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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 325ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 51ª, en miércoles 12 de mayo de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 19:56)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y BELTRÁN URENDA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y, EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Navarrete Betanzo, Ricardo
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarra, Sergio
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
Concurrieron, además, los señores Ministros de Justicia y del Trabajo y Previsión, Social.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 40 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 45a, especial, en su parte pública, en 21 de abril del presente año, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica que, sin perjuicio de lo expresado en mensajes anteriores en este sentido, incluye en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional la totalidad de los proyectos iniciados en moción parlamentaria de cuyo ingreso se haya dado cuenta a la Honorable Cámara de Diputados o al Honorable Senado, según el caso, entre el 19 de septiembre de 1992 y el 11 de mayo de 1993.
-Se toma conocimiento.
Oficio
Del señor Contralor General de la República, con el que da respuesta a otro enviado en nombre del Honorable señor Vodanovic, referente a la situación que afecta a los empleados de los aeropuertos, en relación con el pago de horas extraordinarias.
-Queda a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional:

1.- El que aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Costa Rica sobre supresión de visas en los pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio.

2.- El que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio General de Cooperación Económica, Comercial, Científica, Técnica, Social, Turística y Cultural entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Costa Rica.
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece beneficios por gracia para personas exoneradas en período que indica.
-Quedan para tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

AMENAZA A LIBRE COMPETENCIA ENTRE LINEAS AEREAS

El señor OTERO.- Señor Presidente, en nombre de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Relaciones Exteriores, quiero proponer a la Sala un proyecto de acuerdo. Por lo tanto, solicito su venia para darle lectura y hacerlo llegar a la Mesa.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra, señor Senador.

El señor OTERO.- El texto expresa lo siguiente:
"Considerando:
"1. Que entre los Gobiernos de Chile y de los Estados Unidos de América existen convenios bilaterales sobre el transporte aéreo, el último de los cuales se encuentra actualmente pendiente de consideración de este Senado.
"2. Que el Convenio sobre el que debe pronunciarse el Senado, reconoce la libertad de cielos, en base a la reciprocidad y a una estricta observancia de las normas de una sana y libre competencia.
"3. Que la sana y libre competencia no puede basarse sobre prácticas de dumping, sobre prestación de servicios bajo costo y, mucho menos, en el potencial económico de una empresa para soportar pérdidas derivadas de este tipo de acciones, con evidente perjuicio para las empresas competidoras.
"4. Que los cupos y frecuencias que actualmente ofrecen las Compañías Aéreas norteamericanas y chilenas en la ruta Santiago-Miami-Santiago cubren en exceso las actuales necesidades del mercado y su potencial incremento en los próximos años. Esto se comprueba por el hecho de que todas las empresas exhiban un índice de ocupación no rentable.
"5. Que no obstante lo anterior, American Airlines ha decidido incrementar sus frecuencias y vuelos directos en dicha ruta, con lo cual las actuales pérdidas que afrontan las Compañías que sirven este tramo aumentarán considerablemente. Esta situación crea un peligro real y efectivo para la subsistencia de las líneas aéreas chilenas Fast Air, Ladeco y Lan por cuanto, a diferencia de las empresas norteamericanas, sus recursos económicos no les permiten afrontar tal volumen de pérdida.
"6. Que, hasta este momento, han sido infructuosos los esfuerzos de las autoridades chilenas para lograr la suspensión del aumento de frecuencias y de cupos.
"Sobre la base de lo expuesto, las Comisiones de Transporte y Telecomunicaciones y de Relaciones Exteriores del Senado, vienen en proponer el siguiente Proyecto de Acuerdo:
"Hacer pública denuncia de los hechos que motiva el presente Proyecto de Acuerdo a fin de que las empresas norteamericanas reconsideren la decisión de aumentar las frecuencias y cupos en la ruta Santiago-Miami-Santiago y, además, solicitar del Supremo Gobierno se represente esta situación al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a objeto de que se impida la materialización de estas medidas que atentan a una sana y libre competencia.".
Hago presente a los señores Senadores que en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hemos escuchado los planteamientos de las distintas líneas aéreas, y que recibimos un informe de la consultora GEMINES que demuestra que hoy, con las actuales frecuencias, existe un exceso de disponibilidad, de modo que las empresas están operando simplemente a pérdida.
De aceptarse el aumento de frecuencias que se propone efectuar American Airlines, es un hecho indiscutible que las líneas chilenas, en un lapso de 60 ó 90 días, no podrán continuar operando, con las consecuencias que ello implicará no sólo para el tráfico aéreo entre Chile y Estados Unidos, sino también para el cabotaje y el servicio de pasajeros dentro del territorio nacional.
Los representantes de esas aerolíneas no piden beneficios, sino simplemente que se apliquen las reglas de la sana y libre competencia. Y no constituye una sana y libre competencia el incrementar en exceso las frecuencias y cupos de manera tal que las pérdidas aumenten para todas las compañías, basándose en el potencial económico de las megaempresas. No cabe la menor duda de que una compañía como American Airlines puede soportar las pérdidas durante 3, 4 ó 5 meses, pero LADECO, LAN y Fast Air, al cabo de 60 días, entrarían en cesación de pagos y, lisa y llanamente, quebrarían. Y eso, ¿qué va a significar? Que con posterioridad no habrá una libre y sana competencia, sino un control y un monopolio de las rutas, lo que permitirá recuperar las pérdidas en los próximos años.
Señor Presidente, a las dos Comisiones les parece que ésta es una situación de extrema gravedad, por afectar directamente el interés del país y, por sobre todo -lo que más reclamamos-, el sistema de comunicaciones y de transporte dentro de nuestro territorio.
Si las empresas nacionales no son defendidas en una sana y libre competencia y no se impide ese tipo de actitudes, sencillamente Chile dejará de tener un servicio aéreo como el que hoy nos enorgullece.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, me parece muy interesante el tema que plantean ambas Comisiones; sin embargo, a mi juicio es impropio del Senado, para decirlo francamente, por carecer éste de competencia sobre el particular. No creo que ese punto, por su naturaleza o envergadura, deba ser objeto del tratamiento de esta Corporación.
Y excúsenme la ignorancia, Sus Señorías, pero pienso que el caso expuesto justificaría una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica, o bien, si incide en aspectos de Estado o de Gobierno, el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Insisto en que no me parece que el Senado deba ocuparse en el tema, no obstante la trascendencia comercial que éste pudiera tener.
He dicho.

El señor ORTIZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, entiendo que este aspecto, en lo relacionado con la organización de las empresas, no sea susceptible de debatirse en el Senado. Sin embargo, las consecuencias que pueden originarse, como la cesantía de un grupo importante de compatriotas y la repercusión en cadena en toda la actividad turística, etcétera, revisten tal importancia que ameritan para que esta Corporación al menos haga llegar su preocupación a las autoridades de Gobierno.
No es de la competencia de esta rama del Congreso, por ejemplo, resolver los problemas producidos en Santiago con motivo del aluvión, pero resulta procedente su interés por dar a conocer su opinión al respecto. Y, a mi juicio, en este caso es lo que corresponde.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Páez.

El señor PÁEZ.- Señor Presidente, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones evaluamos la situación y estimamos oportuno hacerla presente en la Sala del Senado, ya que el problema en realidad es muy complejo para las empresas aéreas que operan en el territorio nacional, ámbito en el que también se sufren, por razones obvias, los efectos de que se trata. Y la Comisión de Relaciones Exteriores asimismo se hizo cargo del asunto. Por eso se ha planteado a la Corporación este proyecto de acuerdo.
Como ambas Comisiones estiman que la cuestión es extremadamente delicada y trae aparejada serias consecuencias, podría considerarse la posibilidad de celebrar una sesión especial para analizarla.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMÁZABAL.- Señor Presidente, quiero recoger la inquietud que se ha dado a conocer, pues no se halla involucrado sólo lo relativo a un mayor o menor costo de los pasajes aéreos. Desde este último punto de vista, los usuarios podrían verse beneficiados, aparentemente, con una baja en el precio, sobre todo en los viajes a Estados Unidos de América.
Tampoco está en juego únicamente la existencia de las líneas aéreas nacionales, así como la posibilidad de que se mantenga su funcionamiento en el servicio interno, porque muchas de ellas obtienen utilidades de las rutas al exterior -y especialmente de aquella con destino a Estados Unidos- que les permiten compensar algunos costos o las menores ganancias en los tramos locales.
Lo que ocurre es que, adicionalmente, él tema implica un aspecto de seguridad nacional. Es un hecho evidente que la operación de aerolíneas nacionales constituye un factor fundamental, desde el punto de vista de la capacidad que pueda tener un país para enfrentar ciertas situaciones críticas.
Por consiguiente, así como el Senado ha discutido en oportunidades anteriores otras materias de importancia, creo que sería apropiado -sin caer en el defecto que, con justa razón, señaló el Honorable colega Vodanovic- destinar la hora de Incidentes de la sesión del próximo miércoles a analizar lo relacionado con el transporte aéreo y hasta qué punto la libertad de cielos y otras medidas en aplicación configuran la política correcta para cumplir con los objetivos de índole nacional que nos interesa perseguir.
De tal modo, la interesante propuesta planteada por las Comisiones, justamente preocupadas por el tema -ya que es su especialidad, han tenido que conocerlo-, podría transmitirse también a los demás Senadores en la discusión plenaria. Y así el país tendría -alguna vez, quizás- una visión sobre un punto de importancia tan capital.
Por eso, me permito sugerir que el próximo miércoles dediquemos la hora de Incidentes a debatir este asunto, sobre el cual podrán opinar las distintas bancadas en el tiempo que les corresponde.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, concuerdo plenamente con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Quienes pertenecemos a las Regiones más extremas del país estamos muy preocupados, porque ya hemos sufrido antes algunas de las repercusiones del factor distancia, las cuales han afectado fuertemente a nuestra economía. Se requieren, por lo tanto, servicios aéreos eficientes y que estén al alcance de los habitantes de las zonas apartadas.
Al desempeñarme en la Presidencia de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, me tocó escuchar las intervenciones de los representantes de las compañías de que se trata. Y la verdad de las cosas es que esto se ha ido transformando en un drama.
Ahora, desde el punto de vista de la seguridad nacional, creo importante que estas empresas operen en nuestro territorio -además de ser deseable que sean dirigidas por chilenos-, a fin de que en cualquier eventualidad se pueda disponer de ellas.
Por eso, comparto la proposición de que el próximo miércoles se dedique la hora de Incidentes a este problema, que podría incidir negativamente, a corto plazo, en las Regiones más extremas.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, pienso que se está cumpliendo el objetivo que tuvieron en vista ambas Comisiones, porque en esta oportunidad llamamos la atención de la opinión pública acerca de la situación que nos ocupa. Y me parece que si hay otros antecedentes importantes al respecto, los Comités podrían determinar el tiempo que en la hora de Incidentes del próximo miércoles será destinado a tratar una materia que reviste tanta seriedad como ésta. Estoy de acuerdo con ese procedimiento.
Quiero, sí, manifestar mi preocupación por los precedentes que se puedan establecer con relación a determinados temas. A mi juicio, el que ahora consideramos es relevante, y, por ello, echo de menos una reacción de parte de la Comisión de Distorsiones, organismo que funciona en el Banco Central y que está encargado específica y exclusivamente del análisis de cuestiones de esta índole. Porque la verdad es que no debemos actuar en forma paralela a dicha Comisión, cuyo rango debe ser ampliado, a fin de que un caso como el descrito pueda el día de mañana ser planteado oportunamente, y se eviten, así, eventuales daños. No procede que cada vez que se produzcan situaciones como ésa debamos citar a una sesión especial.
Reconozco la gravedad del hecho que se ha producido, pero estimo que no debe tener como corolario la aprobación de un proyecto de acuerdo, porque ello no le corresponde al Senado. Sí me parece atendible la proposición de debatir el tema en la hora de Incidentes del próximo miércoles, siempre que los Comités determinen, facultativamente, los tiempos que se otorgarán para su tratamiento.
Sería conveniente, por otra parte, solicitar mayor información -y para tal efecto pido oficiar en mi nombre, al menos- a la Comisión de Distorsiones, para conocer su criterio frente a estas prácticas desleales y su repercusión en la competencia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio que se solicita.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, debo recalcar que en la actualidad las aerolíneas no se encuentran en la misma condición que en el pasado. Antes, el país exhibía con orgullo una importante empresa estatal, y, en circunstancias parecidas a la que se denuncia, el Gobierno la habría protegido y le habría prestado todo su apoyo, proporcionándole los medios económicos para enfrentar su conflicto con las compañías extranjeras. Hoy día, la actividad está entregada, también con orgullo, a aerolíneas privadas. Y éstas constituyen una demostración de nuestra soberanía y se hallan insertas en la seguridad nacional, pero, por no tener carácter estatal, no cuentan con ese respaldo directo que una vez se otorgó, ni con los recursos necesarios para soportar la guerra de tarifas y de frecuencia de vuelos que tiene lugar en estos momentos. Por ello, debemos considerarlas líneas aéreas nacionales, soberanas, y las únicas que nos están transportando al exterior.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, tengo la impresión de que hay consenso para aceptar la sugerencia del Honorable señor Hormazábal en el sentido de analizar el problema en la hora de Incidentes de la sesión del próximo miércoles. El asunto reviste suma gravedad, y para apreciarla basta imaginarse qué sería de este país si, de repente, dejaran de operar LAN y LADECO. En ese caso, tendríamos que depender de la Fuerza Aérea, o de medios que desconozco. Si bien comparto las aprensiones del Honorable señor Vodanovic sobre el proyecto de acuerdo, me parece que la proposición del Honorable señor Hormazábal constituye el recto camino, acerca del cual, como dije, parece haber consenso.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, sólo deseo dar lectura a parte de una información que hoy aparece en el cuerpo económico de "El Mercurio" de Santiago, en su sección "Conversaciones".
Es extraño que la empresa extranjera de que se trata solicite aumentar la frecuencia de sus vuelos en los itinerarios a Chile, en circunstancias de que, en forma destacada, bajo el título de "Racionalizan American Airlines", dicho periódico dice que "El Presidente de American Airlines, Roberto Crandall, anunció que la compañía ha iniciado una etapa de racionalización operativa para enfrentar la crisis financiera que atraviesa.". Y, más adelante, agrega: "Actualmente existe gran inquietud en el personal de la compañía por el anuncio reciente de que serán desahuciados 500 pilotos y 400 mecánicos, en los primeros despidos desde comienzos de la década del 80.".
Quienes debemos hacer uso de las líneas nacionales para concurrir a nuestras Regiones vemos con preocupación que aquéllas deban afrontar una competencia que podría calificarse de desleal. Por este motivo, concuerdo con la solicitud formulada por algunos Honorables colegas en el sentido de que el Senado analice esta situación, a fin de que podamos colaborar a la mantención de un servicio indispensable para la integración, desarrollo y progreso del país.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, deseo agregar a la exposición del Presidente de la otra Comisión que comparte nuestra petición, el Honorable señor Otero, un par de consideraciones que, a mi juicio, no podemos dejar de tener presentes.
No se halla involucrado aquí el mero interés comercial de una empresa en particular, sino el destino de toda nuestra capacidad de transporte aéreo. Y no debemos olvidar que la presencia de líneas aéreas chilenas en el exterior constituye, de alguna manera, una afirmación de nuestra soberanía, al igual que un elemento indispensable para facilitar nuestras relaciones y el comercio con el resto del mundo. No es, en consecuencia, un simple problema comercial.
A lo anterior se suma el hecho de que las entidades que, en cierto modo, están agrediendo a las compañías chilenas son de un país con el cual, no obstante la gran amistad que nos une, hemos tenido más de alguna dificultad, porque debido a su excesivo poderío puede permitirse ciertas licencias y actitudes que nosotros, como país más débil, no estamos en situación de asumir.
Por lo tanto, no es éste un problema baladí, que no esté a la altura del Senado. Aquí está en juego nada menos que toda la posibilidad de presencia aérea de Chile en el exterior, sin perjuicio de que la quiebra de las empresas nacionales tendría graves repercusiones en el transporte interno.
Por tales razones, nuestra Corporación debe abocarse a esta materia. Y si algunos señores Senadores no son partidarios de la declaración propuesta, creo que, de todas maneras, podrían suplirla tanto las distintas intervenciones que en esta oportunidad se han efectuado como la citación a una sesión especial para analizar el tema. Pero no debemos olvidar que en esta actividad una empresa puede ser llevada a la quiebra en pocas semanas. La competencia y las características del transporte aéreo son de tal índole que en muy poco tiempo pueden producirse pérdidas imposibles de recuperar. En consecuencia, hay un factor tiempo sumamente importante y del cual no podemos prescindir. Por ello, propusimos este proyecto de acuerdo. En todo caso, debemos dar al problema la trascendencia nacional que reviste, pues no se trata simplemente de los intereses particulares de determinadas empresas.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero sumarme a la petición formulada por diversos señores Senadores en orden a celebrar una sesión especial, porque también comparto la preocupación existente sobre esta materia.
Recuerdo que cuando concurrió el Canciller aludí a la lucha entre David y Goliat. Y aquí es donde efectivamente se manifiesta...

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente,...

El señor VALDÉS (Presidente).- Está haciendo uso de la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor LAVANDERO.- Deseo consultar si vamos a debatir ahora el tema o lo vamos a dejar para una próxima oportunidad Si vamos a hacerlo en este momento, conviene precisarlo, derechamente. El hecho de que cada señor Senador comience a emitir pronunciamientos y a adherir a una u otra posición lleva a preguntar para qué se acordaría una sesión posterior.
¡Me parece irregular una vía que conduce a abocarse "de contrabando" a la discusión de una materia! El señor ALESSANDRI.- ¿Podría esperar Su Señoría a que termine mi exposición? El señor VALDÉS (Presidente).- El Honorable señor Alessandri está con el uso de la palabra, y no desea ser interrumpido.

El señor ALESSANDRI.- El señor Senador ni siquiera me ha solicitado una interrupción, señor Presidente.
Sólo deseo manifestar que el asunto me parece importante, por lo que amerita la celebración de una sesión. Si hay señores Senadores que no lo estiman así, lo lamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- No hay un debate sobre el punto, sino la consideración de un proyecto de acuerdo. Y debo advertir que, constitucional, legal y reglamentariamente, no hay inconveniente alguno para que la Sala suscriba textos de esta naturaleza, sobre todo si está de por medio un tema de interés nacional evidente.
Por mi parte, concuerdo en que la situación reviste extrema urgencia, porque he seguido personalmente el curso de los acontecimientos. Es una cuestión de días, de semanas. De modo que, sin perjuicio de la discusión que se lleve a cabo, no habría inconveniente, si así lo estima la Sala, en aceptar lo propuesto por ambas Comisiones.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente. Solicité dar tiempo para que nos impongamos de la materia y podamos debatirla. No cabe aprobar un proyecto de acuerdo que ni siquiera hemos podido analizar en su globalidad, y que no han leído, incluso, algunos miembros de las Comisiones que lo presentan. Por ello, sería útil tratar el tema el próximo miércoles, y que los Comités, como se ha sugerido, dispongan si para este efecto se destinará la totalidad o parte de la hora de Incidentes, sin perjuicio de que se reparta el documento a que se dio lectura.
Tal procedimiento nos permitiría estudiar el asunto y adoptar un acuerdo al respecto, porque concuerdo con Su Señoría en que se justifica plenamente un pronunciamiento de la Corporación. Pero éste, como se procede habitualmente, debe ser informado. Y a la sesión respectiva deberían ser invitados los Ministros de las Carteras vinculadas a una situación tan relevante, para que nos informen acerca de las medidas adoptadas por el Gobierno.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se destinaría, entonces, la hora de Incidentes del próximo miércoles al análisis de esta materia, y se invitaría a esa sesión a los Ministros de Relaciones Exteriores, de Transportes y Telecomunicaciones, y Secretario General de la Presidencia, quien me informó oficialmente ayer que, en nombre del Gobierno, ha estado a cargo del problema.
Si le parece a la Sala, se procedería en esta forma.
-Así se acuerda.
El señor VALDÉS (Presidente).- Se entregará copia del proyecto de acuerdo a todos los señores Senadores.
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.


PROBIDAD POLÍTICA. INCLUSIÓN DE PROYECTO EN TABLA

La señora SOTO.- Señor Presidente, hace bastante tiempo la Comisión de Gobierno aprobó un proyecto sobre probidad administrativa y política, el que, por contener un precepto que configuraba un delito, fue enviado después a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta, debido al cúmulo de iniciativas con urgencias, no ha podido analizarlo. Sin embargo, resulta absolutamente inoficiosa la permanencia del texto en ella, porque el delito que originalmente consideraba fue dejado sin efecto. Por lo tanto, creo que la Sala debe proceder a su tratamiento.
Entiendo que tanto el Presidente de la Comisión de Constitución como sus integrantes están de acuerdo con esta solicitud. El señor VALDÉS (Presidente).- Pero no han emitido el informe pertinente. La señora SOTO.- No. Porque ahora no corresponde. Y la Sala debe pronunciarse, al respecto, en consecuencia, porque fue la que acordó enviar la normativa a la Comisión de Constitución.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tendría que haber acuerdo unánime para omitir ese trámite.
No sé que opinan al respecto los señores Senadores, porque la iniciativa llegaría sin ser estudiada por la Comisión. La señora FELIÚ.- Fue informada por la Comisión de Gobierno. La señora SOTO.- Efectivamente, señor Presidente. Lo que ocurre es que el proyecto fue remitido, además, a la de Constitución, porque se configuraba un delito. Como éste fue suprimido, desapareció el motivo para que ella interviniera, de modo que la Sala debe abocarse al conocimiento de la materia. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, deseo recoger la petición de la Honorable señora Soto. Creo que el punto podría ser tratado en reunión de Comités y que la iniciativa podría incluirse en la tabla del martes o del miércoles próximos. Porque, aun cuando accediéramos a ello, no podríamos incorporarlo en la tabla de hoy. El señor VALDÉS (Presidente).- No figura en la tabla.

El señor HORMAZÁBAL.- De tal manera...
La señora SOTO.- Estoy solicitando que se incorpore para el próximo martes.

El señor VALDÉS (Presidente).- Habría que informar a los Comités, porque varios señores Senadores no conocen el proyecto. Entonces, una vez que se impongan podrán determinar en qué momento lo colocamos en tabla.
¿Considerarían conveniente Sus Señorías verlo en la reunión de Comités del martes próximo...

El señor HORMAZÁBAL.- Y tratarlo sobre tabla.
El señor VALDÉS (Presidente).- ...y tratarlo sobre tabla el mismo día? El señor HORMAZÁBAL.- Con las condiciones señaladas, yo no tendría obstáculo en dar mi respaldo para que se analizara sobre tabla. La señora SOTO.- Muy bien, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se resolverá en la reunión de Comités del próximo martes.
Acordado.

El señor VODANOVIC.- Excúseme, señor Presidente, pero estaba afuera.
La Honorable señora Soto solicitó incluir el proyecto en la tabla. Pero no sé si quedó claro que hay que dejar sin efecto su remisión a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Yo estaría de acuerdo en que así fuera, y que sólo quedara radicado en la Comisión de Gobierno, cuyo informe, habiéndose evacuado, quedaría en estado de tabla. El señor VALDÉS (Presidente).- Esa materia deberán analizarla los Comités el martes próximo, señor Senador. El señor VODANOVIC.- Pero la Sala lo puede acordar. El señor VALDÉS (Presidente).- Lo puede acordar la Sala; pero ésta no conoce el proyecto. La señora FELIÚ.- Señor Presidente, solicito que se imparta la instrucción pertinente para que se distribuya el informe la Comisión de Gobierno con anterioridad a la reunión de Comités. El señor VALDÉS (Presidente).- Así se hará, señora Senadora.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE NORMAS PREVISIONALES Y DE PROCEDIMIENTOS
EN JUICIOS QUE INDICA


El señor VALDÉS (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece y, modifica normas previsionales y sobre procedimientos en juicios que indica, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 35a, en 21 de enero de 1992.
En tercer trámite, sesión 44a, en 20 de abril de 1993.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 13a, en 23 de julio de 1992.
Constitución, sesión 13a, en 23 de julio de 1992.
Hacienda, sesión 13a, en 23 de julio de 1992.
Trabajo (segundo), sesión 21a, en 1 de septiembre de 1992.
Trabajo (tercer trámite), sesión 44a, en 20 de abril de 1993.
Discusión:
Sesiones 35a, en 21 de enero de 1992 (se acuerda enviarlo a las Comisiones de Trabajo, Constitución y Hacienda); 13a, en 23 de julio de 1992 (se aprueba en general); 22a, en 3 de septiembre de 1992 (se despacha en particular).

El señor VALDÉS (Presidente).- El señor Ministro del Trabajo, presente en la Sala, solicita autorización para que ingrese el Subsecretario de Previsión Social, señor Luis Orlandini Molina.
-Se autoriza.
El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde discutir y votar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.


El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, deseo formular una sugerencia.
Como se trata de una iniciativa en tercer trámite constitucional, quisiera que la Sala escuchara una pequeña relación -podría hacerla el Honorable señor Thayer- para que conozca cuáles son los cambios que introdujo la Cámara Baja y por qué la Comisión tomó la decisión de rechazar algunos de ellos para permitir el afiatamiento de la norma pertinente en la Comisión Mixta. El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer. Pero advierto que, sin perjuicio de la relación de Su Señoría, reglamentariamente deberemos tratar las modificaciones una a una.

El señor THAYER.- Señor Presidente, se encuentra en tercer trámite constitucional el proyecto que establece y modifica normas previsionales y sobre procedimientos en juicios que indica.
Como recordarán Sus Señorías, se discutió aquí latamente la iniciativa, atinente a ciertos juicios contra el Instituto de Normalización Previsional. La Sala tomó su acuerdo, y la Cámara de Diputados aprobó el texto que despachó el Senado, con algunas enmiendas que entraré a resumir.
Respecto del artículo 1°, la Cámara Baja propone consultar un N° 1, nuevo, que agrega al artículo 12 de la ley 17.322 un inciso que dice: "Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro.".
El objetivo de ese inciso es bastante sencillo. Cuando hay retención de aportes previsionales y éstos no se enteran donde corresponde, ello origina responsabilidades penales, para cuya determinación existe un procedimiento. Entonces, la Cámara de Diputados estimó conveniente informar a tiempo a la Policía de Investigaciones, para evitar que los responsables huyan del país.
La Comisión, por unanimidad, consideró que debía aceptarse la enmienda.
La segunda modificación es consecuencia del nuevo inciso. De aprobarse éste, el número 1 del Senado pasará a ser 2, sin alteraciones.
Tocante al numero 2 del Senado, que pasa a ser 3, la Cámara de Diputados propone sustituirlo por otro que, al párrafo que se agrega al final del inciso primero del artículo 22 a), incluye una frase que deja exento de multa al empleador o a la entidad pagadora de subsidios cuya declaración fue incompleta o errónea, pero no maliciosa, y se hizo dentro del mes siguiente.
Esta enmienda fue aprobada por unanimidad en la Comisión, pues no hace más que igualar la normativa existente en materia de aportes a las administradoras de fondos de pensiones con respecto a los efectuados dentro del régimen del Instituto de Normalización Previsional.
La siguiente enmienda se vincula con las modificaciones que se procura introducir en materia de sanciones penales derivadas de no efectuar oportunamente una declaración o de, habiéndola hecho, no enterar las cotizaciones dentro del plazo legal. Aquí no existe discrepancia entre ambas ramas del Congreso. Lo que ocurre es que el texto aprobado por la Cámara Baja adolece de deficiencias técnicas, pues contiene una referencia imprecisa al artículo 470 del Código Penal. Por eso, la Comisión estimó conveniente rechazarla, con el objeto de que se le dé la redacción correspondiente en la Comisión Mixta,
En cuanto al artículo 4°, debo aclarar que el informe incurre en un error, pues donde dice "La H. Cámara de Diputados ha rechazado la norma acordada por el H. Senado, que establece que las pensiones -así como su reajuste, acrecimiento, aumento o modificación-, que se soliciten dentro de un año" debe decir "que no se soliciten dentro de un año", etcétera.
Esa disposición es clave. En el proyecto que aprobó el Senado se establece que las pensiones que no se reclamen dentro del plazo de un año desde que se hicieren exigibles sólo se pagarán desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva, a fin de evitar el tremendo problema jurídico y económico que significa cobrar retroactivamente diferencias provenientes de una pensión que no se hizo efectiva o no se cobró en el momento oportuno. Y se fija un plazo de tres años, contado desde el otorgamiento del beneficio, para revisar una pensión o un reajuste legal.
El precepto del Senado fue rechazado en la Cámara de Diputados, por no reunirse el quórum necesario para su aprobación. La Comisión sugiere rechazar el criterio de esa rama del Parlamento, emanado de que, requiriéndose para la aprobación de la norma 60 votos, el resultado fue 55 contra 40.
La siguiente enmienda deriva de un artículo nuevo que propuso el Ejecutivo para hacer computable, a efectos del cálculo de la pensión, la asignación profesional o de título, imponible, de que gozan los funcionarios del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial. Se trata de una disposición absolutamente justa, por cuanto un beneficio imponible está siendo considerado para los efectos de la pensión sólo en casos limitados -como el de quienes cumplen 30 años de servicios-, lo cual crea una serie de inconvenientes. La indicación del Ejecutivo obvia esa situación, y la Comisión, por unanimidad, estimó conveniente aceptar la enmienda.
En seguida, la Cámara de Diputados suprimió el artículo 1° transitorio del Senado pues se refiere a un asunto vinculado al artículo 4°, que aquélla rechazó por falta de quórum. Por estimar que este precepto debe ser repuesto, la Comisión sugiere mantener el artículo 1° transitorio.
En seguida, respecto del artículo 2° transitorio, la Cámara Baja propone una modificación redaccional, que la Comisión aprobó por unanimidad.
Luego, la Cámara de Diputados sugiere agregar un artículo 3° transitorio que dice: "Las pensiones de jubilación y sobrevivencia causadas con anterioridad a la vigencia de esta ley por el personal que perteneció al Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, otorgadas conforme al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas,", etcétera. Esta norma transitoria permite reliquidar esas pensiones y, de ese modo, hacer justicia a sus beneficiarios. La Comisión aprobó por unanimidad el nuevo precepto.
Debo advertir también que en la página 15 del informe, en la quinta línea del párrafo cuarto, se dice "otros empleados políticos", en vez de "otros empleados públicos". Es un lapsus de máquina.
La Cámara de Diputados agrega a continuación un artículo 4° transitorio que dispone la prórroga por un año, a contar del 20 de enero de 1993, del plazo establecido en el artículo 9° de la ley N° 18.689, texto legal que autorizó al Director del Instituto de Normalización Previsional para enajenar, mediante licitación o subasta pública, bienes muebles o inmuebles que en su oportunidad fueron construidos o adquiridos para ser destinados a obras de bienestar social de los empleados particulares activos y jubilados. Se trata de una norma antigua, proveniente de un viejo fondo social de la Caja de Empleados Particulares, a la que ya no es posible dar aplicación, sencillamente porque desaparecieron esa Caja y, por ende, la calidad jurídica de los respectivos trabajadores. Por consiguiente, se fija un plazo para buscar una fórmula que permita dar una aplicación razonable a esa disposición, la que todavía no se ha encontrado; y se espera hacerlo de aquí al 20 de enero de 1994, fecha en que expiraría el plazo establecido.
La unanimidad de la Comisión, no obstante estimar razonable la norma, prefirió rechazarla, para que resuelva la Comisión Mixta. Porque no es seguro que pueda hallarse la fórmula adecuada dentro del plazo sugerido. Ya estamos en mayo; se nos ha venido el tiempo encima. Es factible que el proyecto sea aprobado en junio o julio. Entonces, no sería conveniente fijar un plazo demasiado restringido.
Finalmente, la Cámara de Diputados propone un artículo 5° transitorio que dice: "Quienes con anterioridad a la vigencia de esta ley hubieran incurrido en alguna de las conductas tipificadas en el inciso final del N° 6 del artículo 3°, permanecerán sujetos a las disposiciones penales vigentes en la oportunidad.". Se trata de un precepto puramente técnico, cuyo objetivo es establecer que las conductas tipificadas como penales pero ocurridas con anterioridad a la ley en proyecto deben regirse por la legislación vigente al momento en que se produjeron, de acuerdo con el principio pro reo. La Comisión coincidió con la idea que inspira a ese artículo, pero su redacción no le pareció suficientemente clara. Por lo tanto, estimó preferible, también pro forma, rechazar la modificación, con el objeto de que la Comisión Mixta mejore ese aspecto.
Por esas razones, la Comisión consideró que, no habiendo aquí ninguna cuestión de fondo, sino problemas puramente técnicos y uno relativo a la falta de quórum en la Cámara de Diputados tocante a un precepto, las normas que no quedaron suficientemente corregidas deben pasar a Comisión Mixta. Para tal efecto, sugiere rechazar las enmiendas pertinentes y, en cambio, aprobar las otras, que son de mero trámite y han perfeccionado el proyecto.
He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, dado que la relación hecha por el Senador señor Thayer ha sido pormenorizada (Su Señoría fue número a número) y que todos los acuerdos de la Comisión se adoptaron por unanimidad, excepto en el caso del artículo 4°, donde el Honorable señor Calderón aceptó el criterio de la Cámara de Diputados, sugiero aprobar el informe como viene, dejando a la Comisión Mixta la resolución de los problemas técnicos surgidos. El señor URENDA (Vicepresidente).- Señor Senador, podemos instar a un pronunciamiento rápido, pero no tenemos facultad reglamentaria para impedir tratar cada una de las enmiendas y, con ello, dejar sin intervenir a los señores Senadores que deseen usar de la palabra.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Tal como lo señaló el Honorable señor Thayer, este proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional. Y debo hacer presente a Sus Señorías que para ser aprobado requiere quórum calificado, es decir, los votos de 24 señores Senadores.
Corresponde al Senado pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.
El Senador señor Thayer explicó lo sucedido en la Comisión. Pero, reglamentariamente, la Sala debe seguir el orden señalado en el comparado que se distribuyó a Sus Señorías.
En el artículo 1°, la modificación introducida por la Cámara de Diputados consulta como número 1, nuevo, el siguiente:

"1.- Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 12:
"Tanto la orden de apremio como su suspensión, deberán ser comunicadas a la Policía de Investigaciones de Chile, para su registro.".".
La Comisión, por unanimidad, propone aprobar la enmienda, con los votos de los Honorables señores Calderón, Ruiz y Thayer.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.

El señor CANTUARIAS.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, quiero intervenir brevemente en general respecto del informe que nos ocupa y pasar después a lo pormenorizado, pues entiendo que tengo derecho a ello.
Son tres los aspectos a que deseo referirme. Primero, debo señalar que la Cámara de Diputados rechazó el artículo 4° del Senado, norma que la Comisión de Trabajo ha sugerido reponer. El artículo 4° proponía un plazo de caducidad...

El señor URENDA (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador. Pero, de acuerdo con el Reglamento, debemos pronunciarnos específicamente acerca de la primera enmienda, que la Comisión recomienda aprobar.
Sobre ese tema, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Por unanimidad, se aprueba la modificación, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento 26 señores Senadores.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, el número 1 ha pasado a ser 2, sin modificaciones.
La Comisión, en forma unánime, propone aceptar esa enmienda.
-Por unanimidad, se aprueba, y, para los efectos del quórum constitucional querido, se deja constancia de que emitieron pronunciamiento 26 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El número 2 ha pasado a ser 3, sustituido por el siguiente:

"3.- Agrégase al final del inciso primero del artículo 22 a), a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, el siguiente párrafo:
"Si la declaración fuere incompleta o errónea y no existen antecedentes que permitan presumir que es maliciosa, quedará exento de esa multa el empleador o la entidad pagadora de subsidios que pagare las cotizaciones dentro del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones respectivas. Tratándose de empleadores de trabajadores de casa particular, la multa será de 0,2 unidades de fomento para el caso que las cotizaciones se pagaren el mes subsiguiente a aquel en que se retuvieron de las remuneraciones de estos trabajadores, y de 0,5 unidades de fomento si fueran pagadas después de esta fecha, aun cuando no hubiesen sido declaradas.".".
La Comisión sugiere aprobar esa enmienda.
-Por unanimidad, se aprueba la modificación, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento 27 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 3° aprobado por el Senado dice:

"Artículo 3°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980:

"6.- Agréganse los siguientes incisos a continuación del inciso final:
"La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones provisionales, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios.
"Las cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses que las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen la obligación de cobrar, gozarán del privilegio establecido en el N° 5 del artículo 2.472 del Código Civil, conservando este privilegio por sobre los derechos de prenda y otras garantías establecidas en leyes especiales.
"El empleador o la entidad pagadora de subsidios que en forma dolosa no efectúe oportunamente la declaración o que habiéndola efectuado no entere las cotizaciones dentro del plazo de tres meses contado desde el momento en que se hicieron exigibles, incurrirá en las conductas y sanciones establecidas en el N° 1 del artículo 470 del Código Penal.".
La Cámara de Diputados reemplazó el inciso final por el siguiente:
"Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322, el empleador o la entidad pagadora de subsidios que no efectúe oportunamente la declaración a que se refiere el inciso tercero de este precepto o que habiéndola efectuado no entere las cotizaciones dentro del plazo de 90 días, contado desde el momento en que se hicieron exigibles, incurrirá en las penas establecidas en el N° 1 del artículo 470 del Código Penal.".
La Comisión propone rechazar esta enmienda, con los votos de los Honorables señores Hormazábal y Thayer. El Senador señor Calderón dejó constancia de su opinión favorable a la supresión de la exigencia de que la omisión de la declaración sea dolosa, por cuanto evita las dificultades probatorias que surgirían en caso de que fuese contemplada.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.

El señor THAYER.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, hace un momento expresé que esta disposición, si fuera aprobada por el Senado tal como viene, quedaría con algunas impropiedades. Por ejemplo, aparece aplicándose sanciones del Código Penal al "empleador o la entidad pagadora de subsidios que...". Es imposible aplicar sanciones del Código Penal a personas jurídicas.
Por eso, se debe corregir la disposición. Y para realizar la corrección técnica, que no tiene nada que ver con el fondo, la Comisión ha sugerido rechazar la enmienda, a fin de que el proyecto vaya a Comisión Mixta. -Por unanimidad, se rechaza la modificación, y, para los efectos del quórum constitucional requerido, se deja constancia de que emitieron pronunciamiento 27 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 4° que aprobó el Senado expresa:

"Artículo 4°.- Sin perjuicio de los plazos de prescripción actualmente existentes que extingan el derecho al reconocimiento de las respectivas prestaciones, en los regímenes de previsión social administrados por instituciones de previsión fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, las pensiones de invalidez, vejez, sobrevivencia y de jubilación por cualquiera causa, que no se soliciten dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que se hicieren exigibles, sólo se pagarán desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Igual norma se aplicará en los casos de reajuste, acrecimiento, aumento o modificación por cualquiera causa de dichos beneficios.".
Los siguientes incisos se refieren a la revisión de las pensiones y al pago o descuento, según corresponda, de las diferencias que resultaren.
La Cámara de Diputados rechazó esta norma. Y la Comisión propone, a su vez, rechazar su eliminación.
Al respecto, el Senador señor Thayer dio una explicación, señalando que la Cámara Baja desestimó el precepto del Senado por no reunir el quórum necesario para su aprobación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión la enmienda.
Ofrezco la palabra.

El señor THAYER.- Pido la palabra.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, la situación es exactamente como la describió el señor Secretario. Hice referencia a la falta de quórum para evidenciar que no existe contraposición de pensamientos con la Cámara de Diputados. Empero, si la disposición quedara en definitiva rechazada, tendría una tremenda consecuencia desde el punto de vista fiscal, porque quedarían, por un lado, la posibilidad de cobrar retroactivamente beneficios por períodos indeterminados, y por otro, para el beneficiario, el riesgo de, si se estimara que la pensión no fue bien concedida, tener que pagar cantidades inmensas hacia atrás.
Por eso, la única solución es rechazar el planteamiento de la Cámara de Diputados, como lo propone la Comisión.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, me opongo a lo que aquí se está acordando y a lo que sugiere la Comisión informante.
El artículo 4° proponía un plazo de caducidad de las mensualidades correspondientes a las prestaciones previsionales, de manera que si éstas se requerían después de transcurrido un año contado desde que se hicieron exigibles, sólo se pagan desde la fecha en que fueron solicitadas. Este plazo de caducidad es mucho más drástico que los de prescripción hoy vigentes, primero, porque operaría ipso jure, sin necesidad de declaración judicial previa; y segundo, porque, de hecho, es más reducido que los plazos de prescripción en vigor.
Durante la discusión -y quiero entregar mi argumentación- generada con motivo del primer trámite constitucional, se hizo presente que el plazo de caducidad propuesto por el Ejecutivo sólo tenía sentido en el contexto de un régimen jurídico que reconociese la imprescriptibilidad del derecho a impetrar los beneficios, de manera que, concurriendo los requisitos legales, el imponente pudiese en cualquier tiempo requerir el reconocimiento de su derecho, sin perjuicio de que el pago de los beneficios operara desde la fecha en que fuesen solicitados. Por eso propusimos reemplazar dicho artículo, manteniendo el plazo de caducidad en un año, pero estableciendo la imprescriptibilidad del derecho, tal como lo reconoce la jurisprudencia de nuestros tribunales; y, en subsidio, sugerimos uniformar en diez años el plazo de prescripción. En su oportunidad, ambas proposiciones fueron rechazadas.
En estricto rigor, desde mi perspectiva, la prescripción no se aviene con la naturaleza de este derecho ni con los fundamentos de la seguridad social. Deseo insistir en que es francamente absurdo que, estando una persona en situación de necesidad, el Estado le niegue el derecho a previsión social por la sola circunstancia de no haber ejercido sus acciones dentro de un espacio de tiempo determinado, cualquiera que fuese la extensión del plazo que al efecto se haya establecido por ley. Tal situación se torna inaceptable si se considera que la persona ha destinado durante toda su vida laboral activa parte de sus ingresos precisamente para que el Estado le provea en el futuro un auxilio social de esta naturaleza en retribución al aporte realizado a la sociedad. Este último elemento deja en evidencia que las prestaciones sociales en análisis no son una concesión graciosa que el Estado otorga al sector pasivo, sino una retribución. Las normas relativas a esta materia se denominan Derecho Provisional, precisamente porque el trabajador, previendo su futura situación pasiva, destina parte de sus ingresos actuales para asegurarse una subsistencia digna.
Por tal razón, creo inconveniente acoger lo propuesto por la Comisión en el sentido de reponer el artículo 4° del proyecto despachado en el primer trámite constitucional.
Otro aspecto negativo del precepto comentado consistía en que se obligaba al pensionado a reintegrar sumas percibidas indebidamente, en caso de comprobarse errores administrativos en el cálculo o pago de los respectivos beneficios previsionales. Conocidos son los montos otorgados por el antiguo sistema previsional que, por regla general, no alcanza a cubrir las necesidades más elementales de los pensionados. Es por ello que, en el evento de que por negligencia administrativa un pensionado estuviere gozando de una prestación mayor a la que le correspondía percibir, no parecía razonable obligarlo, además de la reducción, a restituir sumas incorrectamente pagadas por el respectivo organismo previsional.
Por lo anterior, en su oportunidad propusimos corregir la norma, indicación que también fue rechazada. Este es un motivo adicional para desechar la propuesta de la Comisión en orden a reponer el artículo 4° del proyecto.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, las sólidas argumentaciones del senador señor Cantuarias, que verdaderamente arrancan de la más pura tradición socialista, me obligan a eximirme de dar otras razones.
Me parece que todos sus fundamentos son valederos, de suerte que los comparto plenamente. Y creo que debería rechazarse el informe de la Comisión en esta materia, porque la enmienda de la Cámara de Diputados resguarda mucho mejor los derechos de los pensionados.
Nada más. El señor CANTUARIAS.- ¡Nuevas alianzas, nuevas amistades!

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, considero que la norma no aprobada por la otra rama del Parlamento consagra una muy correcta técnica legislativa que, sin desconocer los derechos de los pensionados, o de las personas que podrían acceder a prestaciones de carácter previsional, resguarda los intereses del Estado.
El plazo de un año que se otorga para que las personas reclamen sus derechos y para que éstos se paguen desde la fecha en que se hacen exigibles, vencido el cual las prestaciones previsionales sólo se pagarán desde la fecha de la solicitud respectiva, es absolutamente acorde con las normas de la Ley de Presupuestos, pues los fondos del Fisco se asignan en presupuestos que tiene carácter anual. En consecuencia, es conteste con esa anualidad presupuestaria que los beneficios sólo puedan darse dentro del término de un año si los solicitantes no han tenido la suficiente diligencia para reclamarlos oportunamente.
Es por eso que esta disposición no sólo es buena por el hecho de concordar con los ejercicios presupuestarios, sino que encuentra sus raíces en antiguas disposiciones previsionales en nuestro país. Los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que son los primeros que se conocen en Chile, ya las consagran; la ley Nº 14.842 los estableció para el beneficio de montepío; y, en general, estas normas existen -al menos en mi recuerdo- desde 1931, y creo que incluso pueden ser anteriores.
A mi juicio, éste es un precepto de sana administración de los recursos del Estado.
Además, no podemos desconocer que nos encontramos en presencia de una cantidad muy elevada de juicios en contra del Fisco. Según información proporcionada por los tribunales de justicia, del total de ingresos en la Corte de Apelaciones de Santiago, 40 por ciento corresponden a causas en contra del Instituto de Normalización Previsional. La verdad es que eso debería hacernos reaccionar y mirar en qué forma deben cautelarse debidamente, por una parte, los intereses fiscales y, por otra, los derechos de las personas que creen merecer un beneficio y lo reclaman por vía judicial.
Por esas consideraciones, creo que la norma es absolutamente correcta.
En cuanto a la posible imprescriptibilidad de los derechos, estimo que el tema ha sido muy debatido, y no cabe duda de que la prescripción tiene atingencia con la seguridad jurídica que se requiere en todo tipo de relaciones, tanto en las de derecho privado cuanto en las del derecho público, especialmente cuando se encuentran comprometidos los recursos del Estado de Chile.
Por lo expuesto, pienso que debemos aprobar el informe de la Comisión y, en consecuencia, rechazar la propuesta de la Cámara de Diputados.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORTÁZAR (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, deseo hacer dos aclaraciones respecto de lo señalado, la primera de las cuales tiene que ver con la posibilidad de que haya un error de cálculo, por ejemplo, que perjudique al pensionado. Se indicó que, según la norma en análisis, no puede exigirse el repago de esas diferencias cuando ha transcurrido un lapso superior a tres años. De no aprobarse este artículo y acogerse lo propuesto por la Cámara, no habría plazo. Hoy día, en virtud de la norma vigente, si hay un error de cálculo, en perjuicio del pensionado, debería repagarse el total de las diferencias que le han sido canceladas.
Lo anterior ilustra muy claramente cómo el artículo procura generar certeza jurídica, es decir, que haya un período a partir del cual el beneficiario sepa que no puede modificársele su situación, no sólo en el caso de que lo beneficie, sino también en el que lo perjudique, y que transcurrido ese lapso tenga certeza jurídica respecto de la pensión que está percibiendo.
En el ejemplo dado, en que un pensionado tenga que repagar, lo que hace el precepto es, precisamente, poner un límite máximo de tiempo para ese repago, a diferencia de hoy día en que no existe.
Por otra parte, también me parece importante señalar que el proyecto no afecta a la prescripción de derechos, no la toca ni modifica norma alguna sobre la materia. Lo que hace, como parte de ese objetivo de certeza jurídica, además de poner un tope tanto para las revisiones hacia arriba o hacia abajo en el cálculo de las pensiones, como para las cuotas. Actualmente, la caducidad de éstas es algo genérico en la legislación comparada en materia de seguridad social, porque es evidente que ella genera certeza jurídica a las partes en cuanto a los pagos que deban realizarse.
A nuestro parecer, el que la norma en comento pueda ir a una Comisión Mixta permitiría analizar otros aspectos aquí planteados y que son parte de posibles modificaciones al articulado. Sin embargo, de no rechazarse lo propuesto por la Cámara, por el problema del quórum al cual se refirió el Senador señor Thayer, estos temas simplemente no podrían ser tocados, y quedaría un precepto carente de estos elementos básicos de certeza jurídica, que son tan fundaméntales en un área como la seguridad social.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, aquí vale la pena que nos detengamos un momento, porque hay un quórum de aprobación estrecho. Y si no tenemos consenso, corremos el riesgo de aprobar algo de una inmensa significación.
Ya lo expresó el señor Ministro: la inseguridad que se crea para cualquier pensionado, frente al riesgo de que se descubra que su pensión está mal calculada y tiene que devolver quién sabe cuántos millones de pesos porque ha estado percibiendo por largos años una cifra que no corresponde, tiene que ser corregida. Y la corrección lleva, correlativamente, a algo muy sano: que transcurrido el plazo de tres años, eso queda a firme, para arriba o para abajo, y no hay inseguridad al respecto.
En cuanto a la otra disposición, que fija el plazo de un año, quiero comentar particularmente lo expresado por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra -por qué no decirlo: mi estimado amigo don Eugenio Cantuarias-, porque estamos tratando de ver con claridad el proyecto. Hay que distinguir dos cosas muy diferentes: la prescripción de las pensiones devengadas y no cobradas y el derecho a reclamar la calidad de pensionado. Los tribunales han declarado en muchos casos la imprescriptibilidad respecto del derecho a reclamar esta facultad de pensionarse. Pero si vamos a pretender que son imprescriptibles también las pensiones devengadas y no cobradas, llegaremos a un cuadro absolutamente anómalo en la legislación y de una significación mortal para la caja fiscal. Todo el Senado sabe que el régimen previsional primitivo quebró y el Estado asumió la totalidad de los pagos que las cajas no podían hacer. Si en este momento establecemos normas que impliquen una responsabilidad indefinidamente retroactiva en contra del Fisco o de los propios beneficiarios, crearemos la máxima incertidumbre fiscal y social, por lo que esta disposición no puede quedar como está.
Lo que la Comisión recomienda al rechazar el criterio de la Cámara de Diputados -en realidad, no es el criterio sino la no aprobación por falta de quórum- es que esto pueda ir a la Comisión Mixta, y en ella darle una redacción clara, como se pretendió con el proyecto primitivo, que ha quedado empantanado por esa lamentable situación en que la norma no es aprobada por no alcanzarse el quórum constitucional correspondiente en esa rama del Parlamento. Es la última oportunidad que tenemos de evitar un error grave.
Es por eso que, concordando con lo expresado por el señor Ministro, la Senadora Feliú y otros señores Parlamentarios, pido encarecidamente que se apruebe el informe de la Comisión y se rechace lo propuesto por la Cámara.
He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, puede resultar innecesario decirlo, pero no soy ni socialista ni liberal, y ocurre que he estado preocupado de la situación de los pensionados, y tratado de recoger lo mejor que aportan esas corrientes de pensamiento.
Hubo un gran Presidente de Derecha, don Jorge Alessandri -lo recuerdo aunque quizá las nuevas generaciones no tengan la misma percepción que yo-, de quien la UDI, en un acto de homenaje en su memoria, reprodujo un video (pienso que podrían reeditarlo) en el que, entre otros numerosos juicios, se declaraba socialista en materias previsionales. Esto porque, objetivamente, compartía en tal aspecto la visión del Estado protector, la necesidad de recoger experiencias y contingencias que se van dando naturalmente y el hecho de que no puede un Estado cerrar los ojos ante este tipo de situaciones.
Por eso es que este país fue grande en materia de legislación laboral y de seguridad social. Porque socialistas, democratacristianos, radicales o liberales tenían sobre el tema una concepción extraordinariamente acorde con las exigencias de los tiempos. Espero que, una vez que pasen todos los espejismos de transiciones, podamos nosotros también convergir en una visión de seguridad social más integral, que concilie la aplicación de elementos modernos, como los seguros, por ejemplo, con el necesario papel del Estado en materia tan relevante.
¿Por qué digo esto? Porque parecería que aquí quien aprueba el artículo 4° estuviera contra los pensionados. Y ocurre que uno de los hechos básicos que hay que considerar es que existe un millón 500 mil pensionados que dependen de los fondos del Estado para obtener reajuste de sus pensiones; si éste dispone de menos recursos, menores son las posibilidades de incrementar sus pensiones.
Justamente hoy celebramos con satisfacción un acuerdo CUT-Gobierno-empresarios que, aparte el salario mínimo, establece entre otras cosas -decisión del Ejecutivo- la nivelación de las pensiones asistenciales a 14 mil pesos. ¿Y con qué se financia ese necesario incremento de dicho beneficio? Con recursos del Estado chileno.
Y si todavía nos parece terrible que 50 mil personas estén recibiendo una pensión asistencial de 14 mil pesos al mes, hay que preguntar cómo es que el Fisco tiene recursos para mejorarla. Hay que entender -como lo hacemos los democratacristianos, por ejemplo, y otros- la legítima aspiración de los jubilados de cambiar su régimen de reajustes, que opera sólo cuando el IPC llega a 15 por ciento. Y mientras todo el país trabaja para que los índices inflacionarios permanezcan bajos, porque así ganamos todos, ocurre que un millón 500 mil compatriotas cruzan los dedos para que ese índice alcance el 15 por ciento porque es la única forma de que suban sus pensiones. Hemos pedido al Gobierno acoger la idea del reajuste anual o semestral, como piden las organizaciones de pensionados; sin embargo, para eso se requieren fondos estatales.
¿Qué tiene que ver esto con la discusión sobre el artículo 4°? En que hoy día, por obra y gracia de las reformas producidas, cada juicio que se sigue se paga con fondos del Estado. El país tiene que saber que uno que se entabló contra la Caja de Previsión de la Defensa Nacional por el Círculo de ex Pilotos LAN Chile (ya que hablábamos de temas de "alto vuelo"), significó a aquélla pagar 2 mil 400 millones de pesos. Que quede bien registrado, Honorables colegas: ¡2 mil 400 millones de pesos! ¿Saben Sus Señorías para cuántas personas? Para 60; es decir, casi 40 millones de pesos para cada una. Y ese organismo previsional, ¿de dónde recibe fondos? Del Presupuesto nacional. De modo que -¡atentos!- cuando estamos centrando nuestra inquietud en la forma en que se manejan los recursos públicos, velamos, entre otros, por los intereses de los propios pensionados.
¿Qué está tratando de explicitar el artículo 4°? En primer lugar, una cuestión jurídica que no hay abogado que no la entienda ni ciudadano que no la sufra, si los primeros, cuando tienen la oportunidad de legislar, no la aplican: la certeza jurídica sobre cómo se ejercen los derechos y, además, una cierta forma de sanción a quien por desidia, ineptitud u otro tipo de carencias, no los ejercita oportunamente.
Estamos elaborando una ley que rija para el futuro. En una sociedad democrática como ésta -con libertad de prensa, partidos políticos, organizaciones de pensionados que por obra del Parlamento y decisión del Gobierno pueden hoy día organizarse con legitimidad- todos, conociendo sus derechos, podrán decir "Yo sé cuándo jubilo". (Me refiero a los afiliados al antiguo sistema, porque los del nuevo tienen otro componente). Y entonces, cuando eso queda establecido, declaramos: "El que no hace uso de este derecho en el plazo de un año tendrá como única sanción que la pensión se pagará desde la fecha en que se solicita.". ¿Dónde está la injusticia?
Por otra parte, ¿estamos hablando de la prescripción de tal derecho? No; porque la doctrina -que el Gobierno y la mayoría de los Senadores comparten; al menos así es en la Comisión de Trabajo- es que el derecho a jubilación tiene carácter de alimenticio, que no puede prescribir y que, en consecuencia, lo único que está en cuestión son los saldos de las pensiones no exigidas en determinado momento. Es decir, está resguardado lo que creyeron antiguos liberales, antiguos socialistas, antiguos y actuales democratacristianos, respecto de que, en el marco de la seguridad social, la pensión es un derecho que no puede prescribir.
El debate, entonces, se centra en otro ámbito.
La Comisión también conoció otro tema, sin ir al fondo. Durante los 17 años, en que vivimos una situación distinta, bajo un régimen dictatorial, se produjeron varios cambios, entre otros los de carácter previsional. Hubo personas que no conocían tales cambios, abogados que ignoraban las leyes y condiciones objetivas para que los trabajadores no pudieran organizarse ni defender sus derechos. No se daban las condiciones que creemos que sí existen ahora en la sociedad chilena. Por eso, cuando en la Comisión se produjo un debate sobre el pasado, todos, independientemente de defender el Gobierno anterior o de ser sus críticos, entendimos que ahí se produjo una disminución de posibilidades de ejercer derechos. Y dijimos: "Todos los que hayan emprendido acciones legales antes del 1° de enero de 1992 tienen un trato excepcional, consistente en que se les pagará con efecto retroactivo de tres años las pensiones correspondientes". El proyecto original del Gobierno hablaba de dos años; pero el señor Ministro del Trabajo acogió una sugerencia de la Comisión. Claro, le habíamos pedido cinco, pero el señor Ministro, con su conocida capacidad de negociación, y de acuerdo a las posibilidades del Ejecutivo, aceptó sólo tres años.
Este es el tema en cuestión.
Es perfectamente viable sustentar opinión distinta por consideraciones de diverso carácter. Pero, cuando en la Comisión rechazamos la idea de los juicios de hacienda, no fue para no defender el interés público. Debe considerarse que, habiendo tanta plata en juego, se dieron casos en que, pronunciado el fallo de primera instancia, no hubo apelación y, entonces, el Fisco se vio obligado a pagar miles de millones de pesos por falta de una defensa adecuada. Los pensionados dijeron: "Si todos los juicios son de hacienda y no de análisis como los que hoy día se ventilan en los juzgados del trabajo, se nos va a producir un deterioro.". Lo entendimos como Comisión y lo mismo hizo el Ejecutivo, de manera tal que dejamos que todos los juicios siguieran viéndose en los tribunales que los estaban conociendo; pero, en resguardo del interés fiscal, que involucra a todos, dijimos: "Sólo si el Fisco pierde, habrá un procedimiento de consulta.".
Señor Presidente, le ruego que me perdone por haberme extendido en una explicación sobre el sentido y alcance de la normativa en debate. Entiendo que todos estamos preocupados de la suerte de los pensionados; pero no puede refugiarse tras los legítimos intereses de éstos, un grupo de personas que formó parte de los organismos de seguridad social del régimen pasado; que, saliendo de esos cargos, formó oficinas jurídicas y envió escritos y cartas incluso hasta fuera del país, diciendo a la gente que residía en el extranjero que podían demandar lo que ellos mismos, cuando ejercían sus cargos, se negaron a entregar. Y agregaban: "No se preocupen por la plata, porque pactaremos cuotalitis, lo que implicaba casi "miti-miti". Entonces, de los fondos que le sacaban al Estado, con los conocimientos adquiridos en los lugares donde ellos trabajaron y usando las legítimas expectativas de los pensionados, se dedicaron a obtener ganancias extraordinarias, perjudicando, en definitiva, al país y a los mismos pensionados.
No puede verse, entonces, en esta política que procura impedir abusos, una intención de perseguir a los pensionados.
Declaro mi interés y mi confianza en que en la Comisión Mixta el Gobierno sabrá interpretar una vez más el legítimo interés de la Cámara de Diputados en perfeccionar el proyecto y el de los Senadores en cooperar en esa tarea.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

El señor PAPI.- ¿Me permite, señor Presidente?
Conforme a las argumentaciones que se dieron, ¿se trata de rechazar la proposición de la Cámara Baja? El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, aprobar el informe de la Comisión significa rechazar los cambios propuestos por la Cámara (como lo pide la Comisión), para llevar el asunto a la Comisión Mixta, tal como lo indicamos el Senador señor Thayer y el que habla. El señor URENDA (Vicepresidente).- Así es, señor Senador. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el tercer trámite, procede aprobar o rechazar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, cualquiera que sea la recomendación del informe; hay una disposición constitucional expresa al respecto.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la enmienda sugerida por la Cámara de Diputados.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, fundamentaré brevemente mi voto, ya que no intervine en el debate.
Soy partidario de rechazar la modificación de la Cámara de Diputados para suprimir este artículo -pese a que normalmente no me agrada que se establezcan plazos para que los trabajadores puedan exigir el cumplimiento de sus derechos-, porque me parece que deben considerarse otros aspectos que dicen relación a situaciones semejantes producidas durante este Régimen, pero originadas con anterioridad.
Por ejemplo, soy testigo del enorme esfuerzo económico realizado por el Gobierno de la Concertación a fin de devolver a los jubilados el 10,6 por ciento de reajuste del que injustamente se les privó, durante casi cinco años, a partir de 1985. Soy testigo, igualmente, de que en los primeros tres años de esta Administración se ha destinado un presupuesto de 25 mil millones de pesos al financiamiento de la ley que permite solucionar el grave problema social que significan los exonerados y sus familias en Chile.
Por ello, señor Presidente, me parece conveniente que en la ley en proyecto haya certeza jurídica respecto del lapso en que podrán hacerse exigibles las prestaciones que en ella se indican.
Coincido plenamente con los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra en que los derechos previsionales se asimilan a los derechos sobre pensiones alimenticias y, en consecuencia, son imprescriptibles, y por este motivo ni siquiera pueden ser rechazados. No obstante, debemos asumir la realidad presupuestaria y financiera del Gobierno, los esfuerzos que ha efectuado, la necesidad de resolver esta clase de problemas. Y, por consiguiente, creo que, por esta vez, es adecuado fijar un plazo -que por lo demás no es breve- para recabar algunos beneficios. Espero que este cuerpo legal, una vez aprobado, tenga la debida difusión con el objeto de que los trabajadores se acojan oportunamente a sus disposiciones.
Por las razones que acabo de exponer, señor Presidente, rechazo la modificación de la Cámara de Diputados. El señor URENDA (Vicepresidente).- Con el propósito de permitir la revisión de este artículo, voto en contra de la enmienda.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, aquí se han dado argumentos relativos al interés fiscal y, además, a la certeza jurídica en cuanto a los derechos de los pensionados. Es cierto que ellos pueden ser contradictorios con el patrimonio fiscal y, también -si se ejercitan en plazos desusadamente largos-, con la sana aspiración a la certeza jurídica. Sin embargo, debo recordar, una vez más, que el asunto se ha enfocado de manera errónea. El uso incorrecto de ciertos instrumentos jurídicos de juicio, o la forma en que actúan determinados abogados, nada tienen que ver con la existencia de los derechos que se reclaman.
Estamos en presencia de derechos que a menudo son ignorados por sus beneficiarios y, por lo mismo, no son ejercitados con prontitud. Y periódicamente estamos en presencia, asimismo, de derechos que son desconocidos o vulnerados por instituciones estatales durante este Gobierno, aunque -diría- ello ocurrió con bastante mayor frecuencia en otro Régimen. Sin embargo, en vista de que debemos legislar, no en función de la bondad de las distintas Administraciones, sino del derecho de personas, como los pensionados, cuyo único bien es precisamente su pensión, desearía que el tema se tratara con la objetividad que merece y no se perturbe con observaciones acerca del interés fiscal.
Es efectivo que suma miles de millones de pesos lo que el Fisco ha estado y estará obligado a pagar. Lo importante sería precisar si ha habido o no derecho a esas cantidades; si ha existido prevaricación en los tribunales para reconocer tales derechos, o si, por el contrario, éstos han actuado apropiadamente en ese sentido. Entiendo que así han procedido. De manera que la fórmula para evitar que abogados inescrupulosos compartan "miti-miti" -como dijo un Honorable colega- el monto de aquéllos pasa por buscar la rectificación, la supervisión o la inhibición de pactos inmorales de esa especie, y no por restringir abusivamente el plazo o las condiciones en que deben ejercerse derechos de carácter tan indubitable.
Por estas razones, apruebo la modificación de la Cámara Baja.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
-Se rechaza la enmienda de la Cámara al artículo 4° (28 votos negativos contra 4 afirmativos).
Votaron por la negativa los señores Alessandri, Cooper, Díaz, Diez, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, González, Hormazábal, Huerta, Larre, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Navarrete, Núñez, Páez, Papi, Pérez, Piñera, Prat, Romero, Ruiz-Esquide, Sinclair, Thayer y Urenda.
Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Ríos, Soto y Vodanovic. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se deja constancia de que el artículo 4° se aprobó en el primer trámite por 29 señores Senadores. El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, queda entendido, entonces, que la Sala acepta la propuesta de la Comisión de rechazar la enmienda de la Cámara Baja consistente en suprimir este precepto. El señor URENDA (Vicepresidente).- En efecto.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario),- La Cámara de Diputados establece que el artículo 5° ha pasado a ser 4°, sin enmiendas.
La Comisión rechazó también este cambio de numeración, como resultado de su acuerdo de mantener el artículo 4°.
-Se rechaza la modificación, con la misma votación anterior.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, la Cámara de Diputados ha agregado el siguiente artículo 5°, nuevo:
"La asignación profesional o de título, imponible, de que actualmente gozan los funcionarios del Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, conforme con las disposiciones del artículo 3° del decreto ley N° 3.058, de 1979, será computable para los efectos del cálculo de la pensión a que tengan derecho o que causen dichos funcionarios en el régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos, sin exigirse los requisitos adicionales establecidos en el citado cuerpo legal o en la ley N° 18.880.".
La Comisión recomienda, por unanimidad, aprobar la modificación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
-Se aprueba la enmienda.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La otra rama del Parlamento suprimió el artículo 1° transitorio, como consecuencia de su rechazo al artículo 4° permanente.
Como el Senado, a su vez, rechazó la enmienda que eliminaba el artículo 4°, procedería desechar también la modificación que suprime el artículo 1° transitorio y mantenerlo en la misma forma en que se encuentra formulado.
La Comisión sugiere rechazar la modificación.
-Se rechaza la enmienda, con la misma votación nominal anterior.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Artículo 2° transitorio. El texto aprobado por el Senado expresa:
"Las disposiciones establecidas en los artículos 1° y 3° N°s. 1, 2, 3 y 5 de la presente ley, comenzarán a regir sólo desde el primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. En consecuencia, dichas normas se aplicarán respecto de las remuneraciones que se devenguen a partir de esta última fecha.".
La Cámara de Diputados suprimió la expresión "En consecuencia,", colocando con mayúscula la letra inicial de la palabra "dichas".
La Comisión, por unanimidad, sugiere aprobar la enmienda.
-Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, la Cámara Baja ha agregado los artículos 3°, 4° y 5° transitorios, nuevos.
El artículo 3° transitorio prescribe:
"Las pensiones de jubilación y sobrevivencia causadas con anterioridad a la vigencia de esta ley por el personal que perteneció al Escalafón del Personal Superior del Poder Judicial, otorgadas conforme al régimen de la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos, serán reliquidadas considerando la asignación profesional o de título a que se refieren los decretos leyes N°s. 970 y 3.058, de 1975 y 1979, respectivamente, a razón de una treintava parte del sueldo base que corresponda a dicha asignación por cada año de servicios prestados en el Poder Judicial, con un máximo de treinta treintavos.
"Las pensiones así reliquidadas se devengarán a partir del día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial.".
La Comisión propone unánimemente aprobarlo.
-Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 26 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 4° transitorio introducido por la Cámara de Diputados expresa:
"Prorrógase por un año, a contar del 20 de enero de 1993, el plazo establecido en el artículo 9° de la ley N° 18.689.".
La Comisión recomienda rechazar esta adición. El acuerdo fue adoptado por unanimidad, con los votos de los Senadores señores Calderón, Hormazábal y Thayer.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará lo propuesto por la Comisión y, por lo tanto, quedaría rechazado el artículo 4° transitorio agregado por la Cámara de Diputados.
Acordado.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, respecto del artículo 5° transitorio, la Comisión, por unanimidad, propone rechazarlo.
-Se rechaza.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En consecuencia, el proyecto queda despachado en tercer trámite. Y como no fueron aceptadas algunas enmiendas de la Cámara Baja, corresponde la formación de una Comisión Mixta, que la Mesa sugiere integrar con los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Si no hay objeción, así se procederá.
Acordado.


CREACIÓN DE ESCUELA JUDICIAL


El señor URENDA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Escuela Judicial, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.
Hacienda, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión de Constitución deja constancia de que esta ley en proyecto, iniciada en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, tiene rango orgánico constitucional y, en consecuencia, debe ser aprobada por las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, o sea, con 26 votos.
Hace presente también que, en virtud del artículo 74 de la Carta Fundamental, acordó dirigir oficio a la Excelentísima Corte Suprema consultándole su opinión sobre la materia.
Asimismo, destaca que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros y que en la discusión particular se le introdujeron diversas enmiendas, de lo cual deja constancia en su informe, como igualmente del texto que propone a la Sala.
Finalmente, cabe señalar que la Comisión fue integrada por los Honorables señores Vodanovic (Presidente), Diez, Fernández y Letelier.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

El señor FERNÁNDEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, creo que sería conveniente fijar un plazo para presentar indicaciones -podría ser el primer día hábil después del receso-, porque el proyecto es de mucha importancia y trascendencia y debe ser analizado en profundidad por los señores Senadores. El señor URENDA (Vicepresidente).- Una vez que la Sala haya emitido su pronunciamiento y aprobado en general el proyecto, se tendrá en consideración lo expuesto por el señor Senador.

El señor FERNÁNDEZ.- Bien, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, esta iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución y para su discusión no sólo contamos con el trabajo de ella, sino también con la colaboración del Ministerio de Justicia y de su asesor en esta materia, el abogado y profesor don Jorge Correa.
En esencia, el proyecto recoge la experiencia existente en varios países, como Francia, Estados Unidos y España, y en muchas naciones latinoamericanas, que tienen un sistema que procura la formación y el perfeccionamiento del Poder Judicial.
La iniciativa crea un ente público denominado Escuela Judicial, con una planta muy pequeña, sin profesores permanentes, que no constituye lo que en realidad se define como escuela o universidad. Su nombre obedece a la denominación que se le da en otros países, porque está destinada, fundamentalmente, a formar a quienes deseen ingresar al Escalafón Primario del Poder Judicial, y a establecer, además, un sistema que permita proporcionar en forma permanente posibles perfeccionamientos a la totalidad de los integrantes de ese Poder del Estado.
Ciertamente, la profesión de abogado es diferente de la función de juez. Por eso, la Comisión, por unanimidad, estimó que es necesario dar a este Poder una capacitación especializada para mayor eficacia en su gestión. No se trata de volver a enseñar doctrinas jurídicas o procesales, o teorías de funcionamiento; sino, más bien, de crear destreza y habilidad judicial; una forma expedita de operar, de tomar declaraciones a los testigos, de hacer un buen auto de prueba y de redactar una sentencia, funciones que son distintas de las que ordinariamente aprende un abogado en la escuela de leyes.
Evidentemente, es diferente la profesión de juez de la de abogado. Por ello, a través de esta Escuela Judicial, se pretende proporcionar conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para la carrera, lo cual al mismo tiempo dignifica la función y aumenta el interés por pertenecer a la judicatura.
Dicha Escuela va a depender de un Consejo Directivo, que estará integrado por miembros del Poder Judicial, a saber: dos representantes de la Corte Suprema, elegidos por ella en una sola votación; el Jefe del Ministerio Público; un Ministro de la Corte de Apelaciones, escogido por los funcionarios ubicados en la segunda categoría del Escalafón Primario de ese Poder; un miembro del Escalafón Primario que se haya destacado por su preocupación en el tema de la formación y perfeccionamiento judicial, elegido por la mesa directiva o directorio de la asociación gremial de carácter nacional más antigua, en caso de que haya más de una; el Ministro de Justicia, quien podrá hacerse representar por el Subsecretario de la Cartera; tres académicos universitarios de reconocido prestigio, seleccionados por los decanos de las facultades de derecho o de ciencias jurídicas que tengan más de diez años de antigüedad, pertenecientes a universidades reconocidas por el Estado.
La forma de operar de la Escuela -como lo señalé al comienzo- consiste en que deberá calificar las diversas actividades de formación que existan en el país y que puedan ser aplicadas a cualquier grupo, como, asimismo, evaluar a los postulantes a ingresar al Poder Judicial a fin de ver si cumplen con el requisito que los habilita para ejercer la carrera judicial, y analizar si el programa de perfeccionamiento es el que necesitan los jueces para acceder al Escalafón de Mérito.
La Escuela no sólo tendrá la labor de calificar a los miembros de este Poder del Estado, sino que también deberá fijar programas para perfeccionar a los magistrados en la aplicación, por ejemplo, de las normas que aprobamos ayer, relativas al medio ambiente, que es una legislación nueva en el país. Para ello la entidad no utilizará a sus propios profesores, sino que deberá llamar a licitación y contribuir a subvencionar a quienes asistan al correspondiente curso. También deberá supervisar el programa y posteriormente evaluar los resultados, con el objeto de ver si los alumnos cumplen con las condiciones que los acrediten para ser miembros del Poder Judicial y con el requisito de preparación que los habilite para figurar en la lista de mérito.
En resumen, señor Presidente, la idea general del proyecto es que para ingresar a la carrera judicial se requiera haber sido calificado favorablemente por la Escuela que se crea. Quien no cumpla con las actividades de ella, no podrá entrar a ese Poder del Estado.
Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución y debe ser objeto de un detallado estudio. Es la primera vez que nosotros tenemos una Escuela de esta naturaleza. Por eso, se ha pedido informe a la Corte Suprema, se ha analizado la legislación comparada, se ha oído a profesores y a decanos sobre la materia y se han examinado proyectos similares presentados con anterioridad. Además, esta normativa constituye un todo orgánico dentro de la concepción de que el Estado debe procurar una buena formación de sus autoridades. Pero deben ser las entidades, privadas o públicas, sean educacionales, corporaciones o fundaciones, las que deberán contribuir a esta gestión. Porque el Estado no puede tomar en sí la labor docente propiamente tal, sino que debe encargarse de la función orientadora y examinadora del resultado de las actividades que desempeñen terceras personas.
Por estas razones, la Comisión de Constitución pide al Honorable Senado que apruebe el proyecto y que se dé un plazo prudencial para la presentación de las indicaciones correspondientes. Y es obvio que se formularán, porque ésta es la primera vez que se legisla sobre la materia y, seguramente, los señores Senadores -entre los cuales se cuentan algunos que tienen larga experiencia judicial y administrativa; también hay muchos abogados- contribuirán con su aporte al enriquecimiento del proyecto que somete a su consideración la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
He dicho, señor Presidente. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Cabe hacer presente que la iniciativa, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y con el Reglamento del Senado, también fue sometida al análisis de la Comisión de Hacienda, que la aprobó, dejando constancia en su informe de que ella se encuentra debidamente financiada. La referida Comisión aprobó la planta del personal de la Escuela Judicial y sólo introdujo una modificación al proyecto, la que aparece en la página 19 de su texto.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, quiero agradecer al señor Secretario de la Corporación su acuciosidad al entregar los antecedentes sobre los cuales operó la Comisión de Hacienda, porque ello me permitirá reducir la información que debo dar al respecto.
En todo caso, para precisar un poco más la materia, deseo señalar que este proyecto, cuyo objetivo es crear una corporación de derecho público denominada Escuela Judicial, con patrimonio propio, entregando su supervigilancia a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda en lo que respecta a cada uno de los artículos que le correspondió conocer.
El financiamiento de la Escuela Judicial asciende a 204 millones 968 mil pesos, que se desglosan en 69 millones 977 mil 844 pesos para la planta del personal; 20 millones 993 mil pesos para gastos de operación; 24 millones 492 mil pesos para gastos de instalación, y 89 millones 505 mil pesos para becas de estudio, destinadas a los alumnos no funcionarios del Poder Judicial. Todo ello compone el total de gastos para el presente año.
El proyecto, por lo tanto, está debidamente financiado; y sufrió una sola modificación, propuesta por el Senador señor Piñera, consistente en reemplazar, en el artículo 3°, letra a), el vocablo "representantes" por "ministros".
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda, y pido a la Sala que la acoja.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO.- Señor Presidente, administrar justicia es una de las tareas más delicadas del Estado, porque requiere dar seguridad tanto a las personas como a la honra de las mismas.
El perfeccionamiento en el Poder Judicial es una aspiración muy sentida, porque, como muy bien señaló el Honorable señor Diez, no existe diferencia entre los abogados: algunos se titulan de tales e ingresan luego al Poder Judicial, aunque en algunos casos lo hacen mientras aún se encuentran estudiando. Sin embargo, los jueces del crimen, por ejemplo, deben aprender diversas materias que no se imparten en la carrera, algunas muy delicadas, como interrogar. Hacer esto, manteniendo la dignidad de las personas, constituye una labor muy especial, que sólo se aprende con la experiencia; pero sería mucho mejor que los jueces tuvieran una base sobre cómo realizarlo.
Mucho mejor también sería que la Escuela Judicial estuviese unida a la carrera misma, de manera de dar un incentivo a los buenos jueces que, junto con ascender, quieren perfeccionarse.
Por estas razones, el Comité PPD-PS dará su aprobación al proyecto, sin perjuicio de presentar las indicaciones que considere pertinentes.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, quiero expresar nuestro acuerdo con la iniciativa y, al mismo tiempo, dar en forma somera algunos antecedentes.
En primer lugar, como aquí se ha dicho, el proyecto viene a llenar un vacío y satisfacer una aspiración muy sentida por las instancias superiores del Poder Judicial y por todos los organismos y dirigencias políticas vinculados al quehacer nacional.
Adicionalmente, cabe destacar que el Derecho Comparado nos muestra que, a partir de 1944, en España, pasando por una serie de experiencias latinoamericanas, existen instituciones similares que cumplen la función de formar y perfeccionar a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Por último, vale la pena recordar que en 1989 los programas presidenciales, tanto el de la Concertación como el de Democracia y Progreso, de manera expresa, ofrecieron crear la Escuela Judicial.
La idea central de la iniciativa deriva del hecho de que los abogados no reciben en las Escuelas de Derecho la formación de juez, por lo que deberán acrecentar y mejorar sus conocimientos para ello en la Escuela Judicial que se crea.
A mi juicio, el proyecto distingue adecuadamente entre labor de formación y labor de perfeccionamiento. La de formación estará destinada a los futuros integrantes de la administración de justicia, y la de perfeccionamiento, a sus actuales miembros.
En ese sentido, el rol de la Escuela será, principalmente, de supervigilancia, de carácter normativo y de aporte de recursos, admitiendo -esto es muy importante para mí- que las instituciones académicas (concretamente, las Escuelas o Facultades de Derecho) puedan cumplir la labor instruccional, esto es, aplicar las normas, programas y planes, recibiendo, en consecuencia, los recursos que se destinen con tal propósito. Porque, naturalmente, una cosa es decidir qué se enseña y quién controla, financia y evalúa, y otra muy distinta, impartir directamente los conocimientos.
Desde este punto de vista, mirado el tema con una perspectiva de regionalización y descentralización de nuestro país, es muy importante el correcto e integral aprovechamiento de la capacidad instalada en las Facultades de Derecho repartidas en las distintas universidades a lo largo de todo el país.
El Ejecutivo reconoce en el proyecto esa labor y, con ese fin, permite la posibilidad de que la Escuela Judicial contrate con terceros la realización de tareas de formación.
Sin embargo, creo que en lo relativo a esta materia ya hay un hecho sobre el cual reflexionar para su perfeccionamiento: estos cursos, tanto los de formación como los de perfeccionamiento, no pueden constituir meros trámites burocráticos y que obligan con el solo mérito de realizarse. Tenemos que dar señales concretas de que nuestro fin es la excelencia, de manera que para los ascensos o promociones tendrían que exigirse ciertos rendimientos o calificaciones. De lo contrario, no vamos a obtener el resultado perseguido. Y, a la inversa, podríamos crear un sistema de becas conforme al cual aquellos beneficiarios de las mismas que no obtuvieran un determinado nivel de notas tendrían que cumplir no sólo el requisito -si éste se considera exclusivamente burocrático-, sino que además compensar o retribuir parte de su costo.
El Consejo Directivo de la Escuela, como aquí se ha indicado, estará formado por nueve miembros. A nuestro juicio -vamos a formular una indicación sobre el particular cuando corresponda-, este organismo debiera estar encabezado por el Presidente de la Corte Suprema e incluirse derechamente entre sus integrantes a un juez de letras en lugar de un representante del Escalafón Primario del Poder Judicial.
Lo anterior tiene que ver, en alguna medida, con la autonomía de ese Poder del Estado, ya que, en mi opinión, la Escuela Judicial no sería un ente de la Administración Pública, sino un organismo judicial y, por lo tanto, no regido por la ley orgánica de aquélla.
En todo caso, aun cuando le daremos nuestra aprobación, el proyecto no satisface nuestras preocupaciones respecto de tres áreas: la primera deriva de que la Escuela tendrá su sede en Santiago, no habiendo en el texto referencias expresas al uso de sistemas de educación a distancia ni a un mínimo de becas o concursos que deban asignarse a las Regiones. En consecuencia, se establece una discriminación negativa respecto de los funcionarios del Poder Judicial que se desempeñen en ellas.
En segundo lugar, tampoco se hace referencia a los estudios técnicos previos necesarios para la generación de programas de formación y perfeccionamiento, de modo que éstos sean concordantes y armónicos con las reales necesidades y carencias del Poder Judicial.
Por último, quiero recordar las palabras que Su Excelencia el Presidente de la República pronunció en el Congreso de Magistrados, realizado en Pucón, donde dijo textualmente: "Para hacer efectivo el fin propuesto, será necesario modificar la Constitución en cuanto a las normas de ingreso al Poder Judicial y a la promoción por las vías del ascenso".
Esa reforma constitucional a que aludió el Primer Mandatario no existe y, sin embargo, ahora nos encontramos discutiendo una iniciativa que, en gran medida, altera o reglamenta las normas de ingreso al Poder Judicial.
Con todo, creo que el proyecto merece nuestro respaldo, por lo que concurriremos con nuestros votos a su aprobación.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, seré muy breve. Sólo quiero manifestar mi apoyo a la creación de la Escuela Judicial. Ella es muy importante, por todo lo que se ha señalado, en especial para mí, por la experiencia que tuve hace muy poco.
Aproximadamente un mes y medio atrás, me llamó un juez aquí al Senado, porque estaba fallando un caso relacionado con un proyecto del cual yo fui Senador informante -hoy ya es ley-, que abordaba materias muy complicadas. Me señaló que le resultaba muy difícil una determinación de su parte, precisamente por tratarse de normas demasiado técnicas. Quiso, pues, conocer los antecedentes de la ley, su intención y los objetivos de ella, muchas veces no escritos en palabras, sino en la historia misma. De este modo, tuvimos la posibilidad de hacer un buen aporte a la determinación que ese juez debía tomar y que era muy trascendente.
Debemos considerar que la norma que aprueba el legislador, con mayor o menor perfección -muchas veces muy técnica- debe ser aplicada en definitiva en el ámbito de la justicia por jueces que no han tenido el estudio necesario de ella y de todas las normas que requiere un país moderno como Chile. De ahí que la creación de la Escuela Judicial viene a llenar un vacío muy grande, lo que es muy importante.
Creo sí -haremos llegar las indicaciones del caso-, recogiendo lo señalado por el Honorable señor Diez, que el proyecto, desde el artículo 10 hasta el 16 ó 17, aborda materias que son más propias de la reglamentación que de la determinación legal.
Si enviáramos al Ejecutivo el texto como está, en definitiva complicaríamos el inicio de la Escuela. En asuntos de esta índole hay que confiar en las personas que asumen la responsabilidad y entregarles a ellas la tarea de elaborar los reglamentos respectivos. Al transformar éstos en ley, en el fondo coartamos la libertad necesaria para ir adecuando la normativa a lo que vaya demostrando la experiencia, dentro de un proceso que se iniciará con la publicación de la presente ley.
Por otra parte, el artículo 1° establece que es deber prioritario del Estado velar por la capacitación integral de los jueces. Considerando que esta iniciativa tiene por objeto, fundamentalmente, perfeccionar a los funcionarios y profesionales de la administración de justicia en aspectos técnicos, pensamos que dicha disposición -la cual señala el objetivo básico de la ley- tendría que disponer como obligación esencial del Poder Judicial -aunque también lo es del Estado- velar por la capacitación íntegra de sus miembros.
Vamos a votar afirmativamente el proyecto, anunciando desde ya que presentaremos varias indicaciones para, mejorarlo.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, con el fin de no demorar más la aprobación de la iniciativa -expreso mis felicitaciones por su presentación-, sólo manifestaré que estoy totalmente de acuerdo con ella y que la votaré favorablemente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CUMPLIDO (Ministro de Justicia).- Señor Presidente, sólo quiero pedir a la Mesa que convoque a la votación; pues se trata de un proyecto de ley orgánica constitucional.
Estamos totalmente de acuerdo con la Comisión, que trabajó en forma muy esforzada y mejoró bastante el texto que se somete a la consideración del Honorable Senado.
Es muy importante reunir el quórum respectivo para aprobar la idea de legislar.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hay unanimidad en aprobar el proyecto, pero debe completarse el quórum.
Se tocarán los timbres para llamar a los señores Senadores. El señor MARTIN.- Yo me abstengo, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Hay 28 señores Senadores, de los cuales uno ha manifestado su intención de abstenerse.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto, con la abstención del Honorable señor Martin.
-Con la abstención del Senador señor Martin, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia para los efectos constitucionales, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.


El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, quedaría como plazo para presentar indicaciones el miércoles 2 de junio, a las 12.
Acordado.


REGULACIÓN DE DERECHO DE OBTENTORES DE NUEVAS
VARIEDADES VEGETALES


El señor URENDA (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales, con informe de la Comisión de Agricultura.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 30a, en 28 de enero de 1993.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 41a, en 13 de abril de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto, iniciado el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Agricultura, integrada por los Senadores señores Navarrete (Presidente), Romero, Díaz, Jarpa y Sinclair.
Hay una indicación presentada por el Honorable señor Jarpa, la que fue aprobada por dicha Comisión.

El señor URENDA (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente:
El proyecto sometido a la aprobación del Senado constituye otro hito en el perfeccionamiento de la protección de los derechos intelectuales en Chile, la cual se inició con la aprobación de la Ley sobre Propiedad Industrial que cubre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas comerciales, y continuó con la adhesión de nuestro país al Convenio de París.
La iniciativa, como su nombre lo indica, se refiere a la protección que se concede a quien, mediante operaciones biológicas o genéticas, logra obtener una variedad vegetal nueva, distinta de las conocidas y que presente mejores características que éstas.
El proyecto tiene una doble importancia. Por un lado, viene a mejorar la legislación existente al respecto, que data de 1977, pero que se encuentra dispersa en diversos textos legales y reglamentarios, sin formar un conjunto armónico. Y, por otro, da una inequívoca señal a quienes pretenden incursionar en el rubro de producciones agrícolas de nuevas variedades, de una seguridad jurídica que les permita ejercitar sus derechos, obtener lo que legítimamente les corresponda y evitar las infracciones a esos derechos.
En los momentos en que Chile pretende celebrar un convenio o tratado de libre comercio con Estados Unidos, el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual en que esta iniciativa se inserta es fundamental, ya que el país del Norte hace cuestión sobre la protección de esos derechos. Recordemos la presión ejercida sobre Chile para modificar la Ley de Propiedad Industrial, a fin de acceder al sistema generalizado de preferencias, del que habíamos sido excluidos.
Todo lo anterior -por el interés que tengo en la materia- movió al Senador que habla a elaborar un anteproyecto de ley que se sometió a la consideración del Ministerio de Agricultura, el cual lo ha hecho suyo, ampliándolo; por cierto, perfeccionándolo en muchos aspectos, y estableciendo como novedad principal el hecho de poder perseguir criminalmente las infracciones a los derechos del obtentor de una nueva variedad vegetal.
Cabe hacer presente además que, al amparo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha creado la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), de la cual forman parte numerosos países, existiendo un primer tratado con modificaciones hasta 1978, al cual Chile perfectamente podría y, aun, debería adherir; y otro posterior, el cual contiene disposiciones que, a juicio del Ministerio de Agricultura, no sería conveniente adoptar como formando parte de nuestra legislación.
En la elaboración del proyecto en estudio, se ha tomado en cuenta el Convenio UPOV de 1978, procurando hacer compatibles sus disposiciones con dicho Tratado, de manera que de ser éste ratificado, no se produciría ningún cambio en la normativa legal existente en Chile.
A las sesiones en que se discutió esta iniciativa asistieron el señor Ministro de Agricultura; el Asesor Jurídico de esa Cartera, don Francisco Zúñiga; el Asesor Jurídico de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, don Eduardo Carrillo, quien tuvo un destacado papel en la redacción del proyecto; el Gerente de la Estación Experimental de la Sociedad Nacional de Agricultura, señor Alejandro Smith; el Jefe del Departamento de Producción y Comercialización del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, señor Belfor Portilla; el Presidente y el Tesorero General de la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas, señores Emilio Madrid y Eugenio Guzmán, respectivamente; el Jefe del Programa de Certificación de Calidad de la Fundación Chile, señor Mauricio Meyer, y el empresario de Semillas Baer, don Erik Von Baer.
La obtención de una nueva variedad vegetal, por lo general, es fruto de una importante inversión en capacidad técnica, tiempo y dinero. Por ello, resulta necesario contar con una legislación que proteja a los obtentores de estas nuevas variedades, en el sentido de que puedan gozar de los beneficios económicos que resulten de su explotación comercial, como producto de su incorporación al mercado.
En los países miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), a los obtentores se les reconoce el derecho para que, durante un determinado período y para fines de comercialización, puedan producir o vender, en forma exclusiva, el material de multiplicación de sus nuevas variedades vegetales o autorizar su producción o venta por medio de otras personas.
Internacionalmente existen dos tipos de protección: las patentes y los títulos de protección especiales para las obtenciones vegetales. En lo que respecta a las primeras, nuestra legislación no acepta este régimen como medio idóneo de protección del derecho del obtentor, ya que está expresamente prohibido por el artículo 37, letra b) de la ley N° 19.039, que regula los privilegios industriales y la propiedad industrial.
Las normas que regulan actualmente esta materia se encuentran en los siguientes cuerpos legales: decreto ley N° 1.764, de 1977, y su reglamento contenido en el decreto supremo N° 188, de 1978, del Ministerio de Agricultura y decreto supremo N° 195, de 1980, del Ministerio de Agricultura, Reglamento para Semillas y Plantas Frutales.
La ley sólo reguló el derecho de propiedad sobre una variedad o cultivar y el registro de propiedad de variedades o cultivares, entregando lo demás al reglamento, lo que va en contra de la Constitución Política, conforme a la cual las normas que afecten a un derecho patrimonial deben ser reguladas por ley.
Por eso, señor Presidente, se elaboró este proyecto, cuyo artículo 1°, sin entrar a definir en qué consiste el derecho que se protege, dispone: "El obtentor de una variedad vegetal nueva tiene la protección de su derecho sobre la misma en los términos que esta ley le reconoce y regula.".
En el artículo 2°, se definen términos como obtentor, variedad vegetal, material de multiplicación, ejemplar testigo, etcétera.
En el artículo 3°, se determina cuáles son los atributos del derecho del obtentor de una nueva variedad vegetal, disponiéndose que consiste en someter a la autorización exclusiva de éste la producción del material de multiplicación de la variedad, venta, oferta o exposición a la venta de ese material, la comercialización del mismo y el empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.
En los artículos siguientes se establece la forma de constituir el derecho del obtentor; y que ese derecho es comerciable, transferible y transmisible como cualquier derecho de propiedad, permitiéndose obviamente las licencias.
En el artículo 7°, se contempla una disposición muy parecida a la contenida en la Ley sobre Propiedad Industrial para el caso en que se produzca una situación de abuso monopólico de algún obtentor, disponiéndose una licencia obligatoria y encargándose al tribunal respectivo fijar el monto y forma de pago por el uso del derecho del obtentor.
Los artículos 9° y 10, se refieren a las características de novedad que debe tener la variedad vegetal para ser objeto de protección.
En el artículo 11, se consagran los plazos de protección -de 18 años para los árboles y de 15 años para las demás especies-, todo ello de acuerdo con la Convención de la UPOV, de 1978.
El Título II, dice relación a la organización del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero, encargado de llevar el Registro y pronunciarse sobre las solicitudes de protección. Se establece un Comité Calificador, compuesto por siete miembros, que tendrá a su cargo el proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos que la ley exige para el reconocimiento del derecho del obtentor.
El Título III contiene las normas para reconocer el derecho del obtentor y dispone la forma en que deben presentarse las solicitudes y los antecedentes, incluyendo la producción o importación de ejemplares testigos que se cultivarán en el país, para demostrar que las características señaladas en la solicitud son verdaderas.
El artículo 22 señala: "Cuando la protección de una variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero, el obtentor de la misma tendrá prioridad, por el plazo de un año desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en Chile.". Esto es similar a lo establecido respecto de las patentes de invención en la Ley sobre Propiedad Industrial.
Lo importante en esta materia es que, una vez presentada una solicitud y los antecedentes respectivos, el Servicio Agrícola y Ganadero puede otorgar una patente provisional mientras el ejemplar testigo se desarrolla y es posible conceder la protección definitiva al comprobar las características de la nueva variedad.
Cabe señalar que el título provisional antes mencionado ampara al solicitante con los derechos desde que aquél es concedido; y si se transforma en definitivo, el período de protección se contará desde la fecha de otorgamiento del derecho provisional.
Aceptada la tramitación de una solicitud por el Comité Calificador, deberá publicarse, al igual que en el caso de la Ley sobre Propiedad Industrial, en el Diario Oficial, existiendo un plazo y un procedimiento para el caso de oposición o controversia.
En el Título IV se establecen las causales, tanto de caducidad del derecho del obtentor como también las de nulidad para declararlo, lo que ocurre esencialmente cuando se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distinción de la variedad exigidas por la ley no fueron efectivamente cumplidas.
En el Título V se estatuye que las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre la aceptación o rechazo de una solicitud de inscripción o cualquier otra materia, puede ser apelada ante el Tribunal Arbitral establecido en la Ley N° 19.039, relativa a la propiedad industrial.
El Título VI constituye una novedad, ya que establece que ciertas infracciones se consideran delitos, siendo castigados con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos, multas y comiso de las especies que se encuentren en su poder, afectando al que sin el consentimiento del titular produzca o multiplique el material protegido; y al que ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o entregue en cualquier forma o título el material protegido, que incluye tanto plantas, flores o frutos.
Además, el Servicio Agrícola y Ganadero, al constatar una infracción que haga presumir la existencia de algunos de los delitos, podrá ordenar por sí la retención o inmovilización del material propagado, hasta tanto el interesado no justifique su legítima adquisición dentro de un plazo que se le otorgue, pasado el cual se pueden enviar los antecedentes al juzgado del crimen respectivo.
En el artículo 1° transitorio, se dispone que las inscripciones en el Registro de Propiedades Variedades o Cultivares creado por el decreto ley N° 1.764, de 1977, continuarán con plena validez por los períodos que fueron concedidas.
El artículo 4° transitorio, nuevo, propuesto por el Senador señor Jarpa y acogido por unanimidad en la Comisión, señala: "La responsabilidad penal establecida en el artículo 44 de la presente ley, no será aplicable en el caso de especies o variedades introducidas en el país hasta un año antes de la entrada en vigencia de esta ley.". Ello con el objeto de proteger a muchas personas que de buena fe puedan haber incurrido en una situación considerada como delito en esta ley. No obsta, sin embargo, que se apliquen las demás sanciones que se establecen en ella, exceptuándose solamente -como ya se dijo- la pena de prisión.
Por lo anteriormente expuesto y debido a la importancia de este proyecto de ley para el desarrollo agrícola del país -ya se han concedido más de 100 patentes o certificados de protección respecto de semillas y de árboles frutales, casi 100 registros-, me permito solicitar a Vuestras Señorías su aprobación, tanto en general como en particular. El señor URENDA (Vicepresidente).- Antes de ceder la palabra al Honorable señor Navarrete, debo hacer presente que resta un minuto para el término del Orden del Día, de manera que solicito el acuerdo de la Sala para prorrogarlo hasta el despacho de la iniciativa. El señor NAVARRETE.- Talvez no sea necesario prorrogarlo, señor Presidente. Personalmente sólo deseaba pedir la aprobación general del proyecto, y, si no hay indicaciones, su despacho en esta sesión. El señor DIEZ.- Debe fijarse un plazo para la presentación de indicaciones.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con la posición del Presidente de la Comisión, y, como miembro de la Democracia Cristiana, respaldamos este proyecto del Senador señor Alessandri, patrocinado por el Ejecutivo.

El señor VODANOVIC.- ¿Me permite, señor Presidente, antes que termine la hora?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VODANOVIC.- Sin perjuicio de la aprobación de esta iniciativa, solicito, señor Presidente, que someta a la consideración de la Sala la posibilidad de aprobar también el proyecto signado con el número 4 de la Tabla, lo cual estimo que no va a requerir mayor tiempo. El señor NAVARRETE.- Antes de ello, señor Presidente, debe fijarse el plazo para la presentación de indicaciones respecto de la iniciativa en debate. El señor URENDA (Vicepresidente).- ¿Qué plazo propone Su Señoría, como Presidente de la Comisión? El señor NAVARRETE.- El 18 de mayo. El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Pero sucede, señor Senador, que la Sala ha aprobado ya el mismo plazo respecto de otras tres iniciativas. El señor URENDA (Vicepresidente).- Propongo que sea el 20, a las 12. El señor NAVARRETE.- De acuerdo.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si no hubiere oposición, se daría por aprobado en general el proyecto, fijándose como plazo para la presentación de indicaciones el día 20 de mayo, a las 12.
-Se aprueba (27 votos).


El señor URENDA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar la hora hasta el despacho del cuarto punto de la tabla.
Así se acuerda.



CONVENCIÓN SOBRE ASPECTOS CIVILES DE SECUESTRO
INTERNACIONAL DE NIÑOS


El señor URENDA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, referente a la aprobación de la "Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños", adoptada el 25 de octubre de 1980 en la Decimocuarta Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. Cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 6a, en 30 de junio de 1992.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 46a, en 21 de abril de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto de acuerdo consta de un artículo único, por lo que corresponde aprobarlo en general y en particular a la vez.
Consultada la Corte Suprema respecto de su constitucionalidad, le dio su conformidad mediante oficio número 70, de 16 de octubre de 1992.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, recomienda aprobarlo, dejando constancia de que ninguna de las disposiciones de la Convención puede entenderse que contraviene la Constitución Política de la República.


El señor URENDA (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solicito al Senado que apruebe esta iniciativa. Debido a lo escaso del tiempo, no me referiré a su sentido profundo. En síntesis, ella consiste en aprobar la "Convención sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños", firmada por Su Excelencia el Presidente de la República en 1989. Desde luego, anuncio que los Senadores democratacristianos con mucho gusto concurriremos a su aprobación. El señor URENDA (Vicepresidente).- Tal como se ha hecho presente, la Comisión consultó a la Corte Suprema y a la Comisión de Constitución, y decidió aprobar el proyecto de acuerdo dejando constancia expresa de que ninguna de las disposiciones de la Convención puede implicar la vulneración de alguno de los derechos y recursos consagrados por la Constitución Política. Hecha esta salvedad, parece procedente aprobarlo. El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, solicito aprobarlo sin más debate, en atención a que fue acogido unánimemente por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Constitución. El señor DIEZ.- En la misma forma en que aparece en el informe.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se procedería.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, deseo hacer dos observaciones. En primer término, la Secretaría informó que el proyecto fue en consulta de constitucionalidad a la Excelentísima Corte Suprema. Creo que ello no es así. La consulta se refirió, más bien, a las relaciones de la iniciativa con las atribuciones de los tribunales.
Por otra parte, me surgen dudas respecto de la vigencia de los recursos contemplados en nuestra legislación, porque normalmente ellos no están consignados en la Constitución, sino en nuestros Códigos. En consecuencia, como la constancia se deja respecto de los recursos consagrados en la Carta Fundamental, no estoy segura de que sea válida respecto de los que establece nuestra legislación ordinaria.

El señor VODANOVIC.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VODANOVIC.- Señor Presidente, respecto de la primera observación hecha por la Senadora señora Feliú, debo señalar que el proyecto sí se envió en consulta a la Excelentísima Corte Suprema respecto de su constitucionalidad, pero ella muy acertadamente se eximió de pronunciarse sobre la materia. Sin embargo, señaló en su oficio de respuesta que "estima de alta conveniencia que se legisle a través de una Convención, como la propuesta, sobre las materias a que ella se refiere, ya que de esta manera se propende a la solución de graves problemas que con mucha frecuencia se producen en el ámbito jurisdiccional de menores, casos en que se burlan resoluciones judiciales o se privan de acciones que recaen sobre tuiciones, derechos alimenticios y otras anexas o accesorias a ellas.". Es decir, la opinión de la Corte Suprema es absolutamente aprobatoria del contenido del proyecto de acuerdo.
Ahora bien, respecto de su constitucionalidad se pronunció la Comisión de Legislación, tal como se ha citado, la cual lo aprobó estableciendo como salvaguardia que ninguna de las disposiciones de la Convención puede entenderse que vulnera, de manera alguna, los derechos y recursos consagrados por nuestro ordenamiento constitucional. A mi juicio, esta constancia debe interpretarse en un sentido amplio. Obviamente, se refiere a los recursos que consagra el ordenamiento jurídico en general, constitucional o legal.
Nada más, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.- Simplemente deseo leer el artículo 29, que dice: "Esta Convención no impide la facultad de la persona, la institución o el organismo que reclamare que ha habido una violación del derecho de tuición en conformidad con los Artículos 3 o 21, de dirigirse directamente a las autoridades judiciales o administrativas de los Estados Contratantes, en aplicación o no de las disposiciones de esta Convención.". Creo que este texto aclara la duda que hizo presente la señora Senadora.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto de acuerdo.
-Se aprueba.

VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Cantuarias:
INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN INDÍGENA DEL PAÍS
"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole la información de que disponga respecto de la población indígena del país, de acuerdo con los datos del último censo de la población y vivienda realizado por el INE, y, en lo posible, separada por etnias y regiones.".
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De la señora Frei:
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSTERO ENTRE TAL TAL
Y COLOSO (SEGUNDA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole que tenga a bien informar sobre el actual estado del proyecto de construcción del camino costero entre Tal Tal y Coloso, patrocinado por su Cartera".
APOYO DE INDAP A PEQUEÑOS AGRICULTORES
DE SEGUNDA REGIÓN
"Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole información sobre la posibilidad de brindar apoyo por medio del Instituto de Desarrollo Agropecuario a los pequeños agricultores de los pueblos interiores de la Segunda Región.
"Dicho apoyo se traduciría en asesoría técnica y en la entrega de insumos, en especial pesticidas, a fin de que estén en condiciones de cultivar frutas y hortalizas. De esa manera, será posible el autoabastecimiento de estos alimentos en la Región, lo que permitirá rebajar los altos precios de los mismos, una de las mayores preocupaciones que la afectan.".
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Del señor González:
ANTEPROYECTO DE REVALORIZACIÓN DE PENSIONES
PRESENTADO POR CUPYM DE V REGIÓN
"A Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Trabajo, en los siguientes términos:
"La Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas (CUPYM) de la V Región, luego de un acucioso estudio, elaboró un anteproyecto de ley de revalorización de pensiones, basándose en disposiciones legales referidas a la materia y con el objeto de recuperar el poder adquisitivo original de las pensiones, cuya última revalorización data de 1978.
"Dicho anteproyecto fue entregado al señor Secretario Ministerial del Trabajo con fecha 7 de diciembre de 1992, y fue recibido por el señor Ministro de la Cartera con fecha 23 de diciembre del mismo año.
"Los dirigentes de CUPYM V Región me han expresado que, en entrevista concedida por el señor Subsecretario del Trabajo el 22 de marzo recién pasado, se les manifestó que la iniciativa estaba en estudio en el Departamento Jurídico del Ministerio. Hasta la fecha, transcurridos seis meses desde su entrega oficial a las autoridades competentes, los interesados no han recibido respuesta u observaciones sobre el anteproyecto presentado.
"En consecuencia, considerando que tanto el esfuerzo de sus promotores como el tiempo transcurrido ameritan una respuesta concreta sobre la fundamentación jurídica y factibilidad financiera del anteproyecto, ruego a Sus Señorías que tengan a bien informar al Senado acerca de las conclusiones arrojadas por los estudios hechos.".
ATRASOS EN PAGO DE COTIZACIONES DE
IMPONENTES DE AFP
"Al señor Ministro del Trabajo, en el siguiente sentido:
"En una sesión del recientemente celebrado IV Congreso de la Organización Nacional Laboral del Partido Radical, se hizo la denuncia de que de los 4 millones 500 mil trabajadores que imponen en las Administradoras de Fondos de Pensiones, sólo 2 millones estarían al día en el pago de sus cotizaciones por parte de sus empleadores, mientras los 2 millones 500 mil restantes estarían atrasados en ese aspecto.
"Debido a la gravedad de tal información, ruego informar al Senado respecto de lo siguiente:

"1.- Cuál es el total de trabajadores afiliados al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones.

"2.- Qué número de afiliados al referido sistema está atrasado en el pago de sus cotizaciones por parte de sus empleadores.

"3.- A qué número de empleadores afectaría este atraso y qué porcentaje de ellos estaría, por ende, en esta situación.

"4.- Qué porcentaje de empleadores atrasados se estima como normal en el sistema.

"5.- A qué monto en pesos ascendería el total de los atrasos.".
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Del señor Hormazábal:
BENEFICIARIOS DE APORTES POR PROBLEMA
DE UVAS ENVENENADAS
"Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole que se sirva informar respecto de las condiciones, monto, formas de pago y nómina de los beneficiarios respecto de subsidios u otros aportes del Estado originados en los problemas que afectaron a las exportaciones de uva a Estados Unidos hace algunos años.".
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Del señor Navarrete:
CRISIS FINANCIERA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE MELIPEUCO (NOVENA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Educación, en los siguientes términos:
"He tomado conocimiento de la crítica situación económica en que se encuentra el Departamento de Educación Municipal de Melipeuco, pequeña localidad de la provincia de Cautín, Novena Región.
"Los ingresos percibidos por la vía de la subvención educacional sólo le han alcanzado para el pago de los sueldos líquidos del personal del Departamento, y la Municipalidad se ha visto obligada a declarar las imposiciones sin pagarlas, por falta de presupuesto.
"En atención a que esta crisis compromete gravemente el normal desarrollo del proceso educativo en una Región que presenta los más bajos índices de calidad en la materia, me permito solicitarle que se sirva estudiar la situación y arbitrar los medios necesarios para su solución.".
)---------(
Del señor Núñez:
REAVALÚO DE BIENES RAÍCES EN COMUNA
DE CHAÑARAL (TERCERA REGIÓN)
"Al señor Director del Servicio de Impuestos Internos de la Región de Atacama, en el siguiente sentido:
"El Servicio de Impuestos Internos de Atacama ha reconocido el hecho de que el avalúo de los bienes raíces de la comuna de Chañaral es excesivamente alto, y que no existe respecto de ellos una justa repartición.
"Existe un alto número de propietarios de bienes raíces de esa comuna que, en atención a la precaria situación económica en que se encuentran y a los altos valores adeudados por concepto de contribución de bienes raíces, se han visto imposibilitados de efectuar el pago de éstas, hallándose actualmente en calidad de deudores morosos respecto de esta carga tributaria.
"La situación se ha tornado tan crítica que la Tesorería Regional de Atacama ha solicitado para el próximo día viernes 14 de mayo el remate de un importante número de propiedades de la comuna, hecho que ha motivado la preocupación y alarma de sus integrantes.
"Esto es algo que se ha tornado reiterativo en la comuna, ya que en los meses de enero y octubre del año recién pasado estuvo a punto de efectuarse el remate de casi 200 propiedades, medida que, en definitiva, fue suspendida en atención a que varios de los deudores pudieron acogerse al convenio renegociando sus deudas, como, asimismo, al hecho de que las autoridades competentes en la materia, conscientes de la crítica situación que afecta a la comuna, la que se traduce en un alto índice de cesantía y en falta de expectativas para sus habitantes, optaron por la suspensión.
"En razón de lo anterior, solicito que tenga a bien informar sobre el estado de las gestiones tendientes a efectuar un completo reavalúo de bienes raíces en la comuna de Chañaral.".
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Del señor Siebert:
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA RUTA INTERNACIONAL 215
POR PASO PUYEHUE (DECIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, en los siguientes términos:
"He tomado conocimiento con mucho agrado y preocupación de la utilización de la Ruta Internacional 215 por el Paso Puyehue para el tráfico internacional de carga con la República Argentina, a raíz de la inutilización del Paso Los Libertadores debido a los temporales de la semana pasada.
"Digo que me he informado con agrado, porque ello viene a demostrar la calidad del Paso Puyehue, por su baja altura y su fácil acceso desde el lado chileno, que lo ha convertido, desde su apertura, en la alternativa lógica en los casos en que el Paso Los Libertadores se ha visto interrumpido.
"También ha sido con preocupación, porque el lógico recargo que tendrá la Ruta 215 al tener que absorber la totalidad del tráfico internacional, repercutirá necesariamente en su estado y adecuada conservación.
"Por tal razón, solicito, en primer lugar, que se asignen recursos extraordinarios inmediatos para la mantención de la vía, y, en segundo término, que se consideren desde ahora en la preparación del Presupuesto del año próximo los recursos necesarios para la pavimentación de su último tramo, que aún permanece con ripio, entre la Aduana de Pajaritos y el Límite Internacional.".
CONVENIO CON BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES
ET MINIÈRES DE FRANCIA
"Al señor Ministro de Minería, solicitándole información detallada respecto de un convenio que estaría concretándose con el Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Francia, a fin de confeccionar una cartografía básica de geología y metalogenia de la Décima Región, que incluya todo lo relativo al financiamiento del proyecto y a los profesionales que participarán en él.".
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El señor URENDA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente? Los Senadores señores Alessandri y Cantuarias generosamente me han permitido intervenir en su tiempo.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.


PATROCINIO PARA PROYECTO SOBRE DEFENSORÍA
DEL MENOR. OFICIO

El señor RUIZ-EZQUIDE.- Señor Presidente, quiero que la Mesa, en nombre del Senador que habla, oficie a Su Excelencia el Presidente de la República solicitándole el patrocinio de un proyecto que he presentado en orden a crear el defensor del niño. Esta es una institución que existe en diversos países del mundo y que es acogida por la Comisión de Derechos Humanos y otras organizaciones que están trabajando en la materia. Hemos realizado ya estudios sobre la mejor forma del realizarla, y también hemos hablado con el Presidente de la República, cuyo patrocinio resulta indispensable por involucrar el proyecto gastos y establecer una planta, aunque mínima, de profesionales en los planos nacional y regional.
Muchas gracias. El señor PÁEZ.- Solicito que se envíe en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente. El señor CANTUARIAS.- Si me lo permiten, adhiero con mucho agrado al envío de dicho oficio en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así se hará, señor Senador.
La señora SOTO.- Que se lo remita también en nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, Señor Presidente. El señor ALESSANDRI.- Y del Comité Independiente de 3 Senadores. El señor NAVARRETE.- Me pliego, también, a la petición, señor Presidente, en nombre del Comité Radical Socialdemócrata. -Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide y de los Comités señalados, en conformidad al Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Resta aún tiempo al Comité Mixto.
No hará uso de él.
Corresponde el turno al Comité Partidos por la Democracia y Socialista.
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.


PLANTEAMIENTOS DE CENTRAL UNITARIA DE PENSIONADOS
Y MONTEPIADAS DE QUINTA REGIÓN. OFICIO

La señora SOTO.- Señor Presidente, la ley N° 15.386, de fecha 11 de diciembre de 1963, creó el Fondo de Revalorización de Pensiones, que tiene por objeto financiar un régimen de pensiones mínimas, compensar el deterioro sufrido por las pensiones a causa de la desvalorización monetaria y mantener sus montos revalorizados.
El artículo 26 del referido cuerpo legal, en su texto original, fijaba una pensión mínima por invalidez, a los empleados de los sectores público y privado, equivalente al 85 por ciento del sueldo vital del Departamento de Santiago, escala a). El mismo beneficio se estableció para los pensionados por vejez que cumplieran con el requisito de tener 15 años de imposiciones. Las demás jubilaciones ascendían, según esta norma, al 75 por ciento del señalado sueldo vital.
Los obreros, de acuerdo con la misma disposición, tenían derecho a percibir una pensión mínima, por invalidez o vejez, equivalente al 85 por ciento del salario mínimo industrial.
Posteriormente, con fecha 20 de febrero de 1973, a través de la dictación de la ley N° 17.907, se modificó el artículo 26 en el sentido de aumentar las pensiones mínimas de jubilación a un sueldo vital escala a) del Departamento de Santiago. De esta forma, se logró una nivelación entre la renta mínima del trabajador pasivo y la mínima del trabajador activo.
Normas legales dictadas en los años que siguieron derogaron este beneficio nivelatorio, dando origen a una evidente discriminación que, sin duda, debemos calificar de injusta.
La última revalorización de pensiones que se aplicó en el país se hizo a través del decreto ley N° 2.444, de diciembre de 1978. Desde ese momento no se ha establecido revalorización alguna a los pensionados de las ex cajas de previsión, hoy fusionadas en el INP, conforme a la ley N° 18.689.
Entre las justas reivindicaciones sustentadas por el sector pasivo, atendidas sus precarias condiciones sociales y económicas, está la de solicitar al Ejecutivo -por mandato constitucional, tiene iniciativa exclusiva en materias previsionales- la revalorización de sus pensiones. La Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de la Quinta Región envió al Ministerio del Trabajo y Previsión Social un documento en el cual detallan la legislación relativa al tema de la revalorización de pensiones. Acompañaron numerosos antecedentes de hecho que ilustran sobre el mismo. Ellos piden la elaboración de un proyecto que revalorice pensiones, ejerciendo así su derecho a petición regulado en nuestra Carta Fundamental.
Consciente de los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar la condición del sector pasivo, creo un deber plantear la necesidad de no escatimar ninguna gestión, afán de la inteligencia o de la imaginación, reunión de voluntades y de ideas en torno a la urgente necesidad de continuar dando respuestas a los jubilados y montepiadas de nuestro país.
Esta intervención tiene por objeto solicitar que se envíe, en mi nombre y en el de todos los Senadores que integran el Comité Partidos por la Democracia y Socialista, un oficio al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se sirva hacernos llegar su opinión sobre los planteamientos efectuados por la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas (CUPYM) de la Quinta Región, cuyos integrantes nos entregaron, además, una carpeta que ellos denominan "dorada", seguramente con la esperanza de que se resuelva su situación.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así se hará, señora Senadora.
La señora FELIÚ.- También en nombre de nuestro Comité, señor Presidente. El señor CANTUARIAS.- Y en mi nombre. El señor DÍAZ.- También se suma el Comité Demócrata Cristiano. -Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la Senadora señora Soto y del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, en conformidad al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Cantuarias y de los Comités Independiente de 6 Senadores y Demócrata Cristiano.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se ha informado a la Mesa que el Comité Radical-Socialdemócrata ha cedido su tiempo al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Senador señor Páez.


ALUSIÓN A VIDA PRIVADA Y PÚBLICA DE SUBSECRETARIO
DE RELACIONES EXTERIORES

El señor PÁEZ.- Señor Presidente, la opinión pública nacional ha conocido en estos días detalles de un libro publicado en la República Argentina y escrito por el periodista chileno Francisco Martorell. En dicho impreso se hacen aventuradas alusiones a la vida privada y pública de diversas personalidades de nuestro país, entre ellas, el actual Subsecretario de Relaciones Exteriores y futuro Embajador en Argentina, don Edmundo Vargas Carreño.
El texto en cuestión pone en duda la profunda vocación democrática y la noble trayectoria de defensa de la dignidad humana, que son características distintivas de la personalidad de don Edmundo Vargas. Esta inaceptable diatriba es, sin embargo, desmentida por una vida al servicio de la justicia y del Derecho Internacional, en la que se ha destacado como un inclaudicable defensor de los derechos del hombre.
En efecto, desde 1970, Edmundo Vargas ha realizado una fructífera labor en el seno de la Organización de Estados Americanos, como miembro del Comité Jurídico Interamericano, primero, y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después. Es en el ejercicio de este último cargo donde se destacó, en años especialmente difíciles para el Continente, como un funcionario equilibrado y probo. Encabezó misiones de verificación del respeto y promoción de los derechos humanos a El Salvador, Nicaragua, Argentina, Colombia, Surinam, Guatemala, Haití, Perú y Paraguay. Precisamente en esos años, América Latina se vio enfrentada a un cuadro dramático de violaciones a los derechos humanos fundamentales, producto del círculo vicioso de violencia subversiva y represiva que permeaba a la mayoría de los Estados. En ese contexto tan sensible, Edmundo Vargas debió utilizar toda su capacidad profesional y moral para abordar innumerables conflictos derivados de múltiples y persistentes atropellos al derecho a la vida. Su labor en este campo ha sido reconocida posteriormente, tanto por estadistas como por integrantes de los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. Al respecto, es digno de destacar el apoyo recibido de parte de las denominadas "Madres de la Plaza de Mayo", de Argentina, y de otras organizaciones no gubernamentales.
Nuestro compatriota dejó la OEA en 1990 para asumir el cargo de Subsecretario de Relaciones Exteriores que le ofreciera el Presidente Aylwin. Su desempeño ha sido invariablemente transparente, y la gratuidad de las infamias proferidas en su contra no hablan mal de su persona, sino más bien denigran a quien las propaló.
Su nombramiento como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en 1991, y, recientemente, como Embajador de Chile en Argentina, son reveladores de un reconocimiento a su estatura, tanto profesional como política y moral.
He dicho. El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, a raíz de la intervención del Senador señor Páez, quiero preguntar si efectivamente va a haber una reunión para debatir con mayor profundidad los problemas planteados a raíz de la publicación de dicho libro. El señor VALDÉS (Presidente).- Los Comités habían acordado tratar ese tema en el día de ayer, pero resolvieron postergarlo para el martes próximo en la hora de Incidentes, señor Senador.

El señor MC-INTYRE.- Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.


DAÑOS EN SEXTA REGIÓN POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, creo oportuno hacer una relación del desastre que se provocó hace unos días en la Sexta Región y del cual algo expresé en sesión pasada. A mi juicio, interesa a todo el país, ya que involucró a El Teniente, que fue uno de los sectores más afectados.
El río Cachapoal, denominado por sus desvaríos "río loco", hizo de las suyas el 3 de mayo recién pasado; afluentes y esteros vecinos se contagiaron con su locura y arrasaron viviendas, galpones, viñedos y sembrados. La explicación de los meteorólogos es que se equivocó la isoterma. En El Teniente, este fenómeno natural provocó una inusitada acumulación de agua y lodo que se precipitó con gran violencia sobre instalaciones industriales, caminos, etcétera.
Entre los mayores deterioros hay que señalar la destrucción de 400 metros de vía férrea en el acceso Teniente 8, que bloqueó la circulación de trenes e impidió la oportuna salida del turno que se encontraba en la mina, quedando los mineros atrapados. Se destrozaron la bocatoma y las cañerías, afectando el suministro de agua potable y las aguas industriales, es decir, paralizando la mina.
El día 4, como consecuencia de la destrucción del acceso Teniente 8, se procedió a la evacuación de alrededor de 1.400 trabajadores que permanecían encerrados en la mina, lo que se cumplió exitosamente y con absoluta integridad física del mencionado personal.
Por efecto de los daños señalados, se produjeron una obligada paralización de las actividades al interior de la mina y cuantiosos problemas en las demás áreas industriales que estaban afectadas por la escasez de suministro de agua.
El muro construido en 1986 para proteger la central Coya, fue sobrepasado en 3 metros -es decir, el caudal del río Coya, que está a 12 metros bajo el nivel de la casa de máquinas, superó esa altura y subió otros 5 metros más-, lo que significó que la Central quedara bajo 4 metros de agua, absolutamente aislada y cubierta por un cerro de arena y de piedras.
Aunque se alcanzó a evacuar a gran parte del personal, ocho personas quedaron atrapadas en el último piso del edificio, y su rescate -verdaderamente espectacular- se efectuó por medio de un andarivel que se instaló en forma provisoria, puesto que el helicóptero no podía acercarse con seguridad.
Las pérdidas sufridas en la central Coya y sus instalaciones son cuantiosas; la aducción de agua y el canal Cachapoal sufrieron varios daños; además, el tubo Pangal-Coya fue totalmente destruido, por lo que habrá que trabajar durante meses para su reconstrucción. La Central misma, cuyos generadores quedaron absolutamente bajo el agua, está cubierta por 2 metros de lodo, piedras y ramas, y la recuperación de las máquinas se hará en forma gradual, por cuanto es necesario lavar, desarmar, lubricar, reponer elementos reguladores de voltaje y muchos otros.
Los daños en infraestructura se estiman en 2 millones de dólares, y las pérdidas de generación, en una cantidad similar.
En la central Pangal ocurrió algo parecido a Coya y los daños son semejantes. Sin embargo, existe un problema que agrava la situación: el camino de acceso a la Central está cortado en tres puntos, y el que une a ésta con su bocatoma, prácticamente desapareció. Hay gente aislada hasta el momento, y los trabajos de reparación se ven dificultados, puesto que hay que mover personal, víveres y todo el apoyo necesario en helicóptero exclusivamente. Los perjuicios en infraestructura se estiman en 1 millón de dólares, y las pérdidas de generación, en una cifra superior al medio millón.
A pesar de todo lo ocurrido, se está entregando suministro en 60 ciclos a la mina, al Concentrador Sewell y a la Fundición de Caletones, mediante un turbogenerador, dos unidades diesel y un generador de Endesa en Sauzal, que le vende la energía eléctrica.
El apoyo recibido, por supuesto, de todas las otras áreas ha sido generoso y significativo.
Sin perjuicio de la preocupación que representan los millones de dólares que se necesitan para poner nuevamente en funcionamiento la mina de cobre subterránea más grande del mundo, lo más destacable es el esfuerzo, empeño y colaboración de los trabajadores para rescatar ilesos a sus compañeros de labores y cooperar con entusiasmo a la recuperación de puentes y caminos que conducen a la mina y otros sectores que fueron seriamente afectados por ese violento fenómeno natural.
Muy digno de mención es el hecho de que los 1.400 trabajadores atrapados en la mina lograron salir ilesos, lo que habla muy bien del sistema de seguridad de la Empresa, del adecuado entrenamiento que se da al personal para hacer frente a las emergencias y de la excelente disposición psicológica y física de los mineros de El Teniente.
Doy esta información en el Senado, porque el mineral El Teniente, con sus 350 mil toneladas de cobre anuales, producto del esfuerzo de más de 10 mil trabajadores, sigue aportando una cuota importantísima a la economía nacional. Y planteo de inmediato la posibilidad de que El Teniente no cumpla sus metas de producción en 1993, por los hechos relatados y el gravísimo retraso que tendrán todos sus proyectos.
Sin embargo, no fue sólo en El Teniente donde se produjeron daños. El estero Codegua, modesta acequia rural, creció hasta convertirse en un verdadero río, el cual inundó graneros con agua y barro, y dañó cientos de viviendas, dejando más de 7 mil damnificados e interrumpiendo la carretera longitudinal durante muchas horas.
Rancagua, Machalí, Olivar, Requínoa, Doñihue, Coínco y Coltauco sufrieron aniegos por desbordes del río Cachapoal, dañando poblaciones y arrasando huertos y sembrados.
Las estadísticas del desastre han sido divulgadas y de conocimiento público. Mi relato tiene, sí, sólo el mérito de haber compartido la angustia de las víctimas en el terreno asolado por el aluvión.
Pero, ¿constituye sólo quejas o críticas o propuestas esta intervención? Quiero de este modo expresar que, durante muchos Gobiernos y por décadas, todos han tenido parte de culpa en que se den estos acontecimientos.
Primero, hay antiquísimas leyes de Indias que prohíben la tala de las zonas ribereñas -anexas a los ríos-, las cuales no se cumplen, dejándose las riberas y laderas desoladas, sin ninguna defensa para la erosión. Luego, la realización de obras públicas, durante distintas Administraciones, permiten la extracción de material pétreo en zonas inadecuadas, facilitando las inundaciones de los pueblos ribereños. Las grandes firmas que trabajan con la Dirección de Vialidad no cumplen en absoluto con las disposiciones que ésta exige, sencillamente por falta de fiscalización o engaños en los informes técnicos, sobre todo los referentes a calicheros, quienes no buscan el lugar más adecuado, sino el más conveniente para sus propios intereses -los entendemos, pues son gente muy modesta-. Además, hay otra situación que compete a Obras Públicas y que se remonta a hace mucho tiempo. Si los señores Senadores observan los puentes, se darán cuenta de que los construidos en la época de Balmaceda aún perduran. Fueron hechos de fierro, son largos y suficientes para enfrentar cualquier emergencia -están ubicados muy al oriente-, y han resistido aluviones y todo tipo de catástrofes naturales. Y en la medida en que pasan los años, toda vez que se hace un nuevo puente, en lugar de ser, por ejemplo, de 50 metros, como el oriental, se lo reduce a 30, y después Ferrocarriles, pongamos por caso, hace uno de 20, provocando un verdadero estrangulamiento de los ríos con los consiguientes desbordes.
Las autoridades del Ministerio de la Vivienda y las municipalidades también han tenido su parte de responsabilidad, ya que cualquier grupo humano, por necesidades -no lo niego-, pero también por presiones ilegítimas y, a veces, incluso con el visto bueno de Parlamentarios, logra asentamientos en cualquier lugar. Y aquí tenemos el río Biobío, junto al cual, como lo sabe el Honorable señor Cantuarias, se han instalado poblaciones. Y eso pasa en todas las ciudades del país, con los riesgos consiguientes. ¡Para qué hablar de los propietarios agrícolas ribereños, que han talado bosques para dedicar los terrenos al cultivo de hortalizas! Indiscutiblemente, le están diciendo al río: "Métase, por favor". Este acepta la invitación y provoca los daños que todos conocemos.
Desearía, señor Presidente, que cuando tratemos estos temas no los analicemos como hechos pasados, sino como algo que podría volver a suceder, porque es posible que la isoterma se "equivoque" nuevamente. Nosotros no la manejamos.
Y, para finalizar, una proposición concreta. Es necesario dotar al Ministerio de Obras Públicas de mayores recursos para resguardar las ciudades y pueblos amagados permanentemente por la situación descrita. Debemos tratar, en el fondo, de que el río, muchas veces nuestro amenazante enemigo, se convierta en nuestro fecundo amigo.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.


ALCANCES A POSICIÓN EMPRESARIAL SOBRE PRÓRROGA
DE REFORMA TRIBUTARIA

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, deseo en esta oportunidad analizar un documento dado a conocer hace algunos días por la Confederación de la Producción y del Comercio, en el cual fija su posición frente al tema de la eventual prórroga de la reforma tributaria. Entendemos que su planteamiento es claramente contrario a la mantención de los actuales niveles tributarios. Examinaremos, por lo tanto, aunque en forma somera, ese texto.
Reforma tributaria y equilibrios macroeconómicos
Las proyecciones de la Confederación de la Producción y del Comercio prevén que en 1994, con la derogación de la reforma tributaria, el sector público tendrá un déficit considerado por esa entidad como "fácilmente financiable". Según las mismas proyecciones, a partir de 1995 nuevamente se obtendrían superávit. Dado lo anterior, el documento concluye que los equilibrios fiscales no se verían amenazados.
Al respecto, cabe destacar dos puntos:
En primer lugar, para la mantención de los equilibrios macroeconómicos lo que cuenta es el ahorro o gasto interno global, y no el de un sector específico de la economía. Así, si bien es cierto que sería posible financiar los niveles proyectados de gasto público en el caso de revertirse la reforma tributaria, no es menos cierto que esta reversión tendría un efecto significativo sobre el consumo privado y, por tanto, sobre el gasto global. Efectivamente, el menor ingreso tributario del Gobierno constituiría, por definición, un mayor ingreso disponible para el sector privado, el que, al menos en alguna proporción, se gastaría. De esa manera, el gasto global de la economía se incrementaría, con la consecuente presión sobre los precios y/o sobre el tipo de cambio real.
Diversas estimaciones apuntan a que la reversión de la reforma tributaria implicaría una menor recaudación fiscal y, por lo tanto, un mayor ingreso disponible de los privados, de unos 800 millones de dólares en 1994. Suponiendo, conservadoramente, una propensión marginal a consumir de 0,6 y un efecto multiplicador del consumo privado de 1,2, se obtiene una presión adicional sobre el producto interno de alrededor de 600 millones de dólares, lo que aumentaría en años futuros. Para contrarrestar esta presión sobre la demanda interna, se requeriría disminuir el gasto público en aproximadamente 500 millones de dólares, lo que resulta altamente improbable. Alternativamente, se podría pensar en una disminución del gasto privado a través de un alza de la tasa de interés interna. Pero en este caso el Banco Central tendría que subir notoriamente las tasas de interés, con efectos negativos sobre la inversión y la situación financiera de los deudores.
En segundo lugar, el hecho de que el Gobierno pueda contar con financiamiento para cubrir su déficit no altera las conclusiones anteriores. Lo importante, reiteramos, es el gasto o ahorro global, y no el que se pueda financiar interna o externamente mediante un mayor endeudamiento. Aquí, el punto central reside en que mientras el financiamiento vía impuestos sustituye gasto privado por gasto público, al quitar ingreso disponible al sector privado, el financiamiento del gasto público mediante emisión de deuda no lo hace, con lo que el gasto global aumenta. Un mayor gasto interno global ejerce una presión sobre el aparato productivo interno, y, así, sobre los precios. Si se quiere evitar o aminorar esa presión sobre los precios, el mayor gasto se puede dirigir hacia el exterior, para lo cual es necesaria una apreciación real del tipo de cambio. El resultado es un déficit superior en la cuenta corriente, el que se financia mediante un mayor endeudamiento externo. Y este último incrementa la vulnerabilidad de la economía frente a "shocks" externos. En todo caso, lo más probable es que se tengan ambos efectos: una presión al alza en los precios y una presión a la baja en el tipo de cambio real.
Cabe destacar, como un punto muy relacionado con lo anterior, que el financiamiento del sector público mediante privatizaciones, tal como se propone, no es una solución para el problema de los desequilibrios macroeconómicos. En efecto, la venta de empresas públicas es sólo un traspaso de activos entre el sector público y el privado, conceptualmente idéntico a la emisión de deuda pública, y, en consecuencia, no elimina la situación que plantea la expansión del gasto interno agregado.
Se ha puesto gran énfasis en los cuantiosos superávit que tendría el sector público a partir de 1995. Incluso se expone que constituyen un incentivo para incrementar el gasto público en el futuro. Existen sobradas dudas en torno de la posibilidad de obtenerlos. Sin embargo, aun si se consideran válidos estos supuestos, hay dos puntos de fondo que es necesario precisar:
a) El que existan superávit permite que el sector público consolidado disminuya su endeudamiento interno global. Debe recordarse que la deuda pública interna origina intereses que son parte del gasto corriente y que involucran un impacto sobre los equilibrios macroeconómicos. En la medida en que la deuda pública interna disminuya, también lo harán esos intereses, con lo que se alivia la restricción del gasto interno y, consiguientemente, la presión sobre la tasa de interés interna y el tipo de cambio real.
b) A partir de 1995, el Fisco empezará a amortizar su deuda con el Banco Central. Esto significará que, por ejemplo, en 1996 estaría amortizando por ese concepto algo más de 300 millones de dólares. Por lo tanto, para quienes están preocupados de los supuestamente cuantiosos superávit fiscales futuros, debe recordarse que éstos se destinarán al servicio de la deuda con el Instituto Emisor.
Finalmente, es muy importante destacar que la mantención de los equilibrios macroeconómicos se plantea compleja para los años venideros. Ello, porque será necesario un crecimiento del gasto interno que no supere la tasa de crecimiento del producto potencial, dado que se han ido agotando ciertas holguras con las que se ha contado recientemente. En efecto, tanto por el lado del mercado laboral como por el de la capacidad productiva hoy ya no existen los márgenes de fines de 1991, que permitieron crecer en 1992, con inflación a la baja, a un ritmo superior al de la expansión de la capacidad productiva. Por otra parte, se estima que las holguras presentes en 1991 y en 1992 en el sector externo ya no se producirán a partir de 1994. Cabe advertir que para 1993 se proyecta un déficit en cuenta corriente que oscilará entre 3 por ciento y 4 por ciento del producto geográfico bruto, lo que se considera razonable para una economía como la chilena. Un déficit menor es inconsistente con una economía en desarrollo, que requiere ahorro externo para financiar su inversión, pero un déficit muy superior incrementaría significativamente la deuda externa, y con ello, la vulnerabilidad de la economía frente a "shocks" desde el exterior, como ya lo he señalado. Planteadas así las cosas, desde 1994 ya no habrá espacios para desviar el mayor gasto interno al exterior. Es de suma importancia, entonces, que las políticas que se implementen no produzcan un aumento del gasto interno por sobre las posibilidades de crecimiento sano de la economía.
Los supuestos tras las proyecciones de la Confederación
de la Producción y del Comercio
Esa entidad supone un crecimiento del producto geográfico bruto de 7 por ciento al año, a partir de 1993. Discrepo de esta cifra. Según diversas estimaciones, el potencial de crecimiento de la economía chilena sería actualmente del orden de 5,5 por ciento a 6 por ciento. Ellas no sólo consideran la tasa de inversión en capital fijo, sino, además, otros elementos, como los incrementos de capital humano, mejoras tecnológicas, etcétera, los que han demostrado ser importantes en los procesos de crecimiento de diversos países del mundo moderno. Sin perjuicio de que toda estimación de esta naturaleza está sujeta a errores, constituiría una irresponsabilidad basar el análisis en una tasa de crecimiento que supone el mejor de todos los escenarios posibles. Lo anterior nos lleva a aceptar una tasa de 6 por ciento como máximo crecimiento tendencial sano actualmente posible. Con una elasticidad de ingresos por tributación a producto geográfico bruto de 1,2, un crecimiento de éste en 6 por ciento, en vez de 7 por ciento, significaría ingresos tributarios 1,2 por ciento inferiores al año base, lo que se iría incrementando con el correr de los años. De ese modo, para 1993 ello significa unos 90 millones de dólares menos; para 1994, unos 180 millones menos; para 1995, unos 290 millones menos, y así, sucesivamente.
Se supone un crecimiento de 3,5 por ciento en el gasto corriente del sector público. Tal como recientemente lo declaró el Director de Presupuestos, si se analizan con detenimiento los compromisos futuros adquiridos en materia de gastos previsionales, pensiones mínimas, seguridad ciudadana, remuneraciones del sector público y otros, resulta difícil pensar que éste es un supuesto realista. Una cifra de alrededor de 4,5 por ciento parece más coherente con la realidad por enfrentar en el futuro, lo que, además, haría declinar el peso del gasto público corriente en el producto.
En cuanto a la inversión pública, la Confederación de la Producción y del Comercio estima un aumento de 12 por ciento al año durante 1993 y 1994, para luego caer a 8 por ciento anual desde 1995 en adelante. Basados en opiniones de expertos en la materia, consideramos que los supuestos para 1993 y 1994 son razonables, pero que a partir de 1995 un crecimiento en torno de 10 por ciento está más en la línea con las necesidades del país. En efecto, los requerimientos de infraestructura son evidentes, y es el propio sector privado el que capta su urgencia. Más y mejores caminos, puentes, puertos, etcétera, configuran la única manera de mantener tasas de crecimiento en torno a 6 por ciento al año. Es de todos conocido que, por ejemplo, el sector exportador puede enfrentar cuellos de botella importantes en el futuro, si no se realizan las inversiones en infraestructura que se requieren.
Por último, es importante detenerse un momento en el tema de las concesiones. Se argumenta que una forma de rebajar la restricción de presupuesto del Gobierno consiste en acelerar el proceso de concesiones de obras públicas al sector privado. Las concesiones, por cierto, tienen un mérito en sí mismas y, por lo tanto, las considero de gran relevancia. Sin embargo, es preciso dejar muy en claro que su utilidad nada tiene que ver con el tema de los equilibrios macroeconómicos. El que una inversión la realice el sector público o el sector privado es exactamente igual, desde el punto de vista macroeconómico. En uno y otro caso se trata de un gasto agregado que presiona sobre los precios y/o el tipo de cambio real.
En definitiva, debemos señalar que una eventual reversión de la reforma tributaria provocaría efectos importantes sobre los equilibrios macroeconómicos de no ir acompañada de una reducción equivalente del gasto público. La estimación de la Confederación de la Producción y del Comercio en el sentido de que el déficit que se generaría es irrelevante, porque es perfectamente financiable, es errónea, desde esta perspectiva. Tampoco ayudan, desde el punto de vista macroeconómico, las privatizaciones y las concesiones. Y si a lo anterior se agrega que los supuestos en las proyecciones de esa entidad son, al parecer, excesivamente optimistas, se llega a la conclusión de que los efectos perversos sobre los equilibrios macroeconómicos serían aún mayores.
La realidad es que estamos gastando más de lo que producimos, con el agravante de que los precios de intercambio en nuestras exportaciones han caído. Por lo tanto, obtenemos menos ingresos.
La reforma tributaria, además de solidaria, constituye un ahorro que controla el gasto excesivo en quienes perciben más altos ingresos. Por el contrario, hoy, cuando las cosas van bien, debemos hacer un esfuerzo tributario o de ahorro extra a los recursos que ella proporciona, para invertir en infraestructura, y no correr el peligro de ahogarnos en nuestro propio crecimiento.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.

El señor CANTUARIAS.- Fue cedido al Senador que habla, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, tiene la palabra Su Señoría.


INCENTIVOS PARA INVERSIONES EN
ZONA DEL CARBÓN. OFICIO

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, el carbón ha vuelto a la primera plana de la noticia y, una vez más, con índices desalentadores. Las millonadas pérdidas de ENACAR y de Schwager son un categórico testimonio de la crisis que afecta a la zona del carbón, la que viene arrastrándose desde hace más de dos años, sin que las autoridades hayan emprendido las acciones requeridas para revertir sus graves efectos sociales en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota.
Durante todo ese tiempo hemos venido insistiendo en la necesidad de adoptar algunas medidas excepcionales para enfrentar este grave problema, y sólo hemos recibido respuestas negativas del Gobierno. Nuestras proposiciones apuntaban hacia dos ámbitos: primero, a la actividad carbonífera, ámbito en el que planteamos focalizar el subsidio compensatorio hacia las centrales termoeléctricas, las únicas capaces de aumentar sus volúmenes de compra y, con ello, permitir tanto la salida de las existencias de carbón como la continuidad de los procesos productivos, si bien racionalizados, de ENACAR y de Schwager; y, segundo, a mineros que han perdido sus empleos, respecto de los cuales sugerimos la aplicación de mecanismos tributarios que estimulen la instalación de actividades productivas, para absorber esa mano de obra cesante.
Ninguna de estas medidas ha sido acogida por las autoridades, las que, en cambio, han perseverado en un subsidio compensatorio, que no altera en nada los efectos de la crisis, y en una reconversión laboral de papel, que no se ha traducido en ninguna empresa nueva para la zona de Arauco, Coronel y Lota. Adicionalmente, hemos podido constatar que algunos dirigentes sindicales vinculados a la Concertación han rechazado nuestras proposiciones y se han sumado a las gestiones del Gobierno únicamente por motivaciones políticas.
No es de extrañar, entonces, que los resultados de la Agencia de Reconversión Laboral sean nulos, ante lo cual las autoridades han llegado al extremo de invocar como logros de esa entidad la realización de diversas obras viales y portuarias proyectadas a partir de 1988, y que, por lo mismo, nada tienen que ver con la reconversión laboral en el carbón, sino con los requerimientos propios de la actividad forestal en la zona. Ha ocurrido, incluso, que algunas de las obras ejecutadas evidencian serios problemas de calidad, según denuncias de los propios Parlamentarios de la Concertación, y otras han sido obstaculizadas por dirigentes de esa coalición política y autoridades de Gobierno, como sucedió con el puerto de Coronel.
Una vez más afirmamos que la solución para la crisis pasa por la focalización del subsidio compensatorio hacia las centrales termoeléctricas y por la generación de actividades productivas, la cual reclama incentivos tributarios que estimulen la iniciativa privada en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota. Mientras las autoridades continúen postergando la zona franca para el carbón, miles de familias que viven de la actividad minera seguirán sometidas a la angustiante incertidumbre en que se encuentran desde hace largos meses.
En el curso de 1991, el Gobierno propuso al Congreso Nacional diversos incentivos tributarios y aduaneros especiales para las comunas de Porvenir y Primavera, medidas que fueron plenamente respaldadas por todas la bancadas parlamentarias pese a que la población involucrada ascendía a 6 mil 672 habitantes. En la zona del carbón se encuentran comprometidas más de 100 mil personas y 15 mil trabajadores, que hasta ahora no tienen ninguna certeza acerca de la suerte que correrán en el futuro. De ahí que no nos convenzan los pobres argumentos que el Gobierno esgrime para negar similares incentivos en ese caso.
El mecanismo tributario ha demostrado ser un instrumento idóneo y eficaz para estimular el desarrollo económico en otras áreas geográficas del país, como lo demuestra la realidad de los extremos norte y austral. Se impone, entonces, una ley que contemple incentivos tributarios y aduaneros para la instalación de empresas en la provincia de Arauco y en las comunas de Coronel y Lota, que recurran a mano de obra e insumos locales y aseguren la preservación del medio ambiente, al igual que la utilización racional de los recursos naturales.
El proyecto pertinente, que requiere el patrocinio del Ejecutivo y debe ser calificado de "Suma Urgencia", debe contemplar para las nuevas empresas, a lo menos, la exención del impuesto de primera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, en cuanto a las utilidades devengadas o percibidas; la exención del impuesto territorial, contemplado en la ley N° 17.235, para los bienes raíces destinados a su giro; la exención de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes aduaneros, incluidos la tasa de despacho establecida en el artículo 190 de la ley N° 16.464 y los impuestos contenidos en el decreto ley N° 825, de 1974, para sus importaciones; el tratamiento de exportación, para los efectos tributarios previstos en el decreto ley N° 825, de 1974, a las mercancías nacionales que adquieran para el desarrollo de sus actividades, y, en el caso de ventas que realicen y de servicios que presten a otras empresas radicadas dentro de los límites geográficos ya señalados, la exención del impuesto al valor agregado (IVA), contemplado en el decreto ley N° 825, de 1974.
Señor Presidente, sobre el particular, el Senado y el Parlamento, en general, han exteriorizado opiniones, e incluso, hemos llegado a celebrar una sesión especial para tratar el tema. Por mi parte, me he reunido con prácticamente todas las autoridades de Gobierno involucradas, culminando con el señor Ministro del Interior -a la sazón ejercía las funciones de Vicepresidente de la República-, quien se comprometió a analizar estas proposiciones. A través de los medios de comunicación, me he enterado de respuestas parciales. Pero, concretamente, frente a las sugerencias planteadas, no hemos obtenido respuestas de ninguna naturaleza.
Pues bien, señor Presidente, ahora he querido dar el paso siguiente. Tengo en mi mano un proyecto de ley de nueve artículos permanentes y uno transitorio, que entregaré a la Secretaría para que en mi nombre sea remitido al señor Ministro del Interior, no porque tenga que ver con la materia, sino con el fin de retomar una conversación y obtener una respuesta de quien se comprometió a ello en la entrevista que he recordado. El propósito es que el Ejecutivo disponga el estudio y eventual patrocinio de la iniciativa, que constituiría una esperanza concreta para la gente del carbón, la cual continúa en un estado de incertidumbre respecto de su futuro. Esto último, desde luego, puede generar un ambiente de presión y de tensión social francamente preocupante y de impredecibles consecuencias.
He dicho. -Se anuncia el envío del oficio respectivo, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor VALDÉS (Presidente).- En el tiempo del Comité Independiente de 6 Senadores, tiene la palabra la Honorable señora Feliú.


PAGO A JUBILADOS MARGINADOS DE REAJUSTE DE
LEY N° 19.073. OFICIO

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en la hora de Incidentes del 16 de marzo pasado me referí en esta Corporación al problema que afecta a un sector de pensionados a quienes, por una omisión de la ley N° 19.073, aún no se les ha restituido el 10,6 por ciento de reajuste a sus pensiones de jubilación.
En dicha ocasión demostré, con cifras, que existe una injusticia que es preciso reparar a la brevedad.
Para estos fines, y por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, solicité oficiar al Ejecutivo -también, al Ministro del Trabajo-, enviándole copia íntegra de mi intervención, a fin de que se adoptaran las medidas pertinentes.
Dado que el problema a mi juicio merece nuestra especial preocupación, pues afecta a personas que, en su gran mayoría, unen a su avanzada edad lo exiguo de sus pensiones, he preparado un proyecto de ley que repara la situación planteada.
La omisión de que se trata afecta a beneficiarios del régimen antiguo de pensiones. Según información obtenida en el Instituto de Normalización Previsional, de 886 mil 700 pensiones, 788 mil tienen en la actualidad un monto inferior a los 100 mil pesos. Es decir, cerca de 90 por ciento de aquellas que paga ese organismo no alcanzan a 100 mil pesos mensuales.
Siendo ello así, no cabe duda de que debe ser prioritario para el legislador subsanar cualquier omisión en que haya incurrido la ley y que perjudique a algunas de estas personas.
Existe consenso, señor Presidente, en que las pensiones que genera el régimen antiguo de previsión distan mucho de ser satisfactorias y en que hay que hacer un esfuerzo por mejorarlas. Esto, a nivel general. Con mayor razón debemos preocuparnos de cualquier distorsión que se produzca en este sector, y que implique, como ocurre en este caso, cometer una injusticia con algunos de estos pensionados.
Por otra parte, debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 19, número 2, de la Constitución, "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".
Pues bien, en la situación expuesta, de manera inadvertida para el legislador, se ha hecho una diferencia arbitraria. En efecto, a las personas que obtuvieron sus pensiones con anterioridad al 1° de mayo de 1985 la ley N° 19.073 les restituyó el 10,6 por ciento de reajuste que a contar de esa fecha les correspondía, y que no se les había otorgado, aunque no lo hizo con efecto retroactivo. A su vez, quienes han jubilado con posterioridad a la vigencia de dicha ley y cuyas pensiones se han determinado en la forma prescrita por el artículo 2°, letra b), de la ley N° 18.263, han incorporado este porcentaje en sus pensiones iniciales. En consecuencia, este reajuste sólo no lo han recibido, porque la ley no se los otorgó, las personas que entre el 1° de mayo de 1985 y la vigencia de la ley N° 19.073 se pensionaron en conformidad a la citada norma de la ley N° 18.263, a quienes todavía se les adeuda.
Como no hay razón ni fundamento alguno para no restituir a estos pensionados el señalado porcentaje, la omisión legal ha significado hacer respecto de ellos una diferencia que tiene el carácter de arbitraria y que debe ser corregida.
Para estos fines, y como lo señalé anteriormente, he preparado un proyecto de ley que concede a estos pensionados 10,6 por ciento de reajuste en las mismas condiciones y desde las mismas fechas en que se otorgó a los demás pensionados, a fin de reparar de está forma la igualdad quebrantada. Atendido que requiere el patrocinio del Presidente de la República, solicito que a éste le sea enviado el texto, que entrego en este momento a la Secretaría del Senado.
He dicho. -Se anuncia el envío del oficio respectivo, en nombre de la señora Senadora, de conformidad al Reglamento.

El señor ORTIZ.- Solicito al Comité Independiente de 6 Senadores que me ceda algunos minutos.

La señora FELIU.- Con el mayor agrado, Honorable colega.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ortiz.


INDULTO PRESIDENCIAL

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hace algunos días Su Señoría, en representación de la Corporación, rindió un sentido homenaje a Carabineros de Chile, con motivo de cumplir éste, el 27 del mes pasado, 66 años de fructífera labor.
Pues bien, por lo que me han expresado funcionarios de esa Institución policial en la Región que represento, al igual que por conversaciones que he sostenido con ellos en otros lugares, tanto en Santiago como en Valparaíso, pude apreciar que veían consternados y preocupados el indulto presidencial -ello ha sido, también, materia de algunos editoriales en los diarios- a los autores del atentado contra el retén de Los Queñes, en el curso del cual pereció el carabinero Juvenal Vargas Sepúlveda, crimen que fue repudiado por toda la comunidad.
¿Por qué este indulto, señor Presidente? Como se ha señalado, Los Queñes era y es una pacífica localidad precordillerana, ajena a todo ese espíritu de violencia que se vive en las grandes ciudades, y que, por desgracia, se vio perturbada por la conducta de estas personas.
En nombre de los Senadores de Renovación Nacional, quiero hacer llegar un gesto solidario a Carabineros de Chile, diciéndole que esta situación es aislada. Entendemos que el Presidente de la República pudo tener razones muy importantes para tomar la medida, pero, lamentablemente, no las compartimos. Y digo lamentablemente, porque con los votos de Renovación Nacional se ayudó a modificar la Constitución Política, a fin de entregar estas facultades a Su Excelencia con el objeto de que las usara en forma muy prudencial. Y estimamos siempre -y ése fue el contenido del compromiso y de las conversaciones que los dirigentes políticos del Partido en ese instante sostuvieron con las autoridades de Gobierno- que sólo habría indultos para los delitos de conciencia, pero jamás para hechos de sangre. De manera que reclamo, una vez más, de esta situación, porque la considero lesiva para los intereses del país y agraviante para una Institución como Carabineros de Chile.
He dicho.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, solicito al Comité Independiente de 6 Senadores que me ceda tiempo para una breve intervención.

La señora FELIÚ.- No tenemos inconveniente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor González.


RESPUESTA A PENSIONADOS Y MONTEPIADAS
DE QUINTA REGIÓN

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, Honorables colegas, la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas, CUPYM, de la Quinta Región, luego de un acucioso estudio, elaboró un anteproyecto de ley sobre revalorización de pensiones, basándose en disposiciones legales referidas a la materia y con el objeto de recuperar el poder adquisitivo original de las pensiones, cuya última revalorización data de 1978, es decir, de hace 15 años.
Creemos que es positivo y digno de destacar que los pensionados de la Quinta Región no se han limitado a expresar sus aspiraciones a la autoridad, sino que han contribuido a la discusión del tema con un anteproyecto serio y fundado. Este fue entregado al señor Secretario Ministerial del Trabajo el 7 de diciembre de 1992, y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social lo recibió el 23 de diciembre del mismo año.
Los dirigentes de la CUPYM Quinta Región me han expresado que, en entrevista concedida por el señor Subsecretario del Trabajo el 22 de marzo recién pasado, se les manifestó que la iniciativa estaba en estudio en el Departamento Jurídico del Ministerio referido.
Hasta la fecha, transcurridos seis meses desde su entrega oficial a las autoridades competentes, los interesados no han recibido respuesta u observaciones sobre el anteproyecto presentado, salvo -repito- que se encuentra en estudio.
Señor Presidente, esta situación me indujo ayer a solicitar que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social pidiéndoles responder las inquietudes de ese grupo de pensionados de la Quinta Región, que, por lo demás, representan a los pensionados de todo Chile.
He dicho.


INDULTO PRESIDENCIAL

El señor MC-INTYRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, el Comité Independiente de 6 Senadores adhiere a las palabras del Senador señor Ortiz y solicita, asimismo, que se considere su solidaridad con Carabineros de Chile. El señor VALDÉS (Presidente).- Se tomará debida nota de la adhesión del Comité Independiente de 6 Senadores a las palabras del Honorable señor Ortiz.

El señor DÍAZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, la Democracia Cristiana también es solidaria con Carabineros de Chile. Pero con esto no podemos agraviar al Presidente de la República. Porque cuando el Primer Mandatario concede un indulto, lo hace previo estudio en conciencia, usando las facultades que nosotros mismos le conferimos.
Pienso que no es el ánimo del Jefe del Estado agraviar a esa Institución, por la que tiene gran respeto. Y lo ha demostrado dándole equipos e instrumentos, aumentado su dotación, otorgándole elementos de todo tipo. Ello es una prueba palpable de que el Presidente de la República se preocupa por Carabineros de Chile.
Así que, por favor, no confundamos los términos en el sentido de señalar que el Primer Mandatario ha pretendido agraviar a esa Institución al conceder un indulto.
Quiero hacer una diferencia clara y tajante respecto de estas dos cosas.

El señor GONZÁLEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, adhiero a las palabras del Senador señor Díaz.
Además, quiero dejar constancia de que Su Excelencia el Presidente de la República ha realizado ingentes esfuerzos por superar situaciones heredadas del pasado y que inciden en la reconciliación de todos los chilenos.
Igualmente, nos consta -porque hemos conversado con él acerca del tema- que el Primer Mandatario hace de cada uno de los indultos un problema de conciencia, estudiándolos hasta el mínimo detalle, para no incurrir en uso exagerado o impropio de la facultad que le otorgó el Congreso Nacional.
Por tanto, también debemos hacernos parte de las palabras del Honorable señor Díaz -sin que ello signifique polemizar con otros señores Senadores- en lo que respecta a dejar de manifiesto la actitud que el Presidente de la República tiene en materia de indultos.

El señor ORTIZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTIZ.- Señor Presidente, seré muy breve. Sólo quiero hacer un alcance al Honorable señor González.
Entiendo lo que Su Señoría expresa. Pero en el caso expuesto hubo un debido proceso, llevado a cabo por gente que estudió el expediente. Y se condenó a uno de los autores -al principal- a presidio perpetuo, y a los restantes inculpados, a una pena bastante elevada. Un Carabinero murió y otros quedaron heridos, en una localidad apartada, ajena a la violencia y donde no existió enfrentamiento.
Comprendo que a veces, como producto de las pasiones, las personas puedan alterarse. Pero ese fue un atentado vilmente preparado, durante el cual se atacó y mató a mansalva. Entiendo que en un enfrentamiento, en una protesta, en un momento de rabia más allá de lo normal, la gente pueda incurrir en conductas que no deseamos. Pero en ese caso no encontramos ninguna justificación.
Por eso, señalo a los Honorables señores Díaz y González -con el respeto y aprecio que tengo por Sus Señorías- que no conocemos todos los motivos que llevaron a Su Excelencia el Presidente de la República a conceder dicho indulto.
He sido especialmente cuidadoso al referirme al Primer Mandatario. Empero, debo manifestar que, cualesquiera que hayan sido sus razones, no las compartimos, atendido el mérito del proceso.
Muchas gracias, señor Presidente. Y le reitero mis excusas por haberme extendido en mi intervención.

El señor VALDÉS (Presidente).- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:56.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción