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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 15ª, en jueves 10 de noviembre de 1994
Ordinaria
(De 10:54 a 15:39)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE,
Y NICOLÁS DÍAZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL TITULAR, EL SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
-Zaldívar Larraín, Andrés
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESION
-Se abrió la sesión a las 10:54, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDES (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 34a, ordinaria, en 13 de septiembre del presente año, que no ha sido observada.
(Véase en los Anexos el acta aprobada). |
IV. CUENTA

El señor VALDES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que da respuesta a otro, enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido al estado de las vías de acceso a la localidad de Huara, Primera Región, así como el problema de abastecimiento de agua y de suministro de electricidad que afecta a la citada localidad.
-Queda a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal. (Véase en los Anexos, documento 1).
-Queda para tabla.
Permiso Constitucional
Del Senador señor Lavandero, con el que solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar de hoy, 10 de noviembre de 1994, ya que integrará la comitiva que acompañará a su excelencia el Presidente de la República en una visita oficial al continente asiático y países del Pacífico Sur.
-Se accede a lo solicitado.
El señor VALDES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor VALDES (Presidente).- Quiero hacer presente a la Honorable Corporación la necesidad de dar una respuesta adecuada a las contiendas de competencia sobre las cuales el Senado se pronunció ayer. Propongo que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se encargue de redactarla y que la comunicación se envíe oficialmente a la Corte Suprema y a la Contraloría, porque no me parece razonable que tales entidades se informen por la prensa.

El señor DIEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene a palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, creo que corresponde a la Mesa del Senado remitir el oficio pertinente.

El señor SULE.- Así es.

El señor VALDES (Presidente).- Ruego a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que lo redacte...

El señor DIEZ.- Podemos colaborar con el mayor gusto, pero es materia de la Mesa del Senado.

El señor VALDES (Presidente).- Necesito esa cooperación para redactar la respuesta exactamente en relación con lo planteado y resuelto por la Sala.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, el Senado aprobó ayer el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y, por lo tanto, la respuesta no puede ser otra que enviar tal documento.

El señor SULE.- Claro. Sin otro aditamento, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- En todo caso, la ayuda va a ser muy bien recibida.

El señor PEREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PEREZ.- Señor Presidente, se encuentra pendiente de votación el proyecto que modifica el Código de Minería y la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, respecto a la superposición de pertenencias. Se votaron todos los artículos, salvo el último, que fue en consulta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la cual evacuó su informe hace dos semanas, aproximadamente. Por lo tanto, correspondería someter dicha disposición al pronunciamiento de la Sala, a fin de despachar esta iniciativa, que lleva más de un año de tramitación.
Hago presente esto a la Mesa y a la Secretaría, para que se proceda en tal sentido.

El señor VALDES (Presidente).- Me señala la Secretaría que el informe de la Comisión no ha llegado a la Mesa, de manera que no se ha dado cuenta de él.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Señor Presidente, que se trate en el primer lugar de la tabla de la sesión del martes próximo.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Entiendo que debe volver a la Comisión de Minería.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- No

El señor PEREZ.- No.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia emitió un pronunciamiento en el día de ayer por mayoría de votos, de modo que ese asunto puede ser visto por la Sala.

El señor VALDES (Presidente).- Reitero que no ha llegado a la Mesa el informe respectivo, señor Senador, por lo que aún no se ha dado cuenta de esa materia. Por lo demás, ya acordamos en reunión de Comités las iniciativas en las cuales nos vamos a ocupar ahora, así que no podemos agregar otras.
V. ORDEN DEL DÍA



ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor VALDES (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el informe de Comisión Mixta -formada ésta en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política- recaído en el proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal (Véase en los Anexos, documento 2). El informe ya fue despachado por la Cámara de Diputados.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 11 de mayo de 1993.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 33ª, en 13 de septiembre de 1993.
Informe de Comisión:
Salud, sesión 27ª, en 19 de enero de 1994.
Hacienda, sesión 27ª, en 19 de enero de 1994.
Trabajo y Salud, unidas (segundo), sesión 17ª, en 3 de agosto de 1994.
Hacienda (segundo), sesión 17ª, en 3 de agosto de 1994.
Mixta, sesión 13ª, en 10 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 29ª, en 25 de enero de 1994 (se aprueba en general); 22ª, 23ª y 24ª, en 11, 16 y 17 de agosto de 1994 (queda pendiente la discusión particular); 26ª, en 30 de agosto de 1994 (se despacha en particular).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En el informe se deja constancia de que la Comisión Mixta se constituyó el 6 de octubre de 1994 y de que se eligió como Presidente de la misma al Honorable señor Mariano Ruiz-Esquide.
Asimismo, se hace presente que hay diversas disposiciones de quórum orgánico constitucional, por lo cual requieren para su aprobación de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, conforme al inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política. Son los artículos 1º; 11; 12; 17, inciso cuarto; 21; 35; 39; 45; 46; 49; 58, y 5º transitorio.
La Comisión Mixta formula diversas proposiciones acerca de la materia en análisis, con votaciones diferentes respecto de los artículos donde hubo discrepancias entre la Cámara y el Senado, e incluye el texto definitivo del proyecto que se somete a la consideración de la Sala.
Por último, ayer llegó a esta Corporación el oficio N° 363, de la Cámara de Diputados, fechado el 8 de noviembre de 1994, mediante el cual comunica que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que estab
lece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, con excepción de los artículos 1º, 11, 12, 17, inciso cuarto; 21, 35, 39, 45, 46, 49, 58 y 5º transitorio, respecto de los cuales no se alcanzó el quórum constitucional requerido. Se adjuntan, además, los antecedentes correspondientes.
Como decía, la aprobación de tales artículos, de rango orgánico constitucional, requiere las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio. En estos momentos hay tres de ellos con permiso constitucional, con lo cual dicho quórum es de 25 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta,

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quiero dar a conocer muy brevemente los criterios a que se ciñó la Comisión Mixta para el estudio del proyecto en discusión. Advierto que lo haré sólo a título informativo, porque mi opinión al respecto la formularé durante el curso del debate, si es que éste se produjere.
La Comisión Mixta que tuve el honor de presidir acogió, fundamentalmente, los aportes hechos por el Senado en las diversas etapas de su tramitación, y recogió, también, informaciones inestimables y la participación de los señores Diputados. Aun cuando ellos habían sustentado una opinión distinta, creo que, en el ánimo de lograr un acuerdo, llegamos a un texto que, salvo dos o tres casos, la Comisión Mixta aprobó por unanimidad.
El ámbito de aplicación de la iniciativa está configurado en los preceptos que figuran en el informe que los señores Senadores tienen a la vista. El punto más importante al respecto se halla en el artículo 1º, en el cual expresamente se mencionan los principios de descentralización y desconcentración, y que fue aprobado por mayoría.
Posteriormente, en los artículos 10, 11 y 12, la Comisión fijó criterios acerca de la dotación -uno de los temas que concitaba mayor debate-, definida sobre la base del número total de las horas semanales de trabajo, y la forma de dilucidar las discrepancias. En esta parte también prevalecieron los planteamientos del Senado y, salvo en el artículo 12, hubo unanimidad.
En seguida, en el artículo 21 -aprobado por unanimidad-, referente a la posibilidad de los funcionarios del sector municipalizado de ingresar a los servicios de salud, y viceversa, en distintas condiciones y conforme a diversas características, prevaleció también el criterio adoptado al respecto por esta Corporación.
El artículo 22 -aprobado también de acuerdo con el predicamento del Senado- precisa claramente que las entidades administradoras serán autónomas al determinar la experiencia, capacitación y mérito para fijar los niveles correspondientes, según los criterios establecidos por el reglamento municipal respectivo.
En cuanto a las asignaciones de jefatura, la Comisión Mixta aceptó en principio el criterio adoptado por esta Corporación en el sentido de que oscilarán entre 10 y 30 por ciento, con autonomía municipal para su fijación. El precepto respectivo fue aprobado por unanimidad.
En los artículos 28 y 29 se consignan la asignación por desempeño difícil y los factores que inciden en la calificación del establecimiento -fundamentalmente, la inseguridad, el aislamiento y la marginalidad-, en lo que hubo consenso.
Los artículos 31 a 47 contienen normas sobre los concursos y la comisión encargada de ellos, el sueldo base, las asignaciones transitorias y las obligaciones funcionarias. De entre esos preceptos, los sometidos a la Comisión Mixta -que son de importancia relevante en la discusión- fueron aprobados por unanimidad y recogieron, básicamente, la opinión del Senado.
Una de las disposiciones que generaron una discusión más amplia fue la relativa a las causales de cesación, aun cuando su texto -que incluye gran parte de las opciones planteadas por esta Corporación- fue aprobado por unanimidad. Entre las causales se incluyen la renuncia, la falta de probidad, el término del período de contrato, la jubilación, la calificación deficiente y la disminución de dotación. En este último caso, se prevé una indemnización adecuada para los trabajadores y resguardos para evitar disminuciones arbitrarias.
Los artículos 58 y 60 se refieren a los proyectos de programas de salud que deberán formular las entidades administradoras, a la forma de superar las discrepancias surgidas en torno de ellos y a la supervisión por parte de los servicios de salud, a fin de generar un marco aplicable a todo Chile en esta materia, con la debida participación de las municipalidades.
Ambos preceptos fueron aprobados por unanimidad. En lo relativo a los proyectos de programas y la superación de las discrepancias primó el criterio del Senado, pero, en lo referente a la supervisión, se acordó un nuevo texto.
Finalmente, los artículos 6º, 8º y 10 transitorios tratan fundamentalmente lo concerniente a las indemnizaciones, a los aportes complementarios y a la transferencia de bienes de los servicios de salud a las municipalidades.
Se registró unanimidad respecto de los dos primeros puntos, pero el referente a la transferencia fue aprobado por mayoría, habiendo sido exceptuados del traspaso los establecimientos ubicados dentro de la superficie de un hospital, los cuales seguirán perteneciendo a los servicios de salud.
En suma, y en el ánimo de ser lo más breve posible, quiero destacar en general el acuerdo a que se llegó en la Comisión Mixta para aprobar prácticamente por unanimidad todo el informe. De ahí que me sienta muy honrado por haberla presidido. Deseo recalcar que el informe final recoge gran parte de los planteamientos acordados por esta Corporación.
Asimismo, debo reconocer públicamente el trabajo y la acuciosidad de la Secretaría de la Comisión en la elaboración de un texto que nos permite a los Senadores comprender muy fácilmente lo que fue resuelto,
No voy a entrar, señor Presidente y Honorables colegas, a la discusión de fondo del proyecto, porque ésta ya se hizo en la Sala, y solamente deberíamos referirnos a los temas en que no hubo acuerdo en los trámites anteriores y que motivaron la constitución de la Comisión Mixta.
Es cuanto puedo informar -tratando de ser lo más objetivo posible- acerca de lo que sucedió en la Comisión. Sin perjuicio de ello, si se produce debate, participaré en él para ilustrar sobre los puntos que justifican la petición de que el Senado respalde el informe de la Comisión Mixta, por cuanto las proposiciones fueron aprobadas prácticamente por unanimidad por los Senadores y Diputados presentes, en representación de las distintas bancadas del Parlamento.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta, organismo que integré en repetidas oportunidades.
Estoy consciente de que, por lo ocurrido en la Cámara de Diputados, es probable que el acuerdo que adopte el Senado no tenga la trascendencia de término de un proceso. Pero quizás ello permita agilizar el despacho del proyecto, el que, por la vía del veto del Presidente de la República o por otro mecanismo de insistencia, conforme lo dispone la Constitución, seguramente tendrá un destino especial.
Sin embargo, quiero decir dos palabras sobre el fondo del asunto.
Estamos ante una iniciativa que trata un tema de gran trascendencia y que ha sido objeto de una acuciosa elaboración. No obstante ello, es evidente que subsisten algunos problemas -a su respecto, cada cual ha escogido una opción-, sobre los que es bueno tener adecuada conciencia.
Personalmente, comprendiendo la conveniencia de una desconcentración de funciones y de la mayor amplitud de facultades a los municipios para manejar de cerca e inmediatamente la gestión de los organismos relacionados con la atención primaria de salud, no puedo aislarme de una convicción profunda: un país con la configuración geográfica del nuestro no podrá contar con personal especializado en los lugares apartados del territorio si no existe una carrera funcionaría que permita asignar allí, por períodos temporales y como etapa dentro de ella, al personal médico y si a la vez no se contempla la posibilidad de que éste acceda posteriormente a zonas que les permitan mantener actualizados sus conocimientos.
El médico puede renunciar a su residencia, a remuneraciones y a comodidades, pero no a la posibilidad de salir de lugares ajenos al desarrollo de la ciencia médica, como son los grandes centros, especialmente los vinculados a las universidades.
Por eso, no habrá descentralización de salud si la carrera funcionaría no contempla un mecanismo según el cual el servicio prestado en zonas apartadas del progreso científico sea una etapa dentro de ella.
El señor Ministro de Salud explicó esa situación en la Comisión. Por la larga experiencia que he tenido en mi vida, incluso como Ministro subrogante de esa Cartera, estoy absolutamente consciente de ella. De allí que haya preferido defender la carrera funcionaría por sobre una destinación que comprenda una función cumplida exclusivamente en el ámbito de cada municipio.
En segundo lugar -y con esto termino-, debo insistir porfiadamente en que este proyecto presenta el mismo problema que se planteó con el Estatuto Docente. Vale decir, se crea cierta contradicción entre el principio de la autonomía municipal y el de la carrera funcionaría, que debe ser necesariamente de carácter nacional. Es posible que en Santiago, quizás en Concepción o a lo mejor en Valparaíso, se dé cierta carrera funcionaría dentro del ámbito de una comuna. Pero en doscientas o más comunas del país no es factible concebirla.
Ahora, para otorgar cierta flexibilidad al proceso y permitir que la remuneración del funcionario de la salud se vincule con su rendimiento, es necesario sacar de lo pagado por el municipio la asignación de experiencia o antigüedad, llamada comúnmente "bienios". Estos deben ser cancelados por el Estado a través de un mecanismo de compensación y no directamente por los municipios, porque ello, inevitablemente, va a conducir a que éstos se resistan a contar con la presencia de personal con demasiados bienios, tanto en el sector docente como en el de la salud.
Sobre el particular, he conversado con ambos Ministros, a quienes he presentado una solución. Y espero que el problema tenga una salida satisfactoria más adelante.
Por las razones expuestas, reitero mi votación favorable al informe de la Comisión Mixta.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, lo que ha ocurrido con el proyecto es bueno, porque nos permite sacar ciertas lecciones. La iniciativa combina dos cosas. Una, más recursos y mejores remuneraciones. Aporta 8 mil millones de pesos a la salud primaria, lo que me parece absolutamente justo y necesario. Chile gasta en ese rubro apenas 10 por ciento del total del gasto en salud pública, lo que es un indicador bajo respecto a todos los demás países. Por lo tanto, aumentar los recursos de la salud primaria -como lo hace el proyecto- y mejorar los sueldos de los funcionarios del sector, que están muy por debajo de los del resto de los trabajadores de la salud pública, me parece -repito- del todo justo y necesario. En eso siempre hemos estado de acuerdo.
Sin embargo, se combina lo anterior con un cambio en el régimen laboral del sector primario, donde, naturalmente, existen diferencias de opinión.
Creo que no es bueno que el Gobierno mezcle una cosa con otra. Ojalá el reajuste y los 8 mil millones de pesos hubiesen estado a disposición de dicho sector hace tres anos. Se "amarra" una cosa en la que estamos todos de acuerdo, que es de recursos, con otra distinta, que es de estructura. Y se producen las confusiones.
Me parece que ésa es una mala técnica legislativa, porque los trabajadores se sienten muy frustrados, por cuanto los fondos no llegan debido a la demora en el despacho de la iniciativa.
En segundo término, existe una discrepancia muy legítima. Los trabajadores de la salud primaria están afectos al régimen laboral de todos los demás chilenos: el Código del Trabajo. Y nosotros hemos planteado que a dicho sector debiera aplicarse por completo ese Código, incluidos la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Consideramos que, en la forma como se ha propuesto este asunto, al final se produce una contradicción entre la autonomía municipal y los estatutos nacionales especiales, ad hoc para cada sector. Porque los alcaldes y la Asociación Chilena de Municipalidades -bajo las firmas del señor Jaime Ravinet, de doña Sofía Prats, etcétera-, con mucha razón, sostienen que no es posible que se les entregue la responsabilidad de la salud y de la educación y no se les proporcionen los fondos, porque tienen déficit, y las atribuciones.
Por eso, si en verdad deseamos que la educación y la salud a nivel primario sean descentralizadas y estén en manos de los municipios, debemos entregar a éstos, que asumen la responsabilidad frente a la comunidad, al menos los recursos y las atribuciones para que puedan cumplir su labor.
Pero resulta que no lo hacemos. Porque este estatuto, a la larga -y voy a repetir las palabras casi textuales del alcalde señor Ravinet- quita instrumentos, rigidiza y resta flexibilidad a la administración municipal de la salud primaria.
Entonces, seguimos en la práctica de crear un estatuto para cada sector. En salud existen diversos estatutos: el de los funcionarios públicos; el de los funcionarios municipales, que es supletorio de éste; el especial de algunos profesionales médicos -la famosa ley N° 15.076-, y ahora incorporamos uno adicional, para los trabajadores de los establecimientos de atención primaria de salud municipal.
Entonces, me pregunto: ¿Por qué tenemos que hacer un estatuto laboral para cada sector? ¿Por qué no creamos una normativa laboral general? Y mientras más cercano esté a una unidad productiva, como es la atención primaria de salud, más debiera aplicarse la legislación general, que es el Código del Trabajo.
¿Qué puede hacerse con un estatuto laboral en que la persona que se encuentra a cargo del problema no controla la planta, porque, en el fondo, lo hace el Ministerio; no controla las remuneraciones, porque está muy limitada por la ley; no controla los recursos; no controla los ascensos; no puede contratar a ningún profesional por menos de veinte horas a la semana, aun cuando en una municipalidad haya un buen profesional que sea necesario y quiera trabajar diez horas a la semana porque no puede más, etcétera?
Si creemos en la autonomía municipal y deseamos que el alcalde y el municipio administren la salud y la educación, no podemos pretender administrárselas por control remoto, con reglas generales que no reflejan las realidades de cada localidad ni el dinamismo del cambio que significa el paso del tiempo.
Por esas razones, el Senado votó en contra el artículo 1º del proyecto, por tratarse de una discusión filosófica.
Es cierto lo que señaló el Senador señor Ruiz-Esquide en el sentido de que, una vez que en la Comisión Mixta nos dimos cuenta de que había mayoría para ir por el camino del estatuto, todos sus miembros buscaron que éste fuera lo más flexible, menos rígido y mejor posible.
Empero, subsiste una discrepancia de fondo. Y en esta materia existe una coincidencia entre nuestra posición, la de la Cámara de Diputados y la que ha sostenido la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo tanto, la discusión es perfectamente legítima. Y, lamentablemente, no hemos entrado al fondo del tema. Porque es contradictorio, por una parte, hablar de autonomía y descentralización, y por la otra, pretender controlar en forma centralizada el régimen laboral, con todo lo que ello significa.
Se quejaba el alcalde señor Ravinet de que no podía despedir a un profesor de su comuna, la de Santiago. Y resulta que es el responsable de la educación. ¡Tiene toda la razón! Y en este estatuto nuevamente establecemos por ley todas las causales de término de la relación laboral, muchas de las cuales, en el fondo, están determinadas por el Ministerio, a nivel central.
En consecuencia, creo que debiéramos darles los recursos a los municipios y mejorar las remuneraciones de los trabajadores de la atención primaria de salud municipal, pero no a costa de establecer un sistema del que a la larga nos vamos a arrepentir.
El debate sobre esta materia se llevó a cabo a propósito del estatuto docente, hace tres años. Y hemos visto cómo los Ministros de Educación se han dado cuenta de los problemas que significa tanta centralización.
Por eso, pienso que aquí existe una discusión de fondo, que ha estado latente. Y eso se reflejó en la Cámara de Diputados.
En consecuencia, esperamos que el Gobierno, a través del veto aditivo, que entendemos enviará, reponga de inmediato los recursos; porque en ello no hay ningún problema. Y a la luz de esa iniciativa del Ejecutivo deberemos analizar cómo quedan la autonomía municipal y la descentralización, y de qué manera se dan instrumentos a los alcaldes para que puedan cumplir con eficacia su labor. Porque si al municipio le decimos: "Usted es el responsable de la salud y de la educación", pero el Gobierno no le traspasa los recursos -se los queda- y no le confiere las atribuciones necesarias, estaremos dándole un "abrazo del oso", una misión imposible. Y, entonces, terminaremos diciendo que la descentralización y la autonomía municipales no funcionaron. Debemos conceder una oportunidad real para que funcionen. De lo contrario, haremos fracasar una iniciativa de descentralización y autonomía que considero muy buena.
Por lo expuesto, miraremos con mucha atención lo que haga el Ejecutivo en esta materia a través del veto.
En lo personal, anuncio que me abstendré en esta votación.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton,

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, desisto de usar de la palabra. Se trata de un proyecto que el Senado ya analizó. Debe despacharse con la mayor brevedad lo acordado por la Comisión Mixta. Existe un problema creado en la Cámara de Diputados a raíz de que hubo artículos que no fueron aprobados, y ello deberá corregirse a través del veto del Gobierno.
Entonces, si hay voluntad en la Sala, sugiero que, lisa y llanamente, procedamos a votar el informe de la Comisión Mixta.

El señor CALDERON.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- Es una buena proposición, pero la Mesa no tiene facultad para...

El señor HAMILTON.- Mi apelación es a los señores Senadores, no a la Mesa, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).- ...impedir que quienes quieran intervenir lo hagan.
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, mis expresiones también serán breves, porque entiendo lo planteado por el Senador señor Hamilton y concuerdo con Su Señoría.
En primer lugar, considero lamentable el rechazo de la Cámara de Diputados a parte del informe de la Comisión Mixta, pues afecta al núcleo del proyecto. Si se impusiera la posición de esa rama del Parlamento, sería inoperante la ley.
Además, deseo señalar que en esto ha habido cierta irresponsabilidad. Porque no es comprensible la votación verificada en la Cámara Baja. Y para ilustrar lo que afirmo, indicaré lo siguiente: de los diecisiete artículos que se discutieron en la Comisión Mixta, diez se aprobaron por unanimidad, y los siete restantes contaron siempre con el apoyo de la Oposición. Sin embargo, ésta votó en contra una parte; en otra se abstuvo, y con ello se rechazó el estatuto.
Pero, asimismo, existe responsabilidad de los propios miembros de la Concertación, pues varios de sus Diputados no se encontraban presentes al momento de la votación y, por lo tanto, no se reunió el quórum requerido.
Lo que señalo debe asumirse con mucha responsabilidad. Porque no puede repetirse esta situación, que ya se ha dado en el pasado, frente a otras iniciativas, y que ahora afecta a un importante proyecto.
Es evidente que, si no aprobáramos el estatuto, habría movilización social, de los trabajadores de la salud. Y creo que eso no ayudaría al país, en circunstancias de que tenemos la oportunidad de sacar una iniciativa con la cual aquéllos coinciden.
El estatuto propuesto se discutió largamente. Por eso, también concuerdo en que no nos refiramos a él punto por punto. Por ejemplo, en el artículo 1o, que preocupa al Senador señor Piñera, resulta que el único voto en contra fue el de su Señoría. Porque en la Comisión Mixta el conjunto de sus integrantes estuvo por aprobarlo. Y una sola persona no puede insistir tanto, planteando de todas maneras la discusión a estas alturas de la tramitación.
¡Cuántas horas de análisis ha habido en esta materia, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados!
En consecuencia, creo que el Senado debe rectificar. Sabemos que así será, por cuanto aquí existe ecuanimidad en este sentido. Y el veto aditivo que enviará el Ejecutivo permitirá subsanar la lamentable situación en que nos dejó la Cámara Baja.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, seré muy breve. Simplemente deseo señalar que los Senadores del Partido Por la Democracia daremos nuestros votos favorables al informe de la Comisión Mixta.
En honor a la verdad y para que no exista confusión, quiero aclarar, en primer término, que si algunos señores Diputados de la Concertación no alcanzaron a llegar a la Sala al momento de votarse este mismo informe en la Cámara Baja, ello no fue porque hubiera indiferencia o irresponsabilidad en su actitud, sino debido a que se encontraban participando en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, lamentablemente, el llamado no fue tan eficaz como para que ellos concurrieran oportunamente a pronunciarse. Así lo han señalado a los medios de comunicación. Lo preciso para los efectos de que no exista una interpretación negativa al respecto.
Tocante al asunto que nos ocupa, sólo deseo dar a conocer, para fundamentar nuestra posición, dos o tres ideas que es necesario recordar y dejar estampadas en la historia fidedigna de la ley. Primero, debe considerarse que, durante muchos años, la atención primaria de salud generó una fuerte decepción en el país y, en especial, a los 14 mil funcionarios del sistema, quienes se sintieron postergados. A este respecto, debe tenerse presente que las condiciones salariales a que se sometió a los trabajadores llegaban a límites realmente increíbles, y que había arbitrariedad e inestabilidad laboral en la carrera funcionaría, producto de la "alcaldización" del sistema, lo que se tradujo en desprotección y postergación, aparte los escasos fondos destinados a esta atención tan importante. Al asumir al Poder el primer Gobierno democrático, los recursos de que se disponía para atender a cada beneficiario equivalían a cuatro dólares per cápita al año; evidentemente, en esos términos no se podía mantener la eficiencia del sistema.
También debe tenerse en cuenta que la atención primaria fue sólo una barrera de contención de todos los problemas no resueltos en el área de la salud, y que el Gobierno, por medio de diferentes iniciativas, está tratando de solucionar y de enfrentar positivamente.
Asimismo, deseo hacer presente que, en el marco de la descentralización, es necesario hacer un rotundo viraje, que garantice a los funcionarios rentas adecuadas, comparables a las del resto del sistema, y darles la posibilidad de perfeccionarse en las distintas especialidades, para hacer de la atención primaria un ámbito de participación comunitaria y social del mayor interés. Es lo que esperamos de esta nueva forma de financiamiento que se plantea en el proyecto.
Para no retrasar su despacho, me referiré a tres circunstancias que, desde mí óptica personal, es conveniente subrayar frente a los funcionarios y al país.
Primero, la iniciativa vela por la dignificación, homologación, sistematización, estabilidad y posibilidad de perfeccionamiento que se da a los trabajadores de la atención primaria de salud, lo que resulta fundamental. Segundo, se propone un sistema para poner término a la anarquía, heterogeneidad y arbitrariedad que predominaron en el pasado. Y, por último, entrega una respuesta positiva a algo que se señaló en cuanto a que en el campo de la salud el activo, el recurso más importante, es el humano, es decir, el personal médico, paramédico y auxiliar, el mismo que en el pasado estuvo sujeto a la ausencia de normas, a la absoluta arbitrariedad e inequidad, y que incluso hoy es objeto de reclamaciones y protestas.
El estatuto propuesto apunta a resolver tales carencias y a dignificar, a dar estabilidad y perspectiva de desarrollo a este sector tan vital de los trabajadores de la salud.
Termino reiterando los votos favorables de nuestra bancada al informe de la Comisión Mixta.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa, que ha sido objeto de una larga discusión, toca un aspecto central de la distinta visión que tenemos de cómo resolver los problemas ciudadanos. Y en esta oportunidad en que está a nuestra consideración el informe de la Comisión Mixta, no podemos dejar de reafirmar nuestra posición respecto del tema.
La opción que la normativa vigente otorga es que las dificultades se resuelvan en el ámbito local, donde mejor se conocen las realidades y la forma de solucionarlas. Ese es el sentido de que en la actualidad las relaciones contractuales se rijan por el Código del Trabajo. Sin embargo, las normas en análisis generan un estatuto único, a nivel nacional, que rigidiza fuertemente tales relaciones, evitando o impidiendo que las realidades locales se expresen debidamente. El personal del sector salud, en proporción significativa, apoya el proyecto. Y digo "en proporción significativa", porque no es más que eso, pues hay comunas -particularmente aquella donde vivo- en las cuales los funcionarios se han manifestado mayoritariamente por mantener la normativa vigente y por no implantar un estatuto único para todo el país. Se da el caso de que en la comuna que habito el alcalde es de la Concertación -debo reconocerlo-, y se ha generado entre la autoridad y su personal una rica y fructífera relación que ha permitido que los vínculos contractuales sean positivos, las remuneraciones mejores que las del promedio, y se ha dado cabal cumplimiento al principio de que en el ámbito local es donde mejor se solucionan los problemas. Pero eso no sucede en todo el país.
Desgraciadamente, un porcentaje considerable de los 15 mil funcionarios de la salud municipal desean unirse, a través de su afiliación a un estatuto rígido para todo el país, a los 65 mil que dependen de los Servicios de Salud, cuya relación contractual y sistema de remuneraciones pesa de tal manera en el presupuesto público que nunca logran el justo reconocimiento ni mejoran sus rentas como se merecen. Porque, cada vez que se plantea el problema, seguramente, la autoridad económica -el Ministro de Hacienda- multiplica el porcentaje solicitado por los 65 mil servidores, ve que es imposible acceder a su petición y termina negando el aumento de salarios.
Repito: parte significativa de esas 15 mil personas que laboran en el ámbito local y dependen de la autoridad comunal quieren unirse rígidamente a los 65 mil adscritos a los Servicios de Salud y correr su misma suerte, frente a la imposibilidad del Ministerio de Hacienda de atender al mejoramiento de sus rentas, por involucrar a tanta gente.
Lamentablemente, la ley en proyecto, como muchas otras, recoge sensibilidades de grandes sectores ciudadanos, a los cuales, equivocadamente, se ha llevado a pensar que se benefician cuando en realidad no es así. Sucedió en el caso del profesorado, que impulsó el Estatuto Docente, y lo único que sembró fue frustración, frustración y, fundamentalmente, frustración. Eso es lo que provocarán estas normas en gran porcentaje del personal de la salud municipal. Porque estos estatutos únicos, desde el momento que se anuncian, generan el daño, puesto que las autoridades comunales, cuando saben que se van a dictar y a quitar de su ámbito la relación contractual, trasladándola al Ministerio del ramo, se desvinculan de los problemas, porque ven que ya no les va a competer a ellos. Así la relación de los alcaldes con el personal de la salud municipal se ha enfriado y deteriorado, y ha quedado en suspenso hace ya un año y medio, época en que se anunció este estatuto. Lo mismo sucede hoy con el personal paradocente de la educación municipal, que ya sabe que hay en la Cámara de Diputados un proyecto de estatuto que habrá de regirlo, proyecto que, con su solo ingreso al Parlamento, congeló la relación contractual y la solución biunívoca de los problemas, que hasta entonces se había mantenido entre la autoridad comunal y ese personal.
Por lo tanto, estos estatutos hacen su efecto ya cuando se anuncian. Seguramente, aspectos hoy día deficitarios en la relación de los alcaldes con su personal de salud municipal son producto de que hace un año y medio, o dos años, entró al Congreso este proyecto que, a mi juicio, es desafortunado.
En consecuencia, cuando en la Cámara de Diputados se produjo esta votación adversa por falta de quórum, se dio una oportunidad muy propicia para que, por la vía del veto que obligadamente habrá de enviarse, el Ministro de Salud trate de rectificar los errores profundos que contiene el proyecto.
Este articulado ha sido criticado -según se mencionaba acá- por numerosas instancias calificadas. La Asociación Chilena de Municipalidades, donde están representados todos los sectores políticos, es calificada para pronunciarse sobre este asunto, puesto que lo conoce. Autoridades del Ministerio de Salud -desgraciadamente no en forma pública, pero sí en el Congreso Nacional, a nivel de reuniones, comisiones y pasillos- han expresado su aprensión. Sin embargo, hay una fuerza inexorable que empuja este tipo de proyectos. Supongo que no es la presencia de quienes hoy día nos acompañan en las tribunas lo que empuja estas iniciativas; pero sin duda influye.
Curiosamente, en la prensa vespertina del día de ayer se dice: "Anuncios de modernizaciones revuelven a la Concertación". Y se publican declaraciones del señor Presidente del Partido Por la Democracia -del que forma parte uno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra-, quien, frente a la necesidad pública de flexibilizar la inamovilidad funcionaría, expresa que su Partido tiene un proyecto para generar un escalafón paralelo al existente, sin inamovilidad, y compensando esa carencia en la relación laboral con mejores remuneraciones.
Entonces, si dentro de la propia Concertación están surgiendo, a nivel de Gobierno -del reportaje se desprende que se trataría de una iniciativa del Ejecutivo que se estaría gestando desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno-, proyectos en orden a analizar este tema, ¿qué sentido tiene que hoy estemos aprobando una ley que va en dirección absolutamente contraria? ¿Qué sentido tiene apagar con este proyecto, en un ámbito tan sensible como es la salud primaría, una iniciativa modernizadora que está prendiendo en el seno del Gobierno y siendo analizada por las máximas autoridades de los partidos que forman la Concertación gobernante?
Por eso creo que es muy importante que las autoridades de la salud y el Ejecutivo recojan esta realidad, para que, a través del veto aditivo, corrijan los profundos errores que el proyecto contiene, los que generarían frustración, frustración y sólo frustración en el personal de la salud, y también en quienes hoy día, desde las tribunas, nos acompañan.
Por tales razones, me sumaré a las abstenciones ya expresadas.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, seré muy breve, porque esta iniciativa se ha discutido bastante en la Sala.
Aquí hay, a mi juicio, una diferencia de apreciación -ya señalada también por otros señores Senadores-que, respecto de algunos Honorables colegas, es efectivamente muy profunda.
En efecto, entendemos las políticas públicas y la cuestión de la modernización del Estado de manera diversa. Me parece que ésta no es una discusión menor. Lo que tenemos que compatibilizar es la descentralización en la administración de una actividad tan importante como es la atención primaria de salud con la mantención de ciertas políticas públicas en dicho ámbito, exigencia moderna -no antigua- que viene dada por el propio desarrollo de las ciencias médicas y de la salud humana. Tiene que haber una cierta normativa, una determinada orientación técnica común, porque hay aspectos en salud que no son exclusivos de una comunidad o de otra. De ello nace la necesidad de alguna supervisión o coordinación de políticas públicas nacionales de salud. Eso es evidente, por más que se descentralice la administración. Las epidemias no son comunales; no hay una epidemia específica para la comuna de Sagrada Familia y otra distinta para la de Hualañé o la de Buin. El desarrollo científico y tecnológico también tiene patrones relativamente generales, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Estos son elementos modernos de una política pública de salud. Lo otro sería pensar en la autarquía de las comunas, al estilo del medioevo, lo que no es modernidad. Entonces, una cierta coordinación de políticas públicas es moderno; la desagregación, la atomización completa de políticas públicas no es moderno. Es previa, incluso, al establecimiento del Estado nacional, no vamos a decir al del mundo globalizado en que vivimos. Porque aquí, en nombre de la modernidad, se dice a veces cualquier cosa.
En segundo lugar, siendo un servicio público, en un país con las tremendas diferencias sociales y territoriales que tenemos y con las diversas entidades que significan los gobiernos comunales, fijar ciertas pautas mínimas comunes para el personal de la salud es, a mi juicio, una condición de la equidad del sistema. Porque, si aquí se dejara como única modalidad la pura y libre contratación de las condiciones de trabajo al acuerdo entre alcaldes y concejos comunales, por un lado, y los trabajadores del sector, por otro, no tengo ninguna duda de que no sólo se mantendría, sino que se agravaría la profunda diferencia que tiende a producirse en el país entre comunas con distinto nivel de desarrollo. Un estatuto mínimo común resulta ser una segunda condición para un política pública de salud, que es la equidad.
Conocemos las profundas diferencias, incluso territoriales, que hay en nuestra sociedad. Incluso en las ciudades más grandes, donde se ha generado una verdadera asignación territorial de la pobreza (como es el caso de la Región Metropolitana), y en donde durante períodos hubo políticas públicas destinadas a separar a ricos de pobres y a establecer comunas de entidad económico social muy diversa, me parece que una cierta pauta mínima es un elemento de equidad. El estatuto establece condiciones mínimas de regulación de las normas relativas al trabajo, a las remuneraciones y a una cierta carrera funcionaría, lo que me parece -reitero- un elemento de equidad.
Por último, algún grado de estabilidad -sobre esto hay una discusión abierta- es condición de un servicio público moderno y eficiente.
No se trata de la inamovilidad completa; pero sí de una cierta pauta de estabilidad, que, en políticas que son permanentes es requisito, en las distintas áreas, de una eficiente administración de servicios públicos. Por comunales que sean, los servicios de salud son públicos. No se puede aplicar al servicio público, necesariamente, la misma racionalidad que a la empresa privada. Una determinada norma de estabilidad, y por cierto un modelo más moderno de asignación de remuneraciones, es condición de la eficiencia del servicio público. Esto es evidente, sobre todo en aquellas áreas más profesionalizadas; por ejemplo, en las Fuerzas Armadas es lógico que haya alguna estabilidad desde el punto de vista del empleo y de la profesión, porque son estructuras que la necesitan. Del mismo modo, también es fundamental que en salud, educación y otros ámbitos exista cierta estabilidad, porque se trata de servicios que son permanentes en el tiempo y no están sujetos a los vaivenes y variaciones del mercado. Y en ese sentido tiene que haber una mayor flexibilidad en el mundo privado de hoy día.
Entonces, decir que toda pauta de estabilidad es antigua, a mi juicio, es algo que no corresponde a una concepción moderna de una administración, sin perjuicio de que en este terreno, sin duda, todavía hay mucho que mejorar.
Por tanto, señor Presidente, concluyo mis palabras manifestando que aprobaremos el informe de la Comisión Mixta -esperamos que el proyecto tenga un rápido despacho-, y destaco al mismo tiempo que, detrás de las afirmaciones que se han hecho, hay ciertamente debates no menores sobre cómo se deben desarrollar las políticas públicas en un país como el nuestro.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor SULE.- Señor Senador, con la venia de la Mesa, ¿me permite una breve interrupción?

El señor DIAZ.- Por supuesto, Su Señoría.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sule.

El señor SULE.- Señor Presidente, estimados colegas, nosotros votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta, porque -como aquí se ha señalado de manera muy clara- no existe otra alternativa para mejorar algunos desaguisados que contiene el proyecto.
Pedí una interrupción al Honorable colega con el objeto de aclarar las expresiones de un distinguido señor Senador que usó de la palabra anteriormente, quien sostuvo que las declaraciones del Diputado don Jorge Schaulsobn correspondían a una actitud de los Partidos de la Concertación. Quiero expresar enfáticamente que ni el Partido Demócrata Cristiano, ni el Partido Socialista, ni el Partido Radical-Social Demócrata -y tengo entendido que, según informaciones del Senador señor Muñoz Barra, tampoco el Partido Por la Democracia- están dispuestos a legislar sobre materias que alteren la estabilidad funcionaría.
Por lo tanto, esas expresiones son de exclusiva responsabilidad de quien las hizo presentes.
Muchas gracias, señor Senador, por la interrupción que me concedió.

El señor PRAT.- ¡Perdón! Tengo entendido que las emitió el Presidente del Partido Por la Democracia.
El señor SULE.- Sí, pero como persona. El Diputado señor Schaulsohn no representa a la totalidad de la Concertación, por muy respetable que él sea.

El señor VALDES (Presidente).- Puede usar de la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DIAZ.- Señor Presidente, yo pretendo, a lo menos, interpretar el sentir de los Senadores democratacristianos. Obviamente, el Honorable señor Ruiz-Esquide habló como Presidente de la Comisión de Salud, y ello no significa que pierda su calidad de militante del partido.
Primero que todo, deseo aclarar a un señor Senador que usó anteriormente de la palabra que a nosotros no nos empuja el público que se encuentra en las tribunas, sino -por lo menos a mí, y sé que también al Honorable señor Ruiz-Esquide- treinta y cinco años de atención como médicos, durante los cuales estuvimos en contacto permanente con un esforzado grupo de trabajadores de la salud. Preciso: fueron treinta años, porque en el transcurso del Régimen militar se me excluyó de un hospital, y esto lo he recordado varias veces. Así que hay una motivación mucho más profunda que la asistencia de determinado público. Podría no haber nadie en las tribunas y diríamos exactamente lo mismo. Es posible que haya una gran multitud afuera presionando y manifestaríamos -particularmente en mi caso-precisamente lo mismo que estamos señalando ahora. Aquí se trata de una motivación muchísimo más profunda.
En segundo término, deseo aclarar que, a pesar de que todos los Honorables colegas y la opinión pública reconocen la gran cantidad de recursos que entregó el ex Presidente Aylwin en el período anterior -y ahora el Presidente Frei-, de todas maneras la salud está mal calificada. ¿Por qué? Porque tiene una mala estructura, la cual fue heredada del Régimen militar. Y hablemos las cosas como son: las ISAPRES y la atención primaria de salud han sido cuestionadas, y estas materias no corresponden a alguna ley promulgada por el Gobierno del ex Presidente Aylwin o por el del actual Primer Mandatario, sino que es algo que heredamos. Y estamos modificando esas estructuras porque, indiscutiblemente, son malas, sin que esto signifique que lleguemos al desiderátum, porque la normativa en análisis tampoco nos satisface totalmente. Creo que con ello estoy interpretando a todos los Senadores democratacristianos.
En tercer lugar, pienso que el proyecto pretende mejorar algunos aspectos. Primero, en lo que dice relación a la equidad, esto es, que al funcionario que se desempeña en un consultorio, un hospital o una posta, por igual trabajo, le corresponda la misma remuneración. A eso tiende, al menos, la iniciativa. Segundo, le da estabilidad a la gente, y eso es fundamental. Las personas que jamás han trabajado en un servicio público no entienden lo que ello significa. Pero quienes estuvimos contratados durante muchos años en el sector, sabemos lo que implica la inestabilidad y la imposibilidad de prepararse, estudiar, progresar, perfeccionarse, etcétera. Es primordial tener estabilidad en un servicio como el de la salud.
El proyecto no representa inamovilidad, y lo digo a raíz de lo que manifestó el Senador señor Piñera. Cuando un funcionario está mal calificado, éste debe irse. Y ese mecanismo lo tiene la Administración Pública, no sólo en salud, sino también en otros ámbitos. Ciertamente, si la persona es calificada en lista inadecuada, a la segunda o tercera vez queda excluida del servicio. Perdónenme las expresiones: primero le muestran tarjeta amarilla y después tarjeta roja, y, obviamente, debe abandonar sus funciones.
En tercer término, la iniciativa es flexible, al permitir que los funcionarios trabajen indistinta y coincidentemente tanto en los servicios de salud regionales como en labores municipales. Es posible que ello se logre mediante el Estatuto y a través de este nuevo mecanismo que contempla la ley en proyecto.
Señor Presidente, quiero aclarar una situación que, a mi parecer, constituye el meollo del asunto. Hay sectores de la opinión pública y Senadores que opinan sobre la situación laboral que deben tener los funcionarios de la salud, y son partidarios de que ellos se rijan por el Código del Trabajo. Se ha dado como razón aquí el hecho de que un importante grupo de personas y también las municipalidades del país están en esa idea. Pero quienes laboran en el sector y entienden de salud, llámense funcionarios, Colegio Médico y todas las personas que conocen el tema, participan de la otra tesis.
He escuchado los argumentos en tal sentido del alcalde señor Ravinet, a quien estimo y respeto; pero es la opinión del señor alcalde -y perdónenme la expresión-, del patrón en cierta manera, porque los ediles son los patrones. Esa es la verdad de las cosas. Y nosotros, los democratacristianos, ¿qué deseamos? Conocer también la opinión de los trabajadores, y no de aquéllos solamente. Es importante la de los alcaldes, pero lo es más el pensamiento del Colegio Médico, que conoce el tema, y el de los 15 mil o más trabajadores que sufren el sistema.
Además, señor Presidente, hay otro problema, y se refiere a la negociación colectiva. Aquí se nombró a las comunas de Sagrada Familia y Hualañé, y yo cito a las de San Juan de la Costa y Coinco. ¿Qué poder tienen los trabajadores de la salud en una comuna rural pequeña, donde laboran tres o cuatro funcionarios, de hacer negociación colectiva? Absolutamente ninguno. Por eso, somos partidarios de que la gente constituya, mediante un mecanismo, un sindicato fuerte, con el objeto de que pueda plantear de igual a igual ante el Gobierno, los patrones o lo que sea, su situación laboral.

El señor PRAT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor DIAZ.- Con todo gusto, Su Señoría.

El señor PRAT.- Nosotros propusimos la negociación colectiva para este sistema, y desgraciadamente, no obtuvimos los votos para ello de Sus Señorías.

El señor DIAZ.- Señor Senador, usted sabe que, de acuerdo al régimen que propiciamos a través de este mecanismo legal, esos trabajadores pasan a ser empleados públicos, y éste es nuestro pensamiento y propósito. A eso vamos. Porque no hay ninguna capacidad de negociación a nivel de las pequeñas comunas, por cuanto la diversidad en ellas -y aquí tocamos otro tema- es enorme. No podemos hablar con un criterio centralista de Las Condes y Providencia. Me pongo en el caso de las comunas rurales, que tienen una situación absolutamente distinta. Segundo: ¿qué posibilidad de competir en ofertas económicas tienen las comunas pequeñas, frente a las grandes como Providencia, Las Condes o Santiago? Es indiscutible que la desproporción abismante entre el personal médico y paramédico de las comunas grandes y el de las pequeñas, para atender la salud, va a ser mucho mayor. Hoy día, en Santiago existe un médico por cada 600 habitantes, y en el caso de las enfermeras, la cantidad es un poco menor. En otras -lo sabemos quienes somos representantes de Regiones-, a veces hay un médico o una enfermera por cada 5 mil o 6 mil habitantes. El Honorable señor Larre puede dar cuenta de la situación que existe, por ejemplo, en la comuna de San Juan de la Costa. Y la desproporción es mayor en la medida en que las localidades son más rurales y están más alejadas.
El Senador señor Gazmuri hizo una afirmación, a mi juicio, correcta: las epidemias no son locales. Cuando el Servicio Nacional de Salud, con la gestión, en mi concepto, muy buena de Jorge Jiménez de la Jara -quien fue víctima de una situación, y lo he dicho muchas veces-, enfrentó el problema del cólera, no le dijo a Hualañé ni a San Juan de la Costa "hagan lo que quieran"; obviamente, había una política de salud, general para todo el país, que frenó esa enfermedad, lo que no se ha conseguido en otras naciones.
En seguida, señor Presidente, me quiero referir a la cuestión de las ofertas, que es dramática y se traduce en un peregrinaje absurdo de los médicos y del personal paramédico entre los distintos municipios. Cuando un médico o una enfermera se encuentra en la comuna A, desde la comuna B lo tientan con 10 mil o 20 mil pesos más. Eso es una realidad. Existe una verdadera competencia, y en esta competencia absurda ganan los municipios que cuentan con más dinero. Por eso, queremos que en las comunas pequeñas exista un incentivo significativo, de manera que los médicos puedan ir a todas. Y aquí volvemos a lo mismo: tiene que haber un poder central, porque si dejamos entregada esta situación a la ley de la oferta y la demanda, es indudable que los facultativos, por razones entendibles -yo los comprendo-, se van a ir a los municipios grandes y ricos, dejando a los rurales y pobres absolutamente desamparados. Creo que en esto debe existir un criterio nacional. Y lo planteo sin temor a que me califiquen de estatista o algo parecido, pues con la salud sucede lo mismo que con las Fuerzas Armadas. No es posible que haya un regimiento en todas las comunas y que cada uno sea comandado por el alcalde o el capitán local: tiene que existir un sistema general. Y la salud es tan importante o más, porque, así como el Ejército debe defender la integridad del país, el Estado debe proteger la salud de todos los chilenos. Con ese concepto trato de explicar una situación que a mí, por lo menos, me convence.
Señor Presidente, aquí se ha dad a conocer la opinión de los "patrones", pero preguntemos la del Colegio Médico, de los interesados, que son los trabajadores, y, ¡por favor!, de los usuarios. Porque Sus Señorías me dirán: "El Colegio Médico está interesado y los trabajadores también". Pero consultemos a los usuarios, y nos vamos a llevar una tremenda sorpresa: ellos, en su inmensa mayoría, son partidarios de incorporarse a un sistema nacional. Cuando fueron trasladados desde los hospitales a los consultorios, a ninguno de ellos se le preguntó; los tomaron como a un robot y los instalaron en otra parte. Ahora, por lo menos -a pesar de que la ley se ha demorado-, les estamos pidiendo su opinión. Hemos hablado con los alcaldes; hemos hablado con los trabajadores de la salud y con sus dirigentes. A veces no hemos logrado un diálogo fluido, pero, sin duda, por lo menos hemos tratado de conversar con ellos, de comprenderlos e, incluso, de incorporar algunas de sus indicaciones a la iniciativa.
En cuanto a un punto específico, quiero aclarar mi posición, que es categórica, aunque sea el único voto. Soy absolutamente contrario a la transferencia de bienes inmuebles desde los consultorios hacia las municipalidades. ¿Por qué? Porque creo firmemente que éste no es un proceso irreversible. Dentro de un tiempo, nosotros deberemos analizar cómo está funcionando la salud pública en Chile. Y si resulta que el sistema de atención primaria de salud municipalizada es malo, tenemos derecho a cambiarlo. Entonces, si los bienes inmuebles están en poder de las municipalidades, ¿cuándo los vamos a rescatar?, ¿cuándo se los vamos a devolver al Servicio? Repito: soy absolutamente contrario. Se pueden entregar en comodato, en arriendo, etcétera, pero no transferirlos. Aunque sea el único voto, dejo clara constancia de ello.
Por ultimo, señor Presidente, respecto a la eterna discusión entre el bien común y los derechos individuales, me remito al debate que se produjo en el Senado de la República hace más de un siglo a raíz de la viruela. Los sectores liberales, ardorosos defensores de la libertad individual para algunas cosas, discutieron durante tres meses la posibilidad o la negación de aplicar la vacuna contra la viruela. Ellos sostenían que no se podían tocar la conciencia ni la libertad personales y que, por lo tanto, no era correcto obligar a los chilenos a colocársela. Resultado: más de 10 mil muertos, a causa de un sentido de la libertad que va contra el bien común.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Ruego a Sus Señorías abreviar sus intervenciones al máximo, a fin de que este tema no nos consuma todo el tiempo. Además, por lo que he escuchado, el resultado es bastante predecible.
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, resulta difícil referirse a esta materia porque se han tocado muchos aspectos, algunos vinculados con el proyecto de ley y otros que le son absolutamente ajenos. En lo personal, procuraré apuntar exclusivamente al asunto en debate.
Primero: se plantea -no puedo eludir referirme a ello- que la atención en salud primaria en manos de las municipalidades es algo dudoso, qué está en situación precaria -por llamarla de algún modo- y que no deben traspasarse los bienes de manera definitiva, porque el proceso aún lo estamos examinando.
Lo cierto, señor Presidente, es que el traspaso del sistema de salud primaria a los municipios se efectuó hace 13 años y está funcionando, y, a mi modo de ver, bien.
Más aún cuando se la compara con el de la salud secundaria y la terciaría, donde queda demostrado que la primaría realmente está en mejores condiciones de funcionamiento, no obstante las graves carencias que derivan de que a los municipios les traspasaron la función, pero no se les han traspasado los recursos necesarios para atender la tarea de que se trata.
Al respecto, quiero recordar lo siguiente. Cuando se efectuó el traspaso de la salud primaria, el sector tenía aproximadamente 5 mil trabajadores. Hoy cuenta con 14 mil. En cuanto a los recursos, aunque no tengo la cifra exacta, se han incrementado de manera importantísima.
Es interesante mencionar la opinión de un médico que en 1990 se hizo cargo del sistema de salud primaria en el Ministerio del ramo y que fue uno de los autores de este proyecto de ley, que aún no se aprueba. Me refiero al doctor Belmar, quien vivió muchos años en Estados Unidos. Según me explicó en una entrevista, fue el responsable de la salud primaria en Nueva York, y consideraba que lo que se hacía en Chile a ese nivel era una maravilla, ya que con un costo bajísimo se prestaba una excelente atención. Reitero: el doctor Belmar estimaba que el servicio de salud primaria que recibían los chilenos en el momento en que hablamos -año 90 ó 91, podría ser el 92; no lo recuerdo con certeza, pero cuando se estaba gestando esta iniciativa- era mejor que el que se entregaba a los neoyorquinos.
Creo que el sistema nacional, como toda obra humana, en algunos sectores puede estar más mal o menos bien, pero, en general, se maneja positivamente. ¿Por qué es bueno que la atención de la salud se halle descentralizada? ¿Por qué es bueno que se encuentre en manos de los municipios? Porque no cabe duda de que mientras más descentralizada esté la gestión, ésta será mejor; porque en la medida en que el servicio respectivo se halle más cerca de los usuarios, mayor será la posibilidad de que ellos obtengan mejores beneficios y atención oportuna.
El proyecto, señor Presidente, toca un tema de suyo importante -ya se ha mencionado aquí-, de muy difícil solución y que la iniciativa solamente esboza, como un reconocimiento que, a mi juicio, va a tener que irse dando a través del manejo del sistema. Me refiero a la necesidad de que los servicios prestados en la salud primaria permitan una carrera funcionaría en los establecimientos estatales. Esta situación deberá resolverse sobre la base de un reconocimiento de los puntajes, porque el tema reviste especial importancia a nivel médico, de enfermeras, de matronas y de auxiliares.
Otra materia muy conflictiva se refiere a la estabilidad funcionaría. Quiero hacer presente que sobre el particular formulé en su oportunidad una indicación, pues, a mi juicio, el sistema establecido en este proyecto de ley introduce una rigidez que impedirá un manejo eficiente por parte de los municipios, como lo ha hecho ver la Asociación Chilena de Municipalidades. Naturalmente esto no puede llegar a un término discrecional de funciones, el que nunca se ha planteado.
La indicación permitía el término del contrato fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o disminución de la población atendida, que hiciesen necesaria la separación de uno o más trabajadores. Es fácil comprender que esto no representa rigidez o flexibilidad que permita eliminar personal en forma arbitraria -es lo que se ha planteado- por parte de los alcaldes. Se señalan razones objetivas, absolutamente demostrables en un juicio, que respetan por una parte el derecho de los trabajadores y por otra, el de las municipalidades para desarrollar de manera eficiente sus funciones. La iniciativa ha establecido un sistema que, a mi juicio, es una camisa de fuerza.
No puedo dejar de hacer presente que cada vez que hablamos de modernización del Estado se plantea que el régimen de los funcionarios públicos debe cambiarse, porque la excesiva estabilidad de éstos hace inmanejable el sistema. Sin embargo, lo preceptuado ahora por la iniciativa lleva a la siguiente conclusión: a los servicios que hoy día poseen un flexible manejo de personal, como los de la salud primaria, se les impondrá uno absolutamente rígido, que impedirá a los municipios manejar de manera eficiente los sistemas de salud que se le entregan. Y, por otro lado, se propicia que los funcionarios del Estado, que hoy gozan de inamovilidad, tengan un régimen flexible. Creo que son dos conceptos inconciliables.
Un señor Senador manifestó que la estabilidad laboral sólo la comprenderían las personas que han desarrollado funciones en el sector público. Yo trabajé en la Administración Pública durante 26 años, y estoy convencida de que el sistema no puede ser de una rigidez tal que, prácticamente, se tenga que matar a las personas para eliminarlas de los servicios. Los sistemas de calificación del personal, lamentablemente no resultan. ¿Quién me podría decir que hoy existe algún servicio en la Administración del Estado cuyas calificaciones hayan demostrado ser eficientes para eliminar a las personas que no prestan funciones en forma satisfactoria?
En todo caso, señor Presidente, sobre la base de lo que es el informe de una Comisión Mixta, lo aprobé, aunque algunos acuerdos no contaron con mi voto favorable. Pero no puedo dejar de hacer presentes todos los inconvenientes que, a mi juicio, va a provocar el proyecto. Por esas consideraciones, votaré a favor del informe.
Finalmente, me referiré al punto relativo a la falta de equidad que tendría el sistema respecto de los municipios más pobres. A resolver ese problema debería tender la iniciativa de ley, la cual debe proporcionar recursos para que los servicios funcionen. Los municipios más pobres o los rurales tienen que tener porcentajes adicionales de subvención a fin de permitirles contar con buenos funcionarios y contratar médicos y el personal que necesiten.
Esas son las observaciones que me merece el proyecto. Y -como he señalado- a pesar de que en la Comisión Mixta no logré convencer a sus integrantes de la necesidad de tener un sistema que, dando resguardo a los funcionarios, permitiera manejar al municipio, voy a votar favorablemente el informe, porque la proposición que hace es indivisible, aun cuando no estoy de acuerdo con él en algunos aspectos por los motivos que he señalado.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, Honorables colegas, creo conveniente precisar algunos de los antecedentes planteados en el curso de la mañana durante la discusión del proyecto.
En primer término, quiero manifestar cuál ha sido la posición que los Senadores de Renovación Nacional permanentemente sostuvimos en la Comisión de Salud respecto de esta materia. Como les consta a los dos Presidentes que ésta ha tenido -uno, en el período legislativo anterior, y otro, en el actual-, siempre pusimos lo mejor de nuestra parte para corregir y mejorar esta iniciativa, aun cuando nunca coincidimos con su origen. Y esto lo señalo con autoridad moral, pues como alcalde, personalmente me correspondió incursionar en tan delicado tema, y tuve oportunidad de invitar al anterior Presidente de la Comisión de Salud del Senado a conocer el sistema que implementé. Y Su Señoría expresó a la Sala, que si todos los servicios de salud primaria del país fueran como el que en su oportunidad observó, estaría plenamente de acuerdo con el proyecto. Entonces, lo que aquí señalo, lo hago con la mejor intención de buscar alguna fórmula que permita superar los negativos conceptos vertidos sobre el sistema. Asimismo, los Senadores de Renovación Nacional constantemente hemos hecho cuestión principal de este proyecto. Nuestros votos siempre estuvieron condicionados -como lo advertimos a todos los Ministros de Salud que participaron en la discusión- a la necesidad de establecer una absoluta igualdad de rentas entre el sistema público y el municipal, lo que, a la larga, hemos logrado.
También es necesario plantear aquí algunas discrepancias. Algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a la responsabilidad de nuestros Diputados en algunas votaciones. En verdad, Honorables colegas, la Concertación tiene mayoría en la Cámara Baja, como para que con sus votos hubiese aprobado aquellos artículos que requerían quórum calificado, máxime cuando no se trató de un acto inesperado. La Presidencia de esa rama legislativa en vista de que no se reunió el quórum -por cuanto, según se manifestó, algunos Diputados estaban en sesiones de la Comisión Mixta de Presupuestos-, llamó a una segunda votación; de manera que hubo no sólo una, sino dos ocasiones para algunas normas del proyecto.
Por lo tanto, pido que no se responsabilice del mal resultado obtenido a quienes lealmente prestamos .nuestra colaboración, aun cuando discrepábamos de la iniciativa.
Asimismo, conviene dar a conocer que, a pesar de que la gran mayoría del articulado fue aprobado por unanimidad en la Comisión Mixta -y quién sabe si acaso el Senador que votó negativamente más veces fui yo- el informe consigna las discrepancias que sobre la materia tienen algunos organismos donde se hallan representadas mayoritariamente las fuerzas políticas de la Concertación. Así en un oficio que el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet, enviara con fecha 3 de noviembre al señor Ministro de Salud, don Carlos Massad, le plantea discrepancias de orden constitucional respecto del proyecto y proponiendo vetos que subsanen los problemas que advierte, especialmente en los artículos 12, 32, 36 y 58. Procederé a darle lectura, porque me parece importantísimo que estos puntos de vista se consideren en las observaciones que va a enviar el Presidente de la República.
Textualmente, el señor Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dice: "Al tenor de los antecedentes expuestos, se puede inferir claramente que las normas en comento hacen modificaciones a la institucionalidad municipal vigente, las cuales debieran realizarse directamente en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, pues la misma Carta Fundamental dispone que una ley especial, orgánica constitucional, determinará entre otras materias las funciones y atribuciones de las Municipalidades, la manera en que el Concejo ejercerá sus funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, forma de elegir a los concejales, sistema de elección de alcalde, etc.".
Y agrega: "Además, el mismo Tribunal Constitucional ha ido interpretando que no sólo revisten carácter orgánico constitucional las normas anteriores, sino también aquellas que constituyen su complemento indispensable, pues si se omitieran no se lograría el objetivo deseado por el constituyente, cual es el desarrollar disposiciones constitucionales sobre "materias de la misma naturaleza" en cuerpos legales autónomos, armónicos y sistemáticos.".
Finalmente, concluye: "le está vedado al legislador común incursionar en materia de funciones, atribuciones, y facultades, sin violar el ordenamiento jurídico del país, bajo sanción de nulidad de esas normas al tenor del principio de legalidad contemplado en el artículo 7o de la Constitución Política de la República.", luego de lo cual propone un veto sustitutivo sobre los artículos mencionados.
En consecuencia, no solamente han sido los Diputados de Oposición -o algunos señores Senadores- quienes han manifestado reservas respecto al proyecto, sino también, organismos de relevancia en la Administración Pública, como son los municipios.
Por otro lado, se ha manifestado aquí que los Alcaldes actúan con la decisión de "patrones". En verdad, hoy en día dichas autoridades son elegidas democráticamente, y debemos confiar en su gestión. A veces, los patrones tienen razón, y en otras se equivocan, como sucede en el servicio público. Tenemos ejemplos recientes: la política desarrollada por el "patrón" de la Salud en Chile, el Ministro señor Massad, ha sido apoyada por la opinión pública -según lo revelan diversas encuestas-, al revés de lo sucedido con la opinión de las autoridades del Colegio Médico. Conocemos esas encuestas. Pero hay un ejemplo aún más reciente. Hace dos años, fue elegido Presidente de los Estados Unidos, por una inmensa mayoría, el señor Clinton. Pues bien, una de sus políticas principales fue la de Salud. No obstante, ahora pueden verse los resultados de la equivocación que el "patrón" Clinton cometió en el manejo de esta área: perdió el control político de las Gobernaciones, de la Cámara de Representantes y del Senado.
A raíz de los comentarios hechos por un Honorable colega, quiero decir que nos sentimos responsables de nuestra participación en el proyecto de ley. Así se lo planteé esta mañana al señor Ministro de Salud, con quien concordé en la conveniencia -al menos, ésa es la opinión de algunos- de esperar las observaciones del Poder Ejecutivo antes de pronunciarnos en definitiva. Por ello, algunos de los Senadores de Renovación Nacional, buscando la superación de los problemas expuestos en la Sala, de los denunciados por la Asociación Chilena de Municipalidades, y en el ánimo de alcanzar un buen proyecto de ley, consideramos preferible diferir un pronunciamiento sobre la materia hasta que llegue el veto, pues, después de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo de todas maneras deberá enviarlo. Esa es nuestra resolución.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAIN.- Señor Presidente, primero que nada deseo manifestar que nos encontramos frente a una situación compleja, porque, dada la forma como se aprobó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados, nuestra resolución puede resultar en cierto sentido inútil. Como allí no se lograron las mayorías exigidas por la Constitución respecto de ciertas normas -y, como muy bien se ha aclarado, por responsabilidad de los Parlamentarios de la Concertación, y no de otros-, necesariamente tendrá que haber un veto, el cual deberá replantear muchas de las materias contenidas en el informe. Entonces, la decisión definitiva se adoptará realmente cuando tratemos las observaciones del Primer Mandatario, y no hoy.
Ahora bien, como el debate de hoy ha reproducido un análisis más bien general del proyecto, me veo obligado a formular una muy breve reflexión.
Tengo la impresión de que en este cuerpo legislativo -quizá en el país entero- hay dos afirmaciones que no merecen duda. La primera es que, a pesar de ser la salud una prioridad muy importante para todos, existe una conciencia generalizada en la población en cuanto a que la atención que recibe de parte de los servicios públicos del área no es la adecuada ni la que quisiéramos. La segunda dice relación a la difícil condición en que labora el personal del sector, cualesquiera que sean las instancias en que se desempeñe.
En mi opinión, ambas afirmaciones son ciertas. Por lo mismo, uno no puede sino pensar que el Estatuto en debate -referido a la atención primaria de salud municipal, aspecto muy importante, pues se vincula con las necesidades elementales de una gran cantidad de personas- podría haber enfrentado los dos problemas a la vez. Pero, lamentablemente, el proyecto sólo busca solucionar parcialmente el segundo, no el primero. En ese sentido, nos parece deficitario, ya que no apunta a la necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad en la atención de los consultorios primarios de salud. Ello nos produce insatisfacción, porque no siempre los problemas se resuelven con mayores recursos. Cuando los sistemas no están funcionando bien, hay que estudiar por qué y ver la manera de dar una mejor calidad, un mejor servicio a la gente. En tal aspecto estimo que en el proyecto hay un problema de calidad no resuelto, lo cual nos causa inquietud. Más aún: dada la forma en que se ha estructurado este servicio, puede hablarse de una regresión del proceso de descentralización y de una menor autonomía, al privilegiarse una mayor rigidez. En efecto, la ley establece acuerdos de carácter nacional y los aplica por parejo a todos los municipios, más allá de sus diferencias, peculiaridades, intereses o inquietudes; más allá de la forma que cada uno puede creer atender mejor la tarea que le ha sido encomendada. Con ello, se produce una contradicción entre la autonomía requerida para la eficiencia institucional y la búsqueda de estos acuerdos que se establecen por ley y con carácter genérico. Pienso que de esta manera tampoco se mejorará el servicio que estamos tratando de dar a la gente a través de los recursos que todos los chilenos entregamos para tal finalidad.
En ello radican nuestras insatisfacciones con este proyecto, que, no obstante, ayuda en forma importante a mejorar la condición económica de los funcionarios de la salud, lo cual es justo. Y en ese sentido, estamos interesados en colaborar, aunque no entendemos por qué ello se ha demorado tanto tiempo en realizarse, toda vez que podría haberse hecho por otras vías, como, por ejemplo, entregando más recursos a los municipios, de los fondos de que dispone el Gobierno, quien no lo ha querido hacer por razones, a mi juicio, todavía inexplicables. Han pasado los años y éste tiene periódicamente superávit fiscal -el del año recién pasado fue de 350 mil millones de pesos-, por lo que bien podrían haberse otorgado antes recursos a los municipios, para que específicamente hubiesen sido mejoradas las rentas de los trabajadores de la salud que se desempeñan en las municipalidades que dependen de ello, y lo mismo podría haber ocurrido respecto de la educación. Sin embargo, ése no ha sido el camino que ha deseado el Gobierno, quien ha querido rigidizar, a través de este Estatuto, una situación que podría haber tenido la mejor solución para los propios funcionarios de la salud desde hace mucho tiempo.
En ese sentido, estamos -aunque tardíamente y sin comprender mucho la política que se ha seguido- de acuerdo con esa parte del proyecto en cuanto tiende a mejorarla.
Nos produce inquietud lo que dice relación a mayores rigideces también respecto de la eventual inamovilidad de los funcionarios. Comprendemos que es indispensable en toda función, sea pública o privada, tener estabilidad, porque ella es necesaria para la tranquilidad personal de quien labora, que debe atender una familia y sabe que, cumpliendo con sus funciones, no tiene dificultades de permanencia en el trabajo. Sin embargo, aquí se establecen ciertas rigideces que son complicadas para el funcionamiento de los servicios, respecto de las cuales la propia autoridad, en el caso del Estatuto Docente, se ha visto obligada a reflexionar, por las dificultades que esas rigideces -que el Gobierno introdujo hace algunos años- provocaron en la aplicación práctica de aquél.
Por lo tanto, allí están nuestros sentimientos encontrados, nuestras inquietudes respecto de un proyecto que, por un lado, entendemos necesario, pero, por otro, ciertamente levanta inquietudes y va a dejar muchas insatisfacciones en la hora de su aplicación.
Sin embargo, como toda esta discusión es un tanto inútil, dada la situación producida en la Cámara de Diputados, creo que por ahora no es necesario entrar en mayores comentarios.
He dicho.

El señor DIEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).- El último orador inscrito es el Senador señor Urenda.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo le había pedido la palabra.

El señor VALDES (Presidente).- Quiero hacer presente que el Orden del Día termina a las 13, de manera que deberemos votar el proyecto dentro del tiempo que resta.
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, señores Senadores, creo que todos coincidimos en la extraordinaria importancia que reviste la salud primaria. En todo el mundo se aprecia hoy, frente a la siempre escasez de recursos, la necesidad de extender esta acción en la forma más preventiva posible y que esté más cercana a la persona. Esto es lo que puede maximizar los recursos, porque al prevenir o al curar oportunamente, se evitan gastos innecesarios y se logran los verdaderos objetivos que se persiguen.
De ahí es que en Chile ha habido coincidencia, tanto en reforzar la salud primaria, en posibilitar que ella cumpla una labor que va más allá de la mera atención o curación de una enfermedad, para hacer un examen o una revisión previa que evite enfermedades, especialmente en los niños, como en el proceso de descentralización. Nadie duda en Chile ni en el mundo de que hay que acercar el poder y la autoridad a la gente y no alejarla de ellos.
Por ese motivo, el proceso de descentralización ha encontrado su apoyo no sólo en el problema de la salud, sino en otros múltiples. Y el Senado es testigo de los pasos que se han dado en tal sentido en el último tiempo.
Sin embargo, frente a esto, quiero, desde luego, hacer una consideración previa respecto de algunas expresiones que aquí se han formulado. Se ha dicho que quienes deben opinar en esta materia serían exclusivamente los médicos o los funcionarios de la salud. Creo que ellos deben dar su opinión y tienen un interés vital. Pero, no nos olvidemos que estamos ante servicios para la comunidad, y, obviamente, jamás podemos perder el objetivo de por qué ellos existen y quiénes son, en definitiva, los más interesados en que sean eficientes: todos los chilenos, la comunidad entera del país. Y, por lo mismo, nunca desistiremos de la necesidad de que esos servicios sean eficientes y de que los recursos se aprovechen en la forma más adecuada.
En este proceso de descentralización de la salud, se pudieron apreciar dos grandes problemas o dificultades. En primer lugar, la escasez de recursos. Muchos municipios no cuentan con los fondos necesarios, y ya se dijo aquí cómo el Gobierno central ha sido reticente para traspasar recursos -incluso los que tiene en exceso- a quienes más lo necesitan. Esta es una tarea prioritaria, porque es obvio que debe remunerarse adecuadamente a los que se hallan en el primer frente de batalla de la salud.
En segundo término, se apreció que había un exceso de desconexión o, tal vez, que no existía la relación adecuada entre los servicios de salud y los sistemas centrales, especialmente que se carecía de los alicientes necesarios para ingresar a tales servicios, y que el acceso a los mismos no debiera limitar las posibilidades profesionales de los funcionarios que prestan funciones en ellos.
El proyecto en debate pretendía obviar ambas situaciones. Creo que se han dado algunos pasos en el sentido adecuado, pero no los suficientes, porque los recursos que se entregan no son los que se requieren y los que el país podría y debería destinar a esta materia. No está de más señalar y reiterar que en ninguna otra actividad de la salud pueden rendir más los servicios del Estado que en una adecuada atención primaria.
Sin embargo, al pretender dar mayores posibilidades o alicientes a quienes se interesan en participar en la atención primaria de salud, creo que se ha incurrido en errores graves. Existe confusión. A mi juicio, estamos pasando de un extremo a otro. La descentralización es necesaria, porque una experiencia centenaria así lo demostró, y bien sabemos que, especialmente en un país como Chile, con una capital hipertrofiada, el centralismo es más grave quizás que en otras naciones. Y cuando aquí hablamos de aplicar las mismas reglas del juego a todos o de crear organizaciones nacionales, en el fondo, lo que estamos haciendo la gente de las Regiones es entregar nuestras facultades, nuestra capacidad de actuar y de hacer bien las cosas a cúpulas santiaguinas que no siempre van a representar los intereses de todos los chilenos, especialmente en los lugares más alejados.
Por lo tanto, debemos ser cuidadosos a este respecto y capaces de crear ciertas normas generales adecuadas dentro de cierto marco, pero que de manera alguna interfieran a los municipios y a los organismos regionales en lo que a ellos corresponde llevar a cabo.
Creo que este proyecto, con el muy buen deseo de dar una carrera funcionaría, una posibilidad de que personas muy capaces se interesen en pequeños consultorios de comunas alejadas, está incurriendo en el error de producir una rigidez que, a la larga, va a perjudicar la eficiencia de los servicios y también a los propios funcionarios.
Creo que la posibilidad de que las pequeñas comunidades se interesen tanto en los servicios de salud como en los de educación, es un elemento sumamente importante para mejorar la condición de esos servicios y de quienes laboran en ellos. Y la centralización atenta contra ese propósito y desincentivará el interés de las comunidades en los ubicados en sus proximidades y los expondrá a la suerte de las decisiones que se adopten en Santiago.
Debo reconocer, como otros señores Senadores, que la iniciativa tiene aspectos positivos y, dado que los informes de las Comisiones Mixtas exigen un pronunciamiento global, la votaré favorablemente, pero quiero sí dejar constancia de los peligros que implican las tendencias que aquí se vislumbran, y de mi convicción de que, en la medida en que restemos agilidad a esos servicios, que limitemos las facultades de los municipios y que alejemos a las pequeñas comunidades de ellos, estaremos atentando contra la eficiencia de tales servicios y de quienes en ellos laboran.
Probablemente este debate tendrá como consecuencia la presentación de un veto aditivo y una mayor atención del Ejecutivo sobre los problemas de las Regiones y de los municipios.
Como ya anuncié, daré mi aprobación a la iniciativa, en la convicción de que constituye un paso no definitivo y de que en el futuro rectificaremos los errores que hoy se aprecian.
He dicho.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar, y le pido excusas por no haberle dado la palabra antes.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Muchas gracias, señor Presidente.
En realidad, se han dicho muchas cosas en el transcurso del debate, pero, haciendo memoria sobre lo ocurrido durante la tramitación del proyecto, creo que es bueno precisar algunas cosas, porque no bastan los discursos de buena voluntad para tratar de justificar lo injustificable.
La verdad es que esta iniciativa -que lleva dos años y medio de tramitación en el Parlamento- ha tenido dificultades en su definición porque -hay que decirlo con claridad- había dos posiciones absolutamente distintas en cuanto al concepto de atención primaría de salud y al estatuto que debía regir al personal de salud municipalizada.
La Oposición podrá decir muchas cosas hoy día, como la de que trató de aportar para mejorar la iniciativa, pero lo concreto es que hasta el último momento, por la vía de las indicaciones, se esforzó por imponer un criterio diferente del que nosotros sustentábamos, y estaba en su pleno derecho al hacerlo. Ellos no eran partidarios del estatuto para los empleados municipalizados de la salud. Ellos preconizaban -y es lógico, de acuerdo con sus principios- que los trabajadores de la salud estuvieran sujetos a la ley del mercado, porque consideran que la salud se maneja mejor con las reglas del mercado que con un sistema regularizado, como lo sostenemos nosotros.
Y aquí en el Senado, con una sola indicación que se hubiera aprobado -lo estuvo en principio, pero debimos rectificar al explicarse que, de modificarse el artículo 1°, dicho sector dependería del Código del Trabajo- se habrían echado por tierra, tanto la totalidad de la normativa ya aprobada con gran esfuerzo en la Cámara de Diputados, como el segundo informe de la Comisión respectiva del Senado.
La situación pudo ser salvada, pero debemos decir la verdad de las cosas: la Oposición ha sido contraria a este proyecto en los términos planteados por el Gobierno, y era partidaria de un sistema distinto de atención y regulación laboral para los trabajadores del sector municipalizado de salud.
Reconocemos que su posición es legítima, pero -digámoslo con claridad- es le que hoy nos lleva a esta dificultad, porque si hubiera habido consenso para que este estatuto regulara las relaciones laborales del personal, probablemente no habría habido ni trámite de Comisión Mixta porque así venía aprobado por la Cámara de Diputados, y fue aquí en el Senado donde se le introdujeron enmiendas que desfiguraron el contenido del proyecto. Sin embargo -hay que reconocerlo-, en la Comisión Mixta se trató de acercar posiciones y se evacuó este informe que, por supuesto, no recoge seguramente todo lo que aquí habíamos planteado, pero constituye una manera de buscar una solución.
¿Y qué sucedió? Que llegamos a la Cámara con el informe de la Comisión Mixta, y en ella se produjo el problema de una ausencia transitoria de algunos de sus integrantes, porque estos Parlamentarios estaban participando en la Comisión Mixta de Presupuestos. Puedo dar fe de ello como Presidente de esta última, ya que solicitaron autorización para retirarse e ir a votar a la Cámara de Diputados. Por supuesto, que los Diputados de la Concertación no pudieron reunir el quórum calificado que se requería, aun cuando aportaron más de sesenta votos. ¿Y por qué los Parlamentarios de la Oposición -que hoy día dan explicaciones en el Senado- no aportaron los diez votos que faltaban? ¿Por qué no estaban?
Como dije, hubo sesenta de la Concertación, pero los de la Oposición no participaron en la votación y aprovecharon el subterfugio de la falta de quórum constitucional. Y cabe recordar también que en la Oposición se encuentran los autores de este requisito que exige quórum calificado para proyectos de ley que seguramente debieran precisar sólo de mayoría simple para ser aprobados.
Y ellos no aportaron los diez votos que se necesitaban, y eso provocó el problema que ahora enfrentamos en esta Corporación.
¿Y qué tenemos que hacer? Debemos despachar luego esta iniciativa para que los funcionarios y la atención de la salud municipalizada no sigan esperando. ¡Tenemos que hacerlo!
Creo que el resultado de la votación en el Senado reflejará la situación que he descrito, aun cuando espero que no sea así. Ahí veremos quiénes se pronunciarán a favor del informe de la Comisión Mixta, y quiénes se van a abstener. ¿Y por qué se van a abstener? Porque creen que con ello los Senadores de la Concertación -ojalá no sea así- no vamos a reunir el quórum calificado de 25 señores Senadores. Y la opinión pública debe enterarse de que aquí en el Senado nos encontramos en situación aun más difícil que en la Cámara de Diputados, porque si bien somos mayoría desde el punto de vista de la votación popular, por la composición de este Senado, no lo somos con relación al quórum calificado.
Y yo espero ver aquí la votación de la Oposición. Si se abstiene, es porque nuevamente está jugando a algo que, a mi juicio, debe ser puesto sobre la mesa: a que no están de acuerdo con este proyecto y con su filosofía. Y tienen razón. A ellos no les gusta la atención primaria municipalizada a través de un estatuto funcionario en el cual se regulen los derechos y deberes de los trabajadores del sector.
Espero que no sea así, y que yo esté equivocado, pero, por lo que he sabido, y a pesar de que algunos votaron en la Comisión Mixta a favor del informe, ahora se abstendrán. Pero la abstención no constituye un voto a favor del informe de la Comisión Mixta. Espero que se despache luego este proyecto y que el Ejecutivo envíe el veto aditivo correspondiente. Ahí nuevamente podremos probar quiénes son realmente partidarios de aprobar el Estatuto de Atención Primaria de Salud.
He dicho.

El señor OTERO.- Pido la palabra.

El señor DIEZ.- Estoy inscrito, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, no quiero hacer de esto -porque sería un error- un problema político. Los protagonistas de esta iniciativa son los enfermos, o la prevención en la salud. Uno no puede poner las cosas al revés de lo que verdaderamente son. El Estado crea servicios de salud precisamente para atender la salud. Y ésa es la finalidad primordial.
En seguida, la salud primaria está entregada a las municipalidades -a las cuales incluso se las ha tratado aquí, despectivamente, de "patrones"-, organismos generados democráticamente -son "manos" del Estado, porque están más cerca de la gente- y cuya acción nosotros debemos prestigiar.
Resulta absolutamente injusto para el sistema de democratización y participación del país entregar a las municipalidades un asunto de la gravedad del de la salud. Por una parte, se niegan los recursos que han venido reclamando desde hace muchos años y, en seguida, se dicta un Estatuto que las hará depender del Ministerio y les quita toda flexibilidad.
Ese es el problema. Dos de las partes de éste son los enfermos y los municipios, y la tercera, los funcionarios que trabajan en la salud, quienes tienen derecho a gozar de estabilidad, a un trato claro y a obtener remuneraciones y calificaciones justas. Porque no sólo a igual trabajo debe existir igual remuneración -la frase está incompleta-, sino que a igual trabajo, con igual eficiencia, debe existir igual remuneración. Entonces, nos encontramos con que hay varios problemas que debemos armonizar, lo que no hemos logrado en el largo tramitar de este proyecto. Porque cada uno, con razón y sin hacerse cargos políticos de ninguna especie, ha tratado de seguir el camino que considera más conveniente para servir a la comunidad.
Ahora, ¿en qué aspecto reglamentario nos encontramos hoy? Primero, estamos en presencia de un informe de Comisión Mixta que, por el número de artículos que la Cámara de Diputados no aprobó -por cualquier motivo que no lo haya hecho-, deberá ser seguido de un veto aditivo, porque la legislación está incompleta.
Por otra parte, el informe de la Comisión Mixta resuelve algunos de los desacuerdos entre la Cámara y el Senado de un modo que no a todos nos complace, por lo que también preferimos dejarlo abierto, para que el Ejecutivo se aboque a una solución por la vía del veto.
No votamos en contra del proyecto, porque no estamos en contra de la idea esencial de mejorar la situación de los trabajadores de la salud, pero queremos que el Presidente de la República disponga de la mayor cantidad de artículos para ejercer con amplitud el derecho a veto.
Y esperamos que, en el transcurso del plazo para vetar, el Ejecutivo llegue a acuerdo con nosotros -estamos dispuestos a ello- y con la Asociación de Municipalidades en este difícil problema.
Por esta razón, y no por otra,...

El señor DIAZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor DIEZ.- Con el mayor gusto, Honorable colega.

El señor DIAZ.- ¿Se prescinde de la participación del Colegio Médico y de los trabajadores?
No me agrada que se excluya a dichos sectores.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, he señalado que el Presidente de la República tendrá oportunidad de conversar con nosotros, con la Asociación de Municipalidades -Su Señoría me interrumpió cuando me faltaba terminar la frase-, e indiscutiblemente, con los trabajadores de la salud. De manera que si el señor Senador no hubiese sido tan impaciente, me habría permitido terminar la oración.
En una democracia moderna y contemporánea como la que tenemos, los acuerdos deben lograrse con la gente que participa en el problema. En efecto, es muy importante para el rendimiento de la salud el que los trabajadores que laboran en esa área se sientan comprendidos e incentivados, porque ellos son los que se encuentran con las personas. De manera que es imposible pasarlos por alto. Y la legislación, teniéndose presente las condiciones morales que caracterizan a ese sector laboral -que reconozco, porque he visitado los hospitales y postas del país-, debe darles personalidad, consideración. Por lo mismo, ellos deben entender que esperamos que tengan la misma preocupación nuestra por solucionar el problema de la salud y no sólo por su remuneración. Porque en toda actividad humana no sólo importa lo económico, sino también valores que a menudo pesan mucho más en la gente, los cuales dicen relación a la vocación, al sentido de humanidad, a veces, y al propio sentido de misericordia y de cumplimiento del deber, según lo hemos visto en los funcionarios de la salud, que con tanta frecuencia y en tantos rincones de Chile cumplen abnegadamente su labor, sin ceñirse a hora ni día.
Por eso, señor Presidente, nos abstendremos de votar el proyecto que propone la Comisión Mixta. Y esperamos que el Ejecutivo acoja la sugerencia que se ha formulado y que logremos un acuerdo. No soy representante de los trabajadores de la salud, ni de los enfermos, ni del municipio: soy un Senador de la República que los comprende a todos. Y, al hacerlo, no puedo olvidarme de los intereses de nadie, cualesquiera que sean los juicios que sobre mi modo de actuar tengan unos y otros, porque la que señalo es la manera de ejercer el cargo.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa hace constar que ya ha terminado, prácticamente, el Orden del Día.
De conformidad al Reglamento, procederemos a votar.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor CALDERON.- No quiero alargar el debate, pero a las palabras que expresé denantes quiero agregar que por pasión política -no por otra cosa- la Oposición rechazó el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados. Lo lamenté en mis primeras palabras y ahora quedará en claro en esta votación. Y, aun cuando los representantes de Renovación Nacional afirman lo contrario, lo cierto es que con su abstención estarán permitiendo que incluso se pierda la votación en favor del informe. Por eso, deploro esta situación.
¿Qué es lo que desea Renovación Nacional? ¿Quiere la movilización del sector de la salud? Pareciera que eso es lo que desea.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Advierto a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.

El señor CALDERON.- Resulta que el sector de la salud había entrado en un marco positivo al ser apoyado este proyecto y ahora se expresa un rechazo a la forma como se está legislando. Quien ha seguido todo lo que ha sido la discusión de esta iniciativa y las horas de trabajo dedicadas a ella ha podido observar que si bien había una posición distinta, existía una actitud seria de buscar consenso. Pero ocurre que aquí no se está actuando con esa política.
Por las razones expuestas, voto en favor del informe de la Comisión Mixta.

El señor DIAZ.- Señor Presidente, se hizo referencia a que la preocupación se centraba exclusivamente en el asunto de las remuneraciones. Si bien ese punto es importante, no se trata sólo de eso. Si se estudia bien el proyecto, se verá que existe la posibilidad de la creación de las microáreas, por ejemplo, lo que mejorará notablemente la atención de la salud, a lo que se suma el perfeccionamiento de los trabajadores de este sector.
Voto por el informe de la Comisión Mixta.

El señor PEREZ.- Señor Presidente, tengo dudas en cuanto a la posibilidad de aplicar el Código del Trabajo a parte del sector público. Porque la negociación colectiva mide la productividad, y debe haber flexibilidad tanto en la oferta como en la demanda. En el sector público hay presupuestos acotados, lo que hace muy difícil plantear una negociación colectiva. Esto, respecto de 90 por ciento de las municipalidades.
Sin embargo, creo que el proyecto, cuyo informe de Comisión Mixta discutimos, adolece de todas maneras de una enorme rigidez, no en cuanto a la situación que se suscitaría al interior de cada municipalidad, en términos de negociación colectiva, sino sobre las diferencias económicas que presentan las distintas municipalidades en el país.
Espero que puedan compatibilizarse estos dos criterios que señalo en el veto aditivo que enviará el Gobierno, a través de un acuerdo entre éste y la Oposición.
Por esa razón, me abstengo.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, participé de una de las etapas de la discusión del proyecto, en las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud, y puedo señalar que la iniciativa se analizó a fondo.
Tal como se planteó ahora en la Sala, indudablemente existen dos posturas, dos visiones para enfrentar este problema. La primera -siendo ambas legítimas- es teórica, y considera que los trabajadores se encuentran siempre en igualdad de condiciones frente al empleador. La verdad es que ello no es así. El empleador municipalidad, cuando carece de recursos, no se halla en condiciones de satisfacer las necesidades mínimas de sus trabajadores, y, por lo tanto, alguien debe velar para que éstos, que desarrollan sus funciones en un área tan importante, tengan posibilidades de llevarlas a cabo en forma digna.
En general, los funcionarios de la salud, no sólo los del sector municipalizado, están mal, y permanentemente se reclaman recursos para mejorar su situación. Pero los trabajadores del sector municipalizado se encuentran aún más mal. Por consiguiente, urge solucionar este problema. Y la única manera de lograrlo es por la vía de un estatuto que les garantice, primero, estabilidad en sus puestos de trabajo; segundo, condiciones mínimas de remuneraciones, y tercero, una carrera funcionaria.
Algunos de nosotros habríamos deseado que las condiciones de los funcionarios del sector municipalizado fueran idénticas a las de aquellos que laboran en los hospitales. Lamentablemente, eso no se logró.
Sin embargo, el paso que se ha dado con el estatuto que nos ocupa es importante.
Entonces, por la necesidad apremiante de solucionar el problema que indico, voto a favor del informe de la Comisión Mixta. Y desde esta Alta Tribuna requerimos del Gobierno urgencia para el envío del veto correspondiente, con el objeto de solucionar la dificultad que planteó la falta de quórum en la Cámara de Diputados.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, cuando hice mi exposición inicial, declaré que quería ser lo más objetivo posible respecto de lo que había sucedido en la Comisión Mixta, pero también anuncié que deseaba expresar mi opinión una vez que estuviera en condiciones para ello, por lo que lo haré al fundar mi voto.
Voy a votar afirmativamente por las razones que aquí se han expuesto y por las que se han dado en el curso de todo el debate de esta materia. Creo, honestamente, que el que estamos dando es un paso para resolver la situación de la salud primaria, en virtud del cual, manteniéndose la posibilidad de que las municipalidades señalen sus puntos de vista, se da el marco necesario para solucionar los problemas de aquellos a quienes el Senador señor Diez se refirió como el objeto principal del proyecto.
Y, por eso, aprobamos el presente estatuto. Pero ello lo hacemos, también, para que haya consecuencia y seriedad en las discusiones del Senado. Porque no parece razonable, cualquiera que sea el argumento que se invoque, que en el último trámite algunos señores Senadores se abstengan en la votación -lo que, en el fondo, significa pronunciarse en contra- y se haga presente la conveniencia de un veto aditivo aduciéndose el argumento, innecesario, de que el Ejecutivo podrá extenderse con más amplitud en esta materia. En efecto, podría haberse votado aquí por el informe e igual habría habido veto, así como la posibilidad de lograr un acuerdo mayor que el que se ha registrado.
Lo que hay aquí es una voluntad distinta. Acá no existe acuerdo con la iniciativa y sí una voluntad para rechazarla. Y eso es legítimo y propio del ejercicio de un derecho. Pero no se mistifique con explicaciones de otro orden.
Finalmente, debo decir que entiendo todo lo que se pueda argumentar. Tenemos visiones distintas respecto de la salud, de los derechos de los trabajadores, del derecho de asociación, de la representación de las organizaciones sindicales, de lo que es descentralización. Y esta última no es lo mismo que la simple municipalización, ya que llegamos a un término cercano a la balcanización de la salud cuando seguimos manteniendo lo que actualmente tenemos en esta materia. Lo que pido a los señores Senadores que aún no han votado es que recojan el acuerdo de una Comisión Mixta que, de 24 artículos que discutió, registró unanimidad en la aprobación de 19. Y ello, con la presencia de Senadores y Diputados de la Unión Demócrata Independiente y de Renovación Nacional.
Es en ese organismo en donde perfectamente se podía haber manifestado las discrepancias. Y señalé que me honraba en haber presidido esa Comisión, porque su sistema de trabajo permitió lograr consenso, aparte la posibilidad, incluso, de resolver cuestiones que no se hallaban en el texto mismo aprobado por las respectivas Cámaras.
Por lo tanto, en virtud de la consecuencia y coherencia que debe haber para que la función legislativa tenga el respeto de las organizaciones sociales y de la opinión pública, y para que no volvamos, después de dos años y medio de discusión, a fojas cero, pido, en nombre de los enfermos y ante la necesidad de dar una función diferente a la salud municipal, así como en función de la respetabilidad que aquí les estamos reconociendo a los trabajadores de este sector, por la que tanto se ha luchado, que los señores Senadores que aún no se han pronunciado consideren su voto. Porque, aunque voten afirmativamente y se apruebe el informe, igual habrá veto por parte del Ejecutivo, y con ello la posibilidad de precisar algunos puntos. De ese modo, los Honorables Senadores que anunciaron su abstención podrán expresar su voluntad de dar facilidades al proyecto, de dar una señal de que el Senado no ha discutido dos años y medio en vano y de que el proceso legislativo exhiba coherencia y respetabilidad frente a la opinión pública.'
Voto a favor del informe de la Comisión Mixta.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, lamento que me corresponda votar inmediatamente después de tan ferviente alocución del Honorable colega Ruiz-Esquide.
Por mi parte, sólo quiero hacer un llamada al Ejecutivo, a fin de que el veto -que parece que enviará de todas maneras, con prescindencia del resultado de esta votación- acoja los planteamientos efectuados por nuestros representantes en la Comisión de Salud y en la Comisión Mixta, respecto de los 11 artículos que todavía no se han aprobado.
Porque creemos que, verdaderamente, estos planteamientos son favorables para los enfermos, los trabajadores de la salud y los personales médico y paramédico.
Por tales consideraciones, y al igual que el resto de los Senadores de mi Partido, me abstengo de votar. El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, en la esperanza de que el proyecto mejore con el veto aditivo, voto que sí. El señor URENDA.- Con las prevenciones que hice, voto a favor del informe.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Señor Presidente, creo que la votación habida -soy el último en pronunciar- ha confirmado mis afirmaciones en cuanto a que hay una posición distinta entre la Oposición y la Concertación.
La Oposición, por la vía indirecta o la directa, ha tratado de que el proyecto no se convierta en ley; no quiere un Estatuto de Atención Primaria de Salud que regule las relaciones laborales del sector municipalizado. La abstención da esa señal.
Sin embargo, tengo la esperanza, por algunas intervenciones que escuché, de que lo aprobaremos cuando nos pronunciemos respecto del veto aditivo, que permitirá reforzar la esencia de la iniciativa que estamos votando, para que haya una atención primaria de salud municipal descentralizada, con un estatuto que rija las relaciones laborales entre los funcionarios y sus empleadores. Ahí sabremos si realmente estas buenas intenciones -aún no las veo- se concretan.
Por ahora, sólo nos corresponde despachar el informe.
Asimismo, es conveniente destacar que la mayoría ocasional lograda hoy es posible con el respaldo de los señores Senadores Institucionales, lo cual a lo mejor, nos permitirá reunir el quórum exigido por la Constitución de 1980. En caso contrario, no habríamos tenido votos suficientes para aprobar -al menos en principio- las ideas que a nuestro juicio corresponden en esta materia.
Voto a favor del informe. El señor GAZMURI.- Señor Presidente, me alegro de la votación habida en el Senado, que permitirá aprobar el informe con el quórum constitucional requerido, como también de la posición de la unanimidad de los señores Senadores designados y de la de algunos señores Senadores de la Oposición que nos han acompañado con sus votos. Pero lamento la actitud prácticamente de consenso de Renovación Nacional de no dar pie a una normativa tan necesaria para asegurar la salud primaria municipal.
-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (27 votos a favor, 6 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Freí (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Huerta, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Diez, Larraín, Pérez, Piñera, Prat y Siebert.
No votó, por estar pareado, el señor Larre.


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES


FALLO ARBITRAL SOBRE LAGUNA DEL DESIERTO. PROYECTO DE ACUERDO


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, presentado por diversos señores Senadores, relativo al fallo arbitral acerca del límite fronterizo en la zona de Laguna del Desierto, que quedó pendiente en la última sesión ordinaria.
De acuerdo con el artículo 100 del Reglamento, en el Tiempo de Votaciones no hay lugar a discusión.
Al respecto, conversé con varios Comités, a quienes solicité hacer prevalecer ese criterio reglamentario y no abrir debate, obviamente respetando el derecho a fundamentar el voto por cinco minutos.
Se dará lectura al documento pertinente.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El texto del proyecto de acuerdo es del siguiente tenor:
"En sesión del 25 de octubre pasado y con la presencia y participación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el Senado trató extensamente acerca del fallo dictado por el Tribunal Arbitral convenido con Argentina para fijar la traza del límite en la zona de Laguna del Desierto.
"En esa oportunidad se hizo presente, en forma unánime, la profunda injusticia de dicho fallo.
"Al mismo tiempo -y sin perjuicio la voluntad de acatar esa decisión-, se propició el estudio de las instancias irrenunciables que el Tratado de Paz y Amistad establece para su revisión, en su letra y en su espíritu.
"Con posterioridad, reunido el Consejo de Seguridad Nacional y luego de un extenso análisis, acordó unánimemente una declaración que coincide sustancialmente con los criterios antes señalados.
"El Senado insiste en sus puntos de vista y celebra coincidir en la materia con el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.".
El documento lleva la firma de los Senadores señores Páez, Núñez, Ominami, Arturo Frei, Gazmuri, Sule, Valdés, Calderón, Huerta, Adolfo Zaldívar, Andrés Zaldívar, Hamilton, Muñoz Barra, Matta y Ruiz De Giorgio.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En votación.

-(Durante la votación).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Señor Alessandri?

El señor LARRE.- Pido la palabra.
Señor Presidente...

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Estamos en votación, señor Senador. No le he concedido el uso de la palabra.

El señor LARRE.- Hay un problema reglamentario, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- ¿En qué sentido?
El señor LARRE.- De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, habiéndose tratado ya esta materia por el Senado, no corresponde analizarla nuevamente, a no ser que haya unanimidad en la Sala para ello. Además, se debió haber votado al día siguiente, y no se hizo.

El señor GAZMURI.- Perdón señor Presidente.
Este proyecto de acuerdo se presentó en el tiempo y la forma debidos. Fue aceptado por la Mesa y por quienes pidieron segunda discusión; de otro modo, ello no habría sido posible. Por lo tanto, correspondía votarlo en la sesión ordinaria siguiente, oportunidad en la que no se dieron las condiciones, porque terminó el Orden del Día y se levantó la sesión. Por ello, corresponde hacerlo hoy.
Como puede apreciarse, no hay problema reglamentario alguno. Y pido a la Mesa que proceda a tomar la votación.

El señor LARRE.- La materia está resuelta, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa estima que no hay problema reglamentario alguno.
Continúa la votación.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, los Senadores que lo suscribimos creemos que este proyecto de acuerdo es el que mejor defiende el interés nacional y el que más exactamente fija la posición del Senado en relación al problema de Laguna del Desierto, largamente discutido acá.
Procuramos presentar un texto formado, básicamente, por tres elementos. Primero, la profunda injusticia del fallo emitido por el Tribunal Arbitral. Segundo, la afirmación explícita de la voluntad del Estado de Chile de acatar la sentencia y buscar todos los instrumentos y recursos que existan en la esfera del Derecho y del Tratado de Paz y Amistad para intentar su revisión. Y tercero, el propósito de fortalecer la posición chilena, intentando establecer una línea política que siga la misma dirección dada por el Ejecutivo y el Presidente de la República, responsable de la conducción de las relaciones internacionales; por el Consejo de Seguridad Nacional, cuya posición es clara y, a nuestro juicio, muy importante; por la Cámara de Diputados, y por el Senado.
Pensamos que el texto propuesto es el que mejor sirve a tales propósitos, por cuanto la ambigüedad en lo relativo al acatamiento sólo debilita la posición chilena. Y sobre este asunto ha habido textos particularmente ambiguos. Además, la falta de precisión da pie para que se siga escalando en sucesivas declaraciones que continúan debilitando la postura de nuestro país.
La prensa nos informa de cómo, en reuniones importantes de los Partidos de Oposición, algunos señores Senadores han levantado, lisa y llanamente, la tesis de la nulidad del Tratado. Vemos que dirigentes de otras colectividades, incluso de la Concertación, empiezan ya, a poco más de una semana, a llamar a objetar la composición del Tribunal, cuando lo que al país interesa es agotar los recursos de revisión contenidos en ese Tratado y con el mismo Tribunal.
Pensamos que no ser exhaustivamente claros sobre la disposición al acatamiento es debilitante de la posición chilena, tanto para las posibilidades de revisión cuanto para mantener nuestra tradición diplomática de apego a los tratados que fijan nuestras fronteras.
Ese es un punto central, atinente no sólo a la larga frontera con Argentina y a las condiciones de estabilidad que necesitamos, sino también al conjunto de los límites territoriales de Chile, respecto de los cuales un elemento de fuerza jurídica prevaleciente en toda nuestra historia ha sido el estricto apego a los tratados que determinan la seguridad de todas nuestras fronteras, sin excepción.
Por todas estas consideraciones, y porque es responsabilidad nacional la defensa del interés chileno, así como la generación de condiciones para la seguridad de nuestras fronteras y la paz que necesitan los procesos de integración en el área sur del continente, opino que este texto fortalece de mejor modo la posición de Chile en un momento difícil como el que estamos viviendo ante un fallo tan lesivo para el interés nacional. Este convencimiento me mueve a invitar a los señores Senadores a aprobar el proyecto de acuerdo.
Voto que sí.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- El Honorable señor Piñera pidió votar anticipadamente.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, voy a referirme a dos aspectos del documento que se vota.
En primer lugar, su forma adolece de errores mecanográficos. Por ejemplo, en el tercer inciso se dice "en su letra y en su espíritud.".
Para el caso de que el voto sea aprobado, sugiero corregir las fallas de esa índole y las de redacción, pues no podría darse a conocer con su actual presentación.
Por eso, sugiero a la Mesa recabar el acuerdo unánime de la Sala para evitar que el Senado emita documentos con ese tipo de errores.
En segundo lugar, debo recordar que todo lo que nos dividió hace tres semanas fue lo relativo a si el Senado debía expresar su inmediato acatamiento al fallo o su voluntad de acatarlo. Nosotros estuvimos por la segunda opción. Y me alegro de que en el proyecto de acuerdo que se vota se vaya por la misma línea, ya que expresa: "Al mismo tiempo -y sin perjuicio la voluntad" -creo que debe decir "de la voluntad"- "de acatar esa decisión"...
El proyecto de acuerdo, tal como está, no tiene puntos objetables. Pero versa sobre una materia acerca de la cual el Senado ya se pronunció; nada agrega.
Por eso, voto que no.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, el punto que dividió las posiciones en el Senado estuvo referido a si había o no voluntad de acatar el fallo. El acuerdo que se aprobó en sesión anterior es muy parecido al primer pronunciamiento de Argentina frente al laudo que resolvió el caso del Beagle y que terminó, a través de un proceso, en que el Gobierno militar de ese país declaró insanablemente nulo el fallo del Tribunal Arbitral.
Eso es lo que no queremos. Rechazamos -como con razón decía el Senador señor Gazmuri- la ambigüedad. Estamos por acatar la sentencia dentro de los límites del Tratado de Paz y Amistad. Por eso estamos estudiando la posibilidad de su revisión. Esta, si se da en los términos de ese Tratado, no se opone al acatamiento del fallo; es parte de su cumplimiento.
En segundo lugar, estimo muy repudiables las manifestaciones que hemos visto en estos días de parte de sectores que han pretendido sacar provecho político a propósito de un problema de Estado tan doloroso, tan complejo, tan delicado para los intereses del país, como es la pérdida de parte del territorio a causa de un fallo. Esos sectores han tratado de llevar agua a su molino, prescindiendo de lo que es el verdadero interés nacional.
Esas actitudes contrarían la tradición de nuestro país. Chile y Argentina tienen una extensa frontera común, y a lo largo de toda su historia, en una u otra forma, han sabido resolver siempre sus problemas por vías pacíficas y recurriendo a instrumentos jurídicos. Es lo que se ha hecho recientemente respecto de las 24 controversias pendientes, con lo cual ambos países dejarán de tener conflictos fronterizos.
Tales actitudes comprometen el honor del país, porque Chile se obligó mediante el Tratado de 1984, firmado ante el Papa, a desechar cualquier camino de confrontación o de violencia, y a recurrir a soluciones pacíficas y a las vías que allí se establecen.
Por último, esas actitudes atentan contra los intereses de la nación. Lo que hoy importa a Chile no es la confrontación con Argentina, sino revisar el fallo, dentro de los términos del Tratado. Si ello no es posible, habrá que acatarlo tal como se emitió. No podemos hacer más. Otra cosa iría contra los deseos de paz, de integración y de desarrollo de ambos países.
Voto afirmativamente.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, si uno revisa la historia de las relaciones entre Chile y Argentina, y particularmente la de sus fronteras, verá que, a lo largo del tiempo, siempre se han escuchado declaraciones similares: "Este es el último problema. No van a producirse otros a futuro.". Pienso que la historia tendrá que enseñarnos algo una vez más.
No es conveniente el absurdo acatamiento por parte de algunas autoridades, entre ellas la principal, sin tener siquiera la sentencia en las manos. Eso no es más que una ambigüedad.
Por otro lado, el artículo 40° del Anexo 1 del Tratado de Paz y Amistad señala en forma muy clara que existen recursos para revisar la sentencia. En consecuencia, el proceso no está cerrado.
Ahora bien, el tiempo ha ido mostrando un camino en tal sentido. Consejeros de la Democracia Cristiana estiman que hay errores de hecho en el fallo arbitral y, legítimamente, como chilenos, están pidiendo que el Gobierno actúe en esa línea.
Don José Miguel Barros, en un importante análisis que se publicó la semana pasada, menciona no solamente una larga lista de errores de hecho, sino que, incluso, algunos elementos que hacen que este procedimiento sea -como lo señala textualmente- "una ofensa a la inteligencia".
Creo no debemos equivocarnos en este sentido. Tenemos que mostrar una voluntad nacional para que verdaderamente se revise, de acuerdo con el Derecho Internacional, todo el proceso: la sentencia misma, la constitución de este absurdo tribunal y la forma como se manejó el asunto en contra del interés nacional.
Un grupo de Senadores, preocupados en el tema y por cuenta propia, hemos gestado -porque el Estado no lo ha querido hacer- una carta de información satelital del hecho. Obviamente, no puedo pedir que este antecedente se incluya en la Versión Taquigráfica, pero sí invito a los Honorables colegas a que revisen esa fotografía satelital del sector. La verdad es que, con esta información geográfica fidedigna, no es posible aplicar la sentencia del Tribunal Arbitral. Por el contrario, es la geografía la que da absolutamente la razón a la defensa chilena y, por lo tanto, deja de manifiesto un claro error de hecho.
Señor Presidente, conforme a estos antecedentes y precisamente para preservar el honor de nuestro país, no debemos conferir la connotación que se pretende dar a la palabra "acatar". En ese sentido entiendo el proyecto de acuerdo: es sin perjuicio del derecho irrenunciable -como lo dijo el Consejo de Seguridad Nacional- de revisar hasta las últimas consecuencias, pero con una clara voluntad nacional, todo este negativo proceso.
Por ese conjunto de antecedentes, voto que no.

El señor SULE.- Señor Presidente, estoy autorizado para votar. Lo hago presente porque tenía un pareo.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Entonces, puede hacerlo.
El señor SULE.-Voto que sí.

El señor LARRAIN.- Señor Presidente, la verdad es que esta materia la hemos debatido extensamente, una y otra vez. De manera que no me referiré a los aspectos fundamentales al expresar mi opinión con motivo del proyecto de acuerdo que hoy nos ocupa.
Este es un tema que ha sido resuelto y el Senado ya fijó su posición. El texto sometido a nuestra consideración, si bien no la contradice, da la impresión de que la empequeñece, la diluye y tiende a tratar de debilitar el sentido genuino del proyecto de acuerdo ya aprobado por la Corporación, respecto del cual -como lo dije en su oportunidad- no puedo creer que haya un solo Senador de la República o algún chileno que no lo comparta en lo sustantivo. Y si eso ocurre, creo que, en definitiva, se debe a razones ajenas a ese proyecto de acuerdo -las cuales cabe considerarlas dentro del ámbito político- y no por su contenido específico.
Como aquí se ha dicho, el problema principal apunta a la expresión "acatamiento". Pero se ha aclarado que, desde el punto de vista técnico procesal -que es a lo que debemos ajustamos- ese acatamiento es procedente cuando el proceso está firme, ejecutoriado, cuando hay cosa juzgada y no cabe efectuar más tramitaciones. Si fuera así, por cierto que lo acataremos. Porque ¿qué otra alternativa tenemos? ¿Declarar la guerra a la República Argentina? Indudablemente, nadie pretende, ni sueña, ni ampara, ni auspicia algo tan aberrante, incluso más aberrante que el propio fallo.
Por lo tanto, ése es un falso dilema. Hoy la verdadera alternativa es: o nos quedamos de brazos cruzados frente a dicha sentencia -o, a lo más, intentamos una revisión de acuerdo al Tratado de Paz y Amistad- o exploramos otras posibilidades que el Derecho Internacional nos permite. He estudiado seriamente el tema, también he leído textos de especialistas y escuchado distintas opiniones, llegando a la convicción responsable de que hay caminos para impugnar el fallo por vicios que podrían conducir a su nulidad. Esto habrá que hacerlo dentro del Derecho Internacional y conforme a las posibilidades que nos otorgan los tratados. No propicio, ni ampararé jamás, un proceder que se aparte de lo que es legítimo y legal.
Por lo tanto, nadie puede objetarnos una actuación de ese tipo, ni siquiera compararnos con lo que hizo Argentina a propósito del diferendo del Beagle. Este es el problema de fondo. A mi juicio, lo que nosotros debemos hacer es actuar con responsabilidad, y es lo que hemos planteado a la autoridad y deseamos que se realice. Tanto el Consejo de Seguridad Nacional como el acuerdo del Senado de la semana anterior así lo indican. Y este propio proyecto de acuerdo, al remitirse al Consejo de Seguridad, también lo pide.
Insistimos: la decisión será del Gobierno, porque nosotros carecemos de atribuciones para ello, pero sí tenemos -y nadie lo puede negar- el derecho a reclamar cuando nuestras convicciones y aprensiones nos llevan por un camino que queremos que la autoridad también siga. Es más, en los próximos días esperamos entregar a los juristas designados por el Gobierno para el estudio de esta materia los antecedentes técnicos que avalan nuestra posición. Sobre esa base, esperamos que la autoridad tome la mejor decisión para Chile. Pero, ciertamente, será su decisión. Y creemos, responsablemente, haber colaborado a ella, dando una y otra vez la información que permite defender, a nuestro juicio, de la mejor manera los intereses del país.
¿Quién puede reclamar de esa actitud? ¿Alguien puede protestar porque no es una colaboración patriótica? Era mi deseo que la autoridad hubiese tenido un ánimo más positivo y que, en lugar de demostrarse discrepante frente a un tema que a todos nos debiera unir, adoptara otra posición.
Al Gobierno le corresponde la responsabilidad. Y será la historia la que lo juzgará por las decisiones que tomó antes y después del fallo.
Voto en contra.

El señor LARRE.- Señor Presidente, sólo quiero reiterar la opinión que emití en el sentido de que esta materia ya fue tratada y aprobada por el Senado. Por lo tanto, se requería la unanimidad de la Sala para analizarla de nuevo.
En atención a que estoy pareado con la Honorable señora Carrera, no votaré.

El señor OTERO.- Señor Presidente, pensaba no intervenir, pero las expresiones de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me han motivado a hacerlo.
En primer lugar, creo que nuevamente hay una confusión de conceptos jurídicos en ciertas materias, porque ninguno de los que hemos sostenido la idea de reclamar de nulidad pensamos en la posibilidad de un conflicto bélico. Parece que aquí se mistifica permanentemente a la opinión pública cuando se dice que quienes estamos criticando -y con razón- la debilidad con que el señor Canciller afrontó el problema al conocer el fallo lo hacemos por razones de carácter político y no de interés nacional. No hay ninguna duda de que haber empleado el término "acatar", antes de leer la sentencia, fue una ligereza. ¿Por qué? Porque esa expresión tiene una connotación jurídica, y las connotaciones de esta naturaleza no se pueden desconocer. Gracias al Senado de la República y a las intervenciones que se hicieron aquí, incluso antes de que se reuniera el Consejo de Seguridad Nacional, se pudo dejar en claro que para el señor Canciller dicho término tenía otro significado, cual es que Chile se somete y se someterá siempre a las reglas del Derecho Internacional, norma respecto de la cual ningún señor Senador ha pretendido apartarse. Sin embargo, señor Presidente, dentro de las reglas del Derecho Internacional se contempla, precisamente, el derecho a pedir la nulidad de un fallo. En esta misma Sala, los señores Parlamentarios fueron testigos de la interpelación que el Senador señor Hormazábal hizo el Honorable señor Urenda, cuando este último señaló que la propia sentencia arbitral consideraba la nulidad de un laudo por "exceso de poder". Posteriormente, el Senador que habla fue quien leyó la parte pertinente del fallo en donde se reconoce tal nulidad. Por lo tanto, pedirla no significa salirse del campo del Derecho Internacional, ni mucho menos pretender que el asunto se solucione mediante un conflicto bélico. El fallo tiene causales de nulidad y no sólo puede ser objeto del recurso de revisión.
Y aquí surge nuestra segunda protesta. En esta Sala se ha manifestado que únicamente puede recurrirse de revisión. Pero resulta que el Derecho Internacional consagra lo contrario, y hay normas y tratados vigentes que permiten a un país recurrir de nulidad en contra de un laudo por el vicio de exceso de poder. Hay decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre la materia. La pregunta que nos hacemos es por qué, entonces, se desea limitar o minimizar la defensa de Chile.
En tercer lugar, señor Presidente, aquí no se ha aclarado que el fallo arbitral forma parte de un acuerdo total. En efecto, hubo acuerdo global que permitió resolver, por la vía directa, veintitantos puntos; otro, mediante arbitraje, y un último, relativo a Campo de Hielo, a través de un tratado.
Paradójicamente, Argentina no siente que viola el Derecho Internacional cuando no ratifica el tratado sobre Campo de Hielo Sur. ¡Toma del convenio global lo que le conviene y, con posterioridad, rechaza lo que no le conviene! Si la República Argentina no ratifica el tratado sobre Campo de Hielo Sur, obviamente, estará desconociendo el acuerdo total. Y si desconoce el acuerdo total, sencillamente no hay acuerdo y no quedamos obligados, porque no puede tomarse una parte del mismo en forma separada de las demás.
Lamentablemente, señor Presidente, por un exceso de legalismo, de purismo, de apego a una inadecuada interpretación del Derecho Internacional -que no comparte la República hermana de Argentina, porque ellos defienden de otra manera sus derechos-, cedemos lo que legítimamente nos corresponde, no nos decidimos a usar las acciones, dentro del Derecho Internacional, que permiten pedir la nulidad del fallo.
Termino, señor Presidente, adhiriendo a lo que se dijo anteriormente. Esta fue una materia ya tratada en el Senado. ¿Y dónde está la diferencia entre los Senadores que están votando a favor de este proyecto de acuerdo y los que aprobamos el anterior? En la discrepancia sobre el uso que del término "acatar" hizo el Ministro de Relaciones Exteriores. Porque, en el hecho, todos los Senadores estamos de acuerdo, todos creemos que deben impetrarse todas y cada una de las acciones que estén a nuestro alcance. Si preguntara si algún Senador se opone a pedir la nulidad del fallo, si existen razones de Derecho Internacional para ello, estoy cierto de que todos contestarían que ¡No! Entonces, señor Presidente, ¿dónde está la diferencia?
Por estas consideraciones, porque este proyecto de acuerdo es redundante y puede ser mal interpretado en el sentido de que estamos tratando de ratificar el mal uso del concepto "acatar", voto en contra.

El señor PEREZ.- Señor Presidente, la verdad es que aquí se ha producido un problema de carácter reglamentario. Coincido con el Comité Renovación Nacional en cuanto a que este proyecto de acuerdo no debió haberse planteado en el Senado. Ciertamente, cuando hay dos proyectos de acuerdo opuestos, si gana uno automáticamente queda eliminado el otro. Sin embargo, en este caso no hay oposición entre ambos textos. Simplemente, su alcance es distinto: en uno, apunta a la crítica al fallo, y en el otro, se pone énfasis en los derechos recurrentes que asisten a nuestro país como Parte en el litigio. Habiéndose aprobado un proyecto de acuerdo de mayor alcance, no corresponde revisarlo hoy día mediante otro proyecto de acuerdo que no es contradictorio con el anterior, sino que, sencillamente, posee un menor alcance.
Creo, señor Presidente, que estamos empleando una muy mala práctica, porque en el futuro quienes pierdan un proyecto de acuerdo en la Corporación, podrán presentar otro que, aunque no contradiga el primitivo, sí limite su alcance. En tal caso, el Senado tendrá dos opiniones sobre un mismo tema.
Estoy de acuerdo en parte muy sustantiva con el proyecto de acuerdo que hoy se somete a la consideración del Hemiciclo, y creo que nadie podría discrepar de él. Incluso más: disiento de un Senador de estas bancas respecto de la palabra "acatar", porque el texto que nos ocupa también habla, igual que el anterior, aunque con distinto énfasis, del "estudio de las instancias irrenunciables que el Tratado de Paz y Amistad establece para su revisión". Por lo tanto, no descarta esa posibilidad.
Sin embargo, por razones estrictamente reglamentarias, me parece que este proyecto de acuerdo no debió haberse analizado por la Corporación.
Estoy pareado, señor Presidente. Por eso, no voto.

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, apoyo el proyecto de acuerdo, pero deseo hacer dos observaciones formales.
Respecto a lo planteado por el Comité Renovación Nacional en orden a que no debía tratarse porque significaba reabrir de hecho el debate, la verdad es que el texto no apunta a eso y, si se observa su tenor literal, se verá que es distinto del anterior.
En segundo lugar, la argumentación del señor Senador que me precedió sólo sería válida en la medida en que este proyecto de acuerdo fuera absolutamente contrario al anterior, porque, en ese caso, se estaría levantando un proyecto que ya fue derrotado. En cambio, se trata de un proyecto distinto. Puede entenderse la validez de la distinción, pueden valorarse o no las diferencias que tengan, pero lo cierto es que no hay lógica en la argumentación del señor Senador. O, mejor dicho, en su lógica, hay una aceptación de la validez de la presentación del proyecto de acuerdo que hoy nos ocupa.
En seguida, quiero referirme a algo distinto, y doy mis excusas por plantearlo en este momento. No me gusta ironizar sobre nadie y por eso nunca lo hago; tampoco me gusta ser extremadamente severo con la conducta de los colegas, porque nadie puede levantar su voz contra otra persona si de repente cae también en los mismos vicios. Estamos tratando un tema que ha motivado al país entero y al Senado en su conjunto, donde ha provocado una discusión muy larga y seria y, a veces, bastante dolorosa. Con franqueza, lamento que un señor Senador, de manera fútil y extremadamente liviana, haya basado parte de su argumentación respecto del proyecto que nosotros presentamos en un problema de ortografía. Si no le gusta el texto, tiene derecho a rechazarlo; si cree que hubo un error, la práctica entre los Senadores es procurar que se corrija. Pero no corresponde a nuestro señorío estar dando argumentaciones de ese tipo en público.
Voto que sí.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, el 25 de octubre copatrociné un proyecto de acuerdo sobre esta materia, el cual fue votado y aprobado una semana después. Pienso que el que ahora nos ocupa insiste en lo mismo y, por tal motivo, conforme al artículo 185 del Reglamento, no procedería tratarlo.
Si bien es cierto que ambos textos usan las mismas palabras, presentan una diferencia sutil. Nosotros también estamos por el acatamiento del fallo arbitral, pero una vez que se agoten todas las instancias, todos los plazos, todas las acciones y todos los recursos previstos en el Tratado de Paz. Y eso aún no se ha hecho.
Mi voto, señor Presidente, que será negativo, no tiene nada que ver con la decisión que adoptó el Consejo de Seguridad Nacional. Todo lo contrario, respeto su resolución; es un organismo distinto. La gran mayoría de los chilenos estamos de acuerdo con la declaración que emitió. De tal manera que mi voto negativo no persigue criticar la actuación del referido Consejo.
Voto que no.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, esta materia fue tratada y discutida intensamente la semana recién pasada a raíz de otro proyecto de acuerdo, a cuya aprobación concurrí, pues me interpretaba plenamente como chileno frente a un fallo injusto que debe ser revisado por todos los medios.
El actual proyecto, en el fondo, en nada difiere de aquel otro. En esa oportunidad lamenté que circunstancias políticas dividieran a la Corporación respecto de un tema tan delicado. Y estimo que este nuevo texto no tiene otra connotación -negativa, por supuesto- que la de reiterar esa división respecto de una materia en extremo delicada, ante la cual siempre debimos subordinar todo interés político, pues estaba de por medio el interés de la nación.
Por lo tanto, como aquí se reafirma esa división -la que me desagrada y rechazo-, mantengo la posición que tuve en el anterior, y rechazo este proyecto de acuerdo.

El señor THAYER.- Señor Presidente, dejo constancia de que ayer el Senador señor Lavandero me pidió un pareo, pero posteriormente, me he informado de que Su Señoría está pareado con el Honorable señor Cooper. Por consiguiente, debo votar.
Resulta lamentable que en el Senado no hayamos sido capaces de llegar a una expresión unánime sobre un asunto tan importante, a pesar de que, en el fondo, nuestras voluntades son absolutamente unánimes en cuanto al rechazo del fallo de Laguna del Desierto.
¿Por qué ha ocurrido esto? No ha sido por un motivo bajo, sino por uno alto. Como en este arbitraje se tomó un compromiso que quedó entregado al honor de las naciones pactantes, algunos pensaron que ese honor podría verse comprometido con cualquier gesto que no considerara utilizar la palabra "acatamiento", sin prestar el mismo grado de atención a si éste debía manifestarse antes o después de agotar los recursos que el propio fallo contempla.
Se han hecho esfuerzos por resolver este problema, y los realizó prolijamente el Consejo de Seguridad Nacional.
Voté favorablemente el acuerdo sobre la materia adoptado hace un tiempo por el Senado, y no me parece razonable que esta Corporación vuelva sobre el tema, que, además de haber sido ya abordado en este Hemiciclo, fue objeto, con sus propias palabras, de una declaración del Consejo de Seguridad Nacional,
Yo habría estado enteramente de acuerdo con un proyecto que se refiriera a lo que en parte alude el que nos ocupa, que es ratificar y celebrar la coincidencia con el criterio adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional. Pero en un acápite de este proyecto se vuelve al problema del acatamiento y a plantear la duda acerca de si este acto es o no es previo al uso de los recursos. En todo caso -quiero decirlo francamente-, estimo que él corrige entendimientos mal formulados. En la Sala todos coincidimos en que hay que agotar las instancias de revisión, y que sólo después de eso y de la decisión que se adopte sobre los respectivos recursos, aceptaremos el fallo final.
Señor Presidente, me hace fuerza el hecho de que en parte de este proyecto estemos volviendo a un aspecto ya votado en el Senado. Por esta razón, voto negativamente.

El señor URENDA.- Señor Presidente, la forma anodina del texto en votación, y el reconocimiento implícito por parte de los integrantes de la Concertación acerca de la extraordinaria importancia del Consejo de Seguridad Nacional, podrían inducir a mirarlo con simpatía. Sin embargo, al margen de las consideraciones expuestas por diversos señores Senadores -como los Honorables señores Larraín y Otero, con quienes coincido en su planteamiento-, me referiré a dos circunstancias que me preocupan, porque ponen en evidencia la verdadera intención de este proyecto de acuerdo.
En el fondo, cuando uno escucha a quienes fundamentan la posición favorable a él, se encuentra con dos cosas. Primero, con el verdadero temor de que a algún chileno se le ocurra hallar un argumento para echar abajo la sentencia o para su eventual nulidad. Hay una indudable preocupación, y, por ello, en una forma que no resulta adecuada para el Senado, pretenden confundirse dos conceptos que, sabemos, son esencialmente distintos. Uno, la actitud de declarar insalvablemente nulo un fallo, en el sentido de prescindir de toda norma de Derecho para acatarlo, y otro, la eventualidad de que la sentencia sea efectivamente nula, y de que dentro de las normas que el Derecho consulta se invoque esa nulidad.
Tal confusión, unida a esa preocupación reiterada, ha despertado un verdadero pánico. Afortunadamente, algunos justos están salvando en este momento a la Concertación, y distinguidos personeros de la Democracia Cristiana han podido apreciar que hay argumentos que hacer valer y que deben ser estudiados a fondo.
Por consiguiente, rechazo el intento de pretender confundir la posición que se ha adoptado con la que equivocadamente tuvo Argentina en el pasado, y también, como es obvio, esa intención sutil de que este asunto pase pronto, a fin de no vernos abocados a la incómoda situación de tener que hacer valer nuestros legítimos derechos.
Y, en segundo lugar, reclamo por la reiterada afirmación de algunos señores Senadores de la Concertación -que han repetido en la Sala- para atribuir a la Oposición un sentido político en un problema de interés nacional. Y ese sentido político consistiría en haber declarado que consideramos el fallo inicuo y errado, en decir que el dictamen debe estudiarse a fondo para ver si caben recursos en su contra. El sentido político que queremos darle es que jamás nos saldremos del campo del Derecho, y que de ninguna manera deseamos perturbar las relaciones con Argentina.
La verdad es que el único sentido político es el que quiere adoptar el Gobierno, porque, so pretexto de tratarse de un asunto de interés nacional y de Estado, pretende simplemente que el país entero -incluida la Oposición- apruebe todos los pasos que realice en la materia, por equivocados que éstos sean. De modo que el carácter político no lo hemos dado nosotros, por cuanto no nos hemos salido de lo que, a nuestro juicio, corresponde al deber de todo chileno, cual es hacer cuanto esté a nuestro alcance para defender, por la vía del Derecho, nuestros legítimos intereses. El sentido político ha sido adoptado por una autoridad que comete errores y quiere que éstos sean olvidados y, aún más, que sean aprobados.
Por consiguiente, coincidiendo con el sentir que hemos expresado, no cabe sino rechazar este proyecto de acuerdo, porque, más allá de su texto, existe la clara intencionalidad que ha quedado de manifiesto en la Sala.
Voto que no.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, Honorables colegas, creo que en una materia de esta naturaleza habría sido bueno y conveniente que el Senado hubiese tenido una sola posición, o bien, que ésta hubiera sido claramente mayoritaria. Porque el interés del país lo reclama y, además, porque es positivo que una nación, frente a un problema internacional, más allá de las palabras, esté unida en el espíritu y en la necesidad de encarar juntos una situación adversa.
Por eso, estimo que ante la situación en que nos encontramos, es necesario precisar muy bien las cosas, a fin de que la opinión pública, tanto nacional como extranjera, conozca nuestra real posición sobre este asunto. Más aún cuando estamos en presencia de un fallo claramente contrario a los intereses nacionales. Y no sólo es malo porque no nos concede lo que en justicia nos corresponde, sino, además, porque en su parte medular comete un error jurídico fundamental. En efecto, en los términos del Compromiso suscrito por ambas naciones se estableció claramente que los árbitros debían sujetarse en su decisión al Laudo Arbitral de 1902. Y el fallo, al interpretar y aclarar, no sólo se aparta de la historia, sino, también, del espíritu mismo de la resolución de dicho Laudo. En una interpretación realmente abusiva, acoge la tesis chilena de esos años, que el propio Laudo no hizo suya. Recordemos que tampoco hizo suya la tesis argentina, y que buscó una solución transaccional.
A mi juicio, ése es el error más grave apreciable en esta sentencia. Por ello, creo que lo razonable habría sido que los Senadores hubiésemos entregado una posición clara al respecto, y no una dividida, como ha ocurrido, no tanto en la letra de los proyectos de acuerdo, como en su espíritu, en lo que hay detrás de cada uno de ellos. Aquí no hay una discusión semántica, sino un problema de fondo, y sobre eso quiero llamar la atención del Senado.
Han surgido algunas voces, algunos planteamientos, que no quiero descalificar, porque creo que, al igual que los nuestros, están animados por el deseo de obtener lo mejor para el país. Pero se ha llegado a decir que una materia como ésta no la debe decidir un Gobierno político de turno. ¡Qué peligroso es eso, incluso para las bases del sistema democrático! Se ha afirmado que debemos plantear la nulidad del fallo. Senadores han dicho eso; altos dirigentes de partidos políticos, no cualquier dirigente. Entre ellos se cuenta, nada menos, uno que ha sido el líder de la Derecha Política del país por décadas, y que pide, incluso, la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores. Ante tales afirmaciones, nos parece indispensable no dejar duda alguna respecto de nuestra posición. Y, para ello, entraré al fondo del asunto.
Lo que hay que definir es qué correspondía hacer al Gobierno democrático, al Gobierno elegido por la voluntad del pueblo; cuál es el camino que debía seguir. Estaba obligado a cumplir con el Tratado de Paz y Amistad. Y lo digo con toda libertad: fui uno de quienes lo celebraron cuando se firmó, y no sólo ahora, porque en estas materias nunca me ha movido un interés político o partidista. Y creo que el Gobierno de la época hizo un gran aporte a la patria al suscribirlo, en medio de una situación muy difícil. En ese entonces, el país y nosotros, que -como muy bien recordaron algunos señores Senadores- nos encontrábamos en una posición bastante complicada, no hicimos cuestión del asunto y respaldamos el Tratado de Paz y Amistad. Y así procedieron algunos chilenos en el extranjero, incluso en Argentina. Por eso, hoy tenemos autoridad moral para hablar, y pedimos que el tema se trate con elevación.
Por nuestra parte, no podemos sino decir que lo que correspondía hacer era exactamente lo que el Gobierno ha hecho, porque el Tratado de Paz y Amistad es clarísimo al respecto: dice que la sentencia es obligatoria.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Excúseme, señor Senador. Debo hacerle presente que lleva ya ocho minutos.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Si se me pone un plazo, si no hay generosidad, me veré en la obligación de concluir mi intervención en la hora de Incidentes. De modo que solicito a la Sala que me autorice a continuar por esta vez.

El señor LARRE.- De acuerdo, señor Senador.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede concluir la fundamentación de su voto el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Muchas gracias.
Decía, pues, que en la cláusula correspondiente del Tratado de Paz y Amistad quedó en claro cuál debía ser la conducta de los Estados firmantes. Y ello no se hizo porque sí. La razón de la cláusula es que en 1977, con relación a la misma materia, en un proceso similar, por parte de Argentina no existió una actitud de respeto del Derecho Internacional. Cuando se dictó el laudo que resolvía la suerte del Beagle, la nación vecina, al revés de Chile, dijo primero que lo iba a estudiar; después agregó algo más: que quería negociar bilateralmente con nuestro país, a fin de delimitar los mares que comprendía. Y, finalmente, 9 meses después, el 25 de enero de 1978, emitió una declaración que realmente quedará para los anales del Derecho Internacional, pues, unilateralmente, señalaba la nulidad insanable del fallo. Por eso, ante un absurdo jurídico tan grande, ante una falta al honor comprometido, cuando correspondió a Su Santidad mediar, se estableció expresamente -no ya en forma implícita, en normas de Derecho Internacional- que los fallos o sentencias que se dictaran para resolver los eventuales conflictos sólo serían susceptibles de revisión ante errores de hecho o cuando se acompañasen pruebas falsas.
En consecuencia, en esa cláusula se delimitó sustancialmente la actitud que correspondía asumir a las partes, a fin de que éstas se ciñeran con rigor a la resolución del fallo y no tuviésemos que asistir a una reacción grotesca, como la fundamentación de la decisión argentina a que he hecho referencia. Recordemos que la declaración de nulidad insanable del fallo se basó, primero, en que se habían deformado las tesis argentinas; segundo, en que contenía opiniones sobre cuestiones litigiosas no sometidas a arbitraje; tercero, en contradicciones en el razonamiento; cuarto, en vicios de interpretación; quinto, en errores geográficos e históricos, y sexto, en una supuesta falta de equilibrio en la apreciación de la argumentación y de la prueba producida por cada Parte.
Por tales razones, veo una coincidencia absoluta entre la actitud que asumió nuestra Cancillería en esa oportunidad, a través del ex Ministro de Relaciones Exteriores, don Patricio Carvajal, ya fallecido, y la conducta del actual Canciller, don José Miguel Insulza. ¿Qué dijo el ex Ministro de Relaciones Exteriores don Patricio Carvajal, en representación del Gobierno chileno, cuando tuvo que enfrentarse ante tal absurda decisión de Argentina?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Advierto al señor Senador que la Mesa considera que, por el tiempo, su fundamentación de voto, es más bien un discurso.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, solicito, y Su Señoría comprenderá las razones que tengo...

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa estima que ya ha fundamentado suficientemente el voto.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Quiero concluir, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Muy bien.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Decía que el señor Carvajal señaló que el Gobierno argentino se había salido del Derecho Internacional, y le expresó que el fallo era legalmente obligatorio desde el momento de su notificación. Incluso, hizo saber que la posición trasandina era tan feble que ni siquiera podía haber intentado un recurso de revisión, al que ambas partes podían acceder.
Por ello, cuando hoy decimos que el fallo es obligatorio y debe acatarse, no significa que el Gobierno no hará uso de los derechos que le corresponden. Puede plantear el recurso de revisión, en los términos en que lo he señalado, y también -como lo hizo presente en sesión pasada un señor Senador en esta Sala- el de interpretación, aclaración o enmienda respecto a la sentencia. En ese sentido hay que entender las cosas. Pero, apartarnos de este criterio y buscar caminos en los que nuestra voluntad no quede claramente expresada, es orientar la conducción de nuestras relaciones exteriores a una situación difícil no sólo con la República de Argentina, sino también con otras naciones con las cuales el país tiene aún asuntos limítrofes pendientes.
Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos...

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- ¿Cómo vota Su Señoría?

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, hoy levanto mi voz para votar, pero también para respaldar al Gobierno, por su forma de actuar, y al Ministro de Relaciones Exteriores, porque ha cumplido cabalmente con las obligaciones que le corresponden.
Voto a favor del proyecto de acuerdo que hemos presentado.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).- Me pronunciaré a favor del proyecto de acuerdo. Quiero sí dejar constancia de que en las bancadas de la Oposición no existe la misma conducta: todos señalan que debe acatarse el fallo, pero no tienen igual posición. Unos, hablan de la posibilidad de nulidad, y otros, de la necesidad de cambiar el procedimiento, de tachar el tribunal, etcétera. Y ésa es la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros estamos por el cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1984, en cuanto a acatar el fallo en todas sus consecuencias, sin renunciar a ninguno de los derechos que el mismo nos otorga. Deseo dejarlo bien establecido. En las intervenciones de los Senadores de la Oposición se observa una gran diferencia y, por lo mismo, al no tener claridad sobre el acatamiento del fallo, aprobaron otro proyecto de acuerdo.
Por último, quiero decir al Senado que cuando se traten nuevamente materias tan delicadas en las cuales están involucradas nuestras relaciones internacionales y problemas conflictivos con nuestros vecinos, ojalá se haga en sesión secreta. De esa manera, a mi juicio, va a existir mucho más ponderación y prudencia y, a lo mejor, no se van a utilizar subterfugios reglamentarios, en una actitud contradictoria evidente, para pedir segunda discusión. En efecto, pese a haberse reconocido que el acuerdo presentado por nosotros era igual al formulado por la Oposición, se pidió segunda discusión y no refundir ambos proyectos, a fin de lograr un acuerdo unánime en función del interés del país.
El acuerdo de hoy -si se logra- será la expresión de una mayoría, al igual que el aprobado la semana pasada; pero, en el fondo, no hay un acuerdo único del Senado que respalde la posición del país y defienda el interés de todos los chilenos.
Voto a favor del proyecto de acuerdo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DIEZ.- Señor Presidente, comprendo íntegramente la seriedad de los acuerdos del Senado respecto de una materia de suyo delicada. Porque no me cabe duda alguna de que la hermana República de Argentina -nuestra contraparte- estudiará con todo cuidado la redacción de los acuerdos a que lleguen los organismos públicos y con mucho menos importancia la opinión individual de cada uno de nosotros.
La declaración del Consejo Nacional de Seguridad está cuidadosamente redactada y así también estimo que lo está el proyecto de acuerdo que aprobamos la semana recién pasada. El que nos ocupa, que no tiene circunstancias de fondo fundamentalmente distintas, carece de esa redacción cuidadosa. Por eso, no es conveniente para el país, y voy a dar las razones.
¿Qué dice esta resolución? Señala: "En sesión del 25 de octubre pasado y con la presencia y participación del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el Senado trató extensamente acerca del fallo dictado por el Tribunal Arbitral convenido con Argentina para fijar la traza del límite en la zona de Laguna del Desierto.
"En esa oportunidad se hizo presente, en forma unánime, la profunda injusticia de dicho fallo.".
En seguida, y aquí está mi disconformidad con el texto, expresa: "Al mismo tiempo -y sin perjuicio" (no figura a continuación la preposición "de") "la voluntad de acatar esa decisión-". El adjetivo "esa", se refiere a la sentencia dictada por el Tribunal Arbitral. Esa decisión no puede ser acatada; será procesalmente impugnada. Lo que va a acatar el Gobierno de Chile no es "esa decisión", sino la que se dicte en los recursos que interponga. Por eso, a mi juicio, esta redacción es peligrosa, ya que se usará para demostrar que el Senado estuvo dispuesto a acatar esa decisión.
Luego de la frase "sin perjuicio la voluntad de acatar esa decisión" -la que ya se dictó-, se señala "se propició el estudio de las instancias irrenunciables". No se habla de recursos, sólo se anuncia el estudio de las instancias irrenunciables. Por lo tanto, hay una falta de determinación en el lenguaje y una debilidad en el juicio, lo cual no se debe -estoy seguro- a que esto represente el interés de quienes lo firmaron, sino a la rapidez con que el acuerdo se redactó. Es distinta la declaración del Consejo de Seguridad Nacional, por cuanto no concuerda ni coincide con los criterios señalados; se refiere a recursos, no a estudios; no acata "esa decisión", sino que estudia "esa decisión" para interponer los recursos correspondientes.
Por eso, creo que este acuerdo, no obstante nuestra coincidencia en la intención de quienes lo firmaron, no es conveniente para el Gobierno de Chile. Porque, así como yo lo interpreto de buena fe, ya que conozco a sus autores y su intención, los abogados de la parte contraria lo harán de otra manera y con otra intención. Y el Senado no puede contribuir a formar los argumentos, por más débiles que sean, en una materia tan delicada como la que nos ocupa.
Por esas razones, y no por alguna consideración de carácter político, no sólo voto en contra de este proyecto de acuerdo, sino que pido a mis Honorables colegas que reconsideremos esta materia en la medida en que ello sea posible, o como lo sugiera la Mesa.
Voto en contra.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, se han expuesto muchos argumentos, y quiero reiterar un concepto respecto del cual se ha intentado atemorizar o confundir a la opinión pública y, por cierto, también al Senado.
Debo aclarar que, al tratar este punto y emitir nuestras opiniones al respecto, no pretendemos crear dificultades con el pueblo argentino. No es un problema con una nación con la cual estamos dispuestos a trabajar en forma unida en los ámbitos comercial, político y otros. El nuestro es un problema con un fallo que algunos han calificado de aberrante, injusto e inaceptable; y, desde esa perspectiva, sólo corresponde hacer uso de todos los mecanismos e instrumentos que estén a nuestra disposición, dentro del Derecho Internacional y de las cláusulas del propio Tratado que lo motivó, para garantizar y salvaguardar los intereses de nuestro país.
Los intereses de Chile y un conflicto -que no es con la vecina república- son las materias que nos guían.
Aquí, el tiempo ha ido entregando elementos y antecedentes. Para nadie es un misterio -y no ha sido desmentido- que el propio Gobierno, según las palabras del ex Canciller, aceptó la tesis de que no se adoptaran acuerdos de equidad, sino tesis completas.
Ello -que reviste extrema gravedad y que, como dije, no ha sido desmentido-, forma parte de negociaciones e informaciones que no se conocieron en su oportunidad, y que nos llevaron a proponer un proyecto de acuerdo sobre el cual ya se pronunció el Senado -en lo sustancial, los dos se refieren al mismo tema-, por lo cual concuerdo con quienes han invocado el artículo 185 del Reglamento, ya que el proceder a esta discusión requiere de un procedimiento excepcional.
Estamos votando, y vamos a expresar una opinión; pero ciertamente, como lo ha recordado el Honorable señor Diez, estos argumentos van a ser utilizados también en contra de los intereses de Chile.
Quiero expresar mi preocupación ante el hecho de que cada vez que se produce un problema político de magnitud en nuestro país, suele ser corriente que se argumente de que debe evitarse su aprovechamiento político, como si el hacerlo o no hacerlo dependiera de las posturas, de las actuaciones o de lo que se diga frente a las políticas de Gobierno. Rechazo enérgicamente tal predicamento. No es posible que para que no haya aprovechamiento político se tenga simplemente que decir "Amén" o "Estoy de acuerdo con todo lo dicho u obrado". Ya hemos escuchado anteriormente, frente a otros acontecimientos políticos importantes, el mismo argumento. ¡Si aquí no hay aprovechamiento político; hay opiniones legítimas que, como he dicho, el tiempo se ha encargado de robustecer y aumentar cada vez más!
Por tales razones, voto en contra.

El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, en mi opinión, la fuerza del procedimiento seguido en esta ocasión para confundir a la opinión pública hace necesario que nos tomemos un tiempo para esclarecerlo, pues nadie podrá explicarse que el Senado de la República, que hace diez días aprobó un proyecto de acuerdo sobre el tema, hoy día adopte otro sobre la misma materia.
Aquí se aduce que se ha hecho uso político de esta situación y se lo imputa a los sectores que conforman la oposición política. Lo cierto es que, desde estas bancas, se ha buscado resguardar el interés nacional, procurando desde un comienzo que el Gobierno rectificase su precipitado proceder de anunciar el acatamiento de un fallo no ejecutoriado ni revisado.
Yo preguntaría quiénes han cometido el error político de endurecerse en el error. Debimos lamentar acá una intervención frustrante de parte del señor Canciller, en la cual realizó una alegación que no hizo sino acrecentar el error de esa Secretaría de Estado, y en la que las argumentaciones y debilidades esgrimidas fueron llevadas a una posición irreductible.
Pero la acción de la Oposición en esta materia ha ido dando frutos, y es así como el Presidente de la República ha iniciado un movimiento rectificatorio y ha llamado a diversos juristas para analizar el fallo. Y estas instancias están operando. Incluso en sectores de la Concertación se han empezado a oír voces que llaman a revisar el fallo. Ello demuestra que nuestra acción en orden a velar por el interés nacional está dando frutos. Por lo tanto, en ningún caso puede ser descalificada.
Se planteó en esta Corporación la posibilidad de emitir un proyecto de acuerdo sobre el tema, y hubo al respecto dos posiciones. Una, más enfática en cuanto a agotar las instancias legales para revisar un fallo que consideramos tremendamente injusto; y otra, anodina en ese sentido.
El proyecto de acuerdo que recogía la primera posición se aprobó hace diez días. Y este solo hecho implicaría descartar y desestimar el proyecto de acuerdo que hoy día se somete a nuestra consideración. Se ha invocado acá un artículo de nuestro Reglamento que trata esta materia, y creo que la Mesa comete un gran error al haber sometido el punto a la Sala y a la votación en la cual nos encontramos. Estimo que ello confunde la situación.
Pero lo importante es que nosotros ya hemos resuelto esta materia, y lo hicimos en el sentido de que es necesario agotar las instancias legales en el marco del Derecho para revisar un fallo que es sumamente perjudicial para los intereses de nuestro país.
Y con nuestra actitud, de alguna manera, estamos dando respuesta a una inquietud ciudadana manifestada de diversas formas. Un ex Senador de la República, ha invitado al señor Canciller a renunciar. Yo, en mi calidad de Senador, no me puedo pronunciar sobre el mérito de tal solicitud, pero sí estoy convencido de que representa el sentir de amplios sectores de la ciudadanía.
Un prestigiado comentarista dijo ayer que, a la luz de la actitud asumida por el Gobierno, al parecer, el país se encuentra clínicamente muerto, ya que le sacan un pedazo de su ser y no tiene reacción alguna. El Senado, en cambio, con el proyecto de acuerdo aprobado la semana pasada, dio una clara señal de que está en la sintonía del sentir nacional, porque en él se pide agotar todas las instancias legales, en el marco del Derecho, para lograr la revisión de ese injusto fallo. Este proyecto de acuerdo anodino que hoy se nos presenta no guarda relación con el que aprobamos hace diez días. Por eso, no tiene sentido apoyarlo. Incluso es parte de una materia ya resuelta por el Senado y que, por lo tanto, no debiera ser votada.
Voto que no.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, hace 15 días que firmamos el proyecto de acuerdo. Desgraciadamente, se han vuelto a producir encendidas intervenciones respecto de algunos puntos delicados, referentes a nuestras relaciones con Argentina. Se ha vuelto a hacer alusión a la ambigüedad, al honor de Chile y a que esta situación afecta nuestras relaciones con el vecino país. Y ello no es así.
En mi opinión, si algo claro se ha producido en el último tiempo, ha sido la prudencia con que se ha tratado lo relativo a nuestras relaciones con el país trasandino. Pero también nos hemos dado cuenta -y con beneplácito- de que el país vibra, está atento y está vivo frente a un problema bastante serio, como es el de la pérdida de 500 y tantos kilómetros cuadrados.
Los problemas internos son duros. Y si bien se han formulado críticas internas fuertes respecto al manejo político de esta situación, así como a la designación de los árbitros, etcétera, de ellas debemos sacar experiencias. Es así como ha ido mejorando nuestra relación de política de Estado y nuestra reacción como país. La prudencia con que ha actuado Chile es muy distinta a aquella con que se enfrentaban estos problemas hacia fines del siglo pasado y a comienzos de éste con respecto al arbitraje.
Ahora, tanto la declaración que hicimos hace 15 días como ésta no son tan distintas. Pero también debo reconocer que en esta declaración hay una participación del Consejo de Seguridad Nacional, que respeto mucho, y, según he tenido conocimiento, a este organismo le cupo una excelente intervención. Sin perjuicio de ello, voto que no.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Antes de que se dé el resultado de la votación, deseo hacer una aclaración a algunos señores Senadores que han sostenido que hemos actuado de un modo ligero o arbitrario.
La verdad es que hemos procedido a revisar el acta de la sesión correspondiente. En esa oportunidad, el Comité Renovación Nacional, a través del Honorable señor Piñera, solicitó en forma expresa segunda discusión sobre este proyecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del Reglamento, que señala que "Tendrán segunda discusión todos los asuntos sometidos a la consideración del Senado, cuando lo requiera un Comité".
En segundo lugar, el artículo 185 del Reglamento dispone que "Aprobado o desechado en su totalidad un proyecto", etc. En el caso concreto que nos ocupa, la iniciativa no ha sido aprobada ni desechada. En consecuencia, desde el punto de vista de la Mesa, este precepto no es aplicable para los efectos de que no hubiésemos tratado esta materia.
En tercer lugar, es obvio que se trataba de dos proyectos de acuerdo distintos. Por lo tanto, no podrían ser considerados como una misma y esencial materia. Por eso, cuando se discutió este asunto en la respectiva reunión de Comités, advertimos acerca de las implicancias que podía tener el hecho de que un Comité solicitara el retiro o segunda discusión del proyecto de acuerdo. Lo hicimos presente antes de que se produjera la situación a que se llegó. Por eso, en su oportunidad, solicitamos, ya no como Comité de ninguna bancada, sino como Mesa, tanto el Honorable señor Valdés como el que habla, que no se tratara, porque se iba a producir este fenómeno.
Además, la Secretaría hizo bien en poner este asunto para el Tiempo de Votaciones de esta sesión. De modo tal que la razón que tuvimos para que se procediera a votar, en nuestra opinión, se ajusta perfectamente al Reglamento.

El señor GAZMURI.- Muy bien, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- También se ha producido una situación que deberemos resolver de inmediato.
El Honorable señor Sule se pareó el 8 de noviembre pasado con el Honorable señor Letelier, según constancia que tiene la Mesa. En consecuencia, el voto del Senador señor Sule no tiene validez.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 14 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 3 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Feliú, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz-Esquide, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Diez, Fernández, Horvath, Larraín, Martin, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Prat, Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda.
No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Pérez y Valdés.

El señor LARRE.- Sólo quiero dejar constancia de que no ha sido correspondido el pareo del Senador señor Romero por una circunstancia muy especial y personal.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento, podríamos dar por repetida la votación, con lo cual tendríamos que votar en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.

El señor PRAT.- Pido que se vote de nuevo, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Muy bien.

El señor SINCLAIR.- Solicito que se vote ahora.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si no hay acuerdo, procederemos a votar de inmediato.

El señor CANTUARIAS.- Otorgando 15 minutos para que cada uno fundamente el voto.

El señor LARRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Ojalá, sin fundamentar el voto.

El señor LARRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Por supuesto.
El señor LARRE.- En atención al planteamiento que hice en la primera votación, en cuanto a que no había votado el Honorable señor Romero por considerar que estaba pareado, voy a cambiar su pareo por el mío que mantengo con la Honorable señora Carrera.

El señor GAZMURI.- Perdón, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, aquí se está produciendo un problema muy complicado.
Como Comité Socialista debo informar que estoy pareado con el Honorable señor Larre, Comité de Renovación Nacional, quien hizo ver que estaba pareado al momento de producirse la votación anterior. Como no he levantado ese pareo, me parece complicado que pueda producirse la circunstancia que acaba de señalar el Honorable señor Larre, al levantar unilateralmente un pareo. Entiendo que no todos los pareos tienen la virtud reglamentaria de estar inscritos.
En otras palabras, quiero hacer ver que lo que se está haciendo de alguna manera puede hacer crisis, porque si no enfrentamos esta situación en forma muy serena, se pone en peligro la credibilidad de los pareos de palabra. De producirse este tipo de desconfianzas, ello significaría que tendríamos que dejar de lado esta institución.
En mi opinión, ésta no es una cuestión menor, porque podemos vernos obligados a tener que desechar una vieja tradición del Senado, como es el pareo no inscrito, según lo establece el Reglamento. El señor LARRE.- Señor Presidente, yo daba por sentado -porque siempre he tenido la buena disposición de entregar pareos a cualquier Comité en cada oportunidad en que me lo han solicitado, y en atención a que consideraba pareado al Honorable señor Romero, que resultó no estarlo, de acuerdo con lo que sucedió en la Sala- de que habría igual buena disposición de parte del Comité Socialista para aceptar este cambio de persona, debido -como digo- a que el Honorable señor Romero se retiró de la Sala por considerar que estaba pareado. Sin embargo, como aquí se ha manifestado que no se da el consentimiento para efectuar dicho cambio, debo acatar esa decisión.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Procederemos a repetir la votación.
En votación.
-(Durante la votación).

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, quiero saber si votó el Senador señor Muñoz Barra.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En esta segunda oportunidad, no ha votado.
El señor SINCLAIR.- Entonces, no puedo votar, porque estoy pareado con Su Señoría.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Resultado de la votación: 12 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y 3 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Matta, Núñez, Páez, Ruiz-Esquide, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Diez, Fernández, Horvath, Larraín, Martin, Mc-Intyre, Otero, Prat, Siebert, Thayer y Urenda.
No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Pérez y Sinclair.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En virtud del artículo 182 del Reglamento de esta Corporación, el proyecto de acuerdo queda para Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente.


VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaría.
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-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Bitar:
INFORMACIÓN SOBRE PENSIONES ASISTENCIALES VIGENTES EN EL PAÍS
"Al señor Subsecretario de Previsión Social, a fin de que remita un informe con el listado, con porcentajes y estadísticas, de las pensiones asistenciales vigentes en cada una de las regiones del país.".
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Del señor Cantuarias:
EDUCACION EXTRAESCOLAR Y PROYECTOS FINANCIADOS POR FONDART
"Al señor Ministro de Educación, solicitándole que informe respecto de los proyectos de fomento y desarrollo de la educación extraescolar en las unidades educativas, realizados en los años 90, 91, 92, 93 y 94, con distribución regional asignada, como también acerca de los proyectos aprobados y financiados por el FONDART.".
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Del señor Frei (don Arturo):
MEJORAMIENTO A PERSONAL DE DIPRECA
"Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que se estudie la posibilidad de presentar como proyecto de ley el anteproyecto actualmente en estudio que mejora las rentas del personal de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.".
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PASO ANCHO (OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de financiar el diseño y la ejecución del proyecto que permitiría obtener agua en Paso Ancho, comuna de San Fabián, provincia de Ñuble, Octava Región.".
PAVIMENTACION DE CAMINO N° 31, SECTOR TRES ESQUINAS (OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de incluir en el presupuesto de ese Ministerio para 1996 la ejecución de la segunda etapa de pavimentación del camino N° 31, sector Tres Esquinas-San Fabián, en la provincia de Ñuble, Octava Región.".
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ESTERO GRANDE (OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva informar acerca del programa de ejecución del puente sobre el Estero Grande en la comuna de San Fabián, provincia de Ñuble, Octava Región.".
TRABAJOS EN CAMINO N° 31, SECTOR SAN FABIAN
(OCTAVA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de realizar trabajos en el camino N° 31, sector San Fabián-La Punilla, tramo de 25 kilómetros, entre San Fabián y Caracoles, en la provincia de Ñuble, Octava Región.".
AMPLIACION DE PABELLONES QUIRURGICOS DE HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO
"Al señor Ministro de Salud, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de financiar la ejecución del proyecto de ampliación de pabellones quirúrgicos del Hospital Las Higueras de Talcahuano.".
CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PARA HOSPITAL LAS HIGUERAS DE TALCAHUANO
"Al señor Ministro de Salud, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de financiar el proyecto de construcción de una "Planta Generadora de Oxígeno para el Hospital Las Higueras", de Talcahuano, en la Octava Región.".
CONSTRUCCION DE JARDIN FAMILIAR EN TOME
"Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de financiar la construcción de un jardín familiar en el sector de Cerro Navidad de Tomé, jurisdicción de la Junta de Vecinos N° 10 de esa comuna.".
TRASLADO DE 5ª COMISARIA DE QUIRIHUE (OCTAVA REGION)
"Al señor General Director de Carabineros de Chile, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de mantener la categoría del cuartel de la 5ª Comisaría de Quirihue y no trasladar la unidad base de esa ciudad.".
ELECTRIFICACION DE SECTOR RINCO I DE LA COMUNA DE TOME
"Al señor Intendente Regional de la Octava Región, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de que en el año 1995, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se proceda a la electrificación del sector Rinco I de la comuna de Tomé.".
CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO "HUMAN" DEL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO EN OCTAVA REGION
"Al señor Director Nacional de la' Dirección General de Deportes y Recreación, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de apoyar el financiamiento del proyecto "Construcción del complejo deportivo Human del Servicio Agrícola y Ganadero" de la Octava Región.".
FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL DE SAN FABIAN DE ALICO (OCTAVA REGION)
"Al señor Director Nacional de la Dirección General de Deportes y Recreación, con el objeto de que se sirva estudiar la posibilidad de ayudar financieramente a la municipalidad de San Fabián de Alico en las obras de mejoramiento del Estadio Municipal.".
)-----------(
De la señora Frei (doña Carmen) :
RESPUESTA A SOLICITUD DE JUNTA DE VECINOS DE ANTOFAGASTA
"Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, a fin de que informe sobre solicitud presentada por la Junta de Vecinos La Portada de Antofagasta, que se hizo llegar a Su Excelencia el Presidente de la República.".
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA MENORES EN LA SEGUNDA REGIÓN
"A la señora Directora del Servicio Nacional de Menores, del Ministerio de Justicia, con el objeto de solicitar que tenga a bien remitir mayor información respecto a la construcción de un Centro para menores en la Segunda Región, según lo comunicado en artículo publicado en el diario "El Mercurio", de 15 de octubre.".
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Del señor Horvath:
DECLARACIONES SOBRE TENENCIA DE TIERRAS EN LAGUNA DEL DESIERTO
"A la señora Ministra de Bienes Nacionales, a fin de que aporte al Senado los antecedentes a que se refirió el señor Subsecretario de esa Cartera en declaraciones a la prensa, respecto de la tenencia de tierras en el área de Laguna del Desierto, y que relativizan los derechos de los originales colonos en el área.".
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Del señor Larraín:
PLANTA DE MUNICIPALIDAD DE LINARES
"Al señor Ministro del Interior, manifestándole que el Ministerio del Interior fijó la Planta de la Municipalidad de Linares, pero se ha presentado una gran interrogante al constatar la supresión de 14 cargos creados en la proposición despachada por ese municipio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por lo que le solicita dar a conocer los motivos de tal medida y la manera de resolver el problema.".
DAÑOS POR TRABAJOS DE EMPRESA COLBUN EN RIO MAULE (SEPTIMA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, señalándole que el 4 de agosto le solicitó información relativa a los trabajos que se realizarán para enfrentar las crecidas de los ríos y las valiosas pérdidas de extensiones de terreno que ellas producen, pero que la respuesta del señor Ministro sólo hizo referencia a las obras proyectadas, y dejó aún en interrogante lo que sucederá con aquellas personas que se han visto seriamente dañadas por las crecidas, especialmente del río Maule, cuyo caudal está en directa relación con las operaciones de la Empresa Generadora de Colbún.
"Por lo expuesto, le ruega dar a conocer las medidas que se adoptarán para compensar las pérdidas de extensiones de terreno provocadas por las operaciones que dicha Empresa realiza en el río mencionado.".
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Del señor Ruiz (don José):
IMPUESTO A USO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN VEHICULOS MOTORIZADOS.
"Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole respuesta acerca de la propuesta del Senador que suscribe relativa al impuesto al uso de gas natural comprimido en vehículos motorizados.".
COBRO DE CARGOS FIJOS EN CUENTAS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, GAS Y TELEFONO.
A los señores Ministros de Hacienda, de Economía, de Transportes y Telecomunicaciones, Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, y Presidente de la Comisión Nacional de Energía, solicitándoles que el Gobierno estudie la modificación del cobro de cargos fijos en las cuentas de agua potable, electricidad, gas y teléfono propuesta por el suscrito.".
INSTALACION DE EQUIPOS PARA DIALISIS EN HOSPITAL DE PUERTO NATALES (DUODECIMA REGION)
"Al señor Ministro de Salud, solicitándole que disponga la instalación de los equipos necesarios para la realización de diálisis a los enfermos renales en el Hospital de la comuna de Puerto Natales, lo que es urgente si realmente se valora la dignidad de estos enfermos.".
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Del señor Siebert:
CONSTRUCCION RUTA 5 HASTA PUERTO MONTT (DECIMA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole, con relación a los anuncios de construcción por el sistema de obras en concesión, de la Ruta 5, en doble calzada hasta Puerto Montt, una orientación sobre esta materia, a fin de poder responder adecuadamente a las justificadas aprensiones que esta situación ha provocado entre muchos empresarios de la Región.".
INACTIVIDAD DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE PALENA
"Al señor Ministro de Obras Públicas, señalándole que en la provincia de Palena los empresarios de la construcción dedicados a obras locales y de pequeña envergadura plantearon como inquietud general la falta de actividad que se presenta para ellos, y solicitaron ver forma de mantener en el tiempo una oferta más o menos uniforme, a fin de evitar el éxodo de estas empresas locales que se produce cuando hay largos períodos de inactividad.".
DEFENSA FLUVIAL PARA SECTOR POBLACIONAL DE CHAITEN (DECIMA REGION)
"Al señor Ministro de Obras Públicas, manifestándole el grave peligro que corre un sector poblacional dentro de esa jurisdicción, lo que hace necesario construir una defensa fluvial adecuada que permita darle tranquilidad y confianza a este sector, porque, de no realizarse, podrían producirse graves daños materiales incluso con riesgo de pérdida de vidas humanas.".
CRITICA SITUACION DE AGRICULTORES DE PROVINCIAS DE CHILOE Y PALENA
"Al señor Ministro de Agricultura, manifestándole que, con fecha 18 de octubre, le representó la crítica situación económica por la que atraviesan los medianos y pequeños agricultores de las provincias de Chiloé y Palena, y ahora le solicita, además, extender a esa zona los beneficios que actualmente recibe la Undécima Región respecto a bonificación de fertilizantes y combustibles, y facilidades para implementar el desarrollo de las praderas y la construcción de galpones, como también estudiar la factibilidad de pagar el IVA cada seis meses.".
SITUACION DE FUNCIONARIOS DE ADUANA DE FUTALEUFU (DECIMA REGION)
"Al señor Director del Servicio Nacional de Aduanas, a fin de que acoja una solicitud que hiciera el señor alcalde de la comuna de Futaleufú el 2 de noviembre de 1994, relativa a las horas extraordinarias y viáticos de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, en el sentido de que se amplíe el monto destinado a este efecto, con cargo al Estado y no a los particulares, como lo concibe la reglamentación mencionada.".
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Del señor Sule:
UTILIZACION DE POZO DE LASTRE DE EL TENIENTE COMO VERTEDERO DE BASURAS (SEXTA REGION)
"A la Intendencia Regional de la Sexta Región y al Servicio de Salud de la misma, sobre la posible utilización de un pozo de lastre, que la División de El Teniente de Codelco estaría traspasando al Gobierno Regional, como vertedero de basuras por varias comunas de la Región.".
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El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que el Honorable señor Díaz presida la sesión en mi reemplazo.
Acordado.
-Pasa a presidir la sesión el Senador señor Díaz.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Siebert.


INCORPORACION DE IDIOMA ALEMAN COMO RAMO DE EDUCACION MEDIA. PROYECTO DE ACUERDO

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, sobre la base de los diversos argumentos contenidos en los considerandos respectivos, presentamos a la Mesa un proyecto de acuerdo firmado por los Senadores señores Romero, Calderón, Páez, Larre, Núñez, Horvath, Fernández, Diez y el que habla, con el objeto de solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya al señor Ministro de Educación a fin de que realice los estudios del caso para incorporar, como opción curricular, la enseñanza del idioma alemán, entre otros, y disponga las medidas administrativas que se requieran para llevar esto a cabo, teniendo en vista la exigencia obligatoria de dos lenguas extranjeras en la educación media.
El proyecto se encuentra en poder de la Mesa a disposición de los señores Senadores, quienes, además, si lo desean, pueden copatrocinar la iniciativa.
En consecuencia, agradeceré tramitar el proyecto mencionado en conformidad a los artículos 99 y 108 del Reglamento.
He dicho.
El señor DIAZ (Presidente accidental).- El proyecto queda para Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.


REFLEXIONES SOBRE LA SALUD EN CHILE. OFICIO

El señor OTERO.- Señor Presidente, deseo plantear dos situaciones en esta tarde.
En primer lugar, quiero señalar que hace dos semanas, a petición del delegado del Capítulo Médico del Hospital San Juan de Dios, fui a visitar este centro hospitalario. En él, pude presenciar las siguientes cosas.
Primero, en la sala auditorio de anatomía, lugar donde se guarda el archivo con los resultados de las biopsias, hacía dos semanas que una cañería estaba filtrándose, rota, por razones de reparaciones que se llevaban a efecto en ese Hospital. El director no sabía de esta situación, y la empresa constructora encargada de los arreglos no estaba dispuesta a repararla por imputar la ruptura a trabajadores del establecimiento. La filtración sigue; nadie se hace responsable, y el archivo mencionado terminará por destruirse.
Luego me llevaron a una sala de rayos X. Se trata de una pieza donde existe un equipo de rayos. El encargado de esa sección nos señaló que esta habitación se filtraba desde hacía dos años, desde que se efectuaron unas reparaciones. ¿Se protegió al equipo? ¡No! Simplemente se lo dejó en desuso. Después de tanto tiempo sin utilizarse, por el polvo y la humedad no funciona.
Frente a esa sala existe otra habitación, donde hay un equipo obsoleto de rayos que lleva 15 años en desuso. Y ahí sigue sin utilizarse, y nadie se preocupa de tomar medidas al respecto.
En seguida, me condujeron al sector de maternidad, donde me indicaron que durante los últimos seis meses sólo ha funcionado parcialmente, con motivo de reparaciones. Pero cuando la entregaron, comenzaron a arreglarse los baños del Hospital. Y como consecuencia de ello, hubo que destruir lo reparado, pues pasaban cañerías por ese sector. Como resultado de esto, maternidad todavía no puede utilizarse. Y así suma y sigue.
Tuve la suerte de encontrarme con el Director de ese centro hospitalario y con una persona a la que le pregunté si conocía a la empresa constructora, a lo que me respondió que sí, y que era socio. Le pregunté por el problema de la sala auditorio de anatomía, a lo que respondió: "¡ah!, resulta que en el hospital me boicotean". Pero le insistí en que desde hacía dos semanas existía una filtración como consecuencia de las reparaciones. Se encogió de hombros. Le volví a señalar lo que pasó con estos proyectos, donde, por ejemplo, terminada una sala, se cayó un vidrio sobre una cuna, la que, por suerte, se encontraba vacía, y se ha tenido que reparar nuevamente todo lo ya entregado y recibido. No hubo respuesta suya ni del Director del Hospital. Es más, el Director del servicio de maternidad me dijo: "Estos son los fórceps de que dispone el servicio, y por tales y cuales razones se solicitó su reemplazo, y resulta que nos mandaron unos fórceps chinos, que no sirven. Les hicimos saber que deben cambiarlos, a lo que nos respondieron negativamente, por lo que no podemos usar estos elementos". Y lo mismo ocurre con instrumental quirúrgico.
Señor Presidente, ¿qué demuestra lo que señalo? Primero, que nadie asume responsabilidades en el sector salud. Porque el Director del Hospital dice que no es problema suyo, sino del Director de área. Según se me dijo, el área responde que, por razones económicas, no pudo considerar la reparación total, por lo que ésta debió efectuarse por partes. Pero a nadie le preocupa el hecho de que cuando se hace un arreglo, y después otro, todo lo reparado anteriormente se vuelva a destruir. Por consiguiente, la solución al problema de salud no se debe a falta de recursos económicos, sino a problemas de administración, la que se halla concentrada. Los directores de hospitales -como indicó el del Hospital San Juan de Dios- no tienen potestad decisoria ni controladora en ninguna materia; y los directores de los servicios no son consultados para las compras de equipo médico.
Señor Presidente, ésta es una situación real, comprobada por el Senador que habla en una visita a terreno, y que verifiqué también en otros hospitales. Lo que describo nos demuestra que el problema del sector salud en Chile es muy distinto del que se nos plantea, limitado a un asunto de recursos económicos. Es una cuestión de fondo, de administración: debe terminarse con la concentración y la centralización.
En consecuencia, solicito que se envíe oficio, en mi nombre, al señor Ministro de Salud, dándole cuenta de estas observaciones y solicitándole informar sobre las medidas que se adoptarán respecto del Hospital San Juan de Dios.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamen to.


CONTIENDAS DE COMPETENCIA PROMOVIDAS POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

El señor OTERO.- Trataré un segundo punto, y lo haré en razón de lo acordado en la sesión de ayer por el Senado respecto del proyecto de acuerdo, cuando el señor Presidente solicitó que esta materia fuera a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que resolviera y redactara la decisión de esta Corporación. Hubo negativa para ello, por estimarse que ya se encontraba resuelto el asunto en el informe de la señalada Comisión.
Por consiguiente, esto me permite, con todo fundamento, sostener que el Senado no ha resuelto lo relativo a las contiendas de competencia promovidas por el señor Contralor General de la República.
La jurisprudencia y la doctrina uniformemente señalan que una contienda de competencia implica que dos tribunales, o un tribunal y una autoridad administrativa, estiman, respectivamente, tener la facultad privativa para conocer y resolver de una materia específica. Así, por lo demás, quedó establecido en el debate del Senado y en las propias declaraciones del Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que hoy aparecen publicadas en el diario "El Mercurio".
Dilucidar una contienda de competencia obliga a decidir cuál tribunal o qué autoridad de las que están en conflicto es la competente para resolver la materia que la motiva. Por ende, debemos determinar quién va a conocer y decidir sobre los recursos de protección respecto de los cuales se suscitó la contienda de competencia, ya que el Senado no se pronunció sobre este asunto.
En efecto, la Sala, al acoger el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ha señalado "Que la I. Corte de Apelaciones de Santiago carece de competencia para acoger a tramitación el recurso de protección", etcétera. Se está refiriendo, precisamente, a cada uno de los recursos específicos en relación con los cuales se entabló la contienda. Sin embargo, esta decisión no determinó si es la Contraloría General de la República el tribunal que deba resolverlos. Y, al no hacerlo, no solucionó la contienda.
En un caso, esta omisión no tiene importancia, porque la Compañía de Teléfonos de Chile se desistió del recurso de protección. En el otro, los recurrentes no lo han hecho, de modo que, obviamente, la omisión de la Comisión del Senado es grave y lesiona seriamente los derechos de quienes interpusieron el recurso, máxime cuando al interponerlo han hecho uso de un derecho expreso que la Constitución les concede en su artículo 20. Es imprescindible recalcar que el recurso de protección es la principal acción, de rango constitucional, que tienen las personas para defender y resguardar debidamente un derecho que constitucionalmente les ha sido garantizado.
Más aún, el Senado, al resolver que la Corte de Apelaciones no puede acoger a tramitación el recurso, está señalando que ella no puede pronunciarse en forma alguna sobre éste. Si lo hiciera, estaría tramitándolo sea que lo acoja o que lo rechace.
Luego, cabe preguntarse qué autoridad o tribunal va a conocer de este recurso. No puede quedar en el aire ese punto y no existir instancia alguna que se pronuncie al respecto. Esta Corporación debe resolver constitucionalmente tal materia.
Es más: si se sostiene que el recurso no podía interponerse, se está afectando un derecho establecido por la Ley Fundamental. Y el Senado carece de facultades constitucionales para limitar el ejercicio de los derechos que aquélla otorga a los habitantes de la República. Si se dice que el recurso es improcedente, esta Alta Cámara estaría violando el artículo 73 de la Carta Política, el cual expresamente le impide intervenir en materias judiciales -menos aún en litigios pendientes-, y estaría emitiendo un pronunciamiento de fondo, lo cual tampoco puede hacer.
Ahora, si se concluye que nadie va a conocer del recurso, se suscitará una situación que no sé cómo va a superar el Senado. Porque se trata de una persona que, en el ejercicio del derecho constitucional que le asiste, ha planteado un recurso de protección que, de pronto, queda en el aire. Si no se ha precisado quién lo va a resolver, no se ha solucionado la contienda de competencia.
Me alegro de que en la sesión de ayer haya quedado perfectamente claro que las contiendas se refieren a casos concretos y que en cada oportunidad se debe indicar quién es competente para conocer de ellos. De lo contrario, resultaría que el particular que desee hacer uso de un derecho que la Constitución le otorga no lo podrá ejercer, quedando éste conculcado por una vía que no es permitida por ella.
Si esta Corporación desea reglamentar o limitar el recurso de protección, o decir que no es procedente en ciertas circunstancias, obviamente deberá recurrir a una enmienda constitucional o a una ley especial.
Concretamente, me gustaría que el tema que expongo fuera debatido por la Sala y saber si alguien argumenta lo contrario. La contienda de competencia se resuelve determinando cuándo un conflicto específico lo decide A o B; pero no se puede sostener que ella se ha zanjado al afirmarse que A no puede entrar a conocerlo. Si A no puede entrar a conocerlo, se tendría que señalar que B es competente. Pero la Contraloría General de la República -o sea, B- no puede serlo para conocer de un recurso de protección, por tratarse de una acción juris diccional que la Carta Política entrega a los tribunales de justicia.
Como puede apreciarse, el problema no es simple. No puede sostenerse seriamente en este Hemiciclo que el recurso es inadmisible, porque se estaría entrando a una calificación de fondo. Esta Corporación, constitucionalmente, no puede pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso, o acerca de su procedencia o improcedencia. Sólo puede hacerlo respecto de qué tribunal o autoridad debe conocer del mismo. A uno de ellos le corresponderá decir que es inadmisible o que es improcedente, no al Senado de la República.
He dicho.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Ruego a Su Señoría que haga uso de ella en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

El señor HAMILTON.- Es para contestar de inmediato al Senador señor Otero.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Si Su Señoría me disculpa, corresponde el turno al Comité Socialista.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor HAMILTON.- Solicito al Honorable señor Núñez que me conceda una breve interrupción, para responder al Senador señor Otero.

El señor NUÑEZ.- El Honorable señor Otero se retira en este momento de la Sala.

El señor HAMILTON.- En efecto. Tampoco estuvo en ella cuando se tomaron las decisiones.

El señor NUÑEZ.- No tengo inconveniente en conceder la interrupción a Su Señoría, pero debo cumplir ciertos compromisos en breve.

El señor HAMILTON.- No ocuparé más de dos minutos, y con cargo a nuestro tiempo.

El señor NUÑEZ.- No se trata de eso. Se la concedo, señor Senador.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, lamento la perturbación sufrida por el Senador señor Otero, evidenciada en la intervención que le hemos escuchado en esta oportunidad, así como su actitud, incluso displicente, de mandarse a cambiar de la Sala después de hacer su alegación.
Se planteó una cuestión de competencia entre la Corte de Apelaciones de Santiago -el Poder Judicial, en general- y la Contraloría General de la República, frente a dos casos concretos, y fue sometida al Senado, que aceptó conocerla, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales. Se envió el asunto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento -en ella participó activamente el Senador señor Otero, pese a no ser uno de sus miembros-, y este organismo técnico lo resolvió por unanimidad. Para decirlo en términos sencillos, afirmó que no cabía el recurso de protección, establecido en la Carta para garantizar determinados derechos, cuando la Contraloría ejerce la función privativa y excluyente que aquélla le otorga de tomar o no tomar razón de un decreto del Ejecutivo. Resultado: cinco a cero.
Luego, la materia se trató en la Sala, donde hubo alegatos, e inclusive, intervinieron las partes: la Corte estuvo representada por un distinguido Ministro y, además, concurrió el propio Contralor General de la República. El Senado debatió durante horas y, por una gran mayoría, aceptó lo propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en su informe.
Hoy día, a sugerencia de la Mesa, la unanimidad de la Sala acordó notificar esta decisión a las partes involucradas, vale decir, al Alto Tribunal y al Contralor.
¿Cómo puede decirse, entonces, que no hemos adoptado una resolución?
Al señor Senador no le escuchamos una sola palabra en relación con lo que dijo recién -o en público, antes de hacerlo en el Hemiciclo- durante los cinco o seis meses de la tramitación de la contienda de competencia.
El planteamiento de Su Señoría carece de fundamento, pues no obedece a razón jurídica, natural o lógica alguna, y, simplemente, demuestra que el Honorable señor Otero, en esta materia -ojalá que no en otras-, es un muy mal perdedor.
Muchas gracias por la interrupción, Honorable cole

ga.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Núñez.


CODELCO: MODERNIZAR SIN PRIVATIZAR

El señor NUÑEZ.- Señor Presidente, en el último tiempo hemos observado, con gran preocupación, que destacados actores de la vida política nacional, especialmente vinculados a partidos de Derecha, han proseguido su ofensiva destinada a demostrar que CODELCO es más útil para Chile en manos privadas. Para fundamentar tal posición, no dudan en utilizar cifras e informaciones que distan mucho de la realidad y tienden a distorsionar gravemente la verdad.
Permítaseme entregar algunas cifras que ilustran lo antedicho.
CODELCO-Chile presentó en el año 1993 costos directos de producción de 57,7 centavos de dólar por libra de cobre, en circunstancias de que los costos directos del promedio de los grandes productores en el mundo fueron de 61,9 centavos de dólar por libra.
Los aportes netos de CODELCO al Estado en los últimos diez años, desde 1984 hasta 1993, son del orden de los 9 mil 134 millones de dólares, cifra que, expresada en dólares de 1993 y capitalizada a una tasa de 10 por ciento durante la misma década, significa un aporte neto al Fisco de más de 15 mil millones de dólares; no de 300 millones, como lo señaló recientemente el Presidente de un Partido de Oposición, quien demostró, así, estar profundamente desinformado.
Estos aportes son equivalentes a dos veces la recaudación tributaria neta total del país durante 1993, y se constituyen, en consecuencia, en una fuente de indudable importancia para el adecuado funcionamiento del Estado, con un fuerte impacto en el financiamiento de los programas sociales destinados a la superación de la pobreza. Estos datos provienen de los cuadernillos que edita normalmente CODELCO-Chile.
Asimismo, la rentabilidad bruta promedio de la empresa, en relación a sus ventas en los cinco años anteriores a 1992 (etapa "pre Dávila"), fue de 42,2 por ciento, y, en relación a su patrimonio, de 56,4 por ciento (en 1992 la rentabilidad disminuyó a 39 por ciento, en relación a las ventas).
Por otro lado, la rentabilidad esperada en relación a su patrimonio, a mediano plazo, según lo estimado por las autoridades de CODELCO, será de casi 61 por ciento antes de impuestos.
Las utilidades esperadas para la empresa en 1995, por venta de cobre fino, ascenderán a un mil 500 millones de dólares, también según los cálculos estimados, mientras que el conjunto de las empresas privadas del rubro tributarán, en ese mismo año, 150 millones de dólares, es decir, sólo 10 por ciento de la cifra anterior. Los datos hablan por sí solos.
Como puede observarse a la luz de estas cifras, las que constan en diversos informes técnicos especializados y públicos, CODELCO-Chile constituye un gran negocio para el país.
Por otro lado, con insistencia se señala que la mantención de CODELCO en manos del Estado implicaría marginar a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, de los negocios del cobre. La afirmación es una falacia. Primero, porque es cada vez más evidente que la participación de éstos en el negocio minero ha aumentado de manera tal, que en los próximos años serán el sector prevaleciente en la actividad cuprífera. Segundo, porque, a través de una iniciativa del Gobierno del Presidente Aylwin, materializada en la ley N° 19.137, de 12 de mayo de 1992, se abrió la posibilidad de que CODELCO-Chile estableciera sociedades con capitales privados en todos los yacimientos que no sean considerados de reposición. Es decir, por primera vez en nuestra historia económica, los empresarios privados, nacionales y extranjeros, podrán acceder, mediante "joint ventures" o en otras formas, a los millones de hectáreas que constituyen más de 33 por ciento de las manifestaciones mineras del país, en manos de CODELCO. Es justamente en este sector, abierto a la creatividad y a la innovación, a la capacidad emprendedora y a la eficiencia, donde los empresarios privados deben poner su interés; y no en los yacimientos desarrollados por la empresa estatal durante todos estos años, producto del esfuerzo desplegado durante décadas por trabajadores, técnicos e ingenieros chilenos.
Señor Presidente, quienes sostienen, como yo, que CODELCO-Chile debe permanecer en manos del Estado -posición que he mantenido de manera invariable- no lo hacen imbuidos de un espíritu conservador y nostálgico. Esa es una caricatura inaceptable. La realidad de estos años demuestra que me encuentro entre aquellos que han intentado abordar, con honestidad política e intelectual, temas políticos y sociales con una impronta renovadora, asumiendo propuestas que han mostrado nuestra visión de futuro, así como la disposición a enfrentar los desafíos de Chile sin cortapisas ni anteojeras, sean éstas culturales, políticas, ideológicas o económicas.
Lo que sostenemos, por lo tanto, acerca de CODELCO, es absurdo calificarlo sobre la base de posiciones maniqueístas, entre retardatarios y revolucionarios, o entre modernos y no modernos. Esto, señor Presidente, porque estamos frente a un tema de gran importancia histórica para nuestro país. Digamos, al respecto, lo siguiente.
Primero, CODELCO es producto de nuestra historia y de los grandes consensos nacionales de una época, que supieron mirar el interés nacional por sobre los intereses particulares. La chilenización y la posterior nacionalización de la gran minería del cobre fueron la respuesta que dio la nación toda ante la necesidad de tener para sí una riqueza de tanta envergadura.
Segundo, este consenso básico estuvo fundado en la conciencia cierta, no desmentida por la realidad, de que es imposible pensar en el desarrollo de Chile -especialmente, en cuanto a los avances en la lucha por la justicia social- y en un país democrático y moderno sin la presencia de CODELCO en manos de todos los chilenos.
Tercero, los avances de la industria minera nacional se deben principalmente a la acumulación de experiencia, investigación e innovación que ha realizado CODELCO. El "know how" de la Corporación del Cobre es histórico, es decir, es el producto de un Estado que supo asumir desde muy temprano el desafío o la obligación de capacitar a miles y miles de chilenos como técnicos, ingenieros y trabajadores en la actividad minera. Es, también, el resultado de haber tenido la visión de crear institutos de estudios superiores como la Escuela de Minas de Copiapó en 1854 -hace 140 años- y la Universidad Técnica del Estado, donde se prepararon y se preparan los cuadros técnicos necesarios para enfrentar el reto de participar conscientemente en una actividad tan vital para el destino de Chile.
En cuarto lugar, sólo a través de estas acciones y de miles de horas ocupadas en investigación tecnológica y en innovación de procesos productivos nuestro país puede exhibir hoy día una empresa que es capaz de exportar minería. Y no sólo cobre, sino también tecnología innovadora y eficiente, como lo fue en su momento el Convertidor El Teniente, orgullo de la tecnología nacional.
Por último, cuando se habla de privatizar CODELCO, es necesario tener en cuenta que Chile va a poseer en los próximos años, a pesar de la enorme cantidad de recursos cupríferos que estamos sacando de las entrañas de las minas en la actualidad, el 35 por ciento de las reservas mundiales de cobre conocidas, y que este mineral sigue siendo vital en el desarrollo industrial del mundo. En efecto, los procesos de industrialización que están en marcha en los países europeos orientales y en África requerirán de nuestro cobre, lo cual confiere a este metal un valor estratégico de vital importancia para Chile.
Por lo tanto -digámoslo francamente-, el desarrollo de esta empresa, su presencia en el mercado mundial y su indiscutido liderazgo son factores que no se dan en otros sectores de nuestra actividad económica.
CODELCO-Chile no es cualquiera empresa estatal, y no es cualquiera empresa. En consecuencia, no es homologable con otras empresas que posee el Estado. En ella ha confluido una gran variedad de elementos -humanos, técnicos, económicos y culturales- que la han transformado en un caso inédito en la historia económica de Chile.
Por otro lado, y desde una perspectiva más estratégica, sectores de Derecha han argumentado que el plan inversional diseñado por la actual administración de la empresa implicaría que el Estado dejará de percibir los ingresos que ella le genera y cuyo destino debería ser el de enfrentar los graves problemas de salud, educación, vivienda y otros. Esto es otra falacia. Se omite decir que casi la totalidad de los recursos necesarios para financiar este plan de inversiones plurianual serán generados internamente por la propia empresa, a través de depreciaciones y provisiones, y, en una mínima parte, mediante endeudamiento.
Seamos claros. El desarrollo de CODELCO y su capacidad para emprender por sí su plan inversional, sin la participación de capitales privados, sean éstos provenientes de los fondos de las administradoras de fondos de pensiones o de otras fuentes, no significan, bajo ningún respecto, una visión estatista o conservadora del crecimiento de la empresa. Muy por el contrario. De lo que se trata es de ser capaces de mirar su futuro con sentido nacional, más allá del corto plazo y de lo inmediato. Hay que mirar estratégicamente el horizonte de desarrollo de esta actividad tan vital para Chile. Aún está fresco, creo, en el recuerdo de todos, en la memoria colectiva de la nación, lo ocurrido con el salitre, en donde, por la incapacidad de situarse más allá de la coyuntura, se perdió la oportunidad histórica de desarrollar tal riqueza en toda su plenitud.
CODELCO-Chile tiene la posibilidad cierta de transformarse en la gran empresa de cobre del mundo. Por la magnitud de sus reservas; su experiencia acumulada durante muchos años; la calidad y conciencia de sus trabajadores; su creciente proceso de transnacionalización; su competitividad y desarrollo de usos alternativos del cobre, está llamada a transformarse en el agente regulador del precio del metal rojo en el mercado mundial. Al cumplir este rol, no sólo estamos asegurando estabilidad en los valores futuros del cobre, sino también, principalmente, garantizando a todos los chilenos, y en especial a los más pobres, que el Estado podrá contar con los recursos necesarios para seguir enfrentando el reto de hacer de Chile un país donde reine la justicia social.
En este contexto, es importante relevar la declaración entregada por las autoridades ministeriales y por el propio Vicepresidente Ejecutivo de CODELCO en el sentido de que los actuales yacimientos y los de reposición serán explotados y desarrollados como empresas ciento por ciento de propiedad estatal, lo cual se constituye, en nuestra opinión, en una gran noticia, que los socialistas compartimos. Este compromiso, respecto del plan de inversiones multianual de CODELCO, que ha sido comunicado por las autoridades mencionadas, significará que año a año se evaluarán su funcionamiento, su gestión y sus avances en el proceso de análisis del presupuesto de la Corporación.
Esta política, a nuestro juicio, abre una nueva fase en el desarrollo de CODELCO, que es necesario enfrentar mancomunadamente entre autoridades, ejecutivos, trabajadores y empresarios vinculados directamente a la Corporación, a través del Poder Legislativo, del Ejecutivo; en fin, la comunidad en su conjunto debe comprometerse en este proceso y desplegarse sobre la base de materializar el principal desafío de CODELCO-Chile: su modernización.
Nadie discute la importancia que ello tiene. Por el contrario, hemos hecho nuestra la idea de que es fundamental, para el futuro de la empresa, modernizarla, a fin de que pueda enfrentar con éxito los enormes desafíos que se le presentan en el mercado mundial de metales.
Señor Presidente, esto significa que, en el futuro próximo, CODELCO tendrá que aumentar -y a ello se han comprometido las actuales autoridades- la productividad y disminuir, en consecuencia, los costos de explotación; perfeccionar la calidad de las faenas mineras; introducir mejoras sustantivas en todo lo que es la competitividad de nuestro principal recurso; implementar una gestión eficiente, descentralizada y flexible; desarrollar un esfuerzo permanente de investigación e innovación tecnológica, para poder enfrentar, entre otras cosas, los retos que implica el hecho de que está "ad portas" la posibilidad de que las grandes economías mundiales lleven a cabo alternativas que sustituyan el cobre; reafirmar y continuar con el desarrollo del plan de descontaminación de las fundiciones de la Corporación, a fin de contar con procesos productivos ambientalmente sustentables; materializar en la realidad, y no solamente en el papel, la alianza estratégica entre trabajadores y ejecutivos de la empresa -así lo han manifestado los dos sectores-, como un mecanismo para comprometer a los primeros en el cumplimiento de las metas referidas a la calidad de la gestión, la productividad, la competitividad, etcétera. Este hecho, inédito en la historia de las empresas públicas de nuestro país, todavía tiene que dar pasos mucho más significativos para asegurar la tranquilidad de los trabajadores y hacer posible que los ejecutivos cumplan las metas que se están señalando.
Por último, cabe expresar que la política diseñada por el Gobierno del Presidente Frei se traduce en que debemos aprobar dentro del más breve plazo posible, cuando llegue al Senado, el proyecto que modifica la Ley Orgánica de CODELCO y transforma a ésta en un holding estatal, de manera tal que se permita una efectiva descentralización de la empresa y se fortalezca el control de la misma por parte de su directorio -en nuestra opinión, debe estar constituido básicamente por profesionales-, con el objeto de asegurar una flexibilización legal de tal naturaleza que le posibilite transformarse en una verdadera empresa transnacional exportadora de minería, que es lo que el país orgullosamente desea desplegar en el próximo futuro a través de ésta y otras empresas que puedan ser competitivas en el área.
He dicho.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Como se encuentran ausentes los Comités Institucionales y Mixto, corresponde el turno al Comité Unión Demócrata Independiente, que ha cedido su tiempo al Senador señor Pérez.

El señor PEREZ.- Además me cedió su tiempo el Comité Institucionales, señor Presidente.
Por lo tanto, cuento con minutos adicionales.

El señor NUÑEZ.- No tendré la misma actitud del Honorable señor Otero, sino que permaneceré en la Sala para escuchar a Su Señoría con gran atención.

El señor PEREZ.- Y con amistad también, porque discreparé de todos los puntos que ha planteado usted, Honorable colega.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.


REPLICA A INTERVENCION DE SENADOR SEÑOR NUÑEZ

El señor PEREZ.- Señor Presidente, el Senador señor Núñez partió de dos errores fundamentales en su exposición.
En primer lugar, orientó sus críticas a los "sectores de Derecha", como los llama. Sin embargo, pienso que las palabras vertidas por Su Señoría también debieron estar dirigidas a Senadores de su bancada que hoy se encuentran ausentes de la Sala.
Hace dos días el Honorable señor Ominami -actualmente de viaje con el Presidente Frei- señaló a "La Segunda" que son falsamente progresistas quienes plantean que CODELCO debe permanecer como un reducto ciento por ciento estatal. Y manifestó, además, que hay que transformar sus divisiones en sociedades anónimas -lo dice textualmente- para permitir el acceso del capital privado a nuevos proyectos.
Hace un año, don Ricardo Lagos, Ministro de Obras Públicas -en ese entonces, precandidato a la Presidencia de la República, con el apoyo del Partido Socialista-, expresó que, a su juicio, era positivo utilizar los fondos de pensiones para desarrollar las nuevas iniciativas de CODELCO-Chile.
Don Pedro Calvo, quien en varias oportunidades ha sido Jefe del Departamento de Estudios del Partido Demócrata Cristiano, ha marcado esa misma línea de pensamiento.
Hace quince días, don Jorge Schaulsohn, Presidente de la Cámara de Diputados en ese momento y actual Presidente del Partido Por la Democracia, habló de transformar en sociedades anónimas las divisiones de CODELCO a fin de posibilitar invertir en ellas los capitales de los fondos de pensiones.
Por lo tanto, si se sostiene que los sectores de Derecha tienen el patrimonio de esta línea de pensamiento, tendríamos que incluir en la Derecha a Ricardo Lagos, a Carlos Ominami y a Jorge Schaulsohn.
Segundo error fundamental del Senador señor Núñez. Su Señoría se ha referido a la rentabilidad de CODELCO en los últimos años sobre el capital nominal. Y todos sabemos que una cosa es el capital nominal de una sociedad -lo que figura en su escritura de constitución- y otra el capital real. El capital nominal de CODELCO llega a 2 mil millones de dólares. Por tanto, distinto es calcular el porcentaje de rentabilidad de esa empresa a base de esta cifra y no de su patrimonio real.
Don Juan Villarzú, Presidente de CODELCO, ha dicho que esta Corporación vale 20 mil millones de dólares. El señor Alejandro Noemi manifestó que valía sobre 15 mil millones de dólares. Y todos nos barajamos entre esos márgenes.
Sobre la base de aquella cifra, don Juan Villarzú, cuando asesoró la candidatura del actual Presidente Frei, señaló que la rentabilidad de CODELCO había sido de 2,8 por ciento. Indudablemente, ella es diez veces mayor que si se considera que la empresa tiene un patrimonio de 2 mil millones de dólares.
Pero veamos algunas cifras.
En 1989 CODELCO aportó al Estado 2 mil millones de dólares por concepto de utilidades, impuestos y excedentes. En 1993 -cuatro años después- su balance arrojó una pérdida de -13,6 millones de dólares. Los recursos que entrega al Fisco alcanzan a 300 millones de dólares; pero estos aportes no son por utilidad, sino por concepto de la ley que estipula que CODELCO debe contribuir con 10 por ciento a las Fuerzas Armadas y de otros impuestos especiales.
En 1980, sus costos reales -no los laborales- eran de 40 centavos de dólar la libra, y en 1992 subieron a 69 centavos. Mientras ocurría ese proceso de aumento de costos, a pesar de los adelantos tecnológicos que ha tenido la industria del cobre en los últimos años, las empresas norteamericanas rebajaban los suyos de 75 a 40 centavos de dólar la libra, en el mismo período.
La tasa de ausentismo en CODELCO-Chile es de 7,5 por ciento, a diferencia del 2,5 por ciento -y es la norma general- que se registra en empresas comparables.
Por último, analicemos la eficiencia o la burocracia de CODELCO-Chile.
En las empresas norteamericanas y en las transnacionales de cobre, por cada hombre que está en la parte administrativa hay 10 trabajadores en el frente laboral: en la molienda, en el chancado, en la mina, en la extracción, en la fusión o en la refinación. Esa es la relación: 10 a 1. En CODELCO es de 3 a 1. Es decir, por cada trabajador que está en el escritorio hay 3 en el frente de trabajo: en la mina, en la fundidora, en la molienda o en la refinación. O sea, CODELCO tiene una ineficiencia o una mayor burocracia de 300 por ciento con relación a las empresas internacionales del cobre.
La Corporación -y éste es otro punto- necesita 2 mil 700 millones de dólares para emprender nuevos proyectos. No se trata de hablar sobre lo que hoy existe en ella, sino, por ejemplo, de desarrollar la ampliación de Andina con el objeto de aumentar su producción de cobre fino en 60 mil toneladas; esta División no es un yacimiento baladí: constituye la tercera reserva de cobre en el mundo. Se trata, en la Región del señor Presidente accidental, de paliar los efectos del subnivel 6 con el desarrollo del sector esmeralda o del sector diamante. ¡400 millones de dólares! Estoy citando cifras entregadas por los señores Alejandro Noemi y Máximo Pacheco, quienes estuvieron a cargo de CODELCO en el Gobierno anterior. Se trata de desarrollar la mina Radomiro Tomic. Es decir, no estamos hablando aquí de una empresa del mismo porte, sino del crecimiento de la Corporación y del sector público.
¿Qué hemos planteado nosotros? No estamos discutiendo si se privatiza o no se privatiza CODELCO; contemplamos, como dato, que las cuatro divisiones de la empresa, tal como existen hoy, no son privatizables porque no se ha logrado acuerdo político para ello. Hemos dicho, al igual que Ricardo Lagos y Carlos Ominami, que el sector privado debe participar en las nuevas tareas productivas de CODELCO.
¿Cómo se consigue ese objetivo?
Veamos el caso de El Teniente. Si El Teniente se valoriza en mil millones de dólares -por poner una cifra- y el sector esmeralda lo hace en 200 millones, pues bien, que se haga un aumento de capital de mil a mil 200 millones de dólares y que esos 200 millones, que representan cierta parte del patrimonio de la empresa, se ponga en manos del sector privado, sea a través de los fondos de pensiones; sea a través de la capitalización de los fondos de indemnización de que gozan los trabajadores del cobre, o bien, a través de la inversión nacional o extranjera.
¿Qué pasa hoy día?
Hemos escuchado al señor Juan Villarzú hablar de los planes de CODELCO, pero ni una palabra respecto al sector esmeralda. Se ha señalado la intención de desarrollar, como sector público, la mina Radomiro Tomic, pero no ha dicho que va a invertir un solo dólar en su exploración.
En el programa del año 95 únicamente se contemplan 150 millones de dólares para nuevas inversiones en Andina.
Es decir, hoy día CODELCO-Chile está haciendo lo que el perro del hortelano: no come ni deja comer. Hay una empresa australiana que ha dicho: "Señor, no privatice Radomiro Tomic. Déjeme maquilarle el cobre de esta mina. Yo hago la inversión, extraigo las piedras y le entrego metal refinado. Y por eso le cobro un "fee", una "tarifa". No se trata de privatizar. Hay múltiples formas: "joint ventures", distintas manifestaciones jurídicas y económicas para emprender negocios comunes.
Nosotros estamos planteando en este punto, simplemente, dos cosas: uno, que lo que hoy día tiene CODELCO no deje de pertenecer al sector público como patrimonio; y dos, que la Corporación permita aportes para encuentros societales privados, porque es la única forma de desarrollar esos negocios.
Radomiro Tomic vale hoy día 300 millones de dólares. Pues bien, se valoriza en lo que vale y en el valor que tienen, en términos presentes, los flujos futuros. Pero que también se valoricen, en términos societales, las acciones que detenga quien suministre capital para desarrollar el yacimiento.
Y esto -reitero- no lo decimos solamente nosotros: lo dice Carlos Ominami, lo dice Ricardo Lagos, lo dice Pedro Calvo, lo dice Jorge Schaulsohn, y tantos otros que lo señalan en privado, pero que no lo repiten en público.
Señor Presidente, estamos frente al tema más importante para el país desde el punto de vista económico. Todo el programa de privatización de empresas públicas -es decir, de achicamiento del tamaño del Estado- representa la décima parte de los 2 mil 700 millones de dólares que necesita CODELCO para realizar nuevos proyectos. Esta cantidad -lo dije en sesión anterior- equivale al esfuerzo de "Don Francisco" en 700 años de "Teletón" (esta obra, dicho sea de paso, recauda anualmente, en promedio, 3 millones y medio de dólares). Es decir, si "Don Francisco" hubiera empezado con la "Teletón" cuando Colón llegó a América, todavía faltarían 200 años para reunir 2 mil 700 millones de dólares, cifra que requiere CODELCO para inversiones en el próximo quinquenio.
Nos preocupa el tema de los trabajadores. Pero si no se realizan nuevas inversiones, la sobredotación de la empresa, que asciende a 5 mil personas -medida por la administración anterior, que encabezó don Alejandro Noemi-, no va a disponer de plazas de trabajo. Sí las tendrá en la medida en que se desarrollen nuevos proyectos mineros.
Se dice que CODELCO es patrimonio nacional. Es cierto. Se dice que hubo consenso en cuanto a que la Corporación fuera pública. También es cierto. Y para ello fue necesaria una reforma constitucional. Pero los tiempos han cambiado; hay nuevos tiempos. Y no debemos contar sólo parte de la historia de la empresa, sino su historia completa.
Es verdad que hoy CODELCO es una empresa pública, pero también lo es que sus divisiones nacieron como empresas privadas, y más aún, como empresas extranjeras; esto es, importando ahorro externo: Chuquicamata, Anaconda, El Teniente, Braden. No fue el esfuerzo nacional el que creó estas divisiones; el nuestro fue, simplemente, un esfuerzo legislativo de expropiación. Acuerdo unánime; es cierto. Pero creo que el capital extranjero no debe ser mirado con malos ojos, sobre todo si hablamos de economías abiertas y de globalización de la economía de nuestro país.
Finalmente, señor Presidente, si lo que plantean el Senador señor Ominami y don Ricardo Lagos es modernizar (comprendo que hay visiones distintas sobre el punto), es algo que cuesta. Cuando el Presidente Aylwin asumió la ley sobre pertenencias ociosas de CODELCO (votada en contra por parte de los Parlamentarios de la Concertación y también por algunos de estas bancadas), no estuvo exento de protestas, de marchas y de incomprensiones. El estuvo en Chuquicamata peleando con los sindicatos respecto de sus privilegios. La modernidad es como un parto: cuesta. Cuando el Presidente Pinochet y el Gobierno militar llevaron a cabo, con actitud modernizadora, la reforma arancelaria de 1975, tampoco estuvieron exentos de incomprensiones. Contra el Régimen militar se volcaron todas las asociaciones gremiales, empresariales e industriales. No entendían lo que había que hacer. La modernidad no es gratis. Lo que ha hecho Menem en Argentina no es gratis. Y lo que se requiere de un Gobierno es dirigir a un país y no ser conducido, como, desgraciadamente, está ocurriendo hoy día, cuando gobiernan los partidos de la Concertación.
Aquí quisiera tocar un punto político, señor Presidente.
Lamentablemente, tenemos un sistema presidencial donde los principales agentes políticos no creen en el presidencialismo, sino en el parlamentarismo. Me merece el mayor respeto nuestro querido amigo, ex Senador y actual Presidente de la República, don Eduardo Frei, por sus ideas, por su honorabilidad y por la forma como votó la anterior ley del cobre. Por desgracia, Genaro Arriagada, Germán Correa y otros personeros no creen en el régimen presidencial, e hicieron una instancia de encuentro y decisión política en La Moneda: los presidentes de los partidos de la Concertación. Y vemos cómo los equipos técnicos tienen que renunciar a sus aspiraciones por los sesgos estatistas de quienes dirigen gran parte de las colectividades que conforman el conglomerado oficialista.
Creo, señor Presidente, que la historia siempre debe abrir nuevos horizontes a las ideas. Tenemos que buscar consensos; tenemos que pensar, sobre todo, en lo que se puede hacer alternativamente con los recursos económicos. Lo mejor que puede hacer el Estado con 2 mil 700 millones de dólares es invertirlos en la gente, y no en máquinas, en tuercas, en industrias. Para eso está el sector privado. ¡Existen tantas demandas en salud, en educación, en capacitación! ¡Qué mejor capital puede tener un país que invertir en su gente!
Deseo que al final lleguemos a un encuentro respecto de CODELCO-Chile.


ALCANCES A EXPRESIONES DE SENADOR HAMILTON SOBRE SENADOR OTERO

El señor PEREZ.- Señor Presidente, quiero referirme ahora a un tema distinto: a lo expresado por el Honorable señor Hamilton con relación al Senador señor Otero.
Ayer el Senado dio su aprobación a un informe sobre contiendas de competencia, pero han quedado establecidas dos cosas señaladas por el Senador señor Otero. En primer lugar, que las contiendas de competencia se resuelven caso a caso, por lo tanto, no hay una pauta definitiva para las contiendas presentadas a raíz de la toma de razón que haga el Contralor General de la República. Porque el día de mañana, ante un abuso, puede formularse un recurso de protección, ser admitido a tramitación y, nuevamente, plantearse una contienda de competencia.
En segundo término, si las contiendas se ven caso a caso, nos deberíamos haber pronunciado separadamente acerca de cada una, pero eso no ocurrió, y, desde ese punto de vista, no se ha analizado el fondo de los dos recursos de protección que las originaron.
Ese es, a mi entender, el alcance de lo manifestado por el Senador señor Otero.
He dicho.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.


INGRESO DE CHILE A APEC

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, quiero intervenir en el día de hoy en momentos en que se inicia un histórico viaje del Presidente de la República a países del Asia-Pacífico, donde sostendrá reuniones con sus más importantes líderes, y que culminará el 15 de noviembre en Yakarta, Indonesia, con la formalización del ingreso oficial de nuestro país como "full member" al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC.
Debo señalar que, a raíz de una invitación del Gobierno de Taiwan, tuvimos la oportunidad de visitar, con el señor Eugenio Ortega, Consultor de Naciones Unidas y ex Parlamentario, y con el señor Claudio Rojas, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos de los países del Asia-Pacífico, entre ellos Tailandia, Malasia, Singapur y Filipinas. Asistimos en forma oficial, como delegados especiales del Presidente de la República, para agradecer a aquellos países que prestaron su apoyo a la incorporación de Chile a la APEC; para estrechar vínculos no sólo comerciales, sino que también culturales, políticos, de acercamiento de nuestros pueblos y de conocimiento; y, sobre todo, para entregar una visión de lo que Chile espera de su contribución en el Asia-Pacífico.
En la incorporación de nuestro país a la APEC, es preciso reconocer los esfuerzos colectivos de múltiples y distinguidos personeros pertenecientes a los más amplios sectores representativos del quehacer político, económico, cultural y académico de nuestro país.
Chile por naturaleza, vocación y tradición histórica, es una nación del Pacífico y, como tal, le asigna una especial prioridad a su política de proyección en la región, la que se ha transformado en pilar fundamental de nuestra acción externa.
Quiero también hacer presente que, en los países que visitamos, muchos de los personeros con los cuales nos entrevistamos -entre ellos, especialmente la señora Corazón Aquino, el Presidente de Filipinas y el ex Canciller señor Manglapus- recordaban que en los años del Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se comenzó a conocer la participación de Chile en el Pacífico, y como él enseñaba a los chilenos a no vivir de espaldas al mar, sino con la mirada puesta en ese vasto mundo asiático que se abría.
El área Asia-Pacífico está integrada por 42 Estados independientes y 11 territorios. En su zona se encuentran localizados países que son potencias políticas y económicas de nivel mundial, como Estados Unidos, la Federación Rusa, Japón y la República Popular China. Asimismo, se suman los países recientemente industrializados del Asia, que concentran los mayores porcentajes de crecimiento, desarrollo económico e inversión en el mundo. Además, la activa acción de los Estados insulares de la región Asia-Pacífico, en diferentes foros internacionales sobre el Derecho del Mar, ha cobrado relevancia al consagrar la Zona Económica Exclusiva de 200 Millas, otra visionaria iniciativa de la política exterior de Chile en la década de los años 50.
Por eso, señor Presidente, para mí es muy emocionante referirme al Gobierno de mi padre, el Presidente Frei Montalva, que hoy día toma un especial significado con el viaje del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle a esos países. Debo también recordar que cerca del 40 por ciento del comercio mundial se realiza en la Cuenca del Pacífico. En la actualidad, aproximadamente el 23 por ciento de las exportaciones mundiales las concentra Japón, los nuevos Estados industrializados del Asia y la República Popular China. Por su parte, el 57 por ciento del comercio exportador de los Estados Unidos está dirigido al Asia-Pacífico, y hoy supera, en algunos casos, al que mantiene con sus socios tradicionales de Europa.
Chile, por su parte, destina el 51,8 por ciento de su comercio total a la región del Asia-Pacífico, con un 54,6 por ciento de sus exportaciones totales y el 49,3 por ciento de sus importaciones totales. Asimismo, es interesante destacar que, aun cuando nuestro comercio se concentra en dos mercados principales -Estados Unidos y Japón-, se aprecia una creciente diversificación hacia otros mercados de la región. Se puede comprobar que hoy la mayoría de las economías del Asia-Pacífico se encuentran entre los mercados de destino de los productos exportables chilenos. También las inversiones procedentes de la Cuenca del Pacífico se han incrementado notablemente en la última década.
Todo ello, además, ha tenido su origen y significado en la intensificación del comercio que siguió al proceso de las grandes transformaciones políticas mundiales, y ha hecho surgir formas más flexibles y pragmáticas para concebir y fomentar la cooperación internacional. Esta cooperación se ha concentrado principalmente en los aspectos económico-comerciales, que son los elementos sustantivos y fundamentales del mecanismo intergubernamental del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC.
Así, podemos comprobar que la Era del Pacífico, en vísperas del inicio de un nuevo siglo, comienza a estructurarse hoy, y Chile es parte de ese proceso. Nuestro país emprende esta gran empresa, concebida como una acción de todos y que compromete y reclama la participación de los más amplios sectores del quehacer público y privado de nuestra nación, encargados de implementar esta política de Estado, tanto en el ámbito de los temas netamente económicos-comerciales, como en los de orden político, cultural y académico.
Aquí, deseo resaltar que el Primer Mandatario es acompañado en su gira por distinguidos hombres de negocios del sector privado, así como también por Parlamentarios.
En este fascinante proceso existen múltiples oportunidades y grandes desafíos que debe considerar nuestra política exterior respecto de la región del Asia-Pacífico, la que debe estar sustentada en un conjunto de acciones consistentes y sustentables en el tiempo, y vinculantes con el propio desarrollo económico, el progreso y bienestar de nuestros pueblos, en medio de un ambiente de justicia y paz.
Por ello, señor Presidente, la incorporación de Chile a la APEC, no sólo abre posibilidades a nuestro país, sino que quisiéramos ser en el futuro la puerta de entrada del Asia-Pacífico a toda América Latina.
Gracias, señor Presidente.

El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 15:39.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción