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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 31a, en martes 3 de enero de 1995
Ordinaria
(De 16:27 a 19:37)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDES, PRESIDENTE,
RICARDO NUÑEZ, VICEPRESIDENTE, Y NICOLÁS DÍAZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Bitar Chacra, Sergio
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Errázuriz Talavera, Francisco Javier
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ominami Pascual, Carlos
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 44 señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la primera sesión de 1995.
Deseo a los señores Senadores y al personal de la Corporación un feliz año nuevo.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- El acta de la sesión 8a, especial, en 25 de octubre del año recién pasado, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Diez de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero comunica que no hará uso de la facultad que le confiere el artículo 70 de la Carta Fundamental respecto del proyecto de ley sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y modificaciones a los recursos de queja y de casación, y devuelve el texto del proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
-Se manda remitir el texto del proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con el segundo y el tercero, retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Suma", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales, y dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos con el Banco Central de Chile.

2.- El que modifica las normas sobre pensión de vejez anticipada por trabajos pesados.
Con los siete siguientes, retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "Simple", a los proyectos de acuerdo y de ley que se señalan:

1.- Proyecto de acuerdo suscrito con los Estados Unidos de América sobre Comercio e Inversión.

2.- Proyecto de acuerdo relativo al Convenio con la Confederación Suiza, sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

3.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

4.- Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.

5.- Proyecto de ley que modifica la ley N° 4.601, de Caza, a fin de proteger la fauna.

6.- Proyecto de ley que faculta a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas para integrarse a corporaciones de derecho privado.

7.- Proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.
-Quedan retiradas las urgencias; se tienen presentes las nuevas calificaciones, y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica que se ausentará del país entre los días 1 y 2 de enero de 1995, con la finalidad de asistir, en representación del Gobierno de Chile, a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República Federativa del Brasil.
Agrega que durante su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República, por el señor Ministro del Interior, don Carlos Figueroa Serrano.
-Se toma conocimiento.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha prestado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al Estatuto del Personal de la Biblioteca Nacional.
-Se toma conocimiento y se manda archivar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que otorga un aporte extraordinario al sistema subvencionado de educación.
-Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Dos del señor Ministro del Interior:
Con el primero, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la supresión de cargos que señala en la nueva planta de personal de la Municipalidad de Linares.
Con el segundo, contesta un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Honorable señor Siebert, relacionado con la adopción de medidas tendientes a solucionar los problemas económicos que aquejan a los sectores que indica, de la ciudad de Ancud, Décima Región.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Valdés, respecto de cuál es la autoridad de esa Cartera de Estado facultada para anunciar iniciativas como las negociaciones comerciales internacionales.
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Senador señor Horvath, respecto a la posibilidad de financiar proyectos destinados al estudio de los recursos naturales y otros fenómenos por medios satelitales.
Del señor Ministro de Hacienda, con el que responde un oficio, enviado en nombre de la Corporación, relativo a la racionalización del sistema para otorgar el beneficio de la asignación de zona.
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, relacionado con las materias que deberá abordar el Programa Nacional de Superación de la Pobreza.
Del señor Ministro de Educación, con el que responde un oficio, enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, relacionado con la disminución de los aportes extraordinarios a los establecimientos subvencionados municipales.
Dos de la señora Ministra de Justicia:
Con el primero, contesta un oficio, enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la solicitud de concesión de personalidad jurídica presentada por un grupo de personas que continuarían con la labor de beneficencia que efectuaba la Sociedad Benefactora Colonia Dignidad, cuya personalidad jurídica fue cancelada el año recién pasado.
Con el segundo, da respuesta a un oficio, enviado en nombre de la Corporación, referido a agilizar los procedimientos para transar los juicios relativos al pago de indemnización por la expropiación de predios agrícolas, originados en el proceso de reforma agraria.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Núñez, relacionado con las inquietudes acerca de las materias que señala, que le fueran planteadas por los beneficiarios del Programa Especial de Viviendas para Trabajadores (P.E.T.), en ejecución en la ciudad de Caldera, Tercera Región.
Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, con el que responde un oficio, enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referente a los proyectos y programas de generación eléctrica a ejecutarse durante el presente año en la Undécima Región.
Del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, con el que responde un oficio, enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, con el que solicita informe acerca de si una entidad bancaria deudora del Banco Central podría ampararse en el derecho de propiedad, efectuando capitalizaciones automáticas, evitando con ello pagar las deudas que mantiene con el citado Instituto Emisor,
Dos del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el que contesta sendos oficios enviados al señor Ministro de Agricultura, en nombre del Senador señor Siebert: uno, acerca de la adopción de medidas para solucionar los problemas que afectan al sector agrícola de las provincias de Chiloé y Palena, Décima Región; el otro, referido a la necesidad de impulsar el desarrollo y progreso de los agricultores de escasos recursos, particularmente de aquellos denominados de "subsistencia", que realizan sus actividades en las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, Décima Región.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que contesta un oficio, enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a la tala de árboles en un predio fiscal contiguo a la localidad de Curanipe, provincia de Cauquenes, Séptima Región.
Del señor Director del Servicio de Salud de Magallanes, con el que responde un oficio, enviado en nombre del Senador señor Ruiz De Giorgio, relativo a la instalación de equipos para dializar a los enfermos renales del Hospital de Puerto Natales, Duodécima Región.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
De la Comisión de Hacienda, con la que comunica que durante el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud, constató que la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en su carácter de Comisión técnica, rechazó el artículo 32 del texto de la iniciativa aprobado por la Cámara de Diputados.
Agrega que la citada norma es de su competencia, ya que prescribe que el FOSIS administrará un programa especial de iniciativas juveniles, agregando en su inciso final que la Ley de Presupuestos de la Nación considerará recursos especiales para el desarrollo del referido programa. En esas circunstancias, y en consideración a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el inciso cuarto del artículo 27 del Reglamento de la Corporación, la citada Comisión de Hacienda conoció y aprobó el ya mencionado artículo 32.
Finalmente, la Comisión acordó solicitar a la Corporación que en lo sucesivo la Secretaría del Senado, al dar cuenta en la Sala de un proyecto de ley que deba pasar a la Comisión de Hacienda, determine qué artículos deben ser conocidos por ésta, con el propósito de evitar conflictos como el señalado.
-Se toma conocimiento.
Del señor Secretario de la Cámara de Diputados, con el que comunica que el Excelentísimo Tribunal Constitucional ha solicitado a esa Corporación que certifique los quórum de aprobación, en los diversos trámites constitucionales, de cada una de las normas sometidas a su control contenidas en el proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud. Conforme a lo expuesto, solicita a esta Corporación que informe acerca de la votación general y particular del artículo 31 aprobado en segundo trámite constitucional por el Senado.
-Se mandó contestar.
Informes
Dos de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaídos en los siguientes asuntos:

1.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece nuevas normas sobre aviación comercial y modifica el Estatuto Orgánico de la Junta de Aeronáutica Civil.

2.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. (Con urgencia calificada de "Simple").
-Quedan para tabla.
Comunicaciones
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con la que informa que entre los días 22 y 29 de enero del año en curso realizará un viaje oficial a la República de Sudáfrica, cuya comitiva estará integrada por autoridades de Gobierno y personas del sector privado.
Agrega que estima conveniente que integren la delegación representantes del Poder Legislativo, motivo por el cual solicita tener a bien que se realicen las gestiones para que participen en esta visita los Presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
- Pasa a Comités.
Del señor Jefe de Gabinete del señor General Director de Carabineros, con la que, por especial encargo del señor General Director, agradece el reconocimiento y las condolencias enviadas en nombre de los señores Senadores Díaz, Otero y Sinclair, y de sus respectivos Comités, por la heroica participación de su personal en el asalto ocurrido en la relojería Omega, de la ciudad de Rancagua.
Queda a disposición de los señores Senadores
La señora FELIU. - Pido la palabra con relación a la Cuenta.
El señor VALDES (Presidente). Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

La señora FELIU.- Señor Presidente, cuando se dio cuenta del ingreso al Senado del proyecto de ley que establece nuevas normas sobre aviación comercial y modifica el Estatuto Orgánico de la Junta Aeronáutica Civil, se acordó que después del trámite a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones fuera a la de Economía. En consecuencia, la iniciativa no debe quedar para tabla, sino que debe pasar a la Comisión de Economía, a fin de dar cumplimiento a lo acordado oportunamente por la Sala del Senado.
El señor VALDES (Presidente). - ¿En qué página de la Cuenta está esa materia?
El señor HAMILTON. - En la página 8.
El señor EYZAGUIRRE (Secretario). - En efecto, la Sala acordó que dicho proyecto pasara a la Comisión de Economía. Por lo tanto, sólo queda para tabla la iniciativa que crea el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.
El señor HAMILTON.- Perfecto.
____________________

El señor RÍOS.- Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.


DETERMINACIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPETENCIA DE
COMISIÓN DE HACIENDA

El señor RÍOS.- Se acaba de dar cuenta de un oficio de la Comisión de Hacienda relacionado con el artículo 32 del proyecto de la Cámara de Diputados sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud, que la Sala va a conocer hoy. Dicha Comisión comunica que aprobó el citado precepto, que establece que el FOSIS administrará un programa especial de iniciativas juveniles, y da las razones por las cuales se pronunció sobre un artículo que, según señala, corresponde a la Comisión técnica: la de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Al dar a conocer esta materia el señor Prosecretario, el señor Presidente señaló: "Se toma conocimiento". Nada más.
La pregunta es la siguiente.
Con toda seguridad, a la Comisión técnica le gustaría analizar más a fondo lo que señala la de Hacienda. Se trata de una de las típicas contiendas de competencia que se suscitan entre Comisiones, y no tengo información acerca de cómo se resuelven. Por ello, quisiera que se me orientara, a fin de que lo expresado por la Mesa no vaya a quedar como acuerdo de la Sala adoptado el día de hoy sin haber sido analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor VALDES (Presidente).- Respecto de este proyecto no se va presentar el problema señor Senador, porque la idea es tratarlo la próxima semana. De manera que, si a Su Señoría le pareciera, volvería a Comisión.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, solicito concretamente...

El señor VALDES (Presidente).- Aquí se produce lo mismo que con cualquier proyecto que es informado por dos Comisiones.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor RÍOS.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor RÍOS.- Solicito formalmente que la comunicación remitida por la Comisión de Hacienda a la Mesa sea enviada oficialmente a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para su análisis.
El señor VALDES (Presidente).- No hay ningún inconveniente, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, planteamos el asunto de esta manera para evitar un problema más profundo.
La verdad es que nos hemos encontrado con proyectos en que las Comisiones técnicas rechazan los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda y, con ello, impiden que sean conocidos por ésta, aun cuando estén relacionadas con financiamiento o tengan incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado.
Queremos entonces que la Mesa, antes de enviar cada proyecto a la Comisión técnica, fije cuáles artículos son de competencia de la Comisión de Hacienda, a fin de que ésta pueda tomar conocimiento de ellos. Porque podría darse el caso, por ejemplo, de que una Comisión, por mayoría, rechazara el financiamiento, con lo cual quedaría abortada la iniciativa.
Creo, en consecuencia, que debemos efectuar un examen más profundo sobre esta materia -podría ser tratada con mayor amplitud por los Comités o por la Mesa-, porque la forma como se está procediendo es inadecuada.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, comparto la opinión del Senador señor Lavandero en cuanto a que este asunto debe ser considerado por los Comités u otra instancia. Sin embargo, no me parece pertinente que, a propósito de la Cuenta, se formule una suerte de imputación a una determinada Comisión, en este caso la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, que integro.
En mi opinión, habría sido mucho más conveniente que algún señor Senador integrante de la Comisión de Hacienda hubiera conversado con el señor Presidente de la de Gobierno. Si el Honorable señor Lavandero -quien tiene razón en su planteamiento- lo hubiera expuesto en esa forma y no durante la Cuenta, se vería favorecido el entendimiento entre las Comisiones del Senado.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Aquí hay una materia de fondo que no sé si será el momento entrar a debatir.
En realidad, desde el punto de vista interpretativo de las facultades de la Comisión de Hacienda, no me parece que le corresponda determinar si una normativa, en su aspecto de fondo, debe ser aprobada o rechazada, sino, como organismo técnico insustituible, establecer si el gasto que irroga tiene financiamiento o no lo tiene. Pero la conveniencia o inconveniencia de sus ideas matrices -en este caso, del fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud- la fija la Comisión técnica respectiva, es decir, en este ejemplo la de Gobierno.
Esa es mi opinión al respecto.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- De no ser así, nos encontraríamos frente a una permanente colisión.
La Comisión de Gobierno analizó el proyecto conforme a su conveniencia o inconveniencia, enfocándolo desde el punto de vista de su utilidad pública; no le interesa su costo, el que será determinado por la Comisión de Hacienda. Si tiene reparos sobre el financiamiento o declara que éste no existe, la Sala no podrá aprobarlo, aunque haya unanimidad para hacerlo. En cambio, el informe de la Comisión técnica puede ser aprobado o rechazado por el Senado, pero no queda muerto por el hecho de que ésta diga que carece de financiamiento.
Así entiendo la diferencia de funciones entre las Comisiones. Sin embargo, no quisiera abrir debate sobre esta materia porque, en realidad, el asunto ya tiene un cauce.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Además, señor Presidente, el proyecto tiene que ir a la Comisión de Hacienda de todas maneras, porque su financiamiento es con cargo a la Ley de Presupuestos.

El señor VALDES (Presidente).- Así es, señor Senador, para estudiar el aspecto que Su Señoría ha señalado, pero no para que se pronuncie sobre el mérito de todo el articulado.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Así es.

El señor VALDES (Presidente).- Y si tiene financiamiento, no habrá objeción de parte de la Comisión de Hacienda.
Estamos de acuerdo.

El señor LAVANDERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Si se lee el párrafo final de la parte resolutiva del informe de la Comisión de Hacienda, se verá una conclusión que la Mesa debe tomar en cuenta. En verdad, lo que ha señalado el señor Presidente es aceptable -por lo menos a mí me lo parece-; pero no es lo que establece la Constitución en cuanto a la competencia de la Comisión de Hacienda. Lo que se propone es una clarificación de su competencia en los proyectos en que no es Comisión técnica. Por ejemplo, es increíble que la Comisión técnica rechace un artículo cuya resolución compete a la de Hacienda y quede abortado el proyecto porque esta última no pudo conocerlo.
Entonces, allí hay una materia que es necesario analizar con mayor detención. Eso es lo que ha querido decir el informe, que, por lo demás, está firmado por el señor Presidente de la Comisión de Hacienda. He tomado la palabra porque Su Señoría no estaba presente en ese momento. Y doy esta explicación porque creo que ya muchas veces se han rechazado artículos cuyo conocimiento es de competencia de la Comisión de Hacienda, impidiéndosele a ésta pronunciarse sobre aquéllos.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Señor Presidente, ¿me permite?

El señor VALDES (Presidente).- Perdón, señor Senador.
Creo que el debate está agotado.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Es sólo para precisar.
El señor VALDES (Presidente).- Evidentemente, la Mesa puede haber incurrido en el error de no haber remitido el proyecto a la Comisión de Hacienda para efectos de que informara sobre el artículo correspondiente.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Estoy de acuerdo, señor Presidente. Solamente deseo precisar lo siguiente.
Hace unos 45 días, la Comisión de Hacienda envió a la Presidencia del Senado un oficio para solicitarle el establecimiento de un procedimiento destinado a evitar estas situaciones de conflicto. Insinuábamos allí, como posible mecanismo, que la Secretaría del Senado determinara cuáles con los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda en virtud de la disposición constitucional que la obliga a hacerlo en su calidad de Comisión Revisora en materia de gastos o de financiamiento. Me parece conveniente que la Presidencia y la Secretaría asuman la responsabilidad de precisar las normas que son de competencia de la Comisión de Hacienda, cuando actúa no como técnica, sino como revisora constitucional con motivo de financiamiento o de presupuesto.

El señor VALDES (Presidente).- Vamos a realizar ese estudio.
La Secretaría me está ratificando que este proyecto fue enviado a las Comisiones de Gobierno y a la de Hacienda. Es decir, se cumplió rigurosamente con la disposición reglamentaria. Ambas Comisiones se pronunciaron, y, como el proyecto en cuestión no se va a tratar hoy día, ésta es una discusión anticipada sobre lo que veremos la próxima semana.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor VALDES (Presidente).- Los Comités resolvieron:
1. Mantener en el presente mes de enero la semana regional ya prevista. Por lo tanto, el Senado sesionará hasta el día 19.
2. Reanudar las sesiones el jueves 2 de marzo, día en que celebrará una en la mañana y eventualmente otra en la tarde, dependiendo de los proyectos en tabla.
3. Postergar, a solicitud del Ejecutivo, hasta la sesión del martes venidero el tratamiento del proyecto sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud.
4. Examinar en la sesión de mañana, a pedido de la señora Ministra de Justicia, el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal.
V. ORDEN DEL DÍA



AUTORIZACIÓN A MINISTERIOS DE VIVIENDA Y URBANISMO Y DE OBRAS PUBLICAS PARA INTEGRARSE A CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor VALDES (Presidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.
Se encuentra en la Sala el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 26a, en 15 de septiembre de 1993.
En tercer trámite, sesión 8a, en 25 de octubre de 1994.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 16a, en 15 de noviembre de 1994.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 9a, en 5 de julio de 1994.
Vivienda, sesión 9a, en 5 de julio de 1994.
Hacienda, sesión 9a, en 5 de julio de 1994.
Mixta, sesión 20a, en 21 de diciembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 9a, en 5 de julio de 1994 (se aprueba en general y particular); 12a, en 8 de noviembre de 1994 (queda pendiente su discusión); 16a, en 15 de noviembre de 1994 (se rechaza y pasa a Comisión Mixta).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión Mixta, que se constituyó el día 14 de diciembre pasado, integrada por los Senadores miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y por los Diputados señores Jürgensen, Ortiz, Pérez, Sabag y Tohá, designó como Presidente de la misma al Senador señor Arturo Frei.
La divergencia suscitada entre el Senado y la Cámara de Diputados fue motivo de una larga discusión. Y, en definitiva, la Comisión sugiere aprobar un artículo único -que consta de cinco incisos-, que introduce diversas modificaciones al proyecto.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, el informe en debate tiene por objeto facultar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.
Ahora bien, la divergencia entre los textos de la Cámara de Diputados y del Senado radicaba en la creación de una o de varias corporaciones, aprobándose esta última posibilidad por 8 votos contra 1. Se llegó a esa conclusión porque las características del desarrollo de las viviendas y de la construcción en general son bastante multifacéticas, y, además porque parecía lógico que, teniendo en consideración las distintas realidades y condiciones geográficas de las Regiones, éstas pudieran contar con su propia corporación.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, el informe que pone en acuerdo los criterios de la Cámara de Diputados y del Senado, reafirma la opinión de las Comisiones de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo del Senado y también de la Sala en cuanto a la necesidad de crear corporaciones y no una corporación.
Pero más importante que lo anterior es el hecho de que por primera vez -y vale la pena destacarlo- el Estado y la empresa privada hacen un esfuerzo para actuar en conjunto en la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencia en el área de la planificación, construcción y conservación de obras civiles, infraestructura y de vivienda.
La trascendencia de esta iniciativa del Ejecutivo -aprobada en la Comisión de Obras Públicas, que presido, y también en la de Vivienda y Urbanismo, y en la Comisión Mixta- es de suma importancia, porque permite, entre otros aspectos, que estas corporaciones de derecho privado puedan hacer clasificaciones de viviendas, tal como ocurre, por ejemplo, con los instrumentos financieros, lo que posibilitará a los usuarios tener una mejor información de lo que hoy día compran a ciegas, de acuerdo con lo que señalan el corredor o la empresa constructora. Y por no existir información fidedigna, se han creado una serie de problemas y, muchas veces, abusos respecto a la calidad de las viviendas.
Esta normativa se complementa en forma adecuada con un proyecto, en estos momentos en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo es mejorar la calidad de las viviendas. Así se introduce, en esta asociación entre el Estado y particulares, modernidad y actuación de conjunto para lograrla, lo que estimo es muy valioso y vale la pena destacar.
Dado el acuerdo de la Comisión Mixta para crear corporaciones -y no una sola-, impulsando así la regionalización y la participación en ellas de personeros representativos, me permito solicitar al Honorable Senado aprobar el informe cuanto antes y, ojalá, en forma unánime.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, considero que esta iniciativa debe tener una cobertura regional. Y, por lo tanto, me inclino por que haya varias corporaciones y no solamente una. Todos deseamos -y ésta es la línea en que se ha argumentado- desarrollar más cada una de la Regiones, pero sin olvidar la especificidad de los problemas que se presentan en el campo de la infraestructura, de la vivienda, de los materiales de construcción y de las condiciones urbanas. Ello hace necesario el trabajo de estas corporaciones. Por eso, desde el punto de vista de la flexibilidad, estas normas nos parecen positivas.
La experiencia de la Región que represento -la Primera- demuestra que, frente a las iniciativas adoptadas recientemente para el desarrollo turístico internacional y de la infraestructura, la existencia de corporaciones de esta naturaleza contribuye seriamente al estudio de nuevos proyectos, a mejorar la calidad de lo que en la materia se está haciendo y, muy especialmente, a promover todo lo vinculado con la planificación a largo plazo con miras a la integración con los países vecinos y también a la expansión de la infraestructura regional.
Por último, creemos que esto contribuye a que la debida coordinación entre los Ministerios favorezca la modernización del Estado, agilidad en las decisiones y una mayor coordinación con el sector privado.
Se trata de corporaciones sin fines de lucro, limitación que no me satisface. Pienso que en el futuro debemos ir introduciendo flexibilizaciones de manera de crear corporaciones con fines de lucro. En todo caso, considero adecuada la fórmula a que llegó la Comisión Mixta y la respaldamos.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, daré mi aprobación a la enmienda introducida por la Comisión Mixta, por considerarla positiva, tal como se dijo en esta Sala cuando se aprobó el proyecto y se modificó la idea sugerida por la Cámara de Diputados en orden a crear corporaciones y no sólo una corporación.
Para complementar el informe del Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Honorable señor Errázuriz, deseo manifestar que la iniciativa destinada a mejorar la calidad de la construcción de las viviendas se halla en el cuarto lugar de la tabla de esta sesión. De manera que será interesante complementar la aprobación de este informe con la de la que acabo de aludir.
El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría...

El señor LARRAIN.- ¿Me permite, señor Presidente? Como no se fundamentará el voto, deseo expresar mi punto de vista sobre el particular.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRAIN.- Simplemente, deseo dejar constancia de mi posición.
Como no intervine en la discusión previa del proyecto, he tratado de dilucidar su sentido y la verdad es que me ha costado encontrárselo. Si la idea es que el Estado participe en esta materia canalizando ciertos recursos, creo que hay maneras más eficaces para hacerlo que constituir corporaciones. Fondos concursables o asignaciones de recursos a fondos regionales para destinarlos a los objetivos que se persiguen a través de estas normas me parecen procedimientos suficientemente eficientes. No creo que sea necesaria la incorporación del Estado en estas tareas, aunque sea en una modalidad un poco más descentralizada o un poco más renovada, por así decirlo.
El sector privado puede desarrollar perfectamente bien estos mismos objetivos por sus propios medios sin que, para alcanzarlos, sea necesario asociarse con el Estado. La única justificación es de carácter económico. Pero estimo que, frente a la participación o apoyo subsidiario estatal a iniciativas del sector privado o de instituciones con o sin fines de lucro orientadas a cumplir los propósitos que persigue este proyecto, hay mecanismos mejores. Por lo tanto, no veo el sentido de estas normas. Por el contrario, esto puede prestarse a otro tipo de intervenciones estatales, que, al final, uno termina por reprobar. De manera que no considero necesaria la actividad que ella propicia.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, concuerdo con lo que se acaba de exponer en cuanto a que el objeto de esta iniciativa es extraordinariamente vago e impreciso. Como señalé durante la discusión general, sería mucho más importante crear, por ejemplo, una corporación para la administración y gestión de las obras entregadas en concesión, la cual sí cumpliría con un propósito: permitir a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda enfrentar con mayor agilidad y eficiencia el desafío que significa llevar a cabo actividades de concesión que en la mayoría de los casos superarán los presupuestos con que tales reparticiones cuentan para esa finalidad.
En la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos planteé esta situación al señor Ministro, a quien, además, presenté un estudio concreto sobre el particular. Me respondió directamente, por escrito, en forma negativa.
Pienso que si queremos hacer partícipe al sector privado de tales actividades, es imprescindible fijar objetivos claros y definidos, de modo de reemplazar con éxito el actual sistema de gestión y administración de las concesiones. Desgraciadamente, ello no es posible en las condiciones imperantes, por el escaso número de funcionarios públicos que podrá destinarse a tal propósito, y el hecho de que muchas veces el sector estatal no estará en situación de competir con el privado, el cual se calcula que invertirá más de mil 500 millones de dólares a través del sistema de concesiones.
Señalo lo anterior, no con el ánimo de obstaculizar el proyecto, sino para reiterar que las corporaciones a que se refiere carecen de un objetivo específico. Lamento que no se haya acogido otra iniciativa formulada sobre el particular, la cual sí hubiera tenido un efecto gravitante en este ámbito, como expresaron los representantes del gremio de la construcción cuando tuvieron conocimiento de la misma.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, a fin de ilustrar a los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto al objetivo de este proyecto de ley, debo informar que se conversó al respecto entre el sector privado, representado por la Cámara Chilena de la Construcción, y los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, y se concluyó que tendría por finalidad sentar las bases para formar el Instituto de la Construcción, con el fin de mejorar la calidad de las viviendas y de las obras de infraestructura.
Ese es el objetivo preciso de esta iniciativa. En la Comisión Mixta se perfeccionó su texto -contó con mi apoyo-, en el sentido de crear también en las distintas Regiones estas corporaciones y, a partir de ellas, y considerando las características climáticas, geográficas, etcétera, de cada zona, posibilitar la organización de institutos de la construcción regionales independientes.
Cabe precisar que la administración de las obras en concesión está a cargo de las empresas a que se refiere la propia ley de concesiones, cuyo objetivo difiere del que la iniciativa en debate tiene, específicamente, en lo concerniente al Instituto de la Construcción.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, deseo fundar mi voto aprobatorio de este proyecto formulando dos observaciones que quizá contribuyan a aclarar el sentido de su texto.
En primer lugar, me parece muy sensato lo planteado por la Comisión Mixta en orden a acoger el criterio de que pueda crearse más de una de estas corporaciones por Región. No estimo fácil constituir en ellas entidades únicas de carácter privado. En cambio, siendo varias, pueden tener tal cualidad.
En segundo término, si se desea que en esos organismos participen los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas -ya existen algunos exclusivamente privados en este campo-, para los fines señalados por el Senador señor Siebert, es indispensable autorizarlos por ley.
Por eso, respaldo con entusiasmo el proyecto.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, pienso que el debate que se está llevando a cabo en torno de esta iniciativa difiere del objetivo que ella persigue, y no corresponde a su sentido, espíritu ni a su letra.
Las autoridades -así informó el Ejecutivo- pretenden construir alrededor de 107 mil viviendas en 1995. Eso significa, de mantenerse los promedios de metros cuadrados de vivienda social, unos 5 millones 500 mil metros cuadrados de construcción habitacional.
Para los efectos del desarrollo del país, la meta indicada es muy importante y, sin duda alguna, lo relativo a la planificación y características de las viviendas debe ser diferente en los distintos lugares del territorio, puesto que, en razón de que sus condiciones geográficas y culturales son distintas, los elementos que confluyen en la proyección y planificación de una casa o de una población en un área urbana determinada, obviamente requieren de estudio, análisis y perfeccionamiento permanentes.
Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de oír, por ejemplo, a los habitantes de Chiloé, quienes señalaban la necesidad de planificar un tipo de construcción distinto, que, junto con preservar el entorno natural de la zona, constituyera un atractivo turístico constante, pues, a su juicio, la vivienda social común destruía el ambiente de la isla. En consecuencia, reclamaban el estudio de una alternativa diferente, empleando los mismos recursos que el Estado destina a subsidios habitacionales, más el apoyo de organismos privados.
Por lo tanto, es evidente que el país necesita de estas corporaciones, a fin de aprovechar los esfuerzos y conocimientos de los sectores privado y público para enfrentar en conjunto las investigaciones y análisis pertinentes.
Las cifras que he mencionado se refieren, básicamente, a la vivienda. En lo concerniente a obras públicas (caminos, puentes y obras diversas), se está invirtiendo en otra cantidad de millones de metros cuadrados de construcción. Tenemos bastante experiencia a este respecto, porque hemos sostenido muchas conversaciones en nuestra Región acerca de la forma como se está abordando el trazado de algunas vías. Y, lógicamente, los estudios que realicen los organismos públicos y privados, destinados a mejorar, mediante la información adecuada, las inversiones que se realicen, son de enorme trascendencia.
Tal es el objetivo que tendrán estas corporaciones. Su finalidad no será resolver cómo efectuar las propuestas públicas ni decidir a quiénes se adjudicarán ¡No! Esto nada tiene que ver con el propósito de dichas entidades. Ellas se encargarán de analizar lo relacionado con la planificación y materialización de la gran cantidad de obras que se ejecutan a lo largo del territorio.
Por esos motivos, éste es un proyecto conveniente e interesante, que abre alternativas para un estudio profundo sobre la materia, con pleno respeto de las características naturales y sociales en cada una de las áreas en que se desenvuelve el país.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente y señores Senadores, quiero precisar que esta iniciativa se originó en el seno de una comisión compuesta por personeros de los colegios profesionales, de la Cámara Chilena de la Construcción y del Ministerio de Vivienda, y responde a la inquietud existente por la calidad de la construcción, especialmente en aquellos sectores de más escasos recursos, que a menudo carecen de los conocimientos necesarios para poder apreciar la del producto que están comprando.
En ese contexto nació el proyecto en comento, cuyo objeto es congregar a los colegios profesionales, a las universidades, a los grandes mandantes del sector construcción y, naturalmente, a las dos Secretarías de Estado más vinculadas con el área, como son las de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas.
En la actualidad no existe esta especie de mesa de encuentro, donde se puedan idear criterios y desarrollar procedimientos estándares atinentes a la calidad de las diferentes construcciones, dirigidos a proporcionar a todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo, la seguridad de que lo que se está haciendo es una verdadera inversión y no un mero gasto.
Desde ese punto de vista, cabe mencionar la situación que afecta a las calles de nuestras ciudades, donde muchas veces las empresas subcontratistas que intervienen en la colocación de ductos y otros elementos carecen de una inspección adecuada y de normas de común aceptación.
Por lo tanto, una instancia como la propuesta redundará en un mejoramiento de la calidad de la construcción, sea en el ámbito inmobiliario, vivienda u obras públicas, y ayudará a la estandarización de los procesos y de los productos, lo cual se traducirá en un mejor resultado y favorecerá en forma importante la inversión que desarrollen tanto el sector público como el privado.

El señor VALDES (Presidente).- Si el Senador señor Larraín ha quedado satisfecho con las explicaciones dadas por el señor Ministro, podríamos aprobar por unanimidad el informe de la Comisión Mixta.

El señor LARRAÍN.- Con mi abstención, señor Presidente.

El señor ROMERO.- Y con la mía.
El señor OTERO.- También me abstendré, señor Presidente.
-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, con la abstención de los Senadores señores Larraín, Otero y Romero.




MODIFICACIÓN DE LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES,
EN MATERIA DE UTILIZACIÓN DE SUBSUELO DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO


El señor VALDES (Presidente).- En segundo lugar, corresponde ocuparse en el proyecto signado con el número 3 del Orden del Día, en primer trámite constitucional, que dicta normas y modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de utilización del subsuelo de los bienes nacionales de uso público, con informe de las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y urgencia calificada de "Simple".
-Los antecedentes sobre el proyecto fíguran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 16ª, en 2 de agosto de 1994.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 29a, en 20 de diciembre de 1994.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 29a, en 20 de diciembre de 1994.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, contiene, a juicio de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, dos disposiciones de carácter orgánico constitucional -los artículos 3° y transitorio-, que requieren para su aprobación el quórum establecido en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política, esto es, las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, en tanto que la de Gobierno, Descentralización y Regionalización propone aprobarlo con las enmiendas consignadas en su informe.
En lo concreto, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales sugiere aprobar la iniciativa con dos modificaciones: una, al artículo 1°, para sustituir, en la frase final que esta disposición agrega al inciso primero del artículo 64 del decreto ley N° 1.939, de 1977, la expresión "conveniente" por "pertinente"; y otra, al artículo 2°, con el objeto de incluir, en el artículo 32 bis, que esta disposición incorpora a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el siguiente inciso final: "En forma previa a la iniciación de las obras el concesionario deberá someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, regulado en la ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.".
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me alegro mucho de que hoy día en el Senado podamos estudiar -y en lo posible despachar- esta iniciativa que, a pesar de lo simple de su contexto, puede tener bastante trascendencia, sobre todo para las grandes ciudades, por el aumento de los atochamientos de vehículos que sufren.
Hace algún tiempo decidí presentar una moción; pero, por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, solicité a los Senadores señores Arturo Frei, Piñera y Otero que me acompañaran en la petición del respectivo patrocinio, en razón de que Sus Señorías representan a las metrópolis más conflictivas en cuanto a ocupación de espacio físico por automóviles estacionados.
De la experiencia habida en otras partes del mundo -sobre todo en las grandes urbes europeas-, se concluye que la solución consiste en usar el subsuelo para estacionamientos, sin que este tipo de obras signifique costos para el erario, los municipios o la comunidad en su conjunto, al ser financiadas por los usuarios de vehículos. De ese modo, se puede resolver el problema del tráfico generado por el aumento del parque automotor -en el caso de nuestro país, se está incrementando en 120 mil unidades anuales, gran parte de las cuales se radica en las grandes ciudades-, mediante la inversión que efectúe el sector privado, quc cobrará por el uso de esas instalaciones.
Deseo entregar algunas cifras, a fin de apreciar la importancia que reviste la aprobación de una iniciativa de este tipo para las grandes urbes y para otras que mañana comenzarán a tener los mismos problemas.
En la Región Metropolitana, cada año se ocupan en estacionamientos 20 kilómetros de infraestructura. En la comuna de Santiago, se calcula que 30 por ciento de su capacidad de circulación se destina al estacionamiento de vehículos. De aprobarse la preceptiva en comento, en la cual se encuentran muy interesadas todas las municipalidades de dicha Región (principalmente las de Santiago, Providencia, Las Condes y La Florida), y también las de otras ciudades, como Concepción, Temuco y Valparaíso, podemos dar un paso adelante en su modernización, para evitar la congestión vehicular y la consiguiente contaminación.
Ahora, al analizar el proyecto, aparece bastante inexplicable que no se haya materializado con anticipación, ya que, seguramente, se habrían construido muchos estacionamientos, por representar una buena inversión. Y ello, porque al dictarse la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a pesar de que su artículo 32 otorgó la facultad de administración de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna a los municipios, cuando uno de ellos quiso dar en concesión el subsuelo, la Contraloría General de la República interpretó que él no tenía la calidad de bien de uso público, sino fiscal, criterio discutible, ya que, conforme a Derecho, el dominio no se ejerce sólo sobre la superficie del terreno, sino también hacia abajo, incluyendo el subsuelo.
Por esa razón, se hizo necesaria la tramitación del proyecto de ley que se somete a nuestra consideración, al cual se han agregado otras ideas que lo han enriquecido. La primera de ellas es la de que se consulte a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones para el otorgamiento de la concesión. Ello es lógico, porque ambas Carteras están en el rubro y tienen que ver, indiscutiblemente, con el tema en discusión, además de que lo vea el de Bienes Nacionales, por ser el tutor o el que tiene el control de todos los bienes fiscales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 del decreto ley N° 1.939, de 1977.
El artículo 2° del proyecto -creo que en él se consigna lo vital para que el sistema funcione- reglamenta las concesiones, estableciendo que pueden darse hasta por 50 años, y que ellas se transforman en un bien, con el derecho de acceder a créditos y realizar inversiones. Además, pueden darse en garantía a los bancos e instituciones financieras que entren a financiar este tipo de obras, lo cual implica facilitar y agilizar el procedimiento. A su vez, a los concesionarios se les permite transferirlas -de acuerdo, por supuesto, a regulaciones para impedir la enajenación a cualquier persona, sino a quien cumpla con los mismos requisitos que el concesionario primitivo-, haciendo que el negocio sea rentable y que permita en todas las grandes ciudades, a lo mejor, que muchas municipalidades puedan acceder a tal tipo de beneficios.
Por estas razones, pienso que a pesar de su simpleza, se trata de un proyecto de importancia. No será llamativo en otros aspectos, pero si las municipalidades aplican la futura ley con racionalidad y agilidad, va a provocar un efecto muy beneficioso en la comunidad, pues tiene visión de futuro y reúne las condiciones para hacerlo financieramente atractivo, junto con ser equitativo en cuanto a que quien use vehículo pague el servicio y las infraestructuras necesarias cuando lo estacione.
Señor Presidente, ésas son las razones que justifican que el proyecto reciba el apoyo del Senado.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, como muy bien recordaba el Senador señor Andrés Zaldívar, el proyecto inició su trámite hace un par de meses y cuenta con el amplio respaldo de los Ministerios de Bienes Nacionales y de la Vivienda.
Cuando las ciudades del país en general están recibiendo todo tipo de impactos -producto, principalmente, del propio desarrollo-, naturalmente deben revisarse aquellas situaciones que favorezcan el progreso de distintas instancias y permitan -sobre todo en los aspectos de vialidad urbana- descongestionar las calles y éstas puedan ser utilizadas para el tránsito y no para estacionamientos. Si así no fuese, el subsidio implícito del Estado a quienes estacionan sus automóviles, en verdad sería considerable. Desde ese punto de vista, no pueden sorprendernos los estacionamientos subterráneos. Al revés, tendría que sorprendernos la no existencia de una legislación para favorecerlos.
En ese contexto, el proyecto de ley significa un paso más para solucionar los problemas de congestión en las vías, utilizando los espacios del subsuelo descritos en la iniciativa.
Como es necesaria la adecuada compatibilización entre el desarrollo urbano y, en general, las distintas vías, el municipio debe considerar también la opinión de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, no en cuanto a la licitación, sino respecto a sus ingresos y salidas; y en lo atinente a su desafectación, a la Cartera de Bienes Nacionales.
Señor Presidente, ése es el contexto y el origen de este proyecto que consideramos un avance en la descongestión de las grandes ciudades y también de las más pequeñas que han tenido un rápido crecimiento. En definitiva, las calles se utilizarán para que circulen los vehículos y quienes deseen estacionar deberán hacerse cargo de los costos que ello implica.
Por lo tanto, esta iniciativa la vemos con especial significación para el futuro de nuestras ciudades que, como todos sabemos, requieren tanto de medidas de esta naturaleza.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, éste es un proyecto extraordinariamente útil, conveniente y oportuno. Tuvo su origen en una moción del Honorable señor Andrés Zaldívar, la que fue apoyada por otros Senadores, entre quienes me incluyo.
Las razones de fondo de esta iniciativa son clarísimas. Tal como señaló el señor Senador recién nombrado, el incremento anual del parque automotriz supone ocupar 20 kilómetros de calles pavimentadas. Como el flujo de vehículos en un año es de aproximadamente 10 por ciento del "stock" de los mismos, podemos decir que 200 kilómetros de caminos o calles pavimentadas de Santiago están, hoy día, siendo ocupados por vehículos que no circulan transitoriamente, lo que representa, más o menos, un tercio de la capacidad vial.
En consecuencia, si lográramos que las personas que estacionan sus vehículos -muchas veces lo hacen durante todo el día- enfrentaran el costo que representa el daño que infligen a la sociedad, tendríamos -simplemente por la aplicación lógica de la norma que quien utiliza un bien de uso público causándole perjuicio al resto de la población, deba pagar por ese servicio- un mejoramiento significativo de la capacidad vial de la ciudad de Santiago.
Si uno desea calcular los millones de dólares por invertir en obras de infraestructura en la ciudad de Santiago para compensar el hecho de que casi un tercio de sus calles no estén disponibles para el tránsito, se llega a una cifra que excede la capacidad de inversión del Ministerio de Obras durante décadas.
Por lo tanto, señor Presidente, me alegro que la primitiva moción parlamentaria haya contado con el patrocinio del Ejecutivo, porque esta materia es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. También me complace que el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Hermosilla -presente en la Sala- le diera su respaldo ahora, el cual ha sido permanente. Por lo demás, en cierta medida, este proyecto de ley afectará el éxito de su gestión en su Secretaría de Estado.
Cabe recordar que el urbanismo es un concepto amplio que tiene relación, entre otras cosas, con la capacidad de movilización de los habitantes de una ciudad.
En mi concepto, el proyecto merece el apoyo del Senado, por ser bueno, no irrogar gasto fiscal ni municipal, y favorecer a las personas que se movilizan en vehículos en Santiago y en otras ciudades, y también a quienes se adjudiquen las licitaciones de las concesiones para construir la infraestructura necesaria. Por lo tanto, es beneficioso, porque aumenta el bienestar general de los habitantes del país, salvo el de quienes ahora estacionan en forma gratuita, provocando a la sociedad un daño mucho mayor que el provecho que reciben.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NUÑEZ.- Señor Presidente, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización vimos que la materialización del proyecto permitirá cambiar fundamentalmente la estructura urbanística de nuestras ciudades.
He escuchado que la iniciativa básicamente faculta a los municipios para que puedan utilizar los subsuelos con el fin de construir estacionamientos. Sin embargo, debo señalar que no entendí que ése fuera su único y exclusivo objetivo, aunque sí una parte muy importante y esencial.
Al igual que en el proceso de urbanización de ciudades similares -como Valparaíso, Concepción, Santiago, etcétera-, debemos permitir que mediante esta normativa -de ahí la idea de que participe el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- se autorice utilizar el subsuelo para construir también vías subterráneas; es decir, obras que mejoren los caminos existentes, los cuales son por superficies y, salvo muy contadas excepciones, por vías elevadas. O sea, que efectivamente entre las comunas puedan existir vías subterráneas para desplazamiento de los vehículos, mejorando con ello todo el transporte vial de las grandes ciudades.
Entiendo, señor Ministro, que la idea del proyecto es facultar a las municipalidades para que otorguen concesiones de bienes de uso público, a fin de que en los subsuelos se construyan también vías y no solamente estacionamientos. De otra manera, no aprovecharíamos adecuadamente la experiencia de desarrollo urbanístico de ciudades similares a las nuestras.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, nadie discute que el proyecto significa un gran adelanto. Además, es muy necesario que en esta materia, sobre todo, nos pongamos al día. Sin duda, él servirá para que nuestras calles sean más expeditas y se den facilidades a los automovilistas y habitantes de las grandes ciudades. Pero, con toda sinceridad, debo decir que ésta y otras iniciativas similares no hacen sino regular y racionalizar los problemas que vivimos a diario, porque los de fondo, que se traducen en este tipo de cosas, a veces no los queremos ver y abordar como corresponde.
Por eso, quiero insistir ante el Senado en la necesidad de que la economía social de mercado -tan en boga y que posee una correspondencia real en la eficiencia de lo que se está logrando- sea objeto también de algunas correcciones. Hoy día vemos con mucha inquietud que ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción y otras crecen inclusive geométricamente.
Por ello resulta fundamental fomentar, a través de correcciones apropiadas y adecuadas al sistema económico vigente, el desarrollo de las provincias, fundamentalmente de las más aisladas.
Asimismo, es necesario que en este tipo de decisiones se consideren y corrijan a tiempo situaciones como la de la agricultura, que es una actividad importante y que para un sector mayoritario del país es su única fuente de trabajo. Debe haber respecto de aquélla una política que corrija los defectos producidos por aplicaciones, yo diría, muy sesgadas, circunscritas y pequeñas a veces, de una economía que debe ser entendida en forma distinta. Algunos países occidentales muy avanzados que nos llevan mucha ventaja en aspectos urbanos, también nos adelantan en la correspondencia con que abordan sus problemas de fondo. Ello se traduce en evitar el crecimiento de las grandes ciudades y en la aplicación de políticas sanas en la agricultura, lo cual, en ciertas ocasiones, ha logrado paliar el aumento monstruoso de las metrópolis.
Por último, sería conveniente que el uso del suelo no sea tratado en las ciudades en general de forma tan "liberticida" como ha ocurrido en Chile, pues se han destruido prácticamente todos los sitios o terrenos aledaños a las grandes ciudades para beneficiar a unos pocos, con un gasto fiscal enorme, lo cual, seguramente, nos va a pesar cada vez más. También debe pensarse en medidas que incentiven el crecimiento de las ciudades con edificaciones en altura.
Voy a aprobar el proyecto, porque representa una muy buena proposición; pero me gustaría que el Senado y el país tomaran conciencia a tiempo de los desajustes que se están produciendo por la aplicación -que algunos aún quieren extremar- de un sistema económico que, aunque bueno, hay que adecuar a nuestra realidad.
El señor VALDES (Presidente).- Advierto que existe una opinión favorable generalizada respecto del proyecto, de manera que quienes van a intervenir y estén a favor podrían ser breves en su apología.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, comparto los términos elogiosos hacia la iniciativa. Ella, a mi juicio, apunta en la dirección correcta, pues resulta muy conveniente reglar esta materia. Sin embargo, me parece adecuada la fijación de un plazo para formular indicaciones, pues tengo algunas dudas de carácter técnico.
En primer término, el artículo 1° del proyecto modifica el artículo 64 del decreto ley 1939 en lo referente a administración de bienes fiscales, y que establece que por decreto dictado a través del Ministerio de Bienes Nacionales "podrán afectarse bienes inmuebles fiscales al uso público". Se propone reemplazar el punto aparte por un punto seguido y agregar: "Tratándose del subsuelo de los bienes nacionales de uso público previamente deberá consultarse a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones y a otros...".
Pues bien, desde un punto de vista técnico, no creo conveniente agregar en la frase final de un inciso que se refiere a los bienes inmuebles fiscales algo relativo a los bienes nacionales de uso público, pues ambos grupos tienen una naturaleza jurídica muy distinta. En verdad, estimo que no se ha elegido la ubicación más adecuada. Y, además, no es sólo un problema de ubicación, sino de sentido.
En seguida, se agrega un artículo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con las concesiones del subsuelo. En virtud del mismo, se permite a municipios otorgar concesiones, pero no se regla el mecanismo por el cual se regirá el proceso. Quiero recordar los problemas, que son de público conocimiento, suscitados con motivo de concesiones otorgadas recientemente por la Municipalidad de Vitacura. Como todos saben, en ésta se plantearon dudas respecto de su otorgamiento por parte del Concejo Municipal y del Alcalde, atendido el hecho de que, merced al decreto ley 1.939 a que he hecho alusión, corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales la supervigilancia de los bienes nacionales de uso público.
En consecuencia, de acuerdo con el sistema vigente, para las concesiones de los bienes nacionales de uso público hay una competencia que, al parecer, ha presentado algún tipo de dudas en relación con quién tiene la última palabra -por así decir-: si el concejo, el alcalde o el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Creo que el tema debe analizarse y esclarecerse, porque el proyecto presentado al Senado sólo contiene normas relativas a la transferencia de la concesión, y nada dice respecto de su otorgamiento y de la manera en que se realiza, que es lo sustantivo.
Por otro lado, el Honorable señor Andrés Zaldívar hizo presente la conveniencia de que estas concesiones se encontraran lo más resguardadas posible, a fin de incentivar la participación privada en las mismas. Comparto plenamente ese criterio y, en esa perspectiva, sería bueno a mi juicio que se analizara la posibilidad de establecer normas que permitan entregar en garantía parte de las concesiones o algo por el estilo -la materia se ha conversado en relación con las concesiones privadas y de obras públicas-, de manera que, junto con el otorgamiento de las concesiones, al mismo tiempo, se incentive la participación de los privados, impidiendo que el sistema dé lugar a dudas.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, me permito proponer a la Sala que apruebe en general el proyecto y que acuerde un plazo para las indicaciones que se presenten tanto para perfeccionar el aspecto técnico de la iniciativa, como para establecer un sistema de concesiones que sea claro.
Por último, deseo recordar algo planteado por el Honorable señor Andrés Zaldívar: la iniciativa también tuvo su origen en una interpretación del alcance de las normas sobre la naturaleza jurídica del subsuelo. En efecto, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría atribuyó a aquél la calidad de bien fiscal y no de bien nacional de uso público, materia que quizá convendría interpretar en forma auténtica en este proyecto, de modo que el sistema sea lo más perfecto posible y a la luz de los problemas que en lo futuro puedan suscitarse en el otorgamiento de estas concesiones.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, también deseo manifestar mi conformidad con los objetivos del proyecto. No me cabe la menor duda de que implica un aprovechamiento mucho más racional de nuestros espacios para resolver uno de los problemas que más aflige a las grandes ciudades, cual es, el de la congestión vehicular. De manera que, en ese aspecto, no hago más que sumarme a lo ya expresado en la misma dirección.
Considero igualmente positivo que la fórmula incluya la atracción de inversionistas privados que, a través de un régimen de concesiones que -estoy de acuerdo- habrá que reglamentar con más precisión, puedan descargar los gastos fiscales y, al mismo tiempo, lograr el objetivo que se persigue. De modo que, por todos esos conceptos, se trata de algo muy razonable, y pienso que, en esa misma dirección, restan aún muchas cosas por hacer.
En realidad, no me explico cómo en los puntos neurálgicos de las grandes ciudades hay todavía estacionamientos, y aunque estén controlados por parquímetros, su existencia no tiene sentido alguno, dada la congestión vehicular que se está produciendo. Es tiempo ya de terminar tal uso de espacios que, naturalmente, no están destinados a ese fin. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, hay respecto del proyecto en estudio una inquietud que, a mi juicio, es importante mencionar.
Aquí se está hablando del dominio sobre el subsuelo de un bien nacional de uso público. ¡Cómo si no fuese suficiente con tener el dominio del suelo! Es decir, se está introduciendo una división conceptual que, desde el punto de vista del dominio, no procede. El dominio, como tal, es un concepto indivisible en el que no se distingue el suelo del subsuelo. Y salvo en algunos regímenes de excepción, como el relativo a la minería -donde se establece un dominio del Estado y una manera especial de aprovechar sus riquezas cuando se trata de minerales de ciertas características, definidas por sus leyes-, y el de las aguas, que es otro régimen en el que también hay normas de propiedades diferentes, el dominio del suelo incluye el del subsuelo. Y si, hoy por hoy, la Ley Orgánica de Municipalidades, como señala el informe, consigna que los municipios tienen como atribución esencial la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna, quiere decir que si tienen el derecho de administrar el suelo, también tienen el de administrar el subsuelo.
Por lo tanto, no se justifica, en cierto sentido, la existencia de este proyecto, porque los municipios, a mi juicio, están autorizados para proceder. Se esgrime como razón que la Contraloría ha interpretado de modo diverso estas materias, pero como no se han incluido los antecedentes del caso, mal podría pronunciarme sobre ello. Sin embargo, si se tratara sólo de ese punto, deberíamos atenernos a él: aprovechar esta oportunidad para elaborar una norma de carácter interpretativo de las disposiciones que están en desacuerdo con lo establecido en nuestro régimen jurídico, sin entrar a ese distingo, porque nos exponemos al peligro de que mañana, no solamente respecto de los bienes nacionales de uso público, sino que también tratándose de bienes privados, se pueda decir que el dominio del suelo no incluye el dominio del subsuelo. Una distinción conceptual como ésa podría ser sumamente grave si se la aplicara literalmente y se la proyectara así hacia el futuro.
Por eso, quiero dejar en claro que si la justificación de este proyecto es la de evitar interpretaciones confundidoras o equívocas o que limitarían la intervención de la Contraloría, debemos consignar normas con ese preciso alcance, para que no se afecte el concepto de dominio, que, a mi entender, es indivisible y no distingue entre el suelo y el subsuelo, salvo, como dije, en los regímenes excepcionales consignados en la Carta Fundamental. De modo que el Senado debe ser muy claro en ese sentido al aprobar una iniciativa que, no obstante sus bondades, tiene esos riesgos, pues -repito- en sí misma, a mi juicio, ella no es necesaria.
Finalmente, quiero señalar que comparto la idea de abrir un espacio para las indicaciones, porque -entre otros aspectos que yo tendría que estudiar con mayores antecedentes- no veo por qué el municipio deba consultar previamente a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones para proceder en estas materias. En un concepto de descentralización, la autonomía local debe ser suficiente antecedente jurídico para que ese municipio resuelva, sin necesidad de consultar a esos Ministerios sobre una definición que, a mi juicio, debiera radicarse, si se aprueba finalmente la iniciativa, única y exclusivamente en la autoridad que existe en ese nivel: el municipio
No aprecio la necesidad de otras atribuciones, pero eso puede ser materia de indicaciones. Por eso, pido fijar plazo para presentarlas, a fin de resolver esta última situación y precisar, al mismo tiempo, que el objetivo es corregir una interpretación y no cambiar el concepto de dominio -bien definido, a mi juicio, en la Constitución-, que este proyecto, por un alcance equivocado, pudiera terminar mal interpretando.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, creo que la discusión ha sido muy interesante y, dado que existe amplio consenso por avanzar en legislar sobre esta materia, creo conveniente abrir un período para presentar indicaciones con el objeto de recibir las destinadas a mejorar el proyecto en cuanto a dar las seguridades del caso a quienes deban intervenir.
Deseo hacer sólo dos comentarios.
En primer lugar, si pretendemos desarrollar -como es nuestra intención- inversiones importantes en el futuro, pensamos que, más que interpretaciones, debemos dar seguridades legales a los inversionistas.
En segundo término, en cuanto a la consulta, el municipio es soberano para proceder, pero, naturalmente, se requiere una coordinación con aquellos Ministerios, a nivel de Subsecretarías Regionales Ministeriales, que tienen que ver con el transporte público y con los planos reguladores, sean comunales o intercomunales, con el objeto de evitar casos como el de que, por ejemplo, un determinado estacionamiento subterráneo, lejos de favorecer el desarrollo futuro de la ciudad, lo pueda rigidizar. La medida está enfocada sólo en ese contexto. Es un "tómese razón", y no ocurre únicamente en situaciones como éstas, sino que en muchas otras actividades relacionadas con el desarrollo urbano.
Muchas gracias, señor Presidente.

E1 señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, días atrás el Ministro de Transportes, don Narciso Irureta, explicó que en Santiago había más de 600 mil vehículos y que con el ritmo de crecimiento -se importan más de 100 mil anualmente, de los cuales 80 mil quedan en la Capital- para el año 2000 tendríamos en Santiago sobre un millón. En consecuencia, la oportunidad de esta iniciativa es indudable.
Pero deseo agregar que en la Comisión de Medio Ambiente se consideró muy necesario vincular los proyectos referentes al subsuelo de los bienes públicos con el sistema de evaluación de impacto ambiental consagrado en la ley N° 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente, en forma previa a la ejecución de las obras. De este modo se cautelarían los aspectos ambientales que pudieran estar comprometidos en las distintas iniciativas. Y respondo así de alguna manera al Honorable señor Larraín, quien adujo que en este sentido prácticamente las municipalidades deberían tener facultad exclusiva. A mi juicio, es importante que otros Ministerios tomen razón de lo que se va a hacer. Planteamos, por ejemplo, la posibilidad de que se construya un estacionamiento gigantesco en el Parque Forestal. Pero, ¿afectará de alguna manera dicha obra ese hermoso parque de Santiago? Podría suceder también en el Parque de los Reyes.
En consecuencia, deben adoptarse todas las medidas necesarias para que el medio ambiente, la parte de arborización y otros aspectos no sean dañados en absoluto.
Escuché una excelente operación matemática de parte del Honorable señor Piñera, que me pareció muy bien, en cuanto a los metros y kilómetros cuadrados afectados por el crecimiento de este parque automotriz. Y quiero dar una explicación al respecto, acogiendo la idea del señor Ministro de que hay que recurrir a todas las posibilidades para aprovechar de manera más útil las vías, los terrenos, etcétera.
Hay un millón de personas que se trasladan anualmente en el Metrotrén desde Rancagua hasta Santiago. ¿Tiene esto relación con lo que estoy diciendo? Sí, la tiene. ¿Por qué? Porque si efectuamos la operación aritmética, podremos comprobar cuántos buses o vehículos menos entran a la Capital a consecuencia del millón de personas que traslada el Metrotrén desde Rancagua.
Pero, ¿a dónde va mi idea? A que debemos reforzar el sistema de Ferrocarriles -disculpen que diga esto, pero tiene directa relación con el tema-, con el objeto de que ojalá no fuera un millón de personas las que se trasladaran por el Metrotrén, sino dos millones, porque un flujo de pasajeros de esa cuantía beneficiará, por otra parte, a Ferrocarriles, al hacer más rentable dicha actividad. Además, hay una petición expresa para que el Metrotrén se vaya extendiendo paulatinamente. Primero será hasta Rengo, luego hasta San Fernando, después hasta Talca y hasta donde sea necesario. Ello de alguna manera también va a influir para que cada vez ingresen menos vehículos y automóviles a las ciudades.
En el fondo, estoy recogiendo una declaración del señor Ministro de Transportes en la cual hace hincapié en la necesidad de reforzar este sistema. Además, el señor Ministro de Vivienda -aquí presente- dice que deben adoptarse todas las medidas del caso. Y ésta sería una buena medida. Por eso, dejo constancia de los dos conceptos expuestos, es decir, en cuanto a tomar todas las medidas necesarias para que el medio ambiente no sea dañado -sobre todo, cuando se trata de subsuelos de parques forestales u otros-, y, segundo, para que se incentive la movilización masiva de la gente y no la de vehículos, que, en el mejor de los casos, transporta 40 personas; a menudo, o cuatro o cinco, y, a veces, una. Es asunto de venir del sur para darse cuenta de lo que cuesta entrar o salir de Santiago. Por eso, he intervenido en este debate, porque considero que todas estas medidas son atinentes.
Nada más, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Aplaudo sus palabras, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, yo también las aplaudo y renuncio a mi derecho a hablar, porque justamente quería referirme a los temas que abordó el Senador señor Díaz, que fueron tratados en la Comisión de Medio Ambiente y que, en mi opinión, enriquecieron el proyecto.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, tengo la impresión de que, existiendo ambiente -tal vez unánime- para fijar plazo para presentar indicaciones, el debate en general del proyecto está agotado. Por eso, pediría que se votara.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría en general el proyecto.

La señora FELIU.- - Requiere de quórum de ley orgánica, señor Presidente.

La señora FREI (doña Carmen).- Así es, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).- Debo hacer presente que en este momento se encuentra reunida la Comisión de Relaciones Exteriores. Por un olvido no mencioné la autorización para sesionar, porque están con el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Pero esa autorización es en el entendido de que los miembros de la Comisión vendrán a la Sala en el instante en que se requiera de una votación de quórum de ley orgánica, por lo que se procederá a llamarlos.
-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron 28 señores Senadores a su aprobación, y fijándose como plazo para presentar indicaciones el miércoles 11 de enero, hasta las 12.

El señor RÍOS.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, este proyecto fue visto por las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y por la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
De modo que va a la Comisión de Gobierno o se celebra una Comisión Conjunta.

El señor VALDES (Presidente).- Como existen aquí varios elementos en juego, para ganar tiempo, ya que existe un interés tan especial, sería partidario de que se juntaran ambas Comisiones.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, la Comisión de Vivienda y Urbanismo también debería participar en el proyecto anterior, porque es un tema directamente relacionado con el Ministerio de Vivienda.

El señor VALDES (Presidente).- Pero es que ya tres Comisiones es algo parecido a la Sala.

La señora FREI (doña Carmen).- Creo que podrían funcionar las dos Comisiones que mencionó el señor Presidente, pero, además, se podría invitar al señor Ministro de Vivienda a participar en ellas.
El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, procederíamos en los términos propuestos por la Honorable señora Carmen Frei, cuya sugerencia me parece muy atinada.




MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES


El señor VALDES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica diversos artículos del DFL N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de favorecer la mejor calidad de la construcción. Este proyecto ha sido informado por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y tiene urgencia calificada de "Simple".
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 7 de junio de 1994.
Informe de Comisión:
Vivienda, sesión 30a, en 21 de diciembre de 1994.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión deja constancia de que el proyecto consta de un artículo único, que es de rango orgánico constitucional en lo que se refiere a lo propuesto en el número 7 (que pasa a ser 9) como incisos nuevos del artículo 144 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Según lo dispuesto en el artículo 63, inciso segundo, de la Constitución, el quórum respectivo es de 26 señores Senadores.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Carmen Frei y señores Cooper, Arturo Frei, Mc-Intyre y Siebert, aprobó en general el proyecto.
Con motivo de la discusión particular, la Comisión sugiere diversas enmiendas.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei.

El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, el proyecto que se presenta a la aprobación de la Sala tiene por objeto introducir modificaciones, que estimamos de suma importancia, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y tiende a permitir una mejor calidad en la construcción de las viviendas.
De acuerdo a la realidad actual, y según lo que establece el último censo nacional, de 1992, el número de viviendas construidas el último tiempo se ha incrementado considerablemente. Con ello, aumentan las esperanzas de que el país a corto plazo pueda derrotar el antiguo y dramático problema social que significaba el que muchos de nuestros compatriotas no contaran con viviendas propias donde poder residir con su familia y construir su futuro.
Es indudable que dicho aumento de viviendas en la última década no habría sido posible si el Estado no hubiese manifestado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, su expresa voluntad de aumentar año a año el número de soluciones habitacionales destinadas a los sectores más desprotegidos de la sociedad; y si el sector privado no se hubiese comprometido, como lo ha hecho, a desarrollar un gran número de proyectos, propios o subvencionados por el Servicio de Vivienda y Urbanización, destinados al mismo y único objetivo: dar o intentar dar solución al drama de los sin casa.
Sin embargo, pese al esfuerzo descomunal emprendido por el país en orden a construir más soluciones habitacionales, en el último tiempo se ha constatado que un importante número de tales viviendas (entre 8 y 10 por ciento de ellas, según informaciones emanadas del Ministerio del ramo) presenta graves vicios de construcción.
La situación, felizmente detectada a tiempo, se vuelve doblemente preocupante y dramática, porque no sólo provoca un enorme perjuicio económico y social a las familias afectadas que han invertido sus escasos ahorros en posibilitarse una casa propia, sino que, además, lesiona sus energías, esfuerzos y capacidades. En efecto, ahora deben desviar parte de sus escasos recursos, probablemente destinados a su desarrollo personal, a la reparación y solución de sus problemas derivados de esa viciosa construcción, o, si esos recursos no les alcanzan, tienen que vivir con el temor propio de quien habita una vivienda poco segura.
A aquello debe agregarse que nuestro país es un territorio peculiarmente proclive a los movimientos telúricos y, en consecuencia, cualquier sismo de cierta magnitud afectaría con especial dramatismo, y más duramente, las habitaciones mal construidas, lo que pone en peligro evidente las vidas y bienes de muchos chilenos.
Por ello, pensamos que si bien es importante, necesario y conveniente que el país continúe aumentando el número de soluciones habitacionales con el objeto de derrotar al flagelo social de falta de viviendas, también es sustantivo conseguir que las construcciones tengan permanencia en el tiempo, para lo cual es menester que ellas se entreguen en las mejores condiciones posibles.
En otras palabras, el problemas de la vivienda no sólo se soluciona aumentando el número de habitaciones construidas, sino, además, dotándolas de una calidad tal, que les permita durar en el tiempo. De lo contrario, sólo estaríamos otorgando soluciones parciales que, aunque salvan momentáneamente la situación, generan más y mayores problemas sociales futuros, al obligar a que no sólo debamos ocuparnos de construir casas para los que no las poseen, sino también para aquellos que, teniéndolas, no las pueden habitar por su condición peligrosa y atentatoria de sus vidas y bienes.
Por lo dicho, nos parece fundamental que el país atienda este problema tratando de buscar fórmulas para mejorar la calidad de la construcción. Hablo de "país" por estimar que esa tarea no sólo debe involucrar al Gobierno y a sus instancias institucionales, sino a todos los sectores de la vida nacional, en especial a los que tengan directa conexión con el rubro. Entre ellos, obviamente, deben incluirse los propios adquirentes de viviendas, las universidades, los centros de investigación, los profesionales de la construcción y las empresas que laboran en ese sector.
Por otra parte, para lograr el objetivo conjunto de mejorar la calidad de la vivienda y de la construcción, se hace necesario perfeccionar el estatuto jurídico de esta última actividad. En ese sentido, es el legislador el que debe abordar el problema proponiendo leyes que ayuden a elevar la calidad de la construcción.
Sin embargo, como el mejoramiento de la calidad de la construcción no es una tarea que pueda quedar realizada de la noche a la mañana, ni basta con dictar normas que utópicamente propongan construir viviendas de excelente calidad, se hace necesario avanzar gradualmente en el establecimiento de exigencias legales, para no provocar entrabamiento o disminución de la actividad, y evitar que aumente excesivamente el precio de las viviendas.
Por eso, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Honorable Senado ha estudiado la moción emanada de varios señores Diputados y aprobada en la Cámara Baja. Y, con la ayuda del señor Ministro de Vivienda y de numerosas organizaciones, como la Cámara Chilena de la Construcción y los Colegios de Ingenieros, de Constructores Civiles y de Arquitectos, ha aprobado el proyecto. En síntesis, éste propone dar un paso importante en la materia, al asignar responsabilidades a organismos y personas, jurídicas y naturales, que están encargadas de velar por la calidad de la construcción, para el caso de que no cumplieren bien y adecuadamente su cometido; y a todas aquellas personas o empresas del área que, interviniendo directamente en la construcción de la vivienda, no hayan realizado su trabajo con suficiente diligencia.
Así, se podrá solicitar a la Contraloría General de la República la instrucción de sumarios administrativos contra los directores de Obras o asesores urbanistas cuando se tuviere conocimiento de que, en el ejercicio de sus funciones, han contravenido gravemente las disposiciones de la ley en proyecto, de su ordenanza general o las contenidas en los instrumentos de planificación territorial vigentes en la comuna respectiva.
Fundamentalmente, se asignan responsabilidades al propietario primer vendedor respecto de todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos de la construcción, sea durante la ejecución de la misma o después de concluida, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar contra otros responsables.
También se asigna responsabilidad, entre otros, a los arquitectos e ingenieros que intervengan en el proyecto de la obra, cuando errores emanados de su intervención sean la causa de los daños y perjuicios de que se reclama. Igualmente responsable es el constructor, por fallas, errores o defectos de la construcción, incluyéndose el uso de materiales y de insumos deficientes o defectuosos, así como la ejecución de las obras realizadas por subcontratistas, sin perjuicio de las acciones legales que le asistan en contra de los proveedores, fabricantes y subcontratistas, por las responsabilidades que pudieren corresponderles.
En el caso de las personas jurídicas, éstas serán solidariamente responsables con el profesional competente que actúe por ellas como proyectista o constructor, respecto de los daños y perjuicios que con la obra se causen.
El propietario primer vendedor estará obligado a entregar al primer adquirente, y éste a sus sucesores en el dominio, una nómina que contenga la individualización de todas y cada una de las personas a quienes asista responsabilidad de acuerdo a la ley en proyecto. Por su parte, el perjudicado podrá demandar conjunta y simultáneamente al primer vendedor y a todos y cualesquier otro de los responsables, por los daños que estuvieren obligados a indemnizar.
Otra disposición importante del proyecto es la que determina que las causas a que dieren lugar las acciones a que se refiere el inciso final del artículo 18, se tramitarán conforme a las reglas del procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.
Debe destacarse, igualmente, como materia que incluye el proyecto y que tiene extraordinaria importancia, la disposición que establece que las direcciones de Obras Municipales podrán encomendar la revisión de los proyectos de construcción para el otorgamiento de permisos de edificación, así como las gestiones necesarias para la recepción de las obras, a asesores externos, personas naturales o jurídicas con inscripción vigente en un registro que para estos efectos mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estas personas deberán suscribir, previo concurso, un contrato con la municipalidad, debiendo rendir caución o fianza que garantice el cumplimiento de sus obligaciones a satisfacción de la corporación edilicia.
El asesor externo deberá cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y normativas a que están sujetas las respectivas direcciones de Obras Municipales para el otorgamiento de permisos de edificación y para la recepción de obras, debiendo emitir los informes que se requieran para tal efecto.
Esto viene a ayudar a aquellas municipalidades como las de Santiago, Las Condes, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Temuco, donde muchas veces las direcciones de Obras no cuentan con el personal suficiente como para otorgar expeditamente los permisos de edificación o las recepciones finales, con el consiguiente costo para las empresas constructoras y para los usuarios y destinatarios finales de las viviendas. El aspecto de que se trata obedece a un proyecto presentado hace dos años por el Senador que habla, y se ha incluido como un artículo en el texto que ahora analizamos.
En resumen, señor Presidente, la presente iniciativa viene a llenar un vacío legal que afecta de modo especial a muchas familias modestas del país, ya que entre el 8 y el 10 por ciento de las viviendas que se construyen por el Estado -repito- no cumplen con los requisitos de calidad, causando los problemas descritos. Sobre esa base, el proyecto ofrece la posibilidad de perseguir las responsabilidades del caso y cobrar las indemnizaciones correspondientes.
Por lo expuesto, la Comisión de Vivienda recomienda a la Sala acogerlo. Además, solicitamos la fijación de un plazo para presentar indicaciones, en relación con el segundo informe, puesto que, con miras a apresurar la aprobación de la idea de legislar, no se introdujeron, en el primer informe, una serie de enmiendas sobre la materia.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, éste es un proyecto cuya importancia debemos subrayar, porque precisamente se introduce en un tema que abarca un problema muy real, no sólo en las grandes ciudades, sino a través de todo el país. Se trata de situaciones que golpean muy fuertemente a miles de familias chilenas, las cuales se hayan integradas por gente bastante modesta.
Aparte lo anterior, cabe destacar que él tuvo su origen en una moción parlamentaria, lo que hago presente porque todos sabemos que, desde el punto de vista constitucional, el ámbito de iniciativa que tenemos es muy reducido. Y vale la pena señalar que este proyecto incide en una situación tan real y tan dramática como la descrita.
A través de su articulado se establecen responsabilidades administrativas para las autoridades que participan en la fiscalización, control y autorización que se otorga para llevar a cabo una construcción. Además, se proponen normas especiales de responsabilidad civil respecto de quienes intervienen en ese proceso como dueños de la obra, constructores, proyectistas, etcétera; y se fijan procedimientos para hacerla efectiva, lo que, indudablemente, pareciera ser la parte medular del proyecto en análisis -así se desprende de su simple lectura-, puesto que, en el orden sustantivo, las disposiciones del Código Civil son lo suficientemente amplias y explícitas para garantizar la existencia de responsabilidades.
Quiero también destacar que la iniciativa, en materia de prescripción, contiene una norma bastante interesante, en la cual se toma como base el concepto desarrollado en el Derecho Penal sobre el delito permanente y se configura el de la infracción permanente, lo que implica que no operará el plazo de prescripción cuando se falte a la ley y no se cuente o no se hubiera solicitado el respectivo permiso de construcción. En este sentido, cabe recordar que el artículo 26 despachado por la Cámara decía que "Las responsabilidades por infracción de esta ley, de su ordenanza general y de los instrumentos de planificación urbana, de que deban conocer los juzgados de policía local, prescribirán a los cinco años de cometida la infracción. Para estos efectos, las obras ejecutadas sin contar con los permisos a que se refiere esta ley constituirán infracción permanente.".
Termino mi intervención anunciando que los Senadores del Partido por la Democracia prestarán su aprobación al proyecto.
Deseo dar a conocer, además, que durante diciembre participé en la inauguración de más de mil viviendas básicas y progresivas en la Región que represento, y pude comprobar que la calidad de estas construcciones ha ido mejorando en forma muy sustantiva.
Ahora bien, aprovechando la presencia en esta Sala del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, deseo dejar planteada una inquietud que, tal vez, no dice relación al proyecto en sí, pero que valdría la pena que quedara como una cosa latente. Me refiero al hecho de que debe acentuarse la fiscalización en las empresas constructoras, en lo que respecta al cumplimiento de sus responsabilidades y de los deberes sociales que tienen con los trabajadores. Sobre el particular, debo destacar que en la Región que represento ha habido paralización de algunas obras de poblaciones, debido a que, precisamente, se utilizan diferentes artilugios para no cumplir con el pago integral que debe hacerse a los trabajadores. Menciono esto porque, al detenerse las construcciones, ello está incidiendo de alguna manera en la calidad de las obras.
Por último, felicito a los señores Parlamentarios que presentaron esta iniciativa, por cuanto ella tiene que ver con un problema bastante dramático y delicado, que muchas veces ha hecho sonrojarse a las autoridades. En efecto, a menudo sólo ha bastado la presión de un dedo para que una pared mostrara su debilidad.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, estamos analizando un proyecto que reviste real interés y está bien inspirado, por cuanto persigue que la calidad de las obras cumpla con los estándares mínimos que fijen las autoridades respecto de las viviendas, a fin de evitar que se burle a los adquirentes con una construcción deficiente o realizada con infracción de las normas vigentes sobre la materia.
Sin embargo, la iniciativa contiene preceptos que me merecen algunas observaciones, y quiero hacerlas presentes sin perjuicio de la indicación que he formulado. Ellas se refieren al artículo 18. Estoy cierto de que las disposiciones a que aludo no corresponden a la idea que tuvo la Comisión y de que deben ser modificadas, con el propósito de adecuarlas a la filosofía e inspiración del proyecto, ya que, de aprobarse tal cual están concebidas, lejos de constituir un beneficio para las personas, podrían significar un grave perjuicio no sólo para la construcción de determinadas viviendas, sino también, en general, para todo el sector inmobiliario. Me refiero a las normas que dicen relación con la responsabilidad civil.
En ese artículo se establece que "serán solidariamente responsables de las indemnizaciones a que haya lugar, los socios de las personas jurídicas responsables y, de ser éstas personas jurídicas, la solidaridad se extenderá a los socios de éstas," hasta que los responsables sean personas naturales. Lo anterior me merece algunas observaciones de fondo importante, pues creo que, de no corregirse, puede significar una limitación de envergadura para el desarrollo de la actividad de la construcción. En efecto, si una persona tiene el 1 por ciento de la sociedad, deberá responder por el ciento por ciento de una indemnización, lo que, obviamente, implicará una restricción y no permitirá que se hagan aportes de capital, en la medida en que ello podría traducirse en que la persona deba pagar, en último término, una cuantiosa suma de dinero. Eso la cohibirá para participar en el financiamiento y ejecución de estas obras.
Por lo tanto, estimo necesario que se corrija esta situación y que se elimine la responsabilidad solidaria de quienes se hallen en ese caso.
Cabe señalar, además, que una legislación de tal naturaleza rompe un elemento que es fundamental en las sociedades de responsabilidad limitada, porque las personas que actúan en ellas sólo tienen que responder hasta el monto de su capital. Esa es la esencia de este tipo de sociedades. Para ello fueron creadas, y creo que han sido un instrumento muy importante de progreso. Del mismo modo, en las sociedades anónimas los individuos deben responder hasta por el monto de sus acciones. Ahora bien, si una persona miembro de una sociedad de responsabilidad limitada o un partícipe en una sociedad anónima, sea que se tenga el 1 por ciento o una sola acción, tendrán que responder por el total de la indemnización, ello constituye un exceso. A mi juicio, esto perfectamente puede corregirse con motivo de la discusión particular del proyecto, ya que pienso que el ánimo de la Comisión no es entrabar el recto funcionamiento del mercado inmobiliario. De aprobarse la norma tal como está, podría producirse una retracción importante de la inversión, por cuanto el hecho de tener tan sólo una acción abriría la posibilidad de que el titular fuera demandado por la totalidad de una indemnización de perjuicios. Y, obviamente, cuando se trata de una responsabilidad solidaria, el demandante puede dirigirse contra cualesquiera de los socios.
Aparte que lo anterior puede implicar una limitación extraordinariamente grave para el mercado inmobiliario, insisto en que se rompería el principio que se estableció para las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, en virtud del cual las personas responden sólo hasta por el monto de su capital. El hecho de que exista este tipo de sociedades constituye un avance dentro del Derecho Comercial y de las actividades económicas, porque eso permite que pequeños capitales conformen un gran fondo destinado a la construcción de viviendas, en este caso. De no ser así, únicamente existirían sociedades integradas por grandes propietarios e inversionistas, los cuales, lógicamente, estarían dispuestos a responder, lo que no ocurriría con quienes simplemente hacen un pequeño aporte de capital, pero contribuyen con ello al progreso del país.
He formulado esta observación porque, a mi juicio, estamos en presencia de una normativa que puede ser fácilmente subsanable con motivo de la discusión particular del proyecto. Por eso, soy autor de una indicación para eliminar esta responsabilidad solidaria, sea para reemplazarla por algún tipo de seguro o para limitarla al monto de los aportes que las personas inviertan en una sociedad. Si la constructora es una sociedad, estamos ciertos de que esta última debe responder con el ciento por ciento de su capital, por concepto de indemnizaciones. De eso no cabe ninguna duda. Pero no estamos de acuerdo en que una persona, por el hecho de tener una acción o de participar con el 1 por ciento, deba cubrir el ciento por ciento del pago, que es el efecto que se producirá si no se modifica la disposición pertinente.
Señor Presidente, con respecto a las demás normas sólo tengo observaciones de mera forma, y creo que no vale la pena entrar en su detalle en esta ocasión, ya que estamos en la discusión general de la iniciativa.
En ese entendido, y en la medida en que cabe corregir lo atinente a la responsabilidad solidaria adecuándola a su justa dimensión, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, también comparto el espíritu que guía a este proyecto de ley, en cuanto en virtud de él se pretende, básicamente, acelerar el otorgamiento de los permisos de edificación, a cuyo respecto hoy se presentan en muchos municipios del país graves problemas que se busca remediar a través de asesores externos.
Me parece interesante la posibilidad de que las municipalidades contraten a honorarios a profesionales del área con el objeto de que colaboren en la labor de revisión de los proyectos de construcción y en la elaboración de los informes necesarios para el otorgamiento de los permisos de edificación y de los certificados de recepción de obras. En la Comisión de Vivienda del Senado se discutió, hace bastante tiempo, una iniciativa del Senador señor Arturo Frei acerca de la misma materia.
Sin embargo, tengo reservas con relación a dos aspectos concernientes a estos asesores externos.
En primer término, se plantea la existencia de un registro de tales asesores y la conveniencia de que sea llevado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. No visualizo la razón por la cual pudiera limitarse la atribución de los municipios para hacer las contrataciones, ya que las Direcciones de Obras pertenecen a las municipalidades, que constitucionalmente tienen el carácter de autónomas e independientes. No obstante, se establece que los asesores externos contratados por las corporaciones edilicias necesariamente deberán contar con inscripción vigente en el registro ministerial mencionado.
Debo afinar el estudio de este punto, pero a primera vista pienso que hasta podría estimarse inconstitucional la obligatoriedad de inscribirse en el Ministerio de Vivienda para acceder a la contratación por un municipio.
En segundo lugar, recogiendo el espíritu que anima a la Comisión en el sentido de que el informe que emita el asesor realmente traiga como consecuencia la agilización del trámite de otorgamiento del permiso o certificado de que se trate, se establece que, en definitiva, dicho informe tendrá carácter obligatorio para la Dirección de Obras Municipales, puesto que deberá pronunciarse sobre él dentro del plazo de diez días hábiles, transcurrido el cual, si no hay pronunciamiento, se entenderá automáticamente otorgado el permiso o aprobada la recepción. Su rechazo (se agrega) deberá acompañarse de un informe escrito que lo fundamente. En seguida se contempla un mecanismo de reclamación ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
La verdad es que respecto de las decisiones de las Direcciones de Obras Municipales ya hay un recurso de apelación establecido en el decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, al cual debiera asimilarse, en las mismas condiciones, el reclamo ante la Secretaría Regional Ministerial. En cambio, en la iniciativa se consigna un recurso especial de apelación, que deberá resolverse dentro del plazo de diez días, para el caso de que no se conceda el permiso o la recepción correspondiente.
Pese a ser muy atendible el fundamento para incluir una norma de esa naturaleza, considero que distorsiona el sistema de la Administración y la labor de la Dirección de Obras Municipales.
El Director de Obras Municipales es un agente público, un funcionario con obligaciones y responsabilidades; está afecto a una serie de medidas, y su actuación puede ser objeto de recursos administrativos.
Por lo tanto, no me parece apropiado que un asesor externo, que no tendrá la calidad de funcionario público, sino que será una persona contratada a honorarios -esto no me queda claro, pero así pareciera desprenderse de la disposición-, sea quien emita un informe de carácter obligatorio para la Dirección de Obras Municipales.
Por eso, pienso que la norma distorsiona el sistema de la Dirección de Obras y el mecanismo de funcionamiento del respectivo municipio. Podrían establecerse responsabilidades para el evento de que no se otorguen los certificados de manera oportuna. Pero, a mi juicio, no es adecuado que el informe del asesor externo sea obligatorio, ni que el eventual rechazo por el Director de Obras -en definitiva, es el jefe del asesor, porque la relación con la Administración de una persona contratada a honorarios está dada a través de la Dirección de Obras- del permiso a que ese documento se refiere tenga que fundamentarse por escrito.
Ambos hechos, por la gravedad que revisten, debieran ser objeto de un estudio más exhaustivo y encauzado dentro de las normas del Derecho Administrativo, a fin de impedir que una persona ajena al Servicio posea mayores facultades o poderes que los funcionarios de planta de la Dirección de Obras Municipales.
El permiso o la recepción definitiva deberán concederse dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de la solicitud, transcurrido el cual se entenderán otorgados. En realidad, dentro de los plazos que hoy se manejan, el término de diez días resulta exiguo e inconciliable con el sistema de la Administración del Estado, en el cual no es frecuente que los informes o el pronunciamiento de las autoridades se emitan en un período tan breve.
Tocante a la responsabilidad civil, comparto plenamente las aprensiones manifestadas por el Senador señor Fernández, quien me precedió en el uso de la palabra. Pienso que es muy serio que este proyecto de ley desconozca, por un lado, que las personas jurídicas son distintas e independientes de las personas naturales que las conforman, y por otro, las normas del Derecho Comercial relativas a la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades anónimas.
En mi concepto, la disposición que procura proteger a las personas de escasos recursos frente a posibles defectos en la calidad de las construcciones más bien implicará que la gente modesta no tenga acceso a una vivienda. Porque ningún inversionista incursionará en un tipo de edificación sometido a un mecanismo de indemnización en una materia que le es extraña. Porque quien invierte no es el que construye; la construcción la lleva a cabo una empresa, que posee toda una connotación, pues existe una serie de aspectos técnicos conflictivos que los inversores tal vez no tienen posibilidad de remediar. Quienquiera que haya construido una casa u otra obra sabe positivamente que es muy difícil controlar su ejecución. Y lo cierto es que no se puede entregar esta obligación a personas que no tienen opción alguna de resolver los problemas por los cuales se las intenta hacer responsables.
En tal sentido, estoy absolutamente de acuerdo con lo planteado por el Honorable señor Fernández.
En cuanto al plazo de prescripción de cinco años, cuyo inicio quedará entregado a acciones de terceros, me parece inadmisible en Derecho. La prescripción es una forma de saneamiento jurídico y de seguridad legal, y no puede quedar sujeta a eventos completamente ajenos a la cuestión de que se trata.
Por las consideraciones señaladas, pienso que este proyecto, atendidas su importancia y las razones que fundamentan su presentación, requiere de perfeccionamientos técnicos. Con esta finalidad, solicito expresamente fijar plazo para formular indicaciones.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, creo que esta tarde el Senado está abordando tres proyectos de enorme trascendencia. Uno (ya se trató) relacionado con los estacionamientos subterráneos, destinados a disminuir la congestión vehicular y su impacto sobre la ciudad, y por ende, a mejorar la calidad de vida; y dos relacionados con la calidad de la vivienda: el primero, de iniciativa del Ejecutivo, posibilita la creación del Instituto de la Construcción, y el ahora en debate -se originó en moción y ha contado con el entusiasta respaldo del Gobierno-, que perfecciona la legislación vigente mediante el establecimiento de responsabilidades más directas respecto de quienes intervienen en todo el proceso de la construcción.
Con demasiada frecuencia los Parlamentarios, Diputados y Senadores, son receptores de denuncias que afectan, no solamente a personas y familias de escasos recursos, sino también a grupos de ingresos medios, e incluso altos, que muchas veces no tienen claro a quién responsabilizar por los eventuales daños de construcción en sus viviendas, aparte que generalmente los procedimientos legales distan de ser resueltos en tiempos acordes con la gravedad de la situación involucrada en una demanda o presentación.
Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera este proyecto como parte de las cuatro medidas que se están implementando en el país respecto de la construcción. La primera de ellas se refiere a la mesa de encuentro que es el Instituto de la Construcción; la segunda, a la Oficina de Información de Calidad de la Vivienda, que ya se ha establecido en tres Regiones del país; la tercera, a la modificación y ajuste de los Manuales de Inspecciones Técnicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y la cuarta, a la enmienda de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que, como dije al comienzo, pretende hacer más rigurosas las responsabilidades en esta materia.
En especial, deseo destacar tres aspectos.
En primer lugar, nos parece muy sustantivo que en la iniciativa se establezca una responsabilidad primaria en el proceso constructivo. Y el primer responsable es quien manda construir; aquel que imagina el negocio, invierte en él y vende el producto a determinado comprador. Es él quien contrata, por ejemplo, al arquitecto y decide si acepta o no la recepción de la obra, incluso antes que el propio Director de Obras Municipales. Por lo tanto, en él recae la primera responsabilidad; y, por supuesto, podrá repetir en contra de los profesionales relacionados si las situaciones así lo ameritan.
Sobre el particular, ¿qué estamos diciendo? Que en el caso de las viviendas sociales, por ejemplo, el primer responsable es el propio Servicio de Vivienda y Urbanización, porque es el encargado de entregar una habitación en buen estado, más allá de que -como sucede hoy día- pueda ser el arquitecto, el constructor o el ingeniero. El que entrega la vivienda es el SERVIU; por tanto, debe velar porque ella esté de acuerdo a lo estipulado en los contratos y, además, porque se respete lo prometido al comprador.
En segundo término, nos parece importante que se haga aplicable a las demandas a que dieren origen las infracciones a la ley que se modifica, el procedimiento sumario establecido en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil, pero dejando como alternativa para solucionar las controversias el procedimiento arbitral, trámite expedito y rápido que logra el objetivo de la ley.
Y, en tercer lugar, creemos que es fundamental la contratación de inspecciones técnicas externas que faciliten la recepción por las Direcciones de Obras Municipales, que muchas veces genera demoras, con el consiguiente impacto económico y social, situaciones que una legislación moderna puede superar.
El trabajo de la Comisión de Vivienda y Urbanismo fue exhaustivo. Sin embargo, el Ejecutivo estima que algunas normas no van en la dirección del espíritu de la iniciativa.
En consecuencia, nos parece conveniente la aprobación general del proyecto, pero fijando plazo para formular indicaciones.
No puedo terminar mi intervención sin agradecer las palabras del Senador señor Muñoz Barra, por cuanto el alto número de inauguraciones a que le ha correspondido asistir refleja el nuevo espíritu -al menos del Ministerio de Vivienda- de mejorar la calidad de la construcción. No solamente nos interesa la cantidad de habitaciones construidas, sino también su calidad, as pecto que nos parece muy importante. Y, en ese contexto, creemos que tanto las palabras de Su Señoría como lo estipulado en la normativa en análisis nos ayudan a ser fieles al mandato, que el propio Congreso establece, de entregar subsidios pero en calidad y cantidad adecuadas.
Gracias, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa estima que los señores Senadores han tenido suficiente oportunidad para expresar sus opiniones acerca de este proyecto, que requiere para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional.
Pero antes, si le parece a la Sala, fijaremos como plazo para presentar indicaciones el jueves 12.

El señor FREI (don Arturo).- Dejémoslo para marzo, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa no tiene inconveniente para ello, pensando además que, en cuanto al proyecto modificatorio de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, acordamos establecer el miércoles 11 de enero como plazo para presentar indicaciones.

El señor FREI (don Arturo).- El señor Ministro está de acuerdo en que el plazo quede para marzo, señor Presidente.

El señor FERNANDEZ.- ¡Para marzo, señor Presidente!

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, habrá plazo para presentar indicaciones hasta marzo.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señor Presidente, quiero dar una explicación al respecto.
El proyecto en análisis es extremadamente importante, ya que no sólo será aplicable a la construcción de viviendas sociales, sino a cualquier tipo de construcción. Aquí estamos afectando la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De manera que hay cuestiones con implicancia muy grande.
Pienso que, más que una legislación apresurada, debemos elaborar una buena ley.
Establezco esa diferencia porque el impacto puede ser contraproducente en cuanto a lo que se desee.
Por consiguiente -reitero-, una normativa de esta naturaleza debe ser vista con la profundidad con que, por lo demás, el Senado acostumbra examinar las materias sometidas a su consideración.

La señora FREI.- ¡Dejemos el plazo para el jueves 2 de marzo, señor Presidente!

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, fijaremos plazo para presentar indicaciones hasta el miércoles 8 de marzo.
El señor FREI (don Arturo).- De acuerdo, señor Presidente.
-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 26 señores Senadores, y fijándose como plazo para presentar indicaciones el miércoles 8 de marzo, a las 12.

___________________

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Debo recordar a la Sala que el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal no será analizado en esta oportunidad, pues la señora Ministra de Justicia solicitó expresamente estar presente cuando la Sala se aboque a su tratamiento.



ELIMINACIÓN DE REQUISITO DE ANOTACIÓN DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, eliminando el requisito de la anotación de la inscripción electoral en la nómina de patrocinantes de candidaturas parlamentarias independientes, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Piñera).
En primer trámite, sesión 26a, en 3 de agosto de 1994.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 16a, en 15 de noviembre de 1994.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto tuvo su origen en una moción del Honorable señor Piñera.
A solicitud de la Comisión, el Servicio Electoral emitió un informe técnico, realizando diversas consideraciones sobre la iniciativa, que aparecen en el informe evacuado por aquélla.
En concordancia con los acuerdos adoptados en la discusión general y particular, la Comisión propone, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el proyecto sometido a la consideración de la Sala.
La iniciativa consta de un artículo, que señala:

"Artículo único.- Sustitúyense, en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, las expresiones: "quinta columna, inscripción electoral con indicación de la comuna o circunscripción, registro y número de la inscripción; sexta columna, firma del elector o su impresión dactiloscópica, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.", por las siguientes: "quinta columna, firma del elector o su impresión digital, si no pudiere firmar, la que se estampará en línea enfrentando los datos de su filiación personal.".".
El acuerdo pertinente fue adoptado por los Senadores señores Diez (Presidente), Fernández, Larraín, Sule y Adolfo Zaldívar.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor PIÑERA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, deseo explicar el sentido de esta iniciativa que, como indicó el señor Secretario, fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Constitución.
Este proyecto pretende, básicamente, en mi opinión, corregir un error o insuficiencia de la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que regula todo lo referente a la preparación, realización, escrutinio y calificación de los plebiscitos y de las elecciones tanto de Presidente de la República como de Parlamentarios. Una de sus normas establece que un candidato independiente, para inscribir su candidatura, requiere el patrocinio del 0,5 por ciento del electorado relevante, según se trate de postulaciones a Diputado, Senador o Presidente de la República. Para acreditar dicho apoyo, el candidato independiente debe presentar una nómina de sus patrocinantes, en la que consten sus nombres y apellidos, domicilio, número de cédula de identidad -todo verificado por un notario público- y, además, indicar el nombre de la comuna o circunscripción, registro y número de la inscripción electoral.
Ocurre, señor Presidente, que la ley no consideró la dificultad que esto representa, porque la experiencia demuestra que las personas que patrocinan candidaturas independientes, sin duda conocen sus antecedentes personales y tienen carné de identidad, pero no portan su cédula de inscripción electoral y, por cierto, desconocen los datos que ésta contiene. En consecuencia, la única forma en que los candidatos independientes han podido cumplir con este requisito es completando ellos mismos esa información, la que han obtenido del Registro Electoral, pero no de las personas que dan el patrocinio. Y hay una sola manera de conseguirla: comprando al Servicio Electoral la cinta computacional con la información relevante, y como sólo este organismo posee esos datos, puede venderla al precio que desee. Basta que el valor que fije sea estratosférico para que, en la práctica, no pueda inscribirse ningún candidato independiente a Diputado, ni a Senador, ni a Concejal, ni a Presidente de la República. Sin embargo, lo más probable es que eso no ocurra y que el precio no sea exorbitante; pero se produciría una grave discriminación entre los candidatos independientes que pueden comprar el registro y aquellos que no lo pueden hacer.
El costo de dicho registro, en 1989, era de aproximadamente 10 millones de pesos y las empresas computacionales cobraban el doble de esa cifra por procesar la información. O sea, un candidato independiente necesitaba 30 millones de pesos para obtener los datos de las inscripciones electorales de sus patrocinantes requeridos para llenar las solicitudes correspondientes, en circunstancias de que, para tener tal calidad, únicamente hay que estar inscrito en los registro electorales. Esa es la única forma. Por lo tanto, lo primero que el Servicio Electoral verifica es si el patrocinante se encuentra o no inscrito. Y en ese momento es posible agregar, en forma automática y a un costo insignificante, los datos relativos al número de inscripción de cada uno de ellos.
Por esa razón, señor Presidente, para evitar discriminaciones económicas y la existencia de una barrera que en cierto momento, por mal uso de esta información pudiera causar una dificultad insuperable para la inscripción de candidaturas independientes, se ha presentado este proyecto de ley, a fin de eliminar el requisito de la anotación de la inscripción electoral en la nómina de patrocinantes de tales candidaturas, considerando que el Servicio Electoral, con el solo número de la cédula de identidad, puede acceder a ese dato de los electores.
Adicionalmente, se propuso una norma, que fue rechazada por la Comisión, en el sentido de que el patrocinio de candidaturas independientes a Presidente de la República deberá suscribirse por el 0,5 por ciento de quienes hubieren sufragado en la última elección periódica, sea de Presidente de la República o de Diputados, o de los que hubieren sufragado en el distrito electoral o en la circunscripción senatorial (según se trate de candidaturas a Diputados o Senadores, respectivamente) en la anterior elección periódica, sea de Presidente de la República o de Diputados. Hoy día, al no coincidir estas elecciones, podría darse el caso de que en la de Parlamentarios se utilice información que no esté actualizada, pues ésta correspondería a una elección presidencial. Por eso, por razones de compatibilidad con otras normas, se plantea considerar la última elección de Presidente de la República o de Parlamentarios como referencia para el cálculo del 0,5 por ciento.
Por esa razón, señor Presidente, sugiero aprobar esta iniciativa, que en nada desmerece la seriedad del proceso de patrocinios, pero que sí lo simplifica y elimina un elemento de discriminación económica entre los candidatos independientes.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogarlo hasta el despacho del proyecto en debate.
-Acordado.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar y, a continuación, el Senador señor Errázuriz.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, este proyecto y otros presentados que modifican la Ley N° 18.700, dejan en evidencia algo simple y, sobre todo, ilustran mucho cómo deben hacerse las leyes políticas: ellas deben recoger la realidad y consagrar el principio, básico en Derecho Político, de que las leyes tienen que adecuarse a la vida normal; no pueden trasplantarse de un país a otro país ni de una realidad a otra. Por eso hemos discutido varios proyectos de ley en el mismo sentido y seguramente se presentarán otros.
En ese orden de ideas, deseo hacer una reflexión en el Senado: debe revisarse nuestra institucionalidad política, porque, si bien fue elaborada con la mejor intención -no me cabe ninguna duda- y, desde el punto de vista conceptual, sus autores trabajaron con la mayor dedicación, muchas de esas normas -algunas de mayor trascendencia que la que nos ocupa- no se compadecen con la realidad de nuestro país. Por eso las leyes en general, pero fundamentalmente las políticas, deben irse acomodando en el tiempo según vayan variando las circunstancias.
Sin embargo, no cabe duda de que aquí nos encontramos con un antecedente bastante más de fondo en cuanto a nuestra institucionalidad política. El Senado debe tener presente que, al aprobar por unanimidad esta iniciativa, es fundamental que este consenso se produzca también en cuanto a otras instituciones, a fin de que armonicen con los principios fundamentales que han regido al país durante siglos.
Por otra parte, las razones dadas por el Senador señor Piñera me parecen absolutamente secundarias. Quizás, pesos más o pesos menos no es el problema de fondo que impide que un independiente inscriba su candidatura. El motivo esencial es -evidentemente, está implícito en las palabras de Su Señoría-, que no es lógico establecer requisitos que entraben la presentación de candidaturas independientes.
De ninguna manera esta posición puede verse como una falta de respaldo o resguardo a la presencia de los partidos políticos. Creo que pueden coexistir colectividades políticas fuertes, que en el tiempo se consoliden aún más a través de sus acciones, y candidaturas independientes que complementen, completen o, según las circunstancias, representen la voluntad ciudadana cuando los partidos políticos no sean capaces de hacerlo.
Por todo esto, señor Presidente, me pronunciaré a favor de este proyecto. Pero, además, hago presente al Senado que se está sentando el precedente importante en el sentido de que la institucionalidad política guarde la debida correspondencia con nuestra historia, con nuestros valores y con el consenso ciudadano, a fin de que haya estabilidad que beneficie a otras actividades relevantes de la sociedad.
He dicho.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, seré muy breve.
En primer lugar, debo señalar que efectivamente nuestra legislación -que tiene que ser perfeccionada- discrimina en diversas materias en contra de los independientes.
El único candidato independiente a la Presidencia de la República en 1989 fue el Senador que habla. Los costos no son los que aquí se han señalado, pero fueron altos y, desde luego, discriminatorios, puesto que no se exigían para los candidatos de los diversos partidos políticos. Por lo tanto, esas discriminaciones, que se notan también en las elecciones de concejales, de parlamentarios y en la conformación de listas, deben tender a desaparecer si realmente queremos -como muy acertadamente ha dicho el Senador señor Adolfo Zaldívar- crear la igualdad de oportunidades que todos los chilenos se merecen para postular a cargos de elección popular.
En suma, señor Presidente, creo que el proyecto de ley apunta en el sentido correcto, ya que corrige una de las tantas discriminaciones existentes, por lo que anuncio que lo votaré favorablemente.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, quiero expresar mi reserva respecto de la conveniencia de eliminar el requisito de incluir en la lista de patrocinio de una candidatura independiente la inscripción de los respectivos patrocinantes, esto es, sus números de mesa y de registro. Tengo la impresión de que los independientes son las personas que menos se comprometen con estos problemas políticos concretos, y estas exigencias constituyen, al menos, una forma de involucrarlos en el cumplimiento de este imperativo cívico.
Estoy cierto de que la iniciativa simplifica la inscripción de las candidaturas independientes. De eso no hay duda. Pero también la hace menos clara en el siguiente sentido. Como sabemos, los patrocinantes de una candidatura a concejal o alcalde deben ser electores de la comuna; los de una candidatura a Diputado o Senador tienen que pertenecer al distrito o circunscripción respectivo, y, naturalmente, los que apoyan un candidato a la Presidencia de la República pueden ser los chilenos en general. Y, precisamente, ello se asegura con la obligación de colocar en la nómina de los patrocinantes el número de la inscripción electoral. Entonces, me gustaría que el autor de la moción se refiriera a este punto, porque, como digo, tengo mis reservas sobre el particular.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, obviamente para patrocinar un candidato a Diputado o Senador el patrocinante debe ser elector del distrito o circunscripción correspondiente, o del país, en el caso de las candidaturas presidenciales. El proyecto no pretende innovar en eso. Pero es una materia que la verificará el Servicio Electoral, el cual, como es natural, lo primero que hace es cerciorarse de que los patrocinantes son electores -esto es, si están inscritos-, y, luego, si se hallan inscritos en el distrito o circunscripción relevante.
Por tanto, el proyecto mantiene la exigencia de que el patrocinio debe corresponder a los electores del distrito, circunscripción o país relevantes. No hay cambios en esa materia. Sólo propone que se haga en forma más económica, expedita y segura: a través del computador de quien tiene la información original, a saber, el Servicio Electoral.

El señor SIEBERT.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIEBERT.- En lo personal, creo que es mejor prevenir que curar. Y el hecho de que la gente deba colocar su inscripción electoral en la nómina, asegura desde ese instante si se está patrocinando bien o mal la candidatura respectiva. De manera que mantengo mi reserva al respecto.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, nos parece que el tema planteado es del mayor interés, y debe llevarnos a hacer una reflexión más profunda -y no sólo de procedimiento- acerca del futuro de la actividad pública o de la política en general. El tema está íntimamente vinculado con el concepto de lo que se ha denominado "la profesionalización de la política". Porque los partidos políticos aparecen hoy como monopolios, no necesariamente naturales, de las corrientes de opinión y de ideas que existen en el país. Y eso hace que el ciudadano común no se sienta real partícipe de la cuestión pública o de la toma de decisiones respecto de los grandes problemas del país. Creo que debemos buscar la manera de abrir canales que permitan el acceso a ese ciudadano común, con el objeto de que pueda participar, en igualdad de posibilidades y oportunidades, con quienes, de una manera u otra, están ligados a un partido político, entidad convertida en una suerte de monopolio de las corrientes de opinión que existen en un determinado territorio, en este caso concreto, Chile.
Pienso que los organismos intermedios del país -sindicatos, asociaciones, juntas de vecinos- han ido perdiendo importancia frente a la fuerza de los partidos políticos, lo cual se ha traducido en que éstos se conviertan en monopolios. Lo anterior tiene su mejor expresión en la idea-fuerza que significa optar, para el futuro del país, entre tener ciudadanos que participen en la legislación, como en el caso de los Parlamentarios, o tener políticos profesionales permanentes que necesariamente deban incorporarse al servicio público a través de un solo conducto o canal, cuales son las corrientes políticas.
Este es un tema que nos lleva a barajar la posibilidad de presentar, en el próximo tiempo, un proyecto de ley que nos permita reflexionar acerca de la limitación que debiéramos tener en nuestra permanencia en estos cargos. Y lo digo ahora, cuando no estamos frente a ninguna contingencia electoral -ahí podría parecer oportunista decirlo-, porque pienso que debemos hacer esa reflexión si definitivamente queremos que exista una necesaria movilidad, no digo "social" sino ciudadana, que facilite el acceso y la participación del ciudadano común a estos centros de legislación que son los parlamentos. De otra manera, cada vez se va a hacer más distante la relación entre quienes participan como simples espectadores y quienes participan en términos reales.
Quería hacer esta reflexión, señor Presidente, porque me parece que el tema nos abre la posibilidad de efectuar un planteamiento de este género. Próximamente, abordaré el asunto con mayor detalle.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Se ha generado un debate bastante interesante y, a propósito de las palabras de los Senadores señores Adolfo Zaldívar y Romero, se ha planteado la conveniencia de que el Senado reflexione acerca de las materias involucradas en la iniciativa, en particular sobre el rol de los partidos políticos, la importancia o no de ellos y la significación de los independientes en el proceso político.
Entiendo que no existe opinión contraria al proyecto, iniciado en moción del Senador señor Sebastián Piñera, y que las modificaciones sugeridas por la Comisión de Constitución cuentan con la aprobación de la Sala.
Sin embargo, el proyecto tiene rango orgánico constitucional y, por tanto, debe contar con el voto favorable de 26 señores Senadores.

El señor THAYER.- Señor Presidente, ¿me permite fundar el voto mientras se obtiene el quórum?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor THAYER.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto, que es sencillo y justo.
Es cierto que de él podrían derivarse muchas consideraciones, pero creo que no es éste el momento de hacerlas. Sólo quiero apuntar que todo lo que se haga para "desamarrar" la Ley de Partidos Políticos en relación con la excesiva monopolización de candidaturas de miembros de partidos políticos es una decisión que va en el camino correcto.
Tal como ha entendido la legislación vigente el Servicio Electoral, ningún partido político, ni un conglomerado de partidos políticos, ni todos los partidos políticos, pueden proclamar, por ejemplo, a un candidato a la Presidencia de la República que sea independiente. Más aún, un partido sólo puede presentar como candidato a una persona que pertenezca a él. Esto, que es enteramente absurdo, se entendió así con la candidatura presidencial del señor Aylwin. Aun cuando existía un importante conglomerado de partidos que lo apoyaba, sólo pudo ser inscrito como candidato de su propio partido. En el caso del señor Alessandri -candidato independiente-, de nada sirvió el acuerdo de una convención de partidos que lo proclamaban, porque debió salir, con la "linterna de Diógenes", a buscar adhesiones independientes, ya que, según la ley vigente, no tiene ningún valor el apoyo de las colectividades, que está limitado a sus propios miembros.
Por tal razón, considero que la enmienda propuesta constituye un paso en el sentido correcto y la apoyo con mucho entusiasmo.
He dicho.
-Se aprueba en general y particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
__________________
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Bitar:
ANTECEDENTES SOBRE BOSQUE NATIVO Y PREDIOS ESTATALES
"A los señores Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales, solicitando información sobre superficie de bosque nativo actual, clasificada por Región; superficie de predios pertenecientes al Estado, y la existencia de un catastro actualizado del bosque nativo en Chile. En caso contrario, comunicar las medidas adoptadas para disponer de esta información y el plazo en que se podría contar con un estudio completo.".
______________________
Del señor Fernández:
RECURSOS PARA COMBATIR MAREA ROJA
"A los señores Subsecretarios de Hacienda, de Salud y de Pesca, pidiendo mantener la asignación de recursos destinados al estudio de la marea roja en Aisén y Magallanes y a la búsqueda de medios para su control y eliminación, ya que su presencia afecta negativamente actividades de vital importancia para esas regiones, como la pesca y el turismo.".
___________________
Del señor Frei (don Arturo):
POSTULACIÓN DE LICEO DE CORONEL
A PROGRAMA MECE-MEDIA (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Educación, solicitando estudiar la posibilidad de considerar la postulación del Liceo de Coronel al Programa MECE-Media, plantel que, aunque cuenta con personal académico calificado, carece de infraestructura que le permita desarrollar en mejores condiciones sus actividades.".
_____________________
Del señor Hamilton:
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE QUINTAY Y RUTA 68 (QUINTA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo información acerca de algún proyecto que contemple la pavimentación del camino que une la localidad de Quintay con la Ruta 68, comuna de Casablanca.".
DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO DE EDIFICIO BLANCO ENCALADA (QUINTA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Educación, solicitando antecedentes relativos a la declaración de Monumento Histórico de Edificio Blanco Encalada, ubicado en la intersección de Avenida Errázuriz y calle Blanco, comuna de Valparaíso.".
____________________
Del señor Ruiz-Esquide:
INCLUSIÓN DE CAMINO DE HUEPIL A POLCURA EN PROGRAMAS DE REPOSICIÓN (OCTAVA REGIÓN)
"Al señor Director de Vialidad en la Octava Región, solicitando considerar en los programas de reposición de caminos de esa Dirección al existente entre Huépil y Polcura, ya que la necesidad de vías más expeditas a las zonas precordilleranas y el desarrollo del turismo así lo requieren.".
________________
Del señor Siebert:
MEJORAMIENTO DE CAMINO NOTUCO-CUCAO
EN COMUNA DE CHONCHI (DECIMA REGIÓN)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiendo reparar integralmente el camino Notuco-Cucao -que se encuentra en pésimas condiciones-, debido al creciente flujo vehicular originado por las empresas salmoneras y al gran número de turistas nacionales y extranjeros que, por esa vía, acceden al Parque Nacional de Chiloé.".
____________________

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Solicito la anuencia, de la Sala para que el Honorable señor Díaz presida la sesión, en calidad de Presidente accidental.
Acordado.
-Pasa a presidir la sesión el Senador señor Díaz.
_________________________

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.


CALCULO INDEBIDO DE PENSIONES POR PARTE DE INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL. OFICIOS

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, intervendré muy brevemente para denunciar una situación que afecta a muchos empleados públicos afiliados al Instituto de Normalización Previsional, quienes, por no creer aún en las bondades del nuevo régimen previsional de las Administradoras de Fondos de Pensiones, no se han incorporado a él, circunstancia que ha permitido a dicho Instituto constituirse en una empresa pública que está capitalizando, injustamente, grandes cantidades de dinero. ¿De dónde emerge esta capitalización indebida, y por qué lo planteo?
La ley N° 18.675 hizo imponibles las remuneraciones de los empleados públicos en su totalidad, o sea, el ciento por ciento de las mismas.
Los sueldos más altos de la Administración Pública -que en ningún caso son excelentes ni admiten parangón con los de quienes ejercen funciones similares en las empresas privadas, fundamentalmente bancos, AFP o ISAPRES- exceden de 60 UF (algo más de 660 mil pesos mensuales), desde ciertos grados. Y se determinó que, no obstante lo consignado en el referido cuerpo legal, el tope máximo imponible no podría ser superior a dicha cantidad. Es decir, todos los que ganan más de esa suma imponen sobre un mismo monto: 60 UF mensuales.
Lo anterior, si bien perjudicial y contradictorio con la legislación ya mencionada, sería medianamente aceptable si las pensiones, que se determinan sobre la base del promedio de las 36 últimas rentas imponibles, fueran calculadas sobre imposiciones realmente efectuadas. Pero no ocurre así, ya que aun cuando las imposiciones se deduzcan de remuneraciones de 60 unidades de fomento -alrededor de 660 mil pesos, a la fecha-, las jubilaciones, al calcularse por las rentas de los últimos 36 meses (por efecto de la inflación, su monto debería ser ligeramente inferior), están limitadas actualmente a un tope de 480 mil pesos mensuales; o sea, unas 46 unidades de fomento.
¿Y la diferencia, para quién queda? Sólo para el Instituto de Normalización Previsional que, por este medio, se enriquece ilícitamente, si se me permite usar esta expresión.
Por eso, creo que debe remediarse lo anterior y derogar dicho tope.
En las AFP no existe tal limitación, ya que las pensiones de quienes imponen sobre 60 unidades de fomento, incrementadas en las respectivas cuentas individuales, se calculan sobre lo que realmente tiene cada imponente.
Por tal razón, propugno que las pensiones de quienes perciben sueldos superiores a 60 UF mensuales se calculen sobre las imposiciones verdaderamente realizadas, pues, de otra manera, se mantendrá indefinidamente la ilícita situación de imponer sobre sumas que no son consideradas para nada, salvo para el enriquecimiento del Instituto de Normalización Previsional.
Si el Gobierno no aceptare tal sugerencia, debería dictar normas para que el INP devuelva a sus imponentes que se encuentran en tal caso todo lo descontado en exceso sobre montos que no serán considerados en el cálculo de las pensiones, debidamente reajustados en UF, ya que es la unidad aplicada para el descuento, y con el interés respectivo.
En todo caso, soy partidario de la primera medida.
Solicito, señor Presidente, transcribir mi intervención tanto al Presidente de la República como al Ministro de Hacienda.
- Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad con el Reglamento.
El señor DÍAZ (Presidente accidental). - En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Matta.


TRASPASO DE INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA A COMUNA DE QUINTA NORMAL. OFICIO
El señor MATTA. - Señor Presidente, la comunidad relacionada con el Instituto Nacional Barros Arana ha convocado estos días a una movilización, de la que ha dado a cuenta la prensa nacional, ante el grave peligro que se cierne sobre ese prestigioso plantel de la educación pública chilena, cuya existencia data de 1902. Hay miles de generaciones que han pasado por sus aulas, formándose en un espíritu de civismo, tolerancia y de gran calidad educacional.
Por mandato de la ley, el Instituto Nacional Barros Arana debe pasar, a contar del 1° de enero de 1995, a la comuna de Quinta Normal. Cabe advertir que el alto costo operacional del traspaso podría provocar un grave desequilibrio del orden de 15 por ciento en el presupuesto municipal.
Por lo anteriormente expuesto, junto con la rectoría de ese internado, pensamos que la comuna de Quinta Normal podría optar, en el corto plazo, por algunas de las alternativas que enumeraremos en seguida, y que, obviamente, podrían significar más de una dificultad al colegio.
Ellas son las siguientes: privatizar el plantel; enajenar parte de los terrenos pertenecientes actualmente al INBA; arrendar, total o parcialmente, el inmueble; bajar los costos de operación mediante la disminución de su personal; aumentar el valor de la pensión alimenticia de los alumnos -ya que es un internado- para hacerlo viable económicamente, medida que afectaría a numerosas familias de clase media que tienen a hijos estudiando allí, y, finalmente, darle otro destino.
Nos preocupan las alternativas precedentemente expuestas, porque, de una u otra forma, podrían significar el fin del Instituto, con sus actuales características. En él trabajan 65 profesores, más de 150 no docentes, y estudia un número superior a 900 alumnos, quienes mayoritariamente provienen de regiones.
Por eso, apoyamos la lucha que está dando el Internado Nacional Barros Arana por mantenerse dentro del territorio de la comuna de Santiago.
Finalmente, nos hacemos partícipes de las inquietudes manifestadas en tal sentido por la rectoría de ese centro de estudios, por su personal docente y no docente, así como por el alumnado en general.
Como ex alumno, quisiera que estas palabras de saludo, comprensión y apoyo al plantel sean hechas llegar en un oficio dirigido, en mi nombre, a su Rector, señor Alexis Ochoa.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Corresponde el turno al Comité Renovación Nacional.

El señor HORVATH.- Pido la palabra en ese tiempo, señor Presidente.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.


IMPORTANCIA ECONÓMICA DE FIORDOS Y CANALES
DE ZONA AUSTRAL. OFICIOS

El señor HORVATH.- Señor Presidente, dentro de las perspectivas que tiene nuestro litoral, deseo referirme, una vez más, particularmente a la zona austral, que encierra en sus fiordos y canales protegidos más de nueve veces el agua reservada a los pescadores artesanales ubicados entre Arica y Puerto Montt. De ponerse en acción el potencial de dicha área, significará un nuevo cobre -y de carácter renovable- para Chile.
En este sentido, existe una gran cantidad de concesiones solicitadas en estas aguas protegidas -y también con "sello verde"- que no se han tramitado dentro del proceso administrativo que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El crecimiento de la actividad privada en este ámbito es tan grande que la verdad es que no hay posibilidad de seguir incrementándola en los lugares dados en concesión, siendo necesario cambiar de sector a fin de permitir que se renueve el fondo marino y la calidad de las aguas. Además, el volumen que está alcanzando en la Región y en el país equivale a más de un tercio de la actividad pesquera nacional. Y no nos cabe la menor duda de que a futuro -a menos que ocupemos nuestro mar presencial- la acuicultura va a superar a la pesca extractiva.
Sobre el particular, las Subsecretarías de Pesca y de Marina, así como la Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo, exploraron la factibilidad de volver a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de consagrar una alternativa de ocupación anticipada, sin que se genere ningún tipo de derecho, como existió en el pasado, permitiendo acelerar el proceso administrativo, evitando vulnerar elementos sanitarios o ambientales, y menos producir superposición de concesiones.
Ante la alternativa de una enmienda legal previamente acordada, e incluso analizada por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, la autoridad -el Ministro de Defensa y el propio Subsecretario de Marina-, en una reunión de Gabinete convocada por el Presidente de la República hace un mes, se comprometió a resolver esta situación por la vía administrativa, mediante un proceso de aceleración de la revisión técnica de los antecedentes, con el objeto de otorgar las concesiones en forma normal dentro de lo que restaba de 1994. Estamos en los primeros días de 1995 y muy poco de ello ha ocurrido. La verdad es que el señor Ministro de Defensa, el Subsecretario de Marina y las autoridades correspondientes de la Subsecretaría de Pesca no han cumplido el compromiso asumido ante la Asociación de Acuicultores de la Zona Austral.
La situación se ha tornado particularmente grave, pues se trata de un sector, no sólo de relevancia económica, sino también de gran impacto social. Es mucha la gente que vive de esto y que tiene cifradas las esperanzas en lo que significa poner este potencial al día.
Por los antecedentes expuestos, me permito solicitar que se oficie, en mi nombre, a los señores Ministros de Economía y de Defensa, a fin de que se cumpla ese compromiso. Y, en caso contrario, volver al estudio de un proyecto de rápido trámite, tendiente a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, para permitir el uso anticipado de las concesiones y no frenar el desarrollo de esta importante actividad social y económica del país.
He dicho.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Restan algunos minutos al Comité Renovación Nacional.


TRASPASO DE INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA A
COMUNA DE QUINTA NORMAL
El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, como ex alumno del Internado Nacional Barros Arana, adhiero con orgullo al saludo formulado por el Honorable señor Matta y a lo señalado por Su Señoría respecto de lo que está ocurriendo en dicho establecimiento educacional, situación que no lo enaltece.

El señor MATTA.- Muy bien.


El señor DÍAZ (Presidente accidental).- El Comité Renovación Nacional no hará uso del tiempo que le resta.
El Comité Socialista no utilizará el suyo.
Corresponde el turno al Comité Institucionales.

El señor SINCLAIR.- Hemos cedido nuestro tiempo al Honorable señor Cantuarias.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.


EFECTIVIDAD DE COMITÉS COMUNALES PARA LA
SUPERACIÓN DE LA POBREZA. OFICIO

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, a mediados de noviembre pasado, solicité en esta Sala que se oficiara en mi nombre al señor Ministro de Planificación y Cooperación en cuanto al plan que desembocó en la constitución de 71 Comités Comunales para la Superación de la Pobreza.
Los comentarios, reflexiones y críticas que formulé a dicho programa han motivado una serie de reacciones -la mayoría a través de los medios de comunicación- que me obligan a precisar mis conceptos, sobre todo que en la Cuenta de hoy se informa que se recibió respuesta del referido Secretario de Estado a los conceptos emitidos por el Senador que habla en la sesión de 17 de noviembre pasado.
Para comenzar, quiero dejar establecido, una vez más, que todo empeño serio y verdadero que se lleve adelante para combatir la pobreza cuenta, de partida y de inmediato, con mi más entusiasta respaldo y decidida colaboración, por cuanto entiendo que la miseria y su subsistencia es uno de los más inaceptables rasgos y costos que estamos pagando como sociedad respecto del nivel de desarrollo que tenemos. Soy, entonces, un devoto y activo militante de la causa que nos lleve a superar ese flagelo. Lo anterior no significa que cualquier plan o que toda la actividad que se desarrolle bajo esa denominación pueda contar con nuestra adhesión instantánea, puesto que, en el análisis reflexivo de las propuestas, tenemos el derecho a formular algunos comentarios, que fue lo que hice en esa oportunidad y respecto de lo cual se ha recibido respuesta hoy.
En lo sustantivo, ¿qué es lo que criticamos?
En primer lugar, la forma de seleccionar las comunas en las cuales se crearon los Comités Comunales para la Superación de la Pobreza. Se seleccionaron 71 de las 334 ó 335 existentes en Chile para constituir en ellas dichos Comités.
En segundo término, la carencia de recursos específicos de inversión que presentan esas entidades.
Tercero, el centralismo con que se había conducido y decidido el proceso de puesta en marcha de las mismas.
En cuarto lugar, el virtual traspaso del problema a los municipios y, en particular, a sus alcaldes.
Para fundamentar estas críticas, hicimos presente la existencia de estudios de organismos del propio Ministerio de Planificación -en este caso, del FOSIS- que en 1993 culminaron con un documento respecto de la pobreza en Chile, identificando a las 77 comunas más postergadas, el que fue distribuido a muchas autoridades y Parlamentarios de todas las regiones del país.
Ese documento señalaba lo curioso y contradictorio que resultaba el hecho de que de tal grupo de comunas -consideradas como las más pobres según criterio técnico del FOSIS, organismo del Ministerio de Planificación-, apenas 26 coincidieran con las 71 seleccionadas para la creación de los Comités Comunales para la Superación de la Pobreza. Ciertamente, había explicaciones que dar.
Quise afirmarme en este elemento, en razón de que ya son conocidas algunas descoordinaciones entre los Ministerios y otros organismos de Gobierno. En este caso se trataba de que en un estudio de 1993, 77 comunas figuraban como las más pobres de Chile; y de que al año siguiente se puso en vigencia el plan especial para 71 de ellas, en las cuales se crearon esos comités, resultando que entre ambas selecciones sólo había 26 coincidencias. Sin ninguna duda, se estaba requiriendo una aclaración.
Lo que estoy criticando, en el fondo, es que el combate a la pobreza debiera ser -y entiendo que así se considera- una actividad prioritaria de los Ministerios, de todo ente de Gobierno y, en particular, de las municipalidades de Chile. Estas últimas tendrían que poner en marcha un plan especial al respecto. No parece lógico que participen sólo 71; y no es lógico tampoco que de éstas algunas no coincidan en su totalidad con las otras, en circunstancias de que el propio Ministerio, en estudios anteriores, las había seleccionado como las de mayor pobreza.
Lo que en el fondo critico es que el esfuerzo por combatir la pobreza sólo se realice en apenas 71 comunas; y que por ello debamos en mi región explicar a los habitantes de Coronel, Penco, Tomé y ciertamente a los de muchas otras comunas de las demás Regiones que ellos no son lo suficientemente pobres como para merecer la constitución de uno de los mencionados comités comunales.
Repito, estoy remitiéndome a las informaciones del propio Ministerio de Planificación. ¿Y qué se nos ha contestado? Se nos ha dicho que la base de datos e informaciones que utilizó el FOSIS, órgano del MIDEPLAN, para seleccionar aquellas 77 comunas en 1993, corresponde a estudios obsoletos, con lo cual queda desahuciado el informe técnico que se nos proporcionó y que hemos usado en diversas oportunidades en los propios debates del Senado. Es mala la explicación, señor Presidente, porque no permite dar cuenta de los criterios con los que en una u otra ocasión se está abordando el problema de la pobreza.
Reiteramos la crítica y la ampliamos para decir que, en realidad, el número de comunas debió ser 334 (ó 336 si se incorporan las que se han creado, al subdividir otras) a fin de determinar la cantidad de planes para la superación de la pobreza.
Por otra parte, afirmamos que no había recursos específicos de inversión con los cuales los comités existentes pudieran enfrentar el estado de pobreza, y que simplemente se reunían diversos sectores de la comunidad -representativos de las actividades productivas, autoridades estatales, vecinos, deportistas- para priorizar, discutir y analizar ese flagelo.
Si este argumento se lleva al fondo -porque así ha sido planteado-, se podría concluir, pensando a la inversa, que en Chile hay comunas con gente pobre simplemente porque en ellas la gente no se ha juntado a conversar, en circunstancias de que todos sabemos que faltan recursos, inversiones y soluciones concretas.
Desde esta perspectiva, me parecía que o se creaban partidas presupuestarias para asignar recursos dentro de un marco determinado, para que las decisiones y priorizaciones de los Comités Comunales en cada caso significaran enfrentar sus tareas, de modo que un sector tenido por pobre resolviese él mismo si primero emprendía la ampliación de su internado, o la construcción de la posta o del consultorio, o tomaba otra decisión; o si esa asignación presupuestaria no era posible -porque el proceso correspondiente se encontraba adelantado, o porque se carecía de experiencia sobre asignaciones específicas para entes como éstos recién creados- que, por lo menos, se permitiese a tales organismos acceder a un porcentaje, aunque mínimo, de los fondos de inversión de las respectivas municipalidades, o de los fondos regionales.
Lo que no corresponde -y a eso obedece mi crítica-, después de las explicaciones que se conocen a través de los medios de comunicación y de las respuestas no satisfactorias del señor Ministro, es continuar diciendo que aquí se va a invertir mucho, sin especificar cuánto ni cuándo. El señor Ministro se ha referido, incluso, a alguna inversión de carácter simbólico para construir una multicancha o cosas semejantes, según el mismo lo ha determinado, lo cual equivale a decir que no se dispone de recursos ni de marco presupuestario para enfrentar el problema.
De igual modo criticamos el centralismo con que se había conducido y decidido el proceso de constitución de los comités. Reiteramos esa crítica. Se me ha dado como respuesta que han sido los gobiernos regionales y sus consejos los que decidieron. Sin embargo, según la información de que dispongo, el Ministerio de Planificación envió unas pautas y pidió a esos consejos que eligieran una de entre cinco o seis comunas, lo cual significa conducir un proceso.
Los gobiernos regionales no tuvieron la capacidad para decir "Estas son nuestras comunas pobres"; sólo pudieron determinar cuál, de entre grupos de cuatro o cinco, nominarían. Y podía darse el caso de que existiera más de una comuna que tuviera la condición de pobre en cada conjunto.
En la zona de secano de la provincia de Ñuble, se hizo elegir al gobierno regional, con protesta de los consejeros, de entre cinco comunas, a una. Los consejeros estimaron que tal procedimiento era un agravio por lo menos para dos de ellas, además de la escogida, al no permitirles acceder al plan especial.
El centralismo con que esto se decidió quedó demostrado, además, por la circunstancia de que el cronograma de constitución de los Comités Comunales de Superación de la Pobreza fuese enviado desde el Ministerio de Planificación, pese a que los actos inaugurales siempre fueron presididos por una autoridad de carácter nacional, como un Ministro o a lo menos un Subsecretario.
Más aún: el acta de constitución del Comité fue un formulario con un texto único, con los espacios correspondientes en blanco para ser llenados con el nombre de la comuna, la fecha y los participantes que suscribían. ¿Habrá mayor manifestación de centralismo que la existencia de 71 actas de constitución de los Comités Comunales de Superación de la Pobreza iguales?
Pero hay más que eso: el Alcalde de Valparaíso, aquí, en la ciudad sede del Congreso Nacional, el 12 de noviembre, a través de la prensa, protestó porque en esos planes especiales y en la constitución de los mencionados Comités, el centralismo había llegado a límites intolerables; y él había tenido que aceptar una denominación, especificación y definición de sectores que, simplemente, no compartía. La crítica al centralismo, entonces, superó el juicio del Senador que habla y alcanzó también a autoridades comunales que no comparten nuestras ideas políticas.
Por último, criticamos el hecho de que la constitución de los Comités Comunales representaba el traspaso del problema de la pobreza a las municipalidades. Y lo justificamos, porque dijimos que el Comité Comunal para la Superación de la Pobreza está presidido por el Gobernador Provincial; pero lo integra el Alcalde de la comuna respectiva. ¿Cuál es -ésta es una pregunta obvia- la autoridad próxima de la jurisdicción de la comuna en que está instalado el Comité Comunal, que queda comprometida frente a su comunidad, con sus líderes y todos sus representantes, por los análisis y las priorizaciones que haga el respectivo comité? Indudablemente, el Alcalde. Y es esa autoridad -una vez más, como pasó con la administración de la salud primaria y la de los establecimientos educacionales- la que va a quedar comprometida. Y entiéndase bien: quedará en deuda respecto de las decisiones o recomendaciones que determine el Comité Comunal para la Superación de la Pobreza, en la perspectiva de tratar de superarla.
Señor Presidente -y con esto termino mi intervención-, sinceramente, creo que este programa debe ser ampliado a todo Chile. No hay ninguna justificación para que no se constituyan estos comités, aun en las comunas que cuenten con mayores recursos, pues ellas también tienen -según hemos tomado conocimiento- bolsones de pobreza muy importantes.
Creemos que estos comités comunales -los cuales tendrán acceso a información, a estadísticas y a una posible programación para dar solución al problema- deben participar, en alguna medida, en el porcentaje de gastos de inversión de los propios municipios o del gobierno regional; y ojalá que también puedan ser considerados, por lo menos, en las inversiones sectoriales de asignación regional correspondientes a los Ministerios de carácter social. Hacerlo de otra manera -éste es mi temor, y así lo he planteado en cada una de las oportunidades- nos arriesga a gastar la esperanza y la ilusión que, tal vez, estamos sembrando en muchas personas de escasos recursos de las diversas comunas de nuestro país, pues ellas verán que, después de un tiempo, nada de lo conversado, analizado, resuelto o propuesto se materializa, ante lo cual pueden tener una gran desilusión.
Una vez más lo digo: me gustaría equivocarme; pero mucho temo que éste no es más que un programa que se llevó adelante en forma muy rápida y al que hoy día se le intenta dar otro contenido, incluso manteniendo, a través de los medios de comunicación, una controversia artificial, cuando no engañosa y un poco irónica, respecto de mis planteamientos.
Porque deseo que en Chile superemos la pobreza y porque en esa tarea debemos comprometernos todos, mucho más allá de nuestras personales y legítimas posiciones políticas, religiosas o filosóficas, vuelvo a pedir que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el objeto de hacerle presente estos comentarios y para decirle que estamos dispuestos a sumarnos a cualquier iniciativa que tienda a superar de verdad en todo Chile, con mecanismos y financiamientos reales y concretos, el problema de la pobreza.
-Se anuncia el envío del oficio solicitando, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- No habiendo ningún otro Comité que desee hacer uso de la palabra, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:37.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción