Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 32ª, en jueves 11 de marzo de 1993
Ordinaria
(De 10:45 a 12:48)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y ALBERTO COOPER, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Canutarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-lntyre Mendoza, Ronald
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro Secretario General de Gobierno.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 36 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 24a, 25a, 26a y 27a, especiales, en 19 de enero del presente año las dos primeras, y en 20 del mismo mes y año las siguientes, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 28a, especial, en 21 de enero, se encuentra en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que hace presente la urgencia, con carácter de "simple", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

2.- El que modifica diversas normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal y otras disposiciones legales en materia de seguridad de las personas.

3.- El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo referente al sistema de concesión de obras públicas.

4.- El que faculta al Servicio Nacional de Turismo para integrar personas jurídicas de derecho privado que tengan por finalidad la promoción del turismo en el exterior.
-Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Del señor Jefe de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia dando respuesta a otro enviado en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide relativo a la exención del Impuesto al Valor Agregado a los medicamentos para diabéticos.
-Queda a disposición de los Honorables señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 10, de 1981, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que crea la Empresa de Correos de Chile.
-Queda para tabla y se acuerda tratarlo en la sesión del martes 16 de marzo en curso.
Mociones
De la Honorable señora Soto con la que inicia un proyecto de ley que deroga los incisos cuarto y quinto del artículo 369 del Código Penal.
Del Honorable señor Ortiz con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 19, N° 8, de la Carta Fundamental, relativo al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Con relación al proyecto de reforma constitucional referente a la contaminación, originado en moción del Honorable señor Ortiz, parece razonable enviarlo a la Comisión de Constitución, pero ocurre que también se está tratando una iniciativa sobre el medio ambiente en la de Bienes Nacionales.

El señor DÍEZ.- Es nada más que un asunto constitucional, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- En realidad, desconozco su texto, pero, al parecer, no está relacionado con este último, pues se trataría de una materia únicamente constitucional. De modo que se confirmaría su destinación a la Comisión de Constitución.
-Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
De la Comisión de Defensa Nacional con la que hace presente que acordó, por unanimidad, solicitar el acuerdo de la Sala para viajar los días jueves 18 y viernes 19 del mes en curso a la ciudad de Arica, con el propósito de conocer en el terreno la zona en que incide el proyecto de ley que autoriza a nacionales de países limítrofes para adquirir bienes raíces ubicados en zonas fronterizas.
-Se accede a lo solicitado.
______________

La señora SOTO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora SOTO.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno ha iniciado el estudio del proyecto de ley sobre Juntas de Vecinos, al que el Ejecutivo le fijó urgencia.
Hemos comenzado a sesionar hoy desde temprano, y rogaría al señor Presidente autorizar a la Comisión para que reanude su labor a las 11:30, pues estamos escuchando al señor Ministro Secretario General de Gobierno, don Enrique Correa, quien viajó especialmente de Santiago para estos efectos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Gobierno para sesionar simultáneamente con la Sala.
Acordado.
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



NORMAS SOBRE DELITO INFORMÁTICO


El señor VALDÉS (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre delito informático, que cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y que en la sesión anterior quedó para segunda discusión.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21a, en 1o de septiembre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 29a, en 26 de enero de 1993.
Discusión:
Sesión 31a, en 9 de marzo de 1993 (queda para segunda discusión).
El señor VALDÉS (Presidente).- En la segunda discusión del proyecto, ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Senador señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, ésta es una iniciativa de indudable importancia y novedad y no me merece duda su aprobación en general.
Tan sólo quiero hacer un par de observaciones sobre un aspecto que al parecer no está específicamente contemplado, pero que tal vez convenga incluir en el texto definitivo, motivo por el cual formularé la indicación correspondiente. Sin embargo, como se trata de una materia tan vidriosa y delicada, me anticipo a formular aquí tales consideraciones.
Como es sabido, la informática crea relaciones particularmente nuevas y conductas muy peculiares. En general, el proyecto habla de acciones maliciosas que destruyan o inutilicen un sistema de tratamiento de información, del que tenga el ánimo de apoderarse indebidamente de la contenida en determinado sistema, del que maliciosamente destruya o altere datos almacenados en él, los revele o transmita. Se trata de toda una línea de conductas que fácilmente pueden terminar en una acción delictiva.
Sin embargo, en el proceso informático de la vida empresarial -por lo menos, la experiencia que he tenido en ese ámbito no es muy somera en este punto- se dan mucho situaciones en las que, sin existir malicia, ni intención de causar un daño, o incluso el propósito de apoderarse de cierta información con una finalidad comercial o lucrativa, existe intrusión indebida, es decir, la del que se mete en el asunto porque es una cosa novedosa y desea manejarla, con lo que puede provocar daños inmensos. Una operación mal efectuada, por un descuido, puede borrar información o alterar un proceso, y es dable que ello conduzca a consecuencias realmente impensadas, las que por ser impensadas quedan al margen de toda malicia. Pero ocurre que la imprudencia puede ocasionar perjuicios de proporciones, lo que hace absolutamente necesario evitarlos.
También se da otro fenómeno, que es la tentación del poder. Quien maneja adecuadamente un sistema de información de alguna empresa -e incluso ciertos tipos de esos sistemas- va alcanzando un poder tan grande que su situación tiende a hacerse invulnerable en aquélla. Ha habido casos -quizás ya se mencionaron; por enfermedad, no estuve presente, en la sesión anterior- espectaculares en el mundo de la informática, como el de quienes adoptan ciertas precauciones para la eventualidad de que algo pudiere ocurrirles desde el punto de vista laboral, lo que después trae gravísimas consecuencias. Me parece que el asunto que aconteció con la IBM es bastante famoso: la remoción de un ingeniero de muy alto nivel que tomó sus providencias y dejó inserto en el sistema su mensaje de desquite, el que tuvo efectos mucho tiempo después de su salida de la empresa y causó un daño monumental.
Ahora, esa acción estaría comprendida en el proyecto que estamos discutiendo. Sin embargo, reitero: en quienes están cerca de los sistemas de computación o de informática se genera un deseo de acceder a la información y de tenerla, de manejar lo que otros están manejando; de conocer la clave, por ejemplo, para introducirse en el sistema, porque quien ingresa a él obtiene un poder que puede ser extraordinariamente pernicioso para el buen orden y los fines propios de la computación.
Por esa razón, voy a proponer una indicación -como hace a casi toda la iniciativa, me he atrevido a mencionarla acá- tendiente a sancionar con la pena correspondiente rebajada en un grado al que sin mediar malicia incurriere en las conductas descritas en los artículos 1o y 3o, a fin de provocar el desaliento en quien quiera meterse en esta cosa ajena tan delicada. Porque, como el computador es parecido a una máquina de escribir, entonces, sería cuestión de empeñarse un poco para utilizarlo. Pero ocurre que el daño puede ser enorme. Por consiguiente, no basta sancionar al que actúa maliciosamente, sino que también al que lo hace en forma imprudente o sin derecho, buscando acceder a algo que no le incumbe. Ahí no hay que esperar que se produzca el perjuicio para sancionar: éste debe evitarse, porque puede ser sumamente grave y pernicioso en la vida de las empresas. Y -repito- ésta es la razón por la cual estoy proponiendo una indicación tocante al que incurre sin malicia, pero en definitiva sin derecho, en algunas de las conductas mencionadas en los artículos 1o y 3o de la iniciativa que analizamos.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, en este proyecto se ha señalado un delito -recién lo conversé con el Senador señor Alessandri- que exige un dolo específico. Y por eso se habla de "maliciosamente". Es una materia, por supuesto, discutible. En Derecho siempre se ha debatido acerca de si es necesario entrar a calificar el dolo. Porque para que haya delito es requisito que exista dolo; si no lo hay, aquél no existe.
Sin embargo, algunas personas que concurrieron a la Comisión nos hicieron notar que en este caso había que exigir el dolo específico, por cuanto en ciertas ocasiones podría intervenirse en el sistema informático sin ánimo de causar daño, de revelar o de conocer información. Lo que ocurre es que una vez obtenida ésta puede ser tan relevante que, en definitiva, produzca un daño o perjuicio de importancia. Por otra parte, también representaría un problema de prueba de extraordinaria dificultad.
Planteo el tema del dolo específico frente al dolo genérico, porque es una vieja discusión en el Derecho, que no sólo procede en este caso de los delitos informáticos.
Ahora, una materia que igualmente admite discusión es la conveniencia de que se dicten leyes especiales, y no se modifique el Código Penal. Pienso que una buena norma de técnica legislativa es que los delitos se encuentren contenidos en ese Código, y no en leyes especiales. Y si queremos incluir esta figura, porque se estima que no está contemplada en él, probablemente resulte mejor modificarlo. En todo caso, estos temas se discutieron y respecto de ellos existen legítimas opiniones en ambos sentidos.
En definitiva, el acuerdo de la Comisión fue el que ahora se propone, siguiendo el proyecto iniciado en moción del Diputado señor Viera-Gallo, que buscaba un dolo específico y una ley especial.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, tal como se planteó en el Honorable Senado, la materia de que trata la iniciativa que nos ocupa es sumamente importante. Ella se refiere, en primer término, a un sistema de información novedoso tanto en Chile como en el resto del mundo; y en segundo lugar, pretende crear una figura delictiva para proteger la fidelidad -diría- de los sistemas de información.
Sin embargo, el asunto suscita numerosas interrogantes, entre otras -se ha señalado ya-, que se exigiría en este caso un dolo específico. Y, a decir verdad, la doctrina del Derecho Penal rechaza tal concepto, porque todo dolo es específico, pues requiere la intención de dañar respecto de una figura determinada (el homicidio requiere dolo, y éste es específico del homicidio; las lesiones también lo requieren, es decir, todos los dolos son específicos). También se planteó anteriormente la conveniencia de establecer una figura culposa en la materia; esto es, el hecho del que, sin ánimo de dañar, pudiere causar un perjuicio, por imprudencia o mera negligencia, lo que ya convierte a la figura delictiva que se quiere crear en un delito que puede ser doloso y culposo (o sea, con o sin intención), lo que resulta particularmente grave. Al respecto, recuerdo que sólo en el caso de aquellos contra las personas nuestra legislación sanciona como delito las figuras culposas (cuasidelitos de homicidio, de lesiones, etcétera). Pero no hay tales en los delitos de daño y en las otras figuras penales. Por ello, considero este asunto del mayor interés.
Otro aspecto que igualmente interesa mucho en la materia consiste en determinar el lenguaje que debería utilizarse para describir las figuras penales: uno técnico, o uno comprensivo en general de sistemas de información, o referirse concretamente a los software o hardware.
Por lo anterior, sugiero fijar un término de siete días para los efectos de formular indicaciones a este proyecto, que -reitero- es de sumo interés, por considerar las sanciones a la violación de los sistemas de información, los que hoy día constituyen un medio importantísimo en la adopción de decisiones.

El señor PAPI.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PAPI.- Señor Presidente, sólo para formular una consulta a algún miembro de la Comisión de Constitución, porque si se aclara debidamente la duda no sería necesario presentar una indicación. Ella atañe al artículo 2o, que comienza así: "El que con el ánimo de apoderarse indebidamente". Deduzco que se refiere a utilizar la información en beneficio propio o de terceros. ¿O los miembros de la Comisión entienden que el artículo 4o lo comprende, al señalar: "El que maliciosamente revele o transmita", es decir, incluye esa posibilidad?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, aquí habría que entender que es tanto para sí como para terceros. Así debemos interpretarlo. Y si es necesario para los efectos de la historia fidedigna de la ley, creo que sería conveniente dejar constancia en ese sentido.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, concuerdo con las observaciones de la Honorable señora Feliú en el sentido de que ésta es una iniciativa importante y que merece, además, ser perfeccionada. Y me refiero también a las consideraciones del Senador señor Fernández en cuanto a que el empleo del término "maliciosamente" requiere un dolo específico. A mi juicio, eso podría dificultar la aplicación de la ley. Me parece que tal adverbio debería suprimirse en los distintos artículos, ya que se supone que en el delito hay dolo. Por lo tanto, formularé indicaciones en ese sentido.
Una observación general: habría sido preferible, tal vez, incluir este tipo de delito en el Código Penal, porque están proliferando las leyes que establecen sanciones en diversos casos. Y para eso justamente se hicieron los Códigos. Pienso que, a lo mejor, el Código Penal va a necesitar una revisión muy grande a fin de incorporar en él todo este tipo de delitos que se encuentran en otros cuerpos legales. Porque de lo contrario resultará muy difícil seguir la pista a las tantas leyes que existen sobre figuras penales y que no se hallan en el Código correspondiente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, en general, siempre he sido contraria a establecer nuevas sanciones y nuevos delitos. Creo que la técnica penal moderna va por el sentido opuesto: a confiar siempre más en las personas, y a restringir lo anterior. Pero entiendo que estamos en una etapa distinta y que se precisa de una modificación de las leyes. Sin embargo, considero muy delicada la discusión surgida sobre el término "maliciosamente", que requiere de una prueba especial para determinar el delito.
Otra observación que me parece muy importante dice relación a que esta materia debería estar comprendida en el Código Penal. Leyes específicas, distintas y especiales, fuera de ese Código, dificultan la labor del juez y también la defensa de los inculpados. Por lo tanto, apoyo la petición de la Senadora señora Feliú en el sentido de que se nos dé más plazo para perfeccionar esta moción, que, por lo demás, encuentro muy interesante.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, concuerdo con las observaciones hechas por la Honorable señora Feliú con respecto a cuál debiera ser el lenguaje a utilizar. Una pregunta que formulé con anterioridad, justamente respecto del artículo 2o, a mi juicio, tiene dos respuestas distintas si acaso el lenguaje es técnico absoluto, o si estamos claramente ante nuestro idioma, que debe entenderlo todo el mundo.
Aparte esa consideración, me parece necesario, además, hacer presente que, en las Fuerzas Armadas, toda la parte computacional comprende muchas informaciones secretas y reservadas. Por lo tanto, sería conveniente que en la norma pertinente de la proposición del Senado se colocara la agravante de responsabilidad, cuando las conductas ilícitas involucren la seguridad militar o nacional.
Otro punto, que igualmente puede ser cuestionado, pero que es interesante, es el relativo al conocimiento, accidental o intencional, de datos acerca de un individuo, suponiendo que ello sea impropio de la ética comercial de la organización correspondiente. No sé si conviene que este aspecto se contemple en el texto en debate, o en otro. En todo caso, la liberación de sus datos es muy importante para una persona.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, coincido plenamente con la petición formulada en esta materia por las dos señoras Senadoras, porque, en mi opinión, el tema va mucho más allá de lo que abarca la iniciativa. Cuando en el proyecto se habla de los problemas de la informática, en que se encuentra comprendido el software, tenemos también que entrar a analizar lo que significa el uso indebido de éste. Hoy día, es un hecho claro que cualquier particular puede acceder a un sistema computacional y emplearlo en su propio beneficio. En Europa, una de las estafas millonarias más grandes que ha existido se llevó a cabo porque algunas personas, sin apoderarse del sistema, sin cambiarlo, lo usaron indebidamente, en lo fundamental para las transferencias de fondos; y, después, dieron la orden al sistema de eliminar tal instrucción. Todas estas materias son eminentemente técnicas. En la actualidad, el avance de la tecnología en el área de la informática (software, hardware) es de tal naturaleza, que está creando los problemas más serios, no sólo en el orden penal, sino en una serie de aspectos que incluso inciden en los derechos personales que uno puede tener en cuanto a su privacidad.
Por eso, el proyecto en estudio cubre sólo una parte muy limitada de todo lo que debiéramos abarcar en este capítulo. Además, coincido plenamente con lo señalado acá en cuanto a que esta materia debiera incorporarse al Código Penal. Porque no es un hecho aislado. En la actualidad, todo lo que dice relación a la informática tiene tal extensión y reviste tanta importancia para el desarrollo de los países, que hay que considerar cuáles son las actividades ilícitas que se han cometido y detectado en el mundo. Porque todos los días se está descubriendo una nueva manera de hacer uso ilícito de esos medios. Y, obviamente, no hay extrema urgencia en despachar esta iniciativa ahora, o en dos semanas más, si vamos a dejar sin tratar otros aspectos de igual importancia.
Sería conveniente, entonces, que el Senado tratara ahora todo el tema en profundidad, sin dejar de reconocer los méritos que pueda tener el proyecto. En tal sentido, soy partidario de dar un margen bastante amplio. Y voy a señalar por qué: primero, porque está corriendo el plazo para formular indicaciones al proyecto de reforma judicial sobre los jueces árbitros y procedimiento arbitral, lo cual requerirá de los señores Senadores un estudio profundo, concienzudo y acucioso; luego, porque vendrá otra iniciativa, relacionada con el campo laboral -se va a dar a conocer la próxima semana al Senado-, a la que también tendremos que abocarnos en pocos días, porque es importantísima para la economía nacional, y el Gobierno tiene urgencia en que se despache antes del 1o de mayo.
Por lo tanto, si acordamos cinco o diez días, nos encontraremos con que materialmente no vamos a tener la posibilidad de hacer los estudios pertinentes ni de presentar las indicaciones -algunas realmente importantes- que deben formularse en relación con esta iniciativa.
Por ello, me atrevo a proponer que nos demos un mes de plazo para la formulación de indicaciones, de modo de permitir a quienes tienen interés en la materia incorporar estos otros elementos que no figuran en el proyecto. Si nos limitáramos a analizar su actual texto, estoy de acuerdo en que podríamos hacerlo en dos o tres días; pero con eso no estaríamos cumpliendo nuestra función legislativa, pues, cuando se trata de dictar una ley, debemos agotar la materia, a fin de evitar la dictación de otras sucesivas. Además, obviamente, este asunto debiera ir en un capítulo especial del Código Penal.

El señor VALDÉS (Presidente).- En atención a las exposiciones de los señores Senadores, se aprobaría en general el proyecto, dándose el plazo de un mes para formular indicaciones, el cual vencería el 12 de abril, a las 12.
Acordado.




MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.910, ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto que modifica la Ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 14a, en 4 de agosto de 1992.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 22a, en 12 de enero de 1993.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992.
Hacienda, sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992.
Mixta, sesión 32a, en 11 de marzo de 1993.
Discusión:
Sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992 (se aprueba en general y en particular).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La urgencia de la iniciativa fue calificada de "simple", y tanto la Cámara como el Senado designaron a los miembros que integrarían la Comisión Mixta. En el caso de esta Corporación, fueron los Honorables señores Navarrete, Díaz, Otero (en reemplazo del Senador señor Jarpa), Romero y Sinclair, actuando como Presidente el primero de los mencionados.
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras dicen relación a las letras A) y G) del artículo único del proyecto. En definitiva, respecto de la letra A), la Comisión, por unanimidad, acordó reemplazarla por la que se indica en la página 13 del informe. En cuanto a la letra G), relativa al Consejo Nacional que asesorará al Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, por 4 votos contra 3, se aprobó una indicación formulada por el Honorable señor Navarrete.
La Cámara de Diputados aprobó lo propuesto por la Comisión Mixta, según consta en el oficio N° 1125, de 27 de enero de 1993, que dice lo siguiente:
"La Cámara de Diputados ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Efectivamente, como se expresó, la Comisión Mixta se abocó básicamente a dos aspectos de importancia: uno, respecto del cual hubo acuerdo para ratificar el planteamiento del Senado, en el sentido de precisar perfectamente los objetivos del Instituto de Desarrollo Agropecuario, pues éste no podía actuar cómo entidad comercializadora -es decir, tener participación directa en rubros netamente comerciales-ni competir con el sector privado en labores propias de éste, sino realizar una actividad de asesoramiento en aspectos comerciales de los beneficiarios. En la Comisión Mixta, señalamos la necesidad de definir y precisar el tema, porque incluso se podrían suscitar cuestiones de inconstitucionalidad, ya que, en virtud del principio de subsidiariedad reconocido por la Constitución Política -base de la institucionalidad existente en Chile-, el Estado debe abstenerse de desarrollar las labores que los particulares pueden asumir. Afortunadamente, hubo consenso en este punto y se acogió el texto del Senado.
El segundo aspecto que había suscitado diferencias -incluso, como se dijo, se resolvió en una votación muy estrecha, razón por la cual me permitiré pedir que la Sala se pronuncie en definitiva sobre la materia- dice relación al consejo asesor. Debo recordar que la Cámara de Diputados sugería agregar un artículo 15, nuevo, según el cual "El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario estará asesorado por un Consejo Nacional integrado por representantes de organizaciones de pequeños productores agrícolas y campesinos, con personalidad jurídica, designados por el Ministro de Agricultura por un período de dos años", sin indicar su número. Solamente se precisaba el período de duración de esos personeros, quienes -vuelvo a repetir- estaban propuestos en forma indeterminada.
Como Sus Señorías recordarán, el Senado planteó derechamente la necesidad de un Consejo Nacional, pero perfectamente definido. Quedó integrado, según recuerdo, por tres representantes del Ministerio de Agricultura (podría escogerlos de organizaciones campesinas o de las propias entidades de esa Secretaría de Estado); uno del Ministerio de Planificación y Cooperación; uno del Colegio de Ingenieros Agrónomos; uno del Colegio de Médicos Veterinarios; uno del Colegio de Ingenieros Forestales; uno de la Fundación Chile, y uno de la Asociación de Exportadores de Chile.
Asimismo, esta Alta Corporación introdujo la idea de crear Consejos Regionales conformados por los Secretarios Regionales Ministeriales de Agricultura y de Planificación y Cooperación, y por cinco representantes de las organizaciones de pequeños productores agrícolas y campesinos, con personalidad jurídica, elegidos por sus bases, con a lo menos uno por provincia.
Al tenor del acuerdo del Senado, lo anterior permitiría la existencia de dos niveles: uno, de respaldo al proceso de regionalización y descentralización, con una activa participación de los representantes de las organizaciones de pequeños productores agrícolas -eran cinco, claramente definidos- y que estaría presidido por el SEREMI respectivo; y otro, que sería este Consejo Nacional, de asesoramiento, el cual tendría, como he descrito, una representación de carácter técnico y no una participación directa de los productores. A nivel regional, entonces, se recogían los planteamientos e inquietudes de esos sectores y, en el plano nacional, el Director de INDAP tenía la posibilidad de formarse en aspectos técnicos una opinión fundada tanto del sector privado como del público.
En la Comisión Mixta, algunos representantes de los Diputados en particular y el Senador señor Navarrete hicieron ver la necesidad de que, a nivel nacional, hubiese representación de las entidades de los pequeños productores agrícolas y campesinos, con personalidad jurídica, lo que motivó un importante debate. A este respecto, deseo indicar que no se produjo acuerdo y que, en definitiva, hubo que votar, imponiéndose por 4 votos contra 3 el criterio de que el Consejo Nacional estaría integrado por cinco representantes de las organizaciones de pequeños productores agrícolas y campesinos, con personalidad jurídica, a nivel nacional, designados por ellas. Se eliminó el representante de la Fundación Chile, reemplazándolo por uno de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural -lo planteé, porque me parecía muy importante, dada la trascendencia de la parte educativa-, y suprimiéndose también al representante del Colegio de Ingenieros Forestales.
En resumen, me parece que el planteamiento que en su oportunidad aprobó el Senado parece más racional y coherente, pues consagra la efectiva participación de los pequeños productores, a nivel regional, y tiene una definición de carácter técnico en lo nacional.
Por consiguiente -lo planteo derechamente-, sugiero rechazar el acuerdo de la Comisión Mixta en esta materia, e insistir en el planteamiento de esta Corporación, porque no hay alternativa de modificar la sugerencia de aquélla.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, respecto del proyecto que modifica la ley N° 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, se produjeron divergencias entre ambas Cámaras, como manifestó el Senador señor Romero, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución, se formó una Comisión Mixta.
Las discrepancias surgieron fundamentalmente en cuatro puntos: en el aspecto cultural, en la comercialización, en cuanto a los Consejos Nacionales y en lo relativo a los Consejos Regionales. Respecto de lo primero -que motivó una gran polémica-, se eliminó la palabra "cultural". Nosotros éramos partidarios de mantenerla, porque, a nuestro criterio, permitía ampliar la acción del INDAP en un tema básico.
A este respecto, un Honorable Senador manifestó -según palabras textuales- "que no es adecuada la dispersión de funciones en distintos órganos del Estado y que, en particular, ella es una función que debe ser cumplida por el Ministerio de Educación.".
¿Cuál es nuestra realidad campesina? Que el hombre y la mujer rurales escasamente terminan la educación básica, a veces alcanzan la mitad de la enseñanza media, y quedan abandonados a su propia suerte. Y la verdad es que entre la educación del mundo rural y la del urbano, así como entre el aspecto cultural de ambos, hay una diferencia abismante. La parte cultural respecto del campesino se refiere muchas veces a la descripción del paisaje o a lo folclórico, pero casi nunca va a lo esencial de la cultura campesina.
Por eso, nos parece indispensable mantener el término "cultural", por ser mucho más amplio.
También surgió una discrepancia en el aspecto de la comercialización. ¿Qué creemos al respecto? Que la comercialización perjudica, en el sentido más profundo, a los pequeños y medianos propietarios agrícolas y al mundo rural. Los campesinos saben trabajar la tierra y producen bienes; pero, cuando llega a abordarse el aspecto de la comercialización, indiscutiblemente que no logran los frutos propios de su esfuerzo. El trabajo de ellos es muy arriesgado y tiene resultados impredecibles, pues puede ser afectado por una peste, por la lluvia excesiva, por la sequía o por las heladas. Después de afrontar todas estas dificultades climáticas y de otro orden, deben ocuparse de una fase de un proceso que ellos no manejan.
Muy gráficamente lo dijo el otro día un pescador de Pichilemu: "Necesitamos quien comercialice nuestros productos y que se encargue de los proyectos, porque nosotros somos mariscadores, buceadores, pescadores; no comerciantes ni gente que sepa de proyectos.". El gran riesgo y esfuerzo se ve frustrado en tal sentido, porque no hay quién los asesore. De ninguna manera ello significa competencia con el comercio ya establecido; sólo se trata de que un órgano del Estado vele por el producto de un trabajo esforzado y riesgoso de los campesinos. Ésa es la pretensión.
Otro punto de divergencia lo constituyó la integración del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales. Fuimos y seguimos siendo partidarios de que en tales organizaciones exista más representación del mundo campesino. El primero de esos organismos, que va a asesorar al señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, según entendemos, es de carácter técnico. Pero los trabajadores del campo también saben mucho de agricultura, porque la viven. La integración del Consejo Nacional es de 3 representantes del Ministerio de Agricultura; uno del de Planificación y Cooperación; uno del Colegio de Ingenieros Agrónomos; uno del Colegio de Médicos Veterinarios; uno de la Asociación de Exportadores de Chile, y uno de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural. La suma de todos supera el número de representantes de las organizaciones de pequeños productores agrícolas y campesinos, que van a ser elegidos libre, espontánea y secretamente -según se dice aquí- por sus bases.
Opinamos que debería haber mayor participación del mundo campesino, variando así la composición del Consejo. Según el artículo 15, el Director Nacional estará asesorado por el Consejo Nacional, y los Directores Regionales lo serán por los Consejos Regionales. Deduzco que estos últimos estarán integrados también por el Director, aunque no se diga expresamente; y que el otro será un consejo asesor.
Queremos expresar nuestra profunda satisfacción por el hecho de que el Instituto de Desarrollo Agropecuario pueda volver por sus fueros, que llegaron a ser muy significativos y trascendentes en pasadas épocas, y una herramienta eficaz de apoyo a los campesinos y a los pequeños propietarios agrícolas. Hemos escuchado expresiones muy plausibles sobre su acción en el pasado.
Recuerdo que, en una de sus tantas reuniones, la Comisión de Agricultura escuchó los planteamientos de personeros del pueblo mapuche, quienes expresaron su satisfacción porque este proyecto fuera de nuevo una iniciativa del Ejecutivo y pudiera ser la herramienta eficaz en la que siempre confiaron. Nosotros esperamos que en la Sala se apruebe por unanimidad, como sucedió en la Comisión del Senado, con algunos pequeños reparos. En general, hubo consenso y todos están convencidos de que será una herramienta de valiosa ayuda al campesino, que tanto la requiere en estos momentos.
Escuchamos el otro día la exposición de un señor Senador del Partido Renovación Nacional, relativa a los problemas de la agricultura, especialmente de la tradicional, y de la atendida por los medianos y pequeños propietarios, que no es la más protegida actualmente. Pienso que esto puede ser un elemento que juegue en forma muy importante en favor de los campesinos y de los pequeños propietarios agrícolas.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, al final de mi intervención dije que, tal vez, sería importante insistir en el planteamiento original del Senado. No obstante, analizando el punto, concluyo que, si procediéramos de esa manera y considerando como un todo las materias contenidas en el informe de la Comisión Mixta, cabría la posibilidad de que nos quedáramos sin ley, lo que, naturalmente, no está en los propósitos de nadie.
Por tal motivo, sólo dejaré constancia de lo que hubiera sido deseable y mejor en esta iniciativa. No me parece tan esencial un consejo asesor; pero sí llamo la atención hacia el hecho de que, en el futuro, siempre debiéramos buscar fórmulas que concilien en términos razonables, por una parte, lo técnico; y por otra, la participación gremial.
Por consiguiente, retiro mi proposición final de votar, porque me parece que, dada la mecánica que rige en la materia, debiéramos aprobar el informe de la Comisión Mixta, aunque haciendo constar, con toda la fuerza con que lo he hecho, las divergencias que se plantearon al respecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al acuerdo de la Comisión Mixta para resolver las divergencias entre el Senado y la Cámara.
Después de un largo esfuerzo, en la Comisión de Agricultura se había llegado a una redacción del proyecto con la cual todos los sectores nos sentimos interpretados, especialmente en lo que dice relación a las funciones propias del INDAP. Quiero enfatizar que el propósito de restar las funciones de comercialización y cultural que originalmente se estaban asignando al instituto, obedece a que, en nuestro concepto, el desarrollo social contempla el quehacer cultural del campesinado. Por otra parte, dentro de las tareas de desarrollo empresarial que se imponen al Instituto de Desarrollo Agropecuario, deben considerarse las facilidades que éste puede ofrecer al campesinado para la comercialización de sus productos. Sin embargo, reitero lo manifestado en la Comisión de Agricultura: no es tarea del INDAP la función comercializadora de productos silvoagropecuarios de los pequeños productores rurales.
En cuanto a las discrepancias surgidas sobre la constitución del Consejo Nacional y de los Consejos Regionales entre la moción aprobada por el Senado (en la Comisión y en la Sala) y la propuesta por la Honorable Cámara de Diputados, estimo altamente conveniente el planteamiento de los Senadores de Renovación Nacional en esa Comisión, donde se optó por una representación efectiva a través de distintas organizaciones de la actividad rural del país, y no de personeros designados por el Ministerio de Agricultura. Estimo que los Consejos, tanto el Nacional como los Regionales, van a interpretar especialmente las inquietudes sobre progreso y desarrollo de ese importante sector de la población nacional.
Lamento de veras que dos de los estamentos propuestos como integrantes del Consejo hayan sido rechazados por la Comisión Mixta. Me refiero al Colegio de Ingenieros Forestales y a la Fundación Chile. En el proceso de reconversión de la agricultura chilena, tanto la actividad silvícola como la de incorporar nuevos rubros a la producción de los pequeños agricultores tienen una enorme importancia. Los ingenieros forestales por una parte hubieran contribuido a amortiguar el dañino efecto de la erosión en las pequeñas propiedades rurales; y por la otra la presencia de la Fundación Chile -que ha tenido tanto éxito en la introducción de nuevos cultivos y en la innovación tecnológica no sólo de nuestra agricultura, sino también en otras actividades nacionales- habría resultado importantísima donde justamente se quiere dar una nueva oportunidad a cientos de miles de campesinos y de pequeños productores rurales.
Sin embargo, considero que la composición de los Consejos Nacional y Regionales lograda en la Comisión Mixta supera con creces la propuesta en el proyecto original, y que existe una verdadera representatividad de quienes deben participar en ellos.
Vamos a votar favorablemente el informe, bajo el concepto que discutimos largamente con el señor Director Nacional del INDAP: la tarea que debe cumplir la entidad del Estado en el campo y entre el campesinado chileno es fundamentalmente de desarrollo tecnológico, de progreso social y de colaboración, con el fin de que cada uno de nuestros campesinos, a futuro, puedan alcanzar con su propio esfuerzo el bienestar que muy justamente merecen.

El señor VALDÉS (Presidente).- En atención a lo manifestado y dadas las disposiciones del Reglamento, corresponde al Senado aprobar o rechazar el informe de la Comisión Mixta. Entiendo que la Sala le daría su aprobación.

El señor THAYER.- Señor Presidente, fundamentaré mi abstención. Lo haré en pocas palabras, porque no quiero introducirme en una iniciativa que no me ha correspondido estudiar.
El artículo 15 nuevo, cuando habla de la composición del Consejo Nacional, a mi juicio, incurre en una inadvertencia grave, consistente en establecer en la ley la integración nominativa del Consejo con organizaciones privadas, que son gremiales, de carácter libre, que pueden modificarse, que pueden igualmente cambiar sus objetivos, sus estatutos o su significación. Y por eso siempre he defendido la idea de que, cuando se integran consejos con entidades gremiales, deben serlo con referencia a las más representativas del pertinente sector. Nominativamente sólo pueden integrarse los consejos con organismos públicos. Cuando los colegios profesionales eran públicos, podían, como tales, participar; siendo ahora gremiales, no pueden hacerlo nominativamente, porque en la ley quedan congelados con una determinada significación y, como entidades privadas, pueden cambiar mañana sus objetivos por una finalidad distinta.
Por esa razón, me abstengo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en la página 14 del informe que tenemos a la vista, se menciona al Consejo Nacional integrado, entre otros, por 3 representantes de las instituciones que se indican: por dos públicas, que son las primeras; y por el "Instituto de Investigación Agraria". Tal instituto no existe. Aquel al cual alude el texto -se desprende, por lo demás, de la discusión del informe- es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Éste es el nombre correcto del organismo, de acuerdo al decreto supremo N° 1.288, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de 13 de octubre de 1980. Y así lo menciona también el decreto ley N° 3.277.
Por consiguiente, debe entenderse que la entidad que integrará el Consejo Nacional es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

El señor PAPI.- Eso dice el informe.

La señora FELIÚ.- Cabría ratificar cuál fue el nombre que le dio la Cámara de Diputados al aprobar el informe de la Comisión Mixta. Pero el nombre correcto es el que he indicado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Debo hacer presente a la señora Senadora que en la página 14 del texto, que tengo a la mano, se dice "Instituto de Investigaciones Agropecuarias".

El señor DÍAZ.- En efecto.

El señor LARRE.- ¿Me permite, señor Presidente?
En la página 19 -ya en la parte en que aparece el texto definitivo del proyecto- también figura como Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
El informe fue corregido ayer, justamente porque observamos este detalle.
La señora FELIÚ.- Perfecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Su Señoría tiene uno de los ejemplares no rectificados.
Salvada la situación, y con la abstención del Honorable señor Thayer, cabría dar por aprobado el informe de la Comisión Mixta.
-Se aprueba.


El señor VALDÉS (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa dos peticiones de oficios.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
De la señora Soto:
AUDITORÍA EXTERNA EN REFINERÍA DE PETRÓLEO DE CONCÓN S.A.
"Al señor Ministro de Minería, a fin de que ordene una auditoría externa que contemple la investigación de todos los actos, contratos y gastos realizados por la Refinería de Petróleo de Concón durante los años 1991, 1992 y hasta la fecha, conforme a la nómina que se adjunta.".
VENTA DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL EN REÑACA (QUINTA REGIÓN)
"Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos:
"He tenido conocimiento, por un jubilado del INP, de que existen fuertes rumores que señalan que la institución se encuentra abocada a la venta de un terreno del cual es dueña en Reñaca y que alcanza a las 20 mil hectáreas.
"El referido bien ha sido adquirido con el esfuerzo de miles de imponentes, que ven con gran sentimiento y frustración la posibilidad de una enajenación que va en su perjuicio y en el de la institución.
"Estimo, como Senadora de la Región, que la propiedad señalada podría ser utilizada en la construcción de pequeños departamentos, para ser usados en una política de vacaciones populares, aspiración muy sentida de la población chilena.
"En atención a estas legítimas inquietudes, vengo en solicitar al señor Ministro que nos ilustre acerca de la destinación futura de este bien, y en particular si existe la voluntad de mantenerlo o enajenarlo, y en este último caso, en qué condiciones y para qué se piensa utilizar los fondos que se obtengan en la venta.".
______________

El señor VALDÉS (Presidente).- El primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.

El señor HORMAZÁBAL.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


INCORPORACIÓN DE CHILE A "ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA INVESTIGACIÓN ASTRONÓMICA EN EL HEMISFERIO AUSTRAL" (ESO). PROBLEMAS DERIVADOS DE PETICIÓN DE ANTECEDENTES POR EL SENADO. PROYECTO DE ACUERDO

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, quiero aprovechar los minutos de que disponemos en esta hora de Incidentes para referirme a un tema que me inquieta profundamente, tanto en el ejercicio de la investidura de Senador de la República por la Cuarta Región, de Coquimbo, como en mi calidad de chileno preocupado de lo que significan el avance científico, las buenas relaciones con países amigos y la posibilidad de que las normas de respeto y tolerancia básicas en el contacto entre personas civilizadas siempre puedan tener acogida.
Lo hago, también, porque el Senado se ha convertido en un foro en el cual nos hemos acostumbrado a escuchar argumentos y a respetar las legítimas divergencias que se producen, y porque en el desempeño de nuestra facultad constitucional de legislar contamos con la permanente colaboración de compatriotas de la más variada condición, quienes, actuando en representación de instituciones u organizaciones o por sí mismos, ilustran el quehacer de esta rama del Congreso, con el objeto de que cuanto podamos concluir demuestre, si no la perfección, por lo menos el mayor esfuerzo posible por recoger las legítimas opciones que se expresan en el acontecer humano.
He realizado esta breve invocación, señor Presidente, porque a raíz de un tema planteado aquí por el distinguido Senador señor Alessandri, el Senado conoció de un proyecto de acuerdo que, en síntesis, proponía que esta Honorable Corporación oficiara a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que dispusiera que se aceptara la invitación que la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) formulaba para que Chile se incorporara como país miembro de esa organización intergubernamental, que lleva a cabo actividades de gran nivel científico en el ámbito de la investigación astronómica. En esa oportunidad el Honorable colega aceptó -como es norma entre nosotros- la observación de que un tema de esa envergadura requería contar con antecedentes adicionales, con el propósito de que la decisión que tomáramos fuera lo más fundada posible. Fue así como se postergó el debate de ese proyecto de acuerdo.
Con ocasión de una visita que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social realizó a la Cuarta Región, de Coquimbo -en la que participamos conjuntamente con el Senador señor Cooper-, los dirigentes sindicales del Observatorio La Silla, que pertenece precisamente a la organización intergubernamental mencionada, expusieron algunos problemas que los afectaban. En mi calidad de Senador, les pedí que por favor informaran a esta Corporación respecto de sus legítimos puntos de vista, dado que nosotros no íbamos a adoptar resolución alguna sin escuchar a las distintas partes, ya que, asimismo, esas dificultades nos habían sido planteadas por la comunidad científica chilena, especialmente por profesores del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, y por otros astrónomos que comparten el interés de nuestro país por avanzar en un campo tan emocionante y que, a la vez, requiere de tantos recursos y apoyo tecnológico.
Los dirigentes sindicales de la ESO enviaron una nota a diversos Senadores -ellos me dijeron que la remitieron a todos los miembros del Senado-, fechada el 19 de enero de 1993, en la cual se refieren justamente a la incorporación de Chile como país integrante de la ESO; es decir, al mismo objeto del proyecto de acuerdo presentado antes por el distinguido Senador señor Alessandri.
Con motivo de dicha comunicación, el 5 de febrero de este año esos dirigentes sindicales fueron notificados de despido por el Director General de la organización, que es un destacado profesional que no vive en nuestro país, sino que ejerce las funciones de administración en Europa. Este funcionario, en la misiva de despido enviada a uno de los dirigentes, expresa que la ESO advierte, en la carta que el señor Macchino (presidente del sindicato), junto con el señor Timmermann (tesorero), mandaron a miembros del Senado chileno, que ella contiene puntos de vista críticos para una negociación pendiente, lo que consideran que perjudica los intereses de esa Organización y viola sus reglamentos. Por lo tanto, comunica a los dos dirigentes sindicales chilenos que ha iniciado el procedimiento de su despido.
Señor Presidente, esta situación fue puesta en mi conocimiento, en forma personal y por escrito, por los dirigentes afectados, que se desempeñan en el Observatorio La Silla, ubicado en la comuna de La Higuera de la Cuarta Región, que con el Senador señor Cooper tenemos el honor de representar.
Lo expuesto me generó la obligación -por formar parte del Senado y, además, haber sido yo quien pidió a esos representantes laborales hacernos llegar los antecedentes- de realizar una gestión oficiosa ante los ejecutivos del Observatorio, a quienes respeto y siempre he hecho presente la gran colaboración que han prestado al desarrollo de la investigación chilena e incluso a obras de carácter solidario en nuestra Región. Así lo hice y les solicité que, a fin de que no hubiera derechos afectados cuando correspondiere llevar a cabo el debate que, naturalmente, tiene que suscitarse en esta Corporación cuando se traten las eventuales modificaciones al Tratado respectivo, y a fin de que, además, la discusión de las mismas no esté empañada por imágenes tan desgraciadas como ésta, dejaran sin efecto la medida adoptada contra los dirigentes sindicales, ya que podría ser entendida como una manera de negar el legítimo derecho que tiene el Senado de la República para requerir, a las personas involucradas en los diversos temas, los antecedentes necesarios para una adecuada e ilustrada decisión. En el día de ayer, señor Presidente, el encargado de la ESO en Chile me informó que, lamentablemente, mi petición fue rechazada por el señor Director General, con sede en Europa, por lo cual se mantiene la resolución de despedir a estos dos dirigentes sindicales.
Por otra parte, el 9 de marzo en curso se dio un nuevo paso en la línea de un conflicto jurídico legítimo, que se viene arrastrando por más de 20 años. Se trata de una interpretación relativa a cuáles son los derechos que tiene una organización intergubernamental en lo tocante a la aplicación de la legislación nacional. Aquí están comprendidos, por cierto, importantes principios del Derecho Internacional Público, en cuanto a cómo, de acuerdo a los convenios que se suscriben, se puede entregar la inmunidad de jurisdicción, por ejemplo, respecto de las actividades que efectúan las organizaciones intergubernamentales para el logro preciso de los objetivos para los cuales se crean.
Ocurre que en esta materia ha habido una interpretación armónica y sistemática -llamo la atención del Senado sobre esto- por parte de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores, tanto bajo el Gobierno del General Pinochet como del Presidente Aylwin. Esas Secretarías de Estado, en ambas administraciones, han coincidido en estimar que los términos del Tratado entre Chile y la ESO, discutido y aprobado en los años 63-64, no hacen inaplicable la legislación laboral chilena. Y por eso se ha producido un conflicto en esa organización, puesto que -insisto-, de manera coherente, nuestras entidades especializadas del Trabajo y de Relaciones Exteriores han estimado que el Convenio firmado no contempla la inmunidad de jurisdicción para la ESO, por la forma en que se pactó. Por lo demás, jamás hemos tenido problema en su aplicación, por ejemplo, con la CEPAL, que es el organismo originario, y que el señor Presidente del Senado conoce a cabalidad, porque cuando Su Señoría era Ministro de Relaciones Exteriores, en 1967, se introdujo una enmienda a la situación de la ESO.
No se trata de tener una opinión anticipada, un prejuicio acerca de un tema de debate jurídico que deberá ser resuelto en las instancias pertinentes. Pero esto ha significado que, como la ESO, por más de 20 años -no ahora- ha desconocido la legislación laboral chilena, se han producido permanentes conflictos al interior de la empresa. Se ha llegado, incluso, a recurrir a los procedimientos de queja establecidos en la Organización Internacional del Trabajo para conseguir un pronunciamiento sobre el particular. Y esto también ha trabado una controversia jurídica, porque se entiende que la OIT no sería competente para conocer de reclamos atingentes a situaciones acaecidas en organizaciones intergubernamentales, por lo cual surge, de suyo, la interpretación laboralista de que correspondería que dicha queja se dirigiera o contra los Gobiernos que forman parte del Tratado, o, eventualmente, contra el país anfitrión.
Ése es también otro legítimo tema de debate jurídico, y si el Senado llegase a discutir una materia de esta naturaleza, escucharía a todas las partes involucradas, a fin de que la decisión que se adoptare fuera coherente, tanto con los grandes principios del Derecho Internacional Público, que hay que respetar, cuanto con los elementos de Derecho Internacional del Trabajo que existen y que, a mi juicio, merecen igualmente un nivel de respeto tan elevado como los relativos a las organizaciones indicadas.
En atención a lo anterior, señor Presidente, y fracasada nuestra primera gestión de buena voluntad, junto con los distinguidos Senadores señores Alessandri, Thayer y Cooper, hemos resuelto proponer a esta Corporación el siguiente proyecto de acuerdo:
"Considerando:

"1o.- Que el artículo 1o de la Constitución Política de la República reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad;

"2°.- Que el artículo 19, N° 19°, de la Constitución Política de la República garantiza el derecho de las personas a sindicarse en los casos y formas que señala la ley;

"3o.- Que el mismo artículo 19, en su N° 14°, asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado;

"4o.- Que el Senado, conociendo de un Proyecto de Acuerdo en el que se proponía solicitar a S.E. el Presidente de la República que aceptara la invitación de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral "ESO", para que Chile ingresara a ella, acordó postergar su aprobación para formar parte de ella con el objeto de disponer de más antecedentes;

"5°.- Que diversos señores Senadores pidieron antecedentes a la Comunidad Científica Chilena, a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, de Educación y de Relaciones Exteriores, a la ESO y al Sindicato de Trabajadores de ella;

"6o.- Que con fecha 5 de febrero del año en curso, el Director General de ESO ha procedido a despedir a los dirigentes sindicales que enviaron al Senado los antecedentes solicitados por miembros de esta Corporación, basándose en que esa nota forma parte de una campaña injuriosa en contra de esa Organización y que complica las relaciones con el país anfitrión.
"En virtud de lo anterior, el Senado de la República
"Acuerda:
"1) En atención a lo dispuesto en el artículo 1o de la Constitución, que establece el deber del Estado de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, expresa su preocupación por los actos de los ejecutivos de la ESO que podrían importar una vulneración de las garantías constitucionales y de normas de carácter laboral y afectan el derecho de esta Corporación a disponer de todos los antecedentes necesarios para adoptar sus acuerdos;
"2) Oficiar al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el objeto de que ponga en conocimiento de los Gobiernos amigos que integran la referida Organización intergubernamental la preocupación del Senado por la situación producida;
"3) Oficiar a los señores Ministros de Educación, del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores para que hagan llegar al Senado los antecedentes relativos a la aplicación del Convenio existente desde 1963, así como los atinentes a las negociaciones en marcha para su posible modificación, y
"4) Una vez recibidos los antecedentes respectivos, encomendar a sus Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social la elaboración de un informe sobre esta materia.".
Señor Presidente, concluyo mi intervención señalando que, hace mucho tiempo, cuando en la historia de la filosofía eminentes sabios se plantearon que desviar la atención de los filósofos del cielo y de los grandes astros hacia un ser tan minúsculo como la criatura humana podría provocar una disminución del ámbito de radiación y preocupación de esta disciplina, se equivocaron, por cuanto salir de la inmensidad del infinito para caer en ese minúsculo ser significa abrir la puerta a la trascendencia.
Creo que el Senado de la República no puede estar ajeno al avance científico de nuestro país y, sobre todo, a la necesidad de preservar los derechos de la comunidad científica chilena y de nuestros trabajadores.
He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Aún resta tiempo al Comité Demócrata Cristiano.

El señor DÍAZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor THAYER.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Eso depende del Senador señor Díaz, porque estamos en el turno de su Comité. No sé si Su Señoría desea concederle una interrupción.

El señor DÍAZ.- Se la damos.

El señor THAYER.- Sólo deseo referirme al mismo punto que ha planteado el Honorable señor Hormazábal, con el objeto de no perder la ilación del tema que se acaba de exponer, que es muy importante. Si se desea, señor Presidente, la intervención la puedo hacer con cargo al tiempo de mi Comité.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Quiero manifestar mi apoyo al proyecto de acuerdo que ha propuesto el Honorable señor Hormazábal, porque conozco los antecedentes del asunto. Se trata de algo extraordinariamente delicado; por lo mismo, debe ser muy cauta la decisión que el Senado adopte, ya que -como lo hemos escuchado- se está hablando de situaciones que podrían haber producido vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, como conozco la documentación respectiva y los hechos relacionados con la materia, me atrevo a destacar que estamos frente a una situación grave que merece toda la atención de esta Alta Tribuna -por lo demás, atañe a un asunto que actualmente se encuentra en conocimiento del Congreso-, toda vez que se refiere a la extensión o aplicación de las normas de la legislación laboral respecto de organismos con vinculación internacional.
En el caso que nos ocupa, a mi entender, existe un desconocimiento, o, mejor dicho -quiero usar la expresión en el sentido más suave-, un no conocimiento por parte de los ejecutivos de esta importante institución científica, la ESO, quienes están incurriendo en un flagrante error en la aplicación de la legislación laboral en Chile. Creen que ella no es aplicable en el ámbito del territorio de la concesión que le ha sido otorgada, con lo cual podría generarse una verdadera extraterritorialidad que nadie ha autorizado. Por eso, siendo éste un asunto de gran trascendencia -tengo la esperanza de que en definitiva esa convicción no será sustentada por la institución como tal, no obstante que ha sido entendido así por los ejecutivos de la ESO en Chile-, me parece de toda prudencia y conveniencia que el Senado adopte el acuerdo propuesto por el Honorable señor Hormazábal.
He dicho, señor Presidente.
Agradezco al Senador señor Díaz su benevolencia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hago presente a la Sala que hay una proposición para adoptar un proyecto de acuerdo.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente? De acuerdo al Reglamento, corresponde que sea votado en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.

El señor CANTUARIAS.- Así es, señor Presidente. Y mientras tanto debiera ser distribuido el texto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Efectivamente, señor Senador.
Entonces, el asunto queda pendiente para el Tiempo de Votaciones de la sesión del martes 16.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Díaz.


DICTAMEN SOBRE USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. OFICIO

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en verdad, es extraña la situación del hombre. Se ha dicho que es tan pequeño, pero, según el Génesis fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso somos. Así que imagínense, Sus Señorías, la trascendencia que tenemos.
Ahora bien, en vez de viajar por el firmamento, voy a aterrizar en la costa y en los problemas municipales.
Todos hemos defendido la autonomía de los municipios. Nos parece que es fundamental. Sin embargo, nos encontramos con hechos prácticos que, al parecer, no están resueltos. Deseo que lo estén, pero no es así. Cuando uno viaja por sectores rurales se encuentra con una situación paradójica: a pesar de la autoridad que tienen los concejales, ellos dicen que deben pedir autorización a los gobernadores para usar los vehículos de la municipalidad con el objeto de asistir a reuniones que se celebran los días domingos, festivos o sábados en la tarde.
Resulta controvertido el tema, porque, según algunos constitucionalistas, los vehículos son de uso público y las municipalidades son entes diferentes, razón por la cual ellas no tendrían que pedir dicha autorización. Sin embargo, la señora Jefe de la División de Municipalidades de la Contraloría, doña Lilian Jijena, ha dicho que está vigente aún el decreto ley N° 799, de 1974, y que es ese organismo quien debe velar por el uso de los vehículos.
Como sabemos, los alcaldes y los concejales, por razones eminentemente prácticas, sobre todo en los sectores rurales, deben cumplir con su labor de celebrar reuniones con campesinos, pescadores y otras personas básicamente los sábados y domingos. Igual cosa nos sucede a los Senadores: nuestros encuentros con esos sectores son en los fines de semana, porque, en los demás días, los integrantes de ellos deben desarrollar sus labores habituales.
Cabe señalar que dentro de las atribuciones que la ley N° 19.175, en su artículo 4o, otorgó al gobernador está la siguiente: "g) Autorizar la circulación de los vehículos de los servicios públicos creados por ley fuera de los días y horas de trabajo, para el cumplimiento de la función administrativa, así como la excepción de uso de disco fiscal, en conformidad con las normas vigentes;".
Señor Presidente, es mi deseo que esta situación se aclare para que los alcaldes y los concejales no estén sujetos a la buena o mala voluntad de los gobernadores. Obviamente, aquí no hay nada político. Porque quienes somos de Gobierno podríamos decir: "Estupendo que sea así; los señores gobernadores podrán manejar la situación, y a la gente de Oposición no le darán permiso mientras a la nuestra sí". Pero es al revés: nosotros queremos que todos tengan los mismos derechos, y no pretendemos abusar de una situación que podrían utilizar en forma discrecional esas autoridades.
Sobre esa base, solicito que se envíe un oficio, en nombre del Honorable señor Ruiz-Esquide y en el mío propio -hemos estado conversando el tema y él ha demostrado su preocupación, porque a todos nos atañe esta circunstancia-, al señor Contralor General de la República, para que el organismo que dirige emita un dictamen acerca de las normas que rigen hoy la autorización para el uso de los vehículos municipales, con el objeto de que el problema pueda ser solucionado por la vía administrativa. Si del tenor de ese dictamen se desprende que es necesaria la utilización de la vía legal, el Senador señor Ruiz-Esquide y el que habla enviaríamos una moción parlamentaria al respecto, la cual ya tenemos estudiada.
He dicho, señor Presidente.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los señores Senadores, en conformidad al Reglamento.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero explicar el origen de esta situación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, hace algún tiempo, cuando era Diputado, presenté un proyecto de ley para evitar que los vehículos fiscales pudieran ser usados indiscriminadamente por cualquier funcionario para asuntos de carácter particular. Fue así como se dispuso que para ser ocupados se requería la autorización del Ministro del Interior, autoridad que podía delegar esa función en los intendentes o gobernadores.
Hubo necesidad de poner atajo a la situación que se había producido, porque los vehículos fiscales eran utilizados como medio de transporte personal, con bencina del Estado, y, además, muchos de ellos se empleaban en campañas políticas. Por ese motivo, el Parlamento dictó una ley, la cual tuvo gran acogida en la Cámara de Diputados -y, por supuesto, también en el Senado-, con el objeto de solucionar dicho problema. Ahora bien, esa normativa sólo se refiere a los vehículos fiscales y no a los municipales. De manera que, indudablemente, puede producirse una confusión al incluir, con arreglo a determinada interpretación, a las municipalidades en el campo de aplicación de la mencionada autorización, lo que fue muy discutido en su oportunidad.
En consecuencia, señor Presidente, creo que debería oficiarse al señor Ministro del Interior para que nos informe sobre la definición que hace la Cartera a su cargo respecto de los vehículos fiscales y municipales. De esa manera podría obviarse la modificación legal indicada.
Debo aclarar que al presentar el proyecto a que hice mención, jamás tuve el propósito de disminuir las facultades de los alcaldes, puesto que ellos desempeñan funciones más allá del horario que cumple la Administración Pública y muchas veces tienen que acudir a reuniones los días sábados y domingos. No ocurre así con el común de los funcionarios públicos.
Recuerdo que en aquella época la única excepción para el uso de los vehículos fiscales podía darla el Ministro del Interior, cuando se trataba de cumplir tareas específicas y debidamente justificadas. Vale decir, se estableció una prohibición total en la materia. Y no creo que en la hora actual haya que romper esa norma. Nada puede permitir que dichos vehículos sean utilizados en una actividad particular o proselitista los días sábados y domingos por algún tipo de funcionarios de la Administración Pública. Señor Presidente, mi idea ha sido separar aquellas actividades de las tareas que, legítimamente, tienen que cumplir los municipios esos días.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
Antes de ofrecer la palabra, solicito autorización para ausentarme de la Sala por un momento. Y propongo en mi reemplazo al Honorable señor Cooper, por cuanto no se encuentra presente en el Hemiciclo el Vicepresidente, Honorable señor Urenda. Si le parece a la Sala, así se acordaría.
Acordado.
-Pasa a presidir la sesión el Honorable señor Cooper, en calidad de Presidente accidental.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Manifestamos nuestro saludo más cordial al Honorable señor Cooper.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Muchas gracias.


RECURSOS PARA COMUNA DE CORRAL. OFICIOS

El señor LARRE.- Señor Presidente, en febrero último, un incendio destruyó el local donde funcionaban las oficinas del Departamento de Administración Educacional y de Salud de la comuna de Corral. El edificio siniestrado pertenecía al SERVIU y estaba en comodato. Y la verdad, señor Presidente, es que esta comuna es extraordinariamente modesta en materia presupuestaria, motivo por el cual se hace necesario recuperar dicho edificio con recursos ajenos al presupuesto local.
Por eso, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro del Interior para que se estudie la posibilidad de poner fondos a disposición de dicha comuna a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Por otra parte, en esa misma comuna se está poniendo término a una de las obras de infraestructura portuaria impulsadas por el sector privado más importantes del país. La Empresa Portuaria Corral ha invertido 8 millones y medio de dólares en la construcción de un muelle de atraque que permitirá el acceso de 3 barcos de mediana capacidad, o bien, de uno de más de 60 mil toneladas. Esta obra, que concluirá con bastante anticipación y que seguramente será inaugurada, a fines de abril o a comienzos de mayo, constituye una herramienta vital para el desarrollo de la región austral, del mismo modo que para el sur argentino.
Sin embargo, señor Presidente, el esfuerzo que ha realizado el sector privado, que se complementa con canchas de depósito para astillas y con los medios para el carguío mecanizado hasta los barcos que van a transportar la producción de "chips" de la Región al resto del mundo, se ve amagado por el hecho de que las vías de acceso no tienen comunicación directa con el puerto a través del radio urbano de Corral.
En atención a la misma razón que señalé al comienzo: la escasez de recursos del municipio de esta localidad, se hace necesaria la participación del sector público en la búsqueda de una fórmula que permita innovar el plano regulador y proyectar la construcción de una vía de acceso entre el camino de Valdivia a Corral y el nuevo puerto, en el sector de caleta Amargos.
Para este efecto, señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Obras Públicas pidiéndole que en la programación inmediata de la Cartera a su cargo (el muelle va a estar operando dentro de 60 días) se destinen recursos de emergencia a la atención de esta necesidad, pues de otra manera en parte del importante esfuerzo realizado por el sector privado del país se enfrentará un obstáculo en el cumplimiento de la función prevista.
Por lo expuesto, señor Presidente, pido enviar, en mi nombre, los oficios a que he hecho referencia.
Muchas gracias.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


REINVERSIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN PRIMERA REGIÓN. OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente, Honorables colegas: Su Excelencia el Presidente de la República ha constatado personalmente la realidad socioeconómica de la Primera Región de Tarapacá, tanto en sus provincias de Arica y de Parinacota como en la de Iquique.
Conocido es el diferente grado de progreso en que ellas se encuentran. Iquique, convertida en el Gobierno anterior en un polo de desarrollo mediante la creación exitosa de su zona franca, experimentó un "boom" económico. Arica, por su parte, carece actualmente de proyectos de desarrollo concretos y se halla en una aflictiva situación.
Ambas provincias enfrentan serias amenazas para su desenvolvimiento. Por ejemplo, el narcotráfico cunde rápidamente, con toda la tragedia social y humana que significa. Además, Perú y Bolivia intentan copiar el éxito de la ZOFRI, implementando sistemas similares pero con mayores incentivos.
Chile corre el riesgo de que el cuadro descrito desestabilice el desarrollo de su estratégica Primera Región.
¿Qué hacer para que ello no ocurra?
Lo primero y fundamental es no quitar los recursos fiscales ya invertidos en la zona.
En segundo término, hay que continuar con el crecimiento de la infraestructura, único medio de competir en el futuro.
Ahora bien, el Gobierno, a través de la CORFO, está vendiendo su participación en la ZOFRI. Hemos sido informados de que la venta de 35,5 por ciento de las acciones le permitió recaudar 6 mil 511 millones de pesos, que no se están reinvirtiendo en la Región. Cabe hacer presente, sin embargo, que el Fisco carece de recursos en ella para dar cumplimiento oportuno, por ejemplo, a la bonificación del decreto ley N° 889.
Señor Presidente, la Primera Región -y, en general, el norte chileno- ha efectuado, en diferentes etapas de nuestra historia, una gran contribución económica a la nación. En el caso de Iquique, durante la gloriosa época del salitre sostuvimos por espacio de varios años el erario, aun cuando la riqueza fue a parar al extranjero, así como a Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, entre otras ciudades. Hoy, nuevamente se nos arrebatan los recursos que hemos logrado, en circunstancias de que tenemos graves problemas por resolver. Debe recordarse que la llegada a Arica e Iquique de numerosos compatriotas provenientes de otras zonas del país, desde la crisis económica que se vivió especialmente en los años 1981, 1982, 1983 y 1984, nos creó nuevas y grandes dificultades, como las de los allegados y los sin casa, y que Arica, además, enfrenta una falta de proyectos.
Por eso, al haberse obtenido recursos muy importantes por la venta de acciones de la ZOFRI, solicito oficiar en mi nombre al señor Ministro de Hacienda a fin de que estudie la forma de que el total de lo que se recaude por esa operación sea invertido en las provincias de Arica, de Parinacota y de Iquique; porque tal fue el propósito de la creación de esa palanca de desarrollo, concebida en beneficio de la comunidad de chilenos que vivimos a más de 2 mil kilómetros de la Capital.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- - Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.


ELEVACIÓN DE COTA EN LAGO PUYEHUE Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN RÍO PETROHUÉ. OFICIOS

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, por ocuparme habitualmente en los problemas que aquejan a mi Región, que es la de Los Lagos, me voy a referir a dos temas relacionados precisamente con éstos.
El año recién pasado -en enero, para ser más específico-, enviamos un oficio al señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, en el cual se le pedía informar acerca de la existencia de un proyecto destinado a elevar la cota del lago Puyehue, lo que acarrearía graves problemas para todas las instalaciones ribereñas. Recuerdo que en esa oportunidad tal solicitud fue objeto de adhesión en la Sala, en vista de la preocupación que embargaba a los habitantes de la zona.
A mediados de año recibimos la respuesta. Se nos señaló que el asunto no competía a la Comisión Nacional de Energía, sino que más bien la Subsecretaría de Marina era la que tenía que ver con la autorización de esa medida, que reitero que provocaría serias consecuencias en instalaciones turísticas, sanitarias y de todo orden, lo cual afectaría a miles de personas. Asimismo, al Ministerio de Bienes Nacionales le correspondía evaluar los efectos que pudieran derivar de la elevación de la barrera de contención en el desagüe del lago.
Por tal motivo, señor Presidente, pido oficiar a la Subsecretaría de Marina y al Ministerio de Bienes Nacionales, con el objeto de conocer en qué etapa se hallan los estudios pertinentes.
Como la intranquilidad se mantiene en la población local, ante la incertidumbre de la situación, se están preparando los antecedentes del caso para presentárselos al Presidente de la República y, así, saber a qué atenerse.
En segundo lugar, me voy a referir a un problema relacionado con el río Petrohué, que es la desembocadura o desagüe del lago Todos los Santos y su comunicación con el Seno de Reloncaví.
En los últimos dos meses también se han levantado voces de inquietud y preocupación entre los habitantes de la Décima Región, pues ha comenzado a hablarse de la posible construcción de una central hidroeléctrica en el río, lo que, lógicamente, haría peligrar uno de los patrimonios turísticos y ecológicos más preciados de la zona: los Saltos de Petrohué. Dejo constancia de que la gente no se opone al desarrollo y al aprovechamiento real de los recursos naturales, sino que estima que ello debe compatibilizarse con ese otro aspecto.
Entonces, para tener certeza acerca de lo que realmente está proyectado, solicito oficiar a la Comisión Nacional de Energía para que informe detalladamente si se ha resuelto emprender la obra mencionada, las alternativas existentes y cuál es el itinerario de las distintas centrales hidroeléctricas planificadas para el sur de Chile, las que permitirán aumentar el suministro de energía a todo el país, naturalmente, lo que es muy necesario. En pocas palabras, queremos saber dónde se van a construir, cuándo y a través de quién.
Por lo tanto, señor Presidente, pido enviar los oficios que he señalado.
Muchas gracias.

El señor PÁEZ.- Con el respaldo de los Senadores democratacristianos, señor Presidente.

El señor LARRE.- Y también en mi nombre, señor Presidente.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Siebert, de los Senadores democratacristianos y del Honorable señor Larre, conforme al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Aún queda tiempo al Comité Renovación Nacional.
Ofrezco la palabra.

El señor LAVANDERO.- ¿Me concedería unos minutos el Comité Renovación Nacional?

El señor DÍEZ.- Con el mayor gusto, Su Señoría.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.


APORTE ESTATAL A UNIVERSIDADES. OFICIO

El señor LAVANDERO.- Agradezco la deferencia del Comité Renovación Nacional.
Señor Presidente, sólo quiero pedir que se oficie al señor Ministro de Hacienda a fin de que informe sobre el tipo y la cantidad exacta de aportes que, por cualquier concepto, se han entregado a las universidades privadas de todo el país.
Entiendo que se han asignado montos muy importantes -desde luego, no estoy en contra de ello- a esas instituciones, de manera que, como miembro de la Comisión de Hacienda y también de la Comisión de Presupuestos, quisiera estar enterado cabalmente sobre el particular.
En consecuencia, estimo necesario que a la brevedad se hagan llegar las cifras de los aportes estatales a los planteles de enseñanza superior a que he hecho referencia.

El señor LARRE.- Pido la palabra.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor LARRE.- Señor Presidente, me gustaría que la petición del Honorable señor Lavandero fuera aún más amplia, pues considero muy importante que el Senado de la República conozca cuánto, dónde, cómo y en quién se gastan los recursos del erario en materia de educación universitaria.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Educación, solicito que se nos informe acerca de cuánto se ha destinado a todas las universidades del país, tanto privadas como públicas, y cuál es la cantidad de alumnos que atiende cada una de ellas.

El señor LAVANDERO.- Estoy de acuerdo en que se complemente el oficio en esa forma, señor Presidente.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de los Honorables señores Lavandero y Larre, conforme al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Aún resta tiempo al Comité Renovación Nacional.
No lo ocupará.
Corresponde el turno del Comité Independiente de 6 Senadores.
No hará uso de la palabra.
El siguiente en el orden es el Comité Mixto.
No hará uso de su tiempo.
Corresponde el uso de la palabra al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.


SITUACIÓN DE CUERPO DE BOMBEROS. OFICIOS

La señora SOTO.- Señor Presidente, desde hace bastante tiempo varios Senadores hemos estado preocupados de la situación del Cuerpo de Bomberos. Con mucha pena, vemos que, a pesar de que los voluntarios ponen en peligro su integridad física al concurrir a los lugares de incendio y prestar un servicio público, no están protegidos por una ley especial. Y, por resultar bastante maltratados, he recibido quejas de los directivos de diversas compañías.
Tenemos conocimiento de que un proyecto sobre la materia duerme en algún lugar del Ejecutivo, y tememos que sea en el Ministerio de Hacienda, el que, por su propia naturaleza, generalmente debe decir "no" a las peticiones que se le formulan. Por lo tanto, solicito que se oficie consultando en qué estado se halla el análisis de ese texto y por qué éste no ha sido enviado al Parlamento.
Por otro lado, pido oficiar, también, al Ministro de Agricultura en relación con la circunstancia de que en algunos lugares -en particular, quiero referirme a la Quinta Región- los bomberos han suscrito un convenio con la CONAF, en virtud del cual concurren a apagar los incendios forestales. A pesar de que en esas acciones arriesgan muchísimo, no se cumplen los acuerdos estipulados, hasta el punto de que ni siquiera se les entrega el aporte para la bencina de los vehículos. Y, como bien sabemos, éste es el único país en la Tierra donde ellos no solamente no son remunerados, sino que, además, deben poner dinero de su propio bolsillo. Por lo tanto, solicito oficiar al titular de Agricultura para que informe sobre el estado de tales compromisos y por qué razón no se cumplen efectivamente.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

La señora SOTO.- Sí, Honorable colega.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Puede usar de la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, adhiero a las peticiones de la señora Senadora. Tocante al tema de la atención de salud para los voluntarios, hace algún tiempo vimos en el Parlamento algunas modificaciones legales sobre el particular, pero que no son suficientes. Ahora, es bueno que el Ministerio de Hacienda o, a través de éste, la autoridad correspondiente, o bien, la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos, nos precise qué otros elementos de apoyo necesita este servicio público, ejercido por personas que realmente merecen el respaldo de todos, para cumplir mejor sus funciones.
En cuanto al segundo punto, es efectivo que existe un convenio entre la CONAF y los cuerpos de bomberos, para que éstos intervengan en la extinción de los incendios forestales. Normalmente, en este tipo de siniestros se exponen las vidas de los voluntarios y, además, una gran cantidad de equipos que exigen desembolsos importantes. Desconozco si se cumple o no se cumple ese convenio, pero me parece que muchas veces sus términos son insuficientes para responder a los requerimientos que los bomberos tienen que plantear debido al aumento de los incendios forestales.
Por lo tanto, en nombre de los Senadores democratacristianos, adhiero al envío de ambos oficios.
He dicho.

El señor PRAT.- ¿Me concede una interrupción, Honorable señora Soto?

La señora SOTO.- Con mucho gusto, señor Senador.

El señor COOPER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, en nombre del Comité Renovación Nacional, me sumo a las solicitudes de la Senadora señora Soto y a los conceptos vertidos por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Conviene, en efecto, que el señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chile dé a conocer los nuevos requerimientos de la institución como resultado de la evolución de sus funciones propias. Es un hecho que hoy día bomberos tiene una fuerte participación en la atención de accidentes de tránsito, por ejemplo, lo que le ha generado una especialización en la que cumple un gran servicio público y para la cual, naturalmente, necesita nuevos recursos y elementos, a fin de desempeñarse eficientemente. Por lo tanto, adherimos a lo solicitado por la señora Senadora.

El señor LETELIER.- Al igual que el Comité Independiente de 6 Senadores.

El señor THAYER.- Lo mismo hace el Comité Mixto.

El señor GONZÁLEZ.- Y también el Comité Radical-Socialdemócrata, señor Presidente.
El señor DÍEZ.- Entonces, que los oficios se envíen en nombre del Senado.

La señora SOTO.- Señor Presidente, no tengo inconveniente en que se proceda de esa manera. Por el contrario, me complace enormemente que haya una sensibilidad tan grande respecto de este problema. Creo que si los oficios se envían en nombre del Senado, ello le da una mayor fortaleza a la petición.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senado, conforme al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Radical-Socialdemócrata tiene la palabra el Honorable señor González.


MANTENCIÓN POR FERROCARRILES DE SERVICIO DE PASAJEROS ENTRE LIMACHE Y LA CALERA. OFICIO

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, se está produciendo un problema que tiene muy sensibilizada a la población de La Calera, Quillota, San Felipe y Los Andes, y, en general, a las ciudades del interior de la Quinta Región (especialmente la Quinta Región-Cordillera), por la anunciada supresión del servicio de transporte de pasajeros entre Limache y La Calera, ya que no se financia, según la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. La situación ha generado un importante movimiento de la ciudadanía, a fin de que se mantenga dicho servicio, pues resulta más rápido, más económico, y, en caso de ser mejorado, podría servir sustancialmente al transporte de pasajeros en la zona.
Ahora, nosotros sabemos que la ley que recientemente dictamos le otorga una gran autonomía a esa Empresa, permitiéndole hacer inversiones juntamente con el sector privado, y, además, le prohíbe realizar actividades que no estén debidamente financiadas o no sean rentables; pero lo que planteamos es que la medida que nos ocupa no aparece como conveniente mientras no se ponga plenamente en ejecución ese cuerpo legal, publicado en octubre del año pasado, y se estudie la posibilidad de formar empresas mixtas, es decir, con particulares, lo que permitiría continuar operando en el tramo aludido.
Como hemos estado trabajando con toda la comunidad, señor Presidente, para que no se produzca el hecho que motiva esta intervención, solicito oficiar al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos informe acerca de la efectividad de la supresión del servicio y de cómo ha avanzado la puesta en práctica de la ley, y, también, de pedirle, en mi nombre, que la medida no se aplique al menos hasta la constitución de las sociedades mencionadas.
He dicho.

La señora SOTO.- Señor Presidente, adhiero a la petición del señor Senador González.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor González, con la adhesión de la Honorable señora Soto, en conformidad al Reglamento.

El señor COOPER (Presidente accidental).- No habiendo otro señor Senador del Comité Radical-Socialdemócrata que desee usar de la palabra, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 12:48.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.