclarado en la Sala: entiendo que en la votación de la acusación constitucional, que tendrá lugar el miércoles 20, no existirán pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El quórum exigido constitucionalmente es mayoría de Senadores en ejercicio. Y creo que, dada la naturaleza del acto y la función que la Corporación desempeñará en ese momento, no deberían funcionar los pareos.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor VODANOVIC.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, la Sala no puede adoptar acuerdos sobre materias que están fuera de su competencia, según el orden natural de las cosas. Los pareos, en cuanto acuerdos de caballeros, siempre rigen. Es cuestión de no pactarlos -nada más- para que no se lleven a efecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Evidentemente, en cuanto acuerdos de caballeros, la Sala no puede adoptar ninguna resolución, pues todos somos caballeros. Sin embargo, en este caso excepcional, respecto de los pareos reglamentarios que deben inscribirse en Secretaría, a mi juicio, sí está facultada para pronunciarse como lo hizo.
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, a mi parecer, con mucha razón el Senador señor Vodanovic se refirió a la naturaleza de las cosas. En esta circunstancia, el Senado actúa como jurado. En tal sentido, mal podría haber un pareo. De lo contrario, implicaría una suerte de predefinición acerca de la manera como votarían quienes lo suscribieran.
El señor VALDÉS (Presidente):- Suspenderé la sesión por algunos minutos posibilitar que se repartan los antecedentes que hemos preparado sobre la acusación constitucional.
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-Se suspendió a las 16:40.
-Se reanudó a las 16:44.
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El señor Valdés (Presidente).-
Continúa la sesión.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 505 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, EN LO RELATIVO A NOTIFICACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 15a, en 6 de agosto de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 20a, en 5 de enero de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Respecto de esta iniciativa, originada en moción de diversos señores Diputados, la Comisión de Constitución, en su informe, propone aprobar el proyecto por 3 votos contra 2. Votaron en favor del texto de ley los Senadores señores Letelier, Vodanovic y Pacheco, y en contra, los Honorables señores Diez y Fernández. Y con igual votación recomienda rechazar el artículo transitorio del proyecto.
Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema, como se acaba de dar a conocer en la Cuenta de hoy, por segunda vez informa favorablemente la iniciativa. Y dice: "Impuesta esta Corte de la materia en consulta en su sesión de 30 del presente mes de diciembre, y con asistencia del Presidente Subrogante señor Cereceda y de los Ministros señores: Jordán, Zurita, Faúndez, Dá-vila, Beraud, Toro, Araya, Perales, Valenzuela, Alvarez, Carrasco, Correa Bulo y Garrido, acordó informar favorablemente el referido proyecto, en cuanto por disposición legal y constitucional le corresponde opinar.".
El señor VALDÉS (Presidente),- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, tal como se consigna en el informe, votamos en contra de esta iniciativa por considerar que sus disposiciones tienden a minar la efectividad de las resoluciones judiciales y a transformar la libertad provisional -de hecho en gran parte de los casos- en libertad definitiva, cuando reste tiempo para cumplir la sentencia.
Además, el proyecto permite que una persona solicite la gracia del indulto sin estar cumpliendo la pena correspondiente. Y lo mínimo .que debe exigirse es una muestra de aceptación y acatamiento de la pena asignada y de someterse al orden jurídico en virtud del cual le fue impuesta esa pena.
Por estas razones, con el Honorable señor Fernández, rechazamos la legislación que se propone.
No obstante lo anterior y para el evento de que la iniciativa fuera aprobada, o quizás como una manera de obtener la unanimidad del Congreso, con el Honorable señor Otero redactamos una indicación que, como incide en un artículo único, debe discutirse y votarse en esta misma sesión. Consiste en agregar, cambiando el punto final por un punto seguido, la siguiente frase: "Ello no obstante, el condenado a pena privativa de libertad no podrá solicitar su indulto sin que previamente se encuentre cumpliendo su condena.".
He dicho.
El señor VODANOVIC.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, ignoro con qué formalidad se ha puesto en el primer lugar de la tabla este proyecto, que se pensó que era de fácil despacho y no ha sido así, ya que tiene discusión.
Por lo expuesto, solicito segunda discusión.
El señor PAPI.- Señor Presidente, sobre la materia estaba consultando con el señor Secretario, quien posiblemente captó mejor los acuerdos de Comités. Si mal no recuerdo, hubo consenso para tratar primero dos proyectos que, justamente por su naturaleza, eran de tramitación más expedita y ojalá -eso no quedó claro- sin mayor debate o sin debate. Esa fue la intencionalidad. De lo que no estoy cierto es si se arribó a un acuerdo formal. Pero ésa fue la idea: considerar ésta y otra iniciativa más que por sus naturalezas no ameritaban mayor discusión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Efectivamente, los Comités acordaron alterar el orden de tratamientos de estos dos asuntos, porque -se pensaba- no tendrían discusión y se aprobarían.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en reiteradas ocasiones se ha manifestado aquí que los Comités no estamos facultados para eliminar el derecho constitucional que cada señor Senador tiene en la Sala para formular las observaciones que estime convenientes.
Esto no es nuevo. En otras oportunidades se ha debatido. Y lo único que corresponde a los Comités es efectuar simplemente una recomendación. Pero a los señores Senadores compete todo el derecho constitucional para ejercer su función en la Sala de la Corporación.
Por lo tanto, nos parece que la intervención del Honorable señor Diez es perfectamente legítima y ajustada a la Constitución y al Reglamento, en cuanto a que puede plantear indicaciones a un proyecto.
El señor VODANOVIC.- Insisto en mi solicitud de segunda discusión, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El proyecto queda para segunda discusión.
AMNISTÍA A INFRACTORES DE LEYORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Los Comités también acordaron tratar en segundo lugar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede amnistía a los infractores de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Cantuarias y mensaje del Ejecutivo).
En primer trámite, sesión 25a, en 15 de septiembre de 1992 y sesión 16a, en 10 de diciembre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 21a, en 7 de enero de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
El proyecto -que tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y que fue aprobado en general y en particular por la Comisión, luego de que por la unanimidad de sus miembros, refundió su texto con una moción sobre la misma materia suscrita por el Honorable señor Cantuarias- dice:
"Artículo único.-
Concédese amnistía a todas las personas que, con ocasión de las elecciones municipales del 28 de junio de 1992, hayan incurrido en infracción de lo dispuesto en los artículos 126 y 139 de la ley N° 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, la verdad es que hemos analizado la iniciativa en debate, y algunos Senadores de Renovación Nacional la estimamos absolutamente (inconveniente. No puede constituirse en norma permanente el establecer disposiciones legales para que sean incumplidas y, a continuación, conceder amnistía a los infractores.
Aquí hay dos materias importantísimas. La primera, vinculada con algo que realmente preocupa a todo el Senado, es el respeto a la ley, en especial cuando se trata de proteger el entorno y de defenderse de la contaminación visual del lugar donde uno habita. Se está pretendiendo amnistiar a quienes hayan incurrido en propaganda electoral ilegal, o sea -como dice textualmente el informe- "la que se hace por medio de pintura, carteles o afiches adheridos en muros exteriores de edificios y cierros, en postes, puentes, calzadas, aceras, instalaciones públicas en el mobiliario urbano, entendiéndose por tal las fuentes, estatuas, escaños, jardineras, semáforos y quioscos.". Como se ve, es una disposición jurídica que tiene por objeto resguardar la propiedad pública y privada. Queremos ordenar el trabajo electoral. Cabe advertir que entramos a un año de elecciones. Si se aprobara esta amnistía, estaríamos diciendo: "Desde este momento, hay "chipe" libre para saltarse esta ley". Y, olvidándonos de la ecología, constituiríamos todo el territorio nacional en una sola muralla de propaganda electoral.
En esta Sala los señores Senadores han dejado expresa constancia de su preocupación e inquietud por la ecología. Pero ésta no sólo envuelve el cuidado de las aguas y del aire. También existe una inquietud ecológica por la contaminación visual. Y también tenemos la obligación ineludible de respetar la propiedad pública y privada. Basta ir al centro a los extramuros de Santiago -en instantes en que no estamos en pleno período de elecciones- para ver hoy los muros de la ciudad atiborrados de afiches de propaganda ilegal.
Se dictó una ley y la hemos tratado de respetar; y, ahora, terminadas las elecciones, se amnistía a quienes la han infringido. Y se nos olvida que en ocho meses más habrá comicios. Por lo tanto, ¿por qué no somos mucho más francos, por qué no presentamos un proyecto de ley que diga: "Señor, las ciudades, el entorno del país va a ser la ley de la selva. Raye donde quiera, pinte donde quiera, empapele donde y como quiera."? En el fondo, señores Senadores, eso es lo que está haciendo este proyecto de ley.
La segunda materia se refiere a amnistiar a quienes no concurrieron a votar, cuyo fundamento uno puede perfectamente bien entender. Por eso hago una distinción muy grande entre las dos amnistías propuestas. En la primera, me opongo terminantemente por las razones que he dado. En la segunda, se nos plantea un dilema bastante serio: ¿Es la amnistía la vía adecuada para dejar sin efecto una disposición que muchos podremos encontrar poco congruente con la normativa sobre inscripciones? No es obligatorio inscribirse en los Registros Electorales; pero sí lo es votar. Los dos procesos tienen que ir de la mano. Si no me inscribo, no pasa absolutamente nada. Pero si me inscribo y no voto, sí que cometo delito y debo ser sancionado. Debemos, entonces, optar: o es obligatorio inscribirse y votar -o sea, participar como ciudadano- o bien es voluntario inscribirse y obligatorio votar. Hay un contrasentido. Aparentemente, sería lógico aprobar esta amnistía. Y hay también razones de carácter material que la hacen aconsejable, porque no habría capacidad suficiente para procesar a todas las personas que han infringido esta norma de la ley electoral. Pero se nos plantea un desafío, y un desafío real. ¿Es conveniente seguir eludiendo los problemas de fondo con estas soluciones de parche? ¿No es mucho más lógico que, en lugar de estar proponiendo leyes de amnistía para los que no han votado cada vez que se ha efectuado un proceso electoral, discutamos derechamente si hacemos obligatorios la inscripción y el voto, o si los dejamos absolutamente voluntarios? Pero no me parece aceptable que, existiendo una disposición legal -que debe ser imperativa en el ordenamiento jurídico de la República-, con posterioridad, transgredida la norma, el Senado otorgue la impunidad. El precedente, a mi juicio, es nefasto pues estamos estableciendo que, en ciertos casos, es posible no cumplir la ley, teniendo la certeza de que un cuerpo legislativo como el Congreso Nacional otorgará después a los infractores el blanqueo más absoluto, diciéndoles: "Señores, ustedes no han cometido ningún hecho reprochable".
¿Para qué entonces tenemos leyes?
Con estos proyectos que conceden amnistía se destruye el principio de la institucionalidad y de la legalidad, y, fundamentalmente, el respeto al Estado de Derecho. ¿Qué significado reviste este concepto, señor Presidente? El Estado de Derecho no consiste en contar con una Constitución Política, con un Parlamento, o el derecho a voto. El Estado de Derecho se materializa por el cumplimiento irrestricto de las normas legales, a las que están sometidos tanto quienes desempeñen la más alta magistratura como la más humilde de las personas del territorio nacional. Nadie puede dejar de cumplir la ley y no sufrir la sanción correspondiente. Cuando una normativa legal se encuentra vigente, debemos hacerla cumplir, y no es ni lógico ni conveniente ni constituye un buen precedente para el Estado de Derecho el que, cuando la transgresión a ella es clara y reiterada, se cuente con el respaldo de una amnistía del Congreso.
Por tales razones, personalmente soy contrario a este proyecto de ley. Podría incluso votar favorablemente la segunda parte, si realmente nos comprometiéramos a estudiar el problema de fondo: ¿Inscribirse y votar va a ser obligatorio o voluntario? En este aspecto debemos ser consecuentes coincidentes. Pero me parece que ni ética ni moral ni legalmente se justifica amnistiar precisamente a quienes han violado la ley de elecciones en perjuicio de toda la ciudadanía y de los bienes públicos y privados.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, quiero señalar que comparto las expresiones genéricas que hemos oído al Senador señor Otero. Creo que la discusión de fondo deriva de la apreciación que tengamos sobre los deberes y responsabilidades de los ciudadanos en un sistema democrático. Y, naturalmente, está en juego adicionalmente la manera como nosotros, legisladores, pretendemos transmitir a los chilenos la conveniencia de que cumplan sus responsabilidades al vivir en una sociedad democrática. Recordemos que hay diversos países de larga tradición democrática , algunos de ellos con gran desarrollo económico, donde la participación ciudadana es muy limitada y escasa. También en nuestro continente, a veces por la fragilidad que tiene la democracia debido a los graves problemas de injusticia que se producen y por la falta de percepción de la relevancia del sistema democrático, se da una pobre participación ciudadana en los actos electorales. Afortunadamente, en nuestro país la situación es distinta, ya que en los comicios llevados a cabo se ha registrado un alto porcentaje de concurrencia. Y ello a pesar de que inscribirse no está consignado como una obligación constitucional. Es decir, hay -me parece- una cierta contradicción: la inscripción es libre, pero el carácter imperativo de acudir a las urnas para quien hace uso de esa libertad está estatuido por ley. Y éste es uno de los temas que nos encontramos examinando. Y lo advierto porque podría prestarse a confusión, ya que se trata de dos iniciativas. Una de ellas -moción del Senador señor Cantuarias- se refiere a dos artículos de la ley de Votaciones y Escrutinios: al 126, atinente a quienes han infringido las disposiciones sobre propaganda electoral, tema que ya abordó el Honorable señor Otero, y al 139, que fija sanciones para los ciudadanos que no acudieren a votar.
¿Qué importancia reviste el hecho de que debatamos esta materia? ¿Qué vamos a decir a los ciudadanos chilenos que, aun cuando no es obligación establecida en la Constitución, se inscribieron en alto porcentaje? ¿Qué vamos a decir al 90 por ciento de los chilenos que votó en las elecciones recientes? ¿Qué podemos decir al resto, a ese 10 por ciento que no votó? Dos tercios de quienes no lo hicieron se preocuparon de concurrir a las comisarías respectivas a dejar constancia de que no podrían votar por encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del lugar donde debían sufragar, por estar enfermos o en alguna de las situaciones de fuerza mayor consideradas por la ley. Nuestros Consulados recibieron adicionalmente antecedentes de chilenos que, viviendo en el exterior, fueron a hacer presente que no podían votar por encontrarse precisamente fuera del país. Y, después de que se establecen todos estos mecanismos para que los chilenos ejerzan su derecho, y de que hay una responsabilidad emanada de una decisión posterior a su acto libertario de decidir si se inscribían o no, hoy día se nos propone la amnistía. ¿A quién? Al tercio que no pudo ir, y en el que puede estar incluido el habitante de una modesta comuna de alguna Región y al cual la asistencia a una mesa electoral le significa gastos, o a quien desconozca las normas legales existentes sobre el particular, aun cuando se sostiene que éstas se presumen conocidas por el solo hecho de ser publicadas en el Diario Oficial. Sin embargo, puedo afirmar que en la Región que tengo el honor de representar hay comunas adonde ni siquiera llegan los diarios más corrientes. ¡Imaginen si llegará o no el Diario Oficial!
En consecuencia, se trata de examinar el problema desde un ángulo distinto. ¿Por qué el Gobierno no ha decidido modificar esta situación? Porque, de acuerdo con las normas de. la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, este procedimiento debe efectuarse ante los juzgados de policía local, los que tendrían que proceder a notificar a cerca de 700 mil chilenos y tomar en consideración las excusas que correspondan. O sea, no es una iniciativa con la cual el Ejecutivo pretenda simplemente oscurecer una cuestión central, sino de superar una situación existente en el funcionamiento del sistema de votación en nuestro país, derivada del recargo de trabajo que afecta a esos tribunales. El propio Gobierno señala en el mensaje que se está estudiando una fórmula que permita regular adecuadamente la presentación de la excusa consagrada en la ley.
Por lo tanto, teniendo presente las razones expuestas y dejando constancia de mi respaldo a la decisión de los Comités de facilitar el trámite de la iniciativa, solicito respetuosamente a la Sala, en virtud del número 7 del artículo 112 del Reglamento, que se envíe nuevamente el proyecto a Comisión con el objeto de que puedan considerarse otras medidas, e imponernos de los cambios de fondo que desea introducir el Gobierno en esta materia. De esta manera se evitaría que hoy el Senado de la República -por lo menos en este tema-- pudiera dar una imagen que personalmente estimo negativa respecto de la forma cómo deben asumirse las responsabilidades en el ámbito de la participación ciudadana en lo atinente a los procedimientos democráticos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, de acuerdo con lo solicitado, se enviaría el proyecto a Comisión.
El señor VODANOVIC.-
No hay acuerdo.
El señor HORMAZÁBAL.-
Habría que votar.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que ha sucedido algo extraño hoy día en la reunión de Comités porque nos han propuesto tratar como materias de fácil despacho dos asuntos que han dado lugar a intensas discusiones. Al parecer, señor Presidente, hay problemas de sintonía entre los Comités y la Sala. Por lo tanto, y sin entrar en el mérito del proyecto -porque es indudable que no es de trámite expedito-, igual que en el caso del anterior, pido segunda discusión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
La iniciativa queda para segunda discusión.
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE MATERIAS ELECTORALES
El señor VALDÉS (Presidente).-
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, sobre materias electorales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6a, en 22 de octubre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992.
Discusión:
Sesión 20a, en 5 de enero de 1993 (queda para segunda discusión).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión deja constancia de que todos los números del artículo único del proyecto requieren para su aprobación, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio.
La iniciativa, originada en un mensaje del Ejecutivo, fue rechazada en la Comisión por tres votos contra dos. Votaron en contra los Honorables señores Diez, Fernández y Letelier, y a favor, la Senadora señora Soto y el Honorable señor Pacheco.
En sesión anterior se solicitó segunda discusión. La Mesa ofreció la palabra en la primera discusión, la que se dio por terminada sin que ningún señor Senador hiciese uso de la palabra. Corresponde, en consecuencia, tratar la iniciativa en segunda discusión.
El señor VALDÉS (Presidente).- En segunda discusión general y particular, ofrezco la palabra al señor Ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor BOENINGER (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, he pedido la palabra al iniciarse el estudio de esta materia porque, dada su trascendencia, el Gobierno ha estimado pertinente dejar constancia expresa de las razones que, a su juicio, abonan su aprobación.
Como saben Sus Señorías, la reforma constitucional sobre materias electorales ha sido complementada por proyectos de ley que introducen modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, a la Ley de Votaciones y Escrutinios y a la de los Partidos Políticos, cuyos textos -como ha ocurrido con otras iniciativas similares- han sido adjuntados simplemente a vía informativa para conocimiento tanto de la Cámara como del Senado. Pero, como es natural, en esta oportunidad limitaré mi intervención a las reformas a las materias electorales, con algunas referencias marginales a los temas que no figuran en ellas.
Deseo recordar brevemente a los señores Senadores que la iniciativa en debate modifica, en primer lugar, todos los artículos de la Carta Fundamental relacionados con la institución de los Senadores designados. Es decir, se la suprime.
En segundo término, se advierte explícitamente que la supresión de los Senadores designados que se propone no afecta a los actuales titulares de dichos cargos, los que continuarán desempeñándolos hasta la finalización del plazo para el cual fueron nombrados; vale decir, ocho años, que concluyen el 10 de marzo de 1998. De ello se deja expresa constancia en una disposición transitoria.
Tercero, se elimina de la Constitución, asimismo, la determinación del número de Diputados -120-, y se propone que la Ley Orgánica del Congreso Nacional lo precise y establezca los distritos en que, para estos efectos, se divide el territorio nacional.
Cuarto, se suprime también el artículo 45 de la Carta Fundamental, que dispone la elección de dos Senadores por circunscripción y que es la única norma constitucional relacionada con el sistema binominal. Como se sabe, la sustitución de éste por un régimen proporcional moderado no figura en este proyecto de reforma constitucional, sino en la iniciativa que propone modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en las otras que mencioné.
Por último, se incluye una disposición transitoria nueva que ratifica la duración en sus cargos de los actuales Senadores electos y propone normalizar la constitución del Senado a partir de 1998, consagrándose que, de aprobarse la reforma, en 1993 se elegirán todos los Senadores definitivos en las Regiones impares, por ocho años, y también los Senadores adicionales que aquélla contempla para las circunscripciones pares, de modo que en estas últimas el año 97 se elija a la totalidad de los Senadores por ocho años.
Finalmente, me parece muy importante hacer presente que en el proyecto de reforma sometido a consideración del Congreso no se propone innovación alguna respecto del texto actual en lo referente a la integración del Senado por los ex Presidentes de la República. Y señalo esto porque en alguna parte ha habido errores de información en el sentido de que esta materia aparecía modificándose, lo. que no es efectivo; en ningún momento ha sido ésa la intención del Ejecutivo.
Señor Presidente, deseo referirme a las razones que ha tenido el Gobierno para proponer las dos enmiendas sustantivas que el proyecto dispone: la supresión, a partir de 1998, de la institución de los Senadores designados y la sustitución del sistema binominal por uno que hemos denominado "proporcional moderado".
Como cosa previa, quiero dejar constancia, una vez más -como me tocó hacerlo tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión en el Senado-, de que .el Gobierno reconoce plenamente el sentido de servicio público, idoneidad y honorabilidad de quienes actualmente desempeñan los cargos de Senadores designados. La argumentación en favor de la reforma propuesta no tiene, pues, relación alguna con las personas de los Honorables Senadores en ejercicio, sino que se fundamenta exclusivamente en razones de Estado, que para nosotros determinan un juicio adverso a esta institución como norma permanente de la Constitución Política de la República. Entrando al fondo de la materia, y respecto, en primer término, de la institución de los Senadores designados, quiero decir lo siguiente.
Primero, parece conveniente cautelar el principio de que los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que son los dos poderes políticos fundamentales del Estado, gocen tanto de la más alta legitimidad como de una igual legitimidad. Gozar de la más alta legitimidad para un poder político implica su elección por los ciudadanos, y para que la de ambos sea igual, dada la división de Poderes existente en Chile, lo razonable es que la generación del Senado sea también idéntica a la de la Cámara de Diputados, vale decir, por sufragio universal enteramente.
Segundo, el Senado cuenta con atribuciones legislativas iguales a las de la otra rama del Congreso, o sea, es tan Cámara política como ésta. Otras funciones del Senado, como su participación en la designación de determinadas autoridades (Directores del Banco Central, del Consejo de Televisión, del Consejo de Pesca, y demás), son adicionales a esta función legislativa fundamental. Y tampoco podría decirse que resta carácter político a la Corporación el hecho de que la labor fiscalizadora del Congreso la ejerza solamente la Cámara de Diputados, o que aquélla actúe como jurado respecto de acusaciones constitucionales. En este aspecto, el Senado, al igual que la Cámara de Diputados, se diferencia radicalmente de otras autoridades, como la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial, que carecen de funciones políticas. En consecuencia, si el Senado es tan Cámara política como la otra rama del Parlamento, no se divisa argumento alguno para que su integración tenga una naturaleza diferente.
Tercero, la facultad que poseen actualmente algunas personas e instituciones para designar Senadores es, a nuestro entender, peligrosa. No sólo no se justifica, sino que nos parece altamente negativa para el sistema político. Y, en tal sentido, no se ve ninguna razón para que el Presidente de la República designe a dos Senadores, en circunstancias de que el régimen presidencial chileno está basado en la separación de Poderes, entendiéndose que el Legislativo es de algún modo un contrapeso del Ejecutivo. Sin embargo, de acuerdo con la normativa que estamos impugnando, el Primer Mandatario elige directamente a dos de los Parlamentarios designados e influye, o participa indirectamente, en la designación de la mayor parte del resto. De este modo, el Presidente de la República aparece influyendo en la composición y en la mayoría política del Senado. De manera que la disposición vigente no sólo no cautela la división de Poderes, sino que, más bien, tiende a menoscabarla.
De igual forma ocurre con la designación de Senadores -en este caso, tres- por la Corte Suprema. Y eso no parece tener justificación alguna, porque la Corte, cabeza del Poder Judicial, claramente no tiene asignado un papel político. Y, sin embargo, contribuyendo al nombramiento de tres Senadores, que tienen roles políticos, que participan en discusiones y en decisiones políticas y que determinan la mayoría del Senado.
Con mayor razón aún se aplica el planteamiento anterior al Consejo de Seguridad Nacional, que aparece eligiendo a cuatro Senadores. En el caso señalado -como bien sabemos- influye en la designación, desde luego, el Primer Mandatario, quien lo preside; y figuran el Presidente del Senado, que contribuye, de acuerdo con esta normativa, al nombramiento de colegas suyos, figura bastante extraña; el Contralor General de la República, que, siendo cabeza de un órgano fiscalizador claramente carente de atribuciones políticas, no parece ventajoso, sino, por lo contrario, altamente inconveniente que participe en designaciones de carácter político, y, por último, los cuatro Comandantes en Jefe, que son cabeza de instituciones profesionales, jerarquizadas, no deliberantes y obedientes, dependientes del Presidente de la República.
Ahora, a este último caso cabría añadir otra reflexión. Porque la norma vigente, obviamente, está hecha para que cada Comandante en Jefe proponga un nombre, de manera que las cuatro instituciones en su conjunto determinen cuatro Senadores. ¿Y qué ocurre si en el seno del Consejo de Seguridad alguna de las cuatro personas propuestas es rechazada por los otros miembros de aquél, sea por el Presidente de la República -del cual son sus subordinados-, o por un colega de las otras ramas de las Fuerzas Armadas? Una situación de esta naturaleza -perfectamente previsible- podría generar, por razones absolutamente ajenas a las relaciones normales entre el Jefe de Estado y los Comandantes en Jefe, o a las de éstos entre sí, un conflicto de no menores proporciones.
Pienso que la argumentación anterior prueba que la participación de las entidades que mencioné en la designación de Senadores, no sólo es ajena a sus respectivos roles, sino que representa un factor de politización indebido y perjudicial. De manera que la reforma sugerida, lejos de que pueda ser acusada de contribuir a politizar determinados organismos, tiene por objeto todo lo contrario: evitar la politización de instituciones trascendentes en la estructura institucional existente. Porque es fácil imaginar la cantidad de presiones políticas -explícitas o encubiertas- que se ejercerán sobre los miembros de tales entidades cuando llegue el momento (que aún no ha ocurrido, desde que se reinició la vigencia del sistema democrático en Chile) de designar, en 1997, a nuevos Senadores.
Cuarto, se sostiene que los Senadores designados pueden constituir un freno o contrapeso a la autoridad ejercida por el Primer Mandatario. La verdad es que el Presidente de la República -como acabo de señalar- tiende más bien a influir muy significativamente en la designación de esas personas. De modo que lo único que en realidad se puede sostener, si de contrapeso se trata, es que la institución ha sido diseñada o puede ser utilizada para que un Presidente en ejercicio actúe con algún contrapeso respecto de su sucesor.
Después, está el argumento de la oportunidad. Porque, total, si los Senadores hay que designarlos cada ocho años, los razonamientos tocantes a la conveniencia del precepto que acabo de exponer podrían parecer exagerados. Pero lo importante acá no es si los riesgos son altos, medianos o bajos, sino que la norma hay que medirla a partir de si es correcta o es inadecuada. Entonces, creo que no es posible desestimar la reforma o su oportunidad simplemente por el hecho de que este acto se realiza una vez cada ocho años. Por el contrario, diría que, si nos encontramos a varios años de la nueva designación de Senadores por las instituciones que mencioné, lo cierto es que los nombramientos que pueden irse produciendo en tales entidades (Corte Suprema, Consejo de Seguridad Nacional) tendrán una incidencia política potencial importante, puesto que, cada vez que se designe a una persona, se está eligiendo a un eventual votante que contribuirá a la elección de algún Senador.
Por lo demás -volviendo al tema de los contrapesos-, si se quisiera realmente contar con un freno a la autoridad del Presidente de la República, lo que corresponde es introducir las modificaciones a la Constitución que directamente produzcan tal efecto, y no recurrir a soluciones tan artificiosas que, como indiqué, tienen en verdad un resultado contrario.
En consecuencia, si el asunto de los contrapesos es un falso argumento, forzoso es concluir que lo que en verdad se quiere hacer es evitar que se llegue a una mayoría en el Congreso de similar color político del Presidente en ejercicio, a fin de impedir que la suma de poder del Primer Mandatario y del Parlamento en la misma dirección acumule tal cantidad, que pueda arrasar con los derechos de la minoría o introducir súbitamente cambios muy radicales, generando la consiguiente inestabilidad política.
Ahora, lo que sucede es que, como nosotros concordamos en la necesidad de que se respeten efectivamente los derechos de la minoría, y no nos parece bueno para un sistema político que las mayorías apabullen a las minorías, somos contrarios a mantener la institución de los Senadores designados. Porque nada cuesta imaginar, por ejemplo, que en noviembre de 1993 se repitiera en los comicios parlamentarios el resultado del año 89, digamos que, de 38 Senadores elegidos, 22 pertenecieran a la coalición de Gobierno y 16, a la de Oposición. Pues bien, si el año 97 los nueve Senadores designados cuentan con esta influencia directa e indirecta tan decisiva del Presidente de la República en ejercicio, y si éste -como no parece tan imposible que ocurra- es de la actual coalición de Gobierno, puede suceder que, en vez de compensar esa mayoría de 22 por 16, al obtener una cantidad que fuera en proporción de 6 a 3, 5 a 4, 7 a 2, etcétera -términos un poco de la adhesión cultural, o como queramos llamarla, de las personas designadas-, dicha mayoría tenderá a amplificarse. Y 22 más 6 son 28. O sea, estaremos muy cerca, señor Presidente y señores Senadores, de los dos tercios del Senado por medio de una amplificación de la mayoría popular, que es bastante más reducida que la cifra que estoy enunciando.
En consecuencia, acá nos encontramos frente a una institución que implica el riesgo de generar más bien inestabilidad del sistema político, por amplificación artificial de mayorías, en vez de constituir un contrapeso, que es lo que se suele argumentar.
En relación a los contrapesos, creo que bien vale la pena recordar cuáles son realmente aquellos que toda institucionalidad necesita -pienso que todos lo reconocemos así- y los que el ordenamiento vigente establece. Bueno, está la renovación parcial del Senado cada cuatro años, de modo que el cambio de mayoría en la expresión de la opinión pública manifestada en elecciones no se traduzca totalmente en una alteración de la composición del Senado con la misma velocidad o en forma instantánea. Existen, ciertamente, las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados; las atribuciones de todos aquellos órganos que por disposición constitucional fueron diseñados al efecto: el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, y, por último -y éste me parece un aspecto capital-, los quórum constitucionales especiales. Así, cuando se trata de materias de particular importancia, la Carta vigente exige una mayoría de dos tercios para introducir reformas; en otros casos, los cuatro séptimos de los Parlamentarios en ejercicio, con lo cual se establece efectivamente un contrapeso que cautela los derechos de las minorías.
A este respecto, deseo hacer presente que en la propuesta de reforma paralela a la que discutimos hoy, que está en la Cámara de Diputados, llamada "paquete de reformas constitucionales", se respetan absolutamente estos quórum -específicamente el de dos tercios- en el caso de aquellos' Capítulos de la Carta que dicen relación a materias esenciales: el Capítulo I, Bases de la Institucionalidad; el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales, y el Capítulo XIV, sobre Reforma de la Constitución. Lo único que se hace en esa propuesta es exigir la misma mayoría para modificar normas referidas a las instituciones Presidencia de la República, Congreso Nacional y Poder Judicial, y las relativas a organismos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Seguridad Nacional y las Fuerzas Armadas, lo que, obviamente -lo digo de paso-, parece equitativo y lógico.
El último punto que deseo destacar es el tocante al aporte especial que -se indica- los Senadores designados pueden realizar en función de su experiencia. Ya señalé al comienzo de mi exposición que estamos contestes en su idoneidad y en la colaboración que ellos han prestado y continúan prestando en el ejercicio de sus cargos. Pero si analizamos esta institución como realidad .permanente, necesariamente surge la pregunta de por qué los Senadores que deben proporcionar experiencia son estos nueve, en términos de su procedencia, y no otros. ¿Por qué no Premios Nacionales de Arte, de Literatura o de Ciencias, o decanos de Economía, disciplina que se considera esencial en la actividad cotidiana? En fin, hay tantas otras de importancia, en que el aporte que podrían hacer quienes las cultivan sería tan relevante como el que pueda identificarse con las personas que aparecen consagradas en la normativa vigente. Me pregunto si habría diferencia entre la colaboración que pueda dar a los debates de esta Corporación un Senador elegido que sea un eminente jurista -y los hay-, u otro que haya sido Ministro de Estado (hay varios) y la de una designado de iguales características. Con ello quiero decir que la experiencia de una carrera pública, por distintos servicios prestados al país, se puede obtener en esta Alta Cámara de igual modo mediante Senadores elegidos que con la institución de los designados, por lo que no me parece necesaria esta última.
Por lo demás, respecto del aporte de experiencia, que todos valoramos y que resulta indispensable, existe un mecanismo consagrado desde siempre en el trabajo del Congreso Nacional: la invitación a expertos a las distintas Comisiones de trabajo que conocen de los diferentes proyectos que se estudian en ambas ramas legislativas. Naturalmente, la variedad de especialistas que por esa vía se podría lograr para ilustrar los debates parlamentarios sería bastante mayor que la que surge meramente de nueve personas determinadas, que deben abocarse al análisis de todas las diversas materias que se conocen durante la tramitación de las iniciativas.
Asimismo, observo una contradicción entre la institución de los Senadores designados -ciertamente, ellos no representan población y tampoco un territorio- y la descentralización, el establecimiento de los gobiernos regionales, de creciente identidad local, que son parte del proceso global de desconcentración -diría, en el ámbito mundial-, el que ha ido cobrando fuerza en nuestro país, como lo atestigua la reciente aprobación, primero, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y, después, de la relativa a Gobierno y Administración Regional. Pues bien, los Senadores designados no representan territorio y van en contra de esa tendencia a un mayor perfilamiento de las identidades zonales.
Deseo referirme ahora a un segundo aspecto de la reforma en análisis, cual es la sustitución del sistema binominal por uno plurinominal moderado. Lo definimos así en la propuesta complementaria que indiqué, de reforma a las leyes enunciadas en un comienzo. De lo que se trata es de elegir, en vez de dos Diputados por distrito, un número que oscila entre tres y cinco; y en lugar de dos Senadores por Región, una cantidad que va de tres a seis, con excepción de la Metropolitana, para la cual se proponen ocho.
Quiero destacar, para mantenernos en los ejemplos a nivel de la Cámara Baja, que para el caso de elegir cinco Diputados se requiere un 13 o un 17 por ciento de los votos, según se vaya a cuatro o a dos listas, porcentaje bastante significativo. De modo que no puede esgrimirse en contra de esta propuesta el argumento de atomización del sistema político y la presencia de fracciones insignificantes de representación ciudadana en el Parlamento.
Además, en el caso del Senado, se amplía la reforma de 1989, que añadió un componente poblacional a la distribución territorial al disponer la elección de cuatro Senadores en las circunscripciones que conocemos, lo que ahora se aumenta a tres en seis Regiones, a cuatro en otras tantas, a seis en dos y a ocho en la Metropolitana. Por lo demás -lo digo entre paréntesis-, si se estima que ocho es demasiado atomizado, nada costaría dividir la Región Metropolitana en cuatro circunscripciones, en vez de las dos de ahora. Y si ello se conjuga con la supresión de los Senadores designados, el Senado pasaría a tener un total de 54 miembros, siete más que en la actualidad.
Asimismo, se procura evitar un excesivo número de Diputados, para lo cual en la propuesta complementaria se reduce la cantidad de distritos. Así y todo, hay un incremento de 37 por ciento, porcentaje que en relación a los existentes hasta 1973 no es sino 10 por ciento superior, en circunstancias de que en el intertanto la población aumentó en 47 por ciento.
La última observación -antes de presentar las razones en favor de la reforma en sí misma- tiene que ver con el problema del gasto. Se ha señalado que el aumento de los miembros de la Cámara Baja involucra mayor desembolso, que no corresponde y que resulta inconveniente. Y para indicar que éste no es un problema real, en la propuesta legal complementaria incluimos una disposición en virtud de la cual el presupuesto real destinado a remuneraciones de los Parlamentarios en 1994 es del mismo monto que para el presente año. Sabemos perfectamente bien que la aprobación de una norma sobre la materia es atribución del Congreso, con prescindencia del Ejecutivo. Lo que quisimos señalar con ella es que se trata más bien de un problema de voluntad política: o se reconoce que en el ejercicio de la democracia es importante asignar recursos adicionales al funcionamiento del Parlamento, o, si se estima que no debe aumentar el gasto, se redistribuye de modo que todos compartan el sacrificio que deriva de este aserto.
En definitiva -reitero-, es un asunto de decisión política, que no va al fondo de la cuestión respecto de la conveniencia o inconveniencia de sustituir el sistema binominal.
Por otra parte -y no voy a hacer un recuento, para no extenderme más-, la historia de la implantación del sistema binominal dista mucho de indicar que detrás de él hubiera alguna concepción de un proceso tendiente a perfeccionar las instituciones. De aquélla surge, más bien, un cuadro de estimaciones políticas coyunturales, de una evolución fluida a medida que los acontecimientos políticos fueron cambiando durante los años.
En efecto, en 1978, la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, presidida por don Enrique Ortúzar, propuso que la Cámara de Diputados estuviera integrada por 150 miembros elegidos por votación directa en circunscripciones que estableciera la ley pertinente. Y se hablaba de un procedimiento que diera por resultado la efectiva expresión de la mayoría, a través de colegios electorales uní o plurinominales. Pero no se pronunció. En julio de 1980, el Consejo de Estado sugirió-ojo, señor Presidente- un sistema uninominal mayoritario compuesto de 120 miembros, es decir, un Diputado por distrito (como el del Reino Unido). En definitiva, el texto final de la Carta de 1980 eludió totalmente la definición sobre el punto, entregando a una ley orgánica constitucional la determinación del sistema electoral. Entre 1984 y 1988, la Comisión Asesora para el Estudio de las Leyes Orgánicas Constitucionales consideró alternativas, sin llegar a una conclusión. Y recién en abril de 1988 la Junta de Gobierno aprobó la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, pero sin pronunciarse sobre el tema de los distritos electorales. Sólo al acercarse el plebiscito de ese mismo año, la Comisión indicada dio señales de que se estaba I optando por el sistema binominal que luego se implantó, el mismo que con posterioridad sufrió algunas modificaciones. En abril de 1989, después del plebiscito, la Junta de Gobierno aprobó una enmienda que, por ejemplo, redujo el número de Diputados en la Región Metropolitana, de 40 a 32.
Con lo anterior no he pretendido hacer algún tipo de imputación, sino simplemente relatar una historia que apunta a concepciones de corte político-pragmático, más que a una doctrina democrática o institucional asentada.
Ahora, ¿cuáles son las razones de fondo en favor de la sustitución del sistema binominal? En primer término, se trata de adecuar el procedimiento electoral chileno a la realidad política nacional. La justificación inicial del binominalismo se basaba en la idea de que el país debía reducirse a dos partidos. Es un hecho conocido de todos que ese experimento -si alguna vez lo fue- fracasó rotundamente. Este no ha sido nunca, no es, ni parece ser en el futuro previsible, un proceso de dos corrientes. En Chile existen entre cinco y ocho partidos de significación, con importante respaldo en la opinión ciudadana. De manera que tal justificación del sistema binominal realmente carece de validez. Al contrario, lo que uno debe señalar es que la estabilidad política de largo plazo y la posibilidad de las corrientes de opinión de su inserción en el marco institucional, lleva a la conveniencia de que los partidos de mayor arraigo popular tengan cierta seguridad respecto de su representación parlamentaria. Es decir, si esas colectividades son -digamos- cuatro o cinco, deben contar al menos con una razonable seguridad de que su participación en el Parlamento corresponde más o menos a lo que captan de la adhesión ciudadana.
En segundo lugar, el sistema binominal puede distorsionar gravemente la expresión de la voluntad popular, con consecuencias políticas bastante serias. No es mera teoría afirmar que, a dos listas, con el 34 por ciento de los votos, se obtiene el 50 por ciento de los cargos; basta que la distribución regional de las preferencias sea más ó menos homogénea para que así ocurra. El hecho de que no sucediese de esa forma en 1989 no garantiza en absoluto que deje de darse en lo futuro.
Imaginemos dos listas con un pacto de dos partidos en cada una -para simplificar-; si se obtiene el 35 por ciento de los votos y éstos se distribuyen homogéneamente, se alcanza el 50 por ciento de los cargos. Pero, si al interior de ese pacto un partido logra el 19 por ciento homogéneamente distribuido y el otro el 16, el primero se lleva ese mismo 50 por ciento. Si la proporción se invierte (6 por ciento de variación en la opinión pública), el partido que había obtenido la mitad de los cargos podría quedar en cero, e inversamente, el sin representación en el Parlamento disponer de la mitad de ella.
Naturalmente, estoy exagerando un poco los factores de la operación aritmética; pero me parece que la validez de la argumentación es indiscutible, porque se trata de posibilidades que -tal vez no en el caso extremo que he propuesto, pero sí en aproximaciones aritméticas- es probable que ocurran. De hecho, las elecciones municipales del 28 de junio pasado muestran una mayor homogeneidad en la distribución territorial que las de 1989. Si se considera la existencia de medios de comunicación masivos, el ejemplo no resulta raro, en lo absoluto, como previsión de futuro.
En tercer término, quiero señalar que hubo un intento parcial de conciliar el sistema binominal con la realidad política. Esto se introdujo primero en el mecanismo de los pactos, y luego ampliado, para regir en las recientes elecciones municipales, mediante la figura de los subpactos. Fue una especie de paliativo; pero en verdad, en lo concerniente al sistema binominal, no soluciona el problema, porque éste radica en que hay dos cargos por circunscripción, sin quedar resuelto por la modalidad de los pactos cuando el número de partidos es mayor. En estas circunstancias, ¿qué han hecho los partidos políticos? Lo que todos sabemos: han recurrido al artificio denominado "pactos de omisión".
Y aquí ocurren varias cosas complicadas. Sabemos que al interior de un pacto el sistema binominal favorece de manera abrumadora al partido relativamente más grande, de manera que la negociación para configurar los pactos de omisión, no es equilibrada. En mi parecer, eso añade un segundo elemento de iniquidad al punto básico ya señalado.
Si las elecciones del 28 de junio de 1992 hubiesen sido parlamentarias -éste es un hecho bien sabido que quiero simplemente recordar-, con las mismas cuatro listas, la Concertación habría obtenido 80 u 81 Diputados, según donde queramos ubicar al concejal electo por Iquique señor Soria. El pacto de Participación y Progreso habría visto reducida su participación, de 48 a 39 Diputados; pero la pérdida -como bien sabemos- la habría absorbido enteramente la UDI, la cual habría bajado de 14 a 5 Diputados. Naturalmente, ése no es un sistema razonable.
Los pactos de omisión pretenden corregir tal iniquidad. Tan así es que, como lo he señalado en oportunidad anterior, cuando los Partidos Renovación Nacional y UDI negociaban su acuerdo para las elecciones más recientes, el Vicepresidente de este último don Hernán Larraín, hizo una declaración en el diario, en la cual requería que las listas parlamentarias se configuraran de modo de permitir que los congresales electos -pensaba en los pactos para la elección de fines de este año- "representen proporcionalmente" (uso en forma textual el término) el caudal de votos que cada colectividad posee en determinados sectores. Es decir, lo que este ejercicio artificioso de los pactos de omisión pretende es lograr lo que la ley niega: que el resultado final sea proporcional.
Adicionalmente, el artificio del pacto de omisión tiene otros defectos que creo necesario destacar: restringe indebidamente lo que podríamos llamar "la soberanía del ciudadano". La restringe, porque estrecha considerablemente el rango de opciones que se pone a disposición de éste en distintas regiones o distritos; de manera que muchas" veces, por efectos de ese pacto, la gente tiene que votar por candidatos relativamente alejados de su preferencia personal.
Esto, si se mira en el largo plazo, lógicamente constituye un elemento que aleja a las personas de su identificación con el si tema político, y genera más bien escepticismo y una actitud más de rechazo y apatía que positiva hacia el desarrollo de la democracia.
Los pactos de omisión también restringen la competencia política, por las razones que ya sabemos. Las oportunidades de competir entre los partidos son menores al hacer imposible, en la práctica, la presentación de candidatos por todos los partidos en las regiones y distritos.
Y aquí llama poderosamente la atención -lo he señalado también en otras oportunidades- que no se reconozca que la competencia en el mercado político resulta tan importante y positiva como en el mercado económico de bienes y servicios. Ciertamente, causa sorpresa que sectores de opinión nacional que son ardientes partidarios de la competencia económica -nosotros concordamos con ellos- no estimen conveniente la plena competencia en el mercado político.
En definitiva, el sistema de los pactos dé omisión que estoy criticando lleva a las colectividades políticas a buscar, para mejorar su "chance" de representación y evitar el riesgo de quedar con una muy menguada en el Parlamento, o con ninguna, lo que se ha denominado "coaliciones instrumentales". Estas -que son alianzas oportunistas- tienden más bien a confundir al electorado, porque juntan a partidos que, aun cuando mantienen serias diferencias de opiniones entre sí en materia programática, el cálculo aritmético los fuerza a acuerdos .artificiales. Naturalmente, ese tipo de actos no va en prestigio del sistema político, ni de los partidos individualmente considerados, ni menos de aquellos que participan en estos ejercicios instrumentales.
Me parece que hay aquí, nuevamente, una fuerte razón de Estado para modificar el sistema, evitando que sea necesario recurrir a tales arbitrios.
Quiero hacer otra reflexión, señor Presidente. No se entiende muy bien que los partidos que unánimemente concordaron en 1992, en el Congreso Nacional, en aprobar un sistema electoral proporcional moderado para las elecciones municipales al disponer la elección de entre 6 y 10 concejales por comuna, no estimen pertinente aplicar la misma modalidad para los comicios parlamentarios.
Si la razón para mantener el sistema binominal fuera la superioridad de éste como mecanismo democrático para forzar a la formación de mayorías o de bloques -en fin, toda la argumentación que se ha dado-, perfectamente podría haberse recurrido a dicho sistema en los concejos municipales. Porque, jamás a alguien se le ocurrió proponer dos concejales por municipio; nada costaba dividir un municipio en tres, cuatro o cinco juntas de vecinos u organizaciones vecinales, y elegir dos por cada una de esas circunscripciones. Pudieron establecerse circunscripciones binominales dentro de cada municipio. Sin embargo, el Congreso, por unanimidad, concluyó que era mejor un sistema proporcional moderado.
Terminaré con dos reflexiones finales.
La primera se refiere a que no es, ciertamente, el sistema binominal el que con mayor fuerza impulsa la formación de dos bloques políticos. Es el uninominal -rige en el Reino Unido, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América y en otras partes- el que produce ese efecto.
Y fue propuesto, incluso, en un momento de la discusión constitucional, como lo indiqué recién. Pero, naturalmente, su efecto en Chile sería políticamente devastador, porque, si uno toma, por ejemplo, las elecciones municipales de 1992, la Concertación -actual coalición de Gobierno- habría obtenido alrededor del 80 por ciento de la Cámara de Diputados. Por eso se entiende que ese sistema, que abulta las mayorías, no es deseable por las razones que daba en un comienzo: no se persigue generar una situación donde las minorías puedan ser apabulladas. Pero, si se usa el argumento de que se trata de formar bloques y de reducir a dos las fuerzas políticas -Gobierno y Oposición-, lo ideal habría sido adoptar el método uninominal y no el binominal.
Por último, contrariamente a lo que se . suele argumentar, a mi juicio, no ha sido el sistema binominal el que posibilitó los acuerdos políticos que han caracterizado -yo diría afortunadamente; me parece que éste es un juicio que compartimos todos- el desarrollo del país en estos tres años. Los acuerdos políticos surgen cuando existe un consenso mínimo suficiente, cuando hay convergencias básicas. Eso es lo que se ha dado en Chile. Sin esa condición, lo que habría ocurrido en el Parlamento y en el Senado es que en vez de aprobarse -ciertamente por negociación- la inmensa mayoría de los proyectos de ley presentados, se hubiera llegado a una confrontación y a la parálisis legislativa: el Ejecutivo habría retirado sus iniciativas o éstas habrían sido rechazadas. No ha sido así. Y esto porque se dio la existencia de un consenso básico y no porque nos rija un sistema binominal.
Termino, señor Presidente, agradeciendo la oportunidad de expresar estos planteamientos. Ruego a los señores Senadores que me perdonen si ha sido extensa mi exposición; pero me ha parecido importante dejar constancia del criterio del Ejecutivo, para la historia de este proyecto. No es un misterio su desenlace. Decía que la votación del mismo evoca un poco el título de la obra de García Márquez "Crónica de una Muerte Anunciada". Sin embargo, también se podría afirmar que, a veces, "lo importante es competir", según la frase del Barón de Coubertin. Pero, estamos muy convencidos de que ésta es una materia importante; de que hay razones de Estado más que suficientes -y las he tratado de enunciar- que abonan esta reforma, por lo que nos ha parecido necesario dejar constancia de la posición del Ejecutivo para los fines políticos pertinentes.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, en este debate, que considero importante, coincidiendo en ello con el Ministro señor Boeninger, me limitaré a precisar solamente algunos puntos.
En primer lugar, creemos que una Constitución no es un documento de carácter teórico, sino legislación que se adapta a la realidad política de cada país y tiene que ser juzgada de acuerdo con el éxito de sus disposiciones.
En numerosas oportunidades, hemos oído al Presidente de la República demostrar su satisfacción por la marcha del país y por el equilibrio político, el cual ha permitido alcanzar crecimiento, estabilidad económica y un progreso al que todos hemos contribuido, y que nos alegra. Por consiguiente, no vemos la razón de modificaciones profundas en nuestro sistema institucional ni en la forma como se generan los Poderes. Tampoco creemos conveniente que en la iniciación de un año en que se ha de renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado y, además, elegir Presidente de la República, se promuevan reformas constitucionales -menos aun sabiendo, en virtud de signos dados por los partidos políticos, que hay una alta probabilidad de que sean rechazadas-, que más bien pueden servir como banderas electorales que contribuir al perfeccionamiento de la Carta Fundamental.
El señor Ministro Secretario General de la Presidencia se refirió, en primer término, a la parte del proyecto relativa a la .composición del Senado, señalando las razones por las cuales, tanto el mensaje del Ejecutivo como él mismo, aconsejan estas modificaciones. Y argumentó que uno de los principios básicos que debe respetar la Constitución Política es el de la legitimidad de sus órganos, lo cual significaría que los Poderes del Estado deben ser elegidos por votación popular. A este respecto hago presente mi desacuerdo con la tesis de que el sufragio universal, por muy importante que sea como fuente de legitimidad, es la única que existe: otros Poderes del Estado muy relevantes -como el Judicial- no tienen como base el sufragio universal, sino la costumbre, la tradición y el sistema jurídico.
El señor Ministro dejó constancia de su opinión en cuanto a que el Senado es un órgano de naturaleza política, al igual que la Cámara de Diputados, por lo cual no ve las razones que justifiquen una integración diferente.
Esta Alta Corporación es una Cámara fundamentalmente revisora y consejera del Presidente de la República. Está integrada también -al igual como sucede en otros países- por Senadores no elegidos por votación popular, siempre que representen una proporción minoritaria.
El Senado no es idéntico a la Cámara de Diputados, ni tiene el mismo carácter político que ésta, sino que, a nuestro juicio, constituye una desviación del espíritu esencial de la Ley Suprema, ya que carece de facultades fiscalizadoras. Sus atribuciones exclusivas son distintas: debe aprobar ciertas designaciones y actuar como jurado en casos determinados -uno de ellos, grave y trascendental, es el que. estamos empezando a tratar-; se elige de manera diversa que la Cámara Baja, pues se requiere mayor edad y se renueva por parcialidades, y el período de duración de los Senadores es diferente.
Considero que en el punto de vista del Ejecutivo existe una contradicción. En efecto, por un lado el mensaje acepta la idea de que el Primer Mandatario pueda ser Senador vitalicio por derecho propio; y, por otro, rechaza la institución de los Senadores designados, en circunstancias de que en ambos casos concurre el mismo motivo para justificar su existencia: aprovechar, en el proceso de formación de la ley y en el ejercicio de otras atribuciones del Senado, la experiencia de personas que a lo largo de su vida han tenido destacada trayectoria profesional y asumido delicadas responsabilidades.
El señor Ministro coincide con nosotros en que el rol fundamental del Estado es dar estabilidad al devenir político de un país joven y en desarrollo como el nuestro. Sin embargo, cabe agregar que el sentido de ponderación y altura de miras para apreciar los asuntos públicos se da, no sólo en los ex Presidentes de la República, sino igualmente en ex Ministros de la Corte Suprema, ex Ministros de Estado, ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Por lo demás, en una época como la actual, en que la ciencia y la técnica tienen cada día más preponderancia en el análisis, las propuestas y las soluciones relativos a los problemas de la sociedad, resulta lógico no desaprovechar la oportunidad de vincular al Senado con la enseñanza superior, como ocurre ahora a través de la designación de alguien que fue rector de una universidad.
Me parece especialmente inoportuna la iniciativa del Ejecutivo tendiente a suprimir a los Senadores institucionales. Asimismo, es contradictoria con la lógica y con las propias palabras del Gobierno -hechas presentes hoy por el señor Ministro y repetidas en muchas ocasiones en esta rama legislativa- para demostrar su satisfacción y agradecimiento por el desempeño de aquéllos.
Si la Constitución no es un documento programático o doctrinario, sino un cuerpo normativo destinado a ordenar la vida de un país en un momento determinado, con el objeto de organizar sus Poderes, garantizar los derechos de las personas, delimitar la esfera de acción de las autoridades y regular las relaciones entre gobernantes y gobernados, no parece lógico cambiar sus disposiciones cuando han tenido éxito y, sobre todo, cuando en diversas oportunidades el Ejecutivo ha sostenido que la institución de los Senadores designados ha funcionado bien. Al mismo tiempo, estimo que plantear anticipadamente la supresión de ésta, es como insinuar una falta de lealtad para con quienes en estos instantes desempeñan el cargo, toda vez que, de algún modo, implica decirles que no se preocupen personalmente, porque si bien su período de 8 años (después de los cuales no podrán ser reelegidos) terminará, la institución va a ser suprimida. Como si realmente tales Senadores no representaran, aparte las propias, la sabiduría y experiencia de los órganos de los cuales provienen; como si ellos en lo personal fueran merecedores de continuar en el cargo, aunque no en su carácter de representantes de las entidades a la cual pertenecieron.
Por otro lado, evaluar una institución como ésta -nueva en nuestro sistema constitucional- lógicamente debe hacerse al final del primer período de 8 años, máxime si el Gobierno es partidario de que estos Senadores completen su mandato. Al término de éste podrá estudiarse, no sólo la supresión o mantención de esta clase de Parlamentarios, sino -así lo indica la lógica, aunque no pareciera indicarlo la política- eventuales modificaciones para su perfeccionamiento, en vez de su eliminación, como si ella hubiese sido un fracaso.
Reitero: no hay lógica en la propuesta del Ejecutivo. Si la institución es en sí un éxito su desaparición no es lo más racional. Y si las críticas apuntan a su generación, lo adecuado sería estudiar las enmiendas atinentes al nombramiento de esos Senadores, la duración de su mandato, sus facultades.
Además, ésta no es una buena señal en época de elecciones. No hay nada más inconveniente para la vida democrática de los países que usar las Constituciones con fines políticos, ya que el Gobierno sabe perfectamente que tiene pocas probabilidades de que la reforma prospere en el Honorable Senado.
No comparto la opinión de que la mantención de los Senadores institucionales aumente la influencia del Presidente de la República sobre el Congreso Nacional. El Parlamento ha sido un celoso guardián de su independencia a lo largo de toda su existencia. Lo que aconteció en numerosas ocasiones y episodios trágicos de nuestra historia demuestran que aun los Congresos donde ha habido mayor influencia del Ejecutivo han sido capaces de preservar su independencia hasta límites heroicos.
Por lo tanto, señor Presidente, nosotros rechazaremos la enmienda constitucional destinada a suprimir una institución que ha funcionado bien, Y lo haremos por un sentido patriótico de bien común. Si ha funcionado bien, mantengámosla; y al final del período -concordamos con el Ejecutivo en que los actuales Senadores designados deben continuar hasta los ocho años-, analicemos los resultados. La conclusión no tendrá que ser, necesariamente, mantenerlos o suprimirlos. La lógica y la política de acuerdos -que tanto ha alabado el señor Ministro Secretario General de la Presidencia-, nos señalarán si basta con alguna modificación respecto a su designación o al período de su mandato para que sigamos siendo considerados un país sabio. ¡Un país sabio es el que aplica la experiencia de sus hombres sabios en la elaboración de la ley!
De más está mencionar a Sus Señorías las veces en que se ha solicitado la opinión de un Senador institucional en materias relativas a la importante entidad a la cual perteneció. Y así ha ocurrido también, en múltiples casos, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en asuntos -procesales, penales, etcétera- de la competencia de esa Comisión eminentemente profesional, con la colaboración, de un Honorable colega ex Ministro de la Corte Suprema.
Como dije, señor Presidente, no veo el motivo de esta reforma constitucional, ni entiendo por qué se propone cuatro años antes de finalizar el mandato de los Senadores designados. Resulta evidente -esto no implica calificar intenciones- que no es una razón de bien público la que llevó al Gobierno a proponerla, sino más bien, como expresó el señor Ministro, el dejar constancia en este debate de sus formulaciones de orden ideológico en un año en que, indudablemente, los planteamientos políticos serán esenciales.
En seguida, quiero manifestar que este Parlamento, que se generó por el sistema binominal, ha funcionado a cabalidad, cooperando de manera eficiente en el perfeccionamiento y despacho de los proyectos que, a través de mociones o mensajes, se han sometido a trámite legislativo; ha tenido posiciones equilibradas al adoptar sus decisiones; ha dado estabilidad política al país. Y el Gobierno, en diversos momentos, ha | mostrado satisfacción y ha coincidido con los juicios que estoy expresando.
En este primer período de vida democrática, después de muchos años de interrupción, el clima de paz política, creado precisamente por este Congreso elegido mediante el sistema binominal, ha permitido que el análisis de los problemas del Estado se llevara a cabo, la mayoría de las veces, al margen de consideraciones político-partidistas. En nuestra opinión, esto proviene, en gran medida, de la existencia de dicho sistema.
Ahora, el sistema binominal, que también ha funcionado bien, es objeto por el Gobierno de toda clase de especulaciones matemáticas, para demostrar que no permite la debida representación del pensamiento de nuestros conciudadanos, olvidándose que conforme al sistema proporcional propuesto por el Gobierno para elegir cuatro Senadores por circunscripción, por ejemplo, en el caso que haya dos fuerzas electorales -en consecuencia, se precisa del máximum de la proporcionalidad de los sufragios para obtener Parlamentarios- le bastaría el 60,1 por ciento de la votación para obtener el 75 por ciento del Senado, y el resto de los sectores políticos, con el 39,9 por ciento de los sufragios, alcanzaría sólo el 25 por ciento.
Por consiguiente, señor Presidente, si se trata de cálculos matemáticos -eligiendo dos, tres, cuatro u ocho Senadores o por el sistema binominal o por el proporcional-, puede hacerse toda clase de especulaciones. En efecto, si con el sistema proporcional se eligen tres Senadores o tres Diputados por cincunscripción o distrito, bastará con el 50,1 por ciento de los votos para obtener los dos tercios de los Parlamentarios. De manera que es absolutamente legítimo y democrático que los países se den los sistemas binominales que funcionen mejor.
Nuevamente, llamo la atención del Senado hacia el hecho de que el sistema binominal ha dado en Chile los resultados que conocemos, los cuales no justifican que el Gobierno pretenda modificar sustancialmente el mecanismo electoral.
De igual modo, consideramos inconveniente aumentar los Diputados y Senadores. A nuestro juicio, el actual número de Parlamentarios es proporcionado al país y ha permitido el correcto y eficiente funcionamiento de ambas Cámaras. Nada justifica -a menos que se pretenda abrir nuevas expectativas a otras personas o partidos políticos- incrementar sus integrantes.
Si hay instituciones nuevas que están funcionando bien, si se han producido significativos aumentos en los índices de trabajo, si existe claro incremento de la inversión y si el país tiene confianza en la institucionalidad actual como constructora de la estabilidad y del futuro de la nación, no se divisa la razón de bien público para cambiar la estructura del Senado ni el sistema electoral que nos permite elegir el Congreso.
Por último, señor Presidente, creo que las elecciones que se efectuarán a fines de año y los fenómenos que en una democracia originan, lógicamente, la designación de los candidatos, la conformación de los partidos, el planeamiento de las campañas, las plataformas electorales y el pretender reformas que la institucionalidad no necesita, apartan a la opinión pública de los problemas reales. Porque se trata de que esta democracia no ideologizada, la cual ha funcionado con prudencia y cuidado, se traduzca en una realidad para el país respecto de nuestro funcionamiento en este año electoral, y que los problemas reales que lo afectan -sociales, de vivienda, de salud, de educación, de caminos, de modernización de nuestras instituciones y de adaptación del Estado a la nueva realidad social- sean los ejes de la acción política para 1993, y no problemas políticos absolutamente artificiales destinados a crear banderas tendientes a denostar al que no comparte la eterna cantinela de que "no es demócrata el que no está de acuerdo con la tesis sostenida por el Gobierno", como ocurrió cuando en el Senado tratamos el proyecto relativo a la elección de alcaldes por sufragio universal.
Recuerdo que en esa oportunidad se dijo que la materia era importante para obtener la regionalización del país, proceso que hoy ha sido dado como argumento por el señor Ministro con el objeto de suprimir la institución de los Senadores designados. Y el Senado evoca con mucha fidelidad las palabras del Presidente de la República, quien manifestó su aprensión por entrar en esta "terra ignota" de regionalizar el país. Me alegro de que dicho proceso ya no sea para el Gobierno "terra ignota" impuesta a fin de lograr un acuerdo con la Oposición, sino un bien común que es necesario perfeccionar.
En lo que respecta a la regionalización, lo que interesa a las Regiones no es la supresión de los Senadores institucionales, sino la voluntad del Gobierno central en orden a desprenderse de recursos y de facultades para traspasarlos efectivamente a ellas. Y pedimos que este amor por la regionalización -lo cual nos alegra y lo compartimos- tenga caminos más realistas que los meramente políticos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente, puede compartirse la aseveración de que las Constituciones no son simples cuerpos doctrinales; pero creo que, en cuanto pretenden regular las relaciones en una sociedad, en cuanto son manifestación -o mejor dicho, debieran serlo- de las ideas de su tiempo y en cuanto aspiran a perfeccionar las instituciones, ciertamente tienen y deben tener doctrina. El nacimiento del constitucionalismo posee una fundamentación doctrinaria y es la consagración de los principios fundamentales que iluminan la vida contemporánea. Lo que las Cartas Fundamentales no pueden ser jamás -aunque las dictaduras sí lo son- es constituir la consagración de la arbitrariedad, de la instrumentación de la fuerza y, en definitiva, del despotismo. Eso no pueden serlo nunca.
Aquí no estamos discutiendo la reforma de una Constitución que sea la manifestación de la voluntad popular o que se haya consagrado a través de los procedimientos y de los mecanismos establecidos por la propia institucionalidad democrática. Tampoco estamos debatiendo la enmienda de un texto constitucional cuyos defectos, vicios o ripios hayan ido cotejando las propias instituciones republicanas a través del tiempo. Aquí estamos discutiendo la modificación a una institucionalidad autocrática cuyos rasgos autoritarios no comenzamos a denunciarlos hoy. En efecto, su expresión de fuerza, despotismo y arbitrariedad empezamos a denunciarla en el país apenas tuvimos la posibilidad de hacerlo. Estamos hablando de una Constitución plebiscitada en 1980, cuando en nuestra patria no había vestigio, asomo o resquicio de libertad o de democracia. Esa es la Carta que ahora -y durante muchos años quisimos hacerlo- estamos tratando de cambiar. Y esto no lo decimos en 1993, por haber elecciones a final del año, sino que lo dijimos mucho antes, y lo planteamos como aspiración programática en las bases de sustentación de este primer Gobierno democrático y de transición.
¡Que no se nos trate de convencer que con este proyecto pretendemos modificar un texto que fue estudiado minuciosamente, con rigor científico, y cuyos contenidos fundamentales han sido el producto del diálogo! Baste conocer la historia secreta, o la triste historia, de la Constitución de 1980, generada en una Comisión de notables miembros, que entró a funcionar poco después del golpe de Estado y que debe ser uno de los órganos cuyo estudio ha sido uno de los más latos de que se tenga conocimiento en la historia del mundo. Don Andrés Bello trabajó en varios proyectos, y no recuerdo que sé haya demorado, en llegar a conclusiones, tanto como el tiempo que ocupó la referida Comisión. Fueron 6 ó 7 años de análisis del texto, el que posteriormente fue requerido por quien ejercía el Poder y entregado en seguida al Consejo de Estado, organismo que cambió sustancialmente su contenido, y no siempre para bien. Recordemos que en dicho organismo ilustres personalidades de la Oposición se manifestaron contrarias incluso al sufragio universal, como consta en la historia de la época. Y esas personalidades podrían ser hasta Presidente de la República el día de mañana. Celebramos que hayan cambiado de opinión y que ahora crean en el sufragio universal.
Ahora bien, lo que salió del Consejo de Estado -cómo es de público conocimiento- tampoco resultó ser lo que finalmente fue plebiscitado en 1980. Y cuando hoy en el Senado tratamos de desentrañar algunas disposiciones para recurrir a la historia fidedigna del establecimiento de esta Ley Constitucional, nos encontramos con que no hay historia, sino acta sobre algunas cosas y no la hay de otras, debiendo acudir, a veces, a la voz autorizada de más de algún señor Senador que participó directa o indirectamente en la elaboración de algunas de las fases de esta Constitución, que fue hecha por "pedacitos", porque ni siquiera fue estudiada desde comienzo a fin en una institución determinada.
Estamos hablando de ese texto, no de la Carta de 1925 ni de una Constitución que haya sido consagrada democráticamente. Y se nos dice que debemos esperar para ver cómo funcionan las instituciones, en circunstancias de que la Constitución consagra algunas de ellas que repugnan a la lógica, son contradictorias con el sentido de la democracia y parece que sólo se han inventado en nuestro país, porque en ninguna parte del mundo hay o han existido instituciones de esta naturaleza en un régimen democrático. Podrá aceptarse que haya un Consejo de Seguridad Nacional y que tenga determinadas finalidades. ¿Pero alguien podría convencernos de que dicho organismo ha sido constituido para el objeto al cual trató de llevársele hace un par de semanas? ¿Alguna persona podrá convencernos de que el Consejo de Seguridad Nacional está para designar miembros del Senado de la República? ¿Qué tiene que ver esta Alta Tribuna con dicho organismo? Uno podrá discurrir sobre la base de que se trata de elevar el nivel de un cuerpo legislativo, y también pensar que, a lo mejor -como ocurre en otras partes-, calificadas magistraturas pueden o deben pertenecer al Senado, como ex Presidentes de la República, por ejemplo. Pero no se puede sostener seriamente que los delegados del Consejo de Seguridad Nacional podrán integrarlo, ni tampoco aquellas personas designadas por la Corte Suprema o por la Contraloría General de la República, en cumplimiento de una finalidad determinada. Y en este punto sí que podemos hablar de intenciones y también podemos calificarlas, porque todo fue hecho con el espíritu de configurar ciertas mayorías, o de evitar que se exprese libre y soberanamente la voluntad popular.
En mis lejanos tiempos de estudiante de primer año de Derecho, se me enseñó que las Constituciones se dividían en rígidas y flexibles, según las posibilidades institucionales de alterarlas o modificarlas. Y tuvieron que transcurrir muchos años para aprender, por experiencia, que había una nueva categoría en tal sentido y que, más allá de la rigidez, era sinónima de lo pétreo.
Quiero comparar la situación con la de los cruzados, quienes para preservar la virtud de sus mujeres, cuando ellos tenían que irse a lejanas tierras, utilizaban los famosos cinturones de hierro. Y hoy día, mientras más se aleja el autoritarismo y mientras más distancia se produce respecto de un Régimen que existió y que no se va a repetir, subsisten una Constitución y defensores de la misma, que desean dejar todo amarrado y custodiado con este cinturón de 'hierro. Pero no vaya a pasar lo que ocurrió con esos cinturones, porque las necesidades y la imaginación humanas pueden resultar superiores a los resguardos que adoptan los desconfiados.
Señor Presidente, se trata de modificar, fundamentalmente, dos instituciones a través de este proyecto: él Senado, respecto del cual el señor Ministro ha hecho una completa exposición -no es del caso repetirla ahora-y el sistema electoral. No he tenido la oportunidad de estudiar toda la historia del binominalismo generado en la Constitución de 1980. En todo caso, me parece que ello no fue fruto de una meditada elaboración, ni el efecto de una hipótesis doctrinaria, ni mucho menos la consecuencia de explorar la experiencia o la realidad contemporánea de otras partes. Ignoro si en otras sociedades democráticas funciona el sistema binominal. Me parece que no.
Si se trata de consagrar el bipartidismo, la estabilidad del régimen democrático, más allá de todas las disquisiciones que puedan hacerse recurriendo a nuestra propia historia institucional, es menester recordar que otros países, con mucho más antigüedad que nosotros y mayor experiencia democrática, lo han conseguido a través del sistema uninominal, y no mediante el establecimiento de dos cargos por distrito.
El binominalismo no lleva a la existencia de dos partidos; lleva, a lo más, a la existencia de dos bloques políticos que se enfrentan el uno al otro. Carece de las ventajas de un auténtico bipartidismo y consagra las desventajas de enmarcar la pluralidad y la diversidad en dos unidades que no necesariamente tienen absoluta identidad.
Y no puede decirse que las bondades de nuestra convivencia ciudadana, de la relación entre los Poderes y del funcionamiento normal del Parlamento derivan del sistema binominal. Por el contrario, esos atributos y valores son la manifestación de la experiencia asumida por todos o la mayoría de nosotros, que sabemos y hemos aprendido a saber que debemos entendernos. Por eso, en el Senado de la República se trabaja con fluidez, con seriedad y con responsabilidad. Porque el Ejecutivo, cuando esta Corporación le plantea que para mejor trabajar es necesario retirar alguna urgencia, él, con buena voluntad, con ánimo constructivo y predisposición democrática, accede a eso. Pero no es porque el sistema sea bueno. Es pésimo, pues consagra la hegemonía absoluta del Ejecutivo, incluso en la función parlamentaria. Y las instituciones marchan, caminan o andan más o menos por esa misma buena voluntad; la buena voluntad que hizo que la semana recién pasada una reunión inopinada -invocada extraconstitucionalmente- del Consejo de Seguridad Nacional terminara bien, en el sentido de que no dio paso a salidas que podríamos haber lamentado. Porque hubo buena voluntad, porque hubo buena inteligencia, pero no porque el sistema sea bueno, pues el sistema es muy malo.
Hoy día estamos contraídos a discutir el sistema electoral. Se insinúa o se dice abiertamente que el Gobierno plantea su modificación porque le resuelve un problema. Es lo mismo que se dice cuando se habla de acortar el período presidencial: "Es que esto resuelve un problema a los socialistas o al PPD, porque si no ganaran la Presidencia de la República ahora, no tendrían que esperar ocho años". ¡Como si no tuviera problemas la Derecha con ser Oposición o estar fuera del Gobierno ocho años más! En todo caso, el problema no sólo sería nuestro, sino también de la Oposición.
Se dicen esas cosas, y no se asume que los costos de uno, en democracia, cuando lesionan intereses generales, son los costos de todos. El tema no es que en el sistema binominal los partidos mayoritarios de cada bloque puedan controlar el Parlamento, y que no ocurra nada, y que sea mala fortuna para la Izquierda democrática o para el sector de la Derecha, que tuvo también la desgracia dé llegar segundo en su bloque y quedar fuera del Parlamento. El tema no es que eso sea mala suerte o desgracia para aquellos a quienes eso les ocurrió; el problema es que ningún sistema que se estructure realmente -porque sociológicamente el país es así y no porque nosotros queramos que sea de esa manera-, ningún sistema donde hay cuatro, cinco o seis partidos que representan a segmentos significativos de la sociedad, puede funcionar si la tercera, la cuarta, la quinta o la sexta fuerza no tiene la debida expresión en el Parlamento. Y esto, probablemente, lo vamos a ver en las elecciones de diciembre próximo. Tal vez, en las propias filas de la Oposición va a existir el lamento de que el resultado final no guarde relación alguna con lo que fue la expresión de voluntad electoral de sus propios adeptos, de sus propias bases de sustentación. Porqué hasta ahora todo se cifra en la expectativa y en la mera especulación. "Estamos dos puntos arriba que este otro; en consecuencia, nos llevamos la mayoría de los Senadores y los Diputados"; "Nosotros estamos dos puntos abajo; hoy estamos mal, pero en diciembre vamos a estar dos o tres puntos arriba, y nos llevaremos nosotros la parte del león". No vaya a ocurrir que quizás la parte del león se la lleve la Concertación, y ya no sean las terceras, las cuartas ni las quintas fuerzas las que carezcan de debida representación en el Parlamento, sino, á lo mejor, la segunda fuerza. Eso puede ocurrir, y porque es así, hoy desde la Oposición se busca desesperadamente un pacto electoral para incluir al que hasta el día de ayer fue defenestrado, vilipendiado y ridiculizado. El ridículo de ayer es el buen aliado de hoy, porque permite recuperar los tres, cuatro o siete puntos que hacen el tercio para obtener el Parlamentario en el distrito o en la circunscripción.
Yo creo que un sistema que se funda en este tipo de razonamientos, un régimen que debe recurrir a este grado de artilugios, no puede ser un sistema ideal, ni mucho menos un sistema que la experiencia pruebe que ha funcionado bien.
Sabemos que esta reforma no va a prosperar. ¿Y por qué lo sabemos? No porque Renovación Nacional y la UDI estén en contra -han estado en contra de cualquier modificación constitucional, y están en su derecho-, sino porque nuestros distinguidos colegas institucionales van a rechazarla, y la van a rechazar -lo digo con el mayor respeto- porque siempre han votado en contra cuando se trata de reformas o iniciativas importantes que digan relación con la institucionalidad o que conciernan a temas políticos de fondo.
Aquí no tiene nada que ver el reconocimiento a las virtudes cívicas, a la capacidad personal de los distintos Senadores designados, de todos ellos, a quienes respetamos y con quienes tenemos fraternas relaciones como miembros del mismo cuerpo colegiado.
Aquí se trata de que hay una reacción determinada, que es lógica y natural, porque el nombramiento y el origen responden también a una lógica determinada. Y esta misma lógica y este mismo tipo de reacción son los que, obviamente, van a prevalecer el día de mañana, cuando haya otros señores Senadores designados por otro Presidente de la República, o bajo la influencia de otro Primer Mandatario o de otras autoridades, en las instancias que la Constitución establece para generar la designación de los Senadores institucionales. De manera que omitir esto, silenciarlo, escudarse en la sabiduría, en la templanza, en el mayor conocimiento con que se ilustran los debates y los acuerdos de un órgano legislativo por parte de personas muy ilustres también, me parece una falacia.
Entre los Senadores designados -como entre nosotros mismos, elegidos por votación popular, como en cualquier órgano-, las virtudes no emanan del título, no emanan del origen, no emanan del decreto; son atributos de cada uno, en distinta medida, y cada quien los hace valer como puede. Así como hay Senadores designados muy ilustres, también hay, por cierto, señores Senadores de la Oposición muy ilustres. Pero una cosa es hacer valer los derechos de cada cual teniendo como fundamento la soberanía popular, y otra, hacer valer esos derechos careciendo de ese fundamento.
Que yo sepa, no existe otro Senado con atribuciones análogas al chileno; no hay otra Cámara Alta que tenga una composición parecida a la nuestra. ¡Este es un invento del señor Pinochet! Y no todas las cosas que se le han ocurrido al señor Pinochet -en esto coincidirán conmigo- han funcionado bien en este país, ni mucho menos lo harán el día de mañana, cuando la democracia se consolide.
He dicho, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, al terminar el año 1992, todos los análisis coincidieron en que la institucionalidad vigente ha permitido una política equilibrada y, con ello, un tránsito eficiente y pacífico hacia un régimen civil democrático y moderno. Por otra parte, el mantenimiento de las líneas económicas basadas en el mercado, con acento en lo social, ha hecho que ese año sea evaluado como uno de los mejores del último tiempo, contribuyendo a que Chile dé un paso firme hacia el ancho camino del desarrollo. Existe consenso en que estos dos pilares fueron determinantes para producir esos resultados.
Pero parece que dentro de la naturaleza humana está el no querer persistir en lo más conveniente. Más de una vez he manifestado en esta Tribuna, en exposiciones públicas y en artículos de prensa, que el país necesita que la institucionalidad, que está dando magníficos frutos a la nación, permanezca y se consolide. No hay motivos para alterarla, ni hechos que signifiquen problemas institucionales y políticos de envergadura que, en el caso chileno, ameriten proponer modificaciones al sistema político y a las normas constitucionales en este momento. Tales reformas, si se plantean, aparecen como la vuelta a un pasado reprobado por todos y como la antítesis de la fortaleza que Chile está adquiriendo.
Ante la inoportunidad de un intento reformista sin sentido, representado por el proyecto promovido por el Gobierno (aprobado en la Cámara sólo por los Diputados de la Concertación, con el quórum, mínimo exigido, e informado en forma negativa por nuestra Comisión de Constitución y Legislación), debemos intervenir una vez más. Vemos en dicho proyecto el propósito de crear un problema político artificial, que obliga al país y a sus órganos políticos a ocuparse de lo innecesario y no de las verdaderas dificultades que existen. Se establece, así, una inconveniente separación entre el país real y el país político.
Nada puede ser más perjudicial para los intereses nacionales que una reforma de las instituciones básicas de la República fundada exclusivamente en motivaciones electorales, en beneficio de un sector partidista. La reforma que se plantea en estos momentos es una de las piezas destinadas a monopolizar, sin contrapesos, en manos de una mayoría, todo el poder político del país.
Bajo el pretexto de "democratizar", se dice que la iniciativa tiene por objeto perfeccionar las normas que regulan la generación y composición del Congreso Nacional. Para ello, dispone que todos sus integrantes sean elegidos por sufragio popular, con la sola excepción de los ex Presidentes de la República que hayan durado seis años en sus cargos, quienes serán Senadores de por vida. Y se afirma que para conseguir ese propósito se suprime la institución de aquéllos a quienes se llama "Senadores designados". Lo cierto es que, de aprobarse tal supresión, ésta regiría en un futuro más o menos lejano, ya que el mismo proyecto contiene una disposición transitoria destinada a no afectar a los actuales titulares de dichos cargos, quienes continuarían desempeñándose hasta la finalización de sus períodos, el 10 de marzo de 1998.
Quiero manifestar que, cualquiera que sea el resultado de la votación de esa disposición transitoria, los Senadores institucionales en ejercicio no pueden ser afectados. Una reforma constitucional no puede hacer cesar en sus cargos a los Parlamentarios, tengan el carácter que tengan, debido a que ello lesionaría las bases de la institucionalidad y el ejercicio de la soberanía regulado .en el artículo 5° de la Constitución, que no se ha propuesto modificar.
Cabe recordar que cuando se discutieron y aprobaron las reformas de 1989, se sostuvo en forma reiterada que no se abordaría el tema de los Senadores institucionales hasta que transcurriera el período en que duran en sus cargos. Se pretendía, así, tener una real perspectiva y los elementos necesarios para medir los resultados de esa experiencia.
Por consiguiente, resulta totalmente ilógico e inoportuno presentar una reforma constitucional que producirá sus efectos en un futuro lejano. Se trata de un asunto importante -como es la composición del Senado- que incide en el desarrollo democrático del país, en un mundo cambiante, y, a la vez, cuando es absolutamente necesario dar consistencia y consolidación a un régimen político. Resulta paradójico que se proponga esa medida al mismo tiempo que se emiten juicios aprobatorios y laudatorios sobre la actuación de los Senadores institucionales, por parte de sectores de Gobierno.
Creo interpretar a los independientes cuando destaco no sólo la falta de oportunidad, sino lo contradictorio de un proyecto presentado en esta forma. Rendir homenaje a personas que han sabido cumplir cabalmente los objetivos que -especialmente en consideración de la opinión independiente- el constituyente tuvo en cuenta para establecer esa institución y proponer, simultáneamente, suprimirla, pero dejando en sus cargos a quienes los desempeñan, ¿no es, en el fondo, una confesión del temor de tener que afrontar en estos años una situación política que lleve a deshacer lo bueno que se está realizando, para lo cual los Senadores institucionales han sido una pieza fundamental?
¡Los hechos anteriores son la demostración más palmaría de la necesidad de la composición mixta del Senado, como está operando en Chile!
De acuerdo con lo expuesto por el Ministro señor Boeninger para justificar la supresión a futuro de los Senadores institucionales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo son Poderes solamente políticos. De ello deduce que deben tener igual legitimidad, y que ésta, para ser democrática, debe provenir exclusivamente del voto ciudadano; de lo contrario -según sus palabras-, "habría una diferencia que afectaría la relación de igual status que debería existir entre estos dos Poderes".
Ante estas afirmaciones -a las que se les ha dado cierto carácter de dogma-, tenemos que recordar algunas cosas fundamentales.
La Constitución de 1980 es la más profundamente meditada y estudiada en toda la historia de Chile, como se destacó en esta Sala. Y tuvo en consideración la crisis global que experimentaron las instituciones democráticas en 1973; la evolución institucional del país y su particular desenvolvimiento histórico, que es riquísimo; las nuevas tendencias que perfeccionan la democracia, y la necesidad de establecer un moderno sistema democrático, con eficacia y fortaleza suficientes para abordar y superar las grandes crisis.
La Carta Fundamental exigió, para el más correcto funcionamiento del régimen presidencial, que el Jefe del Estado fuera elegido por la mayoría absoluta de los ciudadanos, y no sólo por una minoría, como ocurrió frecuentemente durante la vigencia de la Constitución de 1925. Los Diputados y Senadores elegidos no deben cumplir con esta exigencia, y, aún más, los Colegios Electorales que determinan su elección no sólo son diferentes entre sí, sino de un ámbito mucho menor al del Colegio Electoral único, nacional, que elige al Presidente de la República. Lo anterior, ¿autorizaría para sostener que el Poder Legislativo tiene un status o legitimidad democrática de inferior grado a la del Primer Mandatario, o diferente?
A la inversa, los Ministros de Estado, intendentes y gobernadores, que forman parte del Poder Ejecutivo -poder político- y no son elegidos por voto popular, ¿carecen del status democrático a que alude el Ministro Boeninger y cuyo alcance y definición nadie conoce? ¿Qué título o status -de acuerdo con la tesis del citado Ministro- autorizaría a los Secretarios de Estado para asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado y para tener preferencia en el uso de la palabra, con relación a los propios Parlamentarios?
El gran error que se comete en el planteamiento mencionado es el de suponer que sólo es democrático lo que emana del voto popular, restringiéndose el ámbito de la democracia a lo exclusivamente electoral. Tal posición no se compadece con las tendencias modernas, que ven en ella no sólo la emisión del sufragio en forma periódica, sino un sistema de vida, de libertades y derechos personales, de participación, de igualdad de oportunidades, de autonomía de las organizaciones intermedias de la sociedad, de control de legalidad a la Autoridad, de protección de las personas ante los excesos de ésta.
Los títulos democráticos de las autoridades y de los representantes emanan no sólo de la votación, sino, asimismo, de la propia Constitución democrática, aprobada en plebiscito por la ciudadanía; de la investidura regular de aquéllos, según lo dispone el artículo 7° de la Carta Fundamental; de su sometimiento a esta última y a las leyes, conforme al artículo 6°, en las acciones que les corresponde desarrollar.
Y, por su parte, el artículo 5° determina claramente que "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.". Si no fuera así, ni los Ministros, ni los Subsecretarios, ni los intendentes, como tampoco, por otro lado, los jueces, el Contralor General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral o el Banco Central -entre otros-, tendrían títulos democráticos y legitimidad para imponer la ley a los ciudadanos, incluidos el Presidente de la República y los Parlamentarios, elegidos por el voto popular.
Todas estas disposiciones expresan el concepto amplio de democracia que prima en la Constitución de 1980 y están contenidas en las Bases de nuestra Institucionalidad, con la máxima jerarquía en el orden constitucional. Los fundamentos de la reforma expuestos aparecen en abierta contradicción con estas Bases, cuya modificación ni siquiera se ha insinuado.
Es indiscutible, entonces, que el ejercicio de la soberanía no proviene sólo del voto popular, ni la democracia está circunscrita a lo electoral. Hay una necesidad y requerimiento de expresión y de participación diferentes, y más amplias que lo que pueden ofrecer únicamente los comicios electorales. El demoelectoralismo nos lleva irremisiblemente a la partitocracia, como deformación de la democracia. Hasta en la misma Concertación se plantean puntos de vista que constituyen una verdadera prevención de caer en estas desviaciones. El Partido Humanista-Verde acaba de declarar, por ejemplo, que la democracia real no consiste únicamente en la elección periódica de representantes, porque -y cito- "estos dan vuelta la espalda hacia la gente y quedan mirando otros intereses".
Cae, entonces, por su base el fundamento de principios que ha querido darse a la supresión en el futuro de los Senadores institucionales. Y mayor aparece esta falta si se considera que, al mismo tiempo, el proyecto propone que sigan integrando el Senado los ex Presidentes de la República, y en forma vitalicia. Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, dice un viejo aforismo jurídico que cabe tener en cuenta para estos efectos.
El Senado es, por esencia, una institución en la que la sociedad busca recoger toda la experiencia de la nación y no sólo la expresión de las luchas partidistas. En el caso chileno, tiende a complementar las funciones que corresponde ejercer al Primer Mandatario más como Jefe del Estado que como cabeza política de un Gobierno contingente. Por esta concepción, se requiere mayor edad para pertenecer a esta rama del Congreso.
Además, todos los Senados del mundo se renuevan por parcialidades, porque las naciones quieren preservar valores tradicionales y culturales históricos que son relevantes para su subsistencia.
Como la experiencia no la dan los votos populares, resulta absolutamente necesario hacer llegar a esta Corporación el aporte de miembros que hayan adquirido los conocimientos y se hayan desempeñado en actividades propias de las funciones más altas del Estado. Y eso es lo que se ha. hecho en Chile.
Es interesante recordar la evolución histórica experimentada por esta institución y cómo su actual composición mixta obedece a una profunda necesidad -propia de su carácter y de sus funciones- del régimen político que nos rige, que tiene un marcado origen democrático.
La Constitución de 1833, junto con dar una gran fuerza política...
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Excúseme, señor Senador. Ha terminado el tiempo del Orden del Día, de modo que se requiere el asentimiento de la Sala para continuar. Los Comités acordaron prorrogar la hora exclusivamente para tratar el proyecto que modifica el Reglamento del Senado, hasta las 20:45.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, ¿cuántos señores Senadores se encuentran inscritos para intervenir?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Hay trece, por el momento. De manera que podría fijarse una hora de término y, en caso de no alcanzar a intervenir todos ellos, se proseguiría en la sesión del próximo jueves.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, que concluya su exposición el Senador señor Alessandri y que se reanude el debate en la sesión ordinaria siguiente, en la que podrán usar de la palabra los Honorables colegas que hay inscritos.
El señor CALDERÓN.-
Sí. Que termine el Senador señor Alessandri.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Cuánto le queda a Su Señoría para finalizar su intervención?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Para los efectos de prorrogar hasta por una hora, se necesita el acuerdo de los dos tercios de los Senadores presentes. Si se trata de mayor tiempo, ello demanda la unanimidad de la Sala.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, si hubiera disposición de los señores Senadores, ¿sería posible votar el proyecto?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En ese caso, se precisaría el acuerdo unánime de la Sala...
El señor LARRE.-
Por eso, he formulado la consulta sobre la base de que hubiera disposición para proceder de esa manera.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
...y renunciar los trece señores Senadores a hacer uso de la palabra.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, quiero saber cuánto tiempo estima el Honorable señor Alessandri que le falta para finalizar su intervención.
El señor ALESSANDRI.-
Aproximadamente unos quince minutos, señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, personalmente, daría el acuerdo para una prórroga por ese lapso; pero tendríamos que continuar el debate con posterioridad, como corresponde, desde el punto de vista reglamentario.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En este momento, se acaba de inscribir otro señor Senador.
El señor DÍAZ.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Al parecer, existe acuerdo en la Sala para que el Senador señor Alessandri concluya su intervención.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, creo que al Senador señor Alessandri debió advertírsele antes de comenzar su exposición cuánto tiempo le quedaba, porque así no habría sido interrumpido en su muy buen discurso y no habría perdido la ilación. Me parece que no es lógico que ello suceda, pues Su Señoría, después de este debate, deberá retomar el impulso de sus palabras.
Tengo claro que éste es un aspecto reglamentario, pero se debe buscar alguna fórmula de solución. Por mi parte no desearía estar en el caso que se ha planteado.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Los señores Senadores debieran saber cuándo termina el Orden del Día, ya que el Reglamento lo establece claramente.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, si la Sala determina que continúe en la próxima sesión, no tengo ningún inconveniente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Su Señoría puede concluir su discurso, para que éste no quede interrumpido.
El señor ALESSANDRI.-
Gracias, Presidente.
Decía que la Constitución de 1833, junto con dar una gran fuerza política y administrativa al Presidente de la República, instituyó para éste un órgano de consulta e informe obligado, el Consejo de Estado, y un sistema parlamentario bicameral, donde el Senado tenía funciones legislativas revisoras y era representativo de la tradición del país.
Al cambiarse el régimen presidencial por el parlamentarismo, en 1891, se desnaturalizó la función consultiva e informativa del Consejo de Estado y se incurrió en el grave error de que el Senado asumiera las mismas funciones fiscalizadoras y políticas de la Cámara de Diputados. La igualdad política entre ambas ramas del Congreso, que dio origen a diversas desarmonías e impidió la constitución de ministerios estables, fue una dé las causas del fracaso estrepitoso que tuvo ese régimen político en Chile.
Conviene tenerlo presente en estos momentos, en que, para dar fundamento a la reforma en debate, se aboga por la igualdad política de las funciones de la Cámara y del Senado a través del voto popular.
Creo que nadie puede poner en duda la calidad de gran demócrata que tuvo don Arturo Alessandri Palma. De éste partió la idea de dar una composición mixta al Senado de la República, mediante la incorporación de representantes de las fuerzas gremiales y de ex servidores públicos de alta categoría, además de los integrantes de elección popular. La circunstancia de que la Constitución de 1925 aboliera el Consejo de Estado y traspasase las facultades consultivas e informativas, así como otras de alta categoría, al Senado, lo llevó a proponer una organización diferente de éste, y al mismo tiempo, por el carácter de sus nuevas funciones, que fuera despojado de toda facultad fiscalizadora. Sus esfuerzos no tuvieron buen éxito, pero la idea fue recogida en diversas oportunidades por Senadores que plantearon la necesidad de dar a esta Corporación una composición diferente de la de la Cámara de Diputados.
He recordado en otra ocasión que don Jorge Alessandri, al presentar la reforma constitucional de 1964, recogió con énfasis esa aspiración, que tiende a un perfeccionamiento del régimen presidencial y de las instituciones democráticas, al ampliar el ámbito simplemente partidista electoral. Para ese efecto, propuso que, además de miembros elegidos nacionalmente, formaran parte del Senado, por derecho propio, los ex Presidentes de la República, al igual que, mediante nominación, ex Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ex Presidentes de la Corte Suprema, un ex Contralor, dos ex Rectores de Universidades, y representantes de los empresarios y de los trabajadores.
Es interesante reproducir las palabras con que fundamentaba esa idea. "Es urgente" -decía- "modificar la constitución del Senado. Resulta absurdo que éste también tenga un origen popular, al igual que la Cámara de Diputados y que, en consecuencia, prevalezcan en él, lo mismo que en ésta, las preocupaciones electorales sobre cualquiera otra consideración".
Y agregaba:
"Para que haya una Cámara que sea ajena a cualquier interés local y que esté en lo posible constituida por los mejores hombres de que dispone el país y los partidos, quienes lleguen al Senado por sufragio popular deben ser elegidos por todos los ciudadanos.
"Además, con el objeto de asegurar el predominio de la experiencia y la capacidad en sus resoluciones y que ellas se aparten del interés meramente electoral, se hace necesario complementar su composición con miembros que no tengan ese origen y que los haya en representación de distintas actividades nacionales".
Tampoco se podrá poner en duda jamás la vocación democrática de este insigne ciudadano, en cuyo Gobierno -cabe recordarlo- sólo se dictaron tres decretos de insistencia, y nunca se recurrió a facultades extraordinarias o a estados de excepción.
He querido dar estos antecedentes para mostrar que la idea de la composición mixta del Senado, de su integración con .personas que han adquirido una vasta experiencia en altas funciones del Estado, tiene un origen netamente democrático, obedece a una necesidad de mejor funcionamiento del régimen presidencial, acentúa el carácter de Jefe de Estado del Presidente de la República, garantiza la expresión de la opinión independiente ante el predominio exclusivo de los partidos y significa una ampliación del ámbito participativo de la sociedad. En último término, corresponde a una evolución histórica de nuestras instituciones republicanas y democráticas.
Por lo demás, democracias europeas y americanas -como las de Canadá, Irlanda, Italia, Venezuela, Perú y, en un período reciente, España- han ido incorporando a sus Senados no sólo a ex Jefes de Estado, sino, también, a personalidades que han alcanzado alta figuración en funciones públicas. Ello, al margen del tipo de régimen político que impere en ellas: parlamentario, presidencial o semipresidencial.
El mundo está haciendo esfuerzos por entrar en una democracia más amplia, pluralista y participativa, que atenúe las debilidades y los temores que provoca la que se basa únicamente en una mayoría electoral. Esta puede ser muy circunstancial, ya que,' en muchos casos, como podemos comprobar día a día, al poco tiempo la gente no se siente interpretada ni representada por las personas que eligió.
Lo anterior bastaría para desechar por absolutamente injustificada la reforma propuesta, tanto por los resultados que el país tiene a la vista cuanto por las conveniencias de su régimen político, así como por la necesidad de tener una visión de Estado ante problemas de seguridad, salud, educación y pobreza, entre otros. Un Senado exclusivamente político-partidista, con una mayoría igual a la de la Cámara de Diputados, entrega el ejercicio de los poderes presidenciales al manejo de los partidos de la misma mayoría, lo que reduce al Presidente de la República a ser un simple Jefe de Gobierno, neutralizándolo totalmente como Jefe de Estado.
No quisiera terminar mi exposición sin ocuparme en ciertas afirmaciones que se han hecho sobre lo perjudicial y peligrosa que resulta la facultad que actualmente tienen algunas personas e instituciones para designar Senadores. Se ha hecho referencia, concretamente, al Presidente de la República, a la Corte Suprema y al Consejo de Seguridad Nacional, y se ha expresado el temor de que los dos últimos se "politicen".
No se divisa razón -se ha dicho- para que el Presidente designe a dos Senadores, porque ello atenta contra la separación de los Poderes y contra el criterio de que debe existir, de algún modo, un contrapeso del excesivo poder presidencial.
En primer lugar, hay que dejar en claro que los Senadores institucionales no han sido establecidos como un contrapeso al poder presidencial, sino para que aporten su experiencia y una visión que trascienda la política partidista contingente, de modo que la Corporación adquiera una fisonomía que le permita cumplir en la mejor forma posible sus altas funciones legislativas,' consultivas, informativas u otras, como la de oficiar de tribunal o la de conocer de ciertos nombramientos especiales.
Los Senadores que nombra el Presidente o los que eligen la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional no son representantes de aquél o de estos organismos. No son subordinados, sino que se desempeñan con plena independencia. Por lo demás, la experiencia que tiene el país sobre la actuación de la Corte Suprema y del Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en acontecimientos recientes, indica que no hay motivos para temer que estas entidades no sepan cuál es su misión y deseen entrar en una carrera orientada a formar mayorías políticas.
El verdadero peligro está en que se transforme a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional y al Consejo de Seguridad Nacional en órganos en que empiece a operar ese tipo de mayorías. Ello ocurrirá si llegan a prosperar las otras reformas constitucionales que se han anunciado, y que pretenden alterar en forma importante su composición, a fin de darles una tendencia eminentemente política.
Si se quiere tener claridad sobre las consecuencias que produciría la aprobación de la reforma constitucional en debate, hay que tener presente, además, el proyecto que modifica las leyes orgánicas constitucionales del Congreso Nacional, de Votaciones Populares y Escrutinios y de los Partidos Políticos, enviado por el Ejecutivo simultáneamente con el que estamos debatiendo, y que sólo podrá ser tramitado si es que llega a aprobarse éste.
Como ya he señalado, los resultados obtenidos por Chile, que deben enorgullecerlo, son fruto de una serie de factores, y uno de ellos es contar con una institucionalidad que favorece la continuidad de las políticas que están haciendo progresar a nuestra sociedad. Este capital no puede ser tirado por la borda, a pretexto de favorecer intereses efímeros de una combinación partidista por sobre los permanentes del país.
Por todas las razones dadas, señor Presidente, prestaré mi aprobación plena al informe que propone el rechazo total de la reforma hoy en debate.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Señores Senadores, si bien se ha agotado el tiempo del Orden del Día, creo que, dados lo que nos queda hasta el receso y los numerosos proyectos que debemos despachar, lo más conveniente sería resolver una prórroga hasta las 20:30 ó 20:45, para que puedan intervenir los Senadores que están inscritos, en la forma más breve posible, y fijar una hora para proceder a votar.
El señor RUIZ (don José).-
De acuerdo.
El señor FERNÁNDEZ.-
Me parece muy bien.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Hay 14 Senadores inscritos para hacer uso de la palabra, y, si pensamos en que cada uno debiera disponer de un promedio de diez minutos para ello, nos daremos cuenta de que la petición que ha hecho Su Señoría es imposible de poner en práctica. Ahora, como se trata de un tema de real interés, o no se habla, o bien, se interviene por el tiempo que se estime conveniente. Por mi parte, no creo que en menos de 10 minutos se puedan exponer las tesis en favor o en contra de la reforma constitucional en discusión.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En ese caso, propongo votar a las 21.
El señor ALESSANDRI.-
No, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Lo importante es hacerlo hoy. No quisiera dejar pendiente esta materia, porque nos esperan muchas otras para el jueves y para la semana que viene. De manera que sugiero extender la hora hasta terminar el debate y luego votar.
El señor ORTIZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Además, veo que algunos Senadores que ya han hecho uso de la palabra están inscritos para hablar de nuevo. No me parece posible prolongar el debate indefinidamente.
El señor DÍEZ.-
Puede borrarme, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se lo agradezco, señor Senador.
Si le parece a la Sala, la Mesa borrará a los que se hayan inscrito dos veces. Acordado.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, existen dos posibilidades: que no intervengan los Senadores que están inscritos para hacerlo, a fin de que podamos votar, o, como propuso. Su Señoría, que se fije una hora de término para el debate. Personalmente, no tengo inconveniente en que se vote de inmediato.
El señor PAPI.-
Y fundamentamos nuestro pronunciamiento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, Su Señoría había propuesto extender la discusión hasta las 21. Creo que ésa es la fórmula más adecuada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, cerraríamos el debate a las 21, apelando a la conciencia de los señores Senadores para que midan sus intervenciones de forma que alcancen a usar de la palabra todos los inscritos. Ya algunos me han anticipado que serán muy breves.
El señor PIÑERA.-
El mismo resultado puede lograrse si nos abocamos derechamente a fundamentar el voto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Hay acuerdo en torno a esta proposición?
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, la verdad es que los argumentos, en lo grueso, ya han sido expuestos, de modo tal que lo que en adelante escucharemos van a ser reafirmaciones o reiteraciones de criterios ya conocidos. Pareciera, por la tarea que nos resta, que lo prudente sería votar de inmediato, ya que en los cinco minutos para fundamentar el voto pueden sintetizarse las ideas.
El señor PIÑERA.-
Es lo mismo. Conviene aplicar la fórmula original y asignar el tiempo a cada señor Senador.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Es lo mismo, en efecto.
El señor PIÑERA.-
Pero ello debe hacerse antes de la votación, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, no habría posibilidad de intervenir al realizarla.
El señor PIÑERA.-
Así es.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No veo la razón para no votar de inmediato.
El señor HORMAZÁBAL.-
En ese caso sólo dispondríamos de 5 minutos, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.
El señor SIEBERT.-
Por mi parte, renuncio al tiempo de mi intervención, señor Presidente, si se comienza a votar de inmediato y cada uno fundamenta su voto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Hay acuerdo en torno de esta proposición?
El señor HORMAZÁBAL.-
Sí, señor Presidente, en la medida en que cada Senador cuente con 10 minutos.
El señor PIÑERA.-
Pero el mismo tiempo se puede destinar a ello antes de votar.
El señor HORMAZÁBAL.-
Hemos perdido más de 5 minutos en un debate procedimental. Si se conceden dos horas para el efecto que nos ocupa -como la Mesa lo propuso originalmente- basta para que los Senadores inscritos dispongan casi de 10 minutos cada uno. Por lo tanto, insisto: respaldo la primera fórmula que se sugirió. Sé que mi voto es modesto, pero va de corazón...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Mi propuesta es tan modesta como la suya, señor Senador.
Lo único que deseo es que el debate de este proyecto termine hoy, sin que una determinada sea lo sustancial. De manera que podríamos votar de inmediato y fijar en 10 minutos el tiempo máximo de cada intervención. Por lo demás', no todos lo utilizarán completo.
El señor PACHECO.-
Me parece muy bien, señor Presidente.
El señor PIÑERA.-
Es mucho más lógico usar los 10 minutos antes, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No, señor Senador, porque no existe garantía alguna de que quienes intervengan ahora no deseen hacerlo nuevamente durante la votación.
Por tanto, procederemos como queda dicho.
En votación el proyecto de reforma constitucional.
-(Durante la votación).
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente, hago mías las intervenciones de los Senadores de la Concertación. Considero que se debe posibilitar el cambio democrático de la Constitución; y, en parte, se plantea en esta reforma.
No estoy de acuerdo en mantener la institución de los Senadores designados; a mi juicio, es antidemocrática. Este es un debate que se ha realizado a lo largo del país -ha habido ya varios foros-, y sólo me ha probado hasta ahora -y seguramente se reafirmará en las fundamentaciones que quedan- el poco espíritu democrático que, una vez más, ha demostrado la Derecha.
Si bien estoy a favor de la reforma, me manifiesto en contra de la parte en que abrimos un espacio al General Pinochet para ser Senador. Estimo que eso es negativo. Acepto la idea en el caso de los ex Presidentes de la República electos, pero no en el de quienes no lo fueron. En ese sentido, tengo una posición contraria.
Sin embargo, voto que sí.
El señor ORTIZ.-
¡No está en discusión \o que Su Señoría acaba de decir!
El señor CALDERÓN.- ¡Pero está relacionado!
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente, fundamentaré en forma muy sucinta mi voto, pues lamentablemente, en virtud del acuerdo que adoptamos, estamos perdiendo la posibilidad de hacer un debate mucho más profundo acerca de esta reforma constitucional.
A mi juicio, el tema no sólo dice relación a la enmienda de la Carta Fundamental, sino también a nuestra capacidad para generar una institucionalidad que nos garantice plenamente el desarrollo y la profundización de la democracia en Chile.
El señor JARPA.-
¡Cuando gane Lagos...!
El señor NÚÑEZ.-
¡No tenga la menor duda de que será así cuando gane Lagos, señor Senador!
Pero el tema es más relevante que la afirmación que acaba de hacer el Honorable señor Jarpa.
Me parece importante, entonces, que abramos un espacio de discusión respecto a cómo somos capaces, en el Senado y en este período, de posibilitar las transformaciones que el país requiere.
Sobre esta materia, quiero decir lo siguiente.
En Chile hay a lo menos tres factores que están entrabando la posibilidad de una resolución fácil y expedita de las contradicciones naturales que se dan en una sociedad como la nuestra. Tenemos, por de pronto, la existencia de entes que normalmente ejercen peso sobre las instituciones democráticas generadas por el voto popular. Son los casos del Consejo de Seguridad Nacional y del Tribunal Constitucional, que, en mi opinión, originan serias dificultades para la resolución de dichas contradicciones naturales.
En segundo lugar, tenemos un desequilibrio de Poderes en la sociedad chilena. El excesivo presidencialismo, a mi juicio, también genera un campo de situaciones de carácter institucional que dificultan la solución de los problemas que naturalmente se dan en un país como el nuestro.
Por último, la existencia del régimen binominal y de los Senadores designados y la distribución arbitraria de los distritos -como todos los Senadores sabemos- son también dificultades serias de nuestra institucionalidad democrática.
En consecuencia, a propósito de esta reforma constitucional deberíamos haber efectuado un debate mucho más profundo acerca de cómo podemos colaborar, en este período de transición, a generar esa institucionalidad.
Nadie pretende imponer los criterios del Poder Ejecutivo ni la fuerza de la Concertación. Estamos y hemos estado siempre absolutamente abiertos al debate serio respecto de este problema trascendental para la institucionalidad democrática en nuestro país. Pero sí deseamos recordar -como muy bien lo hizo el Honorable señor Vodanovic- que este tema lo venimos planteando desde 1980; no surgió ahora, ni es a propósito de las elecciones de 1993. A mi juicio, daña al Senado aseverar que toda esta nueva temática se está poniendo a consideración del país con motivo de los comicios de 1993, porque no es cierto; no corresponde estrictamente a la verdad histórica.
Por lo tanto, independientemente del aprecio que podamos sentir por los Senadores designados desde los puntos de vista intelectual, moral y del desempeño que han tenido, estas bancadas nunca han dejado de plantear la necesidad de que el sistema político de nuestro país no cuente con esa institución.
Lo anterior constituye un problema muy de fondo, pues ese mecanismo de designación de Senadores, conjuntamente con el sistema de elección binominal, genera y generará una situación de marginalidad política extraordinariamente peligrosa para Chile. En los extremos del espectro, tanto en la Izquierda como en la Derecha, hay una tendencia a buscar la marginalidad de fuerzas importantes, incluso con grandes caudales de votos, lo cual es malo para una democracia moderna, como la que deseamos construir.
Ese es también un punto muy central, porque no sólo dice relación a los intereses legítimos de estas bancadas, sino también a los de las bancas de Oposición; el día que sectores importantes de la Derecha queden fuera del sistema político será muy malo para la democracia de nuestro país.
En consecuencia, el sistema binominal, que es una creación qué no tiene nada de doctrinal sino que está absolutamente determinada por la coyuntura histórica en que se gestó la Constitución de 1980, deberá ser superado cuando exista más decisión, inteligencia y voluntad política de todos los sectores de nuestro país.
Por estas y otras razones, apruebo la reforma constitucional que planteó el Ejecutivo.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, seré muy breve, para referirme a las afirmaciones efectuadas en esta Sala con motivo de la reforma constitucional propuesta.
Se trataría, según se ha dicho, de dar al Parlamento la misma legitimidad que tienen los Poderes Ejecutivo y Judicial. La igual legitimidad está analizada desde el punto de vista de la democracia, entendiendo por tal solamente la elección popular.
En verdad, dicha igualdad es más aparente que real. En cuanto al Poder Ejecutivo, mediante votación popular se elige a una sola persona. En su totalidad, está integrado por el Presidente de la República, los Ministros de Estado y la Administración completa. Y jamás me atrevería a decir que los Secretarios de Estado no son democráticos en su generación -para mí lo son, y mucho-; pero los designa el Primer Mandatario.
El Poder Judicial, sin duda alguna, tiene - una amplia legitimidad en su origen, y no se genera por votación popular.
Luego, plantear que la legitimidad sólo nace del sufragio universal es, a mi juicio, un error. La votación popular se requiere para la aprobación de normas fundamentales que determinen cómo se generan los Poderes; pero no son únicamente Poderes legítimos los que reconocen su origen en aquélla.
Se ha señalado también que el Senado es una Corporación idéntica a la Cámara de Diputados. Ello no es efectivo. Si fuere así, no se justificaría el régimen bicameral. Ambas ramas del Parlamento son diferentes. Los requisitos que se exigen para ser Senador son distintos de los requeridos para ser Diputado, La Cámara Alta se diferencia de la Baja en su renovación y en sus funciones. Lamentablemente, por razones de tiempo, no me puedo detener en el tema. Pero ello es así. De lo contrario, no se justificaría el sistema bicameral.
Se ha sostenido que el hecho de que la Corte Suprema elija a tres Senadores contraviene el principio de separación de los Poderes. Dicha afirmación es absurda. Ciertamente, el Primer Mandatario designa a los Ministros de la Corte Suprema, a los de las Cortes de Apelaciones y a todos los jueces; sin embargo, ello no da pábulo para entender que se infringe tal principio. Por lo demás, basta observar la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo para apreciar que con ella se pretende consagrar la autarquía en los nombramientos que efectúa el Jefe del Estado respecto del Poder Judicial.
Por otra parte, se sostuvo que se ha planteado que éste es un sistema de contrapesos, en circunstancias de que los contrapesos reconocidos como válidos estarían dados por otros mecanismos. Tampoco coincido con esa afirmación. Los contrapesos operan a través de muchos organismos constitucionales. Entre otros -y muy importantes-, el Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional, que han sido objeto de fuerte crítica, precisamente para cambiar su generación y composición a fin de darles un carácter político y, en consecuencia, hacer desaparecer el contrapeso.
En cuanto a la idoneidad de quienes la Constitución señala como personas susceptibles de ser elegidas como Senador institucional por las autoridades correspondientes, se plantea la interrogante de si tal vez sería más conveniente nombrar, por ejemplo, a ciudadanos que hubieren obtenido premios de ciencias o a ex decanos.
Es muy interesante la sugerencia que se formula en tal sentido. Y podría considerarse al examinar esta institución, no con prejuicio sobre ella, sino fríamente en su contexto. Cabe recordar, en esa perspectiva, que la Constitución italiana reconoce la existencia de los Senadores designados o elegidos por el Presidente de la República, y se refiere precisamente a ex premios de ciencias o a personas que se hubieren destacado en los campos social, científico, artístico o literario. Plantea un esquema similar al señalado.
Además, se ha expresado que ésta sería una institución criolla, ajena a la vida institucional de otros países. Ello no es efectivo. La Constitución italiana -como decía- contempla un Senado mixto, compuesto también por miembros vitalicios designados por el Presidente de la República. Y recuerdo que en junio de 1991 figuró en la prensa el nombramiento de destacadas personalidades, como Giovanni Agnelli, Giulio Andreotti, Francesco de Martino, etcétera. La Cámara de los Lores -conocida por todos los señores Senadores-, en el Parlamento británico, tiene más o menos mil integrantes, de los cuales asisten regularmente a las sesiones doscientos, salvo en algunas ocasiones, en que, según la materia que se trata, participa un mayor número. Las Constituciones Políticas de España -de 1978-, del Perú, de Venezuela, de la India y de Irlanda y el Régimen político de Canadá también contemplan la existencia de Senadores no elegidos por votación popular.
Por consiguiente, afirmar que ésta es una institución criolla, que al parecer nació en Chile por algún capricho, constituye algo absolutamente infundado.
Finalmente, quiero manifestar mi total desacuerdo con las reformas propuestas en cuanto a establecer un Senado y una Cámara de Diputados con integración determinada por una ley que estaría sujeta a los cambios propios de la legislación. A mi juicio, la composición que se plantea para ambas ramas del Congreso es absolutamente inconveniente.
Por esas razones, voto en contra de la reforma constitucional propuesta.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, seré muy breve.
La génesis de los Senadores institucionales, como bien expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, viene de la Constitución de 1980, que en el plebiscito pertinente obtuvo 66 ó 67 por ciento de votos favorables.
Hay que recordar que en la Consulta de 1976 y en los actos eleccionarios y plebiscitarios posteriores los cálculos fueron bien efectuados y ajustados a la realidad. Y ello sucedió invariablemente durante el Régimen de las Fuerzas Armadas.
Así que el plebiscito de 1980, con ese gran porcentaje de sufragios favorables, reflejó exactamente lo que el ciudadano chileno pensaba en esa época.
¿Por qué demoró tantos años la Constitución de 1980? ¿Era muy fácil hacerla? Hay que ver lo que significó recibir un país en las condiciones en que se hallaba Chile en 1973, bajo las normas de la Carta de 1925. El país estaba totalmente paralizado: tomas, de predios agrícolas y de industrias; no había medios de transporte ni alimentación, etcétera. Y la Comisión que empezó a estudiar el Texto Fundamental tenía en mente ese tremendo desastre. Por lo tanto, si tardó su elaboración, fue porque se procedió a un análisis exhaustivo.
¿Y quiénes son los responsables de ese período tan nefasto? Los mismos que hoy se quejan de la Constitución de 1980, la cual refleja perfectamente lo sucedido en esa época. Si no hubiesen existido los "mil días", tal vez la reforma fundamental habría sido distinta.
Con la Carta de 1980 nace el Consejo de Seguridad Nacional. Los organismos de esta índole existen en todos los países del mundo y, como es natural, trabajan más en la seguridad exterior. Pero los problemas que teníamos en ese instante no eran tanto externos como internos. Por eso, dicho Consejo se orientó, no sólo a casos de amenaza foránea, sino también a las graves dificultades internas que entonces enfrentaba el país.
Por lo expuesto, considero que todas las críticas formuladas a la Constitución de 1980 y al Consejo de Seguridad Nacional son negativas e inconvenientes, tanto más cuanto que una y otro han funcionado en excelente forma durante el período de transición.
Por desgracia, no puedo votar por estar pareado.
El señor PAPI.-
Los pareos no se fundamentan, señor Senador.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
No hay pareos.
El señor MC-INTYRE.-
Entonces, voto por el rechazo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Quiero evitar un mal entendido: se habló de los pareos para los efectos de la acusación constitucional que se votará la próxima semana, pero no para la reforma constitucional que ocupa ahora al Senado.
El señor MC-INTYRE.- Para evitar dudas, me considero pareado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señor Feliú.
La señora FELIÚ.-
- Señor Presidente, voté por error. Entendí mal lo de los pareos. Estoy pareada con la Honorable señora Soto.
Pido, entonces, anular mi voto.
El señor HORMAZÁBAL.- ¡Capaz que aprobemos la reforma...!
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Puede fundar su voto el Honorable señor Sinclair.
El señor SINCLAIR.-
Señor Presidente, la Constitución Política que nos rige, tan duramente calificada por algunos oradores el día de hoy, ha permitido que el país se desenvuelva en democracia, en orden y en libertad -entiéndanlo bien algunos señores Senadores: en libertad-, consolidando sus instituciones básicas y creando condiciones para el fortalecimiento de su economía, que hoy es ejemplo en América Latina.
Esta Carta Fundamental, como toda obra humana, es perfectible. Pero para ello hay que darle el tiempo necesario a fin de probar sus virtudes o defectos.
Por estimar que no han llegado aún la oportunidad ni la necesidad de introducirle cambios, rechazo la reforma constitucional.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto.
Por acuerdo de todos los partidos y el Ejecutivo, se estableció la conveniencia de evaluar la permanencia o supresión de la institución de los Senadores designados al término de sus ocho años de ejercicio.
A manera de compensación, se eliminaron los reemplazos en caso de vacancia.
Se aumentaron en doce los Senadores elegidos en votación directa, para compensar las influencias que pudieran tener los miembros de aquella institución.
Esto se propuso a la voluntad ciudadana, y fue aprobado por más de siete millones de votos.
Por respeto a la voluntad ciudadana, don-(Jíe reside la soberanía del país, rechazo la idea de legislar.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Haré uso del derecho que tenemos los Ministros de Estado para rectificar determinados conceptos.
El señor ORTIZ.-
Estamos en votación, señor Presidente. No es posible.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Estamos en votación.
El señor ORTIZ.-
El Ministro de Estado goza de preferencia, pero no durante la votación.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, existe una disposición constitucional expresa sobre la materia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Por desgracia, no es factible interrumpir la votación, señor Ministro. Al final de ella podrá usar de la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en el tiempo que tengo para fundamentar mi voto no podré referirme a las numerosas afirmaciones equivocadas que se han hecho aquí desde los puntos de vista tanto constitucional como de la más elemental norma que debe regir los procesos políticos en los distintos países. Son innumerables los errores en que se ha incurrido; pero no nos faltará la oportunidad en que podamos hacerlos presentes. Por ahora sólo debo señalar el inconveniente que representa hacer improvisaciones que no se ajustan al rigor científico que deben tener ciertas aseveraciones.
Sin embargo, no dejaré pasar las referencias efectuadas al sistema electoral, por considerar que exceden con mucho cualquier tipo de aceptación y que mi silencio podría llevar a entender que estoy aprobándolas.
No me referiré a los Senadores institucionales o designados, pues ya han argumentado ampliamente sobre ello -y con mucho brillo- varios oradores que han defendido dicha institución.
Con respecto al sistema electoral, debemos tener presente, en primer lugar, que estamos buscando modificaciones a un mecanismo que, en mi concepto, es perfectamente democrático. Si no lo fuera, no podríamos estar en esta Sala. Y, naturalmente, ninguno de los señores Senadores elegidos podría estar sentado aquí si entendiera que el sistema que posibilitó su elección no es democrático. Ahora bien: dicho sistema, establecido en la Constitución de 1980, ha funcionado, permitiendo dar estabilidad al país, formar mayorías y minorías que pueden entenderse y contar con las bases necesarias para desarrollarse.
Por cierto, todo sistema electoral está expuesto a observaciones y críticas. Porque no existe uno perfecto; ninguno. Hay sistemas extraordinariamente proporcionales, como el de Israel. Pero ello, naturalmente, trae consecuencias graves e importantes desde el punto de vista del manejo del Estado, como lo hemos podido apreciar en ese país, por cuanto significa la proliferación de múltiples partidos, lo que determina en definitiva que las mayorías dependan de partidos muy pequeños y, por ende, que las minorías sean llamadas a resolver.
Por otra parte, en el otro extremo están los sistemas uninominales. Es el caso de las grandes democracias occidentales. En Inglaterra, donde existe el sistema uninominal -no binominal-, quien logra 50,1 por ciento de los votos obtiene el cargo y el que recibe el 49,9 no consigue nada. Y en Estados Unidos de América -ejemplo de democracia- también funciona ese sistema, .eligiéndose al que alcanza un voto más que el otro candidato.
En consecuencia, estamos enfrentados a alternativas válidas y que cada país puede adoptar, de acuerdo a su conveniencia.
En Chile se optó por un sistema considerado democrático.
El sistema binominal armonizando todos los elementos que caracterizan a los sistemas electorales -repito que no hay ninguno que sea perfecto y que refleje con absoluta nitidez la voluntad soberana en un momento determinado-, trata de recoger las ventajas del mayoritario y las del proporcional. Y el resultado en nuestro país es aceptable. Se trata de un mecanismo que ha contribuido en forma importante a que Chile pueda mantener su estabilidad.
Entonces, estamos en presencia de un sistema -se podrá discutir si es el único posible o no- que ha funcionado adecuadamente en el país y permitido que nuestro régimen democrático se desarrolle y consolide.
Nos hallamos, pues, ante un sistema electoral democrático, que, si bien por una parte puede conducir -como cualquier otro- a injusticias desde el punto de vista eleccionario, tiene la virtud, por la otra, de dar tranquilidad y estabilidad, que es lo que los países en desarrollo requieren para su progreso. Las naciones en desarrollo necesitan que las personas sepan cómo se van a afrontar los grandes problemas en el futuro. Y eso sólo puede lograrse mediante sistemas mayoritarios que aseguren estabilidad y que den al país una proyección para los efectos de progresar.
Por consiguiente, éste es uno de los elementos que debemos considerar al diseñar un sistema electoral: qué garantía de estabilidad y desarrollo otorga al país. Puede ser muy importante que una quinta o una sexta fuerza electoral esté representada en el Congreso, pero más trascendentes y determinantes son la estabilidad y el progreso de las naciones. Porque éstas, en definitiva, tienen sistemas democráticos y Parlamentos para el beneficio de su propia ciudadanía, y no para el uso o el provecho de los partidos políticos, aun en ese caso, en que sería una quinta o una sexta fuerza política.
Sobre la materia, debo expresar además que este mecanismo ha considerado los defectos que numerosas colectividades partidarias y Presidentes de la República señalaron respecto de nuestro sistema político: la proliferación de partidos.
Si revisamos las actas del Senado, veremos que en ellas están consignadas las opiniones muy versadas de numerosos Parlamentarios que con posterioridad fueron Presidentes de la República, quienes manifestaron su voluntad de modificar el sistema político. Y muchos de ellos apuntaron a cambiar un mecanismo electoral que permitía a partidos pequeños, sin mayor significación nacional, tener decisiva injerencia en el desarrollo del país.
En cuanto a la oportunidad con que se ha planteado esta reforma, debo recordar que en 1989 no se estimó indispensable introducirla. Dentro de las 54 modificaciones propuestas en esa época, no se consideró la más importante. Más bien se corrigió el sistema binominal consagrado en la ley y en la Carta Fundamental, aumentándose el número de Senadores.
Por estimar que estamos en presencia de un sistema democrático, que da garantías de estabilidad al país, que permite a éste desarrollarse y que ha funcionado bien, no me parece del caso modificarlo. En consecuencia, rechazo la reforma constitucional.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Doy excusas al señor Ministro de Justicia.
Cuando solicitó la palabra, tenía todo el derecho a hacerlo, aunque estuviéramos en votación, porque así lo dispone la Constitución Política de la República, en un Capítulo que no se refiere al Congreso Nacional. En el Reglamento del Senado no está consagrado este derecho. Pero el artículo 37 de la Carta establece que los Ministros de Estado "Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto".
Por lo tanto, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Gracias, señor Presidente.
La rectificación de conceptos que voy a formular se relaciona con la afirmación que se ha hecho en el sentido de que la Concertación de Partidos por la Democracia y el Partido Renovación Nacional aceptamos un plazo para evaluar el funcionamiento de la institución de los Senadores designados. En verdad, no es así. Tanto la Concertación -representada por el actual Presidente de la Cámara de Diputados, señor Viera-Gallo, y por quien habla- como Renovación Nacional -representada por los señores Carlos Reymond y Ricardo Rivadeneira- rechazaron el planteamiento formulado por el Gobierno en ese sentido. Posteriormente, después de la interrupción de las negociaciones, el Partido Renovación Nacional planteó, en su proyecto de reforma constitucional, la duración de los Senadores designados por cuatro años, al término de los cuales se efectuaría la enmienda correspondiente. De manera que no puedo admitir que se afirme que la Concertación y Renovación Nacional aceptamos la evaluación del funcionamiento de la institución de los Senadores designados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Martin.
El señor MARTIN.-
Señor Presidente, los Senadores institucionales, al oponernos a la reforma del artículo 45 de la Carta Fundamental en lo tocante a la supresión de estos cargos, no estamos defendiendo situaciones personales. En este aspecto la reforma no nos afecta, dado que considera el ejercicio del cargo hasta el término del plazo que la disposición contempla. Pero sí defendemos una institución constitucional, revisada por una Comisión Especial y confirmada por un plebiscito, y que ha contado con el apoyo de eminentes juristas, personalidades y connotadas autoridades, 3ntre los que podemos mencionar a don Jorge Alessandri Rodríguez y a don Enrique Ortúzar Escobar. Sus opiniones irrebatibles constituyen los mejores y definitivos argumentos en favor de su permanencia.
En los otros aspectos de la reforma que se propone, comparto ampliamente lo expresado al respecto por el Honorable señor Diez.
Voto, por ello, en contra de la reforma constitucional.
El señor JARPA.-
Pido la palabra para fundar mi voto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, resulta muy contradictorio y difícil de entender que los representantes del Estado chileno, cuando viajan al exterior, destaquen como uno de los logros más importantes de nuestra nación el haber alcanzado esta estabilidad política, que es realmente ejemplar en esta época y en esta zona del mundo. Y digo que resulta contradictorio porque, por otra parte, existe una campaña permanente para cambiar la institucionalidad, para vulnerar los equilibrios o contrapesos que consigna la Carta Fundamental, y se formulan constantes críticas -actitud que entiendo- de parte de personas que pretenden establecer en Chile un Gobierno socialista, pero que cuando se encuentran en el extranjero -tal vez por un gesto de patriotismo y solidaridad con la mayoría del país, que no es socialista- también se muestran dispuestas a apoyar la institucionalidad chilena poniendo de relieve sus logros y la economía social de mercado, que tampoco es socialista.
Al parecer, constituye tarea prioritaria para el Gobierno desmantelar la Constitución, en circunstancia de que todavía subsisten en Chile enormes problemas de seguridad ciudadana y altos índices de pobreza, de que se está iniciando una crisis en el sector agrícola tradicional, etcétera. También hay graves deficiencias en las prestaciones de los servicios de salud, en la orientación de la educación y se constata falta de capacitación técnica. Sin embargo, ¿en qué se encuentra empeñado el Gobierno? En cambiar la Constitución. Realmente, uno no se explica por qué, en lugar de abocarse a los temas que verdaderamente interesan al pueblo de Chile, se empecina en esa especie de propósito fundamental.
En cuanto a las afirmaciones del señor .Ministro de Justicia, quiero recordarle que en las comisiones y reuniones dedicadas al estudio de las reformas a la Constitución de 1980 se intercambiaron diferentes fórmulas sobre varios aspectos que en definitiva fueron perfeccionados en la Carta Fundamental. Y en el transcurso de las tratativas y en el examen de los proyectos presentados, se vertieron, cómo es natural, opiniones tanto de dirigentes de Renovación Nacional como de los partidos que más tarde conformarían la Concertación. Asimismo, se formularon propuestas y se intercambiaron memorándum. Pero el acuerdo definitivo se adoptó en una reunión final en la que participaron el entonces Ministro del Interior don Carlos Cáceres, el actual Presidente de la República don Patricio Aylwin y el Senador que habla que presidía en esa época el Partido Renovación Nacional. En esa oportunidad, se estableció que los Senadores institucionales cumplirían un período y que al finalizarlo se estudiaría la conveniencia de mantener esta institución. Por eso, resulta curioso que ahora, cuando incluso un Ministro de Estado ha reconocido que ese período abarca ocho años, se venga a plantear como materia prioritaria su término anticipado. En realidad, no sé a que se debe, porque se destacan sus méritos y experiencia e incluso muchas veces se les agradece públicamente su valioso aporte al estudio y despacho de las leyes. Sin embargo, se está pretendiendo ahora restar parte de su capacidad para legislar y disminuir su independencia frente al estudio de cada proyecto.
No se entiende en absoluto cuál es el objetivo al actuar en tal forma, porque por otro lado se sostiene que desempeñarán sus funciones hasta el término de su período, o sea, seis años más. ¿Por qué se está planteando ahora? Nos parece inexplicable esta especie de contradicción permanente en que también incurre el Gobierno en el caso de los Senadores institucionales.
Se sostiene que otro factor que impide el funcionamiento de la democracia es el sistema electoral. Al respecto, quiero señalar lo siguiente. Si revisamos las cifras correspondientes a las últimas elecciones, comprobaremos que el actual Mandatario obtuvo -en votación uninominal- el 54 por ciento de los sufragios, y que la Concertación, tanto en la Cámara como en el Senado, logró el 58 por ciento de las bancas. De modo que, si ha habido algún sistema que ha reflejado exactamente las tendencias y proporciones dentro del cuerpo electoral chileno, ha sido precisamente el binominal, y no existe, por lo tanto, como aquí se ha planteado, ninguna contradicción con el régimen democrático.
Por tales razones, voto negativamente la reforma.
El señor THAYER.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor THAYER.-
.Señor Presidente, por las razones que con brillo han expuesto ya los distinguidos Senadores Alessandri, Diez, Feliú. Fernández, Jarpa y varios otros, y por las que modestamente difundí en la prensa en un texto que tuve el honor de entregar a los señores Senadores sobre mi concepto del Senado, soy partidario de a institución de los Senadores designados. Ellos, a mi juicio, contribuyen al cumplimiento de la función peculiar y específica de esta Corporación, como ya lo manifestaron cuatro Presidentes de la República y lo han confirmado dos plebiscitos.
Agradezco sinceramente las expresiones caballerosas y deferentes para con nosotros durante esta votación. Pero también deseo precisar ¿-y pienso que en ello interpreto a mis estimados colegas institucionales- que si hemos cumplido con razonable eficiencia nuestro cometido, no es porque, individualmente, seamos personalidades de características o atributos muy extraordinarios, sino porque la institución funciona y sirve como factor de equilibrio en el Senado.
Voto negativamente la reforma.
El señor ALESSANDRI.-
Por las razones ya expuestas, voto que no.
El señor PAPI.-
Pido la palabra para fundar mi voto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacerlo, señor Senador.
El señor PAPI.-
Señor Presidente, si en política se pudiera hacer sólo lo que uno estima deseable o racional, no cabe duda de que un Gobierno extraordinario como el actual -excepcional en su duración y finalidad: la de constituir un mandato de transición- habría incluido entre sus metas, por ser conveniente para el país, el haber completado en su totalidad el tema constitucional en lo atinente a las reformas, punto que, como se sabía, estaba en el tapete de la discusión, que fue propuesto en el Programa de la Concertación y que, en acápites importantes, había quedado pendiente. Para la historia del país habría sido ideal que, junto con el término de esta Administración, se hubiera cerrado el capítulo constitucional y todos hubiésemos concordado en una Carta Fundamental respetada y aceptada por todos los sectores. Es un hecho conocido que no todos pudimos en su oportunidad dar a conocer nuestra opinión ni participar en su elaboración, como hubiera sido lo deseable. Sin embargo, lo que hoy día estamos discutiendo lo hicimos presente en su momento, cuando esto empezó a cuajar; pero -repito- no tuvimos ocasión de ser escuchados.
Vamos a votar favorablemente esta reforma por coincidir con la idea central de que un sistema institucional, comprendidos en éste el régimen político y el electoral, debe guardar plena concordancia con la realidad, tradición y cultura de una nación. Chile es un país pluralista. Y a quienes se oponen a esta reforma los invito a reflexionar en las razones por las cuales no pudieron materializar su intención -no me cabe duda de que en ello los guiaban los mejores propósitos-- de constituir una sola fuerza política, y al corto tiempo terminaron dividiéndose, dando lugar al nacimiento de la UDI. Me gustaría que me explicaran por qué, dada la experiencia señalada, no reconocen la necesidad de contar con un mecanismo electoral que les permita la posibilidad de expresarse. Y no se trata de llegar a una proporcionalidad tan extrema como la que aquí se ha señalado. Por lo demás, la iniciativa que complementa esta reforma alude a un sistema proporcional moderado; esto es, que impide la proliferación de fuerzas políticas sin una debida representación, pero que, a la vez, no entorpece el normal desarrollo y crecimiento de las sociedades.
En segundo término, resulta ingrato discutir el tema de los Senadores designados en un organismo donde ellos ya están presentes y participando, pero rescatamos el mismo argumento ya reiterado. Es efectivo que la integración mixta de cuerpos legislativos no tiene nada de original, y existe en otros lados. Pero esa tesis desconoce dos cosas: primero, que la naturaleza de esas Cámaras de composición mixta no es similar a la de este Senado, y segundo, que la proporcionalidad en que concurren quienes las constituyen en calidad de designados no incide en absoluto sobre el resultado del pronunciamiento de la ciudadanía en las elecciones populares. Es cierto que, en el caso específico de Italia, están los ex Presidentes y, por designación muy especial y casi en carácter honorífico, distinguidas personalidades qué han contribuido al desarrollo de la vida política de ese país. Pero ellos tienen el buen cuidado de ni siquiera concurrir a las sesiones, o de hacerlo en forma muy esporádica, y, en el evento de que asistieran todos, no conformarían una mayoría capaz de alterar la voluntad política expresada en las urnas y reflejada en la composición de la Cámara respectiva. En el caso de Chile, sin embargo, distorsiona peligrosamente la voluntad popular.
Finalmente, consideramos que la oportunidad de proceder a una reforma es ahora, porque uno de los problemas que generan los sistemas electorales cuando no son rectificados a tiempo es su tendencia a perpetuarse, por la simple razón de que los elegidos en virtud de ese sistema se muestran refractarios al cambio del mismo.
A mi juicio, lo oportuno era hacerlo ahora, y por eso votamos favorablemente.
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, en primer lugar, la referencia a la naturaleza democrática de la aprobación de la actual Constitución, no resiste, a mi juicio, ningún análisis histórico medianamente serio. Y creo que esto hay que decirlo. Porque, en verdad, un mecanismo democrático de aceptación de una Constitución supone la existencia de condiciones que en absoluto se dieron en el país durante 1980: inexistencia de partidos políticos, restricciones severas a la prensa, un régimen autoritario que realizó una represión sistemática de millones de chilenos, proscripción política, falta total de libertades cívicas. Y, por tanto, decir que 60 o más por ciento de votación expresaba la voluntad popular de un país democrático, me parece una aseveración que, como digo, no resiste ningún análisis histórico medianamente serio. Y esas cuestiones, ya que están en la discusión, hay que reiterarlas. Porque ésa es parte de la realidad. Y me parece que nadie puede argumentar que aquí había condiciones democráticas. Otra cosa es que alguna gente haya pensado, por ene o equis razones, que había que apoyar dictaduras. Pero ése es otro tema. Entonces -repito-, no hubo ninguna condición democrática que avalara la aprobación de la Carta que nos rige.
Segundo, ha habido dos tipos de discusiones. Una tiene sin duda cierto carácter doctrinario y alude a la composición' y forma de generación de una de las dos Cámaras en el país. Y sobre esto quisiera decir que no existe sistema democrático en el mundo donde los órganos políticos fundamentales del Estado no se originen en el elemento fundamental de la democracia, que es el voto universal, secreto, libre e informado. Porque cada sistema político tiene su lógica. Y la democracia posee esta lógica, donde -reitero- los órganos políticos del Estado se generan de acuerdo a este método. Puede que a alguien no le guste este sistema. Se han hecho aquí señalamientos en el sentido de que en los debates que dieron lugar a la Constitución vigente importantes personeros del Régimen anterior quisieron discutir la validez del sufragio universal. Es un argumento posible, pero no democrático. Y la comparación con otros Senados del mundo me parece absolutamente impropia, pues ellos, como el italiano, el español y el francés, no concurren a la formación de la ley en las condiciones en que lo efectúa el nuestro. Son Cámaras revisoras en un sentido muy estricto. Pero cuando en esos países existen diferencias entre la Cámara política, que es la de Diputados, y el Senado, prima la opinión de la primera. Por consiguiente, se expresa allí el principio democrático universal de que la Cámara que resuelve en el proceso de formación de la ley es una que íntegramente se encuentra elegida por sufragio directo y universal. Entonces, en Senados, como el italiano o el español, que tienen, al margen de la función revisora, otras atribuciones, sí puede ser legítimo el argumento de que la concurrencia de destacadas personalidades de la nación -elegidas, además, por la Cámara política en la mayoría de ellos- contribuye al sistema político. Pero no es nuestro caso. Porque, sin perjuicio de las diferentes atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, desde el punto de vista de la concurrencia a la formación de la ley, que es donde se expresa el principio de la soberanía popular, son dos Cámaras equivalentes. Y esto no se da en los Parlamentos bicamerales de Europa; pero sí en el régimen americano, que es nuestro antecedente. Y en él, obviamente, no hay Senadores designados, pues todos son elegidos por el sufragio universal. En consecuencia, me parece que, al margen de las bondades personales de quienes hoy día cumplen con esas funciones, esta institución es insostenible en nuestro actual ordenamiento jurídico, mirado desde el punto de vista de una sana doctrina democrática. Y de eso se trata. Y la sana doctrina democrática opera hoy, ayer y mañana. Porque la democracia tiene reglas universales.
El segundo tipo de discusión, sobre el régimen electoral, es de distinta entidad. Y esta materia no se aborda en términos de principios, porque estamos ante una necesidad de estructurar un mecanismo electoral que tenga que ver -aquí creo que sí vale el argumento particular- con las condiciones propias de nuestro sistema político; es decir, con nuestras tradiciones políticas, con la historia de nuestros partidos, con la configuración cultural y política de la sociedad chilena. Y si algo demuestra nuestra historia, es que en el país se configuran, en distintas épocas, cuatro o cinco corrientes sustantivas de opinión. Ese es el tema. Y el asunto es cómo consagramos un sistema electoral que, siendo estable y exprese efectivamente la pluralidad y la libertad de los ciudadanos, recoja esa realidad fundamental. Y desde ese punto de vista, no hay duda de que el binominalismo introduce rigidez sobre el sistema político. En cambio, el proporcionalismo moderado, que limite también la expresión en el Parlamento de sectores muy minoritarios de la sociedad -y el proyecto del Ejecutivo así lo dispone-, me parece que es el que más efectivamente se adecua a la generación de estabilidad política en el país.
Quisiera referirme a dos argumentos más. En la medida en que soy contrario a que esta Corporación se integre con Senadores designados, obviamente también estoy en contra de que la compongan los ex Presidentes de la República, sean impuestos o, como el Presidente Aylwin, elegidos. Porque, en un Senado con las características del nuestro, la existencia de Senadores elegidos indirectamente o no elegidos en una elección estrictamente parlamentaria vulnera su naturaleza.
Finalmente, en cuanto al argumento de que la solidez de nuestra renaciente democracia y las condiciones de convivencia civil que hemos logrado los chilenos se deban a la sabiduría de nuestras instituciones, pienso que constituye un profundo error. Considero que, a pesar de las imperfecciones democráticas de nuestras instituciones, podemos gozar hoy día de un sistema políticamente estable por la madurez de los actores políticos. Y esa misma madurez es la que permitiría efectuar las reformas constitucionales fundamentales destinadas a que dispongamos de un régimen político plenamente democrático.
Voto a favor.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, ha sido algo incómodo este debate, porque, quiérase o no, involucra a Honorables colegas presentes en la Sala. Y, ciertamente, las opiniones que se vierten acerca de su participación en esta Corporación, por mucho que uno invoque que en nada se relacionan con situaciones de orden personal, debe afectarlos de alguna manera.
Pero, a decir verdad, la iniciativa del Gobierno apunta a cuestiones de fondo relativas a materias largamente analizadas y que constituyeron temas principales de discusión durante el período final del Régimen pasado, formaron parte de los análisis que llevaron a cabo las Comisiones que representaban las posiciones políticas del Gobierno anterior y de quienes éramos Oposición y fueron motivo de debate público relevante en la campaña presidencial y parlamentaria de 1989.
Ahora estamos entrando al último año de Gobierno del Presidente Aylwin, y no cabe duda de que este proyecto de reforma corresponde a una elemental consecuencia política, a un proceder ético que no puede merecer dudas. Porque, de no haber enviado esta iniciativa, todo cuanto se señaló en los momentos a que he hecho referencia sería sólo palabras, invocaciones testimoniales, y no se habría traducido en algo concreto, como lo que en este momento discutimos. Y la opinión de quienes hemos sido permanentemente contrarios a la mantención de los Senadores designados no debe sino concretarse en una expresión de apoyo al proyecto de reforma constitucional.
Y no podemos andar con tapujos. Para nosotros, quienes representan esa institución -con los cuales hemos logrado convivir durante estos casi tres años de un modo responsable y, diría, bastante eficiente desde el punto de vista de lo que ha sido el aprovechamiento del trabajo legislativo- se identifican con una expresión que condiciona, relativiza, el verdadero concepto de la democracia. No hay, por muchos esfuerzos que se hagan y por muchas comparaciones que aquí se invoquen, una figura política institucional de esta naturaleza en ningún país del mundo. En los Congresos, en las Cámaras, en los Senados citados, no existen representaciones del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, por mencionar tan sólo algunas de las instituciones que dan vida a los Senadores institucionales, según como los consagra la Constitución Política. Son otros los que llegan por la vía de la no elección, de la no representación popular, a esas Corporaciones. Por lo tanto, esta institución es un punto negro en nuestra democracia y -reitero- en la representación popular manifestada en este Poder del Estado, eminentemente político, como es el Poder Legislativo. Y creo que para el Senado esa institución constituye toda una incomodidad, por cuanto le impide exhibir un verdadero reflejo de lo que debe ser una práctica auténticamente democrática y expresiva de la representación popular, que no es otra cosa que la soberanía del pueblo mismo.
Por lo tanto, más allá de los alcances afectivos que esto pueda tener para los Honorables colegas presentes, quienes nos n acompañado en este tiempo, somos claramente contrarios a la mantención de esta figura.
Pero me parece que no es ése el punto fundamental de la reforma constitucional. El mismo proyecto lo señala. Porque reconoce que, aun cuando se aprobase la reforma, los Senadores designados continuarán en sus funciones hasta 1998. Por consiguiente, esta discusión la podríamos perfectamente realizar en 1994, en 1995 o en 1996, e incluso en 1997. Y la verdad es que lamento las referencias de algunos Honorables colegas de la Oposición, quienes han reconocido que estuvieron de acuerdo en que los Senadores designados se mantuviera por un período, evaluándose, una vez terminado éste, su comportamiento, el trabajo desempeñado durante él. Todo esto nos podría llevar a concluir que ellos son una suerte de experimento cuyos resultados se van a contrastar con la labor realizada y conforman, desde el punto de vista de su existencia misma, una entidad relativizada, cuestionada, cuya permanencia depende de cómo se comporten.
Sin embargo, no pongo el acento en este aspecto de la reforma planteada por el Ejecutivo. Empero, sí lo hago en cuanto al sistema electoral. Naturalmente, en el poco tiempo de que disponemos para fundamentar el voto, uno no puede referirse a las cuestiones técnicas y a las distintas ventajas o desventajas comparativas de los diferentes sistemas electorales. Pero es evidente que el binominal no funciona -este es un elemento simple, pero categóricamente irredargüible- con la figura de los Senadores designados. Si los mantenemos -como por esencia el sistema binominal es poco democrático, por decirlo de alguna forma simple, o, para expresarlo más rigurosamente, es antidemocrático-, todas las comparaciones de porcentajes que se puedan realizar se ven absolutamente distorsionadas. De manera que si vamos a mantener esta institución hasta 1997, para democratizar nuestra representación política en el Parlamento, a lo menos corresponde cambiar el sistema electoral vigente por uno proporcional. Y, ello, más allá de las situaciones locales o parciales relativas a algunas representaciones políticas aquí existentes, y también sin perjuicio de las mal entendidas consecuencias históricas que llevan a algunos Honorables colegas a mantener una posición cerrada ante cualquier análisis objetivo de lo que constituye un sistema electoral respecto de otro. Porque el binominal obliga a la suscripción de pactos que son un engaño a sus mismas normativas. Y la verdad es que, como legisladores, tenemos el deber de colocar las cosas en la rectitud que corresponde, en la corrección con que se deben establecer, y no mantener legislaciones que, por la vía del artilugio, posibilitan la representación en el Parlamento de colectividades, organizaciones o grupos políticos que no la tendrían si no suscriben pactos electorales. Y esto lo digo con absoluta claridad, porque, a lo mejor, incluso podríamos ser objeto o sujeto de la argumentación que estoy señalando. Pero lo importante es que lo podamos entender de modo tal que, por encima de las circunstancias históricas de oportunidad que puedan darse y del beneficio que el sistema binominal otorga para suscribir pactos, subpactos, compromisos o acuerdos no contemplados en la ley para mantener representación parlamentaria, lo justo es dictar una legislación que permita a quienes no integran el Parlamento, pero que debieran estar en él de acuerdo con un correcto funcionamiento del régimen democrático y de su ley electoral, acceder a un órgano tan importante como el Poder Legislativo.
Por esa razón, somos claramente partidarios de reformar el sistema electoral y de que se permita concursar a todos los partidos políticos y organizaciones, a fin de que concurran al Congreso aquellos que obtengan tanto una alta como una baja proporción del electorado. Porque ésa es la democracia, la pluralidad, el respeto a las ideas. Y no el calificar que sólo pueden acceder a legislar quienes representan sobre determinado porcentaje, pues ello es antidemocrático e irrespetuoso y significa atropellar libertades fundamentales de las personas.
Voto que sí.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, mejor me hubiera ahorrado las palabras y votado favorablemente el proyecto. Pero debo decir algo que aún no se ha expresado en esta Sala: que el Congreso -particularmente el Senado- necesita de verdadera independencia para desarrollar su actividad y votar, en cada caso, los proyectos que de acuerdo con su recta conciencia crea más convenientes.
Sin embargo, esa independencia no es tal, porque hay personas que han sido designadas por una corporación o institución que muchas veces votan siguiendo el criterio de las entidades que representan, y, a menudo, lo hacen al margen de las opiniones que se manifiestan en su oportunidad.
Hemos oído, también, a algunos señores Parlamentarios decir que al ser designados serían independientes y que tendrían un criterio propio. Pero, en verdad, nunca he apreciado que ante iniciativas de envergadura esos señores Senadores designados, que se decían independientes, voten con la Concertación, con el Partido Socialista, con el PPD o la Democracia Cristiana, salvo en aquellas de poca trascendencia, en que han prestado sus votos. Y se pronuncian permanentemente, como si fueran un partido político, con la UDI o con Renovación Nacional, razón por la cual la tan aludida independencia de que hacían gala no se ha traducido a la realidad.
Otro hecho notorio para advertir esa circunstancia es el relativo a los pareos. No comprendo que un señor Senador designado tenga que parearse. ¿Por qué habría de hacerlo, si tiene un juicio previo? Yo me pareo con quien va a votar en contra. ¿Y con quién lo hacen los señores Senadores designados, o institucionales? No se parean nunca con la UDI o con Renovación Nacional -al parecer, existe un hilo conductor sutil entre ellos-, sino con el Partido Socialista, con el PPD, el Partido Radical o el Demócrata Cristiano. Ello revela claramente que no existe tal independencia, y que, por el contrario, están alineados con un hilo conductor que emana del Régimen anterior.
Por supuesto que eso es independiente de la calidad de las personas y de su versación, que hay que reconocer que es importante, pues muchos o -por qué no decirlo- todos ellos poseen condiciones excepcionales. Pero eso no significa que tengan independencia de juicio.
Por tal razón, como una medida de sanidad democrática, creo necesario perfeccionar el sistema y restablecer esa independencia. Y los invito a ver en las próximas votaciones, sean políticas o cuando deban actuar como jurado o como jueces, que ese hilo conductor se va a mantener, lo que no es sano para la democracia ni para esta Institución.
Voto afirmativamente.
El señor PACHECO.- Voto a favor del proyecto de reforma constitucional en materias electorales, dejando establecido en forma expresa que, no obstante ser partidario de suprimir la institución de los Senadores designados, me consta personalmente que todos quienes desempeñan esos cargos en la actualidad se han distinguido en el Senado por su sentido de servicio público, por su capacidad y honorabilidad.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, al intervenir en el debate trataré de señalar, para la gente que puede tener acceso a la información sobre el tema y para su análisis, que aparece como relevante la manera en que estamos enfrentándolo, a fin de examinar, para un mejor juicio, tanto actual como histórico, lo que pueden ser los distintos hechos y opiniones vertidas al respecto.
Hay algunos elementos indiscutibles. En el Senado, en distintas oportunidades, todos hemos sido partidarios de mantener la independencia del Congreso frente al Poder Ejecutivo, más aún cuando las normas constitucionales modernas tienden a dar al último mayores facultades, por lo que el contrapeso del Parlamento pasa a ser esencial. Pero éste debe ser independiente para poder cooperar en las funciones colegislativas relevantes.
Sin embargo, hay señores Senadores que, junto con defender la tesis de la independencia del Congreso, están dispuestos a permitir que el Presidente de la República elija el 4,3 por ciento de esta Corporación. Así es de sencillo: el Primer Mandatario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45, letras e) y f), de la Constitución, puede designar a dos Senadores, de un total de 46. Es decir, hablamos de la independencia de este Poder del Estado como necesario equilibrio del régimen presidencial, al que las tendencias modernas dan gran fuerza, pero entregamos al Jefe del Estado, innominadamente -sobre la voluntad ciudadana y los votos nadie puede "girar a cuenta" por anticipado-, el 4,3 por ciento de la Cámara Alta.
Pero no es sólo eso. Además, le permitimos influir en la designación de otros cuatro miembros de la misma, por el hecho de integrar, precisamente, el Consejo de Seguridad Nacional. De este modo, dos más cuatro no ha sido controvertido que sean seis, cifra que implica que el 13 por ciento del Senado se elige con participación del Presidente de la República, hombre honorable y distinguido, que puede ser reemplazado en el futuro por otro hombre o mujer de igual calidad. Pero -reitero-le damos el 13 por ciento del Senado. ¡Vaya paradoja!
Otro hecho que .respetamos todos quienes formamos parte de esta Corporación es que somos pares, o sea, iguales, aunque distintos, gracias a Dios. Pero ocurre que, en virtud del artículo 45 de la Carta, hay un señor Senador que vale más que el resto -tiene méritos de sobra para ello-: el Presidente de esta rama del Parlamento, que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional por imperio del artículo 95 de la misma. Y este Senador, par nuestro (de cuya conducta y trayectoria nos sentimos orgullosos), tiene posibilidad de votar para elegir el 8,6 por ciento de esta Alta Cámara, lo que significa que un Parlamentario igual a nosotros puede escoger a sus pares, privilegio destacado al cual -estoy seguro- no se tentará a renunciar en la votación posterior.
Un tercer elemento lo constituye el respeto entre los Poderes Públicos. Y señalamos nuestro respeto por los otros y la necesidad de actuar dentro del ámbito de competencia de cada uno. La Ley Fundamental dispone, en su artículo 73, que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.". En ninguna parte se dice que el Poder Judicial tiene facultad para elegir Senadores, salvo en el artículo 45, de excepción, que le señala que puede escoger a tres de ellos. Y eso que la propia Carta Política incluye entre quienes no pueden ser candidatos a los magistrados superiores de los tribunales de justicia. O sea, la mantención de esta institucionalidad, contenida en el artículo 45, coloca en jaque principios e instituciones que la misma Carta pretende preservar.
Aún más: su artículo 87 consagra: "Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco,", etcétera. En parte alguna se establece que puede elegir a un Senador. Pero el artículo 45 aquél sí se lo permite. Y, además -¡vaya paradoja!-, el inciso segundo del artículo 87 estatuye: "El Contralor General de la República será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado", o sea, con la aquiescencia de aquellos Senadores sobre quienes éste tiene posibilidad de influir.
Entonces, las normas constitucionales deben guardar la debida armonía. Las instituciones necesitan ser preservadas. ¿Cómo se concilia eso con el artículo 45 de la Carta? Ahí surge el artículo 90 de la misma, que en su inciso tercero dispone: "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior,", etcétera. Y el inciso final estatuye lo siguiente: "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes.". ¡Obedientes y no deliberantes! No obstante, la Constitución permite a las Fuerzas Armadas participar en el Consejo de Seguridad Nacional en la elección de cuatro Senadores. ¿Dónde está el respeto a las propias instituciones que la Carta Constitucional establece?
Además, no cabe duda de que se produce, a mi juicio, otra contradicción. La Ley Fundamental consagra en su artículo 19 N° 2°, que todos los chilenos somos iguales ante la ley. Pero ocurre que hay quienes votan dos veces para elegir a ciertos personeros: los jueces lo hacen en las elecciones normales, como todos, y, además, en la Corte Suprema se pronuncian para nombrar Senadores adicionales. El Honorable señor Valdés, destacado Presidente de esta Corporación, votaría para elegir Senadores, al igual como lo hace en su respectiva Región, la que espero que lo haya preferido por ser un gran candidato.
En consecuencia, estamos dando a organismos constitucionales atribuciones que no les corresponden. Pero, de repente, la discusión se transforma, y se arguye que esto es una persecución política, que hay falta de lealtad -argumento que escuché al Senador señor Diez-, e inconsecuencia. Y como la palabra es ligera y la memoria frágil, uno, que no tiene la preparación de otros, debe recurrir a los textos.
En un libro que escribió don Carlos Andrade, sobre "Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980", se expresa que el actual Presidente Aylwin -en ese momento, vocero de la Concertación- valora que ese conglomerado político dé su aquiescencia a las reformas, porque con ello hace una contribución generosa a la construcción del consenso. Además, se dice que, como es un logro del pueblo chileno y del continuado esfuerzo para democratizar la institucionalidad, se vota afirmativamente, "ya que ello" -¡por favor!- "facilita la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones constitucionales indispensables en el curso del primer Gobierno democrático.". ¡Aquí está el texto! El Presidente Aylwin es hoy coherente con lo que manifestó como vocero de la Concertación: aprobamos las 54 reformas en 1989 para facilitar, en esa primera etapa, el progresivo desarrollo de la institucionalidad democrática.
¿Dónde están las otras citas que ponen la contradicción? ¡Ah! La memoria es frágil y la palabra, ligera y se la puede llevar el viento, salvo que conste en actas, en publicaciones en los diarios y, posteriormente, en libro. Se sostiene: "Aquí hay una persecución contra los Senadores designados". ¿De qué persecución me hablan? Usemos la memoria, de nuevo.
¿Qué dijo el señor Büchi, destacado personero de la Derecha? (Muchos votaron por él, e incluso pensaron que nuevamente podría ser candidato.). Afirmó que la Cámara de Diputados podría estar integrada fácilmente por 150 representantes. Opinó que era razonable aumentar desde luego el número de Senadores elegidos. Y luego añadió que, en realidad, los Parlamentarios designados "son un factor moderador que se justifica probablemente sólo en un período de transición.". Cito, por si acaso (página 140 del referido libro):
"Los senadores designados son un factor moderador que se justifica probablemente sólo en un período de transición. Luego de ese plazo prudencial," -sigue afirmando el señor Büchi, por quien votaron muchos de los Honorables colegas presentes- "los senadores designados podrían ser sustituidos por elegidos conforme a la tradición política chilena. Los senadores designados responderían, de este modo, a un objetivo temporal de la transición y no a una definición permanente del sistema político.". (Mis Honorables colegas designados me están diciendo aquí que por eso no salió elegido el señor Büchi. Tengo la impresión de que hubo otras causas). Pero el hecho destacado es: ¿se puede argüir que el señor Büchi sea desleal con los Senadores designados; que sea contrario al modelo político del Régimen anterior? Pero hay más.
Tenemos aquí antecedentes diversos -no quiero agotar a Sus Señorías, así que voy a citar un diario irreprochablemente derechista, que no estará sujeto a controversia-; en la edición de "El Mercurio" del 11 de mayo de 1989 (la fecha puede ser otra, pero se encuentra presente una de las personas en él citada y puede corregir el dato) se publica:
"Renovación Nacional entregó propuesta sobre reformas. Sugiere, también, elevar a 40 el número de senadores elegidos, y recomienda que aquellos designados permanezcan en sus cargos sólo los cuatro años siguientes a la instalación del Congreso.".
¡Sólo los cuatro años siguientes a la instalación del Congreso! Señor Presidente, ¿Renovación Nacional es desleal con los Senadores designados? ¿Se puede convertir esto en un asunto personal? ¡No!
¡Declaro enfáticamente que soy contrario a la institución de los Senadores designados, y no tengo nada personal en su contra! A la inversa, he desarrollado con muchos de ellos una relación de afecto y respeto. Pero eso nada tiene que ver con la concepción que sustentan los partidos políticos chilenos del sistema democrático. En eso estuvo ayer Renovación Nacional. Hoy no lo está. ¿Cuál es la razón? ¿Una cuestión de evaluación política? ¿Tal vez, la coyuntura?
Por ejemplo, el Senador señor Diez, que fue precandidato presidencial en 1989 -dice que ahora no, porque va a seguir siendo (espero) un gran Senador, que mucho aporta a la Corporación-, ahora es partidario de que se modifique la composición del Congreso para aumentar el número de Senadores y de Diputados. Ha cambiado. Ya no es candidato presidencial, sino un distinguido Parlamentario.
¡Nosotros no hemos cambiado! Queremos seguir profundizando la institucionalidad democrática chilena. Queremos expresar a aquellos con quienes discrepamos que no se trata de una cuestión personal, sino de un problema de opciones, y que en eso han estado chilenos de otras corrientes.
El Honorable señor Diez afirmaba antes, sobre el tema regional: "¡Qué bueno que hayamos vuelto a recorrer las ignotas tierras dé la regionalización!" ¡Qué bueno, querido amigo y Senador señor Diez, que Su Señoría vuelva a recorrer los conocidos caminos de la democracia, aunque esta vez tenga que pronunciarse en contra!
Voto a favor del proyecto.
El señor FREI (don Eduardo).- Soy partidario de la reforma constitucional. Lamentablemente, estoy pareado con el Honorable señor Pérez.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, creo que el debate sobre la materia ha sido bastante interesante; pero, a mi juicio, no ha alcanzado la profundidad que debería tener. Trataré de hacer algunas precisiones acerca de por qué mi postura es favorable a la reforma propuesta.
Escuché en la Sala a algunos señores Senadores afirmar que la Constitución de 1980 habría tenido origen democrático. Otros Honorables colegas los han contradicho. Personalmente, opino que el origen de esa Carta no fue democrático. Lo digo porque fui un actor en aquel escenario: era Presidente del Partido Demócrata Cristiano -proscrito en ese tiempo- y me tocó llevar adelante la campaña en contra del plebiscito. Denunciamos que él se realizaba en condiciones absolutamente inaceptables para cualquier proceso electoral democrático, mientras regía una disposición como la cláusula 24 transitoria de la Constitución, que entregaba facultades omnímodas al Presidente de la República, y que mantenía suprimida la totalidad de las libertades fundamentales en el país. Denunciamos en ese tiempo, ante la Contraloría General de la República, todos y cada uno de los vicios de aquel plebiscito. Pocos días después de él fui objeto de una sanción del Gobierno, y me condenaron al exilio.
Por eso, el origen democrático de la Carta Fundamental vigente es algo que podríamos revisar, y, seguramente, cuando los estudiosos de la materia practiquen un examen, podremos ver todo tipo de aberraciones que se cometieron en ese tiempo.
Sin embargo, el país, encaminado en la búsqueda de la democracia, después del plebiscito del 5 de octubre de 1988, con la participación de los Partidos que hoy forman la Concertación, con la de las colectividades opositoras (principalmente, Renovación Nacional) y con el Gobierno, dio ratificación democrática al texto constitucional, aceptándolo como un camino para llegar realmente a perfeccionarlo. Esos fueron los acuerdos de 1989, las 54 reformas que se sometieron a plebiscito.
No obstante, como señaló el Senador ñor Hormazábal y otros Honorables colegas, quedaron pendientes varias enmiendas, y, dentro de ellas, la que hoy día estamos analizando.
En lo que se refiere a los Senadores designados -insisto también que en esta materia no tengo predisposición alguna de orden personal; al contrario, como todos lo hemos señalado, mantenemos con Sus Señorías, que han entregado un importante aporte, una muy buena relación personal-, hemos dicho que es necesario para el buen funcionamiento de la democracia que se modifique la composición del Senado, para que verdaderamente esta rama del Parlamento, que es Cámara legisladora, cumpla en forma debida su papel. Nuestra Corporación no es el Senado de Francia, que constituye un Consejo de Estado; tampoco se asemeja a los de Italia o de España, que tienen facultades muy diversas a las del Senado chileno y carecen de participación -se afirmó aquí que la poseen- en la formación de la ley; ni a la Cámara de los Lores de Gran Bretaña. Nuestra Corporación es distinta, y por eso resulta necesario modificar su actual composición, por las mismas razones que hizo ver Renovación Nacional, según la publicación citada por el Honorable señor Hormazábal: la necesidad de otorgarle vigencia durante el período de transición, porque así lo aceptamos, y esas reglas del juego están vigentes.
Pero hay un momento en que debemos entrar a revisar tales reglas para dar al Senado una expresión realmente democrática.
La institución de los Senadores designados representa en la Sala un 20 por ciento de nuestra votación. Lo que planteó el Honorable señor Jarpa es efectivo. Los Partidos de la Concertación obtuvimos un respaldo del 58 por ciento del electorado. En un Senado de 46 miembros, debiéramos tener una proporción del orden de 26 a 27 representantes. Así no tendríamos dificultad para aprobar la reforma que hoy se discute. Pero no contamos con esa mayoría; y lo aceptamos así.
Creímos que íbamos a tener en este período la participación de todos los sectores a fin de que, con buena voluntad y teniendo en vista la creación de instituciones estables para la democracia chilena, se entraran a modificar las normas constitucionales. Sin embargo, ahora vemos -contrariamente a lo que se afirmó ayer por algunos que hoy votarán en contra, y que estuvieron a favor de la reforma- que ello no será posible. Y tendremos que quedarnos con estas disposiciones vigentes. Será necesario esperar otra oportunidad para lograr nuestra aspiración cuando diferentes mecanismos lo permitan. Incluso, a lo mejor, en 1997, cuando haya que nombrar a los nuevos Senadores designados, el Gobierno de turno armará la mayoría necesaria como para contar con los quórum requeridos para ello.
Llamo la atención del Senado acerca del hecho de que la estabilidad de las instituciones y de las normas constitucionales, más que en lo referente a los Parlamentarios designados, está prevista en los quórum especiales establecidos. Pero el efecto dañino que puede provocarse con tales quórum, más Senadores designados y el sistema binominal, que tampoco da la representación proporcional a las respectivas fuerzas políticas en esta Corporación, puede hacer que el procedimiento se entrabe y provoque situaciones a las que nunca encontraremos solución.
Distinto es el ejemplo de otros países que, pasando por estas mismas situaciones, comprendieron mejor la necesidad de buscar instituciones verdaderamente estables en el tiempo, como fue el caso de España. Allí, a la muerte del General Franco, siguió en poco tiempo una reunión de las Cortes, que eran Parlamentos designados, las que acordaron autodisolverse, dejando establecidos los mecanismos para que aquel país se diera una Constitución democrática expresada por la representación correspondiente a la votación popular.
No fue el caso nuestro. Hemos entrado en otro sistema, de modo que vamos a tener que seguir insistiendo en que, a pesar de todas estas trabas, es necesario modificar la composición del Senado para que en él estén representadas todas las fuerzas políticas de acuerdo con el respaldo que la votación popular les preste en el momento que corresponda.
Por tales razones, voto a favor del proyecto.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, en primer lugar, considero perfectamente legítimo y muy conveniente que estemos discutiendo una reforma a la Carta Fundamental que nos rige. Creo que ni la Constitución de 1980, con sus modificaciones, ni ninguna otra es algo inmutable, como lo son para los cristianos las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Son obras humanas, y, como tales, permiten ser perfeccionadas. Intentar mejorarlas no constituye por sí atentado alguno a ninguna estabilidad. Pero, sin duda, es importante preocuparse de la forma, de la oportunidad y del contenido de las modificaciones en debate.
La certidumbre de que las cosas van bien, como de hecho sucede, hace que nadie pueda dudar de que la transición ha sido, no sólo una de las más exitosas que se conocen en el mundo, sino, adicionalmente, mucho más exitosa de lo que todos esperábamos. Quién puede ignorar que los últimos siete años son el mejor período de la economía chilena en toda su historia, durante el cual se ha logrado la mayor tasa de crecimiento acumulado nunca antes experimentada en el país, y, simultáneamente, se alcanzaron muchos otros avances en materias económicas. Quién puede ignorar que, desde el punto de pacificación y de espíritu de amistad cívica, esta nación está pasando por un muy buen momento.
Sin embargo, el hecho de que las cosas vayan bien no significa, necesariamente, que todo debe permanecer igual.
Me referiré brevemente a las dos reformas constitucionales que se encuentran en debate.
En primer lugar, respecto de aquella relativa a los Senadores designados o institucionales -ambas palabras son perfectamente respetuosas y aceptables. Sin duda, la institución es legítima y está contemplada en la Constitución, que todos aprobamos, particularmente cuando fue modificada en el plebiscito de 1989.
Renovación Nacional no ha asumido una posición definitiva respecto a la permanencia de los Senadores designados o institucionales. Es un tema pendiente en nuestro debate. Sin embargo, sí hemos resuelto analizarlo a fondo en forma oportuna y no en mitad o antes del término del período de vigencia que la misma Carta -repito, todos decidimos aceptarla- asigna a dichos Parlamentarios.
Si bien el Senado chileno tiene funciones muy especiales, distintas de las de la Cámara de Diputados, también es efectivo que en materia legislativa sus labores son esencialmente equivalentes. En grandes líneas, en el país no hay ley sin la concurrencia de la voluntad de está Honorable Corporación. Por lo tanto, cabe una pregunta muy de fondo, a la luz de la experiencia que estos años nos han dado, y a la que nos darán los que faltan para completar el mandato correspondiente: ¿debe o no debe permanecer la institución de los Senadores designados? Y, en caso afirmativo, ¿quiénes debieran asumir los cargos; cuántos y cómo se tienen que designar?
En países como España e Italia -con frecuencia se mencionan otros- el Senado cuenta, parcial o totalmente, con Senadores no electos por la soberanía popular. Pero es igualmente cierto, como se ha dicho acá, que, en el caso español, en la eventualidad de discrepancia entre la Cámara Baja -enteramente electa- y la Cámara Alta -de composición designada-, siempre prevalece el criterio de la primera.
Por lo tanto, llamo la atención de los señores Senadores acerca de dos puntos de vista: primero, si se mantiene o no la institución; y segundo, cómo debe estructurarse si permanece.
En la actualidad, es altamente probable que la mayoría de esta Corporación esté influida, de manera decisiva, por el pensamiento que en las distintas leyes que se estudien tengan los Senadores institucionales o designados y, por consiguiente, es posible pensar que en muchas ocasiones determinarán la mayoría del Senado, naturalmente si actúan en forma homogénea, lo cual, como es obvio, no se establece en el orden constitucional. Si así fuere, habría que preguntar si acaso el hecho de entregar al Consejo de Seguridad Nacional y a la Corte Suprema la facultad para designar a dos de ellos no podría implicar, tarde o temprano, una politización de dichas entidades, dado que, a la larga, podrían estar determinando la mayoría del Senado, sin el concurso del cual resulta imposible dictar leyes en Chile.
Pienso que el rol de la Corte Suprema y del Consejo de Seguridad Nacional debe estar, esencialmente, al margen de contingencias políticas, a fin de que cumplan con eficacia la misión que el Texto Fundamental les encomienda.
Quiero decir, con franqueza, que, a nuestro juicio, este asunto debiera debatirse en profundidad, con altura de miras, y en el momento adecuado; y que hoy no es la ocasión oportuna.
Con relación al sistema electoral, hay dos mecanismos extremos considerados plenamente democráticos: el uninominal, que rige en el Reino Unido y por el cual el sector político que obtiene un voto más elige la totalidad de la representación del distrito o circunscripción; y el proporcional en un ciento por ciento, en vigor en Israel, en cuya virtud el país entero conforma una sola circunscripción. Se eligen 100 Diputados; el partido que logra el uno por ciento de los votos elige un Diputado, y el que alcanza el 17 por ciento elige 17 Diputados. Nadie ha cuestionado la democracia o el espíritu y naturaleza democráticos de esos sistemas. Y entre ambos existen muchas posibilidades. Una la constituye el método binominal, el que -según algunos lo han planteado aquí- no sería democrático.
Me parece curioso pensar que la elección de dos Parlamentarios por circunscripción o distrito no resulte democrática, y que tres -como propone el proyecto- sí lo sea. A mi juicio, no cabe hablar de la naturaleza democrática o no democrática del sistema binominal, sino de sus ventajas y desventajas.
La pregunta que debemos hacernos es cuál es el mejor sistema electoral para Chile. Obviamente, ésta es una interrogante abierta, absolutamente opinable. No se trata de un problema de valores o principios, sino más bien, de una cuestión de pragmatismo y conveniencia para la realidad específica de cada país.
¿Cuál sistema contribuye mejor a crear grandes bloques mayoritarios de Gobierno, y también de Oposición, dando a ésta la posibilidad de llegar a gobernar, como consecuencia de lo cual se comporta en forma leal con la Administración de turno, y no como aquellos partidos políticos que, por estar totalmente imposibilitados de acceder al poder, tienden a no ser leales con el régimen democrático, como ocurrió en el pasado de nuestro país?
¿Cuál sistema contribuye mejor a alcanzar grandes acuerdos -sin éstos las naciones, simplemente, no logran avanzar- y, por ende, la estabilidad al permitir la vitalidad y el pluralismo de la divergencia (¡viva la diferencia!, como dicen los franceses) de pensamiento y de ideas?
Esas son, en mi concepto, las preguntas que debemos formularnos al discutir acerca del sistema electoral más conveniente para Chile.
Aquí se ha sostenido que un sistema electoral debe adecuarse a la realidad política interna. Es cierto. Pero los sistemas también pueden generar realidades políticas en el país. Es la típica disyuntiva entre liderar o seguir. Asimismo, se ha hablado de adecuar la representación parlamentaria a la expresión de la soberanía popular. Bueno, en el caso del método binominal, es efectivo que con un 34 por ciento de los sufragios se elige la mitad del Congreso. Sin embargo, con la modalidad propuesta en el proyecto de reforma constitucional, el sector que obtiene el 50,1 por ciento elige dos tercios, es decir el 66 por ciento del Parlamento, y el que logra el 49,9 por ciento de los votos elige el 33 por ciento de los Parlamentarios. Esto significa que dos décimas de diferencia en el favor de los ciudadanos, producen un 33 por ciento de diferencia en la representación electoral. Ese es el máximo porcentaje de disparidad que pueden arrojar los análisis aritméticos hechos en la Sala durante esta tarde.
Señor Presidente, deseo terminar estas palabras manifestando que, sin duda, el sistema uninominal privilegia, favorece o premia a la mayoría. En cambio, debe reconocerse que el sistema binominal, en la medida en que una minoría no baje de cierto límite su votación, la beneficia. ,
En el Poder Legislativo chileno -no es el único dentro del Estado-, la mayoría ya controla el Ejecutivo y, por lo tanto, entre dos sistemas, uno que privilegia a la mayoría en el Legislativo, u otro que puede beneficiar a la minoría -siempre que ésta supere ciertos márgenes del electorado-, indiscutiblemente el último es un elemento altamente opinable. Algunos sistemas prefieren fortalecer a la mayoría; otros se inclinan por establecer mejores contrapesos y equilibrios.
Tocante al aumento del número de Parlamentarios, me parece algo innecesario, inconveniente e inoportuno.
En cuanto a la institución de los Senadores designados y su estructura lógica, estimo que se ha hecho claridad. No es ésta la oportunidad de modificarla. Y si se decidiere abordar nuevamente el tema, ello tendría que ocurrir al término -no en el primer tercio- del período de ocho años contemplado en la Constitución. Pienso que no se debe cambiar el plazo de su mandato y, pese a que esta iniciativa no intenta hacerlo, de hecho lo debilita enormemente al fijar su término a futuro o de modo diferido.
Ya expuse mi opinión desfavorable al sistema electoral propuesto.
Por las razones anotadas, voto en contra de la reforma constitucional.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente seré breve.
Las intervenciones de muchos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra fueron extraordinariamente elocuentes para afirmar la tesis del rechazo de esta reforma constitucional. Desde luego, al calificarla de inoportuna e innecesaria, a mi juicio, grafican con claridad, en medida importante, nuestra posición.
Sin embargo, parece conveniente recoger algunas opiniones.
En el campo político nacional, algunos personeros -inclusive un precandidato a la Presidencia de la República- han dicho que todos pueden cambiar, y que sólo la gente muy obtusa y cerrada no lo hace. Con esto justifican el tremendo viraje que significa haber sostenido en el pasado una posición de economía socialista, y defender ahora la economía social de mercado.
Hecho este análisis previo, considero que la experiencia nos va indicando una serie de hechos que tenemos la obligación de tomar en cuenta.
Una de las reformas propuestas modifica el sistema binominal. Como señaló el Senador señor Piñera, los porcentajes de votación no apuntan precisamente a democratizar ese mecanismo, sino -digámoslo de manera directa- a dar cupo a ciertas personas que pretenden acceder a cargos parlamentarios y que, en definitiva, saben que hoy están impedidas de hacerlo.
¿Qué de bueno puede implicar, en este orden de materias, un incremento sustancial del equipo parlamentario? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos vislumbrar?
En primer término, no se mejora el trabajo legislativo. Es público y notorio. Eso no se logrará con mayor número de Parlamentarios; y los actuales hemos demostrado que podemos absorber perfectamente las tareas que nos son propias.
En segundo lugar, se aumenta significativamente el gasto.
En tercer término, se niegan los recursos que las Regiones reclaman.
No visualizo ningún beneficio con este tipo de reforma, que creo inoportuna e innecesaria.
Por eso la rechazo, señor Presidente.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, fundamentaré brevemente mi voto.
Voy a aprobar el informe de la Comisión y, por consiguiente, rechazar el proyecto.
Imagino que para los efectos de la contabilización de los votos por la Secretaría, es suficiente decir que apruebo el informe.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No, señor Senador. Se está resolviendo la reforma constitucional. Así se planteó al comenzar la votación.
Debe votarse sí o no por el proyecto.
El señor SIEBERT.-
De todas maneras, voy a rechazar la proposición.
Respecto de los Senadores institucionales, pienso que Chile y este Gobierno deben al Senado -que cuenta con la ilustrada y experimentada participación de ellos- la estabilidad social, política y económica de la cual se enorgullece y nos enorgullecemos todos ante el mundo entero.
La representatividad en esta Alta Corporación -esto también es válido para el sistema electoral y la cantidad de Parlamentarios-, fue revisada, modificada y finalmente aprobada en la reforma constitucional de 1989, con la anuencia, principalmente, de quienes participaron en las negociaciones para configurar inicialmente el proyecto correspondiente -que contenía alrededor de 54 proposiciones de enmienda- el cual posteriormente, en un plebiscito libre e informado, contó con la aprobación de un 85 por ciento, o más -no recuerdo bien las cifras- de los chilenos.
Después de un eficiente y eficaz desempeño de tres años, no aparecen los factores que permitan deducir la necesidad de suprimir los Senadores institucionales, máxime cuando en la misma iniciativa que ahora nos ocupa se acepta su permanencia hasta 1998.
En resumen, estimo que los Senadores designados, aparte del valioso aporte de su preparación y experiencia al Senado, representan un factor de estabilidad muy positivo para el desarrollo de Chile.
Referente a la cantidad de Parlamentarios, que el proyecto propone entregar a la determinación de una ley, pienso que es un planteamiento equivocado. La lógica recomienda establecerlo en la Constitución, como sucede en la mayoría de los países del mundo. En este sentido, es necesaria una norma estable, permanente, con criterios objetivos y técnicos, que imposibiliten que mayorías circunstanciales y temporales intenten adecuar su número a las conveniencias electorales de un instante.
Por último, en lo relativo al sistema binominal, creo que la experiencia tenida hasta la fecha es favorable para Chile. El sistema vigente ha evitado la proliferación de partidos políticos e incentivado la formación de pactos y de conglomerados fuertes, sobre la base de la conjunción de ideas afines, que en casi todas las naciones del orbe son factores de estabilidad y progreso.
Rechazo el proyecto de reforma constitucional.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, la enmienda constitucional en análisis no puede ser vista separadamente del resto de las reformas propuestas por el Ejecutivo al Congreso, tanto en el ámbito municipal como en el judicial, ni tampoco de las que anuncia y promueve. En todas ellas hay un elemento común que prevalece: el partidismo por sobre las autonomías y por encima de la independencia de quienes ejercen funciones públicas. Esto nos lleva a concluir que en el Gobierno se impone un velo partidista que impide entender los fundamentos que han hecho posible el progreso y la armonía. Y ellos son, básicamente, la estabilidad institucional y la posibilidad que pueda proporcionar el sistema para implementar políticas eficaces.
¿Por qué se advierte hoy en el país progreso económico, el cual lleva alrededor de siete años en forma sostenida, y que no se había visto desde mediados del siglo pasado? Fundamentalmente, porque las leyes tienen carácter general y no están hechas al servicio de grupos de presión; porque las disposiciones legales básicas poseen solidez institucional, desde el momento en que para modificarlas se requiere de altos quórum -el Gobierno pretende rebajarlos mediante algunos proyectos que ha anunciado-; porque existe un Tribunal Constitucional con la capacidad de zanjar los reclamos correspondientes; porque ese organismo dispone de una independencia política, que nace de la composición de otra institución, que define a determinados componentes suyos, como lo es el Consejo de Seguridad Nacional; porque dentro de éste los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas poseen independencia, pues son inamovibles en tanto se atengan al cumplimiento de sus funciones; porque el Presidente de la República se encuentra libre de la eventual extrema presión de los partidos que lo apoyan, y porque hay Senadores designados que son independientes.
En resumen, se desconoce que las instituciones que contempla el ordenamiento constitucional, su forma de generación y sus autonomías constituyen un todo armónico, por cuanto requieren unas de otras. Y entre ellas, precisamente cabe mencionar a los Senadores designados, respecto de los cuales se reconoce y se celebra su participación y eficacia, pero no se entiende la causa. El partidismo impide descubrir la razón del buen desempeño en la experiencia en Administración Pública de una Senadora, o en una formación de 30 ó 40 años, en el ámbito impregnado de la visión integradora, suprapolítica y nacional, de quienes provienen de las Fuerzas Armadas y de Orden, o de aquellas personas que recogen la experiencia de haber participado en fundamentales cargos de gobierno, o de esos que aportan la visión que otorga una vida de enseñanza en el campo universitario, o de quienes han forjado su vida, durante 30 ó 40 años, mirando al país con ojos apolíticos, pero justos, de juez, es decir, velados a todo cuanto sea interés de grupos, sectores o localidades.
Por otra parte, se celebra la estabilidad política; que haya debates civilizados; que las relaciones sean armoniosas entre los políticos; que exista una coalición de Gobierno que ha sido exitosa como elemento de equilibrio. Pero el velo partidista impide entender por qué existe eso. No se comprende que todo ello se origina en el sistema electoral binominal, que obliga al acuerdo, que favorece el centro y que castiga los extremos, no estando éstos, por lo tanto, representados en el Parlamento.
Estas y todas las reformas que imprime el Gobierno adolecen de partidismo, causa del estancamiento histórico del país. , Vicios del pasado, como la maraña previsional, el crédito con interés negativo y a beneficio sólo de unos pocos y el proteccionismo del comercio exterior en favor de los sectores con mayor capacidad de presión, tuvieron su origen en el partidismo, por donde se canalizan las acciones de los grupos de influencia. Ellos estancaron el desarrollo del cuerpo social, 'enfermándolo de insatisfacción y de desesperanza. Ahí prendió luego la prédica disociadora del marxismo, portador de la inestabilidad final, que agravó la paralización del país y derivó en una crisis social.
El partidismo no entiende de autonomías, ni municipal ni de ningún orden. No comprende la independencia de quienes son designados por una autoridad política, pero luego se mantienen inamovibles en sus cargos. No entiende la evolución que normalmente experimenta quien desempeña la Primera Magistratura, que lo hace alejarse de los partidos que lo presionan, para atender el interés nacional también en las designaciones que realiza y que realizará a los cuatro años de ejercicio de su función y teniendo otros cuatro para llevarla a cabo.
Tampoco el partidismo tiene la capacidad para comprender el mecanismo institucional que sostiene el éxito y la paz social.
Porque pertenezco a un sector y a una colectividad política que siempre ha entendido la política en su sentido nacional y ha combatido el partidismo, sus móviles y derivaciones, voto que no a esta reforma.
El señor COOPER.-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer a los señores Senadores institucionales el sentimiento que he recogido en la Región que represento. Los habitantes de ella me han hecho presente en muchas oportunidades el valioso aporte intelectual y el trabajo inteligente y responsable que Sus Señorías hacen en el Senado. Creo que la ocasión es propicia para hacerles llegar el mensaje de reconocimiento de quienes represento.
Con respecto a la reforma, deseo señalar que las distintas intervenciones de mis Honorables colegas de Renovación Nacional y de los señores Senadores institucionales han sido muy versadas y completas. Solamente deseo manifestar, a modo de resumen, que no veo la razón de que en el Senado estemos analizando un tema como no sea para cumplir algún programa de Gobierno. Y, representando la opinión de la gente de mi Región, creo que debiéramos preocupamos de los problemas que le inquietan. Los innumerables proyectos de ley en trámite en el Parlamento, sin duda, contribuirán a un mejor bienestar para los habitantes y a solucionar muchos problemas que se encuentran vigentes en el país.
Por lo tanto, me parece deseable que dediquemos nuestro tiempo, conocimientos y preocupación a solucionar las dificultades diarias que preocupan realmente a los habitantes de las distintas Regiones.
Por esas razones, señor Presidente, rechazo la reforma.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, en verdad, pareciera que a estas alturas de la noche uno se halla un tanto confundido,
porque oye de parte de algunos señores Senadores elogios hacia el Gobierno y a continuación, una durísima crítica que se contrapone totalmente a lo primero, desconociendo que los hombres que están en el Gobierno, salvo excepciones honradísimas, son militantes de partidos políticos, como el Presidente de la República y el Ministro de Justicia que se encuentra presente en esta Sala. Y somos todos, orgullosamente; militantes de partidos políticos. Personalmente, no tengo ningún velo que me impida ver el interés nacional por sobre mi calidad de miembro del Partido Demócrata Cristiano.
Un Honorable colega argumentó que aparecía como contradictorio el hecho de que, por una parte, nosotros deseáramos terminar con la institución de los Senadores designados y, por otra, que el Excelentísimo señor Aylwin quedara como Senador vitalicio. Me parece que se confundieron las cosas -por lo menos los números-, porque el actual Presidente de la República sólo vendría a ser uno de los integrantes designados. Además, fue elegido democráticamente por el pueblo. Por lo tanto, según los porcentajes hechos por nuestro amigo y camarada el Honorable Senador don Ricardo Hormazábal, sólo influiría en un dos por ciento en las decisiones. Esto es lo primero.
En segundo lugar -y bajemos al terreno práctico-, el Presidente Aylwin tiene 74 años, cumplirá 75 el próximo año y al final del período del nuevo Jefe de Estado que se elija, contará con 83 u 84. ¡Y Dios lo conserve por muchos años más, señor Presidente, al igual que a todas las ilustres personas con edad cercana a la suya y que nos están ilustrando en este Honorable Senado!
O sea, en este punto, se produce una situación de orden práctico. Eso significaría incorporar a una sola persona en contradicción con el argumento que dio un señor Senador, en relación con las nueve designaciones. Debemos recordar la muerte dramática de don César Ruiz Danyau -que la sentimos-, con lo cual se rebajó el número de los designados. De manera que resulta absolutamente carente de consistencia la relación entre el Presidente Aylwin como Senador vitalicio -propuesto por algunos para ese cargo- y los nueve Senadores designados.
Se nos ha dicho en forma reiterada que los Honorables Senadores institucionales poseen experiencia. ¡A lo mejor, ya están mareados con tantos elogios! Les doy disculpas por no sumarme a ellos, reconociendo sus méritos, porque, aparte mareados, cada uno debe de estar luciendo una aureola. ¡Experiencia! ¡Conocimiento! ¡Sabiduría! ¡Se parece a las letanías de la Virgen del Carmen! ¡Vaso de sabiduría! ¡Sol refulgente!, etcétera. ¡Está bien! Pero no exageremos, ¡por favor! Sin embargo, nosotros también tenemos colegas que fueron Ministros de Estado, embajadores, rectores de universidades, grandes profesores, empresarios agrícolas, médicos y abogados. Es decir, poseemos la pluralidad.
En verdad, son muy útiles los Senadores designados. Pero, a mi juicio, no se puede menoscabar al resto de los colegas, aunque hubiésemos salido elegidos en una humilde comuna de una región lejana para llegar a este Alto Estrado. Lo digo por otros señores Senadores con muchos más méritos: educadores, legisladores, profesores de Derecho Constitucional, etcétera. Por qué rebajarnos los otros 38 y decir: "Ellos sí, nosotros no". Me parece algo que no corresponde, por lo menos en mi opinión.
Con respecto a la ardua discusión generada y que ha sido de alto contenido; en cuanto a cómo poder incorporar a este Senado el conocimiento, la sabiduría, la ciencia y la experiencia -por cuanto, aparentemente, carecemos de esos elementos-, quiero recordar la experiencia que tuve en Corea, país al que fui representando, en mi calidad de scout, al Presidente del Senado, quien es vicepresidente mundial de la organización. Allí también existen los Senadores que representan la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia y todo. Pero son designados por los partidos políticos en conformidad al porcentaje de la votación que alcanzan, combinándose admirablemente la dos cosas. Esto significa que si en Chile, por ejemplo, el Partido Social Demócrata saca 100 mil votos de un total equis, le correspondería automáticamente elegir proporcionalmente las personas idóneas, de acuerdo a su capacidad, experiencia, conocimientos científicos, etcétera, y nombrarlas. De esa forma se combinan sabiamente las dos cosas: el porcentaje que obtiene cada partido y la incorporación de personas por una vía distinta del sufragio popular ("político", lo llaman algunos, como si la política fuera el cólera o el SIDA, y no lo es, por supuesto) al Senado de cada República.
Creo que las virtudes cívicas de esas personas también podemos tenerlas el resto. Y es un reconocimiento público, pues el Honorable señor Cooper señaló que en la Región que representa los Senadores designados tienen gran aceptación. La solución es fácil: que los partidos de Oposición los presenten como candidatos en la próxima elección de Senadores; les hacen un cupo, aunque sea por la vía de la omisión, y seguramente les va a ir muy bien. Es una proposición que hago a Sus Señorías para que saquen a los que no consideran de lo mejor y en su lugar pongan a algunos Senadores institucionales. Sé que algunos del extremo sur, brillantes Senadores designados, seguramente tendrían gran acogida. ¿Quién dice que están con las manos amarradas y que el año 97, cuando ya no sean Senadores designados, se acaba su carrera política? ¡Porque supongo que también son políticos...!
¿Qué dice, Su Señoría?
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón, señor Senador. ¡Parece que en la cuenta de la Cuarta Región también consideraron algunos votos míos!
El señor DÍAZ.-
Continúo, señor Presidente.
Pienso que esta reforma es fundamental y urgente. Me imagino que todos los señores Senadores estarán conscientes de los "desastritos" que hubo en materia de distritos electorales para elegir Diputados. ¡Hicieron trizas a las provincias! Pescaron comunas de unas y las anexaron a otras, sin vinculación política, comercial, o geográfica de ninguna especie. ¿Con qué sentido? Con un criterio eminentemente electoral. ¡Y lo hicieron muy bien! Sacaron la cantidad exacta. Nosotros tenemos distritos -en todas partes pasa lo mismo- donde las comunas de una provincia están mezcladas con las de otra, con un ojo electoral fantástico. Y, repito, se obtuvieron los resultados que se esperaban, porque eso, indudablemente, se hizo nada más que para sacar provecho electoral.
Un señor Senador dijo que la Constitución de 1980 fue producto de un desastre. Pues bien, señor Presidente, como ya superamos esa situación y estamos corriendo en democracia, con vientos venturosos, se justifica reformarla.
Por lo tanto, voto que sí.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, doy excusas a la Sala por tener que fundamentar mi voto. Pero la verdad es que se han tocado aspectos relacionados con algo más que la mera reforma electoral o la presencia de algunos señores Senadores en su condición de designados o institucionales.
Considerando que durante mucho tiempo en el Senado hemos tratado de reconstruir la democracia chilena, lo primero que debemos tener presente es que ella debe ser, tanto en su instrumentación como en su concepción, absolutamente aceptable para la visión cultural y las modalidades que Chile quiere darse, a fin de que la Constitución y la ley no terminen siendo contradictorias con lo que el país busca. Por lo tanto, no sólo debe conciliar la necesaria estabilidad que a la Carta Fundamental permanentemente se le reclama, sino también tiene que ser un camino abierto al cambio, porque el valor y el sentido del cambio, esenciales en toda ley, debe recogerse para que de esa manera realmente pueda servir a la democracia que estamos tratando de crear.
En el fondo, creo que ése es el sentido profundo de la reforma que deseamos aprobar. Para ello, generamos normas que hagan posible la convivencia, y en esa medida la democracia se transforma, no sólo en una forma de gobierno, sino también en una forma de vivir. Ello exige respetar lo esencial de la Constitución y de la democracia, que constituye la expresión de una voluntad que no debe tergiversarse.
Honestamente, estimo que el actual sistema electoral que procuramos modificar y la integración de 20 por ciento del Senado por la vía de Senadores no elegidos por el país tergiversan la voluntad popular, que trata de expresarse, bien o mal, en un determinado sentido.
Por eso, señor Presidente, quiero hacer un breve análisis de las razones por las cuales votaré afirmativamente el proyecto en relación con los dos puntos mencionados.
En materia electoral, es esencial que la voluntad popular se exprese en forma cabal, lo que precisamente no permite la norma vigente. Se argumentó aquí que en 1989 fue posible que la Concertación, con el apoyo del 57 por ciento del país, obtuviera una representación de 58 por ciento. Esto llevaría a pensar que el sistema es lo suficientemente bueno como para no cambiarlo, porque reflejaría la voluntad popular. Pero, señores Senadores, la estadística admite esa coincidencia.
Sin embargo, el sistema binominal puede llegar al punto de tergiversar totalmente la voluntad popular, y eso no debe ocurrir. Si mañana, de acuerdo con la norma en vigor, la Oposición o la minoría obtiene menos del 33 ó 34 por ciento, no lograría los Parlamentarios que le corresponden, lo cual es absolutamente contrario al fin que persigue la propia Constitución, que es interpretar fielmente la voluntad popular, esencia de la democracia.
Hagamos un juego estadístico. ¿Qué pasaría si el día de mañana, en vez de Senadores elegidos por las Regiones, tuviéramos Senadores nacionales -idea que para muchos colegas no es imprudente, sino bastante razonable-, es decir, Diputados elegidos por distritos y Senadores elegidos por el país? Se presentan dos listas, y una de ellas consigue el 67 por ciento (eventualidad que puede darse en un período determinado), quedando la Oposición sin ningún Senador...
El señor DÍEZ.-
Esa situación no es posible, Honorable colega.
El señor CANTUARIAS.-
Exactamente.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Perdón. Estoy haciendo un juego estadístico, y, si me lo permiten, voy a continuar. Después Su Señoría podrá fundamentar su voto y rebatirme con la elocuencia que lo caracteriza.
Estoy tratando de precisar hasta dónde puede llegar la extensión del sistema vigente y cuáles son las eventuales consecuencias que puede producir. En ese sentido, nos parece negativo.
En cuanto al tema de la existencia de los Senadores designados, creo que hay que señalar, a lo menos, tres o cuatro aspectos.
En primer lugar, cabe hacer presente que este debate no debe ni puede afectar a ninguno de los actuales colegas institucionales. Tan así es, que la norma planteada propone la eliminación de esos cargos a partir de 1997. Por tanto, no afecta para nada a los actuales Senadores designados. Los afectaría, en cambio, según la sugerencia de un Honorable colega de la Oposición, si el tema se discutiera en 1995 ó 1996, como una forma de valorar el resultado del sistema, porque en ese caso lo que estaríamos haciendo sería evaluar el comportamiento de los Senadores designados durante su permanencia en la Corporación; sería un cuestionamiento personal y no un análisis de la norma vigente que nosotros aspiramos a modificar.
Eso queda absolutamente despejado y, en consecuencia, con la misma claridad con que señalamos que estamos a favor de terminar con la institución de los Senadores designados, hacemos presente que, al no referirnos concretamente a las personas que ocupan tales cargos en la actualidad, ningún caso estamos haciendo una evaluación negativa de ellas.
Me parece innecesario avanzar más en los argumentos que se han dado en ese sentido. Pero hay un tema en esta materia que sí me preocupa, señor Presidente, y es que se ha afirmado que la voluntad popular no sería la única vía legítima para integrar un cuerpo como el Senado.
Creo que eso es peligroso, y, para ser franco, no me gusta, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier señor Senador o señora Senadora de fundamentar su voto en el sentido de admitir como posible que la voluntad popular sea reemplazada por la designación. No comparto ese criterio, por muy alto que sea el cargo de quien efectúe las designaciones.
Esa tesis se sostuvo durante mucho tiempo, cuando parecía que el poder no provenía del pueblo, sino de lo alto, de la fuerza, de la propia autosuficiencia, de la convicción de que se estaba cumpliendo un rol específico en el país en un determinado instante de su historia.
Con todos los defectos que pudiere tener la representación popular, aun con el error de que sean elegidas personas que no cumplan con su deber, debe quedar claro, de una vez y para siempre que la voluntad popular es lo que, según nuestra evolución histórica, otorga verdadera legitimidad a los cargos parlamentarios y a cuerpos como el Senado.
Pero no debemos olvidar que eso ya se planteó antes. Existe una clara diferencia, que tal vez sea lo que haga que tengamos distintas visiones respecto de la democracia.
Termino, señor Presidente, señalando que voy a votar a favor de la iniciativa. Sin embargo, se han planteado temas y señalado expresiones que no sería bueno dejar pasar, porque, en caso de callar, podría censarse que se aceptan o que carecemos e argumentos en contrario.
En primer término, los Senadores que respaldamos el proyecto en ningún instante nos hemos referido al pasado como una manera de justificar la reforma, que persigue perfeccionar una democracia que tanto nos costó, y que se obtuvo con la participación de todos, pero, fundamentalmente, mediante la lucha del pueblo y de muchos de quienes nos encontramos en esta Sala, cuando otros, con la misma respetabilidad y por tener otras ideas, no consideraban que era la oportunidad de hacerlo.
Por eso, señor Presidente, no me parece bueno argumentar remontándonos al pasado, porque, para decirlo en forma muy breve, no estábamos en democracia cuando se ¿probó la Constitución de 1980. Todos vivimos esos momentos, pero nosotros no mencionamos las experiencias negativas que tuvimos, no referimos las dificultades que afrontamos para indicar nuestros puntos de vista, ni señalamos que en medio de las reuniones de los partidarios del "No" éramos interrumpidos y detenidos. No lo decimos, señor Presidente, porque no nos parece bueno. Y, por eso, sostener que la Carta de 1980 fue aprobada con plena libertad es exagerar los argumentos y violentar la realidad.
Tampoco decimos que no fue en libertad como se gobernó este país durante mucho tiempo, como lo aseveró un señor Senador, y por eso consideramos inconveniente que se afirme con tanto énfasis que ése es el motivo de la forma en que estamos viviendo ahora.
Finalmente, señor Presidente, quiero destacar que no hay razones subalternas entre nosotros, como no las podría haber en ningún señor Senador. De manera que plantear que la reforma sólo persigue resolver problemas internos es inaceptable. Nosotros, basándonos en la misma argumentación que dio un Honorable colega en ese sentido, podríamos sostener que cuando se pide informe sobre el requisito de residencia, habilitante para optar a cargos de elección popular, se está tratando de buscar la propia tranquilidad personal. Pero no lo hacemos, señor Presidente. Entendemos que todos los Senadores, cuando actúan de una determinada manera, lo hacen pensando en el bien del país. Por lo tanto, pido respetar el derecho de los Senadores de la Concertación de votar favorablemente la reforma que se somete a nuestra consideración, porque nos parece positiva para Chile y no porque con ella queramos resolver problemas internos.
Por último, lamento las expresiones que critican el partidismo o la presencia de los partidos políticos. Las estimo inconvenientes, pues dan la sensación de que aquí estamos frente a tentaciones o subsconscientes corporativistas. En la Derecha, señor Presidente, en la Oposición actual, respeto el valor del Partido Conservador, del Liberal y de las colectividades que representan, porque con ellos se construyó Chile; no contra los partidos. Fueron los partidos políticos los que construyeron este país. Y venir permanentemente a hablar de que el. partidismo, que la presencia de los partidos o que la forma en que éstos han actuado en política representa un retroceso y un peligro, es un error histórico y constituye algo que contraviene mi propia concepción de lo que es la democracia.
Por eso, señor Presidente, voto que sí.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, la verdad es que intervenir en el debate, después de todo lo escuchado, parece innecesario. Sin embargo, cuando, de alguna u otra manera, uno ha tenido que participar, aunque sea lateralmente, en ciertos eventos históricos, es bueno dejar el testimonio para poner las cosas en su lugar.
En primer término, lamento que el Gobierno, sabiendo que este proyecto no iba a alcanzar el quórum necesario para ser aprobado, lo haya planteado. Y la interrogante es, ¿por qué lo hizo? Y procedió de esa manera por una razón muy simple. Porque quiere tener una bandera de lucha en las próximas elecciones. Una bandera de lucha que la formulará entre una Constitución democrática y una no democrática.
Y se basan en ello, precisamente, cuando hablamos de los Senadores institucionales y del sistema electoral.
El señor NAVARRETE.-
¡Eso está en el Programa del Gobierno!
El señor OTERO.-
No obstante, señor Presidente, quiero señalar algo muy claro. En 1989 se realizó una reforma constitucional que necesitaba el consenso de tres partes: del Gobierno militar, de Renovación Nacional y de la Concertación.
En esa oportunidad, en una reunión en que participaron el Ministro del Interior de la época, don Carlos Cáceres; el representante de la Concertación -actual Presidente de la República-, don Patricio Aylwin, y el hoy Senador señor Jarpa -como Presidente de Renovación Nacional- se llegó a un acuerdo muy claro sobre los Senadores institucionales, quienes estarían en sus cargos por 8 años. Al término de ese período, se analizaría cómo había funcionado la institución. Y, precisamente, para evitar el problema que se planteaba en cuanto a los quórum, se aumentó en doce el número de Senadores. Así, entonces, se dividieron las circunscripciones de las Regiones Quinta, Séptima, Octava, Novena, Décima y Metropolitana.
Ese fue un acuerdo democrático, libremente tomado, que nos comprometió a todos. Recordemos que las reformas constitucionales fueron aprobadas por mayoría abrumadora en todo el país.
De igual manera, cuando hablamos de la Constitución, tenemos que referirnos no sólo a la de 1980, sino también a la que regía en 1989, con los cambios aprobados por quienes están hoy día en esta Sala, porque todos estuvimos allí y fuimos partida ríos de las reformas constitucionales que definitiva se presentaron y aprobaron.
Por consiguiente, señor Presidente, cuando se dice que hubo un cambio de opinión y de criterio, se afirma algo que no es cierto. Hubo una negociación -en la que participó el actual Presidente de la República- para llegar a una determinación muy precisa: habrá Senadores institucionales que durarán el período de 8 años y, entonces, se analizará su funcionamiento. Y, al mismo tiempo, se aumentó en doce el número de Senadores para evitar la influencia de los institucionales, a fin de que existiera mayoría de elegidos, quienes constituirían el contrapeso político en la Cámara Alta.
Asimismo, señor Presidente, también es necesario aclarar ciertas circunstancias. ha pretendido decir que el sistema no es democrático. Y curiosamente esto me recuerda una discusión muy extensa sostenida en un seminario en Michigan con asistencia de los ex Presidentes Ford y Cárter. En aquella oportunidad los representantes de los países en vías de desarrollo señalaban que para que hubiese democracia se requería fundamentalmente la existencia de una Constitución escrita, que el Parlamento fuese íntegramente elegido por votación democrática y otra serie de elementos más. Y paradójicamente, señor Presidente, pidió la palabra el representante de Inglaterra, tomó el micrófono y señaló, "Señores, de acuerdo a todo lo que se ha dicho acá, debo hacer un reconocimiento histórico: Inglaterra no es un país democrático, primero, porque no tiene la Constitución escrita que aquí se exige, y, segundo, porque posee una Cámara de los Lores, que no es elegida. Sin embargo, todos los tratadistas reconocen que la cuna y la esencia de la democracia está en Inglaterra.".
Por consiguiente, al usar los conceptos "democrático" y "antidemocrático", debe tenerse mucho cuidado en su manejo. Porque, obviamente, cuando aquí se dice que 'el sistema binominal no es democrático, estamos afirmando que Inglaterra no es democrática. Y, sin embargo, allí funciona un sistema uninominal, lo cual resulta mucho peor, debido a que quien tiene la mayoría se lo lleva todo.
Cuando estudiemos las estadísticas -y será materia de otro análisis-, nos encontraremos con que el sistema proporcional aplicado en las elecciones municipales fue muchísimo menos exacto que el binominal usado en una elección general.
Por lo tanto, señor Presidente, esto no puede plantearse, como un problema democrático o no democrático. Hay distintos sistemas electorales y todos son democráticos en la medida en que el espíritu del país lo sea absolutamente. Además, curiosa y paradójicamente, uno de los expertos en materia electoral traído a Chile por uno de los principales partidos" de la Concertación, dictó una charla donde demostró que era. mucho más democrático el sistema binominal que el proporcional. De manera que aquí, cuando jugamos con las palabras y hablamos de democracia y no democracia, debemos ser extraordinariamente cuidadosos.
Por otro lado, hay un elemento importante. En nuestro país debemos evitar la proliferación indebida de los partidos políticos. Estos deben existir, y estamos de acuerdo con ellos. Pero deben ser fuertes, dentro de cuyo ámbito se conjuguen distintos matices -sin que cada uno de éstos se convierta en una fuerza política, porque eso es lo que da estabilidad. Y aquí se ha reconocido, señor Presidente, el éxito de este Gobierno. Y ¿por qué lo ha tenido? Precisamente, debido a que tuvo una oposición de partido fuerte; tuvo una oposición constructiva; tuvo una oposición en la que practicamos una democracia de consenso y no de confrontación. De modo que cuando se habla del éxito de esta Administración, cabe reconocer también el de la Oposición en su tarea constructiva y benéfica para el país. Y esto lo reconoce todo el mundo.
¿Y esto por qué ocurre? Precisamente, señor Presidente, porque es importantísimo el balance político. Cuando se produce un desmembramiento de los partidos políticos; cuando en los Parlamentos no hay mayorías claras que puedan ser contrapeso de Gobierno, se cae en los vicios políticos que terminan destruyendo la democracia. Y es a eso a lo que aquí se ha apuntado al decir que las actitudes de las colectividades políticas en el pasado condujeron a la crisis que generó el pronunciamiento del 11 de septiembre. Y ello ha sido reconocido uniformemente.
Con el proyecto de sistema electoral que se propone se nos dice, "señores, ustedes pueden ser borrados de las urnas". Aceptamos lo bueno y lo malo. No se puede no modificar la Constitución cuando uno cree que le va a ir bien con ella, y hacerlo cuando uno estima que le irá mal si la mantiene. Hay que tener un principio básico, que es la estabilidad de las normas institucionales.
Al respecto, cabe tener presente que en Chile se dan situaciones distintas. No se trata de dividir el país completo en tanto por ciento para acá y tanto por ciento para allá. En ciertos distritos nosotros no obtuvimos Diputados; en otros, la Concertación obtuvo los dos, y en otros nosotros sacamos ambos. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que la proporcionalidad se mantuvo extraordinariamente bien en el país, lo que ha permitido conservar la institucionalidad.
Nosotros votamos en contra de la reforma, fundamentalmente porque no podemos seguir aceptando que cada cierto tiempo se pretenda modificar la Constitución, porque esto provoca una incertidumbre y no le da la solidez necesaria a la institucionalidad. Hemos sido partidarios de analizar todo lo que sea necesario modificar, pero en el momento oportuno, y nunca es oportuno enmendar una Carta Fundamental en el año electoral en que se elige Presidente de la República y se renuevan toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, porque, obviamente, se pierde la objetividad, y la reforma ya no es una modificación institucional, sino una bandera política que será aprovechada por los candidatos de uno u otro sector.
Estas, señor Presidente, son las razones que nos llevan a votar en contra de esta reforma constitucional. Además, deseo señalar que no aceptaremos, en modo alguno, que se diga que hacerlo es poco democrático. De igual manera, tampoco podemos decir que votar a favor también lo es.
La esencia de la democracia es el respeto por las distintas posiciones. Somos tan demócratas los que votamos en contra como los que lo hacen a favor.
Por otra parte, agradezco la intervención de un señor Senador de la bancada democratacristiana que puso las cosas en su lugar respecto de los Senadores institucionales, puesto que es falso, de falsedad absoluta, que hayan votado en contra de determinados proyectos presentados por el Gobierno que eran importantes. Aquí se aprobó una reforma constitucional; aquí se aprobó, incluso, la elección de las autoridades de este Senado; aquí se aprobó una reforma laboral con votos de estos Senadores en muchas oportunidades y, especialmente, en las iniciativas sobre modificación de las Leyes Orgánicas Constitucionales de Municipalidades y de Gobierno y Administración Regional, las cuales fueron votadas en forma dividida por esos Parlamentarios, reflejando el apoyo a las tesis planteadas por el Ejecutivo.
En consecuencia, me parece que en esta Corporación se deben respetar la verdad y la tradición de justicia. Y, en ese sentido, aplaudo la actitud de los señores Senadores que están emitiendo su opinión favorable al informe de la Comisión, en reconocimiento de la labor desempeñada por los Senadores institucionales, sin que ello signifique d decir la forma ejemplar como en este Senado se han tratado los proyectos de ley, buscando el interés nacional -y no el interés político partidista- en la mayor parte de las ocasiones.
He dicho.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, inicio mis palabras señalando que este no es un debate trascendental, aunque sí de alto nivel. Y no lo es, porque la opinión pública no demuestra interés en él. Para comprobarlo, basta que Sus Señorías revisen los diarios de hoy o miren hacia las tribunas, las que no se encuentran precisamente atestadas de un público anhelante de una decisión importante. Ni siquiera los señores Senadores que con elocuencia han justificado su posición permanecen en sus puestos. Tal vez, han tenido otros problemas significativos o más reales de que preocuparse.
No quiero precisar algo que no está en la mente del país como trascendente; sus intereses son diferentes.
Por otro lado, las argumentaciones en dos sentidos que hemos escuchado esta tarde no han logrado convencer ni siquiera a quienes las han expuesto. Estoy cierto de que, en su fuero interno, muchos de ellos desean mantener la armonía y no provocar cambios en una legislación ni en una Constitución Política que no solamente ha probado ser necesaria, buena y exitosa para el período de transición a la democracia que estamos viviendo, sino que también ha permitido obtener grandes logros a través de los sistemas de libertad económica y política utilizados en la actualidad.
Me alegro de que después de tantos años podamos escuchar, en esta Corporación, a un distinguido Senador democratacristiano señalar que los Partidos Conservador y Liberal fueron los forjadores de la República. Creo que, con el tiempo, los planteamientos de años pasados se han ido decantando y las críticas despiadadas de que en su oportunidad fueron objeto aquellos partidos, se han ido transformando por los logros que hoy se están exhibiendo. Luego de un largo período de críticas demoledoras de parte de colectividades que en la actualidad son de Gobierno, ahora se señala que el sistema -que ha sido exitoso en el país- descansa, tanto en lo político como en lo económico, en los principios establecidos por el Gobierno anterior.
A mi juicio, la conveniencia y oportunidad de esta reforma no han sido probadas; ella no es crucial. El país hoy está preocupado más bien de lo que dice relación con la calidad de vida y con las mejoras económico-sociales que de problemas políticos.
Se ha planteado el tema de la proporcionalidad de los sistemas electorales. Al respecto, deseo señalar que en la elección de Diputados de diciembre de 1989 el sistema mayoritario binominal mostró un índice de proporcionalidad de 97,2 por ciento. La votación de la Democracia Cristiana, por ejemplo, alcanzó a 26,1 por ciento, lo que le dio una representación de 31,7 por ciento. En cambio, en las elecciones de concejales, en las que, de acuerdo a lo establecido por esta misma Corporación en la ley respectiva, rigió un sistema proporcional, el índice de proporcionalidad fue de 87 por ciento. Es decir, resultó inferior al arrojado por el sistema binominal. Esta vez la Democracia Cristiana, con una votación de 28,9 por ciento, obtuvo una representación de 30,9 por ciento.
No voy a abundar en los argumentos que se han dado esta tarde, pero sí quiero hacer hincapié en que hoy el país no tiene interés alguno en que aumenten los Diputados o los Senadores. Recuerdo que el propio Presidente de esta Corporación señaló en alguna oportunidad que el número actual de Senadores era adecuado. Creo que de esa manera estaba representando, una vez más, a la mayoría del país, que considera suficiente el trabajo que se está realizando por las dos ramas del Parlamento.
El señor NAVARRETE.-
Pero también estima que todos deben ser elegidos.
El señor ROMERO.-
Eso me recuerda una anécdota muy reciente, señor Senador. En la misión al continente asiático, nuestra visita comenzó por Malasia, donde tuvimos la posibilidad de conversar respecto de las similitudes de esa nación con la nuestra. Con gran sorpresa, descubrimos que eran varias. Sus índices económicos, sus situaciones sociales, son muy parecidos. Y, cuando preguntamos al Primer Mandatario acerca de la estructura política de su país, que también está entre los llamados "tigres", tuvimos una...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Nosotros, mejor que "tigres", somos "caballos"...
El señor ROMERO.-
Algunos dicen eso, señor Presidente.
En fin, lo que se nos respondió fue que ese país, que puede exhibir tales resultados, tiene más Senadores designados que elegidos, y en eso no manifiestan ningún complejo. Lo que ocurre es que acá pareciera que algunos partidos políticos sólo miran ejemplos como el italiano...
El señor GAZMURI.-
¡Volvamos a la monarquía, señor Senador! También podríamos tener un sultán.
El señor ROMERO.-
Como Sus Señorías saben, Malasia, al igual que Inglaterra, es una monarquía. Y hemos analizado los casos de diversos Estados que han tenido una evolución democrática extraordinariamente importante y que también lo son, como el de España, por ejemplo.
Realmente, no conozco argumentación alguna que pueda sostener esta reforma constitucional. Quienes la patrocinan no han podido, ni con mucho, justificarla.
Por último, señor Presidente, deseo sumarme también -a pesar de que el Senador señor Díaz ha dicho que le parece excesivo- al reconocimiento hecho a los Senadores institucionales o designados, porque efectivamente han realizado un aporte muy importante.
Estoy pareado con el Senador señor González, de modo que me encuentro imposibilitado de votar.
El señor GAZMURI.-
No se puede fundamentar el no voto, señor Senador,...
El señor ROMERO.-
Pero sí mi posición, Honorable colega.
El señor GAZMURI.- ...salvo que hubiera propuesto al sultán como figura constitucional.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, pido disculpas al Senado, mas deseo hacerme cargo de algunas observaciones que se han vertido. Agradezco al Senador señor Hormazábal por haberme facilitado el libro que leyó.
Las declaraciones mías a que hizo referencia el Honorable colega -reconozco que son efectivas- fueron hechas antes de la reforma constitucional. Al formularlas, el Senador que habla expresaba textualmente que era "partidario de exigir a la Oposición y convenir con ella que ciertos artículos de la Carta Fundamental son inmodificables, por ser la base del régimen democrático". Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 4°, que dice que Chile es una República democrática.
Más adelante, señalé que "debían ser modificados, para su perfeccionamiento, los artículos que dicen relación con la composición del Congreso, para aumentar el número de senadores" (lo que efectivamente se hizo después) "y diputados;" (cosa que se ha demostrado innecesaria) y, al mismo tiempo, "disminuir las causales de incapacidad e inhabilidad" de los Parlamentarios, en torno a lo cual existe un proyecto pendiente.
No hice entonces ninguna declaración que dijera relación con los Senadores institucionales, de quienes fui partidario, pues formulé, incluso, las indicaciones correspondientes en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución.
No quisiera dejar pasar algunas afirmaciones queo hemos escuchado en esta oportunidad, pues de ellas queda constancia aunque no estén directamente vinculadas al debate. Se ha sostenido que esta Constitución fue elaborada en secreto. Nada menos efectivo, porque existe versión taquigráfica de cada una de las reuniones y análisis de la Comisión mencionada. Y el haber formado parte de ella me honra, como siempre he dicho. En la Oficina de Informaciones del Senado hay once gruesos tomos en los que se incluyen todas las expresiones que se vertieron, tomadas por taquígrafos de esta Corporación, tal como ocurre con nuestras sesiones habituales. Y no me arrepiento de las palabras allí pronunciadas. Al contrario, estoy seguro de que los miembros de esa Comisión sentimos cierto orgullo, porque contribuimos a crear una Constitución que ha sido muy vapuleada, pero que, a mi juicio, a medida que se va conociendo, se va apreciando, y el país va gozando de la estabilidad que ella permite.
Se ha sostenido, asimismo, que la institución de los Senadores institucionales no es legítima. Personalmente, he afirmado que sí lo es, y que no es necesario que todos los miembros de la Cámara Alta sean elegidos por voto directo. Cabe recordar que la propia Concertación ha manifestado que las facultades del Primer Mandatario son excesivas, y que tenemos un régimen presidencialista extremo. Pues bien, la presente Constitución establece, por primera vez, que para elegir al Presidente de la República no sólo hay sufragio directo, sino, si corresponde, también segunda vuelta. Con ello se asegura que quien sea elegido cuente con la mayoría de las preferencias de los chilenos, afirmándose la voluntad de generación democrática del principal elemento del poder en un régimen como el nuestro: el Presidente. Igualmente se elige por sufragio universal directo la totalidad de la Cámara de Diputados, que es el organismo que debe funcionar más en el equilibrio, por corresponderle, precisamente, la facultad de fiscalizar.
En el caso de los Senadores institucionales, debe analizarse con propiedad el tema. Al respecto, hay elecciones populares directas de primer grado cuando se trata de los ex Presidentes de la República, porque quien vota por él candidato presidencial a la postre triunfante sabe que luego de su período éste será un Senador institucional. Y hay una voluntad popular de segundo grado con relación a los dos Senadores que, entre personas de una calidad determinada debe nombrar el Primer Mandatario, pues la ciudadanía sabe, al votar por este último, que en un momento de su mandato va a tener que elegirlos. Y si revisamos con realismo lo referente a los Senadores elegidos por la Corte Suprema, advertiremos que también en ese acto hay participación de la voluntad popular, porque para llegar a ser ministro de la Corte Suprema han tenido que cursarse decretos por tres o cuatro Presidentes de la República en la carrera judicial.
Los Senadores institucionales no son designados ni por herencia, ni por familia, ni por privilegios, sino elegidos por un sistema jurídico que sigue conservando, en la médula y en su base, las características fundamentales de la democracia.
En consecuencia, como muy bien se ha dicho aquí, se puede estar o no estar de acuerdo con el funcionamiento, con el rendimiento o con la forma de hacer la elección, pero es evidente que estamos en presencia de una institución verdaderamente democrática, originada en el sistema jurídico chileno, y con una raíz popular que nadie puede negar.
Señor Presidente, creemos que esta reforma, además de inconveniente, es inoportuna, y que debe plantearse en 1997. Es cierto que la opinión pública tiene poco interés en esta materia. Y, no obstante los problemas actuales de la ciudadanía, nos dedicamos a buscar soluciones para uno que se presentará en 1997. A mi juicio, en esa fecha los Senadores institucionales van a poder opinar con libertad, porque estará cercano el término de su período.
El señor GAZMURI.-
Entonces vamos a rechazar nosotros la reforma, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Lo lógico sería analizar con seriedad esta institución, que tiene por objeto contribuir a la elaboración de la ley con la experiencia, sabiduría y prudencia originadas en una vida distirita de la propiamente política. La evaluación de sus resultados no conlleva necesariamente ni la mantención del sistema de generación actual ni una supresión. Hay muchos elementos que considerar. Cualquier persona dotada de alguna imaginación puede idear posibles modificaciones de esta institución, que ha demostrado ser útil.
Es cierto que los Senadores institucionales han recibido una serie de alabanzas que corresponden a virtudes personales que los distinguen, pero ¡bienvenido el sistema que permite en un país que un selecto grupo de personalidades participe en la elaboración de la ley!
Por estas razones, señor Presidente, voto en contra de la reforma constitucional.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, a menos que Su Señoría haga uso de su derecho, tengo el alto honor de cerrar esta votación, cosa que paso a hacer de inmediato, en vista del gran interés que creo advertir en los rostros de mis Honorables colegas.
Tanto el mensaje como algunas exposiciones que hemos escuchado hoy señalan que esta reforma constitucional obedecería a motivaciones de principios y no a razones de orden práctico. De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo, "razones de Estado" determinarían un juicio adverso a la institución de los Senadores designados, como norma permanente de la Constitución Política. En opinión del Gobierno, "el principio básico" sería el de que, a objeto de asegurar la más alta legitimidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sus titulares deben ser elegidos por voto ciudadano. De esta manera, subyace en la propuesta en comento una suerte de dogma, según el cual el sufragio universal sería la única fuente de legitimidad para ejercer la soberanía, por lo que, de acuerdo con ese criterio, procedería rechazar la existencia de Senadores no elegidos.
Definir la composición del Congreso Nacional implica optar por una determinada alternativa instrumental, dentro de otras similarmente válidas. Elevar la disyuntiva a una cuestión de principios es confundir los fines con los medios, actitud que, metodológicamente, nos parece inapropiada para adoptar una definición institucional que habrá de regirnos por un tiempo .prolongado.
La democracia es, antes que todo, una forma de gobierno, y, como tal, un instrumento, con relación al cual es preciso actuar con la necesaria flexibilidad, a fin de no caer en posiciones rígidas que nos sitúen en un callejón sin salida.
Junto con admitir el Sufragio universal como mecanismo preponderante para elegir los titulares de los Poderes Públicos, nuestra Carta Fundamental también contempla otros, permitiendo que diversas personalidades merezcan ser consideradas, en razón de sus altas funciones e investiduras públicas, en la integración de la Cámara Alta. La fórmula armoniosa diseñada por el Constituyente de 1980 echa por tierra el argumento, falso y artificial, de que la única fuente de legitimidad para ejercer la soberanía consiste en ese primer sistema.
El Partido que represento, la Unión Demócrata Independiente, adhiere al sufragio universal, como el mecanismo preponderante de generación de las autoridades públicas, porque nuestra tradición histórica y la idiosincrasia de nuestro pueblo así lo indican. Pero tal opción en modo alguno nos hace perder de vista que la democracia implica una participación mucho más amplia y variada que la del sufragio periódico de los ciudadanos. Por lo mismo, la Unión Demócrata Independiente evita caer en esa suerte de "fe mística" con que la Concertación enfrenta el tema del sufragio universal, distinguiendo siempre entre la forma de gobierno, que es meramente instrumental, y la forma de vida integralmente libre, a cuyo servicio debe estar siempre toda institución política.
La democracia reducida al sufragio universal periódico, según hemos tenido ocasión de comprobar en la historia, no siempre conduce a la libertad de las personas, y por ello su sola vigencia jamás implica que el desafío de concretar una sociedad integralmente libre tiene una respuesta asegurada. El no reconocer esta premisa fundamental impide adoptar una definición realista y prudente sobre una materia de importancia y trascendencia como la que está en juego en esta reforma constitucional.
Sabemos que la Concertación se opone a la institución dé los Senadores designados por una cuestión de prejuicio dogmático que nosotros no compartimos. En consecuencia, la aproximación con que uno y otro sector público enfrentamos este tema es esencialmente diversa. Nosotros estimamos que no repugna a un régimen político participativo la presencia de Senadores generados mediante mecanismos distintos del sufragio universal, y por ello aceptamos la institución de los Senadores designados y de aquellos que lo son por derecho propio. En cambio, la Concertación eleva esta discusión a un terreno no procedente cual es el de los principios.
Desde luego, nada tiene que ver con ser más o menos demócrata el ser partidario o detractor de los Senadores no elegidos por sufragio universal. Plantear en tales términos la discusión es tan absurdo e insensato como el pretender que la única forma válida de ejercer la soberanía es a través de autoridades elegidas democráticamente. Llegados a este punto, entonces, no existiría una forma razonable de explicar el ejercicio legítimo de la soberanía por parte de los tribunales de justicia en nuestro país. Similar incongruencia enfrentarán quienes, siendo contrarios a la existencia de Senadores no elegidos, sin embargo postulan la legitimidad de los Senadores por derecho propio y con carácter vitalicio, como ocurre respecto de los ex Presidentes de la República.
A nuestro juicio, la mejor señal para ponderar un planteamiento doctrinario es el rigor y la rigidez que exhiben sus defensores. La Concertación invoca en esta reforma constitucional cuestiones doctrinarias, como lo sería -supuestamente- la exigencia de que los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sean elegidos por sufragio universal. Sin embargo, acepta que los actuales Senadores designados continúen en ejercicio hasta el término de sus períodos. Adicionalmente, promueve la integración del actual Presidente de la República en el Senado, una vez que cese en su mandato, en calidad de Senador vitalicio y por derecho propio. Entonces, o se es inconsecuente con los propios principios, o esta discusión es ajena al terreno doctrinario.
Estamos convencidos de que el objetivo hacia él cual debemos dirigir nuestros mayores esfuerzos es el robustecimiento del Senado, de manera de asegurar su carácter esencialmente moderador en el proceso legislativo, y que exprese las más altas virtudes cívicas en los debates que permanentemente deben realizarse al interior de sus Comisiones y de su Sala. La inconveniencia de un Senado convertido en un órgano principalmente político-partidista es manifiesta, y sólo una miopía o un desmesurado afán de poder podría intentar a cualquier precio lograr atribuirle esa naturaleza.
Ahora, se ha hecho referencia a dos dificultades que entraban el ejercicio plenamente democrático, entre ellas el excesivo presidencialismo que caracteriza a nuestro régimen político. Este juicio no lo compartimos, y, desde luego, parece no compartirlo el propio Ejecutivo, porque no hemos conocido ninguna iniciativa proveniente de éste que tienda a disminuir sus facultades, las que en su oportunidad, por las normas contenidas en la Constitución, fueron calificadas por el actual Primer Mandatario como la consagración de una suerte de "zarismo" presidencial.
Por otra parte, se ha expresado que el sistema electoral tendería a desvirtuar o a alterar la soberanía popular y el ejercicio democrático. La manera como ha funcionado, sin embargo, y los comentarios que aquí hemos escuchado son la mejor prueba de que ésa es una argumentación falsa. No podría, en una discusión seria, sostenerse -como se hizo en la Sala- que en determinada medida la apatía que la ciudadanía manifiesta respecto de la actividad política es atribuible al sistema binominal con que se genera una parte de los integrantes del Poder Legislativo. Hacer esa afirmación es una forma extremada, quizás, de dialéctica y una sobreargumentación que, desde luego, no resiste el menor rigor científico ni técnico.
Por último, y como aquí se ha recordado, la proporcionalidad de las votaciones populares en lo relativo a la composición del Congreso -fundamentalmente, de la Cámara de Diputados- niega, en la esencia, la falta de representatividad del sistema binominal. Si se tienen presentes los resultados de la elección parlamentaria de 1989, cabe observar que el índice de proporcionalidad en ésta -el que nadie ha discutido- fue superior a 97 por ciento, muchísimo mayor que el registrado en los comicios municipales, en los que se aplicó el sistema proporcional, de modo que ello desvirtúa la imputación de un carácter antidemocrático o de una carencia de representatividad con relación a los sufragios emitidos.
Finalmente, deseo hacerme cargo de una cierta "preocupación" que he notado en las argumentaciones de algunos Parlamentarios de la Concertación respecto de las posibilidades electorales del sector político que represento.
Quiero tranquilizarlos diciéndoles que ése es un problema nuestro y que no son sus razonamientos ni, mucho menos, sus prevenciones las que mejorarán la representación y la voz de nuestro sector en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Por esas razones, voto en contra de la reforma constitucional.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ruego a la Sala que me autorice a decir algunas palabras desde la testera, pues seré muy breve. Lamento que el Honorable señor Cantuarias no sea el último orador, porque quiero formular ciertas observaciones que me surgieron del debate.
En primer lugar, no creo que sea adecuado, ni siquiera -me atrevo a decir- de buen gusto, referirse a las personas que desempeñan el cargo de, Senador institucional o designado. En efecto, todos las respetamos y sentimos mucha estimación por ellas. De lo que se trata es de analizar el tema más álgido de la vida pública contemporánea: la gobernabilidad de los países, para lo cual no se ha encontrado todavía, en ninguna nación del mundo, una forma perfecta.
Nuestra tradición no es inglesa, sino absolutamente americana, y remonta sus orígenes a la Constitución de 1818, que se basó, fundamentalmente, en el sufragio universal. No conozco la de Malasia.
Por lo demás, no admiro la calidad de "tigre". Prefiero quedarme con la de "puma", que tenemos nosotros...
El señor CANTUARIAS.-
¡La de "caballo"!
El señor VALDÉS (Presidente).-
No, Su Señoría. Esa expresión suelen usarla quienes tienen campo. Por mi parte, en el sur veo más cerca a los pumas.
Creo, como Jefferson, que los males de la democracia se corrigen con más democracia, no con restricciones que demuestran un cierto temor a la expresión libre e informada de todos. Porque la comunidad es la dueña del país y nadie puede erigirse en representante de éste para su gobierno. En esta materia tengo una convicción absolutamente clara.
El actual sistema, con el cual hemos trabajado, evidentemente ha abierto un camino democrático. Si no, no podríamos estar hablando de una transición que es celebrada por todo el mundo y de la cual nos sentimos orgullosos. Pero es una transición, un camino. Y ese sistema a mi juicio puede llegar a bloquear la democracia -esto ya se ha dicho; pero también es una convicción personal-, porque obliga a usar subterfugios o procedimientos provocados por la necesidad de la sociedad de expresarse y que pueden convertirse en normales. Se corre el riesgo, entonces de desvirtuar la voluntad real, libre y directa del pueblo, pues, en definitiva, la democracia es la participación de todos, cada vez más amplia, más informada y con menos restricciones. Y por eso se da el voto a la mujer, a los ciegos, a todos. Ese es el proceso democrático.
En consecuencia, me preocupan algunas opiniones que he escuchado, que denotan cierta reticencia al respecto. No es que ello no sea democrático, pero, o entendemos todos que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, o sentimos siempre un determinado temor en esta materia. Pienso que no hay que abrigar amores, sin embargo, porque, a la postre, pueblo cobra muy cara la burla de sus expectativas.
Finalmente, reconozco tener serias dudas acerca de algunos aspectos de las reformas constitucionales. Lo he manifestado públicamente. No obstante, estoy convencido de que se podrían discutir en un debate particular, pues es un tema que requiere mucho análisis. Pero estoy de acuerdo en que las reformas, en sí, se orientan en el sentido de perfeccionar la democracia, obligación qué no podemos detener, porque jamás una Constitución ha sido indefinidamente estática. Al contrario, el proceso es permanente. Si no, se crean diques que después desbordan.
Por la concepción de que en esta materia sin perjuicio de la conveniencia de introducirle algunas correcciones- se va en la correcta dirección de consolidar aún más la democracia en nuestro país, voto que sí.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, estimo que lo que se ha discutido aquí no está sólo relacionado con el tema coyuntural de dos aspectos de la Constitución, como los atinentes a los Senadores designados y al sistema electoral. El debate ha sido mucho más amplio. Y me alegro de ello, porque permite ir al origen de las cosas.
Como aquí se ha afirmado, la versión de las discusiones sobre la elaboración de la Carta Fundamental está a disposición de todos los chilenos que deseen leerla; pero hubo un sector importante de la comunidad nacional que no tuvo ninguna posibilidad de participar en su estudio. Esto no es la primera vez que sucede, pues en muchas oportunidades se han hecho Constituciones en países en donde un sector ha estado al margen. Lo grave son las circunstancias en que el texto que se preparó se pone en conocimiento de la ciudadanía y se pide a ésta su pronunciamiento, las que ameritan que tengamos hoy el legítimo derecho -como lo hemos sostenido durante varios años- a pedir una reforma.
¿Cuáles son esas circunstancias? Si los chilenos no aprobaban la Constitución propuesta en 1980, no regía la de 1925, y el país seguía en una dictadura, como la que existía en ese momento, sin salida. Y eso pesó en el ánimo de muchos compatriotas que no estaban de acuerdo con el contenido del articulado que se presentaba, quienes tuvieron temor a un salto en el vacío. Porque quedábamos absolutamente en el aire: el rechazo no significaba que al día siguiente Chile empezaba a regirse por la Constitución de 1925 -repito-, se llamaba a elecciones y se reponían todas las instituciones democráticas. Eso no era así. Y no me referiré a las condiciones que imperaban -incluso, se vivía bajo estado de sitio-, por cuanto aquí ya se han dicho.
Por lo tanto, tratándose de la Carta vigente, que es el origen de la materia en discusión y que nosotros desde un primer momento intentamos modificar, tenemos todo el legítimo derecho a pedir reformas.
Sin embargo, hay más: a mi juicio, la Constitución tiene que ser la expresión de una gran mayoría nacional. No me parece que deba ser producto de mayorías circunstanciales. Y estoy de acuerdo con quienes sostienen que su enmienda debe obedecer a un mecanismo que contemple, por ejemplo, la discusión en el Parlamento, con determinados quórum. Porque no es una ley cualquiera: es la Ley Fundamental que rige los destinos del país. Pero, para que tenga validez y legitimidad, necesita el apoyo mayoritario. Y eso no ha sucedido con la Constitución de 1980.
Se dice que se reformó en 1989. Es cierto. Se le introdujeron 54 reformas. Pero ¿qué alternativa teníamos quienes hoy estamos en esta Sala para pedir al pueblo que dirimiera el conflicto? Ninguna. O aceptábamos las condiciones finales que se nos estaban poniendo o, sencillamente, ni siquiera había esa leve reforma a la Carta de 1980, cuyo nacimiento he descrito.
Es verdad -y lo ha dicho la Derecha aquí, en este Hemiciclo- que durante estos casi tres años reiteradamente hemos tratado de modificar las normas de esta Constitución. Y vamos a seguir insistiendo.
Yo digo a los señores Senadores de la Derecha que sostienen que con esto podemos levantar una bandera electoral que no teman a ésta si creen que al pueblo no le importa la institucionalidad del país.
Pero, al revés de lo que piensan los Senadores de la Derecha, estimo que al país le interesa la institucionalidad. ¡Esta no es una nación de analfabetos! En Chile existe una gran cultura cívica. Y, a pesar de los 17 años de dictadura militar, éste es uno de los países con mayor índice de participación ciudadana.
Por lo tanto, a quienes hoy se han opuesto a esta reforma constitucional les pido que, si realmente tienen fe en la democracia, entiendan que el problema no estriba en que los Senadores designados estén cuatro años o más, sino en la clara existencia de dos proyectos políticos en el país: el que sostienen en este Hemiciclo los Senadores de la Derecha y los designados, quienes en las cosas gruesas votan en conjunto -y esto no implica descalificarlos-, y el que sustentamos los Senadores de la Concertación.
Si creemos en la democracia, los desafío a que cada bloque elabore un proyecto político constitucional y lo planteemos al país, para que éste decida. Pero terminemos con las discusiones semánticas sobre si esto se interpreta A, B o C y permitamos -como muy bien dijo el señor Presidente, emulando a Lincoln- que sea el pueblo el que, en el libre ejercicio de su soberanía, decida por dónde quiera caminar y qué autoridades deben regir sus destinos.
Por las razones expuestas, voto a favor de la reforma constitucional.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
El Honorable señor Navarrete había manifestado un pareo al momento de votar.
El señor NAVARRETE.- Cuando voté, señor Presidente, se encontraba en la Sala el Honorable señor Urenda. En este instante Su Señoría no está, y no ha votado. En consecuencia, como tenemos un pareo, retiro mi voto.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Resultado de la votación...
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
¿Me permite señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, quiero volver a subrayar algunos de los puntos que fueron objeto de la rectificación anterior.
Ya el Honorable señor Hormazábal dio lectura a la declaración formulada por el negociador de la Concertación, don Patricio Aylwin, el 2 de junio de 1989, posterior a la reunión habida entre los señores Aylwin, Cáceres y Jarpa. En ella el actual Presidente de la República manifiesta que la supresión de la exigencia de dos Congresos sucesivos para reformar algunos Capítulos de la Carta "facilita la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones constitucionales indispensables en el curso del primer Gobierno democrático." O sea, la Concertación de Partidos por la Democracia y el Gobierno han mantenido consecuentemente los aspectos de la reforma constitucional que en determinado momento, tanto técnica como políticamente, estimaron necesario introducir al régimen político chileno para consolidar la democracia.
El 2 de junio de 1989 la Concertación de Partidos por la Democracia formuló una declaración pública en la que dijo aceptar las reformas constitucionales. Sin embargo, expresó su "profunda insatisfacción por la permanencia de formas de generación y imposición del Congreso que no permiten la expresión plena y transparente de la voluntad". Y agregaba: "la subsistencia del arbitrario sistema electoral no proporcional y la existencia de Senadores designados dificulta seriamente la representatividad democrática del Congreso y la expresión cabal de la auténtica mayoría nacional.".
Y el 5 de junio de ese año -muy posteriormente a aquello-, tras una conferencia de prensa dada por el presidente de la Comisión Técnica de Renovación Nacional para el Estudio de las Reformas Constitucionales, don Carlos Reymond, se señala lo siguiente: "Con relación a los Senadores designados, los cuales tanto Renovación Nacional como la Concertación eran partidarios de eliminarlos, explicó que sobre la materia no hubo acuerdo con el Gobierno." Si lo hubiera habido, señor Presidente, se habría incorporado a la reforma constitucional el artículo transitorio propuesto por el Gobierno, que establecía, expresamente la duración del mandato de los Senadores designados por ocho años, al término del cual debía hacerse una evaluación.
Quienes participamos en las conversaciones siempre rechazamos esa posibilidad, porque -y aquí se ha dicho con mucha propiedad- no se trata de evaluar el desempeño de personas, sino la importancia de la institución.
Para terminar, señor Presidente, quiero señalar que las propuestas de reforma constitucional relacionadas con los aspectos que hoy el Senado ha debatido se vienen desarrollando por las Concertación de Partidos por la Democracia desde mucho antes de 1989. Y la Concertación y el Gobierno del Presidente Aylwin han mantenido fidelidad a las reformas pertinentes, porque las estimamos indispensables y convenientes para la consolidación democrática del país.
Muchas gracias.
El señor JARPA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Vamos a terminar la votación, señor Senador. El señor Secretario dará el resultado, y ofreceré la palabra a Su Señoría.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Resultado de la votación: 18 votos por la negativa, 16 por la afirmativa y 5 pareos.
El señor VALDÉS (Presidente).- En consecuencia, queda rechazada la reforma constitucional, por no haber obtenido la votación que exige la Carta Fundamental.
El señor GAZMURI.-
Y levantada la sesión, según entiendo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde la hora de Incidentes.
El señor GAZMURI.-
No hay hora de Incidentes.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, he sido aludido por el señor Ministro...
El señor HORMAZÁBAL.-
Pero no en forma peyorativa.
El señor JARPA.-
...y quisiera aclararle la información incompleta que tiene.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le pareciera a la Sala, ofrecería la palabra al Honorable señor Jarpa. Porque si consideráramos la hora de Incidentes, el primer turno correspondería a un Comité distinto del de Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
No estoy de acuerdo, señor Presidente.
Si se desea realizar un debate sobre este asunto, hagámoslo. Pero el señor Ministro intervino en la Sala en ejercicio de su derecho constitucional. La votación ha terminado. Hay que levantar la sesión. Porque si responde el Honorable señor Jarpa -Su Señoría tiene todo el derecho a hacerlo; sin embargo, creo que no en esta oportunidad-, entraremos en una discusión.
El señor SIEBERT,- Pero ha sido aludido personalmente. Tiene derecho a...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene derecho, pero en la sesión correspondiente.
Ha terminado la votación, y con ello, la sesión. El señor Ministro habló haciendo uso de un derecho que no tienen los señores Senadores.
El señor MC-INTYRE.-
Pero el señor Ministro habló políticamente y no como Ministro de Justicia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Ministro de Justicia es un Ministro político y expresa en el debate lo que estime conveniente.
El señor GAZMURI.-
Es un Ministro político.
El señor HORMAZÁBAL.-
¡Así como hay Almirantes políticos...!
El señor DÍEZ.-
Lo normal es que un Senador tenga derecho a contestar a una rectificación de hecho también con una rectificación de hecho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Con una condición: que esto no abre debate.
El señor GAZMURI.-
No estoy de acuerdo, señor Presidente. Porque si tengo una opinión sobre lo que va a decir el Honorable señor Jarpa, pediré la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pongámonos de acuerdo en cuánto duraría el debate.
El señor HORMAZÁBAL.-
El señor Presidente hizo una proposición a la Sala oportunamente, antes de que supiéramos quiénes iban a pedir la palabra; así que no es una cuestión personal. Y se acordó la prórroga de la sesión para votar el proyecto.
El señor SIEBERT.-
¿Va a usar de la palabra, señor Senador...?
El señor HORMAZÁBAL.-
Para un aspecto reglamentario.
El señor JARPA.-
¿Por qué no hablar yo, señor Presidente?
El señor HORMAZÁBAL.-
Por un aspecto reglamentario, señor Senador.
El señor JARPA.-
¡Reclamo por esta forma de proceder! ¡Por qué habla el Senador señor Hormazábal y no puedo hacerlo yo para efectuar una rectificación!
El señor GAZMURI.-
¡Aquí nadie tiene derechos especiales!
El señor VALDÉS (Presidente).-
Estamos solicitando el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Jarpa pueda usar de la palabra.
El señor GAZMURI.-
¡Nadie es dueño de esta Sala, señor Senador!
El señor DÍAZ.-
¡Hay que guardar la forma para dirigirse a los colegas!
El señor JARPA.-
¡Nadie puede negarme el derecho a defenderme!
El señor VALDÉS (Presidente).- Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22:21.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción