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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325 EXTRAORDINARIA
Sesión 37ª, en martes 30 de marzo de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 19:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA, Y
EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alessandri Besa, Arturo
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Cooper Valencia, Alberto
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Diez Urzúa, Sergio
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Bolívar, Arturo
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--González Márquez, Carlos
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Huerta Celis, Vicente Enrique
--Jarpa Reyes, Sergio Onofre
--Larre Asenjo, Enrique
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Navarrete Betanzo, Ricardo
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ortiz De Filippi, Hugo
--Otero Lathrop, Miguel
--Pacheco Gómez, Máximo
--Páez Verdugo, Sergio
--Palza Corvacho, Humberto
--Papi Beyer, Mario
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alamparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Soto González, Laura
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vodanovic Schnake, Hernán
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:13, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 33a, ordinaria, en 16 de marzo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 34a, ordinaria, en 17 del actual, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Debo informar que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en fallo de 25 de marzo próximo pasado, rechazó por unanimidad de la Sala respectiva el recurso de protección entablado contra la resolución del Senado, de 20 de enero último, recaída en la acusación constitucional iniciada por la Cámara de Diputados en contra de tres Ministros de la Corte Suprema y del Auditor General del Ejército, en su calidad de integrante de ésta.
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente nuevamente la urgencia, con el carácter de "Simple", al proyecto de ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa.
--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero retira de tramitación el proyecto de ley que establece normas sobre operación y explotación de estaciones de televisión.
--Queda retirado el proyecto y se manda archivar.
Con el cuarto y el quinto incluye en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional los siguientes proyectos:

1.- El que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, iniciado en moción del Senador señor Piñera.

2.- El que introduce un párrafo 8 bis en el Título IX del Libro Segundo del Código Penal, bajo la denominación de "De la receptación", iniciado en moción del Senador señor Ortiz.
Con el sexto señala que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 68 de la Constitución Política respecto del proyecto que introduce diversas modificaciones al decreto ley N° 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera, y que ha procedido a promulgar como ley de la República el texto de dicha iniciativa.
--Se toma conocimiento y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el séptimo inicia un proyecto que introduce un artículo 2° bis a la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Calificado de "Suma" urgencia).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha tomado conocimiento del rechazo por parte del Senado de las modificaciones propuestas por esa Cámara al proyecto de ley que modifica los Códigos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal en materia de seguridad de las personas, como asimismo de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta, a la vez que designa a los señores Diputados que concurrirán a ella.
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei relativo a la petición efectuada por la Comisión Marítima de Estibadores de los Puertos de la Octava Región en cuanto a la aplicación del mecanismo compensatorio establecido en el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.032.
--Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 163 del Código Tributario.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal en relación con el delito de genocidio.
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y otro de la de Hacienda, relativos al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Escuela Judicial.
--Quedan para tabla.
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los Libros I, II y V del Código del Trabajo en relación con el contrato individual, la protección de los trabajadores y la jurisdicción laboral.
--Queda para tabla, y, por acuerdo de Comités, para ser tratado en el primer lugar del Orden del Día de la sesión del martes 6 de abril, oportunidad en que habrá una exposición del ministro del ramo.
Segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y otro de la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.
--Quedan para tabla.
Solicitud
Del señor Jorge Hugo Muza Moreno, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía.
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
_______________
Declaración de inadmisibilidad

El señor LAGOS (Prosecretario).- Se ha recibido en Secretaría una moción del Senador señor Piñera con la que inicia un proyecto que deroga el artículo 2° del decreto con fuerza de ley N° 171, de 1960.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, la moción que presenté es para iniciar un proyecto de ley derogatorio del artículo 2° del DFL N° 171, de 1960, relativo al Servicio de Correos y Telégrafos, que posteriormente se transformó en la Empresa de Correos de Chile. Dicha norma dispone que el Estado ejercerá, por intermedio de ésta, el monopolio para la admisión, transporte y entrega de los objetos de correspondencia. Y mi propósito es terminar con la facultad monopólica que tiene una empresa del Estado en un rubro tan importante como el de los correos, de forma tal de permitir que compitan con otras empresas que puedan surgir en el área, como es la tendencia en la inmensa mayoría de los países desarrollados.
Ahora, entiendo ¿y esto lo analicé previamente¿ que el artículo 62, N° 2°, de la Constitución Política de la República dispone que corresponde exclusivamente al Jefe del Estado la iniciativa para crear servicios públicos, suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. Pero en este caso, en mi opinión, no se están creando, ni suprimiendo, ni determinando sus funciones y atribuciones. De lo que se trata es de eliminar una cláusula monopólica.
Sin embargo, como ello puede ser discutible, deseo pedir que lo relativo a la admisibilidad o inadmisibilidad de la moción sea analizado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; que, de ser positivo su informe, aquélla sea acogida a tramitación; y, de lo contrario, que se solicite al Ejecutivo el patrocinio constitucional correspondiente.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hago presente que, de conformidad con los artículos 13 del Reglamento del Senado y 80 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Mesa tiene formada convicción ¿salvo mejor parecer de la Sala¿ acerca de la inadmisibilidad de la moción.
No es el momento de discutir esta materia. Pero estimo que puede resultar adecuado el procedimiento sugerido por el Senador señor Piñera de enviar el asunto a la Comisión de Constitución, para que lo estudie con mayor detenimiento, a la luz de las disposiciones fundamentales respectivas.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en lo formal, debo hacer presente que las normas citadas para declarar improcedente la moción no corresponden, pues el artículo 13 del Reglamento se refiere a los Comités y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional no tiene artículo 80.
En lo sustantivo, quiero confirmar lo señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, pues considero que el asunto no es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, ya que la facultad que concede la ley vigente a la Empresa de Correos para transportar correspondencia no se altera. Lo que hay es una prohibición para que las personas puedan desarrollar esa actividad. Y tal impedimento, que la proposición del Honorable señor Piñera pretende derogar, no corresponde a la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.
Por lo tanto, comparto el criterio de que ello sea estudiado por la Comisión de Constitución, dejando establecido, en todo caso, que, en mi opinión, la materia no es sólo de iniciativa presidencial y que reviste la mayor importancia clarificar que los Parlamentarios tenemos competencia para derogar una norma que impone una prohibición a los particulares.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Quiero dar excusas a la Sala con relación a los preceptos que cité. En efecto, se trata de los artículos 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 80 del Reglamento del Senado. Hubo un error en la elaboración del documento pertinente.
Ahora, no creo que sea del caso discutir acerca de la inadmisibilidad de la moción. Y pienso que las opiniones que se den en este momento no influirán en definitiva, por tratarse de algo bastante complejo.
Sin ánimo de abrir debate, salvo respecto de la nueva sugerencia del Senador señor Piñera, ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para enviar la materia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?
--Así se acuerda.

El señor VALDÉS (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, se acaba de dar cuenta de un informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 163 del Código Tributario.
Según tengo entendido, lo que pretende esa iniciativa es rebajar el monto de la caución para los efectos de la libertad provisional. Se trata, entonces, de una materia que debe ser conocida, además de la Comisión de Constitución, por la de Hacienda, pues cae dentro de las facultades propias de esta última.
Por lo tanto, solicito a la Sala enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda.

El señor VODANOVIC.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- El Senador señor Zaldívar tiene toda la razón. La iniciativa, por el tema de que trata, debe ser enviada también a la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Sala, así se procederá.

El señor VODANOVIC.- No, señor Presidente.
El proyecto está relacionado con la libertad provisional y no con la recaudación e inversión de los fondos públicos. No tiene absolutamente nada que ver, por su materia y naturaleza, con la Comisión de Hacienda. Y basta leerlo para concluir eso.
Por consiguiente, me opongo.

El señor OTERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor OTERO.- Coincido plenamente con el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque la iniciativa se relaciona sólo con la libertad provisional bajo fianza, materia de la competencia exclusiva de ese organismo.
En lo personal, me he opuesto a que se extiendan las competencias de las Comisiones a asuntos que no les corresponden, porque hacerlo significaría entrabar el proceso legislativo del Senado.
En el proyecto de que se trata no hay nada que afecte el interés fiscal. Porque si se sostiene que mantener detenida a una persona mientras no deposite determinada fianza (que todavía no se sabe si va a pasar o no a arcas fiscales) es afectarlo, se está extremando la interpretación que debe darse a la norma reglamentaria pertinente.
En consecuencia, no estamos de acuerdo con que el asunto pase a la Comisión de Hacienda, porque no constituye una materia de su ámbito.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tengo entendido que el Honorable señor Zaldívar desea insistir en su argumentación.

El señor ZALDÍVAR.- Así es, señor Presidente. Y lo hago basado en que la iniciativa tiene un efecto de orden financiero.
Entre las modificaciones propuestas a los montos de fianzas para lograr la libertad se incluye una relativa al delito de obtención fraudulenta de devolución de impuestos por exportaciones, franquicia que ha dado origen a que mucha gente abuse retirando ingentes cantidades y cometiendo las mayores estafas contra el Fisco. Ahora se pretende rebajar la caución exigida, que es de ciento por ciento de la devolución lograda indebidamente.
Yo pregunto: ¿tiene eso o no incidencia en la administración financiera del Estado? Indiscutiblemente que sí. En consecuencia, el asunto debe ser visto por la Comisión de Hacienda.

El señor VODANOVIC.- Tiene mucho más que ver con la administración financiera del Estado el hecho de que los organismos fiscalizadores actúen adecuadamente para que no se produzcan tales fraudes.

El señor ZALDÍVAR.- No es un problema de fiscalización, señor Senador. Se trata de que hay personas que se aprovechan de los beneficios que da el Estado y, engañando, obtienen devolución de impuestos sobre exportaciones que no han efectuado.
Sin duda, el proyecto tiene que ver con la economía del país, pues produce efectos financieros. Y no veo por qué oponerse a que sea conocido por la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es el objeto? Cuando en otros casos ha surgido esta clase de dudas, siempre hemos pasado las iniciativas a otra Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- El Senador señor Urenda tiene la palabra.

El señor URENDA.- Señor Presidente, pienso que estamos exagerando en cuanto a la participación de la Comisión de Hacienda, porque se podría llegar a sostener que cualquier actividad desarrollada en el país influye por vía indirecta en la economía.
Aquí hay un problema muy concreto, vinculado a la libertad de las personas. Las consideraciones que se hacen sobre la culpabilidad de los procesados podrían igualmente estimarse demasiado apresuradas, porque es obvio que antes de una sentencia no podemos establecer si esa culpabilidad realmente existe.
Opino que nada tiene que ver un aspecto meramente procesal ¿y que corresponde a uno de los principios establecidos en nuestra Constitución¿ con el efecto indirecto de las cauciones en las finanzas públicas. No veo cómo la Comisión de Hacienda podría determinar que esto va a influir en un millón o en cien millones de pesos en la recaudación fiscal, salvo que definitivamente fijemos como procedimiento la prisión por deuda y de esa manera forcemos a pagar.
Con mucho respeto por la labor de la Comisión de Hacienda, que trabaja siempre en forma extraordinariamente eficiente, sostengo que estamos exagerando su función. No veo cómo podría establecerse la influencia directa de un procedimiento judicial, que en definitiva deberá terminar en sentencia, en los ingresos del Estado. Aun más, muchos opinamos lo contrario; a veces la detención de las personas a raíz de los procesos respectivos atenta contra el interés fiscal al impedir trabajar y procurarse los recursos para pagar las eventuales deudas.
Por ello, me parece que el proyecto debe ser conocido por el Senado en la forma como lo informó la Comisión correspondiente, que es la de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, como se está realizando un debate sin que medie conocimiento del proyecto ¿no tenemos los antecedentes para discutir¿, creo que lo conveniente es que la iniciativa llegue a la Sala y aquí veamos si debe ir a la Comisión de Hacienda, y si la de Constitución tomó en cuenta todos los aspectos que aquí se han mencionado.
Entonces, pido al Honorable señor Zaldívar que retire su solicitud, y la renueve, si ello fuera procedente, cuando estemos analizando el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Senador señor Zaldívar, ¿aceptaría la proposición del Honorable señor Diez?

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, estoy convencido de que éste es un tema propio de la Comisión de Hacienda, a pesar de los argumentos que han dado otros señores Senadores.
Conozco el proyecto. Si sus disposiciones se hubiesen hallado vigentes al ocurrir una de las mayores estafas al Fisco que se han perpetrado en el último tiempo con respecto a la devolución de impuestos por exportaciones, su autor estaría en libertad, y a lo mejor ni siquiera se habría podido llevar a cabo el proceso. De hecho, hubo que pedir una extradición.
La iniciativa tiene efectos financieros, porque tanto el ablandamiento de las sanciones por delitos tributarios como su endurecimiento inciden en el rendimiento de los impuestos.
Por eso, estoy convencido de que el estudio del proyecto corresponde a la Comisión de Hacienda.

El señor VALDÉS (Presidente).- La Mesa no opinará sobre la materia, porque no le compete. Sin embargo, los argumentos son bastante sólidos. Y lo que abunda, no daña. Indudablemente, si la Comisión de Hacienda estudia la iniciativa, no la va a estropear.
Si no hay acuerdo en la Sala, la Mesa deberá poner el asunto en votación.

El señor VODANOVIC.- Antes de que lo ponga en votación, ¿me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, quiero manifestar mi molestia por la forma en que se ha solicitado la intervención de la Comisión de Hacienda y por las palabras del Honorable señor Zaldívar.
La verdad es que el Senado no discute ni vota proyectos de ley que signifiquen la libertad escandalosa de delincuentes. Ésa es una suposición que debo rechazar terminante y enérgicamente.
Las cosas, en su lugar. Me he opuesto al procedimiento sugerido porque la Comisión de Hacienda, en mi concepto, nada tiene que ver en la iniciativa. Mi opinión podrá ser acertada o errónea. Pero la forma en que el asunto se ha planteado, así como la manera en que públicamente, una vez que fue emitido el informe de la Comisión, éste se comentó en algunos órganos de difusión, sugiriendo motivaciones ajenas a las que estrictamente han inspirado a sus autores, me parece que obligan a que mañana se trate el tema en su mérito intrínseco, con la mayor acuciosidad y profundidad.
Y quiero anticipar desde ya que, cuando discuto un proyecto sobre la libertad provisional, estoy actuando como legislador, preocupado de una garantía constitucional, y no como recaudador de fondos del Estado. Porque a mí me pagan sueldo para ser Parlamentario y no empleado del Gobierno.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Quiero manifestar al Senador señor Vodanovic que lamento su reacción. Porque podríamos examinar mi intervención y comprobar que en ningún momento he formulado suposición alguna de ese tipo. Lo único que afirmé fue que, si había dudas sobre si procedía o no el informe de la Comisión de Hacienda, no entendía por qué no enviarlo a ésta.
No existen dudas ni suposiciones sobre ninguno de los señores Senadores. Tampoco hay aquí nadie que actúe como funcionario para recaudar impuestos. Cada uno defiende su posición de acuerdo con su propia lógica, poniendo en ello la buena fe.
Insisto ¿respetando la opinión de los señores Senadores que discrepan de mi enfoque¿ en que ésta es una materia con incidencia en el orden financiero, porque la modificación de la norma vigente afectará la recaudación de impuestos. Y me baso para ello en un informe de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, que me ha entregado todos los antecedentes del caso para ponerlos a disposición del Senado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, estimo que ayudaría bastante que esta Corporación acogiera la sugerencia del Honorable señor Diez.
Respeto el derecho de los Presidentes de ambas Comisiones a reclamar la competencia de éstas para el examen del tema. Y creo que sería útil que otros señores Senadores que no han podido formarse una opinión a fondo sobre el sentido del proyecto y que carecen de los antecedentes que ha expuesto el Senador señor Zaldívar, pudieran, de aquí a mañana ¿entiendo que la iniciativa se pondrá en tabla mañana¿, informarse al respecto. Quizás así, sin ningún ánimo beligerante ni malentendidos, podríamos tomar una decisión más sabia.
Aquí no se ha planteado renunciar a un derecho, sino, simplemente, que la cuestión se haga presente mañana, cuando no sólo podrá pedirse que el proyecto vaya a Comisión de Hacienda, sino que a cualquier Comité le será factible solicitar segunda discusión, etcétera.
Por ende, sería oportuno acoger la sugerencia del Honorable señor Diez.

El señor VALDÉS (Presidente).- Por lo tanto, si les parece a los señores Senadores, se tratará mañana la iniciativa en la Sala sobre la base del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si durante el debate aparecieran aspectos merecedores de análisis por la Comisión de Hacienda, se enviaría a ésta.
¿Le parece al Honorable señor Zaldívar una solución adecuada?

El señor ZALDÍVAR.- Sí, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Con acuerdo de la Sala, se procederá en la forma descrita.
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHILE CONCERNIENTE A CONSEJO SOBRE COMERCIO E INVERSIÓN


El señor VALDÉS (Presidente).- En el Orden del Día, figura en primer lugar el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y de Chile concerniente al Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el Comercio y la Inversión, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 8a, en 7 de julio de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 36a, en 24 de marzo de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional creemos que las relaciones con Estados Unidos de América constituyen un tema bastante importante y complejo.
En este momento se están conociendo en Chile diversas situaciones que se refieren precisamente a dichas relaciones.
También es un hecho que desde hace muchísimo tiempo los Senadores de Renovación Nacional estamos pidiendo una sesión especial para escuchar una exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores sobre la materia, lo que hasta el momento no ha sido posible, por razones que no es del caso analizar hoy.
Es por ello que en esta oportunidad solicitamos que se prorroguen el debate y la votación de este proyecto, que, desde luego ¿lo reconocemos¿, no tiene gran significación, aunque sí forma parte de un contexto mayor. Antes de tratarlo, deseamos que se cite a una sesión especial del Senado, con carácter secreto y con asistencia del señor Canciller, para que haga una exposición completa sobre los distintos aspectos que hoy día están en juego en las relaciones de Chile y Estados Unidos.
Nuestra solicitud no implica una acción o actuación lesiva para los lazos de amistad y hermandad que deben existir entre ambas naciones, sino la conveniencia de que el Senado escuche del señor Ministro una exposición completa y global acerca de todas las cuestiones pendientes en este ámbito, a fin de que estemos en condiciones de resolver con pleno conocimiento sobre cualquier proyecto concerniente a las relaciones entre Chile y los Estados Unidos.
He dicho.

El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, como expresó el Honorable señor Otero, este tema se discutió en la reunión de Comités celebrada antes de esta sesión. Sin embargo, nosotros no compartimos el planteamiento de los Senadores de Renovación Nacional ¿sin perjuicio de considerar útil que esta Corporación analice con el Canciller los temas atinentes a las relaciones con los Estados Unidos¿, por cuanto la iniciativa en comento no tiene gran trascendencia; además, se ha dicho que posteriormente deberá complementarse con diversos Acuerdos que puedan suscribir ambos Gobiernos, y fue aprobada por la Comisión técnica del Senado. Por lo tanto, a nuestro juicio, no es indispensable vincular su discusión y aprobación al conjunto de otros asuntos incluidos en la agenda de las relaciones bilaterales, ni a la necesidad o conveniencia de escuchar aquí al señor Ministro del ramo.
Ésa fue la opinión que sustentamos en la reunión de Comités y que reitero ahora en la Sala: que este proyecto de acuerdo se despache, en los términos en que se encuentra redactado y en el Orden del Día de la presente sesión.

El señor ROMERO.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de ella, señor Senador.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, si bien el Acuerdo a que se refiere este proyecto no tiene mucha trascendencia, es obvio que Chile está enfrentado a una situación que preocupa a todo el país y particularmente al Senado.
Ayer Su Excelencia el Presidente de la República procedió a invitar al Gobierno de los Estados Unidos de América para convocar, conjuntamente, al mecanismo jurídico constituido por la Comisión Bryan-Suárez Mujica, a fin de buscar una fórmula arbitral tendiente a resolver el problema ¿que esta Honorable Corporación conoció hace más de tres años¿ relativo al caso de las uvas envenenadas.
A mi parecer, este tema es de la mayor importancia porque, en definitiva, está en juego no sólo el mero pago de una indemnización, sino también un asunto mucho más relevante y que yo califico de agresión económica. En efecto, el problema podría repetirse y transformarse en un precedente internacional, lo que revestiría enorme gravedad.
Por otra parte, señor Presidente, fuera de las implicancias de carácter económico, en este caso está involucrado igualmente el prestigio de productores chilenos y su conexión con las personas que adquieren nuestra fruta en los distintos países del mundo. No olvidemos que fue un organismo gubernamental estadounidense el que envió télex y todo tipo de comunicaciones a otras naciones con el propósito de alertarlas acerca de un hecho que, como después se comprobó, no ocurrió en Chile, sino, precisamente, en los Estados Unidos.
Considero fundamental que el Senado se reúna con el señor Canciller ¿a quien manifiesto mi reconocimiento ante la decisión adoptada por el Jefe del Estado, porque sé que desde el primer momento fue partidario de recurrir al mecanismo de convocar a la Comisión Bryan-Suárez Mujica¿, con el objeto de que nos proporcione los antecedentes en que se fundamentan las relaciones comerciales de nuestro país con los Estados Unidos, que son muy amplias y complejas.
En consecuencia, pienso que es del todo pertinente nuestra solicitud de prorrogar por algunos días la discusión y despacho de este proyecto de acuerdo; no debemos desaprovechar el hecho de que está ligado con un tema atingente a las relaciones comerciales para abocarnos al análisis de éstas. ¡Cómo no va a tener importancia y ligazón con la materia un hecho que ha afectado a productores y trabajadores chilenos en el marco del comercio internacional!
Creo que el Senado, que conoció de ese caso hace ya bastante tiempo y en el cual aún no se vislumbra una solución, tiene derecho a que se le informe detalladamente al respecto. Porque, finalmente, el Gobierno de los Estados Unidos puede adoptar cualquiera de las siguientes posiciones: no aceptar la invitación del Mandatario chileno; aceptarla, y entonces sólo cabría esperar que la Comisión Bryan-Suárez Mujica tenga imperio suficiente, o dejar transcurrir el tiempo ¿como ha acontecido en la especie, en que prácticamente hemos dejado "dormir" el expediente del caso de las uvas envenenadas¿ y posteriormente alegar la inmunidad de jurisdicción.
En síntesis, la petición que hemos formulado es atinente, porque esta rama legislativa tiene el derecho y la obligación de conocer este tipo de antecedentes. De modo que reitero y respaldo el planteamiento expuesto por el representante del Comité Renovación Nacional, Honorable señor Otero.

El señor PÁEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor PÁEZ.- Señor Presidente, a mi modo de ver, aquí hay dos puntos absolutamente diferentes. Convengo en que pudiésemos reunimos con el señor Ministro de Relaciones Exteriores ¿quien se encuentra dispuesto a ello¿ y realizar un extenso debate sobre los temas que interesan a los Honorables colegas que me precedieron en el uso de la palabra. Pero la verdad es que este proyecto de acuerdo ¿como dijo el Senador señor Otero¿ no tiene relación alguna con la convocatoria a la Comisión Bryan-Suárez Mujica en el problema de las uvas envenenadas.
Repito: es pertinente (incluso necesario) que el Senado invite al Canciller a una sesión para examinar el asunto; pero esto nada tiene que ver con el proyecto de acuerdo que debemos tratar hoy.

El señor JARPA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor JARPA.- Señor Presidente, en mi opinión, lo que corresponde al Senado, en este momento, es respaldar la actitud asumida por la Cancillería chilena respecto de un problema pendiente con los Estados Unidos en aspectos de intercambio comercial de enorme importancia para nuestro país.
Estoy convencido de que no facilitamos el camino para una buena gestión a nuestro favor aprobando, sin mayor debate, un conjunto de ideas destinadas a acrecentar nuestra vinculación económica con los Estados Unidos. Al contrario, se interpretaría como una contradicción el hecho de que, por un lado, el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores aparecieran adoptando una actitud firme y resuelta en defensa del interés nacional, y, por otro, el Senado aprobara sin dificultad la proposición contenida en este proyecto de acuerdo.
Nuestro apoyo a la posición de la Cancillería debe materializarse dejando pendiente esta iniciativa hasta que se aclare cómo acogerá el Gobierno estadounidense la invitación formulada por Chile.
Por lo tanto, señor Presidente, comparto el planteamiento expuesto por el Comité Renovación Nacional.

El señor NAVARRETE.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella el señor Senador.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, me alegro de las palabras de los Honorables colegas de Renovación Nacional para destacar la decisión adoptada por nuestro Gobierno en el sentido de patrocinar la convocatoria a la Comisión Bryan-Suárez Mujica. Al mismo tiempo, considero legítima la petición de invitar aquí al Ministro de Relaciones Exteriores para tratar ése y otros temas concernientes a la política exterior del país. Empero, no visualizo cómo puede vincularse lo que representa este proyecto de acuerdo en particular ¿cuyo contenido, ciertamente, es distinto en términos de magnitud, importancia y trascendencia¿ con las materias que los señores Senadores han enunciado, ni de qué manera puede condicionarlas.
En la reunión de Comités mencionada, coincidimos, incluso, en citar a una sesión especial, con invitación al Canciller, para abordar estos asuntos con la extensión requerida. No obstante, supeditar a ello el despacho de este proyecto de acuerdo no me parece adecuado ¿por decir lo menos¿ a la equivalencia e importancia que reviste un tema respecto del otro.
Si uno lee el mensaje del Ejecutivo se encuentra, primero, con que habiéndose suscrito el respectivo Tratado en uso de las facultades que el artículo 32, N° 8°, de la Constitución Política otorga al Presidente de la República, se dictó el decreto supremo aprobando el Acuerdo; y, en seguida, con el hecho de que la Contraloría no tomó razón de aquél por estimar que esa aprobación correspondía al Congreso Nacional. De manera que el Gobierno, pese a no compartir dicho dictamen, hizo llegar al Parlamento este proyecto de acuerdo, que es bastante simple, pues trata de un mecanismo meramente operativo.
Por estos motivos, señor Presidente, opino que debe despacharse hoy esta iniciativa y acordarse la celebración de una sesión especial, en la forma y con los objetivos ¿que considero de extraordinaria importancia¿ indicados por los Senadores de Renovación Nacional.
Si no se compartiere este criterio, pienso que ese Comité tiene perfecto derecho a pedir segunda discusión.

El señor SIEBERT.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, respaldo los conceptos emitidos por los Senadores de mi bancada, en orden a que esta iniciativa sí tiene atingencia con la reciente invitación del Gobierno chileno al de los Estados Unidos para convocar a la Comisión Bryan-Suárez Mujica.
Efectivamente, un examen del texto del Acuerdo demuestra que se trata de seguir la evolución de las relaciones de comercio e inversión y de identificar las oportunidades para ampliarlas; identificar y eliminar los impedimentos del flujo comercial y de inversión, y procurar la apertura de mercados entre ambos países. Y, sin lugar a dudas, la Comisión Bryan estudiará los impedimentos, justamente, a las finalidades que este Acuerdo persigue.
Se pretende que despachemos hoy el proyecto que aprueba tal Acuerdo, en circunstancias de que el respectivo Tratado se firmó en Washington el 1° de octubre de 1990. O sea, han pasado más de dos años desde la suscripción del mismo y, además, la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en mayo de 1992; pero a nosotros se nos pide aprobarlo de inmediato.
Creo que ésta es una buena ocasión para, al menos, escuchar aquí las explicaciones que pueda entregarnos el Canciller. Incluso más: dado que el Acuerdo fue suscrito por el Ministro de Hacienda, sugiero oír también lo que este Secretario de Estado conoce acerca de la apertura hacia Chile del mercado estadounidense en muchos aspectos de nuestras relaciones comerciales.
En el ánimo de reforzar la idea planteada por los Senadores de mi bancada, basado en el artículo 131 del Reglamento pido que se aplace temporalmente la consideración de este proyecto de acuerdo. Hago presente que, tal como han expresado otros Honorables colegas, tenemos la voluntad de aprobarlo; creemos que es bueno porque favorece las relaciones comerciales entre los dos países; sin embargo, lo sancionaremos una vez que contemos con las informaciones a que hemos hecho referencia.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- El Honorable señor Siebert, en su calidad de representante del Comité Renovación Nacional, ha solicitado aplazar la discusión de la iniciativa en virtud del artículo 131 del Reglamento.
Si le parece a la Sala, se accedería a esa petición.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente, quiero aclarar un punto reglamentario.
Conforme al artículo 129, un Comité puede pedir segunda discusión. Pero si se invoca el artículo 131, la petición de aplazamiento debe votarse.
El señor VALDÉS (Presidente).- Por eso requerí el asentimiento de la Sala.

El señor THAYER.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, deseo expresar, brevemente, mi apoyo a la sugerencia formulada por el Senador señor Siebert:
Por los antecedentes que tenemos a la vista ¿ruego corregirme si estuviere en un error¿, el artículo uno del Acuerdo cuya aprobación se persigue, señala que se pretende establecer "el Consejo de los Estados Unidos y Chile sobre el Comercio y la Inversión", una de cuyas atribuciones o finalidades será "Celebrar consultas sobre cuestiones específicas de comercio e inversión que interesen a las Partes.".
Tengo alguna preocupación acerca de si, al aprobar en este momento el proyecto de acuerdo que establece un Consejo con la finalidad específica de hacer consultas sobre problemas relativos al comercio entre Estados Unidos y Chile, estamos creando una operación de diversión o distracción respecto del objetivo que persigue la Cancillería, en cuanto a que el caso de las uvas envenenadas se radique en la Comisión Bryan. No sé si el Gobierno norteamericano ha dado ya respuesta afirmativa, pero temo que podríamos estar emitiendo una especie de señal divergente de la de nuestro Gobierno al crear un Consejo para tratar asuntos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pedido que sean analizados por la Comisión Bryan.
Por eso, señor Presidente, comparto la sugerencia del Senador señor Siebert.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, creo que en condiciones normales la discusión de este proyecto de acuerdo no habría requerido la concurrencia del señor Canciller al Senado. Si bien estamos totalmente de acuerdo con la resolución del Gobierno de recurrir a la Comisión Bryan, nuestra Corporación no ha tenido ninguna participación en esa decisión. Y estos dos temas ¿al proyecto de acuerdo en debate y la invitación a convocar a la Comisión Bryan¿ inciden en nuestras relaciones con Estados Unidos.
Sin embargo, lo que más me preocupa en este instante es que no hemos tenido la oportunidad de escuchar al Ministro de Relaciones Exteriores respecto de otros asuntos que son sumamente importantes. No me refiero al caso Honecker, pero sí a materias, pendientes desde hace meses, relativas a los hielos del sur y a las negociaciones con el Perú. Todo el país sabe, porque ha sido publicado en la prensa, que estas últimas se encuentran bastante encaminadas, hay una política y el Gobierno ha avanzado, pero nosotros aún no hemos sido informados.
Por lo tanto, me parece imprescindible la presencia del Canciller en el Senado para que nos exponga esos tres puntos relevantes. Y a pesar de que no es muy lógica su venida a la Corporación a raíz de este proyecto de acuerdo, sí lo es en la medida en que permita el análisis de los puntos pendientes, incluida la resolución del Gobierno de recurrir a la Comisión Bryan.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.- Creo que lo dicho deja las cosas bastante claras. Todos coincidimos en que este proyecto de acuerdo no tiene nada que ver con los puntos de fondo que se han señalado. Pienso que lo mejor sería acordar una sesión especial ¿podría ser el martes o el miércoles de la próxima semana y a la cual se invitaría al señor Ministro de Relaciones Exteriores¿ para tratar los asuntos que mencionó el Senador señor Mc-Intyre, que son de la mayor trascendencia. Me parece de suma importancia que el Canciller nos ilustre acerca de la política que el Gobierno está adoptando sobre esos puntos. Pero, ¿qué tienen que ver ellos con el proyecto de acuerdo en debate? Son dos cosas muy diferentes.
Lo que me desagrada, señor Presidente, es que sobre la base de algo tan poco trascendente se quiera condicionar la discusión de materias realmente importantes. Estimo que con ello pierden fuerza.
Por eso, insisto en que este proyecto de acuerdo sea despachado en la sesión de hoy. Sin embargo, con el objeto de desvincularlo de asuntos respecto de los cuales entiendo que hay consenso en el Senado para tratarlos con seriedad, profundidad y detenidamente ¿proceder que comparto¿, pido segunda discusión a fin de que sea analizado en la sesión de mañana, con la presencia del señor Ministro o sin ella, porque se trata de cuestiones absolutamente independientes.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra en la primera discusión.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
--Queda el proyecto para segunda discusión.


El señor SIEBERT.- Señor Presidente, se formuló una petición para proceder conforme al número 1° del artículo 131 del Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es; pero esa solicitud debe ser sometida a consideración de la Sala para después votarla. En cambio, la aplicación del artículo relativo a la segunda discusión ¿el 129¿ es de efecto inmediato.

El señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Se puede seguir discutiendo todo lo que se estime conveniente, pero el proyecto ha quedado para segunda discusión.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, estoy pidiendo la palabra para referirme a otra materia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, creo que está perfectamente claro que el proyecto ha quedado para segunda discusión.

El señor OTERO.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor ROMERO.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto, Su Señoría.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, queremos dejar en claro que el Senador señor Navarrete con todo derecho, y de acuerdo con el artículo 129 del Reglamento, ha pedido segunda discusión; pero eso no obsta a que mañana podamos reiterar el planteamiento formulado por el Senador señor Siebert como Comité de Renovación Nacional.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, recupero el uso de la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Lo ha recuperado, señor Senador.

El señor ROMERO.- Se ha mencionado...

El señor HORMAZÁBAL.- Deseo saber a qué punto de la tabla se referirá el Honorable colega,...

El señor ROMERO.- Si usted me deja hablar, podré explicarle, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL.- ...porque el Senado funciona sobre la base de una tabla. Uno de los puntos contenidos en ella ha quedado para segunda discusión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es.

El señor HORMAZÁBAL.- El segundo es un proyecto de ley que hay que empezar a analizar. En base al Reglamento, la sesión debe continuar.

El señor ROMERO.- Protesto, señor Presidente. Su Señoría debe aplicar el Reglamento.
Es infinita la capacidad de interrumpir del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Y quiero decir a Su Señoría que si me pide una interrupción, yo se la concedería, porque me parece que nosotros debemos tener un mínimo respeto...

El señor HORMAZÁBAL.- Hay un aforismo en Derecho: nadie puede dar lo que no tiene. No tiene la palabra el Senador señor Romero porque no se ha puesto en debate el otro proyecto de la tabla.

El señor ROMERO.- No sabía que estaba presidiendo el Senador señor Hormazábal.

El señor OTERO.- Señor Presidente,...

El señor ROMERO.- ¿Está presidiendo el Honorable señor Hormazábal o Su Señoría?

El señor OTERO.- Señor Presidente, como Comité de Renovación Nacional quiero pedir a la Mesa observar estrictamente el Reglamento del Senado. Su Señoría, que es quien preside la Corporación, es el llamado a determinar qué Senador habla. No es lógico este tipo de interrupciones. Ya en otra oportunidad se presentó el problema y se conversó personalmente con el señor Presidente. Solicito que aquí se respeten los derechos. Si el señor Presidente estima que no le corresponde hablar al Honorable señor Romero, así lo debe manifestar únicamente Su Señoría.

El señor RUIZ (don José).- Tampoco pidió la palabra, señor Senador.

El señor OTERO.- La solicité, Honorable colega.
Muchas gracias, señor Presidente.

SESIÓN ESPECIAL SECRETA PARA ANALIZAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE CHILE, PARTICULARMENTE CON ESTADOS UNIDOS

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, espero que pueda expresarme en esta oportunidad.
Solamente quiero pedir una aclaración a la Mesa, porque cuando se inició el debate del proyecto de acuerdo anterior se planteó la posibilidad de citar a una sesión especial con el objeto de que concurriera el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el Honorable señor Navarrete propuso una fecha: martes o miércoles de la próxima semana. Quiero acoger ese planteamiento y pedir al señor Presidente que, si lo tiene a bien, recabe la autorización de la Sala a fin de que en cualquiera de esos días podamos invitar al señor Ministro de Relaciones Exteriores.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hago presente a Sus Señorías que hay un acuerdo de Comités para tratar el martes el proyecto sobre el Código del Trabajo, cuya discusión será extensa. Por lo tanto, me permito sugerir que invitemos al señor Canciller a una sesión especial secreta, para tratar estos temas, que se celebraría el miércoles próximo, a las 18, dejando sin efecto la respectiva hora de Incidentes.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, ¿en esa oportunidad veríamos lo referente a los hielos del sur, las negociaciones con el Perú y la resolución de acudir a la Comisión Bryan?

El señor VALDÉS (Presidente).- Creo que el objetivo de esa sesión sería, más bien, conocer las relaciones de Chile con los Estados Unidos, en toda su amplitud.

El señor ROMERO.- Efectivamente. Esa fue mi solicitud.

El señor VALDÉS (Presidente).- Porque si entramos a analizar otros temas, podría confundirse un tanto la sesión. La intención del Senado sería invitar al Canciller a una sesión en que se tratarían, en su forma más amplia, las relaciones de Chile con Estados Unidos.
El señor ROMERO.- Exactamente. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, insisto en la conveniencia de que el Senado se informe respecto de los campos de hielos y de las negociaciones con el Perú. Son temas bastante interesantes y profundos. No es necesario que destinemos toda la sesión a analizar esos puntos. Pero creo que debemos estar informados sobre el particular. El señor NAVARRETE.- ¿Me permite, señor Presidente? Pienso que debemos invitar al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que nos exponga los aspectos fundamentales de la política exterior chilena, en especial los relacionados con Estados Unidos. En esa oportunidad, los señores Senadores podrán consultarle otros temas. Pero me parece inconveniente fijar desde ya la agenda.

El señor VALDÉS (Presidente).- Concuerdo con la proposición del Honorable señor Navarrete. Me parece muy atendible. Si en esa ocasión disponemos de tiempo, podemos examinar otros temas. El que hemos visto hoy día resulta lo suficientemente extenso. Pero, sin perjuicio de ello, podríamos verlos todos esa misma tarde.
Si le parece a la Sala, celebraríamos una sesión especial el próximo miércoles, a la hora y con el carácter señalados, con invitación al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Acordado.
Aquí voy



AMNISTÍA A PERSONAS NATURALES PROCESADAS O CONDENADAS POR HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MOCIÓN


El señor VALDÉS (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que concede amnistía a personas naturales procesadas o condenadas por el delito de hurto de energía eléctrica, en los casos que indica. Esta iniciativa fue iniciada en moción de los Senadores señora Frei y señor Arturo Frei y cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Frei y del señor Frei (don Arturo)).
En primer trámite, sesión 12a, en 19 de noviembre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 36a, en 24 de marzo de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI.- Este proyecto tiene por objeto amnistiar a las personas naturales procesadas y condenadas por el delito de hurto de energía eléctrica sancionado por el artículo 137 de la Ley General de Servicios Eléctricos.
Algunos de los fundamentos para proponer esta amnistía son los siguientes.
En primer lugar, a través de este proyecto se permite la reinserción social y laboral de una gran cantidad de personas que, angustiadas por la situación socioeconómica de sus familias, se vieron forzadas a cometer este delito. No hay duda de que el delito de hurto de energía eléctrica para uso residencial se encuentra ¿creo yo¿ estrechamente ligado a las malas condiciones económicas existentes en el país en un momento dado. Ésta es, precisamente, la situación que experimentó Chile en la década de los 80 y que se comprueba a través de las cifras proporcionadas por CHILECTRA Metropolitana, en enero de 1986, que señalan que la cantidad de deudores morosos superaba los 100 mil sólo en la Región Metropolitana.
En segundo término, cabe señalar la preocupación demostrada por un señor Senador de Oposición que planteó aquí, en el Senado, la necesidad de impulsar un proyecto de ley que otorgue un subsidio a las familias de pocos recursos para afrontar los gastos de energía eléctrica. Este señor Senador manifestó que las familias con dificultades para cancelar sus obligaciones derivadas del consumo de electricidad superaban las 538 mil.
Junto con esto se debe expresar que al procesado o condenado por estos delitos se le dificulta su acceso al mercado laboral, ya que en sus antecedentes consta tal procesamiento o condena, lo que les impide encontrar trabajo y rehabilitarse.
En consecuencia, estamos frente a un problema social derivado de una situación de crisis económica extremadamente aguda y que ha significado que muchas familias, ante la imposibilidad de financiar el costo de consumo de la energía eléctrica, incurran, como medida extrema y desesperada, en el hurto de la energía, básica para su vida. A su vez, esta práctica delictiva genera un gran problema de atochamiento en los juzgados del crimen, lo que prolonga inconvenientemente la pronta solución de estos u otros procesos penales.
El origen de la palabra "amnistía" se encuentra en el latín "amnesis", esto es, olvido. Este sentido etimológico retrata plenamente el fundamento de la institución, en tanto la sociedad, a través de sus legisladores, resuelve olvidar que una determinada conducta, tipificada como delito, ha revestido tal carácter por razones de política criminal o de bien común.
En palabras del profesor Enrique Cury, la amnistía importa una revaloración de los hechos, que, en virtud de consideraciones prácticas de índole político-criminal, se les concede una excusa absolutoria que determina su completa impunidad e, incluso, la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal de aquellos a quienes se imputa cuando aún no ha sido declarada.
Se nos recuerda que, en principio, la amnistía debe basarse en un criterio objetivo y tener un carácter general. Esto se ve reafirmado por la propia Constitución Política al prescribir que la concesión de la amnistía debe hacerse por ley. En todo caso, nada obsta a que en la práctica encontremos amnistías cuya finalidad es beneficiar a personas o grupos individualmente considerados.
Formulo esta precisión para los efectos de expresar, con toda claridad, que el proyecto en estudio cumple, a todas luces, con el presupuesto de generalidad y para manifestar que, aun en el evento de tener por destinatario a un grupo de personas individualmente consideradas, tendría asidero legal. Esto desvirtúa de plano el voto de minoría que se emitió al interior de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que rechazó la iniciativa por estimar que no se cumplirían los presupuestos legales de la amnistía.
Dado lo anterior, la amnistía suele tener aplicación en el campo de los delitos de naturaleza política, pero en ningún caso tales delitos constituyen su objetivo exclusivo, y perfectamente cabe extenderla a otros tipos penales, tal como ocurre en el proyecto de ley en debate.
En cuanto a los efectos civiles, el citado profesor señala que la amnistía configura una causal de extinción de responsabilidad penal, cuyos efectos son tan amplios, que borra por completo la pena y todas las consecuencias. No obstante, deja subsistentes las posibles implicancias civiles del hecho delictivo, por derivar éstas de su ilicitud, y no de su punibilidad.
Sin perjuicio de lo anterior, si en opinión del Senado resultare conveniente pronunciarse de manera expresa sobre los posibles efectos civiles del delito amnistiado, sería viable mejorar la redacción del texto, toda vez que en ningún caso se pretende perjudicar a las empresas acreedoras del pago por consumo de energía eléctrica. Por el contrario, lo que más nos interesa es reinsertar plenamente a todos los chilenos en el nuevo marco jurídico-social que queremos construir a partir de la búsqueda de la solidaridad entre todos ellos.
Por lo tanto, pido a los señores Senadores que apoyen la moción del Honorable señor Arturo Frei y mía.
Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, este proyecto corresponde a una indudable inquietud social respecto de un asunto de gran significación, que afecta, ciertamente, a muchos miles de personas. Sin embargo, me parece indispensable resolver en forma previa otra cuestión, antes de dar curso a una ley de amnistía sobre el particular. Me explico, a ver si llegamos a un consenso o acuerdo.
Ignoramos cuántos son los afectados por este problema ¿pero presumo que son muchos miles¿ y por la responsabilidad penal y eventualmente civil. Dadas la naturaleza del hurto y la cuantía de los perjuicios, una acción civil para reclamar la indemnización de los daños causados es poco menos que imposible o, en mi opinión, sumamente difícil, porque habría que demandar a muchísimas personas por pequeñas cantidades, con perspectivas de recuperación prácticamente mínimas o nulas, por su condición social.
Por otra parte, desposeer de una acción penal, como consecuencia de este tipo de delitos, es dejar reducidas a las empresas que quieran hacer efectiva su acción a un estado prácticamente de indefensión, porque en ese caso no habría acción civil eficaz posible. No obstante, el problema social seguiría existiendo.
Parto de la base de que es necesario, primero, dar curso a la iniciativa ¿mencionada por la distinguida señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra¿ de un Honorable colega integrante de este Ilustre Cuerpo (entiendo que se trata del Senador señor Alessandri) sobre el otorgamiento de un subsidio de cargo del Estado que, en definitiva, permita acceder de manera legítima, no delictualmente, al uso de un servicio tan esencial como la energía eléctrica a las personas que en la actualidad recurren a él por la vía de la comisión de un delito.
Concedido tal subsidio ¿esto es, establecida una situación jurídico-social que haga razonablemente irrepetible la comisión del delito¿, me parece que sería el momento de aprobar la amnistía respecto de quienes han incurrido en dichos ilícitos y de buscar, junto con las empresas, la solución del problema. Estoy cierto de que van a colaborar, porque, para ellas, renunciar a un cobro prácticamente imposible, a una acción civil, a cambio de que el Estado establezca un subsidio que signifique el pago de sumas que hoy dejan de percibir, constituye una solución razonable. En cambio, si en este momento aprobamos la amnistía sin que se haya determinado otorgar el subsidio, se van a repetir los mismos delitos, los que de nuevo habría que amnistiar. Y, sencillamente, se terminaría en lo que está aconteciendo: en que, no tanto las compañías, sino los consumidores que cumplen la ley deben pagar, a través de mayores costos, tarifas o precios, lo que es substraído en esta especie de hurto famélico en que incurren sectores sociales muy amplios de nuestra población.
Por eso, señor Presidente, estimo del todo necesario resolver en forma previa el problema social, a fin de que no sea imperativo cometer este verdadero hurto. Y, una vez resuelto aquél mediante la concesión del subsidio que contempla la iniciativa mencionada, que ya fue estudiada, proceder a amnistiar a las personas que han cometido el delito, pues la acción por parte de las empresas, existiendo acción penal, es difícil, y sin ésta, prácticamente imposible. Y la ley, así, equivaldría virtualmente a una expropiación.
Señor Presidente, me solicita una interrupción el Honorable señor Ortiz, que tengo mucho agrado en conceder, con la venia de Su Señoría.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En el entendido de que se referirá al tema específico que estamos discutiendo, porque hay varios señores Senadores inscritos.
El señor ORTIZ.- Sí, señor Presidente. Seré muy breve.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Ortiz.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, escuché con mucha atención a la Honorable señora Frei, con quien, desde luego, coincido en lo que dice relación a la definición y alcances de la amnistía.
Como señaló Su Señoría, como sostienen los tratadistas y como universalmente está reconocido, el significado de la amnistía es una especie de amnesia, de olvido total y absoluto del hecho anterior. La ley retrotrae la situación a una fecha previa al hecho; o sea, jurídicamente el mismo nunca se produjo, ni tuvo ningún tipo de efecto. Esto es conveniente, porque a veces algunas personas no logran entender que la amnistía produce efecto ipso jure, desde el momento mismo. Incluso más: si eventualmente se deja sin efecto una ley de amnistía, desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna connotación. El efecto, reitero, se produjo y es permanente, para siempre.
Por eso, señor Presidente, aquí debemos considerar el verdadero sentido y alcance de la amnistía.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, me opuse al proyecto en la Comisión por numerosas razones, tanto conceptuales como prácticas y también de justicia.
Después de escuchar la intervención de uno de los autores de la iniciativa y de leer los motivos que la fundamentan, creo que estamos ante un error que es necesario enmendar.
El proyecto no favorece a los deudores por consumo de energía eléctrica, sino a las personas que han cometido delito, vale decir, a quienes dolosamente, en forma clandestina o mediante subterfugios, incurrieron en el acto ilícito de hurto de energía eléctrica y se encuentran procesados hoy día. Y ese delito, al que se refiere este proyecto, no tiene el carácter general que es indispensable considerar para los efectos conceptuales de una ley de amnistía.
Las leyes de amnistía están concebidas para solucionar problemas nacionales de magnitud cuando, a consecuencia de ellos, se produce una gran conmoción en el país. Ése es un presupuesto imprescindible de la amnistía, porque ésta, como aquí se indicó, es el perdón, es el olvido. Aún más: jurídicamente, ella elimina los efectos de un delito, porque suprime el elemento más importante del mismo, la antijuridicidad: no existe hecho ilícito. Y como los tribunales sólo deben investigar hechos ilícitos sancionados por la ley, al eliminar el elemento antijuridicidad, característico e indispensable de todo delito, estamos señalando que los hechos que configuran el delito jamás fueron cometidos; vale decir, que el acto es lícito y que debe olvidarse.
Por lo tanto, creo que al suprimir la antijuridicidad se establece un concepto muy importante: que, en definitiva, la ley de amnistía borra para siempre los efectos del delito e impide por completo al juez investigar o continuar la investigación de aquél. Porque, que se sepa, aquí no estamos en presencia de un caso de amnistía en que deba continuarse la investigación del delito y, una vez concluida ésta, aplicarse las normas de aquélla. ¡No! La amnistía ¿reitero¿ al eliminar el requisito de la antijuridicidad, hace desaparecer el delito y absolutamente ilegal e inconstitucional su investigación por parte del tribunal.
En suma, ése es conceptualmente el significado de la amnistía.
En consecuencia, tendríamos que aplicarla respecto de los casos que justifiquen que el legislador ejerza esta atribución, tan excepcionalísima, que el constituyente le da, de perdonar y olvidar. ¿Cuándo? Cuando ocurren situaciones que conmueven a la nación y que hacen que el legislador diga: "Estos hechos, que en tiempos normales constituyen delito, en virtud del imperio de la ley y de la facultad que otorga la Carta Fundamental dejan de serlo". Cuando los hechos revisten tal magnitud, se justifica que el legislador apruebe una norma de amnistía que perdone los delitos y haga olvidar los efectos de los mismos.
Pues bien, ¿qué ocurre en este caso? No se aportó a la Comisión que estudió la iniciativa ninguna estadística que indique cuál es el número de personas que se encuentran actualmente sometidas a proceso y cuántas se hallan condenadas por esos delitos. No es lo mismo señalar la cantidad de deudores, porque no todos ellos están sometidos a proceso, ni todos están condenados.
Por consiguiente, aquí estamos frente a una grave confusión. El proyecto ¿repito¿ no favorece a los deudores de compañías eléctricas, sino, a mi entender, sólo a un muy limitado número de individuos que se hallan sometidos a proceso o condenados por el delito contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos. Por tanto, no corresponde en este caso ¿creo que constituiría un error¿ otorgar amnistía, porque con ella sólo resultarían beneficiados quienes se encuentren procesados, o, utilizando la antigua terminología, sometidos a proceso o encargados reos por el delito que contempla el artículo 137 del cuerpo legal recién señalado, el que, a su vez, se remite al artículo 446 del Código Penal. De tal manera, señor Presidente, que no se diga que con esta iniciativa resultan favorecidos cientos o miles de personas, porque sólo se beneficia a un grupo muy reducido, cuyo número no se ha podido determinar.
A petición expresa de la Comisión, la Superintendencia de Servicios Eléctricos nos informó que 27 personas se hallan en la situación antes descrita. Ése es el único dato que se nos entregó. Desconozco si hay más involucrados. De modo que resulta claro que la cantidad señalada no guarda relación con los miles y miles de deudores por consumo de energía eléctrica a que se hizo referencia. La situación de éstos es completamente distinta y no se soluciona con la amnistía, la que ¿repito¿ sólo resuelve el problema de quienes se encuentran procesados o condenados por el delito en cuestión. Y se trata de un número ínfimo de personas.
Por otra parte, en esta materia hay que obrar con la máxima responsabilidad, y no manifestar que ésa es una de las causas que atochan los tribunales.
Los fundamentos de la moción en estudio señalan que estamos frente a una situación que produce dos fenómenos particularmente perniciosos: en primer lugar, atocha los juzgados del crimen. Señores Senadores, ¿qué recargo podrían generar 27 procesos? Ningún tribunal de la República ha expresado que el atochamiento se deba a los procesos por hurto de energía eléctrica.
En segundo término, se hace presente también que el procesado o condenado ve dificultado su acceso al mercado laboral porque en sus antecedentes consta tal condición. Eso es cierto. Le ocurre a toda persona que comete el delito de robar para comer, o para alimentar a sus hijos: se la somete a proceso y, si es condenada, figurará en sus antecedentes. O sea, lo anterior le sucede a quienquiera que sea procesado o condenado. No corresponde a una situación excepcional o propia que justifique que el legislador otorgue la gracia de la amnistía.
Por lo precedentemente expuesto, señor Presidente, nos hallamos frente a un proyecto que, en lo conceptual y en lo general, no cumple con los requisitos necesarios e indispensables para conceder este beneficio con la seriedad que corresponde. Además, favorece a un grupo muy reducido; no se señala el grado de generalidad y de amplitud requerido ¿lo que bastaría para rechazar la iniciativa¿ para dictar con responsabilidad una ley de esta naturaleza. Es más: su texto no distingue a quienes favorece. Y tampoco beneficia sólo a las personas más modestas. ¡No! Otorga amnistía a todos, incluyendo a gente de grandes recursos que ha utilizado métodos fraudulentos o clandestinos para hurtar electricidad, cualquiera que sea el monto involucrado, siempre que lo hubiera destinado a fines de uso doméstico. De tal manera que no es efectivo que se pretenda favorecer a los más pobres, pues se podrán acoger a esta norma todos los que se encuentren en la situación descrita.
Señor Presidente, cabe recordar que en estos casos, de especial gravedad, cuando el legislador se pone extraordinariamente generoso con los bienes de otros ¿porque la energía eléctrica es un bien ajeno¿, en definitiva, el mayor costo que por este concepto afectará a la empresa deberán asumirlo los clientes que puntualmente pagan por sus servicios. En otras palabras, lo que se les va a perdonar a unos, se cargará a los otros, que también son personas muy modestas.
Por otra parte, no debemos olvidar el grave daño que el hurto de electricidad produce en las instalaciones y equipos que se destruyen por esta causa; ni el perjuicio que significa para la sociedad la existencia de personas que cometen delitos en forma reiterada y pública, en cuanto se coloca en situación delicada uno de los grandes fines del Estado: hacer que se cumpla la ley.
Por lo tanto, estimamos que no hay razón alguna para perdonar a quienes hasta 1992 hayan incurrido en los actos ilícitos consignados en el texto y estén en la situación en él indicada, y para que los que cometieron el mismo delito en 1993 sean procesados, juzgados y condenados.
Por lo expuesto, señor Presidente, hago presente la inconveniencia de aprobar el proyecto, tanto en lo general cuanto en lo particular.
Por último, ¿cuál es el delito que amnistiaríamos? El del artículo 137° de la Ley General de Servicios Eléctricos, que dice: "El que sustrajere energía eléctrica, directa o indirectamente mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 446° del Código Penal. En los casos de reiteración, se procederá en conformidad a lo prevenido en el artículo 451° del Código.". Vale decir, de acuerdo con esta disposición, también serán favorecidos con la amnistía los que hayan cometido reiteradamente el delito. O sea, ni siquiera se excluye del beneficio a determinadas personas, según el monto del hurto, su situación socioeconómica, o su condición de reincidentes.
Estoy consciente de que existe un problema social de gran envergadura respecto de quienes carecen de medios para pagar el consumo de energía eléctrica. En ese caso, a mi juicio, el Estado debe tener una actitud subsidiaria e ir directamente en ayuda de tales personas, y no de otras.
Considero que ayudar indiscriminadamente a todos, romper el ordenamiento jurídico, a fin de favorecer a unos pocos, constituye un grave elemento distorsionador de nuestras relaciones jurídicas y perturba la paz social. Porque con la dictación de una ley de esta naturaleza nos vamos a ir encontrando con numerosos casos similares y cada vez aumentarán los delitos de hurto de energía eléctrica, en espera de que en el futuro se dicte otra que los amnistíe, pues, naturalmente, al existir la misma razón debe regir igual disposición legal. Y no creo que el Congreso Nacional, si en un momento dado acepta amnistiar ciertos delitos de hurto, se niegue después a hacerlo de nuevo.
Por esas razones, señor Presidente, llamo a los señores Senadores a meditar acerca de la gravedad de una norma de este carácter. Es mi intención y mi ánimo ayudar a las personas más modestas con dificultades para pagar los suministros de energía eléctrica. Estaría gustoso de concurrir con mi voto favorable a fin de otorgarles los subsidios necesarios para que puedan cumplir sus compromisos con las compañías de electricidad. Sin embargo, es preciso saber cuáles son los compromisos que se están afrontando y que el Estado concurra en favor de aquellos que más lo necesitan.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, el hurto de energía eléctrica en las poblaciones más modestas es asimilable al hurto famélico. Pero, en éste, el juez que conoce la causa tiene la posibilidad de declarar exento de responsabilidad al hechor justamente en virtud de ser un hurto famélico. Ello no ocurre en el caso de la electricidad.
Por otro lado, desconozco por qué se mencionan sólo 27 casos, en circunstancias de que hay poblaciones enteras involucradas, en las que se carece de energía eléctrica por no estar totalmente afinada su situación. En ellas se recurre al hurto por una necesidad extrema. Una madre me contó que se le incendió su casa por una vela encendida; supe de una abuelita que se cayó de la escala. O sea, hay cuestiones de tipo social muy graves que debemos entender.

El señor FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
La señora SOTO.- Se la concedo, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, comparto plenamente lo señalado por la señora Senadora en cuanto a que hay muchas personas en ese estado de necesidad. Pero no todas ellas están procesadas por el delito de hurto de energía eléctrica. Conozco el caso de poblaciones enteras que se conectan al tendido eléctrico en forma clandestina, pero no existen procesos por ello, ni condenas. En tales situaciones, pese a tratarse de actos al margen de la ley, no se aplicará lo dispuesto en la iniciativa en análisis.
Muchas gracias.

La señora SOTO.- Señor Presidente, a lo planteado por el señor Senador deseo añadir que una jueza del crimen me señaló que muchas veces siente una gran desesperanza al conocer de estos asuntos y no poder declarar exentos de responsabilidad a los hechores, porque los acreedores están encima ¿digamos¿, sosteniendo la acción criminal.
Hay que comprender que aquí se presenta una situación muy distinta del resto de los hurtos, porque se debe ¿como dije¿ a una necesidad extrema. Por lo tanto, me parece que la excepción es válida.
Ahora bien, la proposición del Senador señor Thayer es muy buena, pero como medida paralela, a fin de no dejar a toda esa gente en la situación tan dramática, por la que atraviesa ahora.
En consecuencia, apoyo absolutamente el proyecto iniciado en moción de los Senadores señora Frei y señor Arturo Frei.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, el tema en debate, aparte cualquier consideración, sienta un gravísimo precedente para la institucionalidad del país.
Creo que aquí se nos plantea el problema, no sólo de hurto de electricidad, sino de las personas que se encuentran en la extrema pobreza. Y si para resolver esta situación se amnistían los delitos, daremos el peor ejemplo, pues estaremos destruyendo la institucionalidad. En esa forma, en momentos en que la nación vive un incremento de la delincuencia, en lugar de disponer medidas para frenarla, simplemente, la vamos a promover.
A continuación, analizaré los argumentos expuestos, para después ocuparme del problema social.
En primer lugar, se dice que esta iniciativa legal se fundamenta "en la circunstancia de tratarse de un delito de frecuente ocurrencia en los sectores de menores ingresos del país". O sea, el hecho de que el ilícito sea de reiterada ocurrencia, ¿es motivo para que el Senado amnistíe? De manera que si el día de mañana proliferaren los asaltos, ¿deberemos amnistiar a sus autores porque sostendrán que delinquieron por razones de necesidad económica? El hurto de energía eléctrica no difiere de otros hurtos. Creo que esta cuestión tenemos que estudiarla muy profundamente. Entiendo el sentir de muchos señores Senadores con respecto al problema real de la persona que necesita la electricidad pero carece de dinero para pagar este servicio. Sin embargo, la solución no consiste en señalar que el hurto en esa circunstancia deja de ser delito, y menos aún en establecer en un proyecto de ley, y aceptar como fundamento, que se trata de un delito de frecuente ocurrencia.
En el centro de Santiago vemos todos los días hurtos por "lanzazos", "cogoteos", etcétera. Son de frecuente ocurrencia ¡Y sus autores también van a alegar que obraron motivados por un estado de necesidad, porque no encuentran trabajo, o no tienen cómo subsistir! El que tales hechos ocurran con frecuencia, ¿es motivo para amnistiarlos?
En segundo término, se señala en el informe: "el procesado o condenado por el delito de hurto de energía eléctrica" (podríamos eliminar "de energía eléctrica", y considerar la substracción de animales, dinero, radios, televisores, e igual es hurto) "¿precisamente por este hecho¿ ve dificultado su ingreso al mercado laboral, lo cual a su vez le impide contar con recursos para pagar las deudas por el consumo de este servicio domiciliario dolosamente obtenido". ¿Por qué no colocamos, a continuación de la expresión "para pagar", lo siguiente: "los insumos que necesita para vivir decentemente"? ¡Así, con el mismo tipo de argumento, podríamos amnistiar a todos los delincuentes, por todos los delitos cometidos en el país, cuando se aduzcan tales razones!
Señor Presidente, no hace mucho tiempo, discutimos en esta Sala un proyecto para amnistiar a las personas que no concurrieron a votar en las últimas elecciones. Y Senadores de distintas bancadas votaron en contra de él actuando, no con criterio político, sino con miras a proteger la institucionalidad del país. Y lo rechazaron porque se rompía el principio básico de la obligatoriedad de la ley, porque no es admisible que quienes cumplen y respetan la ley se sientan castigados por hacerlo y vean que otros son amnistiados, precisamente, por violarla.
Pero las consecuencias del proyecto son mucho más graves aún, porque éste se refiere a una actividad delictual. Y quisiera corregir la afirmación hecha en el sentido de que aquellos a quienes va dirigida la iniciativa carecen absolutamente de recursos. ¡Cuántos de nosotros no nos sentimos conmovidos cuando, hace algunos años, se publicó una lista en la que figuraban como encargadas reos por el delito de hurto de electricidad personas que no estaban en la extrema pobreza, ni mucho menos! ¡Cuántas personas con recursos se unen para modificar sus medidores de luz y, en consecuencia, son perseguidas como autores de hurto!
¿Estamos beneficiando a los más pobres, en realidad? No se ha dicho aquí quiénes son efectivamente los responsables. Hemos escuchado a un miembro de la Comisión de Legislación hablar de 27 casos. ¿Se trata de personas pudientes? ¿A ellas las queremos amnistiar?
Estas interrogantes nos surgen, porque la necesidad social debe ser considerable para que proceda dictar una ley de amnistía frente a un delito común de permanente ocurrencia. No estamos ante ese caso. Aquí simplemente debemos reconocer que aquellos que se "cuelgan" ¿como se dice en la jerga popular¿ del tendido eléctrico no son controlados en cuanto al consumo de electricidad. Como muy bien decía el Senador señor Fernández, tales personas no tienen cuentas de luz. Da lo mismo, porque el monto que deben es cero; simplemente han cometido un delito. El problema más grave se refiere a aquellas personas pudientes que también hurtan la electricidad y que se verán beneficiadas con esta iniciativa.
Señores Senadores, yo pregunto: ¿estamos solucionando el problema o estamos creando un precedente nefasto que destruye la institucionalidad? La solución es otra.
Personalmente, comparto la inquietud, el sentimiento de las Senadoras y Senadores que han intervenido en favor del proyecto, llamando la atención sobre la cuestión social que implica pagar una elevada cuenta de electricidad. Pero no resolvemos las dificultades de esas personas convirtiendo lo ilícito en lícito, olvidándonos del delito, diciéndole equivocadamente a la sociedad que se puede delinquir si existen motivos para justificar la delincuencia. Lo que cabe, en cambio, es que el Gobierno nos envíe un proyecto ¿constitucionalmente, no nos corresponde a nosotros elaborarlo¿ que cree el subsidio a la electricidad, así como existe para el agua potable.
Señores Senadores, todos sabemos que existe ese subsidio; y todos estamos de acuerdo en torno del problema de la electricidad. Votemos favorablemente un subsidio para su uso. De esa manera daremos una solución real. En cambio, no estaría de acuerdo con nuestra responsabilidad ¿y, más que nada, con la institucionalidad¿, el aprobar una ley de amnistía basada en tales fundamentos, por el precedente nefasto que sentaríamos. Porque, indiscutiblemente, ello nos llevaría a seguir aceptando como lícito y adecuado un proceder delictual.
Señor Presidente, en razón de estas consideraciones, llamo a mis Honorables colegas a analizar esta iniciativa no movidos por nuestros sentimientos. Personalmente, los tengo, como cualquiera de Sus Señorías. Al igual que todos, en mi circunscripción hay pobreza y miseria. Probablemente sea justamente en ella donde se den las peores calidades de vida del país, como lo hemos dicho ya en esta Sala. No obstante, no es la solución del problema convertir lo ilícito en lícito, disculpar la actividad delictual y, en definitiva, beneficiar a muchísimas personas que han cometido delito, conociendo plenamente las consecuencias de los mismos, y no obligadas por razones económicas.
Por todo lo dicho, señor Presidente, creo que debemos rechazar el presente proyecto de ley, y, al mismo tiempo, solicitar del Gobierno que envíe con la máxima urgencia una iniciativa tendiente a subvencionar el uso racional de la energía eléctrica. Es más: podríamos decir que será necesario analizar las diversas situaciones relacionadas con el problema, porque en poblaciones que también conoce el Honorable señor Zaldívar algunas personas contratan el servicio eléctrico y luego lo venden a otros pobladores de su cercanía, haciendo un pingüe negocio a costa de las necesidades de los más débiles económicamente. Es un tema que debemos estudiar a fondo. Debemos hallar la solución. Pero ello no se consigue con una sensibilidad que destruye la institucionalidad y crea un pésimo precedente en la República.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor GONZÁLEZ.- Con todo gusto.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Agradezco al señor Senador la oportunidad que me da de hacer una pequeña reflexión en torno de la materia.
En realidad, me parece increíble la sugerencia de mirar a la gente que incurre en el hurto de electricidad solamente desde un punto de vista jurídico o penal.
Es necesario ir a la raíz del mismo: la energía eléctrica se encuentra hoy en manos privadas. Las empresas del ramo han tenido utilidades francamente fabulosas, y alguien tiene que pagarlas. Pues bien, a los precios de la energía eléctrica, muchas personas no pueden cancelar su consumo. Ante tal situación, un señor Senador plantea algo insólito: que a estas empresas con tan grandes utilidades se les subsidie el consumo de la gente más modesta, imposibilitada de pagar los altos precios de la electricidad. Y, junto con proponerse que el Gobierno envíe un gran proyecto de subsidio, se plantea, por otro lado, la inconveniencia de que el Estado mantenga la reforma tributaria, para ir en ayuda, precisamente, de los más pobres.
Basta recorrer las poblaciones de Santiago para darse cuenta de quiénes son los que están "colgados" al tendido eléctrico, para ver si son los ricos ¿como se pretende aquí¿ o los más necesitados. Recientemente, un dirigente gremial del mismo pensamiento del señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra señaló que ignoraba que existieran pobres. Y preguntó "¿dónde están los pobres?". Al parecer, es la misma pregunta que nos hace el Honorable colega que ha propuesto seguir manteniendo las utilidades de las grandes empresas eléctricas, que le fueron arrebatadas al Estado, por la vía de pagar un subsidio a las personas que no pueden pagar el consumo. ¡Nunca había escuchado una proposición más aberrante que ésta, señor Presidente!
¡Muchas gracias, señor Senador!

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, comparto la mayoría de las apreciaciones del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra; y sólo deseo hacer algunos comentarios sobre la materia en análisis.
A mi juicio, los autores del proyecto han sido extremadamente cuidadosos en acotar debidamente sus alcances, pues, al final de su artículo único, se dice que la amnistía procederá cuando se haya incurrido en la conducta ilícita "con el exclusivo fin de satisfacer necesidades de consunto residencial doméstico.". Esto es algo que debe ser materia de prueba. En el juicio debe demostrarse que la finalidad no fue abastecer a una industria, aunque ella esté en una población. Obviamente, esto delimita muy bien la iniciativa.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con algunos de los conceptos vertidos por los señores Senadores de la bancada de enfrente. Algunas personas carecen de espíritu cívico y son ladronas de modo intrínseco: sustraen electricidad sin tener necesidad. Eso es así. Siempre hay excepciones. Pero nadie puede discutir que la iniciativa no vaya en beneficio de miles de pobres que no han tenido otra forma de acceder a esta clase de energía que no sea la de "colgarse" ilícitamente de los cables eléctricos. De tal forma que no podemos hacer una regla general de la excepción ni, por ende, razonar respecto de una regla general fundamentándonos en casos realmente excepcionales.
Pero hay más, señor Presidente: Se ha dicho que vamos a amnistiar un delito. ¡Bueno, son los delitos los que se amnistían; no se puede amnistiar otra cosa! Luego, pregunto: ¿cuántos proyectos de ley sobre condonación de multas e intereses a contribuyentes morosos hemos aprobado en el Congreso? ¿Acaso no constituye una especie de hurto a toda la ciudadanía ¿por no decir robo¿ la actitud de esos deudores morosos de impuestos y que esperan años y años la ley respectiva, haciendo un pingüe negocio, asesorados por abogados especialistas? ¿No están hurtando el dinero a todo Chile, impidiendo con ello que haya obras de beneficio social? Ya con motivo de la última condonación que aprobamos señalé la necesidad de reflexionar profundamente respecto del punto.
Sin embargo, eso no es todo. En el Parlamento hemos condonado deudas hipotecarias a adquirentes de parcelas agrícolas que, habiéndose comprometido, no pudieron pagar. Incluso más: votamos favorablemente respecto de la condonación a los terceros adquirentes. Si la memoria no me falla, creo que lo hicimos a proposición de los Senadores de la bancada de enfrente. Los terceros adquirentes hicieron un negocio con la adquisición de 5, 6, 7 u 8 parcelas CORA ¿puedo recordar perfectamente el discurso en que se fundamentó la decisión de incluirlos en la medida¿, que luego no pagaron; y también sus deudas fueron condonadas.
Ahora bien, en todos los casos mencionados siempre pagan los demás, pues alguien debe hacerlo. Entonces, no cabe decir ahora: "No podemos amnistiar a esta gente". Ocurre que, en este caso, no podemos condonarles las deudas, ya que ¿como se ha dicho¿ no las tienen. El problema se ha producido fundamentalmente en poblaciones donde no existían ni siquiera instalaciones domiciliarias. Esto me consta, porque durante largos períodos de mi vida he tenido que trabajar en tales lugares. Quizá, si ellas hubieran existido, lo mejor hubiera sido dar a sus moradores un subsidio que les permitiera disponer de la energía suficiente para hacer funcionar su casa.
A mi juicio, no puede sostenerse como fundamento para votar en contra del presente proyecto de ley la posibilidad de que su aprobación despierte numerosas expectativas de amnistía, como ha dicho el señor Senador que, lamentablemente, ha abandonado la Sala. Ellas sí existen, pero respecto de las leyes de condonación. En nuestro país hay una cultura de la condonación, del no pago de impuestos. Todo el mundo está esperando la próxima ley en ese sentido. Y la gente que no cumple sus obligaciones tributarias es la que tiene más recursos, porque a los empleados y obreros se les hacen los descuentos por planilla. Respecto de los profesores primarios, en Chile, nunca se ha dictado una ley que les condone los tributos, pues éstos se les deducen mensualmente de sus sueldos.
Entonces, ¿por qué hacer alarde de que mediante el proyecto se está amnistiando un delito y, por lo tanto, las personas beneficiadas se van a acostumbrar y delinquirán diariamente. ¡No es así! A mi juicio, hay un poco de crueldad en esto, pues la gente que debió "colgarse" y hurtar electricidad ¿estoy de acuerdo en que es así¿ se encuentra procesada criminalmente y no puede realizar con normalidad su existencia ni su trabajo.
Quiero terminar señalando ¿para fundamentar mi voto favorable a esta iniciativa, respecto de la cual felicito a sus autores¿ que muchos de esos delitos se cometieron cuando en Chile había una pobreza extraordinaria, con 75 u 80 por ciento de cesantía en el rubro de la construcción ¿al hacer alusión a ello, no estoy hablando mal del Gobierno anterior, pues correspondió a un período histórico determinado¿; pero, afortunadamente, eso ya lo hemos superado. Sin embargo, ¿cómo íbamos a pedir a un obrero de la construcción, desocupado desde 24 ó 30 meses, que no se "colgara" para hurtar electricidad? Eso es impensable. Yo no soy profesor de Derecho Penal, pero soy abogado, y digo: ¡Claro que estamos amnistiando un delito!; pero, ¿qué tipo de delito?
Por lo tanto, señor Presidente, considero exageradas las argumentaciones de que, si se aprueba el proyecto, todo el mundo va a robar electricidad y que en 3, 5 ó 10 años deberemos nuevamente amnistiar a la gente por ese concepto. Me parece que no será así.
A mi juicio, este es un proyecto justo, que pone término a un proceso vivido y que hoy está siendo revertido, porque en la mayoría de las poblaciones hay instalaciones domiciliarias y la gente está pagando sus consumos; porque estamos atravesando por otra etapa en la vida del país, a la cual todos hemos contribuido para que los chilenos vivan mejor.
Estoy sensibilizado frente a este problema y, por las razones expuestas, votaré favorablemente, pues considero que con esta iniciativa se hace justicia, fundamentalmente, al permitir que la gente que incurrió en la comisión del delito de hurto de energía eléctrica pueda normalizar su existencia, así como lo hacemos cuando reponemos en el Senado los derechos cívicos a quienes giraron cheques por cantidades fabulosas y que nunca han pagado, lo cual también pudo haber correspondido a situaciones muy especiales.
Por ultimo, quiero enfatizar una cosa: no se puede argumentar, para rechazar el proyecto, que sentaremos un precedente, pues, a mi modo de ver no es así. A mi juicio, nadie sustraerá electricidad pensando que el Congreso Nacional va a dictar posteriormente una ley de amnistía. En este caso, por las razones que he esgrimido ¿latamente, a lo mejor¿, estimo que debemos aprobar la iniciativa. Yo, por lo menos, votaré favorablemente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, casi siempre concuerdo con la Honorable colega de la Segunda Región y apoyo sus iniciativas; sin embargo, en esta oportunidad, desgraciadamente no estoy de acuerdo con ella. Así que lo lamento.
Aquí se han mencionado, profusamente, argumentos a favor y en contra de un proyecto cuyo contenido dice relación a hechos a que yo aludí a raíz de las quejas de la Segunda Región, justamente derivadas del pago de las altas cuentas por energía eléctrica, pues allá ¿le consta a la Senadora señora Frei¿ ésta es más cara que en el resto del país. Lo mismo sucede con el agua potable. Como consecuencia de ello, me interesó el problema y, con la ayuda de otras personas, se elaboró un proyecto que llevé personalmente al entonces Subsecretario de Hacienda don Pablo Piñera, sobre un posible subsidio para consumos básicos de la población, de hasta 40 watts, lo cual beneficiaría ¿como dijo la Honorable señora Frei¿ a unas 500 mil familias, no sólo en la Segunda Región, sino en todo el país.
A mi juicio, da igual quien sea el dueño de las empresas eléctricas, pues, en la Segunda Región, la existente es estatal. En el caso del agua potable, también dicho servicio se encuentra en manos del Estado. De manera que, conforme al razonamiento de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que sería una aberración el subsidio al consumo de energía eléctrica, debo decir que también lo sería uno al agua potable, porque también debería permitirse que las personas de menores recursos extrajeran el vital líquido de las cañerías pertenecientes a las empresas, que en su mayoría son estatales.
Por consiguiente, la idea de un subsidio general ¿que significa un monto bastante considerable (en este momento no tengo la cifra), pero son muchos millones de dólares¿ sería una iniciativa interesante, justamente para solucionar el problema que afecta a muchas personas, no sólo a quienes hurtaron y fueron condenados, sino a los que sencillamente no tienen cómo pagar las cuentas de energía eléctrica.
Por lo tanto, reitero ahora la petición que formulé al Gobierno hace un tiempo, a fin de que se estudie un proyecto y se analice su financiamiento. Porque si hay iniciativas en carpeta ¿que representan muchos miles de millones de pesos¿ destinadas por el Gobierno a cumplir otros fines (por ejemplo, dotar de recursos a los partidos políticos), creo que sería más importante financiar los requerimientos básicos de la población, pues, en este momento, constituyen una mayor necesidad.
En consecuencia, quiero dejar constancia de que, por las razones ya expuestas profusamente por otros señores Senadores ¿las cuales comparto¿, votaré en contra del proyecto, a menos que se reestudiara mientras el Gobierno se decide a analizar una iniciativa general de subsidio al consumo básico de energía eléctrica, focalizado a quienes lo necesitan, a través de las municipalidades del país.
Reitero, señor Presidente, la petición que hago aquí pública, en el sentido de que ojalá el Gobierno estudie el problema. Él tiene en sus manos el proyecto completo, el cual, seguramente puede ser perfeccionado. Sin embargo, sería muy interesante que las autoridades del Ministerio de Hacienda analizaran la posibilidad de establecer un subsidio al consumo de energía eléctrica, lo que seguramente será muy bienvenido por una cantidad enorme de chilenos, quienes verían solucionados sus problemas.

El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Su Señoría solicita enviar un oficio al respecto?

El señor ALESSANDRI.- Sí, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Se requiere el acuerdo de la Sala para remitir el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Alessandri, en relación con el proyecto que Su Señoría presentara tiempo atrás.
Si no hubiere objeción, así se procedería
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, escuché con un poco de extrañeza la calificación de "delincuentes" a las personas que cometen hurto de energía eléctrica. A mi juicio, es una exageración, porque, si cualquiera de nosotros estuviera en una necesidad extrema y robáramos ¿¡robáramos!¿ electricidad, indiscutiblemente que no podría atribuírsenos la calidad de delincuentes.
Entiendo el problema de quienes hurtan energía eléctrica; no lo justifico ni tampoco lo apruebo. Si yo me hubiera encontrado en estado de extrema necesidad, no habría perdido la oportunidad de "colgarme" a los cables eléctricos de mi población a fin de haber visto, por ejemplo, al señor Presidente del Senado de Chile o al Honorable señor Diez en la ceremonia de canonización celebrada el 21 de marzo recién pasado en Roma, u observar un partido de fútbol con participación de las barras "Los bajos instintos" y "Garra blanca". Eso se logra a través de la televisión. Indudablemente, lo hubiera hecho, pues es muy difícil sustraerse a la tentación.
¿Por qué digo esto? Porque hay matices en un delito. Creo que no se puede meter a todos en él mismo saco. No soy jurista ni abogado, pero entiendo el problema desde el punto de vista práctico y humano, pues como Alcalde de Rancagua vi que muchos se "colgaban" del tendido eléctrico para obtener un poco de energía y satisfacer sus necesidades domésticas ¿según dice el proyecto¿, al igual como el que roba un pedazo de pan a fin de saciar su hambre. Ponerles la etiqueta de "delincuentes" no corresponde.
Por otra parte, cuando se pretende solucionar todo, no se logra absolutamente nada. Somos tan ambiciosos en nuestro afán de solucionar todos los problemas que no resolvemos ninguno.
Cuando se ha hablado aquí de la agricultura chilena y queremos superar todas sus dificultades, indiscutiblemente que no tenemos ninguna posibilidad, pues no está en nuestras manos el poder hacerlo. No depende de nosotros. Sin embargo, cuando el Presidente de la República expresa a los agricultores que habrá un poder comprador para el maíz o el arroz, está resolviendo una cuestión puntual; y cuando el Primer Mandatario y la Cancillería se refieren a la posibilidad de convocar a la Comisión Bryan, ciertamente están dando solución a "un problema" y no a todos los que aquejan al agro.
En este caso, la sensibilidad de los Senadores señores Carmen Frei y Arturo Frei va a permitir resolver, "focalizando" ¿he oído muchas veces el término¿ un problema específico de pobreza, de necesidad y, en algunos casos, de miseria. Indiscutiblemente que con ello estamos solucionando parcialmente un problema.
A mi juicio, confundir las cosas nos llevaría a una discusión mucho más profunda. Por ejemplo, decir que en lugar de recursos a los partidos políticos sería mejor destinar el dinero a solventar un subsidio en este orden, es equivocar fundamentalmente la situación. Porque lo que los partidos políticos están pidiendo ¿aquí entramos a otro tema, pero lo plantearon otros Honorables colegas y no quien les habla¿ equivale al aporte de cada chileno de una cajetilla de cigarrillos ¿excúsenme Sus Señorías el ejemplo¿ cada cuatro años; pero, en todo caso, permitiría una mayor transparencia en todo el quehacer político y evitaría lo que está sucediendo en algunos países europeos con la corrupción de algunas colectividades políticas por carecer de un financiamiento claro, transparente, categórico y conocido.
Por último, señor Presidente, se trata de un proyecto que a lo mejor no está absolutamente apegado a la juridicidad ni a la legalidad, pero corresponde a un sentimiento y a una necesidad. Quienes mucho han ganado ¿como la Compañía General de Electricidad¿ también deben perder un poco. Me parece absolutamente justo. Cuando fui Alcalde de Rancagua, me di cuenta que esa empresa demandaba de la Municipalidad postaciones, alambrados, etcétera, y después los incorporaba a su patrimonio. ¡Por favor! Cuántos miles de millones han ganado a costa de todos, porque las entidades edilicias aportaban dinero para las compañías de electricidad y posteriormente éstos lo ingresaban ¿me parece que todavía es el procedimiento habitual¿ a su propio patrimonio.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, el proyecto en debate es razonable, si se considera lo que ocurre socialmente con el asunto de los "colgados" al tendido eléctrico: se trata, efectivamente, de gente que, como regla general, hurta y roba por razones de necesidad.
Entiendo que, además, la iniciativa hace referencia a las conexiones clandestinas o fraudulentas, porque otra manera de hurtar energía eléctrica es el arreglo de medidores, lo cual corresponde a una conducta social que se da en otros niveles de la población y en donde generalmente no hay condiciones de extrema necesidad. Por lo tanto, creo que no condice con la naturaleza social del hecho sobre el cual estamos legislando el suponer que con ello sentamos precedentes tan generales como para romper el orden jurídico.
Concuerdo en que la iniciativa no resuelve lo relativo a las tarifas eléctricas y al acceso a ese tipo de energía de miles de chilenos que hoy no están en condiciones de pagar lo que están cobrando las empresas eléctricas. Y entiendo que tampoco este problema es resuelto en el proyecto, porque a diario es posible advertir que un alto porcentaje de los salarios de los sectores de más bajos ingresos ¿no los que se "cuelgan", sino los que poseen medidores y a los que mensualmente les llega la cuenta respectiva¿ debe destinarse al pago de las tarifas eléctricas.
Por lo tanto, concuerdo ¿y me alegro de que al respecto se haya producido consenso en el debate¿ en que tanto la fijación de esas tarifas y, en consecuencia, los mecanismos para establecerlas ¿sobre todo, en un país donde la oferta de la energía eléctrica corresponde a un mercado cada vez más monopólico¿, como también la posibilidad de otorgar un subsidio a los consumos básicos de los sectores más pobres, constituyen temas que forzosamente deben figurar entre las necesidades más apremiantes de vastos sectores de la población. Porque una sociedad como la nuestra debe garantizarles, a mi juicio, el suministro de ciertos servicios vitales como la electricidad y agua potable. A menudo esos sectores no pueden pagar los costos que efectivamente implica la producción de tales servicios.
Ése es el punto. O sea, si pretendemos que todos los chilenos paguen el costo del agua potable, por ejemplo ¿especialmente en las zonas donde su suministro tiene un valor más alto que en otras¿, estaríamos condenando a miles de nuestros compatriotas a no contar con ella. Me parece que ésa es una situación socialmente intolerable. Y lo mismo ocurre con las tarifas eléctricas en los sectores de extrema pobreza, que todavía son muy numerosos en el país.
En resumen, considero razonable el proyecto de ley en estudio, y sumamente conveniente que, a raíz de esta iniciativa patrocinada por la Senadora señora Frei y el Honorable señor Frei (don Arturo), haya ambiente favorable respecto de la necesidad impostergable de estudiar un sistema de subsidio para el consumo de energía eléctrica de los sectores más modestos del país.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, sólo deseo manifestar que las comparaciones hechas por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra no son acertadas ni razonables.
Ante todo, quiero hacer un poco de historia y recordar que, antes de ser privatizadas las empresas respectivas, era posible cancelar el valor de las tarifas eléctricas, y el Estado compensaba a los sectores más pobres con el consumo de los de más altos ingresos. Y, ¿qué es lo que se pretende hoy? Que esas empresas sigan obteniendo grandes utilidades ¿que son las más altas del país¿ y que, como a sus nuevos directivos privados no les preocupa el consumo de los sectores más bajos, el Estado las subsidie para que los más pobres puedan contar con energía eléctrica.
Ésa es la realidad. Tales son los hechos. Las empresas que producen la energía son privadas en un 60 por ciento, y las que la distribuyen son privadas en su totalidad. En cuanto a ENDESA, es enteramente de carácter privado. De allí las afirmaciones de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en el sentido de que se trata de una actividad prácticamente monopólica, ante cuyas determinaciones el consumidor modesto no tiene derecho a reclamación alguna, y se encuentra en peor condición que aquellos que no pagan una letra o un cheque, ya que para proceder en contra de estos últimos es necesario contar con orden judicial producto de un juicio; en cambio, en el caso de la energía eléctrica, a quien no paga, sin juicio previo, no solamente le cortan la energía, sino que, además, le arrancan el medidor.
Tal es la injusta consecuencia de entregar al sector privado servicios indispensables para la sobrevivencia del común de los chilenos. ¡El día de mañana podría ocurrírsele a alguien privatizar el aire que respiramos, y las personas, desesperadas, al no poder respirar, tendrían que robar una bolsa de aire por ahí! Y muchos hasta serían capaces de proponer encarcelarlas y dejarlas que muriesen sin respirar, para evitar un posible robo.
Señor Presidente, en países como el nuestro, el agua potable, el aire y la electricidad son imprescindibles para sobrevivir, y el error más profundo ¿lo estamos viendo y palpando en la actualidad¿ es el de haber entregado estas empresas al sector privado, cuya voracidad no tiene límites. Basta examinar el monto de las utilidades obtenidas por ENDESA, CHILECTRA, ENERSIS, etcétera, que son las más altas registradas en el país. ¿Y a costa de qué? De que unas cuantas personas no puedan pagar el consumo de energía eléctrica y de que, para obtenerla, se tengan que "colgar" de los cables e ir a la cárcel.
Por tales razones, señor Presidente, no me pareció adecuado, desde cierto punto, comparar el caso de las empresas de agua potable con el de las de energía eléctrica, porque la mayoría de las primeras son estatales casi en su totalidad; en cambio, las segundas pertenecen en su mayoría al sector privado. Tampoco considero conveniente que un señor Senador ¿contrario a la mantención de la reforma tributaria y a los gastos del Estado¿ patrocine un proyecto que subsidie el consumo, contribuyendo así a aumentar no sólo el gasto del Fisco, sino las utilidades de estas empresas privadas cuyo traspaso de manos del Estado fue obtenido incluso en forma irregular.
He intervenido dos o tres veces en la discusión de este problema, y en una de ellas un señor Senador, por un malentendido, se molestó porque, al parecer, un pariente estaría relacionado con estas empresas privatizadas. Y para que no se piense que nuevamente estoy haciendo uso de la palabra por la misma razón, quiero precisar que considero legítimo que, en esta materia, alguna persona tenga intereses en el sector privado. Pero aquí estamos analizando el tema desde el punto de vista del sector público, cautelando los intereses de la gente de menores ingresos.
Cada vez que se plantea un punto semejante, se habla de la libre competencia. ¿A cuál se refieren? ¿A la libre competencia que pueda existir entre el gato y el ratón, entre el tiburón y el pejerrey? Siempre el tiburón va a devorar al pejerrey, y el gato va a cazar al ratón. Nada de extraño tiene, entonces, que en la competencia entre algunos de estos poderosos consorcios, hoy privados, como lo son las empresas de energía eléctrica, y el consumidor pobre y modesto ¿el ratón, en este caso¿, éste se vea en la obligación de "colgarse", con lo que después incluso puede ir a la cárcel.
Creo, señor Presidente, que es deber nuestro hacer un poco de justicia social en esta materia. Hay un clamor popular ante el costo de la energía eléctrica. Tal vez en el norte sea soportable no contar con ella, pero en las Regiones sureñas, donde no sólo está involucrado el problema de la luz, sino el de la calefacción y otros elementos, constituye una necesidad vital. Por eso he protestado una y otra vez contra el monopolio de intereses económicos que tiene esclavizados a los consumidores más pobres, y he reclamado por el hecho de que haya quienes en lugar de protegerlos, defiendan a las empresas. "Subsidiemos a las empresas", para que ganen más, y que el consumo de los sectores modestos los pague el Estado, a fin de que esas empresas obtengan más utilidades.
Me parece que una actitud como esa tiene una clara definición en la concepción de cómo uno acepta las cosas de la vida. Y creo que argumentos de esa clase no pueden esgrimirse en una Corporación donde, como lo señaló un señor Senador, permanentemente se plantean soluciones para resolver los problemas tributarios, de intereses, de la deuda subordinada y de tantas cosas de los sectores más poderosos. Y cuando se trata de otorgar una modesta amnistía para los sectores más pobres, se aduce que son delincuentes y que, de todas maneras, deben ir a la cárcel, y ello es, además, con las consiguientes dificultades que les crea un prontuario para cualquier relación de carácter público. Eso les significará el haberse visto obligados en algún momento, por una situación de necesidad, a robar corriente.
Creo que nadie pretende justificar un delito, pero, por lo menos, tengamos un poco de clemencia en el corazón para entender los problemas de los más pobres.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, Honorable Senado, se ha planteado reiteradamente que este proyecto de ley beneficiaría a sectores de escasos recursos que se ven enfrentados a una aflictiva situación. Pero la verdad es que, en esa perspectiva, la iniciativa en discusión no remedia nada. Olvida el delito que habrían cometido algunas personas al "colgarse" de los cables para obtener energía eléctrica, pero ¿repito¿ no remedia la situación. Quienes eventualmente tengan deudas por consumo de electricidad seguirán debiendo las mismas cantidades, y los que sigan colgados o se cuelguen en el futuro cometerán nuevos delitos, porque, por así decirlo, ésta es una falta en la que se incurre en forma permanente. En consecuencia, este proyecto de ley no constituye una solución para las personas de escasos recursos. La única solución, como aquí se ha señalado, es establecer un subsidio para quienes se encuentren en situación de indigencia y no tengan posibilidad de pagar sus consumos. Así, por lo demás, lo consignaron, para el caso del agua potable -que está en idéntica situación-, las leyes N° 18.778 y la N° 19.059, publicada, esta última, en el Diario Oficial de 31 de mayo de 1991.
Ésa es la única solución para este problema y para las personas de modestos recursos; no para las que se encuentran en el caso a que se refiere el proyecto de ley en estudio. Y no sabemos, señor Presidente, si éstas son de escasos recursos, porque la iniciativa ¿me atrevería a decir¿ nos deja "a ciegas", pues la única información sobre ella es la suministrada por la Superintendencia de Servicios Eléctricos, que da cuenta de la existencia de 27 procesos. No hay constancia de algo más; no se han acompañado otros antecedentes.
Ahora, se ha recordado también...

El señor FERNÁNDEZ.- ¿Me concede una interrupción, señora Senadora, con la venia de la Mesa?
La señora FELIÚ.- Con todo gusto, señor Senador. El señor FERNÁNDEZ.- Con relación a lo que acaba de manifestar la señora Senadora, quiero señalar que el objeto preciso de este proyecto de ley de amnistía es el de favorecer a las personas que se encontraban procesadas o condenadas por el delito de hurto de energía. Vale decir ¿e insisto en ello¿, no se perdona a ningún deudor de energía eléctrica. Además, se puede perseguir a quienes, si bien cometieron el delito antes de esa fecha, no se encontraban procesados ni condenados ese día. De manera que cuando, de hecho, estamos incurriendo en errores de tamaña magnitud, es conveniente reflexionar respecto de lo que estamos aprobando. Llamo la atención acerca de la inconsecuencia y del grave error en que se está incurriendo en esta materia, por cuanto esto provocará una enorme frustración en miles y miles de personas que hoy pueden entender que son favorecidas con la norma que debatimos, pero que, en realidad, no lo serán. Repito: ella beneficia sólo a quienes, con nombre y apellidos, se hallen procesados o condenados, y no a todos los que cometieron el delito antes. Vale decir, aquella persona que no alcanzó a ser procesada o condenada el 1° de noviembre, sí que puede ser perseguida ahora. Creo que no es dable aceptar tamaña injusticia en una ley de esta naturaleza aprobada por el Congreso.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Continúa con la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- El señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha dado mayor claridad aún en cuanto a que esta iniciativa de ley solamente alcanza a los 27 procesos a que se refirió la Superintendencia de Servicios Eléctricos. Pero, respecto de quienes han delinquido antes de la fecha establecida en la ley y no se encuentran actualmente procesados o condenados, no hay amnistía. Y, naturalmente, tampoco la hay respecto de quienes cometieren este delito en el futuro, porque la ley produce efecto sobre los delitos cometidos. Y de acuerdo con nuestra legislación, el delito sigue vigente. Y, en todo caso, las cuentas ¿que es lo importante¿ siguen impagas.
Ahora, en relación con la similitud que, con otra figura jurídica, podría presentar la situación de las personas indigentes que se "cuelgan" para los efectos de poder obtener energía eléctrica, debo recordar que el hurto famélico se encuentra en condición similar al delito de que tratamos, porque ambas figuras se hallan comprendidas en nuestra legislación en lo que se denomina el "estado de necesidad", establecido en el artículo 10, número 7, del Código Penal, que exime de responsabilidad penal al que para evitar un daño produce un perjuicio en la propiedad ajena, siempre que concurran determinadas circunstancias.
Las situaciones aquí planteadas podrían dar lugar a considerar que en este caso se configura el "estado de necesidad" y que, por ende, esas personas se encuentran exentas de responsabilidad criminal, por estar comprendidas en la citada norma del Código Penal
Finalmente, señor Presidente, quiero recordar que al establecerse el delito que describe y tipifica la Ley General de Servicios Eléctricos, se persigue, además, proteger del peligro que representa "colgarse" de un cable de energía eléctrica. En esta materia, los accidentes son muy frecuentes, y los casos, muy lamentables y dolorosos.
Por todas estas consideraciones, estimo que el proyecto en debate debe ser rechazado por el Senado y, como aquí se ha planteado, también debe oficiarse a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda, señalándoles que es indispensable establecer un subsidio para el consumo de energía eléctrica, pero, naturalmente, sólo en beneficio de personas de escasos recursos, tal como ya está establecido, en las leyes que he recordado, para el subsidio del consumo básico de agua potable.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, en uso de lo dispuesto en el número 1° del artículo 131 del Reglamento, pido el asentimiento de la Sala para aplazar la consideración de este asunto, con el fin de que vuelva a Comisión y dar así tiempo al Ejecutivo para que responda al oficio que se ha acordado remitirle. De este modo, si es posible, se obtendría una solución conjunta armónica.
Concuerdo absolutamente con lo expresado aquí por la Honorable señora Soto, en cuanto a que en un mismo proyecto de ley debiera considerarse también el otorgamiento de un subsidio a nivel básico de energía eléctrica, porque en ese sentido es razonable y justo subsidiar.
Ahora, otorgada una solución de esa especie, o establecida la norma pertinente en la iniciativa en debate, parece justo que el mismo proyecto de ley consagre una amnistía para resolver problemas pasados.

El señor GONZÁLEZ.- Por favor, señor Senador, ¿me permite una interrupción con la venia de la Mesa?

El señor THAYER.- Con la venia de la Mesa, se la concedo, Honorable colega.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene al palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ.- Estoy de acuerdo con lo que el señor Senador propone, pero no podríamos, sin iniciativa del Ejecutivo, introducir un artículo que estableciera ese subsidio. Sería factible, en cambio, votar el proyecto, aprobarlo y acordar oficiar al Ejecutivo para que estudie la fórmula de otorgar un subsidio. Pero, repito, en esta iniciativa de ley no podemos incluir una disposición de esta naturaleza.
Muchas gracias, Honorable colega.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Continúa con la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, estoy solicitando precisamente que este asunto vaya a Comisión y se fije un plazo razonable para saber si está dispuesto el Ejecutivo a patrocinar una iniciativa de esa especie. Porque si el proyecto se va a votar en los términos en que está redactado en este momento, tengo fundadas razones para temer que se lo rechace. Debo ser muy franco a este respecto. En la forma como está propuesta la iniciativa ahora, la votaré en contra, porque no está bien concebida. Pero ocurre que el proyecto responde a una necesidad real, y como aquí en el Senado estamos para solucionar problemas reales, me parece que lo razonable es consultar al Ejecutivo sobre si está dispuesto a estudiar un proyecto que resuelva el problema económico-social del que todos tenemos conciencia. Y, apuntada esa solución, consignemos en el proyecto mismo una amnistía, para resolver así el problema pasado. Pero otorgar una amnistía para una situación vigente, que va a seguir ocurriendo, es sencillamente estimular la repetición de un hecho, incluso con riesgo para los propios infractores, como se ha expresado aquí.
Por eso, en uso de la disposición que he mencionado, pido que se aplace el conocimiento de este asunto, para que vuelva a la Comisión respectiva y podamos tratarlo una vez que obtengamos respuesta del Ejecutivo sobre el oficio que hemos acordado enviarle.
He dicho.
El señor URENDA (Vicepresidente).- Para los efectos de enviar o volver este asunto a Comisión, Su Señoría haría uso, no sólo del número 1° del artículo 131, sino también del número 7°, porque, de lo debatido aquí, al margen de que se apruebe o rechace, pareciera evidente que el proyecto ¿como lo ha reconocido la propia autora¿ podría ser objeto de cambios que mejoran su redacción.

El señor ZALDÍVAR.- Pido la palabra para resolver el tema.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate.
En mi opinión, son muy justificados los fundamentos del proyecto, como también hay una justificación teórica por parte de quienes lo impugnan. Siempre son motivo de debate los proyectos de ley sobre amnistía o condonación de tributos.
Ahora, creo que aquí se confunden dos cosas: el tema del hurto de la energía y el referente a la posibilidad de pago de ella. Ninguna de las personas contempladas en esta iniciativa tiene medidor eléctrico, ni deudas, pues se trata de gente que por diversas razones se ha "colgado", como se dice, con el objeto de consumir la energía eléctrica que necesita.
Pues bien, por lo que entiendo yo del proyecto, me parece que lo que aquí se pretende es precisamente solucionar el caso de personas que, por estado de necesidad ¿y sin haberse probado ese estado de necesidad, que sería una eximente¿ cayeron en el delito de hurto establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Minería. Creo que podría aceptarse la idea de que la iniciativa vuelva a Comisión, pero sin condicionarla al oficio. Porque respecto del mecanismo de tarifa subsidiada o diferenciada, puede haber muchas otras soluciones. Ése es otro problema. Aquí se trata de la situación de gente que está procesada. Y, para que no se beneficiara a gente que realmente no estaba en estado de necesidad, propondría que en la Comisión se estudiara una idea que más o menos dijera lo siguiente: "Esta amnistía sólo favorecerá a quienes acrediten haber actuado por un estado de necesidad. Para estos efectos, el juez respectivo abrirá un período especial probatorio.". De ese modo, a lo mejor, podríamos compatibilizar ambas cosas y buscar solución al problema que plantea el proyecto.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Pienso que la vuelta de la iniciativa a Comisión podría estar sujeta a la condición de esperar la respuesta del Ejecutivo o que ella fuera simplemente con el objeto de perfeccionarla, de aclararla, porque se ha podido apreciar que existe una anomalía en cuanto a que la amnistía beneficia a quiénes han sido procesados, pero no se refiere a la fecha de comisión del delito, lo que no es normal en esta clase de asuntos. La mera circunstancia de haber sido sometido a proceso autoriza la amnistía. Y si no ha sido sometido a proceso pese a haber cometido el delito, puede ser condenado posteriormente.
Sin entrar en detalles, me parece que habría ambiente para que la iniciativa volviera a Comisión a fin de realizar un nuevo estudio. En esta forma, el Senado podría contar con mayores antecedentes de los que se han considerado hasta la fecha.

El señor PAPI.- Pido la palabra.

El señor HORMAZÁBAL.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Había solicitado la palabra el Honorable señor Papi.
Además, hay otros señores Senadores inscritos.

El señor PAPI.- Señor Presidente, justamente había pedido la palabra para solicitar que el proyecto volviera a Comisión.
Las razones que motivan esta iniciativa son perfectamente comprensibles. Sin embargo, por la forma en que está redactada ¿no sólo por los alcances técnicos que se hacían¿, especialmente por la redacción de la frase final, referente a la necesidad de consumo residencial doméstico, podría no lograr el objetivo perseguido, dado que eso supone la existencia de medidores.
Pero aquí no sólo se trata de esos casos, sino también de otros. Ocurre que la experiencia práctica indica que los grandes hurtadores de electricidad son a menudo ciertas empresas que, por exigencias de los contratos y de los plazos que deben cumplir, incurren en esto de "colgarse". Y en definitiva suelen quedar sin sanción. ¿Por qué? Porque viene la imposición de una multa y termina resolviéndose por ahí el problema. Esa multa, por lo demás, se impone del modo más arbitrario, porque no hay manera de medir el consumo del que se "colgó". Entonces, a través de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, se efectúa una estimación, como digo, tremendamente arbitraria. Además, curiosamente, la norma penal que castiga este delito contiene una de las figuras penales más extrañas, porque no tiende a sancionar ni a la empresa ni al suministrador, sino, en el fondo, al consumidor, por la manera en que está estructurada la tarifa. La compañía productora siempre tiene asegurados los costos de producción más un margen de utilidad. Cuando hay personas que dejan de pagar, al final terminamos pagando todos, porque la utilidad está asegurada, y lo que la autoridad económica puede hacer es regular más o menos el margen de esa utilidad. Entonces, se trata de una situación muy sui géneris.
Por lo expuesto, y comprendiendo las motivaciones de justicia que inspiran este proyecto, soy partidario de que vuelva a Comisión para los efectos de ser reestudiado y afinado en cuanto a precisar exactamente su alcance y los sectores a los que apunta a beneficiar.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En este momento, ha llegado la hora de término del Orden del Día.
Si hubiera acuerdo en la Sala, la iniciativa volvería a Comisión con el fin de contemplar las diversas ideas hechas presentes durante el debate.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, por lo menos de nuestra parte habría acuerdo. Pero insistimos en que ello no está condicionado a oficio alguno. Son temas absolutamente distintos, y nuestro interés es el de que puedan recogerse nuevos antecedentes. Porque un oficio como el que se ha planteado nos lleva a toda una discusión sobre la política de tarifas eléctricas, que es un tema complejo y, además, diverso a lo que se ha estado debatiendo aquí. De modo que damos nuestro acuerdo en el sentido de escuchar de qué manera se puede perfeccionar esta iniciativa.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Previamente, tendríamos que prorrogar la hora del Orden del Día para el solo fin de resolver lo que estamos analizando.
Entiendo que la Sala lo prorrogará para ese solo efecto. Dentro de ese predicamento, ofrezco la palabra al Honorable señor Otero.
El señor OTERO.- Señor Presidente, no tenemos inconveniente en que el proyecto vuelva a Comisión, pero en el mismo entendido en que lo ha señalado el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra: que aquí no están envueltos los problemas de las tarifas eléctricas ni del dominio de las empresas eléctricas, porque eso no tiene nada que ver con la iniciativa que estamos debatiendo. Lo que aquí se discute es un proyecto que concede amnistía respecto a una situación determinada. Y a eso debe quedar restringido exclusivamente el debate. Y, en ese sentido, no tengo inconveniente en que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se alleguen todos los demás antecedentes relativos a la materia de que se trata, pero no a otras que son ajenas a ella.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si no hubiere objeciones, el proyecto volverá a la Comisión, con el objeto de que se consideren todas las observaciones que se han hecho presentes.
Acordado.

Queda terminado el Orden del Día.
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El señor URENDA (Vicepresidente).- La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales ha solicitado autorización para sesionar simultáneamente con la Sala a partir de las 19, hora a la que recibe varios invitados.
Si no hay inconvenientes, se accederá a la petición.
Acordado.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Cantuarias:
CREACIÓN DE COMUNAS Y MODIFICACIÓN DE LÍMITES EN PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
"Al señor Ministro del Interior, para que informe sobre estado de avance en la creación de comunas de Chiguayante, San Pedro y Hualpencillo, y en lo referente a la factibilidad de la modificación de los límites de la provincia de Concepción, a fin de reincorporar a ésta la comuna de Yumbel, junto con señalar, en su caso, la fecha en que el Ejecutivo estaría en condiciones de adoptar una decisión definitiva al respecto.".
EXENCIÓN TRIBUTARIA PARA INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA
"Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que disponga el estudio y patrocinio de una exención tributaria respecto de las instituciones privadas de beneficencia, tales como Clubes de Leones, por las compras de bienes que realicen en el mercado nacional o extranjero para ser donados a establecimientos de salud y de educación dependientes del Estado o de las municipalidades del país.".
LEGISLACIÓN PARA PERSONAL NO DOCENTE
"Al señor Ministro de Educación, para que informe sobre estado de avance de legislación especial para personal no docente, de acuerdo a lo expuesto en el oficio del Senado N° 3.677 y oficio de respuesta N° 07, de 20 de noviembre de 1992, del señor Ministro en referencia.".
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Del señor Jarpa:
REGADÍO EN AZAPA Y AGUA POTABLE PARA ARICA (PRIMERA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se sirva informar acerca de los estudios o proyectos existentes, tanto sobre obras de regadío en el valle de Azapa, en especial respecto de las posibilidades de utilización de las aguas del lago Chungará, como en lo relativo a solucionar la grave escasez de agua potable en Arica.".
APROVECHAMIENTO DE RÍO MAULE Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL TRONCO LINARES (SÉPTIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se sirva informar en lo atinente a la reglamentación aplicable para el aprovechamiento de las aguas del río Maule y sus afluentes, especialmente en cuanto a qué autoridad debe resolver y en qué forma sobre su utilización alternativa para el riego o la generación de energía eléctrica, y cómo se asegura la normalidad del regadío; y para que proporcione antecedentes en lo relacionado con el estado actual del proyecto de construcción del llamado "Canal Tronco Linares".
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Del señor Navarrete:
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD PARA POBLACIONES "EL RETIRO" Y "EL CAÑÓN", EN ANGOL
"Al señor Ministro de Salud, con el objeto de solicitarle considerar la posibilidad de continuar financiando por el presente año 1993 ¿y estudiar la factibilidad de un financiamiento permanente en la materia¿ el proyecto de atención primaria de salud para las poblaciones "El Retiro" y "El Cañón", ambas de la comuna de Angol, provincia de Malleco.".
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El señor URENDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical-Socialdemócrata.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.


DAÑOS EN CUBA POR HURACÁN. OFICIO

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, Honorables colegas:
Hace aproximadamente 15 días nos informamos por los noticiarios acerca de la situación meteorológica que afectaba a la costa este de los Estados Unidos y de los cuantiosos daños que causaba, tanto a las personas como a los bienes. De un modo tangencial, tuvimos conocimiento, también, de que el fenómeno se extendía a otras latitudes, sin disponer de mayores antecedentes ni detalles al respecto.
En forma fortuita, pude enterarme de las consecuencias que el hecho provocó en varios países, entre ellos Cuba. Vientos huracanados de más de 150 kilómetros por hora, provenientes del suroeste, asolaron la isla en la noche del 12 de marzo y, en el curso de un corto espacio de tiempo, destruyeron más de un millón de árboles de plátanos, en plena producción; botaron la caña de azúcar, que aún estaba en pie, ya que la zafra no estaba terminada; devastaron miles de hectáreas de tabaco de capa, que es el más fino, y arruinaron la cosecha de papas, en plena faena y con la producción todavía en los campos. Asimismo, olas de más de ocho metros azotaron el sector costero de parte de La Habana, derribando o dañando miles de viviendas, al igual que la infraestructura hotelera, y causaron perjuicios que aún no se terminan de avaluar.
El pueblo cubano busca el camino de su propia felicidad. Sus actuales estructuras políticas ¿que datan de treinta y tantos años ¿ son objeto de fuertes discusiones en organismos internacionales, aparte suscitar alguna disensión en el plano interno. Hay críticos y críticas al sistema. Pero hay lugares, señor Presidente, que invitan a la reflexión; a anteponer la razón a la pasión; a formular un juicio ecuánime; a buscar, dentro del diario acontecer, lo trascendente, lo verdaderamente importante; a separar el trigo de la paja molida. Creo que el Senado de la República es uno de ellos. Es por eso que, al apreciar la situación que vive la isla y la muy seria que deberá afrontar dentro del futuro inmediato, como consecuencia de este hecho de la naturaleza, considero conveniente, del mismo modo como se ha procedido en otros casos, distinguir entre lo que es la nación cubana y lo que es su estructura política ¿sobre la cual puede haber discrepancias, según se comprueba en la realidad¿, para que podamos abocarnos al conocimiento de esta verdadera tragedia que los aflige como seres humanos.
El pueblo cubano es alegre. La vegetación exuberante que lo rodea lo invita a la contemplación y hace que su vida transcurra con un ritmo que constituye un verdadero goce de la existencia. Un clima benigno determina que cada día sea un día de felicidad. Incluso, los huracanes, ciclones y tormentas anuales no causan conmoción mayor, porque se encuentran integrados de una u otra manera a la vida cotidiana. Pero el hecho al cual me refiero llegó en una época inesperada, por un sector absolutamente inusual. Y por ello los daños superan, con mucho, todo lo previsible y lo sucedido adquiere carácter de tragedia. Estas circunstancias excepcionales son las que, en mi opinión, deben llevamos a ponderar con especial cuidado lo que ha acaecido.
Por tal razón, he querido intervenir en esta oportunidad en el Senado para dar a conocer brevemente la dramática situación que sufre el pueblo de Cuba y, asimismo, hacerle llegar mi solidaridad personal. Invito a mis Honorables colegas para que, superándose las legítimas apreciaciones que se tengan sobre su régimen político, le enviemos un saludo fraterno en estos difíciles momentos, similar al que nosotros mismos, los chilenos, hemos recibido en otras oportunidades como consecuencia de las dolorosas sorpresas que la naturaleza nos ha deparado en más de alguna ocasión.
Señor Presidente, solicito que estas palabras sean transcritas mediante oficio, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, haciéndole ver mi interés en que se pongan en conocimiento de las autoridades cubanas, por intermedio de su Cónsul General en Chile.
He dicho.

La señora FREI.- Señor Presidente, el Comité Demócrata Cristiano se asocia a lo expuesto por el Honorable señor Navarrete.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Navarrete, conforme al Reglamento, petición a la que adhiere el Comité Demócrata Cristiano.

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, ¿de qué tiempo dispongo?

El señor URENDA (Vicepresidente).- De 11 minutos, Su Señoría.


PROYECTO EDUCATIVO DE MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES

El señor NAVARRETE.- Señor Presidente, sin preverse las consecuencias para los jóvenes ni para el desarrollo de nuestro país, hace algunos años se privilegió la educación científico-humanista por sobre la técnico-profesional.
En la actualidad, las cifras resultantes de esta opción son, cuando menos, alarmantes: sólo 25 por ciento del universo de los egresados de la educación básica se inclina por la modalidad mencionada en segundo término. Pero 75 por ciento de quienes terminan la educación media científico-humanista, y que no ingresan a la universidad, no exhibe otro capital que sus estudios cursados, careciendo de las habilidades mínimas para integrarse al mundo del trabajo.
El estado actual de la enseñanza en el área técnico-profesional ha ocasionado un desfase significativo entre la demanda creciente de personal calificado por parte de la agroindustria y la capacidad del sistema para satisfacerla convenientemente. En el rubro agricultura, hay antecedentes que indican que los egresados anuales de la rama que nos ocupa son aproximadamente dos mil, en circunstancias de que el requerimiento de mano de obra formada adecuadamente es de sobre veinticinco mil y pueden encontrarse iguales cifras comparativas en otros ámbitos.
Ante este hecho concreto, la municipalidad de Los Sauces (comuna de la provincia de Malleco, Novena Región) elaboró una iniciativa que, a mi juicio, permitirá la determinación y comprensión de los elementos básicos para definir una política de desarrollo regional y su relación con los proyectos del área educativa propuestos dentro de la perspectiva del vínculo escuela-realidad local. En efecto, juntamente con el Ministerio de Educación, ha dado vida a la habilitación del liceo científico-humanista de Los Sauces, en uno de carácter técnico-profesional, en la especialidad forestal.
El motivo de mi intervención es destacar positivamente este logro. El esfuerzo comunitario, el compromiso de la Secretaría de Estado y el interés de las autoridades municipales conformaron la fuerza básica que permitió materializar la idea. En su momento realicé gestiones ante el Ministerio, para avalar la iniciativa, con lo que creo haber contribuido, también, al propósito perseguido.
La implementación de dos cursos técnicos, orientados hacia una de las actividades principales de la comuna, la silvicultura, tuvo su inicio el día 8 del mes en curso.
La finalidad primordial del cambio en la habilitación del liceo se expresa en dos dimensiones: primero, ser un instrumento de calidad para un mejor desarrollo regional, en el contexto de nuevas formas de integración, y, segundo, ser un instrumento de calidad para una mejor inversión social y una mayor participación ciudadana, a partir de las condiciones y posibilidades culturales, espacio-temporales e individuales.
Nos encontramos ante lo que podríamos definir como un vínculo importante entre el Estado y el desarrollo social, en el cual el Estado asume la responsabilidad, no en el marco de la política en sí, sino en uno de desarrollo permanente de la comunidad, atendiendo las necesidades de ésta y buscando espacios y motivaciones para el progreso colectivo e individual.
Tres elementos básicos: una comunidad comprometida, una movilización social en torno de la meta del desarrollo local y una concertación institucional, hicieron posible este logro de intersectorialidad, la cooperación entre las fuerzas vivas de la ciudadanía, el gestionar la participación del sector productivo, y la administración y planificación articulada del Estado, la población y el municipio.
El proceso que se inicia debe responder a las demandas locales convergentes, tales como la entrega de conocimientos técnicos que hagan factible asumir el nuevo carácter de la educación, potenciar capacidades personales, y renovar y mejorar el conocimiento de la realidad que se vive en la comuna.
La consecución de los objetivos técnicos planteados en los programas curriculares permitirá modificar la oferta educacional, para integrar de hecho la educación y el trabajo en una finalidad compartida.
Es importante, a través del adecuado currículo que la nueva implementación ofrecerá, reivindicar la significación de la labor agrícola, que en nuestra juventud aparece como subvalorada.
Cabe advertir que esta iniciativa obedece a un requerimiento que sobrepasó la demanda local, pues el liceo acoge a alumnos de prácticamente toda la provincia de Malleco, e incluso, de comunas de la Novena Región que no son parte de aquélla. Además, se incorpora en la matrícula un número relevante de jóvenes de origen mapuche, calculado en 30 por ciento.
Para el desarrollo de las actividades, el establecimiento dispone de un terreno de 10 hectáreas, en las que podrán llevarse a cabo las prácticas de la especialidad. En el futuro, la infraestructura deberá ser mejorada y complementada con un internado, proyecto que se encuentra en la Cartera de Educación, a la espera de ser aprobado.
El Liceo C-53, de Los Sauces, aparte de la formación del técnico forestal en silvicultura, ofrece capacitación en las áreas de electricidad y secretariado computacional, ya que, con ese propósito, el decreto N° 15, del Ministerio de Educación, le permite modificar 30 por ciento del currículo. Pero es preciso que esa Secretaría de Estado pueda dotarlo pronto de los elementos necesarios para el módulo de computación.
Es destacable el aporte ¿y quiero mencionarlo expresamente¿ de la empresa eléctrica de la región, FRONTEL, que realizó una contribución para el buen desenvolvimiento de la especialidad de electricidad.
Con los antecedentes que he sometido al conocimiento de mis Honorables colegas, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que considere con la mayor brevedad la construcción del internado, ya que se estima que la matrícula podría llegar a ser del orden de los 500 alumnos, con un alto porcentaje de jóvenes provenientes de otras comunas.
Por tratarse de una localidad pequeña de la provincia de Malleco y que se incluye entre las comunas más pobres de nuestro país, creo que el esfuerzo que sus habitantes y autoridades han puesto en la aprobación de esta iniciativa merece ser destacado y apoyado, para que consumen exitosamente los objetivos que se han propuesto.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.

El señor HORMAZÁBAL.- No lo ocupáremos, señor presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, ofrezco la palabra.

El señor OTERO.- No intervendremos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tampoco lo harán los Comités Independiente de 6 Senadores, Mixto y Partidos por la Democracia y Socialista.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción