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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en miércoles 2 de noviembre de 1994
Ordinaria
(De 15:53 a 22:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDES , PRESIDENTE,
Y RICARDO NUÑEZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA,
Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSE LUIS LAGOS LOPEZ
____________________
VERSION TAQUIGRAFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Bitar Chacra, Sergio
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Diez Urzúa, Sergio
-Errázuriz Talavera, Francisco Javier
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio .
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ominami Pascual, Carlos
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-VALDES Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros de Educación, de Obras Públicas, de Agricultura, y el señor Subsecretario de Agricultura.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 15:53, en presencia de 40 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACION DE ACTAS

El señor VALDES (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 31a, extraordinaria, en 7 de septiembre del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 33, extraordinaria, en 13 de septiembre del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA

El señor VALDES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "Suma", respecto del proyecto de ley que modifica la base de cálculo del beneficio de asignación de zona para los funcionarios públicos.
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, en el carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:

1.- El que regula el funcionamiento de las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes.

2.- El que crea el Fondo de Compensación de Dividendos de Préstamos Hipotecarios para la Vivienda.

3.- El que establece la obligación de instalar un sistema de posicionamiento geográfico automático, con apoyo satelital, en naves pesqueras que indica.
-Se tienen presentes las urgencias, y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Con el quinto retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "Suma", al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica para el Desarrollo de los Pueblos Andinos y la Protección de los Camélidos Sudamericanos, suscrito entre los Gobiernos de Chile y de Perú, en 1994, y su Protocolo Adicional, mediante el cual la República de Bolivia se incorporó como suscriptor del mismo.
Con los dos últimos retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "Simple", a los proyectos de ley que se mencionan:

1.- El relativo a la composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y modificaciones a los recursos de queja y de casación.

2.- El que dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos con el Banco Central de Chile.
-Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 10 y 24 de noviembre del presente año, ambos inclusive, con la finalidad de asistir a la Reunión de Líderes de APEC, que se efectuará en Yakarta, Indonesia, y efectuar una visita de trabajo a Japón y una visita oficial a Corea. Agrega que, con motivo de una escala técnica, visitará, además, Australia.
Asimismo, comunica que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro del Interior, don Carlos Figueroa Serrano.
-Se toma conocimiento.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que solicita información recabada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, relativa a la votación de cada uno de los incisos del artículo 16 del proyecto que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la ley N° 18.403.
-Se manda contestarlo.
Del señor Presidente del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de su Ley Orgánica Constitucional, remite copia autorizada del requerimiento formulado por cuarenta señores Diputados para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 36 del proyecto de ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Funcionales, y de la providencia recaída en aquél.
-Se manda contestarlo.
Del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), referido a la conveniencia de presentar a tramitación un proyecto de ley que recoja las ideas contenidas en un anteproyecto elaborado por Su Señoría, que autoriza a la Municipalidad de Estación Central, Región Metropolitana, para ejecutar acciones destinadas a regularizar los títulos de dominio del conjunto habitacional denominado "Villa Portales".
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que responde un oficio enviado por la Corporación, a proposición de la Comisión de Defensa Nacional, relativo a un proyecto de ley, que constitucionalmente debiera iniciar el Presidente de la República, por el cual se otorguen los fondos necesarios para la construcción de un sepulcro digno que albergue los restos del General Manuel Baquedano.
Del señor Ministro de Salud, con que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei (don Arturo), relativo a una eventual discriminación que afectaría a las matronas que trabajan adscritas al sistema de libre elección del Fondo Nacional de Salud, FONASA.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero da respuesta a Un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a problemas que afectarían a industriales pesqueros de la Undécima Región.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bitar, relativo a un estudio de evaluación de los costos de funcionamiento del Congreso Nacional en Valparaíso.
Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, respecto a un terreno donado por vecinos de Villa Ñonguén, de la ciudad de Concepción, a Carabineros de Chile, con el propósito de construir un cuartel policial.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, relativo a los alcances que tendría la modificación al reglamento del artículo 11 de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercaderías al país.
Del señor Intendente de la Región del Biobío, y del señor Alcalde de Concepción, con los que contestan sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Cantuarias, referidos a la necesidad de precisar las líneas de edificación de la calle O'Higgins, de Chiguayante, comuna de Concepción.
Del señor Presidente del Banco del Estado de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a la situación que afecta a la señora Jacqueline Albarracín Ruiz.
Del señor Gerente General de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad del cruce ferroviario existente en la Población Arrau Méndez, de la ciudad de Parral.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la base de cálculo del beneficio de asignación de zona para los funcionarios que señala. (Con urgencia calificada de "Suma"). (Véase en los Anexos, documento 1).
-Queda para tabla.
Moción
Del Senador señor Errázuriz, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica los N°s. 9° y 10° del artículo 32, y el artículo 5O de la Carta Fundamental, en materia de designación y remoción de embajadores, a la vez que otorga al Congreso Nacional atribuciones que señala, en materia de aprobación de tratados internacionales.
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
De la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, con la que reitera su interés en efectuar una exposición ante el Senado, en la oportunidad que fije esta Corporación, sobre la Conferencia de Población y Desarrollo, efectuada en El Cairo, en la cual le correspondió presidir la delegación de nuestro país.
-Pasa a Comités.
El señor VALDES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DIA



MODIFICACION DE DECRETO SUPREMO N° 294, DE 1984, DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS


El señor VALDES (Presidente).- Corresponde seguir ocupándose en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto supremo MOP N° 294, de 1984, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, Ley de Caminos, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 7 de septiembre de 1993.
Informes de Comisión:
Obras Públicas, sesión 9ª, en 5 de julio de 1994.
Obras Públicas (segundo), sesión 27a, en 31 de agosto de 1994.
Discusión:
Sesiones 13ª, en 14 de julio de 1994 (se aprueba en general); 1ª, en 4 de octubre de 1994 (se suspende su discusión).

El señor VALDES (Presidente).- Hago presente a la Sala que los Comités han acordado discutir y votar la iniciativa antes de las 17:30, y a contar de esa hora, en la segunda parte de esta sesión especial, abocarse a los problemas de la agricultura, con participación del señor Ministro del ramo.
El señor Secretario va a dar cuenta de lo informado por la Comisión.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión deja constancia de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política de la República, el texto modificatorio del artículo 41°, inciso segundo, requiere para su aprobación de quórum orgánico constitucional, esto es, de los cuatros séptimos de los Senadores en ejercicio (26 votos); y que el artículo 2° es de quórum calificado, por lo que necesita para aprobarse la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio (24 votos).
Asimismo, para los efectos del artículo 124 del Reglamento, hace constar que no hubo artículos que no fueran objeto de indicaciones, como tampoco preceptos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas; que sólo fue objeto de indicaciones rechazadas el artículo 1°, N°s. 1 y 4, las que pueden ser renovadas con las firmas de 10 señores Senadores, o por el Ejecutivo, en su caso; las indicaciones aprobadas con modificaciones y sin ellas, que se detallarán más adelante; las indicaciones rechazadas: N°s. 1, 2, 5 (letra b), 5 y 6 (letras c), d) y e), 7, 8 y 13 (pueden renovarse, en la forma que señalé), y que no hubo indicaciones retiradas, ni declaradas inadmisibles.
Por último, la Comisión propone diversas enmiendas al proyecto del primer informe.
En la sesión en que se comenzó a tratar esta iniciativa, la Sala despachó hasta las indicaciones renovadas N°s. 5 y 6, letra b), que fue rechazada, por lo que en esta oportunidad corresponde analizar las letras c), d)y e).
La letra c) tiene por objeto suprimir, en el inciso tercero del artículo 42°, la frase "y previo pago de los derechos correspondientes,".
El referido inciso tercero del articulo 42° consigna lo siguiente: "Sin perjuicio de sus atribuciones, la Dirección de Vialidad podrá autorizar, en la forma y condiciones que ella determine, con cargo a sus respectivos propietarios, y previo pago de los derechos correspondientes," -esta última es la frase que se propone suprimir- "la colocación de cañerías de agua potable y de desagüe; las obras sanitarias; los canales de riego; las tuberías o duelos para la conducción de líquidos, gases o cables; las postaciones con alambrado telefónico, telegráfico o de transmisión de energía eléctrica o fibra óptica y, en general, cualquier instalación que ocupe los caminos públicos y sus respectivas fajas de dominio público u otras obras viales regidas por esta ley.", etcétera.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión.


La señora FELIU.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU.- En relación con el paso de líneas o ductos de agua potable, energía eléctrica, cañerías, etcétera, hay dos referencias en el artículo 42° del texto vigente de la Ley de Caminos, que establece: "La Dirección de Vialidad autorizará la instalación y paso por los puentes, de tuberías para la conducción de líquidos, gases o cables, y de postaciones con alambrado telefónico o de corriente eléctrica, siempre que no afecte su estabilidad.". Esto respecto de los puentes.
En cuanto a los caminos, la misma norma precedentemente citada dispone: "Las líneas de teléfono, de telégrafo y de transmisión de energía eléctrica; las cañerías de agua potable y de desagües, sólo podrán colocarse, en los caminos públicos, con autorización de la Dirección de Vialidad y en la forma y condiciones que ella determine.".
El texto del primer informe de la Comisión de Obras Públicas, en términos similares, establece: "Sin perjuicio de sus atribuciones, la Dirección de Vialidad podrá autorizar, en la forma y condiciones que ella determine, con cargo a sus respectivos propietarios, y previo pago de los derechos correspondientes, la colocación de cañerías de agua potable y de desagüe;", etcétera. El texto del primer y segundo informes innova respecto de la norma vigente, en lo relativo a que la facultad de instalar estos ductos -más amplia en la presente disposición, porque se refiere tanto a caminos como a puentes- se autorizará "previo pago de los derechos correspondientes". En conjunto con otros señores Senadores, coincidimos en presentar una indicación al texto del primer informe para suprimir esta frase porque ella generaba numerosas dificultades.
En primer término, de acuerdo con la legislación vigente, las concesiones de electricidad, de gas y otras, están exentas del pago de aquellos derechos y pueden acceder (en virtud del propio sistema de la concesión reglado por una ley especial) gratuitamente a la colocación de tuberías, ductos, etcétera.
En segundo lugar, como a raíz de la indicación se hizo ver que ésa era la situación jurídica vigente, se incluyó en el segundo informe una disposición para establecer que el pago de los derechos no afectaría a los actuales concesionarios, quedando los nuevos concesionarios en desigualdad de condiciones, pues éstos deberán soportar un costo que no pesa sobre los anteriores, ya que están amparados por/una legislación que les da ese derecho en forma gratuita.
Sobre ese particular, estimo inconveniente alterar el sistema de concesiones de servicios públicos en una normativa que no es pertinente. La Ley de Caminos regula las funciones de la Dirección de Vialidad, pero no el sistema de concesiones. Es posible que los señores Senadores que han planteado la conveniencia de que deben considerarse todos los costos, tengan mucha razón; pero la materia debe analizarse desde el punto de vista de la legislación que rige las propias concesiones.
Además, hay que recordar que la actual estructura tarifaria de todas las empresas concesionarias opera sobre la base de la eficiencia, tomando en cuenta los costos respectivos. Al alterarse la modalidad vigente exigiendo pago por la utilización de un bien nacional de uso público, se está incluyendo un nuevo costo para las personas que pagan las correspondientes tarifas de electricidad, de gas, etcétera, porque éstas se fijan según los costos de cada empresa y sobre la base de una actividad eficiente que reducirá al mínimo sus recursos destinados a personal e insumos. Al agregar un gasto más, las tarifas van a verse recargadas.
De acuerdo con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 323, de 1931, Ley General de Servicios de Gas (objeto de numerosas modificaciones, entre ellas la contenida en la ley N° 18.856, que regla el transporte, distribución y régimen de concesiones del gas), "Las concesiones de servicio público de distribución de gas y de redes de transporte de gas crean en favor del concesionario el permiso para ocupar con su red y dispositivos afectos a ella" determinados "bienes nacionales de uso público".
El artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982 (cuya última modificación está en la ley N° 19.203), que se refiere al régimen de concesiones y tarifas de la energía eléctrica, dispone: "Las concesiones de servicio público de distribución otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en la zona de concesión"., etcétera.
Finalmente quiero recordar que en dictamen 1.009, de 1987, la Contraloría General, al pronunciarse sobre la posibilidad de establecer un pago relacionado con una concesión de esta naturaleza, dejó establecido que realmente estas concesiones deben regirse por las leyes que las establecen, y que son sus normas las que disponen los pagos que correspondan a los concesionarios, sin que puedan imponerse nuevos pagos por otro tipo de concesiones que entrarían a superponerse.
Por todas estas consideraciones, creo que debe aprobarse la indicación renovada consistente en suprimir lo referente al "previo pago de los derechos correspondientes" en el artículo 42 de la Ley de Caminos.
He dicho.

El señor ERRAZURIZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, debo indicar que, al analizar el proyecto de ley misceláneo que envió el Ejecutivo, nos pareció adecuado proponer que en el futuro se pague por el uso de las fajas de los caminos públicos, que hasta ahora venían siendo ocupadas en forma totalmente gratuita por empresas estatales, hoy privatizadas.
Cabe señalar que cualquier concesión es pagada; que cualquier servicio o servidumbre son pagados; que todo agricultor o minero que lleve electricidad a sus faenas debe pagar por la servidumbre correspondiente. Por lo tanto, a la Comisión le pareció -y así lo aprobó- que no había razón alguna para que, en el caso específico de las fajas de los caminos públicos, pudieran continuar siendo ocupadas por empresas que hasta ahora, habiendo sido estatales, las usaban en forma gratuita.
Todo el mundo sabe que hay que pagar por los servicios que se utilizan: la tarifa del taxi que nos traslada; las contribuciones por nuestra propiedad, etcétera. Y no veo razón para que empresas grandes, importantes, poderosas, de electricidad, de agua, de gas, de telefonía, de multimedios o de lo que fuere, ocupen aquellos recursos en forma gratuita. Por eso es que se estableció que el uso de las fajas debía condicionarse al pago de los respectivos derechos. Es más: en la eventualidad de que hubiera más de una persona o empresa interesada en el uso del mismo servicio, se discutió la posibilidad de que éste debía licitarse, en una operación transparente, para asignarlo a quien ofreciera más. Hoy día hay empresas que pagan, por ejemplo, por el uso de ferrocarriles, de sus propias vías, de sus propias instalaciones; y, sin embargo, otras no pagan nada porque pasan por fajas de caminos públicos.
Los proyectos de gas que se están estudiando hoy posibilitan la construcción de verdaderos caminos, porque los ductos respectivos, siendo subterráneos, permiten, por ejemplo, usar todo lo que corresponde a las. fajas de caminos. De otro modo, el Ministerio de Obras Públicas no podría cobrar. Lo obvio es que ese negocio particular afronte el costo, porque la alternativa sería pagar a diversos predios agrícolas las servidumbres por el uso de los terrenos que se necesitan para tender las cañerías. Siendo ésa la alternativa, lo lógico es que el Estado también cobre.
Hemos propuesto que los recursos así recaudados no se destinen a fines generales, sino a la construcción de las vías que faltan. Por eso, en el mismo proyecto, en el articulado que se analizó en sesión anterior y en el que vamos a ver ahora, hay toda una concepción de modernidad que permite al Ministerio concesionar las obras públicas existentes. De esta forma podrían habilitarse nuevos caminos, fundamentalmente agrícolas, olvidados, para llegar a zonas de pobreza con el propósito de erradicarla; y a zonas de riqueza, para desarrollarlas aún más.
En consecuencia, no existe justificación lógica para seguir permitiendo que empresas, que ayer fueron estatales y que ocuparon fajas de caminos públicos gratuitamente (porque era lo mismo que traspasar la plata de un bolsillo a otro), hoy, estando privatizadas, continúen sin pagar.
Se han resguardado también, mediante un artículo transitorio, los derechos a que se refiere el inciso tercero del artículo 42 del decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, de manera que "sólo serán exigibles respecto de aquellos permisos y contratos de concesión, otorgados con posterioridad a la publicación de esta ley," con el objeto de no afectar derechos adquiridos y, además, para que, una vez vencido el permiso de las empresas que hoy día ocupan gratuitamente las fajas, que son de propiedad de todos, se tenga que pagar, pero sin que se afecten los derechos que puedan haberse adquirido con anterioridad a la promulgación de la ley.
En consecuencia, me parece evidente que el Estado debe ser eficiente; le exigimos eficiencia y le pedimos que concesione obras públicas. Y es obvio que también debe concesionar las correspondientes fajas de los caminos públicos, entre las cuales -tal como lo dijo la señora Senadora que me precedió en el uso de la palabra- caben todas las instalaciones de gas, concesiones que incluso podrían financiar en forma muy importante obras públicas en la segunda vía que va de Santiago al sur. Es sabido que uno de los costos más elevados de la construcción de un gasoducto tiene que ver con el paso de los ríos, la expropiación y las servidumbres en diversas propiedades agrícolas. Reitero: de esta manera se podrían allegar recursos importantes para la construcción de la segunda vía en la Ruta 5.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, quiero ser muy breve al referirme al tema que se encuentra en discusión en el Honorable Senado.
¿Cuál fue el propósito original que tuvo el Ejecutivo al enviar este proyecto de ley? Algo muy simple. La Dirección de Vialidad está facultada para entregar la utilización de las fajas de caminos públicos, sea -como aquí se ha dicho- para instalación de ductos, de postaciones eléctricas, de servicios sanitarios u otros, prácticamente sin costo alguno para las empresas respectivas. La situación se produce en virtud del inciso segundo del actual artículo 42 del decreto supremo 294, que establece que "En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del interesado". ¿Y quién es el interesado, la empresa eléctrica o el Ministerio de Obras Públicas, cuando se desee ampliar un camino? Hasta ahora se ha dicho que lo es quien tenga interés en introducir una modificación. Es decir, la postación eléctrica se colocó por autorización gratuita de dicho Ministerio, y éste decide ampliar el camino a una doble vía. Entonces, será necesario trasladar esa postación y ese cambio debe ser con cargo al Ministerio, en circunstancias de que la utilización de la faja correspondiente, que le pertenece, fue entregada gratuitamente. Por lo tanto, en esta materia debe hacerse una distinción acerca de quién es el interesado. ¿Será el interesado original -la compañía de electricidad- en obtener la postación, o el interesado inmediato -el Ministerio de Obras Públicas- en hacer el traslado? Es un tremendo costo el que paga anualmente este último para llevar de un lugar a otro bienes pertenecientes a empresas, que, por concesión graciosa de esta propia Secretaría de Estado, se ubican en las fajas.
¿Qué propusimos? Algo muy simple: que el traslado sea con cargo a las empresas, porque, de lo contrario, la tendencia natural del Ministerio será no aceptar ninguna instalación en la vera de los caminos públicos, pues, cuando se desee ampliarlo, hacerlo más eficaz desde el punto de vista ingenieril o disminuir el número de curvas, se tendrá que realizar un nuevo trazado, es decir, el establecimiento de otra vía y, junto con ello, la consideración de todos los elementos adyacentes a la misma.
Esta situación le pareció anómala a antecesor. De ahí, entonces, surgió la idea de enviar un proyecto de ley al Parlamento. Durante la discusión se concluyó que el asunto era inadecuado, y hubo una sugerencia legislativa -a mi juicio, importante- en el sentido de entender que lo que el Ministerio estaría haciendo es entregar una concesión a las empresas que deseen instalarse en la faja de los caminos públicos que son de competencia de la Dirección de Vialidad.
¿De qué estamos hablando aquí? De una faja de 80 mil kilómetros de caminos a cargo del Ministerio de Obras Públicas, cuyo valor alguien podría estimar en aproximadamente 900 millones de dólares, que pertenecen a todos los chilenos. Y en el presupuesto de este año se está gastando mil 528 millones de pesos sólo por concepto de expropiaciones; una vez construido el camino, el Ministerio tiene que entregar gratuitamente la utilización de la faja; y si, por alguna razón, el camino sufre alguna alteración, su costo no sólo tiene que ver con la nueva obra, sino también con el traslado de postes eléctricos, de cañerías, etcétera.
Esto no me parece adecuado. ¿Y por qué lo considero así? Porque, a mi juicio, hoy día existe un alto grado de consenso en el país y en el mundo en el sentido de que el uso de la infraestructura debe pagarse. He escuchado prácticamente a todas las fuerzas políticas decir que es justo que se pague por ello; es justo que, si una persona se traslada desde el punto A al punto B, pague un peaje. El uso de la infraestructura -con los 8 mil puentes que hay- por parte de quien la solicita permanentemente, las 24 horas del día, se entrega gratuitamente. Reitero: esto no me parece adecuado. No es justo que el automovilista pague un mil 200 pesos por trasladarse de Santiago a Valparaíso y que las empresas -sea la CTC, VTR, Bell South o la Compañía de Electricidad- utilicen gratuitamente la faja del camino, ya que, ciertamente, en el cálculo de las tarifas que pueden cobrar se considera un pago por el derecho de paso, que es un promedio nacional. Porque si no existe camino, ¿por dónde pasarían las instalaciones de las empresas? Sin embargo, el camino está, puesto que en algún momento el Estado pagó por él. Sin embargo, aparentemente no tenemos derecho a cobrar por ese concepto. Pero ¿en qué quedamos? El modesto automovilista paga; la empresa no paga.
¿Y por qué no paga? Efectivamente, hay normas legales que liberan de pago a ciertas empresas. Así es. ¿Y qué se dice en el caso de las empresas de obras sanitarias? Que las concesiones para establecer, construir y explotar servicios públicos, destinados a producir agua potable, recolectar aguas servidas y disponer aguas servidas, otorgan derecho a usar, a título gratuito, bienes nacionales de uso público para instalar infraestructura sanitaria, en las condiciones dispuestas por las respectivas municipalidades, cuando estas instalaciones pudieren afectar el normal funcionamiento del bien nacional de uso público. En otras palabras, la legislación pertinente consideró que se requería de una disposición legal para que fuere gratuito el acceso de las empresas sanitarias. Y de más está decir que casi la totalidad de ellas -como lo manifestó un señor Senador que precedió a mi intervención- era de carácter público. Es importante tener presente este hecho cuando se plantee el tema de la privatización de estas empresas, que fue lo que ocurrió en su momento respecto de otras empresas, como las eléctricas.

El señor PIÑERA.- ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Ministro, con la venia de la Mesa?

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Terminaré mi explicación, y después le concedo una interrupción con el mayor gusto, señor Senador.
Hoy día existe un cierto modo de entender el financiamiento de la infraestructura, que antes se apreciaba como exclusivamente público. Ahora se piensa en una infraestructura que puede y debe tener financiamiento privado. ¿Cuándo? Cuando, por el uso de esa infraestructura se puede cobrar, dando lugar a un flujo que, calculado a su valor presente, puede interesar a un particular a materializar esa obra. Estamos pasando, entonces, a una concepción distinta en materia de infraestructura. Prácticamente el grueso de ella se hizo en Chile con recursos públicos, y en la idea de que su utilización es gratuita. Hoy día entendemos algo muy distinto: que no es posible seguir manteniendo una utilización gratuita de la infraestructura y hay que pagar por su uso.
¿En virtud de qué, entonces, un capital de 900 millones de dólares, que representa el valor del camino en cuanto terreno -no del camino terminado, que supera los 10 mil millones-, se entrega gratuitamente? El argumento es: hay empresas que ya se hallan favorecidas por ese mecanismo. Me parece discutible este punto de vista.
Tengo aquí el grueso de los contratos que se celebran con las empresas, que son contratos estándar y establecen las mismas cláusulas. En todos ellos se estipula, por ejemplo, la vía de la erogación para compensar los costos en que incurre el Ministerio por este motivo. Porque, ¿qué hacen otras empresas? Primero, se presenta la solicitud. "¡Ah! ¿Quiere que yo estudie la solicitud? Muy bien, señor, por estudiar la solicitud o el proyecto que usted me presenta me debe pagar 114 UTM, sólo por estudiarlo". Tengo conmigo una cotización hecha por la Empresa de Ferrocarriles a FRONTEL, distribuidora de electricidad de la zona sur, en donde, por cada cruce aéreo de la línea ferroviaria, esta empresa está cobrando: pago por una vez, 2 mil 280 millones de pesos; garantía de 113 UF, por 18 meses, 2 mil 260 millones; pago por cada renovación anual, 1 mil 153 millones, y esto -repito-, por cada paso aéreo sobre el tendido ferroviario.
¿Cómo sería la situación con una empresa privada? Cuando se produjo el desgraciado aluvión en Antofagasta, el Ministerio tuvo que habilitar un camino transitorio, por así llamarlo, el cual, para ejecutarse, debió tomar parte de la faja que estaba a la vera del tendido ferroviario de la correspondiente empresa del rubro. Fue materia de juicio y llegamos a los tribunales porque esa empresa, por supuesto, le cobraba al Ministerio de Obras Públicas por utilizar, de manera transitoria, una faja de terreno que en ese instante se encontraba en desuso.
En otras palabras, me cuesta pensar el tema en cuanto a si en este caso nosotros no podemos cobrar por su uso y debemos entregarla gratuitamente, porque eso podría afectar el sistema tarifario. Pero, si ello ocurre, lo que hemos escuchado siempre es: "No dar subsidios, pues si usted da subsidios asigna mal los recursos". ¡Y aquí estamos entregando un tremendo subsidio con cargo a fondos públicos! Si hay problemas de tarifas para los más desposeídos, tengo entendido que existen, allí sí, modalidades directas de subsidios para los más pobres. Pero no me parece razonable que con cargo al dinero de todos los chilenos, todos los chilenos paguen por el uso de la infraestructura, menos las empresas que tienen acceso gratuito a bienes que son de toda la comunidad.
Creo que daremos una pésima señal si este debate irradia la idea de que el propósito es la gratuidad en la utilización de la infraestructura. Quiero entender que el Parlamento no desea dar esa señal al país.
Sí considero importante hacer presente -y me preocupa- que, una vez entregada la faja, el Ministerio de Obras Públicas continúe teniendo gastos.
Todos los convenios incluyen una cláusula que dispone: "La responsabilidad de la compañía indicada" -sea VTR, CTC, eléctrica, etcétera; el artículo 14 se refiere a la responsabilidad de mantener en buen estado sus instalaciones, en fin-"será efectiva durante y después de efectuadas las instalaciones, y los costos que demanden las reparaciones de los daños que éstas pudieren causar, así como la ejecución de los trabajos necesarios y sus posibles consecuencias, tales como mantención del tránsito, señalización, etcétera, serán de cargo de la compañía, incluyendo posibles indemnizaciones a terceros por daños a la integridad física, a la propiedad particular y otros servicios existentes ubicados en la faja fiscal del camino que se puedan producir y que sean imputables a la compañía.".
¿Qué quiere decir esta disposición, contenida en todos los contratos? Que por contrato que nosotros damos, el Ministerio debe mantener personal para revisar el estado de las instalaciones y determinar si son o no un peligro para terceros o para el camino. No es un problema de decir: "Ahí está la faja, tire su "cablecito"", y olvidarnos de la cuestión. El Ministerio tiene que mantener personal para asegurarse de que todo esté funcionando adecuadamente. Eso significa que tenemos costos permanentes, y no por una sola vez, cuando se instala el "cablecito".
Me parece indispensable establecer una modalidad -haré estudiar el asunto desde el punto de vista de nuestra fiscalía- que permita efectuar un cobro anual por la utilización realizada, en atención a que la Cartera a mi cargo tiene un gasto anual por cada una de las situaciones existentes en los caminos de Chile.
Lo que no considero adecuado a estas alturas es que haya un grupo de chilenos -empresas muy distinguidas- con acceso gratuito a la infraestructura, mientras que otro conjunto de compatriotas deba pagar por su uso.
Estamos hablando de bienes de uso público, efectivamente, pero que tienen un costo. Y hoy estamos contestes en que si queremos contar con infraestructura adecuada, debemos cobrar por su utilización.
Finalmente, se dice que ello no se podría hacer porque hay empresas que no están pagando e implicaría un efecto retroactivo. Es el argumento que se ha empleado, y lo considero muy peligroso, porque, ¿qué haríamos ahora, entonces, cuando queremos recurrir, por ejemplo, al sistema de concesiones en la ruta 5? ¡Nunca habríamos podido establecer peajes en Chile, pues, en un momento dado, todos los caminos y su uso eran gratuitos! Y hemos impuesto peajes, en función de los cuales ha habido un progreso. Ahora queremos extenderlos también al resto de la ruta 5. El año pasado, un grupo de Parlamentarios estimó necesario recurrir al Tribunal Constitucional sobre esta materia, el cual opinó que aquí no hay derechos adquiridos. Y no los puede haber.
En consecuencia, el argumento de decir que hay empresas que ya tienen adquirido el derecho -a la concesión, sí- a la gratuidad de ella, teniendo en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas debe hacer un gasto por la concesión, me parece inadecuado.
Por lo tanto, creo que el planteamiento aquí hecho está acorde con la concepción moderna de infraestructura, porque, si tenemos que conceder gratuitamente el uso de la faja, no veo cómo mañana podremos pedir que el resto de los ciudadanos pague por el uso de la infraestructura. Es dentro de este contexto que el debate me parece muy de fondo, mucho más allá del tema en cuestión, que podemos mejorar mediante la técnica jurídica.
Mi interés es que el Honorable Senado realice un debate sobre el problema de fondo: ¿hay o no ciudadanos o empresas que se eximen del pago por el uso de infraestructura, mientras otros deben pagar por ella? Este es el asunto fundamental, porque, a mi juicio, resulta inadecuado que nosotros, como Ministerio, para trasladar un cambio o para ensancharlo, debamos cubrir los costos de las cañerías o de las instalaciones eléctricas, porque así se hizo en el pasado. Así se hizo en el pasado, porque la infraestructura se usaba gratuitamente por todos. Es distinto de lo que ocurre en la actualidad.
Lo que pido, por lo tanto, es una puesta al día en este punto como en otros, y también consecuencia en el sentido de que entendamos que no se puede cobrar a algunos y respecto de otros decir que la utilización de infraestructura es gratuita.
Gracias, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, quiero hacer una aclaración con respecto a lo planteado por el señor Ministro de Obras Públicas.
La verdad es que, como muy bien lo expresó el señor Ministro, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se refiere a la materia en el inciso final del artículo 42, que dispone que cuando sea necesario hacer un cambio en el camino, el traslado de las instalaciones será de cargo del interesado. Eso es lo que se planteó en la iniciativa y sobre lo cual hubo debate en la Comisión. Se trata de un inciso, objeto de una indicación, como consta en el segundo informe, que establece una doctrina determinada, y nos podemos referir a ella después. Ese es el tema.
Respecto del asunto de fondo -tal como lo planteó el Ministro de Obras Públicas-, tocante a la frase "y previo pago de los derechos correspondientes", a mi juicio, debe hacerse un estudio en profundidad que incluya las leyes sobre concesiones, porque hoy día esta materia se encuentra reglada en varios cuerpos legales y en numerosos contratos.
Por otro lado, el señor Ministro hizo presente que en Derecho Público no hay derechos adquiridos. Efectivamente, no hay derechos adquiridos en el aire -por decir así-, que se incorporen al patrimonio de las personas. Por ejemplo, antiguamente se podía utilizar la ruta 5 sin pagar peaje, y ello no significó incorporar al patrimonio de todos los chilenos el derecho a usar dicha ruta, aun cuando pasaran 10 veces en el día. Eso no crea un derecho. Pero la persona que ha celebrado un contrato con el Estado en virtud del cual debe hacerse cargo de determinados costos y está exenta del pago de otros, sí incorpora en su patrimonio un derecho. El señor Ministro ha estudiado contratos; la Senadora que habla, las leyes. Y éstas señalan que, cuando se celebra un contrato y tales derechos -que pueden ser modificados en el futuro- se concentran en una persona determinada, natural o jurídica, esta incorpora en su patrimonio un derecho a usar los caminos en las condiciones que establece el actual artículo 42 de la Ley de Caminos y su correspondiente contrato de concesión, ya sea de gas, de electricidad o el que fuere, es decir, se le reconoce el derecho a utilizar los bienes nacionales de uso público para toda clase de postaciones sin pago alguno. Cuando firmó el contrato de concesión, incorporó tal derecho en su patrimonio, y éste no puede ser alterado por una normativa dictada posteriormente, salvo que ella sea expropiatoria y contemple, en consecuencia, la indemnización correspondiente. En este caso sí hay derecho adquirido, y no cabe plantear que en Derecho Público no existe tal derecho. Los concesionarios de servicios eléctricos, de gas; las empresas de obras sanitarias, etcétera, que han celebrado un contrato de concesión con el Estado tienen paso gratuito por un bien nacional de uso público.
El tema es interesante. Sin embargo, al estudiarlo debemos analizar qué consecuencias tendrá respecto de cada una de las leyes de concesión, y examinar a su vez cómo fijará el derecho la Dirección de dad.
En el mismo inciso donde se establece el previo pago de los derechos, a continuación se preceptúa: "El valor de los derechos se licitará cada vez que haya más de un interesado". Cuando existan muchos interesados, no se licitará. ¿Quién determina tales valores? Incluso, en otro artículo del proyecto en debate se consagran los recursos que ingresan al patrimonio de la Dirección de Vialidad, pero no se especifica dónde van éstos, ¿quizás pasan a rentas generales? El aspecto en comento requiere, a mi juicio, un estudio de fondo, que, además, considere qué ocurre frente a las disposiciones actualmente vigentes, porque esto las afecta de manera directa, sin modificar las normas sobre concesiones eléctricas, de gas o de servicios sanitarios. A esta materia me he referido, pues creo que no debe regularse así, al paso, al tratar las facultades de la Dirección de Vialidad, porque la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas se refería - reitero - al último inciso del artículo 42, es decir, cuando se cambia el trazado, ¿de cargo de quién debe ser la modificación de las líneas o de las postaciones?
Aquí se ha planteado otro tema, que la Comisión no estudió, tocante a que la Dirección de Vialidad tendría costos directos derivados de la mantención de las líneas, ya sea por el cruce de caminos o de puentes. Perfecto, pero deberemos analizarlo, porque el proyecto de ley en debate no se refería a esa materia, y aquí estaríamos legislando, a mi modo de ver, en un aspecto tan importante, que el día de mañana puede tener repercusiones en las tarifas que deben pagar las personas por utilizar estos servicios, en circunstancias de que no hemos estudiado qué ocurre respecto de cada una de las concesiones y cómo puede legislarse a fin de determinar una correcta aplicación esta preceptiva en el tiempo, esto es, qué contratos se afectan y cómo se afectan.
He dicho, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, deseo formular dos preguntas al señor Ministro. En primer lugar, respecto de algo que se acaba de señalar.
El proyecto de ley establece que en caso de que haya más de un interesado y de que no se puedan satisfacer todos los requerimientos, se licitarán públicamente las concesiones, lo cual da a entender un procedimiento no discriminatorio entre las distintas partes. Pero nada se dice cuando haya un solo interesado. Entonces, considero importante que en esta materia exista claridad en cuanto a los criterios o normas básicas que aplicará el Ministerio del ramo para determinar tales derechos, porque si esto no se encuentra regulado, a través de la fijación de los derechos podrían alterarse las posibilidades de llevar adelante proyectos de esta naturaleza.
En segundo término, el artículo transitorio plantea que tales derechos "sólo serán exigibles respecto de aquellos permisos y contratos de concesión, otorgados con posterioridad a la publicación de esta ley.". ¿Hasta qué punto la diferenciación entre empresas que obtuvieron sus concesiones antes y después de la publicación de la ley puede realmente imposibilitar la competencia en igualdad de condiciones de éstas? ¿Cuál es la magnitud de esos derechos con relación a los costos totales de las empresas que utilizan las vías?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, el propósito es establecer el valor de los derechos en función de los costos que implica aceptar y autorizar las concesiones. En consecuencia, el criterio básico es identificar el mayor costo que significa para el Ministerio el estudio de los proyectos, su aceptación, la instalación respectiva, etcétera, y luego, los gastos anuales que esto representaría para la Secretaría a mi cargo.

El señor PIÑERA.- ¿Eso figura en la iniciativa, señor Ministro?

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- No, obviamente, no aparece en el proyecto. La forma de hacerlo es de común acuerdo con la empresa interesada.

El señor PIÑERA.- Pero el criterio que acaba de anunciar, señor Ministro, no se encuentra establecido en la normativa en estudio. Sería interesante que formara parte de la historia de la ley.

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Actualmente, en los distintos contratos se estipula una erogación que deben hacer las empresas respectivas, por un monto bastante menor, y no forma parte de la concesión.
En el caso de Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, el viejo selector ahora será reemplazado por la fibra óptica, porque una de las empresas consideró más adecuado negociar con dicha Empresa, y ésta efectúa los cobros correspondientes.
En segundo lugar, respecto de qué ocurrirá a futuro, efectivamente, si se aprueba una disposición como ésta, todas las empresas deberán pagar ciertos costos. Sin embargo, en el cálculo de las tarifas, al menos en lo que dice relación a las empresas distribuidoras de electricidad, el monto de ese pago será ínfimo, comparado con el mayor valor que significa para las empresas eléctricas pasar por predios privados.
En consecuencia, no creo que esto tenga gran incidencia desde el punto de vista tarifario. En todo caso, podría hacerse el análisis correspondiente, pero no me parece que ello dificulte la competencia entre empresas. Cuando se observa, por ejemplo, con motivo del multicarrier, lo que se ha gastado en el último tiempo en materia de publicidad, nos damos cuenta de que, obviamente, eso está a años luz de los valores que se encuentran pagando las distintas empresas al Ministerio de Obras Públicas por la utilización de la franja.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, el debate que estamos realizando aquí representa un elemento muy de fondo, sobre todo, para las políticas futuras en cuanto al tema de las concesiones.
Considero que el principio introducido en el artículo 42, de otorgar concesiones previo pago de derechos, es muy lógico desde el punto de vista del interés del país en su conjunto. Como muy bien señaló el señor Ministro, se trata de empresas privadas que cobran tarifas y tienen utilidades, y lo justo es que si otros chilenos pagan por la utilización de bienes de uso público, no existen razones para eximir de ello a dichas empresas.
La observación de la Senadora señora Feliú debemos analizarla en forma diferente. Primero, estudiar de qué tipo de contrato se trata; si es a plazo definido o indefinido. Por supuesto, si el Ministerio de Obras Públicas ha celebrado con alguna empresa un contrato por plazo definido, no podrá desahuciarlo en virtud de nuevas disposiciones con efecto retroactivo; pero si se trata de uno de tracto sucesivo o de plazo indefinido, indiscutiblemente, podrá aplicarlas.
De ahí que, en mi opinión, lo primero que debemos resolver es si consideramos o no consideramos justo cobrar a determinadas empresas privadas con fines de lucro por el uso de bienes nacionales de uso público; si creemos bueno o malo mantener una discriminación respecto de ellas, no exigiéndoles pago alguno por la utilización de esos bienes que otros chilenos sí deben pagar. Esa es la primera determinación que debemos tomar, y nos habrá de servir de norma en lo futuro, porque este tema va a ser recurrente. Me parece lógico que se pague por tal concepto; y no veo qué posición adoptaremos cuando debamos discutir, por ejemplo, la necesaria ampliación del sistema de concesiones, al hacer una excepción en la materia, a pesar de no involucrar costos de mucha trascendencia para las empresas en cuestión.
Ahora, si el tema está resuelto y todos estamos convencidos de que se debe pagar por el uso mencionado, no cabe hacer discriminación alguna, aunque en el pasado se diera un tratamiento diferente seguramente, porque en el país no existía el concepto de concesión remunerada, porque esta era gratuita y con mayor razón en el caso de empresas estatales de utilidad pública. Por ello, carecía de importancia económica la compañía de teléfonos o de electricidad pasara sus ductos por los caminos, franjas adyacentes o puentes. Pero, cuando la economía ha puesto el acento fundamentalmente en lo privado, el concepto cambia, y es necesario cobrar. Ese es el principio que debemos aceptar -por lo demás, así ocurrió en la Comisión-: resulta lógico y conveniente que en adelante las empresas paguen por este concepto. Por supuesto, la normativa no debe tener efecto retroactivo ni afectar contratos de plazo fijo, sino únicamente a todas las nuevas concesiones y a las actuales otorgadas según contratos de plazo indefinido o de tracto sucesivo.
Por otro lado, me parece bueno también precisar quién es el interesado. En esto debemos ser lógicos. Si yo permito que alguien ocupe gratuitamente algo mío y el día de mañana necesito recuperarlo, lo natural sería que el beneficiado costeara su traslado y no que el dueño de la cosa, pagase por tal concepto. De modo que al respecto me parece absolutamente acertado lo que señala el artículo 42° propuesto: que quien ha recibido un beneficio gratuito, sometido a la necesidad de trasladar sus instalaciones por requerimiento del país o de la sociedad, lo haga asumiendo los costos que de ello se deriven. Me parece que debemos aprobar el texto sugerido.

El señor URENDA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, deseo hacer un par de observaciones a propósito de este interesante debate.
En primer lugar, a mi juicio, tiene toda la razón el proyecto al modificar las normas vigentes a fin de que cuando se haga necesario efectuar un traslado de instalaciones adyacentes a las vías -sea para rectificarlas o mejorarlas-, sean los propios concesionarios quienes lo costeen, porque, al estar utilizando un bien nacional de uso público, no parece lógico que sea el Ministerio el que lo haga.
Sin embargo, disiento del señor Ministro en lo siguiente. No se puede comparar el uso del camino o de las vías que hacen las empresas de utilidad pública -esto es, poner una cañería enterrada o una postación- con el que hacen los vehículos o el ferrocarril, porque aquéllas no producen desgaste alguno y éstos sí. Y las empresas concesionarias que utilizan camiones, deben pagar peaje -cuando lo hay- por el uso que hacen del camino. Por lo tanto, no se puede decir que algunos chilenos pagan y otros, no; eso no es efectivo. Ocurre que las empresas en cuestión no gastan la infraestructura; simplemente aprovechan su trazado. Tal vez, cuando se afirman en los puentes, podría decirse que en cierta forma están aprovechando la infraestructura. Pero, en verdad, el concesionario que realiza una postación o que entierra una cañería no gasta en manera alguna el camino.
Reitero, pues, que la comparación no me parece válida. Se trata de dos situaciones completamente distintas.
En cuanto a los peajes, soy partidario de que en el caso de obras nuevas en reemplazo de otras, se pague peaje; pero recordemos que en casi todo el mundo se acepta esa institución cuando hay una vía de alternativa. No se paga cuando resulta forzoso pasar por un camino, sino solamente tratándose de una obra nueva, un mejoramiento, un túnel. En el caso de El Melón, por ejemplo, la persona puede no pasar por el túnel, pero si lo utiliza, paga. Establecer un peaje obligatorio, en cambio, me parece que es desvirtuar el sistema.
Reconozco que, dadas nuestras muchas falencias, es necesario allegar fondos para superarlas; y que, seguramente, sobre la base de las concesiones, será indispensable pagar peajes aun respecto de rutas sin alternativa. Por ejemplo, si el día de mañana se entrega en concesión privada la construcción de la doble vía desde Santiago a Puerto Montt, habrá que aceptar el cobro, pues, no hay vías alternativas, a no ser caminos interiores de tierra. En tal eventualidad, la filosofía del peaje no se aplicaría, pues las necesidades del país así lo exigen.
Por último, señor Presidente, reitero que no me parece justo comparar a los concesionarios de servicios de utilidad pública -gas, agua potable, teléfonos, luz- con los usuarios de los caminos, pues los primeros no afectan en manera alguna el estado de la vía y los segundos sí con sus vehículos. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Recuerdo a los señores Senadores que, conforme a lo convenido por los Comités, escucharemos la exposición del señor Ministro de Agricultura a las 17:30.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, en primer lugar, frente a lo dicho, deseo aclarar que no estamos hablando de la normativa sobre obras públicas en concesión, sino de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas. En aquélla sí se concibe el pago por el uso de infraestructura de algún particular, el cual, de esa manera, recupera su inversión. Pero, como digo, lo que está en discusión aquí es la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, vigente desde hace mucho tiempo. Y desde hace muchos años, cientos y miles de empresas de utilidad pública han usado la faja de los caminos para sus instalaciones, ya a lo largo de ella, ya atravesándola, de acuerdo con las disposiciones técnicas que la Dirección de Vialidad establece en la materia. Y por ese concepto nunca han pagado derecho, pues así lo establecía la ley. Lógicamente, todas las obras necesarias para utilizar la faja eran -y son-de cargo de las empresas. Y conviene repetir que siendo de utilidad pública, van en beneficio de todos los chilenos, no importa que estén en manos de privados.
En segundo término, debo advertir que nunca se ha cuestionado que los costos sean de cargo de la empresa interesada en utilizar la faja. Jamás han sido asumidos por la Dirección de Vialidad, la cual es tremendamente estricta en señalar a las empresas la forma en que pueden utilizar los puentes, las alcantarillas o las fajas, para colocar sus instalaciones.
Reitero que no estamos hablando de obras en concesión, porque las fajas son bienes nacionales de uso público. Y en la indicación renovada nos referimos a su empleo por empresas de utilidad pública, estimando que no deben cobrarse los derechos correspondientes, ya que, de hacerse, se produciría una tremenda injusticia entre los cruces de caminos cuyas fajas fueron usadas a lo largo de la historia por empresas de utilidad pública y aquellas que existan en adelante. El pago de derechos por parte de las empresas privadas les daría ciertos derechos, lo que, a mi juicio, sería peligroso para el servicio público -que tiene una responsabilidad en esa faja-, pues una empresa privada, por haber pagado, tendría derechos a su utilización y administración. Por eso, creo necesaria la indicación.
Tengo la impresión de que se ha tratado de mezclar en este asunto lo relativo a las concesiones, lo cual -reitero- no está en discusión. Por justicia, de ahora en adelante, tomando en cuenta lo que se ha estado haciendo, la utilización de dichas fajas por una empresa de utilidad pública, debe seguir liberada del pago de derechos.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, seré muy breve, porque ya hice uso de la palabra y, en mi opinión, el tema está bastante agotado.
Los peajes -conforme aquí se ha señalado- sólo pueden establecerse cuando existen vías alternativas. Pero éste no es el caso. En lo que respecta a las franjas de los caminos públicos, hay alternativas que cualquiera puede usar. Se trata tan sólo de solicitar la concesión respectiva y la servidumbre, siendo posible pasar por cualquier parte una vez que el juez así lo resuelva y así lo amerite la petición correspondiente. Por lo tanto, si esa servidumbre fuese a título oneroso, ¿qué razón habría para que las servidumbres en franjas de caminos de uso público no lo sean?
En segundo lugar, en cuanto a que las concesiones siempre deben tener alternativas, no es tan claro. Y si bien no es el tema en discusión, quiero dejarlo sentado. En los países modernos no siempre los caminos pueden tener alternativa, sino que, a menudo, se producen monopolios naturales y, al igual como ocurre en Chile -por ejemplo, respecto de la electricidad, del agua, y de muchas otras cosas-, no existe alternativa porque no resulta rentable y por ser monopolios con precios regulados.
En tercer término, cabe señalar que, obviamente, el uso de una carretera no es igual al de una cañería de agua, gas o electricidad que ocupe la faja de un camino; pero esa diferencia no invalida el concepto de cobrar por lo que se usa. La diferencia entre lo uno y lo otro es el precio, el cual, en un caso, será mayor, y en otro, menor.
Por último, debo reiterar que la utilización de bienes de uso público, hasta ahora gratuita, por empresas que fueron estatales, nunca les garantizó a éstas que tal beneficio fuese permanente. Es más, la propia ley establece que el Ministerio, en cualquier momento, podrá pedir la devolución de esas concesiones para ser ocupadas por él. Por lo tanto, de forma alguna la indicación produce una discriminación entre las empresas que ya tienen supuestos derechos adquiridos y las nuevas, por cuanto, a fin de cuentas, a las primeras también les van a caducar. He estudiado detalladamente el tema para evitar que a futuro puedan crearse privilegios en favor de las empresas estatales que fueron privatizadas, por sus mayores posibilidades de competencia en relación con otras que entraron al mercado con posterioridad. Esa eventualidad no existe.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor SIEBERT.- Quiero hacer una pregunta al Senador señor Errázuriz, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si no se opone el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- No tengo inconveniente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de una interrupción el Senador señor Siebert.
El señor SIEBERT.- Escuché decir al Honorable señor Errázuriz que a las empresas de utilidad pública que están usando la faja se les caducarían los derechos que hasta ahora tienen. No sé dónde aparece esa disposición.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, quiero señalar al Honorable señor Siebert que hoy es factible, sin ningún problema -Su Señoría lo recordará por los cargos que ha desempeñado-, que el Ministerio de Obras Públicas proceda en tal sentido. La actual normativa señala textualmente: "La Dirección podrá en cualquier momento ordenar el retiro de estas instalaciones, sin cargo alguno para ella, cuando no se cumpla con los requisitos indicados en el presente artículo". Por lo tanto, el Ministerio podrá hacerlo en cualquier momento. Y más adelante la misma disposición establece lo que ya indicó el señor Ministro, esto es, que, en tal caso, el costo del traslado "será hecho por cuenta exclusiva del interesado". Y se ha entendido que éste es siempre el Ministerio de Obras Públicas, por cuanto es el que pide el traslado de tuberías para la conducción de líquidos, gases, corriente eléctrica, o lo que sea, en vista de lo cual, paradójicamente siempre termina pagando por los bienes que otorgó en forma gratuita.
En consecuencia, no se trata de que se vayan a caducar los derechos, sino, por el contrarío -como recordará el Senador señor Siebert-, en la Comisión de Obras Públicas, que ambos integramos, se acordó que un artículo transitorio consignase expresamente que se respetarán los derechos de las empresas que estén haciendo uso de estos beneficios.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, quiero recordar las opiniones que escuchamos con motivo de la discusión del subsidio al agua potable. Este está destinado a sectores de muy bajos ingresos; se aplica después de considerar la ficha CAS; su límite es de hasta 20 metros cúbicos, y su costo no puede exceder el 5 por ciento de los ingresos de cada familia. En esa oportunidad, hubo un debate muy intenso respecto de la precisión, rigor y selectividad dé los subsidios que se otorgan. Naturalmente, tratándose de sectores de escasos recursos, el beneficio tenía un sentido, pero también fuimos estrictos en cuanto a que él no diera lugar a un uso inconveniente o a que no se les diera el mejor empleo a recursos estatales. Hago la conexión entre una cosa y otra, porque acá nos encontramos frente a una situación similar: al no cobrar, en la práctica, se trata de una forma de subsidio a empresas de gran importancia, las cuales, además de tener elevadas utilidades, satisfacen necesidades que perfectamente pueden financiar con el cobro de tarifas.
En ese sentido, la norma correcta que debe guiar nuestras decisiones en esta materia -a mi juicio, hay consenso nacional al respecto- es que la mejor y óptima asignación de los recursos supone un cobro; supone dar a los subsidios un carácter muy selectivo y ojalá declinante, y supone que la infraestructura -así como otros servicios- sea pagada por el usuario. Creo que estos tres criterios fundamentales -la asignación óptima de recursos; subsidio selectivo, y cobro por la infraestructura- deben ser aplicados en el proyecto, especialmente considerando quiénes son los beneficiados.
En definitiva, la discusión radica en saber si el gasto en que incurrió el Estado se va a cobrar o no se va cobrar a un grupo de empresas privadas. Nuestra posición es que debe cobrarse. Lo que está en debate es cuánto se cobra.
Respecto del argumento de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en cuanto a que no es lo mismo el peaje que el cobro por la instalación de agua o de fibra óptica en la vera del camino, no podemos desconocer que también hay una alternativa: la de que la empresa lleve a cabo las obras en otro lugar. Pero si lo hace por la vera del camino es porque le resulta más barato, sea porque el diseño ya está trazado o porque el camino le significa un menor costo, por lo cual es natural que pague parte del beneficio que ello le reporta. No debemos olvidar tampoco que en muchos casos, empresas como CHILECTRA, cobran al usuario, por ejemplo, por la instalación de un transformador o por colocar bajo la superficie, frente a una determinada propiedad, una línea que va en altura. Esta empresa cobra por hacerlo, en circunstancias de que uno podría aducir que ello está incluido en el costo de los servicios.
Por lo tanto, haciendo un símil con las empresas privadas -aquí debiera aplicarse el criterio seguido en lo que respecta al peaje por cuanto ellas disponen de una alternativa, y si prefieren irse por determinado lugar es porque les resulta más barato-, considero que, sobre la base de los conceptos generales de un adecuado manejo de la economía, es indispensable avanzar en la línea de lo planteado en el artículo 42 del proyecto de ley en debate, máxime si pensamos que nos encontramos en una fase de expansión y de modernización de nuestra infraestructura y precisamos para eso contar en este momento, no sólo con los recursos necesarios, sino con normas muy estrictas respecto de las condiciones que deben cumplir los distintos servicios que usen la infraestructura carretera.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Hay todavía tres señores Senadores inscritos para usar de la palabra: los Honorables señores Horvath, Prat y Thayer

El señor THAYER.- Sólo deseo formular una consulta al señor Ministro.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Advierto que estamos sobre la hora, pero que estamos discutiendo una indicación renovada, por lo que, en algún instante, deberemos proceder a la votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, sin pretender revivir la discusión que sobre el tema tuvimos anteriormente, sólo quiero precisar que la ley vigente no consideró los pagos, porque estas empresas, en su gran mayoría, eran estatales, y, obviamente, traspasar dinero de un bolsillo a otro no tenía sentido.
En seguida, la demanda por la utilización de los bienes nacionales de uso público es cada día mayor, y, naturalmente, su capacidad es restringida. Así se ha visto en las calles de Santiago, en el uso de los recursos del mar, ríos, lagos y cuerpos de aguas de nuestro país. Por lo tanto, en la medida en que la capacidad es restringida, el único procedimiento que garantiza su utilización es el recurrir a un sistema de concesiones licitadas, debiéndose pagar, desde luego, por el acceso a este derecho.
En consecuencia, creo oportuno establecer dicho pago a través de la enmienda que se está planteando en este proyecto.
En cuanto a lo existente en este momento, habría que analizar con mayor profundidad su eventual caducidad -todos estos elementos tienen una vida útil bien determinada- y, a partir de esa fecha, o de una acordada entre las partes, empezar a pagar como corresponde.
He dicho.

El señor PRAT.- Señor Presidente, creo que aquí hay algunos conceptos que debemos precisar.
En primer lugar, hay que entender que los bienes de uso público tienen un carácter diferente de los que forman parte de la propiedad privada. Cuando hablamos de propiedad privada, tiene sentido cobrar un derecho por tránsito u otros servicios que comprometen la sustancia, la esencia de la propiedad privada. El Estado no tiene una condición empresarial. Por lo tanto, al hablar en su caso de derechos, debemos remitirnos exclusivamente al reembolso de los gastos que el uso de un bien público significa para el Estado. En consecuencia, no se justifica aquí entregar en concesión o licitar el cobro de un derecho para ver quién paga más. Lo que corresponde es que si la utilización de ese bien irroga gastos al erario, con motivo, por ejemplo, de una supervisión, debe precederse al reembolso pertinente, pero no corresponde una licitación, que es un concepto más propio de la actividad empresarial.
Por tales razones, me preocupan ésta y otras normas envueltas en esta disposición, que incluso pretende fijar un destino a los recursos percibidos. No tiene sentido el captar recursos más allá de los gastos originados al Estado. Por ello, no se justifica indicar que con los dineros recaudados se construirán más caminos o se expandirán las realizaciones del Ministerio de Obras Públicas. Esto, a mi juicio, incluso envuelve materias de dudosa validez constitucional, puesto que aquí se estaría haciendo una asignación presupuestaria con recursos cuyo único objetivo es el reponer un gasto.
En distintas áreas de la Administración Pública hay reembolso de gastos. En el sector agrícola, por ejemplo, sabemos de ciertos derechos que se pagan al SAG por la prestación de algunos servicios, pero ellos se justifican sólo en la medida en que significan gastos a esa entidad, y no están destinados a financiar el conjunto de las operaciones del Ministerio de Agricultura.
Aquí nos encontramos frente a una situación de similar naturaleza. El utilizar bienes de uso público para conectar cañerías u otro tipo de elementos, que implica por parte del Ministerio labores de supervisión, corresponde que sea reembolsado. Y, en este sentido, no se justifica que haya una licitación para ver quién paga más, porque el costo es uno. Y tampoco el que esos recursos vayan a financiar nuevos caminos, porque el único sentido que tiene su existencia es el de pagar el costo de la supervisión.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, antes de la votación deseo una aclaración sobre el punto preciso que estamos tratando.
La frase "y previo pago de los derechos correspondientes" tiene bastante que ver con lo que recién manifestaba un señor Senador. ¿Qué derechos? ¿Quién los fija? ¿Son derechos comunes, iguales para todos, o se fijan específicamente en el caso de cada empresa? ¿Son todas empresas de utilidad pública? A primera vista, parece que lo son la mayoría, pero no está debidamente precisado que todas lo sean. No sé, por ejemplo, si sea de utilidad pública una empresa que instale un cable nuevo, para la transmisión por cable de televisión. Las normas que rigen para esta empresa son muy distintas de las que se aplicarían, por ejemplo, a una que instale una cañería de agua potable.
Me abriga el temor de que a través de esa frase el proyecto esté otorgando una facultad para fijar derechos, que pueden ser variables, al arbitrio -uso esta expresión en el sentido sano de la palabra- del organismo público respectivo. Esto no me parece conveniente. Ahora, si es otro el alcance de la norma, me gustaría aclararlo antes de la votación.
Nada más, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Quiero responder la consulta.
En todas estas obras hay un conjunto de costos para el Ministerio. Cualesquiera de estos contratos, relacionados con numerosos elementos técnicos y detalles, ¿qué significan? Primero, la presentación de un proyecto, el que debe ser revisado por el Ministerio. Por ejemplo, la aprobación de los relacionados con puentes se efectúa mediante la emisión de un ordinario, suscrito por el Ingeniero Jefe del Departamento de Puentes. A continuación, dependiendo de las modificaciones que se introduzcan, distintos funcionarios de la Dirección de Vialidad y del Ministerio -los inspectores fiscales- deben participar en la aprobación y supervigilancia de la ejecución de la obra. En algunos casos, los inspectores fiscales son pagados directamente por la empresa en cuestión; en otros, no.
Pero lo más importante, a mi juicio, es que esto también involucra costos durante el transcurso del contrato -como lo hice ver con anterioridad-, relacionados con la supervigilancia que debe efectuar dicha Secretaría de Estado. Porque es evidente que cuando un ducto pasa en torno a un puente, ello implica un conjunto de gastos para ese Ministerio. En consecuencia, también existen costos durante la ejecución del contrato.
Ahora, lo único que estoy diciendo es que aquí se ha modificado la forma de entender el asunto. En el pasado, se entendía que las empresas correspondientes eran públicas -todas gratuitas-, porque la utilización también era gratuita. Pero, en realidad, no se trata, como decía un señor Senador, de que exista un deterioro, sino de que, como resultado de esto, hay un gasto. En este instante, hay caminos en los cuales tres, cuatro y cinco empresas están haciendo pasar cables de fibra óptica. El trabajo que ello implica para el Ministerio no estaba consultado hace cuatro años atrás, cuando no existía la fibra óptica. Y, en mi concepto, ése es un costo por el que debe pagarse, porque, de lo contrarío, sería un subsidio.
Pues bien, cuando se sostiene que no se puede subsidiar determinadas áreas, debo expresar que aquí estamos en presencia de uno muy claro. Entonces, si se dice que no puede haber pago previo del derecho correspondiente, las empresas entienden que esto es gratuito.
Por respeto al Senado, no quiero señalar cuáles son las erogaciones que se hacen. Pero en todas partes se establece que debe existir algún tipo de erogaciones, en el entendido de que esto conlleva ciertos costos. Se habla de erogación, pero en el fondo se está efectuando una donación. Por lo tanto, la forma de entrega de estas erogaciones y el suministro de alguna clase de bienes constituyen una concesión graciosa de parte de las empresas, porque aparentemente aquí no existiría la intención de otorgar la autorización que se está solicitando.
Por ello, aun cuando me parece importante que no existan actuaciones arbitrarías de parte de la autoridad, considero que sí debe haber cierta discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de obtener reembolso por los gastos en que está incurriendo el Ministerio. Creo que ello es demasiado elemental como para que entremos a una discusión sobre la materia. En caso contrarío, debo señalar que es cierto que mientras mayor sea el número de empresas involucradas, más elevados serán los costos que deberá asumir dicha Secretaría de Estado y menores los recursos que podrá destinar a otro tipo de actividades.
He dicho. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En consecuencia, vamos a proceder a votar la indicación renovada.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La indicación renovada tiene por objeto eliminar, en el inciso tercero del artículo 42° del primer informe, la frase "y previo pago de los derechos correspondientes,". Dicho inciso, en su parte pertinente, dice:
"Sin perjuicio de sus atribuciones, la Dirección de Vialidad podrá autorizar, en la forma y condiciones que ella determine, con cargo a sus respectivos propietarios, y previo pago de los derechos correspondientes,", etcétera.
La Comisión, en su segundo informe, rechazó la indicación. Por ello, en su texto aparece la frase señalada. Al haber sido rechazada esta indicación, de la señora Feliú, fue renovada con la firma de diez señores Senadores.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente),- En votación la indicación.
-(Durante la votación). La señora FELIU.- Señor Presidente, votaré en favor de la indicación. Pero, en todo caso, quiero recordar que esta norma requiere de quórum especial, según se expresa en el informe. De modo que después de votar la indicación debe precederse a aprobar el artículo.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, antes de que termine la votación, deseo consultar si rigen o no los pareos, porque se ha suscitado una discusión.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Lo resolveremos de inmediato, señor Senador.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión no dice que la norma sea de rango orgánico constitucional. Por consiguiente, rigen los pareos.
El señor LARRE.- Exacto. Rigen los pareos.

El señor PRAT.- Pido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PRAT.- Señor Presidente, al emitir mi voto, quiero plantear que la redacción de la norma no nos impide llegar a un acuerdo.
Creo que todos admiten aquí que la construcción de obras de uso público irrogan al Ministerio un gasto que debe ser pagado por las empresas que las ejecutan. Desgraciadamente, la redacción del artículo nos está llevando a votar algo que no deja las cosas en su lugar. Nosotros estamos en contra del pago de un derecho dentro del concepto que la iniciativa lo está estableciendo, es decir, como un derecho que será licitado. Por lo tanto, no tiene un costo predeterminado, sino que va a estar sujeto a un remate, el que ni siquiera estará destinado a financiar el costo directo de la obra, sino a solventar otras faenas del Ministerio de Obras Públicas. Por ello, propondría buscar una redacción que dejara las cosas en su estricto sentido: que las empresas paguen...

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- A estas alturas, señor Senador, no podemos resolver ese problema. Estamos en votación.

El señor PRAT.- Creo que con un pequeño esfuerzo podríamos lograrlo, señor Presidente.
En todo caso, votaré en favor de la indicación renovada, en búsqueda del objetivo señalado.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, pienso que si cobramos derechos por la utilización de la faja de dominio público, de alguna forma coartaremos el desarrollo y el progreso.
Creo que los costos que el Ministerio de Obras Públicas tiene para administrar esa faja bien pueden significar el aporte de dicho Ministerio al progreso y el desarrollo, que -imagino- también comparte.
Por eso, voto que sí. El señor THAYER.- Señor Presidente, por las razones expresadas por el Senador señor Prat, voto a favor de la indicación renovada.

El señor URENDA.- Señor Presidente, coincido en que no debe haber subsidios, ni directos, ni indirectos. Pero, indudablemente, la frase en cuestión resulta poco feliz al referirse a derechos, y no a reembolso de gasto o a algo equivalente.
Si realmente hubiera habido consenso en el Senado para dejar en claro el espíritu de que en la norma esto corresponde a un reembolso de gasto, y no a un impuesto, habría estado de acuerdo con tal criterio.
Empero, como no existe ese consenso, voto a favor de la indicación renovada.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, simplemente quiero señalar que votaré a favor de la indicación renovada. Dejo constancia de que me parece excesivo hacer referencia a los derechos, porque estimo que hacerse cargo de los costos o de los dineros envueltos en la operación es algo distinto.
Como no existe una mejor redacción, ni es posible establecerla en esta oportunidad, voto a favor. El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, la transitoria ausencia de mi Honorable colega señor Piñera me impide votar en contra de la indicación renovada, puesto que estoy pareado con Su Señoría.

El señor VALDES (Presidente).- Terminada la votación.

-Se rechaza la indicación renovada (16 votos contra 14 y 8 pareos).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Calderón, Errázuriz, Frei (don Arturo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Lavandero, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ríos, Ruiz (don José) y Ruiz-Esquide.
Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Diez, Feliú, Fernández, Huerta, Larraín, Larre, Martin, Prat, Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda.
No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Hormazábal, Mc-Intyre, Ominami, Romero, Sule, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

El señor VALDES (Presidente).- Consulto a la Sala respecto de la factibilidad de despachar las demás indicaciones con la misma votación.

La señora FELIU.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU.- Señor Presidente, la verdad es que las indicaciones que siguen son de naturaleza muy distinta.
En una primera mirada, pensé que con esta misma votación podría darse también por rechazada la indicación relativa a la parte final del inciso tercero del nuevo artículo 42 del decreto supremo N° 294, que se refiere al valor de los derechos que cobrará el Ministerio. Pero, a la luz del debate izado, se planteó que dicho valor debería ser una especie de reembolso de los gastos, y no un valor de derechos fijado de manera discrecional por la autoridad.
En consecuencia, la indicación que sigue amerita recoger lo señalado por el Honorable señor Prat, en el sentido de proponer de común acuerdo un texto que determine cómo se fijará el valor de los derechos, el que, como expresó el señor Ministro, será el equivalente al reembolso de los gastos que demande para la Dirección de Vialidad.

El señor ERRAZURIZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Con el mayor gusto, señor Senador. Pero debo hacerle presente que el tiempo fijado para analizar esta iniciativa ya terminó. De modo que cabe precisar cómo continuaremos el tratamiento de este tema en una próxima sesión.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, creo que las indicaciones que quedan podrían ser despachadas con la misma votación anterior, tal como propuso Su Señoría. Me parece que es lo más práctico, por cuanto esta iniciativa se encuentra pendiente desde comienzos de año, y su discusión viene del Gobierno pasado. Además, las materias que restan son mucho menos conflictivas que la que acabamos de votar.
Ahora, respecto de lo señalado por la señora Senadora que me antecedió, debo manifestar que existe ahí un error, y -diría- peligroso. Porque si se trata de reembolsos de gastos, éstos pueden ser de cualquier magnitud. Así, expropiar un camino, hacer el trazado de la faja y pedir, a través de estos derechos, el reembolso de los gastos puede resultar algo extraordinariamente oneroso.
Por eso, en la Comisión de Obras Públicas, tocante al valor, establecimos incluso el derecho de reclamo por parte de los interesados, y, en el caso de que haya más de uno, la licitación, para que el proceso de fijar una cifra fuera absolutamente transparente.
Por lo tanto, sugiero, para los efectos de agilizar nuestra labor legislativa, aprobar con la misma votación anterior, si fuera del caso, las restantes indicaciones. Porque -repito- son mucho menos discutibles o peligrosas que la que acabamos de votar.
El señor CALDERON.- Darlas por rechazadas, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, queremos proponer, también, que con la misma votación anterior sean resueltas las indicaciones pendientes.
En ese sentido, estoy de acuerdo con lo planteado por el Senador señor Errázuriz.

El señor VALDES (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para proceder en la forma señalada?

El señor LARRE.- Señor Presidente, por tratarse de una iniciativa de tanta trascendencia, no damos nuestro acuerdo a lo solicitado.

El señor VALDES (Presidente).- No hay acuerdo. Y, como terminó el tiempo destinado para el tratamiento de este proyecto, pues expiró a las 17:30, dejaremos hasta aquí el debate, y nos abocaremos a la discusión tocante a los problemas de la agricultura, para la cual ha sido invitado el señor Ministro del ramo.

El señor CALDERON.- ¿Cuándo se proseguirá con este proyecto, señor Presidente?

El señor LARRAIN.- Continuemos mañana, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- La iniciativa podría quedar para ser tratada en la sesión de mañana, en efecto. Como existen algunos proyectos calificados de "Suma" urgencia, podríamos comenzar con el relativo a rentas municipales y ocuparnos en ella después.
El señor LARRE.- De acuerdo. El señor LAGOS (Ministro de Obras Públicas).- Señor Presidente, en ese caso, solicito al Honorable Senado, si la presencia del Ministro que habla es indispensable, continuar con esta iniciativa el próximo martes. Desgraciadamente, tengo compromisos que me impiden concurrir a la sesión de mañana.

El señor VALDES (Presidente).- Estamos de acuerdo en que la presencia del señor Ministro no sólo es bienvenida, sino necesaria. En consecuencia, en el primer lugar de la tabla de esa sesión continuaremos con la discusión de esta iniciativa y en seguida nos ocuparemos en las contiendas de competencia promovidas por el Contralor General de la República.
-Se suspende la discusión particular del proyecto.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Había solicitado al señor Vicepresidente, el Honorable señor Núñez, que el día martes 8 se autorice a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para comenzar a funcionar a las 19, lo que implica que esa reunión coincidiría en una hora con la sesión de la Sala.

El señor VALDES (Presidente).- ¿Cuántos Senadores integran ese organismo técnico, señor Senador?

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Trece, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- El problema es que no habría número suficiente para votar la contienda de competencia entre la Corte de Apelaciones de Santiago y la Contraloría General de la República.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Por eso se pidió autorización para empezar alas 19.

El señor VALDES (Presidente).- Si parece a la Sala, se accederá a ello, con 1a condición de que suspendan la reunión al momento de votarse el asunto, para que los señores Senadores concurran al Hemiciclo a emitir su pronunciamiento.
Acordado.

PROBLEMAS DE LA AGRICULTURA

El señor VALDES (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo y acompañe al señor Ministro de Agricultura el Subsecretario de la Cartera.
Si no hay oposición, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
Hago presente a Sus Señorías que esta sesión está citada hasta las 20.
Ofrezco la palabra al señor Ministro de Agricultura.

El señor ORTEGA (Ministro de Agricultura).- Gracias, señor Presidente y Honorable Senado, por esta invitación que nos permite tratar los problemas de la agricultura, tal como se señala en la convocatoria a esta sesión.
Desde los inicios de la Administración actual, y continuando con la tradición del primer Gobierno de la Concertación, hemos querido crear un ambiente franco y abierto, de diálogo y de cordialidad con todos los actores, estamentos, gremios y grupos ligados al agro, no sólo cuando coincidimos en diagnósticos o en propuestas, sino también cuando discrepamos y buscamos soluciones.
El sentido de esta exposición no es el de la defensa de una estrategia, de políticas, de omisiones o de acciones. Intenta ser, fundamentalmente, un esfuerzo para objetivar las tendencias y procesos por los que atraviesan el campo y la agricultura.
El Presidente señor Frei, reunido con un grupo de 300 empresarios agrícolas, en octubre de 1993, en Curicó, sostuvo lo siguiente: "Hoy está superada la crisis de la deuda externa y disponemos de una política monetaria y cambiarla rigurosa y al mismo tiempo racional que responde a otra fase de nuestro desarrollo económico. También es diferente el grado de inserción del país en los mercados internacionales y es muy distinto el entorno político y económico mundial. Cuando decidimos crecer abiertos a las corrientes mundiales, o somos capaces de seguir los cambios o caeremos en la tentación de encerrarnos y protegernos.". Fin de la cita.
Ahora, deseo referirme justamente al ámbito internacional, en términos muy breves, porque es a partir de esas dimensiones, realidades y tendencias que se generan efectivamente las situaciones criticas y los desafíos por los cuales atraviesa la agricultura.
En un esquema de economía abierta, dicha actividad está sometida a esas tendencias y a esos cambios. El primer elemento que quiero subrayar -y que está en el origen, no sólo de las situaciones y desafíos que vive la agricultura chilena, sino también muchas otras del mundo- es la tendencia registrada en la oferta de productos agrícolas básicos en el mundo entero, que ha representado una constante caída de sus precios internacionales y de aquellos que registran los alimentos. En otros términos, el éxito del desarrollo agrario y de la "revolución verde", y el crecimiento -en algunos casos, notable- de la oferta de productos básicos, han venido representando situaciones progresivamente más graves de deterioro de los precios agrícolas en los mercados internacionales, sobre todo de los "commodities", o de los alimentos esenciales. Eso fue lo que condujo a la Ronda de Uruguay y, también, al acuerdo de Blair House, antes del consenso del GATT. Si hubiese habido posibilidades de continuar con las políticas surgidas en la segunda posguerra, no habría habido Ronda de Uruguay. Lo que allí ocurrió fue que el éxito de economías agrícolas tan amplias como las asiáticas y la imposibilidad de seguir colocando excedentes en el mundo de los socialismos reales que se derrumbaban provocó, de hecho, él consenso para discutir, por primera vez, el tema agrícola en el ámbito del GATT.
Después de logrado tal acuerdo, hemos estado observando al menos dos fenómenos que interesa destacar. El primero de ellos es la notable reducción de los excedentes y de los stocks de enlace en los mercados internacionales de algunos productos importantes para Chile. Porque lo que la "revolución verde" hizo posible fue el éxito de las agriculturas de clima templado. Y es por eso que estamos afectados por tales procesos internacionales en amplios escenarios mundiales
Un primer hecho sustantivo es la reducción de los stocks. Y quiero poner dos ejemplos de interés para nuestro país. Uno de ellos se refiere a la leche, respecto de la cual cabe señalar que en 1993 y 1994 la disminución de las existencias ha permitido considerables alzas en los precios internacionales, lo que abre la posibilidad para que postulemos a ser una economía agrícola productora en el rubro, no sólo para el mercado interno, sino también para la exportación.
Un segundo fenómeno que nos parece conveniente destacar es la reacción observada en algunos precios de alimentos básicos, como los de las oleaginosas, el azúcar, los frijoles -este año- y otros.
Un aspecto relevante, desde el punto de vista general del escenario en que nos movemos, es la creciente concurrencia y competencia de nuevos -y a veces mejores- oferentes de productos agrícolas no tradicionales. Y quiero poner mucho énfasis en esto. He traído algunas transparencias, que pongo a disposición del señor Presidente del Senado, que muestran cómo naciones que quizás no hubiéramos pensado que pudieran ser competidoras nuestras producen bienes similares, en climas que ni siquiera son templados. Es el caso de Brasil, que se ha transformado en exportador de uvas, de manzanas; el de Venezuela, que también produce manzanas; y de países como la India. Podría mostrar, a través de esas transparencias, la evolución de la oferta de competidores tradicionales, y especialmente del que más nos preocupa: de Sudáfrica.
Esos son los dos fenómenos centrales en lo que respecta al escenario mundial.
A continuación, señalaré rápidamente algunos otros aspectos.
El primero se refiere a la reactivación económica. Desde el punto de vista de la formación de los precios en los países importadores, puede influir positivamente en la recuperación del valor de algunos productos no tradicionales que experimentaron declinación y que hoy se recuperan o están en vías de fortalecerse, como la fruta y algunas hortalizas, o como sucedió hace dos años con la producción forestal.
Vuelvo a citar la reunión de octubre del año pasado, que fijó los lineamientos estratégicos del Gobierno. En esa oportunidad, el señor Presidente de la República, refiriéndose a los cambios en el ámbito internacional, planteó con claridad que las anteriores consideraciones llevaban a afirmar que la transformación productiva de la agricultura es el mayor desafío que haya tenido la agricultura chilena.
Subrayo esto porque no podemos esconder los desafíos. Y ése es, a mi juicio, el reto más importante también desde los puntos de vista económico, productivo, tecnológico y de mercados.
¿Cuál es la orientación que ha de darse a esta transformación? Creemos que es la de enfrentarla con una visión de largo plazo, porque no hay respuestas fáciles para la actividad agrícola. No las hay, especialmente hoy, en razón del dinamismo de las transformaciones que ocurren en el mundo. Porque las exigencias en cuanto a cambiar la oferta, o modificar la composición de las variedades y especies que están transándose en el mundo, sobrevienen a tal velocidad que imponen un esfuerzo muy notable en el ámbito tecnológico, al cual haré referencia más adelante.
De todas maneras, nos parece que el perfil que se necesita construir en la agricultura tiene que ser diseñado con un sentido de horizontes amplios. No hay cambios simples en el sector, sobre todo cuando se trata de sistemas agrícolas como el nuestro: tuvimos que hacer inversión en regadío antes que todos los demás países de América Latina; nos vimos forzados a modificar el paisaje mediante inversiones gigantescas, lo que sólo fue posible merced a las inversiones derivadas del salitre. El hacer la transformación hoy día, pensando en el futuro, demanda esfuerzos de esa magnitud.
¿Cuáles son los desafíos? Me referiré solamente a tres.
En primer lugar está el desafío de elevar la productividad sectorial. Responder a él tampoco es sencillo, porque la agricultura chilena constituye, en cierta forma, un ejemplo de lo que fue el éxito de la revolución verde en el mundo entero. Nuestros niveles de productividad física pueden compararse a los de economías agrícolas que han sido objeto de intervenciones, de subsidios fiscales y también de los consumidores, muy notables. Hoy se agrega otro elemento sustantivo: el hecho de que el costo de la fuerza de trabajo, e incluso su disponibilidad en algunas regiones, son escasos.
La elevación de la productividad de agricultores, trabajadores y campesinos es una tarea que se presenta progresivamente más difícil. Ella requerirá esfuerzos adicionales de financiamiento para mecanizar el campo, y particularmente las actividades ligadas a las cosechas, cuyas exigencias tecnológicas y de capital son enormemente altas.
El segundo desafío es el de la rentabilidad.
Por muy distintas razones, existen problemas de rentabilidad en numerosos productos y en actividades agrícolas declinantes. Hay que reconocer esa realidad, porque a partir de ella podremos implementar estrategias conducentes a mejorar ese aspecto de la agricultura, especialmente en algunos de los rubros más deprimidos.
En tercer lugar, debe considerarse que la misma declinación de rentabilidad de algunos cultivos y ganaderías hace más difícil prepararnos como sistema agrícola, como país, para hacer transformaciones dirigidas a ganar competitividad en el exterior.
Me parece que esos factores son los que constituyen la trilogía de desafíos más complejos que tenemos que abordar para el desarrollo de la agricultura.
A continuación me referiré a la coyuntura actual. Aquí se produce una discusión que, en mi parecer, puede resultar inconducente si no nos ponemos de acuerdo en el fondo del diagnóstico, en lo que es la realidad profunda de la agricultura.
Se nos pregunta si hay, o no, crisis en el sector. Voy a responder a esa interrogante.
Pienso que hay situaciones críticas, por un lado; y situaciones promisorias, por otro. En una palabra, no debe caerse en confusiones respecto de una realidad tan compleja como es la actividad agrícola nacional, y de la gran diversidad de sistemas agroecológicos a lo largo del país.
Si yo quisiera defender éxitos, podría acudir a la coyuntura, y decir, por ejemplo, que las exportaciones en 1994 crecerán en 11,7 por ciento: de 2 mil 771 millones de dólares a alrededor de 3 mil 200 millones. Desagregando eso, la realidad también es distinta; hay aspectos positivos, y otros restrictivos.
Podría agregar que estamos llegando con nuestros productos a más de 113 países del orbe; que este año el área sembrada se expande en algo más de 6 por ciento; que la producción de leche aumentará por sobre el 8 por ciento; que la producción de carne será exactamente de esa magnitud. Indicaría que el producto agrícola, que en 1993 creció en uno por ciento, según las señales de que disponemos podría elevarse, más o menos, a 3 por ciento. A eso añadiría el hecho de que la situación de algunos mercados internacionales permite vislumbrar que algunas Regiones, como la Undécima y la Duodécima, tendrán perspectivas de mayor interés en comparación al año pasado, o que las economías campesinas lograrán este año mejores ingresos por el alza de los precios externos de ciertos productos. Sin embargo, hay claroscuros, y quiero referirme a ellos. Ya los señalé con respecto a la rentabilidad, y deseo mencionarlos también en lo concerniente a la inversión, porque podemos mostrar que hay expansión de la inversión en el sector, aspecto que ya configurando lo que puede ser la nueva estructura de la agricultura nacional.
Es del caso anotar que la inversión en una actividad tan significativa como la fruticultura, desde el punto de vista de la extensión destinada a huertos frutales, se ha estancado. Puede que haya cambios -de hecho los hay- en el sentido de renovar los huertos, producir nuevas variedades y diversificar la fruticultura. Sin embargo, la expansión de ésta, en cierto modo, ha tocado techo, por razones de orden interno: necesidad de elevar la productividad, ganar rentabilidad y lograr competitividad, y externo, ya que, como señalé anteriormente, hay mercados progresivamente más competitivos y más difíciles.
En todo caso, quiero destacar un aspecto positivo. Hemos trabajado, con ese espíritu abierto, junto a exportadores y productores, y llegamos a un acuerdo en lo referente a la calidad de los productos -ella es clave para el desarrollo de la fruticultura chilena y para alcanzar mejores precios en los mercados internacionales- y a un asunto muy importante, destinado a obviar las dificultades que se presentan: la capacidad de los propios actores privados de organizarse y, como ha dicho el Presidente de FEDEFRUTA, crear cierto orden en relación a los mercados frutícolas mundiales.
Siguiendo con los aspectos relativos a la inversión, debo manifestar, en forma muy sintética, que estamos en una franca expansión de la inversión en praderas artificales y en la producción de forraje. En 1986 había 350 mil hectáreas plantadas; hoy estamos llegando a 500 mil. La masa ganadera bovina, de 3,2 millones de cabezas en 1986, actualmente se acerca a los 3,8 millones, con un mejoramiento genético interesante y un aumento de la productividad también significativo. En la silvicultura se mantiene una tasa de inversión del orden de las 130 mil hectáreas plantadas anualmente.
En seguida, me referiré a la estrategia de desarrollo agrícola de Chile. Trataré de ser muy breve, aunque es un tema complejo.
Nuestra hipótesis de trabajo, el sentido que estamos dando a la labor del Gobierno, y especialmente a la del Ministerio de Agricultura, apunta a buscar un perfil de la agricultura, en el mediano y largo plazos, que nos permita orientar las decisiones en lo que dice relación a los cambios que se producen en el mundo, con una alta sensibilidad hacia lo que son las tendencias en los mercados internacionales.
A partir de eso, debo manifestar, en primer término, que cuando hablamos de competitividad -deseo hacer una afirmación en este sentido- en lo que respecta a la llamada agricultura tradicional, a los cultivos básicos o alimentarios, es del caso considerar que Chile puede ser competitivo en algunos de esos cultivos. La situación de la remolacha es elocuente. Y lo es, incluso, a la luz de las críticas que se formularon a IANSA en el pasado. El desarrollo tecnológico ha hecho posible que una actividad, subsidiada en otras naciones, aquí haya alcanzado niveles de productividad que la hacen competitiva con los países mayores productores de azúcar en el mundo. Por tal motivo, a la hora de las negociaciones externas, debemos tener presente nuestra propia capacidad de competir.
En segundo lugar, cabe señalar que, en algunos países, la adaptación de la agricultura a cultivos propios de clima templado, se ha venido orientando -sea en Europa, Estados Unidos o Japón-a productos altamente intensivos en mano de obra y elevado valor unitario. Y en esta dirección estamos dirigiendo también nuestro trabajo de investigación y de transferencia tecnológica. Hay mucho que hacer en este sentido. Las condiciones climáticas, las bondades del territorio, ameritan que realicemos esfuerzos adicionales. De hecho, la expansión de los mercados internacionales en cuanto a productos inherentes a zonas templadas, especialmente cuando ellos son orgánicos o limpios, nos da una pauta, una pista, acerca de qué caminos o vetas podemos tomar para lograr el desarrollo agrícola futuro. Pero, ciertamente, tenemos retraso en materia tecnológica. Más adelante concluiré el análisis de este tema.
Pienso que debemos perseverar en la renovación de la fruticultura. Y lo estamos haciendo, en varios aspectos: en la búsqueda de mercados; en el avance en materia de acuerdos fitosanitarios, y en el estudio de alternativas de diversificación, sobre todo en el campo de la producción de nueces diversas, cuyo potencial es de gran importancia en los mercados externos.
Lo mismo ocurre con la vitivinicultura productora de vinos varietales, de vinos finos. Sobre el particular, cabe observar que los mercados internacionales se hallan en una situación de competitividad extraordinariamente alta.
Con respecto al perfil del futuro, deseo manifestar que para el país -yo diría que para la mitad de las regiones de Chile- es importante el desarrollo de la ganadería, los términos en los cuales se lleven a cabo todas las negociaciones anunciadas y la defensa de algunas actividades ganaderas, si se consideran las opciones que tenemos en el exterior, no solamente por nuestras ventajas naturales, sino también por las ventajas adquiridas, como en el caso de la ganadería bovina. Por eso, debemos tener claridad en este sentido y hacer de Chile un país productor de leche, de carnes y de otros productos derivados de la ganadería.
Cuando se nos presentó la idea, por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura, de que Chile exportara tales productos, especialmente a Japón, entramos en negociaciones para ser reconocidos como país libre de fiebre aftosa y generar, de ese modo, un espacio en esa dirección. Algo similar estamos haciendo con otras naciones en el rubro forestal, en el que no cabe ninguna duda -a ello se debe que hayamos lanzado el programa de diversificación silvícola- de que Chile alcanzará una posición extraordinaria.
Pensamos que en esas direcciones debe encaminarse el desarrollo agrícola de nuestro país.
A continuación, me referiré sucintamente a los componentes de la estrategia que conviene utilizar. Primero, es necesario realizar esfuerzos conjuntos a nivel de Gobierno, de los distintos Ministerios y organismos públicos, y también del sector privado, para buscar denodadamente nuevos mercados, cada vez más diversificados. El Gobierno está dispuesto, en ese sentido, a poner todo su esfuerzo y todos los recursos que sean necesarios, con el objeto de ampliar los mercados de exportación para nuestra agricultura.
No quiero detenerme en este punto, señor Presidente. Tengo preparado un informe respecto de la labor qué hemos realizado en estos meses, por la importancia que revisten algunos acuerdos a que hemos llegado.
Un segundo elemento, relacionado con la construcción de una estrategia, fruto del esfuerzo de la sociedad chilena, del país entero, como el recién señalado (abrirse, buscando activamente mercados; avanzar en materia de calidad y en la ordenación del sistema exportador), es el de la estabilización de los precios internos. Hemos dicho que nos parece sustantivo mantener las bandas de precios y los valores aduaneros mínimos. Y, si hay que hacer mejoramientos, estamos dispuestos al diálogo y a la conversación en cuanto a este tema.
Pero quisiera hacer un pequeño comentario respecto a la Comisión de Distorsiones del Banco Central, porque es el ámbito donde podríamos avanzar en superar efectos de distorsiones que afectan efectivamente a la economía agrícola chilena. En la experiencia de los últimos años, sólo ha habido tres presentaciones de distorsiones, por el sector privado fundamentalmente, y, en algunos casos, en concordancia con el sector público. Aquí hay un punto, en el cual estamos trabajando con el Banco Central, y algunas sugerencias importantes de partidos políticos que apuntan en esta dirección. Creo que corregir las distorsiones nos puede permitir, efectivamente, ganar en rentabilidad, que es uno de los problemas centrales de la agricultura chilena.
Un tercer componente es el rol de la ciencia y la tecnología dentro de esta estrategia. Sobre el particular, debo señalar que el país está en deuda con la agricultura. Puedo afirmar, muy responsablemente, que los esfuerzos en investigación han sido insuficientes. Si uno observa la evolución de los presupuestos de los organismos especializados, concluye que estamos en deuda. Y me parece que transformar la agricultura sin investigación ni experimentación y sin capacidad de innovación implica una tarea casi imposible. De ahí que hayamos establecido prioridad para la transformación de línea, una señalización clara de los objetivos y un aumento significativo, en el presente año, de los recursos para el Fondo de Investigaciones Agrícolas. Al mismo tiempo, estamos coordinando los distintos mecanismos existentes -de CONICYT o de CORFO-, a fin de que lleguen al sector privado. Y sobre esto deseo hacer un comentario. Tengo la impresión de que hay más instrumentos que los que se emplean, y el desuso de estos instrumentos deriva de la falta de adecuación a la realidad agrícola y de las limitaciones en el propio diseño. Podría mostrar muchos ejemplos en este campo, y es en este mismo sentido que estamos avanzando: efectuar un ajuste para la transformación de los mecanismos existentes.
El cuarto componente de la estrategia son los fondos concursables agrícolas del sistema de innovación agraria. En este caso, también se podría efectuar la misma afirmación anterior. Creo que existen mecanismos que permiten implementar, de manera efectiva, el desarrollo de la innovación, fundamentalmente a partir de la incentivación, sea de grupos de agricultores-campesinos o de empresarios privados, sea a través de empresas o complejos agroindustriales.
En quinto lugar, en la estrategia que se ha venido construyendo se han consagrado estímulos para acelerar la transformación productiva. Al respecto, quiero subrayar que este tipo de estímulos se inicia en 1974, con el DL 701, cuya prórroga por un año hemos solicitado mientras enviamos un proyecto que introduzca los ajustes que se estimen convenientes. Posteriormente, se dictó la ley 18.450, para el regadío.
Quiero hacer presente que es en este ámbito donde el Gobierno se halla preparando toda una serie de instrumentos que permitan acelerar los cambios y efectuar el ajuste, con el fin de habilitar la base de sustentación de la agricultura, de la ganadería" de la silvicultura, a partir de inversiones que posibiliten, efectivamente, elevar la capacidad productiva de los recursos naturales del país. En la preparación de tales instrumentos, tenemos muy en cuenta las áreas más degradadas desde el punto de vista de la erosión u otros fenómenos de esa índole, y también las zonas áridas y semiáridas de la costa y de la precordillera.
Sobre el particular, deseo señalar algo que manifesté al inaugurar Expoagro: "Queremos fortalecer, fundamentalmente, el desarrollo de la ganadería a través de estos instrumentos".
El sexto elemento de la estrategia es la inversión directa del Estado, principalmente en riego, a la cual no voy a hacer referencia. Ha habido un incremento sustantivo en esta dirección y, a mi juicio, habrá que sostenerlo.
El séptimo componente está constituido por la vinculación entre el sistema financiero y el desarrollo agrícola, que, en mi opinión, es uno de los cuellos de botella más complejos y que más dificultan el progreso del sector, ya que la mayor parte de los mecanismos que permitían orientar recursos hacia la agricultura, estimulando el cambio tecnológico y la inversión, son inexistentes en este momento.
Estamos trabajando -ya se llamó a la primera licitación- para poner en marcha un mecanismo creado en 1980, cual es el Fondo de Garantía del Banco del Estado. Este Fondo permitiría quebrar la tendencia a la disminución de la colocación de recursos del sistema financiero en el sector agrícola, situación que resulta fundamental superar.
Por último, el octavo componente de la estrategia se refiere a la política de infraestructura. Tampoco me voy a referir a ella, pero no hay ningún sector económico que demande tanta infraestructura desde el punto de vista espacial como la agricultura, por su presencia amplia a lo largo del territorio.
Y aquí quisiera entrar en una materia relacionada con la institucionalidad y con los roles público y privado. Cuando se habla de una política nacional o de una política de Estado, creo que se apunta en la dirección de estar abiertos a construir o perfeccionar una estrategia, convocando a todos los actores políticos y sociales. En este sentido debo ser muy franco, porque no quiero esconder la realidad. Cuando se cercenaron los recursos que se otorgaban al Ministerio de Agricultura, a mi juicio, en algún grado, se comprometió la capacidad de ajuste de la agricultura chilena. Este Ministerio redujo, en algún momento, su presupuesto de 4 y tantos por ciento a menos de 1 por ciento. Hoy es de 1,5 por ciento. Pero no estoy haciendo este planteamiento pensando en que debe volverse a esa situación, sino en que, en esta nueva estrategia, en este nuevo esquema de desarrollo, podamos redestinar recursos en los niveles del pasado, precisamente para crear instrumentos de transformación, de transferencia. Y me parece que, efectivamente, en el conjunto de la estrategia, ése ha sido uno de los elementos más dinámicos y positivos. Insisto: el decreto ley N° 701, de 1974, es un ejemplo de cómo podrían instrumentarse otros mecanismos para responder a los requerimientos de transformación del sector agrícola. Y, en este ámbito, el Gobierno está dispuesto a construir instrumentales distintos, diversos y más amplios de los que disponemos. Asimismo, cabe tener en cuenta muy especialmente una realidad: las dificultades del sector más débil, que es el de la agricultura en pequeña escala -el de la agricultura familiar, o sea, la pequeña agricultura-y la mediana agricultura.
Para transformar esas dos realidades, estamos planteando -al igual como en los próximos días lo haremos mediante indicaciones a la Comisión de Agricultura del Senado sobre el proyecto del bosque nativo y . fomento forestal- otros mecanismos que nos permitan ampliar el abanico de instrumentos para responder a esas realidades.
También deseo ser franco en cuanto a la participación del sector privado. Pienso que hemos alcanzado un ambiente de cordialidad y de franqueza. Quizás mi disponibilidad de tiempo ha sido insuficiente para mantener un diálogo más estrecho, a fin de manejar una variedad tan grande de temas y, a veces, resolver situaciones de emergencia. Y eso debo reconocerlo. Sin embargo, estimo que el desarrollo institucional del sector privado ha sido insuficiente para enfrentar el paso de un esquema en que el Estado debía asumir la transformación agrícola, el cambio tecnológico, la elevación de la productividad o la política de precios, a otro en que dicho sector sea actor decisivo.
Quiero plantear una idea. Debemos buscar mecanismos que fortalezcan instancias en que el sector privado se exprese. En eso pensábamos cuando planteamos el tema de la calidad de la fruta. Cuando hablamos de la creación de una comisión hortofrutícola con respaldo jurídico o legal, estábamos pensando en que una serie de responsabilidades pudieran tener el apoyo de la ley para que las asumiera el sector privado.
En los casos forestal y vitícola, hay enormes posibilidades de avance en este sentido. El sector privado, a mi juicio, puede institucionalizar iniciativas, que estamos dispuestos a respaldar, para no repetir algunas situaciones que, a veces, no fueron enteramente eficientes.
Deseo terminar, señor Presidente, señalando tres o cuatro ideas que nos preocupan. En primer lugar, el viernes recién pasado establecimos lo que denominamos el Primer Centro de Información y Gestión. Al mirar la agricultura desde las Regiones, uno se pregunta, ¿cuál es la capacidad o el nivel de información que, en una economía de libre mercado, manejan los productores en materia de precios u otros temas? ¿Cuál es la capacidad de análisis económico que se tiene para tomar decisiones? La implementación, en el Presupuesto de este año, de la posibilidad de desarrollar dichos Centros de Información y Gestión a lo largo de Chile para estimular a las universidades a formarlos -copiando un poco lo que están haciendo Europa y otros patees-, creo que serviría para acompañar lo que representa la esencia de la modernización agrícola (que no es sólo el cambio tecnológico), que fundamentalmente es la capacidad de introducir el cálculo económico y el análisis financiero en la toma de decisiones. Y, en la creación de dichos Centros, nos parece que hay una veta sustantiva.
Por otra parte, tocante al proceso de innovación, estimamos importante lo que hemos logrado y que se ha expresado en el proyecto de ley, enviado al Parlamento, respecto de formación y capacitación. Creemos básico la formación de los recursos humanos y la valoración de los trabajadores y del trabajo para avanzar en una línea de equidad, acompañando los procesos de crecimiento o de transformación agrícola.
Podría dar otros antecedentes, pero me parece que me he excedido en el tiempo.
Pero quiero agregar que un economista inglés publicó hace pocos días una propuesta en el sentido de que la política agrícola común debiera ser transformada en una política rural para la comunidad europea. En el país estamos pasando por un momento en el que tenemos que valorar las externalidades de la agricultura y las externalidades de las poblaciones rurales, lo cual no ha sido suficientemente considerado. De ahí el énfasis que hemos puesto en el restablecimiento de la Comisión Interministerial de Desarrollo Rural, en que hemos avanzado en distintos aspectos sustantivos para mejorar la calidad de la vida rural y en que se ha reconocido, con medidas que podría señalar más adelante, que el país tiene una deuda no pagada con el sector agrícola. Es una deuda con el atraso, con el aislamiento y con la pobreza que existe en el campo.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Ofreceré la palabra a los señores Senadores en el orden de inscripción.
Debido a que son las 18:30 y que la sesión dura hasta las 20, ruego a Sus Señorías que sus intervenciones sean lo más precisas posible, sin perjuicio de las preguntas que harán al señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAIN.- Señor Presidente, no es justo que nos restrinjamos en el uso de la palabra. Hemos pedido celebrar esta sesión especial por la importancia del tema y sería inadecuado limitar el tiempo para plantear nuestras reflexiones acerca de él.
Un lejano ruido de fondo parece constituir, en la discusión de la ciudad, el malestar que se vive en los campos de nuestro país. Pero mientras, con dificultad, la voz de los productores agrícolas intenta traspasar los muros de las esferas del Poder, día a día, se va imponiendo una realidad implacablemente: mientras la economía global del país crece, la agricultura decrece año a año, habiendo llegado en el ultimo semestre, según la información que poseo, al récord histórico de menos 0,5 por ciento. Después de casi una década de florecimiento, en la que el sector agrícola no sólo experimentó un rápido y sostenido crecimiento, sino que llegó a superar en esto al resto del país -como ocurrió, por ejemplo, en 1989-, la alegría y los nuevos tiempos están resultando para los campos de una amargura que, más bien, recuerda tiempos bastante viejos.
Las cifras de que se dispone hablan por sí mismas.
Entre 1983 y 1989, el crecimiento del sector silvoagropecuario fue de 5,8 por ciento anual; en el período 1989-1992, fue de sólo 3 por ciento. La superficie cultivada en 1986-1987 cubría 1 millón 222 mil 970 hectáreas; para 1993, sólo llegaba a 861 mil 860, lo cual implica una pérdida de 30 por ciento. En 1992, la ocupación alcanzó a 779 mil 120 personas; para este año la cifra es sólo de 725 mil 530. Es decir, en los últimos dos años de gobierno de la Concertación, cerca de 54 mil personas han salido de la actividad. En el año 1989, la agricultura contribuyó con 10 por ciento del producto interno bruto; en 1993 éste superó ligeramente el 7,5 por ciento.
Frente a tales cifras -suficientes, por ahora, para definir el entorno del debate-, solicité esta reunión especial del Senado, petición que fue acogida por la unanimidad de los Comités, dada la trascendencia que asignan a la materia, y sesión a la que asisten el señor Ministro de Agricultura y distinguidas personalidades representativas del sector a nivel nacional, como la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura y de otras entidades de representación campesina, así como dirigentes regionales, entre los que saludo a los de la Séptima Región, que con mucho orgullo represento en esta Alta Corporación.
Sobre la base de lo anterior, podemos iniciar nuestro análisis, que empezaré discutiendo la situación del sector en la economía nacional.
Los niveles de gasto público que han caracterizado a los Gobiernos de la Concertación -y que se reiteran en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para 1995 enviado por el Ejecutivo- constituyen, a mi juicio, el marco ineludible dentro del cual hay que analizar el fenómeno que está ocurriendo en el sector de la economía definido por los bienes exportables y aquellos que sustituyen importación. Es precisamente en este contexto, en el impacto que esta política de gasto ha significado para los bienes transables, donde se inserta la explicación de la situación que hoy estrangula a la agricultura.
Para nadie es un misterio el que en una economía abierta, en un mundo de mercados globalizados, la estrategia de diversificación de exportaciones y las políticas monetarias asociadas -que con tanto esfuerzo asumió el país en su momento- constituyeron uno de los pilares fundamentales del despegue económico chileno. Sin embargo, las bases del nivel de desarrollo y crecimiento económico que hoy exhibe el país son exactamente las que se debilitan día a día y que se encuentran gravemente amenazadas.
Estimo del todo imprescindible que, al discutirse la iniciativa legal de Presupuestos de cada periodo en el Parlamento, se hagan explícitas las opciones políticas que se encuentren implícitas en el respectivo proyecto del Gobierno; que quede de manifiesto con toda nitidez lo que el Gobierno pretende que se apruebe, por cuanto hay delicadas materias en juego sobre las cuales pareciera no existir claridad y el suficiente conocimiento que ellas ameritan, atendida la gravedad de sus consecuencias.
La insistencia de distintos sectores que han venido planteando el tema del gasto fiscal se ha topado sistemáticamente con una respuesta falaz por parte de las autoridades de Gobierno. Ella se funda en una mal entendida opción social que, como demostraré más adelante, al paso que van las cosas, en último término quedará sólo en el discurso y no se verá materializada en la vida de aquellos a quienes se pretende beneficiar los sectores más pobres de nuestra nación.
En efecto, cada año en que el Gobierno ha gastado más de lo que crece el país, ese excesivo gasto ha terminado provocando una inflación que el Banco Central ha debido controlar por la vía de mantener tasas de interés muy superiores a las de aquellos países con los cuales comerciamos y competimos con nuestros productos. Y son precisamente esas tasas de interés las que atraen y producen una afluencia de dólares, la que, consecuencialmente, deprime su valor en pesos. Esto es lo que explica en forma importante el bajo valor del tipo de cambio que hoy tenemos, lo cual redunda en que nuestros productores vayan quedando, necesariamente, en una situación de grave desigualdad respecto de sus competidores del mundo, situación que va debilitando a todo el sector de transables y, dentro de éste, muy especialmente a los exportadores no tradicionales y a quienes no pueden acceder a créditos en dólares.
Como es obvio, las consecuencias de esta política son desastrosas para el modelo exportador y la apertura de la economía, que tanto beneficio trajo a Chile, y que, hoy, todos sin excepción dicen compartir. El fortalecimiento y la diversificación de las exportaciones es imprescindible y mandatorio en el modelo económico vigente, y aquéllas se encuentran hoy, sin embargo, con un entorno amenazante, del cual no se quiere ni aun tomar conciencia -el señor Ministro no lo ha mencionado en su exposición, por ejemplo-, introduciéndose entre medio el paradójico discurso de la segunda fase exportadora, en circunstancias de que no sólo no estamos siendo capaces de sostener la primera, sino a las puertas de volver a aquella que parecía tan lejana, donde éramos únicamente exportadores de cobre y materias primas.
No habrá desarrollo de los sectores de bienes transables mientras no existan condiciones de igualdad para competir con los productores del mundo. Y no existirán condiciones de igualdad para competir en el mundo mientras sean nuestros productores de bienes exportables o sustitutos de importación quienes tengan que pagar y absorber las consecuencias del gasto desmedido en que ha estado empeñado el Gobierno.
Ahora, dentro de este estado de cosas, sin perjuicio del impacto que ello ha traído para el sector industrial, es el sector agrícola el que ha quedado en una posición de mayor vulnerabilidad y el que más cara e irremediablemente ha pagado los costos de esta política de gasto fiscal. Los productores agrícolas lograron constituir el sector de exportaciones no tradicionales de mayor importancia en el país; demostraron que eran capaces de salir al mercado mundial conquistando para sus productos espacios que nunca antes al menos en este siglo- había tenido Chile para su producción agrícola.
No hace mucho, probaron que lo podían hacer bien. Aumentaron su productividad, tecnificaron sus faenas, aprendieron a conocer los gustos específicos de distintos mercados en el mundo, etcétera, La agricultura llegó a representar el 10 por ciento del producto bruto y una fuente importante de absorción de empleo a nivel nacional, superior al 16 por ciento del total. Y así, después de una década de crecimiento, desde el año 90 en adelante, la agricultura ha ido decreciendo sistemáticamente, año a año. Mientras en el periodo 1990-1992 el país crecía al 6 por ciento, el sector agrícola lo hacía sólo al 1,5 por ciento, cifra que se obtiene separando los sectores forestal y pesquero; ésa es la única manera de saber cuál es la verdadera realidad del sector agropecuario. De esta forma, llegamos a 1994, en que, en virtud de una política de gasto estatal peligrosamente desacertada, la agricultura ha quedado definitivamente atrapada en una situación de asfixia.
El diagnóstico no es sólo nuestro. Es también, en buena medida, el del Banco Mundial, según lo revela un informe pedido por la Administración Aylwin y que aún no se ha dado a conocer, por razones que ignoramos.
Para los productores agrícolas, la situación ha significado en lo concreto un fuerte aumento del gasto, fruto del incremento real del costo de la mano de obra (ésta constituye, en promedio, el 60 por ciento del costo de producción); del acomodo de los precios de los productos en el mercado mundial, que se fijan en dólares (con un tipo de cambio real que ha perdido el 35 por ciento del valor que tenía hace cuatro años), y, por último, del acceso sólo a créditos en UF, casi dos veces más caro que aquel a que accede su competidor en el extranjero. Lo anterior, sin mencionar el elevado cúmulo de otros subsidios que éste recibe, y que no existen para sus pares chilenos.
En alguna oportunidad he explicado gráficamente la situación del campo del siguiente modo: mientras el productor agrícola siembra en UF, cosecha en dólares. Es decir, mientras sus costos de producción se dan en pesos reajustados, sus ingresos, a la hora de la comercialización, se miden en dólares. Y en tanto la UF sube incesantemente, el dólar -como lo hemos señalado- baja también sin cesar. Ello ocasiona, más temprano que tarde, una crisis de rentabilidad que ningún incremento de productividad puede evitar. Mientras siga esta asimetría de ingresos y egresos en diferente moneda, el desajuste, negativo para el mundo agrícola, será la señal de su deterioro crónico.
El sentido común indica la casi total imposibilidad de que se pueda sostener la situación descrita. Pero nos encontramos con la sorpresa de que para el Presidente de la República no se trata de una crisis, sino de una dificultad, la cual no obsta para que, en materias presupuestarias, el Gobierno mantenga una conducta que no da señales claras de rectificación y maneje el Presupuesto con la misma lógica de gasto excesivo que ha originado la presente situación. Y como manifestación de preocupación ante las dificultades que ahora se admiten, luego de años de negarlas, se crean comisiones de desarrollo rural, las cuales sólo podrán constatar el aumento de personas pobres en el campo, producto del desastre en la rentabilidad de la actividad agrícola.
Estamos desandando el camino recorrido, y, de persistir en esta política, el enorme esfuerzo realizado en el pasado por nuestros productores, que significó un impulso vigoroso para el crecimiento de la economía y del país, paulatina y silenciosamente se terminará echando por la borda.
Si en estos años el Gobierno de la Concertación ha podido profitar de la energía que traía la economía -que, por cierto, mucho costó al sector privado construir-, es necesario recordar que ésta se pudo lograr gracias a políticas económicas acertadas y más intensivas en realismo y originalidad, que en el mero expediente de incrementar el gasto. Es por ello que hoy debe hacerse cargo de la responsabilidad que sobre él recae en el momento de decidir el gasto público. Pues, aunque se habla de austeridad, cada vez que el tema se trata, las señales que se están recibiendo apuntan hacia concepciones sobre la austeridad muy distintas de las que la presente situación reclama.
Pareciera que la Concertación ha entendido que gobernar tiene que ver con gastar. Ha querido legitimar su gasto excesivo y encubrir las fatales consecuencias de éste, en nombre de una voluntad de justicia social.
Justamente, porque compartimos por entero tal voluntad y, sin lugar a dudas, su prioridad, por cuanto el país está en posición de desarrollo económico lograda por el esfuerzo productivo de los privados, que hace que tal prioridad sea viable, no podemos dejar de señalar lo gravemente equivocada que está la actual autoridad en el camino que ha elegido para tal opción. Por cuanto, por ejemplo, no se ve de qué manera, incrementando los gastos en burócratas, camionetas y viáticos, como ha venido ocurriendo en el Ministerio de Agricultura, entre otros -que ha subido en 57 por ciento sus gastos corrientes, con un desglose en algunos ítem de 20 por ciento en más empleados, de 21,3 por ciento en vehículos y de 80 por ciento en viáticos entre 1990 y 1993-, se puedan aumentar las riquezas agrícolas del país.
Más que los excesos del Estado y el estilo de trabajo y de gasto de su burocracia de los nuevos tiempos que los chilenos financian con su trabajo, es el esfuerzo privado, en el cual la Concertación parece no confiar enteramente, el que va a permitir a Chile sacar de la pobreza a quienes aún se encuentran en esas condiciones. Es necesario saber, para todo efecto práctico, que el 80 por ciento de la erradicación de la pobreza en los últimos años se explica por el aumento del empleo generado por el sector privado, y no por el incremento del denominado gasto social.
De ahí que resulte inquietante, por el estilo que revela en el manejo de las cosas, que el Gobierno haga llegar al Parlamento un proyecto de ley presentado públicamente bajo la apariencia de una política fiscal neutra, neutralidad que categórica y definitivamente no es tal. En el informe TASC del mes de octubre recién pasado, preparado por ILADES, institución con mayor afinidad con las actuales autoridades de Gobierno que la que pudieran tener otros centros de investigación, se señala textualmente: "La prevalencia del gasto público sobre el crecimiento de la economía parece constituir una tendencia estructural antes que un fenómeno transitorio. Además si existía una tendencia a la baja en el crecimiento absoluto (no relativo al PIB), éste fue abortado en el presupuesto para 1995 que prevé una expansión del 7,4 por ciento respecto del nivel previsto para 1994. El gasto corriente neto de intereses, variable que es comúnmente utilizada para representar el gasto público que es controlado por la autoridad fiscal, crece a una tasa tan alta -7,9 por ciento promedio anual- como el gasto total.". Entonces, surge la pregunta: ¿de qué neutralidad se está hablando? ¿Qué austeridad es ésta?
Los argumentos anteriores nos demuestran que la clave de cualquier nueva política que procure aumentar la capacidad productiva del país pasa por adoptar las medidas que permitan hacerlo con realismo económico y sustento real en la creación de riqueza. Ello implica inevitablemente intervenir sobre los aspectos que están actuando negativamente en el precio del dólar. El primero es el gasto fiscal, al que nos hemos referido; el segundo es aquel que permite influir sobre la demanda de dólares, pues en el país hay sobreabundancia de oferta de esta moneda -lo que incide en la baja de su precio-, también como consecuencia de la facilidad que existe para ingresar inversiones extranjeras a nuestro territorio, la que no va acompañada de la facilidad para sacar los dólares de Chile.
Por ello, la única prueba inequívoca de esa anunciada voluntad de austeridad en el gasto por parte del Gobierno, junto con reducir drásticamente el gasto público, sería en este momento la apertura de la cuenta de capitales. Ello constituiría categóricamente un signo contundente de esa voluntad, pues revelaría que no le teme a las consecuencias de una definitiva integración financiera, y que efectivamente está en condiciones de prescindir de la herramienta de la tasa de interés interna, que hasta ahora le ha permitido controlar la inflación provocada por su excesivo gasto. Mientras ello no ocurra, deberemos entender que, más allá de cualquier declaración, su intención respecto al nivel de gasto fiscal, en lo sustantivo, sigue intacta. Tendremos que comprender, por tanto, que detrás de esta actitud hay una opción política clara y manifiesta y por cuyos costos deberá responder, costos que hasta el momento han logrado mantenerse encubiertos por la vía de la ambigüedad y las evasivas.
Los costos, hoy -entiéndase claramente y digamos las cosas por su nombre-, los están pagando precisamente los empresarios y trabajadores de los sectores que más mano de obra absorben en sus faenas, y donde radica la médula del crecimiento de un país que tiene una economía integrada al mundo: exportadores no tradicionales y productores que sustituyen importaciones. Como la agricultura es uno principal entre ellos, por este camino, el primero y más inmediato de los costos de esta política de la autoridad será la extensión del certificado de defunción a la agricultura chilena.
De persistir en su política, esta decisión del Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle llevará a los campos olores cargados de recuerdos y promesas cuyos desenlaces aún nos penan.
A estas alturas, Honorables miembros del Senado, cabe una pregunta que debe enfrentarse con la valentía que corresponde: ¿Por qué la agricultura? ¿En qué sentido es importante para Chile cuidar y cultivar sus campos?
Se nos ha transformado casi en una costumbre nacional que el tema de la agricultura se presente como un sector de la economía asociado a crisis y conflictos. Lamentos van, descalificaciones vienen. Así hemos convivido con el problema en los últimos 30 años -una generación completa-, salvo en el período del veranito de San Juan antes mencionado. Para muchos, volver la mirada a los campos equivale a dar la espalda al desarrollo. Es poner la vista donde no parece haber desafío ni destino. Para ellos, la modernidad y el progreso pasan por la ciudad; el futuro se construye desde ahí. Los campos representan lo retrógrado, lo opuesto a progreso y bienestar, se asocia una forma de producción y generación de riqueza con una forma de vida, todo en un mismo saco que se asoma como un vejestorio sin interés, parte de un pasado que no interesa por obsoleto. Hay incluso otros para quienes los campos constituyen un folclorismo problemático, porque algo pareciera tener que ver con un ser profundo, ligado, de alguna vaga e imprecisa manera, con una identidad; pero, por otro lado, los vientos de la modernidad, a la cual ' se aspira, parecieran correr en sentido contrario.
A nadie escapa la imposibilidad y el sin sentido de pensar en un problema de Chile sin hacerlo desde la perspectiva del mundo, pues, querámoslo o no, participamos de un mundo global, en el cual están ocurriendo importantes y profundas transformaciones, en que la globalización de los mercados no es más que una expresión: la económica, entre muchas de este proceso. El mundo emergente trae nuevas aspiraciones, otras necesidades, otros valores, el desarrollo de las tecnologías de información, telecomunicaciones, etcétera, que están revolucionando la forma de vida de las personas. El acortamiento de las distancias hace aparecer otro modo de ver el mundo, y la homogeneización que esto ha significado ha traído aparejada la búsqueda de diferenciación y de diversidad. La sociedad informatizada en que vivimos está dejando atrás las concepciones culturales que caracterizaron la época industrial tradicional que delineó los primeros 70 años de este siglo. Una nueva forma de vida se empieza a configurar, y Chile no puede conducirse responsablemente dando la espalda a lo que ocurre en el mundo.
Pasados están los tiempos que permitieron a un famoso economista decir -lo citó-: "Quizá sea la agricultura la Cenicienta de la naturaleza, pero no cabe duda de que es la hija mimada de los gobiernos.". Esta frase recogía el sentir de los que entonces soñaban con el desarrollo de un mundo industrializado que no avizoraba ni remotamente la revalorización social y el cambio de mirada que se produciría con relación a la naturaleza, la emergencia de consideraciones ecológicas, los cambios en los hábitos de vida de las personas y en sus costumbres alimentarías, el anhelo de las nuevas generaciones que, asfixiadas en medio de un mundo extraordinariamente tecnificado, buscan formas de vida distintas a las tradicionales de la ciudad de la época industrial. Cuando en los años 60 la frase que hoy recordamos fue escrita, el mundo era otro. Hoy esta frase contiene afirmaciones que ya no son más verdad. La agricultura ya no es más la hija mimada de los Gobiernos, tendencia que se empieza a ver en todas partes del mundo, y, como la Ceniciencia de la naturaleza, al igual que al final del cuento que inspiró la analogía, también a fines del siglo ya se oyen las campanas que anuncian que la otrora Cenicienta luego se convertirá en princesa. Pero, en Chile, en cambio, el Gobierno, cual sorda madrastra, hace todo lo posible por evitarlo.
Señor Presidente, el futuro no es un asunto de mañana. Lo estamos definiendo hoy. Mañana es tarde.
Es en el contexto del advenimiento del próximo siglo desde donde debemos analizar la situación de la agricultura como sector productivo y con las formas de vida rural asociadas. Desde esta perspectiva de un mundo posindustrial, el argumento simplista del modernismo con relación al tema agrícola es tan retrógrado como insostenible, pues revela una visión decimonónica que precisamente en el mundo industrializado está siendo enteramente superada.
No puede aquí dejar de formularse una reflexión acerca de los conceptos de vida rural, a los que hemos hecho referencia directa e indirectamente. En efecto, la realidad actual de la vida en el campo dista mucho de la imagen bucólica que la acompaña en el recuerdo nostálgico de los mayores, o que con frecuencia traen consigo las figuras literarias. Basta tener presente cómo las propias asignaciones de recursos que provienen del gasto fiscal no se compadecen con las necesidades rurales. Los subsidios habitacionales que se otorgan hoy para el sector rural, en el propio Gobierno de la Concertación, son, en proporción, la mitad de los que se dan para las ciudades. Ni mencionar la situación de infraestructura, de servicios básicos, de aporte a la educación rural o a la atención de salud en el campo, toda ella difícil de conseguir, cuando no imposible, como lo logra el resto de los chilenos urbanos. De ahí que, si a la descrita situación de crisis de rentabilidad agrícola se agrega la de menor apoyo en la asignación del gasto fiscal para el campo, se puede comprender que la imaginería que existe sobre la vida rural no guarda relación con su realidad: hoy por hoy, la pobreza es mayor y más difícil en el campo que en la ciudad.
Por lo mismo, si no somos capaces de dar un destino a nuestros campos en consonancia con la realidad del mundo, no sólo perderemos todos los chilenos en el mediano plazo el beneficio de una fuente dé generación de riqueza, sino que, además, en el corto plazo, veremos velozmente aumentado el problema de la pobreza que se busca combatir, pues, siendo la actividad agrícola una de las que contribuyen más significativamente al empleo, son de prever las consecuencias en que esto derivará. Y éstas ya se empiezan a manifestar en las cifras. El nivel de endeudamiento del sector agrícola bordea peligrosamente los mil millones de dólares, en tanto que la ocupación agrícola, sólo en el período junio-agosto, cayó en 5,1 por ciento, si la comparamos con igual período del año anterior. En los dos últimos años, son más de 50 mil personas las que han perdido su trabajo en el campo y con ello su fuente de ingresos.
¿Dónde ponen sus ojos esos 50 mil trabajadores y sus familias? ¿Quién puede dudar que, si a su alrededor no hay trabajo, estas personas pasarán a engrosar las filas de los pobres y marginales de las ciudades? ¿Quién puede responsablemente decir que ésta es una política adecuada para combatir la pobreza?
El Presidente de la República deberá explicar a esos 50 mil trabajadores agrícolas y a sus familias, de qué manera, a través de comisiones, se crearán actividades productivas para ellos, y que las propias políticas del Gobierno, con su excesivo gasto, han hecho abortar.
¿Dónde está la equidad de la cual se habla? He aquí el total sin sentido al que estamos asistiendo. No hay en cierto sentido, y propiamente hablando, una crisis de la agricultura, sino de las políticas que usa el Gobierno y que la afectan irremisiblemente.
Guardo esperanzas de que la autoridad entrará en razón sin necesidad de que las cosas lleguen al punto de volverlas irremediables, o que se requieran de movimientos de presión, al modo de los que hasta ahora han movilizado la atención de las autoridades como los generados por los profesores, los médicos o los mineros del carbón. El Gobierno debe demostrar que sus determinaciones no son producto de presiones, o se verá enfrentado a una cadena interminable de movimientos sociales destinados a transformar sus respectivas situaciones, entre los cuales el agro, ciertamente, tendría mucho que decir.
Si queremos un destino para nuestros campos, con sentido de futuro, esto pasa por entender, primero, que nuestros productores compiten de hecho con pares de todas partes del mundo para colocar sus productos en el mercado mundial, y segundo, que en los últimos años la agricultura mundial ha empezado a sufrir profundas transformaciones, las que deben ser conocidas y comprendidas cabalmente tanto por los productores como por las autoridades, para tener políticas acertadas y acordes con la realidad del mundo.
En efecto, la combinación de subsidios para ciertos productos, especialmente tradicionales, que algunos países aún sostienen a costa de los impuestos de buena parte de su población, y que para 1993 alcanzaron a 153 mil millones de dólares, unida a importantes desarrollos tecnológicos en biogenética, han provocado una producción excedentaria a nivel del mercado mundial, particularmente en aquellos productos de baja elasticidad.
Ese es un hecho categórico que hay que enfrentar. Los grandes desafíos del sector agrícola ya no están sólo orientados a la obtención de mayores rendimientos por hectárea, que en Chile son elevados -de nivel internacional incluso en los cultivos esenciales o tradicionales-, sino a la lucha por lograr una porción significativa de los mercados donde colocar sus producciones. Ello, obviamente, no desconoce el imprescindible esfuerzo que debe hacerse por aumentar la productividad en numerosos cultivos y huertos en los que todavía hay un espacio de progreso, pues las condiciones actuales han estrechado a tal punto los negocios, que sobrevivirán sólo aquellos que logren niveles de excelencia en sus productividades. Es de toda necesidad comprender que hoyen casi cualquier actividad, ya sea económica, científica, artística, o lo que sea, que partícipe del mundo global, los requerimientos de calidad son tales que no hay espacio para la sobrevivencia con resultados mediocres a nivel mundial. Estudios desarrollados por algunos centros universitarios demuestran que en Chile aún hay áreas de producción agrícola donde quedan espacios importantes para mejorar rendimientos y que condiciones de suelos y clima permiten tener ventajas comparativas interesantes.
No puede prescindirse, en el conjunto dé estas consideraciones, el estar atentos al enorme impacto que el acelerado desarrollo tecnológico mundial significa para la actividad agrícola. En efecto, los constantes avances en tecnologías de producción, de guarda, de nuevas variedades, de eficiencia de fletes interoceánicos, etcétera, transforman incesantemente la situación del mercado mundial. Ello obliga a nuestro país a desarrollar una creciente capacidad de reacción, tanto para mantenerse en la primera línea del conocimiento como para enfrentar los nuevos escenarios comerciales que se presentan a cada paso. Un ejemplo simple de lo anterior es lo que ocurre al sector frutícola con el desarrollo de mejores técnicas de guarda de la fruta en el Hemisferio Norte. En este ámbito del conocimiento y la información, como asimismo de la correspondiente capacitación de los trabajadores y productores agrícolas, hay un importante campo de acción, lo cual impone un desafío tanto para nuestros centros de investigación universitarios como asimismo para los organismos públicos y privados que canalizan recursos para la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de sistemas de información de mercados y competencia, y la capacitación. Los esfuerzos que se hagan en esta materia, como lo ha señalado el señor Ministro, deben ser convergentes con las necesidades de la agricultura chilena y la realidad de la agricultura mundial.
Por otra parte, este escenario de cambios, si bien implica las naturales dificultades que toda adaptación supone, ofrece también nuevas oportunidades que nuestros productores agrícolas sabrán aprovechar. Los cambios en los hábitos de vida de las personas y los cambios de gustos asociados, los mayores niveles de ingresos de los habitantes de los países más ricos, la incorporación a la economía mundial de los llamados países emergentes, abren nuevos espacios para nuestros productores, pues cada día se desarrolla con más fuerza un mercado ávido de nuevos productos, más sofisticados, acordes con otras formas de vida, y cuya satisfacción pasa a ser todo un mundo de nuevas posibilidades para quienes están dispuestos y tienen el empuje e iniciativa que se requiere a la hora de las transformaciones. Esto significa que en Chile, si se adoptan las medidas necesarias para poner en igualdad de condiciones financieras a nuestros productores con aquellos con los cuales compiten en el mundo -tema sobre el cual el Gobierno tiene la palabra-, y si se evitan las distorsiones que generan los subsidios en la competencia local -he presentado al respecto un proyecto de ley, con el patrocinio de distinguidos señores Senadores-, queda por delante la tarea nada de fácil y que requiere de una visión nacional en el sentido de entrar de lleno a la modernización de la agricultura, proceso que es indispensable que ocurra para el beneficio de todo Chile. Pese a que los agricultores y campesinos chilenos están ansiosos y en condiciones de llevarlo a cabo, su impulso inicial ha ido siendo, sin embargo, cada vez más desbaratado por las equivocadas políticas de gastos por parte de ambos Gobiernos de la Concertación. En la pasada década, ya demostraron que fueron capaces de superar las dificultades que la apertura trajo consigo. No se ve motivo por el cual ellos no sean capaces de responder a esta nueva etapa de desafíos.
En los últimos treinta años, a excepción del período antes mencionado, en los campos de Chile se han vivido conflictos. Sin embargo, hubo una coyuntura que permitió demostrar lo que puede representar el trabajo del sector agrícola para el crecimiento general del país. Tal como las cifras lo revelan, ese impulso se perdió. Sin llanto ni demagogia, yo invito a que nos abramos a la pregunta de fondo. En esta historia de semiagonía, esos mejores días que no hace mucho vivieron nuestros campos, ¿tendremos que interpretarlos en el futuro como la última mejoría antes de la muerte? O, por lo contrario, ¿seremos capaces de ver en esos mejores tiempos una señal de las posibilidades y oportunidades que la agricultura puede ofrecer al país y que alcanzó incipientemente a mostrarse?
En una economía abierta de mercados globalizados, la agricultura chilena no tiene por qué no participar de ese mismo juego. Y ella sólo podrá crecer y tener destino si exporta y se integra a la agricultura mundial en una situación de igualdad de condiciones y oportunidades para competir con los agricultores del mundo.
Si el Gobierno no rectifica su modo de enfrentar el tema de la agricultura, no sólo incurrirá hoy -en medio del discurso de la equidad- en una grave injusticia, sino que además habrá cometido un acto de imperdonable falta de visión, la que inevitablemente terminará comprometiendo negativamente el futuro del país. Y una vez más tendremos que pagar las consecuencias, oír las tardías autocríticas a una hora en que ya nada remedian, y cuya responsabilidad -esta vez- aquél no podrá eludir.
La envergadura de un gobernante no se prueba por la ausencia de problemas ni negando las crisis por la vía de declararlas sólo como dificultades. Por el contrario, la estatura queda revelada por el talento de saber reconocer la profundidad de los problemas, por antipáticos y poco convenientes que éstos parezcan para la sobrevivencia en el poder, y aplicarse a ellos con voluntad, seriedad e imaginación, abriendo nuevos caminos y convocando a todos a superar las dificultades. Reclamamos, pues, el entendimiento de esta materia como de interés nacional, a la cual sólo cabe como respuesta una política de Estado, lograda en un verdadero pacto social.
La pregunta es cómo hacerlo. La agricultura, con todos sus problemas, constituye una verdadera oportunidad para asumir el crecimiento de Chile en la dirección correcta, sin desarrollar para ello políticas especiales para el sector, sino llevando adelante modificaciones que serán extensivas a toda la economía nacional. No solicitamos privilegios para la agricultura, sino que racionalidad y coherencia en el desarrollo de una economía libre.
En el plano de las propuestas concretas, atendido lo medular de esta exposición, y en forma muy resumida, quisiera plantear, a modo de conclusiones de lo expresado, que corresponde adoptar pronto medidas del tenor siguiente.
En primer lugar, es indispensable asumir una política de gasto fiscal no inflacionaria, que evite las tasas excesivamente elevadas que hoy tiene el país. Ello supone reducir drásticamente el gasto fiscal; y, sin perjuicio de lo anterior, abrir la cuenta de capitales, permitiendo una efectiva internalización de nuestra economía.
Mientras esas dos medidas no se tomen, debe entenderse como absolutamente inoficioso todo lo demás. Los hombres del campo podrán darse por notificados de parte del Gobierno sobre su opción. Muchas otras decisiones y políticas benéficas para el agro podrán adoptarse; pero ellas operarán sobre lo secundario, más allá de su importancia o necesidad relativa. De ahí que rechacemos una suerte de fatalismo que se ha impuesto en el tema del dólar, como si su modificación fuese algo imposible. No es así. Todo depende de la voluntad que se tenga y de los objetivos que se persigan. Ya asistimos en otro momento a una rigidez semejante y que -hoy debemos reconocerlo- fue un ingrediente decisivo en la crisis que posteriormente sufrió el país. Es esa experiencia la que no queremos repetir.
En el marco de estas determinaciones, es posible mencionar algunas otras medidas que, en el ámbito financiero y congruente con lo anterior, se pueden propiciar: autorizar créditos en moneda extranjera a productores de bienes transables; eximir a los exportadores de su obligación de liquidar sus divisas en el mercado nacional; para el caso de los créditos externos, aumentar el plazo de recompra en el mercado cambiado formal para los exportadores o productores de bienes transables. Las distorsiones a la competencia desleal, como ya hemos dicho, han de ser combatidas a través de iniciativas como el proyecto de ley que hemos presentado.
Una segunda línea de propuestas se expresa en el ámbito tributario. Creemos necesario introducir medidas que pueden tener un impacto positivo en la actividad agropecuaria, como la de facultar a los agricultores para que tributen según renta efectiva, para hacerlo de acuerdo a las normas de contabilidad simplificada.
Asimismo, creemos útil facultar a los exportadores para registrar en su contabilidad los créditos en moneda extranjera según el dólar observado y no en la moneda de curso legal.
En tercer lugar, en lo que concierne al desarrollo rural, estimamos indispensable revisar las prioridades que se han asignado para este sector, focalizando el gasto que se determine según la realidad socioeconómica del campo. Ello debe conducir a una nueva priorización de los recursos asignados para este sector.
Ligado a lo anterior, insistimos en la necesidad de una mayor descentralización del Estado en sus servicios públicos, llevando la sede de los principales servicios a la realidad a la que están llamados a atender. Ello equivale a reiterar la conveniencia de trasladar servicios tales como el SAG, el INDAP, la CONAF, entre otros, a regiones donde la realidad agrícola y forestal sea su principal actividad.
En cuarto término, es imprescindible asumir una revisión de la actividad científica, tecnológica, informativa y de capacitación vinculada a la realidad agropecuaria. La modernización de la agricultura impone la imperiosa urgencia de prepararse para competir en la realidad mundial, que exige calidad, variedad, respuestas rápidas y sentido de la oportunidad. El anquilosado sistema científico tecnológico debe recibir del Estado y del sector privado incentivos para responder a estos desafíos. Los centros de información agropecuaria deben establecerse como un servicio regional a las inquietudes de los productores. La capacitación debe seguir un modelo adecuado a las características del agro y no a la que requiere la industria, con otra estructura y que se desenvuelve en la ciudad.
Un quinto ámbito de preocupación lo constituye el patrimonio fitosanitario, cuyo desarrollo constituye una de las grandes inversiones efectuadas en décadas por el país. Es indispensable cuidarlo, ya que una vez perdido es de difícil recuperación. Este patrimonio es un activo que se debe utilizar, sin por ello esconder prácticas proteccionistas que buscan así eludir las reglas del desarrollo contemporáneo que suponen la competencia y la apertura.
Un sexto espacio que se debe estudiar y asumir es el de la incorporación de Chile a las zonas de libre comercio. Esto configura una de las nuevas dimensiones del comercio internacional que no se pueden evitar y que, además, configura la forma de asegurar los nuevos mercados que el país requiere para sus productos. Sin embargo, asumirlas no puede ser sinónimo de entregar o, menos todavía, de abandonar una actividad productiva como la agrícola, particularmente considerando lo distorsionada que ella está internacionalmente. La gradualidad debe ser la señal de este proceso, buscando potenciar las actividades agrícolas viables.
Un séptimo y último ámbito de propuestas se refiere a cuestiones que tocan a los diversos subsectores de la agricultura. No hemos hecho referencia a ellos en nuestra exposición y ello no ha sido fruto de la casualidad ni de la falta de soluciones que pare ellos tenemos. Sabemos de los problemas, por ejemplo, de la fruticultura, y entendemos que hay temas pendientes en la relación productores y exportadores o referidos a la certificación de calidad, hoy en debate en el Senado. Entendemos que los ganaderos requieren que la ley de tipificación de la carne se aplique igualmente a los productos que se importan del extranjero, y tampoco escapa a nuestro conocimiento que los vitivinicultores compiten con la venta clandestina de vinos y aguardientes, o que ellos cuentan con un impuesto adicional que encarece injustamente sus productos. Todo ello lo digo por mencionar algunos de los muchos subsectores que exigen de una respuesta coherente de nuestra parte.
Quiero señalar al respecto que en las próximas semanas haremos presente nuestra posición sobre la materia, enviando luego a trámite legislativo o a proposición del Ejecutivo, según corresponda, el conjunto de proyectos e iniciativas que sobre ellos hemos elaborado, oyendo a los diversos sectores que integran el mundo rural. No lo hacemos hoy porque no queremos caer en la trampa en la que ha caído el agro una y otra vez: la de entrar a discutir estos aspectos que, por su relevancia, desvían la atención de lo que es esencial en el problema agrícola: la baja del precio del dólar. De las siete proposiciones que hemos formulado, la primera es condición necesaria para el resto. Mientras ella no se adopte como lo hemos señalado, toda otra modificación resultará letra muerta a corto plazo. Por el contrario, resuelta que sea ésta, entonces, sí que podremos entrar en la modernización de la agricultura, pero ya conocedores que no estamos discutiendo sobre la subsistencia del sector, sino sobre su desarrollo más eficiente.
Todo lo demás es palabra vacía. Por ello, apelo hoy muy particularmente a los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición, que conocen más de cerca la realidad que hoy se vive en las zonas rurales. Nosotros también tenemos una responsabilidad sobre esta materia ante los miles de hombres que nos siguen y nos observan desde el campo, allí donde, con débiles esperanzas, tantas veces defraudadas, ellos aún habitan. Esos hombres y mujeres, agricultores y campesinos, todavía esperan; es a ellos a quienes, más temprano que tarde, tendremos que rendir cuentas, aunque sea en la soledad de nuestras conciencias.

El señor VALDES (Presidente).- Hago presente a la Sala que hay doce Senadores inscritos. Si cada uno ocupara 15 minutos, la sesión se prolongaría, en el mejor de los casos, hasta las 10 de la noche. Lo anterior induce a la Mesa a sugerir que abreviemos las intervenciones hasta donde sea posible, en el entendido de que la prórroga de la hora para este debate de tan alto interés no se prolongue más allá de dos o dos horas y media, quedando ello entregado a la conciencia, elocuencia, concisión y condiciones excepcionales de los miembros de esta Alta Corporación.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.- Se da por entendido de que la sesión se prorroga hasta el término de las intervenciones de los Senadores inscritos.

El señor VALDES (Presidente).- Sí, pero siempre que no empleen más de 15 ó 18 minutos como máximo.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, como cantaba Violeta Parra hace unos treinta años, la agricultura tiene muchos bemoles.
En primer lugar, quiero manifestar que me parece pertinente el debate, programado desde hace tiempo, para analizar cuál es la entidad de los bemoles que hoy enfrenta nuestra agricultura. En verdad, sobre este tema hay un debate en curso, el que a mi juicio es indispensable para fijar exactamente cuál es nuestra visión acerca del estado actual de este importante sector de la actividad nacional, de manera de poder construir, como se ha planteado tantas veces, una política de Estado que responda a los desafíos, si nuestro diagnóstico común así lo establece.
Debo felicitar al señor Ministro por sus palabras y por el enfoque que ha hecho del problema. Comparto lo esencial de sus afirmaciones; pero, fundamentalmente, una, que quiero destacar acá, porque no son palabras al viento, cuando aseguró que la agricultura chilena se encuentra ante desafíos que no había enfrentado en muchas décadas. Tal afirmación del señor Ministro -que está detrás de su exposición- fija el punto exacto del problema que debemos discutir. En realidad, encaramos desafíos que son relativamente inéditos en los últimos lustros y décadas de la agricultura nacional. Eso es lo que tenemos por delante. No se trata de una cuestión menor, pues está relacionada con los aspectos planteados aquí, y que quiero recapitular muy brevemente.
Si deseamos fijar una política de Estado, nos acercaremos a ella sólo en la medida en que realicemos una discusión serena del asunto y, por sobre todo, sin la pretensión de instrumentalizar el debate con pequeños o mezquinos esfuerzos -aunque a veces bien intencionados- por afirmar posiciones de partido o de grupos.
Si deseamos configurar una política de Estado sobre el particular, no debemos hacerlo contándonos cuentos de hadas sobre cenicientas menesterosas y malvadas madrastras, como si fuera ésta la fórmula que nos permitirá enfrentar este desafío histórico de toda la nación; ni tampoco con afirmaciones de carácter general que pretendan recoger lo que todos deseamos, sobre todo quienes, como tantos Honorables colegas en esta Corporación, son representantes de zonas agrícolas o que, como en mi caso personal, llevamos tantos años lidiando en distintos escenarios con los bemoles de la agricultura chilena.
Quiero reflexionar en el sentido de aportar, en la medida de nuestros conocimientos, perspectivas y propuestas sobre algunas materias respecto de las cuales consideramos indispensable ir estableciendo políticas de Estado o comunes.
En primer lugar, deseo señalar que, a mi juicio, el objetivo central en materia de desarrollo agrícola dice relación a que nuestra agricultura se verá enfrentada en los años que vienen a un inevitable y necesario proceso de reconversión o de transformación productiva, el que, por otra parte, se ha venido desarrollando durante los últimos años. Este proceso tiene que ver, también, en lo fundamental, desde el punto de vista productivo, o con un cambio del uso de determinados suelos y producciones o con un cambio en los niveles tecnológicos aplicados a los cultivos.
Al respecto, podríamos dar muchos ejemplos, desde el caso pequeño relativo a un proyecto dé INDAP en una zona minifundista de Cañete, que posibilita la entrada en la producción de flores y en mercados nuevos a economías mapuches, hasta el caso de lo que de alguna manera se ha hecho, incluso en zonas arroceras, con los problemas que ahí tenemos, donde la elevación de rendimiento o el cambio de variedades ha permitido que producciones que no eran rentables o competitivas puedan serlo de una manera razonable.
En segundo lugar, me parece que los problemas de corto plazo -y esto lo señaló con mucha fuerza el señor Ministro- debemos necesariamente subordinarlos a una cierta visión de mediano y largo plazos relativa al perfil de la agricultura que el país necesita construir para insertarse con capacidad en los mercados internacionales o -la otra cara de la medalla- poder resistir, en la producción interna, la competencia de otros centros productivos. Además, pienso que las propuestas de corto y largo plazos deben ser coherentes y adecuarse a las reglas básicas del tipo de modelo de desarrollo que hemos elegido: una economía abierta al exterior, donde el sector privado y el mercado juegan un rol fundamental, pero donde, al mismo tiempo -agrego-, el proceso de reconversión o de transformación de esta magnitud de la agricultura chilena requiere inevitable y necesariamente una participación activa del Estado, un diseño eficiente de políticas públicas. Porque si no fuera así, no nos encontraríamos realizando este debate en un órgano del Estado, como lo es el Congreso Nacional. Si esto no constituyera un ingrediente fundamental de la estrategia de desarrollo agrícola que debemos impulsar, no estaríamos discutiendo políticas agrarias, sino dejando que el mercado efectúe solo las transformaciones o la reconversión productiva necesaria. El problema radica en que si el mercado hace solo esas transformaciones, inevitablemente ocurrirá que van a quedar fuera de la posible competencia extensas regiones de nuestro país y no pocas categorías de productores agrícolas. Y a nuestra nación le interesa un desarrollo agrícola donde, también, existan equilibrios sociales y regionales.
No quiero entrar ahora en la larga discusión tocante al tema del dólar. Empero, sí, deseo señalar que acá hay cuestiones que no se dicen. Porque creo que no debemos buscar atajos fáciles. En esta materia no se indica que tenemos una tendencia general, universal, a la pérdida del valor del dólar respecto de otras monedas en el mundo, y que ésa no es una cuestión que dependa ni del Ministro de Hacienda ni del de Agricultura. Aquí no puede decirse que la única forma de corregir esta situación es disminuyendo el gasto social, cuando hay una sociedad y un país que necesitan urgentemente inversión social, parte de la cual debe realizarla el Estado. Nos encontramos con niveles razonables de gasto público y con el nivel más alto de la historia en ahorro público. Entonces, aquí tendremos que seguir conviviendo con la tendencia a un dólar relativamente bajo, porque ésa es una circunstancia de la economía mundial y, también, de los éxitos de nuestro propio desarrollo: superávit en balanza comercial, atracción importante de inversiones extranjeras, etcétera. Es claro que, dentro de ese marco, hay políticas que pueden realizarse.
Nosotros en general compartimos -ha venido efectuándose- lo tocante a la apertura del mercado de capitales, y otras. Pero señalar aquí que la cuestión central que resolverá todos los problemas de la agricultura radica en sostener un precio artificialmente alto del dólar es no dar, precisamente, ninguna salida al gran desafío que tiene el sector agropecuario y, en mi concepto, significa engañar, consciente o inconscientemente, a miles de agricultores que sí están dispuestos a buscar una salida.
Y si hablamos de políticas públicas, quisiera referirme, dentro de estas consideraciones generales, básicamente a dos aspectos que me parece fundamental definir.
El primero se refiere al tipo de política que sigamos en toda la negociación que se avecina en materia de tratados de libre comercio internacional, que reviste una importancia decisiva para el futuro del sector agrícola, y a algunas sugerencias de políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo de nuestros procesos productivos nacionales.
La eventualidad del tratado de libre comercio, sea con el NAFTA o con Estados Unidos, y las negociaciones en marcha con el MERCOSUR, tienen el efecto general de acelerar el proceso de ajusté a que está sometido el sector agrícola chileno. Y siendo eso así, estimó esencial fijar una política, en la que deberán participar todos los actores nacionales, de tal manera que esos indispensables procesos nos permitan, por una parte, aprovechar todas las ventajas que tiene la ampliación de nuestros mercados, y por la otra, paliar las desventajas que determinadas zonas del país y rubros productivos van a presentar.
Me parece esencial, en esta materia, entender que debe haber una política nacional que apunte a producir determinados equilibrios y compensaciones.
En primer lugar, desde el punto de vista territorial, es claro que los efectos positivos, sean del NAFTA o del MERCOSUR, van a concentrarse fundamentalmente en las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana. Porque donde tenemos claras ventajas eventualmente con la apertura del NAFTA es básicamente en el tipo de producciones frutales u hortofrutícolas o con mayor valor agregado. Asimismo, es claro que los efectos negativos van a producirse principalmente en las Regiones Séptima -de Talca al sur-, Octava y Novena, allí donde más del 60 por ciento de las superficies cultivadas corresponde a cereales.
Por lo tanto, ésta es una materia que debe estar presente al momento de tomar las decisiones y opciones nacionales sobre asuntos que benefician de manera más particular a unas u otras Regiones. Y, en ese mismo sentido, tenemos que generar mecanismos que permitan realizar compensaciones sociales. Porque no todas las categorías de productores podrán beneficiarse de igual manera de las ventajas de la ampliación de nuestros mercados o paliar las desventajas que supone esa integración. Y aquí hablo fundamentalmente de las economías campesinas y de estratos no poco importantes de medianos productores agrícolas.
En el marco del debate que ahora realizamos, quiero sugerir al señor Ministro, al Gobierno y al Congreso que la postura de Chile en materias de negociación debería partir básicamente de dos ideas concretas.
La primera se refiere a especificar nuestra demanda de eliminación de las barreras" arancelarias y paraarancelarias que afectan a todos aquellos productos de mayor valor agregado, de mayor valor unitario y de mayor rentabilidad, que son justamente los que nos indican el rumbo en lo relativo a la reconversión o transformación productiva. Todos estos productos, en general, cuentan con barreras arancelarias o paraarancelarias más altas que la muy baja barrera que tenemos respecto de los productos que entran en el sistema general de preferencias en los mercados del norte. Y hablamos productos y producciones muy concretas: tomate, palta y espárragos, en el grupo de productos frescos; azúcar y tabaco, en los cultivos industriales; productos hortofrutícolas procesados, como congelados, deshidratados o en conserva, y de algunos productos lácteos específicos, como los quesos, particularmente en el mercado de América del Norte.
Pienso que en esta lista se concentran las posibles ventajas de estos tratados, y los resultados de su negociación marcarán fuertemente el ritmo y la magnitud posible del proceso de reconversión de la agricultura.
La segunda idea está referida a estudiar la posibilidad de exceptuar de la negociación aquellos rubros que se encuentran fuertemente protegidos y subsidiados en .los países con los que estamos negociando, los cuales, en el caso del NAFTA, son esencialmente el trigo, el maíz, el arroz y los lácteos.
Es dable pensar que Chile no debe negociar sobre estos rubros en el NAFTA, pues es claro que por lo menos hoy día no existen condiciones de libre competencia respecto de estas producciones. La experiencia del GATT y la del propio NAFTA, donde tanto Estados Unidos como Canadá exceptuaron este tipo de rubros, nos indican que existe una decisión política en dichos países para no generar cambios de fondo, al menos en el corto plazo, en el tratamiento de estas producciones, las que, a su vez, son las que más se verían afectadas por la eliminación de las pocas protecciones con que hoy día contamos, constituidas básicamente por el nivel arancelario y las bandas de precios.
Por otra parte, deseo referirme al tema de los nuevos instrumentos que permitan al país acelerar el proceso de reconversión o transformación productiva. El señor Ministro, en su exposición, hizo algunos anuncios respecto de muchos de ellos. A mi juicio, no logramos nada con establecer excepciones y tratar de postergar en el tiempo los efectos negativos que pueda traer nuestra integración en otros mercados, básicamente en los referentes a los llamados cultivos tradicionales, si no establecemos políticas de fomento productivo que permitan a los agentes económicos elevar efectivamente el nivel general de la agricultura nacional. Creo que hay cuatro ámbitos donde se necesitan instrumentos específicos de fomento a la reconversión: el financiero, el de innovación tecnológica, el de infraestructura de riego y de caminos, y el de modernización de los mercados de productos, con el objeto de hacerlos más transparentes y competitivos. En aras del tiempo, haré sólo algunas proposiciones respecto de ellos.
Sugiero estudiar la formulación de un subsidio a la innovación tecnológica para la reconversión. Considero posible hacerlo, por tratarse de un instrumento de política perfectamente coherente con el modelo que estamos desarrollando. En la actualidad, se subsidian el riego y la construcción de tranques. ¿Por qué no, también, una cosechadora de tomates si, como señaló el señor Ministro, en algunas áreas vamos a necesitar entrar a un proceso de mayor mecanización del agro? Estimo que el beneficio podría operar en forma similar al que hoy se aplica al fomento del riego y drenaje. Asimismo, se podría otorgar apoyo diferenciado a aquellas comunas y sectores sociales que enfrentan mayores restricciones para la reconversión. Pero la idea de subsidiar la innovación tecnológica es totalmente compatible con el esfuerzo de incorporación a la modernidad de grupos que, sin un apoyo inicial, muy difícilmente podrán llevarla a cabo.
Del mismo modo, tengo la impresión de que es necesario fomentar, como ya se planteó, los servicios de asesoría agropecuaria, no sólo para los pequeños productores, sino también para la mediana empresa, vinculando al INIA con las universidades. En muchos casos, esos sectores carecen de consejería en el rubro para manejarse y moverse en una economía cada vez más transnacionalizada, como la existente en el mundo agrícola. Está claro que esas personas no pueden hacer el esfuerzo de manera puramente individual.
Por otra parte, pienso que se debe prestar mayor atención al financiamiento del área, donde existe una disminución de las colocaciones por parte del sistema financiero privado. Las cifras de que disponemos indican que, en 1990, el 9 por ciento del total de colocaciones iba a la actividad agropecuaria, y para el presente año, sólo 4,5 por ciento, lo que revela un retiro de las finanzas privadas del sostenimiento crediticio y de financiamiento del agro. Por ello, me alegro de lo anunciado por el señor Ministro de Agricultura en el sentido de que está en estudio la creación de un fondo de garantía del Banco del Estado, a fin de disponer de un instrumento qué, junto con disminuir el riesgo que supone la actividad agrícola, permita a esa institución bancaria una participación mayor en el financiamiento de dicha actividad.
Sin embargo, pienso que se debe ir más lejos, pues es razonable que la sociedad pida al Banco del Estado diseñar una política particularmente activa en ese campo. Sé que es más riesgoso; pero si el país cuenta con una entidad estatal, es precisamente para que explore actividades en que los privados, de manera natural, arriesgan más. Por lo tanto, creo que la referida institución no puede manejarse con los mismos criterios con que lo hace el resto de la banca, porque pierde su razón de ser. No estoy promoviendo un Banco del Estado ineficiente, sino qué, frente a un gran desafío histórico como el planteado, hago presente que disponemos del instrumento, un banco estatal que, efectivamente, presenta niveles razonables de operación y cuenta con una larga experiencia en materia agraria. Siendo así, propongo como elemento de política pública que el Banco del Estado, asumiendo eventuales riesgos y disminuyendo quizás sus ganancias y utilidades, pero manteniendo un nivel eficiente de operación, destine parte importante de su iniciativa al financiamiento del sector agrícola, que puede convertirse -ya lo está haciendo- en un cuello de botella para los procesos de transformación y reconversión productivas.
Deseo agregar algunas sugerencias más. La primera es la necesidad de avanzar en la focalización de los subsidios de riego y forestación en favor de zonas y grupos sociales con mayor restricción para reconvertirse. Se anunció la prórroga de la vigencia del decreto ley de subsidio a la actividad forestal. Tengo la impresión de que en la revisión que hagamos de ese instrumento debemos considerar, de manera prioritaria, a quienes presentan mayores dificultades para reconvertirse, como son los pequeños y medianos agricultores. Me alegro de que el Gobierno haya suplementado el presupuesto del INDAP, orientándolo al servicio de los pequeños productores. Creo que dicho Instituto resulta indispensable para diseñar una política que no sólo sostenga los actuales niveles de producción de este sector, sino que también lo integre a áreas más competitivas, acción que debe ir de la mano con un esfuerzo sistemático de mayor organización de esos trabajadores en el país, que les sirva tanto para la expresión de sus intereses como categorías sociales, cuanto para acometer determinados proyectos, sobre todo en el ámbito de la comercialización y salida al exterior que cada uno de ellos no puede hacer por sí mismo.
Pienso, asimismo, que debemos avanzar con mayor decisión hacia la regulación y transparencia de los mercados. Está en estudio en el Senado -y espero que pronto la despachemos- una iniciativa de ley respecto de la certificación. Existen problemas serios en la relación entre agroexportadores y productores de fruta. Y sólo bastó que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto sobre la materia -próximamente lo estudiará el Senado-, para que la Asociación de Exportadores, "de motu proprio", anunciara que no habrá más liquidaciones en rojo, lo que se pudo haber dicho hace cinco o seis años. Ello hace necesaria la existencia de políticas públicas que aseguren efectivamente la transparencia de los mercados, pues muchos, en el sector agropecuario, carecen de tal cualidad, sea por haber un desequilibrio en la relación entre productores y exportadores en materia de exportación, o porque aún subsisten tendencias al oligopolio o al monopsonio en la comercialización de productos internos. Reitero la necesidad de desarrollar políticas públicas que aseguren una transparencia mayor en tales mercados.
Finalmente, estimo que sugerencias como éstas y otras que hemos escuchado del Gobierno y de la Oposición tienden a esa finalidad. Los productores agrícolas han señalado que están avanzando en su organización; pero echo de menos todavía una mayor presencia en el debate público de asociaciones de pequeños agricultores y de las economías campesinas, pues está en el ánimo nacional que ellos también tengan una voz importante en él.
Pienso que en un espíritu de esta naturaleza podremos producir la conjunción de esfuerzos del sector privado, el Estado, el Parlamento y los partidos políticos, para enfrentar con éxito el desafío inédito que la agricultura nacional tendrá en los años venideros.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, cuando participamos en la convocatoria a esta sesión, recordamos que éste no es un debate nuevo, pues lo iniciamos hace cuatro años. Y la verdad es que, cada, vez que nos reunimos para expresar nuestras reflexiones, llegamos a una sola conclusión: que no se trata de un problema sectorial, sino nacional.
Por ello, pienso que faltan Ministros que acompañen al de Agricultura en el Hemiciclo. Y digo esto responsablemente, pues pese a la voluntad y a las declaraciones, sin duda, bien intencionadas del señor Secretario de Estado presente, hay necesidad de escuchar a otros. Quiero oír en esta Sala a los titulares de Hacienda, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión Social, para que expresen sus opiniones y nos permitan conocer su grado de concordancia con las expresiones de voluntad que ha formulado el señor Ministro de Agricultura. Esta no es una situación que sólo se dé en Chile: pienso que en todos los países del mundo ocurre que los ministros de Agricultura tienen un determinado enfoque, y los de otras secretarías de Estado, uno diferente.
Quiero invitar formalmente a los señores Ministros a participar en este debate, que ya es largo, y oírles concordar o discordar con su colega de Agricultura en cuanto a que el agro es acreedor de Chile, es decir, que el país le debe mucho. Eso es lo que deseo escuchar al señor Ministro de Hacienda y al señor Ministro de Relaciones Exteriores, al menos.
Lo digo porque creo que tenemos que mantener una política nacional consistente y coherente. Se ha hablado aquí de bemoles, de cenicientas y madrastras, de nueces y castañas; pero lo cierto es que la agricultura del país ha sido un verdadero laboratorio de experimentos fallidos. Durante 60 años, Chile ha tenido que sufrir las experiencias más inverosímiles que ha sido dable estructurar en las mentes de algunos "pensadores" (entre comillas) que, primero, impusieron un modelo de desarrollo industrial sustitutivo, a costa, naturalmente, de la agricultura; que luego implantaron la reforma agraria, porque los del agro eran problemas de estructura y no de desarrollo; para, en seguida, encontrarnos ante dificultades de rentabilidad y de endeudamiento del sector. A este respecto, no basta, a mi juicio, con que hagamos declaraciones de buena voluntad. Es necesario e indispensable ser más concretos.
Echo de menos aquí una real programación de la hipótesis de trabajo que se propuso el señor Ministro de Agricultura. Buscar el perfil de la actividad agrícola chilena, que permita orientar su desarrollo mirando la realidad de los mercados internacionales, constituye una definición. Y yo aprecio esa definición. Pero lo cierto es que, para que podamos ser coherentes y consistentes con tal hipótesis de trabajo, tenemos que preguntarnos si efectivamente están dadas las reglas del juego para el productor. Pienso que la respuesta es negativa.
Aquí se ha dicho que el agricultor chileno nada tiene que envidiar, tecnológicamente, al mejor del mundo. Su rendimiento -como lo ha expresado el señor Ministro- así lo comprueba. Tampoco hay dudas respecto de los trabajadores de nuestro país, que han sido capaces de responder efectivamente a lo que se esperaba de su talento y capacidad. Lo que hoy echamos de menos es, ni más ni menos, que ellos puedan competir en igualdad de condiciones con los productores y no con las cajas o tesorerías -como también se ha dicho- de los países extranjeros. Porque aquí tenemos una agricultura que está compitiendo, definitivamente, con los gobiernos y no con los productores.
Estamos frente a una crisis mundial de un proteccionismo desbordado en que los países invierten más de 200 mil millones de dólares en sostener lo que denominan "sector estratégico". Nosotros no lo llamamos así, sino que, por el contrarío, decimos que la agricultura chilena tiene que tener el coraje y el valor para enfrentar a las de esos países. Nuestros agricultores y productores han demostrado no tener miedo ni resistencia alguna a competir.
Quisiera hacer también una hipótesis de trabajo, para pensar qué ocurriría si un productor nacional dispusiese de créditos con el mismo interés con que se otorgan a sus congéneres en el exterior, o si contara con igual tipo de cambio competitivo. Son preguntas que hay que hacer y respuestas que deben buscarse, pero no por la vía de seguir con la elaboración de diagnósticos. Porque creo que en el diagnóstico yo me aproximaría muchísimo a lo que ha manifestado el señor Ministro de Agricultura, así como me distancio cada vez más de las defensas procesales que aquí escuchamos, perdiendo el tiempo, durante más de cuatro años.
Lo cierto, señor Presidente, es que nosotros necesitamos resolver cuestiones muy concretas respecto de una agricultura que está en el límite mismo de una definición de fondo. La pregunta esencial es qué es lo que quiere Chile de su agricultura. Eso es lo que importa. ¿Qué queremos los chilenos de esta actividad?
Si efectivamente deseamos desarrollar una agricultura que tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las extranjeras, entonces los 750 mil trabajadores chilenos en el área -y los 2 millones de personas que componen sus familias- pueden tener la convicción de que se librará una lucha denodada por salir del problema en que nos encontramos hoy día. Pero si resulta que no es eso lo que queremos, por no ser capaces de proporcionarle las mismas condiciones, tendremos que hacernos responsables del final definitivo de un sector que no sólo engloba a la agricultura, sino también al denominado sector rural. Y eso es asunto de todos nosotros, no sólo del Ministerio de Agricultura.
Deseo que el señor Ministro no tome mis palabras como una crítica, sino, por el contrario, que lo que he dicho represente una forma de colaboración en medio de la angustiosa soledad que el señor Ministro debe sentir en su despacho cuando los demás Secretarios de Estado, que participan en los Consejos de Gabinete, acaso no compartan su visión de un Chile que nosotros deseamos mucho más viable, en lo agrícola, que lo que hoy día es.
No hay ánimo de crítica en mis palabras para nadie en particular. Créame, señor Presidente, que está lejos de mi espíritu esa actitud. Por el contrario, pienso que ésta es una materia en la que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Pero no me refiero solamente al Gobierno y la Oposición: deben hacerse presentes, también, los productores y los trabajadores, porque el Chile agrícola nos pertenece a todos. Es ahí en donde tengo la más profunda desconfianza acerca de que seamos capaces de unirnos para hacer esta reflexión.
Si pudiéramos hacer un diagnóstico que nos permita apreciar los valores de las externalidades del agro -como ha dicho el señor Ministro- o el coraje de los agricultores, deberíamos llegar a la conclusión de que, si queremos tener agricultura en Chile, será necesario fijar una política clara, precisa y definitivamente estable en el tiempo.
Hoy estamos haciendo esfuerzos desesperados por elevar el concepto de productividad de modo que encierre una serie de situaciones que ahora no está en las posibilidades de los productores ni en las del propio país enfrentar.
Cuando nos encontramos con que los productores tienen que luchar contra el proteccionismo desbordado que hizo imposible que, en quince años, los países desarrollados se pusieran de acuerdo -no estoy seguro de que en definitiva lo logren-, nuestra principal estrategia debe centrarse en obtener que éstos ratifiquen los convenios de la nueva organización mundial del comercio. Ese es, a mi juicio, el principio del fin de los proteccionismos internacionales. Si estamos de buena fe en los mercados del mundo, es natural que el cumplimiento real y sincero de lo que debiera ser el nuevo orden mundial sólo nos signifique ventajas, no desventajas.
La situación es extraordinariamente delicada. Y no quisiera entrar a profundizar en aquellos aspectos más propios de lo que ha sido la elaboración de planteamientos, de medidas o proposiciones, acerca de determinadas materias. Sólo deseo preguntar, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene el campo chileno si ningún agricultor puede acceder a las ventajas que presenta el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo? Planteo esto porque el sistema institucionalizado en que se desarrolla el sector agrícola le impide prácticamente integrarse a una capacitación, a diferencia de los demás sectores de la economía nacional.
¿Qué consonancia tiene el que hoy día otros Ministros estén discutiendo sigilosamente con Secretarios de Estado extranjeros la medida de realizar un control integrado de aduanas en la República Argentina y no en Chile, donde corresponde que lo lleve a cabo el Servicio Agrícola y Ganadero? Cabe recordar que ese organismo rechaza tajantemente la posibilidad de que ello se efectúe en el país vecino y no acá, que es lo que procede, por lo que representa el patrimonio fito y zoosanitario nacional.
Señor Presidente, creo que nosotros no podemos seguir aislados, ni continuar actuando como personas angustiadas en un desierto. Hay una sequía permanente en tres regiones del país. Sin embargo, hemos debido hacer -y lo digo así: hemos debido hacer- ingentes esfuerzos para conseguir que el Gobierno finalmente, a través del señor Ministro del Interior, las declare en emergencia. Hago constar que en ellas se ha vivido siempre en una explotación y una actividad que yo denominaría "agrícola de sequía", porque lo menos habitual que se registra es la lluvia.
Nos encontramos, entonces, en presencia de una extraordinaria complejidad de factores y ante muchas agriculturas. Aquí se ha hablado de las agriculturas de exportación, las cuales, naturalmente, necesitan buscar diversidad, especialización y continuar haciendo importantes esfuerzos de productividad. Pero, ¿qué sacamos con realizarlos si no tenemos un tipo de cambio competitivo que efectivamente pueda dar al agricultor, cuyos costos se expresan en unidades de fomentó, un ingreso conforme a una moneda que, al menos, tenga el mismo significado que los costos?
Pienso que aquí también se da el caso de una agricultura sustituidora de importaciones relevantes, la cual tendrá una definición muy clara. Y, en este sentido, me gustaría que los Ministros que mencioné al comenzar mi exposición vengan a debatir al Senado, junto al titular de Agricultura, lo relativo a cuál será la posición de Chile frente al MERCOSUR. ¡Porque por Dios que es importante conocerla, para saber con qué otras alternativas contará una agricultura que no dispone sino de aquellas que le proporciona la propia naturaleza y el clima en el sur del país! Es necesario que por nuestra parte exista la convicción de que si efectivamente hemos definido una hipótesis de trabajo perfilada en el sentido de que seguiremos realizando esfuerzos en el proceso exportador, debemos ser consecuentes y consistentes en tal sentido. Pero ello no sólo debe quedar de manifiesto a través de la presencia del señor Ministro de Agricultura.
Señor Presidente, quiero terminar mis palabras pidiendo a la Mesa que estudie la posibilidad de convocar a una sesión del Senado en la que participen, junto al Ministro recién mencionado, los titulares de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social. Porque, a mi juicio, es muy importante que nosotros sigamos analizando como corresponde el tema de la Agricultura y conozcamos la opinión de quienes están tomando las decisiones finales más trascendentes en el país, con el objeto de saber si realmente Chile quiere lo que hoy día se está condenando respecto del sector agrícola.
He dicho. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La proposición de Su Señoría es un planteamiento respecto del cual deberían pronunciarse los Comités.
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, como lo manifestó el Senador señor Romero, nuevamente la Cámara Alta debate sobre la situación y los problemas de la agricultura nacional. Podríamos decir que ya se está creando la tradición de reunimos para tratar estos temas, y debemos preguntarnos por qué acontece así.
Sin duda, la principal razón deriva de que los problemas de la agricultura han dejado de obedecer solamente a catástrofes naturales, plagas, alzas imprevistas de las tasas de interés, variaciones estacionales de los mercados o deterioro ocasional de los precios, entre otras muchas causas. Lo que ha ocurrido es que la crisis de nuestra agricultura se ha transformado ahora en crónica.
Sin embargo, antes de analizar o debatir respecto de las causas y soluciones de esta situación, debemos primero ponernos de acuerdo en el significado e importancia que otorgamos a la agricultura y al medio rural chileno.
Esta reflexión preliminar es fundamental, ya que del carácter y trascendencia que reconozcamos al sector dependerá el alcance y modalidad de las medidas que el Estado y la nación deberían aplicar para superar la crisis o el tomar la decisión de no adoptar medida alguna.
Por nuestra parte, creemos que no es posible considerar a la agricultura como un sector más de la economía, ni al medio rural como el simple espacio donde funcionan innumerables empresas silvoagropecuarias que producen bienes que también podrían adquirirse en el extranjero.
El medio rural chileno es mucho más que eso, señor Presidente. Representa un sistema de vida en el que durante siglos se ha tejido una riquísima convivencia entre las personas que trabajan y viven en él, y entre ellas y la naturaleza. Es un sistema de vida que ha resistido graves privaciones y conflictos sociales, los cuales, en lugar de hacerle perder su esencia, la han enriquecido y fortalecido. Es un sistema de vida que guarda, como ningún otro, nuestras tradiciones nacionales y que en los más apartados rincones de Chile contribuye a ocupar y hacer producir tierras que de otra forma estarían despobladas.
Por ello, más que preguntarnos si vale la pena adoptar medidas para superar la crisis de la agricultura, debemos preguntarnos si queremos o no que subsista este sistema de vida en Chile.
Y lo anterior es así porque, de agravarse los problemas dé hoy, no habrá más alternativa para la gente del campo que emigrar a nuestras contaminadas ciudades y presionar por un puesto de trabajo que no existe, y por viviendas, escuelas, hospitales y servicios que tampoco existen, engrosando los cinturones urbanos de pobreza ya formados.
En lo personal, no creemos que el sector silvoagropecuario deba ser considerado como cualquier otro sector de la economía, porque ese enfoque nos podría llevar, por ejemplo, a decidir que es más conveniente forestar toda la tierra agrícola o, simplemente, despoblar parte importante del territorio nacional, importando desde el extranjero todo lo que hoy se produce aquí.
Pensamos que el sistema de vida rural es necesario, que contribuye a nuestra cultura, que representa la presencia nacional en las zonas apartadas, que es parte de nuestra tradición y de nuestra historia, que tiene derecho a seguir existiendo y que produce o es capaz de producir los alimentos que permitan a Chile enfrentar cualquier desafío, cualquier bloqueo o cualquier desastre.
Por lo expresado, hemos visto con interés que en los últimos días el señor Ministro de Agricultura ha venido reuniéndose con representantes del sector, en lo que entendemos qué implica una iniciativa destinada a buscar fórmulas de solución a los problemas que nos preocupan.
Si el Gobierno y el Congreso entienden que la agricultura no puede ser abandonada a su suerte o a la competencia desleal de la producción extranjera bonificada, entraremos en el camino de una política nacional que reúna al Estado y a los productores y trabajadores del agro, en un esfuerzo común para remover los obstáculos que impiden la actividad normal del sector; de una política clara y estable en el tiempo, con los sectores público y privado comprometidos: uno cumpliendo su rol regulador y velando por mantener los equilibrios y la transparencia, y el otro mejorando la eficiencia y la productividad.
Uno de los principales problemas de la agricultura de hoy es el deterioro extremo de su rentabilidad. El margen entre costos y beneficios es cada vez más estrecho y en algunos rubros muchas veces se produce a pérdida. La falta de precios adecuados para los productos y el aumento del valor de los insumos son cada vez más dramáticos, y a ello debe sumarse la baja sostenida del tipo de cambio y el alto endeudamiento que aún mantiene el sector.
Tras un período de alto y sostenido crecimiento, en el que incluso llegó a liderar la expansión de la economía, el sector agrícola inició, en 1988, un proceso de creciente declinación que, lamentablemente, se prolonga hasta hoy día.
La superficie sembrada de cultivos anuales esenciales ha disminuido, de más de un millón cien mil hectáreas, en la temporada 1988-1989, a menos de ochocientas mil hectáreas en la temporada 1993-1994. Este solo ejemplo demuestra cómo se está deteriorando la actividad, con el consiguiente costo en desempleo, endeudamiento y frustración.
A esta situación ha contribuido poderosamente el ingreso masivo de productos importados bonificados en el país de origen, de. tal manera que es muy difícil competir con ellos.
La relación entre el Producto Interno Bruto Sectorial y el total, ha continuado disminuyendo cada año. El crecimiento del sector ha sido casi nulo. Las cifras positivas obedecen, principalmente, al comportamiento del sector forestal, porque, como lo hemos señalado, en los cultivos tradicionales el crecimiento ha sido negativo.
En cuanto a la balanza silvoagropecuaria, aun cuando todavía es positiva, año a año se hace más estrecha y claramente las importaciones se incrementan más que las exportaciones.
En lo relativo al empleo, se observa que la fuerza total de trabajo del sector agrícola ha ido disminuyendo por falta de oportunidades y, si se analiza el comportamiento del empleo agrícola mes a mes, a través de las cifras de los trimestres móviles, se verá que, salvo excepciones, la agricultura es la única actividad de la economía que presenta una marcada desocupación. Esta situación se agudiza aún más si el análisis, en lugar de hacerse a nivel nacional, se efectúa en términos regionales, puesto que en Regiones como la Octava, Novena y Décima, el sector agrícola es el que da el mayor número de empleos estables y, además, el que determina el comportamiento del resto de las actividades de la región.
Frente a este cuadro, nos preocupa la proliferación de convenios internacionales que afectan al sector y cuyos resultados no han sido suficientemente evaluados. Es cierto que vivimos en una época de internacionalización de la economía y compartimos los esfuerzos destinados a mejorar los vínculos con otros mercados; pero jamás debemos olvidar que los convenios internacionales deben ser recíprocamente beneficiosos y no ser útiles solamente a una de las partes. Tememos que en muchos casos no exista una adecuada reciprocidad, lo que redunda en perjuicio para la agricultura nacional.
Para concluir, no podemos dejar de señalar que estamos conscientes de que el nivel de desarrollo alcanzado por el país y el nuevo orden económico internacional afectan, sin duda, la situación de nuestra agricultura y harán necesario, muy probablemente, que ella sufra transformaciones más o menos profundas. Si, como todos lo deseamos, Chile logra recuperar un ritmo sostenido de desarrollo y, por otra parte, se acentúa a nivel mundial el proceso de globalización de la economía, es indudable que el sector agrícola deberá adecuarse a esta nueva coyuntura.
Sin embargo, deberá tenerse presente, por una parte, que los mercados internacionales agrícolas están fuertemente distorsionados por efecto de los múltiples mecanismos de subsidio que emplean los países más desarrollados y, por otra, que la agricultura chilena, como lo hemos sostenido, no es sólo un sector que debe adecuarse mecánicamente a los requerimientos de los cambios en la estructura económica, sino que representa una valiosa porción de nuestro pueblo, nuestra tradición y nuestro territorio.
Antes de terminar, quiero señalar las tareas que, a través del rol subsidiario del Estado, el Gobierno puede enfrentar, directamente o mediante concesiones al sector privado, en el marco de una economía libre. Ellas son:

1.- Ampliación y modernización de caminos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, y reactualización de la ley sobre erogaciones particulares para la construcción de caminos;

2.- Extensión de la electrificación, telefonía y agua potable rural;

3.- Establecimiento de villorrios, y de servicios rurales, tanto de asistencia médica como social;

4.- Actualización de la educación y capacitación campesina;
5. - Apoyar la investigación y la transferencia tecnológica silvoagropecuaria;
6. - Protección del patrimonio fito y zoosanitario nacional;

7.- Apertura de nuevos mercados en los países más densamente poblados, especialmente del Lejano Oriente;
8. - Intensificación de proyectos de contención de aguas, de riego y drenaje;
9. - Conservación y recuperación del medio ambiente rural;
10. - Libertad para el uso del suelo en fines no agrícolas, respetando el entorno ecológico, y
11- - Modernización de los servicios del agro.
Asimismo, en forma previa a cualquier acuerdo que se adopte como consecuencia de esta reunión para definir políticas de Estado en materias relacionadas con el medio rural, solicitamos la inmediata implementación de las siguientes medidas:
1. - Perfeccionamiento del sistema de bandas de precios;
2. - Intensificación del control para el cumplimiento efectivo de la Ley de Tipificación de Carnes, especialmente para las importaciones;
3. - Extensión del sistema de control de subsidios externos a los productos lácteos actualmente no contemplados;
4. - Política laboral acorde con las necesidades del sector;
5. - Incorporación de un representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión de Distorsiones del Banco Central;
6. - Participación activa del sector privado en la negociación de los acuerdos internacionales de libre comercio, y
7. - Creación de un sistema permanente de vigilancia y control antidumping.
Esperamos, señor Presidente, que estas medidas y, en definitiva, la adopción de políticas de Estado, pongan de pie, nuevamente, a la agricultura chilena.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, me sumo a las expresiones formuladas aquí en el sentido de congratularnos por celebrar esta sesión, solicitada hace ya algunos meses pero que, por diferentes causas, no había sido posible concretar.
Creo que éste es un debate muy necesario, que enfrento con esperanza y buena voluntad, en aras de obtener algunas ideas que pasen a formar parte de las políticas que estamos reclamando como imprescindibles para el minuto que vive la agricultura de nuestro país.
No puedo, sino comenzar recordando que el 13 de agosto de 1992 realizamos una sesión especial en el Senado para tratar el mismo tema, en la cual configuramos y caracterizamos una situación bastante similar a la que ahora estamos describiendo, de manera que no deja de ser al menos atentatorio contra ese propósito y la esperanza que depositamos en estas discusiones el hecho de que, al cabo de dos años y medio, debamos volver a referirnos a la misma materia, porque, objetivamente, hemos perdido ese tiempo sin poner en práctica algunas políticas que, de haber sido puestas en funcionamiento, tendrían a la agricultura en una situación muy distinta de la que hoy aflige a este importante sector de nuestra actividad nacional.
Como forma de introducción, quiero señalar que existen diversos elementos que son parte del diagnóstico a que nos hemos referido.
Un primer elemento, que vale la pena tener presente, es que uno de cada seis chilenos depende o vive de la agricultura, o sea, más de dos millones de personas están directamente relacionadas con esta actividad. La diversidad de productos generados en el sector silvoagropecuario y la gran extensión geográfica de nuestro país, que, por sus características tan propias, genera distintos problemas en otros sectores, constituyen desafíos particulares para diferentes zonas y para una actividad que enfrenta dificultades crecientes.
Un segundo elemento objetivo es que las condiciones de vida en el sector rural y en el mundo vinculado a la agricultura son inferiores a las del área urbana. Tengo en mi poder un documento del FOSIS, de julio de 1993, titulado Indicadores Sociales sobre Pobreza y Focalización Territorial, que establece, a través de tres criterios, las 77 comunas más pobres de Chile. En este estudio figuran dos calificadas como urbanas y todas las demás de rurales, mayoritariamente, o mixtas. Sin embargo, deseo recordar que dentro de las urbanas se encuentran la comuna de Huara, perteneciente a la provincia de Iquique, que tiene mil 611 habitantes, y la comuna de Gualtecas, en la provincia de Aisén, con mil 19 pobladores. En consecuencia, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el FOSIS estima que los 77 casos de pobreza más aguda, de acuerdo a los criterios que presenta en su estudio, corresponden a comunas vinculadas a la actividad agrícola. Este hecho, unido a la caracterización de la pobreza efectuada en el último tiempo, a propósito del plan especial que se desarrolla en ese sentido, nos pone en la perspectiva de combatir la pobreza, y en ello estamos empeñados todos los chilenos. Su erradicación es uno de los desafíos de política nacional que debiera superar largamente las consideraciones ideológicas o doctrinarías y llevarnos a enfrentar el problema de la agricultura y de la vida en el sector rural, con el cual está últimamente ligada.
A fin de configurar este segundo elemento respecto de las condiciones de vida, debo señalar que las cifras, a nivel nacional, del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, arrojan sistemáticamente resultados inferiores al 10 por ciento en el sector rural en relación al ámbito urbano. Son los más bajos de todo el sistema. De lo anterior se desprende que de no remediarse en breve plazo la situación de las zonas rurales, la calidad de vida o el desarrollo armónico del país serán simplemente una utopía.
Un tercer elemento es el crecimiento de la actividad-ya se han referido a él algunos señores Senadores-, que después de un largo periodo no supera el uno por ciento, lo cual provoca una alteración, como señaló el Honorable señor Larre, de nuestra postura como país frente al sistema de vida que se desarrolla en el campo y en la actividad agrícola en general. Las cifras de desempleo, que en ocasiones se exhiben como indicadores de una situación no tan apremiante en términos de calidad de vida, esconden una realidad indesmentible, cual es, la fuerte emigración experimentada en los campos en "beneficio" -entre comillas- de los sectores urbanos, porqué las emigradas pasan a formar parte de la miseria urbana. Esas cifras de desempleo, a veces buenas y optimistas si no se considera este factor, en el fondo disimulan en gran parte el mismo problema y generan consecuencias sociales, culturales y geopolíticas que afectan el desarrollo armónico del país.
Un cuarto elemento es el relacionado con el tipo de cambio. Aparentemente no hay discusión respecto a la pérdida de valor adquisitivo del dólar del orden de 35 por ciento, que explica -según la opinión de algunos expertos- en gran parte el problema de la agricultura en nuestro país.
Un quinto elemento es que los cultivos tradicionales, como trigo, maíz, raps, remolacha, papas y porotos, presentan menos ventajas comparativas a pesar de su importancia en nuestro medio, lo cual se ve agravado por la situación de otros países, en que no sólo los costos de producción son menores y los volúmenes mayores, sino que muchas veces son objeto de subsidios u otro tipo de protecciones, configurando una realidad que obliga a nuestros productores a competir en condiciones desventajosas. Se trata de una agricultura excedentaria que, no obstante los indicadores que puedan emplearse, no presenta cambios en el último tiempo, por lo menos a partir del debate realizado en la sesión de agosto de 1992, a que hice referencia.
El sexto y último elemento lo constituye el hecho de que el problema real parece estar circunscrito al tipo de cambio, a la rentabilidad de la actividad agrícola y, en algunos casos, a la productividad, si bien hay ejemplos de indicadores muy positivos en sentido. Y si a eso sumamos la imperfección en determinados mercados extranjeros, naturales o forzados por la vía de subsidios u otras protecciones, entonces tenemos una situación bastante preocupante, si no crítica.
Al término de esta introducción, debo señalar que, a mi juicio, falta una política agrícola afincada en reglas claras, evaluable en el tiempo, que determine con toda nitidez las responsabilidades del sector público, así como también las que deseamos entregar al sector privado en este ámbito. Nos parece que este último debe producir con eficiencia, mejorar su gestión empresarial y administrativa, aumentar su competitividad y perfeccionar sus técnicas y manejos productivos. Al sector público, a su vez, le corresponde la dictación de estas políticas, y preocuparse de los nuevos mercados y de los proteccionismos de toda índole que afectan nuestro sistema económico y, en particular, al mundo agrícola.
Respecto a si existe o no crisis en la agricultura, no estimo necesario iniciar una discusión tocante al juego de palabras con que en ocasiones se analiza el problema, porque con frecuencia, para evitar el término "crisis", se hacen calificaciones que al final dejan la sensación de que se pretende resolverla por la vía de las declaraciones. La situación es crítica en el sector, y, como aquí se ha configurado a través de las cifras relativas a superficies sembradas, presenta marcadas dificultades en su funcionamiento. Urge entregar soluciones. Porque los diagnósticos no sirven si no se acompañan de acciones concretas. Por ello, me permito aportar algunas sugerencias, que delinearé a continuación.
I. Perfeccionamiento de Política de Bandas de Precios.
En primer lugar, se hace necesario el perfeccionamiento de las bandas de precios. La ley N° 18.525 establece que para asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos del trigo, semillas oleaginosas, aceites vegetales y azúcar, existirán derechos específicos en dólares por unidad arancelaria o derechos ad valorem, y rebajas a tales derechos que podrán afectar a la importación de dichas mercaderías. El monto y las rebajas serán establecidos una vez al año por el Presidente de la República, de acuerdo con los precios alcanzados por estos productos en los mercados internacionales, lo cual permite sustentar un costo mínimo y máximo durante el período de comercialización interna de tales productos.
Los precios para la aplicación de los derechos y rebajas serán los que alcancen a la fecha del embarque de las respectivas mercaderías. Para ello, el Servicio de Aduanas informará semanalmente estos precios, pudiendo requerir, para tal efecto, antecedentes a otros organismos públicos.
El problema se presenta cuando un importador cierra un negocio a un precio real muy bajo y lo interna posteriormente, cuando el precio es mayor, con lo cual los derechos específicos por cancelar resultan menores que los que verdaderamente correspondería pagar de acuerdo con el precio real pagado en la negociación. Con ello resulta perfectamente posible que se vulnere el piso de la banda, desvirtuándose todo el sistema de bandas de precios. Hay informaciones a este respecto que permiten sostener que lo anterior ha ocurrido ya en varias oportunidades.
Para evitar estos problemas, se propone modificar la ley, de modo que el Servicio Nacional de Aduanas aplique los derechos que correspondan sobre el menor precio resultante de comparar el precio relevante más bajo informado y el de la respectiva factura que ampara el embarque; y velar por que permanentemente se revisen tarifas y gastos de importación, a fin de que estos valores, sumados a los precios FOB de las mercaderías, permitan establecer una tabla de derechos específicos y rebajas arancelarias realistas y que asegure que no sé podrá importar mercaderías por debajo del precio de la banda fijada anualmente.
II. Eliminación de Discriminaciones Tributarías.
Al respecto, me referiré a la retención parcial del IVA en las ventas de trigo.
Mediante la resolución N° 6.176, el Servicio de Impuestos Internos, al igual que en años anteriores, dispuso que los molinos retuvieran el 11 por ciento del IVA en las ventas de trigo a los vendedores de este cereal, para lo cual deben emitir facturas de compra y recargar separadamente en ellas el 11 por ciento de IVA por retener y el 7 por ciento de IVA sobre la misma base, que deberá declarar y pagar el vendedor como débito fiscal.
Esta medida del Servicio de Impuestos Internos se basa en el uso de facultades que le confieren diversas disposiciones legales, especialmente aquellas señaladas en el inciso tercero del artículo 3° del DL N° 325, que entrega facultades a la Dirección del Servicio para cambiar el sujeto del impuesto al comprador. Sin embargo, se indica que el mencionado Servicio hace uso de esas atribuciones sólo en "casos calificados y que amenazan el interés fiscal". Estando conscientes de la gravedad de la evasión en el trigo y que, por lo tanto, amerita una fuerte fiscalización del Servicio de Impuestos Internos para impedirla, la medida en comento nos merece serios y graves reparos.
Si se entiende que ella tiene por finalidad ser aplicada a contribuyentes de difícil solución, no comprendemos cómo se sigue aplicando a productores que llevan contabilidad completa y tributan según renta efectiva, y que están, por tanto, sujetos a control permanente.
III. Perfeccionamiento del Sistema de Tipificación de Carne Bovina.
La ley de tipificación y certificación de carne bovina entró en vigor el 1° de enero de 1994. Por su intermedio, se fija como obligatoria la clasificación del ganado, tipificación de sus carnes y nomenclatura de los cortes. También, se regula el funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria cárnica. Se señala al Servicio Agrícola y Ganadero como la entidad encargada de fiscalizar y controlar la aplicación de la misma, permitiéndosele delegar, en casos calificados, algunas de estas funciones en entidades públicas o profesionales idóneos. Además, la normativa establece el tratamiento de las carnes importadas, a las cuales se exigen requisitos y obligaciones equivalentes a los contemplados respecto de los productos cárneos nacionales, para poder ser comercializadas en nuestro país.
La puesta en marcha de esta ley se esperaba que fuera un proceso gradual y progresivo. Pasados varios meses de su aplicación, es necesario realizar una evaluación técnica de su funcionamiento.

1.- Control sobre la carne importada.
La carne que ingresa a nuestro país llega supuestamente tipificada de acuerdo con normas equivalentes a las existentes en el país de origen, certificación que es otorgada por organismos estatales que cumplen una labor similar a la del SAG. Sin embargo, ello no garantiza que se cumpla con las exigencias chilenas. Por el contrarío: a nivel del productor existe mucha reserva al respecto. Por otro lado, en la aduana la revisión se realiza a través de un sistema aleatorio y verificando que las cajas vengan con los papeles de certificación. Pero no se hacen análisis que permitan tener la certera de que efectivamente la carne que ingresa al país sea de la calidad que indica la rotulación. Y existen antecedentes que hacen pensar que la que está entrando actualmente es de menor calidad que la declarada. Además, se ha tenido conocimiento de que algunos camiones ingresan con la fachada de un producto acorde con lo exigido, en circunstancias de que al interior portan carne de inferior calidad, con la agravante de que viene rotulada como de óptima calidad. El SAG ha devuelto un importante número de camiones por este problema.
Cabe hacer notar que el Servicio Agrícola y Ganadero no cuenta con el personal necesario y adecuado para cumplir a cabalidad con lo determinado en la ley de la carne.
2. - Control de la carne nacional.
Hasta el momento, la aplicación de la ley ha sido deficiente, sobre todo, por falta de fiscalización. El SAG no cuenta con el personal ni con los recursos mínimos para fiscalizar la cadena de producción y comercialización de la carne en todos sus niveles, viéndose en la obligación de priorizar el sector que elige controlar. Hasta el momento, ha volcado sus esfuerzos en el control de los mataderos, quedando el resto de los eslabones sin supervigilancia y libres de acción. Por tanto, es el agricultor quien ha pagado el costo de la puesta en marcha del sistema, ya que los precios se han visto mermados, y, sin embargo, el precio a nivel del consumidor no ha bajado. Es evidente que un grupo intermedio se está viendo beneficiado con esto. A ello se suma el desconocimiento total que tienen los consumidores respecto de los beneficios de la ley.
Se requiere, por tanto, una fiscalización en todo nivel: en mataderos, transporte y puntos de venta. Es necesario aumentar el número de fiscalizadores. Para ello se necesita un aumento de la planta del SAG o bien delegar algunas facultades en profesionales idóneos, a través de convenios con universidades o centros de investigación. Esta modalidad permitiría un significativo aumento en la eficiencia del control que exige el cumplimiento de la ley.
Además, resulta imprescindible revisar el ciento por ciento de las cajas de carne con solicitud de internación al país, para lo cual se requiere de personal altamente calificado en las aduanas, capaz de efectuar análisis físicos y químicos que aseguren que la carne efectivamente corresponde a lo certificado y rotulado en el país de origen. Y, asimismo, la certificación realizada en otros países debe ser controlada por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, con el propósito de acreditarse si efectivamente corresponde el rótulo a la carne que es despachada a nuestro país. Sabemos -con bastante dolor- que lo propio ocurre en otros países respecto de nuestras exportaciones.
El consumidor debe tomar conocimiento de los beneficios que la ley le otorga, de tal forma que pueda exigir lo que le corresponde cuando compra. Para ello, es necesario realizar una campaña de educación e información, a fin de que los consumidores puedan velar por sus derechos.
IV. Política Arancelaria y de Control de Calidad.
Resulta evidente la conveniencia de mantener la actual política de sobretasa arancelaria para la leche, producción que recibe subsidio en muchos de sus países de origen. Por otra parte, se hace imprescindible establecer un sistema de control y certificación de calidad sobre los productos que se importan, ya que hay en juego no sólo implicancias económicas, sino de salud pública.
V. Incentivos para la Capacitación del Sector Agrícola.
Nos parece fundamental mejorar el programa de asistencia tecnológica y crediticia actualmente utilizado por INDAP, sobre la base de una visión descentralizada, que considere las realidades regionales y comunales, incorporando a las municipalidades y a los agricultores -hoy ausentes- en el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de tecnología que necesitan o desean adquirir.
VI. Investigación Científica y Tecnológica
Será necesario, asimismo, dar apoyo y financiamiento a la investigación y transferencia tecnológica; incentivar la investigación agrícola en los ámbitos universitario y privado, orientada a fomentar la búsqueda y desarrollo de rubros no tradicionales, con el fin de medir su adaptabilidad en zonas donde sea factible sustituir los cultivos tradicionales, y a buscar el desarrollo de nuevas variedades frutales demandadas por los países importadores, como, también, de cultivos de alta rentabilidad, baja superficie y con fuerte incidencia biotecnológica. Hay que crear condiciones favorables para la pequeña y mediana agricultura, sin descartar ningún mecanismo, algunos de los cuales, a veces, se desestiman frente a la situación macro.
VII. Patrimonio Fitosanitario.
Resulta aconsejable velar por nuestro patrimonio fitosanitario. La labor que al respecto se realiza es eficiente, pero los costos que unilateralmente fija el SAG por concepto de revisión fitosanitaria de la fruta están por sobre las necesidades de financiamiento de esta institución. De reducirse mejoraría la competitividad de los exportadores.
VIII. Política Laboral Específica.
Se requiere una política laboral acorde con las realidades del sector, que presenta notables particularidades zonales y por tipo de cultivo.
IX. Inversión Pública.
Es preciso aumentar las inversiones en infraestructura, caminos, electrificación, etcétera, ya que tales factores inciden rectamente en la comercialización de ductos e insumos agrícolas, como también en la calidad de vida de los habitantes del campo.
Sobre el particular, resulta curioso constatar que la única comuna configurada como pobre en la Región Metropolitana de acuerdo con el estudio del FOSIS a que hice referencia en un comienzo, es la de Alhué, la que, aparentemente, de acuerdo con los estudios desarrollados, resolvería todos sus problemas con la sola construcción de un camino que le permitiera conectarse, en forma adecuada, con los lugares de venta de su producción agrícola.
X. Puntos de Acopio y Ventas.
Es conveniente mejorar los márgenes de comercialización del productor y crear, con fínanciamiento privado y estatal, centrales regionales de acopio y venta, las que contribuirán a mejorar los volúmenes de oferta, la calidad y estabilidad de los precios. A nuestro juicio, su administración debe estar en manos del sector privado.
XI. Fomento de las Exportaciones.
Se requiere constituir un comité de fomento a las exportaciones, integrado por representantes de los sectores público y privado, con el fin de idear medidas de perfeccionamiento de leyes y reglamentos que fortalezcan la competitividad del proceso exportador y den término a aquellos que entraban esta actividad. Este mecanismo permitiría la participación del sector privado en las decisiones que aplica el Ejecutivo sobre esta actividad, especialmente en las relativas a la integración y acción multilateral. Es posible la discusión y análisis de acuerdos internacionales, sin que se vean frustrados por no tener los conocimientos ni la asesoría de los interesados. En algunos casos es posible apreciar la sensación desamparo que a veces invade al productor cuando observa que se ha firmado un convenio de gran importancia para el país sin que se le haya dado la oportunidad de expresar sus puntos de vistas y enriquecer dichos acuerdos.
Por último, quiero hacer una breve referencia a un problema muy grave que afecta a los vitivinicultores del secano costero de la Séptima y Octava Regiones. Se trata de pequeños agricultores que trabajan un promedio de entre 1 y 1,5 hectáreas por productor. La forma de cultivo que emplean es tradicional, con prácticas antiguas, y venden a mayoristas, quienes normalmente fijan los precios por acuerdo, lo cual agrava la situación. También han tenido, en general, malas experiencias con las cooperativas.
La situación por la que atraviesan es extremadamente delicada, ya que, en la práctica, se les ha juntado la actual producción con lo no vendido del año anterior -"se les dio la mano", como ellos dicen-, con la agravante de que carecen de formas de almacenamiento, por lo que parte de la producción se pierde, con las nefastas consecuencias económicas que ello significa para un sector económicamente muy deprimido.
El tema de la reconversión es, en este caso, una posibilidad que se baraja, pero la experiencia que los agricultores han tenido con ésta no ha sido buena. Para que la reconversión y el sector funcionen se requeriría, primero, en el plano normativo, legislar para la denominación de origen, y así ir configurando ciertos tipos de vinos por sectores o zonas del país; segundo, apoyo técnico para la comercialización, que es claramente una de sus carencias más importantes; tercero, algún respaldo que permita la producción en botellas y en envases apropiados al producto -en general, venden a granel-; cuarto, respecto de la reconversión, si se quiere promover su producción, es preciso asegurar la compra de los nuevos productos por un plazo mínimo razonable de años; y por último, un marco jurídico adecuado en lo referente a cumplimiento de las leyes. Los productores y viñateros de mi Región reclaman mucho acerca de la no observancia, por ejemplo, dé la normativa en cuanto al transporte de vinos de una zona a otra.
En suma, la situación del sector agrícola chileno es inquietante, si no crítica, por cuanto de esta actividad depende gran cantidad de personas, que, al ver disminuidas sus posibilidades laborales, tienden a abandonar el campo, creando presión en las zonas urbanas y disminuyendo la mano de obra de extensas zonas geográficas. A través de una política agrícola de largo plazo -que es lo que estamos planteando-, se puede revertir este fenómeno y asegurar las posibilidades de desarrollo de esa gran cantidad de chilenos, como asimismo afianzar el poblamiento de sectores alejados, donde la producción agrícola garantiza la soberanía de nuestro territorio nacional. En consecuencia, estamos frente a un problema que, si bien es sectorial, afecta, en el fondo, a la nación chilena como un todo y exige respuestas oportunas.
Se debe insistir en las políticas a largo plazo. En este mundo global, en que las circunstancias cambian constantemente, es imprescindible fijar la vista en el futuro y trabajar con todos los sectores. Sabemos que el desarrollo de la economía constituye una responsabilidad fundamental del sector privado, pero precisa indudablemente del apoyo del sector público, la información y la coordinación de acciones conjuntas. Asimismo, las medidas anteriormente señaladas y muchas otras que conciernen al Estado, donde éste debe cumplir su papel con el mayor respaldo posible del sector privado.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, hay argumentos que en mi intervención no repetiré, por cuanto ya han sido señalados por los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, para centrar algunas ideas muy generales, quiero recordar que 20 por ciento de los chilenos vive de la agricultura o tiene relación con ésta y que este rubro ofrece trabajo a cerca de 900 mil chilenos. De ahí, entonces, que es valiosa y trascendente esta sesión que celebra el Honorable Senado.
Para centrar también algunos análisis, creo importante recordar ciertos episodios de los últimos 13 años en torno a esta actividad, a fin de confirmar que no existe una posición simplista del actual Gobierno frente a los problemas por los que atraviesa ahora la agricultura. En ese sentido, cabe recordar que después dé la crisis de 1982 y 1983 se confirió al sector agrícola una tasa de cambio alta e incentivos específicos, como Sus Señorías saben. A dichas medidas se respondió con un largo período de crecimiento, y todos recordamos que los índices de producción, de empleo y de generación de divisas crecieron a niveles superiores del promedio de la economía nacional. Sin embargo, curiosamente, al inicio del mandato del primer Gobierno de la Concertación, se planteó por parte de los dirigentes del agro que la situación de esa agricultura, que había tenido un crecimiento sostenido, era dramáticamente negativa y que existía una mochila de endeudamiento que se arrastraba desde los tiempos felices, desde los tiempos de las princesas que recordaba un distinguido señor Senador en este Hemiciclo. Y se señaló, casi trágicamente, que más de 10 mil agricultores no tenían perspectiva alguna de porvenir. Recordemos la historia.
Hoy, nuevamente, se hace presente -con alguna razón- en el mismo tono la existencia de problemas dramáticos en este rubro. Pero, para hacer un debate serio responsable -y en la misma medida que el Gobierno y quienes lo respaldamos reconocemos que hay problemas en la agricultura y en algunos de sus productos-, quiero invitar a los sectores de la Oposición a que no confundan al país señalando que la situación del agro es dramática, y en la misma proporción, en todos sus ámbitos. Y no es así, porque hay un desarrollo que es desigual. Los cultivos anuales, por ejemplo -y lo reconocemos-, experimentaron una caída de más de 300 mil hectáreas entre 1987 y 1993, que no ha golpeado tan dramáticamente porque la producción por hectárea, felizmente, ha sido positiva. La fruticultura, en el análisis serio que enfrenta el Gobierno, admitimos que paraliza sus plantaciones y entra a una etapa de desinversión. Pero debemos decir también --en este debate patriótico que sostenemos en el Senado- que la ganadería crece a ritmos altos y sostenidos, impulsada por el incremento del consumo interno de leche y carne; que la viticultura continúa su recuperación movilizada por la expansión de los embarques al exterior; que en 1992 y 1993 se baten récord en nuevas plantaciones forestales, y se amplía la diversificación de las importaciones (maderas elaboradas); y, en el primer semestre de 1994, la agroindustria e industria forestal incrementan sus exportaciones en 24 por ciento con relación al primer semestre de 1993.
Los problemas adquieren mayor magnitud en la llamada agricultura tradicional, que es la formada por pequeños y medianos agricultores, los que no siempre se mencionan en forma repetitiva, como a nosotros nos interesa que se hiciera. Nos preocupa este sector y pensamos que debiera estar presente en el planteamiento de los señores Senadores de la Oposición democrática, por tratarse de un grupo integrado por 250 mil unidades productivas, y que es el más débil frente a las políticas macroeconómicas imperantes en el comercio mundial. Y para nosotros reviste gran importancia aceptar que en el debate se haga presente un énfasis social que deseamos aportar a lo que el Gobierno quiera entregar en las políticas sectoriales para este rubro. Hay un fuerte énfasis social que no queremos dejar de lado, que tanto el Gobierno como toda la sociedad deben aceptar, pues, como muy bien decía un señor Senador, los problemas de la agricultura no sólo atañen a los agricultores, sino a toda la comunidad nacional. Y eso significa aporte de ambos sectores.
Desde este ángulo, cabe recordar -por la sensibilidad de lo que represento políticamente- que siete de las trece Regiones del país y la mitad de las comunas -165- son fundamentalmente agrícolas, y que de las 120 comunas más pobres, cien corresponden al sector rural. Por ello, participo con entusiasmo en este debate, pero en uno en el que no haya sesgos dogmáticos, sino planteamientos que apunten precisamente a soluciones medulares y de fondo. Y en este sentido, creemos que en el gremio empresarial hay ánimo mayorítario para concertar con el actual Gobierno un plan estratégico destinado a resolver las dificultades, en contraste con algunas posiciones minoritarias muy agresivas que hemos podido apreciar incluso esta tarde en el Senado, que no conducen ni aportan a la solución de los problemas.
Consideramos que frente a esas 250 mil unidades productivas, el actual Gobierno debe intensificar medidas destinadas a dotarlas de un marco protector, compatible, por supuesto -porque no podemos evadir nuestros compromisos con el resto del mundo-, con los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y esperamos que esas posibilidades operen con flexibilidad en cada uno de los rubros de nuestra economía agrícola.
Estimo importante, asimismo, proporcionar una dimensión muy real de los problemas que analizamos, y todas las bancadas deberían insistir en que, para el desarrollo de la agricultura y del país, es fundamental eliminar la extrema pobreza en los campos, donde adquiere caracteres dramáticos. Por eso afirmamos que es primordial incentivar y adecuar aún más la política sectorial de este Gobierno. Necesitamos, evidentemente, un mayor apoyo a la pequeña agricultura, pero un apoyo capaz de responder a sus demandas de acceso a los mercados, tecnologías, créditos e inversiones productivos, lo que hasta este minuto sólo ha estado al servicio de los grandes agricultores de nuestro país. Y esta crítica no significa que sea negativo que éstos manejen la tecnología, pero también queremos que lo hagan estas 250 mil unidades productivas.
Creemos que muchas de las dificultades de la agricultura podrán ser superadas si elevamos también el nivel de vida de quienes trabajan en los campos. Y ahí, por favor, qué gran y generoso aporte pueden brindar los sectores democráticos de Oposición al estudiar aquí, en nuestra legislación, los recursos que permitan enfrentar las siguientes posibilidades: electrificación rural; caminos vecinales rurales, ojalá -no es un sueño- de una sola vía asfaltada, y esperamos que más pronto que tarde; mejoramiento del acceso rural a la información comercial y técnica; perfeccionamiento de la capacitación y del almacenamiento y calidad de aguas-lluvias, y la creación -¡sí, señores Senadores!- de líneas de créditos en el Banco del Estado para los pequeños y medianos agricultores, con mayor volumen financiero y capacidad de atención pública, asociando a la CORFO.
Pensamos, especialmente los Senadores que vivimos en Regiones, que es importante la exención de impuestos territoriales y la liberación de todo tributo, por uno o dos años, a las empresas agroindustriales que se instalen en áreas de extrema pobreza. También consideramos interesantes extender la investigación a la pequeña agricultura, financiándola mediante líneas especiales de créditos. Y este punto debe ser considerado por la Sociedad Nacional de Agricultura, a través de sus dirigentes. En el mundo moderno de hoy son imprescindibles la capacitación y la investigación; sin embargo, el aporte del producto agrícola a la capacitación de quienes trabajan en el campo llega a 0,79 por ciento, y, en el caso de la investigación, a uno por ciento.
En consecuencia, señores Parlamentarios, la solución de los problemas no sólo depende de una política de Estado, sino también del aporte real de los agentes más importantes del rubro, en este caso, de la agricultura.
Por otra parte, en estas proposiciones que, en lugar de criticar, formulamos para contribuir a la solución de los problemas, quiero decir que somos partidarios de que los encargados de investigar la existencia de distorsiones en los precios de mercaderías importadas -que es un hecho real- cuenten con un sistema procesal ágil para adoptar decisiones en el momento oportuno, porque, en la práctica, no existe posibilidad legal de fijar sobretasas, derechos compensatorios o valores aduaneros.
Y, en este sentido, deseo hacer algunas reflexiones.
Consideramos necesario mejorar y perfeccionar los tratados internacionales comerciales, porque hemos tenido la dolorosa experiencia de que, tras acordar las partes su respeto a las normas suscritas, una de ellas posteriormente no cumple sus compromisos, estableciendo tasas estadísticas -como lo ha hecho un país muy cercano a nosotros- que gravan los productos chilenos que ingresan a él.
Pero también en este análisis de los problemas de la agricultura hay otros agentes que están más allá de lo puntual de estrategias económicas. Uno de ellos es el clima, porque años lluviosos o secos inciden tremenda y dramáticamente en los resultados de nuestra agricultura. Y señalo esto porque necesitamos el aporte de los Parlamentarios de la Oposición democrática para buscar recursos que permitan incentivar y desarrollar obras de regadío en el país, y llevar el agua a nuestros campos, especialmente a algunas Regiones, es una solución real y concreta. Ahí está el Canal Pencahue, el Embalse Santa Juana. Laja-Diguillín, Tronco Linares, y el canal de riego de La Araucanía.
Esas son metas que están frente a nosotros y debemos buscar la posibilidad de materializarlas.
Señor Presidente, termino esta breve intervención señalando que, dentro de la política moderna que impera en el mundo en todo sentido, y a la cual Chile no está ajeno, nuestro país ha reiterado sistemáticamente -y hace muy bien- que la modernización es fundamental e importante para el desarrollo y la solución de los problemas que afectan a nuestra gente. Y debemos poner énfasis en que, al hablar de modernidad, no debe olvidarse la trascendencia del sector rural, que nos preocupa en esta oportunidad. Debemos hacerlo así porque es fácil observar la valorización creciente que los países desarrollados hacen del espacio rural y de sus habitantes.
El desarrollo de las Regiones, el combate a la pobreza, la conservación de los recursos naturales y el crecimiento sustentable, están íntimamente relacionados con el modelo agrícola, y el Senador que habla, como representante de un sector agrícola, se encuentra profundamente convencido de ello, por la permanente relación mantenida con quienes laboran en los campos. Apliquemos entonces medidas correctivas, las que sean menester al proceso actual, para hacer posible -repito- un desarrollo armónico y con equidad.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el debate que se ha suscitado es importante, y valoro la presencia en la Sala del señor Ministro, así como también su intervención en representación del Gobierno.
Algún señor Senador ha pretendido que concurran a este Hemiciclo varios Secretarios de Estado con el objeto de efectuar una especie de comparendo o de consejo de gabinete en chico para tratar esta materia. El señor Ministro de Agricultura representa al Gobierno en el rubro de la Secretaría de Estado que él atiende. Comparto su posición y aprecio la disposición que tiene, sobre todo, para llegar a acuerdos, no sólo entre Gobierno y Oposición, sino también entre los distintos agentes de la política agraria.
Asimismo, valoro las críticas que han formulado personeros de la Oposición, excepto -naturalmente- aquellas encendidas, apasionadas y extralimitadas, que más persiguen herir que llegar a acuerdo, que buscar consenso y lograr una política de Estado, la única que puede realmente servir al sector que se trata de proteger.
Pues bien, quiero hacer un breve aporte sobre un problema que preocupa en particular a la Quinta Región.
Una de las actividades económicas de mayor importancia y dinamismo en el desarrollo del país la constituye la fruticultura, cuya expresión más significativa es su notable participación en las exportaciones. De más de mil millones de dólares que se exportan al año, casi 40 por ciento proviene precisamente de ella.
La actividad frutícola en la Quinta Región reviste una importancia económica fundamental, no sólo en términos de la mano de obra directa empleada, sino también en todas aquellas actividades conexas, como lo son el transporte, la carga y las labores relacionadas con el embarque del producto.
Ahora, es claro que la competitividad de los países en los mercados internacionales estará crecientemente ligada a la calidad de los productos. Por eso, la creación de un sistema de certificación de calidad para las frutas y hortalizas de exportación constituye un tema clave para enfrentar el desafío de la competencia internacional.
Por lo expuesto, deseo celebrar la gestión del Ministerio de Agricultura al haber concertado intereses de productores y exportadores, lo que se ha traducido en un mensaje del Ejecutivo para proponer un proyecto que crea un sistema para la certificación de calidad de frutas y hortalizas frescas de exportación. Quiero recordar que en 1979 se derogaron todas las normas de certificación de calidad. Por ello, entonces, esta iniciativa constituye un avance realmente importante, porque representa la consolidación de una política de entendimiento entre el sector privado, principal actor del comercio de exportación, y la autoridad administrativa, encargada de promover dicha actividad y velar por el cumplimiento de las normas que aseguren un desarrollo dinámico del proceso exportador.
Esa iniciativa no pretende, como algunos lo señalan, colocar restricciones a la exportación de productos, sino, por el contrario, defender el prestigio y la calidad de nuestras frutas y hortalizas, de las cuales se han logrado colocar con mucho esfuerzo volúmenes importantes en los mercados internacionales. La conquista de nuevos mercados para la fruta chilena y la permanencia de nuestros productos en aquellos en los cuales ya vendemos desde hace tiempo, puede convertirse en algo efímero, si no ponemos especial atención en su calidad.
Particular consideración en este aspecto debe haber respecto de la creciente presencia en los mercados externos de fruta proveniente de países del hemisferio sur y de variedades no tradicionales que pretenden ajustarse en mejor forma a la demanda de los países importadores, lo cual inevitablemente redundará en una fuerte competencia para los productos chilenos.
Por lo expuesto, queda en claro que nuestro desarrollo exportador frutícola estará supeditado creciente e inevitablemente al tema de la calidad. Por ello, quiero manifestar mi complacencia por la iniciativa de ley que el Gobierno ha hecho llegar recientemente al Congreso Nacional para su discusión, la que respaldo, y confío en que será aprobada a la brevedad posible.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, brevemente, deseo manifestar mi complacencia por esta sesión, así como mi satisfacción específica por un concepto general que no era común encontrar cuando debatíamos esta materia. Me refiero a la conciencia y a la unanimidad que existe respecto a que éste es un problema de la agricultura, pero no de los agricultores. Asimismo, porque no hemos oído hablar de las dificultades de los grandes, medianos o pequeños agricultores, ni tampoco hemos escuchado referirse a las medidas que deben adoptarse en cuanto a la agricultura campesina, la que, a medida que recibe más créditos, se empobrece más, si los precios de sus productos no son remunerativos.
En verdad, lo señalado constituye la derrota de una falsa concepción que durante mucho tiempo algunos hombres o partidos tuvieron sobre el problema agrícola chileno. Por eso, me alegro del tono de esta sesión.
Es cierto que el sector privado debe realizar un gran esfuerzo para tecnificar la agricultura, enriquecerla, abaratar la obtención de sus productos, convertirla, etcétera. Pero parece muy claro -por el análisis que aquí se ha efectuado- que no basta el esfuerzo del sector campesino, que éste no es suficiente para superar la situación en que nos encontramos.
Creo que lo anterior es reconocido como tal por gran parte de los productores agrícolas. Este es un problema del sector público, del Estado, que éste no puede pretender privatizar.
En la presente sesión se ha hecho un diagnóstico claro, que no es necesario repetir. Se han formulado propuestas e ideas concretas, que abarcan las distintas actividades de la producción agrícola y también sus campos específicos. Pero no es sólo en lo típicamente agrícola donde esperamos la acción del Estado. También ha quedado en evidencia que se requiere de una política macroeconómica que permita mantener la justa relación de la agricultura chilena con la política cambiaría, tributaría y laboral, con los incentivos, con los convenios internacionales, etcétera.
Señor Presidente, el país debe decidir si desea o no contar con agricultura, si quiere o no tener campesinos y agricultores. La situación actual de este sector no sólo guarda relación con la pobreza o con el agravamiento de los problemas existentes en las ciudades. Para nosotros, es mucho mas que eso. En realidad, es un problema sociológico, antropológico. La agricultura es una forma de vida, y millones de chilenos libremente han elegido esa forma de vida. Y tienen derecho a que el Estado no sólo se la respete, sino también a que se la proteja. La agricultura ha transmitido con fidelidad todas nuestras tradiciones y ha fortalecido nuestras virtudes. No podemos dejar de tener presentes estas consideraciones, cuando hablamos de la agricultura chilena.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, ha sido importante escuchar este debate, porque no sólo se han formulado planteamientos muy concretos sobre los problemas que afectan al sector agrícola del país, sino que también se han planteado interesantes propuestas, las que con seguridad el Gobierno va a recoger -como siempre han estado abiertos a hacerlo éste y el anterior-, porque la idea es que justamente todos los actores sociales y políticos, si están dispuestos a efectuar un aporte concreto al mejoramiento de las condiciones de vida y económicas del país, deben poder expresarse; y esta Tribuna constituye un espacio para ello.
Pero creo que la discusión también ha sido importante, pues nos ha permitido escuchar argumentos y elementos de juicio que parecían muy lejanos de quienes hoy día los expusieron, con lo cual, a mi juicio, ha quedado en evidencia una contradicción vital, que viene produciéndose en ciertos sectores políticos de la nación.
Reiteradamente se exige al Estado que cumpla con su función de asistir a distintos sectores de la actividad económica y productiva del país. Y quiero coincidir aquí con quienes señalan que el problema del agro corresponde a la cultura del país y afecta a un sector importante de gente que ha hecho de la agricultura una forma de vida y que, desgraciadamente, la frialdad del modelo aplicado en ella, a veces, se contradice con la necesidad de mantener a las familias campesinas unidas en un entorno integral, lo que se hace cada vez más difícil. Y advierto una contradicción, pues por un lado se exige que el Estado participe y esté presente, y por el otro, se reclama la vigencia de un excesivo gasto. Se dice que los servicios del sector agrario han incrementado peligrosamente su gasto y, al mismo tiempo, se pide mayor control de ellos. Un señor Senador de Oposición dijo que frente a la falta de fiscalización, era necesario que el SAG actuara. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿cómo procede a ello, si carece de recursos, de personal y de vehículos adecuados? Entonces, desgraciadamente, también se cae aquí en algo lamentable: el intento de efectuar un aprovechamiento político de los reales problemas del país y cuya solución requiere de la participación de todos.
El Estado necesita aumentar su gasto fiscal en el Ministerio de Agricultura, focalizarlo en algunos aspectos y fortalecer la presencia de algunos de sus organismos en el agro. Porque son los pequeños productores los que se arraigan y viven en el campo, donde mantienen su familia unida más que en el caso de los temporeros, pues el marido trabaja por un lado y la mujer, los niños y los jóvenes, por otro. Es la familia arraigada en las parcelas, en la pequeña explotación, la que permanece unida, conservando la tradición campesina chilena.
Esa familia necesita del apoyo del Estado. Y, por lo tanto, debemos realizar un esfuerzo para revisar el modelo de desarrollo del país, no sólo en lo relativo al sector agrario. Soy uno de los que creen que el modelo de desarrollo no está bien, pues el mercado no nos resolverá todos los problemas. Mientras nosotros abrimos nuestra economía al mundo, las naciones desarrolladas protegen su producción. Lo hacen inclusive mediante muchos subterfugios -control de calidad, estacionalidad y otros- e incluso con alusión a los problemas laborales y de seguridad social.
Entonces, ¿continuaremos en una política de economía absolutamente abierta, sin saber cuáles son los intereses verdaderos del país? ¿Suscribiremos convenios internacionales -que son cada vez más necesarios- para abordar nuestro desarrollo, en circunstancias de que, por no ser una isla, debemos preocuparnos de cómo insertar nuestra economía dentro de un mundo globalizado? ¿Haremos esto último sin mirar los intereses globales del país, sabiendo que detrás de los productores hay miles y miles de trabajadores campesinos, con sus familias?
Por eso, a mi juicio, la cuestión no es sólo de competitividad: es siempre un problema' de eficiencia. No me cabe duda.
En todo caso, debemos velar por la forma de competir en igualdad de condiciones. Y esto implica revisar algunos de los elementos en juego.
Aquí también se habló de algunos problemas puntuales. Quiero mencionar que en nuestra Región por ejemplo, al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin, contábamos con un sistema agrario absolutamente deprimido y una actividad ganadera prácticamente en el suelo. ¿Por qué? Porque, evidentemente, la recesión mundial hizo que los precios de algunos productos bajaran, como en la lana especialmente; pero, además, porque el sobretalaje de los campos implicó una depredación de las praderas.
Muchos miles de hectáreas de padrera magallánica requieren ser recuperadas -lo que implica serías dificultades- para que vuelvan a ser productoras importantes de ganado y de los subproductos de éste. Se requiere revertir la situación, no sólo porque los precios internacionales -como está sucediendo hoy- han mejorado, sino también porque hemos logrado penetrar nuevos mercados, como el chino, lo cual nos ha permitido vender productos pecuarios a precios convenientes y, al mismo tiempo, mejorar las deprimidas condiciones en que se encontraba el agro.
Debo señalar igualmente que junto con eso hemos aumentado nuestras "exportaciones" de ganado vacuno hacia el resto del país. Hoy día constituimos uno de los importantes productores de ganado vacuno para engorda que surte a la Provincia de Osorno, desde donde se distribuye al resto de Chile.
Pero existe una labor importante por parte de los organismos del agro, y que deseo destacar.
En Magallanes actualmente se efectúan experimentos de vital importancia para el futuro de la Región. Una manera de diversificar los productos que hoy entregamos al mercado son los experimentos que se están realizando para introducir en la zona de Magallanes elementos distintos a los tradicionales, como la alpaca, no sólo a través de experimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, sino también con convenios suscritos con productores privados. Y en la actualidad contamos con alrededor de 900 cabezas de ganado, entre alpacas y llamas, especies que están empezando a reproducirse en forma bastante exitosa. Asimismo, el FONTEC y los empresarios privados, están desarrollando una cantidad importante de proyectos para la implantación de distintas variedades hortícolas, lo cual permitirá a Magallanes tener un nivel de producción y mejorar, incluso, el abastecimiento local, hoy día absolutamente deficitario. Consideramos que con los proyectos de obras de regadío que ya están en marcha, y cuya primera etapa quedará terminada a principios del 95, aumentaremos notablemente la producción hortícola, nos autoabasteceremos y, a lo mejor, exportamos al sur argentino, además de satisfacer las necesidades de las naves que cruzan el Estrecho.
Es decir, existen perspectivas sumamente favorables en la Región. Indudablemente que se requiere más inversión. Comparto el juicio de quienes señalaron que es necesario aumentar la experimentación y la investigación. Considero que lo actual en ambos rubros es insuficiente. Se necesita inyectarles más recursos.
Por lo tanto, al Senado le corresponde hoy día buscar la manera de colaborar con los planes y proyectos expuestos por el señor Ministro -los cuales me parecen correctamente orientados en ese sentido-, para que podamos superar nuestros problemas. Revisemos las políticas dogmáticas que se han intentado imponer en nuestra economía, principalmente en el agro, ya que son nefastas para un sector como éste. Porque necesitamos arraigar y asentar a la familia campesina y mantener en el campo una cultura que ha sido importante para el país, pues refleja en gran medida lo que ha sido por muchos años la vida de miles y miles de chilenos.
Creo que es hora de dejar de lado la demagogia y de actuar con seriedad. No se trata sólo de venir al Senado a pronunciar discursos catastrofistas, sino de aportar. A este respecto, reconozco que muchos señores Senadores de Oposición formularon importantes propuestas; pero no puedo dejar de mencionar que también hubo quienes intentaron utilizar políticamente los problemas del agro que no son la resultante de medidas adoptadas por este Gobierno o por el anterior, pues son de antigua data. No han sido la Administración del Presidente señor Aylwin ni tampoco la del señor Frei las que dijeron a los ganaderos que se coman las vacas, que se olviden de la producción agraria y que sean las leyes del mercado y la competencia internacional las que regulen el desarrollo de esa actividad.
Por último, felicito tanto al señor Ministro por su exposición como al Senado por la posibilidad de llevar a cabo el presente debate, el cual, a mi juicio, es tremendamente positivo para avanzar en la solución de las dificultades por las que atraviesa la agricultura.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, no repetiré lo ya dicho, pero no puedo dejar de congratular a un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra -también representante de la Séptima Región-, pues su discurso ha sido muy claro y acertado. En él ha reiterado los mismos conceptos e ideas que vengo expresando desde hace años.
¡Qué bueno que, por fin, se recojan estos planteamientos ayer tan atacados y denigrados como populistas y demagógicos! ¡Pero basta de retórica!
Desde hace mucho tiempo se viene hablando de que la agricultura está en crisis. La verdad es que ésta es el efecto de una causa anterior que, como denuncié en 1989 como candidato presidencial, se encuentra directamente vinculada con la UF y a su relación con el tipo de cambio. Hoy día ya no se discute tal verdad.
Si los agricultores siembran en UF y cosechan en dólares; si sus costos de producción crecen mayoritariamente en razón de aquélla, y sus precios de venta se expresan en moneda norteamericana, ¿cómo es posible pensar que no haya una crisis en un sector cuya rentabilidad normalmente ha sido baja? Y si aquéllos están endeudados, entonces, su problema es aún más grave. Es sabido que la agricultura para modernizarse, hacerse rentable, mejorar su productividad o, lisa y llanamente, hacer su reconversión, necesita capital. Lamentablemente, en Chile esos recursos se financian con cláusulas de reajuste UF. Y hasta ahora no he encontrado nunca una espiga que, en lugar de granos de trigo, produzca UF, ni una vaca que al parir, en vez de alumbrar un ternero, dé a luz una UF.
Pero el problema de la indexación general de nuestra economía, expresada en una sola y monopólica cláusula de reajustabilidad llamada UF, se evidencia con mayor fuerza en el propio Banco Central más que en el sector agrícola. En efecto, el Instituto Emisor es en la actualidad el principal deudor; por eso ha ido perdiendo sumas importantes de dinero. Este año, sólo por descalce de moneda dólar y UF dejará de percibir más de 440 millones de dólares, de acuerdo con recientes estudios técnicos. Es natural que así ocurra, porque tal divisa ha subido mucho menos que la UF en los últimos cinco años. Baste recordar que, en diciembre de 1989, con una UF se compraban 16 dólares, y que en la actualidad se pueden adquirir cerca de 26, lo que significa que aquélla ha aumentando su valor casi en 60 por ciento.
Los agricultores no pueden endeudarse en los bancos para modernizarse si deben hacerlo en UF; ni pueden seguir trabajando con dos monedas: una, con la que cobran lo que producen (el dólar), y otra, con la que pagan lo que consumen o los créditos que adeudan (la UF).
Por su parte, el Banco Central tampoco puede seguir permitiendo esta situación que se hace cada vez más grave. La sola deuda subordinada de la banca, expresada también en UF, ha crecido en los últimos seis años en 60 por ciento más que si se hubiera contraído en dólares, y causó pérdidas al Instituto Emisor por 638 millones de dólares, en 1992; por más de 300 millones, en 1993, y por una cifra superior este año, lo que equivale a más de mil millones de la divisa norteamericana en pérdidas.
Debemos, entonces, transformar la deuda subordinada a dólares y permitir que los bancos presten en la misma divisa a sus clientes -también a los agricultores-, pues, a fin de cuentas, ésa es la principal moneda de curso en Chile, ya que en una economía abierta al exterior la sustitución de importaciones y las exportaciones se miden en ella.
No voy a repetir lo ya dicho respecto de la crisis agraria.
En cuanto a la reconversión del agro, de la cual tanto se habla, es sólo retórica si no existen los recursos para llevarla a cabo. No es por la vía de parches -como ocurre al suplementar el presupuesto del INDAP, dinero que luego se prestará a los campesinos en UF- el mejor camino para dar solución a las dificultades de la agricultura. ¡Eso es pan para hoy y hambre para mañana!
Por otro lado, legislaciones nuevas respecto de la tipificación de la carne (¡Oh, sorpresa!) no han logrado hasta ahora su propósito. Por el contrario -y aquí lo denuncio-, han significado el cierre de numerosos mataderos, el renacimiento de "canchas de matanzas" y el clandestinaje en la comercialización de la carne, evadiendo el IVA.
En definitiva, los agricultores no han ganado más y, como siempre, las diferencias han quedado en los bolsillos de los intermediarios.
Por otra parte, un tipo de cambio barato hace que cada día se importen más productos agrícolas, no sólo porque el dólar está bajo, sino por otra razón, muy profunda y técnica, que trataré brevemente de explicar.
En Chile, cuando la moneda norteamericana está barata es, obviamente, por haber exceso de ella. Curiosamente, el Banco Central -no ocurre así en casi todas las economías del mundo- adquiere el superávit emitiendo y aumentando la masa monetaria. Y cuando advierte que ésta ha crecido notablemente, debe retirar el exceso de circulante que él mismo introdujo en la economía, pues, de otra forma, se produciría inflación. Con tal propósito, vende instrumentos financieros expresados en UF, porque la economía funciona en base a dicha unidad, a tasas de interés atractivas y compitiendo con el sector privado por los mismos recursos. Así, es el Gobierno el que sube la tasa de interés y resta los fondos 'que necesitan los productores.
En resumen, cuando el dólar está barato, la tasa de interés es alta. Esta situación tan simple y evidente explica la razón por la cual Chile, pese a ser un país de gran riqueza, muestra pobreza, y también por qué cuando nos va bien -porque lo hacemos bien, o porque exportamos mucho, o por recibir grandes inversiones- ¡debemos arrancar los mismos árboles frutales que plantamos ayer...! Tal es el ciclo recurrente que explica nuestra pobreza. He dicho muchas veces que Chile es un país muy rico. No obstante, la razón de nuestra miseria deriva, fundamentalmente, de no saber administrar bien la riqueza.
El problema radica, entonces, en una mala regulación del Banco Central, el cual no es socialista ni liberal, que obliga a los productores de divisas a liquidarlas todas en él, pues se autoobliga a comprarlas nuevamente, generando el círculo vicioso ya explicado.
Pregunto a mis Honorables colegas: ¿qué ocurriría, por ejemplo, en Japón, si se hiciera lo mismo? ¿No terminaría la economía nipona totalmente "yenizada", reventando en inflación, o bien, con una enorme contracción, y el país crecería a tirones, como una montaña rusa, subiendo, bajando y volviendo a subir?
Pero no es todo: cuando se importa cualquier tipo de producto, los plazos de cobertura -¡fíjense bien Sus Señorías!-, es decir, el lapso de pago para esas importaciones, es de 180 días, de acuerdo con las regulaciones del Instituto Emisor. Pero dichos plazos de cobertura se financian con líneas de .crédito de la banca internacional, con tasas en dólares, no en UF, y a un interés muy inferior al del mercado interno.
Por lo tanto, la importación dé cualquier mercadería que pueda venderse al contado es un negocio muy bueno para el importador, aunque tales importaciones se hagan incluso sin margen comercial. Como resulta que la comida -por una convención de la humanidad, de hace 'miles de años- se compra y se vende al contado (tal vez porque con hambre nadie se ha atrevido a regatear para obtener plazos), cualquier importación de productos agrícolas, financiada a 180 días a tasa de interés barata, y vendida en Chile al contado, permite, adicionalmente al negocio comercial, efectuar un segundo negocio, esta vez financiero.
Así, los dineros provenientes de las ventas se depositan en el mercado interno, en UF, a altas tasas de interés, obteniendo con ello una ganancia adicional para pagar la obligación de cobertura de pago a los 180 días de plazo. Por lo tanto, el tipo de cambio barato que genera una tasa de interés alta, a la vez produce -antes que en otros sectores- problemas en la agricultura, porque sus mercaderías se compran y se venden al contado.
Es necesario entender esta realidad para no equivocarse cuando se hace un análisis serio de la realidad agrícola. De no ocurrir así, los diagnósticos no serán buenos, y los remedios, lamentablemente, no resultarán eficaces.
Debo expresar que no basta con disponer de un precio adecuado del dólar. También es preciso evitar las distorsiones de precios que rompen los valores propios de los productos. La Comisión Antidistorsiones del Banco Central debiera cumplir ese objetivo; pero no ocurre así. Por eso; he propuesto un proyecto de ley que haga posible considerar no sólo el "dumping", como ocurre actualmente, sino también los precios distorsionantes, como son los derivados de excedentes temporales de producción provenientes de buenas cosechas. Ello sucede igualmente con las producciones argentinas en caso de lluvias adecuadas y oportunas que multiplican en forma marginal las producciones y utilidades de los agricultores del vecino país.
La venta de esas producciones en Chile, a precios marginales, no es "dumping"; es, simplemente, venta de excedentes productivos. Pero éstos no deben ser importados por Chile si sus valores no son los del mercado internacional. De lo contrario, se estará participando en una distorsión interna de precios, que es lo que la Comisión Antidistorsiones debe corregir
El proyecto de ley que impulso permite, además, que la Comisión Antidistorsiones pueda acordar "orden de no innovar" mientras estudia las denuncias que se le formulen, y no como sucede hoy, en que las más de las veces los hechos reales y sus problemas sobrepasan en el tiempo las urgentes soluciones que la agricultura requiere.
Consecuente con lo anterior, he sometido a la aprobación del Honorable Senado un proyecto que considera los siguientes puntos:
En la actualidad, sin perjuicio de la legislación antimonopolios, la ley N° 18.525 tutela la importación de mercancías a Chile y establece una Comisión Antidistorsiones de Precios a fin de que, frente a situaciones de subvención o "dumping" que causen grave daño a la producción nacional, pueda recomendar al Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda medidas protectoras tales como la fijación de sobretasas, derechos "antidumping", o derechos compensatorios.
Sin embargo, la Comisión referida no cuenta con atribuciones legales ni reglamentarias para ejercer un efectivo control sobre situaciones que, sin que puedan equipararse claramente a subvenciones estatales o "dumping", producen, sin embargo, graves distorsiones de precios y consecuentes atentados contra la producción y comercialización de bienes en Chile, y contra la libre competencia (es el caso de las importaciones de excedentes agrícolas o de otras actividades productivas); o liquidaciones de sobrestock (es lo que sucede con los fósforos de la Compañía Chilena de Fósforos, en Talca), y otras similares, en que se vende a precios muy inferiores a los reales de mercado, ya sea internacional, o de aquellos vigentes en los respectivos mercados de origen.
En ese proyecto de ley que he propuesto, se subsana la situación aludida y se hace que la Comisión Antidistorsiones de Precios -que pasa a denominarse "Comisión Antidistorsiones de Precios Reales de Mercado"- actúe como una eficaz herramienta en contra de las distorsiones producidas por la introducción al país de excedentes a precios inferiores a los normales, lo que imposibilita la competencia de los productos de origen nacional.
Además de efectuar la reforma pertinente, he propuesto al Ejecutivo modificar el reglamento del artículo 11 de la ley N° 18.525, contenido en el decreto supremo N° 575, incluyendo entre las causales de requerimiento a dicha Comisión, la "importación de excedentes agrícolas o de otras labores productivas o de liquidación de producción o stock a precios inferiores a los de mercado". Es decir, he agregado nuevas causales para que la Comisión pertinente pueda actuar, buscando así compatibilizar la reglamentación referida con los objetivos de este proyecto, y con apoyo, sustentación y protección de las reglas de un libre mercado.
Finalmente, he propuesto introducir, tanto en la ley N° 18.52S como en el reglamento antes citado, la obligatoria audiencia de las partes interesadas ante la Comisión, dando una posiblidad de expresión, hoy limitada a la mera solicitud de dichas partes, dentro de breve plazo y sin reales posibilidades de contraargumentación o defensa.
Con las reformas que he propuesto, y si la iniciativa gozara del patrocinio del Ejecutivo -pido al señor Ministro que me ayude en ese aspecto-, es mi opinión que se podrá hacer un efectivo aporte al control las distorsiones de precios reales de mercado que hoy afectan a muchas importaciones en Chile, permitiendo así un mejor aprovechamiento de la Comisión existente, en materias que hoy escapan a sus atribuciones.
Señor Presidente, terminaré señalando, como ingeniero agrónomo y economista agrario, que la situación de la agricultura es grave, preocupante; nos obliga a todos a redoblar nuestros esfuerzos para perfeccionar tecnologías y normas sobre inversión. Pero no resulta posible ayudar a los agricultores que carecen de capital si éstos deben endeudarse, como he dicho, en UF.
Tampoco resulta posible -está claro que ello no es factible para el Banco Central- .mantener obligaciones en dos monedas di-: una con la cual se produce, y otra con la cual se paga. Mientras no se solucione ese aspecto, esa distorsión que denuncié al país hace ya más de cinco años, por lo cual fui tan criticado, no podrá corregirse la situación que hoy nos preocupa.
Desde luego, quiero felicitar al señor Ministro por los esfuerzos que ha desplegado para tratar de enfrentar este problema que escapa a sus propias atribuciones y posibilidades, ya que su tratamiento está radicado en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Corresponde hacer uso de la palabra al Honorable señor Ríos.

El señor RIOS.- Señor Presidente, muchos de los aspectos que quería exponer en mi intervención ya han sido señalados por otros señores Senadores pertenecientes a distintos Comités del Senado. Tales aspectos, en alguna forma, representan el pensamiento que los dirigentes gremiales han dado a conocer en muchas ocasiones. Obviamente, representan a la vez un sentir nacional muy profundo de hombres y mujeres que viven en el campo.
En todo caso, quiero empezar expresando mis felicitaciones y un anhelo importante para quienes estamos tan vinculados a la agricultura y al campo. Me refiero al hecho de que, después de la tradicional división gremial del sector agrícola, hoy día el país tenga una sola organización de esa actividad -lo que considero de gran trascendencia-, presidida por quien dirige la Sociedad Nacional de Agricultura, el señor Ernesto Correa Gatica. Esto permitirá desarrollar una actividad gremial técnica para avanzar, junto con las autoridades de Gobierno, en planes comunes que permitan un desarrollo mejor del sector.
En segundo lugar, es muy importante expresar, sobre todo a los señores Senadores que han echado de menos la presencia de los pequeños agricultores, que a través del tiempo -especialmente en los últimos diez años- el tema referido a la extensión agrícola no ha sido tan fundamental en áreas importantes y en amplios sectores del empresariado, sea grande, mediano o pequeño, por cuanto los tipos de producción provocados por la reconversión que vivió la agricultura a partir de 1975, permitieron a los pequeños agricultores eficientes y con acceso a sustanciales créditos, resolver su problema en términos tales que no se requerían enormes extensiones de tierra para lograr que la producción fuera atractiva económicamente.
Señalo esto porque me consta que estas entidades agrícolas representan en este momento a amplios sectores de pequeños agricultores y han estado desarrollando actividades muy importantes en torno a ellos, sobre todo en la aplicación de normas legales, las cuales, aun cuando están dirigidas a esos agricultores, no se han aplicado convenientemente. Un buen ejemplo de ello -y ahora voy a entrar a un tema que, desde mi punto de vista, no ha sido tocado todavía en este debate- apunta a la vida rural versus la vida urbana, a las características de inversión pública en la vida rural, a los problemas que afectan a ella y, obviamente, a la agricultura, los cuales terminan encareciendo el desarrollo de la actividad agropecuaria.
Señor Presidente, en 1991 el Congreso aprobó un proyecto, y posteriormente el Presidente de la República promulgó la correspondiente ley, que permitía a los pequeños agricultores de Chile obtener la devolución del IVA por las compras que realizaban para sus siembras y cultivos. El Honorable señor Muñoz Barra señaló que 250 mil personas o entidades agrícolas pequeñas, medianas o grandes trabajaban en el campo. Sin embargo, daré a conocer una información correspondiente a menos del 50 por ciento del sector a que aludió Su Señoría. Me refiero a los 120 mil pequeños propietarios que, según se estimó en esa oportunidad, tendrían acceso a la devolución del IVA por las compras e insumos que requerían para sus predios agrícolas. Los valores respectivos -cabe tener presente que cada uno de esos pequeños agricultores enfrentaba más o menos un promedio de 2,5 hectáreas de siembra de productos diversos- representaban una devolución cercana a los 9 mil 700 millones de pesos anuales, en moneda de hoy, en caso de que se hubiese aplicado en plenitud la normativa legal dictada en 1991. Pero, en realidad, ésta no se ha cumplido, porque en la administración del Estado no ha habido una fórmula adecuada para enfrentar todo lo que significa la aplicación de la ley en lo que respecta a 120 mil usuarios repartidos por todo el territorio nacional, muchos de los cuales viven, incluso, en lugares de difícil acceso.
Debido a lo anterior, hemos llevado a cabo -y también han procedido de igual forma las autoridades gremiales del agro- una serie de reuniones y gestiones con el Servicio de Impuestos Internos, y estamos a pocas semanas de resolver el problema, para que estos importantes ingresos destinados a la agricultura puedan llegar al pequeño propietario y se integren así eventuales 20 mil millones de pesos que se han ¡perdido desde 1991 hasta 1994. De estos 120 mil usuarios, que pertenecen al agro, solamente han accedido al beneficio alrededor de- 2 mil 500 en estos casi tres años de aplicación de la ley sobre devolución del IVA.
Un segundo elemento que es muy importante señalar se refiere a los costos que significa la baja inversión pública en las distintas actividades agrícolas. Al respecto, citaré un ejemplo concreto y real, que fue estudiado por la Sociedad Agrícola Bío-Bío en relación con un predio de 50 hectáreas y con 14 trabajadores, cuya venta anual es de 62 millones de pesos. Se hizo un análisis muy a fondo acerca de lo que significa desarrollar la actividad en lugares con malos caminos de acceso y muy distantes de los posibles centros de exportación de algunos de sus productos. Al mismo tiempo, se estudió -y esto es muy importante que lo tenga presente, señor Ministro, porque se trata de un aspecto absolutamente práctico- un nuevo costo que está surgiendo en lo referente al problema de la educación rural de los hijos de las personas que viven y trabajan en el campo. La enseñanza rural está en franco colapso, y en las condiciones actuales no existe alternativa alguna de mantener vigentes las escuelas que se encuentran a 20 kilómetros de distancia de cualquiera ciudad o pueblo, por cuanto es evidente que la educación que los padres desean entregar a sus hijos no la encuentran en la gran mayoría de las escuelas rurales. Por tal motivo, están intentando trasladarlos a las ciudades, a fin de que en ellas obtengan una mejor enseñanza. Esto es absolutamente real.
En razón de ello, en el ejemplo que señalaré se considera el hecho de que a partir de 1995 -y por petición expresa de los trabajadores- el predio que se analizó debe contemplar dentro de sus costos lo siguiente: 1) traslado diario de 22 niños a 18 kilómetros para asistir al colegio, un millón 800 mil pesos (motivo: escuela rural colapsada); 2) flete de 50 toneladas de frutas de exportación al aeropuerto de Pudahuel, a una distancia de 550 kilómetros, un millón 100 mil pesos (razón: no existe alternativa alguna de poder hacerlo en aeropuertos más cercanos, sea en el de Concepción u otros, porque el Estado o los organismos públicos no tienen los elementos ni la administración necesaria como para desarrollar en el lugar todo lo correspondiente a aduana, a servicios sanitarios, etcétera; de modo tal que necesariamente deben recorrerse 550 kilómetros, en circunstancias de que existen aeropuertos excelentes y muy cercanos la zona, pero que carecen de la implementación adecuada); 3) costo o flete o depreciación acelerada de vehículos por deficiencias de los caminos, un millón 200 mil pesos (motivo: bajo interés público en la mantención de las vías, las cuales son de muy baja calidad); 4) gasto por exceso de viajes debido a la ausencia de medios de comunicación, 600 mil pesos (el tema de la telefonía rural es realmente complicado y muy urgente, por lo que, imagino, hoy día el Gobierno debe estar analizando las distintas proposiciones relativas a la instalación de sistemas de comunicación que permitan bajar notoriamente los costos propios de la administración de los distintos predios agrícolas); 5) mayor gasto que representan los permisos temporarios municipales, 115 mil pesos (aquí se produce un hecho muy curioso, porque en la actualidad ese permiso para el agricultor que lleva diversos productos a las ferias cercanas a su predio agrícola le significa un pago mayor en comparación al valor comercial que debe pagar la persona que desarrolla permanentemente su actividad en la ciudad) y 6) pérdidas en días de trabajo por petición de horas en lo vinculado a la salud, 360 mil pesos.
Todo lo anterior representa para un predio agrícola que tiene una venta de 62 millones de pesos, un gasto total de 5 millones 175 mil pesos, por razones que no son de la incumbencia del productor agrícola. Esto, a su vez, implica una pérdida o un mayor gasto real de 8,35 por ciento.
Este ejemplo, que corresponde a una situación verdadera que necesariamente debe enfrentar el agricultor debido a la falta de capacidad que han demostrado los servicios y organismos públicos en el desarrollo propio de la administración, no sólo ahora, sino durante mucho tiempo, va produciendo evidentemente un desgaste en el grande, mediano o pequeño empresario que vive en el campo y debe dirigir su empresa en la mejor forma posible.
A lo anterior se agrega otro hecho que también es muy importante tener presente, el que se refleja a lo largo de todo el país y dice relación a una enorme cantidad de tierras respecto de las cuales la contaminación de las aguas de las ciudades ha terminado por marginar a amplias zonas agrícolas -éstas, a mi juicio, superan las 8 ó 10 mil hectáreas- al impedir que en ellas se puedan sembrar diversos productos que son muy atractivos. Y el responsable de esa contaminación no es el agricultor, sino la ciudad y también el servicio sanitario correspondiente, que en los últimos años no ha sabido resolver ese problema, el cual, obviamente, es tremendamente complicado y va debilitando la propiedad agrícola, su producción y su propio desarrollo.
Señor Presidente, estos elementos nos hacen ver la falta de presencia -y los agricultores, naturalmente, la echamos de menos- del organismo público en materias que, en este caso, son clara y definitivamente propias del Estado, sea que correspondan al plano nacional, regional o comunal. Y, cuando el Estado no asume una presencia o una participación activa en este campo, es indudable que los costos de la agricultura aumentan considerablemente y la baja de sus utilidades se acentúa.
En lo que se refiere a inversión y gasto en obras viales, existe enorme presión por llevar a cabo grandes carreteras -como lo recordó aquí el propio Ministro de Obras Públicas-, lo que significa postergar siempre la construcción de caminos rurales. Ello termina constituyéndose en una verdadera tragedia de costo para miles y miles de predios agrícolas ubicados a través de todo nuestro territorio y repercutiendo en forma bastante negativa.
Además, la agricultura se enfrenta a una serie de dificultades mencionadas ya por dirigentes gremiales. En este sentido, me parece de suma conveniencia estar escuchando permanentemente a dichos personeros y analizar con profundidad sus planteamientos, dando, en lo posible, respuestas claras y precisas. Porque, cuando no las hay, queda la duda de si el Gobierno se encuentra o no realmente interesado en un problema que afecta a cientos de miles o a millones de personas.
Algunos -como el señor Ministro, el Honorable señor Gazmuri y otros Senadores-sostienen que la agricultura representa alrededor de 7 por ciento del producto geográfico bruto. Eso es real y equivale a su representación exacta y directa. Sin embargo, estudios entregados a la opinión pública que no han sido rebatidos por ninguna autoridad, ni de Gobierno ni gremial, ni tampoco por la gente estudiosa del tema, indican que los negocios agroeconómicos -esto es, aquellos vinculados en forma indirecta a la agricultura- alcanzan a un porcentaje cercano a 30 por ciento del producto geográfico bruto.
En consecuencia, señor Presidente, estamos frente a un rubro económico de una importancia mayor que la que representa el mero porcentaje aludido en primer término, el cual efectivamente -lo reconozco- se sitúa en torno del 7 ó 7,5 por ciento, pero que, considerando los negocios agrocomerciales, se eleva a una cantidad cercana a 30 por ciento.
Un segundo elemento relevante mencionado por la autoridad gremial -que, desde mi punto de vista, aún no recibe respuesta- se relaciona con la prohibición de importar productos chilenos en varios mercados extranjeros. Puedo citar, sobre el particular, innumerables ejemplos. Y también los hay respecto de los altos aranceles que enfrentamos cuando a nuestros productos les sumamos valor agregado. En efecto, existen aranceles atractivos para nuestras exportaciones agrícolas, pero basta con incorporar en ellas algún valor agregado para que en el país respectivo el arancel, por mínimo que sea, se eleve a un punto tal que haga imposible competir. Nosotros respetamos la libertad agrícola y agrícola-comercial, pero otras naciones no hacen lo mismo, y eso nos produce un daño inmensamente grande.
Un tercer elemento importante son los subsidios que están otorgando algunos Estados con el propósito de ampliar la propiedad agrícola. ¡Qué interesante es esto! En vista de que la agricultura ha ido adquiriendo características, en su desarrollo económico y su administración, muy distintas de las que tenía hace 15 ó 20 años, hoy diversos Estados han decidido entregar subsidios para ampliar la propiedad agrícola. Y esto es verdad. Una de las dificultades más dramáticas del pequeño agricultor chileno es, precisamente, la falta de tierra, en especial en superficies de secano costero, de baja calidad, lo que le impide lograr una empresa agrícola más rentable y con mayores posibilidades de desarrollarse él y su familia.
En la actualidad, varios Estados conceden subsidios destinados al propósito a que he hecho referencia-se trata de una especie de reforma agraria, pero al revés-, en tanto que otros otorgan un apoyo tendiente a una creación de organismos de comercialización, a fin de ayudar a la agricultura privada, además de aplicarse aranceles diferenciados o especiales. Y esto es real.
¿Qué significa lo anterior? Que, considerando sólo la carga tributaria directa que afecta a los productos agrícolas, se llega a la conclusión de que podemos competir o estamos compitiendo con aranceles iguales o parecidos, pero la verdad de las cosas es que, si sumamos todos los subsidios indirectos que fortalecen las agriculturas de otros países, terminamos por convencernos de que respecto a muchos productos nos encontramos frente a una situación bastante injusta, que perjudica nuestro desarrollo.
En otro orden de ideas, se ha indicado que el endeudamiento agrícola asciende a mil millones de dólares. Eso significa que, sólo por concepto de intereses, hay que pagar al sistema financiero una cifra cercana a 50 mil millones de pesos, equivalente, en términos prácticos -los agricultores somos tremendamente prácticos- a 610 millones de litros de leche. Vistos, entonces, los intereses que deben pagarse, versus los porcentajes reales de utilidad que alcanza el negocio agrícola, se deduce que, sin lugar a dudas, estamos encaminándonos hacia una situación de falencia económica bastante delicada, que va a repercutir en el pago de la deuda -a mi juicio, a muy corto plazo- y, a lo mejor, con gravedad ya a partir de este año.
Digo esto porque la agricultura, como ha sido tradicional en Chile, en sus mejores años ha alcanzado niveles de utilidad en torno de 6 por ciento. No más. Y es indudable que este 6 por ciento ha experimentado una baja muy grande, provocada por el valor de los productos, en primer lugar; por la moneda transable -el tantas veces comentado dólar-; por la cantidad de productos cuyas siembras han disminuido considerablemente, ante el efecto de tratados bilaterales de Chile con naciones vecinas, y por el alto aumento de las remuneraciones. Todo ello ha configurado un conjunto de elementos reales que ha hecho bajar las utilidades de la agricultura a un porcentaje que, en mi opinión, hoy día es cercano a cero, lo cual implica una posición muy delicada para el pago de la deuda con la banca privada.
Creo que, considerando los planteamientos formulados, más los distintos aspectos que aquí se han señalado, podremos ir avanzando juntos, Estado y particulares -en ello estoy muy de acuerdo-, en un proceso que, con los cuidados del caso y con el apoyo importante de la inversión pública, permita un desarrollo efectivo de la agricultura.
Finalmente, quiero referirme a dos cosas. El señor Ministro y algunos Senadores manifestaron que la presencia de Relaciones Exteriores resultaba muy relevante en todo lo que concierne a nuestros mercados. En 1992, tuve la oportunidad de acompañar al Presidente de la República de la época en una visita que realizó a Europa. En Bruselas sostuvimos varías reuniones con miembros del Mercado Común Europeo, y fue entonces cuando supimos que dicha asociación adquiría una cantidad cercana a los 25 millones de dólares en productos diversos -granos, especialmente, frejoles, y otros más-, con el. fin de ayudar al Tercer Mundo. Los países africanos eran los más favorecidos por la compra de dichos productos, cuyos precios resultaban brutalmente atractivos con respecto a los que estaban registrándose en el plano interno. Consultamos a la autoridad diplomática si Chile había hecho ofertas o si había participado en las ventas, pues se trataba de cifras importantes, que representaban para nuestro país, en el caso de los frejoles, una siembra de aproximadamente 28 mil hectáreas. Y dicho personero nos respondió que no lo había hecho, y que no lo había hecho porque no tuvo a mano los valores ni consideró dicha posibilidad. Eso me hizo pensar que faltaba -y, seguramente, falta aún-¿ una capacidad para participar, con nuestro cuerpo diplomático, en los negocios que se están realizando en distintos lugares del mundo.
En segundo lugar, quiero señalar algo que a mí, al menos, me produjo una molestia muy grande. Yo creo que la agricultura, tal como se ha expresado, representa valores en nuestro país. Y los valores espirituales, los valores nacionales, por supuesto, hay que cuidarlos. Pienso que representa una actividad económica relevante. De hecho, da trabajo a más de 700 mil personas y en torno de ella existe un. gran movimiento económico y financiero. Además, hay alternativas permanentes para seguir avanzando, gracias a la capacidad empresarial agrícola chilena -grande, media y pequeña-, que es excelente. Por eso, considero que otros gremios no tienen derecho a debilitar la agricultura para favorecerse ellos en forma desmedida.
Cuando se firmó el convenio con Bolivia, en que se marginaba definitivamente a todas las siembras de oleaginosas de nuestro país, y hubo una protesta del sector agrícola, porque por ese acuerdo se iba a perder una cantidad importante -aproximadamente, 30 millones de dólares-, un dirigente gremial de la industria preguntó qué importaba perder 30 millones de dólares en la agricultura si en las áreas industrial, comercial y otras se ganarían 200 millones de dólares. Si existe ese criterio dentro de los mismos organismos gremiales, sin duda que iremos hacia un debilitamiento de la agricultura, lo que, naturalmente, no aceptaremos.
Termino, señor Presidente, expresando mi interés en que se resuelvan los aspectos que he señalado y, obviamente, nuestra disposición de colaborar con la agricultura del país, con las autoridades públicas y gremiales, a fin de que salgamos adelante en este proceso con la capacidad que Chile ha demostrado y que ha de fortalecerse en el futuro.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, me he comprometido con algunos Honorables colegas en -ojalá- no excederme de 6 minutos.
La primera pregunta que surge es para qué sirve esta sesión. En el Senado ha habido una larga discusión, que a algunos les puede parecer poco útil. Sin embargo, quiero hacer presente que el gran mérito de este debate es poner de relieve que hay una gran convergencia posible y un espacio común de acción para obtener una política de Estado en favor de la agricultura.
Cabe observar, luego de las largas horas que llevamos escuchando las distintas exposiciones, que predomina el ánimo de una voluntad de acuerdo. Los Senadores de Oposición han planteado un conjunto de propuestas y medidas que perfectamente coinciden con el planteamiento del Gobierno, o lo complementan o perfeccionan, y es posible avanzar en una matriz común. En cambio, son minoritarias las posiciones que presentan disyuntivas falsas, caminos distintos, o que pretenden alentar conflictos o exacerbar tensiones. Ese es uno de los resultados de esta sesión, que me parece importante destacar.
Respecto de las propuestas específicas, de manera muy breve deseo señalar que en el diagnóstico efectuado esta noche y en las proposiciones que de él resultan hay dos grandes determinantes que no debemos olvidar. Primero, lo que se haga no es sólo resultado ni puede ser únicamente cuestión de políticas nacionales. Se trata de adecuar una política a un sector muy determinado por los cambios internacionales. Por ejemplo, los avances entre Chile y Argentina y los acuerdos respecto de los pasos fronterizos; los avances entre Chile y Bolivia; el tema de la competitividad, cuando China sale a vender manzanas, e India, uvas; la llegada desordenada de Chile al mercado internacional; los cambios importantes en la política agrícola de los países desarrollados; la aplicación de altísimos subsidios y, ahora, la reducción de los mismos, ponen de relieve que no podemos incurrir en simplificaciones y pensar que sólo a través de algunos instrumentos de política nacional debemos abordar esta tarea.
Asimismo, estimo que no corresponde que un dólar más alto sea puesto como prerrequisito para establecer una política, porque sería riesgoso, e incluso, podríamos llevar a engaño con relación a otras que deseemos aplicar, en la medida en que pensemos que primero debe arreglarse lo del dólar y después procede que actuemos.
Mi percepción de este tema -recordando lo ocurrido en países del sudeste asiático que han tenido un flujo de divisas muy contundente- es que debemos hacer todo lo posible por sostener el dólar real y, ojalá, mejorarlo. Pero la tendencia natural de los países que reciben un importante flujo de inversión y que se tornan más competitivos en otros sectores es que esa posición no tiende a mejorar, sino a complicarse. Por lo tanto, nuestra posición debe ser la de sostener el valor de la divisa y concentrarnos más en la productividad.
Junto con estos cambios de política internacional, el segundo gran determinante es que en el campo debemos aplicar una política en favor de la equidad y en contra de la pobreza, que se sitúa y concentra especialmente en el sector agrícola. Por consiguiente, es preciso considerar que la agricultura -y eso sale de aquí- no puede adaptarse solamente a políticas de libre mercado. Seria un error estratégico pensar que sólo el mercado determina o marca lo que es una política agraria. Hay lógicas de ocupación que debemos preservar y cualquier cambio tiene que ser gradual. Aparte la lucha contra la pobreza y la necesidad de autoabastecimiento en algunas actividades, debe entenderse que el mercado mundial es administrado y no libre, lo que nos obliga a tener mecanismos de compensación y de protección.
Con las ideas planteadas esta noche, llamo al Gobierno a que, junto con los pequeños, medianos y grandes empresarios y con los trabajadores, se concierte un plan estratégico en torno de la competitividad agrícola que contemple parte importante de los puntos que se han señalado. Entre ellos, deseo destacar sucintamente el relativo a la preparación, desde ahora, de una posición negociadora del agro en relación con los acuerdos internacionales: con MERCOSUR, con Estados Unidos, con el NAFTA, con Asia-Pacífico. Lo adecuado es constituir un equipo conjunto y avanzar rápido en el aspecto indicado.
Además, señor Presidente, señalo la conveniencia de que en reunión de Comités resolvamos pronto formar una Comisión para abordar el tema del GATT, como la que existe en la Cámara de Diputados, pues es necesario estudiar los cambios en la legislación interna derivados de la firma del Convenio respectivo. Ello involucra materias de toda naturaleza, a las cuales debemos abocarnos enseguida.
Otro elemento destacable es la modernización de la empresa agrícola. Y quiero hacer resaltar la decisión, por la cual felicito, de destinar en el Presupuesto del próximo año 270 millones de pesos a los Centros de Gestión Empresarial, fondos que ojalá que se incrementen. El Gobierno ha planteado esa iniciativa como una tarea, y, sin duda, ella puede significar aumentos importantes de la productividad del trabajador, vía capacitación y vía gestión.
Por otro lado, tenemos otro problema clave, en el sentido de que en el sector agrícola el 80 por ciento de la fuerza de trabajo es temporera e itinerante. ¿Cómo establecer políticas estables para una masa laboral con esas características? Debemos pensar, también, en medidas en el campo de las relaciones laborales, en la legislación laboral, que den más estabilidad a productores y a trabajadores.
Respecto del mejoramiento de tecnologías, quiero dar el ejemplo de Francia, que en su producción de cereales, entre 1990 y 1994, gracias al avance tecnológico, redujo costos en 30 por ciento y aumentó rendimientos en 20 por ciento, según los datos de que dispongo. De manera que el apoyo de los Centros de Gestión Empresarial me parece clave y debe ser reforzado.
Otro tema es el de la calidad. No podemos menos que insistir en que nuestro avance en ese campo pasa por superar un grado de individualismo perjudicial para el productor y los trabajadores chilenos, en este enfoque respecto del mercado internacional.
Debemos articularnos mejor, además, con los mercados finales. Hoy día, por un kilo de fruta, el productor nacional recibe como retorno entre 10 y 20 por ciento de lo que paga el consumidor del Hemisferio Norte. Tenemos que capturar para los agricultores chilenos parte del 80 ó 90 por ciento que queda en el resto del mundo. Y esto significa incorporarnos de otra manera en la cadena que va desde la producción hasta la comercialización del producto.
En materia de control de calidad, tenemos precios 20 ó 30 por ciento por debajo de nuestros competidores: Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, porque ellos poseen sistemas creíbles de calidad homogénea y no les ocurre con sus productos lo que sucede con las cajas de fruta chilena, que son abiertas porque no existe seguridad de que su contenido sea lo que dice la etiqueta. En cambio, a los productos que llegan de países como Sudáfrica se les reconoce credibilidad. Al respecto, hay un sello, que permite conseguir mejores precios.
Por consiguiente, el proyecto de ley está en tramitación en el Senado exige certificar el grado de madurez de la fruta y el contenido, para ganar, así, credibilidad. Eso, sin duda, conducirá a mejorar los resultados.
Poco tiempo atrás, en un viaje a nuestro país, el Alcalde de Rotterdam consultaba cómo era posible que las manzanas chilenas que comía en Holanda fueran de tan pobre calidad, en circunstancias de que las que probó aquí eran bastante mejores. El factor a que me refiero es clave para nosotros, por lo tanto, y, si lo tenemos debidamente en cuenta, podremos avanzar bastante rápido en los precios y en la colocación de nuestros productos en el extranjero.
Asimismo, hay un tema que también es de alta prioridad: la pobreza rural. Será necesario hacer mayores y más imaginativos esfuerzos por ocupar a la gente en actividades nuevas. En Europa, a los pobres de áreas rurales se los subsidia como guardianes de paisaje y de la naturaleza, como recuperadores de recursos naturales. ¿Por qué no podemos en Chile reunir también a los campesinos más pobres, por ejemplo de los secanos costeros entre el Rapel y el canal de Chacao, en grupos que combatan la erosión, y pagarles para plantar bosques? Es perfectamente posible impulsar una política de asentamientos humanos rurales para mejorar la calidad de vida del sector -eso se está haciendo en otros países-, medida que debiera acompañarse a las proposiciones que hemos debatido esta tarde.
Por otro lado, no cabe duda de que en la lucha contra el deterioro del medio ambiente debe considerarse la reposición o sustitución del proyecto sobre bosque nativo, congelado durante tanto tiempo en el Congreso. Además, la conservación y recuperación de suelos y aguas, la reducción de agroquímicos, la eliminación de residuos tóxicos, constituyen materias claves, que tendremos que abordar.
Termino, señor Presidente, expresando mi convicción de que debemos darnos por satisfechos con lo sucedido hoy. El país puede oír una voz positiva, de convergencia y entendimiento entre Gobierno, agricultores y trabajadores, y lo que corresponde es transformarla rápidamente en acción.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- El último orador inscrito es el Honorable señor Prat.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PRAT.- Señor Presidente, coincido con las congratulaciones que hemos oído en relación al gran grado de acuerdo alcanzado en la Sala en cuanto al diagnóstico de los problemas agrícolas y a las medidas que es necesario tomar para solucionarlos. Como conclusión, podría señalarse que las medidas son muchas y ninguna es espectacular, pero, de aplicarse en su conjunto, producirían un resultado significativo, capaz de cambiar la suerte del sector, permitiéndole transitar desde la crisis actual a una situación más aceptable y llevadera.
Brevemente, quisiera recopilar las que me parecen sustanciales, y recoger de inmediato el planteamiento de quien me antecedió en el uso de la palabra, en orden a encomendar a la Comisión de Agricultura, o a una comisión especial, el análisis de lo discutido acá y su traducción a proposiciones concretas para someterlas a la consideración del Supremo Gobierno.
En primer lugar, creo fundamental amortiguar la valorización del peso. Y hablo de "amortiguarla", porque sabemos que ella es inevitable en un proceso de enriquecimiento paulatino del país. Se trata, simplemente, de hacer que vaya menos rápido que el aumento de la productividad en el sector.
En segundo término, es preciso procurar -como señalaba uno de los Senadores de la Séptima Región- que el costo del crédito a nivel interno sea el mismo que se paga a nivel internacional, porque esa diferencia en desmedro de nuestros productores ahoga a los que tienen mayor grado de problemas, esto es, a las actividades menos competitivas, más frágiles, entre las cuales se encuentra la agricultura.
En tercer lugar, resulta indispensable que el Estado lleve adelante una política activa de información de mercados. Es ésta un área en que hoy el Ministerio de Agricultura es débil, y debiera fortalecerse. Una amplia y completa información de mercados puede ayudar a resolver mejor a los entes particulares.
Asimismo, convendría desarrollar una política exterior orientada a abrir mercados, manejando los convenios con criterio realista, ya que siempre hay debajo de la mesa un acuerdo que protege a los sectores agrícolas de cada país. Y cuando Chile aborde materias como el MERCOSUR o el NAFTA, deberá tener en consideración estos elementos y jamás caer en la ingenuidad de creer que el convenio es uno solo: el que está a la vista de todos.
En cuarto lugar, será necesario defender los términos de competencia. Hay que eliminar las disposiciones discriminatorias, como, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a la capacitación del SENCE que hoy pesa sobre el sector agrícola. Hay que modificar el mecanismo, de manera que las actividades que tributan por renta presunta también puedan acogerse al SENCE.
Se señaló, además, el problema de la retención del IVA a las ventas de trigo, que pone a los agricultores en una situación casi de menosprecio respecto del resto de los ciudadanos del país.
Por otro lado, resulta indispensable la remoción de estructuras institucionales que encarecen los costos. Me refiero, por ejemplo, al aspecto portuario. En el caso de los combustibles, el problema se debe a la propia ley que estableció el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, o al monopolio de la ENAP. Naturalmente, el mayor precio pesa sobre todas las actividades productivas del país, pero ahoga a las más débiles, entre las cuales se cuenta la agricultura. Pensemos también en los costos aduaneros y en el propio cambio de moneda, que hace que los ingresos deban pasar obligadamente por el Banco Central, encareciendo actividades que producen dólares y también requieren dólares para importar.
Asimismo, hay que evitar iniciativas inconvenientes. En este punto tengo una discrepancia con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Las regulaciones irrealistas que entraban y encarecen una actividad no la ayudan, sino, muy por el contrario, terminan ahogándola. Al respecto, cabe recordar lo ya dicho sobre las dificultades que ha traído la ley de tipificación de los productos cárneos, la cual pretende regular mercados; pero éstos desconocen el criterio de las leyes y, simplemente, se apegan a la realidad. Algo similar sucedería de prosperar una iniciativa tendiente a establecer el control de calidad obligatorio para la fruta de exportación. Felizmente, el Senado rechazó una regulación a los criaderos de ganado, impulsada por sectores de Gobierno.
A su vez, las restricciones al destino de la tierra y a su subdivisión no ayudan a la agricultura, aunque se crea que la favorecerían por el hecho de esclavizar a los que hoy son agricultores a seguir siéndolo. Lo único que conseguirían sería desvalorizar sus tierras.
Sin embargo, señor Presidente, más allá de las medidas reseñadas, quisiera referirme a algunas muy puntuales que tocan a un sector de gran importancia, particularmente en la zona en que vivo: a los pequeños agricultores del interior, de los faldeos de nuestra amplia cordillera de Nahuelbuta, que se extiende hasta la Décima Región. Los pobladores rurales que habitan en esa zona -como, también, en la cordillera de Los Andes y en los distintos territorios aislados de nuestra geografía- se encuentran cumpliendo una misión nacional, que debe serles reconocida en el Senado. Ellos aportan a nuestra identidad antropológica, como bien se ha señalado acá. Aportan a nuestra manera de ser nacional. Sin ellos, seríamos más pobres antropológicamente. A la vez, cumplen una función geopolítica, puesto que pueblan el interior del país. Hechos recientes, muy dolorosos, nos muestran por qué no debemos abandonar jamás ese concepto.
Pues bien, para estas personas es necesario considerar algunas medidas muy especiales, particularmente en lo que a caminos interiores se refiere. Estos tienen una incidencia de vida o muerte para la posibilidad de habitar en el campo y de sustentarse en él. Conozco localidades de la Novena Región donde el "metro-ruma" -que define lo que gana un hombre- vale a 15 kilómetros la mitad o el doble, según a qué extremo del camino se esté. Lo mismo sucede con el carbón de leña que se produce en Nahuelbuta: vale la mitad a una distancia de 10 ó 15 kilómetros.
Los caminos interiores son fundamentales, por lo que atender su situación constituye una labor que va mucho más allá del problema agrícola propiamente tal.
En cuanto a los servicios del agro destinados a la transferencia tecnológica y al crédito, muchos de ellos se encuentran superpuestos, desconectados entre sí, y ni siquiera existe en cada uno información respecto de los otros. Tales servicios deben ser coordinados.
Otro problema fundamental son las aguas superficiales. Muchas veces la vida rural se extingue por falta de agua, no sólo para la bebida de los animales, sino para la propia existencia humana. Es importante llevar a cabo un plan de miniproyectos de captación de aguas superficiales que permita aprovechar toda nuestra variada topografía, a fin de acumular el agua sobrante en invierno y disponer de ella en el período estival. Para tales efectos, a través de las tecnologías existentes, incluso satelital, se pueden determinar los lugares en que sea posible ejecutar esas obras -de costos muy bajos, porque son pequeñas-, con el propósito de mantener la vida rural en aquellas zonas donde a menudo va desapareciendo debido a la carencia del vital elemento.
Por otra parte, es necesario acomodar los calendarios escolares a fin de hacerlos compatibles con las actividades agrícolas. Hoy, los niños que viven en el campo, que constituyen un elemento esencial para el sustento de la familia, pues colaboran en la época de cosecha e incluso a financiar sus útiles de estudio, están siendo afectados, no sé si por la existencia de un monopolio en el magisterio, que aplica una sola norma a lo largo del país, o por desidia de los funcionarios del área de la educación, quienes, no obstante disponer de las facultades contempladas en la ley, no las emplean por evitarse problemas o por comodidad. En efecto, hay un calendario escolar uniforme desde Arica a Punta Arenas, en circunstancias de que se enfrentan situaciones muy diferentes entre un extremo y otro, lo que ameritaría adecuar dicho calendario a las realidades agrícolas de cada zona.
Finalmente, cabe también pensar en la posibilidad de una pensión de ruralidad. Y el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra hablaba de experiencias extranjeras en localidades donde es factible concebir la reforestación o el cuidado del medio. Podría disponerse que las personas que allí viven tengan un ingreso adicional por dedicarse a esas labores.
A mi juicio, también es viable la idea de una pensión de ruralidad para la tercera edad, como un estímulo para quienes habitan en el campo, y así evitar la presión sobre la infraestructura urbana, que significa en definitiva un costo para el Estado. Bien sería atendible que ese ahorro fuese entregado, a través de una pensión, a quienes optan por vivir la tercera edad en su lugar de origen: el campo.
Creo que esta sesión ha sido realmente valiosa y muy productiva, y, en la medida en que aquí sea posible formar una Comisión que lleve las ideas que se han expuesto esta tarde a un punteo práctico, con el objeto de ponerlo a disposición del Gobierno, podríamos avanzar en la solución de un problema que hoy pesa gravemente sobre 900 mil conciudadanos y que, más allá de ellos, toca un aspecto esencial de nuestra raza, de nuestra manera de ser y de mirar la vida, y de nuestra geopolítica, que es muy fundamental sobre todo en estos días.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Señor Ministro.

El señor ORTEGA (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, creo que a todos los asistentes a esta sesión nos anima un espíritu positivo y una voluntad de acuerdo. Ha quedado claro, a través de las distintas intervenciones, que las estrategias para el agro y para el campo necesariamente requieren de amplitud, de pluralidad de criterios y de instrumentos, a fin de abordar los distintos factores que inciden en su desarrollo.
En esta ocasión, deseo dejar testimonio del espíritu y sentido de diálogo existentes en el mundo rural y agrario de Chile, tanto con el sector de las grandes y medianas empresas como con los pequeños agricultores, los modestos campesinos y los trabajadores agrícolas. En este diálogo han participado las universidades y los institutos académicos, y creo que a partir de él podemos construir lo que en esta sesión -escuché atentamente las exposiciones- se ha sugerido: un acuerdo amplio que dé sentido a la valoración que aquí se ha manifestado tan vivamente respecto al campo y al agro.
Quiero recordar una frase del Presidente de la República, quien dijo: "Para todos, el futuro de la agricultura no es un tema menor o meramente sectorial. Es un tema decisivo para la vida de muchas Regiones, para la calidad de vida de miles de personas que viven y trabajan en torno a la actividad agrícola.". Y agregó "Pero este diálogo no sólo es relevante, es también una necesidad y una obligación. La actividad agrícola hoy tiene niveles crecientes de complejidad, por lo cual la búsqueda permanente de soluciones tendrá que convertirse en una forma habitual de relacionarnos.".
De la realidad agrícola y campesina podemos hacer una tarea nacional, no un ámbito de luchas y controversias. Ese es nuestro ánimo, y aquí se han dado grandes cercanías, aproximaciones y coincidencias.
Deseo expresar que el Gobierno está consciente de lo que es la ruralidad; de lo que es el valor que fluye del campo hacia la cultura nacional y la sociedad toda. Por ello, estamos dispuestos a colaborar, y desde ya ofrecemos nuestra contribución para que, en el momento en que el Senado lo estime conveniente retomemos esta discusión, porque creo que puede permitirnos, efectivamente, lograr lo que todos aspiramos: una respuesta nacional, con sentido social y de equidad, pero también con amplia participación, destinada a llevar a cabo la tarea en que estamos empeñados. El tiempo que hemos dedicado esta tarde al análisis del problema, refleja el interés común por el mismo.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, el Senador señor Prat, en su intervención, planteó la conveniencia de hacer un seguimiento a la implementación de las conclusiones que emanen de este debate. Hemos visto, al mismo tiempo , la muy buena disposición del señor Ministro de Agricultura para abocarnos a este tema.
Propongo encargar a la Comisión de Agricultura del Senado efectuar tal seguimiento y fijar plazos prudenciales para analizar tanto las sugerencias factibles de materializar como el eventual apoyo parlamentario que se requeriría para concretar muchos de los puntos que aquí se han mencionado y que resultarían de sumo interés para el progreso, desarrollo y modernización de todo el sector rural chileno. El señor VALDES (Presidente).- Presumo que la Sala concuerda en proceder en la forma propuesta por el Honorable señor Larre, a fin de ir siguiendo este proceso y adoptar las medidas del caso, porque las numerosas y concretas proposiciones de acción no pueden quedar cincunscritas al ámbito de una sesión o de un discurso.

El señor PAEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor PAEZ.- Señor Presidente, si bien estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento del Honorable señor Larre en el sentido de que la Comisión de Agricultura de esta Corporación se aboque al estudio de estas materias, pienso que hay temas de mayor amplitud involucrados y que van más allá de la competencia de dicha Comisión. Por eso, me parece conveniente la idea del Honorable señor Bitar de conformar una Comisión especial que, además de analizar con más extensión las proposiciones formuladas, examine también asuntos acerca de los cuales deberemos pronunciarnos próximamente, como los relacionados con los acuerdos del GATT. El señor VALDES (Presidente).- Muy bien. Queda entregada esta posibilidad a la iniciativa del Honorable señor Larre, quien, como siempre lo ha hecho, ha representado dignamente a la Región de Los Lagos.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 22:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción