REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 31ª, en martes 9 de marzo de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 19:1)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corbacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario'
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candía, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 43 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 23a, ordinaria, en 14 de enero de 1993, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 24a, 25a, 26a y 27a, especiales, en 19 de enero del presente año, las dos primeras, y en 20 del mismo mes las siguientes, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Once de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica que retira el mensaje relativo al proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado sobre Promoción y Protección de Inversiones suscrito con la República Argentina el 2 de agosto de 1991 y sus notas complementarias.
-Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el segundo al undécimo hace presente la urgencia, con carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que establece normas para arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.
2.-
El que permite a nacionales de países limítrofes adquirir bienes raíces en zonas fronterizas.
3.-
El que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.
4.-
El que establece Bases del Medio Ambiente.
5.-
El relativo a la plena integración social de las personas con discapacidad.
6.-
El que fija normas sobre la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas.
7.-
El relativo a las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias.
8.-
El que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo con relación al contrato individual, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral.
9.-
El que establece beneficios por gracia para personas exoneradas en período que indica.
10.-
El que concede un nuevo plazo para poner en conocimiento de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación los casos a que se refiere el N° 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123.
-Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Once de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que dio su aprobación al proyecto de ley relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas.
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica su aprobación al proyecto de ley que modifica el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero hace presente que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea la Planta de Técnicos en el Servicio de Impuestos Internos.
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el cuarto señala que dio su aprobación al proyecto de ley que permite a los adquirentes de viviendas económicas constituir un seguro de pago de cuotas hipotecarias.
-Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo y a la de Hacienda, en su caso.
Con el quinto comunica su aceptación al proyecto de acuerdo que aprueba el otorgamiento de un financiamiento mixto suscrito con el Gobierno de la Confederación de Suiza, el 26 de noviembre de 1990.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Con el sexto comunica su decisión favorable al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Comercial suscrito con el Gobierno de la República de Hungría, en Budapest, el 11 de septiembre de 1990.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Con el séptimo da cuenta de que ha tomado conocimiento del rechazo por parte del Senado a la idea de legislar en el proyecto que modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los cinco señores Diputados que señala.
-Se toma conocimiento y se manda agregar a sus antecedentes.
Con el octavo comunica su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con motivo de la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
-Queda para tabla.
Con el noveno hace presente que dio su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver la divergencia suscitada durante la tramitación del proyecto que introduce diversas modificaciones al decreto ley N° 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera.
-Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política.
Con el décimo y undécimo comunica que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los siguientes proyectos de acuerdo:
- El que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito con la República del Paraguay.
- El que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Tecnológica entre la República de Chile y la de Finlandia.
-Se manda comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Cuatro de la Excelentísima Corte Suprema:
Con los tres primeros emite su opinión respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que fija normas sobre protección de la vida privada.
2.-
El que establece Bases del Medio Ambiente.
3.-
El relativo al maltrato de menores.
-Se mandan agregar a sus antecedentes.
Con el cuarto agradece los conceptos vertidos en el homenaje rendido por el Honorable Senado con motivo del fallecimiento de don Enrique Correa Labra.
-Se toma conocimiento.
Tres de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso:
Con los dos primeros solicita al Senado informar sobre los dos recursos de protección que adjunta en copia autorizada y que han sido interpuestos en favor de don Hernán Cereceda Bravo.
Con el tercero comunica que ha dado lugar a la orden de no innovar solicitada por don Hernán Cereceda Bravo a raíz de la acusación constitucional acogida en su contra por el Honorable Senado de la República.
Con relación a esta materia, cabe hacer presente que se ha recibido en la Secretaría del Senado un memorándum del señor Ministro de Justicia con el que remite copia del oficio de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso donde le comunican la orden de no innovar precedentemente referida. Asimismo, dicho Secretario de Estado informa que la orden de no innovar afecta la tramitación del decreto supremo N° 190, de 10 de febrero de 1993, ya enviado a la Contraloría General de la República.
Además de lo anterior, llegó una comunicación del señor Director del Servicio Electoral en la cual acusa recibo del oficio enviado por el Senado en que se señala que, por el término de cinco años, el ciudadano don Hernán Cereceda Bravo se encuentra inhabilitado para desempeñar función pública.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sobre estas materias hay un acuerdo de Comités que daré a conocer a la Sala al finalizar la lectura de la Cuenta.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Seis del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Gazmuri, Larre y Valdés, con el objeto de reforzar los controles fitosanitarios en los pasos fronterizos entre Chile y Argentina, sin que ello se traduzca en trabas para el flujo de pasajeros entre ambos países.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Alessandri, respecto de la posibilidad de conceder una pensión de gracia a doña María Mercedes Sonia Wood Le Roy.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, en el que plantea una solución a los problemas habitacionales que afectan a la Agrupación de Allegados de Tarapacá Oriente de la ciudad de Arica.
Con el cuarto da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Soto, en el que requiere que la Intendencia de la Quinta Región informe acerca de la factibilidad de restablecer el aporte de bencina y diesel a las Compañías de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar.
Con el quinto contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, en el que se refiere al beneficio contemplado en el inciso segundo del artículo 52 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sugiere que éste se extienda a los funcionarios municipales regidos por la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales, y a los profesionales de la educación sujetos a la ley N° 19.070, Estatuto Docente, que fueren electos alcaldes.
Con el sexto da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Arturo Frei, en el que solicita solucionar las carencias de vehículos que enfrenta la Ilustre Municipalidad de Tomé, tanto en lo referente a camiones recolectores de basura como a camiones tolva para la reparación de calles y veredas.
Dos del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Alessandri relativo al Convenio de Cooperación entre Carabineros de Chile y la Gendarmería Argentina, el cual no contiene norma alguna que disponga la derogación del Convenio sobre Policía Fronteriza suscrito entre los Gobiernos de ambas Repúblicas en 1920, motivo por el cual se solicitó al Supremo Gobierno que, al comunicar la aprobación del referido instrumento, tenga a bien denunciar el referido Convenio de Policía Fronteriza de 1920.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Gazmuri, Larre y Valdés, atinente a la adopción de las medidas conducentes a reforzar los controles fitosanitarios en los pasos fronterizos entre Chile y Argentina, sin que ello signifique colocar trabas para el flujo de pasajeros entre ambos países.
Del señor Ministro de Defensa Nacional con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Arturo Frei y Jarpa consultando acerca de la implementación de sistemas que mejoren las condiciones operativas del Aeropuerto Carriel Sur, en Concepción, cuando la visibilidad se vea reducida por efectos de la niebla.
Dos del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Lagos, referente a la situación que afecta a la Zona Franca de Iquique debido a resoluciones dictadas por el Director Nacional de Aduanas que establecen la aplicación del impuesto del 10 por ciento de anticipo al IVA correspondiente a la internación de harina de trigo, en circunstancias de que las ventas de mercancías de la ZOFRI a su Zona Franca de Extensión se encuentran exentas de todos los derechos e impuestos a que se refiere el decreto ley N° 825.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Alessandri en el que solicita interpretar administrativamente el artículo 37 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1o del decreto ley N° 824, de 1974.
Tres del señor Ministro de Educación:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz, atinente a la situación financiera del sector de educación municipal y a ciertas dificultades que se aprecian en el funcionamiento de diversos establecimientos educacionales de la Undécima Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Cantuarias, en el que solicitó un informe sobre el estado de avance del programa MECE para el año 1992, con especial referencia a la inversión efectiva de los recursos otorgados por el Banco Mundial.
Con el tercero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei, acerca de las inquietudes que le planteó el Colegio de Profesores A.G. de la Octava Región respecto de mejoramientos económicos y eliminación del sistema de calificaciones.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde dos oficios enviados en nombre de los Senadores señores Cantuarias y Arturo Frei, referentes a la asignación de recursos para dar término a las obras de asfalto del camino que une las ciudades de Coihueco y Chillan, en la Octava Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Soto, con relación al estado de deterioro en que se encuentran tanto las calles de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar como la Avenida España que las comunica, y las carreteras principales que unen a ambas ciudades con la comuna de Quilpué y la ciudad de Santiago; a las medidas que habría que adoptar para acelerar la concreción de los trabajos de reparación de dichas calles y caminos, y a la obtención de los recursos financieros que ellos demanden.
Del señor Ministro de Agricultura con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz, respecto de los fondos adicionales que habría que destinar para controlar la plaga de cuncunilla que afecta las cosechas de la Undécima Región, además de informar a la población sobre el problema y las medidas para prevenirlo.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Ortiz, con el cual solicitó informe sobre la situación que afecta a don Jorge Araya Avendaño, domiciliado en Talcahuano, Octava Región, en cuanto a si, en derecho, corresponde modificar el monto de su jubilación por antigüedad.
Del señor Ministro de Salud con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos solicitando -en atención al problema que le planteó el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pesquera INDO, de la ciudad de Arica, Primera Región- información de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional relativa al eventual incumplimiento por parte de la ISAPRE Coral de las obligaciones legales y reglamentarias en la atención y prestaciones de salud de sus afiliados.
Dos del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero con el objeto de solicitar información respecto del plan de viviendas de la comuna de Panquehue, Quinta Región, en el año 1993, especialmente sobre sus fundamentos técnicos y la ubicación de las viviendas que se construirán.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz, relativo a la situación en que viven los pobladores de localidades aisladas de la Undécima Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones dando respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Arturo Frei, tocante a la Resolución N° 68, de la Subsecretaría de Transportes, de fecha 24 de septiembre de 1991, sobre adjudicación de nuevas plantas de revisión técnica, que dejaría sin este servicio a la comuna de Yumbel, Octava Región, ocasionando un gran perjuicio a sus vecinos.
Del señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción en el que informa respecto de las gestiones que se han estado realizando para contribuir activamente a la descentralización impulsada por el Supremo Gobierno.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Educación de la Octava Región dando respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei, con relación al grave problema de infraestructura física que afecta a la Escuela D-694, Isidora Goyenechea Gallo, de la comuna de Lota, en la Octava Región.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicaciones
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores con la que invita al Congreso Nacional a incorporarse al "Foro de Líderes Parlamentarios del Asia Pacífico" y así lograr la participación de Chile en la Cuenca del Pacífico.
Del Parlamento Latinoamericano con la que informa que el 2 de mayo del presente año será inaugurada en Sao Paulo, República Federativa del Brasil, la sede permanente de este Parlamento y, al mismo tiempo, cursa formal invitación para que el Presidente del Senado y una delegación del Congreso Nacional participen en los actos inaugurales.
-Se manda transcribirlas a los Comités Parlamentarios.
De la Universidad de Chile con la que remite los antecedentes y su parecer sobre el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe.
-Se toma conocimiento y se manda agregara sus antecedentes.
Solicitudes
De los señores Enrique Ernesto Lavín Orellana, Juan Bautista Baeza Gangas e Iván Eliseo Quintana Miranda con las que piden la rehabilitación de sus ciudadanías.
-Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Corresponde informar a la Sala de los acuerdos adoptados en la reunión de Comités de esta tarde. Respecto del segundo, solicitaré el parecer de la Corporación en su oportunidad.
El primero se refiere a los oficios enviados al Senado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, acerca de los cuales se informó durante la Cuenta.
Los Comités, por unanimidad, acordaron contestar en los siguientes términos:
"El H. Senado, en su sesión de hoy ha tomado conocimiento de las resoluciones de esa Iltma. Corte, por las que solicita informar sobre la acusación constitucional aprobada recientemente en el Senado.
"Al respecto, el H. Senado ha acordado hacer presente a US. Ilustrísima que en la materia de la referencia ha ejercido las facultades exclusivas y excluyentes que le han sido encomendadas por la Constitución Política de la República del Estado de Chile.
"Para su debida información, se adjuntan los Diarios de Sesiones respectivos.".
Este texto contendrá, por lo tanto, la respuesta a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Debo dejar constancia de que, en lo que dice relación a los oficios enviados por la Corte antes mencionada, el acuerdo de los Comités fue -repito- unánime, y se adoptó oyendo a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Además, los Comités proponen a la Sala lo siguiente, a contar de esta fecha: celebrar sesiones de Sala los martes y miércoles, de 15 a 19, y el jueves destinarlo al trabajo en Comisiones, salvo que con motivo de urgencias sea necesario realizar sesiones especiales, en cuyo caso se citaría para ese día en la mañana.
La señora FREI.-
¿Y mañana, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se entiende que los días martes y miércoles habrá reunión de Comisiones en la mañana. De modo que los cambios se refieren a trasladar la sesión del jueves para el miércoles en la tarde y dedicar ese día al trabajo en Comisiones.
¿Les parece bien iniciar el nuevo horario la próxima semana, y durante ésta celebrar sesiones en los términos acordados anteriormente?
El señor ALESSANDRI- Señor Presidente, ¿por qué no partimos con él esta semana?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, creo que no podemos empezar esta semana, porque hay gente citada para mañana, por ejemplo, por las Comisiones de Agricultura y de Salud, y no podríamos decirle con menos de 24 horas de anticipación que la reunión se postergó.
El señor NAVARRETE.-
Comencemos la próxima semana, señor Presidente.
El señor SULE.-
Tiene que haber una implementación.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Estaría de acuerdo el Honorable señor Alessandri en que apliquemos desde la próxima semana el nuevo horario, porque al parecer habría algunos inconvenientes? ¿O insiste en su posición?
El señor ALESSANDRI- Me someto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Agradecemos su cooperación, señor Senador.
Entonces, si a la Sala le parece, el nuevo horario regirá a contar del martes de la semana próxima.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Sule.
SEGUNDA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CHILE
El señor SULE.-
Señor Presidente, he pedido la palabra para dar una breve información acerca de la Segunda Reunión Interparlamentaria México-Chile, que terminó el domingo pasado. La delegación de nuestro país fue encabezada por el Presidente de esta Corporación, Honorable señor Gabriel Valdés, e integrada por los Senadores señores Alessandri, Cantuarias, Mc-Intyre, Núñez, Pérez y Ruiz De Giorgio, y seis señores Diputados, además del señor Carlos Hoffmann, en su calidad de Secretario de la misión chilena.
La agenda de esa reunión fue muy diversificada, rica y matizada. Se analizaron problemas multilaterales, como la situación de América Latina en el contexto internacional contemporáneo, la cita cumbre para el desarrollo económico y social de 1995, la integración latinoamericana, la colaboración de Chile y México en este proceso, América Latina y la Cuenca oriental del Pacífico, la participación de ambos países en los foros de la Región Asia-Pacífico y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
También se trataron aspectos bilaterales, como el acuerdo de complementación económica, su seguimiento y perspectivas; la cooperación científica-tecnológica, en materia de medio ambiente, cultural y turística; el seguimiento del convenio sobre narcotráfico, y las relaciones legislativas.
Además de un intenso trabajo en comisiones y en reuniones plenarias, con la participación de ciento por ciento de los delegados chilenos, tuvimos oportunidad de dialogar largamente con el Canciller de México, licenciado Fernando Solana Morales; con el Regente -especie de gobernador y alcalde juntos- del Distrito Federal de los Estados Unidos de México, don Manuel Camacho Solís; con el Secretario de Gobernación de ese país -similar al Ministro del Interior-, don Patrocinio González Garrido, para terminar con una extraordinaria, simpática y agradable reunión con el señor Presidente de esa nación, don Carlos Salinas de Gortari.
Podemos señalar que la Reunión Interparlamentaria se realizó en forma muy seria y profunda, y que en ella no sólo hicimos un diagnóstico de las relaciones entre ambos países, sino que al mismo tiempo acordamos medidas muy concretas que se van a desprender claramente de la declaración conjunta que aprobamos durante la semana anterior.
La declaración, señor Presidente y Honorables colegas, dice lo siguiente:
"Con base en el acuerdo celebrado en Santiago de Chile el 25 de marzo de 1992, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos formuló invitación al Congreso de la República de Chile, con objeto de celebrar la II Reunión Interparlamentaria México-Chile los días 1 al 3 de marzo en curso en la ciudad de México.
"Como resultado del diálogo sostenido en torno a la agenda de trabajo que encauzó las deliberaciones, las delegaciones participantes han acordado emitir la siguiente
"DECLARACIÓN CONJUNTA:
"1. Valorar, desde una perspectiva regional, la situación internacional contemporánea, caracterizada por el replanteamiento de los equilibrios mundiales, una creciente interdependencia y la internacionalización de la economía. Frente a las profundas transformaciones de la comunidad de naciones, es preciso que América Latina fortalezca su unidad para aportar, impulsar y promover nuestra concepción sobre el sistema de relaciones internacionales.
"2. Expresar que esa visión latinoamericana del futuro se rige por los compromisos con:
"-el fortalecimiento del principio democrático, y el respeto a los derechos humanos como asiento de la soberanía nacional;
"-la generación de condiciones en favor del desarrollo mundial justo y equilibrado, a manera de impulsar la justicia y el bienestar social entre los pueblos de nuestra América;
"-la consolidación del derecho internacional como el supremo instrumento rector de la convivencia entre las naciones;
"-la preservación del medio ambiente, como responsabilidad global con las generaciones futuras, y
"-el establecimiento de consensos regionales y mundiales para mantener la paz a través de la seguridad colectiva.
"3. Refrendar su vocación en favor de la integración latinoamericana, no sólo como acción política indispensable ante el surgimiento de una gradual multipolaridad, sino por las convicciones compartidas a partir de la geografía, la historia, la cultura y la consideración de similares problemas económicos.
"4. Coincidir en que el objetivo de la integración latinoamericana ha encontrado diversas rutas y elementos para el avance, particularmente en razón de la diversidad que enriquece la unidad esencial de los pueblos latinoamericanos. Por ello, se saludan y reconocen diversos esfuerzos de carácter bilateral o subregional con vocación integracionista.
"5. Impulsar en todos los foros mundiales y regionales la lucha en contra de las desigualdades y la pobreza, con objeto de incrementar las oportunidades de alimentación, salud, educación, empleo y vivienda, para hacer posibles los niveles de bienestar social adecuados a las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos. Es preciso que este postulado se vea fortalecido en la próxima Reunión Cumbre para el Desarrollo Económico y Social, a cuyo éxito comprometerán sus esfuerzos.
"6. Analizar las estrategias más convenientes para impulsar la adecuada inserción de México y Chile en los foros gubernamentales -especialmente el Consejo Económico de Asia-Pacífico (APEC)-, parlamentarios y de empresarios de la Cuenca del Pacífico. Se coincidió en la trascendencia de robustecer la presencia de ambos países en esa zona y de incrementar el intercambio de experiencias y comentarios tendientes a este propósito. De manera específica, la Delegación Mexicana informó sobre la naciente organización regional de parlamentarios y se comprometió a ratificar la proposición que formuló para el ingreso de Chile en el Foro de Parlamentarios de Asia-Pacífico.
"7. Apreciar las implicaciones que para impulsar el crecimiento económico mundial tienen los acuerdos en materia de liberalización de los intercambios comerciales y reiterar la trascendencia de que no impliquen políticas excluyentes para terceros países.
"Al expresar el interés por la participación de su país, la Delegación Chilena se preocupó particularmente por conocer el proceso de formación de consensos, negociación, contenido, mecanismos de solución de controversias y suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre Canadá, los Estados Unidos de América y México, así como las expectativas de incremento de los flujos comerciales y de inversión que dicho instrumento conlleva.
"Por su parte, la Delegación Mexicana presentó una amplia exposición que incorporó el espectro ideológico nacional sobre el tema y estableció que la adopción de dicho tratado trilateral no conforma estancos o mercados cerrados.
"8. Saludar con optimismo la aplicación y operatividad del Acuerdo de Complementación Económica suscrito en 1991, porque ha generado un crecimiento de las corrientes comerciales sin precedentes en América Latina. Se constató que esta circunstancia obedece a la naturaleza complementaria de las economías chilena y mexicana.
"9. Afirmar la idoneidad del Acuerdo de Complementación Económica como un instrumento en pro de la integración latinoamericana, basado en el reconocimiento de elementos homogéneos y heterogéneos de ambos países para contribuir a ese objetivo.
"10. Recomendar a los Ejecutivos de ambos países la reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo con la regularidad necesaria para el tratamiento de los diversos asuntos que requieren planteamiento y solución a través de ese mecanismo.
"En materia de consideraciones específicas, la Delegación Chilena planteó lo siguiente:
"-La posibilidad de que se establezcan condiciones para lograr el incremento de exportaciones de manzanas chilenas; la posibilidad de que el nitrato de potasio de su país se importe en forma más expedita, y se comercialice en forma que destaque su valor para la producción de fertilizantes y superar su catalogación como componente para la fabricación de explosivos; el análisis de las condiciones de mutua competitividad del transporte marítimo de productos de la industria automotriz, y el análisis de la quinta libertad en la cooperación aérea bilateral.
"Por su parte, la Delegación Mexicana especificó su compromiso por recomendar a la parte mexicana en la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica, considere una proposición equitativa para valorar la cuestión de las exportaciones de manzanas chilenas, probablemente mediante una aceleración del calendario de desgravación previsto y la identificación de productos mexicanos para impulsar otras exportaciones, tales como las relacionadas con las industrias automotriz y química, y por analizar en el seno de las Comisiones de trabajo competentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, las limitaciones de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos a las importaciones de nitrato de potasio. Planteó también el problema que se deriva del uso sin autorización de marcas de productos de empresas mexicanas. Por lo que hace a los aspectos de transportación marítima de productos automotrices, señaló que en el marco de la referida Comisión Administradora existen propuestas del Gobierno Mexicano para avanzar en los planteamientos del Gobierno de Chile. En materia de transportación aérea se ofreció transmitir el asunto a las autoridades competentes.
"11. Subrayar la trascendencia de los intercambios culturales, educativos, científicos y tecnológicos para fortalecer las relaciones entre los pueblos chileno y mexicano. Se puso de manifiesto el ánimo por promover programas de difusión educativa y cultural y se coincidió en el compromiso de impulsar la suscripción de acuerdos de intercambio académico y bibliográfico entre las Universidades y centros de educación superior de ambos países, con énfasis en el aprovechamiento de las especializaciones mutuas. Además, se convino en instruir a la Secretaría Permanente para que realice todos los estudios tendientes a promover la concreción de la Universidad Latinoamericana.
"12. Destacar la conveniencia de identificar áreas y programas de interés común en el ámbito de la cooperación científica y tecnológica, con el propósito de aprovechar experiencias y aunar esfuerzos y recursos en los campos de la investigación y el desarrollo de tecnologías.
"13. Reconocer que la importancia y el potencial de la explotación de la pesca en sus respectivas economías es el sustento del Memorándum de Entendimiento en la materia suscrito en 1990. Con esa base, se estableció el compromiso de impulsar la cooperación pesquera mediante una mayor inversión y la evolución oportuna del instrumento existente hacia nuevas formas de colaboración.
"14. Condenar reiteradamente las actividades ilícitas vinculadas con la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Se afirmaron los compromisos soberanos de México y Chile para combatir delitos de lesa humanidad derivados de esas conductas, incluida la práctica del lavado de dinero. Se coincidió en la imperiosa necesidad de mantener una cooperación internacional muy estrecha para erradicar estos crímenes y se saludó con simpatía el Convenio Bilateral de Cooperación para Combatir el Narcotráfico y la Farmacodependencia, suscrito en octubre de 1990. También se manifestó la determinación de otorgarle el seguimiento prioritario que merece, mediante el establecimiento de una Subcomisión de trabajo en el marco de las Comisiones a cargo de las reuniones interparlamentarias anuales.
"15. Promover en sus respectivos Congresos el avance del estudio acordado por el Parlamento Latinoamericano para la elección directa de sus miembros.
"16. Establecer un organismo permanente de coordinación para el seguimiento y la consideración de los asuntos a cargo de los encuentros parlamentarios chileno-mexicanos. Este organismo estará integrado por un legislador de cada uno de los Congresos participantes y contará con una Secretaría Técnica Bilateral, conformada por sendos representantes designados por cada una de las Delegaciones. Su dirección será alternada y durará dos años, correspondiéndole en primer término a México. Dicho secretariado se ocupará, además, de facilitar la expedición de las consultas que formulen los organismos técnicos de ambos Congresos, de crear un sistema de transferencia informática legislativa y de promover el intercambio de experiencias de funcionamiento y administrativas.".
Señor Presidente, quiero terminar señalando que ha sido un honor y un agrado presidir la delegación encabezada por el Presidente del Senado, Senador señor Valdés, y destacar la extraordinaria responsabilidad, capacidad y madurez de cada uno de los Honorables parlamentarios que la integraron, tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y que -estimo- redundará en frutos excepcionales para las economías de ambos países. Especial énfasis quiero colocar en la rapidez con que el Diputado señor Vilches durante la reunión informara sobre una consulta formulada por el Gobierno mexicano tocante a un tratamiento técnico de las aguas servidas para el distrito federal de ese país y, también, el extraordinario trabajo del Senador señor Arturo Alessandri, quien diera respuesta, prácticamente en dos horas, a las consultas realizadas respecto a algunas marcas comerciales que estarían siendo mal utilizadas por algunos sectores de nuestro país. De manera -repito- que dejo constancia de esta gira y de los acuerdos alcanzados. Lo hago con mucha satisfacción y respeto hacia todos los Honorables miembros de la delegación.
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El señor VALDÉS (Presidente).-
Hay una modificación, que me permito proponer a la Sala, tocante al trámite anunciado para el proyecto de la Cámara de Diputados relativo a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas. Se destinó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; y ahora se ha solicitado su paso a las de Agricultura; a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
El señor RÍOS.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, creo que éste no es un problema agrícola, sino referido a la organización social del país. Y, por tal motivo, estimo que todos los asuntos atinentes a los indígenas o a la norma legal que los rija tienen vinculación con la organización interna de Chile. Por ello, pienso que debe analizarlo la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, independientemente de que también lo estudien la de Agricultura y otras.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
La señora FREI.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
La señora FREI.-
Señor Presidente, deseo que la Mesa precise la cuestión, porque en la Cuenta se indicó que pasaría a la Comisión de Gobierno.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No, señora Senadora; no pasaría, porque no se ve la razón de dar tratamiento especial a un proyecto que afecta a un sector de los ciudadanos. Lo verían las Comisiones de Constitución -por tratarse de un régimen legal- y la de Agricultura, pues la mayoría de esos conciudadanos trabajan la tierra. Y las normas se refieren básicamente a problemas de tierras. Así lo señala la ley en proyecto. La agricultura es su actividad principal, es obvio. También pasaría a la Comisión de Hacienda, en su caso.
La señora FREI.-
Señor Presidente, comparto la opinión del Honorable señor Ríos. Me parece que la situación indígena la podríamos haber tratado con toda propiedad en la Comisión de Gobierno, porque no tiene que ver ni con la tierra ni con un problema de agricultura. Se relaciona con la organización de nuestro país y con los derechos de un pueblo que habita no sólo en el sur de Chile. Es un problema que también atañe a mi Región.
En consecuencia -como señaló el Senador señor Ríos-, estimó que el asunto compete a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tal vez sería un poco excesivo que la iniciativa fuese analizada en cuatro Comisiones.
El señor PIÑERA.-
¡Señor Presidente, también los indígenas trabajan; de modo que puede ir a la Comisión de Trabajo!
El señor NAVARRETE.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, a mi juicio no debemos efectuar ahora una discusión acerca de los alcances de la iniciativa. Ello corresponde al trámite legislativo.
Por lo demás, estimo que se trata de un tema sobradamente conocido para quienes hemos seguido con mucho interés el destino del proyecto en la Cámara. Por lo tanto, me parece que debemos buscar la mejor forma de tratarlo en el Senado.
La inmensa mayoría del problema indígena en Chile está vinculado a la propiedad de la tierra. Eso es indiscutible. Y muchos de estos indígenas están siendo atendidos por organismos del Ministerio de Agricultura. El tema ha sido vastamente discutido y tratado en entidades relacionadas con el agro. Entonces, considero perfectamente razonable el argumento entregado por los Senadores señora Frei y señor Ríos en cuanto a que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno. Ella tuvo un largo trámite en la Cámara de Diputados. La vio una comisión especial, precisamente, porque no hubo acuerdo respecto a dónde debía ir. De modo que, quizás, el trámite, siguiendo en esa misma línea, sería tratar de conformar una comisión especial, en la cual se encuentren representadas las Comisiones de Constitución, de Gobierno, de Agricultura y, probablemente, otras más. La de Hacienda lo vería en su caso -como sucede respecto a la mayoría de los proyectos-, si corresponde. El análisis de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fundamentalmente es de orden jurídico, constitucional. Y la de Gobierno también tiene que analizarlo, pues efectivamente hay aquí un sector del país que necesita de protección, de fomento especial, de desarrollo. Considero razonable que lo estudie. Pero -reitero- la agricultura indiscutiblemente es una materia que se halla indisolublemente unida al problema de los mapuches y en general al de los indígenas en el país.
Por consiguiente, sin más discusión, quisiera, para un buen tratamiento de este proyecto, que éste sea tratado igualmente por la Comisión de Agricultura, además de las Comisiones ya mencionadas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Entonces, ¿habría acuerdo para satisfacer las peticiones formuladas en el sentido de que la iniciativa pasara a las Comisiones de Gobierno, de Agricultura, de Constitución, Legislación y Justicia, y a la de Hacienda, en su caso?
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
Parte principal del problema de los indígenas en nuestro país lo constituye el tema de la formación educacional de los mismos. Y, por lo tanto, estimo importantísimo ver el modo de prestarles, también, desde ese punto de vista, colaboración, sobre todo cuando el pueblo indígena -especialmente el mapuche en el sur- permanentemente está haciendo ver la necesidad de mantener vigente su propia lengua. Entonces, es conveniente -como ocurre en muchos establecimientos de Chile, donde los jóvenes tienen la oportunidad de aprender Inglés, Alemán, Francés o Italiano- permitir al pueblo mapuche que mantenga su idioma original.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede usar de ella Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, por el bien del sector respecto del cual se quiere legislar -el indígena-, debiéramos buscar un procedimiento ágil y responsable, de manera de compatibilizar ambas cosas. Por supuesto, la iniciativa podría pasar por todas las Comisiones. Pero ojalá lo restringiéramos al menor número de ellas, y que sólo dos y a lo más tres -tres ya es mucho-, lo estudien a fondo. Y los señores Senadores con interés en aportar sus conocimientos y experiencia sobre el tema podrían concurrir a sus debates. Pero no considero un procedimiento adecuado para esta Corporación el que un proyecto sea conocido por cuatro o cinco Comisiones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.
La señora FREI.-
Señor Presidente, el Honorable señor Navarrete propuso una comisión especial. ¿Por qué no se acoge esa sugerencia? ¿Es muy difícil conformarla? ¿Por qué no buscamos algún mecanismo para ello, lo que sería mucho más rápido? Podría haber representantes de las comisiones interesadas. Incluso, el Senador señor Navarrete -quien ha estado más cerca del tema- podría presidir ese organismo de estudio. Repito que no veo la razón de rechazar esa sugerencia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se formaría una comisión especial para el tratamiento de la iniciativa, debiendo los Comités proponer a quienes la conformarían. Y la de Hacienda la vería, en su caso.
Acordado.
NORMAS SOBRE DELITO INFORMÁTICO
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día, figura el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre delito informático, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21a, en 1o de septiembre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 29a, en 26 de enero de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Esta iniciativa tuvo su origen en una moción del Honorable Diputado señor Viera-Gallo. La Comisión la aprobó en general por unanimidad y en particular, con modificaciones. Estas aparecen en las páginas 7 y 8 del respectivo informe.
El texto que sugiere consta de cuatro artículos permanentes, consignados en las páginas 8 y 9 del mismo.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, al leer el texto de la iniciativa, me surge una duda respecto de su artículo 2o -tal vez alguno de los miembros de la Comisión la pueda aclarar-, que establece lo siguiente: "El que sin derecho y con el ánimo de apoderarse indebidamente de la información contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio.".
Actualmente, muchos de los programas en aplicación en el país, como "Word Perfect" o "Windows", son copiados con suma facilidad, lo que, naturalmente, es incorrecto. Mi duda se refiere a si esa norma está relacionada con tal clase de delito.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se pide que algún señor Senador integrante de la Comisión dé una explicación acerca de lo planteado.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, éste es un tema bastante interesante, al igual que el informe pertinente, que terminé de leer esta mañana. La Comisión introdujo cambios al proyecto, recogiendo algunas inquietudes. Inclusive la asociación de empresas que trabajan en ese ámbito hizo ciertos aportes.
Pero existe la necesidad de hacer ciertas precisiones -por ejemplo, qué se entiende por "sistema", o qué son "programas"-, porque, en verdad, la pregunta formulada se refiere a un programa de tales o cuales características.
Entiendo que el esfuerzo realizado se orienta, más que nada, a la apreciación de la globalidad, a un sistema que incorpora diversas técnicas no referidas solamente a la aplicación de ciertos programas, los cuales podrían estar protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, que considera otros elementos.
Por tratarse de un campo un poco más especializado, consulto si se podría postergar para la próxima sesión la discusión del proyecto, a fin de tener a la vista otros antecedentes. Y, aunque no tengo calidad de Comité, pido segunda discusión.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIÚ.- Señor Presidente, deseo adherir al planteamiento del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, por tratarse, en verdad, de un tema muy importante y trascendente. Sería conveniente tener segunda discusión a su respecto.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si no hubiere oposición, la iniciativa queda para ser tratada en segunda discusión en la próxima sesión.
Acordado.
NORMAS SOBRE JUECES ÁRBITROS Y PROCEDIMIENTO ARBITRAL
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En el segundo lugar de la tabla, figura el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, sobre los jueces árbitros y el procedimiento arbitral, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 20a, en 5 de enero de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión, por unanimidad, aprobó en general la iniciativa, y propone una serie de enmiendas al texto primitivo, según dará cuenta el Honorable señor Pacheco, en su calidad de Senador informante.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, en efecto, la Comisión me ha encomendado ser relator de la iniciativa en estudio, que es extraordinariamente compleja y bastante extensa.
Como se señaló, tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, y se inserta en el grupo de enmiendas legales y constitucionales relativas a la administración de justicia.
Su objetivo central es disminuir la demanda de servicios que recae sobre el Poder Judicial, mediante el fortalecimiento y ampliación de la justicia arbitral, que es un mecanismo alternativo eficiente y eficaz para la resolución de conflictos que requieren cierto grado de especialización y experiencia.
Respecto de la sobrecarga en el trabajo de los tribunales de justicia -según se desprende de los discursos pronunciados por los señores Presidentes de la Excelentísima Corte Suprema-, en la última década, prácticamente en todas las Cortes de Apelaciones del país existe un atraso derivado, fundamentalmente, del creciente número de ingreso de causas que se produce año tras año.
El proyecto aspira a conjugar armónicamente los principios de gratuidad y oportunidad de la justicia. Con tal propósito, amplía las materias de arbitraje forzoso u obligatorio, regula el nombramiento de los árbitros y reforma los procedimientos arbitrales.
En cuanto al arbitraje, como se ha indicado, se extiende el ámbito del forzoso, tomando en consideración, básicamente, la cuantía, la especialidad y complejidad de los negocios controvertidos.
Por otra parte, no se suprime ninguno de los casos en que el arbitraje es prohibido.
La Comisión reguló la forma en que el Fisco puede recurrir a esta jurisdicción e incorporó el arbitraje institucional.
Referente a los árbitros, la iniciativa elimina los de Derecho, pasando éstos a tener el carácter de mixtos; regula el nombramiento judicial de los mismos; explicita los casos en que valen las cláusulas compromisorias, y permite la recusación sin expresión de causa, en ciertos casos.
En lo relativo al procedimiento, el proyecto unifica el aplicable a los diversos tipos de arbitraje y a los juicios de cuentas; establece un juicio concentrado, que se inspira en el modelo del proceso laboral; asigna a las normas de este tipo carácter supletorio y complementario de las que acuerden las partes; precisa las reglas sobre instalación de los tribunales arbitrales, notificaciones, plazos y formas para la discusión y la prueba, medidas para mejor resolver, ejecución de las resoluciones, requisitos de las sentencias y recursos, consigna que la prueba se apreciará conforme a las reglas de la sana crítica; hace obligatoria la conciliación; evita que los incidentes y los recursos paralicen el procedimiento, y radica la jurisdicción disciplinaria en las Cortes de Apelaciones.
La Comisión abordó, además, cuestiones como las medidas prejudiciales precautorias y la validez de los actos procesales cuando el árbitro cesa en sus funciones.
Asimismo, compartió plenamente las finalidades del proyecto, por lo que procedió a aprobarlo en general.
La discusión particular -en aspectos de detalle- estuvo basada en sucesivas proposiciones de redacción que, a partir del texto del mensaje, formuló el Ministerio de Justicia.
Además, se tuvieron a la vista dos indicaciones: una, de los Senadores señores Fernández y Letelier; y otra, de los mismos señores Senadores más el Honorable señor Diez, algunas de cuyas ideas fueron incorporadas en el articulado.
El texto que se propone al final fue aprobado por consenso.
El proyecto consta de tres artículos. El Primero reemplaza íntegramente el Título IX del Código Orgánico de Tribunales, referente a los jueces árbitros; el Segundo sustituye todo el Título VIII, del Libro III del Código de Procedimiento Civil, relativo al juicio arbitral, y el Tercero, modifica diversos preceptos legales, a los que nos referiremos más adelante, con el objeto de concordarlos con el espíritu que anima las enmiendas anteriores.
En la medida de lo posible, nos ajustaremos al orden del articulado, procurando ser muy breves, dada la extensión del mismo y del informe respectivo.
El Título IX del Código Orgánico de Tribunales, que incluye los artículos 222 a 243, se titula "De los jueces árbitros". En él se los define y se los clasifica en árbitros de Derecho, árbitros arbitradores y árbitros mixtos; se señala quiénes pueden nombrar árbitros; se fijan los requisitos para ser árbitro; se establecen las materias de arbitraje forzoso, prohibido y permitido; se indican los requisitos que debe reunir el nombramiento de árbitros; se instituyen reglas sobre el lugar y duración del juicio; se disponen preceptos para instalar el tribunal arbitral y para la terminación del arbitraje; se consagra la inhabilitación de los árbitros por causales de implicancia o recusación sobrevinientes; se regula la forma de emitir la sentencia en caso de haber más de un árbitro, y se consigna la forma de admitir los recursos de apelación y casación contra el fallo.
El Artículo Segundo del proyecto contiene modificaciones al Código de Procedimiento Civil, reemplazando el Título VIII de su Libro III, por uno nuevo, que contiene un solo párrafo, denominado "Del Juicio Arbitral", dividido en 17 artículos.
En materia de procedimiento, el texto vigente distingue entre árbitros de Derecho y árbitros arbitradores. El proyecto consulta un sistema uniforme para todo tipo de árbitros, inspirado, como se ha dicho, en el juicio laboral. Estas regulaciones suplen el silencio total o parcial de las partes.
El Artículo Tercero consta de cuatro numerales, e introduce diversas enmiendas a los Códigos Civil, Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, recomienda aprobar el proyecto, cuya relación he querido hacer breve, dada la extensión de la iniciativa. Luego podremos absolver las dudas que ella pueda merecer.
Por último, creo que éste es un paso muy importante y significativo en lo que a arbitraje se refiere y para agilizar la administración de justicia.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en verdad, el que ahora conoce la Sala es el primero de un gran número de proyectos en estudio y que constituyen lo que se denomina "paquete de reformas a la administración de justicia". Uno debe preguntarse si es factible o conveniente que en el Senado estemos conociendo por parcialidades algo que constituye un solo todo.
Tal vez, como ilustración, yo diría que la administración de justicia es como un reloj: tiene distintos engranajes. Cada uno de ellos está calibrado, medido y dimensionado con relación a los otros, para que el conjunto logre cumplir la función que se le asigna. ¿Cuál? Medir la hora. Desde que el reloj fue inventado, pasando por el de arena, no tuvo otra finalidad que la de medir el tiempo. Ha avanzado la modernidad, y hoy día hay relojes atómicos. Sin embargo, cabe preguntarse si la hora ha dejado de tener 60 minutos, o si el minuto ha dejado de tener 60 segundos. ¡No!
Lo mismo ocurre con la administración de justicia. Desde tiempos muy remotos, ha sido necesario solucionar los conflictos que se suscitan entre los hombres. Y esto no ha variado ni va a variar nunca.
El gran problema nuestro es cómo podemos mejorar realmente la forma de administrar justicia para que ella sea eficaz, oportuna, idónea e independiente. Dada la importancia que tiene para mí el tema, y quizás porque de repente es bueno entrar a los conceptos básicos que forman este capitulo del saber jurídico, debo decir que esto se encuentra dentro de lo que se denomina el Derecho Procesal Orgánico, que es parte, también, del Derecho Procesal Constitucional.
La administración de justicia se hace, precisamente, a través de los procedimientos, de los procesos y de los tribunales de justicia. No se gana nada con tener los mejores códigos sustantivos, porque sin una adecuada administración de justicia y un adecuado procedimiento, las normas de esos cuerpos legales, por muy perfectas que sean, no van a poder aplicarse en la práctica.
Por eso los tratadistas, a nivel mundial, han estudiado las bases para administrar justicia. Y yo quisiera resumir esto, para tener, por lo menos, un punto de partida para apreciar las observaciones que me merece el proyecto, o la forma en que en el Senado de la República estamos afrontando el problema de la enmienda del sistema judicial.
La primera pregunta que uno debe hacerse se refiere a cuál es el objeto de la administración de justicia, ya que los jueces árbitros precisamente la administran. Y la finalidad es una sola, que se llama jurisdicción y que persigue solucionar de una vez y para siempre los conflictos de relevancia jurídica que se susciten en el territorio de la República.
¿Cuáles son los conflictos de relevancia jurídica? Aquellos en que real o presuntivamente se imputa a una parte la existencia de una conducta antinormativa.
Y aquí cabe hacer una digresión. La única autoridad constitucional que en Chile puede materializar la obligatoriedad de la ley está constituida por los tribunales de justicia. Ninguna otra autoridad del país puede cumplir tal función: materializar la obligatoriedad de la ley. Son los tribunales de justicia quienes tendrán que determinar si se ha actuado en conformidad a la ley o si se la ha violado. Y eso puede hacerse únicamente a través del debido proceso.
En otras palabras: en todo conflicto de relevancia jurídica va envuelta la interrogante de si ha existido o no violación de la ley, y, de establecerse la ocurrencia de tal violación, materializar la obligatoriedad de la ley adoptando las medidas necesarias para ello y para la indemnización de perjuicios que tal infracción hubiere provocado.
De otro lado, es preciso señalar que los conflictos de relevancia jurídica se suscitan no sólo entre particulares, sino también entre una autoridad y un particular, y entre autoridades u organismos públicos entre sí.
Es importante detenerse en este punto. Porque no toda controversia, no toda discrepancia entre partes es objeto de la jurisdicción. Solamente lo son, y caben dentro de la administración de justicia, aquellos conflictos en que está envuelta la aplicación de la ley o de un principio normativo, o su violación. No podría, por ejemplo, un tribunal determinar cuál es el mejor equipo de fútbol; ni cuál de las distintas religiones que existen en el mundo es la verdadera, ya que esos no son conflictos de relevancia jurídica. Tal es la razón de que la jurisdicción sea un atributo de la soberanía; es un poder-deber del Estado.
Y debiéramos preguntarnos más: la administración de justicia, ¿es un servicio más? ¡No, señor Presidente! Es un Poder del Estado. ¿Por qué lo es? Porque en toda organización social hay tres funciones sociales básicas mínimas indispensables. La primera es administrar el órgano social, lo que en nuestra Constitución está entregado al Poder Ejecutivo. La segunda es determinar las normas de conducta por las cuales se regirá este órgano; es el Poder Legislativo, hoy Cámara de Diputados y Senado de la República. Y el tercer elemento fundamental, que debe llenar la necesidad más básica, consiste en mantener la paz y la convivencia en sociedad a través de la solución de los conflictos, materia entregada al Poder Judicial.
Por eso, se conocen distintas maneras de solucionar los conflictos. Primitivamente se aplicaba la llamada autotutela: la ley de la fuerza; "Yo me impongo hacerme justicia". Incluso se llegaba a la ley del talión, "ojo por ojo, diente por diente". Después los hombres entendimos que los conflictos pueden y deben solucionarse de común acuerdo: fue la autocomposición, en que las partes no necesariamente tienen que llegar a un tribunal que les resuelva el problema. Pero, si las partes por sí mismas no pueden hacerlo, obviamente tenía que existir dentro de la organización del Estado un poder, una autoridad que actuara para evitar los conflictos sociales. Eso es lo que se denomina la jurisdicción. Es un poder-deber del Estado, indelegable, intransable, insustituible, porque es parte de la soberanía.
Sus Señorías se preguntarán por qué me estoy refiriendo a esto. La razón es muy simple: porque en el proyecto que vamos a estudiar se inserta una norma que, en el fondo, viene a significar privatización de la justicia; quitar al Estado esa facultad, poder y deber, para entregarla a particulares. Y esto se hace en forma obligatoria.
No quiero detenerme ahora en el análisis particular del proyecto, porque en su oportunidad tendremos que hacer las indicaciones correspondientes. Pero sí quiero señalar estas ideas porque me importa mucho que el Senado tome clara conciencia de lo que estamos haciendo y poniendo en juego cuando tratamos estas iniciativas en forma separada. Estamos analizando precisamente el Poder del Estado que mantiene la paz y la convivencia social.
Conforme a la doctrina uniforme de todos los tratadistas nacionales y extranjeros, las características de una administración de justicia moderna son las siguientes:
1o) La legalidad, que consiste en resolver con arreglo a la Constitución y a la ley, como lo requiere un Estado de Derecho;
2o) La independencia, por la cual la justicia debe ser soberana en la aplicación de la ley y no estar sujeta a influencia o intromisión alguna en sus funciones por parte de algún otro Poder del Estado;
3o) La imparcialidad, que le permite resolver los conflictos con prescindencia absoluta de la calidad, dignidad, rango, jerarquía, funciones o medios de las partes involucradas;
4o) La efectividad, esto es, que tenga el imperio necesario para hacer cumplir sus resoluciones;
5o) La idoneidad, lo que significa que ella sea impartida por jueces probos, capaces y eficientes;
6o) La oportunidad, consistente en que el conflicto sea solucionado con la rapidez necesaria para lograr la finalidad propia de la jurisdicción, cual es materializar la obligatoriedad de la ley y mantener la paz y concordia sociales;
7o) La gratuidad, por la cual está al alcance de todos los habitantes de la República, sin distinción alguna. De ahí que la jurisdicción sea una función pública que responde a una necesidad social cuya satisfacción no puede quedar entregada a los medios económicos de las partes involucradas; y
8o) La accesibilidad, lo que significa que todos los ciudadanos pueden recurrir a la justicia, cualquiera que sea su condición social, económica, cultural, racial, religiosa, etcétera.
En el proyecto que hoy vamos a analizar, veremos que uno de estos principios se viola respecto de una de las actividades sociales: se termina la gratuidad de la justicia para un sector de la sociedad chilena, y se creará una justicia para los que no tienen y otra para los que tienen. Esto es realmente un problema de fondo. Podremos solucionarlo para el caso que nos ocupa, pero lo que me inquieta es el hecho de que en el Senado vayamos a analizar separadamente partes de un todo.
Al respecto, señalaré un ejemplo.
Me ha correspondido trabajar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia reemplazando a un Honorable colega, y allí se ha formulado una moción para que los jueces no sean objeto de calificación. Sin embargo, tengo a la mano el informe aprobado por unanimidad en ese órgano de trabajo sobre el proyecto de creación de la Escuela Judicial, el que expresa que todos los miembros del Poder Judicial que estén sujetos a calificación deberán, como requisito para figurar en lista de méritos, destinar a su perfeccionamiento el número mínimo de horas que fija anualmente la Corte Suprema.
Si se aprueba la idea de que no habrá calificaciones para los jueces, todo lo que se trabajó en el citado proyecto, que hoy está en la Comisión de Hacienda y que luego tendremos que conocer en la Sala, será letra muerta y tiempo perdido para el Senado y la Comisión.
Señor Presidente, la administración de justicia es un problema complejísimo. Entiendo clara y perfectamente las dificultades que afrontan los Honorables miembros del Senado, y especialmente los de la Comisión de Constitución -que tienen que despachar proyecto tras proyecto- para tener siempre una concepción precisa de las iniciativas que se les están encomendando para su estudio, y lograr que esta obra sea unitaria. Creo sinceramente que la labor que desempeña esa Comisión es extraordinaria. Pero debiéramos tener a la vista todos los proyectos estudiados separadamente, para posibilitar un examen de la coordinación que guardan entre ellos, a fin de que el Senado analice la conclusión final de las distintas materias tratadas en Comisiones.
Se nos va a pedir que formulemos indicaciones al proyecto. Puedo decir que yo tengo preparadas las que presentaré, las que incluso he entregado al señor Coordinador del Gobierno para que las conozca. No es ése mi problema. Mi inquietud se refiere a que, posiblemente, si estas indicaciones no están conjugadas con otras normas que despacharemos más adelante, se producirán contradicciones y no concatenación de los preceptos.
Haré una pregunta. Estamos hablando de la carrera judicial, de la organización del Poder Judicial. ¿Vamos a incorporar a él a los jueces vecinales? ¿O éstos van a ser algo distinto? ¿Qué va a pasar con los jueces de policía local? ¿O el propósito es conformar un todo?
Cuando uno empieza a desglosar las materias, olvidando la línea directriz, de conjunto, global, es posible que se cometan errores. Por eso he levantado mi voz en esta oportunidad. Debo subrayar el hecho de que ésta es una cuestión de Estado; no un asunto político. Se trata del futuro de una institucionalidad. Sin un Poder Judicial eficaz, idóneo, independiente y oportuno no hay Estado de Derecho. Y si no lo hay, tampoco existe democracia. Tal es la trascendencia que tiene la materia.
¿Podemos, realmente, introducir reformas parciales que van afectando el todo, sin mirar en conjunto los diversos proyectos pendientes?
Plantearé sólo algunas interrogantes.
No quiero referirme a la composición de la Corte Suprema. Tocaré otros aspectos. En la carrera judicial, ¿debe o no existir un curso previo de especialización para poder ingresar? Es una pregunta que el proyecto de Escuela Judicial contesta. Sin embargo, ¿debe o no exigirse un examen psicológico a cada postulante? También el proyecto lo responde. Pero, de aceptarse tales exigencias, ¿deben considerarse, al formarse las ternas, los resultados del curso de especialización y del examen psicológico previos? Son materias tratadas en la iniciativa referente a la carrera judicial, que es distinta de la que está hoy en debate; pero ambas tendrían que estar íntimamente ligadas. Cuando hablamos de los cursos de perfeccionamiento, ¿deben ellos existir? Aquí se dice que sí. No obstante, ¿contemplarán estos cursos requisitos obligatorios para ir ascendiendo en la carrera? Son preguntas que deben contestarse.
Como Sus Señorías pueden colegir de la formulación de estas interrogantes, ambos proyectos deberían estar estrechamente coordinados y ser parte de un solo todo.
Al referirnos a la dependencia de los jueces árbitros, ¿hay que preocuparse de que las facultades que damos a las Cortes de Apelaciones guarden coordinación con lo que estamos haciendo en lo referente a aquellos jueces?
Por todas estas razones, señor Presidente, me parece necesario plantear la necesidad de que estas iniciativas de reforma no sean conocidas por la Sala separadamente. La Comisión tendría que terminar de estudiarlas en su totalidad, con el objeto de presentar un conjunto que pueda apreciarse en su globalidad. Esa es la única manera de cumplir a cabalidad nuestra función de Senadores en una materia tan difícil.
Además, en este proyecto específico, probablemente mi petición no tendrá mayor incidencia, porque se trata de una parte del Código Orgánico que se refiere a la denominada jurisdicción de equidad. Y llegó un procedimiento especial que podría -precisamente porque es un asunto distinto de todo el resto de la judicatura- estudiarse en forma separada, mirando las coincidencias.
En consecuencia, votaré favorablemente la idea de legislar. Pero he aprovechado esta oportunidad (porque éste es el primer proyecto que nos llega) para plantear mi inquietud y para afirmar que, en lo que se refiere al resto de las iniciativas -al estar entrelazadas-, no es admisible que nos pronunciemos separadamente sobre cada una de ellas, o que sus textos nos vayan llegando como gotas. Tenemos que estudiar el conjunto de lo que apruebe la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si no procedemos así, probablemente enfrentaremos el gravísimo problema que apreciamos hoy: contradicciones entre lo que se está despachando en la Sala y lo que veremos más adelante, ya aprobado en Comisión.
Si se terminan las calificaciones, habrá que modificar todo lo que propuso la Comisión, que incluye a "todos los miembros del Poder Judicial que estén sujetos a calificación"; si no hay calificación, no habrá obligatoriedad de perfeccionamiento.
Señor Presidente, comprendo la dificultad de la materia; el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo extraordinario de la Comisión. Sólo deseo señalar al paso los antecedentes históricos: los códigos orgánicos de los países, especialmente sus códigos de procedimiento, no han podido hacerse ni perfeccionarse en quincenas ni en meses. A veces han tomado años de trabajo a personas únicamente dedicadas a su estudio, porque, de lo contrario, es imposible, humana y físicamente, cumplir una tarea de esa envergadura.
Expongo estas inquietudes, señor Presidente, porque creo que el tema de las reformas a la administración de justicia es, tal vez, el asunto más fundamental y de mayor trascendencia para el futuro institucional del país que le corresponderá conocer al Senado de la República.
No se trata de un problema político. Nadie podría aprovechar la actual situación o las dificultades que afectan al Poder Judicial en beneficio propio. Debemos mirar la administración de justicia, que constituye uno de los más importantes Poderes del Estado, en su proyección futura, cual es el deber ser de esta institucionalidad, y, entonces, por la vía de la forma y de los artículos transitorios, ir coordinando ese deber ser futuro, ese ideal de cómo debe administrarse justicia, con lo que realmente existe, a fin de no lesionar derechos adquiridos.
Por estas razones, señor Presidente, manifiesto que presentaré indicaciones de fondo a este proyecto.
Dejo planteada a los señores Senadores la inquietud de que, con relación a los arbitrajes obligatorios, analicen un nuevo número 4 en reemplazo del propuesto en el informe. Ahora no es la oportunidad de debatir esta materia; pero, sí, pido a Sus Señorías que cuando estudien el proyecto en particular, por favor vean el significado que aquélla puede tener, porque, en definitiva, implica dejar de aplicar la jurisdicción, el poder-deber del Estado, al privatizar una parte de los conflictos que pueden suscitarse. Es como decir: "Señor, hay una Policía que va a ser privada, porque existe gente que la puede pagar".
Hay cosas que no deben privatizarse. Al ciudadano no se le puede quitar el derecho de recurrir a los tribunales de justicia; no se le puede imponer una justicia privada. Esta es una materia que deberemos analizar y estudiar con la debida acuciosidad una vez formuladas las indicaciones.
Al respecto, señor Presidente, aprovecho de solicitar a la Sala que, al menos, se fije un plazo no inferior a 15 días para los efectos de presentar indicaciones.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
La había pedido antes el Senador señor Papi.
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor PAP1.-
: Señor Presidente, comparto la opinión del Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra acerca de la trascendencia y complejidad del tema, y me alegra la conclusión final a que llegó, en cuanto a votar favorablemente el proyecto, pese a sostener que en este ámbito hay muchas materias que no es conveniente tratar por separado. En verdad, existen casos en que esto sí es factible, como ocurre con el tema en debate, que se refiere a un tipo de justicia muy particular: a la justicia arbitral. Esta siempre ha sido reconocida en nuestra institucionalidad, y lo que pretende este proyecto es, simplemente, ampliarla y perfeccionar la normativa que la rige. Por otro lado, como objetivo ulterior, persigue disminuir el recargo de trabajo que tienen los tribunales de justicia, lo que todos hemos reconocido más de una vez en esta Sala.
Es un hecho que en la vida moderna y por la complejidad que ella presenta, hay una enorme cantidad de asuntos que generan controversia y requieren ser conocidos por especialistas altamente calificados, y nada justifica que vayan a la justicia ordinaria, sino que, por el contrario, corresponde que sean conocidos por este tipo ele tribunales especiales. En tal sentido, pienso que el proyecto es un paso importante destinado a agilizar y mejorar nuestra administración de justicia. Desgraciadamente, a veces "lo mejor es enemigo de lo bueno", y si esperamos hasta tener todo el conjunto de enmiendas sobre estas materias, quizás no avanzaríamos. Y esto es algo urgente.
A mi juicio, la Comisión perfeccionó el texto del Ejecutivo en aspectos esenciales. De acuerdo al mensaje, los árbitros pueden ser nombrados por las partes o, en subsidio, por la autoridad judicial, como de hecho ocurre hoy. Ahora, como bien se señaló aquí, se crea el arbitraje institucional, al facultar a un tercero o a una persona jurídica para designar el árbitro.
Creo que la Comisión hizo un aporte significativo al simplificar y hacer más transparente e imparcial la designación de las personas que podrán componer las listas en virtud de las cuales la justicia procederá a realizar el nombramiento de árbitro. Al efecto, recomienda que esto se haga en una audiencia en que cada parte proponga el nombre de cinco abogados. Si las partes no concordaren en un nombre, la designación la efectuará el juez y recaerá en alguna de las personas de la citada lista. Y para formarla, cada Secretario Regional Ministerial de Justicia abrirá un registro en el cual se inscribirán los abogados que cumplan los requisitos que en el precepto se indican, lo que constituye una garantía respecto de la seriedad del profesional que se encargará de cumplir esta delicada función.
Fuera de la eventualidad de someter a arbitraje un asunto actual o futuro designando al árbitro, el proyecto del Ejecutivo contempló la posibilidad de una cláusula compromisoria; vale decir, el compromiso de someter el asunto el día de mañana, si fuere necesario, al conocimiento de un árbitro sin designarlo. Esto viene a alterar la norma general, cuya excepción estaba consagrada ya en la Ley de Sociedades Anónimas. Además, tratándose de arbitraje futuro en que el árbitro se encuentra nombrado, el mensaje establece el derecho de cualquiera de las partes a retractarse de la designación sin expresión de causa y regula el procedimiento para hacerlo. Lamentablemente, en esto no coincido con la Comisión -me parece mucho más atinada la idea del Gobierno-, que reemplazó esta facultad por la de recusar al árbitro sin expresión de causa solamente cuando las cláusulas compromisorias sean parte de un contrato de adhesión. Y para determinar cuáles son estos contratos se recurre a una presunción legal, estimando que son tales los suscritos en un formulario o según un modelo y los que suscriben personas que hacen ofertas al público para celebrar dichos contratos bajo condiciones que ellas mismas habitualmente fijan.
El motivo invocado por la Comisión para introducir esta enmienda es que con esto se limita la posibilidad de recusar al juez y, en consecuencia, de debilitar el sistema arbitral. Pienso que esto constituye un error. En la práctica, quienes ejercemos la profesión de abogado vemos a diario cómo los particulares se ven en la necesidad o en la obligación de suscribir con empresas contratos en los cuales se encuentran en pie de desigualdad, porque la misma empresa sugiere los árbitros, y a los particulares no les cabe sino aceptarlos. También suele suceder que muchos de esos árbitros tienen alguna vinculación de otro tipo con la sociedad que los incluye en el contrato. Y como no es fácil establecer claramente que se está ante un contrato de adhesión, cuando se produce el conflicto el particular se ve enfrentado a tener que aceptar a ese árbitro -de quien nada conoce y en cuyo nombramiento no tuvo participación alguna- y quedar amarrado de manos.
Desde el punto de vista de la experiencia práctica, me parece que la facultad de recusar al árbitro sin expresión de causa es un buen resguardo para el particular en todo tipo de contrato, no sólo en el de adhesión. Podría originar enormes dificultades y un debate previo la necesidad de establecer si se trata o no de un contrato de adhesión. Espero que podamos corregir la disposición pertinente y reponer la del proyecto primitivo del Gobierno.
Tocante a las materias de arbitraje, se ha manifestado preocupación por su amplitud. La verdad es que la iniciativa no va tan lejos como aquí se ha insinuado. Las plantea de la misma manera que en el texto actual en cuanto al arbitraje forzoso u obligatorio y al arbitraje prohibido, sin perjuicio de los casos en que las partes voluntariamente convengan someterse a él. Así, constituirán materia de arbitraje forzoso, aparte las contempladas en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales, las que se agregan en el proyecto y que, en el fondo, son aquellas que cumplan dos requisitos copulativos: que la cuantía sea susceptible de apreciación pecuniaria y exceda de 500 unidades tributarias mensuales -la Comisión la elevó a mil (aproximadamente 16 millones de pesos)-, y, como se ha expresado durante este debate, que se trate de actos y contratos mercantiles o que revistan este carácter para una de las partes. El informe menciona algunos ejemplos.
Fuera de los casos citados, nadie puede ser obligado a someter al juicio de árbitros una contienda judicial.
La Comisión aprobó otra modificación relevante al otorgar al Fisco la posibilidad de aceptar someter una controversia a la decisión de árbitros previo informe favorable del Consejo de Defensa del Estado. Porque en muchas ocasiones hemos visto que en materias que deberían ser solucionadas con rapidez, el hecho de llevarlas a los tribunales ordinarios ha significado un recargo o mayor costo para las partes, en circunstancias de que podrían resolverse en forma mucho más expedita por la vía del arbitraje.
Con relación a las materias de arbitraje prohibido, no existen variaciones importantes respecto de lo actualmente vigente, de modo tal que los temores planteados esta tarde carecen de asidero, tanto respecto del proyecto presentado por el Gobierno como en cuanto a las enmiendas introducidas por la Comisión.
En lo referente al procedimiento, la Comisión aprobó algunas disposiciones muy convenientes. Por ejemplo, se faculta al árbitro para complementar las normas procesales acordadas entre las partes; se contempla la factibilidad de solicitar medidas prejudiciales precautorias al juez que conozca de la gestión para constituir el arbitraje; se concede al árbitro la atribución de dictar medidas para mejor resolver y la posibilidad de admitir cualquier medio de prueba: películas, fotografías, cintas y discos magnéticos, como igualmente la de convocar a varias audiencias de conciliación; se facilita la interposición de los recursos judiciales y la renuncia a los mismos, agregándose que queda afecto a las facultades disciplinarias que ejercen las Cortes de Apelaciones -lo que viene a ser un adecuado resguardo- el desempeño de los jueces árbitros que realizan esas funciones dentro del territorio jurisdiccional de cada Corte.
En síntesis, señor Presidente, las modificaciones a los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimiento Civil contenidas en este proyecto de ley llenan importantes vacíos en materia de juicio arbitral, perfeccionan la normativa en vigor, permiten que el sistema brinde mayor garantía a las partes y, al mismo tiempo, cumplen el objetivo de aliviar la carga de trabajo a los juzgados ordinarios. Por lo demás, la experiencia de arbitraje en materia de comercio marítimo avala esta iniciativa, y, en lo fundamental, las modificaciones propuestas por la Comisión son atingentes y justificadas.
Por los motivos expuestos, señor Presidente, los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente el proyecto, sin perjuicio de formular más adelante algunas indicaciones a su texto.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, considero que la observación que hizo el Senador señor Otero sobre la conveniencia de que pudiéramos estudiar en conjunto la totalidad de las enmiendas relativas al tema judicial con el propósito de mejorar la administración de justicia es un buen deseo, pero atenta contra la finalidad que perseguimos: perfeccionar con urgencia la administración de justicia, donde indiscutiblemente tenemos déficit de gran magnitud.
No creo en la eficacia de la hermenéutica legislativa mencionada por el Honorable colega, en orden a que todo hay que examinarlo al mismo tiempo. Al contrario, estimo que la experiencia en materia de legislación, de formación de la ley e incluso de cuerpos de ley orgánicos ya existentes nos obliga, muchas veces, a analizar partes de una normativa orgánica que creemos necesario modificar y perfeccionar.
Si pretendiéramos hacer el análisis de todas las reformas que se requieren en materia judicial, tal vez ocuparíamos varios períodos parlamentarios para llegar a proponer iniciativas de ley tendientes a lograr el objetivo de contar con un Poder Judicial lo más eficiente posible, a través del cual los ciudadanos pudieran tener acceso a una justicia más eficaz.
Además, en mi concepto, la observación del señor Senador también es contradictoria con el trabajo propio de un Parlamento, de una Comisión y de un Gobierno. Cuando el Ejecutivo envía al Congreso proyectos de ley, los coordina con la legislación existente o con lo que intenta modificar. Y si se trata de 4 ó 5 proyectos paralelos relativos a una materia común, pero que está dividida en diferentes temas que poseen absoluta individualidad, tiene que realizar las coordinaciones y coherencias correspondientes. Por su parte, la Comisión técnica del Senado tiene la misma tarea y la misma obligación.
Por eso, esa argumentación no puede llevarnos a determinar que es extemporáneo o inconveniente debatir ahora este proyecto. Me alegro de que, pese a su planteamiento en tal sentido, la conclusión del Honorable colega haya sido la de no insistir en examinar en conjunto todas las enmiendas en este ámbito, sino anunciar que votará a favor del proyecto en general y que formulará indicaciones a su articulado. Creo que es muy positivo que se presenten indicaciones a los proyectos para tratar de perfeccionarlos, sobre todo si las formulan personas que tienen experiencia en la materia. Personalmente, pienso que la iniciativa se halla inserta dentro del espíritu que está persiguiendo todo el país de mejorar la administración de justicia, al modificar disposiciones específicas y de absoluta identidad respecto del tema del arbitraje, contemplado tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en el de Procedimiento Civil.
De la lectura que uno hace de las normas del proyecto, puede darse cuenta de lo que se persigue. Y me parece que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha hecho un trabajo de gran profundidad y de mucha calidad, sin perjuicio de las observaciones que procedan durante la discusión particular. ¿Qué es lo que se plantea? No es la privatización de la justicia. Y me alegro enormemente de escuchar a un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra que no todo es privatizable. Es bueno hacer esa precisión, puesto que la justicia nunca podrá privatizarse, como tampoco las Fuerzas Armadas ni el Estado, ya que eso sería la contradicción más grande, en términos de exageración.
No se trata, en efecto, de privatizar. Sabemos que el árbitro es una institución de larga data, y no por someter un litigio a su conocimiento se está privatizando el juicio. No es así. Porque lo que se está haciendo es derivar facultades de un órgano judicial del Estado a otro que si bien es ejercido por un individuo o un grupo de personas, no por eso deja de cumplir la función pública de juzgar, puesto que se halla sujeto a la jurisdicción disciplinaria de los tribunales de justicia, sin que pueda hacer lo que desee, aun cuando sea árbitro arbitrador. Y existe la posibilidad de interponer los recursos correspondientes, para evitar abusos.
Por lo tanto, aquí no se trata de un problema de privatización. Si uno lee el artículo 228 que se propone para el Código Orgánico -a mi juicio, precepto muy fundamental-, puede concluir que tiende a desconcentrar la gran cantidad de trabajo que hoy día tienen los tribunales y a derivarla hacia la institución del árbitro. Dice relación a asuntos de orden mercantil y susceptibles de determinación pecuniaria, cuya evaluación exceda los 16 millones de pesos. Sin duda que el árbitro percibirá el honorario que se fije, que no puede quedar sujeto a su discrecionalidad, y que las partes, al igual que en cualquier juicio, tendrán que contratar abogados, quienes también cobrarán por sus servicios. Pero, ¿qué pasará? Esto permitirá a los jueces ordinarios fallar con mayor celeridad respecto de los procesos de menor cuantía, con lo que se hará justicia a gente modesta, y que los árbitros logren una expedición análoga en el desempeño de su cometido.
Cabe recordar que hoy día mucha gente no recurre a los tribunales, porque sabe que demoran largo tiempo en resolver. Como se dice siempre en la jerga judicial, "el peor de los arreglos muchas veces da más resultado que el mejor de los juicios".
Por lo tanto, creo que este proyecto de ley cumplirá una función social importante. No está privatizando la justicia, sino agilizándola. Y sus normas están perfectamente coordinadas con el resto de la legislación. Indiscutiblemente, tanto en la Sala como con motivo del segundo informe que elabore la Comisión podremos hacer los aportes tendientes a perfeccionarlo, para que realmente cumpla su objetivo.
Ahora, si bien la iniciativa coincide con todo lo relacionado con la reforma judicial, desde ya puedo decir que no tiene nada que ver con lo referente a la Escuela Judicial, que estamos estudiando en la Comisión de Hacienda. Estoy seguro de que no hay contradicción entre unas disposiciones y otras, como tampoco con las de otros proyectos. Y si las hubiera, tenemos la obligación de ir corrigiéndolas aquí y de formular las observaciones que se originen en tal sentido.
Me alegro de que este proyecto vaya a ser despachado hoy día y de que no tengamos que abocarnos a analizar en Comisión todas las reformas sobre la materia, porque, a lo mejor, podría haber ocurrido que no aprobáramos ninguna de ellas hasta varios años más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, de la discusión que hemos tenido se desprende que hay acuerdo unánime acerca de la necesidad de garantizar el debido proceso en todos los asuntos judiciales, ya sea en la justicia ordinaria o en los mecanismos especiales de arbitraje, como una condición básica para un Estado de Derecho, el que es un elemento fundamental para la democracia. A mi juicio, esto constituye una preocupación de todos los legisladores y, en forma muy particular, de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a quienes les ha correspondido analizar e informar esta iniciativa. Creo que es importante tener eso presente.
En lo referente a la manera de considerar una reforma judicial, en el sentido de si debe ser por parte o en su globalidad, indudablemente que uno u otro sistema tiene ventajas y desventajas. Si fuéramos capaces de ocuparnos simultáneamente en una modificación integral, sin que eso significara la imposibilidad de llegar a resultados, estaríamos escogiendo el camino óptimo. Y lo anterior no es válido solamente en este ámbito, porque cuando estudiamos iniciativas relacionadas con temas económicos ocurre exactamente lo mismo. Sería extraordinariamente útil poder analizar, por ejemplo, el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación de modo global e integrado. Como ello no se puede hacer, debe dividirse su examen por materias, Ministerios, capítulos, secciones e ítem.
Por eso, señor Presidente, creo que el procedimiento para atender una reforma judicial debe compatibilizar una visión general de lo que se está buscando con la posibilidad concreta de actuar y resolver en aspectos específicos. Y me parece que en el caso particular que hoy día nos ocupa, relacionado con la justicia arbitral, este proyecto, que aspira a armonizar los principios de gratuidad y de oportunidad, constituye un medio adecuado. Por lo demás, si bien se están ampliando los asuntos que pueden ser objeto de arbitraje forzoso, no se innova en algo que es delicado, como es el caso de aquellos en que el arbitraje se halla prohibido.
Quiero recordar al Honorable Senado que en la actualidad, de acuerdo a un informe reciente, cerca de 50 por ciento de los chilenos cree que carece de acceso a la justicia, debido a las múltiples dificultades que para ello se plantean. Y esa circunstancia que detectan las encuestas de opinión es muy poco compatible con un Estado de Derecho. Si los tribunales de justicia, a pesar de los fallos que dictan, se encuentran ante el hecho de que el número de procesos que ingresa es superior al de aquellos que resuelven, significa que estamos frente a una realidad que no tiende a mejorar, sino que, por el contrario, va empeorando. De manera que el proyecto no solamente beneficiará a quienes se acojan a esta modalidad de justicia arbitral -que, sin duda, por la naturaleza mercantil de la materia y por el monto que involucra, serán personas de altos ingresos-, sino, también, a todo ese vasto sector que no recurrirá a ella, pero que podrá acceder en mejor forma a la justicia ordinaria.
Por lo tanto, creo que el texto en debate es extraordinariamente necesario, urgente. Y permite que sea analizado con carácter individual, lo que no implica que deba considerársele de un modo aislado. Indudablemente, cuando tengamos que analizar otras iniciativas -por ejemplo, la referente a la Escuela Judicial- deberemos buscar, identificar y resolver posibles incompatibilidades. Y eso no sólo será responsabilidad de quien prepare los articulados respectivos, pues ella igualmente recaerá en el Honorable Senado.
Junto con anunciar mi voto favorable en general al proyecto, sin perjuicio de las observaciones que podamos formular durante su discusión particular, deseo validar lo que ha sido el método de trabajo empleado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento durante el último año.
Cabe hacer presente que si bien la iniciativa permite su análisis en forma individual, debemos tener mucho cuidado cuando estudiemos el resto de las que se vinculan al Poder Judicial, con el objeto de detectar y resolver -repito - eventuales incompatibilidades e incoherencias.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, la Sala está conociendo del primero de los proyectos relacionados con la reforma al sistema judicial y a los procedimientos, materia que está siendo analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento juntamente con el Ministerio de Justicia y que comprende todos los ámbitos y aspectos ligados a la delicada función de administrar justicia de una manera adecuada y completa. Y ello no sólo se refiere al ámbito procesal y al tema de los árbitros, sino, también, a cuestiones tales como la cantidad de jueces y de tribunales, la remuneración de los magistrados, la formación de éstos, los recursos que se pueden entablar, la integración de los órganos jurisdiccionales, en fin, hasta llegar a los tribunales vecinales, etapa en la cual deberá culminar una reforma de esta naturaleza, con el objeto de que la justicia pueda extenderse, con la prontitud y la eficacia que el caso requiere, a los sectores más apartados y con mayores necesidades.
Precisamente, el sistema arbitral es una de las materias que resulta indispensable modernizar y perfeccionar. Y ésta es la idea que inspira al texto, al igual que al resto de las reformas. Si bien en la Comisión analizamos en cierto momento un proyecto determinado y en ella participan personas que sustentan distintas ideologías y pensamientos, permanentemente tratamos de fijar una unidad de criterio. Y, naturalmente, cuando conocemos de una iniciativa, tenemos siempre en cuenta aquello que deberemos proponer respecto de una venidera, o bien, lo que aprobamos con anterioridad.
Por eso, si bien no existe una unidad física para poder estudiar simultáneamente todos los proyectos involucrados, por la imposibilidad que ello representa, tratamos de concretar una misma forma de enfrentar el problema de la reforma judicial. A este respecto, debo señalar que la gran mayoría de los puntos analizados en la Comisión son aprobados por unanimidad y responden a un amplio consenso de cómo deben abordarse estos temas. De manera que el aporte que puedan hacer todos los sectores, sea asistiendo a sus sesiones o haciendo llegar las observaciones del caso, será debida y justamente apreciado por los miembros de la Comisión, quienes esperamos la contribución necesaria de los señores Senadores, con el objeto de que la presente reforma pueda ser lo más amplia y efectiva posible y, en definitiva, sea despachada con la mayor celeridad -en términos acordes, sí, con el tratamiento de un tema de esta envergadura-, tarea en la que se hallan empeñados el Supremo Gobierno y esta Corporación.
Debe tenerse en cuenta que éste es un proceso que afecta a todo el sistema judicial. No hay ningún aspecto que pueda quedar aparte o ser omitido de entre la multiplicidad de aquellos que deben considerarse en cada una de estas iniciativas. Por lo tanto, creemos que es absolutamente indispensable conseguir, también, la colaboración de los distintos planteles universitarios, a fin de que sus profesores hagan llegar a la Comisión -o a cada uno de los miembros que la conforman- sus aportes, sus inquietudes y los estudios que han realizado en estas materias. Porque, como es sabido por todos, ésta no es la primera vez que se intenta abordar una reforma judicial. Confío en que en esta oportunidad ella se cristalice.
Naturalmente, una vez terminados esta etapa y los proyectos que está analizando la Comisión, no cabe ninguna duda de que habrá que continuar en la misma línea, por cuanto creo que el de la reforma judicial es un proceso dinámico, que requiere que estemos siempre al día, pues las necesidades sociales que satisface la administración de justicia, que son crecientes, deben ser llenadas cada vez con mayor prontitud.
El texto que nos ocupa, ya debatido en general en la Comisión e informado aquí por el Senador señor Pacheco, tiene por objeto perfeccionar, agilizar y modernizar las normas que dicen relación con la justicia arbitral. No estamos ante una iniciativa que conduzca a privar de sus derechos a las personas carentes de recursos -no es el espíritu de la Comisión ni el sentido con que la presentó el Ejecutivo-, sino que se persigue el propósito de contar con un sistema que ayude a la solución de determinados problemas, en los cuales, sin duda alguna, no hay envueltos aspectos relativos a la pobreza, ni en que éstos, aparentemente, se pueden presentar. Se trata, en efecto, de casos en que las partes se hallan en situación de afrontar los gastos que significa un juicio arbitral.
Ahora, para evitar que la materia o las cantidades sometidas al arbitraje obligatorio afecten a personas que no puedan solucionar los problemas económicos que éste trae consigo, tendríamos que buscar los resguardos adecuados para impedir que alguien se vea privado de acceder a la justicia arbitral por razones de esa naturaleza. Al respecto, cabe señalar que en la Comisión analizamos la posibilidad de que el Estado otorgue algún tipo de subvención o beneficio legal -en la misma forma como entrega subsidios habitacionales y de salud- a las personas que carecen de medios, a fin de que puedan recurrir a las instancias arbitrales que correspondan y contratar abogados. Naturalmente, éste es un paso aún incipiente dentro del estudio de la Comisión y que requiere un mayor perfeccionamiento, aparte la consideración del financiamiento que una reforma de esa índole significa. Con esto quiero hacer resaltar que no ha sido intención del Gobierno ni de la Comisión el tratar de privar a nadie del acceso a la justicia por motivos económicos.
Por otra parte, si bien en este tipo de asuntos puede llegar a ser extraordinariamente difícil precisar el límite para determinar en qué casos debe acudirse a un árbitro y en cuáles no, creemos que el estudio razonado y concienzudo que realizamos de cada una de las situaciones nos permite sostener que con las normas aprobadas no se afecta la gratuidad de la justicia en términos de impedir a alguien ejercer sus derechos. Evidentemente, la Comisión está abierta a acoger, a través de las indicaciones, los cambios que sean adecuados para perfeccionar el sistema, porque la idea no es llegar a una privatización, como aquí se ha dicho (la justicia, en definitiva, es una sola), sino agilizar la administración de justicia por la vía de desconcentrar a los tribunales ordinarios de materias que pueden ser vistas por otros, con el objeto de que aquéllos resuelvan los problemas más urgentes y, precisamente, los que tienen los más necesitados.
Asimismo, no debemos olvidar que en un mundo tan interdependiente como el que estamos viviendo, de comercio internacional, los inversionistas y comerciantes extranjeros virtualmente requieren y exigen procedimientos arbitrales eficientes para poder llevar a cabo sus operaciones, siendo muy mal vistos los que no consideran el aludido factor de la interdependencia con que se realizan esas actividades. De tal manera que no puede obviarse el hecho de que Chile, inserto dentro de una comunidad internacional cada vez más dinámica y exigente, también tiene que contar con sistemas compatibles con aquellos que existen en otras partes del mundo para resolver los asuntos comerciales. Y los procedimientos arbitrales que estamos diseñando guardan concordancia con los que se están aplicando en ese nivel. Así que en esta área, de una forma u otra, igualmente estamos recogiendo la experiencia internacional, que estimamos necesaria para los efectos de que nuestro país adquiera mayor presencia y eficiencia en el comercio mundial.
Uno de los puntos que deseo recalcar dice relación con el proceso arbitral propiamente tal, que se ha simplificado y concentrado en términos muy similares al proceso laboral vigente. Y ello obedece a que en este último se ha dictado mucha jurisprudencia, ante la multiplicidad de casos sometidos a sus normas, y a que, a juicio de los especialistas, ha funcionado adecuadamente. Por eso, se pretende aprovechar la experiencia en ese campo, que ha sido provechosa. Creemos que la aplicación uniforme de ese procedimiento va a significar que la justicia arbitral logrará mayor celeridad y eficacia.
Finalmente, pensamos que Chile tiene una tradición muy rica y exitosa en materia arbitral, pues los arbitrajes se han llevado a cabo con mucha eficiencia, diligencia y probidad, de modo que se han prestigiado. No obstante, debe recordarse que estos jueces se hallan sometidos a los tribunales superiores de justicia, ante los cuales cabe la posibilidad de interponer un recurso de queja, para que enmienden las resoluciones abusivas que pudieren mediar en un proceso arbitral.
No voy a entrar en el detalle de cada una de las normas que aprobó la Comisión, pues entiendo que habrá un plazo amplio para hacer observaciones. En lo personal, ya entregué algunas a la Mesa, derivadas del aporte de especialistas.
Creo que este proyecto, con el que se inicia la reforma judicial, brinda la gran oportunidad para que quienes tienen inquietudes en el tema colaboren en el perfeccionamiento de las disposiciones, porque realmente existe la voluntad amplia de todos los sectores que forman parte de la Comisión -y estoy cierto que en el mismo Senado- de lograr una legislación adecuada, moderna y eficiente, que permita concretar los objetivos de justicia que todos anhelamos.
Gracias, señor Presidente.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, las palabras del Senador señor Fernández evitan gran parte de mí intervención.
La verdad es que los países tienen que ir adaptando sus instituciones a las exigencias de los tiempos, a su crecimiento, a su mayor cultura, al cambio de las costumbres, al carácter globalizado de su comercio, etcétera. Lo anterior, sumado a la sensación pública de no tener una justicia eficiente, hace necesario considerar que en un régimen de libertad las decisiones son tomadas por las personas, de modo que, al no derivarse de las determinaciones del Estado, hay muchas más situaciones susceptibles de conflicto, en la medida en que la que se manifiesta es la voluntad de los millones de chilenos que han emprendido sus propias actividades comerciales.
Todo esto, así como muchas razones que ya se han dado y que no vale la pena repetir, ameritaba un examen para ver en qué forma se podía hacer progresar nuestra justicia, sin que ello envolviera un juicio injusto acerca de quienes, con tanto sacrificio, tan poca comprensión social y, a veces, remuneraciones muy exiguas, han dedicado y siguen dedicando su vida a la función judicial. Representantes de este sector estuvieron presentes, sin embargo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. A ella concurrieron el Presidente y cuatro Ministros de la Corte Suprema, los integrantes de la Asociación de Jueces y de la Asociación de Funcionarios Judiciales, además de profesores universitarios, abogados, etcétera. Eso les dio la oportunidad de expresar sus puntos de vista, tanto globales como específicos, sobre las modernizaciones a la justicia, que el Gobierno y el Parlamento de Chile están asumiendo como una obligación de Estado, más que como un programa de carácter político.
Por eso, la Comisión estuvo muy acertada, a mi juicio, cuando eligió un sistema de trabajo que podríamos llamar mixto, que significaba unidad en el análisis y división en las materias, para hacer más factible la cooperación de los demás Senadores a través de indicaciones y un estudio más pormenorizado de los distintos proyectos de ley.
En efecto, durante meses, y en presencia de jueces, funcionarios judiciales y abogados, se examinó globalmente el problema de la justicia, teniendo a la vista todas las iniciativas planteadas tanto por el Gobierno como por los Parlamentarios en relación con el tema. Y sólo con posterioridad se dividieron las materias en partes, transformadas en textos, los cuales, separados en su tratamiento, corresponden a la idea global que se analizó.
Quiero dejar constancia de mi satisfacción por el aporte recibido de la Secretaría de la Comisión; del asesor del Ministerio de Justicia profesor Jorge Correa Sutil; del señor Ministro del ramo, y de muchos abogados que nos han hecho llegar sus puntos de vista sobre distintos aspectos de la reforma judicial, no sólo sobre el arbitraje. Sería una omisión injusta si dejara de agradecer a los profesionales de mi circunscripción, que en cantidad superior a veinte me remitieron trabajos serios y profundos, nacidos de su experiencia en materia judicial, que abarcan desde problemas de ruralidad hasta cuestiones relativas a la gran ciudad, el comportamiento de los jueces y las dificultades procesales.
De esta manera, la Comisión ha venido elaborando proyectos, basados en principios que se relacionan con una visión general acerca de la administración de justicia, que pone a disposición del Senado. La misma Comisión cree que debe darse un plazo largo, no obstante, para que puedan analizarse con calma y formularse las indicaciones correspondientes. No se trata de sacar un texto aprobado con la celeridad de quien busca un éxito político, sino de buscar realmente el perfeccionamiento de las instituciones sobre las que nos estamos pronunciando.
Y, mientras transcurra el plazo para presentar indicaciones, van a llegar al Senado otros proyectos, de la misma naturaleza y relacionados con la reforma judicial, para que sean objeto de una discusión general. En esta forma se cumple el propósito mixto de la Comisión, de tener una unidad de criterio y, al mismo tiempo, un método que permita el análisis circunstanciado de las iniciativas.
De más está decir que fueron muchos los textos que se cotejaron para llegar al que los señores Senadores tienen delante de sí, tanto del Gobierno como de los distintos miembros de la Comisión, junto con recogerse insinuaciones formuladas por funcionarios del Poder Judicial y por el profesorado universitario. Me refiero al primer informe. Para el segundo, no hay duda de que vamos a recibir una serie de aportes de los señores Senadores, basados en su experiencia, espíritu público y estudio, que serán analizados de acuerdo con la misma idea central por la Comisión, la cual cuenta con la experiencia de jueces, de abogados en ejercicio activo, de profesores, y procede en conversación directa con el Gobierno, cuyo Jefe es también un abogado vinculado al Poder Judicial, a la cátedra y al ejercicio profesional.
Quizá en pocas oportunidades se pueda legislar con mayor tranquilidad, sin que existan declaraciones políticas o extremas sobre la materia, como en esta ocasión. Y como estas iniciativas, sobre todo en su primer informe, son incompletas, la Comisión recibirá con satisfacción las ideas de los señores Senadores destinadas a subsanar cualquier defecto de que adolezca la que ahora examinamos.
En el estudio de este proyecto la Comisión ha tenido en vista la modernización del sistema, la simplificación del procedimiento, la realidad factible -no teórica- de las normas del debido proceso. Si respecto de todas estas materias se presentan indicaciones tendientes a proteger los derechos de las personas, las referidas normas y la participación de los sectores más desposeídos, no cabe duda de que serán recibidas -no sólo en esta iniciativa, sino también en las demás- con el mismo espíritu (sin prejuicios ni amor propio de ninguna especie) con que la Comisión ha venido trabajando durante meses en este proyecto, cuyo análisis circunstanciado haremos en la discusión particular.
La idea central de la iniciativa es la de que un sector de la población, por su cultura, sus medios económicos y la naturaleza de sus negocios puede, así como prevé la ejecución de éstos, financiar la solución de las dificultades que los mismos originan. Pero en ella no se ha suprimido ninguno de los casos de arbitraje prohibido en nuestra legislación, que afectan a situaciones de orden público, de menores, de familias, de Derecho Penal, de Derecho Tributario, de juicios individuales del trabajo, por nombrar sólo algunos. Hemos mantenido la prohibición de someter tales casos a arbitraje, pues estimamos que en ellos sí es imprescindible la justicia en manos del Estado, no sólo porque es gratuita, sino además porque eso permite contar con un sistema de atención eficiente y con un mecanismo de seguimiento estadístico por parte de los tribunales a fin de garantizar la protección de los sectores que por diversa naturaleza están menos resguardados que otros frente a los efectos del Derecho.
Por eso, sumo gustoso mi voto a esta acción creadora y de construcción, que simboliza muy bien la tradición del Senado de saber distinguir los aspectos políticos de los del Estado y de saber construir la verdadera unidad nacional, la cual no se logra con discursos, sino fundamentalmente cuando se suman los esfuerzos a una tarea común que determinada generación ve con claridad.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, el debate general está prácticamente agotado. Por supuesto, concurriré con mi voto a la aprobación de la idea de legislar. Y formularé sólo brevísimas observaciones sobre dos o tres puntos que me interesa destacar, para la consideración del Senado y particularmente de la Comisión que estudiará el proyecto a fin de emitir el segundo informe.
Entro con cierto cuidado a tratar este tema, porque todos sabemos que en él es especialista Su Excelencia el Presidente de la República -en esta materia basó su memoria para recibirse de abogado-, y también que es particularmente versado al respecto el señor Secretario del Senado, distinguido profesor, quien tiene renombre internacional.
Considero sano el principio general que inspira al proyecto. Pero me preocupa un tanto lo referente al sistema ideado para el arbitraje forzoso en materia laboral.
En el campo laboral, la legislación ha procurado reducir al mínimo los casos de arbitraje forzoso, y ellos solamente proceden en un número muy limitado de empresas, a las que no resulta difícil encontrar una nómina de árbitros que puedan constituir los respectivos tribunales.
Como en el informe se hace referencia al procedimiento ideado en materia laboral, debo señalar que el sistema de la nómina de árbitros en asuntos de arbitraje forzoso es bueno en cuanto a la posibilidad de elegir jueces propuestos por ambas partes y ojalá de la mejor ubicación. Sin embargo, tengo mis aprensiones respecto de cómo funcionará este sistema a lo largo del país, debido a que es de aplicación muy general.
Me parece que valdría la pena reflexionar sobre este tema. Seguramente el señor Ministro de Justicia lo ha estudiado, al igual que los integrantes de la Comisión de Constitución. Pero como no soy miembro de ella, ignoro lo ocurrido sobre este punto. Me gustaría que se tuviera presente, porque la clave de un sistema de arbitraje forzoso consiste en tener árbitros de buena calidad, la que es más fácil encontrar en una nómina limitada para resolver determinado número de asuntos, que en una multitud de listas que tal vez deberán formarse regionalmente para ocuparse en una enorme cantidad de materias.
Con esta reflexión, orientada sólo a una mejor consideración del proyecto en su resolución final, reitero mi voto favorable.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, seré muy breve, porque los argumentos dados por los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra justifican plenamente la aprobación general del proyecto.
Esta iniciativa es producto de una gran inquietud vinculada a la eficiencia en la administración de justicia en el mundo actual. Diversas asociaciones de empresarios -la Cámara de la Construcción, entre otras- han estado insistiendo en la necesidad de modificar las normas sobre arbitraje, para facilitar una justicia más oportuna y expedita. Por supuesto, ellas saben que el arbitraje significa -como señaló anteriormente un señor Senador- el pago al juez. Sin embargo, en muchas oportunidades resulta preferible que se pague al árbitro si es de confianza de las partes y puede resolver los conflictos en materias comerciales y económicas con la rapidez que hoy requiere un mundo interrelacionado y en el cual existen países -como el nuestro- que aplican una política abierta de exportaciones y de inversión de capitales muy importante.
Pero eso no significa dejar de lado en el proceso de reforma judicial modificaciones relevantes para otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, los tribunales vecinales son un aporte sustancial para resolver con prontitud problemas de naturaleza diversa que afectan a otras personas.
Como muy bien se ha expresado aquí, el hecho de que un gran número de juicios cuantiosos salga de la esfera de los tribunales ordinarios permanentes alivia el trabajo de éstos y les permite impartir justicia en forma más rápida.
Señor Presidente, deseo terminar señalando que, en la primera semana de febrero, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó en San José de Costa Rica un seminario destinado a examinar la reforma judicial. A ese organismo y al Banco Mundial les preocupa especialmente la situación de la justicia en los países en desarrollo, ya que tener una justicia rápida, oportuna y eficaz implica una ventaja comparativa en el comercio internacional y en los aspectos políticos y sociales, y, además, la solución de los problemas internos de la nación. Y, precisamente, una de las medidas que propusieron los Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, los presidentes de Cortes Supremas y los presidentes de Tribunales Constitucionales que asistieron a dicho seminario fue lograr la utilización, en el procedimiento actual, de tres instituciones que contribuyan a obtener aquella ventaja comparativa: la mediación, la conciliación y el arbitraje.
En el proyecto que presentamos y que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ha tratado con tanta abnegación se contempla el arbitraje. Si no somos capaces de aprobar modificaciones al sistema arbitral, no sólo tendremos problemas en nuestras relaciones políticas, sociales y económicas internacionales, sino también al interior del país. Pero es más: no ejerceremos jurisdicción en nuestro propio territorio, porque en los grandes contratos se exigirá, como ya está ocurriendo, que los árbitros pertenezcan a otros países o a asociaciones internacionales.
Por tanto, la necesidad de legislar sobre esta materia es urgente dentro de todo el proceso de reforma judicial.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, podríamos fijar inmediatamente un plazo para presentar indicaciones.
La señora FELIÚ.-
Sugiero el lunes 29 de marzo.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
La Mesa propone el martes 30, a las 12, pues se trata de una materia importante, que implica la modificación de Códigos.
-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento 29 señores Senadores, y se fija como plazo para presentar indicaciones el martes 30 de marzo, a las 12.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Terminado el Orden del Día.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor URENDA (Vicepresidente),- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor González:
SITUACIÓN DE ESTADIO DE LOS ANDES (QUINTA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informe acerca de la veracidad de la noticia de que el Estadio de Deportes de la ciudad de Los Andes sería destinado a patio receptor de contenedores por la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
"Es del caso señalar que ese estadio es el único que existe en la provincia de Los Andes y presta servicios a la comunidad desde hace más de 85 años.".
)-----------(
Del señor Lagos:
REAJUSTE DE ASIGNACIONES DE ZONA EN PRIMERA REGIÓN
"A su Excelencia el Presidente de la República, para que instruya al señor Ministro de Hacienda sobre la preparación de un proyecto de ley que aumente en 100 por ciento las asignaciones de zona actualmente vigentes en las localidades de la Primera Región en favor de los funcionarios de los Ministerios; Intendencia; Gobernaciones; Servicios Públicos; Fuerzas Armadas; Carabineros e Investigaciones; Municipalidades y servicios traspasados en las áreas de educación, salud y otros; Contraloría General de la República, y Poder Judicial.".
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Radical-Socialdemócrata.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN NOVENA REGIÓN. OFICIOS
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, con los antecedentes que he logrado juntar luego de diversas reuniones sostenidas en la Novena Región de la Araucanía, aprovecho esta oportunidad para someter al conocimiento del Senado una iniciativa que pretende favorecer a familias de escasos recursos que no tienen la posibilidad de acceder a servicios sanitarios tan básicos como el agua potable y el alcantarillado.
Aun cuando se han realizado esfuerzos importantes para aumentar de manera satisfactoria la cobertura de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, debemos reconocer que nos separa todavía una distancia considerable de las metas aceptables.
Es digno de destacarse lo realizado por las empresas del sector en estos dos últimos años, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas y a asegurar una mejor salud especialmente a los sectores más pobres, dotándolos de esos dos elementos tan fundamentales.
Permanentemente se extienden las redes de tales servicios, pero, desafortunadamente, la escasez de recursos económicos de muchos pobladores no les permite instalar su arranque de agua potable o conectarse a la red de alcantarillado. Por tanto, el beneficio no se materializa plenamente y la infraestructura sanitaria, ya establecida su red y en condiciones de entregar servicio, no puede ser utilizada integralmente.
Concretamente, me interesa señalar que en el área urbana de la Novena Región los niveles de cobertura de los servicios alcanzan a 97 por ciento en el caso del agua potable y a 76 por ciento en el del alcantarillado. Sin embargo, estas cifras disminuyen si se consideran los sectores urbanos de menores recursos: poblaciones marginales, campamentos en tránsito, autoconstrucción, etcétera.
En la Región de la Araucanía, especialmente en su capital, la ciudad de Temuco, tenemos sectores que no poseen abastecimiento domiciliario o en los que éste resulta insuficiente, por cuanto lo obtienen mediante pilones de emergencia, los cuales, al ser utilizados por un número de familias mayor que para el que fueron proyectados, entregan un suministro precario y discontinuo.
En lo que a alcantarillado se refiere, son numerosas las viviendas -más de 3 mil 300- que, pese a contar con unión domiciliaria o a tener la red pública frente al bien raíz, no pueden hacer uso del servicio debido a que los escasos recursos no permiten a sus moradores ejecutar las conexiones ni habilitar sus artefactos sanitarios. En su mayoría, ellos cuentan con pozos negros o fosas sépticas, con todos los riesgos que esto implica para la salud.
En función de estos antecedentes, me permito hacer una propuesta, solicitando que se oficie al Ejecutivo a fin de que pueda prestarle su patrocinio.
El total de los fondos sectoriales asignados a la Novena Región que permiten otorgar el subsidio al pago de consumo de agua potable y uso de alcantarillado alcanzó en 1992 a 377 millones 607 mil pesos, cubriendo 35 mil 185 soluciones individuales.
Sin embargo, el avance en la asignación de esos beneficios al 31 de diciembre del año pasado nos muestra que se colocaron 212 millones 892 mil 595 pesos; es decir, se entregaron 30 mil 854 subsidios, lográndose una eficiencia del 87,69 por ciento.
Los recursos no utilizados alcanzaron, entonces, a 164 millones 714 mil 405 pesos.
Las razones que explican la situación señalada son, básicamente, las siguientes:
1.-
Extinción de los beneficios otorgados por las municipalidades, debida a cambio de domicilio fuera de la comuna; a cambio de domicilio dentro de la comuna no informado oportunamente; a pérdida de alguno de los requisitos establecidos para su otorgamiento, o a acumulación de tres cuentas sucesivas insolutas de la parte no subsidiada de las cuentas mensuales.
2.-
Bajo interés de las municipalidades en su otorgamiento, situación que tuvo un vuelco favorable a fines de 1992.
3.-
Desconocimiento de los beneficiarios sobre la importancia del subsidio, pese a todo el apoyo publicitario otorgado al respecto.
4.-
No aplicación por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A. de la totalidad de los ajustes tarifarios contemplados por la ley para el año 1992.
Con esto como base, lo que se propone es que el 100 por ciento de los excedentes de los fondos asignados a cada comuna se inviertan en ella, y por lo tanto regionalmente, destinándolos de inmediato al financiamiento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado de carácter social. Estos recursos serían administrados y orientados por la Intendencia Regional y la respectiva municipalidad, apoyadas técnicamente por la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía (ESSAR S.A.).
Pero la proposición expuesta requiere de una modificación legal. Es necesario hacer un ajuste a la ley N° 18.778 -publicada en el Diario Oficial del 2 de febrero de 1989 y enmendada parcialmente por medio de la ley N° 19.059, del 31 de mayo de 1991- para lograr que se pueda invertir en la respectiva comuna el 100 por ciento de los eventuales excedentes.
En este sentido, tengo a bien sugerir, como alternativa que posibilita lo propuesto, una disposición transitoria adicional, a continuación del artículo 6o, del siguiente tenor:
"Artículo 7o.-
Excepcionalmente a lo dispuesto en el artículo 8o la totalidad de los excedentes de los fondos asignados a la respectiva comuna para la concesión de los subsidios en los términos establecidos en esta ley durante el año 1992, previa visación del Intendente Regional, mediante Decreto del Ministerio de Hacienda, podrán ser destinados por la Municipalidad íntegramente al financiamiento de instalaciones de agua potable y alcantarillado de carácter social en beneficio de sectores de escasos recursos.
"Los eventuales excedentes no utilizados, conforme al inciso anterior, en las respectivas comunas al 30 de junio de 1993 incrementarán el Fondo de Desarrollo Regional de la respectiva región para ser distribuidos con iguales propósitos.".
Señor Presidente, de no materializarse la modificación legal planteada, los recursos disponibles para los objetivos previstos quedarían reducidos a 56 millones 641 mil 48 pesos en la Región de la Araucanía.
Conocidas las necesidades existentes y teniendo en cuenta que los recursos ya fueron asignados, parece razonable llevar a cabo la enmienda sugerida.
Por tal razón, solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, haciéndoles llegar el texto de mi intervención y pidiéndoles que tengan a bien estudiar la posibilidad de patrocinar la norma descrita, a fin de que pueda convertirse en realidad.
Por último, quiero destacar la preocupación que respecto de esta materia ha mostrado la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía, la cual me ha aportado los fundamentos principales de la proposición que hoy he expuesto ante el Senado.
He dicho.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, ¿resta algo de tiempo al Comité Radical-Socialdemócrata?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí, señor Senador.
El señor DÍAZ.-
En ese caso, solicito al Honorable señor Navarrete que me lo ceda.
El señor NAVARRETE.-
Con el mayor agrado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, concuerdo totalmente con lo expuesto por el Honorable señor Navarrete. Estamos ante un problema que tiene íntima relación con el aspecto sanitario. Si podemos estar orgullosos de que en Chile exista un índice tan bajo de cólera y de otras enfermedades infecto-contagiosas, es porque se ha hecho un gran esfuerzo en casi todas las Regiones.
Pero quizás la de la Araucanía es aquella donde las citadas enfermedades tienen mayor repercusión, por las razones que todos conocemos, algunas de las cuales expuso el señor Senador que me antecedió.
Por tanto, creo que esta materia debiera llegar también a conocimiento del señor Ministro de Salud. Y creo que con ello se refuerza la petición del Honorable señor Navarrete, que considero de absoluta justicia. En mi opinión, la inversión en salud es la mejor que podemos hacer.
Nada más.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de ambos señores Senadores, en conformidad al Reglamento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Honorable señora Frei.
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La señora FREI.-
Señor Presidente, ayer se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer.
En 1989, nuestro país suscribió la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, comprometiéndose a poner en práctica sus mandatos.
En Chile vivimos 6 millones 670 mil mujeres, quienes hemos luchado permanentemente por tener igualdad de condiciones de vida y de trabajo con los hombres. Nuestro planteamiento es muy claro. No queremos una disputa de sexos, sino desarrollarnos en plenitud, a fin de que hombre y mujer logremos aquello para lo que fuimos creados: la complementación. De esa manera, al estar cada uno aportando lo mejor de sí en la vida cotidiana, será posible construir una sociedad más justa, equilibrada y solidaria.
Sin duda, cuando pasen los años y la historia sea examinada, se verá con gran nitidez que la velocidad con que la mujer ha estado asumiendo nuevos roles en el mundo a fines de este siglo ha sido notable. Por lo mismo, quisiéramos que el nuevo siglo hallara a la mujer completamente integrada, con todas sus capacidades desarrolladas plenamente, de modo que pueda efectuar su aporte a la sociedad chilena, que conoce de muchas mujeres que a lo largo de los tiempos han contribuido, no sólo a la función pública, sino también a la vida familiar y al crecimiento de nuestra cultura.
Nos parece muy importante el anuncio que hizo ayer el señor Presidente de la República en el Patio de los Naranjos -donde se celebró el aniversario en comento- en el sentido de enviar al Parlamento un proyecto de ley para modificar las normas sobre cálculo del subsidio maternal. Nuestra intención es, no sólo agilizar el trámite de la iniciativa, sino además aprovechar la oportunidad para modernizar todo el sistema del subsidio maternal, a fin de conseguir incluso -estoy trabajando en ello- que la asignación familiar sea cobrada directamente por la mujer y no por su pareja, ya que en muchas oportunidades no llega a sus manos.
En estos años de Gobierno democrático ha habido muchos proyectos de ley, tanto del Ejecutivo como de Parlamentarios, orientados hacia estos temas. Y esperamos que la legislación respectiva se acreciente en lo futuro, porque queremos un país justo y equilibrado, lo cual sólo puede alcanzarse mediante el desarrollo y la creciente integración de la mujer.
En consecuencia, solicito a todos mis Honorables colegas que estén atentos a la llegada de las iniciativas pertinentes y dispuestos a trabajarlas en conjunto y a agilizar su trámite. Porque muchas veces los candidatos a Parlamentarios se acuerdan de las mujeres en los períodos electorales -ellas realizan el trabajo más duro en las campañas políticas- y las olvidan cuando son elegidos.
Por consiguiente, en nombre de todas las votantes, pido a los señores Senadores que agilicen los proyectos de ley que favorecen a quienes pertenecen al sexo femenino.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Las tenemos siempre presentes, señora Senadora.
Corresponde el turno del Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
ANÁLISIS SOBRE AGRICULTURA NACIONAL
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, en esta oportunidad deseo efectuar un análisis de la situación que está viviendo el sector agrícola.
Los problemas serios y urgentes que sufre la actividad agropecuaria nacional plantean la necesidad de definiciones y medidas que no pueden esperar.
La Comisión de Agricultura del Senado, consciente de la gravedad de la situación, acordó, antes del receso, iniciar un estudio en profundidad de los mismos, a fin de colaborar en la búsqueda de soluciones realistas que el país y el sector rural en especial exigen con premura, y para ello espera conocer, tanto de las entidades privadas como del Supremo Gobierno, sus posiciones acerca de la crisis.
Todos los países del mundo, en particular los más desarrollados, motivados al principio por problemas de seguridad alimentaria y del nivel de ingreso de su población rural, han respaldado fuertemente sus economías agrícolas, porque han considerado además esencial para su desarrollo la existencia de sectores rurales que resguarden tradiciones, fortalezcan sus nacionalidades y aseguren una soberanía territorial indispensable por sus localizaciones geográficas. De allí que algunos sostengan con mucho fundamento que en las agriculturas mundiales hoy no existen mercados libres.
Para ello destinan importantes y crecientes subsidios, superiores a 180 mil millones de dólares anuales, lo que se traduce en incrementos artificiales de las producciones internas de dichos países, que a la vez influyen en las ofertas exportables y en la caída de precios de los importantes y variados productos agrícolas. Si se descontaran estos subsidios de los precios, productos como las oleaginosas, carne y trigo deberían subir sus valores entre 25 por ciento y 45 por ciento, lo cual gráfica las importantes distorsiones que ellos provocan.
Estas políticas proteccionistas han crecido como consecuencia del extraordinario desarrollo tecnológico, así como del fuerte diferencial de ingresos entre el sector agropecuario y otros sectores de la economía.
Los esfuerzos por disminuir esos subsidios han fracasado una y otra vez. La Ronda de Uruguay es una clara expresión de esta situación, que genera en países como Francia y otros una resistencia política de difícil manejo, que hace aún más impredecible el futuro de estos proteccionismos. Por otra parte, Europa del Este complicará fuertemente la situación europea, ya que requiere ayuda inmediata y, a fin de evitarle problemas políticos, los países occidentales se verán obligados a darle un tratamiento preferencial.
Las alteraciones de los mercados que actualmente practica el mundo desarrollado en materias agrícolas asumen diversas formas, desde los conocidos "marketing orders" americanos hasta las limitadas cuotas europeas de importación, que cada vez se imponen con mayor rigor a nuestras exportaciones. Al respecto, no quiero dejar de mencionar el problema de las manzanas y el dramático caso de los kiwis.
Situación nacional
La admirable capacidad empresarial de los productores chilenos y la notable aptitud laboral de nuestros trabajadores ha colocado a nuestro país entre los más adelantados del mundo por los rendimientos productivos alcanzados, así como por su impresionante acción de adaptación a las cambiantes condiciones que le impusieron en cinco décadas políticas de las más variadas y contradictorias que economía mundial alguna haya debido soportar.
El proceso de la recuperación agrícola chilena no hubiese podido ser impulsado de no mediar un marco global de la economía alcanzado hace 15 años y que permitiera un respeto a la propiedad privada, un respaldo a la iniciativa individual y reglas estables y claras que consideraran la realidad objetiva del mundo donde corresponde competir, incluyendo bandas de precios y políticas "antidumping" flexibles y adecuadas.
Hasta fines de la década de los ochenta el resultado obtenido por la actividad agropecuaria nos permite abastecernos de productos tradicionales, alcanzando plenamente logros en la sustitución de importaciones que otorga un resultado exitoso en la balanza comercial agrícola y con una capacidad de penetración exportadora hortofrutícola que supera a todos sus competidores del Hemisferio Sur en los exigentes mercados internacionales.
El aumento espectacular de la producción de la década anterior nos inicia en los problemas actuales, en especial con el crecimiento por encima de los requerimientos internos de productos que no tienen en el exterior mercados competitivos y por las distorsiones que provocan los subsidios y proteccionismos externos.
Un triángulo perverso
Si la divisa del ayer era la autarquía para alcanzar una seguridad alimenticia, hoy la clave del futuro es la rentabilidad basada en las ventajas competitivas y comparativas que podamos desarrollar dentro del marco de mercados globalizados y leales que no admitan subsidios ni protecciones abiertas o disfrazadas.
Del mismo modo, y cada día con mayor intensidad, es esencial la mantención de un valor alto del tipo de cambio, en relación con nuestro peso, que artificialmente y por falta de medidas adecuadas ha sufrido una valorización nunca antes experimentada en los últimos 50 años. A lo anterior, hay que advertir la creciente alza, al menos en términos reales, del valor de los insumos necesarios para producir, lo que se traduce en un triángulo perverso de precios internos bajos, costos crecientes y un mercado abiertamente distorsionado por protecciones y bonificaciones de países que no practican la libertad que predican.
Política de Estado: interrogantes para responder
Algunos señalan que estaríamos pagando el precio del éxito de nuestra economía, lo que de algún modo es cierto. Otros se preguntan si Chile en su actual situación, con sus fortalezas y debilidades, puede subsidiar (como lo hacen otros) una actividad importante, pero que pareciera no ser prioritaria en el uso de recursos. Sin embargo, creemos que las verdaderas interrogantes son otras y tienen que ver con definiciones de reglas de juego que corresponde adoptar al Gobierno y que implica redefinir Políticas de Estado para la actividad agropecuaria y dar señales claras acerca de su voluntad política de entender sus problemas y buscarles solución.
¿Quieren el Gobierno y el país darle a su agricultura las condiciones adecuadas que le permitan desenvolverse en un mercado plagado de subsidios, bonificaciones o protecciones?
Esta interrogante es clave y su respuesta no puede ser una simple afirmación o una mera negación, porque ambas contestaciones requieren la adopción de medidas reales, urgentes e integrales que apunten a decisiones activas frente a una "guerra comercial agropecuaria" ya declarada por las naciones desarrolladas. Esta decisión implica revisar integralmente las estrategias de Estado para tener políticas eficaces y oportunas destinadas a combatir el comercio desleal, los subsidios y cualquier otra distorsión que amenace a nuestra producción.
Es esencial igualmente que Chile redefina la política nacional frente al comercio mundial, lo que implica una revisión de la conveniencia de las iniciativas de comercio bilateral que se traducen en aranceles preferenciales y costos/beneficios dudosos para el país.
Iniciar una estrategia de modernización de nuestras empresas agrícolas hacia unidades rentables, apoyando su gestión de reducción de costos totales y beneficiando su productividad. Por su parte, el Estado debe dar señales claras y positivas, a fin de que las expectativas de los productores no se afecten por declaraciones o medidas que no respondan efectivamente a dichas estrategias. La retención del IVA al trigo o al ganado, la división de la agricultura en la denominada economía campesina y la tradicional, las modificaciones del decreto ley N° 701, de forestación, sólo para beneficiar a algunos sectores, la división de la tributación por límites de venta, el otorgamiento de preferencias arancelarias a terceros, son algunos ejemplos de señales negativas.
Mejoramientos en la productividad y competitividad de las agroexportaciones, incorporando tecnologías de punta. La biotecnología y la manipulación genética deben ser investigadas y estudiada su aplicación en el país.
Un avance decidido en las comunicaciones, caminos y puertos que muestran su claro déficit frente a las necesidades de una economía abierta al exterior es otro de los elementos claves para el futuro desarrollo del país, y en particular de los sectores rurales, si requerimos mejoras en encontrar nuevos y mejores "nichos" en los mercados a través de flexibilizar y diversificar nuestra oferta agroexportable.
Ante los márgenes de rentabilidad, a veces inexistentes o a veces muy limitados, cabe un apoyo resuelto a sistemas de comercialización que otorguen transparencia e información a los productores. En ese sentido, es importante destacar la iniciativa que impulsó de crear Bolsas de Productos Agropecuarios, que pronto será ley de la República y que, sin duda, puede contribuir en modo importante a mejorar los términos de la comercialización de productos agroindustriales, así como la normativa de clasificación y tipificación de carnes, cuyo proceso de reglamentación debe agilizarse.
Es fundamental, al menos por el período que duren los proteccionismos internacionales, extender la existencia de bandas de precios para productos agrícolas básicos, como maíz, arroz y cebada. Pero es esencial que las bandas no tengan excepciones, en especial en caso de acuerdos internacionales bilaterales.
Normas de control de calidad, realizado por los propios productores, es también un tema que irá crecientemente asumiendo mayor importancia ante la necesidad de buscar precios por calidad, dado que el actual desafío es vender mejor y no necesariamente producir más.
Las políticas de regionalización del país que deben impulsarse decidida y eficazmente constituyen aspectos favorables para mejorar el "ambiente rural", y se requieren adicionalmente otras medidas, como incentivos tributarios a la instalación de agroindustrias en provincias, o de apoyo a ciudades intermedias o pequeñas en aspectos de educación técnico-profesional, para una juventud rural que busca y necesita mayores y mejores oportunidades.
No podemos dejar de expresar nuestras inquietudes acerca de las anunciadas modificaciones al Código de Aguas y al bosque nativo, que están preocupando fundadamente a los productores, así como respecto de algunas indicaciones de reforma a la legislación laboral que puedan contradecirse con el esquema y marco existentes en nuestra economía.
Por último, quisiéramos referirnos al anunciado programa de "reconversión agrícola", que aún carece de objetivos claros y de un contenido definido.
La urgencia de una situación que, además, es de por sí compleja requiere de una definición muy precisa y de un financiamiento que efectivamente se traduzca en acciones concretas y no en meros enunciados.
El Gobierno no puede seguir sin una definición sobre la crítica situación agrícola.
Solicito adjuntar cuadros estadísticos que ilustran el contenido de este planteamiento.
)----------(
-Los cuadros estadísticos que se pide insertar son los siguientes:
Precio del Dólar
($ por US$ en pesos de diciembre 1992)
Fines de
Valor
% Variación
1986
576,43
1987
548,53
1988
505,85
1989
502,13
1990
448,28
1991
419,46
1992
380,24
-4,9
-4,8
-7,8
-0,7
-10,7
-6,4
-9,4
Fuente: Banco Central de Chile
P.G.B. AGRÍCOLA
(Millones pesos año 1977)
Años
P.G.B. Agrícola
% Crecimiento
% Crecimiento
P.G.B. Total
1986
33.275
1987
34.781
1988
36.780
1989
37.902
1990
39.737
1991
40.194
1992 (estimación)
8,7
5,7
4.5
5,7
5,7
7,4
3.1
10,0
4.8
2,1
1,2
6,0
2,0
10,0
Fuente: Banco Central de Chile
Balanza Comercial Silvoagropecuaria
(Millones US$)
Años
Exportaciones
Importaciones
Saldo
1986
1.121,4
1987
1.392,0
1988
1.681,2
1989
1.822,1
1990
2.155,5
1991
2.193,5
1992 (º)
2.950,0
179,1
942,3
221,6
1.170,4
316,0
1.365,2
300,5
1.521,6
376,7
1.178,8
520,9
2.072,6
700,0
2.250,0
(º) Cifras estimadas
Fuente: Banco Central de Chile
Exportaciones Silvoagropecuarias
(Millones US$)
Años Años
Fruta
fresca
Hortaliz.
Frescas
Frutas y
Hortaliz.
Procesad.
Vinos
Forestales
Otras
TOTAL
1986
477,0
12,0
62,7
12,7
403,1
153,9
1.121,4
1987
527,5
18,6
86,0
17,5
577,3
165,1
1.392,0
1988
582,1
20,4
98,8
22,9
730,1
226,9
1.681,2-
1989
552,7
20,3
151,8
35,4
783,6
278,3
1.822,1
1990
742,7
28,7
197,3
51,5
855,3
280,0
2.155,5
1991
991,9
30,9
258,4
84,2
913,1
315,0
2.593,5
1992 (°)
960,0
25,0
335,0
120,0
1.130,0
380,0
2.950,0
(°) Cifras estimadas
Fuente: Banco Central de Chile
Importaciones Principales Productos Agropecuarios
(Millones US$)
Años Años
Trigo
Maíz
Arroz
Elaborado
Aceite
Vegetal
Azúcar
Carne
Vacuno
Leche
Polvo
TOTAL
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
19,5
4,6
13,9
--
8,6
21,7
85,6
5,3
13,2
27,5
12,5
13,7
8,5
47,4
8,3
4,6
8,6
2,2
11,0
29,5
8,4
18,0
20,3
17,7
26,2
45,5
39,4
54,0 (º)
3,0
5,4
12,8
3,8
49,0
68,5
28,0 (º)
3,5
2,1
4,0
5,8
4,1
19,4
62,6
--
12,9
18,4
24,5
17,8
20,8
40,4
57,6
63,1
102,9
81,0
149,7
237,8
326,4
(°) Cifras estimadas
Fuente: Banco Central de Chile
Cultivos Anuales Esenciales
Superficie (Hás)
Temporada
Superficie
% Variación
1985/86
1,125.830
1986/87
1.199.090
1987/88
1.110.490
1988/89
1.080.990
1989/90
1.059.010
1990/91
965.350
1991/92
955.430
1992/93
828.840
--
6,5
-7,3
-2,7
-2,0
-8,8
-1,0
-13,2
Fuente: INE
Precios de Productos Agrícolas
Variación Real al comparar año 1992 con año 1987
(Porcentaje)
Producto
% Variación
Trigo
-18,9
Maíz
- 3,2
Arroz
-20,1
Maravilla
-31,4
Raps
-26,8
Frejol
-4-0,0
Lenteja
-37,4
Remolacha
-17,5
Fuente: SNA
Retorno a Productor Fruta Fresca
Variación Real al comparar año 1992 con año 1987
(Porcentaje)
Producto
% Variación
Manzana
Richard
-45,9
Granny Smith
-15,1
Pera
Packhams
-33,8
Berry
-72,7
Uva de mesa
Thompson
-70,8
Flame
-51,5
Durazno
-73,2
Nectarín
-32,7
Ciruela
-32,6
Fuente: SNA
)----------(
El señor ROMERO.-
En resumen estos cuadros indican:
1 - Los precios internos de los granos tradicionales y oleaginosas han caído, en términos reales, en forma significativa. Desde 1987 a 1992 el arroz descendió 20,1 por ciento, el trigo 19 por ciento, la remolacha azucarera 17,5 por ciento, los frejoles 49 por ciento y las oleaginosas entre 27 por ciento y 35 por ciento. La carne de vacuno se encuentra 26 por ciento bajo el precio esperado de acuerdo con el tradicional ciclo ganadero chileno.
Los retornos a productores de fruta fresca son negativos, en la variación real, entre 1987 y 1992, arrojando los siguientes porcentajes: duraznos -73,2 por ciento; nectarines y ciruelas -32,6 por ciento; uva de mesa Thompson -70,8 por ciento; Flame -51,5 por ciento, y manzanas Richared -45,9 por ciento y Granny Smith -15 por ciento.
2.-
La superficie total sembrada de cultivos anuales esenciales ha descendido, desde 1987 a 1992, en 35 por ciento (de 1,2 millones de hectáreas a 0,8 millones de hectáreas).
3.-
En carne bovina se va del autoabastecimiento de los últimos años a una importación del 30 por ciento del consumo. Ello a pesar de que, por ser Argentina un país con aftosa, sólo se puede importar carne congelada sin hueso o carne envasada al vacío. Este año se espera incluso que esa cifra supere el 40 por ciento.
4.-
Como consecuencia de todo lo anterior, el incremento del Producto Geográfico Bruto agrícola en 1991 fue sólo de 1,3 por ciento, mientras el Producto Geográfico bruto total alcanzaba 6 por ciento. Para 1992, que acaba de terminar, se espera que el agrícola aumente en 1 por ciento, en tanto el total crecerá cerca de 10 por ciento. La ocupación agrícola, que venía creciendo en los 5 años anteriores a un tasa promedio de 3,5 por ciento anual, descendió, tanto en 1990 como en 1991, en 0,1 y 1 por ciento respectivamente, esperándose sólo 0,7 por ciento para 1992.
5.-
La caída del tipo de cambio influyó en la tasa de crecimiento de las plantaciones frutales, que, de un promedio de 9 por ciento en los últimos 5 años, descendió, a partir de 1988, a una tasa anual de 1,5 por ciento.
Estas ideas, que he formulado en esta hora de Incidentes, son las mismas que, en su oportunidad, hice entrega a Su Excelencia el Presidente de la República en una entrevista a la cual él me invitó para conocer mi posición y mis puntos de vista con relación a materias agrícolas.
Reconozco que el Primer Mandatario ha demostrado un creciente y significativo interés sobre esta materia. Y confío en que las decisiones que se adopten -particularmente en políticas de largo o, al menos, de mediano plazo- sean eficaces, porque un importante número de chilenos vive del sector rural. Y, como ya lo dije en este mismo Senado, creo que sin ese sector, sin agricultura, no hay patria. Así, por lo demás, lo han entendido muchos países.
He dicho
.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Como los demás Comités no harán uso de sus tiempos, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:1.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción