REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 358ª
Sesión 51ª, en martes 14 de septiembre de 2010
Especial
(De 10:9 a 14:31)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE,
Y JOSÉ ANTONIO GÓMEZ URRUTIA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Alvear Valenzuela, Soledad
--Bianchi Chelech, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Chadwick Piñera, Andrés
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Gómez Urrutia, José Antonio
--Horvath Kiss, Antonio
--Kuschel Silva, Carlos
--Lagos Weber, Ricardo
--Larraín Fernández, Hernán
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longueira Montes, Pablo
--Matthei Fornet, Evelyn
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Novoa Vásquez, Jovino
--Orpis Bouchón, Jaime
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Tuma Zedán, Eugenio
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los Ministros del Interior, señor Rodrigo Hinzpeter Kirberg; de Defensa Nacional, señor Jaime Ravinet de la Fuente, y de Justicia, señor Felipe Bulnes Serrano.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:9, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros da inicio a los siguientes asuntos:
1.-
Proyecto de ley sobre penalidad y juzgamiento de los delitos terroristas (boletín N° 7.207-07).
2.-
Proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación (boletín N° 7.211-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el tercero hace presente la urgencia, calificada de "suma", en relación con el proyecto de ley sobre penalidad y juzgamiento de los delitos terroristas (boletín N° 7.207-07).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Informes
Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en las siguientes iniciativas:
1.-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Honorable señor Tuma, relativo a la definición de delito terrorista (boletín N° 7.184-07).
2.-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Honorable señor Navarro, relativo a la definición de delitos terroristas (boletín N° 7.107-07).
3.-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Honorables señor Zaldívar, señora Alvear y señores Escalona, Pizarro y Quintana, que restringe el concepto de delito terrorista (boletín N° 7.202-07).
--Quedan para tabla.
Permiso constitucional
De la Honorable señora Allende, para ausentarse del país a contar del 10 de septiembre en curso.
--Se accede a lo solicitado.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En este momento ha llegado a la Mesa una comunicación del siguiente tenor:
"Valparaíso, 14 de septiembre de 2010.
"En sesión del día 12 del mes en curso, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento acordó, por la unanimidad de sus integrantes, solicitar a V.E," -el documento se halla dirigido al señor Presidente- "que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 35 del Reglamento del Senado, recabe el acuerdo del Senado para permitir que esta Comisión sesione mientras lo está haciendo la Sala de la Corporación, de manera de abocarse inmediatamente a la consideración del proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación (boletín N° 7.211-07).
"Asimismo, resolvió, por la misma unanimidad, solicitar al Senado autorización para debatir y votar en general y en particular esta iniciativa de ley, en el trámite reglamentario de primer informe, de acuerdo a lo prescrito en el inciso penúltimo del artículo 36 del Reglamento del Senado, y, además, que se le permita presentar un certificado en el que dé cuenta de los acuerdos esenciales que se produzcan durante el debate del referido proyecto.
"Estas peticiones se fundan en el propósito de dar una pronta tramitación a esta iniciativa.
"Dios guarde a V.E
"SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA
"Presidenta
"RODRIGO PINEDA GARFIAS
"Secretario".
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Si no existen objeciones, se accederá a las tres solicitudes formuladas por la Honorable señora Alvear en nombre de la Comisión de Constitución.
--Así se acuerda.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Para los efectos de que trabaje el referido órgano técnico, se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 10:13.
--Se reanudó a las 10:38.
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El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
El Ejecutivo ha pedido iniciar el debate del asunto a las 11:45, hora en que al señor Ministro del Interior le es posible llegar al Senado.
En consecuencia, recabo el asentimiento de la Sala para suspender la sesión hasta ese momento.
Acordado.
A la vez, cito a reunión de Comités.
El señor CHADWICK.-
¿Y la hora de término, señor Presidente?
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Estimo que será a las 13, aproximadamente, después de abocarse primero la Sala a la discusión en general. Es algo que tienen que analizar los Comités.
Se continuará en la tarde si hubiere acuerdo.
Se suspende la sesión.
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--Se suspendió a las 10:39.
--Se reanudó a las 12:6.
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El señor PIZARRO (Presidente).-
Continúa la sesión.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General para dar a conocer los acuerdos de Comités.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los Comités, en reunión celebrada en el día de hoy, unánimemente acordaron lo siguiente:
1.-
Discutir en general, en esta sesión, el proyecto sobre conductas terroristas y su investigación y votar la idea de legislar a las 13.
2.- Devolver dicha iniciativa a la Comisión de Constitución a fin de que esta estudie las posibles indicaciones que se pudieren formular y votarla en particular en el día de mañana, facultando a dicho órgano para presentar solo un certificado, dado que no alcanzará a evacuar un informe.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Prosecretario para dar cuenta de un asunto.
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje, relativo a las conductas terroristas y su investigación (boletín Nº 7.211-07).
El señor PIZARRO (Presidente).-
Informo a la Sala que el Ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, viene en camino hacia Valparaíso. Cuando llegue le otorgaré la palabra para que pueda entregar sus argumentos sobre la iniciativa, pues está muy interesado en ello.
PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA
El señor PIZARRO (Presidente).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje del Presidente de la República, relativo a las conductas terroristas y su investigación, con certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7211-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 2010.
Informe de Comisión:
Certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 2010.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario General.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es actualizar la legislación antiterrorista, incorporando modificaciones a los tipos penales e introduciendo herramientas de investigación para la detección de esta clase de delitos.
La Comisión discutió la iniciativa tanto en general cuanto en particular y le dio su aprobación a la idea de legislar por tres votos a favor (Senadores señores Chadwick, Espina y Larraín) y dos abstenciones (Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker).
En cuanto a la discusión particular, el referido órgano técnico aprobó los ocho números del artículo único por tres votos a favor (Senadores señores Chadwick, Espina y Novoa) y dos abstenciones (Senadores señores Patricio Walker y Andrés Zaldívar).
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado en el cual se consigna la ley vigente sobre conductas terroristas y el texto que la Comisión sugiere aprobar.
Hago presente que los números 1 a 7 del artículo único -en total son ocho- tienen el carácter de normas de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 19 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Constitución, Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR.-
Señor Presidente, como es conocido por todos, nuestra Comisión funcionó los días viernes, sábado y domingo con el objeto de avanzar en el análisis del presente proyecto, y en la mañana de hoy ha ratificado el trabajo realizado durante el fin de semana.
El proyecto tuvo su origen en un mensaje del Presidente de la República.
Su objetivo central es perfeccionar y actualizar la legislación antiterrorista, incorporando una serie de modificaciones a los tipos penales e introduciendo diversas técnicas y herramientas de investigación eficaces para la detección de esta clase de criminalidad.
Las enmiendas propuestas abordan fundamentalmente cuatro materias:
1) En primer lugar, el proyecto del Gobierno altera el concepto de conducta terrorista, asociando los hechos delictivos destinados a arrancar resoluciones de la autoridad o a imponerle exigencias con la finalidad de producir temor en la población o en una parte de ella.
2) En segundo lugar, la iniciativa suprime la presunción contenida en el inciso segundo del numeral primero del artículo 1º de la Ley sobre Conductas Terroristas, la cual, invirtiendo la carga de la prueba, da por supuesta la finalidad de producir temor por el hecho de cometerse el delito por alguno de los medios allí enumerados.
3) En tercer término, se efectúan algunas enmiendas en relación con los tipos penales susceptibles de ser calificados como terroristas. Se elimina el delito de parricidio como supuesto para configurar un delito terrorista; se precisa la clase de lesiones que pueden dar lugar a un delito de esta índole, eliminando las menos graves; se agregan los delitos contenidos en la Ley de Seguridad Nuclear como otra categoría de aquellos que pueden revestir el carácter de delito terrorista, y se realizan otros ajustes en materia de tipos penales susceptibles de sancionarse en virtud de la ley.
4) También se modifican las penas asignadas a los delitos terroristas.
En este punto, el Ejecutivo llamó la atención acerca de la nueva forma de determinar la sanción en el caso del delito de incendio, en cuanto se diferencia la gravedad de la pena en las distintas hipótesis en que este ilícito puede llegar a constituir conducta terrorista. En la práctica, en el caso del incendio, las penas se rebajan en un grado.
En lo que respecta al financiamiento del terrorismo, la pena se aumenta en un grado.
5) Además, se eliminan las referencias a la crueldad en la ejecución del delito, por encontrarse estas contempladas como circunstancia agravante en el Código Penal, y las alusiones relativas a la probabilidad de la comisión de delitos futuros en base a las características personales del actor, por estimarse que este elemento es un resabio de teorías que ya han sido superadas por las modernas doctrinas penales.
6) Otras modificaciones relevantes dicen relación a las figuras de la cooperación eficaz y el desistimiento de la tentativa.
La primera de ellas -que, como se sabe, busca obtener información para evitar la comisión de delitos- se incorpora en términos similares a los utilizados en la Ley de Drogas.
Por su parte, la figura del desistimiento del acto terrorista tentado exige, para que opere, que se cumpla como requisito esencial para eximir de responsabilidad la revelación a las autoridades del plan delictual y de sus circunstancias. Además, tratándose de la conspiración y de la tentativa en que intervienen dos o más sujetos, se exige que dicha revelación haya impedido efectivamente la consumación del hecho.
7) Otra enmienda digna de destacar consiste en la posibilidad que se ofrece a la defensa del imputado terrorista para contrainterrogar a los testigos y peritos protegidos.
Tal como indicó el señor Secretario, luego de un extenso debate, la iniciativa fue aprobada en general por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
Votaron por su aprobación los Honorables señores Chadwick, Espina y Larraín. Nos abstuvimos el Senador señor Patricio Walker y quien habla (en mi caso, por las razones que voy a exponer al usar de la palabra durante el debate, pues en este momento estoy entregando una relación objetiva en nombre de la Comisión).
En la discusión particular del proyecto se mantuvieron las posturas mencionadas, de modo que cada una de sus disposiciones fue aprobada por 3 votos a favor y 2 abstenciones.
En el estudio de la iniciativa el órgano técnico recibió la asesoría de distintos expertos y, naturalmente, conoció las apreciaciones del Gobierno en torno a ella.
Adicionalmente, señor Presidente, la Comisión analizó tres mociones parlamentarias -una presentada por varios colegas, entre ellos el Senador señor Andrés Zaldívar, y otra, por el Senador señor Navarro- que buscan retomar los planteamientos que fundaban un mensaje que sobre la misma materia envió al Parlamento la ex Presidenta Bachelet el año 2006.
Estas iniciativas proponen entender el combate al terrorismo como una defensa de los valores esenciales del Estado democrático de Derecho y de los derechos humanos fundamentales, y conciben el delito terrorista como un ilícito que persigue móviles políticos intentando torcer o forzar la voluntad ciudadana, subvertir el orden democrático establecido y tratar de imponer una visión de la sociedad y el Estado.
Como se puede observar, dicho concepto de delito terrorista es muy distinto del que se recoge hoy en nuestro ordenamiento. En efecto, la ley vigente define el delito terrorista a partir de los medios y no de los fines del acto ilícito.
Esta segunda concepción -basada en las teorías modernas denominadas "derecho penal de autor"- permite que a un determinado grupo de personas, por ejemplo, a los integrantes de una determinada etnia, se los procese y castigue como terroristas por los mismos hechos que, cometidos por otros ciudadanos, se procesan y castigan como delitos comunes.
La Comisión conoció el proyecto del Gobierno y las citadas mociones en sesiones celebradas el fin de semana recién pasado. Y, después de una prolongada discusión, estas últimas fueron rechazadas en general por 3 votos contra 2 -la de los Senadores señores Andrés Zaldívar, Escalona, Pizarro, Quintana y señora Alvear y la del Senador señor Navarro- y por 3 votos negativos y 2 abstenciones -la del Senador señor Tuma-.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer algunas consultas, probablemente a la Senadora señora Alvear, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, o a otro de sus miembros, para aclarar diversas dudas, ya que no soy abogado.
El artículo 2° del proyecto, que tipifica los llamados "delitos terroristas", expresa que son tales "Los de homicidio sancionados en el artículo 391". En cambio, la legislación actual establece que constituirán delitos terroristas "Los de homicidio sancionados en los artículos 390 y 391".
Entonces, mi consulta es si la modificación propuesta es una adecuación al Código Penal o si, efectivamente, algún tipo de homicidio se estaría dejando fuera de la connotación de delito terrorista.
Repito: no conozco la materia. Por ende, no estoy emitiendo juicio alguno sino haciendo una consulta.
En seguida, cuando se habla de lesiones, se mencionan los delitos establecidos en los artículos 395, 396, 397 y 398, en circunstancias de que en el actual texto de la ley no se indica el artículo 398, pero sí el 399.
Por lo tanto, formulo la misma consulta: si se trata de una mera adecuación o se está incorporando otra tipificación de las lesiones, dejando fuera alguna.
Los delitos de secuestro y de sustracción de menores castigados en los artículos 141 y 142 se mantienen exactamente igual.
En cuanto al delito de descarrilamiento, según la legislación vigente corresponde al "contemplado en los artículos 323, 324, 325 y 326, todos del Código Penal.". Ahora se hace referencia a los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.
Deseo saber cuál es la diferencia entre una y otra tipificación.
También me asaltan dudas respecto de la letra e) del mismo artículo 2° propuesto, que dice: "Agrégase el siguiente numeral 6.-
"6.- Los previstos en los artículos 41, 42 inciso 1°, 46 y 47 inciso 1° de la ley N° 18.302 de Seguridad Nuclear".
Entiendo que en este caso se introduce una tipificación nueva, atinente a delitos contra la seguridad nuclear.
Además, me interesa conocer los motivos por los cuales se propone eliminar el inciso final del artículo 2° de la ley que se modifica, relativo a los delitos de secuestro, que expresa: "Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, establecidos en los artículos 141 y 142 del Código Penal, cometidos por una asociación ilícita terrorista, serán considerados siempre como delitos terroristas".
Quisiera saber cuáles son los efectos jurídicos de la supresión que se plantea.
Extiendo también mis consultas al señor Ministro de Justicia, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Como ellas se refieren, básicamente, a las propuestas del Gobierno, le voy a ceder la palabra a dicho Secretario de Estado.
Tiene la palabra, señor Ministro.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).-
Señor Presidente, ante todo, quiero fundamentar los alcances del proyecto del Ejecutivo.
Dentro de un contexto donde resulta indiscutible que la Ley Antiterrorista está siendo objeto de cuestionamientos, el Gobierno suscribe al mismo tiempo dos principios fundamentales.
El primero de ellos es que la legislación antiterrorista es un instrumento clave, en un Estado democrático, para protegerse de las formas de crimen más crueles que puede conocer la sociedad, donde personas inocentes pasan, de la noche a la mañana, a ver destruidas completamente sus vidas o sus posesiones más preciadas producto de actos que por esencia son constitutivos de violación a los derechos humanos.
De ahí que el Ejecutivo ha estado disponible, desde siempre, a estudiar perfeccionamientos a la legislación antiterrorista, pero no así a alterar, bajo concepto alguno, la eficacia de este instrumento -repito- en cuanto herramienta clave de una sociedad democrática que pretende protegerse de elementos que no quieren convivir ni empujar sus reivindicaciones con apego a la ley, sino acudiendo a los elementos, a las motivaciones y a las herramientas más crueles que puede conocer la sociedad hoy en día.
Segundo, asumiendo la necesidad de preservar este instrumento, estamos conscientes de que la legislación presenta algunos defectos o ripios que pueden comprometer su legitimidad, los cuales estamos dispuestos a solucionar.
Por ello, independiente de la contingencia, estamos convencidos de que hace sentido delimitar con mayor precisión el alcance de "delito terrorista", como se plantea en el proyecto del Gobierno; y que hace sentido, también, eliminar la presunción -en esta legislación penal ella estaba previsto- respecto de qué se entiende por conducta terrorista. Somos partidarios de suprimirla y, por lo tanto, de que la finalidad terrorista se acredite como un elemento propio del tipo penal.
En relación con ciertas sanciones, somos de la idea de adecuarlas en determinados casos o de realizar ajustes menores, de manera que la legislación reconozca algún concepto de proporcionalidad en lo referente a las penas asignadas. Porque si, al final, todo constituye algo gravísimo, pierde esencia de algún modo el sano escalamiento que debe existir en una teoría penal básica.
Algunas cosas son más graves que otras. No todo puede ser igual. Y esa es la mejor forma de generar un disuasivo correcto.
Por ejemplo, frente al delito de incendio ocurre lo que estoy señalando: se mantiene la legislación antiterrorista. Hay acuerdo en el procedimiento, pero las penas se remiten al Código Penal.
Otro perfeccionamiento o rectificación que consideramos clave apunta a mantener la figura de los testigos protegidos, aspecto muy relevante para efectos de la sana persecución de las actividades terroristas. Estamos contestes en que es necesario regular la posibilidad de las contrainterrogaciones, sin arriesgar la identidad del testigo protegido o su anonimato. Y es precisamente lo que el Gobierno está haciendo.
También es importante consignar que el proyecto presentado por el Ejecutivo tenía un alcance más amplio: buscaba introducir diversos perfeccionamientos acerca de figuras ya conocidas en la ley N° 20.000, como el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incorporando la del agente encubierto, la del agente revelador. Sin embargo, a objeto de apurar la tramitación de la iniciativa, estamos disponibles a acortarla y solo considerar el Título I y el inciso cuarto del artículo 25 en su texto inicial, en aras de lograr su aprobación cuanto antes, porque creemos que es una mejora sustantiva a la legislación.
De otro lado, cabe señalar que, dentro de las modificaciones planteadas por el Ejecutivo, se está incorporando la figura de la cooperación eficaz, que ha demostrado ser un instrumento útil para combatir delitos de cierta significación, como también el desistimiento de la tentativa. De alguna manera queremos premiar a esa persona que, en determinado momento, decide abandonar su actividad delictual -como ocurre con el desistimiento de la tentativa- o que, por otra vía, contribuye al esclarecimiento de los hechos, a desarticular un posible atentado o a identificar finalmente a los responsables, lo cual está asociado a la contribución eficaz.
En lo referente a las preguntas específicas formuladas por el Senador José García, hemos tomado nota de ellas. Y, una vez que se plantee el conjunto de interrogantes, propongo ir abordándolas en su mérito, artículo por artículo, dándole a Su Señoría las disculpas correspondientes. Por razones de sistema, nos haremos cargo de ellas una vez que conozcamos las inquietudes de los distintos parlamentarios.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, mi Región -la de La Araucanía- está viviendo momentos extraordinariamente duros y difíciles. En verdad ellos se arrastran desde hace muchos años, por más de una década.
Quiero recordar lo que la Cámara Alta aprobó de manera unánime en julio del año 2003, cuando comparecieron a la Comisión de Constitución representantes de comunidades mapuches, de agricultores y autoridades de la época.
En ese entonces el informe respectivo señaló lo siguiente:
"Los miembros de las Comunidades Mapuches, situadas fundamentalmente en las Regiones VIII y IX, enfrentan gravísimos problemas de extrema pobreza, desempleo, falta de capacitación para el trabajo y reales oportunidades, así como serias dificultades para acceder a los beneficios de la educación y la salud.".
Luego se expresó: "...los índices de pobreza, indigencia, escolaridad y analfabetismo, entre otros, son muy inferiores a los promedios nacionales.".
Más adelante se dice que, a mediados de los 90, "comenzó a hacerse patente en la zona un clima de efervescencia, que ha tenido por constante el intento de delimitar ciertos sectores territoriales para ser denominados "tierra mapuche" o más directamente "territorio mapuche", respecto del cual inicialmente se reclamó propiedad, sobre la base de derechos ancestrales incluso anteriores a la instauración de la República, declarándose más tarde claros propósitos autonomistas, exigiendo un territorio y un gobierno propio y desconociendo las autoridades del Estado de Chile...".
A continuación se añade: "No obstante lo conflictivo de su situación, las Comunidades Mapuches en su inmensa mayoría están integradas por ciudadanos pacíficos, honrados y trabajadores; respetuosos del derecho, de la democracia y de la autoridad constituida, que, no obstante los graves problemas y carencias sociales que les afligen y su legítimo derecho a exigir el respeto a sus tradiciones, cultura e identidad, descartan la violencia como método para exponer o hacer efectivas sus aspiraciones, cuya solución exigen en ocasiones con vehemencia, pero sin violencia.".
En seguida, señor Presidente, se hace mención a cómo han ido agudizándose los hechos de violencia, consignándose:
"El fenómeno que se describe tuvo sus primeras expresiones en incendios intencionales de bosques, tala ilegal de árboles, obstaculización de faenas forestales, cortes de caminos y ocupación de predios (...), delitos de mayor gravedad como amenazas, lesiones, atentados contra la vida e incendios sistemáticos de bosques, siembras, viviendas e instalaciones agrícolas que han afectado a agricultores, transportistas y comuneros mapuches ubicados al interior de los sectores en que se desarrolla la acción...".
Posteriormente, con referencia a la opinión de las comunidades mapuches, se expresa:
"Una tendencia que han demostrado las experiencias relatadas a la Comisión indica que, mediante esta clase de atentados, se ha amenazado y hostilizado sistemáticamente a los propietarios de los predios...".
Se agrega: "...comuneros mapuches han hecho presente su frustración y desánimo ante una situación que interpretan como el premio a las actitudes violentas y antijurídicas y un verdadero castigo para quienes respetan la ley. Esta situación les resulta aún más incompresible si se considera que estos grupos violentos no representan las aspiraciones de las Comunidades Mapuches...".
Señor Presidente, han pasado siete años, y el resultado es que en La Araucanía, de acuerdo con la última encuesta CASEN, hoy en día hay 78 mil pobres más que hace cuatro años.
Mi Región tiene 27 por ciento de pobreza e indigencia. Es la más pobre del país. No es una Región pobre, sino que está empobrecida. Y si no nos hacemos cargo de su problema de fondo, el cual se traduce en que ha sido postergada -durante los Gobiernos anteriores ella nunca fue tomada con la profundidad, el coraje, la valentía y la decisión que se requería-, los hechos que observamos probablemente se van a repetir en el futuro.
Eso significa, por lo tanto, que el Gobierno del Presidente Piñera recibió un problema extraordinariamente complejo.
¡Ahí están las víctimas de los actos de violencia!
El día de ayer falleció doña Margarita Nahuel, de 82 años, habitante de la comuna de Galvarino. El vehículo que la trasladaba se incrustó contra un bloqueo hecho en el camino.
¡Y no he visto, señor Presidente, una palabra para lamentar su muerte!
¡No he visto expresiones -o, tal vez, han sido muy pocas- para deplorar el atentado en contra de una mujer que iba junto a su hijita de diez años, a quienes unos encapuchados les dispararon a mansalva, so pretexto de pedirle que vendiera sus tierras o las entregara, y del cual se salvó milagrosamente la niña!
¡Ni he visto palabras de condena cuando se saca a agricultores de sus tierras, a las dos de la mañana, desnudos, y se les queman sus pertenencias, viviendo en la actualidad con una angustia enorme!
Y, por otro lado, he visto a las comunidades mapuches padecer la pobreza de la manera más dura.
Frente a lo anterior, en el entendido de que en este momento hay una huelga de hambre, respecto de la cual el Gobierno ha pedido insistentemente que se termine, este ha adoptado dos medidas. No apuntan al tema de fondo, pero pretenden resolver la situación puntual presentada.
¿Cuáles son?
Que quienes han sido sometidos a proceso por delitos gravísimos tengan la certeza de que se les hará un juicio justo, lo que es propio de la democracia y de los Estados de Derecho.
Y, para garantizar que ese juicio sea justo, el Gobierno ha señalado que cambiará la competencia de los tribunales militares a la justicia civil, porque es lo correcto.
Luego, ha señalado la necesidad de introducir perfecciones a la ley que determina conductas terroristas, no para debilitarla, sino para posibilitar que garantice a todos un proceso justo; que proteja a las víctimas y que, en forma simultánea, permita a quienes son acusados defenderse adecuadamente.
Y ha procedido a eliminar o modificar algunas normas que apuntan en tal dirección. Así, suprime en la ley Nº 18.314 la presunción que se establece en el artículo 1º, porque hoy la presunción de inocencia constituye un aspecto básico del Derecho Penal moderno.
Después, ha expresado que va a perfeccionar las normas que dicen relación en particular a la escala de las penas en el delito de incendio. Y el texto que presentó manifiesta que la pena para ese ilícito -gravísimo, porque es de peligro- tendrá una gradualidad acorde con las legislaciones modernas.
En democracia, las conductas terroristas deben ser sancionadas en forma clara y categórica, como se hace en todos los países, dentro de un marco de respeto y en concordancia con el Derecho vigente. Y cuando se cometen los delitos de homicidio, incendio, secuestro, lesiones graves -con el propósito de producir a un sector de la población el temor de ser objeto de actos de la misma especie-; o si hay persecución religiosa o étnica; represión e impedimento de la libertad de género que una sociedad debe garantizar a las minorías; o persecución política, estamos en presencia de conductas que, cuando tienen por finalidad inhibir o atemorizar a un sector de la población, en todas las sociedades del mundo son calificadas de terroristas.
Si alguien quema las casas de los comuneros mapuches o los campos de ciertos agricultores, para obligarlos a vender sus tierras; o una sinagoga; o una iglesia católica; o persigue a una persona por sus ideas políticas con la intención de asesinarla o incendiar sus bienes, sus actos afectan gravemente la paz social.
Lo que hacemos ahora corresponde a las convicciones: perfeccionar una legislación, pero sin que sea jamás patente de impunidad para quienes cometen graves delitos. Porque el día en que la sociedad se ponga de rodillas ante tales delitos, en que decida abdicar del derecho a defender el bien común, en apariencia, resolverá un conflicto, pero, a la larga, incubará un problema más grande: una sociedad desprotegida.
Por eso, señor Presidente, apoyamos esta iniciativa.
Pero quiero decir que en 6 meses vamos a sufrir otros hechos lamentables si no se toma el toro por las astas y se enfrenta la realidad que vive la Región de La Araucanía...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
Cuenta con un minuto más para redondear la idea.
El señor ESPINA.-
Decía que si no se toma el toro por las astas y se enfrenta la realidad de la Novena Región, su dramatismo será mucho más profundo.
Espero, si Dios lo quiere, que esta huelga de hambre termine, porque atentar contra la propia vida nunca resuelve los conflictos.
Lo digo con el mayor respeto: espero que en 6 meses más, cuando se haya terminado esta huelga de hambre, los Senadores y Diputados que visitaron mi zona debido a su preocupación por el ayuno de ahora también se acuerden de las comunidades mapuches para que podamos construir una Región que realmente responda a lo expresado por el Presidente de la República: crear una sociedad más justa; de emprendimiento, y de más oportunidades.
Por eso, votaré a favor de la idea de legislar.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente, a diferencia del Honorable señor Espina, no represento en esta Corporación a la Región de La Araucanía, aunque él lo hace muy bien. Pero, como Senador, por más de 14 años he pertenecido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y por primera vez me corresponde enfrentar una situación legislativa de esta naturaleza.
El proyecto de ley en debate, cuya oportunidad y circunstancia todos conocen, tiene dos formas de ser abordado.
La primera dice relación a quienes desean o pretenden, mediante las modificaciones a la Ley Antiterrorista -una de las normativas más importantes del país-, buscar solución a un conflicto de carácter particular, a pesar de lo relevante y grave que pueda ser.
La otra se refiere a quienes, a través de las enmiendas propuestas a esta ley por el Ejecutivo, queremos su perfeccionamiento, a fin de que sus efectos sean siempre de carácter general y permanente, y de que puedan -en lo que corresponda y de acuerdo a nuestras convicciones- servir para los casos puntuales que en la actualidad se tramitan en los tribunales de justicia.
Y en ese camino y esa visión, comparto íntegramente los términos en que el Gobierno nos está proponiendo este proyecto de ley. Lo hago fundamentalmente porque para mí resulta esencial que cuando se legisle respecto de cualquier materia deben tenerse siempre presentes dos elementos importantes, más aún si se trata de una normativa con esta significación.
En primer término, no hay que olvidar nunca que la ley es un acto o una disposición de carácter general llamada a producir sus efectos no solo para un acto circunstancial, sino para todos los chilenos a lo largo del tiempo.
Como dije, es de carácter general.
Lo anterior responde a principios fundamentales de una democracia. Aún más, satisface principios básicos dentro de las nociones y conceptos de la defensa y el respeto a los derechos humamos. Porque, si la ley deja de ser general, pasa a ser discrecional y a diferenciar entre los ciudadanos de hoy y mañana por cualquier razón.
Por lo tanto, resulta trascendental el carácter general de la ley para respetar un principio básico de la democracia y los derechos humanos: la igualdad ante la ley.
Porque, si el Senado no está dispuesto a acatar hoy tal principio -por motivos de carácter particular o circunstancial, o por razones de tipo político-, mañana lo vamos a pagar con el debilitamiento de un pilar básico de la democracia: el principio de igualdad ante la ley.
Al mismo tiempo, hay que tener presente un elemento básico de nuestro Estado de Derecho y del sistema democrático: ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden avocarse causas pendientes. No pueden interferir de manera directa en un juicio que se está tramitando, cualesquiera sean sus actores, porque con ello estarían debilitando un elemento esencial del Estado de Derecho. La justicia es un poder independiente que actúa de acuerdo a la ley existente al momento de los hechos. Por eso, no pueden entrometerse con posterioridad o invalidar la acción de la justicia, porque estarían trasgrediendo el principio fundamental de la independencia del Poder Judicial.
Ambos elementos básicos del sistema democrático y de la doctrina de los derechos humanos debemos tenerlos presentes al momento de discutir esta iniciativa.
Hay otro principio que me parece muy importante: estamos en presencia de la ley que regula las conductas terroristas. Es, quizás, una de las más necesarias en la actualidad para una sociedad moderna. Porque todos sabemos lo que la acción terrorista significa o ha significado en las sociedades modernas. Y vemos lo que hacen todos los países que sufren o han sufrido agresiones terroristas: precisamente establecer cuerpos legales más rigurosos, estrictos y gravosos que la ley común, para efectos de contar con herramientas más eficaces contra el terrorismo.
Las conductas terroristas -así lo indican tanto los tratados y las normativas internacionales como la propia Ley Antiterrorista, que fue estudiada y dictada bajo el Gobierno de don Patricio Aylwin, en plena democracia, la cual recogió conceptos de la legislación española, para aprovechar su experiencia en la materia- son todos aquellos actos que provocan daños y lesiones y se desarrollan con total desprecio por las víctimas inocentes, a fin de causar temor en la sociedad o de extorsionar a la autoridad democráticamente elegida.
Ese es el nervio y la esencia de una conducta terrorista.
Si nosotros -queriendo solucionar un problema de carácter particular a propósito del proyecto en discusión- debilitamos, destruimos, hacemos ineficaz la Ley Antiterrorista que el país necesita, pregunto a los señores Senadores: ¿Alguno de ustedes puede asegurar al país que la acción terrorista en Chile no existe, no continuará o no se dará en el futuro?
En los últimos meses, en la Región Metropolitana, ha habido más de cien bombazos. ¿Quién se hará responsable, a raíz de una situación coyuntural, del menoscabo a los instrumentos de la Ley Antiterrorista hacia el futuro? ¿Quién puede garantizar al país que el terrorismo no va a actuar o no está actuando en Chile?
Por lo tanto, el debilitamiento de tales mecanismos legales trae consigo el debilitamiento de la seguridad de las personas. En una sociedad moderna y democrática, constituiría una irresponsabilidad gigantesca -¡gigantesca!- dar pasos en falso en esta materia, por motivaciones que pueden ser muy loables, pero que no son el instrumento adecuado para encontrar las soluciones.
Por eso, señor Presidente, el proyecto del Ejecutivo, que el Ministro señor Bulnes ha reseñado en sus principales aspectos, me parece equilibrado, pues respeta los principios fundamentales de la doctrina de los derechos humanos, de un Estado de Derecho y de un régimen democrático. Es una iniciativa que garantiza a todos los chilenos y las chilenas -en especial, a quienes hoy son sujetos del conflicto en la zona de La Araucanía- un debido proceso; esto es, la posibilidad de que sus derechos sean reclamados ante los tribunales de justicia, a través de los perfeccionamientos que se proponen a la Ley Antiterrorista.
Con ello se asegura la aplicación de una normativa justa, equilibrada, prudente, perfeccionada, actual y garante de un debido proceso, lo cual debiera dejarnos absolutamente tranquilos como legisladores, pues tales cualidades son las que siempre debemos perseguir en nuestro trabajo legislativo.
En consecuencia, voy a votar a favor del proyecto del Ejecutivo. Y espero que todos los Honorables colegas apoyen la idea de legislar, a efectos de dar una señal muy clara en cuanto a que atendemos los problemas y buscamos caminos de solución, pero sin debilitar la doctrina de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los pilares básicos de la democracia.
He dicho.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro del Interior, señor Hinzpeter.
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).-
Muchas gracias, señor Presidente y señores Senadores.
Parto dando excusas por mi retraso. Estaba en una reunión en que se trató el tema de fondo que convoca esta sesión y que motiva, de algún modo, las reformas legislativas que sometemos a consideración del Congreso.
En este momento de reflexión sobre el proyecto de ley, quiero compartir con ustedes algunas ideas que surgieron a partir del trabajo que hemos realizado, el cual no ha estado ajeno a los acontecimientos ocurridos en 2010 en nuestro país.
Comenzamos el año enfrentando el terremoto y el maremoto del 27 de febrero. El Gobierno recién asumido debió desplegar sus mejores esfuerzos para ayudar a millones de compatriotas que quedaron devastados por la fuerza de esa catástrofe. Recuerdo que, en esas horas de angustia y de aflicción, trabajamos juntos Oposición y Gobierno. Recuerdo haber recorrido las zonas afectadas con el Senador Navarro, con el Senador Zaldívar, con la Senadora Rincón, con el Senador Sabag. Y juntos compartimos las angustias que entonces vivía nuestro país.
Luego llegó el invierno, uno de los más fríos -registró temperaturas récord-, que hizo sufrir especialmente a quienes quedaron sin casa. Hubo mucho sufrimiento.
Y en agosto nos sorprendió la tragedia de los 33 mineros de la mina San José que quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra.
El Presidente de la República se encontraba en una gira internacional -a lo mejor, acompañado por algunos de ustedes- en Ecuador, camino al cambio de mando que se iba a producir en Colombia. Optó por regresar inmediatamente.
Fueron 19 días de angustia, en que todo el país se estremeció bajo la incógnita de saber si nuestros compatriotas estaban vivos o muertos. La resistencia heroica de ellos, la fe de sus familiares y el trabajo conjunto, una vez más, de Oposición y Gobierno mantuvieron en pie la esperanza. Recuerdo haber estado junto a los familiares, tanto con el Senador señor Prokurica como con la Honorable señora Allende, compartiendo por igual los momentos difíciles de nuestro pueblo.
Resulta evidente por qué recurro a esos dos eventos para introducir la petición que el Gobierno hace al Honorable Senado, que no es otra que la de acompañarnos en la aprobación de esta iniciativa legal.
Nos encontramos hoy frente a otra situación difícil. Por ello, enviamos a tramitación el proyecto en debate.
Algunos nos han dicho que cometimos un error, porque estamos reaccionando a una huelga de hambre. Pues bien, reconozco ante esta Corporación que efectivamente así es. Pero lo relevante no es eso. El Ejecutivo siempre debe estar preparado para responder a la coyuntura con flexibilidad, apurando o retrasando los tiempos cuando sea necesario por un bien superior.
Aclaro sí que nuestra reacción guarda relación con los plazos que nos habíamos fijado, no con las convicciones. Cuando un Gobierno adelanta o aplaza los tiempos pero mantiene sus principios, la verdad es que actúa bien, porque está procediendo con la flexibilidad que se requiere. Lo terrible, lo dramático o lo negativo sería que un Gobierno acomodara sus convicciones en función de las coyunturas.
Nuestra iniciativa, en cambio, obedece a principios, normas y tradiciones de nuestro país -las explicitaré luego-, aunque tuvimos que acomodar -lo digo con honestidad- los tiempos para ello. En tal sentido, me allano a la crítica de quienes han sostenido que el Ejecutivo ha reaccionado frente a una huelga de hambre.
Sin embargo, otros han criticado el accionar del Gobierno por no hacer una propuesta legislativa más profunda: simplemente sacar de la esfera de la ley que analizamos en esta sesión las conductas ejecutadas por personas pertenecientes al pueblo mapuche. Nos preguntamos: ¿Cómo hacer esto sin quebrar la igualdad ante la ley, sin debilitar la certeza que infunde la tranquilidad de amanecer en un país en que sabemos que la ley no nos puede discriminar? ¿Cómo hacer esto sin afectar la certeza de que los tribunales juzgan conductas con total prescindencia de la condición social o étnica, o de la opción religiosa o sexual de la persona juzgada?
Después de todo, ¿quién de nosotros puede decir que es parte de una mayoría y que nunca va a dejar de serlo? ¿O quién de nosotros se alienta a declarar que pertenece a una minoría que debe tener un trato distinto frente a la ley penal?
Por eso, no compartimos la crítica de aquellos que nos dicen que debiéramos haber optado por el camino de sacar del ámbito de la aplicación de la Ley Antiterrorista a un grupo de personas que hoy día la enfrenta.
La convicción de que todos los chilenos son iguales ante la ley obviamente se refleja en el Derecho Penal, en las normas sancionatorias. Y aquella no es incompatible, más bien es complementaria, con las políticas que el Estado plantee para ayudar a las minorías que afrontan adversidades, en las cuales muchas veces la mayoría nacional ha tenido cuotas importantes de responsabilidad.
De hecho, nuestro Gobierno cuenta con un plan de inversión para La Araucanía, para el pueblo mapuche, superior a 4 mil millones de dólares para este año. Además, contempla una política de entrega de tierras con asistencia productiva y técnica; duplicar las atenciones de salud; robustecer la educación, etcétera.
Pero ese no es el punto. Tales políticas no vulneran la igualdad ante la ley.
Lo importante es que la reforma legislativa que sometemos a consideración del Honorable Senado se acoge a los principios que han inspirado nuestra tradición jurídica.
Uno de ellos es que los civiles sean juzgados por tribunales civiles. Informo a los señores Senadores que hoy ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados una iniciativa sobre la materia. Estamos contentos y conformes por ello. Esperamos que en su momento el Senado la apruebe.
Un segundo proyecto es el que nos toca ver hoy día, que sugiere establecer un procedimiento penal sin presunciones, salvo la de que todos son inocentes. Se plantea, en consecuencia, eliminar algo que no debería existir ni en la ley penal, ni en la antiterrorista, ni en la antidrogas, ni en ninguna otra: la presunción de culpabilidad. La idea es no suponer a nadie un dolo terrorista, ni de narcotraficante, ni de ninguna especie. Nuestro sistema judicial tiene que partir de la presunción de inocencia. En este punto hemos detectado una falencia en la normativa existente. Corresponde corregirla, para permitir que los ciudadanos enfrenten la justicia sobre la base de la presunción que a todos se nos aplica ante la ley común: la de inocencia.
Por otro lado, se propone una modificación para suprimir de nuestra legislación todo vestigio del denominado "derecho penal de autor"; esto es, el que atiende a rasgos subjetivos de la personalidad del juzgado. Por ello, planteamos eliminar el inciso segundo del artículo 3º bis, que posibilita incrementar la sanción penal a partir de la mayor probabilidad que el juez asigne a la comisión de nuevos delitos en función de antecedentes de personalidad del imputado.
Nos parece que ello también constituirá un avance significativo e importante.
Además, queremos adecuar las sanciones (hacerlas más proporcionales a los delitos cometidos) y eliminar tipos penales de la legislación antiterrorista que, a nuestro parecer, están descontextualizados, como el de parricidio.
Sé que el Senador señor García planteó algunas dudas. Intentaré responderlas pronto, pues considero muy útil aclararlas.
De otra parte, nos parece relevante fortalecer el debido proceso y el derecho a la defensa. Por eso, hemos propuesto robustecer la institución o el derecho de la contrainterrogación de los testigos protegidos.
En definitiva, por consideraciones que -como ya explicité- se basan en convicciones y principios que estoy seguro de que la mayoría o la totalidad de los Senadores presentes comparten (que los civiles sean juzgados por civiles, sin presunciones, con penas proporcionales y con un debido derecho a la defensa),...
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Señor Ministro, concluyó su tiempo. ¿Cuánto más necesita?
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).-
Cinco minutos.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Muy bien. Continúe.
El señor HINZPETER (Ministro del Interior).-
Gracias, señor Presidente.
Decía que, por las razones señaladas, el Gobierno solicita al Senado que apruebe en general el proyecto de ley. Ciertamente estamos abiertos y con buena voluntad para discutir, analizar y concordar con los señores Senadores las indicaciones que consideren oportuno sugerir.
Tal como sostuve al inicio de mi exposición, no nos anima otro propósito que construir y elaborar, en conjunto con ustedes, la mejor legislación antiterrorista posible y, dentro del espacio que nos otorguen las tradiciones y los principios de nuestro país, procurar una solución al problema de la huelga de hambre.
Creo que en ese contexto -delimitado pero claro- el concurso y la buena voluntad de todos los Senadores darán lugar a una solución eficiente que nos permita enfrentar a los comuneros mapuches y a la opinión pública con la inteligencia y la creatividad que seguramente a esta hora demandan del Parlamento.
En lo tocante a las preguntas del Honorable señor García, daré tres respuestas para no abusar del tiempo, sin perjuicio de quedar a disposición de los miembros de esta Corporación para contestar las consultas que deseen realizar.
Efectivamente proponemos eliminar la figura penal de parricidio, porque nos parece que, en el dolo terrorista que debe exigir esta ley, las circunstancias de parentesco son enteramente casuales. Asesinar al padre ya constituye un delito extraordinariamente grave en nuestra legislación común, y no tiene que ver con conductas terroristas.
En lo referente al descarrilamiento, no hay ninguna modificación. La Ley General de Ferrocarriles es posterior al Código Penal. En consecuencia, cuando la Ley Antiterrorista se remitía a normas de dicho Código para hacer referencia a las penas asignadas al delito de descarrilamiento y otros vinculado a los trenes, en el fondo estaba aludiendo a una norma que había sido derogada tácitamente por la ley posterior de Ferrocarriles, la cual reproduce en su articulado prácticamente las mismas sanciones que contiene el Código Penal. En opinión de toda la doctrina, aquellas hoy día se entienden derogadas de forma tácita por la dictación de una normativa posterior.
Los delitos de secuestro y de retención están castigados en el Código Penal. La Ley Antiterrorista incluye una frase que genera cierta ambigüedad. Es la siguiente: "Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén". Tales expresiones buscaban, so pretexto de perfeccionamiento legislativo, precisar el delito de secuestro, pero, a nuestro juicio, ello se encuentra debidamente definido en el artículo 141 del Código Penal: "El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad".
Por tanto, la primera frase citada es innecesaria e induce a confusión. Si el artículo 141 del Código regula y define claramente el tipo penal del secuestro, no existe razón para mantener en la ley elementos adicionales, que, en mi opinión, dificultarán la interpretación de dicho delito.
Finalmente, proponemos eliminar de la Ley Antiterrorista la referencia al delito residual de lesiones, contenido en el artículo 399 del Código Penal. En el conjunto de modificaciones efectuadas, nos parece que dicha figura no justifica su invocación en la ley, dado que en la propuesta que hacemos, más que el resultado, importa el dolo con que se ejecuta el delito. Ello ha sido definido en el proyecto de manera precisa: "cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados," etcétera.
En consecuencia, para determinar en definitiva si una conducta es terrorista o no, hay que atender más bien al dolo terrorista más que al resultado, especialmente si las lesiones son menos graves.
Muchas gracias.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Según el acuerdo adoptado por los Comités, a esta hora corresponde cerrar el debate y abrir la votación.
En votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, pienso que esta discusión no tiene que ver con debilitar o fortalecer la Ley Antiterrorista. No es la cuestión que nos convoca hoy día.
Lo que nos convoca hoy día es que en Chile efectivamente existe un clima de violencia que afecta a la sociedad chilena, y que se relaciona con políticas de discriminación históricas. En efecto, podríamos decir que durante los últimos doscientos años en nuestro país se ha llevado a cabo un verdadero genocidio cultural contra los pueblos indígenas.
Se han destruido sus culturas. Se han erradicado de la sociedad chilena, o intentado erradicar, sus prácticas, sus costumbres, sus idiomas. Y eso es lo que tiene sumido a Chile en una situación de violencia.
Hay una cultura suspendida en el tiempo, que desea la reivindicación de su derecho a existir, y hay una sociedad que se lo impide.
Y lo lamento mucho, porque en nuestro país vivimos la experiencia de la violación de los derechos humanos. Y durante la dictadura pusimos mucha atención en las observaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otras organizaciones como Human Rights Watch.
Desgraciadamente, en la actualidad no ponemos atención en los informes de los Relatores de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos ni en los de otras organizaciones. ¿Y qué están señalando?
Ello tal vez es el mayor dolor que debiera asumir y enfrentar la sociedad chilena. Nos dicen que en Chile se violan los derechos humanos, quizá de manera distinta a como ocurría en el pasado, cuando se violaban en función de personas que discrepaban políticamente o tenían opciones de conciencia y de visión de sociedad distintas. Hoy día se vulneran respecto de quienes pertenecen a una raza, a una etnia, pues no gozan de plenas garantías.
Y como creo que mi afirmación tiene que ser fundada, debo decir que este problema no empieza ahora.
Tengo acá el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, del año 2003. ¿Y qué dice? Que se cuestiona la situación chilena en cuanto a los pueblos originarios:
"69. Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.
"70. No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (`amenaza terrorista', `asociación delictuosa') a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas.".
Y en el punto 75, se expresa: "El Relator Especial recomienda que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas.".
Asimismo, Human Rights Watch, en su Informe del año 2004: "Indebido Proceso: los juicios antiterroristas, los tribunales militares y los Mapuche en el sur de Chile", manifiesta en sus conclusiones lo siguiente:
"Se abstenga de abrir nuevos procesos contra mapuches de acuerdo con ley antiterrorista, a no ser que se hayan cometido delitos graves contra la vida, la libertad o la integridad física.
"Realice una revisión completa e imparcial de los procesos en que los mapuches han sido juzgados y condenados por terrorismo con el fin de verificar que se haya respetado el principio del debido proceso".
Finalmente, en el año 2006, el Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos "La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta social en un estado democrático", expone que "el Estado chileno violó las garantías a un juicio justo y al debido proceso de estas personas, en la medida en que la gravedad de los hechos por los que fueron condenados no guarda proporción con la gravedad del tipo delictivo de "terrorismo" y de las penas impuestas".
Chile ha sido sistemáticamente cuestionado y está siendo cuestionado hoy día a nivel internacional por ser un país donde se violan los derechos humanos.
A mayor abundamiento, tengo en mis manos otra resolución en materia de derechos humanos, ahora del año 2009.
Y qué dice el Comité Especial de la Organización de las Naciones Unidas en sus recomendaciones a Chile sobre derechos humanos, que antes eran tan importantes.
"15. El Comité recomienda al Estado que:
"a) revise la Ley Antiterrorista 18.314 y se asegure que sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales;
"b) se asegure que la Ley Antiterrorista no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social;".
Y para terminar esta parte de mi argumentación, quiero expresar que es posible que tengamos políticas discriminatorias acerca de los pueblos originarios. Porque nosotros firmamos el Convenio N° 169, de la OIT. ¿Y qué dice su artículo 9?
"1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
"2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
"ARTÍCULO 10.
"1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.".
"2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.".
Es decir, mediante el Convenio N° 169 de la OIT justamente nos obligamos, nos comprometimos a aplicar un estándar que valorara la cultura y la identidad de los pueblos originarios. La forma en que se está aplicando la Ley Antiterrorista en el país constituye una violación a los derechos humanos. Y estamos transgrediendo normas internacionales.
¡Chile va a ser cuestionado a nivel mundial por violar los derechos humanos, así como se transgredían en tiempos de la dictadura!
¡Es inaceptable que en una democracia se mantenga y se perpetúe la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios sin ninguna justificación!
¡Esos hechos constituyen la base del clima de violencia existente en el país! ¡La violación de los derechos humanos es lo que está incitando a la rebeldía de los pueblos originarios!
Si sus integrantes cometen delitos, evidentemente tienen que ser cuestionados y juzgados. Pero a través de leyes proporcionales, que sean las mismas que se apliquen al conjunto de los chilenos. No se debe seguir utilizando una normativa que se va a transformar en una verdadera "ley maldita" si Chile no acoge los sistemáticos llamados formulados por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Estos, por lo menos para quienes nos sentamos en este lado del Hemiciclo, antes constituían un valor esencial y un fundamento para nuestra acción. Nosotros no lo podemos olvidar.
Es evidente que en los Gobiernos de la Concertación también se cometieron errores: se aplicó indebidamente la Ley Antiterrorista. Pero pienso que no se trata de buscar culpables, sino de terminar de una vez por todas con el empleo de esta legislación, porque tiene cuestionamientos en su fundamento, en la forma en que se aplica respecto a los pueblos originarios.
La sociedad, el Parlamento no pueden seguir aplicando la Ley Antiterrorista ante acciones de reivindicación relacionadas con los pueblos originarios, donde, además, no existan hechos de sangre.
Es lo que se sostiene en las convenciones internacionales de derechos humanos. Algunas de sus observaciones o recomendaciones pueden tener mayor o menor valor. Eso tal vez obedece a una dimensión histórica, cultural, a una manera de relacionarse con estas entidades de derechos humanos. Pero para nosotros debieran ser fundamentales. Y lamento mucho que en el pasado no lo hayan sido.
Voto a favor de la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente, sin duda, el actual contexto de alguna manera marca la oportunidad de este debate, como lo ha señalado el Ministro del Interior.
Y el objetivo de nuestras acciones debe apuntar efectivamente a la búsqueda de una solución razonable, que evite una tragedia mayor.
Hemos pedido que se forme una mesa de diálogo. Y es cierto que lo ideal es dialogar sin medidas de presión, por los precedentes que se generan. Sin embargo, la porfiada realidad -digo "porfiada", porque no soy partidario de que se llegue al extremo de utilizar una huelga de hambre como mecanismo de presión- a veces nos hace tener que enfrentarla no en las circunstancias en que desearíamos hacerlo.
Las Iglesias Católica y Evangélicas han pedido diálogo. El Presidente del Senado y la Presidenta de la Cámara de Diputados se han ofrecido para encabezar una mesa de diálogo, invitando al Gobierno y a las Iglesias a participar como observadores.
Está claro -como dije antes- que no es bueno dialogar bajo medidas de presión, pero siempre debemos privilegiar el mal menor. Todos sabemos cuál es el mal mayor.
Nosotros, los Senadores señor Andrés Zaldívar, señora Alvear y quien habla, nos abstuvimos en la Comisión de Constitución en la votación del proyecto enviado por el Gobierno. Ello obedece, en primer lugar, a que reconocemos que hay un avance, que la iniciativa tiene aspectos muy positivos, pero que puede ser perfectible, mejorado. Además, porque ciertas normas merecen una discusión más lata, más larga, las cuales, en algunos casos, estamos dispuestos a aprobar, pero en otro momento. Y, en un sentido positivo, nuestra abstención también se explica como una invitación al diálogo.
La buena noticia es que el Gobierno le ha pedido al Obispo Ezzati que actúe como un facilitador, como un promotor, para que efectivamente exista un diálogo tendiente a buscar una solución al drama que afecta a los comuneros mapuches en huelga de hambre.
Ese hecho nos permite tener una disposición distinta a la hora de pronunciarnos en esta sesión.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado trabajó los días viernes, sábado y domingo. Por ello, felicito a la Presidenta de la Comisión, Senadora Soledad Alvear, por habernos citado a sesionar durante el fin de semana.
A mi juicio, en esta discusión, todos debemos actuar con responsabilidad política. Porque si empezamos a descalificarnos y a responsabilizarnos por los errores del pasado, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso, me alegro por el tono del debate habido hoy día en este Hemiciclo.
Esta Oposición quiere actuar pensando en Chile. Y todos -Gobierno y Oposición- tenemos que pensar en el país, con una visión de Estado, sin caer en pequeñeces ni en descalificaciones baratas. El asunto en juego es demasiado delicado. No es el momento de los gustitos personales, sino de la generosidad y de la grandeza.
Respecto al proyecto, señor Presidente, es preciso señalar que necesitamos una ley eficaz. Toda democracia necesita una ley antiterrorista para ser eficaz. El terrorismo constituye una violación a los derechos humanos, y las personas que hacen del terror su oficio merecen ser sancionadas con toda dureza. Pero, al mismo tiempo, se requiere una legislación justa, que establezca sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos que se cometen, respetando las normas y las garantías del debido proceso.
Por eso, vamos a presentar una indicación sustitutiva que recoge lo mejor de lo que propone el Gobierno: lo relativo a la presunción; la eliminación del derecho penal de autor, que permite juzgar a la gente por su personalidad; el establecimiento de algunas medidas respecto del incendio, lo que también acogeremos en determinados aspectos. Y, con tal objeto, en la tarde de hoy entregaremos nuestras propuestas a fin de que, efectivamente, podamos contar con una buena legislación.
Hay que pensar, señor Presidente, en la coyuntura, pero también en tener una ley adecuada.
Nadie quiere impunidad. Los delitos deben ser juzgados y sancionados. Por supuesto que es preciso pensar en las víctimas, quienes han sido objeto de delitos atroces, pero también hemos de ser capaces de que exista un justo proceso, que se respeten los derechos de los imputados. Y, para eso, se requiere una buena ley.
Para Eliseo Ñiripil, de 22 años, acusado por incendio y amenazas, piden 80 años de cárcel, ¡80 años de cárcel! ¿Qué establece el Código Penal? Sanciona con 5 a 20 años el delito de incendio; la misma pena para el delito de violación.
¿Es justo que se pida 80 años de cárcel para ese comunero y no lo que establece el Código Penal?
Eso es, precisamente, lo que queremos solucionar en el proyecto a través de nuestras indicaciones. Para tal efecto se requiere que haya igualdad ante la ley. Que nadie se sienta con el derecho a ejercer el terrorismo en el país por pertenecer a un grupo, a una religión, a una etnia, pero, al mismo tiempo, que ninguna persona sea juzgada indiscriminadamente por leyes que no se aplican en otros casos, tratándose de hechos de la misma naturaleza.
¿Me permite un minuto más, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Vamos a hacer una excepción con Su Señoría, pues casi nunca interviene.
El señor WALKER (don Patricio).-
Gracias.
Por eso, votaremos a favor de la iniciativa, en general, y esperamos poder formularle las indicaciones, para mañana votarla en particular.
Espero que muchos señores Senadores apoyen nuestras propuestas que -insisto- recogen lo mejor, lo positivo del proyecto presentado por el Gobierno, introduciéndole algunas normas que lo perfeccionan, con el fin de despachar una buena legislación.
Insisto: no solo hay que pensar en la coyuntura, sino también en que nuestro país cuente con una adecuada ley antiterrorista para los próximos 20, 40 ó 100 años.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Hoy, en la tarde, la Comisión analizará las indicaciones y mañana las votamos en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, al iniciar esta reflexión, deseo recordar el planteamiento hecho por el Senador señor Espina cuando hizo uso de la palabra. No es la primera vez que debatimos temas vinculados al pueblo mapuche, a esos chilenos que desde hace mucho tiempo han sufrido la postergación. Porque las políticas que el país ha aplicado al respecto no los han favorecido, lo cual, en cierto modo, justifica y explica tal postergación, vulnerabilidad y la situación de riesgo en que viven.
Alguien podría pensar que me refiero a los Gobiernos de la Concertación, pero no, estoy hablando de décadas de postergación. Y, por cierto, a pesar de que estos últimos intentaron hacer esfuerzos, no tuvieron resultados muy positivos con sus políticas destinadas a la etnia mapuche. De manera que Chile sigue en deuda.
La última encuesta CASEN -según se recordaba- arroja resultados que reflejan en forma patente que el problema no es de hace muchas décadas, sino que lo sigue siendo en la actualidad. Porque, entre 2006 y 2009, mientras la pobreza e indigencia en Chile aumentaba de 16,9 a 18,8 por ciento, en La Araucanía se incrementaba de 26,2 a 36,1 por ciento. Es decir, la situación empeoró en estos últimos años en porcentajes francamente alarmantes.
Más allá del episodio específico, grave y complejo que vivimos, espero que lo que no ocurrió hace 7 años -cuando el Senado realizó un estudio bastante profundo sobre la materia, llamando a aplicar políticas que resolvieran el origen de los problemas que a muchos mapuches, con razón, los mantiene en una situación de mucha irritación y vulnerabilidad-, suceda en esta oportunidad y hagamos algo como país.
Aquí se requiere acuerdo para que el pueblo mapuche alcance el desarrollo, la paz y la justicia social. Probablemente, también para otras etnias originarias. Pero aquel, por su tamaño, por su envergadura, por su integración en muchos sentidos a la nación, tiene y necesita un trato especial. Y espero que no lo olvidemos una vez superado este episodio.
Por otra parte, considero importante hacer una breve reflexión sobre las huelgas de hambre.
Entiendo el planteamiento que hizo el señor Ministro del Interior, en el sentido de que las huelgas de hambre motivan reacciones especiales, sin que ello implique abandonar las convicciones. Me parece un planteamiento correcto en lo central. Sin embargo, me preocupa que por consideraciones prácticas o situaciones muy coyunturales y apremiantes validemos el método de presión -la huelga de hambre- como un sistema de recurso permanente.
Hoy día, existen numerosas deudas sociales, conflictos y problemas pendientes. Me pregunto si acaso entraremos en ese vértigo e incorporaremos tal mecanismo como la forma de expresar los puntos de vista. Ello resulta muy complejo, porque plantea, en quien es presionado por esa vía, un dilema moral muy difícil, lo cual hace que, probablemente, si se actúa con debilidad o sin apego a convicciones o a las instituciones, se pueda poner a cualquier gobernante, a cualquier Estado, a cualquier país en situación de indefensión frente a estos hechos.
Hoy leí en la prensa que en Punta Peuco un grupo de militares se había declarado en huelga de hambre, la que finalmente declinó. Afortunadamente, porque parecía un recurso bastante equivocado.
Pero no sabemos si otros grupos en el futuro, a raíz del caso que nos ocupa hoy, harán lo mismo, no entendiendo que se trató de una situación especial, en que se recurrió por otras vías a resolver un problema sin que ello implicara una debilidad del Estado.
No estoy hablando del Gobierno actual, ni del anterior, ni del futuro, sino de una forma de resolver conflictos donde presiones que limitan con lo correcto dentro del ámbito moral pueden cambiar la manera de hacer gobierno.
Respecto al problema específico, tengo la impresión de que es evidente que su envergadura obliga a una actuación especial. Y valoro que el Ejecutivo haya tomado algunos caminos que ayudan a solucionarlo. Las dos propuestas legislativas que planteó, la que modifica el Código de Justicia Militar para hacerlo inaplicable a civiles y la que enmienda la Ley Antiterrorista -la que estamos analizando en este momento-, son señales que, a mi parecer, nos permiten acercarnos a lo que todos queremos: que los comuneros mapuches depongan la huelga de hambre y se instalen a dialogar.
Me parece que debemos buscar caminos racionales, apegados a la lógica humana, para poder zanjar estos problemas.
Si la Mesa me concede un par de minutos más, me gustaría hacer una última reflexión sobre esta materia.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Conforme, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Gracias, señor Presidente.
Pienso que, con el llamado a Monseñor Ezzati y con la colaboración prestada no solo por la Iglesia Católica sino también por las iglesias evangélicas, se está generando el ambiente para el diálogo en que, llegado el minuto, todos tendrán que participar, sin necesidad de condicionamientos previos.
Estamos avanzando en esa línea.
Por eso, me alegro del consenso que ha suscitado este proyecto (recién oí al Senador Girardi votar a favor de la idea de legislar), sin perjuicio de que lo perfeccionemos a través de indicaciones para que nos dé la tranquilidad de que nos quedaremos con una ley antiterrorista que cumpla la misión de combatir el terrorismo -porque no estamos ajenos a ese flagelo-, pero en forma racional; porque en su formulación actual hay -ya se ha repetido- demasiados elementos que hacen que su aplicación pueda resultar injusta para muchos.
Pero no olvidemos que, como dice nuestra Constitución, "El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.". Es ese también un elemento que debemos tener presente.
Y, a la inversa, por el hecho de ser mapuche o de otra etnia o de cualquier condición social, económica, en fin, nadie puede estar excluido a priori de la posibilidad de cometer un acto terrorista.
Por lo tanto, la igualdad ante la ley nos debe poner a todos en la misma situación. Si tenemos una ley justa y alguna persona, mapuche o no mapuche, comete los actos sometidos a su imperio, debe sufrir las consecuencias.
Si la normativa vigente en esta materia se ha aplicado mal o tiene conceptos equivocados, corrijámosla. Pero, una vez que la hayamos reformado, apliquémosla por igual a todos. Y si hay problemas relacionados con el mundo mapuche, resolvamos la causa de ellos, pero no por eso modifiquemos la forma de afrontar las conductas contrarias al Estado de Derecho.
Voto que sí.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente, nos encontramos ante una circunstancia un poco difícil y compleja.
Sin duda, nadie en estas bancadas pretende que no exista en Chile una ley antiterrorista.
Nos parece que todo terrorismo constituye una violación flagrante a los derechos humanos.
El terrorismo de Estado es una de las situaciones que consideramos más graves, porque en él se utilizan la estructura y el poder del Estado para causar terror en la población y provocarle a la sociedad un daño inigualable, inimaginable.
Por lo tanto, en estas bancadas no hay nadie que quiera debilitar la Ley Antiterrorista.
Pero esa es una ley especial que existe hoy en democracia. Y estamos en un Estado de Derecho. En consecuencia, hay normas que son especiales y que deben tener una consideración de esta índole para ser aplicadas.
En nuestra opinión, no basta que simplemente se califique de "acto terrorista" aquello que puede ser investigado y sancionado por la ley común, la cual contempla penas gravísimas para determinados delitos que pueden estar considerados en ello.
Por eso hemos planteado observaciones e intentado hacer diferencias frente a lo que es la Ley Antiterrorista.
¿Por qué digo que estamos enfrentados a un problema? Porque hay -y todos reconocemos que es así- 34 comuneros mapuches en huelga de hambre, con peligro para sus vidas, y no habíamos tenido posibilidad alguna de diálogo del Gobierno con la Oposición para procurar llegar a un acuerdo.
El proyecto fue presentado. En la Comisión tuvimos un largo debate, de distinta naturaleza. El texto original contemplaba 38 artículos. Obviamente, eso imposibilitaba legislar con la rapidez requerida. Y el Gobierno se allanó en aquella discusión a reducirlo a 8 ó 9 disposiciones, para los efectos de buscar una solución directa al problema que hoy enfrentamos.
Naturalmente, nosotros no queremos debilitar la Ley Antiterrorista o sacar a una etnia de esa normativa. Lo que deseamos es que se cumplan condiciones claras y precisas para determinar cuándo se comete realmente un acto terrorista y cuándo la autoridad puede aplicar esa legislación.
En tal sentido, creemos que el proyecto del Gobierno es perfeccionable en términos de cómo se tipifica el delito terrorista y cuáles son las condiciones para que él tenga lugar. Y para esos efectos vamos a presentar una serie de indicaciones, pero con una finalidad cierta: no nos interesa en absoluto debilitar esa ley; queremos que ella exista y que se aplique como corresponde.
Yo leía en un diario de la mañana que el Fiscal Nacional decía que, si un anglosajón -me parece- cometiera un delito contra la Ley Antiterrorista, la iba a aplicar igual. Lo que pasa es que hoy día no hay ningún anglosajón preso: son todos mapuches, a quienes se les ha aplicado esa normativa en condiciones que no nos parecen correctas desde el punto de vista de lo que conocemos. No estoy interiorizado de los procesos; por tanto, no puedo opinar al respecto. Pero, sin duda es importante tener presentes las condiciones en que hoy día se aplica la Ley Antiterrorista.
La segunda cosa que nos interesa manifestar es que hay que modificar la justicia militar.
Al respecto, el Presidente de la Corte Suprema señaló, al interior del Pleno, algo que nos parece correctísimo: que en democracia no tiene por qué existir una justicia militar; que la justicia normal y corriente es suficientemente garantista, suficientemente dura, y reúne todas las condiciones para tramitar las causas que hoy se envían a aquella.
Aquí está el proyecto de ley relativo a la justicia militar, que también es enorme: tiene tal cantidad de artículos, que se va a requerir que el Gobierno se allane a buscar una manera de legislar con mayor prontitud, por la dificultad que enfrentamos.
Nos hallamos ante un problema cierto; hay gente cuya vida peligra. Entonces, estimamos que deben despacharse con celeridad estas materias, sin debilitar la legislación, pero estableciendo criterios objetivos, reales, correctos. Y, como he dicho, no debe aplicarse la Ley Antiterrorista simplemente porque a un señor fiscal se le ocurrió que los hechos investigados son constitutivos de conducta terrorista.
Por eso, vamos a formular una serie de indicaciones que, a nuestro parecer, fortalecen la forma como en democracia debe aplicarse la Ley Antiterrorista.
En los segundos que me restan, señor Presidente, quiero reiterar que en estas bancadas, al revés de lo que he escuchado, no existe ninguna pretensión de disminuir la garantía que para una sociedad democrática significa la existencia de una ley especial contra el terrorismo, pero con la condición de que se aplique a actos efectivamente terroristas y no como ocurre hoy día en Chile, al punto que comuneros mapuches se hallan más de un año encarcelados por tentativa o, más bien, amenaza terrorista.
Esas son las situaciones que deben corregirse. Y en ello vamos a colaborar, como hemos tratado de hacerlo durante toda la discusión del proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, el Senado está llevando a cabo un debate importante, pero accesorio desde la perspectiva de las motivaciones tenidas en vista para convocarnos hoy a los efectos de analizar una legislación que, no obstante que desde hacía mucho tiempo sabíamos de la necesidad de corregirla, recién ahora nos preocupa, por la existencia de una huelga de hambre que llega ya a límites insostenibles.
Peor aún: estamos discutiendo como cuestión de inquietud nacional un asunto que jamás ha sido debatido con este carácter ni por el Estado ni por sus órganos.
La situación del mundo indígena no tiene que ver con un sector político, sino con el Estado chileno.
Estamos celebrando el Bicentenario. Empero, señor Presidente, recién en 1881, ¡hace 130 años!, tenía lugar un parlamento, se hacía la pacificación de la Araucanía.
Allí -Octava, Novena y Décima Regiones actuales- aún no existía el Estado de Chile como dominador del territorio. Quien lo dominaba era el pueblo mapuche.
Durante estos 130 años ha habido por parte del Estado un despojo, pero no solo territorial, sino además de sus derechos, su cultura, sus costumbres, su tradición y su idioma.
Y hoy estamos debatiendo los efectos del daño que el Estado le ha ocasionado al mundo indígena en forma permanente.
Señor Presidente, a lo largo de 16 años fui Diputado por uno de los distritos con mayor presencia de indígenas. Pude compartir sus dolores, sus penas y, asimismo, sus alegrías. Conozco a cada una de las comunidades. Sé cómo piensan. Y la inmensa mayoría está dolida y considera que el Estado se encuentra en deuda con ella. Pero no por eso ha asumido una actitud violenta. Espera que aquel se dé cuenta de la existencia de una deuda histórica que aún no se halla saldada.
De la misma manera como en algunos países los movimientos indigenistas, en otras ocasiones, se han constituido por ambiciones independentistas, aquí, en Chile, la inmensa mayoría del mundo indígena está a la espera, todavía, de que el Estado tenga una preocupación central, no a propósito de una huelga de hambre y de la modificación tangencial de una ley como la que nos convoca, y promueva un debate nacional respecto a la respuesta que le dará a ese pueblo.
Aquí hay dos conflictos del Estado: uno con las mayorías indígenas y otro con quienes están en huelga de hambre, que no solo demandan una modificación a la Ley Antiterrorista o a los tribunales militares para lograr un juicio justo -porque no buscan la impunidad, sino (repito) un juicio justo-, sino también la satisfacción de aspiraciones políticas.
El Congreso y el Gobierno no pueden negar lo que no quieren ver. Aquí estamos ante una realidad: hay crecientes movilizaciones de indígenas por demandas independentistas.
No se trata de campesinos pobres que reclaman asistencia social, o más tierras, o agua, o caminos, o transporte. Lo que reclaman es otra cosa: un territorio, autonomía política. Es lo que se denomina "nación mapuche".
Eso no se ha debatido. No hemos creado condiciones para, desde el Estado, discutir con el mundo indígena y escucharlo; para que este tenga representación en las comunas, en el Congreso, en los gobiernos regionales; mucho menos, para crear un Parlamento Indígena que interlocute con el Estado.
¡Si el problema de fondo que afecta al pueblo indígena es precisamente su carencia de representación!
Entonces, ¿con quién nos entendemos?
¿Cuáles son las demandas del mundo indígena?
Hoy día estamos pidiéndole a la Iglesia que sirva de mediadora. ¿Mediadora de qué? De las modificaciones de la Ley Antiterrorista.
Y después de las enmiendas que se introduzcan, ¿que vamos a hacer en la próxima huelga?, ¿qué va a hacer el Estado respecto al pueblo indígena?
En mi opinión, señor Presidente, el debate debe ser mucho más profundo. No puede limitarse a la reforma de una legislación. Tiene que ver con cómo el Estado se hace cargo de una deuda histórica que no le ha pagado al mundo indígena, y en particular al pueblo mapuche.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, por cierto, voy a apoyar el proyecto del Ejecutivo. Quiero simplemente formular breves comentarios con relación al debate habido en esta Sala.
Primero -ya se expresó-, el de que, como Senado, debemos tener particular cuidado, tanto hoy como mañana, con un equilibrio complejo.
Efectivamente, nos hallamos ante una situación de urgencia, dramática. Pero también hay que precaverse de dar una señal en términos de que el Congreso Nacional, y especialmente el Senado, puede ser impulsado, llevado, presionado o coaccionado por situaciones de contexto a adoptar resoluciones que a la larga resulten inconvenientes.
Por lo tanto, un adecuado equilibrio entre tramitar los asuntos con la urgencia del caso y mantener el principio de no coacción es particularmente significativo.
En segundo lugar, aquí ronda un poco en el debate un espíritu en términos de que frente a la actual situación no hay que indagar, o buscar, o mirar las responsabilidades.
Yo, señor Presidente, abrigo dudas con relación a esa materia.
Creo que la gran diferencia entre la democracia y las dictaduras, por definición, reside en que en aquella debe existir responsabilidad, la que ha de expresarse.
Entonces, si determinada legislación ha sido promovida, impulsada y aplicada por un gobierno, hay allí cierta responsabilidad.
Podrá establecerse, en un ánimo constructivo, que no se discuta la responsabilidad en el mismo momento. Pero creo que el principio de señalar que cuando se registran situaciones de esta naturaleza no hay envueltas responsabilidades es, a lo menos, peligroso.
Considero que ello es muy significativo hacia adelante, cuando empecemos a analizar en particular -mañana o en el momento en que corresponda- las soluciones prácticas al problema, pues ahí el discurso sobre la no responsabilidad cambiará abruptamente y, en medio del calor del debate, se comenzará a sindicar responsabilidades.
En tal sentido, mucho me temo exposiciones en que se diga por ejemplo que, de no se aceptarse tal o cual enmienda, quienes actúen de un modo u otro serán responsables de las consecuencias que puedan derivarse de la acción pertinente.
Por consiguiente, lo relativo a cuán responsables somos frente a los hechos no puede dejarse de lado tan livianamente.
En tercer lugar, pienso que hay que reforzar un concepto que señaló el Senador señor Larraín y que de repente veo que se desliza en algunas intervenciones de los parlamentarios de la Concertación, porque, a veces, da la impresión de que algunos quisieran -y si es una mala interpretación, por cierto que me retracto de ella- algo así como establecer para nuestros pueblos originarios una exención generalizada de responsabilidad penal en relación con el terrorismo.
Francamente, creo que ese precedente, si alguien lo plantea así, es completamente absurdo. Si la ley sobre conductas terroristas presenta defectos, contiene errores y debe ser mejorada, entonces avancemos en ese camino. Pero algo completamente distinto es señalar que puede haber un grupo de chilenos al que, en razón de su origen étnico, simplemente no se le aplicará nunca, bajo ninguna circunstancia, en ninguna situación, dicho cuerpo legal.
Ahí media un marco conceptual que es preciso definir. Y estimo muy importante que todos esclarezcamos exactamente en qué situación nos encontramos. Mi criterio es que no puede existir esa especie de impunidad generalizada de algunos frente a la normativa aludida. Ello no correspondería ni a favor ni en contra de un sector, cualquiera que fuera su naturaleza.
Mi Honorable colega Chadwick hacía presente hace un rato que el concepto fundamental de la ley es la generalidad. Por lo tanto, pretender que se contemple una suerte de excepción -repito- en razón del origen de un determinado grupo es un principio del cual el Senado, a mi juicio, debe apartarse completamente.
Ojalá podamos mantener mañana el espíritu constructivo y alcanzar una adecuada solución legislativa para el problema que se plantea.
Y deseo formular una última consideración, señor Presidente. He escuchado muchas expresiones de solidaridad, con razón, respecto de la situación de nuestros pueblos originarios, pero me parece que faltan algunas palabras acerca de las víctimas, completamente inocentes, de actos de naturaleza violenta, frente a los cuales simplemente se reacciona, muchas veces, con indiferencia y silencio.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede intervenir el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, es reiterativo consignar que todos creemos que, en democracia, se requieren mecanismos para defenderla, uno de los cuales es sancionar a los terroristas, lo que implica una ley. Es algo que no está en discusión.
Tampoco debería estarlo que los mapuches no son Al Qaeda, ni talibanes, ni etarras.
Nos hallamos frente a un fenómeno de otra naturaleza. Estamos haciendo referencia a reivindicaciones cuyo origen histórico se encuentra en la ocupación militar de tierras que eran propias.
La señora MATTHEI.-
Ello ha sido así en todo Chile.
El señor LETELIER.-
En buena parte del territorio nacional y en América Latina.
Y uno puede discrepar profundamente de la metodología -en lo personal, no la comparto en modo alguno-, pero no cabe duda de que reivindicaciones étnicas como las que hemos conocido acá no son, al menos a mi juicio, producto de organizaciones terroristas con una estructura jerarquizada que actúan para infundir temor con miras a lograr un objetivo político.
Es en este punto donde tenemos una diferencia, sin duda. Se necesita un equilibrio en la sociedad, en los tipos penales.
No me parece, eso sí, que toda la humanidad estará equivocada cuando en Naciones Unidas se vea el caso de Chile. Vamos a encontrarnos con un país condenado porque a los pueblos originarios que reivindican tierras -reitero que lo hacen en una forma errónea, a mi juicio- se les califica de terroristas y se les pone en el mismo nivel que Al Qaeda, que entidades como Hamas, que grupos que se organizan y actúan con un gran poder destructivo.
No creo que sea eso lo que vivimos. Me parece que las situaciones políticas y la demanda de un sector llevaron a que el Gobierno que apoyé cometiera el error de invocar la ley en la materia. Por mi parte, siempre fui contrario a ello, pero asumo la responsabilidad política de que es algo que sucedió durante Administraciones de la Concertación.
Es cierto que constituye una facultad del Ministerio Público y de los tribunales la interpretación de una disposición legal. La única ocasión en que en los casos de violación de derechos humanos se llegó a invocar la asociación ilícita, no la ley sobre conductas terroristas, fue en el asesinato del General Carlos Prats. Resulta curioso. Porque es a los organismos jurisdiccionales -repito- a los que les corresponde la determinación del sentido y alcance de una norma.
Entiendo que todos queremos contribuir, señor Presidente, a la búsqueda de un equilibrio adecuado. Comprendo plenamente lo expuesto por el Honorable señor Allamand -y comparto ese juicio-, al igual que lo dicho por el Senador señor Larraín. Tenemos la responsabilidad de buscar equilibrios que le permitan a la sociedad defenderse del terrorismo, y todos debemos interpretar de la misma forma a este último. Porque no lo constituyen un delito violento, ni la quema de un edificio, ni el hecho de matar a 40 personas. Es más que eso. Constituye un fenómeno que se registra cuando existen organizaciones jerárquicas que persiguen la finalidad de provocar terror, como método para lograr un fin político. Y me parece que no es eso frente a lo cual estamos.
Adicionalmente, opino que abre puertas el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo -instrumento del cual somos parte, que integra nuestra institucionalidad y se halla incorporado a nuestro ordenamiento-, en particular en sus artículos 9º y 10. En el día de hoy he pedido una interpretación y un pronunciamiento formales de dicha entidad sobre los alcances de esas normas. ¿Por qué? Porque, más allá de ser cierto lo afirmado en orden a que las políticas hacia los pueblos originarios han sido insuficientes desde hace décadas -y no lo planteo porque quiera una discriminación per se, en materias judiciales, en favor de los mapuches-, no podemos olvidar que si ratificamos un tratado y reconocemos la idiosincrasia que los caracteriza, así como también procedimientos especiales, establecemos ciertas excepciones al respecto, no reglas generales, incluido lo penal.
Termino, señor Presidente, consignando lo siguiente. No cabe considerar que los únicos terroristas en Chile son mapuches, pero esa es la conclusión práctica que predomina hoy. Los procesados en virtud de la legislación respectiva son integrantes de pueblos originarios y han pedido juicios justos.
En lo personal, creo que parte de la caracterización del delito terrorista es el atentado contra la vida, contra la integridad física, no los ilícitos contra la propiedad per se. Y me parece que ello es parte del debate que sostendremos en relación con las indicaciones.
Pero les pregunto a Sus Señorías -y termino con esto-: ¿alguien puede sostener que los mapuches son Al Qaeda, etarras, grupos terroristas con una jerarquía? Porque otra cosa es la asociación ilícita que comete delitos. Los alcances son distintos.
Voy a votar a favor de la idea de legislar.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, mañana, 15 de septiembre, se cumple un año de la entrada en vigencia en Chile del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que esta Corporación aprobó.
Entiendo que se ha enviado una memoria. Con el Senador señor Navarro hemos enviado otra, porque nos parece que el contexto en que Chile se encuentra da cuenta al menos de dos miradas. Es cosa de presenciar el debate con algún grado de objetividad y nos damos cuenta de ello. Se registran visiones totalmente contrapuestas respecto del concepto de delito terrorista o de lo que concebimos como terrorismo en el mundo, o de lo que dispone la propia Constitución sobre el particular, que es muy distinto de lo que hoy están aplicando nuestros tribunales, entre otras cosas o fundamentalmente por la existencia de la ley sobre conductas terroristas.
Decía que mañana se cumple un año de la entrada en vigencia en nuestro país del mencionado instrumento internacional. El Presidente de la República realizará la próxima semana su exposición en las Naciones Unidas, donde todos sabemos que el tema de los derechos humanos ocupa un lugar especial en la agenda, y queremos que en ese foro, tan importante, le vaya bien, queremos generar las condiciones para que ello ocurra.
Me parece que la propia Cancillería ha emprendido un sinnúmero de otras acciones para que haya claridad en los consulados y embajadas respecto de lo que Chile está haciendo en el ámbito que nos ocupa.
Existe preocupación internacional por el asunto. ¡Por favor! ¡Si en los últimos días han acudido a conversar con nosotros en el Senado distintos embajadores, inquietos por lo que hoy ocurre y por el escenario adverso que nuestro país está enfrentando!
Entonces, cuando uno escucha el presente debate, más bien parece que nos situamos entre dos extremos: por un lado, la preservación a ultranza y a como dé lugar de la ley sobre conductas terroristas, en tanto que el resto representaría el caos, la impunidad total o la absolución de todas las condenas.
Se olvida que el Senado despachó hace diez años una reforma procesal penal que todos han calificado como muy efectiva y que contempla, para muchos de los delitos a los cuales ahora hacemos referencia, penas más altas que en cualquier país latinoamericano.
Sobre esa base, podemos repetir, en forma desapasionada, lo dicho por la Presidenta del Partido Por la Democracia, Carolina Tohá, cuando visitó hace algunos días La Araucanía. Se cometieron errores, por supuesto. Claro que sí. No compartimos la forma en que se aplicó la normativa.
Tampoco compartimos el emplazamiento que el Presidente de la República nos hizo ayer, como si este fuera un problema heredado de la Concertación. ¡Por favor! No quiero entrar en odiosidades ni en la reiteración de lo que cada uno expresó, partiendo por el Primer Mandatario durante su campaña, en el contexto de la muerte de un comunero mapuche en el sur, ni en lo señalado por muchos Honorables colegas en la Sala.
Considero que debiésemos concentrarnos en lo más trascendente, que es la modificación de la normativa, a la cual no se le han introducido enmiendas desde 1991. Se realizaron algunas adecuaciones a mitad de camino, cuando se dictó la reforma procesal penal. Por lo tanto, en la actualidad existe claramente un contexto distinto.
¿Quién puede defender hoy una ley sobre conductas terroristas que resulta más propia de un sistema dictatorial? Cabe recordar que ese cuerpo legal surgió, en 1984, como una forma de aplacar las protestas sociales, con un artículo 1° que disponía que cometían delito terrorista "Los que atentaren en contra de la vida o integridad corporal del Jefe del Estado, su cónyuge, ascendientes o descendientes".
De eso estamos hablando.
Y uno se pregunta qué tiene que hacer hoy dicho cuerpo legal en un Estado moderno.
Como lo señaló ayer el Presidente de la Corte Suprema, ¿qué tiene que hacer la justicia militar en una democracia de nuestros días?
En consecuencia, me parece que efectivamente media un mundo de diferencia.
Valoro la voluntad y disposición exhibidas por el Ministro señor Hinzpeter en la materia. Ellas quedaron demostradas en la reunión que sostuvo con Senadores de Oposición el lunes de la semana pasada. Considero que el proyecto en examen es un paso en la dirección correcta. Por ello digo que hoy día nadie defiende la ley sobre conductas terroristas como está y que es preciso adecuarla. El punto radica en si la iniciativa del Gobierno nos sirve o no.
Y, ¡cuidado!, no me refiero a que nos "sirva" por la cuestión de la huelga de hambre -me referiré al final a ello-, porque estamos legislando para el futuro.
En este aspecto, se puede tomar el camino de la doctrina y la opinión de algunos expertos y académicos. Pero algo puede ser útil. Efectivamente, en el artículo 1° se innova en cuanto a la eliminación de la presunción de finalidad terrorista, cuestión ya criticada incluso en la jurisprudencia, como ha ocurrido en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol y en otras partes del país. No obstante, se insiste, por la forma como se halla redactado, en mantener como única circunstancia de calificación la finalidad de atemorizar a la población. Según la doctrina, la alarma o temor que pueda generarse es más bien solo un medio.
Pero, dejando de lado el aspecto académico, estimo que lo importante es de qué manera definimos un tipo terrorista para el Chile de hoy. Como bien observaba el Honorable señor Letelier, ¿estamos frente a los terroristas más peligrosos del mundo?
El Ministro señor Bulnes hizo presente al comienzo de su intervención que el delito terrorista se tipifica para castigar la mayor crueldad que se cierne sobre una sociedad. ¿Podemos pensar en los mismos mapuches actualmente encarcelados, con penas de hasta 80 años, en circunstancias de que en todas sus causas no se incluye el caso de ninguna persona fallecida? Dicho sea de paso, sucede al revés: se registran tres mapuches muertos.
En tal virtud, señor Presidente, me parece bueno considerar a fondo cómo se construye el tipo penal. ¿Cabe contemplar el uso de medios catastróficos? Aquí media una planificación. La propia Constitución, en el artículo 9°,...
El señor PIZARRO (Presidente).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.-
Todavía queda la discusión particular.
El señor QUINTANA.-
Solicito algunos segundos para cerrar mi intervención.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Puede hacerlo, Su Señoría.
El señor QUINTANA.-
Vamos a aprobar la idea de legislar, señor Presidente, pero tenemos muchos reparos, porque creemos que el proyecto no logra adecuarse finalmente a lo establecido en los tratados internacionales suscritos por Chile, a lo que la comunidad internacional espera de nosotros y a lo que un Estado moderno requiere a esta altura.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, el presente debate da cuenta de lo complejo que resulta analizar enmiendas de una ley sobre conductas terroristas, tanto por sus disposiciones técnicas, jurídicas, como por el sentido político de un cuerpo legal de esa índole. Por eso, estimo que lo adecuado es hacerlo con la mayor calma y prudencia posibles.
Se trata de un instrumento del Estado no solo para el resguardo de la democracia, sino también de la tranquilidad ciudadana, a fin de garantizarla a cada chileno, a cada habitante del territorio. Por ende, el debate de modificaciones es en extremo relevante.
Este último ya lo sostuvimos hace años, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, cuando se alteró sustancialmente el texto legal existente en ese momento.
El llamado que se debiera formular para el análisis adecuado de una normativa de esta naturaleza es a proceder con un sentido de país y de futuro, de modo de percibir los riesgos que Chile puede correr ante eventos como los que se contemplan y la forma como hechos de violencia pueden alterar la normalidad institucional y la tranquilidad ciudadana.
A mi juicio, la ley sobre conductas terroristas vigente responde de manera adecuada a lo que se consideraba lo mejor en la década de los noventa. Por lo tanto, comparto la apreciación del Gobierno en el sentido de perfeccionarla. Pero también me parece importante tener presente que nos hallamos discutiendo una normativa compleja en un contexto donde se registra una presión de personas que están siendo procesadas o juzgadas o que han sido condenadas precisamente por la misma legislación a que hacemos referencia. Y, por ende, debemos tener muy presentes los hechos respecto de los cuales se realiza el debate.
¿Ha sido mal aplicada la ley? ¿Contiene normas claramente inconvenientes? Es preciso estudiarlo.
Porque muchos hablan hoy sobre la cuestión mapuche y la situación de los comuneros, pero pienso que la gran mayoría del país no tiene claros los hechos, los actos de violencia cometidos y quiénes son las víctimas por las cuales se está juzgando a algunas personas.
Entonces, estimo muy importante, también, hacer una distinción en el sentido de lo que aquí se ha planteado: el pueblo mapuche no es terrorista. Comparto esa apreciación. Represento a toda una zona -Tirúa, Cañete, Contulmo, Alto Biobío- donde existe una presencia muy significativa de pueblos originarios, y puedo afirmar, con absoluta responsabilidad, que son pacíficos y actúan dentro de la normalidad institucional. Pero sí operan grupos violentistas que interesa que no se puedan cobijar en una etnia para no ser juzgados por una normativa absolutamente clara y concreta.
Por lo tanto, tenemos que ir avanzando en la determinación de nuestros puntos de diferencia.
Coincidimos en que el pueblo mapuche no es un pueblo terrorista.
¿Estamos de acuerdo en que hay personas juzgadas por una situación de protesta social? ¿Estamos de acuerdo en que hay procesados por expresar una reivindicación? Me parece que ahí podemos tener una discrepancia.
El Senador que habla piensa que la respuesta es negativa. Considera que cuando el Presidente Lagos o la Presidenta Bachelet invocaron la ley sobre conductas terroristas ante los tribunales de justicia no lo hicieron por hallarse frente a una protesta social o a un mero hecho de reivindicación, sino por cometerse actos de violencia que dejaron víctimas y provocaron daños y perjuicios a la sociedad. Emboscar a un fiscal no es una acción de protesta social, sino un hecho terrorista. Y eso debe quedar claro ante el conjunto de la comunidad, lo haga quien lo haga. Emboscar a una persona que tiene el mandato nacional de investigar actos delictivos reviste, sin duda, la máxima gravedad.
Por lo tanto, quienes están siendo juzgados o procesados por ello claramente no están buscando una reivindicación ni tampoco puede considerarse que se encuentran efectuando una protesta social. Se trata de un hecho delictivo que requiere que el Estado verdaderamente investigue, juzgue y, por último, sancione.
Por lo expuesto, creo que el presente debate -ha habido un avance sustancial, pues los Senadores de la Concertación están votando a favor, en circunstancias de que en la Comisión se abstuvieron- debe llevarse a cabo con la mayor altura de miras y teniendo claridad respecto de nuestras discrepancias y de nuestros acuerdos sobre la materia.
Voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, definitivamente los árboles a veces no permiten ver el bosque. Porque nos enfrentamos a un debate muy coyuntural y en realidad debiéramos preguntarnos por el origen del conflicto. Un médico que quiera resolver un problema no solo ha de atender a lo que fluye de la piel; también debe preguntarse por el fondo de la enfermedad. Y si es un buen profesional tiene que curarla; no simplemente atacar lo superficial.
Aquí estamos hablando de erupciones, de explosiones, de una enfermedad más bien profunda, que es haber olvidado la real causa de la crisis: la lucha por tierras.
Cuando, después de la Guerra del Pacífico, comienza la pacificación de la Araucanía, el Estado chileno inicia un proceso de marcaje, de recuperación. Y este Congreso declara -pido las actas, señor Presidente, que ojalá pudieran ser adjuntadas-, sobre la base de la Constitución de 1833 -obra de Diego Portales-, artículo primero (relativo al derecho a la propiedad), que las tierras al sur del Biobío, ocupadas por indígenas, eran territorio chileno. Y si lo eran, tenían dueño. ¿Quiénes? Aquellos que las ocupaban: los mapuches. En esa época, entonces, comienza el marcaje de las tierras, que se hace después del genocidio, después de que los arrasan en el sur, después de que los arrinconan.
Estamos frente a un problema de fondo, que ya abordó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada por Patricio Aylwin. Esta elaboró un informe que fue entregado al país, concluyendo que las comunidades mapuches perdieron sus tierras por apropiación de particulares, por sentencias judiciales, por la superposición de deslindes y también porque particulares ajenos a las comunidades se quedaron con ellas.
¿Y qué sostiene el informe, en su página 644? Que "la Comisión pudo constatar, sin embargo, que hubo diversos períodos históricos en que mediante múltiples mecanismos -simulaciones, fraudes a la ley-" (o sea, métodos ilícitos) "dicha prohibición fue burlada, produciéndose así procesos de enajenación de esas tierras".
Nadie puede dudar de que la tierra fue arrebatada a los mapuches de manera ilícita. Eso se encuentra claramente establecido. La pregunta radica en qué hace el Estado hoy para resarcir un error que no cometimos nosotros y que se arrastra ya por siglos. Y ese es el esfuerzo que debiéramos llevar adelante.
El Senador Chadwick hace una apelación. Señala: "Se va a debilitar la seguridad de las personas. ¿Quién puede garantizar que no nos pondrán cien bombas?". ¡Eso sí que es hacer terrorismo! ¡Eso es causar terror! ¡Eso es decirle a Chile: "Estamos discutiendo una ley donde las personas, los niños, van a quedar desprotegidos"!
Lo que queremos es una ley que garantice lo sostenido por el Ministro Hinzpeter, que ha sido coherente; un país en que la ley no discrimine a las personas; un sistema que parta de la presunción de inocencia; un derecho penal de autor en virtud del cual una persona no sea condenada, debido a su condición, a su experiencia anterior, por hechos que no han existido, sino solo por presunciones.
Lo que queremos, entonces, es efectuar un debate para ver cómo subsanar un error político. Porque la Concertación reconoce que lo cometió; aplicamos la ley erróneamente. En consecuencia, tenemos que resolver si ciertos hechos son o no terroristas.
El Senador Pérez Varela plantea: "Emboscar a un fiscal es un atentado terrorista". Bueno, pero primero demostremos que existe el atentado. Lo que el Gobierno y el oficialismo hacen es presumir a partir de antecedentes aún en investigación. Porque todo está en proceso, no hay sentencias condenatorias.
De la Ley Antiterrorista cuestionamos que admita el uso de testigos sin rostro y que los casos se apoyen básicamente en sus declaraciones.
También nos preocupa el tema de los fiscales. Hay que revisarlos. Son otro "monstruito" creado que hoy no tiene control. ¿Quién los fiscaliza? Aquí los abogados me podrán decir: cuando se equivocan. ¡El 70 por ciento de las causas que se les denuncian se encuentran archivadas! Y se equivocan y se equivocan porque nadie los preparó. Yo estoy por fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, pero también estoy por que se capaciten más. Tuvieron detenida dos años a Elena Varela, acusándola de terrorista, y resultó que no lo era. Mantuvieron preso 17 meses a Jaime Huenchullán, Lonco de Temucuicui autónomo, por terrorista, y sucedió que tampoco lo era; está en libertad. O sea, se han equivocado. ¡Esperemos que se investigue!
Los mapuches no están pidiendo clemencia, sino un justo y debido proceso que la actual Ley Antiterrorista no garantiza. Eso es lo que deseamos cambiar, a fin de que haya condiciones para un debido proceso.
Se han presentado cuatro proyectos sobre la materia. Uno de ellos es el del Gobierno, que votaré a favor, señor Ministro, porque quiero que se legisle para cambiar la normativa vigente. Pero vamos a formular indicaciones que aseguren que se logrará el efecto deseado.
Ya había otras iniciativas -una del Senador Tuma, una del Senador Zaldívar y otra del que habla-, presentadas hace meses, las cuales buscaban el mismo objetivo.
Entendemos que aquí hay que legislar como Estado, como país. Pero buscaremos las adecuaciones que efectivamente permitan provocar los cambios para que haya un debido proceso y para que los mapuches terminen su huelga de hambre.
Ese es el objetivo.
Se avanzará si nos allanamos a eso y el Gobierno coopera. Este ha llamado a Monseñor Ezzati -obispo de mi ciudad, Concepción-, tardíamente, en mi opinión, pero es bueno que lo haya hecho. Yo me alegro, señor Ministro, de que se haya tomado esa decisión, para que todos contribuyamos en la búsqueda de una solución.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente, a lo mejor las modificaciones que se introducirán en la Ley sobre Conductas Terroristas nos abren la posibilidad de iniciar un diálogo acerca de los problemas de fondo que mantiene el Estado chileno con el mundo indígena.
Más allá de tales enmiendas, considero importante establecer si el Estado de Chile tiene o no la voluntad de incorporar en su legislación las obligaciones asumidas al suscribir el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
El pueblo indígena desea saber si el Estado de Chile está dispuesto a incorporar sus derechos colectivos -contenidos en el citado Convenio- en nuestro ordenamiento jurídico; sus derechos territoriales; todo lo que dice relación al derecho de propiedad; el derecho al respeto por su vinculación espiritual; el derecho a no ser relocalizados; sus derechos sobre los recursos naturales; sus derechos culturales; los derechos a la salud, a la educación y al trabajo.
Creo que esos son los temas que, además de la Ley Antiterrorista, tienen que hablarse con el mundo indígena, porque así lo dispone el Convenio 169, que permite la interlocución entre las etnias originarias y el Estado de Chile.
Y aprovechando esa posibilidad, se debe resolver si existirá o no reconocimiento a la costumbre indígena como fuente del Derecho chileno. Esto es importante, pues los artículos 1, 2.2, 8, 9, 17 y 35 del Convenio vinculan al Estado de Chile a respetar o al menos tener en consideración las costumbres y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, no solo en cuanto a su regulación autónoma interna, sino también cuando se adopten decisiones por parte de cualquier autoridad que pudiesen afectarles, tales como el sistema punitivo penal. Y aquí estamos estableciendo un ordenamiento punitivo.
Finalmente, quiero mencionar que hace alrededor de dos años, con motivo de la discusión del proyecto sobre reconocimiento de los pueblos originarios, en la Comisión de Constitución -presidida en ese momento por el Senador señor Espina- se generó un gran encuentro con más de cien organizaciones indígenas del país: las más representativas del mundo mapuche, las diaguitas, las pascuenses, las quechuas, las kawashkar de la Región de Magallanes. Y en esa oportunidad nosotros recibimos, considerando lo que señala el Convenio 169 respecto de la consulta, todas las observaciones que ellos plantearon sobre aquel proyecto.
Lamentablemente, esa iniciativa también se tramitó frente a problemas más o menos similares a los que estamos viviendo hoy día, con mapuches detenidos y a quienes se les había aplicado la Ley Antiterrorista.
Sin embargo, debo confesar mi decepción por no haber podido avanzar en ese proyecto debido a responsabilidades que deberán asumir tanto el Gobierno de la época como también la Oposición de ese entonces.
Voy a aprobar la iniciativa en debate, con la esperanza de que, como se reconoció al comienzo de la sesión, sea el principio de un gran encuentro entre el Estado y el mundo indígena para resolver los problemas de fondo que no se solucionan definitivamente con esta normativa.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, en primer lugar, debo manifestar que no es justo estigmatizar a los mapuches como un pueblo violento o terrorista. Nadie desde estas bancas pretende hacer eso.
Represento a la Región de La Araucanía. Estoy sentado en este escaño con un importante apoyo del pueblo mapuche y con muchos votos de sus integrantes. Me siento honrado de ello y, por supuesto, también me considero su representante.
El pueblo mapuche es trabajador, esforzado, espiritual; constituye una gran riqueza para Chile y, como tal, debemos quererlo, respetarlo, integrarlo plenamente al desarrollo de nuestra nación.
Distinta es la situación de aquellos que, siendo mapuches o no, realizan actos violentos, provocando que el fiscal a cargo de la investigación solicite a los tribunales catalogar tales hechos como delitos terroristas. Igualmente diferente son las situaciones que se presentaron cuando autoridades del Ministerio del Interior o gobernadores de la época -todos ellos militantes de la Concertación- llevaron adelante querellas por conductas terroristas en los casos, por ejemplo, del atentado contra el fiscal Elgueta -quien fue violentamente atacado-, del asalto al peaje de Quino, o del ataque sufrido por la señora Giselle Martínez Méndez, una persona enteramente inocente cuyo vehículo resultó con 182 perdigones en su estructura, acción que se repitió luego con otros dos automóviles.
Para mí, hechos tan violentos como esos, más allá de lo que en definitiva resuelvan los tribunales conforme a sus facultades constitucionales y legales, son claramente terroristas y creo que la sociedad debe protegerse de ellos, independiente de quienes los cometan.
Aquí, señor Presidente, queda en evidencia que tenemos dos visiones completamente distintas frente al problema.
Hace tres semanas, aproximadamente, se inició un proceso por conductas terroristas en contra de personas que colocaron más de cien artefactos explosivos en la Región Metropolitana. Lo resolverán los tribunales, pero pienso que eso también es terrorismo.
Me parece que los ciudadanos honestos de nuestro país tienen derecho a que una bomba no les perturbe su descanso en la noche o su trabajo al mediodía, y nuestros estudiantes, a que su sano interés por progresar y querer ser más a través de los estudios no se vea interrumpido por la detonación de un artefacto explosivo.
¡Chile necesita protegerse del terrorismo!
Comparto las modificaciones a la Ley Antiterrorista que ha impulsado el Gobierno del Presidente Piñera, principalmente a través de su Ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter. Las considero tremendamente serenas, atinadas, criteriosas, pues, por un lado, proponen bajar las penas para el delito de incendio y terminar con las presunciones, y por el otro, incorporan como delitos terroristas otras acciones ilícitas, como las que se cometen en el ámbito nuclear.
Pero no nos engañemos, señor Presidente. El Senado tiene hoy la gigantesca responsabilidad de no legar a las generaciones futuras terrorismo, sino paz, progreso y bienestar.
Voto favorablemente.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, celebro el ambiente de entendimiento que se ha dado en este Hemiciclo. Cada vez que lo veo me persuado más de que estamos en un Parlamento, donde se busca conversar, dialogar, buscar acuerdos.
Me congratulo de ser testigo de un proceso de esa naturaleza y, en esa línea, felicito públicamente la actitud que han mostrado tanto la Concertación como la Coalición por el Cambio, pero, sobre todo, valoro la actitud y la coordinación que ha ejercido el Ministro del Interior en cuanto a dar los pasos necesarios para que Gobierno y Oposición establezcan puentes de comunicación.
Con la misma claridad, quiero decir que me encanta ver cómo se aproxima una lógica de equilibrio, de simetría. Y llamo a aquellos que, a mi juicio equivocadamente, pretenden justificar lo injustificable a que asuman una realidad.
Frente a acciones tan violentas como el incendio de viviendas, casas habitadas, campos, graneros, bosques; como atentados armados en los cuales no dispara solo uno, sino varios -y, en algunos casos, a la cara; es lo que le sucedió a un policía-; como ataques con boleadoras, cuyos efectos son iguales de mortíferos que los de un disparo; como atentados con bombas, uno no puede sino reconocer que se está ante algo más que una reivindicación, ante algo más que el reclamo por una deuda histórica.
Ese es el primer punto que deseo aclarar.
En segundo lugar, quiero referirme a la deuda histórica.
A mí me parece que este Parlamento haría muy bien en actuar proactivamente hacia el futuro. Y el Estado hace bien cuando recupera tierras y busca lograr cierto equilibrio. Ese gesto denota que hay conciencia del problema. No obstante, pienso que debemos actuar mucho más proactivamente.
Tuve la ocasión de visitar a las comunidades cherokees en Estados Unidos con el propósito de analizar una situación similar. ¿Qué me dijeron ellos? "Hay tierras que son francamente irrecuperables y el Estado debe ser proactivo. Con nosotros lo fue y nos permitió participar de licencias en un ámbito del comercio -en este caso, el del juego-, lo cual nos ha permitido educar a numerosas generaciones, reivindicar ciertos derechos y promover el desarrollo a través de un soporte económico sustentable en el tiempo".
Estimo, pues, que debemos ser más proactivos en ese sentido.
En cuanto a las señales, me preocupa ver que el Estado está siendo empujado, coaccionado. Me alegro de que el señor Ministro lo reconozca y asuma el hecho como tal, pero ojalá ello no siente un precedente que pueda acarrear efectos muy negativos. Atentar contra la propia vida por la vía de la huelga de hambre como una herramienta para ejercer coacción me parece totalmente inadecuado, y no solo habla mal de quienes la llevan adelante, sino también de nosotros, por no ser capaces de reaccionar con oportunidad. Por eso valoro el espíritu que comenté al comienzo de mi intervención y que refleja lo que está ocurriendo en la Sala.
La justicia debe ser igual para todos; debe haber simetría y debe haber un proceso justo. Y, en ese sentido, habrá que efectuar todas las correcciones que sean necesarias.
Por otra parte, considero que en el tema de los derechos humanos todos, de una forma u otra, tenemos una deuda. Así lo he declarado en múltiples foros, nacionales e internacionales.
Me genera desconfianza cuando veo clamar al cielo pidiendo justicia por atropello a los derechos humanos en un sector y guardar silencio hipócrita cuando ocurre algo similar en otro.
Eso no significa defender los derechos humanos, sino ser hipócrita y usarlos como argumento en beneficio de una parte de la población.
Debemos defender los derechos humanos de todos los sectores.
Esa es una tarea que se irá perfeccionando en el tiempo.
No puedo sino votar a favor del proyecto con mucho entusiasmo, porque este espíritu y este ambiente en el Parlamento resultan muy propicios.
Y, aun cuando podamos ser blanco de algunas críticas por oponernos a la coacción, según algunos, creo que el bien superior involucrado, el establecimiento de un espacio de diálogo, requiere una proactividad mucho mayor, para evitar ser contestatarios o reaccionarios y actuar con la oportunidad que corresponde.
El señor PIZARRO (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, los Senadores de la Concertación hemos estado concurriendo con nuestro voto favorable a la aprobación de esta iniciativa legal.
Como se ha señalado en las diferentes intervenciones, teníamos nuestra propia fórmula. Pensábamos que ella contribuía de manera más eficaz a resolver el problema en cuestión y que en este caso afecta a todo el país: la huelga de hambre de un numeroso grupo de personas que podría causar una grave lesión al prestigio del país, especialmente en el ámbito internacional, y que, en lo relativo a la paz social, no cabe duda de que es del todo conveniente resolver a la brevedad.
Debemos saber distinguir. Es cierto que se está frente a una acción terrorista cuando se incendia un bus con pasajeros. Pero, ¿cuándo se comete el error? Cuando se considera que la demanda mapuche es propia de un movimiento terrorista. Ella tiene que ver con la diversidad de nuestra sociedad, con su multiculturalidad, y es de origen histórico y étnico. Por eso, estoy convencido de que ningún sector político se puede desentender de ella.
Resulta muy inconveniente caer en el ejercicio fácil de decir que el culpable es el otro y no uno mismo. Porque todos sabemos que el conflicto mapuche proviene no solamente de los orígenes del Estado de Chile y de la herencia que recibimos como iberoamericanos, sino, además, de construcciones culturales e ideológicas que ha habido por siglos en el país.
La idea de la raza chilena entendida de modo excluyente fue aplicada con extremo rigor asimilacionista en el Régimen dictatorial.
Eso no lo podemos negar ni ocultar.
Durante mucho tiempo se pensó que había un solo tipo de chilenos, en el cual, por supuesto, los mapuches no se hallaban incluidos.
Y esa herencia cultural fue aplicada -como dije- con extremo rigor por el Gobierno militar. Pero no nació con él, pues venía desde antes, y ha estado pesando sobre la comunidad democrática nacional.
Me alegro profundamente de que en el curso de los últimos años los parlamentarios hayamos concurrido a legislar, en forma unánime, respecto de una nueva forma de comprender nuestro país; de aceptar su diversidad; de entender que conformamos una sociedad democrática en la que no hay únicamente la representación -entre comillas- de esa raza chilena que no incluía a los pueblos originarios; donde el indígena era discriminado o tratado como de segunda o tercera clase.
Entonces, es necesario reconocer que todos hemos ido evolucionando y cambiando la mirada, en particular con la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y la perspectiva final tiene que ser el pleno reconocimiento de la diversidad de la sociedad chilena.
Desde ese ángulo, está el riesgo cierto y permanente de que, por las acciones de algunos, se tienda a confundir la reivindicación del pueblo mapuche con un movimiento de carácter terrorista, en circunstancias de que aquella es de diferente signo; de otro carácter; tiene otro sentido, diferente origen y arrastra una historia distinta.
En consecuencia, espero que seamos capaces de seguir en este diálogo y de profundizar, con una mirada nueva, en lo que somos como chilenos. Y en ello sí tienen que estar incorporados los pueblos originarios, no para asimilarlos y terminar con su cultura, sino para que sean plena parte de nuestra nación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Frei (don Eduardo) y Ruiz-Esquide.
El señor PIZARRO (Presidente).-
De acuerdo a lo resuelto por los Comités, esta tarde sesionará la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de estudiar las indicaciones y la Sala proceda a votar en particular la iniciativa en la sesión ordinaria de mañana.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:31.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción.