REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 36ª, en miércoles 24 de marzo de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 17:57)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Pacheco Gómez, Máximo
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 40 señores Senadores.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 32a, ordinaria, en 11 del actual, que no ha sido Observada.
El acta de la sesión 33a, ordinaria, en 16 del actual, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, con el carácter de "simple", al proyecto que modifica la normativa legal de las comunidades agrícolas.
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, y sin perjuicio de lo expresado en mensajes anteriores en este sentido, incluye en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional la totalidad de los proyectos iniciados en moción parlamentaria de cuyo ingreso se haya dado cuenta a la Honorable Cámara de Diputados o al Senado, según el caso, entre el 19 de septiembre de 1992 y el 22 de marzo de 1993.
--Se toma conocimiento.
Oficio
Del señor Ministro de Obras Públicas con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ortiz relativo al camino Puerto Aguirre-Caleta Andrade, Undécima Región.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, referente a la aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de Chile concerniente al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el Comercio y la Inversión. De la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede amnistía a personas naturales procesadas o condenadas por el delito de hurto de energía eléctrica, en los casos que indica.
De la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 32 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
--Quedan para tabla.
Moción
Del Senador señor Piñera con la que inicia un proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Terminada la Cuenta.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 32 DE LEY N° 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 32 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Esta iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 35a, en 23 de marzo de 1993.
Informe de Comisión:
Pesca y Acuicultura, sesión 36a, en 24 de marzo de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La Comisión señala en su informe que el proyecto tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, está calificado con urgencia de "discusión inmediata", consta de un artículo único y debe ser aprobado con quórum .calificado, lo que significa el voto favorable de 24 señores Senadores.
Asimismo, propone aprobar el siguiente texto: '"Artículo único.-
Intercálase, en el artículo 32 de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto Supremo N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, entre las palabras "explotación" y "podrán", eliminando la coma (,) la siguiente frase: "o en pesquerías que tengan su acceso transitoriamente cerrado".".
Cabe hacer presente que en el mismo informe se dan las razones que tuvo el Ejecutivo para proponer la enmienda, que la Comisión aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general y particular la iniciativa.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.
El señor MC-INTYRE.-
Señor Presidente, este proyecto de ley es muy sencillo y viene a corregir un problema que se ha presentado respecto del artículo 32 de la referida normativa.
El artículo 19 transitorio de la Ley de Pesca dispone: "Las declaraciones de plena explotación y el cierre de las pesquerías expirarán el 1° de enero de 1993," -es decir, este año- "salvo que el Consejo Nacional de Pesca y los Consejos Zonales de Pesca resuelvan mantener estas medidas de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley.". Y, sobre el particular, cabe agregar que dichos Consejos están siendo consultados en este instante por la Subsecretaría de Pesca para los efectos de la sustitución de cinco buques que resultaron quemados en la Octava Región, y de otros asuntos. El problema que ha surgido en este caso es que reglamentariamente no se podrían hacer las correspondientes sustituciones porque el recurso no estaría en plena explotación, por cuanto -como se sabe- existe un régimen general de acceso.
Por tal motivo, la Subsecretaría propone corregir el artículo 32 de la Ley de Pesca, cuyo texto es el siguiente: "Los titulares de autorizaciones de pesca, habilitados para desarrollar actividades pesqueras en pesquerías declaradas en plena explotación, podrán sustituir sus naves pesqueras. Para estos efectos, el Ministerio, por decreto supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría y consulta al Consejo Nacional de Pesca, establecerá el reglamento que fije las normas correspondientes.". Y para subsanar la dificultad indicada el Ejecutivo sugiere agregar, después de la frase "en plena explotación", lo siguiente: "o en pesquerías que tengan su acceso transitoriamente cerrado", lo que correspondería al caso presentado en la Octava Región, respecto del cual los Consejos se encuentran definiendo la situación.
Ahora, al aprobar la modificación propuesta, estaríamos corrigiendo dicha anomalía. Pienso que en esa forma ayudaríamos a todos los afectados de la Octava Región a fin de que puedan efectuar sus sustituciones en el menor tiempo posible.
Por lo tanto, considero importante aprobar la iniciativa en debate, de gran prioridad en este momento.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, nosotros apoyaremos la iniciativa en análisis.
En todo caso, vale la pena recordar que la Ley de Pesca, en cuanto a su característica de disponer la existencia de un régimen general de acceso a los recursos pesqueros, no contempla un mecanismo de sustitución, porque al existir ese régimen general de acceso lo cierto es que quien desee poner una nave a explotar tales recursos queda inmediatamente autorizado para ello, salvo algunas formalidades que debe cumplir.
Según el informe de la Comisión, el artículo 20 de la normativa en comento permite suspender el ingreso de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones cuando la pesquería amerite un régimen de administración distinto -caso que se presenta en la zona comprendida entre la Quinta y Novena Regiones, y que también puede ocurrir con respecto a algunas pesquerías ubicadas en otros lugares del país-, mientras se obtienen las aprobaciones del Consejo Nacional y de los Consejos Zonales de Pesca. Vale decir, legalmente, no es posible sustituir las naves que operan en una pesquería en el período que media entre la suspensión de las autorizaciones y la aprobación que deben dar los mencionados Consejos.
A mi juicio, conviene tener presente el mecanismo de sustitución, e incluso estimularlo, no sólo por las situaciones dramáticas ocurridas con motivo del incendio que se produjo en el puerto de San Vicente, sino porque puede permitir, en el futuro, el desarrollo tecnológico y mayor eficiencia mediante el reemplazo de naves con cierto do de obsolescencia. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta, como prevención -esto se encuentra en el mensaje del Ejecutivo y aparece en el informe de la Comisión sometido a la consideración de la Sala-, que la idea es que las sustituciones no signifiquen un aumento del esfuerzo pesquero, o sea, el propósito es que se reemplacen naves que, en el fondo, posean iguales características. Porque, como desgraciadamente ocurrió en el pasado, puede darse el caso de la sustitución de buques por otros de mucho mayor envergadura y entidad, lo cual significa aumentar el esfuerzo sobre determinada pesquería.
Cabe señalar que, conforme al reglamento a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Pesca -dictado el año pasado a través del decreto supremo N° 64, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-, se impide taxativamente sustituir naves por otras que incrementen en general el tonelaje de registro grueso, y, en el caso de las embarcaciones cerqueras, que son aquellas que mayoritariamente explotan el recurso jurel en la zona en referencia, el aumento de su capacidad de bodega.
Por otro lado, la disposición en estudio adquiere carácter general. La verdad es que, "gatillada" de alguna manera por una circunstancia excepcional, como lo fue el incendio en el puerto de San Vicente, bien podría pensarse que bastaría un precepto transitorio para resolver el problema. Sin embargo, estimo necesario dejarlo consagrado como norma permanente, porque es posible que se repitan situaciones como la planteada. Además, el no acceso provisional a pesquerías o el no cursar autorizaciones se produjo debido a que los Consejos Zonales de Pesca -y últimamente el Consejo Nacional de Pesca- no habían comenzado a funcionar.
En el informe también se previene que si la sustitución involucra a naves provenientes del extranjero, éstas deben adecuarse a la legislación vigente en nuestro país.
Por último, la Comisión estimó del caso -ello obedece a una inquietud que planteé en conjunto con el Senador señor Arturo Frei- consignar dos elementos adicionales, y considero muy oportuno recordarlos en esta Sala.
En primer lugar, debido a la situación que ha afectado al puerto de San Vicente, y por la certeza que asiste a muchos técnicos en el sentido de que el problema obedeció al desarrollo de actividades muy diversas en el área, ya que es puerto pesquero artesanal, mercante, de desembarque de crudo y de productos refinados del petróleo -todos ellos, en alguna medida, generaron los problemas que derivaron en el incendio-, existe la posibilidad para la ciudad de Talcahuano y sus dos puertos mayores (Talcahuano y San Vicente) de producir una suerte de disciplina y orden en el sentido de destinar algunas instalaciones portuarias exclusivamente a una actividad y de robustecer las otras orientadas al sector de las embarcaciones mercantes.
Sin embargo, quisimos consignar en el informe que esta iniciativa constituiría un elemento que podría perturbar la decisión de construir el puerto de Coronel, por la forma en que se materializaría. Tal aspiración (que están estudiando tanto los empresarios de la zona como las autoridades marítimas y pesqueras de Gobierno) consiste en dedicar el puerto de Talcahuano a la actividad pesquera y el de San Vicente a la transferencia de carga. Si lo anterior implicare alguna compensación para este último en términos de entregarle más sitios, bien podría afectar la decisión de construir, con capitales privados, el puerto de Coronel -que tendría un impacto muy significativo en la absorción de mano de obra de la zona del carbón-, proyecto en el que por largos tres años no se han logrado vencer ciertas trabas burocráticas para concretarlo, y así llegar a entregar entre mil 500 y 2 mil oportunidades de empleo.
En consecuencia, conviene llamar la atención, tal como señala el informe, hacia la importancia de que una redefinición o replanteamiento de la política pesquera y portuaria en la zona se lleve a cabo con cuidado, de manera de no perturbar otras decisiones de inversión.
En segundo lugar, quiero manifestar mi especial preocupación por los pescadores artesanales, por lo siguiente. Estamos modificando la Ley de Pesca, que tiene dos finalidades: primero, dar estabilidad a la actividad pesquera para, cuidando los recursos, hacerla permanente en el tiempo, y segundo, muy importante, fomentar el desarrollo de la pesca artesanal.
Los pescadores artesanales son, en el fondo, los grandes perjudicados por el incendio ocurrido en San Vicente, pues en general se trata de dueños de pequeñas embarcaciones, normalmente sin asegurar, que lo perdieron todo. Por eso, en el informe también destacamos la necesidad de aplicar una política de estímulos e incentivos para apoyar esta actividad. Y ello, no sólo a través de la ayuda directa que el municipio respectivo entregue a las familias de los pescadores afectados, sino también mediante otras vías que permitan a éstos volver a desempeñarse en lo único que saben hacer, que, es pescar artesanalmente, como la adquisición del equipamiento que se quemó en el incendio mencionado, que puede ser de responsabilidad de cualquiera, menos de ellos, que son, repito, los grandes perdedores.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.
El señor FREI (don Arturo).-
Señor Presidente, como se señaló aquí, esta iniciativa viene a llenar un vacío de la Ley de Pesca, el que se hizo más notorio después del siniestro sucedido en el puerto de San Vicente.
El proyecto, que el Gobierno se apresuró a enviar para solucionar ese problema, beneficia a los empresarios o industriales pesqueros. Sin embargo, con el Honorable señor Cantuarias hemos expresado nuestra inquietud por los pescadores artesanales, que fueron los más damnificados con el incendio del puerto recién nombrado. Ya hemos sido informados por el señor Subsecretario de Pesca de que se están tomando algunas medidas para ir en su ayuda.
Por tanto, pido oficiar al señor Presidente de la República con el fin de solicitarle que apure al máximo el envío de auxilio, ya que esos pescadores, al no tener aseguradas sus naves, quedaron sin nada. Se está pensando en proyectos del FOSIS para los propietarios de pequeñas embarcaciones, y de ayuda internacional para los dueños de otras un poco más grandes.
Por otro lado, tal como indicó el Honorable señor Cantuarias, en el informe consignamos nuestra preocupación ante la idea de construir un puerto de pesca artesanal en San Vicente y otro pesquero industrial en Talcahuano, para lo cual la EMPORCHI cedería una parte en este último, y se habilitaría otro sitio para ella. Esto es grave, considerando que el Primer Mandatario, en su último viaje a la zona, se comprometió con el sector privado a que el Estado no realizaría inversiones portuarias allí. En ese entendido, se llevarán adelante, con capitales particulares, dos puertos en la Región: uno en Coronel y otro en Lirquén. Reitero: si el Estado contribuyera con un nuevo sitio en Talcahuano, sería grave, porque no se estaría cumpliendo el compromiso adquirido con inversionistas privados que van a levantar la obra mencionada en Coronel, fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del carbón y para la reconversión de esta actividad.
Por tal motivo, también solicito oficiar en mi nombre al Presidente de la República expresándole nuestra preocupación por que se cumpla el compromiso adquirido públicamente en el sentido de que el Estado no habilitará otro puerto en la zona, a fin de facilitar los que impulsará el sector privado en Coronel y Penco.
He dicho.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, si lo tiene a bien el Honorable señor Arturo Frei, quisiera que los oficios solicitados por Su Señoría también se enviaran en mi nombre.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se enviarán los oficios a que se ha hecho referencia, en nombre de los Senadores señores Arturo Frei y Cantuarias.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José).-
No haré uso de ella, señor Presidente, pues es innecesario que intervenga luego de la explicación del Senador señor Arturo Frei, quien habló en nombre de nuestra bancada.
Gracias.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobada la iniciativa tanto en general como en particular.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos).
MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS PENAL, DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTO PENAL, Y DE OTRAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En el segundo lugar del Orden del Día se encuentra el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal, así como otras disposiciones, en materia de seguridad de las personas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 25a, en 10 de diciembre de 1991.
En tercer trámite, sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 27a, en 17 de diciembre de 1991.
Constitución (segundo), sesión 32a, en 9 de enero de 1992.
Constitución (tercer trámite), sesión 35a, en 23 de marzo de 1993.
Discusión:
Sesiones 28a, en 18 de diciembre de 1991 (se aprueba en general); 32a, en 9 de enero de 1992 (se despacha en particular); 20a, en 5 de enero de 1993 (pasa a Comisión de Constitución).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La iniciativa, tal como señala la Comisión, trata de asuntos relacionados con la libertad provisional, el quebrantamiento de indulto como agravante de la responsabilidad penal, delitos de maltrato de obra a carabineros y la responsabilidad penal de los menores de edad.
Se ha hecho presente a la Mesa que a estas materias se referirá el Senador señor Pacheco.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión las enmiendas introducidas por la Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Senador señor Pacheco.
El señor PACHECO.-
Señor Presidente, me voy a permitir resumir el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en este proyecto, en tercer trámite constitucional, que, como dijo el señor Secretario, modifica normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal, así como otras disposiciones, en materia de seguridad de las personas.
El Senado dispuso, en aplicación del artículo 37 de su Reglamento, que el proyecto pasara a Comisión para informe.
El artículo 68 de la Constitución Política de la República prescribe que, en el tercer trámite, la Cámara de origen -en este caso, el Senado- debe votar las adiciones o enmiendas hechas por la Cámara revisora en el segundo trámite constitucional. Si se rechaza una de ellas o más, deberá formarse una comisión mixta para proponer el modo de resolver las dificultades.
El texto en informe se articula en torno de cuatro cuestiones principales: la libertad provisional; el quebrantamiento de indulto como agravante de la responsabilidad penal; los delitos de maltrato de obra a carabineros, y la responsabilidad penal de los menores de edad.
En cuanto a esta última, el debate se centró en los siguientes aspectos: edad límite para la plena responsabilidad penal; si los menores de edad tienen o no responsabilidad criminal; sanciones versus medidas de protección y rehabilitación; medidas jurídicas y materiales para implementar un sistema de rehabilitación de menores que delinquen, y supresión de la declaración sobre discernimiento.
El mensaje del Ejecutivo proponía rebajar a 14 años la edad límite para la inimputabilidad penal, manteniendo la institución de la declaración judicial de haber obrado o no con discernimiento en el caso de inculpados mayores de 14 y menores de 18 años. A partir de esta última edad la responsabilidad criminal sería plena.
Durante el primer trámite constitucional en el Senado, a instancias del Ejecutivo, se eliminaron del proyecto las normas relativas al límite de la responsabilidad penal, con el fin de abordar este aspecto de modo más adecuado en una iniciativa específica sobre el particular.
En el segundo trámite constitucional, igualmente por indicación del Ejecutivo, se reincorporó el tema, estableciéndose en 18 años el límite único de la responsabilidad penal y suprimiendo el trámite de declaración de discernimiento.
La señora Directora del Servicio Nacional de Menores manifestó en la Comisión que el Gobierno asumió esta posición final luego de aquilatar debidamente todos los factores que concurren en el problema de las conductas desviadas de los menores, y no sólo su faceta final, que es la que conoce la opinión pública, cual es la comisión de delitos ampliamente difundidos por los medios de comunicación.
Por lo que hace a la edad límite, se optó por la que fija el Artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
La disposición en comento establece que, para los efectos de la citada Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de una ley haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Respecto de por qué fijar la edad mínima en 18, y no en 16 años, la señora Directora señaló que ello permite trabajar en rehabilitación con menores de hasta 18, y que del otro modo este deber del Estado alcanzaría a un número inferior de menores en situación conflictiva, puesto que sólo se podría atender a niños de no más de 16 años, ya que los que hubieran superado este umbral quedarían sujetos al régimen penal de los adultos.
En lo atinente a la institución del discernimiento, dijo que en la actualidad Chile es virtualmente el único país del mundo que la conserva. Y añadió que se propone suprimirla por los perniciosos efectos que causa en los menores. Explicó que el procedimiento judicial respectivo tarda en promedio entre 30 y 45 días, lapso durante el cual los menores permanecen privados de libertad en las cárceles. El 70 por ciento de ellos son declarados sin discernimiento, y, del 30 por ciento restante, recibe sentencia condenatoria un porcentaje mínimo. Sin embargo, la estadía en los recintos carcelarios les provoca un auténtico trauma psíquico y social, y con gran frecuencia se corrompen, haciendo muy difícil, si no infructuoso, su tratamiento ulterior con fines de rehabilitación conductual y reinserción social. El mecanismo de declaración sobre discernimiento no sirve para modificar las conductas desviadas de los menores, advirtió la señora Directora.
El Senador señor Díez expresó que para poder resolver acerca de la supresión de la declaración sobre discernimiento era indispensable que previamente estuvieran habilitados los establecimientos y dispuestas las medidas especiales a que aludió la señora Directora del Servicio Nacional de Menores.
Estimó que el texto, tal como fue aprobado en el segundo trámite constitucional, surtiría un efecto perverso, como es el dar una señal de impunidad a los menores que delinquen al partir de una base que Su Señoría juzgó falsa: la postulación de que todo menor de 18 años no tiene responsabilidad penal y de que, en consecuencia, no debe ser castigado, sino sólo corregido.
El Senador señor Otero manifestó que algunas de las materias incorporadas por la Cámara de Diputados parecen no guardar la suficiente vinculación con la idea matriz o fundamental del proyecto, que no es otra que garantizar en mejor forma la seguridad ciudadana, amenazada por una serie de delitos violentos. En tal situación se encontrarían, a juicio del citado señor Senador, las disposiciones sobre discernimiento y fijación del límite de edad para la plena responsabilidad penal y la mayor parte de las enmiendas subsecuentes introducidas a la legislación de menores.
Por mi parte, señor Presidente, señalé que, si bien en gran medida el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados es aceptable, algunos aspectos puntuales de él no satisfacen. Por ejemplo, la redacción propuesta para sustituir el artículo 72 del Código Penal, que me parece insuficiente. Por ello, me incliné igualmente por el rechazo de las modificaciones formuladas en el segundo trámite, a fin de provocar la formación de una Comisión Mixta.
En general, señor Presidente, el pensamiento unánime de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -que se somete a la consideración de la Sala- es rechazar todas las enmiendas introducidas al proyecto por la Honorable Cámara de Diputados. Ello no significa, en modo alguno, que no queramos legislar. Hemos conversado y convenido con el señor Ministro de Justicia que se trabaje un proyecto aceptable. Y, en consecuencia, creemos que, cuando se forme la Comisión Mixta, podremos llegar a un acuerdo con los señores Diputados y legislar en debida forma respecto de los artículos aprobados por la Cámara Baja, la mayoría de los cuales nos produjeron insatisfacciones.
Por esta razón, señor Presidente, la Comisión propone rechazar el proyecto de la Cámara de Diputados, para que se forme una Comisión Mixta, en la cual, con la colaboración del señor Ministro de Justicia y con el acuerdo que procuraremos alcanzar con los Honorables Diputados, podremos llegar a un texto de consenso para presentarlo a la aprobación de ambas ramas del Parlamento.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, en verdad este proyecto basa su origen en una iniciativa de los Senadores de Renovación Nacional, y tiene una finalidad muy clara: solucionar ciertos vacíos de la legislación para combatir con mayor eficacia la delincuencia.
Dentro de estas materias, existían problemas: por ejemplo, el asesinato de carabineros de franco -por el solo hecho de ser carabineros- con la consiguiente conmoción causada en la opinión pública por dos hechos similares en un breve espacio de tiempo. Otro problema apuntaba a las libertades, especialmente la provisional, para delincuentes reincidentes. Hoy día hemos visto cómo uno de los crímenes más atroces fue cometido por una persona que gozaba de libertad condicional. Por lo tanto, había que reglamentar las libertades provisional y condicional y, al mismo tiempo, afrontar una dificultad muy seria: la de la delincuencia juvenil.
Deseo señalar por qué en la Comisión consideramos que era lo mejor rechazar todas las indicaciones de la Cámara de Diputados y llegar así a una Comisión Mixta. Dicha rama legislativa cambió enteramente la finalidad del proyecto, lo desvirtuó y, en lugar de una iniciativa para combatir la delincuencia, se transformó en algo que la ciudadanía podía interpretar como un espaldarazo a la impunidad, que es la causal que permite aumentar más la delincuencia en número y en peligrosidad.
La iniciativa de la Cámara de Diputados confunde, lamentablemente, dos cosas distintas. En primer lugar, las causas sociales que generan la delincuencia, que son problemas de largo plazo. Entre las medidas que deben tomarse no está precisamente la represión, sino la capacitación, la educación y la culturalización. Diversos elementos -como el fortalecimiento de la familia- influyen necesariamente en las medidas que deben abordarse para ir disminuyendo a largo plazo la delincuencia. Es decir, impedir que gente que hoy día no delinque empiece a hacerlo.
Un asunto distinto lo constituyen las medidas de corto plazo y las de ejecución inmediata que deben adoptarse en lo tocante a la delincuencia actual. La Directora del Servicio Nacional de Menores nos señaló en la Comisión que, en este momento, se encuentran fichados aproximadamente 200 delincuentes juveniles reincidentes y de alta peligrosidad. La pregunta es si a esos 200, 300 ó 400 jóvenes hay que aplicarles medidas correctivas o declararlos irresponsables en materia penal.
Se mezcla, entonces, lo de largo plazo con el problema inmediato, en circunstancias de que ambas cosas deben considerarse en forma separada.
Por otro lado, se confundieron -en esto estuvimos de acuerdo los Senadores y también la Directora del Servicio Nacional de Menores- los conceptos de discernimiento y de responsabilidad penal. En el mundo actual, nadie puede negar que un joven de 16 años tiene plena conciencia de lo bueno y de lo malo. Y el discernimiento, como está definido en el Código Penal, consiste precisamente en la capacidad de la persona que actúa de distinguir la diferencia entre lo bueno y lo malo, y de darse cuenta de las consecuencias de su acción delictual.
El proyecto aprobado por la Cámara elimina absolutamente el discernimiento y establece que los menores de 18 años son todos irresponsables en materia penal. Esto puede ser interpretado por la ciudadanía como un elemento estimulante del aumento de la criminalidad, porque, si todos los delincuentes menores de 18 años son irresponsables penalmente, tendremos un incentivo para el crecimiento de este tipo de actos si no se adoptan las medidas adecuadas.
Por ese motivo, cuando se analizaron estas circunstancias en la Comisión se destacó que hay dos elementos que son imprescindibles en el momento en que el legislador dicta la ley: primeramente, la responsabilidad penal de una persona cuando es capaz de distinguir entre el bien y el mal y conoce las consecuencias de sus actos; y, en seguida, el tribunal, los procedimientos y las sanciones o medidas que deba adoptar la sociedad según las características del inculpado. Es decir, aquí no estamos en un problema de declarar la irresponsabilidad penal para el menor de 18 años. ¡No, señor! Y lo reconoció la Directora del Servicio Nacional de Menores: tienen responsabilidad penal. Debemos buscar de qué manera se les hace efectiva; de qué manera se les juzga; de qué manera se les sanciona, y en qué lugares cumplirán los castigos que se les impongan. Pero, si en un proyecto se establece la irresponsabilidad penal y no se señalan sanciones, sino medidas correctoras, obviamente el mensaje que hoy se diese a la opinión pública sería distorsionado y no lo entendería de ninguna manera.
Asimismo, resulta muy claro que los motivos de los cambios efectuados por la Cámara de Diputados dicen relación a la situación carcelaria vigente, y que es necesario enfrentar. Este Gobierno -es justo decirlo-, si no cabalmente, la está enfrentando. Deben construirse nuevos establecimientos; hay que separar absolutamente a los menores de los adultos, a los primerizos de los delincuentes reincidentes, y dentro de estos últimos, a aquellos absolutamente irredimibles. Pero ése es un problema carcelario y no de aplicación de penas ni de determinación de tribunal. Se trata de algo referente a la ejecución de la sentencia y de que el Gobierno aborde el problema con la seriedad que el caso demanda.
En cuanto a Carabineros, cuando el Senado aprobó el proyecto, tuvo muy en claro que debía ampliarse la tipificación del tipo de delito para aquel que mata o lesiona a un carabinero, por el solo hecho de ser tal, aunque se encuentre fuera de servicio. Porque -así fue señalado cuando se discutió y aprobó en la Sala- los delincuentes, para eludir la aplicación del Código de Justicia Militar, esperaban que el policía dejara su armamento y su equipo y se vistiera de civil, para asesinarlo. ¿Y por qué? ¡Solamente porque era carabinero! Y hubo casos que fueron dados a conocer en la Sala. Entonces, el Senado estimó que eso era inaceptable y que resultaba necesario defender al servidor público en forma permanente. Distinta es la situación de un carabinero franco herido o muerto en una rencilla o pelea, por razones pasionales, de aquel que, sin hacer absolutamente nada, resulta asesinado a mansalva por un grupo terrorista por el hecho de ser policía. Y señalamos los riesgos que se corrían en la República al dejar impune este actuar ilícito no tipificado en el Código de Justicia Militar. El proyecto de la Cámara de Diputados cambia el concepto en forma absoluta, y deja sin pena lo que en el Senado, precisamente, queríamos sancionar.
He manifestado aquí, de manera muy sucinta, las razones que llevaron a la unanimidad de la Comisión a rechazar la proposición de la Cámara, porque entendemos que en la Comisión Mixta, con los argumentos y razones del Senado, podrá llegarse, con los representantes de esa rama legislativa, a un acuerdo que permita despachar una iniciativa que cumpla el objetivo buscado: atacar la delincuencia, dar mayor seguridad a los ciudadanos e impedir que carabineros sean cobardemente asesinados por el hecho de ser policías y prestar un servicio a la comunidad.
Por estos motivos, señor Presidente, pensamos, fundamentalmente el Senador que habla, que debe acogerse el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el cual, por unanimidad, propone rechazar las modificaciones propuestas por la Cámara.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el informe de la Comisión, que rechaza todas las enmiendas introducidas al proyecto por la Cámara de Diputados.
Acordado.
Como corresponde designar a los representantes del Senado ante la Comisión Mixta, la Mesa propone a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Acordado.
PROYECTOS INDUSTRIALES PARA RECURSO JUREL EN OCTAVA REGIÓN. INFORME COMPLEMENTARIO
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En tercer lugar de la tabla, figura el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Cantuarias, Arturo Frei, Ríos y Ruiz-Esquide, relativo al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Región.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Cantuarias, Frei (don Arturo), Ríos y Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 5a, en 20 de octubre de 1992.
Informe de Comisión:
Pesca y Acuicultura (nuevo), sesión 27a, en 20 de enero de 1993.
Discusión:
Sesión 28a, en 21 de enero de 1993 (se aplaza su discusión).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Ha llegado a la Mesa un acuerdo unánime de Comités, para retirar del Orden del Día la iniciativa en referencia, con el objeto de solicitar, en forma urgente, a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura un informe complementario que incluya un análisis de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
El acuerdo de los Comités permitirá el despacho más expedito del proyecto, pues la Comisión conocerá las nuevas indicaciones del ejecutivo, formuladas mediante el oficio de que se dio cuenta en la sesión anterior.
--El proyecto pasa a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, para los efectos señalados.
NUEVA DIETA PARA DIRECTORES DE CORREOS DE CHILE
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 10, de 1981, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que creó la Empresa de Correos de Chile.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57a, en 6 de mayo de 1992.
Informes de Comisión:
Transportes, sesión 32a, en 11 de marzo de 1993.
Hacienda, sesión 35a, en 23 de marzo de 1993.
Discusión:
Sesión 33a, en 16 de marzo de 1993 (pasa a la Comisión de Hacienda).
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
La iniciativa, en segundo trámite constitucional, tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y consta de un artículo único. La Comisión aprobó por unanimidad el texto, que dice:
"Artículo único.-
Sustituyese el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 10, de 1981, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, por el siguiente:
"Artículo 8°.-
Los Directores percibirán una dieta única equivalente a ocho unidades tributarias mensuales por cada sesión de Directorio o de Comisión a la que asistan, con un tope máximo de dieciséis de estas unidades por mes calendario. Esta dieta se aumentará en un 50% y 25%, tratándose del Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
"No podrá asignarse a los Directores suma alguna por gasto de representación.".
La Sala también envió el proyecto a la Comisión de Hacienda, la cual lo aprobó en los mismos términos en que lo hiciera la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, con tres votos afirmativos y la abstención del Honorable señor Piñera.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, la semana pasada correspondió informar de esta materia, en nombre de la Comisión técnica, al Honorable señor Navarrete, quien hizo presente que hubo unanimidad en su aprobación.
Quiero dejar expresa constancia en acta de que nuestro asentimiento se basó en el compromiso, tanto del anterior Ministro de Transportes y Telecomunicaciones como del actual, en cuanto a enviar, en este período de sesiones, un proyecto para adecuar los estatutos de Correos de Chile a los de empresas como Ferrocarriles del Estado o Televisión Nacional. Es decir, el Gobierno se comprometió formalmente ante la Comisión en el sentido que estoy indicando. Por lo demás, así lo hizo presente el propio Senador señor Navarrete. No obstante, he querido reiterarlo, porque ése fue el motivo por el cual votamos favorablemente la iniciativa.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente, efectivamente la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto en comento. El Honorable señor Piñera se abstuvo por el mismo motivo señalado por el Senador señor Otero: quería pronunciarse sobre la materia una vez que se conociera el nuevo estatuto de la Empresa de Correos.
En realidad, en la Comisión se vio que el sistema de remuneraciones o dieta que se paga al Directorio es más o menos semejante -no obstante ciertas diferencias en la forma de aplicarse- al de otras empresas del Estado, y, en especial, al de Ferrocarriles, cuya ley, la N° 19.170, aprobada recientemente por el Senado, contiene una disposición similar.
También se tuvieron en cuenta el manejo operacional de la Empresa y sus resultados. Estos son de tal naturaleza que resulta imposible objetar el pago de una remuneración como lasqué se propone para el Directorio. Es necesario tener presente que en 1992 Correos de Chile ha tenido una transferencia al Fisco de 6 mil 434 millones de pesos: 3 mil 634 millones por concepto de impuestos, y 2 mil 800 millones por dividendos -así pudieran llamarse- derivados de las utilidades.
Por su parte, la remuneración que se va a pagar a la totalidad del Directorio, incluido el recargo que se da al Presidente por el mayor tiempo y compromiso que demanda el desempeño de sus funciones, asciende, aproximadamente, a los 18 millones de pesos anuales. Creemos, en consecuencia, que la dieta fijada está dentro de lo que normalmente se paga por este concepto en otras empresas del Estado. Por lo demás, es una materia que podremos estudiar nuevamente cuando llegue el proyecto de ley que establezca los nuevos estatutos de Correos de Chile. En último término, la gestión operacional de esta empresa hace plenamente justificable una normativa como ésta.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hubiere oposición, se aprobaría en general y en particular el proyecto.
Acordado.
ACUERDO ENTRE CHILE Y FRANCIA SOBRE CREACIÓN DE CENTROS CULTURALES Y SUS ESTATUTOS
El señor URENDA (Vicepresidente).-
En el quinto lugar de la tabla, se encuentra el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Francia, sobre la Creación y Estatutos de Centros Culturales, suscrito en Santiago, el 30 de noviembre de 1990, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 2a, en 8 de octubre de 1992.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 35a, en 23 de marzo de 1993.
Hacienda, sesión 35a, en 23 de marzo de 1993.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. Consta de un artículo único, de modo que el Senado deberá pronunciarse sobre él en general y en particular a la vez. El convenio en cuestión está constituido por un preámbulo y 16 artículos.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto por la unanimidad de sus miembros, y lo mismo hizo la Comisión de Hacienda.
El señor URENDA (Vicepresidente).- En la discusión general y particular, tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, este Acuerdo se inserta en la política del Gobierno en orden a aumentar las relaciones culturales, especialmente con países amigos como Francia. Entre los antecedentes del mismo, hay instrumentos como el Acuerdo Cultural de noviembre de 1965 y el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica de 1962.
En síntesis, el Convenio se traduce en la creación, por parte de los Gobiernos de Chile y de Francia, de dos centros culturales: uno francés en Santiago, denominado "Institut Francais du Chili", y otro chileno en Francia, al que curiosamente no se da nombre alguno. Lo más probable es que se llame "Centro Cultural de Chile en París". Tienen por objeto contribuir al incremento de las relaciones entre ambos países en los ámbitos de la cultura, el arte, la educación, la comunicación, etcétera. Como dependen de las Embajadas respectivas, tienen un status diplomático.
Sus actividades podrán realizarse en el marco de una cooperación descentralizada en Francia o en Chile, pudiendo los Centros establecer relaciones directas con toda clase de autoridades dentro de cada país.
En el artículo 5° de la iniciativa, se detallan las actividades que llevarán a cabo. Entre ellas están la organización de conferencias, coloquios, etcétera; participación en manifestaciones culturales, científicas y técnicas; presentación y proyección de películas; publicaciones de toda clase; mantenimiento de bibliotecas y salas de lectura; invitación y recibimiento de investigadores; información sobre asuntos culturales del país huésped y organización de cursos y talleres.
Los Centros Culturales podrán desarrollar sus actividades fuera de sus edificios y ocupar otros lugares para llevarlas a cabo cuando sea necesario.
Se establece, asimismo, que serán instituciones sin fines de lucro, sin perjuicio de lo cual podrán percibir derechos de ingreso y vender catálogos y otros elementos que les reporten ciertas entradas.
Los Centros Culturales gozarán, en el Estado anfitrión, de exención respecto de cualquier tipo de contribuciones o impuestos, con excepción de derechos exigibles por concepto de servicios prestados. Es decir, tienen el status diplomático a que ya hice referencia.
También estarán exentos, sobre la base de reciprocidad, de derechos de Aduana y de otros impuestos a la importación de una serie de elementos (se detallan en el artículo 11) necesarios para llevar a efecto sus actividades.
Estos son, en suma, los puntos fundamentales del Acuerdo que, a juicio del Senador que habla y de la unanimidad de la Comisión, es muy conveniente, pues permite fomentar el intercambio cultural con un país como Francia, que se destaca en esta materia.
Por estas razones, recomiendo al Senado que preste su aprobación al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, desde luego voy a concurrir con mi voto a la aprobación del proyecto. Sin embargo, deseo reiterar lo que hice presente en la sesión de ayer respecto de la conveniencia de que la Comisión de Relaciones Exteriores incluya en el estudio que se le encomendó lo relativo a los alcances de esta multiplicidad de organismos de tipo cultural con funciones similares.
No estamos en condiciones de objetar la iniciativa en debate. Debemos pronunciarnos en favor o en contra de ella. Personalmente, la respaldaré, y con mucho agrado.
No poseo muchas condecoraciones; tengo sólo una, y ella, precisamente, es de carácter cultural y me la concedió el Gobierno de Francia. Sin embargo, ¿qué me mueve a hacer esta intervención? Hace años -decenios ya- se desarrolló en nuestro país, por iniciativa de la Universidad de Chile, y bajo su mando o influjo, el sistema de los institutos o centros binacionales de cultura. Desde entonces, han funcionado, con distinta influencia y, a veces, con distinta institucionalidad dentro del marco general, los Institutos Chileno-Israelí de Cultura, Chileno-Británico de Cultura, Chileno-Norteamericano de Cultura y Chileno-Francés de Cultura, entre otros. Estos organismos han tenido siempre una relación con la Embajada respectiva y otra con la Universidad de Chile. En consecuencia, cuando el presente Convenio crea, por iniciativa y acuerdo de los Gobiernos de Francia y Chile, un sistema de centros recíprocos en ambos países, de tipo binacional y cultural, en realidad se está duplicando el instituto que actualmente existe en vinculación con la Universidad de Chile. Creo que es una materia digna de estudiarse.
Por consiguiente, al margen de la aprobación de la presente iniciativa, me permito -aunque sea, de alguna manera, una voz que clame en el desierto- insistir en la conveniencia de conocer el funcionamiento de entidades vinculadas, que tienen competencia parecida y que, al crearse una al lado de la otra, en lugar de sumar esfuerzos, los restan, por disputarse la competencia.
Lo que en la tarde de ayer mencionaba, por ejemplo, en relación a lo iberoamericano, latinoamericano e interamericano no es baladí. Probablemente, es mucho más fácil definir el problema que se produce en el ámbito de las relaciones económicas que el que se suscita en el plano cultural, mucho más fluido. Pero, evidentemente, los factores culturales que nos enlazan con el mundo sajón son muy distintos de los que nos enlazan con el mundo europeo, latino o de los que nos ligan como hijos de la misma cultura original iberoamericana. De modo que, en este aspecto, la iniciativa repite, con otras características, el mismo problema.
Por tal razón, junto con prestar mi aprobación al proyecto de acuerdo, me permito insistir en la necesidad de que la Comisión de Relaciones Exteriores estudie esta materia.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, hace algún tiempo sugerí que, al momento de someterse a nuestro conocimiento los tratados o convenios que suscribe nuestro Gobierno con el de otras naciones, también se solicitara la opinión del Ministerio correspondiente. Entiendo perfectamente que las relaciones internacionales son llevadas por nuestra Cancillería, por el Ministro del ramo y los funcionarios a su cargo; pero estoy cierto de que en el caso, por ejemplo, de convenios culturales, aquélla pide un informe a la Cartera de Educación o a la Universidad de Chile, si corresponde. Tratándose de otras materias, solicitará tal informe al Ministerio de Economía o al que tenga una opinión o participación en ellas. Ese documento constituirá un elemento fundamental para pronunciarse sobre los acuerdos internacionales que se suscriban. Sin embargo, en esta oportunidad, nos llega...
El señor PÁEZ.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor JARPA.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa, señor Senador.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente, en verdad, el trámite que Su Señoría solicita se ha cumplido, porque el proyecto de acuerdo viene, precisamente, firmado por el Ministro de Educación de la época, don Ricardo Lagos. O sea, obviamente, en esta materia ha intervenido el Ministerio del ramo.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, no dudo de la importancia de la firma de don Ricardo Lagos. He manifestado que sería conveniente conocer la opinión fundada y los antecedentes que ha enviado sobre esta materia el señor Ministro de Educación, y, en otros casos, el de Economía, para formarnos realmente un juicio acerca de la utilidad, relevancia y extensión de los convenios, y acerca de cómo funcionarán y a qué organismos estarán vinculados en Chile.
En fin, reitero la conveniencia de tener mayor información al respecto y no limitarnos a verificar la firma del Ministro de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, lamento estar en total desacuerdo con el Senador señor Jarpa, pues con esa teoría suprimiríamos la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que, como cada proyecto de acuerdo atañe a algún Ministerio, iría directamente a la Comisión respectiva. Por ejemplo, en este caso se lo enviaría a la de Educación; en otro, a la de Economía, y si la materia estuviera relacionada con los delitos de las plataformas continentales, debería remitirse a la de Constitución, Legislación y Justicia. Ahora bien, si la Comisión de Relaciones Exteriores va a estar sometida a la tutela de todos los demás órganos técnicos, no tendrá objeto.
El señor JARPA.- Señor Presidente, me he referido a la información que pueda recibir de los Ministerios; no he dicho que las materias de que tratan los convenios deban someterse al estudio de todas las Comisiones del Senado.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Podría aprobarse el Convenio, sin perjuicio de tener presentes las sugerencias efectuadas por los Senadores señores Jarpa y Thayer, a fin de reunir el máximo de antecedentes, que pueden derivar también de un verdadero catastro de tratados firmados, en donde es posible que, si son muchos, algunos se superpongan.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia de que se tendrán presentes las observaciones formuladas por los señores Jarpa y Thayer.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Cantuarias:
FONDOS PARA OBRAS EN TOMECO (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de asignar fondos y estudiar un proyecto que permita dar una solución al escurrimiento de las aguas del estero Tomeco, especialmente a orilla de carretera, así como también la construcción de puentes en el acceso a la localidad del mismo nombre y hacia el sector de Vega Blanca.".
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Del señor Frei (don Arturo):
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA AGRICULTORES DE QUILLÓN (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole que autorice a la Ilustre Municipalidad de Quillón para acceder al Fondo Leasing, como fue requerido en oficio N° 0125, de 18 de enero recién pasado, ya que, por tratarse de una comuna netamente rural, se necesita imperiosamente una máquina motoniveladora, a fin de ser usada por los agricultores.".
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Del señor Jarpa:
APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL RIO LLUTA PARA REGADÍO (PRIMERA REGIÓN)
"A los señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura y al señor Intendente de la Primera Región, a fin de que, si lo tienen a bien, se sirvan informar acerca de la existencia de estudios o proyectos relativos al aprovechamiento de las aguas del río Lluta para regadío".
PRADERAS ARTIFICIALES EN VALLES DE LA PRECORDILLERA Y EL ALTIPLANO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA REGIONES
"A los señores Ministros de Agricultura y Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, y a los señores Intendentes respectivos, pidiéndoles informar acerca de la existencia y grado de ejecución de programas o estudios sobre praderas artificiales en los valles de la precordillera y el altiplano de la Primera y Segunda Regiones.".
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El señor URENDA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
No hará uso de su tiempo.
En seguida, corresponde el turno al Comité Radical-Socialdemócrata.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.
CREACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN OCTAVA Y NOVENA REGIONES. OFICIO
El señor NAVARRETE.-
Señor Presidente, quiero referirme a un proyecto destinado a crear en la provincia de Malleco un nuevo Servicio de Salud, dejando el que existe actualmente en la Región de la Araucanía destinado básicamente a atender las necesidades de salud de la provincia de Cautín.
Me parece importante hacer mención a este proyecto, por cuanto a través de él se está llevando adelante una iniciativa tendiente a mejorar cuantitativa y cualitativamente las inversiones que el Gobierno viene realizando, en términos de favorecer a la gente y otorgarles mejores perspectivas.
El proyecto político-económico que hoy determina nuestra realidad como país, valora la descentralización como búsqueda de una mayor equidad. De ahí que uno de los aspectos relevantes en materia legislativa de los últimos tres años es el haber alcanzado una ley sobre regionalización, la cual está muy pronta a ser aplicada íntegramente, una vez que sean elegidos los consejeros regionales, para constituir los gobiernos regionales. Sin embargo, ello implica realizar profundas reformas institucionales; incrementar por esa vía la descentralización de la inversión pública; asignar recursos presupuestarios, y, en definitiva, efectuar modificaciones que favorezcan el desarrollo de las potencialidades regionales.
La descentralización, en un sentido amplio, significa fortalecer las Regiones y las localidades apartadas de la capital. La descentralización y la desconcentración administrativa se ligan estrechamente al estilo de desarrollo de la economía que ha asumido nuestro país, así como a la posibilidad de mitigar los problemas de la pobreza regional.
Nuestras Regiones precisan ser incorporadas realmente al proceso de modernización y difusión de innovaciones tecnológicas, de modo de aprovechar integralmente las oportunidades que el contexto nacional e internacional ofrece a cada una de ellas, las cuales tienen sus particularidades y, entre sí, manifiestan diferencias importantes.
El desarrollo exitoso de estas tendencias influirá en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las Regiones; aumentará la eficiencia global, y permitirá avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades.
La implementación de mecanismos que faciliten llegar a una real descentralización en la toma de decisiones, velando por una acción coordinada entre los distintos componentes del sistema, aparece planteada, sin duda, en esta iniciativa a que he hecho mención, la cual -como dije- está destinada a crear un nuevo Servicio de Salud en la Araucanía Norte, específicamente en la provincia de Malleco.
Se pretende, a través de este proyecto, fundamentalmente lograr los siguientes objetivos o propósitos:
Primero, hacer posible la política social del Supremo Gobierno y del Ministerio de Salud en orden a otorgar prioridad a la población más pobre y con mayor riesgo biomédico; descentralizar y aumentar la capacidad de gestión; readecuar y desarrollar el sistema de atención de salud, e incrementar la complementación público-privada.
Segundo, descentralizar, poniendo el desarrollo y el funcionamiento del sector público de salud de esa provincia en manos de sus propias autoridades.
Tercero, contribuir al diseño de un plan de salud que asuma su realidad, priorice sus necesidades, asigne eficientemente sus recursos, mejore su infraestructura en cantidad y calidad, ayude a coordinar la gestión pública y privada en un contexto de eficacia del sector salud, y que, en resumen, permita autogobernarse de acuerdo a su capacidad de pensamiento, organización y participación.
En el ámbito regional, la generación del Servicio de Salud de la Araucanía Norte obedece básicamente al hecho de que la provincia de Malleco no ha logrado desarrollar una capacidad autónoma y descentralizada de gestión que le permita participar de manera activa en el desarrollo de la salud. Actualmente, para la Dirección de Salud, la atención de las comunidades de alta ruralidad, con asiento en Temuco, resulta más onerosa y difícil de realizar con sus escasos recursos humanos y materiales, de modo que las actividades efectuadas son insuficientes.
Aparece también como esencial que la provisión de servicios de salud y su adecuación a las necesidades, esto es, cobertura y calidad, estén lo más próximo a los lugares donde se producen o sean susceptibles de prevenirse los eventos que la afectan. Paralelamente, ello implica la disposición y proximidad, no sólo de los recursos operativos directos, sino también de los recursos relacionados con la gestión, toma de decisiones y apoyo técnico; en síntesis, con el conjunto de las actividades asociadas a una dirección de servicio en la estructura vigente del sector salud.
En consecuencia, es de toda conveniencia dotar a la provincia de Malleco de una organización sanitaria propia y autónoma, que inicie y permita una gestión estrechamente vinculada a su realidad y que otorgue un positivo cambio de su situación actual.
En concordancia con todo lo que anteriormente he señalado y en el contexto del proceso de la regionalización, el Ministerio de Salud ha estudiado muy responsable y detenidamente, como línea estratégica, crear dos nuevos Servicios de Salud que asuman el conjunto de las misiones sectoriales, asistenciales y de gestión, tanto en la provincia de Malleco -a que me he referido en particular-, en la Novena Región, como en la provincia de Arauco, en la Octava Región, reforzando los respectivos planes de salud ya en desarrollo.
Los territorios jurisdiccionales coincidirán con la división política administrativa regional, y el desarrollo de esos Servicios permitirá fortalecer la capacidad resolutiva de los establecimientos asistenciales, conformando una red de mayor operatividad.
Recientemente, tuve la oportunidad de reunirme, junto con el Diputado por el distrito 48 de la provincia de Malleco de la Novena Región, Francisco Bayo, con el Presidente de la República, a quien le planteamos la conveniencia de agilizar los pasos destinados a que estas ideas puedan plasmarse en un proyecto de ley, a fin de que se lo envíe cuanto antes al Congreso Nacional. Con satisfacción hemos recibido del Primer Mandatario el compromiso de que en breve remitirá a la Cámara de Diputados el proyecto destinado a crear esos dos nuevos Servicios de Salud en las provincias de Malleco y de Arauco, con los consiguientes financiamientos y recursos, a fin de que puedan cumplir con los fines y objetivos para los cuales están concebidos.
He querido referirme a este tema, señor Presidente y Honorables colegas, por la importancia que reviste y por lo que representa como medidas concretas destinadas a mejorar la situación de salud de nuestra población en dos provincias particularmente pobres, con muchos problemas de atraso, y que requieren de un mejoramiento social ostensible. Este paso está conduciendo en esa dirección y en el cumplimiento de tales objetivos.
Pido oficiar al Presidente de la República para imponerlo de mi intervención, agradeciendo la buena disposición que demostró y esperando con anhelo que se reciba cuanto antes en el Congreso Nacional el proyecto de ley anunciado.
He dicho.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solicito que el oficio respectivo también se envíe en mi nombre.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, en nombre de los Honorables señores Navarrete y Ruiz-Esquide, en conformidad al Reglamentó.
Corresponde el tiempo al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Senador señor Palza.
LA SANTIDAD, LA FAMILIA Y TERESA DE LOS ANDES
El señor PALZA.-
Señor Presidente, Honorables colegas, en estos últimos días se han oído, en distintos medios de comunicación, interpretaciones sobre el alcance que ha tenido para Chile la santificación de Teresa de Jesús de Los Andes, cuyo nombre civil fue Juanita Fernández. La mayoría ha considerado el hecho como relevante y de gran valor para la vida presente y futura de los jóvenes de nuestra patria, cuyas motivaciones, a fin de seguir viviendo y ser un aporte decisivo en el quehacer de Chile, a veces carecen de la solidez que la historia requiere en los tiempos venideros.
Otros -los menos- consideran que ese hecho es un cuento creado, cuyo valor en sí es poco importante y carece de interés para la juventud. Hacen prevalecer aspectos en el sentido de que nadie puede tener como objetivo llevar una vida meramente religiosa alejada del mundo y reducida en su acción a la oración y a la contemplación mística.
Pienso que es válido aquello de que los "árboles no dejan ver el bosque"; por tanto, lo primero es definir el concepto o el sentido de la palabra santidad, antes que hablar sobre el alcance de la santificación de Teresa de Jesús de Los Andes.
Ser santo es la respuesta al pedido que Dios hace a su creatura en el sentido de que cumpla su voluntad de respetar los Mandamientos que le entregó para que se liberara del pecado de soberbia, que fue el medio por el cual el hombre perdió el Paraíso donde vivía.
Cristo lo reitera cuando señala a sus seguidores que sean santos como Dios lo es, para lo cual los llama a cumplir en su vida familiar y social con la justicia, evitando toda acción que menoscabe los derechos del otro, cualquiera que sea su condición social, cultural, racial y económica, y buscando siempre el bien.
Ese bien es el que, por distintos caminos, los hombres debieran buscar para hacer posible un mundo alejado del egoísmo que los divide en pobres, míseros y ricos, en personas justas e injustas, en jueces que hacen justicia o la niegan por temor a tocar a los intocables de su sociedad, en hombres y mujeres que cumplen con su deber con los demás o buscan subterfugios para no hacerlo, en empresarios que pagan salarios justos o salarios de hambre y no hacen las imposiciones, en comerciantes que cobran lo que corresponde o perciben más allá de lo legítimo y cometen usura, en gobernantes que gobiernan para todos sin exclusiones o hacen discriminaciones, en dirigentes políticos, sindicales y vecinales que buscan el bien común y el progreso de sus representados o usufructúan de sus cargos en beneficio propio.
En esta realidad del mundo es donde a veces algunos hombres o mujeres dan a sus vidas una dimensión que altera el modo en que la mayoría vive -inmersa en su rutina diaria, con la vista puesta en sus proyectos personales y a veces alejada de lo conflictivo y molesto-, para asumir así un camino diferente, cuyo objetivo es vivir para los demás, conforme a su carisma o su sentido de percepción de la vida trascendente, y que vuelcan su trabajo para orar por todos aquellos que sienten necesidad de justicia, de búsqueda de esperanzas, de un amanecer que aleje la obscuridad de sus vidas. Esta actitud es un acto de amor que, a diferencia de lo que se entiende, es la manera de construir una realidad distinta.
Por tanto, la santificación de Teresa de Jesús de Los Andes no debemos mirarla sólo en un contexto religioso, sino de un modo especial y válido de entrega a una causa de justicia, de paz y de amor, que construye el futuro con métodos que no son comunes a la sociedad de ayer, de hoy y de mañana. Allí está el valor de su decisión de ingresar a un convento, en un tiempo histórico y de vida familiar, donde, para la mujer, hacerlo era un camino posible y digno. Tal vez hoy Santa Teresa de Los Andes habría estudiado una profesión donde desarrollara tareas de bien social, educacional, de salud, etcétera. De este modo, habría también santificado su vida entregándose a una causa que respondiera a su espíritu y a sus creencias.
Quienes somos cristianos y católicos deberemos sentirnos gratificados si mañana las tareas realizadas al servicio del mundo son consideradas valiosas por haber permitido que muchos seres humanos hayan logrado reivindicaciones que en derecho les asistían y les estaban negadas por el egoísmo de sistemas políticos, sociales, legales, educacionales y de salud. Los laicos, creyentes o no, pueden recibir premios de la sociedad o del mundo por sus virtudes, conocimientos y aportes en la dimensión humana, como el Premio Nóbel u otros, y ello no puede ser descalificado por criterios ideológicos o de otro orden.
Santa Teresa de Los Andes era una joven con virtudes ejemplares. Al lugar que escogió, ella no fue como miembro de una ideología, sino como lo he señalado anteriormente, para servir a una sociedad y, a través de una familia -la suya-, a una fe que trasciende el tiempo de nuestras existencias. Para los católicos, todos somos llamados a la santidad por medio de nuestra fe y su encarnación al servicio de la humanidad.
Santa Teresa de Jesús se encierra por amor a Cristo, redimidor de los desamparados y despreciados, de los miserables y negados por la sociedad, la que excluye a muchos por tener defectos, aun cuando, como bien Cristo lo señala, "quien esté libre de culpa lance la primera piedra". Las reacciones posteriores de muchos son demasiado conocidas para detallarlas ahora.
Como Senador de la República, como cristiano y católico, me regocijo de la alegría de todos aquellos que creen y que ven en Santa Teresa de Los Andes un referente digno de ser amado, imitado y venerado, en quien hallarán amparo e intercesión ante Dios para sus anhelos de justicia, paz y esperanza. Y para las familias, encontrarán allí una muestra de que es posible vivir la reconciliación con el otro de la misma casa, barrio, ciudad, ambiente y sociedad.
Deseo aplaudir, en el Senado de la República, las declaraciones que al respecto ha formulado el Arzobispo de Santiago, Monseñor Carlos Oviedo, las que constituyen una feliz iniciativa de la Iglesia Católica de Chile.
Primero, las declaraciones: "Teresa de Los Andes fue producto de una familia y una educación católica, y por eso, miramos especialmente a quienes no han tenido una oportunidad de gozar de una familia".
Segundo, la iniciativa: "La Iglesia Católica chilena declarará a Santa Teresa de Los Andes "Patrona de los niños sin hogar", haciendo extensiva su protección a los hogares de menores, centros de rehabilitación y cárceles juveniles".
Así, pues, Honorables señores Senadores, no se trata, como se ha señalado en algunos aspectos, de que tan sólo sea una santa para los católicos, sino que es una clara señal de santidad para Chile y el mundo, máxime cuando en algunos sectores y lugares del planeta se aprecia mucho más el mercantilismo, el egoísmo, el consumismo y también el materialismo. Creo que esta señal que nos da Dios en estos tiempos debemos asumirla en su real dimensión.
Recíbanse, entonces, estas palabras, no como un discurso de circunstancias, sino como un reconocimiento de un deudor, ya que a ella solicitamos, como familia, apoyo durante mi enfermedad. Debo un reconocimiento a todos cuantos también lo hicieron en mi Región y que hace algunos días recibieron una imagen que hice llegar a la parroquia de la Virgen de Las Peñas de Arica, para que Santa Teresa de Los Andes reciba veneración. La recibirá de los humildes campesinos del Valle de Azapa, que con sus manos levantaron un pequeño y modesto santuario en honor a Santa Teresa de Los Andes, ya que, como dijo Jesús a sus apóstoles luego de la Resurrección, "Felices los que han creído sin haber visto".
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
INTOLERANCIA ANTE FERVOR RELIGIOSO
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente: 21 de marzo de 1993. Inicio del Otoño chileno y de la Primavera romana. Aquí, de madrugada. Allá, media mañana. Hora de católica alegría en los cinco continentes. Desbordante júbilo en la patria de la que, hasta ayer, era Juanita Fernández Solar, quien hoy es Santa Teresa de Jesús de Los Andes, la primera santa chilena.
La canonización de la joven carmelita encendió el fervor religioso de un pueblo y conmovió el alma nacional. No toda el alma nacional, en el supuesto de que no son desalmados aquellos a quienes me voy a referir.
No pretendemos que todos los no creyentes respondan emocional y racionalmente, como quienes tenemos fe, al acto trascendente y trascendental de la canonización, pero sí pretendemos -y tenemos derecho a exigirlo- que un acto que para nosotros es sagrado sea respetado. Hay algunos que no se atreven a manifestar su posición públicamente, porque -astutos- no se exponen al repudio general, y vierten su veneno en artículos plagados de falsedades e injurias.
Nadie se libra de estos plumarios fanáticos. A todos llega su virulento ataque: al Papa, al vicepostulador de la canonización, a Gobiernos, Jefes de Estado, embajadores, congregaciones religiosas y también a los partidos políticos.
Nadie ni nada detiene, para mentir descaradamente, a estos seguidores del aforismo volteriano: "Mentid, mentid, que siempre algo queda.".
Como ejemplo, transcribo la relación que en uno de estos artículos de un periódico se hace de la beatificación de Sor Teresa en abril de 1987:
"En la ceremonia del parque se produjeron espectaculares incidentes cuando grupos de fieles intentaron manifestar actos contra Pinochet y los militares en demanda de respeto a los derechos humanos; la represión policial provocó decenas de heridos y puso en peligro a miles de personas.".
Y lo escriben -¡se atreven a hacerlo!- cuando fuimos millares los testigos y víctimas del extremismo y millones los televidentes de Chile y el mundo que aún recuerdan la tristemente célebre asonada. Los que estuvimos en el parque O'Higgins ese 5 de abril de 1987, jamás lo olvidaremos.
A la multitud nos embargaba una contagiosa alegría; ingresaban cientos de grupos de fieles al amplio escenario. Uno de éstos era especialmente entusiasta; portaba grandes pancartas y emblemas con leyendas demostrativas de adhesión y afecto al Santo Padre, y en grito estentóreo que parecía leal, decía: "Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo".
De pronto en el cielo de la Capital, detrás del altar pontificio, se alza un volantín. ¡Extraño volantín, en abril! Atrae la atención por segundos y desaparece. Simultáneamente, en el sector poniente del parque, surgen grandes humaredas, se escucha una gritería insultante y grosera. Las pancartas y estandartes, antes amistosos, se esgrimen con violencia contra niños, ancianos y mujeres sin distingo. Asoman los infames linchacos, zumban las piedras y cambian los rostros, que ahora son encendidos y violentos. Cientos de Judas Iscariotes -"Juan Pablo, amigo"- tiran palos con punta de "gillettes", penetran entre la compacta masa humana, golpean a diestra y siniestra con tan estudiada maniobra que impiden la acción de los hombres presentes. Se acercan peligrosamente a menos de cien metros del altar. Era el caos. El pastor levanta entonces su voz enérgica, potente, y dice: "El amor es más fuerte, es más fuerte". Los vándalos retroceden, cobardes y acobardados; se reúne el pueblo y la solemne ceremonia continúa.
Hace más de 1.500 años, Atila, al frente de los bárbaros, avanza sobre Roma. Ataviado con sus ornamentos sagrados, el Papa León I lo enfrenta. El rey de los hunos se retira. Roma se libra del saqueo y de la destrucción.
Dos claros ejemplos de continuidad: en el año 451, León I, y en 1987, el Papa Juan Pablo II.
El sentimiento acunado desde aquel otoño y madurado por seis años en la esperanza de un pueblo que fue explosión de júbilo el pasado 21 de marzo, fue resentimiento para una minoría antisocial y violentista. La expresión de este despecho y encono está patente en un artículo publicado recientemente. No entienden los resentidos la alegría compartida, simple y pura, de un pueblo que es bondadoso y solidario, porque tiene raíz y cultura cristianas.
En el intríngulis de Babel del artículo de marras, que pretende ser analítico -aspira a humorista y es sólo una sarta de mentiras-, se hacen también juicios políticos. Dice a la letra:
"La Concertación demostrará que el consenso espiritual también funcionará entre católicos, ateos y masones".
¡Gracias a Dios que llegamos al consenso! Les duele que políticos chilenos, parlamentarios, ministros, dirigentes, seamos capaces de llegar a acuerdos básicos sin perder identidad.
No pueden entender que un Senador católico rinda un sincero homenaje a un Gran Maestro de la Logia Masónica Chilena por sus relevantes méritos, o que un Senador masón, que declara su firme laicismo, se haga partícipe de la alegría de una Iglesia que obviamente no es la suya.
Nosotros lo hacemos porque somos demócratas. Ellos no lo entienden, y menos lo pueden practicar, porque no lo son.
¿Quieren los totalitarios que regresemos a las luchas religiosas del siglo pasado? ¿Pretenden volver a la pugna ideológica de hace algunas décadas, con los resultados conocidos?
Definitivamente estos integristas se quedaron en el pasado. Siguen las doctrinas que han demostrado, con trágica elocuencia, su rotundo fracaso.
Por nuestra parte, estamos con el consenso, que es expresión de democracia. No abjuramos de creencias, filosofías, ideologías ni doctrinas. Hemos reforzado en este Parlamento nuestra chilenidad, que mediante el consejo de Jacques Maritain, de procurar la "amistad cívica", tiene como fin superior el bien común. Y en esa tarea estamos, responsablemente.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Aún restan algunos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
No va a hacer uso de él.
Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE RECEPTACIÓN
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, Honorables colegas: En el día de ayer presenté aquí en el Senado un proyecto de ley que tiene por objeto sancionar fuertemente a los reducidores, lo que, desde un punto de vista de técnica jurídica, se denomina delito de receptación.
Es un hecho indiscutido entre los juristas -tesis que, por lo demás, se recoge de la doctrina penal- que el encubrimiento no es una forma de participación, como formalmente aparece en nuestro Código Penal, sino que es un hecho delictivo autónomo, por cuanto se realiza con posterioridad al respectivo acto delictual, lo cual surge claramente del tenor literal de la ley.
La comisión de determinados delitos, especialmente contra la propiedad, genera a su vez otros hechos delictivos autónomos que se efectúan, como dije, con posterioridad al delito inicial.
El propósito del proyecto de ley que he presentado -y que contará con el patrocinio del Ejecutivo para incluirlo en la Legislatura Extraordinaria- es romper una verdadera cadena delictiva que se establece como consecuencia de la comisión de delitos contra la propiedad. Específicamente, se apunta a sancionar como delito autónomo las actividades ilegales de los denominados "reducidores", quienes se han especializado en comercializar artículos robados o hurtados.
Con este tratamiento jurídico, y no con el de una figura de encubrimiento, se persigue, asignándose una pena equivalente a la gravedad del delito -y bastante severa-, inhibir a quienes en forma reiterada, o incluso cotidiana, realizan ese tipo de actividades. Y, como resultado anexo, esta iniciativa -que espero que sea ley de la República en el curso de este año- constituirá un poderoso obstáculo para los que viven del hurto o del robo. Desde el momento en que presenté el proyecto, he dicho reiteradamente que nadie hurta o roba para coleccionar, de manera que los reducidores son elementos que en gran medida incentivan la comisión de esos delitos. Es más: creo que estas personas, en muchos casos, son los verdaderos autores intelectuales o instigadores y quienes, en definitiva, obtienen el mayor provecho económico con su proceder.
Es indiscutido en la doctrina que el encubrimiento no es una forma de participación: se le considera un hecho delictivo autónomo, pues se realiza con posterioridad al delito referido o inicial. De este modo, el hecho posterior, aunque en referencia al hecho anterior, requiere el tratamiento legal de un delito propio, y no continuar siendo considerado -como sucede en nuestro país- una simple forma de participación. Los abogados -sobre todo quienes nos dedicamos al Derecho Penal- sabemos que las penas asignadas a los autores, cómplices y encubridores tienen una escala decreciente, aplicándose el total de la pena al autor, un grado menos al cómplice y otro grado menos al encubridor. De manera que hoy día, en estricto derecho, se hace ilusoria una sanción para los reducidores. En los códigos y proyectos modernos, el encubrimiento tiende a desaparecer de las reglas generales, y paulatinamente ha pasado a constituir un delito especial, incluido ya sea entre aquellos que atentan contra el patrimonio, cuando hay ánimo de lucro, o bien, entre aquellos que se cometen en contra de la administración de justicia, puesto que significa obstaculizarla o impedirla.
Ahora, es urgente, desde el punto de vista de la política criminal, reformar el tratamiento jurídico del llamado "delito de receptación". Al respecto, quiero señalar que son numerosos los autores contemporáneos que sostienen la posición que he expuesto. Y yo diría que prácticamente todos los países de Europa y la inmensa mayoría de los de América Latina, así como otros en el mundo, tienen consignado como figura independiente el tipo penal aludido, que desde el punto de vista jurídico es el tratamiento dado a los reducidores. La razón reside tanto en la intensificación de la afección al patrimonio de la víctima como en el hecho de que justamente se está ante la causa directa o indirecta de delitos contra la propiedad, y de ahí que aparece como insuficiente sólo el castigo al autor del primer hecho, vale decir, el hurto o robo, en circunstancias de que a menudo es un simple instrumento del reducidor. Es más, cuando analizamos la situación de menores que aparecen participando en acciones delictuales, es fácil concluir que son utilizados por los autores intelectuales, que han conformado una verdadera mafia. En consecuencia, se debe castigar con la misma dureza tanto al autor de la receptación como al autor del hecho delictual.
En el proyecto de ley a que hago mención, uno de los artículos que propongo dispone que deben ser consideradas como circunstancias agravantes de los delitos de receptación: estar la persona dedicada habitualmente al tráfico o comercialización de efectos con valor patrimonial p económico producto de delitos; disponer la persona de establecimiento o local comercial o industrial en el cual se haga el tráfico o comercialización de los efectos con valor patrimonial o económico producto del delito; solicitar o recibir, a cualquier título, de cualquier modo, efectos con valor económico o patrimonial a personas dedicadas a afectar o atentar contra el patrimonio de otras.
Por las consideraciones expuestas, estimo de la mayor conveniencia que la iniciativa, una vez que llegue el patrocinio del Gobierno, sea tratada en las Comisiones respectivas. Esta es una manera de contribuir, como Parlamento, a combatir la lacra social que hoy día asuela grandes sectores del país, pues la delincuencia ha adquirido ribetes de audacia que preocupan y alarman a toda la comunidad, Y sabiendo lo necesario que es adoptar medidas que, en definitiva, signifiquen un corte de esta escalada, he querido (anticipándome a lo que será materia de discusión en las Comisiones) dar a conocer este proyecto en la hora de Incidentes, como una forma de proporcionar tranquilidad a la comunidad nacional en cuanto a que en el Congreso estamos preocupados de los temas que a ella le interesan.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
Quedan algunos minutos al Comité Renovación Nacional, que no hará uso de ellos.
En seguida, corresponde el tiempo al Comité Independiente de 6 Senadores, cuyos integrantes no se hallan presentes.
El turno siguiente es del Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA CONCEJALES. OFICIO
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, en la sesión del pasado 10 de noviembre de 1992, desde esta misma tribuna, solicité oficiar en mi nombre al señor Ministro del Interior, con el objeto de que el Ejecutivo patrocinara un proyecto de ley destinado a brindar a los concejales de los municipios de todo el país los beneficios previstos en las leyes sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; estatuto administrativo de los funcionarios municipales; prestaciones de salud, y nuevo régimen previsional.
En la referida ocasión hice presente que, al tenor de lo dispuesto por la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la ley N° 19.130, la asignación de los concejales no es imponible, aparte que a éstos tampoco se les aplican las normas establecidas para los funcionarios municipales, salvo en materia de responsabilidad civil y penal. En otras palabras, carecen de previsión y de protección en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por consiguiente, si algún concejal sufre un accidente durante el desempeño de sus altas funciones, tanto el Estado como la respectiva municipalidad se encuentran imposibilitados para ayudarlo, por no permitirlo la ley.
En mérito de lo mismo, señalé la urgencia de corregir tal situación con la mayor brevedad, por cuanto es absolutamente injusto que los concejales queden excluidos de la protección que la ley asegura a todos los funcionarios municipales en materia de previsión y de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, máxime si se consideran los bajos montos de sus respectivas asignaciones. Por una parte, nuestro ordenamiento jurídico les pide un compromiso con la gestión de sus municipios y la solución de los problemas de su comunidad, pero, simultáneamente, se les priva de las más elementales condiciones de seguridad social. A la luz de los preceptos constitucionales referentes a la igual protección que el Estado debe brindar a todas las personas en materia de salud y previsión social, tal situación se torna insostenible.
En base a lo anterior, solicité oficiar en mi nombre al señor Ministro del Interior, para que dispusiera el estudio y patrocinio de una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que apuntara a los siguientes objetivos:
a) Hacer aplicable a los concejales las normas previstas en la ley N° 18.883, Título IV, párrafo 6°, artículos 113 a 117, ambos inclusive, relativos a las prestaciones sociales que las municipalidades se encuentran obligadas a otorgar en caso de accidentes, enfermedades o muerte de un funcionario municipal;
b) Hacer imponible la asignación prevista en el artículo 73 de la ley N° 18.695, sin afectar su monto líquido. Teniendo presente precedentes legislativos al respecto, sugerí que se incrementara la asignación mediante una bonificación especial, de cargo de la respectiva municipalidad, similar a la otorgada en el artículo 40 del Estatuto Docente o en el decreto ley N° 3.501.
El mayor gasto que pudiera representar este incremento por concepto de imponibilidad propuse imputarlo a los recursos que primitivamente se contemplaron en los presupuestos municipales para pago de asignaciones de los ex integrantes de los consejos de desarrollo comunal, y que hoy se encuentran sin destinación.
Lamentablemente, la respuesta del señor Ministro del Interior fue negativa. Con todo, las múltiples presentaciones dirigidas al Senador que habla, por parte de diversos concejos municipales del país, me llevan a insistir desde este Hemiciclo en la referida proposición, toda vez que la respuesta que sobre el particular nos hiciera llegar el Ejecutivo carece de fundamentos plausibles.
Señor Presidente, para nadie es un misterio que en algunos municipios se está procediendo de una manera cuestionable en materia de contratación de concejales, ya sea mediante nombramientos en cargos directivos de servicios traspasados, o a través de la contratación de familiares cercanos, o por la vía de contrataciones recíprocas con municipios geográficamente próximos. Estas situaciones obedecen en gran medida a la discriminación de que han sido objeto los concejales en aspectos tan sensibles y delicados como el que estamos abordando. No pretendo buscar justificaciones a conductas éticamente reprobables; pero es evidente que la normativa discriminatoria que hoy rige únicamente alienta prácticas oblicuas, en vez de estimular en los concejales un trabajo mancomunado por el bien de cada localidad.
En consecuencia, pido que se reitere el oficio en mi nombre al señor Ministro del Interior, para que disponga el patrocinio necesario a la iniciativa legal propuesta por nuestra parte. Estoy cierto de que un sereno análisis de los antecedentes expuestos, a la luz de lo previsto en nuestra Carta Fundamental, hará comprender al Ejecutivo la inconveniencia de mantener una norma legal claramente contraria al principio de la igualdad ante la ley y al derecho a una previsión justa.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor URENDA (Vicepresidente).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 17:57.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción