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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en martes 13 de diciembre de 1994
Ordinaria
(De 16:23 a 20:35)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, PROSECRETARIO
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Alessandri Besa, Arturo
--Bitar Chacra, Sergio
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Cantuarias Larrondo, Eugenio
--Cooper Valencia, Alberto
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Díez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Bolívar, Arturo
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Larre Asenjo, Enrique
--Lavandero Illanes, Jorge
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Otero Lathrop, Miguel
--Páez Verdugo, Sergio
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Sule Candia, Anselmo
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Subsecretario de Minería.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:23, en presencia de 44 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 5a, ordinaria, en 18 de octubre del presente año, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero al cuarto, retira la urgencia y la hace presente nuevamente en el carácter de "simple", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que dicta normas y modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de utilización del subsuelo de los bienes nacionales de uso público.

2.- El relativo a la promoción y desarrollo de organizaciones de la juventud.

3.- El que modifica normas relativas a la designación del Subsecretario de Investigaciones y del Director Administrativo de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional.

4.- El que establece normas para la exploración y explotación de energía geotérmica.
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas, y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Con el quinto comunica que ha resuelto retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Certificación de Conformidad de Exportaciones.
--Se toma conocimiento.
Oficios
Siete de la Honorable Cámara de Diputados:
Con los dos primeros hace presente que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, los siguientes proyectos de acuerdo:

1.- El que aprueba el Acuerdo para el Establecimiento de una Comisión Binacional Permanente entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Colombia, suscrito en 1993.

2.- El que aprueba el Convenio entre los Gobiernos de la República de Chile y la República de Suriname, relativo a la exención de visa para los titulares de pasaportes válidos diplomáticos u otros similares, suscrito en Paramaribo, el 28 de enero de 1994.
--Se manda comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el tercero expresa que rechazó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica los artículos 24-A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar, a la vez que designa a los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental.
--Se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Defensa Nacional, para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Con el cuarto y el quinto comunica que ha aprobado los proyectos de ley que se señalan:

1.- El que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción, crea nuevas figuras delictivas en relación a la materia, y agrega una norma que señala a las leyes N°s 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.

2.- El que modifica los artículos 450, 521 y 523 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de garantizar el derecho de dominio de terceros ajenos al juicio ejecutivo, ampliando los casos en que procede la suspensión del procedimiento de remate.
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el sexto indica que ha otorgado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que establece las plantas de personal de los servicios de los Gobiernos Regionales y modifica el decreto con fuerza de ley N° 60-18.834, del Ministerio del Interior, con urgencia calificada de "simple".
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Con el séptimo comunica que ha acordado ¿previa consulta a Su Excelencia el Presidente de la República¿ acceder a lo solicitado por esta Corporación en orden a disponer el archivo del proyecto de reforma constitucional sobre Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo.
--Se toma conocimiento y se dispone el archivo del citado proyecto.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, referido a la posibilidad de modificar el sistema de cálculo en el cobro de cargo fijo por consumo de gas y electricidad.
Dos del señor Subsecretario de Carabineros:
Con el primero responde un oficio enviado al señor Ministro de Defensa Nacional, en nombre del Senador señor Hormazábal, relativo al cumplimiento de lo estatuido en la ley N° 19.127, que creó 2 mil nuevos cargos para Carabineros de Chile, indicando las Regiones a las que se destinó el nuevo personal.
Con el segundo contesta dos oficios enviados al señor Ministro de Bienes Nacionales, en nombre de los Senadores señores Errázuriz y Huerta, en lo atinente a la demora en la asignación de los recursos para proveer los 2 mil nuevos cargos creados por la ley N° 19.127, para ampliar la dotación de Carabineros de Chile.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, con el que responde un oficio enviado en nombre de la Corporación acerca de los juicios relacionados con el pago de indemnización por expropiaciones de predios rústicos, conforme a la ley N° 16.640.
Del señor Alcalde de la Municipalidad de Calama, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Frei, respecto a la situación que afecta al Centro de Madres Flor de Chile, cuya sede social, ubicada en calle Sotomayor N° 2787, Población Esmeralda, habría sido donada a la entidad que señala.
Del señor Director del Servicio de Salud de Talcahuano, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, respecto del financiamiento para la ampliación del Hospital Higueras de Talcahuano.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, relativo a la promoción y desarrollo de organizaciones de la juventud, con urgencia calificada de "simple".
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Unión Latina, suscrito en París, el 15 de febrero de 1994, con urgencia calificada de "simple".
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Senadores señores Zaldívar, don Adolfo, y Hamilton, con la que inician un proyecto de ley que denomina "Aeropuerto Presidente Eduardo Frei Montalva" al actual Aeródromo Presidente Balmaceda, ubicado en la Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, de la Undécima Región de Aysén, General Carlos Ibáñez del Campo.
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De los Senadores señores Díez y Lavandero, con la que inician un proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Temuco, en memoria de don Germán Becker Baechler.
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
De los Senadores señores Lagos y Romero, con la que inician un proyecto de ley que modifica los artículos 796 y 800 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de corregir remisiones que índica.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
Del señor Presidente de la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos, con la que informa que, previa consulta a su Directorio y a los organismos que menciona, la Comisión de su presidencia ha resuelto convocar a los parlamentos de América Latina y el Caribe, y, en especial, al Honorable Senado, a la "Tercera Reunión de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos", por realizarse en San José de Costa Rica los días 24,25 y 26 de marzo de 1995.
En el mismo documento solicita que, con la finalidad de adoptar las medidas de organización correspondientes, esta Corporación tenga a bien comunicar su participación dentro del más breve plazo.
--Pasa a los Comités.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

INCORPORACIÓN DE CHILE A LA APEC

El señor VALDÉS (Presidente).- Por acuerdo de Comités, harán uso de la palabra a continuación los señores Senadores que acompañaron a Su Excelencia el Presidente de la República en su gira a varios países asiáticos y que culminó con la incorporación de Chile a la APEC en el mes recién pasado.
En primer lugar, tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, estimados colegas, daré una breve cuenta de las conclusiones que consideramos relevantes para el Senado, derivadas de la visita que efectuamos, acompañando al señor Presidente de la República a los países del Asia-Pacífico, los Senadores señores Lavandero, Ominami y el que habla. Me parece que el Honorable señor Lavandero continúa enfermo, por lo cual el Senador señor Ominami y yo nos dividiremos esta presentación al Hemiciclo de la siguiente manera: yo me referiré sucintamente al tema relacionado con la APEC, a las relaciones con ciertas naciones y a algunas conclusiones políticas que resulten trascendentes para nuestro país.
En primer lugar, pensamos que la presencia de Senadores y, en general, de Parlamentarios de todos los partidos políticos chilenos, otorgó a la visita mencionada una proyección nacional y de envergadura, en su sentido más amplio, dando así un fuerte respaldo a la gestión y liderazgo del Presidente Frei como conductor de la gira. Lo anterior nos ha permitido también, junto con representantes del empresariado y de la prensa y rectores de universidades, tener una presencia y contacto con los Parlamentos de los países visitados.
La primera observación importante que quiero destacar se refiere a la constatación de que aquélla constituye la zona de más rápido crecimiento en el mundo. En este sentido, y a diferencia de lo que han sido nuestros tradicionales elementos de referencia, como Estados Unidos y la Unión Europea, al mirar nuestro comportamiento y rendimiento económicos, hemos comprobado que al pertenecer a esta asociación de países del Asia-Pacífico nos hemos sumado a la zona que posee la mayor velocidad de crecimiento. Por eso, la posibilidad de Chile de acoplarse a ese proceso de transformación, junto con resultar significativa, nos impone un conjunto de exigencias que deberemos derivar.
La APEC -nuestra incorporación a ella representa el hecho más relevante de la gira¿ ocupa una nueva lógica en su aproximación a la economía internacional que deseo destacar. En primer término, se trata de un acuerdo que estimula la apertura global y que no se restringe a las naciones que lo integran, A diferencia de la Comunidad Económica Europea, formada en los años 50, en este caso no se contempla ninguna forma de preferencia entre los países. De manera distinta a otros acuerdos internacionales que establecen tales preferencias y ponen barreras a los Estados que no pertenecen al grupo de que se trata, la APEC ha resuelto, en primer término, estimular a los Estados que la componen a realizar, unilateralmente, rebajas arancelarias, sin necesidad de convenios con los demás; y, en segundo lugar, autorizar a los países a que extiendan a terceros no miembros de la agrupación, las ventajas o acuerdos a que hayan llegado con integrantes de la APEC. En conformidad a esta lógica, se resolvió establecer el año 2010 para las rebajas arancelarias totales entre los países desarrollados, y el 2020, para las naciones en desarrollo. A esta decisión concurrieron todos los Estados participantes de la asociación, salvo Malasia, que solicitó algunas normas de excepción para sus actividades en los sectores bancario y automotriz.
La segunda consideración sobre la lógica que aplica la APEC es que, en comparación con lo tradicional en nuestras relaciones con países desarrollados (Estados Unidos y los de Europa), la característica del vínculo que se establece es que se extiende no sólo al comercio, sino también a las alianzas entre empresas y países y a un mayor énfasis en la inversión y en ciencia y tecnología.
Otra observación relevante para lo que debe ser una estrategia de desarrollo chilena, derivada de esta visita, es el hecho de que va tomando cuerpo la tesis de considerar a Chile como una plataforma que permita el manejo de inversiones y empresas que operan en el resto de América Latina. Hemos constatado que Chile atrae a los demás países de la región por tres circunstancias, tal como nos lo mencionaron en reiteradas ocasiones: en primer lugar, el nuestro es un país que presenta estabilidad política y económica y, en tal sentido, constituye una garantía para instalación; en segundo término, aparece ¿y digo "aparece", porque no cumplimos todos los requisitos para que esto sea cierto¿ disponiendo de una infraestructura educacional, de telecomunicaciones, bancaria, de transportes y, en general, de servicios, lo cual hace que operar desde Chile sea la forma más eficiente de hacerlo hacia el resto de la Región.
La tercera razón por la que Chile se presenta como un socio atractivo, es porque se le mira como miembro del NAFTA y del MERCOSUR, lo cual permitiría a los países con que nos hemos asociado, realizar inversiones y operaciones comerciales con las naciones integrantes de esos dos mercados.
El concepto de ver a Chile desde Asia como un país plataforma para actuar en América Latina, en el NAFTA y en el MERCOSUR, implica que revisemos si ésta es una opción estratégica cierta para nosotros, o si tiene validez el concepto que hemos desarrollado en el último tiempo, de una segunda fase de exportaciones, más concentrada en el sector industrial. Habría que analizar una y otra alternativa y ver si, tal vez, es válida una mezcla de ambas. Pero, sin duda, en nuestro país debemos llevar a cabo una discusión estratégica de más largo alcance sobre la posibilidad de transformarnos en un espacio de atracción para las inversiones que operen en el resto de América Latina.
Esto comporta un conjunto de requisitos que tenemos que satisfacer, los cuales hoy no cumplimos, como son, entre otros, los de infraestructura. No tenemos conexiones aéreas directas con los países de la APEC, y se requiere de una serie de otras necesidades imprescindibles para llevar a cabo esta tarea.
Respecto de los países en particular, en la visita al Japón se firmaron acuerdos de un alto potencial, los que, con toda seguirdad, los señores Senadores conocen. Sobre el particular, quiero destacar la suscripción de un acuerdo para apoyar la creación de un centro de productividad en nuestro país; y la de otro acuerdo, entre la NTT ¿empresa de telecomunicaciones japonesa¿ y la Universidad de Chile, para efectuar investigaciones en ese mismo terreno. Además, se avanzó en las conversaciones sobre el respaldo de Chile a Japón para su incorporación como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y sobre el de Japón a nuestro país para que participemos en dicho Consejo en representación de América Latina.
Asimismo, los Senadores que participamos en la gira invitamos ¿e insistimos en la conveniencia de su visita¿ a Parlamentarios japoneses a Chile, recordándoles que mientras dos Jefes del Estado chileno han visitado Japón, nunca un Primer Ministro japonés ha venido a nuestro país.
Por otra parte, con Corea ¿el país con el crecimiento más espectacular¿ también avanzamos en algunas materias específicas. Durante la visita, el Presidente de la República acordó otorgar visas en forma expedita y automática, de tiempo limitado, a hombres de negocios coreanos que realicen operaciones comerciales en Chile, lo que significa dar una facilidad adicional en un área donde las acciones estaban entrabadas.
La espectacularidad del caso coreano tiene que hacernos meditar seriamente respecto de las lecciones que éste puede entregar a nuestro país. Baste señalar que en los años 60 ese país tenía un ingreso per cápita de 100 dólares, mientras Chile tenía uno de 600 dólares. Actualmente, nosotros apenas superamos los 3 mil dólares y Corea está cercano a los 8 mil dólares per cápita. Su salto tecnológico y el paso desde el sector textil al computacional y a las telecomunicaciones son bastante espectaculares.
Con los Parlamentarios de esa nación asiática también abordamos los temas de la unificación de las dos Corea, de las implicaciones que ello tiene y del respaldo de nuestro país para alcanzar una solución pacífica y lograr la integración de un sistema democrático.
En cuanto al viaje a Australia, deseo destacar la tesis levantada por autoridades de su Gobierno en cuanto a crear una alianza australiano-chilena, mediante la cual ese país sirva de plataforma para las operaciones en el Asia de las empresas chilenas, e inversamente, que el nuestro cumpla el mismo papel respecto de las empresas australianas para que puedan operar en América Latina.
También es relevante la idea explorada de la instalación de cable de fibra óptica que una a Australia y Chile por el Pacífico, lo que nos daría una base en telecomunicaciones más potente para el trabajo a futuro.
Termino haciendo algunas consideraciones de carácter político, en cuanto a los contactos realizados y a las proyecciones que observamos en ellos.
Sin duda alguna, en nuestra relación con Asia podemos destacar que si bien existe una relación económica desarrollada, la relación política es subdesarrollada, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Europa. En tal sentido, reviste la mayor importancia, para potenciar el intercambio económico y el aprovechamiento, en beneficio de Chile, de este espacio internacional, el mejorar el nivel de las relaciones políticas entre nuestro país y las naciones asiáticas visitadas.
En tal sentido, también sugerimos al Senado la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con los Parlamentos de los países integrantes de la APEC en las materias relativas a los acuerdos internacionales. Sobre el particular, esos Parlamentos tienen coordinación entre sí. Entonces, la idea es que al poder relacionarse todos los Parlamentos de los países de la APEC, se abre un espacio de reflexión sobre temas económicos y políticos del mayor interés para los Estados Miembros.
Las experiencias políticas que tuvimos la oportunidad de intercambiar al visitar los Parlamentos japonés y coreano, también son de gran valor para nosotros. Quiero destacar que la necesidad de autonomía política y de reforzamiento de la dignidad de la política y de las democracias, es un fenómeno que también existe en los demás países. Y los problemas que enfrentan en cuanto a la independencia del campo político respecto del de los negocios y del dinero; a la ética en la política y la transparencia política para fortalecer la democracia, constituyen una preocupación que igualmente invade a esas Corporaciones Legislativas, las que han estado tomando medidas.
Cabe mencionar la experiencia transmitida por los Parlamentarios japoneses sobre esta materia, que revela la dictación de un conjunto de proyectos de ley tendientes a separar claramente las funciones que dicen relación al financiamiento de las campañas, por ejemplo, entre empresas y candidatos y partidos. Y ello también en cuanto a la idea de dar financiamiento público a los partidos políticos, a fin de establecer formas de control, equidad e independencia.
El cambio del sistema electoral japonés a uno uninominal combinado con el proporcional, más al estilo de países como Alemania y que está llevando a un reordenamiento de los partidos políticos de ese país, constituye una novedad valiosa que debemos analizar.
Por último, existe una relación muy estrecha entre Gobierno y empresas. Por lo tanto, potenciar la relación entre las empresas chilenas y las de los países asiáticos pasa por el mejoramiento de las relaciones entre ambos Gobiernos. Hay un hábito de proyección de largo plazo y de mirada estratégica que no es común en Chile. Esta es también una lección importante para nuestra mirada al desarrollo económico.
Estamos ciertos de que, desde esta perspectiva, la enseñanza en cuanto a la coordinación entre empresas y Gobierno es una materia que debemos fortalecer a nivel nacional. Y, en ese sentido, consideramos indispensable también crear instancias diálogo estables entre Gobierno-empresarios, dirigentes políticos-empresarios, con miras a una estrategia de más largo alcance.
Las implicaciones que esto tiene para Chile son variadas, y serán abordadas luego por el Senador señor Ominami.
Debo informar que la próxima reunión de la APEC tendrá lugar en Osaka, el próximo año, y desde nuestro punto de vista y tomada cuenta de estas lecciones, resulta indispensable prepararnos bien y dar pasos importantes para arribar a esa reunión con una fortaleza mayor en la acción económica y política, a fin de reforzar nuestra presencia en APEC.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, como lo ha destacado el Senador señor Bitar, la gira presidencial a Australia y a diversos países del Asia-Pacífico constituyó claramente una iniciativa de Estado. Esto, tanto por la proyección internacional que se logró de Chile, como por la representatividad de la delegación constituida, no obstante la ausencia ¿que hemos lamentado¿ de representantes del movimiento sindical.
En esta iniciativa, es importante destacar el liderazgo ejercido por el Presidente de la República. Este liderazgo permitió dejar en un alto sitial el nombre del país, al paso que condujo una delegación sumamente amplia de un modo tal que siempre se pusieron por delante los puntos de acuerdo y no las diferencias que legítimamente nos separan.
En particular, el ingreso a APEC constituye para el país una carta de presentación extraordinariamente valiosa. Hemos ingresado a un club selecto y tenemos el privilegio de ser el único país de Sudamérica que allí participa.
La significación de APEC y el campo de desarrollo que esta asociación nos abre van más allá de lo inicialmente previsto. Si bien APEC está definido como un foro, se trata de una instancia muy especial, puesto que se halla constituido por los países más dinámicos del mundo, los cuales cuentan ya con una parte muy significativa de la población mundial, y no cabe la menor duda de que su influencia y poderío irán aumentando aún más en el curso de los próximos años.
El ingreso de Chile a APEC ha sido, pues, el fruto exitoso de una política que se viene desarrollando por varios años. Pero es fundamental entender que nuestra integración a ese foro importa grandes desafíos para el país, y deberemos esforzarnos por estar a la altura de los mismos.
Desde el punto de vista de los requerimientos internos que nuestra presencia en APEC importa, lo que más destaca es la dimensión de urgencia: Chile tiene hoy una oportunidad extraordinariamente atractiva para avanzar en su desarrollo, pero esta oportunidad ¿tengámoslo presente¿ no estará permanentemente abierta. El período en que el país ha podido desarrollar un importante grado de protagonismo internacional podría estar llegando a su término. Chile tiene que saltar sobre esta oportunidad poniendo el pie en el acelerador, avanzando con resolución en su esfuerzo de modernización en los distintos ámbitos del quehacer nacional. Es una modernización global y acelerada la que el país requiere para estar a la altura de las circunstancias.
Chile no deberá, para decirlo en términos prácticos, llegar sin avances sustantivos a Osaka, ciudad en que se celebrará la nueva cumbre de líderes de APEC en 1995. No podemos ir a formular exactamente las mismas promesas que hicimos presente en Yakarta. Tenemos, en consecuencia, poco tiempo, y ese tiempo hay que utilizarlo muy productivamente.
Muchas son las tareas que es preciso abordar en el plano interno para avanzar en la dirección adecuada. Se requiere, por tanto, configurar una agenda de modernización global que nos permita progresar con resolución y en forma simultánea en los distintos planos.
En primer lugar, necesitamos la puesta en práctica de una capacidad de planificar nuestro desarrollo, de identificar prioridades y de orientar nuestras energías y recursos hacia su cumplimiento. Necesitamos una capacidad de aunar voluntades en torno a ciertos objetivos nacionales. Necesitamos un proyecto de país y la definición de las políticas capaces de materializarlo.
He conversado con representantes de muchos sectores respecto de este tema, y lo cierto es que hoy en día han madurado las condiciones. Ya no están presentes las restricciones de naturaleza ideológica que, hasta hace poco, hacían imposible plantear seriamente la posibilidad de una cierta planificación de nuestro desarrollo. En lo fundamental, tales restricciones han desaparecido, y ahora están presentes las necesidades que indican la importancia de la configuración de espacios que permitan planificar concertadamente nuestro desarrollo.
Se trata, por cierto, de una planificación de tipo indicativo, no burocrático, no centralista; de una planificación que opera sobre la base de la libre adhesión; de una planificación que apela a un conocimiento detallado de la realidad y a la formulación de objetivos socialmente compartidos. Esta es una primera condición, que surge con mucha fuerza de la experiencia de los distintos países de la APEC que tuvimos ocasión de visitar y de la magnitud de los desafíos que nuestro ingreso a esta asociación nos plantea.
En el campo internacional, Chile debe desplegar toda su capacidad de negociación para lograr prontamente su integración al NAFTA y su adhesión al MERCOSUR. Se insistió mucho en el viaje a APEC respecto de la posibilidad de jugar un rol de "plataforma" para el desarrollo de actividades tanto en Asia como en América.
Tengámoslo claro: Chile, considerado desde el punto de vista de su mercado interno, es un país poco interesante. Sin embargo, somos atractivos como base de operaciones en las direcciones indicadas. Desde este punto de vista, el ser parte del NAFTA y del MERCOSUR resulta absolutamente funcional y consistente con esta función de "plataforma" que es preciso ir concretando.
No obstante ¿y hay aquí una dimensión absolutamente crucial del esfuerzo de modernización¿, plantearnos ser "plataforma" para el desarrollo de distintos tipos de actividades en las condiciones actuales de la infraestructura nacional es simplemente una ilusión. Un país que no tiene una adecuada red vial; que mantiene, por el contrario, en una situación de clara decadencia su red ferroviaria; que posee una capacidad portuaria sobre la cual pesan severas amenazas; que cuenta, en muchas regiones, con serios problemas en cuanto al suministro de servicios tan básicos como el agua, no puede, razonablemente, aspirar a jugar un rol de "plataforma". Seamos serios en nuestros planteamientos. Con la actual infraestructura, Chile no va a estar a la altura de los desafíos. Se requiere acelerar notoriamente el ritmo de nuestro desarrollo en este campo, y aquí no interesan las definiciones ideológicas. Como dice un viejo proverbio chino, "Poco importa el color del gato; lo importante es que éste pueda comerse el ratón".
En realidad, se requiere aquí una estrecha conjunción entre el sector público y el privado, y si el primero no tiene los recursos para enfrentar todas las inversiones requeridas, su obligación es abrir el espacio al segundo, para que éste en toda la medida de sus posibilidades, enfrente los déficit existentes. Estamos ante un imperativo político y económico de gran envergadura, que debemos enfrentar con la mayor urgencia y resolución.
En otro orden de cosas, Chile requiere ampliar y desarrollar con mayor profundidad su mercado de capitales. La noción de "plataforma", así como requiere de infraestructuras adecuadas, implica, también, una red de servicios que acompañe funcionalmente el desarrollo. De allí la importancia de profundizar nuestro mercado de capitales, de ampliar los instrumentos existentes, así como las posibilidades de inversión de los recursos que éste capta.
En el mismo sentido, resulta fundamental avanzar rápido en la modernización e internacionalización de nuestro sistema bancario. Los desafíos a los cuales estamos apuntando requieren, también, de una presencia significativa de nuestros bancos operando fluidamente, tanto en el espacio doméstico como en el internacional. Requerimos de una presencia creciente de nuestros bancos en los países con los cuales estamos desarrollando nuestras actividades. No cabe duda de que los bancos son avanzadas del país que tienen, por su propia naturaleza, una gran capacidad para identificar oportunidades de inversión y de estrechar lazos comerciales. Es preciso que el Parlamento discuta y despache muy próximamente una iniciativa de ley de buenos negocios bancarios, que cumpla con esta función.
Por otra parte, necesitamos que el Estado tenga una mayor capacidad de focalizar sus intervenciones y de sacar adelante las tareas que se plantea; quizá en un número más reducido, pero cumpliéndolas en forma más efectiva. En este ámbito, debemos impulsar muchas iniciativas. Avanzar, por ejemplo, en la modificación de la política de personal, buscando mejoramientos importantes de las remuneraciones, asociados, sí, al cumplimiento de determinadas metas. No puede ser que nuestra Administración Pública funcione casi exclusivamente por antigüedad y no por mérito; que no existan estímulos al esfuerzo y la creatividad de los funcionarios y se termine, en algunos casos, protegiendo la ineficiencia.
Debemos pensar en racionalizar nuestra Administración Pública. Debemos pensar ¿como lo planteamos en alguna ocasión¿ en reducir incluso el número de ministerios, a fin de que éstos puedan atacar los procesos de burocratización y de yuxtaposición de funciones que efectivamente existen al interior de la Administración del Estado.
Asimismo, debemos introducir cambios importantes en la gestión de nuestras empresas públicas. Estas sólo tienen sentido en la medida en que son eficientes o en que juegan roles sociales que los privados no están en condiciones de asegurar. Empresas públicas que marcan el paso, que no se comprometen con el desarrollo ni del país ni de sus regiones; empresas públicas que, a veces, sirven más para la distribución de prebendas políticas que para el cumplimiento de objetivos sustantivos, no ayudan a nuestro proceso de desarrollo.
Debemos perder el miedo a ciertas palabras que se han convertido en tabú; perder el miedo a la planificación, a la modernización y, también, a las privatizaciones. Enfrentemos de manera práctica problemas que son, también, prácticos. Debemos planificar, porque es necesario definir orientaciones e identificar prioridades. Debemos modernizar, porque es ésa una condición sine qua non para desarrollar nuestro país y aprovechar las oportunidades que se nos han abierto. Debemos privatizar ¿en la medida en que sea necesario¿ para abrir nuevas oportunidades, lo cual no tiene por qué hacerse de una manera dogmática, negándole al Estado la posibilidad de actuar en ciertos campos ¿como la gran minería del cobre¿ roles empresariales que pueden ser socialmente útiles y financieramente convenientes.
Esta modernización global tampoco puede excluir los temas político-institucionales. Se podría hablar mucho respecto de esto. Citemos solamente la experiencia de la visita presidencial al país con el cual podemos con mayor propiedad compararnos. Me refiero al caso de Corea del Sur, que ha tenido un desarrollo vertiginoso durante las últimas décadas y exhibe el más alto crecimiento en el mundo. Ese es un país que continúa hoy día con extraordinarias perspectivas de desarrollo y que viene saliendo de un régimen autoritario que se entronizó durante largos años. Corea del Sur es una nación que en la actualidad busca conciliar su esfuerzo económico con su democratización política, y fue importante, para todos quienes allí estuvimos, constatar que en ese país tan dinámico existe un Parlamento integralmente electo y un Presidente de la República al cual no se le han negado las facultades de nombrar, en tanto Jefe del Estado, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Es ésta una lección también muy relevante de este viaje.
En resumen, necesitamos modernizamos a partir de la confección de una agenda global que involucra, por cierto, de manera muy sustantiva, temas económico-sociales, pero también temas de democratización política, que son extraordinariamente significativos para que nuestro país tenga la estabilidad necesaria a fin de acometer la gran tarea del desarrollo.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Lavandero, a quien doy la bienvenida, deseándole un completo restablecimiento.

El señor LAVANDERO.- Muchas gracias, señor Presidente. Dios lo oiga en sus buenos deseos, pues aún no me recupero del todo, pero creo que tampoco uno puede alejarse de las tareas para las cuales ha sido elegido.
Quiero adherir a los conceptos emitidos por los Honorables señores Bitar y Ominami, y señalar que la gira por Asia-Pacífico fue un éxito no sólo por la asistencia multitudinaria de los empresarios que acompañaron al Presidente de la República, además de los Senadores y algunos Diputados, sino por la visión común que tuvo toda la delegación. Fue una situación nueva, que rara vez me había tocado observar, pues, a pesar de sostener ideas distintas acerca de la política y de pertenecer a diversos partidos, participamos de un mismo propósito. Se luchó y conversó junto a personas que hoy son de Oposición, compartiendo criterios. Creo que ello constituyó, tal vez, lo más importante de la gira.
Todos concordamos plenamente en cuanto al esfuerzo común que deberían realizar todos los sectores nacionales para obtener un crecimiento y desarrollo equivalentes al de Corea del Sur y otros Estados de esa área. Cabe señalar que dicho país ha crecido a niveles extraordinariamente importantes: durante bastantes años, en un promedio de 9 por ciento, y, en algunos casos, de 14 y 12 por ciento de su producto bruto anual. Son naciones que hacen tremendos esfuerzos en ahorro e inversión y ¿tal como señalaba el Senador señor Bitar¿ que destinan enormes recursos a capacitación, investigación y tecnología. Nosotros vamos a ingresar al mundo del Asia-Pacífico, del NAFTA, de los tratados de libre comercio en América Latina; sin embargo, para hacerlo en buena forma ¿no dudo de que para tal efecto estamos en mejores condiciones que otros países latinoamericanos¿, no podemos dejar de desarrollar algunos elementos indispensables, como la educación, la capacitación y el reciclamiento de nuestros profesionales.
Todas las naciones que visitamos vieron a Chile unido y homogéneo. Así lo supo demostrar nuestra delegación, y ello causó indudablemente un gran impacto favorable, especialmente en un país tan desarrollado, como Japón. Cabe recordar que muchas veces nuestros empresarios, cuando llegan hasta esas latitudes, no logran sino contactarse con directivos o ejecutivos de segundo o tercer orden. En esta oportunidad, todos los empresarios que integraban la delegación fueron recibidos por personeros japoneses de primer nivel, habiendo contado con el respaldo que les daban el Gobierno, el Parlamento y todas las fuerzas vivas de nuestra nación.
Lamentamos, por supuesto, la ausencia de los trabajadores. Indudablemente, habría sido interesante que hubiesen concurrido.
Hay que tomar en cuenta que esos países no han crecido por el acaso o la fortuna. Los empresarios ponen una gran cuota de sacrificio y de esfuerzo personal, y los trabajadores ¿en algunos casos¿ cumplen jornadas de 56 horas semanales, fuera de las horas extras, lo que nos revela que se está realizando un esfuerzo gigantesco para lograr el desarrollo en corto tiempo y vencer la pobreza.
No debemos olvidar que Corea del Sur ¿a mí me correspondió, enviado por el Presidente Eduardo Frei Montalva, en su momento, abrir las relaciones diplomáticas acompañado por otros señores Parlamentarios¿ era un país más pobre y con menos oportunidades que Chile. En la actualidad, una sola de sus empresas, la Samsung, destina a investigación 2 mil millones de dólares al año.
Vemos que esos países han obtenido un desarrollo enorme por el esfuerzo que han efectuado. Nosotros podríamos obtener un crecimiento análogo si nuestra capacidad de ahorro fuera equivalente a la de esas naciones, que es de alrededor de 36 por ciento anual. Sin embargo, para eso hay que realizar ¿por supuesto¿ un esfuerzo compartido.
La lección que a mí me deja la concurrencia a esta gira ¿aparte el agrado de participar de esta experiencia con empresarios, periodistas, Parlamentarios y el propio Presidente de la República¿ es que debemos desarrollar un proyecto país para enfrentar la creciente productividad y competencia no sólo de esas naciones, sino a nivel mundial. A mi juicio, este proyecto país debemos llevarlo a cabo con un esfuerzo que se extienda a los empresarios, a los sectores de Oposición y a todos.
Esta es una gran oportunidad para saltar al próximo siglo con un desarrollo espectacular y tras haber derrotado la miseria, si somos capaces seriamente de hacer un esfuerzo entre todos los chilenos. Y hablo de los trabajadores y de los empresarios; del Gobierno y de la Oposición.
Creo que lo que he señalado acá no dejó de apreciarlo ninguna de las personas que concurrieron a la gira por Asia-Pacífico. Y reitero que no es posible olvidar que Chile está hoy a punto de insertarse plenamente en organizaciones internacionales como la APEC, el NAFTA, el MERCOSUR, a lo que se suman, en definitiva, todos los tratados de libre comercio.
Quiero terminar mis palabras manifestando que debemos hacer un esfuerzo común, más allá de las pequeñas disputas que a veces nos separan, y anteponer los intereses del país, porque podemos alcanzar un éxito notable en un tiempo muy corto, en la medida en que las condiciones están dadas para ello.
He dicho.
V. ORDEN DEL DÍA



MODIFICACIÓN DE LEY DE BANCOS Y TRATAMIENTO DE DEUDA SUBORDINADA


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde ocuparse en el estudio del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales, y dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos que señala con el Banco Central de Chile, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma" que vence el próximo jueves. Advierto que se trata de una iniciativa con rango de ley orgánica constitucional.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Andrés Zaldívar.


El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Hacienda, habría querido, por supuesto, que el debate de la iniciativa se hubiera iniciado no en esta sesión, sino en una fecha anterior. La Comisión, efectivamente, la despachó en general y el primer informe llegó a la Sala y se encuentra en manos de los señores Senadores. Sin embargo, a raíz de una serie de proposiciones tendientes a su perfeccionamiento, la Comisión de Hacienda retomó el proyecto y se encuentra abocada a su estudio, conjuntamente con representantes del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.
Hoy avanzamos bastante en esa tarea y creo que mañana podremos despachar el informe complementario. De esa manera, estaremos en condiciones de tratar una iniciativa que reviste urgencia por los graves problemas que se hallan comprometidos, como el que podría acarrear una nueva capitalización en perjuicio del instituto emisor. Precisamente en el día de hoy Su Señoría ha recibido una carta enviada por el Presidente del Banco Central ¿de la que me hizo llegar fotocopia¿, en la cual se solicita que el Ejecutivo tome las medidas necesarias para impedir que se produzca una capitalización automática de dividendos. Cabe recordar que la producida anteriormente ¿y es la única que se ha llevado a cabo¿ significó a ese organismo un deterioro patrimonial del orden de 80 a 90 millones de dólares.
Hago presente que no es posible avanzar en la tramitación del proyecto con una rapidez que permita promulgar la ley en el mes de enero. La Comisión de Hacienda, haciéndose eco de la petición del Banco Central contenida en la carta enviada al Presidente del Senado ¿por ser esta Corporación el órgano relacionador con dicha institución bancada¿, acordó en la mañana de hoy, por cuatro votos contra uno, solicitar al Subsecretario de Hacienda el envío de un proyecto separado que aborde únicamente el tema de la capitalización. De esta manera podríamos contar con mayor tiempo para un estudio más completo de esta iniciativa.
Por lo tanto, solicito a la Mesa recabar la autorización para postergar el debate en la Sala hasta el jueves próximo, día en que podría figurar en el primer lugar de la tabla. Por su parte, la Comisión ¿se ha cursado la citación correspondiente¿ podría terminar su labor mañana por la mañana. En estos momentos, representantes del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, y abogados especializados en la materia se encuentran trabajando para permitir resolver mañana los últimos problemas pendientes.
Seguramente, el Ejecutivo enviará el proyecto sobre las capitalizaciones calificando la urgencia de "discusión inmediata", de modo que será tratado en su oportunidad. No es un punto al que debemos abocarnos hoy día.
En consecuencia, la petición concreta es postergar hasta el jueves próximo la iniciativa en tabla y colocarla en el primer lugar del Orden del Día.

El señor VALDÉS (Presidente).- Efectivamente, como señaló el Honorable señor Andrés Zaldívar, la Mesa recibió una carta del Banco Central ¿dos, en realidad¿ que hace presente la extremada urgencia que reviste una decisión respecto del envío del proyecto a que se hace referencia, porque ¿según expresa¿ el proceso eventual de capitalización puede afectar gravemente a dicha institución. Y en conocimiento de que la Comisión trataría hoy el tema, hice llegar una fotocopia a su Presidente.
Consulto a la Sala si está de acuerdo en suspender hasta la sesión del jueves, como se ha solicitado, el tratamiento de la iniciativa que nos ocupa.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, yo no tengo ningún inconveniente, aunque, desde luego, tiene que opinar al respecto el Comité. Pero, como Senadora, creo que podríamos considerarla el jueves, siempre que el informe se reparta el miércoles, para contar con el tiempo suficiente para leerlo.

El señor ZALDÍVAR" (don Andrés).- Precisamente, uno de los motivos por los cuales se propone el jueves es porque la idea es entregar mañana a mediodía, o después de almuerzo, el informe complementario, ya que el primario se encuentra en manos de los señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, por la importancia del tema, los Senadores que no participaron en la Comisión de Hacienda necesitan de un plazo mínimo para estudiarlo. Por eso, me interesaba también dejar salvado lo referente a la entrega del texto.
Y un solo elemento adicional: la verdad es que la votación en la Comisión de Hacienda fue de cuatro votos a favor y una abstención. No hubo votos en contra de la petición de que el Gobierno envíe el proyecto que se ha mencionado, pues se consideró que es plenamente urgente y vigente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Advierto que la sesión del jueves es en la mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, sólo para hacer la siguiente consulta a la Comisión de Hacienda. ¿Se puede ver el jueves este proyecto, sin estar en conocimiento de la ley hija que se anuncia?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por supuesto. Pero a esa ley hija yo más bien la denominaría ley de protección del patrimonio del Banco Central...

El señor DÍEZ.- Una autorización para violar contratos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No. No se viola ningún contrato.

El señor DÍEZ.- Eso es lo que vamos a discutir.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Nadie está pretendiendo violar contratos.
El objetivo de tal iniciativa sería suspender las capitalizaciones automáticas mientras se despacha el proyecto de ley en estudio. Y, para esos efectos, hay que tener presente no sólo el contrato desde el punto de vista de los bancos, sino que, en lo relativo al Banco Central, hay que considerar el interés nacional, porque se ha utilizado un mecanismo que, como dije, provocó daños del orden de los 90 millones de dólares.
Eso es lo que vamos a tener que discutir. Pero el proyecto sobre la deuda subordinada se puede despachar perfectamente. Y es su artículo 15 el referente al tema que se pide tratar en proyecto separado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, esta materia es extraordinariamente delicada y en ella hay envueltas importantes cuestiones de índole económica y constitucional. Por lo tanto, a fin de analizarla detenidamente, es indispensable disponer del informe de la Comisión con la debida antelación, a una hora determinada, y no comprometer su entrega en forma imprecisa, porque después de almuerzo podría ser cualquier hora. De otra manera, no cabría sino aplicar la norma reglamentaria según la cual una iniciativa no puede tratarse si no se cuenta con el informe con 24 horas de anticipación. Es ¿repito¿ un tema demasiado delicado como para dejar su estudio para última hora, y quienes no participamos en la Comisión de Hacienda debemos dedicarle mayor tiempo que los Senadores que intervinieron en ella en forma permanente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Le encuentro toda la razón al Honorable señor Fernández. La tramitación de esta iniciativa lleva mucho tiempo. Se emitió un informe, en efecto, pero se propusieron nuevas ideas cuyo estudio atrasa su despacho. Y el Banco Central ¿institución tan fundamental en la estructura de la República¿ ha hecho presente una preocupación.
Creo que si hay plazos fatales, deben cumplirse. Hay momentos en que la imaginación de los señores Senadores tiene un límite, y hay que votar las decisiones con las mayorías correspondientes. De modo que concuerdo con el Honorable señor Fernández en que la Comisión de Hacienda tenga un límite para terminar su labor y para que los secretarios redacten el informe.
Si le parece a la Sala, se fijará para ello las 14 de mañana y el proyecto será tratado en la sesión ordinaria del jueves próximo.
--Así se acuerda.


CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

El señor VALDÉS (Presidente).- En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Nueva York, en 1992, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 40a, en 7 de abril de 1993.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 25a, en 7 de diciembre de 1994.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, propone que el proyecto de acuerdo sea discutido por la Sala en general y particular a la vez.
Asimismo, hace constar que se solicitó la opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, la cual informó favorablemente.
La Convención contiene un preámbulo bastante extenso, 26 artículos permanentes y 2 anexos.
Por último, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros y bajo la presidencia del Honorable señor Urenda, propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.


CONVENIO PARA DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS Y PROTECCIÓN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS

El señor VALDÉS (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica para el Desarrollo de los Pueblos Andinos y la Protección de los Camélidos Sudamericanos Domésticos, suscrito con Perú, en Lima, en 1994, y su Protocolo Adicional, sobre incorporación de Bolivia, suscrito en La Paz, el mismo año. El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y se encuentra con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 12a, en 12 de julio de 1994.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 25a, en 7 de diciembre de 1994.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto de acuerdo tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo y consta de un preámbulo y 15 artículos.
La Comisión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, sugiere discusión general y particular a la vez.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, y en virtud de tratarse de un Convenio sobre protección de especies en extinción de sumo valor, se aprobará el proyecto de acuerdo en general y particular.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.


NORMAS CONTRA SUPERPOSICIÓN DE PERTENENCIAS MINERAS


El señor VALDÉS (Presidente).- En cuarto lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en una consulta de la Sala sobre la constitucionalidad de diversas normas del proyecto de ley que modifica el Código de Minería y la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1a, en 6 de octubre de 1992.
Informes de Comisión:
Minería, sesión 20a, en 31 de agosto de 1993.
Minería (segundo), sesión 9ª, en 5 de julio de 1994.
Constitución, sesión 17a, en 16 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 21a, en 1ª de septiembre de 1993 (queda para segunda discusión); 4a, en 5 de abril de 1994 (queda pendiente la discusión general); 5a, en 6 de abril de 1994 (se aprueba en general); 14a y 15a, en 19 y 21 de julio de 1994 (queda pendiente la discusión particular); 16a, en 2 de agosto de 1994 (pasa a la Comisión de Constitución); 25a, en 7 de diciembre de 1994 (queda pendiente la discusión).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El informe de la Comisión de Constitución recae sólo en el Artículo Tercero y una indicación renovada. Las restantes disposiciones ya fueron despachadas por el Senado.
La Comisión, después de un extenso debate, por tres votos a favor, de los Honorables señores Fernández, Hamilton y Zaldívar (don Adolfo), y dos en contra, de los Honorables señores Díez y Larraín, absolvió la consulta de la Sala en el sentido de que el Artículo Tercero, complementado por la indicación renovada, es constitucional.
El organismo estuvo integrado por los Honorables señores Díez (Presidente), Fernández, Larraín, Sule y Adolfo Zaldívar.


El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sobre el tratamiento de esta materia, los Comités acordaron terminar el debate con los señores Senadores que quedaron inscritos en la sesión anterior y proceder a votar después, sin perjuicio del derecho a fundamentar el voto.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite la palabra previamente, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.- Quiero informar a la Sala que he tratado de obtener algunas voluntades al respecto, pero, por desgracia, no se han podido conseguir.
Señor Presidente, siempre en el Senado hemos tratado de no alterar las tablas, porque todos deseamos llegar preparados al debate de los proyectos que figuran en ellas. Y sobre el particular también hemos hablado con las autoridades cuya participación en el proceso legislativo nos interesa.
En la discusión anterior consideramos importante contar con la presencia del señor Ministro de Minería. Pues bien, tanto él como el Subsecretario de esa Cartera se comunicaron con el Senador que habla para saber si se trataba hoy este asunto. Y, como estaba en tabla el proyecto sobre la deuda subordinada, les manifesté que el despacho de esta iniciativa iba a demorar toda la sesión. Pero ocurre que hoy, por un interés legitimo de buscar acuerdo, la Comisión de Hacienda decidió reabrir el debate y, por lo tanto, no tratar lo relativo a la deuda subordinada.
Por esa razón, también ha sido sorprendido el señor Ministro de Minería, quien tenía previsto concurrir mañana al Senado a la discusión de aquella materia.
Y por eso quiero dar una explicación acerca de su ausencia.
Me habría gustado demorar la discusión del proyecto para contar con la presencia del señor Ministro. Pero, consultados diversos señores Senadores, estimaron pertinente terminar el debate hoy.
Doy esta explicación para dejar constancia de que la inasistencia del señor Ministro de Minería obedece a un acto no imputable a él, sino a la mecánica propia de la tarea legislativa del Congreso.

El señor LARRE.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRE.- Señor Presidente, en atención a lo expuesto por el Honorable señor Hormazábal, los Senadores de Renovación Nacional no tendríamos ningún inconveniente para escuchar, en representación del Gobierno, al señor Subsecretario de Minería.

El señor DÍEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, si el señor Ministro está interesado en el tema y fue informado por uno de nosotros de que el proyecto podría verse mañana debido a la forma como estaba estructurada la tabla, considero que, por educación, debemos postergar la discusión del proyecto hasta mañana.

El señor URENDA.- La Unión Demócrata Independiente no tiene...

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair.

El señor SINCLAIR.- Los Senadores institucionales también adherimos a la posibilidad de que se trate esta iniciativa cuando esté presente el señor Ministro.

El señor ALESSANDRI.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿También está de acuerdo, señor Senador?

El señor ALESSANDRI.- No estoy de acuerdo, señor Presidente. Si está el señor Subsecretario ¿es voz autorizada del Gobierno y debe saber lo mismo que el señor Ministro¿ y se acepta su participación, debemos tratar el proyecto y despacharlo de una vez por todas, por cuanto interesa a mucha gente y es de gran trascendencia lo que resuelve el Senado.

El señor VALDÉS (Presidente).- No sé si está el señor Subsecretario en el edificio.

El señor HORMAZÁBAL.- Está, señor Presidente.
Para aceptar la prórroga se requiere unanimidad, y algunos señores Senadores se oponen. Entonces, para no gastar el tiempo en procedimientos, creo que si la Sala acepta que ingrese el señor Subsecretario estaremos cumpliendo el requisito. De esta manera podríamos intervenir quienes aún no hemos participado en el debate y, a la vez, evitaríamos dar mayor dramatismo a una legítima controversia existente sobre la materia.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿Habría acuerdo sobre la proposición de autorizar al señor Subsecretario de Minería para que ingrese a la Sala y participe en el debate?
Acordado.
Por lo tanto, corresponde que hagan uso de la palabra, en el mismo orden, los Honorables señores Urenda, Hormazábal, Alessandri, Mc-Intyre, Thayer, Díez y Sinclair. El Senador señor Núñez reemplazó a un señor Senador en Comités.

El señor THAYER.- Yo le cedí mi tiempo.

El señor VALDÉS (Presidente).- El Senador señor Thayer cedió su tiempo el Honorable señor Núñez.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, este proyecto, por diversas circunstancias, que no es del caso analizar, ha pasado a tener extraordinaria importancia, toda vez que, como en ninguna otra ocasión, hemos visto expresiones públicas a favor y en contra de sus normas, lo que de alguna manera puede haber enturbiado el debate.
No deseo entrar al fondo de la materia en este momento, sino que, tomando pie de lo manifestado en la sesión anterior por el Honorable señor Otero, quiero referirme a un aspecto que quizás podría llevarnos a postergar una decisión respecto de la norma que ahora discutimos.
En efecto, según se nos ha dado a conocer tanto a través de la prensa como por comunicaciones, la razón de ser de esta disposición radicaría en que las actuales normas son inconstitucionales y en que habría una situación de injusticia que cabría corregir.
Es evidente que la propiedad minera tiene complejidades y fragilidades distintas de las de la propiedad inmueble en general y de otras especies de propiedad. Pero lo que nos interesa en este momento es que se ha puesto en conocimiento del Senado ¿y es una información absolutamente pública¿ que existe un recurso de inconstitucionalidad con respecto a normas vigentes. Y si bien es cierto que al pronunciarnos sobre esta materia no estamos invadiendo funciones del Poder Judicial, no lo es menos que según lo que resuelva la justicia acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las actuales disposiciones va a ser o no conveniente discutir la dictación de una norma porque habría que reparar una situación de injusticia.
Si la Corte Suprema, conociendo de ese recurso, llegara a declarar que las normas actuales son inconstitucionales, toda la fundamentación vinculada al otorgamiento de un plazo extraordinario para los fines de hacer valer ciertos recursos caería por su base. Y, en consecuencia, no sólo estaríamos llevando a cabo un debate largo y enojoso, sino también dictando una norma que podría resultar innecesaria.
De ahí que, sin pronunciarme por el momento ¿si en definitiva se vota, daré a conocer los fundamentos de mi posición¿, creo que lo que ha informado el Senador señor Otero a la Sala ¿por lo demás, aparece de las muchísimas publicaciones y notas que todos los Senadores hemos recibido¿ es real. Y más allá de que el Senado o el Congreso pretenda resolver causas pendientes, toda la fundamentación de una norma que ¿repito¿ ha sido objeto de tanta discusión podría caer por su base y ella sería innecesaria.
En consecuencia, por motivos distintos de los expresados por el Honorable señor Otero, pero en el fondo coincidiendo con la razón fundamental que Su Señoría planteó, hago un llamado para que nos abstengamos de aprobar una norma de esta especie mientras no contemos con el pronunciamiento de los tribunales, que de alguna manera podría verse indirectamente influido ¿o la gente podría creerlo así¿ por el debate que hemos realizado.
Pienso que sería más limpio, para salir de un problema que ha sido tan enojoso, esperar dicha resolución, porque con ella en la mano tendríamos un elemento de juicio muy valioso para un pronunciamiento definitivo.
Por tal razón ¿como señalé¿, sin entrar al fondo de la norma, a discutir si es o no constitucional o conveniente, me parece que existen motivos más que justificados para que nos abstengamos de pronunciarnos sobre ella mientras la Corte Suprema no haya dado a conocer su parecer sobre la legislación en vigor.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, en la sesión anterior se plantearon diversas consideraciones, una de las cuales no volveré a abordar, ya que al referirme, por ejemplo, al artículo 73 de la Constitución Política, entregué antecedentes que, luego de una exposición muy fundada, la Honorable señora Feliú refrendó en forma más que suficiente.
En consecuencia, me parece que en el Senado existe clara conciencia al respecto, derivada tanto de los antecedentes expuestos en el análisis de la norma como de las citas realizadas oportunamente en el sentido de que una disposición como la que se discute ¿Artículo Tercero¿ en ningún caso está afectando al artículo 73 de la Carta Fundamental.
Sí había un segundo elemento que se encontraba también en juego: cuál es el carácter del artículo 96 del Código de Minería, que esta generando una controversia muy marcada, ya que establece una nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras. Y ésta es una materia relevante. Porque ocurre que en el artículo 54 de ese Código se señala: "El pedimento y la manifestación, inscritos, constituyen derechos reales inmuebles, transferibles y transmisibles de acuerdo con las mismas normas aplicables a los demás bienes raíces.".
Estamos hablando acerca de lo que sucede cuando se trata de afectar un derecho de propiedad tan claramente establecido en el Código de Minería y en nuestro Texto Constitucional. Y, particularmente, me ha llamado la atención ver cómo es posible la compatibilización del artículo 96, que determina una nueva causal de extinción del dominio, con el artículo 19, números 23° y 24°, de la Constitución Política.
Porque el número 23° habla de "La libertad para adquirir el domino de toda clase de bienes,"... Pero el número 24° establece que la Constitución asegura a todas las personas "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.". Y más adelante, en el inciso tercero, señala que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.".
De ese modo, los requisitos que fija el Texto Constitucional para que se pueda privar de la propiedad son tremendamente exigentes: que ello se realice a través de una ley general o especial, y además, que esta ley debe autorizar la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.
Desde ese punto de vista, las normas del Código de Minería disponen mecanismos para poner fin a la propiedad. Ellos se encuentran fundamentalmente en el artículo 95, que expresa: "Sólo son causales de nulidad de una concesión minera, las siguientes:"... Y señala una larga lista.
Lo establecido en el artículo 96, ¿cumple el requisito de tener como fundamento el interés nacional?
Me parece que esto es lo que ha llamado la atención de mis Honorables colegas que han sido autores y defensores de la proposición en examen. Porque el artículo 96 no sólo ha sido criticado por los señores Senadores que en las respectivas Comisiones abordaron la materia. Expresamente, en la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de septiembre de 1983 se manifiesta que el artículo 96 consagra una nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras de explotación, constituida por la prescripción de la acción de nulidad de que dispone el dueño de ellas afectado por la superposición de otra pertenencia, y en el caso de las concesiones de exploración, por la extinción de la acción de nulidad producida por el hecho de que el primer concesionario, debiendo hacerlo, no deduzca la oposición a que se refiere el artículo 61, número 1o.
Lo anterior llevó al Tribunal Constitucional a determinar que el artículo 96 es propio de ley orgánica constitucional, y no de quórum simple, con el que fue aprobado el Código de Minería. Es decir, aquí hay un hecho esencial: el legislador del año 83 ¿estamos claros que se trataba de un Régimen autoritario, donde no había Parlamento, etcétera¿ dictó una norma jurídica atentatoria contra la disposición constitucional. Y ello es razonable. Porque cuando se confunden en una misma autoridad el Poder Constituyente, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en muchos casos, es natural que este tipo de errores puedan presentarse de forma tan palmaria, como aquí se destacó, incluso en el fallo del Tribunal Constitucional.
En mi concepto, la argumentación de mis Honorables colegas al respecto tiene un fundamento muy sólido, por cuanto se produce un hecho muy singular: puede darse el caso de un particular que cumple a cabalidad con la ley; que está pagando la patente correspondiente; que está explorando o explotando, atendida la naturaleza de la propiedad que posea, y que, por no tener conocimiento de que en el Boletín Minero se publicó algo tan ininteligible como lo demostrado por el Honorable señor Adolfo Zaldívar en el debate habido en la oportunidad anterior, en el transcurso de cuatro años pueda verse automáticamente despojado de su pertenencia.
Entonces, la pregunta que surge es: ¿no estamos defendiendo todos el derecho de propiedad? ¿Cuál es la forma en que el legislador debe resguardar un bien jurídico tan relevante como el que la Constitución consagra que sólo puede verse afectado por una ley de carácter general o especial, que con fundamentos específicos así lo determine? Pero ocurre que, dada la precariedad de la forma en que se notifica al propietario ¿quien, de acuerdo con el Código de Minería, tiene los mismos derechos que el dueño de cualquier otro bien raíz¿, la norma del artículo 96 de ese Código lo deja en la indefensión. Eso es lo preocupante.
Se ha generado un proceso en el cual un precepto de carácter constitucional se ve debilitado por una ley simple de una manera que jurídicamente no corresponde, lo cual configura un atentado a valores y bienes jurídicos que el conjunto de la comunidad defiende como relevantes.
Ahora bien, ¿se ha tratado de buscar remedio a eso? Por cierto que sí. Y llamo a mis Honorables colegas a prestar atención a lo consignado en la página 129 del segundo informe de la Comisión de Minería, cuando, al modificarse el artículo 83 del Código de Minería, se establece un elemento esencial para el debido proceso con miras al adecuado resguardo de los derechos de las personas. Y se agrega un inciso que dispone que "Una vez efectuada la publicación, su contenido deberá notificarse a la persona o personas a cuyo nombre figuren inscritas las pertenencias en el correspondiente Registro del Conservador de Minas.". Y se consagra un requisito adicional en el inciso siguiente, que dispone: "La notificación se practicará personalmente, con arreglo al Título VI del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.". Es decir, estamos en presencia de una norma que introduce un cambio sustantivo, que va a velar por la seguridad jurídica, interés compartido por todos nosotros para el resguardo de los derechos de las personas. Pero, de repente, surge la interrogante: ¿qué puede ocurrir con aquella persona que, siendo titular de cierta pertenencia, por no informarse oportunamente de lo publicado en el Boletín Minero, y transcurridos cuatro años, por un acto de prescripción extintiva, que se convierte en adquisitiva, automáticamente se ve despojada de un título tan valioso como el que tiene, de acuerdo con la legislación vigente?
Por lo tanto, creo que los alegatos de algunos distinguidos colegas respecto de que esta disposición pone un sello de inseguridad jurídica son equivocados, porque el artículo 3o del proyecto, al abrir un plazo especial de un año, coloca condiciones muy relevantes a la interposición de esa acción. Y el inciso que se proponía agregar mediante indicación precisaba que "Esta acción extraordinaria sólo la podrán intentar todos aquellos titulares de concesiones mineras que ilegítimamente hayan sufrido la superposición teniendo su título inscrito, estén al día en el pago de sus patentes mineras, y realizando la actividad necesaria a que se refiere la Constitución, y hubiesen hecho el aporte de coordenadas al Servicio Nacional de Geología y Minería de acuerdo a la legislación vigente.".
Un señor Senador ¿creo que el Honorable señor Errázuriz, a quien no veo en la Sala, pero, en todo caso, me refiero a él en términos muy respetuosos¿ señaló que esto podría dar lugar a presentaciones por parte de gente de Bolivia o de Perú, quienes, al abrirse todo el proceso y generarse tal inseguridad jurídica, podrían tratar de introducirse dentro del proceso legislativo chileno o actuar ante tribunales para restablecer derechos históricos. A mi juicio, si esos ciudadanos de países vecinos están al día en el pago de las patentes mineras, si están debidamente registrados y no hay ningún acto ilegítimo, tienen derecho a impetrarlos; pero si sólo van a reivindicar títulos históricos ya resueltos en tratados internacionales como los oportunamente suscritos con ambas naciones, la verdad es que la exageración me parece manifiesta y no condice con la seriedad de la discusión que estamos tratando de provocar.
¿Dónde radica la dificultad planteada por el señor Ministro de Minería o por el señor Subsecretario de la Cartera? En que, al buscar una solución a un problema que el Gobierno reconoce como existente, y que incluso ha colaborado para solucionarlo a través de mecanismos tales como el establecer la notificación personal, a fin de que no se produzcan estos elementos de inseguridad, ocurre que, con la mejor intención, podría producirse un efecto no deseado por quienes están promoviendo esta legislación: que durante el lapso de un año se produzca una situación de incertidumbre que podría afectar a quienes gozan en la actualidad de una posición jurídica estable, y que ello tendría un efecto negativo desde los puntos de vista nacional e internacional.
Considero atendible la preocupación del Ejecutivo respecto de estas materias. Creo que, objetivamente, la disposición de mis Honorables colegas acota bastante el tema. Y después de reflexionar sobre el particular, tiendo a respaldar el artículo 3°. Se ha señalado que hay carencia de información. El Honorable señor Urenda se refirió a un fallo pendiente ante los tribunales. Pero el recurso de inaplicabilidad puede entablarse contra una ley vigente o una que se dicte. El conocimiento de ese recurso no depende de la aprobación o rechazo de esta ley. Por lo tanto, no estamos interfiriendo de nuevo en la realización de algún proceso pendiente.
Pienso, sí, que la intención es proteger a los más modestos, pues las grandes empresas o conglomerados que participan en la minería cuentan con notables equipos de abogados ¿prueba de ello son las cartas y documentos que hemos recibido¿, los que, al defender una u otra tesis, demuestran la calidad jurídica de quienes hacen presentes sus respectivas opiniones. La dificultad la tienen, precisamente, los modestos. En este sentido, he consultado con dirigentes de asociaciones mineras pequeñas de la Región que represento, quienes me han planteado que no tienen situaciones pendientes que los puedan afectar.
Por no disponer de antecedentes fundados en cuanto a que la disposición beneficiará a los pequeños y medianos mineros, me surge la duda acerca de su costo-beneficio.
Por ende, he tratado de señalar que, en mi concepto, el precepto se orienta adecuadamente dentro de las normas constitucionales vigentes; desde el punto de vista de los derechos y la seguridad jurídica, mejora el procedimiento para garantizar a los legítimos propietarios la integridad de su propiedad, y busca corregir ¿a mi juicio, de manera insuficiente¿ algo que quedó planteado en 1983, por la insuficiente preparación o discusión del nivel jurídico de la contienda entre la norma constitucional y la del Código de Minería.
Por último, la intención manifestada por mis Honorables colegas de regularizar esta situación es, desde mi punto de vista, de la más alta consideración. Pero, dado el hecho de que no he podido disponer de antecedentes fundados de parte de los pequeños y medianos mineros, debo cambiar mi voto favorable por una abstención.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el Senado debe pronunciarse acerca de la disposición contenida en el artículo 3o del proyecto, que modifica el Código de Minería en lo referente a las superposiciones de pertenencias mineras, y establece un nuevo plazo para entablar la acción de nulidad en contra de una de ellas. Aun cuando el actual Código que nos rige, al igual que la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, prohibieron la superposición, estableciendo un sistema de ubicación de ellas que debería evitar el problema, al consignar con precisión los deslindes de cada pertenencia, tuvieron que contemplar la posibilidad de que ocurrieran tales superposiciones e introdujo diversas normas para afrontarlo. También debieron considerar que, a pesar de que las pertenencias que se superponían a otras eran nulas y, por lo mismo, ilegítimas, ellas existían y conferían derechos a sus titulares mientras no fueran declaradas nulas de acuerdo con los principios generales de nuestra legislación; y si nada ocurriera al respecto por inactividad del que sufría la superposición, podía considerarse que éste no tenía interés en conservar o defender sus derechos, por lo que parecía lógico, y aun conveniente, que el "invasor" ¿por así llamarlo¿ pudiera reemplazar a aquél y efectuar labores mineras amparadas por su propio título, saneado por el transcurso del tiempo.
Preocupado por el problema de las superposiciones, que se suponían de común ocurrencia, dando origen a lo que se creía eran miles de litigios, el Gobierno, en 1992, envió al Parlamento el proyecto que estamos discutiendo, el que fue complementado por una indicación sustitutiva en 1993, que propuso diversas modificaciones para mejorar el Código, pero agregando una disposición, que es la que estamos analizando y que, en ese proyecto, era del siguiente tenor:

"Artículo Tercero.- Declárase, interpretando el inciso primero del artículo 96 del Código de Minería, que en las regiones o zonas en que no se haya dado término a la confección del Catastro Nacional de Concesiones Mineras, el plazo de prescripción de la acción de nulidad de una pertenencia, cuando tal acción se funde en la causal del N° 7 del artículo 95 de este Código y la respectiva pertenencia se haya constituido bajo el imperio de leyes anteriores al Código de Minería vigente, comenzará a correr desde la fecha en que haya quedado terminado dicho Catastro.".
La Comisión de Minería, en su primer informe, por mayoría, con el voto en contra del Senador señor Pérez y la abstención del que habla, sustituyó dicho artículo por el siguiente:
Artículo Tercero: "Otórgase a los titulares de pertenencias mineras que hayan sufrido superposición, el plazo de un año para entablar la acción de nulidad del acto de concesión consagrada por el N° 7 del artículo 95 del Código de Minería.".
Los Senadores señores González Márquez, Núñez y Andrés Zaldívar fueron de opinión de que era necesario otorgar un plazo para que aquellos titulares de pertenencias que hubieran sufrido una superposición sin tener conocimiento de ello pudieran ejercer la correspondiente acción de nulidad. No obstante, no estuvieron de acuerdo con el texto del Ejecutivo, por dos razones principales. La primera consistía en que se trataba de un texto interpretativo de una norma que no requiere de interpretación, por muy en desacuerdo que se pueda estar respecto de ella. La segunda, en que la indicación proponía contar el plazo de prescripción de las acciones de nulidad desde que quedara terminado el catastro minero, lo que podría prestarse a dudas, por cuanto el referido catastro nunca se termina, toda vez que constantemente se está modificando. Además, porque, aunque se interpretara la terminación en otra forma, también podría pasar largo tiempo antes de que quedara finiquitado, lo que dejaría los títulos mineros en inestabilidad tal que era desde todo punto de vista conveniente evitar.
En el segundo informe, en el cual se analizó en profundidad todo el proyecto, y con una acuciosidad que curiosamente originó críticas en lugar de alabanzas a una labor ejemplar, se produjeron dos situaciones antagónicas con respecto a este artículo 3o.
Por un lado, la Comisión propuso, por mayoría de tres votos, rechazar el citado artículo 3o, por las razones expresadas en el mismo documento, páginas 115 y 116, que no considero necesario repetir. Por otro, los Honorables señores Hamilton, Núñez y Adolfo Zaldívar formularon indicación para agregar a dicha norma lo siguiente: "Esta acción extraordinaria sólo la podrán intentar todos aquellos titulares de concesiones mineras que ilegítimamente hayan sufrido la superposición teniendo su título inscrito, estén al día en el pago de sus patentes mineras, y realizando la actividad necesaria a que se refiere la Constitución, y hubiesen hecho el aporte de coordenadas al Servicio Nacional de Geología y Minería, de acuerdo a la legislación vigente.
"En ningún caso podrá intentarse esta acción cuando exista una sentencia judicial ejecutoriada que haya declarado la prescripción de la acción de nulidad y la extinción del título anterior de conformidad al inciso tercero del artículo 96 del Código de Minería.".
Como el artículo 3o había sido rechazado por la Comisión, la citada indicación se tuvo también por rechazada por esa razón; pero también porque establecía requisitos más aparentes que reales.
En efecto, las superposiciones son siempre ilegítimas porque están prohibidas por la ley, de modo que ese calificativo no tiene la gravedad que se le quiere dar. Las superposiciones son tales cuando abarcan precisamente un título inscrito, y normalmente afectan a pertenencias cuyas patentes están al día, no obstando en el Código actual a la validez de la pertenencia el no pago de las patentes, que hoy no produce su caducidad. La actividad necesaria a que se refiere la Constitución consiste en el amparo que en Chile se hace mediante el pago de patentes y no por medio de labores efectivas de exploración minera. En cuanto al aporte de las coordenadas UTM, es hoy corriente que pertenencias antiguas y nuevas hayan ingresado al nuevo sistema que proporciona más seguridad en cuanto a los deslindes, pero que no por eso imposibilita absolutamente las superposiciones.
Si bien esta discusión debería versar solamente sobre si se aprueba o no el artículo 3o y su indicación complementaria (lo que, a mi juicio, requiere de votaciones separadas), es necesario referirse un poco al sistema que el nuevo Código de Minería usó para enfrentar el problema de las superposiciones.
El mensaje del Ejecutivo de 1992 reconoce que ¿y cito¿: "en lo que respecta al "principio de certeza técnica" parece incuestionable que el Código de Minería de 1983 en actual vigencia representa una clara superación sobre su predecesor, el Código de Minería de 1932".
"Asimismo" ¿añade¿ "resulta claro que el "principio de preferencia" recibe expresión adecuada, a través de las oposiciones a la solicitud de mensura; e igualmente ¿a través de su necesaria publicación en el Boletín Oficial de Minería¿ nuestro ordenamiento acoge en términos satisfactorios el "principio de publicidad".
Tanto es así que, gracias a la confianza y estabilidad que proporciona el Código de Minería a la propiedad minera, se han efectuado inversiones nacionales y extranjeras en la minería, por miles de millones de dólares, anunciándose muchas más.
Como este tema se ha discutido tanto, conviene recordar los términos del informe del Presidente de la Primera Comisión Legislativa a la Junta de Gobierno sobre el problema de las superposiciones de pertenencias, en el que se consideraron tres alternativas.
La primera establecía que la segunda concesión superpuesta a una primera carecería de existencia jurídica. Fue descartada, porque es evidente que, en este caso, la segunda concesión sí tiene existencia legal por emanar de una sentencia judicial firme; estar inscrita en el registro conservatorio y ser susceptible de amparo, transferencia y transmisión, etcétera.
Por otra parte, si esta segunda concesión fuera inexistente, no podría sanearse jamás, lo cual repugna tanto a la necesidad de otorgar estabilidad a los títulos como a la institución universal de la prescripción.
La posición de la Cuarta Comisión, que propiciaba esta tesis, pero combinándola con una prescripción adquisitiva, era incongruente, pues mal podría comenzar a existir por prescripción una concesión en un momento dado, si ella no ha existido anteriormente, aparte de que ello supeditaría a una condición suspensiva el efecto de cosa juzgada de la sentencia firme constitutiva de la segunda concesión.
La segunda solución admitía que la segunda concesión, si bien existía, adolecía de nulidad absoluta por haberse constituido violando la prohibición de superponerse a otra; pero ésta no sería una nulidad de derecho público, toda vez que la superposición es un conflicto entre concesionarios, y el Estado no tiene responsabilidad al respecto, y no operaría ipso jure. En el caso de la pertenencia, esta nulidad absoluta se sanearía si transcurriera el plazo establecido por el legislador ¿y que el proyecto proponía que fuera de cuatro años¿, sin que el titular de la primera pertenencia objetara la situación, en juicio breve y sumario en que la prueba se reduciría a una pericia muy simple. La misma sentencia que, en su caso, declarare la prescripción extintiva de la acción de nulidad interpuesta por el primer titular contra el segundo, declararía extinguida la primera pertenencia.
La tercera solución que se analizó consistía en que el segundo concesionario gane la concesión por prescripción adquisitiva. Tal solución se consideró jurídicamente inaceptable, prácticamente inaplicable y fuente de toda clase de pleitos que, en general, perjudicarían al minero más desvalido frente al de mayores medios.
La solución adoptada por el proyecto en esa oportunidad, que establece que la pertenencia superpuesta a otra es nula absolutamente, pero que tal nulidad puede, sin embargo, sanearse si transcurre el plazo legal sin que el interesado la demande, y que ese saneamiento extingue la primera pertenencia, aparecía, para los redactores del Código de Minería, como la única compatible con la realidad jurídica propia de la superposición y plenamente congruente con las normas pertinentes de la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
En efecto, el inciso primero de la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución encomienda expresamente al Código de Minería regular, entre otras materias, la forma, condiciones y efectos de las concesiones mineras, de lo cual se infiere fácilmente que este Código es, precisamente, el cuerpo legal llamado a reglamentar todo lo relativo a la eficacia de las concesiones y, por tanto, a su ineficacia o nulidad.
Todo lo anterior descansa sobre la base del transcurso del tiempo, que sanea toda situación irregular, o sea, la prescripción. Y estimo que el problema que estamos analizando en particular es una materia estrictamente jurídica; esto es, los efectos de la prescripción y el hecho de si es posible modificar el plazo una vez que ella entra a operar.
La prescripción es una institución que siempre ha existido en la normativa legal de los pueblos, como la usucapión de los romanos, la consolidación de situaciones y derechos por el transcurso del tiempo. La sociedad, para desarrollarse, necesita estabilidad. Situaciones conflictivas o dudosas no deben persistir más allá de cierto lapso, y aun cuando se produzcan casos de injusticia, la estabilidad que la prescripción proporciona es preferible a la mantención de alguna ambigüedad.
Tanto es así que incluso en materia penal, aunque se trate de los delitos más graves, hay extinción de la pena y de la responsabilidad penal después de determinado número de años.
Todo nuestro ordenamiento jurídico está basado en la estabilidad que proporciona el paso del tiempo. Es así como actos absolutamente nulos, con vicios de fondo, se sanean al cabo de un período y pasan a ser válidos por extinguirse la acción de nulidad que los podría invalidar.
Todo nuestro derecho de propiedad, defendido entusiastamente en esta Sala en sesiones pasadas, aun por quienes hace 25 ó 30 años no tenían empacho en desconocerlo en mayor o menor grado, se funda en la prescripción. Somos dueños de nuestras propiedades, no por tenerlas inscritas en el Conservador de Bienes Raíces ¿ello sólo acredita posesión, aunque en la inscripción se diga que uno "es dueño" de tal o cual propiedad¿, sino porque ha operado la prescripción, y cualquier acción en contra nuestra estaría extinguida, pudiendo un poseedor agregar la posesión de su o sus antecesores.
De ahí la importancia de la prescripción, sea adquisitiva o extintiva. De ahí la confianza y la estabilidad que un régimen jurídico que respeta los plazos de prescripción y su funcionamiento despierta en quienes pretendan efectuar inversiones sobre la base de ese ordenamiento, como ha ocurrido en Chile.
Al respecto, don Arturo Alessandri Rodríguez expresa textualmente lo siguiente según los apuntes taquigráficos de sus clases:
"Puede definirse la prescripción extintiva diciendo que es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ellos ejercido durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
"El fundamento de la prescripción extintiva es sencillamente la utilidad social. No hay que ir a buscar su fundamento en razones de orden filosófico o de orden jurídico, porque estamos en presencia de una institución establecida por el legislador en atención a que la sociedad la necesita, y cada vez que la sociedad necesita una regla de derecho para la satisfacción de sus necesidades, el legislador dicta la regla de derecho cualesquiera que sean las consideraciones de orden filosófico o jurídico que puedan invocarse; y si se pretende ir a buscar a estas fuentes el fundamento de la prescripción, no se le encontrará.
"Así como sin la prescripción adquisitiva no sería posible la estabilidad de las propiedades y nadie estaría cierto de ser propietario, porque aunque los años transcurrieran los propietarios estarían siempre expuestos la perder sus propiedades en presencia de las pretensiones de un tercero que se dijera dueño invocando cualquier título, así también la prescripción extintiva es un beneficio establecido en favor de los deudores, porque si ella no existiera el deudor se vería obligado nuevamente a efectuar el pago, en caso de un nuevo cobro de parte del acreedor, si hubiera perdido, por ejemplo, el documento en que constaba la cancelación de la deuda;".
"Es cierto que la prescripción es hasta cierto punto una institución inmoral, porque puede conducir a una expoliación ya que puede suceder que el deudor no haya cumplido la prestación debida y la prescripción, no obstante eso, lo libere del pago. No podemos dejar de reconocer que la crítica es fundada; pero tampoco se puede dejar de reconocer que los beneficios que presta son superiores a los males que causa, quedando éstos de sobra compensados con aquéllos. Por otra parte, los inconvenientes que la prescripción puede tener, se desvirtúan en parte o desaparecen por completo si se considera que al acreedor se le da un largo plazo para que pueda ejercitar sus acciones, y si el acreedor no las hace valer, ¿no es justo que la desidia y la dejación del acreedor sufran un castigo de parte de la ley? Finalmente, la ley pone en manos del deudor el derecho a invocar o no la prescripción; él sabrá, invocando su conciencia, si alega o no la prescripción.
"Todo esto ha hecho pensar a los legisladores de todos los tiempos y de todos los países, en la necesidad de adoptar la prescripción, y, por eso, no hay Código que no la reglamente.". Fin de la cita.
La prescripción opera por el solo transcurso del tiempo. No necesita ser declarada judicialmente para que se cumpla; y una vez cumplida...

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor ALESSANDRI.- Con mucho gusto, Su Señoría.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Me gustaría que el señor Senador me aclarara algo que, a mi juicio, es fundamental para el razonamiento que con tanta habilidad está fundando. ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción? ¿A partir de una fecha cierta? ¿Se considera para ese efecto el hecho de que haya una notificación, o, simplemente, una publicación, o cuando surja una noticia vaga?

El señor ALESSANDRI.- De acuerdo con lo que establece el Código de Minería, desde el momento de la publicación.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Pero teniendo en cuenta el razonamiento de Su Señoría, en lo que respecta a la prescripción, la estabilidad, la seguridad, etcétera, a su juicio, ¿es posible que ello pueda fundarse en una simple publicación, cuando ni siquiera se individualiza a la persona que resultará afectada?

El señor ALESSANDRI.- Cada caso es distinto, y la ley establecerá cuándo procede la prescripción. Los Códigos, en general, contemplan la forma en que ella tiene lugar. Por lo tanto, el asunto variará de acuerdo con la normativa que se aplique.
Como decía, una vez cumplida la prescripción ¿o sea, terminado el plazo¿, en el caso de la extintiva, la acción respectiva se extingue, y la parte beneficiada incorpora el derecho no objetado ¿y, por ende, saneado¿ a su patrimonio. No podría, en consecuencia, una ley posterior reabrir el plazo, porque ello equivaldría a sustraer del patrimonio, ya enriquecido con el derecho adquirido por prescripción, ese mismo derecho, que nuevamente quedaría en suspenso, con posibilidades de desaparecer para su titular.
El legislador se ha preocupado del efecto que producen las leyes retroactivas, como parece ser en este caso. La disposición general es que la normativa rija para el futuro, y no para atrás. Como dice don Antonio Vodanovic en su obra sobre Derecho Civil, basado en las enseñanzas de los profesores Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriva Undurraga, y citando al civilista francés Paul Roubier, "cuando una ley nueva alcance con sus efectos al tiempo anterior a su promulgación, penetrando en el dominio de la norma antigua, se dice que tiene efecto retroactivo, porque la ley vuelve sobre el pasado.".
Planiol, otro "monstruo" francés del Derecho Civil, justifica la irretroactividad de la ley expresando que las razones que han determinado el establecimiento de este principió son muy sencillas. Dice: "Ninguna seguridad y confianza tendrían los particulares si su fortuna, sus derechos, su condición personal y los efectos de sus actos y contratos fueran a cada instante puestos en discusión, modificados o suprimidos por un cambio de parecer del legislador. El interés general, que no es aquí sino la resultante de los intereses individuales, exige, pues, que lo hecho regularmente bajo una ley, sea considerado válido, y, en consecuencia, inamovible, a pesar del cambio de legislación.".
Vodanovic expresa, por último, que hay también en materia civil una prohibición indirecta en lo que se refiere al derecho de propiedad, la cual impide al legislador dictar leyes retroactivas. En efecto, señala: "la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, la inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna. Nadie puede ser privado"..., etcétera. Y cita la Carta Fundamental de aquel entonces.
Ahora bien, la circunstancia de que una ley que atente contra el derecho de propiedad constituido regularmente bajo el imperio de otra, sea inconstitucional, hace que el legislador no pueda dictar leyes retroactivas con respecto a ese derecho. En resumen, él es libre para dictar normativas con carácter retroactivo, pero, excepcionalmente, no lo puede hacer en materia penal y en cuanto al derecho de dominio.
Don Héctor Escribar Mandiola, en su memoria de prueba sobre la Prescripción Extintiva Civil, se refiere a este asunto expresando que, mientras el plazo de prescripción no se cumpla, la pérdida del derecho constituye una mera expectativa. Y si en el transcurso de este lapso se produce un cambio en las leyes, se pueden presentar diversas situaciones, como la alteración del plazo de prescripción, sea que se alargue o se acorte. Pero parte de la base de que si éste se extiende, ello ocurre durante el transcurso del plazo, no después que se haya completado y la prescripción haya operado. Nadie, ningún autor, se pone en el caso de ampliar el plazo de prescripción una vez cumplido éste, por la sencilla razón de que la prescripción ha operado, y si ella es extintiva, la acción respectiva se ha extinguido.
Conviene recordar en este punto la disposición del artículo 9o del Código Civil, que expresa: "La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo.". Esta norma fue complementada por la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 7 de octubre de 1861, que no hizo otra cosa que deducir sus consecuencias.
Dicho cuerpo legal regula lo relativo a la prescripción en sus artículos 25 y 26, cuya sola lectura deja de manifiesto que para el legislador no existe conflicto de leyes cuando una prescripción ha corrido íntegramente bajo el imperio de una normativa, en cuanto a si debe correr bajo el imperio de una posterior. El conflicto se presentará cuando, no habiéndose completado la prescripción durante la vigencia de una ley, otra nueva viene a modificarla. Para el legislador está meridianamente claro que jamás una ley podría afectar prescripciones ya cumplidas.
Dice el artículo 25 del texto legal mencionado:
"La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que aquélla hubiese empezado a regir."
De la lectura del mensaje con que se remitió al Congreso Nacional la referida Ley sobre Efecto Retroactivo, se desprende nítidamente que ella se basó en la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas.
Allí se expresa:
"En materia de prescripción, el Proyecto adopta un partido que si bien no se conforma rigurosamente a los principios teóricos que imperan sobre este punto, es con todo el que mejor armoniza las expectativas de los actuales prescribientes con los derechos de aquellos contra quienes se prescribe.
"Es indudable que una prescripción no consumada no alcanza a conferir un derecho adquirido al prescribiente. La nueva ley podrá, pues, cortar el curso de sus esperanzas, prolongando o disminuyendo el plazo que la anterior exigía, o aun declarando imprescriptibles las cosas sobre que versaba la prescripción."
Es por ello que considero que el Artículo Tercero del proyecto es inconstitucional, pues priva al titular de la concesión posterior de su derecho a alegar la prescripción que ha saneado su título, violando así la garantía constitucional del derecho de propiedad. En efecto, el derecho a alegar la prescripción una vez que el plazo de ella se ha cumplido, es un derecho adquirido e incorporado al patrimonio del prescribiente. Así lo confirman, entre otros, don Luis Claro Solar, don Arturo Alessandri Rodríguez, don Manuel Somarriva y la propia Corte Suprema.
Don Luis Claro Solar, en su famoso tratado, afirma:
"No hay duda de que la prescripción ya cumplida, forma un derecho adquirido. Si es adquisitiva, la cosa ha entrado en el dominio de aquel que la ha adquirido por la posesión y una ley nueva no podría quitarle este derecho sin violar su propiedad. Si es extintiva, el deudor se ha libertado y una nueva ley no podría dar al acreedor una acción ya extinguida, sin arrancar al demandado una parte de sus bienes.
"¿Sucede lo mismo con las prescripciones comenzadas? Mientras la prescripción no se ha consumado, es evidente que el poseedor y el deudor, en una y otra clase de prescripción, no tienen un derecho que se haya incorporado a su patrimonio; y, por lo tanto, una ley puede regir las prescripciones comenzadas. Duverger distingue a este respecto entre la prescripción adquisitiva y la extintiva, y admitiendo que esta última sea regida por la nueva ley, cree que la primera debe ser respetada porque el poseedor hace actos enérgicos y reiterados", y sigue con otras consideraciones.
Don Arturo Alessandri y don Manuel Somarriva, citados por Vodanovic, dicen: "El hecho de que la prescripción deba ser alegada por el que quiera aprovecharse de ella (artículo 2493), no significa que el beneficio que ella envuelve se considere incorporado al patrimonio del beneficiario sólo a partir de esa alegación; el beneficio lo adquiere el prescribiente desde el momento mismo en que se cumplen los requisitos legales de la prescripción, y el fallo que comprueba o reconoce ésta se limita a declarar la existencia de un hecho ya producido, y a deducir de él las consecuencias jurídicas que le son propias."
Que la prescripción opera por el solo cumplimiento del plazo, está confirmado en un fallo de la Corte Suprema, de 1o de junio de 1921, resolviendo casos de compraventas efectuadas en la actual Segunda Región, especialmente en Mejillones, de acuerdo con las leyes bolivianas.
Al referirse a la prescripción que ampararía a algunos adquirentes, la Corte expresa textualmente:
"Es oportuno tener presente que la prescripción, una vez cumplida, a más de ser un modo de extinguir los derechos y las acciones judiciales del acreedor, constituye también un derecho o un beneficio adquirido por el deudor, beneficio o derecho que entró a formar parte de su patrimonio desde el momento mismo en que se cumplieron los requisitos de la ley; y si bien es efectivo que la prescripción no puede ser declarada de oficio por la autoridad judicial, y que el deudor que quiere aprovecharse de ella debe alegarla, estas peculiaridades de la institución indicada, en nada alteran su naturaleza jurídica, y el fallo judicial que reconoce su existencia, se limita a declarar la de un hecho ya producido, y a deducir de él las consecuencias legales que le son propias."
Señor Presidente, creo que lo expuesto demuestra hasta la saciedad que, una vez transcurrido el plazo legal de una prescripción, ésta ha operado de pleno derecho y producido todos sus efectos por el solo transcurso del tiempo y el cumplimiento del plazo.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Puedo hacer una consulta al Senador señor Alessandri, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si el señor Senador accede, la Mesa no tiene inconveniente.

El señor ALESSANDRI.- Con mucho gusto, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención a su Señoría, distinguido abogado, quien ha citado, como bien dice, a tratadistas insignes que nos merecen mucho respeto.
Pero me pregunto lo siguiente. En una superposición, ¿cuál es el elemento de posesión de una persona que prescribe, que adquiere en contra de otra que paga la patente, que se halla explotando su pertenencia, o sea, que está en posesión plena? ¿Cuál es la posesión de esta otra persona, que sobre el mismo bien se ve afectada sólo por esta disquisición o creación jurídica que la expropia? Porque, como Su Señoría bien dice, para prescribir es necesario tener posesión.
Entonces, quiero que el Senador señor Alessandri me indique cuál sería la posesión de la persona que adquiere por el transcurso del tiempo, si hay otra que no tuvo conocimiento de esta pretensión.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Quiero aclarar, señor Presidente, que yo estoy analizando el Código vigente. No lo estoy defendiendo. He citado diversos antecedentes para demostrar cómo se originaron sus normas.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ALESSANDRI.- Con gusto, con la venia de la Mesa.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- La mesa no tiene inconveniente, pero ruego evitar el diálogo.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, creo que la argumentación del Senador señor Alessandri es estupenda, perfecta, pero el problema es que no corresponde a los hechos, porque existe un tercero adquirente que está superponiéndose sin tener posesión, que nunca la ha tenido, y que sólo la va a tener en virtud de una sentencia que declare extinguida la prescripción al anterior. Recién ahí va a entrar en posesión, jurídicamente hablando.
En consecuencia, estimo que la disquisición que ha hecho, con mucha elocuencia y fundación, el Honorable señor Alessandri, se contradice en los hechos porque no se da.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Ruego al Senador señor Alessandri terminar, porque creo que su intervención ha sido muy elocuente.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, pienso que el Honorable señor Adolfo Zaldívar está en un error, pues el que superpone, o sea, el que está encima, también tiene una pertenencia inscrita, tiene una sentencia, tiene de todo. Por tanto, hay dos que coexisten. Tan título es el de la primera como el de la segunda. La primera es nula, ilegítima, pero se valida por el transcurso del tiempo.
El problema, como se ha señalado, radica en la publicidad que se dé a la superposición. Por eso, estimándose que el Código presentaba vacíos, se reconoció validez a las normas que obligan a notificar al superpuesto de la superposición, para que se defienda, ya que, a lo mejor, se consideró que la forma anterior de notificación de la superposición no era suficiente.
Continúo, señor Presidente:
Como lo reconoce la Corte Suprema, la sentencia que se puede dictar al respecto es meramente declarativa (estoy hablando de la prescripción). Siendo así, no cabe sostener que una ley puede alargar el plazo de prescripciones ya cumplidas, porque el derecho respectivo o la situación anormal o ilegítima se ha extinguido o ésta se ha saneado, como ocurre con cualquier acto que adolece de nulidad absoluta.
Los autores estiman, como se ha dicho, que el beneficio jurídico que se reporta a una parte, una prescripción cumplida, es un derecho o activo que entra definitivamente a su patrimonio. ¿Cómo podría una ley, entonces, privar a esa persona de tal derecho o activo sin una compensación adecuada?
Si el plazo de prescripción nos parece demasiado breve, podemos alargarlo. Si creemos que es preciso establecer requisitos más exigentes, impongámoslos, como en este mismo proyecto lo hemos hecho exigiendo la notificación personal de quien soportará la superposición. Lo que no podemos hacer es vulnerar los derechos adquiridos de quienes ya completaron la prescripción.
En el caso que nos preocupa, se ha sostenido que las superposiciones mineras son un abuso, un atropello, una invasión ilegítima. No lo dudo. Pero todo acto nulo, por ilegítimo que sea, se sanea por el transcurso del tiempo, y cumplido el plazo respectivo, largo, mediano o corto, la situación se consolida, porque así lo exige la estabilidad social.
Opinar lo contrario, a mi juicio, reviste gran peligro. Chile se ha caracterizado por respetar los derechos patrimoniales. Sobre esta base se está construyendo el futuro. Las inversiones extranjeras, especialmente en minería y muy particularmente en la Segunda Región, fluyen cuantiosas sobre la base de la estabilidad y la garantía de la seriedad de nuestras instituciones.
Chile ha sido invitado a negociar su ingreso al Tratado de Libre Comercio de América del Norte; acabamos de firmar en el GATT un acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, lo que nos obliga a ser especialmente cuidadosos en la legislación chilena y no arriesgar nuestra credibilidad como país. No debilitemos tal credibilidad, esa reputación de seriedad con una disposición que puede acarrear problemas de propiedad minera que no es posible cuantificar. Y por tratar de solucionar unos pocos casos de superposiciones (que no son los miles que se creyó en un principio), por muy ilegítimas que sean, hagamos tambalear un sistema jurídico que, con todos sus defectos, ha consolidado la propiedad minera y la ha hecho surgir como nunca en la historia de Chile.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención, especialmente a los Honorables señores Adolfo Zaldívar y Hormazábal, tanto en ésta como en la sesión anterior; y, de acuerdo con sus planteamientos, se puede apreciar que se ha cometido una injusticia en determinados casos.
No me referiré a si la situación es así, o si la norma es constitucional o no. Pero sí deseo comentar dos o tres observaciones que he oído y que me parece conveniente aclarar.
Una de ellas dice relación al Servicio Nacional de Geología y Minería. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades se ha mencionado que dicho servicio ha realizado un trabajo incompleto. La primera vez ¿hace como dos años¿ la prensa hablaba de 10 mil litigios o casos de superposiciones pendientes. Posteriormente, en un informe de la Comisión de Minería (en el primero, si no me equivoco), se señalaba qué esa cifra era de 9 mil superposiciones. Con tantos casos, la Comisión pidió un primer informe al Servicio Nacional de Geología y Minería, en el cual se hablaba de 12.582 concesiones, 312 mil pertenencias y 87 reclamaciones de superposiciones. De estas últimas, había 47 casos que ya estaban resueltos y 40 quedaban pendientes. No daré mayores detalles estadísticos, porque los datos del citado informe del SERNAGEOMIN son muy claros.
Días atrás nuevamente escuché que había muchas superposiciones pendientes y que aún no se terminaba el trabajo. Por segunda vez consulté al Servicio y me informaron que la labor realizada es excelente: hay 3.569 grupos de concesiones en coordenadas arbitrarias y 3.425 catastradas. Esta cifra representa el 96 por ciento del total de la Región. Además, de un total de aproximadamente 12 mil concesiones mensuradas, 11.900 ya están terminadas. O sea, el 99 por ciento nacional.
Con estos datos y además con la información de que la Cuarta sería la Región afectada por estos casos injustos, se puede concluir que todo el proceso terminó, y que fue bastante largo. Este se inició el 20 de junio de 1989 y concluyó el 28 de octubre de 1991. Posteriormente se efectuó una revisión que finalizó el 27 de mayo de 1993.
En beneficio del prestigio del Servicio Nacional de Geología y Minería, no podemos decir que el trabajo está inconcluso, salvo en muy pocos casos, razón por la cual está en trámite legislativo el proyecto que nos ocupa.
El segundo tema que me interesa se refiere a las inversiones. La legislación minera chilena ha sido una demostración de estabilidad del sector, y uno de los pilares de la inversión extranjera. Llevamos alrededor de 5 mil millones de dólares invertidos bajo el marco de las disposiciones mineras legales y reglamentarias vigentes. Esta cifra constituye, más o menos, dos tercios de toda la inversión minera en Sudamérica, y se estima que ella debería llegar a 10 mil millones de dólares.
Respecto de la inversión extranjera, el señor Subsecretario de Minería señaló ¿según figura en el informe de la Comisión¿ que había participado junto a otros profesores chilenos en una conferencia denominada "Invirtiendo en las Américas", celebrada en Miami en marzo de 1993, donde los representantes latinoamericanos se presentaban ante Estados Unidos y Canadá para promover inversiones mineras en sus respectivos países. Hubo un simposio especial destinado a comparar las legislaciones mineras de todas las naciones latinoamericanas, en el cual se estableció que la nuestra no presentaba reparos y era considerada excepcionalmente buena, sobre todo porque las concesiones mineras se tramitan judicialmente, lo que impide la corrupción generalizada que se ve en otros países.
Personalmente tuve una experiencia en cuanto a este tipo de inversión. En 1989 vino a Chile un alto ejecutivo de una empresa canadiense a investigar las inversiones que aquélla había realizado en el país, y cuyo informe fue favorable. Sin embargo, pese a que no objetaba los impuestos ni la legislación minera, tenía dudas respecto de la situación política.
Esta misma persona volvió hace dos años y nuevamente preguntó cómo era la inversión y cuál era la situación en Chile. Ahora no le preocupaba la cuestión política ni tampoco la legislativa, ni la de los impuestos, sino que solamente le inquietaba el tema de la ecología.
Ahora, las razones que he expuesto invitan a considerar en forma muy especial este punto de vista en las inversiones.
He tenido en mis manos también un oficio, en el cual algunos empresarios extranjeros informan su inquietud al respecto. Y uno de esos párrafos dice: "Las empresas mineras han confiado en la estabilidad del sistema jurídico vigente y de las reglas del juego económico, político y legal. Esta confianza se vería menoscabada en este último aspecto con la inclusión de la referida norma en una ley de la República.", que es la que estamos analizando.
Termino mis palabras señalando, señor Presidente, que debemos tener una especial precaución en el análisis de este proyecto, el cual por ningún motivo, debe afectar las inversiones extranjeras en nuestro país, del orden de los miles de millones de dólares.

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Hay varios señores Senadores inscritos con anterioridad.
Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, sin duda, las últimas modificaciones introducidas al Código de Minería en cuanto a las concesiones mineras, han augurado mejores perspectivas para este sector de tan gravitante importancia para nuestra economía.
Hoy se está discutiendo la norma que afecta al artículo 3° de dicho Código, la cual fue inicialmente rechazada por la Comisión ¿rechazo en el que también participé¿, porque se estimó que era inconstitucional.
Sin embargo, señor Presidente, posteriormente, el Senado conoció el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual, con un voto de mayoría, manifiesta que esta disposición, además de ajustarse a Derecho, es constitucional.
También he tenido acceso al informe en Derecho del eminente abogado don Enrique Evans, quien en su parte conclusiva expresa: "El simple otorgamiento de un plazo especial para que los titulares de pertenencias mineras sobre las que exista superposiciones, ejerzan la acción de nulidad que franquea el Código; no afecta ninguna garantía constitucional, ni afecta derecho de dominio minero alguno, pues quien se superpuso sólo adquirirá su concesión válida, eficaz y legalmente; cuando se declare por sentencia ejecutoriada la prescripción de toda acción de nulidad y la extinción de la pertenencia afectada por la superposición. En consecuencia, el artículo propuesto" ¿dice el señor Evans¿ "no podrá hacerse valer en contra de los concesionarios que hayan completado el proceso concesional con las declaraciones previstas en el artículo 96 del Código de Minería.".
Establecida la premisa de la constitucionalidad de la norma, y en el bien entendido de que el perfeccionamiento técnico de la legislación minera que aquí se busca tiene como finalidad beneficiar a este sector y contribuir a defender la titularidad de las concesiones mineras que han sufrido superposiciones, con exclusión expresa de aquellos pleitos que se encuentren con sentencia ejecutoriada, estimo pertinente apoyar la iniciativa, estableciéndose que quienes se acojan al beneficio de la norma en comento deberán reunir como requisitos previos estar al día en el pago de sus patentes, haber comunicado sus UTM al SERNAGEOMIN y encontrarse realizando actividades en el respectivo yacimiento minero.
Creo importante enfatizar que si el concesionario afectado por la superposición jamás perdió su pertenencia y, contrario sensu, el concesionario superpuesto nunca fue poseedor de la concesión afectada, la norma que se propone no despoja, pues, a ningún minero de sus derechos adquiridos legítimamente, sino que los protege y permite que sean los tribunales de justicia quienes entren a dirimir los conflictos de superposición que sean sometidos a su conocimiento.
Por las razones expresadas, señor Presidente, estimo que la norma en estudio debe aprobarse, por cuanto permitirá proceder en justicia, cautelar la propiedad minera obtenida legítimamente, en especial por los propietarios mineros más modestos y proteger al sector de procedimientos reñidos con la ética y la honestidad que se pretendan al amparo de nuestra legislación minera.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, sólo deseo clarificar un punto, pues en la sesión anterior me referí al tema.
Un señor Senador me ha hecho presente los problemas que se viven en la Primera y Segunda Regiones. Tal como se lo explicara personalmente, cabe señalar que ése es un caso distinto, porque allí existen títulos de propiedad minera que derivan de la Ordenanza de Nueva España ¿corresponden a pertenencias peruanas y bolivianas¿, reconocidos por Chile después de la Guerra del Pacífico. Por lo tanto, esas propiedades no pagan patentes, están inscritas en el Conservador de Minas y en el Conservador de Bienes Raíces, tienen título sobre suelo superficial y, también, de propiedad, incluyendo las aguas y todo lo que se encuentre dentro de ellas. Por lo tanto, son distintos.
Cuando me referí concretamente a los títulos de propiedad de los llamados estacamentos salitrales, lo hice por entender que, en su caso, la prescripción podría confundirse si se aprobara la iniciativa en debate. Creo, pues, conveniente precisar que no me equivoqué sobre el particular, sino que estaba en lo cierto.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor HERNÁNDEZ (Subsecretario de Minería).- Señor Presidente, ante todo, quiero explicar que la ausencia del señor Ministro de Minería en el día de hoy se debe a que le asistía el convencimiento absoluto de que el proyecto no iba a ser tratado en esta sesión, sino mañana.
Deseo, también, agradecer a la Sala y a la Mesa por la autorización que me ha permitido intervenir esta tarde en nombre del Gobierno y del Ministerio de Minería.
Seguramente los señores Senadores han conocido a través de los distintos medios de comunicación cuál es la postura del Gobierno respecto de la indicación para incorporar el artículo 3o al proyecto. No obstante, me permitiré hacer una breve referencia acerca de las motivaciones que los Gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei ¿porque son las mismas¿ han tenido en consideración para enviar al Senado la presente iniciativa para su primer trámite constitucional.
Se han debatido en la Sala las razones que exigen, en justicia, el perfeccionamiento del Código de Minería y de la institucionalidad jurídica que permite constituir el dominio sobre concesiones mineras. Desde luego, observando el Código vigente desde 1983, se aprecian materias que resulta imprescindible corregir.
En primer lugar, el hecho de que en la normativa vigente no se diga de manera expresa que el juez podrá anular de oficio algunas concesiones otorgadas cuando se trate de superposiciones respecto de otras concedidas con anterioridad, nos parece que le resta fuerza a la consolidación de la propiedad minera.
En segundo término, el Gobierno considera altamente inconveniente el que, conforme al Código actual, las notificaciones a los propietarios de concesiones mineras que hayan sufrido una superposición no se efectúen de manera personal, para asegurar así, la certeza jurídica del conocimiento del emplazado, sino a través de un boletín oficial de minería. Debo decir categóricamente en esta oportunidad que el Ejecutivo tiene el propósito de que, en lo futuro, tal notificación se publique en el Diario Oficial y no en boletines que dan cierta inseguridad respecto de la efectividad del emplazamiento.
No cabe duda alguna de que estas motivaciones son válidas, porque se han generado algunas situaciones de lamentar desde el punto de vista de la certeza jurídica y de la fuerza que debe tener el derecho de propiedad en la legislación chilena. Por lo tanto, como Gobierno, nos parece digna toda iniciativa que salga de esta Honorable Sala con el objeto de ir consolidando cada vez más la propiedad, el sistema de notificaciones y la certeza jurídica, tanto en el Derecho Procesal como en el sustantivo. Luego, la iniciativa de algunos señores Senadores en orden a introducir el artículo 3o, obedece a un afán de consolidar ¿ésa es la intención manifestada¿ la certeza de la propiedad.
Sin embargo, con la misma convicción con la cual el Gobierno ha estimado legítima, honorable y leal una iniciativa de esta naturaleza, debo advertir a los señores Senadores que una indicación que reabre en un año más el plazo para que situaciones que están jurídicamente consolidadas puedan ser cuestionadas no puede entenderse como una solución ideal. Ello, porque creemos, muy categórica y profundamente, que situaciones de injusticia no deben ser reparadas por la vía de una ley que, a nuestro juicio, puede llegar a generar problemas bastante más lamentables.
Es posible que podamos crear mecanismos de solución más adecuados. Tres son los elementos centrales de la iniciativa aprobados hasta el momento: el otorgar al juez la facultad de anular de oficio lo obrado en un proceso de constitución de concesión minera cuando observe que ésta se está superponiendo a propiedades legítimamente constituidas; la sanción penal que se establece para el perito o ingeniero que mensura en conocimiento de que hay superposición, y la notificación y el emplazamiento personales. Desde luego, quisiéramos que tales elementos, que dan seguridad a la propiedad minera, hubieran estado presentes en el Código desde su origen, desde 1983. Sin embargo, no lo están, y por eso queremos introducirlos hoy. La ley ha producido sus efectos, y cuando ésta lo ha hecho estableciendo un plazo de prescripción que ha vencido, genera, por muy incorrecto que sea el emplazamiento, consecuencias jurídicas permanentes, que, desde luego, tuvieron efectos en el derecho de propiedad y en la consolidación de determinadas situaciones que han servido de base para sentirse dueño y para efectuar transacciones comerciales, como también importantes inversiones.
El sector minero ha sido la más relevante área productiva de la vida de la nación. En los foros internacionales y en los debates internos, Chile puede enumerar una serie larga de ventajas políticas, institucionales, jurídicas y sectoriales en minería, por las que está en inmejorable posición para tener confianza en su institucionalidad jurídica.
Hemos dicho, con la misma fuerza con que nuestro país hoy muestra una institucionalidad democrática claramente consolidada y legitimada por el respaldo popular, que estamos construyendo un modelo de desarrollo económico-social basado en los grandes consensos políticos entre todos los sectores con influencia dentro de la sociedad chilena. Hemos dicho que nuestra institucionalidad jurídica prestigia al país y que, históricamente, tenemos respeto por los tratados internacionales; hemos señalado, además, que Chile genera condiciones de confianza para traer capitales extranjeros y para lograr un desarrollo equitativo y estable en la acción social del Gobierno; y también hemos manifestado que todos éstos constituyen factores de estabilidad. No podemos, desde luego, sino agregar que la certeza jurídica chilena, la institucionalidad jurídica y el respeto al derecho de propiedad constituyen también elementos claros por los cuales los extranjeros han tenido confianza, no sólo para abrir paso a Chile al comercio internacional en la inversión foránea, sino también para considerarlo como el país líder en América Latina y estar dispuestos a incorporarlo a foros internacionales como la APEC o a las negociaciones, que recién comienzan, del NAFTA.
Por lo tanto, el Gobierno desea dar un mensaje muy claro y categórico acerca de la conveniencia de no establecer en nuestra legislación elementos que puedan poner en duda o cuestionar situaciones jurídicas consolidadas. Actualmente existe, por el fenómeno de la prescripción, desde luego, el derecho de propietarios de pertenencias mineras que se sienten ejerciendo su derecho de propiedad plenamente. Hoy, con el transcurso del plazo y la inacción procesal, se ha consolidado la propiedad minera para estos constituyentes, la cual ha servido de base para transacciones, para importantes inversiones.
Considero que, aunque sea imperfecto el sistema de la legislación vigente ¿lo estamos mejorando¿, no es posible negar los efectos que la ley ha producido, porque éstos los ha generado de manera permanente, y no puede ser que la ley los cuestione en forma retroactiva. El Gobierno, con convicción jurídica, pero entendiendo que ésta es una herramienta para el establecimiento de un esquema de desarrollo sólido y estable, está en la posición de no aceptar la indicación. Esta fue introducida de muy buena fe por algunos señores Senadores, basados en las incorrecciones del Código vigente; pero el Gobierno, ponderando los beneficios y los perjuicios que la indicación genera desde los puntos de vistas del sistema jurídico, de la consolidación y del fuerte desarrollo del sector minero, debe decir responsablemente a los señores Senadores que no puede estar a favor de esta disposición.
He dicho.

La señora FREI (doña Carmen).- Votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Había pedido la palabra el Honorable señor Lagos, quien no hará uso de ella.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, sobre este tema está el informe de la Comisión de Minería, y cuando se discutió en general el proyecto, yo señalé mis puntos de vista. Sólo quiero hacer una petición al señor Subsecretario ¿quien, a mi juicio, ha sido muy explícito y profundo en su planteamiento¿, con relación al artículo 27. La verdad es que la declaración de nulidad de oficio que puede hacer el juez ¿él lo mencionó como el gran logro de este proyecto¿ admite recursos de apelación del afectado, pero la notificación se realiza por el estado diario, y corre un plazo. Desde ese punto de vista, creemos que para proteger en mejor forma la propiedad minera debería haber otro tipo de notificación. Sin embargo, al proyecto le quedan varios trámites: debe pasar a la Cámara de Diputados y seguramente irá a Comisión Mixta, donde se podrá arreglar ese aspecto. Pero sería interesante que hubiera una indicación del Ejecutivo al respecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor HERNÁNDEZ (Subsecretario de Minería).- Señor Presidente, he tomado debida nota de lo expuesto por el Senador señor Pérez y nos parece que toda iniciativa que tienda a mejorar el proyecto será, desde luego, aceptada por el Gobierno.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá a votar el artículo.

El señor NÚÑEZ.- ¿Me permite, señor Presidente? Entiendo que con anterioridad no tuvimos la posibilidad de votar el conjunto del proyecto.

La señora FREI (doña Carmen).- Sí, señor Senador.

El señor NÚÑEZ.- En verdad, nos pronunciamos en general sobre él.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, el proyecto fue votado en general y después se entró a su discusión particular; pero, además, quiero dejar constancia de que la Sala se pronunció acerca de si el Artículo Tercero era de quórum simple o especial, y hubo mayoría ¿sería bueno verificar la Versión Taquigráfica, pues el Senador señor Díez tiene dudas¿ en cuanto a que era de quórum simple.

El señor VALDÉS (Presidente).- No me parece que haya existido votación al respecto. Hubo, sí, una declaración de la Mesa en el sentido de que consideraba que este artículo era de quórum de ley orgánica constitucional, en virtud de lo establecido en el número 24° del artículo 19 de la Constitución Política. Por lo tanto, como ello ya fue decidido en esa oportunidad, no se abrirá nuevo debate sobre la materia.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la disposición que nos ocupa es una modificación al Código de Minería, y éste fue tratado íntegramente como una ley de quórum simple. Así lo reconoce el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no veo por qué una enmienda a dicho Código requiere un quórum distinto al de la aprobación del mismo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ese es un buen argumento que lo he analizado personalmente y con asesoría jurídica. Sin embargo, contra ese argumento está la norma muy categórica del número 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que, en su parte pertinente, establece: "Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional.". Y aquí se está hablando de derechos, de la duración y de resoluciones judiciales, que tocan a las concesiones mineras, y ello cae derechamente dentro de ese ámbito. Eso lo planteé en la sesión pasada, y sobre esa materia no he cambiado de opinión.

El señor HAMILTON.- Es muy razonable la posición sustentada por el señor Presidente, quien, por último, debe decidir sobre el particular. Sin embargo, hay que advertir el riesgo y el peligro que reviste tal declaración, porque ello significa, en consecuencia, que el Código de Minería ¿no la disposición de enmienda que estamos introduciendo¿ carece de base constitucional, ya que no fue aprobado con el quórum respectivo.
El señor VALDÉS (Presidente).- Aunque no soy abogado especialista en temas mineros, tengo entendido que el Código de Minería es anterior a la Constitución Política de la República. El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- El Código de Minería es posterior a ella. Casualmente, de acuerdo con la Carta Fundamental, el estatuto, en lo relativo a la propiedad minera, a su extinción y caducidad, etcétera, era materia de ley orgánica, como lo sostuvo el Honorable señor Hamilton. Pero en ese caso no se cumplió, y se hizo a través de una ley simple. Es paradójico entonces que si respecto de todo el Código de Minería se actuó con ese criterio, hoy día, cuando intentamos modificar una norma que consideramos abusiva e inconveniente, se nos pretenda decir que debe procederse conforme a una ley orgánica constitucional.

El señor VALDÉS (Presidente).- Es muy atendible esa razón, pero ya tuvimos una discusión sobre la materia, y frente a esa norma constitucional, que se impone sobre cualquiera otra, porque es ley fundamental de la República, no aprecio ningún argumento nuevo para modificar el planteamiento, pues la sutil argumentación de que la aprobación del Código no se hizo de acuerdo con el quórum mencionado, es de carácter indirecto. Tal vez hubo allí un vicio. No lo sé. Pero aquí, evidentemente, estamos elaborando una legislación, un acto jurídico, sometido a una disposición expresa de la Constitución Política. De manera que rogaría a los señores Senadores no continuar esta discusión.

El señor ALESSANDRL.- ¿Puedo apoyar su posición, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sería muy satisfactorio para mí, señor Senador.

El señor ALESSANDRI.- En el primer informe se dice lo siguiente: "Por las razones que se darán en la parte pertinente de este informe, vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros, es de opinión que el proyecto que se os propone requiere, para su aprobación en general, de las cuatro séptimas partes de los Honorables señores Senadores en ejercicio.".

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Y eso se votó en la Sala. Por eso, me interesa que se verifique el hecho, porque ¿para todos¿ la memoria es frágil.

El señor PÉREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente),¿ Fue mayoría por quórum...

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Por quórum simple.

El señor VALDÉS (Presidente).- No. Fue por quórum orgánico constitucional.

El señor PÉREZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- No puedo aceptar que se siga discutiendo una materia que ya fue resuelta en la sesión pasada. Yo no sé si Su Señoría estaba en la Sala, pero es como ver una película dos veces. Perdónenme que recurra a un ejemplo como éste. Estamos repitiendo la misma pieza.

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Si la película es buena, vale la pena...!

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, yo sostuve que la votación era de quórum constitucional, como lo planteó el informe de la Comisión de Minería. Se votó, y triunfó la posición contraria, defendida por el Honorable señor Andrés Zaldívar. Por eso, sugiero suspender la sesión por cinco minutos, pues creo que el señor Presidente está equivocado respecto del resultado de la votación. Ello nos permitirá verificar esto en el acta de esa sesión.

El señor HORMAZÁBAL.- Ese es un hecho nuevo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Cuento con el apoyo del ministro de fe, que es el Secretario del Senado, quien dice que la votación arrojó ese resultado.

El señor HAMILTON.- Pero ¿qué inconveniente tiene el señor Secretario en examinar la Versión Oficial? Todos nos atendremos al resultado de la votación, pero queremos tener la certeza de que fue así; no queremos confiar en la memoria.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿por qué no acogemos la sugerencia del Honorable señor Pérez? Cinco minutos no nos van a provocar ningún problema, y estableceremos plena concordancia con lo actuado por el Senado.

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Por qué no votamos, y al final ya se habrá revisado el acta?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No, porque no podemos estar votando una disposición que es orgánica si...

La señora FREI (doña Carmen).- Todos sabemos como vamos a votar, y en el recuento sabremos qué quórum se necesitaba. Nadie va a cambiar su voto por ser de quórum especial o no. Todos sabemos por qué vamos a votar.
El señor ALESSANDRI,¿ Tiene toda la razón la Honorable señora Frei. Apoyo a la Senadora por la Segunda Región.

El señor PÉREZ.- En un caso afectan los pareos, y en otro no, según sea de quórum especial o no.

El señor ERRÁZURIZ.- Les ruego que votemos, porque tiene razón la Honorable señora Frei. No vamos a cambiar nuestros votos dependiendo del quórum.

El señor GAZMURI.- Pero está el tema de los pareos, señor Senador, que no es banal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, suspendamos la sesión por cinco minutos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se suspenderá la sesión por cinco minutos, y se va a consultar el acta en donde consta cómo fue aprobado el proyecto.
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--Se suspendió a las 18:55.
--Se reanudó a las 19:5.
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El señor VALDÉS (Presidente).- Voy a dar a conocer la forma en que el Senado trató este asunto en la sesión celebrada el 5 de abril del año en curso. El Acta respectiva dice:
"Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería y la Ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras".
"El señor Secretario señala que la Comisión de Minería hace presente en su informe, que la iniciativa requiere para su aprobación en general, de quórum de ley orgánica constitucional, esto es, el voto favorable de 26 señores Sanadores y que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 inciso segundo de la Constitución Política y en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se ofició a la Corte Suprema".
"La Comisión de Minería propone la aprobación del siguiente proyecto de ley:".
En seguida, al día siguiente, en sesión celebrada el 6 de abril de este año, continuó la discusión general de la iniciativa. El Acta correspondiente expresa que "se aprueba en general el proyecto, con el carácter de ley orgánica constitucional, con el voto favorable de 37 señores Senadores y 4 abstenciones, de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 63, inciso segundo, de la Constitución.".
Con esto, quedó terminada la discusión general. De manera que este proyecto siempre tuvo el tratamiento de ley orgánica constitucional.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ.- Señor Presidente, es sólo para continuar con la historia de la ley. Su Señoría tiene razón en lo que ha dicho. Ahora, el 19 de julio ¿como consta en el acta en poder de la Mesa¿, al aprobarse el artículo 27 del primer informe, norma que la Comisión había rechazado, se efectuaron tres votaciones sobre si esa disposición era de quórum simple. En la primera de ellas hubo un empate a 15 votos; en la segunda, se ganó una posición, pero las abstenciones influían, y en la tercera, se aprobó el artículo 27 con quórum simple.
En todo caso, tiene razón el señor Presidente en cuanto a que las disposiciones generales del proyecto se votan con quórum de ley orgánica constitucional. Pero hago mención que esa votación se llevó a efecto como de quórum simple.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tanto el señor Senador como la Mesa tienen razón. Pero el artículo a que se refiere Su Señoría no es el que nos preocupa en este momento, porque no se relaciona con la adquisición ni con la duración de las concesiones, sino con otra materia, que evidentemente no requería de quórum especial.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HÓRMAZABAL.- Señor Presidente, para zanjar el tema, creo que la Mesa ha resuelto adecuadamente la situación y su interpretación es correcta. Pero, además, quiero recordar el fallo de 6 de septiembre de 1983 del Tribunal Constitucional, al cual hice referencia en mis intervenciones anteriores, que dispone precisamente que el artículo 96 del proyecto de ley sobre Código de Minería es propio de ley orgánica constitucional. En esto, la Junta de Gobierno, que aprobaba los proyectos de una manera especial, incurrió en un error, que en mi opinión el Senado de la República no debería repetir. De modo que tendríamos que votar como norma de ley orgánica constitucional la disposición que nos ocupa.

El señor HAMILTON.- ¿Y cuáles son las consecuencias del error?

El señor VALDÉS (Presidente).- En este caso, las consecuencias se ven en la otra vida, señor Senador.

La señora FELIÚ.- Los tribunales deberán resolver, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Por lo tanto, se procederá a tomar la votación con quórum de ley orgánica constitucional.
En votación el artículo tercero.
--(Durante la votación).

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, por las razones expuestas en forma tan brillante por el señor Presidente de la Comisión de Minería, Honorable señor Alessandri, que hago mías, voto en contra.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, por las razones expresadas en su oportunidad, voto en contra.

La señora FREI (doña Carmen).- Haciendo confianza, señor Presidente, en las claras y elocuentes palabras del señor Subsecretario de Minería, voto en contra.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el proyecto fue enviado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que, por unanimidad, sostuvo que se trataba de un problema real y que la solución que proponía la norma era justa. Asimismo, por mayoría, estableció que el precepto era constitucional, y la minoría dijo tener sólo dudas respecto de la constitucionalidad.
Voto a favor.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, he escuchado aquí en la Sala a brillantes señores Senadores abogados dar diferentes puntos de vista sobre la materia. Pero también he escuchado a muchos pequeños mineros a quienes les han usurpado sus minas y propiedades. Muchos de ellos no saben leer y nunca conocieron un Boletín Oficial de Minería o han tenido un abogado que los defienda. Y hoy, cuando de repente aparece un nuevo dueño en sus propiedades mineras, no han podido hacer absolutamente nada.
Por las razones expuestas, voto a favor.

El señor NÚÑEZ.- En verdad, le he dado muchas vueltas al asunto. He tratado de meterme en el intríngulis jurídico que implica el tema y he escuchado con mucha atención las argumentaciones dadas tanto por representantes del Gobierno como por algunos señores Senadores. Porque lo cierto es que, cuando empezamos a tratar la materia en la Comisión de Minería, en su momento ¿de la cual fui miembro¿, nos dimos cuenta de que el tema era real. Y sigue siéndolo. En regiones mineras, como la Tercera, existe el problema de la superposición. Y no pocas propiedades han sido usurpadas por esa vía, al ser opuesta la prescripción a quienes en algún instante tuvieron la concesión minera y no ejercieron oportunamente sus acciones.
Ahora, muchas veces he tratado ¿y seguramente otros señores Senadores han hecho lo mismo¿ de interpretar los boletines oficiales mineros. La verdad es que debemos legislar sobre la materia, porque esas publicaciones son sólo para personas muy iniciadas. Soy geógrafo y conozco perfectamente lo que son las coordenadas U.T.M. Por desgracia, la mayoría de las concesiones no se hallan expresadas en esa forma y respecto de gran parte de la propiedad minera no ha concluido el trabajo que está efectuando el Servicio Nacional de Geología y Minería, tendiente a lograr exactitud ¿por vía satelital y con un error de 10 metros¿ con el sistema de esas coordenadas, para los efectos de que nunca se produzcan superposiciones mineras, que es lo que siempre persiguió el Código del ramo.
Pero la realidad es otra: existe superposición minera, y sobre esta materia el proyecto avanzó en forma sustantiva. Y, en cuanto a las otras normas legales acerca del mismo punto, creo que se han dado pasos extraordinariamente importantes. Por ejemplo, aquí se ha señalado que la notificación personal a quien ha sido afectado es un aspecto relevante. Y también lo es la circunstancia de que el juez deba declarar la prescripción cuando ella sea alegada y sin actuar de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 2493 del Código Civil. Estimo que todo ello ha significado un avance notable.
En realidad, la situación existe. No me parece que se vaya a producir ¿desde luego, no la buscamos¿ inestabilidad en la propiedad minera, pues sería jugar demasiado con los hechos. A mi juicio, apuntamos en la posición correcta, a fin de que nunca más suceda lo que ha ocurrido en el país, y que, lamentablemente, aún sigue sucediendo. Y no se trata de 9 mil casos ¿como se señaló en un principio¿; pero basta con que sean algunos cientos para que nos veamos en la obligación de legislar. Entonces, creo que el Gobierno del Presidente Aylwin hizo bien al enviarnos esta iniciativa.
Y, por esa razón, porque en el artículo tercero existen disposiciones que permiten que no se vaya a producir injusticia en los términos señalados por algunos artículos de prensa, y después de haber meditado mucho ¿como lo señalé a algunos de mis Honorables colegas que tan fervientemente han sido partidarios de legislar con respecto a esta norma¿ y de haber dado muchas vueltas a esta materia, votaré favorablemente esta disposición.
Voto a favor.

El señor OMINAMI.- Señor Presidente, aunque pienso que tiene sentido el argumento que se ha expuesto aquí, en cuanto a que una indicación de esta naturaleza pudiera generar algún grado de inestabilidad en la propiedad de un sector de actividad tan importante, en mi consideración prima el hecho de que a través de ella es factible, en caso de que se apruebe, hacer justicia en situaciones que manifiestamente lo reclaman. Por consiguiente, ésa es la razón por la cual votaré a favor.
Voto que sí.

El señor OTERO.- Señor Presidente, en mi concepto, el proyecto que nos ocupa contiene dos preceptos que merecen dudas de carácter constitucional.
El primero de ellos es el artículo 27 del Código de Minería, modificado por el número 2) del Artículo Primero del proyecto, y respecto del cual, por simple mayoría de votos, esta Sala determinó que no requería quórum de ley orgánica constitucional. Si se hubiera establecido que sí requería dicho quórum, no habría sido aprobado. ¿Por qué surge la duda? Porque en el artículo 27 se dispone que el juez puede declarar de oficio una nulidad, sin siquiera notificar a la contraparte. Y, lo que es más grave, no se da al afectado la oportunidad del debido proceso. Porque, obviamente, cuando hablamos de superposición, hay que probar o acreditar que existe realmente la superposición. Y puede haber una seria discusión tocante a si los antecedentes en el proceso son suficientes y fidedignos para acreditar la superposición. Y eso debe realizarse con un debido proceso, lo que no ocurre con esta disposición. Por otro lado, se da la contradicción de que se concede el derecho a apelar a quien no se le otorgó el derecho a defensa en la primera instancia.
Por lo tanto, en mi opinión, el artículo 27 señalado adolece de inconstitucionalidad, por no respetar la norma del debido proceso.
En cuanto a la disposición que ahora se discute, esto es, el artículo tercero, los agregados que se le incorporaron me llevan a rechazarla, no sólo por las razones de fondo manifestadas, sino porque creo que efectivamente existe una nueva situación de hecho y una nueva inconstitucionalidad.
He escuchado las palabras del señor Vicepresidente del Senado ¿a quien respeto mucho¿, y es efectivo que existe un problema serio en esta materia, en cuanto al resguardo de los derechos del minero a quien afecta la superposición.
Sin embargo, las leyes no se establecen para solucionar casos puntuales, y mucho menos con efecto retroactivo, sino que son disposiciones de carácter general que rigen para el futuro. Jamás una ley se debe dictar para que solucione un problema actual, vigente y que, incluso, es materia de litigio, porque ello contraviene el artículo 73 de la Constitución. En el inciso segundo que se agrega el Artículo Tercero del proyecto, en la frase final, se dice: "y hubiesen hecho el aporte de coordenadas al Servicio Nacional de Geología y Minería de acuerdo a la legislación vigente.". Eso echa por tierra cabalmente lo expresado por el señor Vicepresidente del Senado, porque para llegar a hacer tal presentación sería preciso tener conocimiento de las coordenadas. Por lo tanto, no se trata del caso de los mineros que carecen de conocimiento y antecedentes sobre la materia. Este requisito hace que la norma deje de tener un carácter genérico, para el efecto de solucionar el problema de los pequeños mineros que han sufrido las superposiciones, sino que, por el contrario, queda restringida a las personas que conocen bien la legislación, ya que llevarían a cabo la presentación oportunamente.
Pero, a mi juicio, lo más serio es el inciso tercero que se agrega, el cual señala que "En ningún caso podrá intentarse esta acción cuando exista una sentencia judicial ejecutoriada que haya declarado la prescripción de la acción de nulidad y la extinción del título anterior, de conformidad al inciso tercero del articulo 96 del Código de Minería.". Evidentemente, era innecesaria esta disposición. ¿Por qué? Porque la sentencia ejecutoriada no puede ser modificada por una ley posterior. De manera que, de acuerdo al texto constitucional, la indicación es absolutamente innecesaria.
Ella aclara, sí, el problema tocante a lo que sucede con los juicios que se encuentran pendientes, si es que hay alguno. Aquí se ha discutido si los hay o no, lo que constituye una materia de hecho. Pero si hubiera un juicio pendiente, obviamente que la disposición no debería aplicársele, ya que se estaría afectando a un derecho ejercido en forma oportuna. Entonces debió haberse establecido la excepción en cuanto a que no pueda aplicarse este precepto a ningún juicio pendiente, para no incurrir en una violación de la norma consignada en el artículo 73 de la Carta Fundamental.
Ahora, es claro que existen personas que respetablemente pueden tener una interpretación distinta del alcance del artículo 73 de la Constitución Política. Pero es evidente, que lo que persigue dicho artículo es que por la vía de la legislación no se deben solucionar juicios pendiente. Y eso es lo que sucedería en el caso que nos ocupa, por cuanto se aplicaría a un juicio que ya existe. Más aún: las normas que reglan la prescripción son de carácter sustantivo, y no procesal. Lo procesal se refiere a la forma como se acredita en el proceso el transcurso del tiempo y el cumplimiento de los demás requisitos para que opere la prescripción.
Por las razones que he expuesto, voy a votar en contra de esta disposición, pese a reconocer que existe un problema social, por cuanto estimo que éste debió haberse encarado de otra manera.
Voto que no.

El señor THAYER.- Señor Presidente, voy a fundar brevemente mi voto, pues estimo que un asunto de tanta trascendencia como éste merece que uno justifique su punto de vista.
Creo que hemos asistido a un debate ejemplar, sumamente serio. Y debo señalar que lo he seguido con particular atención. He estudiado con la mayor dedicación esta materia y he llegado a la absoluta convicción de que lo que se propone constituye una mala solución para un problema real.
En cuanto a la situación planteada por algunos Honorables Senadores respecto a la existencia de un litigio pendiente, las razones que señaló la Honorable señora Feliú me convencieron absolutamente del procedimiento que debía seguir el Senado, esto es, la votación que ahora efectuamos.
Ahora, tocante al fondo de esta materia, lo expresado por el Senador señor Alessandri y lo que en forma brillante expuso el señor Subsecretario de Minería me confirman en la posición de votar en contra de esta disposición.
Voto que no.

El señor URENDA.- Señor Presidente, coincido en que la actual legislación puede dar motivo a más de un caso de injusticia y crear situaciones de inestabilidad. Pero, conforme a mi criterio, la solución que se pretende dar no resulta adecuada para resolver el problema, porque, evidentemente, podrían crearse dificultades peores.
Por ello, me abstengo.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, votaré afirmativamente por varias razones.
En primer lugar, porque la norma que establece la Constitución Política, que garantiza el derecho de propiedad en la forma tan clara como allí se expresa, queda absolutamente en el aire, como un simple papel, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 96 del actual Código de Minería. De manera que un minero perfectamente puede ser privado de su propiedad, según lo plantea dicho precepto, sobre todo los mineros antiguos, cuya propiedad estaba constituida conforme a lo establecido en el anterior Código de Minería. Era prácticamente imposible que alguien en posesión de su pertenencia, que la estaba trabajando y se vio afectado por una superposición, aun cuando leyera el Boletín Oficial de Minería, previera o entendiera lo que estaba ocurriendo y encontrara forma de amparar su propiedad.
Al hablar de conceptos, debemos entender que no son sólo los de mínima o de máxima cuantía, sino ellos en sí: se ha dejado abierta la posibilidad para que el derecho de propiedad y los pequeños mineros queden expuestos al despojo. Y ¿más grave aún¿ todos sabemos que pequeños mineros que laboraban tranquilamente fueron objeto de conspiraciones por parte de personas que, basadas en sus conocimientos sobre la nueva constitución de la propiedad, se quedaron con sus pertenencias o, simplemente, las enajenaron a terceros.
Por todo ello, voto que sí. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, votaré favorablemente, por las razones que di durante el debate y cuando me tocó presidir la Comisión de Minería, y también, por algo muy sencillo: por la vía del dolo o la malicia no se puede adquirir jamás ningún tipo de dominio. Creo que el Artículo Tercero, en la forma como quedaba con la indicación renovada, significaba rechazar la actitud ilegítima de quien pretendiera usurpar la propiedad minera de otro.
--Se rechazan el Artículo Tercero y la indicación renovada recaída en él (20 votos contra 12 y 3 abstenciones), y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron por la negativa los señores Alessandri, Cooper, Díaz, Díez, Errázuriz, Feliú, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Horvath, Larre, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Siebert y Thayer.
Votaron por la afirmativa los señores Fernández, Gazmuri, Hamilton, Lagos, Matta, Núñez, Ominami, Páez, Ruiz-Esquide, Sinclair, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Hormazábal, Urenda y Valdés.


El señor VALDÉS (Presidente).- Ha llegado la hora de término del Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIO

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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De la señora Frei (doña Carmen):
DEMORA EN OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE LEY N° 19.234
"Al señor Ministro del Interior, transmitiéndole la preocupación del Comité de Exonerados Políticos de Calama, expresada en carta dirigida a los Parlamentarios de la Segunda Circunscripción de la Región de Antofagasta, por el atraso en la entrega de los beneficios establecidos en la ley N° 19.234, y solicitándole la adopción de las medidas pertinentes para su pronta materialización.".
Del señor Siebert:
TÉRMINO DE AGENCIAS "EMAZA" EN PALENA (DÉCIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, representándole la inquietud de las autoridades de la comuna de Palena ante el anuncio de que, a partir de 1995, dejarían de funcionar las agencias de "EMAZA" en las localidades de Puerto Ramírez y California, lo que se estima inconveniente, pues, de no existir, esos sectores fronterizos deberán abastecerse en el lado, argentino, lo cual resulta contraproducente para los fines de soberanía y nacionalidad, aspectos especialmente sensibles después del resultado del fallo arbitral de Laguna del Desierto, sobre todo en el caso de esa última localidad, en la cual Chile, a través de todos sus medios, está reforzando su presencia.".
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN FUTALEUFU (DECIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, en los siguientes términos:
"En reciente viaje a la comuna de Futaleufú, se me expuso que en un seminario destinado a detectar los problemas más importantes y cuya solución es necesario impulsar se concluyó unánimemente en la tantas veces expuesta e insatisfecha inquietud por la construcción del camino por el borde noreste del lago Espolón, en dirección al valle del mismo nombre, de relativo potencial económico en la zona.
"Dicha ruta tiene una longitud aproximada de 20 kilómetros, y beneficiaría a una población que es conveniente apoyar, por tratarse de un área que llega hasta la frontera, sobre todo que hay conciencia, a nivel nacional, activada por el debate en torno de las fronteras interiores, de dar vida a esos espacios vacíos. La municipalidad local, con grandes sacrificios, dados sus escasos recursos financieros, abrió una senda de penetración que, al menos inicialmente, permite su recorrido a caballo e independizarse, en parte, del transporte lacustre.
"Por lo anterior, agradeceré que se estudie la factibilidad de construir ese camino, ya que la sensibilidad nacional está muy afectada en esa zona limítrofe por el reciente resultado del fallo arbitral sobre Laguna del Desierto.".
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El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional, que ha cedido su tiempo al Demócrata Cristiano.

El señor VALDÉS.- Pido la palabra.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.


NAFTA Y POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE

El señor VALDÉS.- Señor Presidente, agradezco al Comité Renovación Nacional la gentileza de ceder su tiempo al Demócrata Cristiano ¿será retribuido oportunamente¿, en cuyo nombre intervengo respecto del NAFTA y la política exterior de Chile.
De lo sucedido en Miami durante la Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno debemos estar muy satisfechos. Las iniciativas, propósitos y objetivos declarados constituyen un reconocimiento de la realidad que vivimos en el hemisferio y una expresión de la voluntad de acción y cooperación en las tareas futuras. Importantes han sido para Chile la invitación de los Presidentes señores Clinton y Zedillo y del Primer Ministro de Canadá a fin de que se incorpore al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, y la fijación de un calendario de actividades con ese propósito.
Ciertamente, podemos estar satisfechos; pero debemos moderar la euforia y recuperar la cautela. La euforia genera complacencia, mas no contribuye a una seria reflexión acerca del porvenir, a explorar el futuro y a pensar en las próximas etapas.
Hay motivos de gran satisfacción. La intensa labor diplomática que desde hace más de tres años viene realizando el Gobierno chileno desde los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda ha permitido otro avance hacia la meta de un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá. Se ha logrado dar un paso importante, anunciado e inevitable. Y el éxito en política, a menudo, consiste en ser aplaudido cuando sucede lo inevitable.
Sin embargo, aún no hemos accedido al NAFTA, ni sabemos las condiciones y procedimiento para ello; desconocemos cómo el caso de Chile se relacionará al de otros países latinoamericanos. Sabemos que se nos harán ciertas exigencias ¿ello es normal en estos casos¿, las que necesariamente afectarán a importantes intereses chilenos. Desde hacía tiempo se nos manifestaba que era indispensable establecer ¿en algunos casos, en forma previa a la negociación formal¿ determinadas condiciones en materias agrícola, de propiedad intelectual, de tratamiento de inversiones extranjeras y flujos de capital, de servicios (especialmente los de tipo profesional), y otras.
Tengo especial preocupación por el tema agrario, por nuestros cultivos tradicionales y por los ganaderos y productores de leche, de granos, etcétera. Debemos ser inflexibles en defender el interés nacional, y en forma muy especial, el de los más de 900 mil compatriotas cuyo sustento depende de la producción agropecuaria.
La agricultura no es una actividad marginal, contrariamente a lo que algunos piensan. Todos los países la protegen. Es indispensable la participación del Ministerio del ramo y de los agricultores nacionales en la preparación de nuestras estrategias negociadoras. Sé muy bien que el NAFTA concede plazos relativamente largos para la liberación del comercio agropecuario y la reconversión del sector. Es el caso de México, que dispone de entre 8 y 12 años, y el de Canadá, que ha dejado la mayor parte de sus productos agrícolas fuera del Acuerdo. Pero, aun así, debemos prepararnos cuidadosamente, informándonos a fondo sobre los efectos de cualquier negociación que involucre a nuestra agricultura, la cual durante muchos años ha sido golpeada en forma inmisericorde y sacrificada en áreas del libre cambio y de una modernización que no toma en cuenta la idiosincrasia, los valores y su aporte a nuestra identidad como nación y a su capacidad productiva.
Podría referirme en parecidos términos a nuestra cultura y a sus medios de producción y transmisión, que debemos reservar para Chile, como lo ha hecho con decisión Canadá en el marco del referido Acuerdo.
Debemos estar preparados. Hace ya años que debimos comenzar a formar equipos y alistarnos para la negociación. Preparamos no sólo en lo económico, sino también en la acción diplomática necesaria para enfrentar una negociación que es y ha sido política y compleja. Los Parlamentarios debemos actuar ante el Congreso de los Estados Unidos, como lo hicieron en su momento nuestros homólogos mexicanos, porque es aquél, y en particular el Senado, el que finalmente decide en estas materias, como hemos podido comprobarlo personalmente numerosos Senadores que hemos estado en esa Corporación. Aún no sabemos cuál será la actitud que asumirá dicho Congreso. Vemos signos propicios, pero también conocemos de poderosas objeciones a ciertos aspectos de una extensión del NAFTA.
Por ello, pido al Gobierno cautela e información, y al Sendo, que nos dispongamos a hacer nuestra parte, que la estimo indispensable. El juicio que podamos formarnos acerca de la situación actual; de los posibles futuros acuerdos; de lo conversado en Miami durante las semanas anteriores, y de las negociaciones futuras no será nunca mejor que la información que al respecto nos proporcione el Ejecutivo y la que recojamos directamente nosotros. Sólo si la ciudadanía y quienes la representamos recibimos antecedentes completos y veraces; si los medios presentan la noticia sin sesgos, completa y desprovista de toda forma de propaganda o exitismos anticipativos, será posible una discusión enriquecedora. Digo esto porque es sabido que en política internacional sucede lo mismo que con la fabricación de perfumes: cuando no se puede mejorar el producto, se mejora el envase.
Cuando digo que, inevitablemente, en Miami se iba a formular una invitación a Chile, lo hago considerando una realidad política y diplomática muy seriamente sopesada en el Gobierno de Estados Unidos (por lo demás, escrita en revistas especializadas): si ese país no seguía avanzando en materia de libre comercio con otras naciones de América del Sur, habría enviado la peor de las señales a nuestro continente e indicado que su política exterior y comercial, en sus aspectos más válidos, se detenía en la frontera sur de México. Esa señal era, además, inconsistente con las reiteradas declaraciones de los Presidentes Bush y Clinton, que indicaban la voluntad de crear un área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Habría sido, asimismo, un balde de agua fría para el resto del continente, más aún existiendo un país como el nuestro, que se encontraba preparado y en condiciones de integrarse a un esquema de libre comercio.
Sin duda, ése era un argumento poderoso, usado igualmente por nuestros propios diplomáticos, y que debe hacernos meditar sobre nuestra política exterior.
Un mínimo de consistencia nos obliga a pensar en la señal enviada a otros países del hemisferio. Si toda la política comercial chilena se volcara enteramente sobre el NAFTA, sobre el hemisferio norte, ¿cuál sería la reacción del resto de América Latina? No estamos en condiciones políticas o económicas de abandonar la compañía de los países que histórica y culturalmente representan nuestro ámbito natural de relaciones y con los cuales nuestros vínculos económicos y humanos aumentan más que con los de cualquier otra región; una aceleración impresionante. Hay naciones que han pagado cara tal actitud.
No puedo dejar de reconocer la extraordinaria importancia del NAFTA para Chile. Pero si los empresarios, el Gobierno y los académicos norteamericanos han dirigido su mirada y su interés hacia América Latina por su potencialidad como mercado y el dinamismo de sus economías, sería grave que nosotros repitiéramos el error de aquel "Good by, Latin America" lanzado hace algunos años.
¿Podremos sentirnos felinos si nos olvidamos de ese enorme y poderoso león que es Brasil, si no hacemos un esfuerzo intenso por incrementar nuestras relaciones con esa gran nación, la cual no sólo ofrece un mercado inmenso, sino, además, una tradicional amistad de prolongada historia, y ahora, una economía sana y un sobresaliente Presidente de la República, de calidad excepcional? ¿Cuál será nuestra política comercial con Argentina? Son preguntas legítimas que deben hacernos pensar en definiciones estratégicas de enorme importancia.
No hay que olvidar que hemos tomado otros compromisos. El año pasado nos invitaron los países del Asia Pacífico, y, por ello, hace un mes participamos por primera vez en APEC, grupo de naciones que también intentan formar una zona de libre comercio. Europa, hace sólo tres días, indicó en su trascendente reunión de Essen que desea un acuerdo con MERCOSUR y aumentar sus lazos económicos con Chile. Con extraordinario empuje, Alemania, Francia y otros países del Viejo Continente buscan ampliar la Unión Europea y aumentar su comercio, inversiones y cooperación técnica con otros Estados de menor desarrollo. Chile también debe mirar hacia Europa.
Hemos entrado en una situación de interdependencia intrincada y de creciente complejidad, la cual es campo propicio para la multiplicación de inconsistencias, vacilaciones e incoherencias en la política externa que deben evitarse a toda costa.
La nueva realidad mundial y su dinamismo, y la amplia y audaz apertura chilena han provocado que los intereses y actividades internacionales de las diferentes reparticiones del Estado se hayan multiplicado sin una planificación clara y racional. De esta manera se han producido conflictos burocráticos, las funciones se han duplicado y no pocas contradicciones han aparecido. Baste constatar que un par de funcionarios del nivel medio creen en la diplomacia por la prensa, se autoatribuyen la representación del Estado y en frecuentes apariciones ante los medios de comunicación interpretan en forma pueril los hechos internacionales y pretenden estar tomando las decisiones básicas en materia externa. Esto ha sido objeto de comentarios en el exterior. Así es como se llega a fragmentar la responsabilidad en las relaciones con el resto del mundo y a dificultar la consistencia en las actividades, así como la coherente ejecución de las decisiones. Y de ese modo se envían hacia otros países señales equivocadas.
Es necesario analizar desde ya si el Estado chileno cuenta con los recursos humanos necesarios para enfrentar la tarea internacional que se tiene por delante. La convocatoria al sector privado debe ser amplia y constante, lo mismo que a los trabajadores, a los académicos, a las organizaciones de estudios privados, cuya cooperación es crucial. Creo que ello es un punto delicado, y precisa coordinación. Sé que ahora se inicia la preparación en forma seria; pero ella debe ser orgánica y requiere buenas estructuras del Estado y del sector privado. Se necesita una bien definida política internacional, que permita una determinación clara de nuestras prioridades, con objetivos y medios comprensibles y una justificación transparente ante la opinión pública.
La definición de las políticas internacionales básicas es un proceso intensamente personal. La coherencia de las políticas es, sustancialmente, el resultado de la capacidad de liderazgo. En la esencia del liderazgo está la capacidad de representar los valores de la comunidad nacional, asumir sus desafíos, tomar en la soledad del poder las grandes decisiones y dar una dirección a la política exterior del país. La Constitución entrega al Presidente de la República esta responsabilidad. Para ello debemos apoyar, entre todos, una formal política de Estado. Tengo confianza en que así se hará, y el Senado no podrá estar ausente de ella.
Hoy, los hechos internacionales afectan a cada ciudadano en su vida diaria; en su actividad profesional, social y cultural; en su empleo, en sus remuneraciones o en sus utilidades; en su trabajo y en sus entretenciones. Así crece el interés por estos temas; también, su comprensión, y, por sobre todo, la percepción de su importancia.
Siempre son complejos los problemas y alternativas que se presentan a quien define las grandes políticas en materia internacional; pero una vez tomada una decisión, el líder está comprometido, y así debe expresarlo. Por ello, en democracia no puede conducirse una política internacional sin que los distintos movimientos, partidos y grupos sociales practiquen moderación en sus actitudes y críticas entre ellos y frente a las políticas anunciadas. En el caso de nuestro ingreso al NAFTA, salvo muy raras excepciones, hemos dado ejemplo del ejercicio de esa moderación y eficiencia en las etapas cumplidas, particularmente por el esfuerzo directo del Ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat.
Pero, en definitiva, surge una consideración fundamental: la política internacional, la APEC, el NAFTA, el libre comercio, no son fines en sí; no pueden predicarse, como las virtudes evangélicas, en las esquinas; son instrumentos para construir el país que queremos, para servir a Chile, a los chilenos, a cada chileno. Repito: son sólo instrumentos para lograr recursos a fin de que nuestro proyecto de país sea sólido y justo. Sólo así se asegurará nuestro desarrollo y se comprometerá a la juventud, a los campesinos, a los trabajadores y a toda la comunidad nacional.
Finalmente, deseo expresar que he recibido sugerencias de diversos señores Senadores, particularmente del Honorable señor Romero ¿concuerdo plenamente con ellas¿, para que el Senado constituya una comisión especial que se encargue de nuestra participación en la negociación del NAFTA, porque nuestra Corporación no puede estar ausente en ninguna de las etapas de este largo y difícil proceso.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En el tiempo que le cedió el Comité Renovación Nacional, el Honorable señor Valdés hizo uso de 14 minutos. Por tanto restan a ese Comité 8 minutos.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente. Deberían hacer uso del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, por la misma extensión que tuvieron la gentileza de cedernos para la intervención del Senador señor Valdés.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Así lo entiende la Mesa, señor Senador.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, la Sala debería, primero, prestar su acuerdo a la sugerencia que se nos ha hecho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Antes hará uso de la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, no puedo estar más de acuerdo con el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Con la misma orientación y con igual altura, debo señalar que el desarrollo económico de nuestro país, desde la década de los 80, se basa en una estrategia de liberalización y apertura al exterior, que ha traído, a mi juicio, un cambio decisivo para el futuro de Chile.
Los desafíos que plantea el nuevo orden económico internacional con la creación de la Organización Mundial del Comercio, a través del Tratado de Marrakech, establecen una nueva etapa de lo que se ha denominado "lucha contra los proteccionismos". Las posibilidades que nos abren los mercados europeos, el MERCOSUR y ahora el NAFTA nos han motivado a proponer al Senado, a través del señor Presidente, una iniciativa tendiente a crear una Comisión Especial en esta Corporación que se aboque a los análisis, alcances y seguimientos sobre todas estas materias. No cabe la menor duda de que ellas están entrelazadas unas con otras; y, desde luego, la incorporación de Chile al Foro Económico Asia-Pacífico como primer país sudamericano es no sólo un privilegio, sino también un desafío de superación que nos obliga a establecer su importancia futura mediante una acción coordinada respecto de la estrategia de Estado y no necesariamente de Gobierno.
Hoy todo el mundo está contento; la noticia de que Chile fue invitado al NAFTA ha corrido como pólvora. El problema es que cada cual hace su propia evaluación y juicio de lo que ello puede significar para el país, incluso para esas mismas personas.
¡Así es Chile, señor Presidente! ¡Así somos los chilenos!
Pero, ¿cuál es la verdad objetiva? Lo cierto es que el NAFTA será bueno o malo para nosotros según como se negocie. Y si para negociar mejor será necesario arriesgar el no incorporarnos, hay que hacerlo. Para el país no es de vida o muerte estar adentro. Que es una oportunidad única, lo es; que significa serios riesgos para varios sectores, también; que es mejor estar que no estar, probablemente.
¿Qué deseo decir con todo esto? Que seamos prudentes y razonables, que no nos volvamos locos; que el NAFTA es un medio y no un fin; que lo primero que debemos tener a la vista son los intereses superiores del país, dentro de los cuales está la defensa contra los proteccionismos que provocan distorsiones en nuestro comercio interior y también en el internacional. Este es un problema de Chile y no necesariamente sólo del Gobierno.
Negociemos con sabiduría y firmeza; escuchemos a todos los sectores involucrados. Procedamos como lo hizo México: la política del cuarto del lado es la que ciertamente dio sus frutos. Procuremos, en verdad, una participación real. Y el Senado debe asumir una acción permanente, a fin de que podamos ingresar el día de mañana al MERCOSUR y, en general, a todas las instancias y acuerdos que en el futuro nos puedan deparar las relaciones dinámicas de la economía.
Señor Presidente, hay muchos problemas que tendremos que definir en la Comisión Especial, particularmente en lo que esta negociación atañe a Chile. Sin duda, la primera reflexión que uno debe hacerse apunta a la obligatoriedad que podría implicar para Chile el conceder a los integrantes de la ALADI los beneficios y los efectos que muestra incorporación al NAFTA significaría. Es, hoy día, el problema de Brasil con México, que no ha sido resuelto necesariamente por el protocolo interpretativo del artículo 44 de la ALADI, el cual, al parecer, todavía es insuficiente para regular una situación, por los alcances que ese acuerdo tiene.
Igualmente, debemos clarificar con mucha precisión cuáles serán las normas y reglas de origen respecto de los productos que se transarán y que van a ser considerados necesariamente como de origen chileno, mexicano o norteamericano. Porque hay una extensa y extraordinaria aplicación de reglas casuísticas sobre una materia que, en definitiva, tiene diversos alcances.
No está claro que se vayan a producir restricciones a los proteccionismos por el solo hecho de que nosotros suscribamos un acuerdo de esta naturaleza. Las estadísticas demuestran que estos proteccionismos y los reclamos que efectivamente se ordenan dentro de una determinada situación son mayores que los que se pensaban que iban a ocurrir. Y eso, obviamente, produce una inquietud. Las condiciones que podría colocar Estados Unidos, particularmente, como negociador duro en estos lances internacionales, es algo que debemos tener presente, y no podemos regalarle ninguna concesión por evidente que ello pudiera parecerle. Se ha planteado, por ejemplo, que las reglas relativas a las bandas de precio son instrumentos proteccionistas. Y así, negativamente, también las consideran el propio Tratado de Marrakech y el GATT.
En esta negociación deberemos luchar en forma muy ardua, dura y en términos bastante difíciles.
También creo necesario tener en cuenta la creación de una burocracia internacional para una adecuada fiscalización de los países firmantes, por ejemplo, en lo que dice relación a los problemas que nos deparará el medio ambiente y la aplicación de normas laborales.
No quiero continuar con mi exposición, porque el tema es extraordinariamente extenso y profundo. Solamente deseo coincidir con el señor Presidente del Senado en orden a que la prudencia y la razón deben guiar nuestros actos en el futuro con miras a nuestra incorporación o no al NAFTA.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la invitación a formar parte del NAFTA efectuada a Chile por Estados Unidos, Canadá y México es sumamente importante y exige que expresemos nuestro reconocimiento a la conducción que en este sentido ha tenido la política exterior del Gobierno.
Ello implica desechar la idea del camino bilateral que en algún momento se discutió, el cual a todas luces era equivocado y comprometedor para las posibilidades de progreso en el comercio exterior chileno, como lo señaláramos en su oportunidad en esta Corporación. Es necesario recordar esta situación, ya que nunca fue muy claro el motivo que hizo dudar a la autoridad acerca de la senda que se debía seguir.
Pero, en fin, el asunto se ha resuelto favorablemente y el país se dispone ahora a adoptar una decisión que será, ciertamente, muy relevante.
Sin embargo, la circunstancia de que este paso sea favorable para Chile no significa que todo el Tratado lo sea para nuestra actual realidad productiva. En efecto ¿y como lo hemos señalado más de alguna vez¿ el país tendrá, en líneas gruesas, un avance muy significativo. Dada la calidad de su empresariado y de las características socioeconómicas del país, la apertura de nuevos mercados, en condiciones ventajosas para su competitividad, constituyen un estímulo para aumentar la productividad y conquistar esos nuevos mercados. La inversión será atraída con renovadas fuerzas hacia el país y ello redundará en múltiples proyectos que crearán riqueza y pasarán a ser fuentes crecientes de trabajo.
Estas son las características del desarrollo contemporáneo, y en este camino se hallan las señales de éxito que han descubierto otras naciones, como las del Asia-Pacífico, que han impresionado, con razón, a nuestros gobernantes y Parlamentarios, quienes han conocido hace poco en terreno estas realidades.
Por ello, consideramos a históricos y francamente reaccionarios a quienes se oponen a dar estos pasos. No comprenden el sentido del tiempo y aún viven de la nostalgia del pasado, no obstante que en esos tiempos las realidades conquistadas según esos conceptos sólo entregaron pobreza y retardo a los pueblos que cayeron bajo esas ideologías.
Con todo, mi apoyo general no implica la aceptación a fardo cerrado de la incorporación al NAFTA. Por el contrario ¿y tal como lo he reclamado desde hace meses¿, creo indispensable proceder con el mayor cuidado en la firma de dicho Acuerdo. Ello porque, a pesar de sus múltiples beneficios, existen ámbitos donde hay graves dificultades que se abren para ciertos sectores. Entre ellos, el principal es el agrícola, que ya está atravesando por una severa crisis y que, de no adoptarse medidas de resguardo adecuadas, oportunas y realistas, la firma del Acuerdo podría terminar por enterrar a buena parte del quehacer agrícola chileno. En menor escala, existen otros ámbitos productivos, principalmente industriales, que también se pueden complicar con este proceso. Por último, el sector de propiedad industrial, entre otros, presenta también interrogantes que se deben despejar en forma previa.
Todo ello evidencia que se trata de un problema nacional, lo cual obliga a dar ciertos pasos previos y conjuntos, entre otros los siguientes:
a) Es necesario proceder con sentido de equipo, integrando a todos los sectores en el proceso de negociaciones.
Es conveniente mirar este fenómeno también con sentido regionalista, ya que no sólo hay efectos sectoriales, sino también de índole regional que deben considerarse en el momento de tomar las decisiones.
Es indispensable funcionar en estrecha relación con el Senado, habida consideración de que este Tratado debe ser aprobado por esta Corporación. De no hacerlo, se nos deja en libertad para rechazarlo cuando sea sometido a nuestro pronunciamiento, lo cual, ciertamente, es sumamente delicado, por la envergadura del Acuerdo. Por el contrario, para que tenga sentido, si el Senado participa en forma cierta y seria durante todo el proceso de negociaciones, puede llegar a comprometer de modo responsable y oportuno nuestro acuerdo.
Ello obligaría a la Corporación a trabajar de manera adecuada en esta negociación, que es diferente y que se entremezcla con otros acuerdos que se están desarrollando en materias de libre comercio, como el MERCOSUR, los posibles convenios con la Unión Europea o con la propia APEC, a que se hizo referencia.
Por lo anterior, el Comité UDI estima conveniente crear una instancia especial, como la Comisión que aquí se ha dado a conocer, por iniciativa de los Honorables señores Valdés y Romero, entre otros, que cuente con una composición amplia y plural, que asegure el mejor trabajo del Senado y que se integre en forma colaborativa con el Gobierno en las negociaciones que a éste le corresponde conducir, y, de este modo, cumplir de manera adecuada y eficaz con nuestras responsabilidades históricas.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde el turno del Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor LARRE.- Perdón, señor Presidente. Aún resta tiempo al Comité Renovación Nacional.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- La verdad es que, a estas alturas, debe intervenir el Comité Socialista.

El señor LARRE.- Señor Presidente, en el turno del Comité Renovación Nacional, habló el Honorable señor Valdés, con cargo al tiempo de la Democracia Cristiana; posteriormente, usó de la palabra el Senador señor Romero, en nuestro tiempo, y, en seguida, el Honorable señor Larraín, en el de la UDI. De manera que sólo habló en nuestro turno el Senador señor Romero. Sin embargo, no tenemos inconveniente en que primero intervenga el Comité Socialista, y luego lo hagamos nosotros, sumando el tiempo que nos resta con el que nos ha cedido el Comité Institucionales. De esta manera, conseguiríamos cierta coherencia en el uso de la palabra.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Me parece bien.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, por la importancia del tema que se está tratando y considerando la excelente presentación que hizo el Presidente del Senado, el Comité Institucionales desea ocupar un par de minutos para expresar su apoyo. Vemos que el primer paso dado por el Ejecutivo es muy relevante respecto del NAFTA...

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Perdón, señor Senador, pero no le he cedido la palabra para los efectos de que el Comité Institucionales intervenga ahora.
El Comité Socialista ocupa el segundo lugar en el orden. Por eso le cedí la palabra antes. No hay ninguna otra razón.
Puede intervenir el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, quiero manifestar mi complacencia por la iniciativa planteada por el Presidente del Senado, sugerida por distintos Senadores y, en particular, por el Honorable señor Romero, en el sentido de constituir una Comisión Especial, de acuerdo con el Reglamento del Senado, con el objeto de que la Corporación haga un seguimiento del proceso de negociaciones que vamos a iniciar con los países suscriptores del NAFTA.
Hay sólidas razones, que comparto. La primera es la necesidad de que el tema de nuestra integración al NAFTA y de la negociación difícil que va a implicar sea, efectivamente, una cuestión de carácter nacional. Dicha negociación ¿que, sin duda, debe ser conducida por el Gobierno y por el Presidente de la República, como responsables de nuestras relaciones internacionales¿ tiene que ir acompañada de un amplio debate con todos los sectores políticos y sociales involucrados en nuestra incorporación a un mercado de tales características.
En segundo lugar, siempre en estos procesos de integración hay una doble negociación que resulta fundamental formalizar. Una es la negociación que nosotros debemos enfrentar como país respecto de las naciones a cuyo Acuerdo nos vamos a integrar. La segunda corresponde a la negociación interna, al interior de la sociedad chilena, entre los distintos sectores interesados. Porque aquí, como en todo proceso de integración, va a haber sectores, actividades, regiones, que se verán favorecidos por el Tratado, y otros sectores productivos, sociales y también territoriales que se verán perjudicados. Por tanto, de una manera u otra hay que hacer el ejercicio interno del balance general que guíe las negociaciones, con el objeto de determinar hasta qué punto los costos inevitables que deban pagar ciertos sectores y regiones serán asumidos sólo por ellos o por el conjunto de la sociedad. Creo que ésta es una discusión indispensable que requiere de la más amplia participación.
Y hay una tercera razón, de orden práctico, ya señalada aquí. Sin perjuicio de que es el Gobierno el que conduce la negociación, es finalmente el Congreso el que aprueba el tratado y, en consecuencia, resulta necesario asegurar un acompañamiento en el proceso de negociación, de tal manera de asegurar el respaldo del Parlamento al texto que decida proponer definitivamente el Ejecutivo.
Por eso, creo que hay razones suficientes.
Asimismo, en todos los países ¿y, particularmente, en Estados Unidos¿ el papel del Congreso ¿en este caso, el norteamericano¿ en el desarrollo de la política comercial exterior es de una enorme trascendencia.
Aparte del tema general relativo al acuerdo del NAFTA, quiero aprovechar esta oportunidad para entregar algunas opiniones acerca de la situación particular que enfrenta la agricultura, la cual ha sido objeto de un debate muy sustantivo durante el último tiempo. Se trata de una situación que yo defino como "el mayor desafío" que la agricultura ha debido encarar en todo este siglo y que ha desembocado en una crisis que se ha acelerado por efecto de la devaluación del dólar y la revaluación del peso, que se suma al hecho de que entramos a dos procesos de negociación. Quiero recalcar que, desde el punto de vista del sector agropecuario, la negociación importante no es una, sino dos. Una es el NAFTA, y la otra, el MERCOSUR. En cuanto a los efectos complejos que traerá aparejados para nuestra agricultura, la negociación con MERCOSUR es incluso más delicada que la discusión con los tres países de América del Norte signatarios del NAFTA.
No quiero reiterar ahora lo que ya dijimos con ocasión de la sesión especial que celebramos para tratar la crisis de la agricultura, salvo decir que, a mi juicio, en el tema del agro hay dos asuntos centrales que nuestro país debe entrar a definir. El primero es si efectivamente vamos a desarrollar, con fuerza y energía, una política de protección razonable y legítima, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial de Comercio, hacia los sectores agrícolas tradicionales chilenos que se vean afectados por políticas proteccionistas de muchos países. Este es un tema que hoy se halla en el centro del debate público y que, en mi opinión, debe ser objeto de decisiones políticas muy urgentes por parte de la autoridad y, en particular, del Gobierno, sobre todo cuando enfrentamos una nueva temporada y una nueva cosecha de aquí a pocas semanas más, en especial de toda la agricultura cerealera.
La segunda cuestión, muy de fondo, es si los indispensables procesos de modernización y de reconversión productiva en la agricultura, inevitables en el mediano y largo plazo, van a ser librados sólo a las fuerzas del mercado, o si van a ser dirigidos mediante alguna intervención de la sociedad a través de los elementos de regulación, fomento y estímulo que corresponde desarrollar al Estado. Creo que éste es un punto central, por cuanto, en general, durante los últimos años en el país hemos ido de exceso a exceso: de un estatismo exagerado a un neoliberalismo también dogmático y exagerado.
Por lo tanto, aquí tenemos que lograr un acuerdo, no sólo respecto de una o dos medidas, sino acerca de ciertas definiciones esenciales en cuanto a cómo enfrentamos los procesos de modernización. Sólo quiero hacer una afirmación. Si entregamos la modernización inevitable del sector agrícola chileno sólo a las fuerzas del mercado, el país va a pagar costos que, a mi juicio, no está en condiciones de asumir, desde los puntos de vista económico, social, productivo, de la ocupación de su territorio, de la preservación de culturas y modos de vida, como son la cultura y el modo de vida de la ruralidad y del mundo campesino, que son parte integrante de la nacionalidad chilena.
Por tanto, a mi juicio, estamos enfrentando un debate no menor, previo, incluso, a la definición de políticas e instrumentos de reconversión y de apoyo a la modernización del sector agrícola.
Creo que tendremos que revisar muy a fondo algunas ideas que sobre el rol del mercado y del Estado han circulado en el debate político y cultural chileno del último tiempo.
Soy de quienes afirman que sería un crimen entregar los procesos de reconversión y de modernización sólo a las fuerzas del mercado, porque esas fuerzas aseguran marginar de la modernización a territorios enteros y a diversas categorías de productores campesinos, con costos que este país no debería pagar.
En consecuencia, nos encontramos frente a debates y a resoluciones muy importantes, que colocan nuestra agenda, como Congreso, como partidos políticos, como dirigentes de la sociedad, efectivamente, en un nivel distinto al que muchas veces constituye la agenda de tono menor de la discusión nacional. De modo que, en mi opinión, los desafíos que enfrentamos son mayores, y me alegro de que se haya propuesto encararlos institucionalmente como Senado de la República.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde el turno al Comité Institucionales.
Tiene la palabra el Senador señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, como Comité apoyamos totalmente las palabras del señor Presidente del Senado respecto del NAFTA, que fueron muy acertadas y oportunas.
Debemos considerar que con el anuncio del Gobierno norteamericano en Miami se ha iniciado la primera etapa de ese proceso pero, también, que la segunda fase en Estados Unidos será acompañada de negociaciones internas con el Congreso de ese país, donde su papel y participación en tales negociaciones será mucho más eficaz y activo que en las sostenidas con México y Canadá.
Ahora, tocante a nuestro actuar como Senado y a la propuesta de formar una Comisión Especial, estamos completamente de acuerdo con ello. Pensamos que se trata de una fórmula muy clara de hacer como corresponde la política nacional respecto de este tratado. Creemos que deben ser considerados todos los sectores, tanto los productivos, financieros como los de servicios, en forma horizontal, y también incluir los problemas regionales. Y, tal vez, podríamos recalcar la conveniencia de que participe desde un comienzo el sector laboral, el que hasta el momento se ha mostrado bastante reticente.
He dicho, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Aún resta tiempo al Comité Institucionales.

El señor MC-INTYRE.- Lo cedemos al Comité Renovación Nacional, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.


POBLAMIENTO DE SECTORES FRONTERIZOS

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, haré uso de parte del tiempo de Renovación Nacional en esta hora de Incidentes y expondré otros temas, también internacionales, relativos a la Región que represento.
Debo puntualizar que los hice presentes por escrito a distintos Ministerios, y quiero referirme a ellos en esta Sala por su trascendencia en cuanto a la soberanía nacional y a una zona fronteriza de mi Región, que abarca específicamente las comunas de Futaleufu y Palena, las cuales visité hace poco.
En esas visitas me impuse, con preocupación, de un fenómeno que se está generalizando, y dice relación a la misma materia que el Ejército ha llevado adelante en lo atinente a las fronteras interiores y a la necesidad de cubrir esas zonas con el fin de materializar la ocupación de territorios alejados de centros de progreso, con su poblamiento y actividad económica, para asentar y allegar al desarrollo esos sectores tan apartados.
El primer tema es el tocante a la delimitación fronteriza, sobre el cual la gente de la zona está muy sensible. Cuando se habla de la provincia de Palena, deben recordarse los problemas del valle California de los años 60, donde lamentablemente perdimos gran parte de él.
La distancia entre los hitos 16 y 17, por ejemplo, es de 100 kilómetros. Existen hitos intermedios, pero están a 20, 30 ó 40 kilómetros, distancia entre éstos que permite la entrada a valles chilenos cruzando la frontera, por donde ingresan argentinos que incluso traen a pastar su ganado en los tiempos de verano. Y no hay ningún control sobre esas actividades.
Por lo tanto, es necesario que la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina densifique la ubicación de los hitos para que toda esta gente sepa efectivamente dónde están los límites internacionales, ya que a través de la ocupación se van sentando precedentes que pueden ser funestos y que más adelante nos ocasionen otro tipo de problemas.
En segundo lugar ¿es un tema bastante complicado¿, se han declarado Reservas Nacionales justo en los límites fronterizos. Al tener la zona tal calificación, se han restringido las actividades económicas, y por tanto, su ocupación. Y resulta que todo el año esos terrenos son mucho más accesibles por el lado argentino que por el chileno. Llega gente del país vecino para sacar madera, incluso, de las reservas forestales; ocupa, por ejemplo, los recursos naturales del lago Palena ¿que en la parte argentina se llama lago General Paz¿, y nadie controla esta situación. Carabineros tiene un retén, donde permanece solamente durante los meses de enero y febrero, y el resto del año pasa desocupado; disponen de un bote neumático en muy malas condiciones; deben llevar la bencina a caballo, normalmente en bidones, la que sólo les alcanza para pequeños patrullajes alrededor del lago. En realidad, desde el lado argentino a territorio chileno ingresan por el lago General Paz en lanchas y botes sin ningún problema, y también en forma terrestre.
Considero necesario desafectar la zona, porque las reservas forestales no necesariamente son intocables. Existen algunas disposiciones que permiten explotar parte de los bosques. Hay alrededor de 3 mil o 4 mil árboles talados, y no se han podido sacar ya que las normas de CONAF en este momento no lo permiten. Y también se está dificultando la radicación en la zona de colonos chilenos de Futaleufú y de Palena; no traídos de otro lado, porque la gente de otros lugares no sirve, se necesita de aquellos que tienen experiencia ahí.
Por otra parte, el acceso desde la localidad de Palena, capital de la comuna, hasta el lago Palena, distante más o menos 30 kilómetros, es nada más que a través de una senda, que sólo se puede recorrer a caballo. No hay caminos hacia el lago Palena, Entonces, es necesario que el Ministerio de Obras Públicas también tome conciencia de la situación y construya caminos para acceder al lugar, a objeto de llegar al sector con nuestros productos y sacar los que allí se generen hacia los centros de consumo y comercialización.
Además, hay que mantener allí las instalaciones de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas ¿antigua ECA¿, porque si no a la gente le sale mucho más fácil proveerse de mercadería en el lado argentino que en el chileno. Existen algunas iniciativas tendientes a retirar esas instalaciones, lo cual sería sumamente peligroso.
A diferencia de la política seguida por nuestro país, en el territorio vecino hay, por ejemplo, escuelas fronterizas con 300 alumnos en localidades de no más de 2 mil habitantes. Es el caso de Carral Leufú, adonde llevan alumnos de Trelew, Comodoro Rivadavia y otras ciudades argentinas, a fin de ocupar las escuelas e ir formando en ellas un espíritu fronterizo nacionalista, que va en la dirección correcta. Por nuestra parte, en cambio, no se hace lo suficiente en esta materia.
Esas son las inquietudes que deseaba manifestar, señor Presidente, aun cuando ya las he hecho presentes por escrito a los Ministerios pertinentes, porque pienso que es necesario hacer conciencia en los señores Senadores respecto de la importancia del tema de las fronteras interiores. Es algo que debe preocuparnos, a fin de corregir la falta de radicación de chilenos en territorios alejados, que nos puede brindar otras sorpresas desagradables más adelante.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


VISA ESPECIAL PARA EMPRESARIOS DE COREA DEL SUR Y REPÚBLICA DE CHINA EN TAIWAN. OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente A Honorables colegas, en la gira realizada por Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en el mes de noviembre de este año, a diversos países, y especialmente en su visita a Corea del Sur, durante un almuerzo ofrecido en su honor por empresarios de ese país anunció que Chile establecería un régimen especial de visas para los hombres de negocios de esa nación que desearan ingresar a nuestro territorio. Tal sistema se implementaría por medio de la autorización a nuestro consulado acreditado en Seúl a fin de que, a través de una lista de empresarios coreanos confeccionada para estos efectos, autorice, sin previa consulta a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, la concesión de tales visas. El citado mecanismo, llamado también "de ingreso múltiple", permitiría la entrada a nuestro territorio por un período de hasta 180 días. Sin duda, se trata de un sistema extraordinario, pero será de gran utilidad para la creación de negocios entre Chile y Corea del Sur.
El ofrecimiento efectuado por el Primer Mandatario fue muy bien acogido por los empresarios presentes en la reunión, y creo que resultará de gran conveniencia comercial para nuestro país.
Me parece importante y celebro esta decisión, por cuanto entre las naciones con las cuales Chile ha aumentado sus relaciones comerciales en los últimos años se encuentran, precisamente, Corea del Sur y la República de China en Taiwán. Cabe señalar que las cifras económicas de intercambio entre Chile y Taiwán han favorecido ampliamente a nuestro país y sitúan a dicha república entre las de relevancia para nuestro comercio.
Ello no obstante, en la actualidad el sistema de visas impide una mayor fluidez en la venida de empresarios y comerciantes de esa nación. Los empresarios taiwaneses operan, preferentemente, en el norte de nuestro país, donde han llegado a jugar un papel importante en la economía.
Por tales razones, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República haciéndole ver la conveniencia de que, con la misma decisión con que se pretende favorecer a Corea del Sur, se conceda igual beneficio al gran aliado comercial nuestro que es la República de China en Taiwán.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.


RECONOCIMIENTO A DON MARIO KREUTZBERGER POR LABOR EN BENEFICIO DE MINUSVÁLIDOS Y FINANCIAMIENTO DE FUNDACIÓN TELETÓN. OFICIO Y COMUNICACIÓN

El señor LAGOS.- Señor Presidente, durante los días 2 y 3 de diciembre del presente año se realizó exitosamente la última Teletón, jornada que, por sus especiales características, constituye un motivo de legítimo orgullo para los chilenos. Desde esta Alta Tribunal deseo, ante todo, rendir homenaje y testimoniar un sentimiento de profunda gratitud a Mario Kreutzberger, gestor y conductor de esta nobilísima iniciativa, que ha permitido generar un sentimiento nacional de profunda solidaridad respecto de un importante sector de la comunidad, por largo tiempo relegado al olvido e indiferencia de los demás.
La gigantesca labor desarrollada por este gran hombre, junto a un vasto equipo compuesto por periodistas, artistas, técnicos y demás profesionales que supieron encender nuevamente el alma solidaria del gran país al que pertenecemos, para ir en favor de los lisiados e impedidos, representa sin duda un aporte de incalculable valor para nuestra convivencia nacional. Porque, más allá de los cuantiosos recursos que se han recaudado a través de la Teletón, más allá de los numerosos centros de rehabilitación que se han logrado levantar a lo largo de nuestro territorio, lo cual ya sería suficiente para comprometer la gratitud de todos por su obra, ha conseguido modificar la mentalidad de los chilenos y transformar la solidaridad en una manera de ser nacional.
La última Teletón, que alguien calificó acertadamente como "27 horas de amor y de angustia", ha dejado en el espíritu de la patria dos sentimientos encontrados: por una parte, la enorme satisfacción, el profundo suspiro de alivio que brotó del pueblo chileno cuando se anunció que por fin se habían alcanzado las metas fijadas; y, por otra, la sensación de que una obra de esta naturaleza no puede seguir descansando sobre los hombros de un solo chileno, ni de cinco o de DÍEZ que, con ejemplar generosidad, colaboraron en esta gigantesca jornada.
No es posible que la necesidad de atender a nuestros impedidos, que el imperativo moral de auxiliarlos de modo permanente y de incorporarlos plenamente a la vida nacional, dependa, en el fondo, del éxito que se tenga en conmover y emocionar a los chilenos a través de una Teletón. Esta es una tarea nacional permanente, un compromiso de Chile como país, y no sólo la iniciativa de un grupo de personas. Tengo la certeza de que existe un enorme consenso en el sentido de consolidar la obra iniciada y de entregar un respaldo oficial sólido y permanente a don Mario Kreutzberger. En la última Teletón, pudimos ver a Parlamentarios y dirigentes políticos de todas las tendencias, y, hermanados por un solo sentimiento de solidaridad, por un momento olvidamos nuestras diferencias. Allí no hubo ni Derecha ni Izquierda. Chile era uno solo. Hasta la propia esposa del Presidente de la República se encontraba presente, compartiendo las mismas emociones e incertidumbres de los demás. Pocas veces hemos podido disfrutar de la imagen de un Chile más fraterno y unido. Esa imagen es prueba irrefutable de que existe un gran consenso nacional para acudir en ayuda de esta noble iniciativa.
Por tanto, señor Presidente, solicito que se oficie en mi nombre a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que tenga a bien ordenar el estudio y diseño de un proyecto de ley que busque entregar un financiamiento permanente para la Fundación Teletón, el cual debe contar con su debido patrocinio, por tratarse de una materia de su iniciativa exclusiva. Como sugerencia, me permito proponer que tales recursos se obtengan a través de la aplicación de un impuesto a las bebidas alcohólicas o el tabaco, la concesión en su beneficio de dos o tres juegos de azar anuales, u otra fórmula semejante que sea idónea para la prosecución de estos fines.
Pido, asimismo, que se envíe comunicación a don Mario Kreutzberger, testimoniándole el reconocimiento del Senado de la República por la gigantesca y nobilísima labor que este chileno de excepción ha desarrollado en beneficio de los minusválidos del país y porque, con aquélla, ha enriquecido de modo indeleble el espíritu de los chilenos y fortalecido, más allá de todo cálculo, los sentimientos de identidad y unidad nacional.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio y la comunicación solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sinclair.


POBLAMIENTO DE SECTORES FRONTERIZOS. OFICIOS
El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, considero tan extraordinariamente interesante como delicada y grave la denuncia hecha en este Hemiciclo por el Senador señor Siebert que, en mi opinión, amerita la elaboración de un extracto de la misma, a fin de que sea enviado ¿con carácter reservado, si así se estimare¿ a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y Secretario General de la Presidencia. Creo que los argumentos dados por Su Señoría y el conocimiento personal de hechos tan graves como los denunciados debieran ponernos en una situación de alerta, por cuanto representan, sin duda alguna, una señal inequívoca de grave riesgo para nuestra soberanía nacional.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa sugiere enviar los oficios, en nombre del señor Senador, y también...

El señor DÍAZ.- En nombre del Comité Demócrata Cristiano.

El señor LARRE.- Y del de Renovación Nacional.

El señor SINCLAIR.- También del Comité Institucionales.

El señor MUÑOZ BARRA.- Y del de Partido Por la Democracia.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se enviarán en nombre de todos los Comités del Senado, con un extracto ¿muy bien fundado¿ de la intervención del Honorable señor Siebert, a todos los Ministros, Subsecretarios y funcionarios que corresponda.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, escuché con mucha atención la intervención del Senador señor Siebert. Sin embargo, todas esas cosas requieren recursos y gente. En consecuencia, cuando el Estado pide más fondos para destinarlos a obras tan importantes como ésas, deberíamos tener la buena disposición de otorgarlos. Porque, toda vez que se solicita aumentar la planta de CONAF, por ejemplo, que es la que resguarda, en general, los parques de Chile, indudablemente que ello no se hace para incrementar la burocracia, sino con el objeto de dotarla del personal suficiente. El Honorable señor Siebert fue dramático en su exposición: dio a conocer la escasez de gente y los pocos medios con que cuenta. No obstante observamos su esfuerzo.
Esta mañana tuvimos la suerte ¿diría¿ de asistir a una exposición de los medios satelitales que nos informan de todo lo que sucede a lo largo de nuestro país, de las perspectivas nacionales y de los pocos recursos de que, a veces, disponemos para llegar a zonas fronterizas, como señaló el Senador señor Siebert.
Estoy de acuerdo con lo planteado por Su Señoría; pero, indudablemente, hay que contar con los recursos humanos y financieros necesarios para ello.
Por otra parte, entre los parques ¿que se dividen según nuestro conocimiento en reservas, que son vírgenes; en monumentos nacionales, y en parques nacionales¿ hay algún grado de diferencia. El manejo de las reservas se entrega al Director Nacional de CONAF, o también a las directivas presidenciales. Incluso, no hay razón para que su uso sea tan rígido. Creo que, en algún momento dado, con la visión estratégica que posee obviamente el Senador señor Siebert ¿quien, por su condición de ex general de la República, en estas materias ve más que nosotros¿, es posible establecer asentamientos humanos fronterizos. Ello, indiscutiblemente, estaría sujeto a la variación de los parques o de sus límites. Sin embargo, a lo mejor, sería más necesario fundarlos o recuperarlos en otros lugares, y proceder a su poblamiento, lo que, indudablemente, no guarda mucha armonía con los parques nacionales. A mi juicio, esto constituye un buen tema para las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Defensa Nacional, y otros organismos del Senado.


FINANCIAMIENTO DE LEY SOBRE DISCAPACITADOS

El señor DÍAZ.- Durante el Gobierno del Presidente Aylwin, se promulgó la ley que establece normas para la plena integración de personas con discapacidad, a través de la cual se separó la parte asistencial y la humanitaria, dándole un carácter mucho más trascendente, de país, de Estado. Y dicha normativa legal es la que debe recoger todas las necesidades y aspiraciones de los discapacitados. Porque, no obstante la magnífica labor realizada por don Mario Kreutzberger ¿digna de aplausos y felicitaciones¿, indudablemente toma sólo un sector de los discapacitados de Chile: prácticamente a los lesionados, pero no así a los discapacitados sensoriales, ni tampoco a los discapacitados psíquicos que padecen el síndrome de Down, enfermedad de profunda insuficiencia cerebral. Por lo tanto, elogiando dicha labor benéfica ¿así como la aplauden todos los chilenos¿, obviamente ella no puede ser objeto de un día ni de 27 horas, sino en forma permanente. Y en tal sentido, deberíamos también contar con los recursos necesarios para que la mencionada ley sobre discapacitados pueda funcionar bien. Esta fue publicada el 14 de enero de 1994 ¿hace casi un año¿, y el reglamento se dictó recientemente, por lo que aun no se ha puesto en marcha. Al entrar en aplicación, deben participar todos los sectores. Así nos explicaron los señores Ministros que la firmaron. Hay un aporte inicial de 600 millones de pesos. Y una iniciativa del Vicepresidente del Senado, Honorable señor Ricardo Núñez, propuso que, a través de los juegos de azar, especialmente bingos, se proporcionen recursos para la ley sobre discapacitados. Es una excelente iniciativa, pero quizás insuficiente, por cuanto aquello es algo muy aleatorio. De repente puede ser bueno y, a veces, no. Nos gustaría que esa ley contara con los fondos necesarios como para hacer programas e integrar, mediante la recuperación, plenamente a los discapacitados a la sociedad chilena. Todos los señores Ministros se han comprometido. Esa es la amplitud que tiene dicho cuerpo legal. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha ofrecido un número determinado de casas por cada población. Por ejemplo, si ella se compone de 100 viviendas, se dispondrán 4, 5 u 8, o lo que sea, para discapacitados. Por supuesto, que no se instalará en un cuarto piso a un parapléjico. Además, tendrán teléfonos, servicios higiénicos ad hoc, etcétera, para que las personas cuadrapléjicas o párapléjicas satisfagan sus necesidades con facilidad. Todo eso se halla contemplado.
A mi juicio, es una ley muy buena, de gran sensibilidad y, quizás, una de las más humanas y solidarias que se han promulgado en Chile en el último período. Están comprometidos los sectores de la vivienda, de educación y laboral. En este último, hay un llamado a los empresarios. Excúsenme que les relate una experiencia personal. El otro día tuvimos una reunión ¿excelente, a mi juicio¿ con todos los empresarios, agricultores, e industriales de Cachapoal, en que, junto con el Gobernador don Ricardo Tudela, pedimos que se dieran posibilidades a esas personas para incorporarse al trabajo. Porque un parapléjico, perfectamente puede ser recepcionista, manejar el teléfono o desempeñarse en informaciones. Sobre el particular, hubo una muy buena recepción, ya que legalmente no se les puede obligar.
Al respecto, nos gustaría ¿y éste es un mensaje para el propio Ejecutivo¿ que en las empresas estatales y en los servicios públicos hubiera también un porcentaje de gente discapacitada que se incorporara al trabajo. Creo que la primera petición en tal sentido sería a nuestro Gobierno, a nuestras empresas y a funcionarios estatales. Daré a conocer un ejemplo digno de imitar ¿me parece que lo he señalado varias veces¿, el de don Manuel Márquez, propietario de la industria de calzado "Adolfito", en la cual se desempeña un alto porcentaje de discapacitados, que tienen un rendimiento óptimo. Creo que ello merece ser imitado a lo largo de Chile.
No estoy en desacuerdo en un aporte especial a la "Teletón", pero me parece que la vía es otra: dar los recursos suficientes, para que, aprovechando la institucionalidad existente, como el Registro Nacional de Discapacitados, el Consejo Nacional, y los Consejos Regionales ¿éstos deben actuar a nivel de comunas; ya existe interés de parte de los alcaldes¿, de alguna manera la ley sobre la plena integración de personas con discapacidad se convierta en algo vivo, activo y práctico. Y eso depende mucho de los jefes edilicios y de la gente que se ha sensibilizado sobre esta materia.
Quiero recordar una experiencia personal y confesar un "mea culpa" también. Hace 25 años, cuando fui alcalde de Rancagua, se construyó el edificio consistorial; sin embargo, no se me pasó por la mente ¿siendo médico¿ de que era necesario hacer ramplas y baños especiales para los discapacidos. ¿Por qué? Porque en esa época no estaba socializado el tema. Ahora, por lo menos, existe motivación y sensibilidad, y creo que nuestro país está respondiendo a ese millón y tantos de chilenos que, además de pobres, tienen la mala suerte de ser discapacitados.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Quiero agradecer al Senador señor Díaz que haya hecho referencia a la iniciativa muy modesta que presenté en su momento, a fin de buscar financiamiento para la ley sobre discapacitados. Entiendo que hasta ahora ni el Ejecutivo ni ningún otro señor Senador han propuesto un proyecto mejor para dotar de recursos a dicha normativa legal. En su oportunidad, nuevamente insistiré en hallar un mecanismo.
La mejor expresión de solidaridad es aquella que normalmente efectuamos día tras día. Y si lo podemos hacer a través de un juego de ese tipo ¿que, según mi particular percepción, no es de azar, de acuerdo con los términos del Código Penal¿, donde podamos, comuna por comuna, trabajar durante todo el año para juntar un fondo para los discapacitados ¿que son un millón 200 mil, como bien lo señaló el señor Senador¿, creo que podríamos ejercer permanentemente la solidaridad en este país y no sólo durante 27 horas.
Creo que, de todas maneras, el tema está abierto.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:35.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción