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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 16 de noviembre de 1994
Ordinaria
(De 16:25 a 20:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE,
Y RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Calderón Aránguiz, Rolando
--Canturrias Larrondo, Eugenio
--Díaz Sánchez, Nicolás
--Diez Urzúa, Sergio
--Errázuriz Talavera, Francisco Javier
--Feliú Segovia, Olga
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Bolívar, Arturo
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Hormazábal Sánchez, Ricardo
--Horvath Kiss, Antonio
--Huerta Celis, Vicente Enrique
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Larre Asenjo, Enrique
--Letelier Bobadilla, Carlos
--Martin Díaz, Ricardo
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Mc-Intyre Mendoza, Ronald
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Otero Lathrop, Miguel
--Páez Verdugo, Sergio
--Pérez Walker, Ignacio
--Piñera Echenique, Sebastián
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Siebert Held, Bruno
--Sinclair Oyaneder, Santiago
--Sule Candia, Anselmo
--Thayer Arteaga, William
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro de Salud.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor VALDÉS (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 1ª de la Legislatura Extraordinaria, en 4 de octubre del presente año, que no ha sido observada.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei, respecto de la incorporación de la comuna de Ninhue, VIII Región, en el Programa Nacional de Superación de la Pobreza.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín tocante a las implicancias jurídicas y de orden social que podrían derivarse de la creación, en la Dirección del Trabajo, del denominado "Grupo de Fiscalizadores Itinerantes".
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta de la Sala sobre la constitucionalidad del artículo 3° del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Minería y la ley Nº 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en relación con la superposición de pertenencias mineras. (Con urgencia calificada de "Simple").
--Queda para tabla, junto con el segundo informe de la Comisión de Minería recaído en el proyecto.
Moción
Del Senador señor Lagos, con la que inicia un proyecto de ley que deroga el artículo 12 y modifica otras disposiciones de la ley N° 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de deudas previsionales.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la Cuenta.

CONTIENDAS DE COMPETENCIA PROMOVIDAS POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. OFICIOS

El señor HAMILTON.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor HAMILTON.- En relación con las contiendas de competencia, se me informó que se había enviado la comunicación correspondiente a la Contraloría, a la Corte Suprema y al Ejecutivo.
Pedí ver los oficios respectivos ¿los tengo a mano¿ y considero que son incompletos, porque lo que se transcribe en ellos a esas autoridades son sólo las conclusiones del informe y no el informe completo, según la resolución adoptada por el Senado. La Sala resolvió aprobar el informe que le presentó la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros, respecto de dicha contienda.
Posteriormente, a solicitud del señor Presidente, se acordó transcribir la decisión a las partes involucradas y al Ejecutivo. Pero no es lo mismo transcribir el acuerdo que sólo la parte resolutiva del mismo, porque los considerandos, que son parte de aquél, tienen gran importancia.
De tal manera que pido corregir tal situación enviando un oficio nuevo que contenga el acuerdo completo adoptado por esta Corporación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así se hará, señor Senador.

El señor DIEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Pre0sidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.- Deseo respaldar lo expresado por el Honorable señor Hamilton. Porque la Comisión optó entre hacer un informe o proponer al Senado un fallo, y se inclinó por esto último. Ahora bien, el fallo consigna la relación de los hechos y los considerandos de Derecho que se tuvieron en cuenta para resolver sobre la materia. De manera que la Sala, al acoger el informe de la Comisión de Constitución, aprobó el fallo propuesto por ella, que es un todo indivisible. Y su texto completo es lo que debe comunicarse a las partes involucradas.
Además, dejo constancia de mi protesta por la falta de cuidado al leer el informe pertinente, que alude a "...proponeros resolver las contiendas de competencia en informe mediante un acuerdo del siguiente tenor:".
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se hará como se pide y se recoge la protesta de Su Señoría.
No obstante, en respuesta a esto último, debo decir que se estimó que, como se trataba de una contienda de competencia, correspondía comunicar la decisión final sobre la materia, o sea, el fallo que se adoptó. Si el señor Senador solicita que se transcriba el texto completo del fallo, así se va a hacer. Lo que encuentro que no corresponde es la protesta, pues se actuó pensando que era el fallo lo que se remitía.

El señor DIEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
Lo que resolvió la Sala fue aprobar el informe de la Comisión, que propone un fallo de diez o quince páginas, y no sólo las conclusiones finales del mismo. De manera que lo que debe comunicarse como acuerdo del Senado es el fallo completo.

El señor OTERO.- Pido la palabra.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, deseo que demos por superado el tema, porque la Mesa ha tenido la disposición de recoger las observaciones formuladas. Con la mejor intención, pensó que la forma como se respondía era la adecuada.
Comparto lo aseverado en cuanto a que los fundamentos contenidos en el informe son esclarecedores del sentido de las conclusiones.
A mi juicio, la Mesa ha hecho uso adecuado de sus facultades al recoger los planteamientos de los señores Senadores, y no vale la pena seguir discutiendo el asunto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, me referiré a las palabras del Senador señor Diez por las que reconoce, ahora recién, hace menos de cinco minutos, que se trata de un fallo. Si lo es, necesariamente debieran incluirse los votos de minoría, e indicarse quiénes votaron por el concepto de mayoría y quienes por el de minoría...

El señor DIEZ.- Señor Presidente, vamos a iniciar nuevamente un debate...

El señor OTERO.- ¡Le pediría al Senador señor Diez que me dejara terminar, por favor! Estoy actuando conforme al Reglamento.
Señor Presidente, hay un hecho que señalé en la hora de Incidentes, en el Senado, y que es muy claro: cuando se resuelve una contienda de competencia, se tiene que indicar qué tribunal o qué autoridad es competente. Aquí hay un recurso de protección planteado. Ese recurso está vigente. Hay una apelación pendiente. Y ni el recurso ni la apelación pueden quedar en el aire; alguien los tiene que resolver. Por lo tanto, el fallo emitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debiera ser complementado, y aprobado por una mayoría de 16 señores Senadores.
He dicho.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, el debate se acabó; el Senado adoptó un acuerdo; resolvió la contienda, y esto significa jurídicamente que la Corte no pudo acoger a trámite el recurso. En consecuencia, ¡no existe recurso pendiente! Al no haber podido acogerse, esto se aplica a todos los casos en que la Corte o los tribunales de justicia intervengan dentro de las atribuciones del Contralor. Lo demás es desconocer el acuerdo del Senado. Por eso hay que comunicarlo en su integridad, ya que en los considerandos del mencionado acuerdo está clara la doctrina, para que no sea objeto de interpretaciones erróneas como las que hemos presenciado o leído en muchos órganos de prensa. Que la Corte puede tener una idea equivocada del fallo, que la tenga, pero que sepa cuál ha sido el pronunciamiento del tribunal, del Senado, que es el encargado por la Constitución de resolver la contienda de competencia.
El señor OTERO.- Señor Presidente, las expresiones del Senador señor Diez no reflejan la opinión del Senado; provienen de su punto de vista personal sobre la materia.

El señor VALDÉS (Presidente).- A este respecto, se encuentra agotado el debate. Lamento que se haya traído el asunto a discusión en la Sala, porque antes, privadamente, ya había dicho a dos señores Senadores que se procedería como ellos lo pedían. De manera que deploro que esta cuestión se haya hecho pública.
Si se estimaba que no se había cumplido el acuerdo, la Mesa estaba dispuesta a hacer la corrección del caso. Entendió en determinada forma la manera de comunicar la resolución; si la quieren distinta, bien. El texto es el mismo; lo que está escrito, también; lo que votó el Senado, igualmente. De manera que eso está resuelto.
Queda terminado este asunto, que es sólo formal.
V. ORDEN DEL DÍA



ESTATUTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL. VETO


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde ocuparse, en primer lugar, en las observaciones de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, en segundo trámite, al proyecto que establece el Estatuto de Atención Primaría de Salud Municipal, el cual ha sido calificado de "Discusión inmediata". Hubo acuerdo de la Sala para eximirlo del trámite de Comisión y tratarlo como primer punto del Orden del Día.
Se encuentra presente en la Sala el señor Ministro de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de Ley:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 11 de mayo de 1993.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 33ª, en 13 de septiembre de 1993.
Observaciones en segundo trámite, sesión 16ª, en 15 de noviembre de 1994.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 27ª, en 19 de enero de 1994.
Hacienda, sesión 27a, en 19 de enero de 1994.
Trabajo y Salud, unidas (segundo), sesión 17a, en 3 de agosto de 1994.
Hacienda (segundo), sesión 17a, en 3 de agosto de 1994.
Mixta, sesión 15a, en 10 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 29a, en 25 de enero de 1994 (se aprueba en general); 22a, 23a y 24a, en 11, 16 y 17 de agosto de 1994 (queda pendiente la discusión particular); 26a, en 30 de agosto de 1994 (se despacha en particular); 15a, en 10 de noviembre de 1994 (se despacha informe de Comisión Mixta).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El texto que propone el Ejecutivo en el oficio en que formula su observación al proyecto, que tiene número 213-330, es el mismo que ya se acogió por el Senado hace unos días con el quórum constitucional correspondiente.
Por su parte, la Cámara de Diputados comunicó, por oficio Nº 378, de 15 del mes en curso, que ha tenido a bien aprobar la observación (es sólo una, dividida en varios puntos) formulada por Su Excelencia el Vicepresidente de la República al proyecto de ley que establece el mencionado Estatuto. Puntualiza que la aprobación se formalizó con el quórum constitucional respectivo, al registrarse el pronunciamiento favorable de 88 señores Diputados, de 112 en ejercicio, dándose cumplimiento así a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
El Ejecutivo hace hincapié en la circunstancia de que se trata de una sola observación al proyecto en comentario, reponiendo los artículos del texto anterior, ya votados por el Senado. En la Cámara de Diputados, no se alcanzó a reunir el quórum constitucional exigido para aprobarlos.


El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, esta iniciativa, que cumple su último trámite, ha sido discutida por más de dos años, y acerca de ella me parece que la votación lograda en la Cámara Baja, y la de hace unos días en el Senado, han sido elocuentes.
Creo que hay consenso en la Sala en el sentido de aprobar sin discusión el texto tal como se presenta en este último trámite. Tal es nuestro deseo y nuestra petición directa.

El señor VALDÉS (Presidente).- A la Mesa se le presentaron algunas dudas acerca de si es necesario traer el proyecto nuevamente a la Sala, puesto que aquí ya fue aprobado. Pero me parece atinado, y jurídicamente necesario, que la Sala vuelva a verlo, por existir un trámite nuevo: el veto.
Repito que es el mismo texto que el Senado aprobó como informe de la Comisión Mixta.

El señor THAYER.- Aprobémoslo sin discusión, señor Presidente.

La señora FREI (doña Carmen).- Despachémoslo sin discusión, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá.

El señor GAZMURI.- Que se fundamente el voto por parte de los señores Senadores que deseen hacerlo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Bien.

El señor PIÑERA.- ¡Señor Presidente, un momento! Creo que debemos someter este tema a una discusión mínima, la que podemos acotar en 10 minutos, si Su Señoría lo desea.

El señor VALDÉS (Presidente).- Voy a poner el asunto en votación, porque se trata de la misma materia que ya fue votada y discutida latamente en el Senado.

El señor PRAT.- Hay antecedentes nuevos que considerar, señor Presidente.

El señor PIÑERA.- La discusión procede, reglamentariamente, frente a un veto. Podemos regularla y limitarla mucho; pero no eliminarla.

El señor DÍAZ.- De acuerdo: un minuto por cada señor Senador.

El señor VALDÉS.- Puede fundamentar su voto. Su Señoría tiene 5 minutos, lo que es suficiente. La vez anterior la discusión se extendió por dos o tres horas.

El señor PIÑERA.- El señor Senador que fundamenta su voto y lo hace en último lugar, no puede influir sobre nadie. Si aquí no se trata de fundamentar el voto, sino de realizar un mínimo debate. ¡Mínimo!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Renuncio a mi derecho de influir.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si hay voluntad de hablar por parte de un señor Senador, puede usar sus cinco minutos.

El señor GAZMURI.- Ponga el asunto en votación, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, reglamentariamente no se puede excluir el debate.

La señora FREI (doña Carmen).- ¡Ya lo puso en votación, señor Presidente!

El señor PIÑERA.- ¡Si el señor Presidente no puede eliminar el debate, señora Senadora!

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, le ruego que consulte con el señor Secretario si es posible eliminar el debate, si es que hay alguna duda en una materia como ésta.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ayer se acordó votar.

El señor VALDÉS (Presidente).- Lo que dispone el Reglamento es evidente; pero, señor Senador, cuando se ha votado hace poco, cuando se ha tenido un debate hace sólo tres días sobre este mismo asunto, respecto de los mismos artículos, formados por idénticas palabras, volver a plantear un debate en el mismo Senado, parece innecesario. Y podría haberse escogido la otra opinión: que ya el Senado votó, y lo hizo favorablemente. Entonces, no había necesidad de traer el veto al Senado; el pronunciamiento que faltaba era el de la Cámara de Diputados, donde no se alcanzó el quórum requerido. Si se ha traído, es para cumplir un trámite; pero no para repetir un debate. Eso no parece bueno para la salud del Senado ni para la de la República.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, para la salud, es bueno que tengamos un debate porque reglamentariamente es lo que procede; pero, en beneficio de esa misma salud podemos realizarlo, bien "cortito", con lo que demostraremos que también podemos celebrar discusiones breves.

La señora FREI.- ¡Es que los señores Senadores no son muy "cortitos" para hablar! Ya estamos acostumbrados a que expongan latamente. No estoy diciendo "latosamente".

El señor ERRÁZURIZ.- Yo tengo mi criterio formado sobre el tema; pero no deneguemos el derecho de los demás señores Senadores.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, creo que más estamos demorando con este intercambio de ideas. Nosotros, los Senadores democratacristianos, y creo que los de la Concertación, estábamos dispuestos a prescindir del debate. Ya hemos agotado nuestras argumentaciones, y podríamos seguir repitiéndolas. Pero nuestros Honorables colegas tienen, reglamentariamente, razón. ¿Quieren hablar? Que lo hagan. Lo que me importa es que voten a favor, porque hemos dilatado ya demasiado el despacho de este proyecto. Si eso significa que un cambio de su posición favorecerá el resultado, bueno, ¡que hablen! Pero hago una petición razonable: que ello sea breve.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, para no crear dificultades, podríamos realizar un debate de media hora en total sobre la materia.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, no más de 15 minutos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Está bien: tendremos un debate de 15 minutos.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, es absurdo, porque si alguien se toma los 15 minutos, prácticamente no habrá debate, porque los demás no alcanzaremos a intervenir.
Por lo tanto, debe decidirse si se abre o no discusión acerca de las observaciones del Vicepresidente de la República.

La señora FELIÚ.- Sugiero que se debatan por 30 minutos.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, no vale la pena crear tanto problema si el proyecto de todas maneras se va a aprobar. ¡Bastantes dificultades ha habido ya para su despacho!

El señor SULE.- El Honorable colega señor Errázuriz puede exponer su opinión al fundar el voto.

El señor VALDÉS (Presidente).- La Mesa propone actuar en forma equitativa: fijar media hora para discutir el veto del Ejecutivo y otorgar cinco minutos a cada señor Senador, pues seguramente no todos participarán.

El señor LARRE.- Bastaría con tres minutos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se plantea fijar tres minutos por Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.- Más los cinco correspondientes a la fundamentación de voto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se acuerda, en definitiva, abrir debate por el lapso de media hora, con un máximo de tres minutos para cada señor Senador.
En discusión las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República.

El señor LARRE.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella su Señoría.

El señor LARRE.- Señor Presidente, la semana pasada establecimos claramente la posición de los Senadores de Renovación Nacional sobre esta materia. Hoy, la Asociación Chilena de Municipalidades ha dado a conocer una declaración pública, a la cual deseo dar lectura aquí en la Sala, a fin de dejar constancia del criterio de ese organismo acerca del mismo tema.
Refiriéndose al veto presidencial aditivo al proyecto de Estatuto de Atención Primaria de la Salud Municipalizada, la Directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por el Alcalde de Santiago, señor Jaime Ravinet, expresó:
"Queremos manifestar nuestra disconformidad por el contenido de dicho veto, por cuanto sus disposiciones no contemplan las peticiones de la Asociación Chilena de Municipalidades, para eliminar la injerencia de autoridades extramunicipales ¿como el SEREMI de Salud y Consejeros Regionales¿ en la determinación de las dotaciones del personal de salud de los municipios y en el contenido de los planes de Salud.
"Creemos que, de acuerdo a la Constitución, son los municipios quienes tienen la responsabilidad de administrar los servicios traspasados, bajo el amparo de políticas globales, sin la interferencia en la disposición de recursos por parte de autoridades no municipales.
"Consideramos también que el Ministerio de Salud rigidiza las relaciones con los trabajadores. Esto no significa que seamos contrarios a sus aumentos salariales. En nuestra opinión, el Estatuto de Salud Primaria no resuelve el problema más importante que hoy padece la salud primaria: la falta de financiamiento. Durante tres años hemos pedido discutir este tema con el Ejecutivo y con pesar vemos que el proyecto de ley se despacha sin establecer ningún mecanismo que signifique rebajar el déficit de más de 14 mil millones de pesos anuales que tenemos hoy los municipios en salud.
"Unido a esta falta de recursos, vemos la desconfianza del Ejecutivo y del Parlamento respecto a la administración de la salud. Eso explica la injerencia del SEREMI de Salud y del Consejero Regional. En ese cuadro,"...

El señor VALDÉS (Presidente).- Perdón, señor Senador. Han terminado sus tres minutos.

El señor DIEZ.- Le cedo los míos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- En el tiempo del Senador señor Diez, puede continuar Su Señoría.

El señor LARRE.- Agradezco al Honorable colega.

El señor HORMAZÁBAL.- Los hechos públicos y notorios no necesitan probarse, señor Presidente. Todos hemos leído esa declaración.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, voy a plantear una moción de orden.
Estamos discutiendo un veto...

El señor VALDÉS (Presidente).- Honorable señor Piñera, no he dado la palabra a Su Señoría. Está haciendo uso de ella el Senador señor Larre, en tiempo cedido por el Honorable señor Diez.

El señor LARRE.- Continúo:
"En ese cuadro, le decimos al país que en nuestro segundo congreso nacional, a realizarse en Valdivia la próxima semana, discutiremos la viabilidad y la conveniencia de que los municipios sigamos administrando la salud primaria.
"Sin embargo, sin recursos financieros y con rigideces en la administración de los recursos humanos, nos parece absolutamente inefectivo y contraproducente continuar con esta administración. Finalmente, hemos acordado pedir apoyo a parlamentarios de las distintas bancadas para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en caso de que resulte aprobado el veto, y solicitar así la inconstitucionalidad de sus disposiciones, las que buscan entregar a Consejeros Regionales y al SEREMI de Salud, la decisión presupuestaria sobre fondos municipales de salud.".
Señor Presidente, nosotros planteamos nuestra inquietud respecto de la viabilidad de este proyecto durante su discusión la semana pasada. Ahora hacemos presente, ya no tan sólo con nuestros argumentos, sino también con los de la propia Asociación Chilena de Municipalidades, la preocupación que suscita la iniciativa.
Por eso, anuncio nuestra voluntad de abstenernos en la votación del veto aditivo.

El señor DIEZ.- ¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Le resta un minuto, señor Senador.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de que votaré en contra de las observaciones del Ejecutivo, porque en ellas se insiste en una probada y fracasada política de salud centralista y estatal, en lugar de otorgar independencia a las municipalidades para resolver los problemas de acuerdo con las realidades de cada Región.

El señor PIÑERA.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, nos encontramos analizando un veto presidencial que, para estos efectos, debe tratarse como un proyecto de ley, cuya discusión se halla regulada en el Título VI del Reglamento. Por lo tanto, estamos ejerciendo el derecho a discutir...

El señor SULE.- ¡Pero existe un acuerdo unánime en contrario, señor Senador...!

El señor PIÑERA.- No hay acuerdo unánime respecto de este debate.

El señor SULE.- Así lo resolvimos hace cinco minutos, y Su Señoría estaba en la Sala.

El señor PIÑERA.- No, señor Senador. No hemos adoptado ningún acuerdo unánime.

El señor VALDÉS (Presidente).- Pido al Honorable señor Piñera que se tranquilice, por favor.
Se ha acordado, por unanimidad, efectuar un debate durante media hora y otorgar tres minutos a cada señor Senador. Y la Mesa hará respetar ese acuerdo.

El señor PIÑERA.- Un momento. El de la palabra en el Hemiciclo no es una concesión graciosa que haga algún señor Senador o el Presidente de la Corporación. Es un derecho contemplado en el Reglamento.
En este caso, yo no he concurrido al acuerdo unánime a que se alude y, por lo tanto, hablaré por cinco minutos, que es la quinta o sexta parte del tiempo que reglamentariamente me correspondería.
En primer lugar ¿me dirijo especialmente al Gobierno, representado aquí por el señor Ministro de Salud¿, quiero manifestar lo siguiente.
Me sorprende que cuando la Asociación Chilena de Municipalidades, en forma casi simultánea, plantea puntos de fondo, como son los que tienen que ver con la flexibilidad, la capacidad de gestión y la autonomía en el ámbito de la salud primaria, el Ejecutivo no recoja ninguno de esos elementos y plantee en el veto la reposición textual de las disposiciones contenidas en la propuesta formulada por la Comisión Mixta.
En segundo término, pienso que, cuando hablamos de descentralización y autonomía, habiéndose entregado a los municipios la responsabilidad de administrar la salud y la educación, incurrimos en una contradicción si al mismo tiempo les retenemos los recursos, provocándoles déficit que terminarán por debilitar enormemente su capacidad de gestión y la eficacia de la administración municipal. Y ahora se pretende quitarles atribuciones.
Comparto plenamente los términos de la declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual consigna no solamente su desacuerdo con la pérdida de facultades que implica este veto, sino que, además, plantea que en éste existiría un eventual factor de inconstitucionalidad, al pugnar con la Carta Fundamental y con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Adicionalmente, la Asociación expresa con mucha claridad que, en tales condiciones, cabe estudiar la posibilidad de devolver la administración de la salud primaria a un nivel más centralizado. Esto representa un contraste absoluto con lo que ha sido la línea de acción y la tendencia en la materia. Si, por la vía de disminuir recursos y atribuciones a los municipios, se intenta terminar con la administración descentralizada de la salud, es mejor hacerlo de manera directa y franca.
Por otra parte, señor Presidente, quiero hacer notar la inconveniencia de que hoy día estemos legislando bajo la presión de un paro inminente. Porque cuando los paros se anuncian uno tras otro, en forma de posta, se pierde flexibilidad ¿al menos por parte del Ejecutivo¿ para legislar acerca de los asuntos que los motivan.
En lo que se refiere a los recursos, la proporción del gasto público total en salud que se destina a la salud primaria es inferior a 10 por ciento. O sea, es extraordinariamente bajo.
Se habla de fortalecer la salud preventiva, pero esto debe acompañarse de mayor financiamiento. En eso estamos ciento por ciento de acuerdo, sabiendo que buena parte de esos mayores recursos se destinarán a mejorar las remuneraciones de los 17 mil trabajadores de los servicios de salud primaria. En lo que no concordamos es en introducir en este proyecto un sistema que lleva a los propios responsables de administrar la salud ¿estamos ciertos de que no actúan por razones políticas, porque pertenecen a todos los partidos¿, en forma casi unánime, sistemática y reiterativa, a plantear que el Estatuto les quita flexibilidad, autonomía, capacidad de gestión. En síntesis, exponen que se les limita la posibilidad de atender adecuadamente a los 8 millones de chilenos que recurren al nivel de la salud primaria.
Por esa razón, señor Presidente, considero que no resulta conveniente el modo en que estamos legislando, no solamente en lo que respecta a la parte de fondo, sino también en los aspectos formales. Cabe advertir que la respuesta del señor Ministro, frente a un planteamiento serio y responsable que formuló en la Cámara de Diputados casi la unanimidad de los Parlamentarios de Oposición, ha sido la de insistir exactamente en el mismo texto, sin que se haya introducido ninguno de los cambios que nosotros sugerimos durante el trámite legislativo.
Por todas esas consideraciones, y porque creo que el Estatuto, aparte resultar aún insuficiente en lo que a recursos se refiere, es inconveniente en cuanto a la estructura, anuncio que votaré en contra del veto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Señor Presidente, ésta ha sido una discusión larga y ¿por decir lo menos¿ accidentada. Ha habido oportunidades para que los señores Parlamentarios hayan expuesto sus opiniones, críticas y comentarios. Y, en función de ello, el proyecto fue revisado varias veces. También participaron en su estudio, en forma permanente, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Cabe señalar que la iniciativa, con el veto en análisis, queda exactamente igual a como fue aprobada hace pocos días por el Honorable Senado. No se cambia ni una sola coma. Por lo tanto, si hay alguien sorprendido, debo decir que soy yo. En efecto, esperaba que, después de todo este largo proceso, en el cual la Cámara Alta se pronunció sobre un proyecto idéntico al que se encuentra ahora en discusión, tuviera lugar un despacho rápido y expedito, porque consideraba que los problemas estaban resueltos.
Señor Presidente, comprendo que mientras más tiempo transcurra, mejores ideas surgirán alrededor de un proyecto de esta naturaleza. Pero esto debe tener un fin. Hay que dar la oportunidad de que el Estatuto sea probado en la práctica, a fin de corregir, después de esa experiencia, las deficiencias que pudiera presentar. El pretender perfeccionarlo persistentemente, a cada minuto, sin aprobarlo nunca, es mantener en la incertidumbre a un grupo importante de funcionarios del país, que esperan el pronto despacho del Estatuto para tener una situación clara en su trabajo y en su carrera funcionaria.
Por eso, reconociendo que puede haber muchas buenas ideas más que las contenidas en el proyecto y que en la medida que pase el tiempo se nos ocurrirán mejores maneras de resolver los problemas, pienso que, después de este largo período de discusión, en el que han participado todos, el proyecto puede ser despachado tal como está. Demos la oportunidad para que el Estatuto pueda ser probado en la práctica, a fin de que posteriormente, con conocimiento concreto de las realidades y con la detección clara de sus deficiencias, podamos corregirlo a través de una nueva iniciativa legal.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, solamente deseo manifestar que si ya hemos sostenido una larga discusión acerca del proyecto y se ha resuelto el asunto por 27 votos ¿si mal no recuerdo¿ hace muy pocos días, no tiene ningún sentido abrir debate sobre los mismos puntos. A mi juicio, estamos sentando un precedente muy importante, de modo que lo único sensato que puede hacer el Senado es repetir la votación anterior.
Desde ya, anuncio que votaré a favor del proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, desde enero de 1992 ¿es decir, hace casi tres años¿ venimos discutiendo este tema. Todas las instituciones y las municipalidades de Chile entero estuvieron presentes en la Comisión de Salud e hicieron sus aportes: primero, durante el período en que fui Presidente de la misma, y, posteriormente, en el lapso en que ha sido su titular el Senador señor Ruiz-Esquide. Ahora observo que los argumentos ya expuestos se están repitiendo una vez más. Recurriendo a Gabriela Mistral, diría que ya fueron dichas todas las palabras, pues se han dado todos los argumentos. Así que hagámosle caso a la poetisa alguna vez.
En esta Sala se dio lectura a una declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero me gustaría que los mismos señores Senadores que recurrieron a ese texto leyeran las opiniones de las personas que se desempeñan en el sector de la salud: los trabajadores y los colegios profesionales, además de la que sustenta el Ministerio del ramo, que es el que entiende de salud. Y también me refiero a los médicos que militan en todos los partidos políticos. Incluso, el Presidente de la Comisión técnica de la Cámara de Diputados ¿parlamentario que pertenece a Renovación Nacional¿ ha votado a favor del veto y del proyecto. ¿Y por qué lo hizo? Porque entiende el problema. Eso es todo. Políticamente, se encuentra en una posición distinta de la nuestra, pero comprende la situación. Es por eso que siempre ha aceptado los términos de la iniciativa.
Han dicho que sí los que entienden; han dicho que no ¿y perdonen Sus Señorías la expresión, porque esto no lo expreso en un sentido peyorativo¿ los patrones, vale decir, las municipalidades y los alcaldes. Y sobre todo se han pronunciado así los patrones de las grandes ciudades, como Santiago. Porque si ustedes auscultan la opinión de los municipios pequeños o rurales, verán que ella es absolutamente distinta.
Los que somos médicos y hemos recorrido los consultorios conocemos el juicio prácticamente unánime de quienes más se preocupan por este tema ¿los médicos, los colegios profesionales, el Ministerio de Salud, los trabajadores¿ pero el que más interesa es el enfermo. Y los usuarios son abrumadoramente partidarios de un Estatuto como éste, aunque no cumpla todas las aspiraciones. Sin duda, ello es así.
Señor Presidente, como sé que cuento con pocos minutos, y dado que se podría entrar a la repetición de argumentos, debo decir que 27 votos ratificaron esa posición días atrás. Podríamos discutir la materia diez años más ¿y doy excusas por personificar este ejemplo en dos Honorables colegas con los cuales tengo una muy buena relación: los Senadores señores Prat y Piñera¿ y jamás nos pondremos de acuerdo, porque las concepciones que tenemos respecto de la salud, del servicio y del bien común que ella significa, son diametralmente opuestas.

El señor PRAT.- Señor Senador, ¿me permite una interrupción?

El señor VALDÉS (Presidente).- No se la puede conceder, Su Señoría, porque se le acabó el tiempo al Honorable señor Díaz.

El señor PRAT.- ¡De aquí a un año vamos a estar de acuerdo cuando discutamos otro proyecto!

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, seré muy breve; sólo quiero precisar algunos aspectos.
Si se requiere legislar de nuevo, tantas veces como sea necesario, estaremos dispuestos en el Parlamento para tratar de corregir ¿como muy bien lo ha dicho el señor Ministro de Salud¿ esta materia, que seguramente precisa mucho más estudio y perfeccionamiento.
Pero, a mi juicio, es importante que se deje constancia hoy día de algo que abordamos en el debate anterior y que ahora se repite. Debe hacerse presente una primera inconsecuencia: los Senadores de Renovación Nacional no son coincidentes con el voto que emitió en la Comisión Mixta la inmensa mayoría de sus Parlamentarios, quienes aprobaron las mismas disposiciones que hoy día figuran en el veto aditivo.
Segunda inconsecuencia: esos Honorables colegas se asilan ahora en el acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero la verdad de las cosas es que la argumentación utilizada por ellos para oponerse sistemáticamente a este proyecto no es la misma. Porque el tema fundamental era el de cuál sería la relación y la estructura laboral del sistema de atención primaria de salud en los municipios: si acaso se regiría por el Código del Trabajo, la libre contratación o el mercado, o bien, por una norma estatutaria, como ocurre en el sector público. Esa fue la diferencia, justificada, entre una y otra posición. No corresponde que ahora, entonces, se recurra a lo manifestado por la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha solicitado que no haya interferencia del SEREMI de Salud y del Consejo Regional, y que ha planteado la falta de financiamiento para la salud, que es un tema distinto, respecto del cual nosotros también estamos de acuerdo en que es necesario buscar mayores recursos, además de los que la ley entrega. Y tienen razón las municipalidades en pedir que se revise ese punto.
Los aspectos anteriores no constituyen, sin embargo, una causal para impedir que esta legislación sea realidad y pueda aplicarse en favor del sector de la salud municipalizada. La oposición de Renovación Nacional también debe traducirse en que se diga la verdadera razón por la cual hoy día los señores Senadores de ese Partido pretenden pronunciarse en contra del veto. Al respecto, su negativa no obedece a lo manifestado por la Asociación Chilena de Municipalidades, porque no se interpreta así de la discusión llevada a cabo durante dos años y medio, sino a que no les gusta el hecho de que haya un sistema público de relación laboral entre las municipalidades y sus funcionarios. Nosotros, en cambio, consideramos conveniente que posea tal carácter, pues las relaciones laborales en el sector público se desarrollan de una manera muy distinta de como lo hacen en el sector privado.
Ese es el fondo del problema y tal es la razón por la cual votamos de manera diferente. Y me alegra que quede clara la posición de Renovación Nacional, para que no se ampare en lo que dice la Asociación Chilena de Municipalidades.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, en esta oportunidad me abstendré de hacer uso de la palabra, a fin de que votemos cuanto antes.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.- Señor Presidente, quiero reafirmar el planteamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades y el del Senador señor Andrés Zaldívar.
Efectivamente, concordamos plenamente con dicha Asociación, pero eso no significa que nos hayamos sumado a su postura. Durante tres años hemos sostenido que las normas del proyecto rigidizan las relaciones y desincentivan a las autoridades comunales para solucionar los problemas de su personal, ya que los traspasan al señor Ministro de Salud, quien, de ahora en adelante ¿como lo hemos visto en estos días¿, deberá dedicar su tiempo a resolver paros y protestas ilegales, en lugar de diseñar la modernización del sistema, que es lo que la población necesita, lo que los funcionarios requieren y lo que el país en su conjunto espera.
Por eso, al finalizar su accidentada tramitación, queremos reafirmar que éste no es el proyecto de Renovación Nacional. Cuando el país, de aquí a un tiempo corto, se halle sumido en huelgas ilegales por efecto de las rigideces que introduce la iniciativa, téngase claro que la responsabilidad será del Gobierno y la Concertación, que en forma ciega e inexorable han avanzado hasta transformar en ley un cúmulo de disposiciones rígidas que desatienden las diversas realidades locales, de por sí diferentes, cometiendo, uno por uno, los mismos errores en que incurrieron en el Estatuto Docente, el cual no ha dado ninguna satisfacción al magisterio y ha desvinculado a los alcaldes de una materia tan sensible como es la educación en el campo comunal.
Por lo tanto, señor Presidente, reafirmo nuestra decisión de abstenernos, dejando claramente establecido que éste no es nuestro proyecto. No lo fue hace tres años ni nunca lo ha sido.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Gracias, señor Presidente.
Con su veto, motivado en la falta de interés en la materia demostrada por los Diputados de la Concertación al no concurrir a votar, el Ejecutivo repone disposiciones respecto de las cuales los propios municipios han manifestado su desacuerdo.
El proyecto no resuelve definitivamente el problema. Dentro de poco tendremos que volver a analizar estos temas, pues el Gobierno de la Concertación no ha querido abocarse aún a las soluciones de fondo.
Sin embargo, debemos evitar que las deficiencias del Ejecutivo sean pagadas por la atención primaria de salud municipal y sus trabajadores.
Por eso, y como lo mejor es enemigo de lo bueno, me pronunciaré a favor del veto, tomándole la palabra al señor Ministro en cuanto a perfeccionar la ley luego de un estudio que considere la opinión de las partes, pero sobre todo la de los usuarios de los servicios de salud.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al debate. Así que se procederá a votar.
En votación el veto presentado por su Excelencia el Vicepresidente de la República.
--(Durante la votación).

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, voy a aprobar el veto, pero lamento que la obcecación del Senador señor Piñera nos haya llevado a discutir innumerables veces la misma materia, más aún cuando sabemos cómo piensa Su Señoría: conocemos su enorme afán privatizador; sabemos que quiere hacer de la salud un negocio, y no ignorábamos que no quería que los trabajadores de la salud fueran funcionarios públicos.
En consecuencia, este alegato no agrega nada; sólo evidencia la intención de seguir discutiendo el mismo tema repetitivamente, una y otra vez, cuando la opinión pública y los trabajadores presentes en las tribunas conocen cuál es la opinión del Honorable señor Piñera.
Protestando porque Su Señoría nos hace caer en un nuevo debate sobre el asunto, voto que sí. El señor DÍAZ.- Como exonerado del Servicio y porque conozco el tema, apruebo el veto. El señor DIEZ.- En representación de los enfermos, voto que no. El señor ERRÁZURIZ.- Por las razones expresadas, voto favorablemente.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, seré muy breve, porque esta materia no sólo ha sido discutida en el Senado, sino también votada.
Simplemente, quiero corregir lo expresado por el Senador señor Errázuriz. En la Cámara Baja, el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de que se trata fue aprobado por 60 Diputados de la Concertación; de la Oposición,...

El señor ERRÁZURIZ.- ¡Faltaron diez!

El señor HAMILTON.- ...9 se abstuvieron, 11 votaron en contra y 2 lo hicieron a favor. El veto fue aprobado allí con los votos de la Concertación, y en esta Corporación lo será con los de la Concertación y los de los Senadores institucionales.

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor VALDÉS (Presidente).- Estamos en votación, Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Voto que sí, señor Presidente.
El señor ERRÁZURIZ.- Los votos favorables fueron de la Unión de Centro-Centro.

El señor HORMAZÁBAL.- ¡El plural puede servir en la Cámara! ¡Aquí es singular todavía, y esperamos que se mantenga así...!
Voto a favor.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, algunos señores Senadores dieron a entender que las movilizaciones de los trabajadores constituyen una aberración. Para quienes hemos tenido siempre vocación democrática, las movilizaciones y las expresiones de los trabajadores son derechos legítimos que ninguna democracia puede desconocer. De tal manera que quiero ahuyentar esa sombra en cuanto a que aquellos estarían cometiendo actos irreflexivos, porque, a través de esos mecanismos y otros, buscan satisfacer sus justificadas necesidades y demandas.
Quiero manifestar, por último, que en el Senado ya no extraña la postura permanentemente negativa y bloqueadora del Senador de la Oposición señor Piñera, quien en esta oportunidad ha expresado su rechazo al estatuto en análisis, así como hace pocos días anunció al Gobierno y al país que no aprobaría el proyecto de Ley de Presupuestos.
No nos cabe ninguna duda de que se está buscando protagonismo y pretendiendo volver a prácticas anteriores al año 1973, cuando se intentaba llegar al poder sobre la base del fracaso del Régimen de turno.
Creemos que ésa no es la actitud correcta para políticos que se consideran modernos y renovados.
Voto afirmativamente.

El señor OTERO.- Señor Presidente, estamos ante un problema bastante difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el proyecto no soluciona la situación de la gente que trabaja en los consultorios.
Es incuestionable que cuando se elabora un texto generalizador se cometen injusticias, porque cada consultorio es distinto de otro y sus problemas son diferentes, así como cada comuna tiene una realidad disímil.
Por lo tanto, el gran inconveniente de los consultorios periféricos en muchas oportunidades es que, debido a su recargo de trabajo y la distancia del lugar donde están ubicados, carecen de personal realmente interesado en laborar en ellos. Hay falta de médicos; sus funcionarios generalmente trabajan con gran celo y espíritu apostólico. Sin embargo, este proyecto, por muy bien intencionado que sea, no les soluciona el problema.
Cuando uno visita los consultorios, conoce las inquietudes de sus trabajadores respecto a sus posibilidades futuras de perfeccionamiento profesional. El médico, como no tiene contacto con el hospital, queda al margen de aquel. Y por eso en los establecimientos municipales de atención primaria de salud se produce una rotación permanente de facultativos.
Esas son verdades que nadie puede negar. Inclusive, en muchos consultorios faltan implementos.
Todo ello hace necesario cambiar ¿y me alegra que esté presente el señor Ministro de Salud¿ el sistema de atención de los consultorios. Debemos efectuar una diversificación a fin de que, dentro de lo posible, sean de atención primaria y secundaria, para que los hospitales sólo desarrollen la atención terciaria.
De esa manera enfrentaremos realmente el problema de la salud.
Este proyecto de ley es una solución de parche, que no me satisface. Por el contrario, me crea enormes inquietudes. Porque ya hemos visto lo ocurrido con el Estatuto Docente; desde estas bancadas advertimos que crearía desfinanciamiento en las municipalidades y no solucionaría el problema de fondo.
Señor Ministro, me enfrento a un problema de conciencia. No estoy de acuerdo con esta iniciativa. Estimo imprescindible realizar una reforma sustancial en el sector salud. Creo que hay que dotar de independencia y autonomía a los hospitales y a los centros de atención de salud, que deben tener plantas de personal propias y financiamiento adecuado para servir a la población. Sin embargo, debo pronunciarme sobre este proyecto de ley, porque no tengo alternativa.
Señor Presidente ¿y quiero ser muy franco, ya que hay personal de la salud en las tribunas¿, los paros me moverían mucho a votar en contra. No me parece legítimo ni democrático presionar al Congreso Nacional y a la autoridad dejando de cumplir una labor asistencial cuya paralización causa sufrimiento a tantos chilenos. Empero, en conciencia, y a riesgo de ser criticado, me pronuncio a favor del veto, confiando en la palabra del señor Ministro ¿porque lo conozco desde hace mucho tiempo¿ en el sentido de que en el curso de este año buscaremos una solución integral a los problemas de la salud.
Voto que sí.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, deseo dar lectura a parte de la declaración pública de la Asociación Chilena de Municipalidades ¿espero que se ponga atención¿: "Sin embargo, sin recursos financieros" ¿porque este proyecto no los aporta¿ "y con rigideces en la administración de los recursos humanos, nos parece absolutamente inefectivo y contraproducente continuar con esta administración." (la de la salud primaria).
En síntesis, señor Presidente, los alcaldes de Chile ¿y éste no es un problema de Oposición y Gobierno, como pretende sugerir el Senador señor Muñoz Barra¿ plantean que, de aprobarse este proyecto de ley, considerarán dejar de administrar.
¿Lo hacen porque no quieren cumplir con su responsabilidad? ¿Todos los alcaldes y municipios del país son antipatriotas? ¿O será que algo de esta iniciativa legal les lleva al convencimiento de que no podrán realizar con eficacia su tarea?
Me habría gustado que el señor Ministro hubiese podido acoger más a fondo estos planteamientos y que no se insistiera con un veto que repone en forma textual lo propuesto con anterioridad.
Por otra parte, el Senador señor Andrés Zaldívar manifestó que estamos dando razones distintas de las entregadas por los municipios. Son exactamente iguales: este proyecto de ley no aporta los recursos que requiere la salud primaria e introduce rigideces. Es lo mismo que plantean aquéllos.
Sé que en las tribunas hay representantes de los trabajadores de la salud primaria. Por eso, con mucha honestidad deseo señalar que, cuando uno compara las remuneraciones de este sector con las del resto de la salud pública, nota que existe una deficiencia gigantesca, un vacío, que perjudica tremendamente y sin ninguna razón a las primeras. Y por ello concordamos en la necesidad de aportar mayores recursos y hemos manifestado que si el proyecto los entregara lo aprobaríamos en forma instantánea.
Pero, a pesar de la presencia de esos trabajadores, debo subrayar que 8 millones de chilenos reciben atención primaria de salud y que todos los alcaldes de Chile, representados por sus legítimas autoridades, sostienen que este proyecto de ley produce tal daño a su capacidad de manejar eficientemente la salud primaría, que están pensando en la posibilidad de dejar de administrarla.
En esta materia deberíamos tomar más en cuenta la opinión de quienes administran ese sector y no tratarlos en forma despectiva de "patrones" ¿lo hizo un señor Senador¿, porque son autoridades elegidas por la ciudadanía para procurar el bien común y para administrar eficientemente la salud primaria y la educación.
Por último, el señor Ministro dice: "Echémosle para adelante. Después lo corregimos". Sin embargo, estimo que ésta habría sido una gran oportunidad de hacer una buena ley sobre la materia.
Asimismo, en esta iniciativa existe un problema de constitucionalidad, del cual dejo expresa constancia.
Voto en contra del veto.

El señor PRAT.- Señor Presidente, porque deseo éxito al Gobierno de mi país ¿y particularmente al Ministro del ramo¿ en la administración de la salud y porque soy escéptico en cuanto a que después, mediante otra ley, se puedan arreglar las inconveniencias de la que estamos votando ¿en educación hubo un Secretario de Estado que quiso hacer lo mismo y ya no ocupa el cargo¿, me voy a restar a la aprobación de este proyecto.
Me abstengo.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, tal como señaló el señor Ministro de Salud, este proyecto ya ha sido discutido en su generalidad. Sin embargo, es del caso agregar un par de elementos importantes para la historia fidedigna de la ley, que tienen bastante trascendencia a raíz de la información entregada por algunos señores Senadores respecto de la declaración pública de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Entendiendo el criterio de la citada Asociación, discrepo en un aspecto que considero sustancial y que afecta a una norma constitucional y, al mismo tiempo, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Dicho cuerpo legal establece responsabilidades muy definidas. Su artículo 3°, letra f), fija al municipio una función privativa ¿es decir, que no corresponde a ninguna otra entidad pública, ni a ningún Poder del Estado¿: "Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal".
Luego, en el artículo 5°, letra a), entre las atribuciones esenciales del municipio, figura la de "Ejecutar el plan comunal".
Cuando la ley se refiere a este tema, está expresando una acción comunal y no solamente municipal.
Por eso, quienes han analizado el funcionamiento del proceso de descentralización del país necesariamente concluyen ¿y lo acepto y promuevo¿ que toda acción fiscalizadora de los concejales, cuando existe un plan de desarrollo comunal, alcanza más allá de la actividad municipal, por cuanto en la elaboración y ejecución de dicho plan actúan, sin duda alguna, todos los entes públicos del país.
Pero el artículo 6° de la citada Ley Orgánica ¿a mi juicio, contiene uno de los elementos más importantes, que el Tribunal Constitucional deberá tener presente¿ señala que "Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado en las condiciones que señale la ley respectiva," y ésta es una ley distinta de la que las autorizó a celebrar convenios, en 1980, en las áreas de salud, educación y otras, actualmente bajo su administración. Por tal motivo, resulta lógico pensar que aquí hay un problema constitucional interesante que, desde mi punto de vista, altera el proceso de la formación de los poderes verticales de Chile, fundamentalmente en lo que respecta a la autonomía municipal, la cual constituye uno de los factores más importantes para enfrentar tal problema.
Lo anterior no significa que esté en una posición contraria al proyecto, por cuanto creo que, independientemente de nuestra postura, de todas maneras deberá existir convenio con todos los municipios, a fin de que se cumpla lo señalado por el artículo 6° de la Ley Orgánica ya citado. Y el alcalde, con la autorización o el visto bueno del concejo comunal, podrá, en definitiva, asumir o no asumir el convenio. Así lo entiendo. No interpretarlo de esa manera lleva, a mi juicio, a destruir absolutamente el proceso de descentralización del país, las autonomías y las libertades propias de los gobiernos comunales de Chile.
Señalo estos elementos, porque ¿como he dicho¿ habrán de tenerse presente en la discusión constitucional de esta iniciativa posteriormente.
Por último, señor Presidente, hay otro precepto que me hace pensar que la normativa, independientemente de sus virtudes y defectos, va a merecer un análisis aun mayor. Me refiero al artículo 21, que establece claramente que "a los funcionarios de los Servicios de Salud que postulen a un establecimiento municipal de atención primaria de salud" les asistirá un derecho preferente en caso de igualdad de puntaje en el concurso pertinente. Ello significa que, indirectamente, se traspasa la Administración Pública de carácter nacional al ámbito municipal. A mi juicio, éste es el punto más importante.
Por eso, encontrando razón a las autoridades municipales respecto de lo que plantean en la comunicación ya conocida, creo que tal razón tiene perfecto derecho de aplicarse en forma práctica en el instante mismo en que se firmen los convenios que la normativa señala.
Señor Presidente, voto a favor del veto y dejo planteadas mis dudas respecto de su constitucionalidad en lo que a convenios se refiere.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, se ha dicho que el proyecto de ley no soluciona el problema de los trabajadores de la salud. Creo que eso es efectivo: no resuelve todos los que los afectan. Sin embargo, sí aborda aspectos importantes que ellos mismos plantearon en su oportunidad: el mejoramiento de las remuneraciones, la estabilidad de los puestos de trabajo y la creación de una carrera funcionaria. Son anhelos que hicieron presente a través de sus dirigentes legítimos. Por tanto, debemos entender que el proyecto responde a la voluntad de los trabajadores, contrariamente a lo que afirman algunos que creen interpretarlos mejor que ellos mismos.
Ciertamente, estas normas no solucionan los problemas de la salud. Mientras en este ámbito tengamos un sistema como el actual, estaremos mal. Por eso, el señor Ministro ha propuesto reuniones con dirigentes de los distintos sectores involucrados para abordar la gravedad de la situación, la cual, por lo demás, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.
Además, se ha sostenido que las municipalidades no están de acuerdo con la iniciativa porque cuentan con pocos recursos. En lo personal, concuerdo con los alcaldes.
Faltan fondos a las municipalidades, y por eso ven que cada peso que gastan en salud o en educación les resta posibilidades para realizar sus funciones propias. Eso es cierto, pero no lo es menos que aquéllas no son las que legislan. Quienes legislamos somos los Senadores. Debemos asumir esa responsabilidad y no escudarnos en otros para eludirla.
Por tanto, creo que debemos aprobar el veto, como una manera de dar solución a un problema que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, habiendo votado el 80 por ciento de los Senadores, no cabe duda alguna de que el veto se va a aprobar. Sin perjuicio de ello, quiero llamar la atención sobre el hecho de que nuevamente nos encontramos votando una materia crucial para los chilenos bajo el signo de la espada de Damocles: así se percibe la actitud de quienes ocupan las tribunas para con los Senadores que se atreven a levantar la voz en contra de un proyecto en el que no creen...

El señor GAZMURI.- En el Parlamento se usa la espada de Pericles, señor Senador.

El señor SIEBERT.- Creo que hay mejores ideas, que lamentablemente no se han recogido acá. En su oportunidad, se hicieron presente diversas observaciones, pero el Ejecutivo, en una actitud incomprensible para nosotros, insistió en los mismos planteamientos iniciales, que habían merecido objeciones de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. La más importante es que la iniciativa no termina con el déficit municipal, que llega a 14 mil millones de pesos anuales, y, tampoco, con la intromisión de personas ajenas en la gestión de los municipios, que ¿se supone¿ debiera ser autónoma, como hemos querido impulsar nosotros. Y no será posible superar la mala gestión en salud primaria si se diluyen las responsabilidades, situación que, desgraciadamente, se va a producir.
Entonces, confío en las palabras del señor Ministro de Salud, quien nos ha prometido que va a estar atento para, dentro de un plazo prudencial, introducir las modificaciones que sean necesarias al presente estatuto. Le cobraremos la palabra.
No obstante, como no quiero hacerme partícipe de los errores que se van a aprobar ni de la decisión de no abordar ahora la solución ejecutiva del problema, me abstengo.

El señor SULE.- En ese caso, no puede cobrar la palabra, señor Senador. No tiene justo título para eso.
Voto que sí, señor Presidente.

El señor THAYER.- Señor Presidente, como ya expresé, voy a votar por segunda vez favorablemente este conjunto de disposiciones. Sólo quiero agregar que, en materia de salud, en el mundo entero existe un desajuste entre los avances gigantescos de las ciencias médicas y biológicas y la disponibilidad de recursos para hacerles frente. Por consiguiente, ninguna solución que se presente hoy va a satisfacer plenamente las necesidades o aspiraciones en este ámbito.
Por tales razones ¿que explicó muy bien el señor Ministro¿, voto que sí.

El señor URENDA.- Señor Presidente, el Senado ya conoce mi criterio sobre esta iniciativa. Sólo quiero reiterar que, lamentablemente, las buenas intenciones que la pueden haber motivado no se reflejan en su articulado, por lo que resulta evidente que deberá introducírsele reformas. Al respecto, me complace lo expresado por el señor Ministro, y confío en que, con toda calma y objetividad, y fundamentalmente pensando en el fin último ¿la salud de las personas¿, podremos perfeccionar el proyecto que aprobamos hoy.
He expresado que lo acojo con reservas, de alguna manera, como un homenaje a tantas personas que a lo largo de todo Chile, con malas remuneraciones y mucha entrega, atienden a la gente más modesta.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero hacer tres alcances muy breves en relación con lo dicho aquí.
En primer lugar, dejo constancia de que el proyecto se despachó en la Cámara de Diputados y está en vías de despacharse en el Senado no sólo con los votos favorables de la Concertación ¿por lo demás, serían insuficientes¿, sino con muchos de quienes estamos en la Oposición o de los que son independientes respecto de posiciones propiamente políticas.
En segundo término, deseo dejar establecido que lamento que se hayan hecho alusiones despectivas a un señor Senador aquí presente, tratando de colocarlo en una situación desmedrada en presencia de mucha gente que hoy se encuentra en las tribunas. Creo que debemos respetarnos y que las diferencias de opinión no pueden inducirnos a hacer acusaciones de esa índole o a suponer intenciones. Me parece que todos los señores Senadores no tenemos otra mira que el interés nacional.
Por último, quiero pedir que ojala no siente precedente el procedimiento seguido por el Ejecutivo en este caso, que indudablemente envuelve el propósito de limitar las facultades del Congreso Nacional. Porque las 45 observaciones formuladas ¿muy variadas¿ se han englobado en una sola, diciéndole al Parlamento cómo debe votar. Creo que probablemente las razones de urgencia que han existido justifican este criterio, pero no podemos aceptar que el Ejecutivo haga una calificación que no corresponde a la realidad: cuando hay 45 observaciones diferentes no pueden ser consideradas como una, porque el día de mañana ello puede significar una limitación de la facultad consagrada en el artículo 70 de la Constitución Política, que nos permite aceptar algunas observaciones o rechazar otras.
Reitero: ojala esto no siente precedente y se haya procedido de esa forma por las circunstancias especiales del proyecto.
Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, seré breve. Sólo me limitaré a hacer algunas observaciones para fundamentar mi voto.
En primer lugar, debo insistir en que se está aprovechando una declaración de la Asociación Chilena de Municipalidades ¿que puede ser discutible¿ para justificar una posición (que es distinta de la argumentación dada en este mismo Parlamento) frente a este veto y votar en contra. Porque, en aquella ocasión, el debate se centró fundamentalmente en la supresión del artículo 1° y, luego, derivó al intento de evitar la dictación del Estatuto. Lo que dicha Asociación nos solicitó fue precisamente que no se aplicara el Código del Trabajo, y que en el Estatuto se establecieran menos rigideces que las que se han aprobado. Esa fue la diferencia que existió con la Asociación ¿aplicación del Código del Trabajo, libre contratación¿, pero que no era la posición de Renovación Nacional.
En segundo término, no es efectivo lo que sostiene la Asociación Chilena de Municipalidades en cuanto a que este proyecto no les otorga financiamiento a éstas, como tampoco lo es la justificación que pretende hacer ahora Renovación Nacional tan generosamente, la que no hizo cuando correspondía, sino ahora que está "al otro lado".
El proyecto, de acuerdo con el cambio del financiamiento por atención médica establecido en el artículo 49, otorga a las municipalidades 8 mil millones de pesos ¿a lo mejor, no es la cantidad necesaria; sin embargo, hoy no disponen de ella¿ para mejorar su situación. ¡Antes, no sólo no se dio nada, sino que les quitaron todo!
En cuanto a la amenaza de que los municipios no podrán gestionar, a mí me parece muy mal. Y, al respecto, llamo la atención a que, si los alcaldes dejan de cumplir con sus obligaciones, deberán responder frente a la opinión pública. No creo que sea por la vía de ese tipo de lenguaje el que podamos ir buscando soluciones a los problemas.
Respecto a que el veto venga en una sola proposición, estoy de acuerdo, porque, además, se hizo conforme a las normas constitucionales. Es un todo orgánico y no puede tratarse probando una u otra cosa, pues se desvirtuaría la finalidad que persigue en sí mismo.
Por último, expreso a los Senadores de Renovación Nacional lo que diría un buen campesino: "No me ayude usted, compadre".
Voto que sí.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero manifestar, en primer lugar, que sobre esta materia mantendré la misma línea que he sustentado en otras ocasiones, y no voy a reiterar los argumentos que me han llevado a ello.
En segundo término, lamento algunas expresiones formuladas en esta oportunidad ¿como aprovechando una cierta circunstancia¿ para, sobre la base de un punto de vista, descalificar a otros señores Senadores que merecen respeto.
Por último, en la tramitación de este proyecto he echado de menos el necesario informe de una Comisión ¿eventualmente, de dos, si hay incidencias económicas¿ antes de resolver sobre esta materia. A mi juicio, deberíamos haber seguido el tramité correspondiente, que en este caso no se ha cumplido. Y ello no me parece que sea la manera más correcta de proceder del Senado.
Por todas estas razones, y manteniendo lo dicho con anterioridad, me abstengo.

El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el veto (30 votos contra 2 y 4 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Otero, Páez, Pérez, Ríos, Ruiz (don José), Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Diez y Piñera.
Se abstuvieron los señores Larraín, Larre, Prat y Siebert.


El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, sólo quiero señalar, frente a la inquietud del Senador señor Larraín, que el veto fue calificado con urgencia de "Discusión Inmediata" y hubo acuerdo de la Sala para eximirlo del trámite de Comisión y tratarlo en el primer lugar de la tabla. Por eso, no está el informe a que Su Señoría hace alusión. El señor LARRAÍN.- No me consta que el Senado lo haya eximido del trámite de Comisión, pero sí de debatirlo en el primer lugar del Orden del Día.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor MASSAD (Ministro de Salud).- Señor Presidente, en nombre del Ejecutivo, quiero agradecer a los señores Senadores el respaldo a este proyecto, de largo trámite y cuyo debate ha sido difícil. Expresamos nuestra gratitud a quienes han contribuido a aprobarlo y también a los que ayudaron con su discusión, aunque no con su voto, a mejorarlo.
Reitero, formalmente, los agradecimientos personales y del Ejecutivo por la aprobación de la iniciativa.
Muchas gracias.


MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL


El señor VALDÉS (Presidente).- En el segundo lugar de la tabla, figura el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica diversas disposiciones de la ley N° 18.933, sobre instituciones de Salud Previsional, con urgencia calificada de "Suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 6a, en 16 de junio de 1994.
En tercer trámite, sesión 16a, en 15 de noviembre de 1994.
Informes de Comisión:
Salud, sesión 9ª, en 5 de julio de 1994.
Hacienda, sesión 9ª, en 5 de julio de 1994.
Salud (segundo), sesión 17a, en 3 de agosto de 1994.
Discusión:
Sesiones 11a, en 7 de julio de 1994 (queda pendiente la discusión general); 12a, en 12 de julio de 1994 (se aprueba en general); 20a, en 10 de agosto de 1994 (queda pendiente la discusión particular); 22a, en 11 de agosto de 1994 (se despacha).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Cámara de Diputados ha dado su aprobación al proyecto despachado por el Senado, con diversas modificaciones, las cuales se consignan en el boletín comparado que se encuentra a disposición de los señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión las proposiciones de la Cámara.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, tal como acaba de señalarlo el señor Secretario, la Cámara Baja introdujo numerosas enmiendas al proyecto que modifica diversas disposiciones de la ley N° 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional.
Solicito que dichas modificaciones sean enviadas a la Comisión de Salud del Senado, a fin de que pueda ilustrarnos en el sentido de aceptarlas o rechazarlas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, se está dando la misma circunstancia que en el proyecto anterior. Esta materia la hemos discutido por más de dos largos años. Hemos escuchado ya todas las opiniones y estamos en conocimiento pleno de cuáles son las indicaciones y cuáles los desacuerdos que tenemos. Creo que sería inútil seguir argumentando en este sentido por cuanto conocemos las posiciones de cada cual. Y vamos a repetir exactamente los mismos argumentos.
Por lo tanto, solicito proceder a su votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios brevísimos.
El primero es que, como Comité Renovación Nacional, pido que esta materia sea enviada a Comisión, como siempre debe ocurrir, porque la Sala no puede transformarse en Comisión.
En segundo término, quisiera que la Sala pidiera a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento un informe genérico pero que considere lo ocurrido durante la tramitación del proyecto anterior. Cabe recordar al respecto que el Ejecutivo presentó una indicación nueva en la Comisión Mixta, y tanto los representantes de la Cámara de Diputados como del Senado debieron votar el informe de ésta como un solo paquete. Es decir, nunca tuvieron oportunidad de discutir, analizar, agregar o quitar. Si eso es aceptable o legítimo, estaríamos creando una nueva forma de legislar como es la de presentar las indicaciones en la Comisión Mixta, con lo cual se desvirtúa absolutamente el procedimiento de discusión de la ley.
Solicito a la Comisión de Constitución que analice la forma como se presentaron las indicaciones del Gobierno al proyecto en cuestión, no para afectarlo, porque ya está aprobado, sino ¿creo fundamental hacerlo¿ para sentar jurisprudencia en esta materia.
Y planteo el punto precisamente cuando la iniciativa ya se encuentra aprobada para no mezclar una cosa con otra.
Recalco que el Senado no pudo pronunciarse sobre la indicación porque debió votarla ¿repito¿ como un solo paquete. La indicación significaba gasto, y no fue a la Comisión de Hacienda, a pesar del mandato constitucional que exige a esta Comisión velar por el financiamiento de los proyectos. Lo que pido es muy simple: que se estudie el caso para sentar jurisprudencia al respecto.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, creo que los Senadores siempre esperamos que las ideas que contribuyan a mejorar nuestro trabajo legislativo sean debidamente valoradas. Y en ese sentido sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en lograr una mejor comunicación entre nosotros.
Algunos señores Senadores manifestaron desconocer que se hubiese adoptado determinado acuerdo respecto de la tramitación de una iniciativa. Sin embargo, en la circular que al efecto emite el Senado y que se nos distribuye en cada sesión se detallan los acuerdos relacionados con tal proyecto, los que corresponden a la información proporcionada por el Honorable señor Muñoz Barra. La Sala, en determinado momento, acordó eximirlo del trámite de Comisión, facultad reglamentaria competente, e incluirlo en el primer lugar de la tabla.
El Honorable señor Piñera acaba de formular una razonable argumentación sobre el tema siguiente. El sostiene que el Reglamento de esta Corporación y la Ley Orgánica Constitucional del Parlamento establecen que, en ningún caso, podrán eximirse del trámite de Comisión de Hacienda las materias que incidan en aspectos financieros. Al parecer, en el veto no se incorporaron elementos de esta naturaleza. De modo que no era urgente ni obligatorio que hubiese pasado a la Comisión de Hacienda.
Quiero dilucidar este punto porque me interesa que mantengamos con mi Honorable colega el respeto por las normas que fijan el marco de nuestra actuación.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?

El señor HORMAZÁBAL.- Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

El señor PIÑERA.- Para clarificar solamente. No me refiero al veto,...

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿La pide a la Presidencia, señor Senador?

El señor PIÑERA.- Sí, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Se la concedo con mucho gusto, porque hace tiempo que se le ha olvidado que el Senado todavía tiene un Presidente...!

El señor PIÑERA.- Muchas gracias, y un muy buen Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Espero que los taquígrafos hayan tomado debida nota...!

El señor PIÑERA.- Y, por si no lo escucharon bien: un muy buen Presidente.
Como decía, lo que estoy planteando no tiene relación con el veto, y es un tema que es bueno que se aclare para no repetir estas discusiones en las Comisiones.
Cuando la Comisión Mixta discutió las discrepancias entre la Cámara Baja y el Senado, el Ejecutivo formuló una indicación nueva que significaba gastos, y que fue aprobada en términos a mi juicio muy discutibles. Por eso, solicito un informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor HORMAZÁBAL.- Con su venia, señor Presidente, recupero el uso de la palabra.
Pienso que nosotros debemos ir aproximándonos. Quiero hacer una observación para despejar la legítima duda planteada por mi Honorable colega el señor Piñera.
A mi juicio, aquí no hemos introducido ninguna alteración ni al Reglamento, ni a la ley, ni a la Constitución. Hemos actuado dentro del ámbito pertinente y reglamentariamente procedente. La interrogante de mi Honorable colega precisa, a mi entender, una reflexión más profunda. Por ello, pido plantearla en reunión de Comités para evaluar qué es lo que allí ha ocurrido y, si es necesario, aclarar algunas dudas al respecto.
Expresamos nuestra disposición en tal sentido, a fin de evitar tener que tomar ahora una decisión sobre un aspecto acerca del cual ¿por lo menos, en lo que a mí respecta¿ carecemos de la información suficiente.
Formulo esta petición para que se discuta en reunión de Comités. El señor LARRAÍN.- Adhiero al planteamiento del Honorable señor Hormazábal para despachar este punto y poder pasar al siguiente. El señor VALDÉS (Presidente).- En consecuencia, no se trataría ahora esta materia, y en reunión de Comités decidiríamos si se envía o no a Comisión. Me refiero al proyecto sobre las ISAPRES.

El señor HORMAZÁBAL.- No, señor Presidente, yo sólo me he referido a la proposición del Honorable señor Piñera de pedir un informe a la Comisión de Constitución. Esto habría quedado para ser analizado en Comités.
Pero hay subyacente otra petición hecha por distinguidos señores Senadores y una señora Senadora en cuanto a que el proyecto que viene en tercer trámite vaya a Comisión. A mí me parece, naturalmente, una solicitud fundada, pero quienes han estudiado más en profundidad el tema me advierten que son elementos muy circunstanciales. Si algún Honorable colega con mayores conocimientos de esta materia nos diera una sintética información, podríamos estar en condiciones de calificar si podemos despacharlo de inmediato o no.
Eso es lo que me permitiría sugerir.

El señor LARRAÍN.- Como Comité Unión Demócrata Independiente, pido también que vaya a Comisión.

El señor VALDÉS (Presidente).- ¿El referente a las ISAPRES?
El señor LARRAÍN.- Sí, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se enviaría, en consecuencia, a la Comisión de Salud.
Acordado.

El señor LARRE.- Señor Presidente, los integrantes de la Comisión estamos dispuestos a estudiar a la mayor brevedad las proposiciones de la Cámara de Diputados, pero como no se encuentra presente el Presidente de la Comisión de Salud para los efectos de citar a esa reunión, creo que podríamos pedir el consentimiento de sus integrantes aquí en la Sala con el fin de que Su Señoría lo haga.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se la citaría para mañana, a las 10.

El señor DIEZ.- ¿Cuándo vence la urgencia?

El señor VALDÉS (Presidente).- El 25 de noviembre.

El señor LARRE.- A esa hora está citada la Comisión de Agricultura.

El señor VALDÉS (Presidente).- En ese caso, se citaría a las 9.
Acordado.




BENEFICIOS A PROPIETARIOS DE PREDIOS DERIVADOS DE REFORMA AGRARIA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA


El señor VALDÉS (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que otorga determinados beneficios a los propietarios de predios derivados del proceso de reforma agraria.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 9a, en 5 de julio de 1994.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 5a, en 18 de octubre de 1994.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 15a, en 21 de julio de 1994.
Hacienda, sesión 15a, en 21 de julio de 1994.
Agricultura (segundo), sesión 2a, en 5 de octubre de 1994.
Hacienda (segundo), sesión 2a, en 5 de octubre de 1994.
Mixta, sesión 17a, en 16 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesiones 18a, en 4 de agosto de 1994 (queda para segunda discusión); 19a, en 9 de agosto de 1994 (se aprueba en general); 3a, en 6 de octubre de 1994 (se despacha en particular); 5a, en 18 de octubre de 1994 (pasa a Comisión Mixta).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión Mixta estuvo integrada en la forma que se indica en el informe ¿en el caso del Senado, por los miembros de la Comisión de Agricultura¿ y se constituyó el 2 de noviembre en curso, bajo la presidencia del Honorable señor Larre.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que se enviaron oficios al Ministerio de Justicia y al Consejo de Defensa del Estado. La controversia se suscitó sobre diversas disposiciones legales, las que fueron analizadas por la Comisión. Las distintas situaciones que se producen figuran en las páginas 4 a 19. El texto del proyecto, que consta de 5 artículos, aparece en las páginas 21 a 24 del informe. Y las sugerencias de la Comisión, que deberían ser discutidas y votadas por el Senado, figuran en las páginas 19 a 21.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sólo para hacer presente una inquietud que me ha surgido.
Una vez estudiado el proyecto para esta sesión, luego de oír a algunas personas de mi Región y a otros Parlamentarios acerca de un aspecto muy específico que se suscita en su texto, debo aclarar que en la Comisión Mixta concurrí con mi voto virtualmente favorable a todas las disposiciones. Por lo tanto, votaré en favor de él. Sin embargo, hay un problema de constitucionalidad sobre el cual quiero plantear expresa reserva, porque a estas alturas de la tramitación no creo que sea posible corregirlo entre nosotros.
Sucede lo siguiente. El número 2 del artículo 1° establece qué deudores podrán recibir al beneficio que contempla. Y señala que se trata de quienes no sean propietarios de más bienes raíces que dos predios derivados directamente del proceso de reforma agraria, sea dos sitios; dos parcelas con o sin sus respectivos sitios, o un sitio y una parcela con o sin su respectivo sitio. Ello, independientemente, de otras consideraciones que agrega.
No está en discusión la idea que personalmente planteé de ampliar el beneficio de manera que quienes tuvieran más de dos parcelas pudieran acogerse a él por dos de ellas. No estoy planteando eso en esta oportunidad, sino que este número, en contraste con lo que establece el inciso final del propio artículo 1°, genera una inquietud que me hace pensar que existe una cuestión de constitucionalidad. El inciso final del artículo 1° dice:
"Los propietarios de parcelas de la Reforma Agraria que las hayan adquirido conjuntamente con la casa y el sitio comprendidos en la asignación sólo tendrán derecho al beneficio establecido en este precepto cuando transfieran, pura y simplemente a título gratuito, al asignatario original o a la sucesión de éste, la casa y el sitio comprendidos en la asignación, siempre que ellos habiten o trabajen en éstos al 31 de diciembre de 1992.". Es decir, aquí se está condicionando la recepción de este beneficio en la medida en que se dé, restituya o done al asignatario original o a la sucesión de éste la casa y el sitio comprendidos en la asignación. Por lo tanto, sólo recibirán la transferencia gratuita de la casa y el sitio aquellos asignatarios originales o la sucesión de éstos que hayan enajenado su predio, por cualquier título, a adquirentes de una o dos parcelas por las que son acreedores al beneficio consignado en el proyecto, y no lo tendrán, en cambio, quienes lo hayan enajenado a los que posean tres o más parcelas, o sea, en ese caso no gozarán de tal transferencia gratuita.
En otras palabras, con esto se produce una desigualdad ante la ley respecto de aquellos que, habiendo enajenado su casa, lo hayan hecho a un propietario de más de dos parcelas. Porque, por tener éste más de dos parcelas, esas personas, que no tienen arte ni parte en dicha operación, se ven privadas de un beneficio, en circunstancias de que otra, que está en la misma situación, por el hecho de haber enajenado su predio a alguien que tiene una o dos y puede acogerse a la condonación, sí recibirá a título gratuito la casa y el sitio.
Lo anterior, a mi juicio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Carta, relativo a las garantías constitucionales, provoca un claro problema en cuanto a la igualdad ante la ley. Por ese motivo, y no obstante estar de acuerdo con el tenor de esta norma y aprobarla en sí misma, tengo, por sentido de responsabilidad, que hacer expresa reserva de constitucionalidad del artículo 1° del proyecto, porque contradice lo establecido en el artículo 19, número 2°, de la Carta Fundamental, que garantiza en forma expresa la igualdad ante la ley. He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larre.

El señor LARRE.- Señor Presidente, después de haber sido largamente discutido por la Sala, este proyecto está cumpliendo la etapa de informe de Comisión Mixta. Y, en verdad, creo que trasunta el compromiso político asumido el año pasado por algunos señores Senadores con el Gobierno del Presidente Aylwin. Después de un extenso debate, se ha logrado elaborar la iniciativa que sometemos a la consideración de la Sala, que realmente contiene el espíritu que animó ese acuerdo político. Ahora, frente a algunas inquietudes que se han planteado de por qué dos parcelas, o hasta dos parcelas, o dos sitios, o una parcela y un sitio, debo precisar que ése fue el compromiso. Y dentro del ánimo de incluir a muchos propietarios de parcelas que, por razones de interés familiar ¿en especial, derivadas del estudio de sus hijos¿, poseen una casa en el sector urbano o rural, se ha incorporado la posibilidad de que sean poseedores de un tercer inmueble, considerado como la casa propia, que constituye el hogar doméstico del campesino.
Ante las ventajas que esto significa para casi 30 mil pequeños productores y en instantes en que el campesinado chileno sufre una crisis económica y social tan difícil, quiero sugerir a la Sala que apruebe el proyecto en los mismos términos en que lo propone el informe de la Comisión Mixta que tuve el honor de presidir.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, después de un largo proceso de discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hemos llegado al trámite final de un proyecto que reviste particular importancia, sobre todo, en momentos en que el sector agrícola atraviesa por dificultades, ya analizadas por la Corporación.
En lo esencial, la iniciativa pretende consolidar la propiedad de la tierra de una vasta categoría de pequeños productores agrícolas, la mayoría de los cuales desarrolla hoy una importante actividad desde el punto de vista productivo y social, y que además enfrenta dificultades. Porque debemos tener en cuenta que la mayor parte de estos pequeños productores están dedicados a labores relacionadas con la llamada agricultura tradicional, la que hoy encara problemas bastante serios, derivados de las tendencias de precios, productividad, etcétera. Por lo tanto, este proyecto es una muy buena señal del Estado, el Gobierno y el Congreso en cuanto a su preocupación por un tema que ha sido tan debatido aquí, cual es la necesidad de estimular el desarrollo agrícola.
Esta iniciativa viene, precisamente, a estabilizar la propiedad de la tierra de una categoría muy numerosa de pequeños productores, que alcanzan aproximadamente a 30 mil personas. Por tanto, creo que tendrá un impacto positivo, porque, garantizada la propiedad, esos pequeños productores podrán enfrentar los graves desafíos que plantea hoy la modernización de nuestro sector agrícola.
Debo señalar que toda la discusión de este proyecto, tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión Mixta, ha estado orientada básicamente, por una parte, a cumplir este criterio de focalizar el beneficio hacia pequeños productores directos de la tierra y a respetar el compromiso que se asumió hace casi dos años, y, por otra, a redactar un texto que permita contar con una ley fluida y de fácil aplicación. En ese sentido, creo que durante su tramitación hemos mejorado los distintos aspectos que se habían planteado.
Por último, quiero destacar que la iniciativa fue acogida en forma prácticamente unánime en la Comisión Mixta. Por tanto, recomendaría a la Sala aprobar sin mayor trámite el proyecto sometido a su consideración.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una observación con respecto al informe de la Comisión Mixta.
Al tenor de lo establecido en la Constitución Política y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las Comisiones Mixtas se constituyen para resolver las discrepancias que pudieren suscitarse entre ambas Cámaras. Así, el artículo 67 del la Carta Fundamental expresa: "El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores". Es decir, si existe la formación de una Comisión Mixta es para tratar las controversias relativas al proyecto de que se trate.
¿Por qué realizo esta introducción? Porque en la página 3 del informe de la Comisión Mixta que ahora analizamos, se hace presente que esta Comisión acordó enviar oficios a la señora Ministra de Justicia y al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de solicitar la agilización de los procedimientos destinados a transigir los juicios pendientes relativos al pago de indemnización por expropiación y la regularización del pago de los procesos administrativos pendientes, ambos en conformidad a la ley N° 16.640. Entiendo que esa materia no constituía norma de la iniciativa. En cambio, cuando se elaboró el informe de la Comisión de Agricultura del Senado, se estimó pertinente enviar ese oficio en el legítimo derecho de ese organismo técnico.
Entonces, no me parece adecuado que, acorde con las normas constitucionales legales vigentes, las Comisiones Mixtas adopten resoluciones que excedan el marco de sus atribuciones, por muy justas que aquéllas parezcan a sus integrantes.
Por consiguiente, mi primera observación apunta a que, a mi juicio, ha habido un exceso en las atribuciones de la Comisión Mixta. Y quiero dejar establecida, no mi protesta, sino mi observación, para que no se repita una situación de esta naturaleza. Porque en el debate de este proyecto ¿he estado particularmente en contra de la forma como se ha llevado¿, pregunté en diversas ocasiones por qué no se solucionaba el problema de los campesinos que teniendo derecho a gozar de una asignación de tierra, por formar parte de un sindicato, y haber participado en acciones del movimiento sindical, fueron excluidos en virtud de una norma del decreto ley N° 208. Y ese hecho todavía sacude a muchos campesinos pobres. En la Región de Coquimbo ¿a la cual tengo el honor de representar en el Senado¿, existe gente modesta, de edad avanzada, sin previsión, sin recursos de ninguna especie, a la espera de que, dentro del marco de soluciones a situaciones de injusticia, se les pueda, por ejemplo, devolver sus tierras, o al menos se les dé una indemnización o un beneficio previsional u otro, a lo cual, por lo demás, tenían derecho. Porque, por razones políticas o por su actividad sindical, fueron excluidos de un derecho consagrado en la ley. Pero tal materia no aparece ni en el texto de la Comisión Mixta, ni en oficios enviados sobre el particular.
Por lo tanto, por muy atinadas o justas que consideremos algunos señores Senadores determinadas proposiciones, éstas no pueden plantearse en las Comisiones Mixtas si se hallan fuera de los marcos de la iniciativa legal que se discute.
Con respecto al proyecto mismo, no quiero agotar al Senado insistiendo nuevamente en mi posición.
En mi opinión, la iniciativa tiene una buena intención, pues recoge adecuadamente la situación que afecta a campesinos pobres a lo largo del país; pero me parece un exceso que el beneficio se otorgue a propietarios de hasta dos parcelas. Porque, como se ha podido demostrar, los campesinos pobres y los propietarios de la reforma agraria, o que compraron sus tierras después ¿y no me importa que haya sido en primera o segunda transferencia, o la que sea¿, si reúnen los requisitos exigidos, tienen derecho a que su país se preocupe de ellos. Por lo tanto, esta condonación no me parece en ninguna forma irresponsable si la miramos desde la perspectiva del propietario que se encuentra en las condiciones aquí señaladas. Pero ¿repito¿ me parece un exceso beneficiar al propietario de dos parcelas. Y para qué decir lo que pienso respecto a las posiciones de algunos Honorables colegas, quienes querían extender la garantía a propietarios de hasta ocho parcelas, o darles ventajas de esa misma naturaleza.
Anticipadamente señalé que el proyecto significa para el país 200 millones de dólares en ocho años. Es una iniciativa que no se compadece con los esfuerzos que se hacen para focalizar el gasto público ni con la preocupación que el Estado tiene al respecto. Pero ya se aprobó en esos términos.
Señor Presidente, no voy a votar en contra del informe, pues concerté un pareo con el Honorable señor Larraín; pero, quiero dejar establecida mi opinión sobre el particular. Además, con motivo de esta discusión, pido que se oficie, en mi nombre, al señor Presidente de la República ¿adoptándose el respectivo acuerdo cuando sea pertinente¿, solicitándole que vete la ley en estudio y reduzca los beneficios a los propietarios de hasta una parcela, en las condiciones detalladas. Y, en segundo lugar, a propósito del oficio que la Comisión Mixta acordó enviar a las autoridades que señalé, lo que a mi juicio excede sus atribuciones, actuando dentro del marco que me permite el Reglamento, pido que se oficie también al Primer Mandatario, a fin de que tenga la deferencia de legislar, resolviendo el problema que aún preocupa a campesinos pobres, en cuanto a que, por aplicación de una legislación injusta y arbitraria, fueron privados de su derecho a la tierra, que les fue reconocido por ley.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, de manera parecida aunque no igual a lo acontecido con el primer proyecto aprobado hoy día, sostengo que las cosas deben tener su fin. Dentro de la tramitación de una iniciativa, que ha sido muy larga, existen muchas razones que pueden suscitarse y volverse a dar. Finalmente, se llegó a un acuerdo unánime en la Comisión Mixta; y lo que nos corresponde sencillamente es aprobar o rechazar el informe que aquélla nos envía.
Por mi parte, lo voy a aprobar, dando por reproducidas todas las razones esgrimidas a favor o en contra del proyecto, porque, como la gran mayoría de las iniciativas que se discuten, puede contener aspectos negativos y positivos. Y, en este caso, creo que priman los aspectos positivos.
Aquí ¿como señaló el Honorable señor Gazmuri¿ se atiende a un sector social medio y modesto. Y pienso que habría muchas más razones para abonar lo que, en definitiva, fue el pensamiento unánime de la Comisión Mixta.
Asimismo, quiero manifestar que no me inquieta grandemente la preocupación jurídica expresada por el Honorable señor Larraín, que me parece legítima e importante. Pero creo que no hay un vicio de constitucionalidad. Si lo hubiera, existen dos oportunidades para corregirlo: el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, si en este último caso alguien hace valer el recurso de inaplicabilidad.
Por consiguiente, considero que no vale la pena dar más vuelta a este asunto, por lo que apoyaré el informe de la Comisión Mixta.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, deseo manifestar que celebro la iniciativa del Ejecutivo, la cual viene a hacer justicia también a un sector importante de campesinos en la Región que represento en el Senado, y que hasta ahora se encontraba marginado de la posibilidad de acopiar el capital necesario para el desarrollo de sus pequeñas propiedades.
Es importante entender que los campesinos que recibieron tierras en el proceso de reforma agraria no contaron, sin embargo, con el capital de trabajo indispensable para realizar las mejoras requeridas. Si a esa situación se agrega la necesidad de pagar por esa misma tierra, obviamente, les resulta y les ha resultado difícil sobrevivir en una dura y difícil competencia, en un mercado que como el agrícola ha pasado por muchos altos y bajos.
Quiero hacer presente además la importancia que reviste el hecho de que por fin el Gobierno comprenda que no tiene derecho a cobrar por tierras por las cuales nunca pagó cuando se hizo cargo de ellas. El asignárselas a los campesinos y pretender cobrarles a éstos por esas mismas tierras por las cuales ayer no pagó, no me parece equitativo ni justo.
Por lo tanto ¿repito¿, no puedo sino celebrar que el Gobierno en este momento, al menos en parte de esas parcelas, esté dejando de cobrar por lo que jamás debió cobrar. En ese sentido, quiero rectificar a un Honorable colega que me precedió, quien señaló que esta ley irroga un costo para el Estado. No es así, porque no tiene ningún costo para el Estado el dejar de cobrar lo que nunca debió intentar cobrar. Por el contrario, obtiene el beneficio de hacer justicia y entregar equidad a un sector de campesinos pobres.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, los Senadores del Partido por la Democracia vamos a dar nuestros votos favorables al proyecto, al igual como lo hicimos en el transcurso de su tramitación.
Y para que quede consignado en la historia fidedigna de la ley, deseo dejar constancia de lo siguiente: al tenor del Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, estas deudas se condonan, porque el objeto de la expropiación no fue hacer negocio con las tierras. De manera que, a mi juicio, se trata de una medida de absoluta justicia, sin olvidar el sentido social que en ese entonces tuvo el proceso de reforma agraria.
Asimismo, creo conveniente destacar que de los aproximadamente 62 mil parceleros existentes en 1973, quedan unos 28 mil. Y para ilustrar lo aflictivo de la situación de estos pequeños agricultores, debo recordar que, al dictarse la anterior ley de condonación parcial de sus deudas, sólo 13 por ciento de los deudores se inscribieron para percibir el beneficio, es decir, la mayoría no pagó sus acreencias.
No me produce conflicto alguno el otorgamiento del beneficio a los poseedores de dos parcelas, porque, según mi experiencia, se trata de pequeños propietarios que desarrollan una agricultura que calificaría "de escaso consumo". Además, los terrenos adquiridos para parcelas de agrado están absolutamente pagados. Por eso las disposiciones del proyecto que permiten devolver el sitio y la casa construida en él, por vía de donación, a los parceleros primitivos van a tener poca aplicación, pues la gran mayoría de las propiedades ¿repito¿ están totalmente pagadas.
Por lo tanto, votaremos favorablemente el proyecto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Matta.

El señor MATTA.- Señor Presidente, los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente la iniciativa, la cual viene a hacer justicia ¿derechamente lo decimos¿ a un importante segmento del mundo de los pequeños propietarios agrícolas del país, pues de los 240 mil existentes, se beneficiaran alrededor de 30 mil. Este sector se debate en no pocas dificultades ¿así lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, tanto en el Senado cuanto a través de los medios de comunicación¿: se encuentra escasamente integrado al mercado; presenta problemas de modernización, y está orientado básicamente al área de los cultivos tradicionales, como las leguminosas y cereales (trigo y maíz), todo lo cual se traduce en baja rentabilidad, sobreendeudamiento y falta de capitalización.
En mi concepto, la condonación general que contempla la ley en proyecto aliviará la compleja situación en que viven esos pequeños propietarios agrícolas, quienes provienen, en su gran mayoría, del proceso de reforma agraria.
Igualmente, queremos reiterar que en todo momento hemos respaldado esta iniciativa, tanto en la Sala como en el trabajo de Comisiones, respondiendo al acuerdo político suscrito por el Gobierno del Presidente Aylwin y sectores de la Oposición con motivo de la reforma tributaria, el mismo que renovara la Administración del Presidente Frei. Y los Parlamentarios oficialistas debemos ser fieles y leales en su observancia. Así lo dejó en claro el Ministro de Agricultura, señor Emiliano Ortega, al inicio del actual Gobierno, en un encuentro sostenido con empresarios al inaugurarse la Feria Internacional de Talca, en la Región del Maule, en cuanto a que tal era la voluntad del Ejecutivo. Así que reiteramos el apoyo a esta ley en proyecto, que viene a aliviar la compleja situación que vive el mundo agrícola.
Por cierto, comparto el juicio emitido por el Senador señor Hormazábal, y me sumo a la petición de oficio que formuló, en términos de ver pronto en el Parlamento una iniciativa del Gobierno tendiente a reparar la tremenda injusticia que significó para miles de campesinos ¿que fueron marginados del proceso de asignación de tierras a partir de 1973¿ la aplicación del decreto ley N° 208.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Siebert.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, deseo sumarme a la aprobación de este proyecto tan anhelado por miles de chilenos verdaderamente agobiados por el pago de sus deudas, al punto de que prácticamente se les hace insostenible continuar con sus actividades agrícolas ¿que bien se las podría calificar como "de sobrevivencia"¿ impidiéndoles surgir en un ambiente competitivo. Por ello, estoy muy contento de que se despache definitivamente.
Lógicamente, no comparto los juicios respecto de la gente marginada de este sistema, pues pienso que estuvo bien que lo estuviera.
Y formulo un llamado al Gobierno para que ojala se preocupe de este sector que realiza una actividad que me he atrevido a calificar de "subsistencia". Efectivamente, en la zona que represento, en las Provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, a los pequeños agricultores les quedan muy pocos rubros dentro de los cuales puedan competir con quienes ejercen la misma actividad a nivel nacional. Si bien estos últimos están en crisis, más lo están aquéllos.

El señor HORMAZÁBAL.- Deseo solicitar una breve interrupción a mi Honorable colega.

El señor SIEBERT.- No se la concedo, porque ya sé de lo que hablará. Después Su Señoría puede pedir la palabra para intervenir.
Solicito que se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que el Ministerio de Agricultura, después de un estudio muy serio sobre la materia, dicte normas para impulsar el progreso y el desarrollo de este sector de la agricultura chilena y lo saque de su condición actual de sobrevivencia.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, entre las notables cualidades de mi Honorable colega, el señor Siebert, está la de adivino, porque ya sabía a qué me iba a referir.

El señor ERRÁZURIZ.- ¡Es una cualidad singular, señor Senador...!

El señor HORMAZÁBAL.- Pero, como las palabras quedan registradas en la Versión Taquigráfica, deseo precisar el alcance de la expresión "estas personas a las que se marginó".
En realidad, se les impuso. El señor Senador empleó una forma verbal que puede interpretarse en ambos sentidos. Pero debe quedar en claro que, por disposición de un decreto ley, a esa gente se la dejó al margen de un derecho establecido en la legislación vigente previa al golpe de Estado.

El señor ERRÁZURIZ.- ¡"Pronunciamiento militar", Honorable colega...!
El señor HORMAZÁBAL.- Por supuesto, aunque respeto mucho a mi Honorable colega, no comparto lo dicho por él, cuando sostuvo que eso fue lo apropiado.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, deseo reiterar mi posición permanente en cuanto a que no es admisible que se sigan dictando leyes de condonación. He señalado repetidamente que ello desincentiva a quienes cumplen sus obligaciones con el Fisco y, por el contrario, estimula a quienes no lo hacen. Obviamente, esto termina en malas consecuencias para el Erario, porque, al parecer, es mejor no pagar que hacerlo, pues se sabe que, en definitiva, se recurre a este tipo de herramienta legal.
Por otra parte, me parece que, si se va a condonar, debiera haberse favorecido exclusivamente a los que obtuvieron por primera vez una parcela agrícola, pues en el precio pagado por ella, se descontó la deuda del primitivo parcelero. Obviamente, después de la condonación, esas propiedades se van a vender al valor comercial, y quien las enajene recibirá el valor total de la tierra, y el Fisco le habrá regalado gran parte de ella.
Por consiguiente, y sin dejar de reconocer la existencia de un problema serio en la agricultura, me abstendré de votar, por creer que un voto en contra podría poner en peligro la justicia para con aquellos que realmente deben ser favorecidos.
Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad sin dejar constancia nuevamente en la Sala del Senado, primero, de mi profundo desacuerdo con este tipo de iniciativas; y segundo, de que se está beneficiando a gente que no corresponde.
Otras situaciones también debieran abordarse con ese mismo criterio. Por ejemplo, los deudores hipotecarios ¿a quienes se les están rematando sus casas¿ arrastran gravísimas dificultades desde hace diez o quince años, a raíz de las diferencias producidas entre el crédito que recibieron y la remuneración que percibían. Si seguimos por este camino, siempre habrá grupos que van a salir beneficiados, mientras otros resultarán perjudicados.
Por eso, manifiesto mi disconformidad con el proyecto; pero, con el objeto de no perjudicar a los agricultores que fueron los primeros asignatarios de las tierras, me voy a abstener de votar.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.- Señor Presidente, la intervención del Senador señor Otero me ahorra algunas de las pocas observaciones que iba a formular.
Coincido en que, dada la situación de la agricultura chilena, y especialmente la de los pequeños propietarios, es necesario apoyarlos. Esta iniciativa constituye una forma de hacerlo. Tal vez no sea la más adecuada, pero de alguna manera va a ayudar a miles de personas que no están en condiciones de pagar la deuda y que, a veces, carecen de los medios más elementales para explotar su tierra.
Dejo constancia, quizá desde un ángulo distinto del señalado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, de que estas leyes resultan injustas para aquellos que se han esforzado por responder a sus obligaciones. En realidad, cada vez que condonamos estamos pensando en solucionar los problemas de un deudor que en algunos casos no ha podido cumplir; pero también favorecemos a los que no han querido atender sus compromisos. En cambio, castigamos a las personas que, a veces con gran esfuerzo, han satisfecho sus deudas.
He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, me encuentro inhabilitado para votar.


El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el informe de la Comisión Mixta, con las abstenciones de los Senadores señores Otero y Piñera, y dejando constancia de que el Honorable señor Adolfo Zaldívar ha informado encontrarse inhabilitado para emitir pronunciamiento.
--Se aprueba.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Solicito, asimismo, la anuencia de la Sala para despachar, en nombre del Senado, los oficios que la Comisión Mixta pidió transcribir a la señora Ministra de Justicia y al señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
--Se accede.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Debo recabar, igualmente, el acuerdo del Senado para enviar los oficios solicitados por los Honorables señores Siebert y Hormazábal, en sus nombres; y el que ha pedido enviar el Senador señor Hormazábal, en su nombre y con la adhesión del Senador señor Malta, al señor Presidente de la República.
--Se acuerda.

El señor SULE.- Señor Presidente, le ruego dejar también constancia de mi voto.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).¿Así se hará, señor Senador.

________________

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Pido autorización a la Sala para prorrogar el plazo de presentación de indicaciones al proyecto relativo a Normas sobre Trasplante de Órganos, del lunes 21 de noviembre al lunes 28 del mismo mes.
--Se acuerda.



REFORMA DE LEGISLACIÓN SOBRE MERCADO DE CAPITALES


El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales sobre mercado de capitales.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 4a, en 5 de abril de 1994.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 8a, en 23 de junio de 1994.
Hacienda (segundo), sesión 12a, en 8 de noviembre de 1994.
Discusión:
Sesión 19a, en 9 de agosto de 1994 (se aprueba en general).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Este proyecto cumple segundo trámite constitucional, y modifica el decreto ley N° 3.500 en materia de administración de fondos de pensiones; el decreto ley N° 1.328, sobre Administración de Fondos Mutuos; la ley N° 18.045, de Mercado de Valores; el DFL N° 251, de 1931, de Hacienda, sobre Compañías de Seguros, y la ley N° 18.815, que regula los Fondos de Inversión.
La iniciativa tiene urgencia calificada de "Simple".
La Comisión de Hacienda hace presente en su informe que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° tienen rango de ley orgánica constitucional, y requieren, consiguientemente, quórum de cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política.
También deja constancia de lo siguiente:
I. Artículos que no fueron objeto de indicaciones: 6° y 7°, ambos de quórum especial.
II. Indicaciones aprobadas: las signadas con los números 7a, 7 bis, 9; 15 y 16, ambas en sus letras b); y 24.
III. Indicaciones aprobadas con modificaciones: las signadas con los números 1a, 7, 21 y 23.
Las indicaciones que figuran en los números II y III, propuestas por la Comisión, tendrán que discutirse y votarse con las proposiciones del segundo informe.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Presidente?
Esta normativa exige quórum especial. Sugiero por eso verificar cuántos señores Senadores hay en la Sala, no sea que por simple inasistencia no podamos aprobar hoy este proyecto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Vamos a verificarlo en su oportunidad, señor Senador.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- IV. Indicaciones rechazadas: las signadas con los números 13, 14; 15 y 16, ambas en su letra a); 17, 18, 19, 20 y 22. Ellas podrán renovarse con las 10 firmas correspondientes, o por el Presidente de la República, en su caso.
V. Indicaciones retiradas: no hay.
VI. Indicaciones declaradas inadmisibles: las signadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 11 bis, 12 y 25.
Ahora bien, la Comisión de Hacienda, después de discutir cada indicación, formuló diversas proposiciones, sobre las cuales tendría que pronunciarse el Senado.
El proyecto consta de siete artículos, por los cuales se modifican todos estos textos legales a que me he referido. Los dos últimos preceptos son de tipo general.
Finalmente, cabe informar que la Comisión de Hacienda estuvo integrada por los Honorables señores Andrés Zaldívar (Presidente), Errázuriz, Lavandero, Ominami y Piñera. La Honorable señora Feliú reemplazó en algunas oportunidades al Senador señor Piñera.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde someter al pronunciamiento de la Sala las proposiciones de la Comisión que exigen quórum de ley orgánica constitucional.
No habiendo quórum en la Sala para someter a aprobación las proposiciones de la Comisión, se procederá a tocar los timbres para llamar a los señores Senadores.

El señor THAYER.- Señor Presidente, entretanto podríamos pasar a tratar el siguiente proyecto.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Se ha completado el número reglamentario de señores Senadores.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La primera modificación recae sobre el artículo 1°, número 5. La Comisión propone agregar la siguiente letra a), nueva:
"a) Intercálese el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
"En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, las Administradoras no podrán realizar acuerdos que les permitan constituirse en controladores de las sociedades en las cuales tengan invertidos recursos de los Fondos de Pensiones que administran.".
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Pido la palabra.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, esta disposición viene a complementar una legislación que reviste vital importancia, no sólo en lo que a las Administradoras se refiere, sino también en cuanto a los propios dueños de los fondos. Porque, como todos sabemos, las AFP administran recursos ajenos, que son nada menos que los fondos de previsión. Por eso, es bueno cautelar que se dediquen, única y exclusivamente, a ejecutar la labor para la cual fueron creadas: administrar los fondos que la ley ha ordenado colocar en sus manos.
La norma propuesta por la Comisión tiende a precisar aun más la disposición vigente sobre la materia. Y constituye un gran aporte, porque no es bueno que los dueños de las AFP controlen las sociedades en las cuales mantienen inversiones, y tampoco es bueno para éstas. Además, ese control podría llegar a distorsionar el objeto propio de las Administradoras ¿¡Dios quiera que eso no ocurra!¿, si no se contempla una norma como ésta, o no se cumplen con estrictez otras disposiciones que tienden a encauzar a estas instituciones por el camino correcto, caso en el cual podría acontecer que los propietarios de los fondos vieran lesionados sus intereses.
Estoy consciente de que algunos señores Senadores son partidarios de no establecer limitaciones; pero deben entender que no estamos ante un problema clásico relativo al derecho de propiedad. Las AFP, como muy bien estatuye la ley, "administran" fondos de terceros. Por consiguiente, pienso que todos los resguardos que se tomen son adecuados.
También podría suceder que, en razón de un desmedido afán de controlar poder, más adelante pudieran resultar perjudicados también los propietarios de las mismas sociedades en que han invertido las AFP, creándose un conflicto de intereses bastante dañino.
Por lo expuesto, me parece que se trata de una disposición esencial, y me alegro de que el Presidente de la República haya presentado la respectiva indicación. Asimismo, por los términos en que la Comisión de Hacienda la propone a la Sala, se encuadra perfectamente en el sistema de AFP y cautela, a futuro, inversiones respecto de las cuales cada día deberemos preocuparnos más, por su magnitud, por el éxito que tienen y, sobre todo, porque ellas representan la seguridad, la previsión de millones de compatriotas.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Entiendo que la indicación que originó la propuesta de la Comisión fue aprobada por unanimidad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En efecto.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se daría por aprobada también por consenso.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.- Me encantaría contribuir a acelerar el despacho del proyecto acogiendo de inmediato la sugerencia del señor Presidente. Sin embargo, como tengo algunas discrepancias con relación a su articulado, haré algunas breves reflexiones, para permitir que expongan también su opinión otros señores Senadores.
Antes que todo, hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno y de los Honorables colegas que han trabajado en las Comisiones por mejorar la legislación en el ámbito previsional.
Manifiesto desde ya que no soy partidario del sistema de AFP y que, por lo tanto, no me sumaré a la aprobación de la iniciativa, porque no creo en la solución del mal menor. He convenido un pareo con el Senador señor Larraín; de lo contrario, habría votado en contra. Doy excusas por esto, pero debo cumplir la palabra empeñada.
Quiero señalar que no comparto la interpretación del Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador señor Andrés Zaldívar, para declarar inadmisible una indicación que presenté, en la cual planteaba eliminar el derecho a voto de las acciones de las AFP en la elección de directores de las empresas en que aquéllas inviertan.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Eso es ajeno a la materia que se discute.

El señor HORMAZÁBAL.- Tiene relación con la norma en debate y por eso me refiero a ella.
El Honorable colega estimó que el asunto era de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por incidir en una norma de seguridad social, y declaró inadmisible la indicación. No la he renovado; pero, sí, quiero ratificar mi concepto de que se enmarcaba dentro de mis atribuciones constitucionales. En efecto, el artículo 62, N° 6° de la Carta Fundamental, dispone que al Primer Mandatario corresponderá la iniciativa exclusiva para "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.". Y en el inciso segundo agrega:
"El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República.".
En este proyecto se modifican el decreto ley N° 3.500 y otras leyes, y se mejora lo relativo a la participación de las AFP y a la forma como se expresa su voto en los directorios de las empresas en que tienen inversiones. De modo que la iniciativa privativa del Presidente de la República ya se había puesto en marcha. Yo hice uso de mi derecho para consignar que estaba en contra de lo propuesto, por considerar que el sistema es caro, malo e injusto, y da control a los grupos económicos, junto con poner en riesgo la macroeconomía del país. ¡En la sociedad chilena nunca, como ahora, tan pocos grupos económicos habían tenido tanto control con la plata de tantos trabajadores!
No deseo agotar al Senado. Sólo agregaré que el texto de Ricardo Lagos de la década del 60, sobre el poder económico, está superado. Y que el libro de Fernando Dhase, de la década del 80: "El Mapa de la Extrema Riqueza", también está superado. Las cifras que hoy se manejan en el sistema son superiores a los 21 mil millones de dólares. Y el control sobre ellas, señor Presidente, no está en manos de más de 10 personas en Chile.
Por eso, cuando se dice: "¡Ah, los trabajadores participan!, me pregunto: ¿dónde? ¿Qué director de AFP es elegido por ellos?
Cuando formulé indicación, por ejemplo, para que los afiliados a las AFP pudieran elegir, fue rechazada. Y cuando, recogiendo un trabajo efectuado ¿entre otros¿ por mi distinguido amigo el abogado don Ramón Briones, acerca de la posibilidad de crear una Junta de Vigilancia elegida por los imponentes (todo dentro del modelo), también se desechó.
Señor Presidente, los trabajadores "no pinchan ni cortan" en el actual sistema de previsión. En él, las decisiones las toman otros. En consecuencia, mi modesto interés en la materia era decir las razones por las cuales no estoy de acuerdo con el modelo, y no sólo en lo que atañe a los trabajadores, sino tampoco en otros aspectos.
Si las AFP van a invertir en los negocios de una empresa determinada, es porque ésta se está manejando bien. Entonces, si en tal empresa no existe problema de gestión, ¿por qué las Administradoras van a tener derecho a ejercer influencia en ella eligiendo directores? ¿No podría este hecho cambiar esa gestión exitosa? ¿Y quién puede asegurar que una vez involucrados en la gestión, si a esa empresa le va mal, los directores representantes de la AFP decidan seguir invirtiendo en ella, aunque el negocio sea malo, por estar comprometidos?
¿En qué pie queda el derecho a la gestión del empresario? ¿Dónde queda la tranquilidad por el destino de los fondos del trabajador?
Dentro de la lógica, el sistema tiene variables fundamentales. No es el momento ¿ya habrá tiempo para ello¿ de hacer un debate más a fondo con relación a este tema. Espero que algún día el país empiece a reflexionar sobre el mismo y podamos analizarlo en profundidad.
Por eso, insisto: lamento que se haya declarado inadmisible mi indicación. Hubiera preferido una derrota ¿como otras que he tenido¿ más honrosa que esa declaración de inadmisibilidad. Sin embargo, esta tarde, en que el Senado puede pronunciarse a favor de este proyecto, que busca mejorar el sistema dentro de un criterio distinto, al menos quiero manifestar que, como no estoy con el "modelito", no estoy por el mal menor. Por lo tanto, para cumplir con mi palabra, me ceñiré al pareo y no votaré a favor de este proyecto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, por estimar que requería patrocinio del Ejecutivo una indicación que presenté al decreto ley 3.500, el titular de la Comisión de Hacienda la declaró inadmisible. Ella hacía posible que cuatrimestralmente, cuando se emiten las cartolas respectivas, cualquier trabajador y afiliado a una AFP pudiera tener la opción de votar en la elección de los directores de las sociedades anónimas en que la correspondiente entidad hubiera invertido capitales. De esa forma, los trabajadores podrían haber elegido libremente a los respectivos directores.
Por lo tanto, coincido con lo planteado en la materia por el Senador señor Hormazábal.
La indicación, que fue presentada oportunamente y dentro del plazo fijado, permitía la democratización económica de Chile. Vale la pena recordar que la mayor fuente de ahorro nacional es la que se encuentra acumulada en los fondos administrados por las AFP, los cuales son de propiedad de los trabajadores chilenos. Estos dineros permitirían, antes del año 2000, el control de todas las grandes sociedades anónimas del país que hoy se transan en bolsa. Si los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores, debe, por lo tanto, corresponder a éstos el ejercicio de su derecho inherente a la propiedad, cual es el de elegir a los directores de las empresas en que invierten las AFP. En mi opinión, es función de estas últimas administrar los fondos de pensiones, como su nombre lo indica, resolviendo cuánto y dónde invertir, pero no les compete administrar las entidades en las cuales se han colocado dichos fondos, que es lo que hoy día viene ocurriendo por mera tolerancia, ya que la ley nunca ha considerado esa situación.
La iniciativa que he planteado la vengo sosteniendo desde que fui fundador y director de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, y también la he propuesto aquí, en el Senado; sin embargo, ha sido declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión de Hacienda, quien estimó que la indicación requiere patrocinio del Ejecutivo, el que no ha querido dárselo. Esto constituye un error, puesto que ella no guarda relación con la administración de los fondos de pensiones regulada por el decreto ley 3.500, sino con la administración de las empresas en donde se invierten dichos dineros, lo que resulta del todo diferente.
La mayoría concertacionista existente en el aludido órgano técnico ha preferido aprobar las normas restrictivas propuestas por el Ejecutivo, las cuales no permiten a las AFP ponerse de acuerdo para nombrar directores en las sociedades en que hayan realizado inversiones ¿salvo casos de excepción¿, de forma tal que se les impide el control de los directorios. Así, se ha ignorado la voluntad de los dueños de los fondos: los trabajadores, a quienes en el futuro ni siquiera se les podrá consultar sobre el particular, pues parece que algunos no confían en ellos.
La Comisión de Hacienda ha resuelto enviar mi indicación al Ejecutivo, para su estudio, pero éste nada ha respondido en esta materia. Por su parte, el Senador señor Ominami, coincidiendo con dicha propuesta, ha manifestado su especial interés en ella, a fin de perfeccionarla y transformarla en ley ¿desde ya, acepto las sugerencias de algunos Senadores democratacristianos que se han pronunciado en igual sentido¿, de forma tal que se permita una activa participación de los trabajadores, que son los dueños de los dineros, en la administración, no de las AFP, pero sí de las empresas que les pertenecen.
Chile ha perdido, así ¿al menos por ahora¿, una muy buena oportunidad de construir, junto a su democracia política, una sólida y estable democracia económica.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, sólo quiero hacer unas breves reflexiones respecto de la proposición en debate y de varias otras similares.
Aquí observo una prevención de carácter general, que se manifiesta a través de distintas indicaciones. En esta materia, o se admite el principio de que, para el buen rendimiento de los fondos que los trabajadores reúnen con fines previsionales, es conveniente que sean administrados por entes especializados capaces de obtener la mejor rentabilidad posible, o bien, tratándose de recursos destinados a un objetivo de seguridad social, hay que aplicar el criterio que existió en la antigua previsión, que consideraba dichos aportes como fondos públicos, los cuales fueron manejados como tales y obtuvieron, en definitiva, un mal resultado.
Deseo recordar lo que ya he señalado en otra oportunidad. Cuando ocupé el cargo de Ministro del Trabajo, fui un gran defensor del antiguo proyecto de reforma a la previsión, que fue concretado, después de un largo estudio, por una comisión que presidió don Jorge Prat. Dicho sistema estaba fundado en el régimen de reparto y correspondía a las expectativas y criterios que predominaban en el mundo de ese entonces. Una vez que se propició el cambio de régimen previsional, insistí en el esquema anterior. No puedo desconocer, sin embargo, que al apoyar la reforma ¿ésta se basaba en las ideas de Jorge Prat, Carlos Briones, Rolando González, Alfredo Mallet y de una destacada corte de especialistas en la materia¿, me encontré con una tremenda oposición política, porque los intereses que representaba cada sector, concretados en las diversas cajas de previsión, impedían tener una visión uniforme del asunto.
Ahora bien, cuando se aprobó el sistema de las AFP, fui partidario de apoyarlo, para ver cómo funcionaba. Transcurrida más de una década de experiencia, el régimen ha marchado bien y su rendimiento ha sido bueno. Según tengo entendido, no hay ninguna inversión que haya producido ¿y estoy llano a ser rectificado sobre el particular¿ mejores resultados que los obtenidos por las administradoras de fondos de pensiones. Esto no significa que el sistema no requiera una razonable reglamentación.
Esta iniciativa legal, al igual que la Ley de Mercado de Capitales, respecto de la cual la normativa en análisis es una especie de complemento, demuestra los esfuerzos que deben realizarse para legislar acerca de una materia que es muy difícil. Y, ciertamente, nos enfrentaremos a diferencias de criterio en relación con ella, por cuanto hay buenas razones para A y para B, o para el sí y para el no.
Resulta bastante serio entregar a organismos que administran bienes ajenos facultades que podrían tener quienes manejan bienes propios...
Perdón. Me ha pedido una interrupción el Senador señor Hormazábal. No tengo inconveniente en concedérsela, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, agradezco al Honorable colega Thayer su deferencia.
Para respetar el derecho de Su Señoría de usar de la palabra y para no ahondar ahora en el tema, sólo deseo dejar establecido que discrepo de su enfoque. Cuando se hacen ciertas afirmaciones, me gustaría que se precisara si hay o no tales o cuales inversiones. Para la historia de la ley, quiero aclarar que el hecho de que no intervenga ante todo tipo de preguntas socráticas, no implica que no tenga una opinión diferente.
Por lo tanto, agradezco a mi colega. No quiero interrumpirlo, independientemente del juicio que me merecen sus comentarios, pero debo indicar, una vez más, que tengo argumentos para responder algunas de sus inquietudes.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, hace muy bien mi estimado colega el Senador señor Hormazábal en darse por aludido, porque parto de la base de que lo que expresó Su Señoría, con mucho brillo, corresponde a una visión distinta, aunque muy respetable, del problema.
Lo que yo estaba diciendo es que el régimen de las AFP, que de hecho está funcionando bien en este momento, es de delicada reglamentación. Personalmente, fui escéptico en cuanto a que los recursos provisionales pudieran ser manejados por sociedades anónimas. Tuve y no tuve razón.
No la tuve, porque las administradoras de fondos de pensiones son sociedades anónimas, y la tuve, en cambio, porque el sistema ha debido ser objeto de una reglamentación sumamente detallada, que aún no termina. Mi deseo es que en este ámbito no ocurra aquello del refrán que dice más o menos así: "Los cuidados del sacristán mataron al señor obispo"; vale decir, que apliquemos a las AFP tanta reglamentación, que sencillamente se vean imposibilitadas de cumplir su finalidad específica.
He consumido gran parte de mi vida en la defensa de intereses laborales. Lo digo sin falsa humildad, sin orgullo, pero con sinceridad. Y estoy absolutamente convencido de que es imposible ¿¡imposible!¿ que cuatro o cinco millones de trabajadores administren con eficiencia sus fondos previsionales. Tienen que estar dispuestos a aceptar la administración por gente experimentada en su manejo. Otra cosa es el vínculo que puede y debe existir entre quienes dan los poderes y quienes los administran. El principio que inspira al régimen consiste en que los dueños de los fondos previsionales, los trabajadores, escojan libremente la AFP que estimen más conveniente. Nuestra responsabilidad es tratar de que no hagan un uso abusivo de esa facultad.
Para terminar, quiero señalar lo siguiente. El gran problema con que nos vamos a topar aquí constantemente dice relación al criterio de lo que es una buena administración. El que administra fondos ajenos de esta especie va a preferir y buscar siempre ¿tiene que hacerlo así¿ la inversión más segura, por sobre la inversión más espectacular pero más insegura. Porque debe responder a largo plazo: los fondos tienen por objeto asegurar una pensión del mayor monto posible para 20, 30 ó 40 años después.
En el mundo empresarial, hay quienes prefieren arriesgar más. Evidentemente, quien arriesga lo propio puede arriesgar más; quien arriesga lo ajeno tiene que arriesgar menos. Esta medida del riesgo es lo que hay que regular muy delicada y finamente, en forma tal que "ni tanto, que queme al santo, ni tan poco, que no lo alumbre". O sea, debemos permitir que las AFP escojan, manejen y controlen, y que incluso se opongan a ciertas formas de inversión que pretendan empresas donde se hallen invertidos fondos previsionales, dado que, por actos arriesgados ¿aunque sean, tal vez, certeros¿, puede ponerse en peligro la inversión de largo plazo, que es el objetivo de los fondos de capitalización.
Por eso, en este proyecto, en algunas oportunidades estaré a favor de una reglamentación, de un límite, y en otras me opondré a él. Quizás concordemos, quizás discrepemos, pero debemos estar conscientes de que estamos frente a una materia sumamente delicada. Hasta el momento, el riesgo corrido al entregar a expertos el manejo de recursos de esta especie ha tenido un resultado favorable y ha permitido que los trabajadores obtengan rendimientos que no habrían alcanzado en ningún otro régimen, al menos considerando la experiencia vivida por Chile.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Gracias, señor Presidente.
Lamento ¿no sé las razones ni las circunstancias¿ que estemos discutiendo una iniciativa tan importante como ésta sin la presencia de algún representante del Ejecutivo, lo cual nos hubiera permitido, sin duda, enriquecer el debate.
En segundo lugar, reconozco que para entender lo que estamos tratando ¿y me parece que esto corre para todos los Senadores¿ hay que hacer un esfuerzo enorme. Estamos analizando un segundo informe, que habla de modificaciones al primero, el cual, a su turno, modifica la ley vigente. La única manera de comprender el tema es contando, como en mi caso, con cinco documentos en forma simultánea sobre la mesa, lo cual dificulta mucho el análisis.
Al margen de lo anterior, quiero hacer presente que estamos frente a una materia que requiere quórum especial y que, además, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por lo tanto, debemos situarnos dentro de ese contexto.
El actual artículo 155 del decreto ley N° 3.500 prohíbe votar a las AFP, en las elecciones de directorio de las sociedades anónimas donde ellas tengan participación, por accionistas mayoritarios o personas propuestas por éstos, y dispone que tampoco pueden hacerlo por grupos de accionistas o personas relacionadas a ellos que, con los votos de las administradoras, se transformen en mayoritarios.
En virtud del proyecto, eliminamos la frase "o persona propuesta por éste", porque con ella al accionista mayoritario le basta proponer a alguien para "quemarlo", esto es, para impedirle ser director, lo cual parece absurdo.
¿Qué estamos discutiendo ahora, señor Presidente? En la Comisión planteamos, mediante una indicación que no fue acogida por el Ejecutivo, que las AFP, instituciones a las que se ha encargado la administración de los fondos de pensiones, ejercieran al máximo los derechos inherentes a todo accionista, con el fin de que pudieran defender los intereses de sus afiliados. Si a un privado propietario de acciones de una sociedad anónima le impidiéramos ejercer sus derechos en una junta de accionistas, se sentiría tremendamente perjudicado. Pero ocurre que, cuando se los quitamos a una AFP, ¡no la estamos perjudicando, sino favoreciendo! Ahí hay un gran contrasentido. Cuando a una administradora le restringimos su derecho a elegir directores, en el fondo estamos ampliando los derechos de otros. ¡Si, al final, en las sociedades anónimas los derechos igual se ejercen!
Por lo tanto, señor Presidente, formulamos una proposición respecto de esta materia sobre la base de que se cree en el sistema de las AFP. Entiendo perfectamente bien el planteamiento del Senador señor Hormazábal, que es consistente con su posición, porque Su Señoría no cree en el sistema. Pero, dentro del mundo de la administración privada de los fondos de pensiones, impedir que las AFP ejerzan sus derechos de accionistas en las empresas donde han invertido los recursos de los trabajadores es un contrasentido.
Por esa razón, propusimos que las administradoras pudieran votar libremente, velando por elegir a quienes contribuyeran al mejor desenvolvimiento de la sociedad anónima de que se trate, y planteamos que la decisión fuera adoptada por su directorio en forma fundada ¿sus actas son de conocimiento público¿, con el objeto de dar transparencia al sistema. Eso evitaría determinaciones arbitrarias o absurdas.
Sin embargo, estuvimos de acuerdo en establecer dos restricciones. En primer lugar, prohibir a las AFP votar por el accionista que por sí solo represente la mayoría del directorio, a fin de no dar más poder a quien ya lo tiene en términos casi absolutos. Ello permitiría, en caso de conflicto, defender los derechos de la minoría. Y, en segundo término, impedir a las administradoras votar por un grupo de personas relacionadas que, con sus votos, se transformaran en mayoría en el directorio. Esto permitiría velar, en caso de un conflicto posterior, porque no hubiera un grupo relacionado que ejerciera, con los votos de las Administradoras, el control absoluto de la empresa, y por tanto, defender el interés minoritario.
Pero, aparte de esas dos restricciones, nos parecía obvio que las Administradoras pudieran ejercer su poder político.
Existe un planteamiento muy interesante del Senador señor Errázuriz para llevar la decisión desde el nivel de la Administradora al nivel de los imponentes. Sin duda, se trata de una sugerencia atrayente, porque en el fondo significa entregar la decisión a la base. Pero hoy día cualquier Administradora podría establecer en sus estatutos que, para decidir por quién votará, deberá consultar a sus imponentes y obligarse a que esa consulta determine su acción. Me parece que no es necesario modificar la ley.
Sin embargo, lo más importante de la proposición del Presidente de la República es lo siguiente: "En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior," ¿del artículo 45¿ "las Administradoras no podrán realizar acuerdos que les permitan constituirse en controladores de las sociedades en las cuales tengan invertidos recursos de los Fondos de Pensiones que administran.".
Tres observaciones que ojala el Ejecutivo recoja.
Primera, si en una sociedad anónima hay 20 AFP ¿el día de mañana puede haberlas¿ y cada una es propietaria de 5 por ciento ¿es lo que les permite la ley¿, pueden tener 80 por ciento de la sociedad...

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor PIÑERA.- Por supuesto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, deseo entregar una información al Senador señor Piñera.
Lamentablemente, las AFP no pueden ofrecer más beneficios que aquellos expresamente contemplados en el decreto ley N° 3.500. Y como la Superintendencia ha considerado que el referido por Su Señoría sería adicional, no lo podrían conceder.
De allí la necesidad de regular legalmente la materia, a fin de permitir ¿como corresponde¿ a las AFP otorgar beneficios adicionales si desean hacerlo. O sea, es indispensable dar a éstas libertad para elegir distintos sistemas de atracción de clientes y entregar a los afiliados diferentes opciones.

El señor PIÑERA.- Si así fuera, la idea de llevar la decisión a la base requeriría una enmienda de la ley. No creo que sea necesaria. Pero, en fin, el tema medular que discutimos ahora es otro. Esa es una idea distinta y nueva.
Señalaba que si en una empresa hay 20 AFP, cada una es propietaria de 5 por ciento y todas tienen el 80 por ciento, el proyecto les prohíbe administrarla. Es decir, el que tiene 20 por ciento controlará la empresa, porque el inciso segundo sugerido para el artículo 45 no permite a aquéllas transformarse en controladores, tener en conjunto más de 50 por ciento del directorio. Significa que el otro accionista, el único que queda, con 20 por ciento de las acciones va a controlar esa empresa, cuyo verdadero dueño, con 80 por ciento, son los imponentes de las AFP.
En otras palabras, como igual se ejercen los derechos, cuando restringimos a las AFP la facultad de ejercerlos incrementamos en forma artificial el poder político de los otros inversionistas. O sea, confiamos más en el señor X, en el señor Z, en el grupo A o en el grupo B que en las Administradoras, cuyo único objetivo es administrar bien los recursos de los imponentes.
Por lo tanto, no sé qué estamos logrando, porque transferimos a terceros que ni siquiera se encuentran regulados por el decreto ley N° 3.500 el poder de administrar por cuenta de los trabajadores. Al menos, yo prefiero que las AFP administren, pues a ellas les corresponde. Si por ley les hemos dado el mandato de administrar los fondos de pensiones, debemos confiar en que están cumpliendo bien su función. Sin embargo, aquí les decimos: "Ustedes, que son las encargadas por ley de administrar los fondos de pensiones, no lo pueden hacer. Pero el señor Z, el señor X, la empresa A o el grupo B sí lo pueden hacer por los trabajadores".
Obviamente, se trata de un contrasentido recogido por personas que, en mi opinión, se hallan interiorizadas de esta materia.
Adicionalmente, al concurrir a votar a una junta de accionistas, la AFP 1, por ejemplo, desconoce cómo lo hará la AFP 2 o la AFP 3; no tiene por qué saberlo. De hecho, compiten entre ellas. Por tanto, si la AFP 1 vota por el señor Pérez, la AFP 2 por el señor Guzmán, la AFP 3 entrega parte de los votos al señor Pérez y la AFP 5 al señor Guzmán, en el resultado final ¿porque nadie es adivino, como señaló el Honorable señor Hormazábal¿, podría ocurrir que los candidatos propuestos por ellas obtuvieran más de la mitad del directorio.
En consecuencia, para que puedan votar las AFP, primero deben saber cuál será el resultado final. De lo contrario, y si cada una controla su propio voto ¿en la iniciativa se establece que corresponderá al directorio de la Administradora decidir por quién va a votar¿, en la práctica no podrán votar, porque desconocen cómo lo harán las demás AFP; y no sólo eso, sino también cómo votan los otros accionistas.
Si una Administradora vota por su candidato y un accionista particular también, a lo mejor resulta electo; pero no podrá ocupar el cargo porque el proyecto de ley lo impide. En ese caso, ¿qué pasará con el directorio recién elegido?

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

El señor PIÑERA.- Con todo gusto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, en teoría podría ser cierto lo señalado por el senador señor Piñera. Sin embargo, en los hechos, ¿qué ocurre? Exactamente lo contrario: no en una, sino en varias elecciones de directorio de empresas donde las AFP tienen inversiones, se ha estado produciendo la concertación más brutal, a veces sin ningún decoro, en busca del milésimo del voto que falta para lograr la mayoría.
En segundo lugar, es bueno precisar otra situación evidente.

El señor PIÑERA.- Me parece que concedí sólo una interrupción.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Senador, se trata de una preceptiva de mucha importancia; y en eso coincidimos, como también en que el sistema es bueno. Pero ocurre que tengo una visión distinta de la de Su Señoría. Creo que se ha trabado muy bien la litis, porque de sus palabras se desprende que es mejor no colocar ninguna cortapisa.
Ahora, con mi argumentación trataba de demostrar, a través de los ejemplos señalados por el Honorable señor Piñera, que hay otra interpretación, que, por lo demás, los hechos confirman. Sin embargo, creo que tendremos muchas oportunidades de razonar al respecto.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, tengo la impresión de que sobre esta materia se presentará una indicación o un proyecto del Gobierno. Sin embargo, quiero centrar la atención en dos puntos, a objeto de que Sus Señorías tomen conciencia.
En primer lugar, el Senador señor Adolfo Zaldívar dice que las AFP se conciertan entre ellas para aprovechar hasta el último voto. ¡Evidente! Si no lo hicieran, estarían entregando a cualquiera, al resto, el manejo de la empresa. Si la AFP no se pone de acuerdo, reparte sus votos en forma torpe, éstos son irrelevantes y todo el directorio lo elige una minoría, yo, como imponente, estaré muy molesto con ella por no cumplir su obligación de proteger la inversión.
Entonces ¿repito¿, como lo establece el inciso segundo sugerido para el artículo 45, las AFP no podrán transformarse en controladores. O sea, si en una sociedad anónima ¿podría dar nombres, y estaríamos de acuerdo en ellos¿ hay 20 AFP y cada una es propietaria de 5 por ciento, no pueden elegir más de la mitad del directorio. Esto significa que el accionista poseedor de 20 por ciento, que nadie sabe quién es ¿puede ser cualquiera, incluso una sociedad panameña¿, administrará la empresa donde las AFP tienen 80 por ciento del capital.
En síntesis, las Administradoras, que han sido creadas por ley para administrar los fondos de pensiones; que se encuentran controladas por la Superintendencia respectiva; que deben adoptar sus acuerdos en reunión de directorio en forma fundada; que se hallan sujetas a un montón de regulaciones, no pueden administrar la empresa donde invierten. Pero sí lo puede hacer cualquier cristiano o no cristiano que pase por la calle, lo cual demuestra cuán absurdo es esto. Porque debemos recordar que cuando restringimos el poder a las AFP ampliamos el de los demás, que ¿repito¿ nadie sabe quiénes son.
El segundo punto demostrativo de cómo estamos legislando se refiere a lo siguiente.
Si las AFP no saben por quién votan los demás accionistas, ni tampoco cómo votan las otras Administradoras ¿o pueden no saberlo¿, van a proponer sus candidatos y los apoyarán. Pero al abrir las urnas se pueden encontrar con la sorpresa de que fueron elegidos muchos candidatos sugeridos por distintas AFP y que conformarán más de la mitad del directorio. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tienen que renunciar los directores? ¿Se repite la elección?
Realmente, la proposición ¿y lo digo con mucha modestia¿ no tiene sentido, porque entrega la administración de los fondos de pensiones a personas en las cuales confiamos más que en las AFP y que no sabemos quiénes son, por cuanto cambian de una sociedad a otra.
A mi juicio, se trata de una disposición mala.
La normativa actual ha sido objeto de un montón de controversias que han terminado en los tribunales, y la Corte Suprema ha fallado permitiendo la concertación. Entonces, debe entenderse que cuando hablamos de concertación ¿aquí se la ha calificado de "brutal"¿ queremos decir, simplemente, que las AFP tratan de elegir el máximo posible de directores. ¡Gracias a Dios que es así! ¡Ése es su deber, su responsabilidad! Si no lo hicieran, estarían delegándola en otros. Y podemos decir quiénes son éstos. ¿En quién confía más el imponente de una AFP ¿llámese Provida, Cuprum, Hábitat, Santa María, etcétera¿: en los administradores o en los grupos que hoy, debido a este tipo de reglamentación, con un porcentaje mínimo de la propiedad, controlan la empresa como si fuera propia?

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Son los mismos!

El señor PIÑERA.- No son los mismos, si bien para demostrarlo tendríamos que entrar a revisar empresa por empresa.
Entonces, no puedo sino dejar constancia, una vez más, de que lamento la ausencia del señor Ministro de Hacienda, porque en la Comisión realizamos debates muy profundos con los representantes del Ejecutivo y ellos hablaron de la posibilidad de formular indicaciones o, eventualmente, de patrocinar algunas de las que se presentaron en esa instancia.
Antes de concluir, señor Presidente, deseo reiterar que si aprobamos la norma en discusión estaremos diciendo que preferimos que las empresas donde se inviertan los fondos de pensiones sean administradas por cualquiera, menos las AFP. Si ése es el ánimo del Senado, creo que habría que revisar el sistema de AFP completo. Porque no tiene sentido entregar la administración de los fondos de pensiones a determinadas empresas para luego, a la primera de cambio, preferir a cualquiera antes que ellas.
Pongamos, entonces, a otras personas a manejar esos fondos. Ese sería un pronunciamiento consecuente del Senado. Lo malo es que no sabemos quiénes son: pueden ser sociedades panameñas, el "padrino", etcétera.
He dicho.
El señor RUIZ (don José).- ¡Esos también podrían ser dueños de las AFP...!

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, creo que hay una confusión conceptual respecto de la norma en debate: lo que se procura es que las AFP administren los fondos de pensiones y no las empresas en que inviertan. Y este es un punto central.
En mi opinión, el argumento del Honorable señor Piñera es enteramente equivocado, por cuanto pretende que las AFP entren a cumplir funciones distintas de las que les encomienda la ley. De hacerlo, evidentemente, se prestaría para una utilización indebida del fondo de ahorro forzoso más grande del país, que pertenece a los trabajadores. Las AFP no están constituidas para administrar empresas, para ser mayoría en tales o cuales sociedades anónimas a fin de lograr el control de determinada actividad económica estratégica. El sentido de su existencia es realizar una correcta administración de los fondos previsionales, colocándolos en inversiones que, por lo demás, están bastante reglamentadas por la ley.
Por tanto, si ya es discutible el hecho de permitirles participar en la administración de las empresas en que invierten ¿ello sólo podría justificarse en la factibilidad de tener un conocimiento mejor del destino de sus fondos¿, me parece evidente que una cortapisa mínima, como la que pone la norma propuesta por la Comisión, obedece a un criterio de sanidad del sistema. Si la rechazáramos, estaríamos cambiando el recto sentido de las AFP, modificando de manera inevitable su giro, colocándolas en la lógica de controlar la administración de las empresas donde invierten. Incluso, podría generarse la tendencia a invertir con el fin de controlar la administración y no para lograr una cartera que dé la mayor rentabilidad posible a los fondos de los trabajadores.
Por esa razón, anuncio mi voto favorable a este mínimo resguardo para que las AFP no desvirtúen la función que el actual ordenamiento jurídico les impone. Y esto me parece de una evidencia conceptual bastante grande.
Por último, deseo reiterar algo que ya manifesté durante la discusión general del proyecto: mi convicción personal de que, sin perjuicio de las mejoras que ahora se introducen a la normativa que rige a las AFP, falta todavía un debate más a fondo sobre el sistema previsional, su naturaleza y las correcciones que podrían introducírsele. Y ello tiene que ver, fundamentalmente, con el hecho de que la gran transformación que se llevó a cabo en este ámbito se realizó bajo condiciones políticas que no permitieron el debate que en toda sociedad se exige tratándose de cambios de tal naturaleza.
En suma, señor Presidente, concurriré a la aprobación de la norma en debate, como lo he hecho en general respecto del proyecto, por entender que mejora el sistema existente. Sin perjuicio de ello, debo reiterar que queda pendiente una discusión más en profundidad respecto del sistema previsional chileno. Y espero que el país pueda llevarla a cabo en los próximos años.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, ante todo, deseo puntualizar a la Sala que ya hicimos la discusión general del proyecto y que no me parece bueno el hábito que hemos adquirido de repetir aquélla con motivo de la discusión particular.
Paso ahora a referirme al tema concreto que nos ocupa.
El Senador señor Hormazábal ha reclamado por el hecho de que yo, como Presidente de la Comisión de Hacienda, declaré inadmisible la indicación que presentó tendiente a negar el derecho a voto a las AFP en la elección de directores de las empresas donde tengan acciones. Efectivamente, así lo hice. Y declaré inadmisible todas las indicaciones, cualquiera que fuese su procedencia, que, como ésa, apuntaban a modificar el decreto ley N° 3.500, aplicando estrictamente el artículo 62, inciso cuarto, número 6°, de la Constitución, que incluye entre las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República el "Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del sector público como del sector privado.". Luego, cualquier enmienda del mencionado decreto ley, que es un todo orgánico que regula el sistema previsional chileno, debe ser considerada de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Y a esa conclusión llegaremos si analizamos las actas pertinentes de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, pues fue éste uno de los puntos en que se limitó con mayor rigurosidad la iniciativa parlamentaria.
Por tanto, mi posición no podía ser otra que aplicar la Constitución en forma estricta.
Además, la norma a que hizo referencia el Honorable señor Hormazábal en su argumentación ¿la revisamos en su oportunidad¿ no dice relación directa a la materia previsional y cae en la norma del artículo 62 que habla de "emolumentos, préstamos o beneficios", etcétera.
La indicación del señor Senador, al igual que otras, tendía a modificar el decreto ley N° 3.500, que establece claramente la facultad de las AFP de comprar acciones y no restringe en absoluto el derecho a voto que ello les otorga.
En cualquier caso, no creo necesario entrar en debate sobre la materia. Cada cual puede mantener sus propios criterios, y todos son muy respetables.
En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que este proyecto fue enviado por el Gobierno con el objeto de corregir determinadas disposiciones de diversos cuerpos legales debido a las observaciones que hizo el Tribunal Constitucional respecto de la iniciativa sobre Mercado de Capitales.
Sin embargo, hay un cargo que debemos formular al Parlamento y, sobre todo, al Ejecutivo ¿y así se lo he hecho presente¿, porque en la Cámara de Diputados se plantearon indicaciones que incorporaron a la iniciativa normas que no sólo tenían por finalidad subsanar las situaciones objetadas por el Tribunal Constitucional o los errores cometidos en la trascripción de la ley, sino, también, modificar otras disposiciones de la legislación vigente.
Entre tales indicaciones está la que dio origen a la norma en debate, que, en mi opinión, tiene bastante importancia. Y los Senadores señores Gazmuri, Piñera, Hormazábal y Adolfo Zaldívar han expuesto las diferentes visiones que existen sobre la materia. Unos quisieran que se revisara el sistema previsional chileno, no tal vez para cambiarlo, sino para impedir ¿como se planteó en la propia Comisión¿ a las AFP invertir en acciones, permitiéndoles hacerlo solamente en valores que dieran rentabilidad fija y no estuvieran sujetos a especulaciones de especie alguna o expuestos al riesgo de aquéllas.
Por otra parte, conforme a la normativa vigente ¿hay que ir al espíritu del decreto ley N° 3.500¿, se les permite invertir, pero se les pone un límite. Y quien en su momento dictó dicho cuerpo legal les fijó un tope de 7 por ciento para invertir en sociedades calificadas. Actualmente no pueden invertir en todo tipo de sociedades, sino sólo en alrededor de 50 de ellas. Incluso, esa legislación hizo que las acciones subieran rápidamente, y las AFP se encontraron con un mercado estrecho y con ingresos crecientes, con lo cual empezaron a tener un poder político muy importante. O sea, el decreto ley N° 3.500 no quiso disponer ¿al respecto tiene razón el Senador señor Gazmuri¿ que se transformaran en administradoras y dueñas de negocios (perfectamente podría haberlo establecido), sino que les dio la posibilidad de estar presente en la administración de aquellas sociedades donde tenían su inversión; es decir, no les negó el derecho a elegir directores. Sin embargo, como se les fijó un límite de 7 por ciento para invertir en ellas, se produjo un problema: si era posible que dos o tres AFP se pusieran de acuerdo para elegir directores o para formar mayoría en un directorio. Y, sobre el particular, hubo un fallo de la Corte Suprema, que fue contradictorio y después se aclaró, pero nunca se supo realmente lo que se quiso decir.
Estoy de acuerdo con la norma propuesta por el Ejecutivo, porque significa reponer un poco el espíritu del sistema de las AFP: que puedan invertir y estar presentes en la administración de las sociedades, pero que no les sea posible controlarlas. ¿Por qué? Porque, la verdad de las cosas es que puede producirse en el próximo tiempo un conflicto de intereses dramático ¿lo digo en el informe con motivo de la fundamentación de mi voto a favor¿ si no ponemos esa limitación a las AFP para que no puedan controlar por mayoría a las sociedades en las cuales ellas invierten. En efecto, a lo mejor, en los próximos 5 ó 10 años, en Chile no habrá ningún empresario ¿de sociedad importante, cuyas acciones se transen en la Bolsa¿ que sea capaz de conducir su propio negocio o no esté sujeto en cualquier momento a ser cambiado por una mayoría provocada no por una AFP, sino por el entendimiento de varias de ellas, a fin de obtener el control de esa sociedad. Y eso, desde mi punto de vista, sería grave. Podríamos discutir si es bueno o no para el país que se produzca esa situación en un sistema de AFP que en 5 años más va a estar manejando del orden de 20 ó 25 mil millones de dólares, cifras que equivalen, más o menos, a la mitad del producto geográfico bruto.
Por lo tanto, esta disposición persigue evitar, no que las AFP tengan representación en las sociedades en que invierten ¿a mi juicio, deben tenerla, porque, si colocan dinero en ellas, por lo menos es necesaria su presencia para controlar que las cosas se hagan bien¿, sino que logren mayoría. Creo que la norma en ese sentido es sana y es conveniente aprobarla. Esta materia no constituye una novedad, por cuanto es algo que está en discusión, e incluso también lo está la posibilidad de que las AFP no pueden tomar el control de los negocios. Sin embargo, esta disposición establece claramente que así es, evitando recurrir a la vía judicial para determinar si es posible o no tener el control de una sociedad mediante la inversión de las AFP.
Por eso, soy partidario de esta norma, ya que mejora y deja bien determinada esta materia. Y, a mi juicio, el tema de fondo no es lo que ahora estamos debatiendo.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Diez.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, entiendo ¿sin ser miembro de la Comisión de Hacienda ni haber participado en el debate anterior¿ la gravedad de la proyección de la norma que vamos a aprobar o rechazar.
No se pueden tratar las AFP como sociedades cualesquiera, en las que la gente ha puesto dinero para obtener una utilidad, pues reciben un ahorro que los chilenos obligatoriamente deben hacer y para cuyo efecto tienen que elegir entre algunas de ellas. Por lo tanto, si uno proyecta el peso que las AFP van adquiriendo en el sistema económico y le damos la facultad de controlar empresas, estamos volviendo a un estatismo sin Estado, en que un grupo de personas puede tener una influencia inconveniente en una sociedad libre. Porque las AFP no responden a la sociedad libre; poseen recursos que la ley dispone que deben invertirse obligatoriamente en ellas. De tal manera que tiene razón el Ejecutivo, toda vez que, al buscar el equilibrio, permite que dichas entidades puedan elegir directores, pero no que a través de éstos les sea posible controlar una sociedad. En ese sentido, me es indiferente que sea una AFP o que se pongan de acuerdo todas ellas, porque no quiero construir un poder que disminuya el valor de la iniciativa realmente privada, la que debe estar ¿entendamos bien¿ respaldada por capitales privados, que son los que toman las decisiones, no por capitales que la ley dispone que tienen que entregarse a 5 ó 10 sociedades.
A mi juicio, el dilema planteado no es creer o no en la libertad de empresa. Aquí se trata de regular un mercado, a fin de evitar consecuencias que mañana vamos a lamentar: se van a crear frenos para recibir acciones de las AFP o para que las sociedades que se formen ya no sean abiertas, ya que, siendo cerradas, sus acciones no se transarán en la Bolsa y no podrán ser compradas libremente, etcétera.
Reconociendo que ésta es una materia de suyo muy compleja, mi primer punto de vista es creer que la proposición del Ejecutivo aparece inspirada por una norma de sana prudencia y regulación de nuestro mercado.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Estaríamos en condiciones de votar después que haga uso de la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, seré muy breve. Quiero señalar, antes de votar, que tal vez éste es el tema más importante ¿es de real y verdadera trascendencia¿ de todos los que hemos tratado en el Senado, por lo menos desde que yo me integré a él.
Quiero ser, nuevamente, muy preciso, porque hay que evitar confusiones.
Concuerdo con lo dicho recientemente por el Senador señor Diez en el sentido de que esto no es un asunto de libre empresa o no. Sin embargo, aquí se está siguiendo un camino para regular que, a mi juicio, puede ser equivocado. Se buscan normas que impidan a los dueños, directores o administradores de las AFP manejar las empresas donde invierten. Las AFP son administradoras de fondos, no de empresas, como vengo diciendo desde hace 10 años. Pero nada ni nadie debe impedirles ejercer libremente su giro o actividad, que es precisamente el motivo por el cual las personas las han elegido. Y la verdadera forma de subsanar o de dar solución real, dentro de la libre empresa y de un mercado, no es por la vía de regular o coaccionar el quehacer de los individuos, sino, lisa y llanamente, permitiendo a éstos hacer uso de la libertad. Y los afiliados a las AFP ¿los trabajadores¿, quienes les entregan un ahorro obligatorio, pueden y deben tener el derecho ¿si quieren ejercerlo¿ de votar, en la más importante elección democrática ¿pues define el quehacer futuro de su propia vida¿, por las personas que deseen. Y si no lo ejercen ¿que también es su derecho: el no votar¿, querría decir que han otorgado mandato a la AFP para que resuelva según su buen saber y entender.
A su vez, las administradoras de fondos de pensiones, si estiman que los trabajadores afiliados han elegido malos directores, pueden vender las acciones en las cuales hayan previamente invertido. Y si se les ha otorgado el derecho a votar porque sus afiliados no cuentan con los conocimientos necesarios, o no les importa o consideran que lo están haciendo bien, ellas elegirán con plena y total libertad.
Tal es la forma en que, en mi opinión, se respeta un principio elemental, que no sólo es de carácter político ¿por la posibilidad de elegir¿, sino también de índole económica. Hace años, en mi calidad de candidato, dije que la libertad económica y la libertad política eran hermanas, y que una sin la otra terminaba por morir. Es necesario hermanar la libertad económica que estamos construyendo con la libertad política. Y lo que estamos hoy discutiendo en la Sala apunta derechamente a la posibilidad de hermanar ambas libertades, a fin de permitir que las personas que quieran hacerlo elijan a los directores de las empresas de las cuales son dueñas. Si no lo desean, delegan esta facultad, en una forma parecida a lo que ocurre en los fondos mutuos. ¡Pero el tratar de regular el procedimiento, prohibiendo que no se vote por el primo, por el hermano, por el pariente, por el consanguíneo, o por el compadre que está ahí; o que lo vio, o que no lo miró, o que se puso de acuerdo o no se puso de acuerdo, me parece la forma más absurda de lograr el propósito que se persigue! Y éste no es otro que posibilitar una buena administración; es el uso del derecho político del poder, al ejercer y votar en las juntas de accionistas. Y aquí hay entremezclados un problema económico con un problema de poder, que podríamos denominar político. De allí lo interesante de este debate. De allí la importancia de la materia, pues estamos regulando el poder y, a su vez, el derecho de las personas a ejercer ese poder económico y político.
Por lo tanto, hago un llamado a perfeccionar la iniciativa y a que se oficie en este sentido a las autoridades pertinentes de Gobierno, que tratan de hacerlo por la vía regulatoria que, a mi juicio, no es la más adecuada. Hago, en fin, un llamado para que, en definitiva, se ejercite la libertad en la forma democrática en que los pueblos la entienden, o sea, permitiendo que las personas, en las elecciones más importantes ¿no de Diputados ni Senadores, ni de concejales ni de alcaldes, sino de quienes van a administrar su vejez, sus pensiones, su vida futura¿, puedan ejercer su legítimo derecho a elegir.
Por eso, desde ya, anticipo que me abstendré de votar por estimar que la forma en que el Gobierno ha pretendido restringir o limitar los derechos de las personas no es la más adecuada. La forma correcta de hacerlo, a mi juicio, es siendo audaz, permitiéndoles poner en práctica todos sus derechos, inherentes al de propiedad, eligiendo en las respectivas empresas a sus propios directores.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- La disposición requiere de quórum especial, de modo que procederemos a llamar a los señores Senadores.

El señor DIEZ.- ¿Podríamos mientras tanto formular algunas observaciones?

El señor VALDÉS (Presidente).- Las que estime convenientes, señor Senador.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, no hay duda de que el tema planteado por el Honorable señor Errázuriz es un campo que deberemos explorar en el futuro, con un mayor conocimiento, por parte de los afiliados, de los negocios donde están invertidos sus propios dineros, con perfeccionamientos de la forma de adoptar decisiones y, quizá, de determinar el tipo de acciones en que pueden invertir las AFP. Pero es una materia delicada, que supone un estudio muy profundo para evitar distorsiones, campañas publicitarias, abusos de poder, falsificación, etcétera, que, evidentemente, pueden sorprender a mucha gente modesta.
Reitero: es un campo que se debe explorar. Pero advierto que el privar de decisión a un directorio de AFP, que tiene mucho mayor conocimiento del mundo de los negocios, para entregársela a sus propios afiliados, podría ser incluso peligroso para estos últimos, si no han recibido oportunamente toda la información del caso o carecen de los conocimientos pertinentes.
También la elección del directorio de una sociedad anónima depende de los acuerdos a que se llegue a última hora, y a veces, el seguir todas las instrucciones puede significar que los candidatos de esa AFP no alcancen el quórum de votación requerido.
Como puede apreciarse, se trata de una materia compleja, aunque concuerdo con el Honorable señor Errázuriz que deberemos considerarla en el futuro, pero mientras tanto nos encontramos en esta situación.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador?

El señor DIEZ.- Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor PIÑERA.- Solamente para la información del Senado, quiero señalar, que cuando discutimos esta ley la vez anterior, introdujimos diversos cambios, que es relevante recordar hoy.
A diferencia de como lo establecía la ley anteriormente, el directorio de la administradora debe determinar el candidato por el cual sus representantes votarán, los que deberán hacerlo en forma pública, con constancia en actas y en forma fundada. Adicionalmente, si el representante de la AFP, por las circunstancias que rodean las juntas de accionistas y a las que se refirió el Honorable señor Diez, cambia su voto, tendrá que informar al directorio de la administradora en la próxima sesión. Adicionalmente, los representantes de las AFP tienen que votar a viva voz, debiendo dejar constancia de su voto en el acta de la respectiva junta de accionistas. Es decir, las AFP votarán ahora en forma transparente, y así los afiliados sabrán cómo votó y por qué votó de tal o cual forma, y podrán tomar las decisiones que correspondan.
Todas esas medidas fueron establecidas en la ley que estudiamos aquí, precisamente para regular el buen ejercicio que hagan las administradoras de su capacidad de votación.
Debo advertir, sin embargo, que si no votan las AFP, alguien va a hacerlo por ellas, sin estas regulaciones. Por lo demás, el objetivo único del directorio de las AFP es velar por el buen funcionamiento del fondo. Y si se aparta de él, comete delito que es sancionado penalmente en esta ley.

El señor DIEZ.- Señor Presidente, termino manifestando que las expresiones del Honorable señor Piñera confirman lo que estaba diciendo: estamos en presencia de un sistema respecto del cual debemos decidir hoy si le imponemos o no ciertos límites. Más tarde, quizá, nos podremos abocar a los planteamientos del Honorable señor Errázuriz, que, a mi juicio, producen demasiados problemas operativos, porque no se trata de crear un mecanismo que sea formalmente democrático. El objetivo es consagrar un sistema mediante el cual los fondos de las AFP ¿que son de los afiliados¿ estén mejor defendidos.

El señor ERRÁZURIZ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor DIEZ.- Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor ERRÁZURIZ.- Honorable señor Diez, no le tenga temor a los cambios. No sea tan conservador. Sea un poquito más audaz. No tenga temor. Y va a ver Su Señoría cómo los problemas operativos son fácilmente subsanables mediante las cartolas cuatrimestrales, las que se pueden aprovechar para conocer las preferencias de los afiliados, sin más costo que la respuesta, pues, si se desea, el envío de vuelta de ésta sería en sobre franqueado. Y aquéllas son ingresadas al computador. ¡Y se acabó el problema! Es tan sencillo como eso. Pero desconfiar de las personas o no ejercer sus derechos sólo por problemas operativos han sido hasta ahora las únicas razones esgrimidas ¿¡las únicas!¿ por las AFP para no aceptar este planteamiento que vengo formulando desde 1981.
Muchas gracias por la interrupción.
El señor DIEZ.- Señor Senador, uno tiene derecho a ser audaz con su propio dinero, pero con el de los trabajadores, que es el único que tienen para su jubilación o su pensión, se debe ser, sobre todo, prudente y conservador. Y yo me enorgullezco mucho de ser conservador.

El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.

El señor THAYER.- ¿Qué se vota, señor Presidente?

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Se vota, en el artículo Primero, número 5, agregar la siguiente letra a), nueva:
"Intercálase el siguiente inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:
"En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior, las Administradoras no podrán realizar acuerdos que les permitan constituirse en controladores de las sociedades en las cuales tengan invertidos recursos de los Fondos de Pensiones que administran.".
Esta norma es de rango orgánico constitucional. Para su aprobación requiere de la concurrencia de 24 señores Senadores, en razón de que cuatro están con permiso constitucional.

El señor VALDÉS (Presidente).- En esta votación no rigen los pareos.
En votación.
--(Durante la votación).

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en realidad, si uno no está de acuerdo con el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, actúa en forma consecuente al aprobar esta clase de normas que limitan la administración de las sociedades en las cuales invierten las AFP. Por el contrario, si el sistema vigente hoy en Chile, y que se pretende mantener, por lo menos en el corto plazo ¿desearía que también lo fuera en el largo plazo¿, es uno en el cual se administran estas empresas como sociedades privadas, en mi opinión, el tipo de normas que estamos imponiendo a las AFP terminará transformándolas en una caricatura de empresas privadas. Porque de éstas no van a tener nada. No son sociedades anónimas corrientes, y van a tener tal cúmulo de prohibiciones, de limitaciones de inversión en sociedades, que no van a poder mirar cómo administran sus negocios, ni determinar quiénes pueden estar a cargo de ellos.
Desde esa perspectiva, señor Presidente, creo que estamos creando un mal sistema. En el pasado los recursos previsionales fueron administrados por el Estado, que fue un pésimo administrador y llevó a las organizaciones públicas de previsión a la quiebra. Francamente, no fueron capaces de pagar los beneficios que debían otorgar a los trabajadores, y quienes estuvieron afectos a ese régimen perdieron las imposiciones que hicieron con tanto sacrificio.
Señor Presidente, sobre la base de que se mantenga un sistema que realmente deje entregada a manos privadas la administración de esos recursos, creo que estas normas son altamente inconvenientes.
Por lo expuesto, votaré en contra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, considero que las AFP han dado excelente resultado. Constituyen un ejemplo para todo el continente. Y no creo en la necesidad de estar variando sus disposiciones.
Por otra parte, también le encuentro razón al punto de vista del Honorable señor Piñera, en cuanto a que se crearía un vacío, y éste lo llenarán otras personas, con otras ideas.
Voto que no.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, después de escuchar atentamente el debate, votaré en contra por una razón muy simple: porque aquí se produce un contrasentido.
En efecto, en el sistema de las AFP, cada persona tiene derecho a elegir libremente la Administradora de Fondos de Pensiones en la cual hará sus depósitos. ¿En qué se basa para elegir? De acuerdo al rendimiento que cada una obtiene de los fondos. Luego, existe un control básico de todos quienes están depositando el dinero, que son sus imposiciones, respecto de los directorios que rigen las Administradoras de Fondos de Pensiones y de la forma en que éstos están desempeñando su función. De tal manera que si un directorio de alguna actuara en forma indebida, necesariamente su empresa sufrirá un castigo. ¿Por qué? Porque los afiliados buscarán otra que consiga mayor rendimiento a sus depósitos.
Por otra parte, en el proyecto se contemplan una serie de normas que reglamentan el ejercicio del directorio, e incluso se establecen delitos y sanciones graves para el mal uso de un poder. Y aquí se da lo que expresó el Honorable señor Piñera, que es lo que me ha convencido. Si hay veinte AFP ¿tienen limitadas sus inversiones¿ que pueden invertir en papeles de primera clase, es posible que lleguen a controlar el 90 por ciento de determinada empresa. Sin embargo, no podrán ejercer ese control, por cuanto lo tendrá el 10 por ciento restante, que no le responderá a nadie, ni siquiera a aquellos que están depositando sus fondos en la AFP.
Entonces, las Administradoras de Fondos de Pensiones van a encontrarse con el hecho de que han invertido en una empresa de cuya gestión no pueden responder, lo cual no me calza dentro de la lógica de los negocios ni de la administración de una empresa.
En mi opinión, el control y la fiscalización la efectúa el afiliado con el resultado que debe producir el directorio de la AFP. Si ese directorio actúa mal, obviamente, la empresa que representa va a sufrir una sanción. Por ello, me parece que van a administrar muchísimo mejor la empresa los representantes de las Administradoras, que necesitan obtener el mejor rendimiento posible, que un grupo minoritario que puede manejarla a su amaño, no obstante existir personas que han invertido cerca del 90 por ciento del capital. Esto es realmente insostenible.
Por las razones expuestas, voto en contra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, debo hacer presente que todas las Administradoras de Fondos de Pensiones son distintas; cada una puede votar por una persona diferente y con un criterio diverso. Lo que sucede es que, una vez terminada la votación, puede ocurrir que la suma de criterios distintos e independientes ¿cada una buscando su preferencia por la mejor administración¿ resulte en que los candidatos propuestos por las AFP son más de la mitad. La ley nada dice qué pasa en ese caso. Cada AFP es autónoma, independiente, y cada trabajador escoge a cuál de ellas ingresa.
Luego, considerando que la solución propuesta no es buena, como tampoco lo es la ley actual, me abstendré de votar, con la esperanza de que el Ejecutivo presente una mejor solución en esta materia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, creo que el debate suscitado hoy en la Sala, así como cuando se discutió el proyecto en otras oportunidades, demuestra que este sistema, no obstante mostrar resultados económicos favorables, debe ser analizado con detenimiento, en la medida en que los fondos vayan creciendo. A mi juicio, la proyección hecha inicialmente no corresponde a lo que hoy está pasando. Porque, tal como se dijo aquí, puede ocurrir que un grupo económico que maneje unas cuantas AFP llegue a influir en forma excesiva en la economía del país.
Por otra parte, también existe un problema adicional. Cuando un trabajador ingresa a una empresa no tiene libertad para decir si impone o no impone. La ley lo obliga a imponer. Y la persona que inicia hoy sus actividades laborales no tiene otra posibilidad que ingresar a una AFP. Podrá elegir entre una y otra, pero debe afiliarse al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por lo tanto, no estamos hablando de empresas comunes y corrientes. Aquí existe un problema donde hay hipoteca social. Es decir, alguien debe resguardar los derechos de los trabajadores. Y por eso existe una Superintendencia de AFP. En otras palabras, éstas no se rigen por las normas comunes de la empresa privada. En consecuencia, deben existir mecanismos reguladores.
Creo que no será ésta la única discusión que realizaremos sobre el particular y que en un futuro no muy lejano de nuevo tendremos que volver sobre el tema, porque este sistema debe debatirse ampliamente y, ojalá, escuchando a los dueños de esos fondos, que hoy no opinan acerca de lo que pasa con las AFP.
No se puede comparar una Administradora de Fondos de Pensiones con una empresa que fabrica baldosas, un banco o una financiera. Es un organismo que, si bien actúa sujeto a un régimen privado, tiene carácter público, porque administra fondos ajenos y se regula por una normativa especial. Y los fondos que administra deben entregarlos en forma obligatoria los trabajadores, porque no tienen otra alternativa.
Aun cuando estoy en contra de varias disposiciones tocantes a las AFP, voto a favor porque creo que mejora sustantivamente lo que hoy se encuentra vigente.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, voy a votar negativamente porque creo en la propiedad privada y en la libertad de acción, la que se puede ejercer a través de la propiedad individual o colectiva. Y colectiva puede ser también esta sociedad de sociedades, como la podríamos llamar, en lo atinente a la materia a que nos referimos.
Por eso, pienso que no son convenientes las regulaciones excesivas y coartar esa libertad de acción.
Por consiguiente, voto en contra.

El señor THAYER.- Señor Presidente, votaré por rechazar esta disposición, aparte las razones ya señaladas, porque, a mi modo de ver, jurídicamente la norma no está bien concebida. Corresponde, de alguna manera, a una sana intención, referida a que las Administradoras de Fondos de Pensiones no abandonen su función propia y se transformen en administradoras de otros entes, pues si alguna se dedicara a usar los fondos que recibe o que administra para manejar otras actividades, estaría contrariando su fin. Sin embargo, la forma como se encuentra concebida la norma dificulta su administración, le hace imposible marchar tras los objetivos que precisamente debe custodiar.
Por eso, voto que no.

El señor URENDA.- Señor Presidente, en este país sucede con frecuencia que cuando algo da resultado, de inmediato surge el afán de cambiarlo. En el pasado hubo leyes de gran éxito que asustaron a sus autores. Y creo que con el sistema previsional ocurre lo mismo.
A estas alturas, comparando los regímenes que antes había y el que ahora existe en materia de previsión, me parece que nadie puede dudar de las inmensas ventajas del nuevo sistema para los fines específicos que fue establecido, tocantes a la previsión.
Pero hay algo más. Como se ha reconocido, incluso por las autoridades del Gobierno anterior, nada ha contribuido en mayor forma al desarrollo económico de nuestro país que esta acumulación de recursos producida gracias a la previsión, lo que, junto con cumplir con el fin de asegurar una mejor vejez a los trabajadores chilenos, ha significado la fuente de ahorro y el motor más importante para el desarrollo de Chile. Esta es una realidad que no se discute, y, probablemente, ha sido una de las causas del nivel a que ha llegado nuestra economía, y de la cual nos enorgullecemos.
Ahora bien, esto ha resultado por cuanto se han abierto posibilidades a la intervención privada. Porque el ánimo empresarial, la eficiencia administrativa han dado los frutos que se esperaban, y se han acumulado recursos mayores de los que se preveían.
Entonces, si las cosas caminan bien, si gracias a este sistema la previsión chilena ha dado un gran salto adelante, y, además, el país ha avanzado, ¿por qué ponemos trabas innecesarias a un sistema que funciona bien? A mi juicio, las limitaciones que ya existen sobre inversiones de los recursos de las AFP, con respecto a cada tipo de sociedad, son de por sí suficientes para evitar los riesgos aquí mencionados. Y, por otra parte, resulta absurdo que quienes se han demostrado hábiles en esta materia, quienes deben escoger las acciones que van a adquirir, no puedan, sin embargo, influir a fin de que esa inversión camine bien y mejore la eficacia en el manejo de la respectiva empresa.
Creo que la decisión adoptada con el objeto de que estos recursos ¿que se han acumulado de manera tal que el problema consiste en encontrarles destino¿ puedan influir en el mercado de capitales chileno y contribuir a él, ha sido algo bueno para el país. Y, por esto, porque estimo que es conveniente para nuestra nación y para sus trabajadores, no estoy de acuerdo con establecer limitaciones que, quizás, de alguna manera disminuirán las posibilidades de adecuado desarrollo de las empresas.
Por tal motivo, voto que no.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, lo que ocurre con las Administradoras de Fondos de Pensiones es importante, no sólo para ellas ¿quiero ir aún más lejos¿, ni siquiera para los propios dueños de los fondos, sino que también lo es para el país. Hoy día, hablar de 20 mil millones de dólares, y en 4 ó 5 años más de algo equivalente al producto geográfico bruto, y a un ritmo de crecimiento del orden del 14 por ciento, con una nación que crece al 6 ó 7 por ciento, es demasiado relevante.
Ahora bien, creo que, estando de acuerdo con el sistema ¿en lo personal, soy muy partidario de él¿, no por ello uno no debe estar atento a introducirle modificaciones cuando sea necesario. Y en ese orden de cosas, pienso que podría haber algo realmente negativo para el sistema que nos rige. Entre otras cosas, lo más negativo sería un dirigismo previsional de la economía, que la presente indicación tiende a evitar. Otro tanto sucedería si estuviésemos en presencia de una colusión para el manejo de las sociedades anónimas. Ello en alguna medida puede ocurrir, si acaso una disposición como la que se señala no entra en vigor.
Por eso, opino que el inciso segundo nuevo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500 complementa la razón de ser de este precepto legal, en el sentido de que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben buscar una rentabilidad y una seguridad adecuadas, pues su finalidad no es sino administrar los Fondos. Y, por consiguiente, cualquier otra tentación, evasión o inquietud que tuviesen, no sólo sería mala para los fondos propiamente tales, sino que incluso, pervertirían todo el sistema.
Por eso, voy a votar a favor de la indicación, estimando que, además, deben considerarse ésta u otras disposiciones tendientes a modificar la normativa cuando ello sea necesario, a objeto de lograr que el sistema realmente sea fructífero para la economía y, obviamente, para sus beneficiados: todos los trabajadores de Chile.
Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero dejar una constancia para la historia de la ley, pues creo que la votación producida se debe a una información que se ha ido distorsionado. Y, en ese sentido, pienso que el Senador señor Piñera contribuyó a provocar una confusión que puede ser bastante delicada.
Porque ¿y en esto tampoco concuerda el Senador señor Urenda¿ lo propuesto no está modificando nada, ni está limitando a las AFP. Por el contrario, lo que pretende la disposición ¿lo intenté explicar, pero al parecer no quedó claro¿ es dirimir una discusión que se llevó a los tribunales de justicia, incluso, hasta la Corte Suprema: si las AFP podían concertarse para elegir un director, no una mayoría en un directorio. Y la discusión se originó por haberse estimado, en virtud del artículo 45 de la ley, que ello se apartaba de su objetivo, y, además, que constituía una concertación que atentaba contra las normas antimonopolio. El tema que se encuentra sobre la mesa es ése.
Con esto no se ayuda a las AFP. Por el contrario. A lo mejor, el rechazo de esta indicación puede afirmar la tesis de que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden concertarse, a pesar de que más adelante hay alguna norma que podría aclarar esta materia, tocante a que cuando no tengan los votos necesarios para elegir directorio se les permite ponerse de acuerdo entre ellas, siempre que cumplan con determinadas normas, como el hecho de votar.
Esta disposición tenía por objeto, además, limitar algo que puede ser grave y que, a mi juicio, va a generar una discusión entre los propios empresarios, que se dirán: "¡Cuidado con lo que nos pueda pasar con el manejo y control de nuestras sociedades en el próximo tiempo!". Porque, con el poder que tendrán las AFP ¿si logran el 51 por ciento, o con el manejo mayoritario, sin tener ese porcentaje, al concertarse entre sí¿ podrán asumir una actitud monopólica en la conducción de la economía. Y los llamados "empresarios con chimenea" deberán tomar nota de qué hacer para evitar que ese riesgo se les venga encima. ¡Ése es el tema de fondo que se debe tener presente!
Muchos empresarios han manifestado el temor de que, luego de poner todo su esfuerzo en colocar los cimientos y las chimeneas de nuevas empresas, ven que otros, que manejan los recursos financieros, las adquieren y asumen el control de ellas una vez que están hechas las cosas, como lo hemos visto en el país. Esa fue la razón de por qué en su tiempo no se permitió ¿ni se les permite¿ a los bancos comprar acciones de sociedades para hacerse dueños de las empresas a las cuales prestan recursos.
Entonces, existe ese riesgo sobre la mesa; hemos votado y, seguramente, tendremos que corregir la situación. Y formulo un llamado de atención a Sus Señorías, pues no se entendió bien la finalidad del precepto. Lo votaré afirmativamente, por creer que ayuda a mejorar y a aclarar la actual situación de las AFP, las cuales pueden lograr acuerdos para entenderse en minoría, y no en mayoría. Sin embargo, ahora quedará en la nebulosa lo que pueda pasar con ellas.
Voto a favor.

El señor VALDÉS.- Debo decir que estaba muy dudoso de votar, pero las explicaciones del Honorable señor Andrés Zaldívar me han convencido.
Voto que sí. El señor HORMAZÁBAL.- Deseo dejar constancia de que mantengo el pareo convenido con el Honorable señor Larraín.
--Por no alcanzar el quórum suficiente, se rechaza la enmienda de la Comisión (18 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Díaz, Diez, Errázuriz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Sule, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Feliú, Huerta, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Ríos, Siebert, Thayer y Urenda.
No votaron, por estas pareados, los señores Hormazábal y Larre.
El señor VALDÉS (Presidente).- Queda pendiente la discusión particular del proyecto.

Habiendo llegado la hora de término, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:8.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción