Click acá para ir directamente al contenido
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 19ª, en martes 22 de noviembre de 1994
Ordinaria
(De 16:19 a 21:53)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL VALDÉS , PRESIDENTE,
Y RICARDO NÚÑEZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Errázuriz Talavera, Francisco Javier
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alamparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, el señor Ministro de Hacienda y el señor Director de Presupuestos.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).- El acta de la sesión 10a, especial, secreta, en 3 de noviembre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
De Su Excelencia el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece nuevas normas sobre aviación comercial y modifica el Estatuto Orgánico de la Junta de Aeronáutica Civil. (Con urgencia calificada de "Simple"). (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Dos de Su Excelencia el Vicepresidente de la República:
Con el primero retira la urgencia, y la hace presente nuevamente en carácter de "Suma", al proyecto que modifica la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales, y dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos que señala con el Banco Central de Chile.
Con el segundo retira la urgencia, y la hace presente nuevamente, en carácter de "Simple", al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones, y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que establece el Presupuesto del sector público para el año 1995. (Véase en los Anexos, documento 2).
--Queda para tabla.
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga reajuste a los funcionarios del sector público y concede aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario. (Con urgencia calificada de "Discusión Inmediata"). (Véase en los Anexos, documento 3).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Del señor Ministro de Defensa Nacional con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relacionado con la necesidad de que esa Secretaría de Estado propicie a la brevedad un proyecto de ley que contemple beneficios en materia de salud para el personal en actividad y los pensionados de las Fuerzas Armadas.
Cuatro del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero responde un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República en nombre de los Senadores señores Errázuriz, Pérez, Mc-Intyre, Lavandero y Andrés Zaldívar, quienes, durante la discusión general del proyecto de ley que modifica la base de cálculo de la asignación de zona, hicieron presente la necesidad de revisar en su totalidad la legislación aplicable, a la vez que solicitaron al Poder Ejecutivo tener a bien proponer un proyecto que contenga una solución global a los diversos problemas de aplicación que ha presentado la ley vigente.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larre tocante a la posibilidad de incluir a la localidad de Neltume, Décima Región, entre aquellas que dan derecho a percibir un 30% de asignación de zona.
Con el tercero responde un oficio enviado a la señora Ministra de Bienes Nacionales, en nombre del Senador señor Horvath, relativo a la posibilidad de mejorar la asignación de zona que perciben los funcionarios de Cisnes Medio y Amengual, en la Undécima Región.
Con el último contesta sendos oficios enviados a los señores Ministros del Interior y de Hacienda, en nombre del Senador señor Horvath, referidos a aumentar el porcentaje de asignación de zona en las localidades de Ushuaia y Puerto Viejo, en su caso; y en el otro, a la posibilidad de incorporar en la ley que modifica la base de cálculo de la señalada asignación a las localidades de Puerto Marín Balmaceda, Melimoyu, Toto, Amengual, Bertrand, Guadal, Maullín Grande, Puerto Sánchez, Puerto Cristal, Villa Castillo, Ñirehuao, Villa Ortega, Villa O'Higgins y Puerto Yungay, todas ubicadas en la Undécima Región.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Errázuriz, relacionado con los alcances de la modificación al Reglamento del artículo 11 de la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath respecto a las medidas que contemplaría el "Plan de Desarrollo para las Provincias de Arica y Parinacota", en orden a preservar las reservas de áreas silvestres protegidas en dicha zona.
Del señor Ministro Secretario General de Gobierno con el que da respuesta a dos oficios enviados en nombre del Senador señor Errázuriz: el primero, relacionado con un anteproyecto de ley denominado "Cuenta de Ahorro Previsional para la Casa Propia"; y el otro, respecto al anteproyecto, también estudiado y elaborado por Su Señoría, denominado "Ley de Diferimiento Tributario para el Desarrollo Regional y Comunal".
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Hormazábal, relativo a información acerca de la cantidad de deudores del Servicio de Vivienda y Urbanismo por regiones, provincias y comunas, por concepto de los diversos programas existentes, con mención del saldo de deuda y cantidad de deudores morosos.
Del señor Ministro de Agricultura con el que contesta un oficio enviado al señor Ministro del Interior en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con las medidas adoptadas por la primera de las Secretarías de Estado en orden a otorgar asistencia técnica y crediticia a los pobladores ganaderos del sector sur de la Región de Aysén, quienes resultaron afectados por condiciones climáticas adversas.
Del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei respecto a la posibilidad de otorgar recursos a la Municipalidad de Penco para la adquisición y ampliación del local de la escuela VIPLA F-584, de la citada comuna, Octava Región.
Del señor Rector de la Universidad de La Serena en el que se refiere a un oficio enviado en nombre del Senador señor Arturo Frei respecto a la conveniencia de crear una Comisión Nacional que estructure una política de Estado para el desarrollo científico y tecnológico en el país.
--Quedan a disposición de los señores Senadores,
Informe
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir. (Con urgencia calificada de "Simple"). (Véase en los Anexos, documento 4).
--Queda para tabla.
Moción
Del Senador señor Díez con la que inicia un proyecto de acuerdo que reemplaza el artículo 211 del Reglamento del Senado, con el objeto de concordar las disposiciones que rigen la votación particular de la Ley de Presupuestos con el artículo 64 de la Carta Fundamental. (Véase en los Anexos, documento 5).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
ASISTENCIA DE COMISIÓN DE AGRICULTURA A EXPOSICIÓN EN LOS ÁNGELES Y VISITA A OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA REGIONES

El señor LARRE.- Señor Presidente, la semana recién pasada la Comisión de Agricultura pidió autorización para viajar a las Regiones Octava, Novena y Décima, con el objeto de asistir a la inauguración de la XXXI Exposición Agrícola, Ganadera, Forestal e Industrial del BíoBío, en Los Angeles, y de tomar contacto con diversas organizaciones de esa zona.
La autorización quedó pendiente en espera de conocer un presupuesto acerca del costo de dicho viaje. En atención a que éste no tendrá costo alguno, agradecería a su Señoría recabar de la Sala el acuerdo correspondiente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Le agradezco la información, señor Senador.
Si le parece al Senado, se concederá la autorización solicitada.
Acordado.

La señora FELIÚ.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en la Cuenta se dio a conocer la llegada de un proyecto de ley que establece nuevas normas sobre aviación comercial, y se decidió remitirlo a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Como dicha iniciativa dice relación al estatuto jurídico por el cual se rigen las empresas de aviación, pido que una vez despachado por la Comisión técnica pase a la de Economía.
--Así se acuerda.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor VALDÉS (Presidente).- Los Comités acordaron hoy lo siguiente:

1.- Considerar que el acuerdo adoptado por la Sala el 17 del presente sobre el texto del anteproyecto de Reglamento del Personal del Senado, corresponde a la aprobación en general del mismo.

2.- Abrir un nuevo plazo para formular indicaciones a dicho anteproyecto, hasta el lunes 28 de noviembre, a las 18, las que se presentarán a la Comisión de Régimen Interior.

3.- Hacer presente a la Comisión señalada que deberá analizar a la brevedad posible las indicaciones correspondientes y evacuar su informe a la Sala para su despacho, a fin de realizar el encasillamiento de los funcionarios dentro del plazo legal que vence el 31 de diciembre del año en curso.
4.- Tratar en primer lugar del Orden del Día de hoy el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para 1995; discutirlo en general hasta las 18, y en seguida proceder a su debate y votación en particular.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, ¿qué hora de término se fijó para la sesión?

E1 señor VALDÉS (Presidente).- El acuerdo al respecto no quedó formalizado; pero -con esto creo interpretar la opinión de los señores Senadores representantes de los Comités- la idea es extender la sesión hasta el total despacho del proyecto de Ley de Presupuestos. Porque, ante la eventualidad de que haya modificaciones que obliguen a un tercer trámite, la Cámara de Diputados estaría en condiciones de tratarlo mañana miércoles. Y si hubiere necesidad de formar una Comisión Mixta para estudiar posibles divergencias, ella tendría tiempo suficiente para analizarlas entre miércoles y el jueves, con el objeto de quede totalmente despachado por el Congreso dentro del plazo constitucional que expira el 30 de noviembre.

El señor FERNÁNDEZ.- ¿Eso significa que no se tratará ninguna otra materia de la tabla?

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es, salvo que hubiere tal fluidez en el estudio del presupuesto que pudiéramos proseguir el examen del proyecto que aparece en primer lugar de la tabla.

El señor FERNÁNDEZ.- ¿Siempre en el marco de la sesión ordinaria?

El señor VALDÉS (Presidente).- Hasta el término del Orden del Día. A menos que se acuerde continuarlo hasta despachar la correspondiente iniciativa.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, entiendo el apuro que existe en despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. Pero quisiera solicitarle interceder con sus buenos oficios para apresurar el trámite y terminar a una hora prudente. Porque quienes debemos regresar esta noche a Santiago no podemos estar aquí hasta las 3 ó 4 de la madrugada.
Por lo tanto, reitero mi petición de que sesionemos hasta una hora prudente.

El señor VALDÉS (Presidente).- La prudencia es una expresión muy subjetiva, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- Confío en su prudencia, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Muy bien, Su Señoría.
Otra alternativa sería sesionar mañana en la mañana.

El señor FREI (don Arturo).- Exacto.

La señora FREI (doña Carmen).- Tiene razón, señor Presidente. Y sigo confiando en su prudencia.

El señor VALDÉS (Presidente).- Hago notar que hay de por medio un acuerdo de Comités. Sin embargo, en vista de que se hallan presentes numerosos representantes de Comités, planteo la conveniencia de que, en caso de que el presupuesto no alcanzare a despacharse hoy, celebremos una sesión especial mañana en la mañana. En ella podríamos tratar también el proyecto sobre reajuste y otros beneficios para el sector público, que viene con urgencia calificada de "Discusión Inmediata" y, por ende, deberá ser informado rápidamente por la Comisión de Hacienda, cuyo Presidente ha manifestado interés en que se reúna mañana.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Hoy día, señor Presidente.
La Comisión de Hacienda está citada para las 20:15, con el propósito de evacuar su informe acerca de la iniciativa.

El señor VALDÉS (Presidente).- Consulto específicamente al Senador señor Larre si su Comité estaría de acuerdo en proceder en la forma sugerida por la Mesa.

El señor LARRE.- Proponemos que el señor Presidente maneje tanto el programa de trabajo como su horario.

El señor DÍAZ.- Conforme.

El señor VALDÉS (Presidente).- Veremos cómo se presentan las cosas. Encarezco, sí, que las indicaciones relativas al proyecto de Ley de Presupuestos se hagan llegar a la Mesa con antelación al término del debate en general, o sea antes de las 6 de la tarde, a fin de que la Secretaría pueda compaginarlas y examinarlas, para no entorpecer la posterior discusión de los ítem que deberán votarse.
--Así se acuerda.

El señor VALDÉS (Presidente).- El señor Ministro de Hacienda ha solicitado autorización para que lo acompañe en la Sala el Director de Presupuestos, señor José Pablo Arellano.
--Se accede.
-------------------

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad para transmitir la petición del Gobierno en orden a que pudiéramos despachar, en forma previa a la semana de trabajo en Regiones, el proyecto de acuerdo relativo a la aprobación de un Acuerdo suscrito por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), que fue acogido unánimemente en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, unidas.
El Ejecutivo ha manifestado que, si lo estima necesario, hará presente su urgencia en carácter de "Discusión Inmediata", ya que la idea -me parece positiva- es que el Presidente de la República concurra a la Cumbre de Miami con el Acuerdo del GATT ya ratificado por nuestro país. Se considera que este hecho dejaría a Chile en muy buena posición para los efectos de sus futuras negociaciones.
Con tal objeto, solicito al Senado ver la posibilidad de incluir este Acuerdo del GATT en la tabla de mañana miércoles (23 de noviembre), como asunto de fácil despacho y, por ende, sin mayor discusión.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se incorporará en la tabla de la sesión de mañana el mencionado proyecto de acuerdo, a continuación de la iniciativa concerniente al reajuste para los funcionarios públicos.
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA



PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 1995


El señor VALDÉS (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo a la Ley de Presupuestos del Sector Público para 1995, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. (Véase en los Anexos, documento 6).
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo tramite, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general.


El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿se informó ya de qué manera abordaremos el despacho de la iniciativa?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, señor Senador. Se debatirá en general hasta las 18; en seguida comenzarán a tratarse las indicaciones a los diversos ítem, que son los atinentes a los gastos variables.

El señor HORMAZÁBAL.- Me interesa dejar establecido ese hecho, porque se ha producido un debate público. Y si nuestra idea es que se discuta en general, debemos entender que no hay posibilidad de aprobación o de rechazo acerca de la idea de legislar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos.
Pienso que es importante hacer constar que puede haber debate en general; pero que, una vez concluido, el Senado no se abocará a aprobar o rechazar en general la iniciativa, sino que, simplemente, deberá comenzar la discusión y votación de aquellas Partidas respecto de las cuales esta Corporación es competente para pronunciarse.
El señor VALDÉS (Presidente).- Esa es la posición de la Mesa, señor Senador.

El señor LARRAÍN.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- La tiene, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tocante a la forma de proceder del Senado en esta materia en los últimos cuatro años, se me ha informado que primero ha habido un debate en general y luego una aprobación en general del proyecto de Ley de Presupuestos. Lo propio a su vez ha ocurrido en la Cámara de Diputados, no sólo en los cuatro años anteriores sino también ahora; vale decir, siempre se ha procedido de una sola manera. Así que no veo la razón reglamentaria que hoy se aduce para impedir que eso ocurra.
Por lo tanto, a mi modo de ver, habría que mantener el procedimiento observado hasta la fecha: después de un debate general, viene la instancia de aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- La costumbre no hace la ley, y menos si existe un texto expreso en contrario.

El señor DÍEZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite la palabra, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede usar de ella el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Quiero dar a conocer brevemente mi opinión al respecto.
Siento estar en desacuerdo con mi colega, vecino y amigo, el Senador señor Larraín.
El artículo 211 del Reglamento del Senado establece que deberá votarse en general la iniciativa presupuestaria. Así se ha procedido en los últimos años. No ocurrió lo mismo con anterioridad al Gobierno militar. Pero, ¿qué dice la Constitución, para que nos pongamos de acuerdo y veamos la inutilidad de la votación en general? En su artículo 64 dispone: "El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la República" ... "y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días", regirá la iniciativa presentada por el Primer Mandatario. El constituyente ni siquiera se pone en el caso de que el proyecto fuere rechazado por el Parlamento. ¿Y por qué no lo hace? Porque el inciso segundo del mismo precepto señala "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.".
En consecuencia, el Parlamento no puede aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos. De manera que basta su sola inclusión en la normativa presupuestaria para que el cálculo del Presidente de la República tenga valor jurídico. Esta atribución exclusiva de él no ofrece dudas en el examen de toda nuestra legislación. Por lo tanto, si se votara en general la iniciativa, en ese procedimiento debería excluirse la estimación de los ingresos sobre los cuales el Congreso carece de competencia.
En lo que dice relación a los gastos, la Constitución dispone que el Congreso sólo podrá reducir los contenidos en la Ley de Presupuestos, salvo aquellos que estén establecidos por ley permanente. De esta disposición se desprenden dos conclusiones: primero, que los gastos contemplados en forma permanente no pueden ser reducidos por el Parlamento; y segundo, que sólo es posible disminuir los denominados "variables", es decir, los que no son obligatorios por ley.
De lo anterior se deduce que nuestro Reglamento, al disponer una votación general de la Ley de Presupuestos, no se ajusta a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. Aunque así fuera, siempre partes de él quedarían aprobadas por imperio de la Carta, como ser el cálculo de los ingresos y los gastos fijos. En consecuencia, la votación en ningún caso podría ser general, pues, en el ámbito constitucional quedaría reducida a los gastos variables.
Si se produjera votación general de la normativa presupuestaria y ésta fuera rechazada, su rechazo no tendría valor legal de acuerdo al principio de jerarquía de la Constitución. Además, si se estimara que esa votación se ajusta a Derecho, debería señalarse que ella sólo se refiere a las materias que la Carta admite que se encuentran dentro del ámbito de competencia del Congreso. Y eso, en la práctica, equivaldría a transformar dicha votación general en una particular de los gastos variables.
Como nuestro país tuvo ya una dolorosa experiencia histórica en lo que respecta a la Ley de Presupuestos, considero conveniente establecer la concordancia entre el Reglamento del Senado y la Constitución Política de la República, no sólo por dar cumplimiento a ésta, sino porque, si todos los cuerpos legales no contemplan con precisión este punto, ello puede prestarse a interpretación y el día de mañana, a lo mejor, causar serias dificultades.
Si resulta factible poner en votación general la Ley de Presupuestos es lógico admitir que ella también puede ser rechazada en general, lo cual resulta evidentemente contradictorio con la Carta Fundamental.
Por esta razón, he presentado un proyecto para modificar el Reglamento del Senado, teniendo presente que, de todas maneras, por primacía constitucional, rige en esta materia el artículo 64 de la Carta, y lo que se debe votar son aquellas materias en que tiene competencia el Congreso, vale decir, los llamados "gastos variables".

El señor VALDÉS (Presidente).- La Mesa no tiene la menor duda sobre esta materia. Además, los informes jurídicos de que dispone sobre el particular y la historia de la normativa constitucional, confirman la tesis manifestada por el señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Es efectivo que en ocasiones anteriores se han llevado a cabo discusiones generales al respecto, pero ello no empece a que se cumpla el mandato de la Carta Fundamental, pues anteriormente se procedió en una forma que no correspondía. El único precedente en la historia del Senado es muy categórico en este sentido, y resulta importante, por cuanto la disposición constitucional aplicable en la materia era la misma. Fue resuelto en 1954 por la unanimidad de la Comisión de Justicia de ese entonces, presidida por el señor Álvarez y a la cual asistieron los Senadores señores Fernando Alessandri, Bulnes, Amunátegui, Faivovich, Prieto, Frei y Martones. Su planteamiento resulta categórico y reafirma el planteamiento del Honorable señor D.
Por otra parte, considero que ésta discusión no tiene mayor sentido, porque el cálculo de ingresos del Ejecutivo no puede ser debatido ni votado al igual que los gastos establecidos en leyes de carácter permanente. Se puede discutir, pero la Mesa desea dejar en claro que el proyecto no podrá ser votado en general, ya que no corresponde.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Piñera.

El señor LARRAÍN.- He pedido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- La Mesa debe aclarar que debe concederla a distintos señores Senadores.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Le agradezco, Su Señoría; pero prefiero intervenir después.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, hay un enorme vacío legal en la normativa en lo que dice relación a cómo se debe tramitar la Ley de Presupuestos. Al efecto existen disposiciones en la Constitución, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los Reglamentos de ambas Cámaras. Y, ciertamente, son muy imprecisas, bastante vagas y, a veces, contradictorias en este punto, respecto del cual se pueden invocar distintos cuerpos legales. Pero hay algo cierto: en los últimos cuatro años, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se ha votado en general la Ley de Presupuestos. Así procedió días atrás la otra rama legislativa, interpretando su Reglamento, conforme al cual habrá discusión general -también lo contempla el del Senado- y posteriormente una en particular.
Estoy de acuerdo en que el resultado de la votación no puede cambiar aquello que es inalterable o donde no le cabe competencia al Congreso. Por lo tanto, sería improbable que éste modifique el cálculo de ingresos o los gastos que se establecen en leyes permanentes. Pero sí tiene que haber una instancia de discusión general del presupuesto. En estricto rigor, la votación negativa de todos los ítem variables significaría en la práctica un rechazo de una parte de la normativa, lo cual puede ser discutible en el Parlamento.
Concuerdo en que la legislación es muy poco concluyente en esta materia. En todo caso, en mi opinión, es necesaria una discusión general respecto del Presupuesto antes de que analicemos Partida por Partida. Basta leer los textos legales -tengo aquí dos informes de Derecho- para darse cuenta de que existe una enorme contradicción al respecto.
Por último, señor Presidente, debo decir que bajo su mandato en los últimos cuatro años hemos votado en general la Ley de Presupuestos; y lo mismo hizo la Cámara de Diputados hace pocos días.

El señor VALDÉS (Presidente).- Felizmente, tengo la capacidad de corregir los errores, que es lo único que gana uno con los años. En esta oportunidad la Mesa tiene claro el punto y no aceptará mayor discusión sobre el particular, porque ha resuelto -y es la norma que impondrá- que no habrá votación general en lo que respecta a la normativa presupuestaria. Puede haber discusión, y, precisamente, los Comités han acordado que ella finalice a las 6 de la tarde.
Por lo tanto, se termina el debate sobre esta materia, y ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda.

El señor LARRE.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo referirme al acuerdo de los Comités.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor LARRE.- El acuerdo adoptado fue que el proyecto se discutiera hasta las 10 de la noche, para después seguir con la votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Pero el planteamiento del Senador señor Piñera en la reunión de Comités fue que el debate general durara hasta las 18, para después analizar las correspondientes Partidas y votar.
¿Estamos de acuerdo?

El señor GAZMURI.- Pero se dio a entender que empezaríamos a votar a las 6.

El señor CANTUARIAS.- Eso no se ha acordado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Entramos a votar a las 18, porque la discusión general finaliza a esa hora. ¡No sé si puede haber algo más que discusión y votación...!

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la hora fijada para el término de la discusión general estaba sujeta a que empezáramos a las 16. Como lo hemos hecho 45 minutos después, pido que la hora de término se extienda hasta las 18:45, a fin de tener una discusión general como corresponde.
Por otra parte, lamento no ceñirse a lo dispuesto en el Reglamento, y que la Constitución no desmiente. Ello puede ser discutible jurídicamente, pero cuando eso ocurre se aplican los precedentes.
El señor VALDÉS (Presidente).- Lo que se aplica, señor Senador, es lo que decide la Mesa cuando hay dificultades. Y la Mesa estima que la jerarquía jurídica en Chile es clara: primero, la Constitución; después, la ley orgánica, y, por último, el Reglamento. En esta materia va a ser inflexible. Sin embargo, concuerdo con Su Señoría en cuanto a que debe ampliarse la hora de término por haber comenzado después de lo previsto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.
Quiero iniciar el examen y discusión del Presupuesto de la Nación para 1995 con un recuento -acotado en el tiempo, en aras de la eficiencia- respecto del rol macroeconómico, microeconómico y social que éste cumple.
En este Presupuesto estamos hablando de un volumen global de recursos del orden de los 5,6 billones de pesos y 1.135 millones de dólares, volumen que, a juicio del Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de un plan de austeridad, con continuidad de una serie de importantes programas de arrastre y, también, con la introducción de algunos programas nuevos, lo cual es digno de destacar.
¿Qué busca, normalmente, el diseño de todo Presupuesto de la Nación? Busca tres aspectos medulares. En primer término, hacer una contribución al escenario macroeconómico global de la marcha del país en términos de inversión, crecimiento, estabilidad, empleo y composición del gasto. En segundo lugar, desde el punto de vista microeconómico, revela lo que la institucionalidad vigente, lo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en su calidad de discutidor, legislador y fiscalizador de las partidas, aprueban o rechazan en términos de lo que se quiere hacer respecto de la institucionalidad del gasto del presupuesto público. Pero el Ejecutivo no sólo fija los programas que impactan a la demanda agregada, la inversión, el empleo, el crecimiento, sino que también estructura una composición del gasto que, a su vez, impacta a los componentes sectoriales, regionales y sociales del mismo.
Yo diría que el Presupuesto de la Nación -si se me permite expresarlo en una frase- representa -y de ahí su importancia- "el" instrumento por excelencia con que cuenta hoy día el sector público, el Poder Ejecutivo -en general, el Estado de Chile- para afectar, de una manera u otra, la marcha de la nación de un año para el otro.
Lo que debemos hacer, antes de discutir cada una de las Partidas, es meditar acerca de la importancia de preservar, a juicio del Ejecutivo, ciertos principios de la institucionalidad fiscal, que, ciertamente, nos han distinguido de otras experiencias, sea del pasado o de algunos de los países vecinos que luchan con reformas fiscales de distinto corte.
En este punto, me gustaría hacer una reflexión. Hoy día y desde fines de 1989, tenemos un Banco Central autónomo, que dirige la política monetaria del país, la política de tasas de interés, la mayor parte de los cambios que pueden producirse en la Cuenta de Capitales, y que tiene una incidencia crucial en lo referente a la Balanza de Pagos y al sector externo.
Por lo tanto, a diferencia de otros tiempos, en el aspecto macroeconómico, hoy día el Poder Ejecutivo, el Gobierno como tal, no tiene una influencia directa en lo relativo a todo un componente de las políticas macroeconómicas, que es, justamente, el elemento monetario, de interés y de balanza de pagos.
En seguida, hay acuerdos que nos rigen -el Gobierno del Presidente Frei los ha respetado- respecto de la evolución de los ingresos tributarios y, más precisamente, de las tasas tributarias y de los componentes principales de los impuestos del país, como son IVA y renta. En consecuencia, existe un acuerdo tributario de 1993 que limita y establece techo y cotas, en algún sentido severas, sobre la marcha que pueden tener a futuro el desarrollo de los ingresos tributarios, componente fundamental del financiamiento del país.
En tercer lugar, debe destacarse que estamos entrando, cada vez más -las cifras y la evolución de las instituciones del mercado de capitales así lo prueban-, en una economía globalizada, donde los países en general -y el Estado de Chile, en particular- y todos debemos respetar las restricciones que surgen por la internacionalización de una serie de partidas en los componentes de ahorro e inversión.
Por consiguiente, si examinamos la situación que impone un Banco Central autónomo; lo que implica el acuerdo tributario del año recién pasado y su limitación sobre los ingresos fiscales; las restricciones que razonable y racionalmente hay que tener en cuanto a los aspectos del sector externo, y si a todo esto agregamos el acuerdo que el Gobierno ,del Presidente Aylwin y el Congreso adoptaron en su oportunidad -lo que normalmente señala el artículo 4° del Presupuesto, que es un techo nominal en las partidas de gasto, esto es, un techo a la afectación que el Fisco puede hacer en el gasto corriente, donde no puede exceder ni en un centavo el desembolso del gasto nominal, y en el gasto de capital o de inversión, con un límite de sólo hasta 10 por ciento-, nos encontraremos con un escenario restrictivo, limitado, delimitado y específico respecto del cual se plantea un Presupuesto de la Nación año tras año.
Para mí, es fundamental que se tenga eso en cuenta, porque cuando hablamos de "el" instrumento que le queda al Poder Ejecutivo, al Estado de Chile, para afectar la marcha macro, micro y social del país, en realidad nos estamos refiriendo a lo que hoy vamos a discutir. En ese sentido, quiero hacer un llamado a los señores Senadores. En las últimas dos semanas hemos tenido ocasión de hablar in extenso con distintos Comités Parlamentarios de diversos sectores sobre este aspecto, y hago un llamado a Sus Señorías con relación al grado parcial y limitado de flexibilidad del único instrumento que resta al Poder Ejecutivo, cual es el Presupuesto de la Nación.
Estamos ante una institucionalidad que es especial en Chile, la cual recoge la experiencia, negativa en algunos casos -de los años 50 ó 60- en estas materias, cuando se produjo -por lo menos, hacia finales del período que recuento- una verdadera -si se me permite la expresión- anarquía en el ámbito fiscal, que nos llevó a consecuencias conocidas. Y estamos frente a un activo, en el cual Chile, con bastante costo, ha logrado conquistar una institucionalidad y una mecánica para el Presupuesto fiscal que constituye -si se me permite decirlo- una verdadera ventaja comparativa del país; una ventaja que no pertenece sólo al Estado de Chile, sino al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a todas las instituciones y, por supuesto, a aquella de la que se beneficia el sector privado en todos sus ámbitos: trabajo-capital.
Invito a los señores Senadores a que recojan y examinen la experiencia que en este campo viven algunos países vecinos. Hoy en la mañana -puedo citarlo aquí, sin entrar en infidencia-, conversando con mi colega de la misma rama de Argentina, él me contaba algunos de los problemas y dificultades que surgen en el proceso ad hoc en materia fiscal.
Por lo tanto, mi primer llamado -en esto quiero ser muy claro, y es mi deber como ciudadano y como Ministro de Hacienda hacerlo aquí y ahora, tal como lo hice en la Cámara de Diputados hace una semana- para advertir sobre pretensiones, presiones o corrientes que pueden permitir, eventualmente, generar la semilla de una anarquía fiscal.
El Ministro que habla -y estoy cierto que también el Gobierno como un todo- no está dispuesto a perder la transparencia, flexibilidad e institucionalidad que el país tiene como ventaja comparativa. Y reitero mi llamado a que se examine comparativamente -aun con las dificultades parciales que posee y que reconozco- nuestra institucionalidad fiscal con la de la mayor parte de los países, incluso de Europa, que hoy día luchan en contra de una verdadera semilla o batahola de anarquía o semianarquía fiscal.
Gracias a esta institucionalidad -por mucho que pudiera parcialmente perfeccionarse en el tiempo-, a un Poder Ejecutivo responsable y a un Legislativo que siempre ha cumplido con su deber, hemos podido exhibir cuentas azules en el Presupuesto de la Nación, con ahorro neto y bruto. Creo que ésta es una materia que debe ser meditada por todos los Poderes del Estado y, en particular, por los Parlamentarios que discutirán el proyecto a continuación.
Como segundo tema -sin entrar en mayores detalles, porque Sus Señorías han examinado hasta la saciedad las cifras y no corresponde repetirlas ahora- y haciendo un resumen, debemos hacernos la pregunta clásica e importante respecto del impacto del Presupuesto en la marcha de la economía nacional. Es decir, el Presupuesto de la Nación para 1995 en análisis, ¿absorbe o no sanamente el crecimiento del país como un todo, el aumento del empleo y la disminución de las tasas de inflación, primordialmente?
Si examinamos las Partidas, vemos que en ellas se habla de ingresos corrientes presupuestados que representan 21,7 por ciento del Producto Interno Bruto proyectado. Repito: 21,7 por ciento.
La primera observación que surge es que aquí no se trata de guarismos agobiantes ni asfixiantes, sino de tasas muy razonables, comparadas con las de nuestra historia y con las de países en el mismo estadio de desarrollo. De ese componente, alrededor de no más de 18 por ciento lo representa la carga tributaria neta total. O sea, siendo francos y directos, en el país no existe la llamada "asfixia tributaria"; por lo tanto, con este Presupuesto de nuevo existe una gran oportunidad para el desarrollo de la actividad privada, de todo tipo, y para el crecimiento de los salarios, de las utilidades, del empleo y de la inversión.
Desde el punto de vista del balance de gastos-ingresos (antes y después de la línea), nuevamente podemos afirmar que estamos frente a un Presupuesto que contribuye en 3,9 por ciento en el balance de cuentas corrientes del Producto Interno Bruto. Otra vez ello es positivo y similar a la cifra que estamos alcanzando en 1994. O sea, se repite un efecto positivo.
Y en el balance neto final global, de acuerdo a la estructura de gastos e ingresos de los 5,6 billones de pesos y de mil ciento y tantos millones de dólares del Presupuesto en discusión, con los techos correspondientes y deducidos los ingresos, estamos hablando de un efecto neto -al final de la línea- de casi un punto porcentual sobre el Producto Interno Bruto, en cuanto a ahorro neto. Es decir, lo proyectado es exactamente 0,8 por ciento.
Este Presupuesto, por otro año consecutivo, permite inscribir en la historia de las finanzas públicas de nuestro país, dentro de un impacto neto positivo, el componente de ahorro e inversión total de la economía chilena. Esto significa que el Presupuesto del sector público no sólo está financiado y termina en azul en su proyección, sino que también contribuye con alrededor de un punto del Producto para financiar inversión de otras instituciones en el mercado de capitales global.
Estimamos que el crecimiento contemplado en los gastos corrientes -de 4,8 por ciento- y en los de capital -de casi 8 por ciento-, que refleja un promedio ponderado un poco menor de 5,5 por ciento, es más que razonable, austero y adecuado para la marcha previsible del crecimiento del Producto del país.
En el Ministerio de Hacienda -en el Poder Ejecutivo- hemos examinado distintas cifras que enmarcan las predicciones, por ejemplo, de analistas económicos especializados, de consultores de todo tipo, corte e ideología y de profesionales. Ellas muestran un promedio simple de expectativa de crecimiento real para 1995 cercano a 6,5 por ciento. El Gobierno, luego de hacer sus cálculos, se ha mantenido en la proyección con 5,8 por ciento de crecimiento real para ese mismo período. Tal guarismo nos parece adecuado y razonable, ni optimista ni pesimista, sustentable en nuestras cuentas fiscales externa y monetaria.
Por consiguiente, en cuanto a la pregunta que intentábamos responder, el Ejecutivo está más que confiado y tranquilo en que este Presupuesto, en su estructura de gastos y en sus componentes de ingresos, de impuestos, etcétera, y en la contribución neta, al final de la línea, que hace a la economía del país -que debe quedar claro que es financieramente positiva-, está perfectamente adecuado a las tendencias macroeconómicas sustantivas que enlazan 1994 y 1995.
Tanta es la tranquilidad del Poder Ejecutivo sobre la materia que, confirmadas las proyecciones de la inflación para 1994, producto de la eficacia del proceso de ajuste macroeconómico, a un guarismo que no superará en ningún caso el 10 por ciento y que más bien se acercará al 9 por ciento, el Gobierno, en concordancia con el Banco Central y en perfecta coordinación de política, se ha autoimpuesto una vara más alta. Nos hemos autoimpuesto -y así lo declaramos públicamente hace menos de 10 días- rebajar la tasa de proyección de la inflación para 1995, del 9 al 8 por ciento.
Creemos que es perfectamente viable, si nos esforzamos y mantenemos la austeridad de las políticas, conquistar por segundo año consecutivo, en 1995, una inflación de un dígito, como la que, por primera vez en mucho tiempo, alcanzaremos en 1994.
Las cuentas de gastos, las de demanda agregada, las monetarias y el mercado de ahorro e inversión, nos permiten avalar que aquí hay un escenario de proyección sano para nuestras cuentas, y no sólo para el año que termina, sino que también para el próximo.
Como Sus Señorías ya saben, el martes en la tarde presentamos una indicación que reestimaba completamente los componentes de gasto e ingreso, detallados y globales, del Presupuesto de la Nación, acorde con un nuevo inflactor, autoimponiéndonos uno por ciento menos de crecimiento del inflactor, producto de la rebaja de la inflación.
Señores Parlamentarios, destaco este punto porque pocas veces en la historia fiscal de Chile se ha visto un gesto del Gobierno que eleve la vara, aun poniéndose una autorrestricción y autolimitación en cuanto a la proyección del inflactor y, en consecuencia, de todos los componentes de gastos hacia abajo. Esto revela que confiamos en la buena marcha del país y en que este Presupuesto se inserta adecuadamente en las políticas que realizamos.
Finalmente, deseo hacer dos reflexiones. Una, respecto del empleo. Se han publicado algunas crónicas y comentarios sobre una frase que ya parece majadera en la historia del país -si me permite, señor Presidente-: la -entre comillas- "excesiva burocracia".
Estimo que si se examina con frialdad, objetividad, sin apasionamiento ni sesgados, a través de distintos períodos -no sólo este Gobierno y el anterior-, el progreso de nuestras finanzas públicas y sus componentes de empleo, tal vez hoy día estaríamos rindiendo un homenaje al funcionario público y a la Administración Pública.
Pienso que en absoluto es exagerado señalar que, comparados con América y muchos países desarrollados de Europa, tenemos una Administración Pública lo más austera y acotada posible, para el estadio de desarrollo en que nos encontramos.
Todos sabemos que hay imperfecciones. Todos sabemos -así lo indica la curva del tiempo y de la vida- que debemos ir mejorando, y esto no significa claudicar en los estándares. Pero los invito a tener tranquilidad y serenidad. Démonos cuenta de que mientras en la gran mayoría de los países de América, desde el extremo norte al extremo sur, y en la mayoría de las naciones europeas, el empleo público crece y crece a dígitos sustantivos, en el presente proyecto de Presupuesto, en cambio, se propone un crecimiento permisible de dotación -no se dice que necesariamente se llegará a esa cifra- de hasta 3,1 por ciento. Cabe tener presente que la proyección de empleo de la economía normalmente oscila entre 2,5 y 3 por ciento por año.
¿Dónde está ese 3,1 por ciento? No en cualquier repartición o administración. De hecho, en 31 servicios públicos de primera magnitud el empleo no crece, sino que, incluso, disminuye. El incremento referido se concentra en servicios indispensables para la población, y, particularmente, en el sector Salud, en su área subvencionada, en lo que va dirigido a las Regiones, a consultorios, a policlínicas, y, en general, a lo que merece ser apoyado por el Estado -lo ha sido desde hace muchas décadas- y es necesario, como todos sabemos, para una marcha social mínimamente adecuada del país.
Por tanto, quiero ser muy claro. Aquí no se puede hablar de exceso de burocracia o de grandes ineficiencias, sino, tal vez, de pequeños problemas aquí y allá. Y de ninguna manera se puede hablar de crecimientos desmesurados en los empleos. Así podrán corroborarlo los señores Senadores que tengan la paciencia de examinar con cuidado todas las Partidas y dotaciones.
Como último punto de esta exposición preliminar, deseo destacar un hecho que tampoco tiene parangón, al menos en la historia reciente de nuestro país, y que ha sido objeto de algunos comentarios que no esperábamos como Poder Ejecutivo y diseñadores de un Presupuesto nuevo. Me refiero a que, por primera vez, hemos presentado a la opinión pública y al Parlamento, para 26 servicios determinados y específicos, con nombre y apellido, del sector público en general, indicadores de productividad y metas de eficiencia, desempeño y gestión. El Gobierno del Presidente Frei camina, cada vez más, hacia cumplir un doble objetivo: Primero, una dignificación de los servidores del Estado, otorgándoles remuneraciones acordes con sus tareas y contribución al país; y, segundo, una elevación del estándar de desempeño, a fin de que, por la vía de indicadores objetivos, que podrán ir ampliándose y perfeccionándose en el tiempo -y a ello nos comprometemos-, logremos acercar el régimen del sistema estatal a índices superiores de eficiencia. Es decir, se trata de contribuir en forma concreta y no filosófica o global, a alcanzar un mejor desempeño.
Como Ministro, tengo el orgullo de decir que en las últimas semanas he conversado largas horas sobre el tema, entre otras entidades, con la ANEF, la cual, al igual que la CUT, valoró esta primera experiencia que se ofrece en el primer proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno del Presidente Frei. Es decir, tal vez sin grandes anuncios, pero en forma certera y detallada, estamos avanzando en la tarea de conseguir mayor eficacia en el aparato fiscal y productividad en el empleo y desempeño funcionarios. Esperamos que ello llegue a ser un nuevo orgullo en la limpia tradición fiscal en que se inscribe la historia moderna del país.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, por cinco años consecutivos he participado en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de Presupuestos del sector público. En diversas oportunidades durante este período se ha criticado que la ejecución presupuestaria excede el marco fijado en la Ley de Presupuestos, tema que ahora se plantea una vez más. Algunos lo atribuyen a que las normas de flexibilidad presupuestaria permitirían al Ejecutivo actuar de esa manera, por lo que sería necesario modificar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado para impedirlo. En cualquier caso, el Gobierno pasado jamás reconoció haber sobreejecutado el Presupuesto. Al respecto, puedo citar las declaraciones del ex Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, publicadas por el diario "El Mercurio" el 16 de octubre de 1992, en que, textualmente, señala:
"No es efectivo que el Gobierno haya estado sistemáticamente gastando más que lo autorizado en la Ley de Presupuestos. Ello no ha ocurrido el 91, no ha ocurrido el primer semestre del 92; y en la proyección para fines de este año ello sólo ocurre en la medida que la buena situación macroeconómica ha permitido tomar una decisión de conveniencia para la buena marcha del país, que es el prepago de deuda.".
Debo hacer presente que, de acuerdo con el artículo 28, número 3, de la Ley de Administración Financiera del Estado, el pago de la deuda del Estado es un ítem excedible.
A partir de ese año (1993), se agregó una norma en la Ley de Presupuestos -la contenida en el artículo 4° de la ley vigente y que figura en idénticos términos en el artículo 4° del proyecto en debate- que permite exceder el marco presupuestario en los casos y condiciones que la misma norma contempla.
En mi concepto, el sistema presupuestario vigente no permite la sobreejecución, esto es, que el Ejecutivo gaste más que lo aprobado por el Congreso en la Ley de Presupuestos. Para hacer esta afirmación, me baso en las normas constitucionales y legales que regulan la materia.
En efecto, la Carta Fundamental encomienda al Presidente de la República la administración del Estado y lo dota de numerosas atribuciones y facultades para permitirle cumplir con ese cometido. Sin embargo, en materia de gastos públicos, le exige actuar de común acuerdo con el Congreso al disponer, por una parte, que será atribución del Jefe del Estado cuidar de la recaudación de las rentas públicas y disponer su inversión con arreglo a la ley, y, por otra, al exigir que el Presupuesto anual se apruebe por ley.
Al respecto, la Constitución señala, en su artículo 32, número 22°, que es atribución especial del Presidente de la República: "Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de malversación de caudales públicos.".
Refuerza esta idea el artículo 89 de la Carta, conforme al cual "Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto.".
Luego, en relación con la Ley de Presupuestos, la Constitución, en su artículo 64, regula la oportunidad en que debe aprobarse y las facultades que, en cuanto a la aprobación de los ingresos y gastos, caben al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
Asimismo, otorga al Presidente de la República la facultad exclusiva de estimar los ingresos, los cuales no pueden ser aumentados ni disminuidos por el Congreso. En cambio, en materia de gastos, la Carta Fundamental concede atribuciones al Congreso para reducir los propuestos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente.
Todas estas normas consagran lo que se ha llamado el "principio de legalidad del gasto público", y son claras en cuanto a permitir al Jefe del Estado realizar pagos no autorizados por ley, sólo en las situaciones de emergencia previstas en el artículo 32, número 22°, caso en el cual debe hacerlo mediante decretos firmados por todos los Ministros de Estado, quienes se hacen solidariamente responsables del gasto ordenado.
Este principio no es nuevo. Ha figurado en los distintos textos constitucionales que han regido a nuestro país desde 1833 en adelante, y, como lo señalara la Contraloría General de la República en su dictamen N° 47.522, de 1953, ratificado por el dictamen N° 61.334, de 1961, implica que los "gastos públicos, o los pagos que deban efectuarse con dineros o fondos del Estado, están sometidos a la autorización del legislador, no sólo en cuanto a su monto, sino en cuanto a su destino o finalidad", lo que significa que "los gastos públicos no pueden ordenarse discrecionalmente, sino "con arreglo a la ley", tanto en las sumas que ésta previamente ha indicado, cuanto en la finalidad que esa ley ha señalado para las mismas sumas.".
Evidentemente, estas normas constitucionales y el principio de legalidad del gasto que consagran no significan que para cada gasto que realice el Ejecutivo se debe dictar una ley, sino que establecen el gran marco jurídico al que ha de ceñirse el sistema presupuestario, lo que, en suma, obliga al Ejecutivo a contar con el acuerdo del Congreso para invertir o gastar los recursos públicos.
Por otra parte, no hay que olvidar que el principio de legalidad del gasto que debe respetar el Ejecutivo es la compensación al Parlamento por la falta de iniciativa para proponer y aprobar nuevos gastos. Así lo destacó el Honorable Senador Joaquín Prieto con ocasión de la discusión de la ley N° 7.727, que aprobó la reforma constitucional de 1943.
En consecuencia, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado debe necesariamente ajustarse a las normas básicas sobre inversión de recursos públicos que contempla la Constitución y, por tanto, sus disposiciones no pueden ser interpretadas, en ningún caso, de manera que su aplicación signifique transgredir estos claros preceptos constitucionales.
¿Qué dispone la Ley Orgánica de Administración Financiera? Esta normativa legal, aprobada por el decreto ley N° 1.263, de 1975, en su artículo 19 establece:
"Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario."
Esta disposición es del todo coincidente con la normativa constitucional. Los egresos aprobados en el presupuesto anual constituyen el límite máximo que le es posible al Ejecutivo gastar. Para sobrepasar este gasto máximo necesita indispensablemente una ley.
A diferencia de las anteriores leyes orgánicas de presupuestos, la actual Ley de Administración Financiera no contempla las clasificaciones presupuestarias, ni regula los traspasos que pueden efectuarse durante la vigencia de un determinado presupuesto sin necesidad de ley.
En efecto, este texto legal no regula la forma de agrupar los ingresos y los gastos, sino que en su artículo 16, inciso segundo, dispone que "Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto.".
Al respecto, cabe recordar que, desde la vigencia de la normativa legal en análisis, cada año el presupuesto del sector público se ha organizado sobre la base de "Partidas", considerando como tales -al igual que lo disponía la antigua Ley Orgánica de Presupuestos, aprobada por el decreto con de ley N° 47, de 1959- a los tres Poderes del Estado, a la Contraloría General de la República y a los Ministerios. Desde 1977 -hay que tener presente que la Ley de Administración Financiera es de 1975-, se agregó una Partida más: "Tesoro Público", que comprende la estimación de los ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. Estos gastos, con anterioridad a 1977, se contemplaban en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Insisto en que esta agrupación de gastos no está establecida directamente en la Ley de Administración Financiera, la que no regula este aspecto. Asimismo, reitero que a la época de entrar en vigencia esa normativa legal la Partida Tesoro Público no existía y que los gastos que ella comprende estaban incluidos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.
En cuanto a los traspasos, se refiere a ellos el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera en los siguientes términos:
"Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario.
"No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.".
Como es posible apreciar, a diferencia del decreto con fuerza de ley N° 47, de 1959, que regulaba el procedimiento para efectuar traspasos dentro del Presupuesto, la Ley de Administración Financiera deja entregada la regulación de esta materia a un decreto que se dictará anualmente, pero establece como límite que sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios.
Es precisamente la norma que regula esta materia la que algunos pretenden que permitiría al Ejecutivo exceder el total de gastos aprobado en la Ley de Presupuestos, como, asimismo, el total de gastos por Ministerio aprobado también en dicha ley, criterio que yo no comparto.
Esta norma legal debe necesariamente interpretarse de modo que no colisione con las disposiciones que la Constitución contiene sobre la materia, pues de lo contrario resultaría inconstitucional. Y, además, para determinar su correcto sentido y alcance, es preciso analizarla en el contexto de la época en que fue dictada.
Desde el punto de vista de la Carta Fundamental, que exige que el Presupuesto de la Nación sea aprobado por ley y que todo gasto que efectúe el Ejecutivo tenga fundamento en una ley que lo haya autorizado, no es posible entender que la norma legal que faculta para regular los traspasos a través de un decreto permite que mediante el uso de este mecanismo -traspasos presupuestarios- el Ejecutivo haga gastos no aprobados por el Congreso Nacional.
Por lo tanto, la única interpretación posible de esta norma es que permite regular y disponer por decreto sólo aquellos traspasos y demás modificaciones presupuestarías que no signifiquen exceder el gasto máximo aprobado por el Congreso. Este es el marco constitucional que necesariamente se debe respetar.
Si se obtienen mayores recursos que los presupuestados, el Ejecutivo, para gastarlos, requiere modificar la Ley de Presupuestos mediante otra ley. En ningún caso puede, a través de un simple decreto que ordene un traspaso de la Partida Tesoro Público a un Ministerio, disponer la inversión de estos mayores recursos a espaldas del Congreso Nacional. Este proceder no se ajusta a la Constitución, que exige que los gastos se aprueben por ley.
Del mismo modo, al exigir la Ley de Administración Financiera que los traspasos entre Ministerios se aprueben por ley, está estableciendo una limitación a los traspasos que el Ejecutivo puede disponer sin la concurrencia del Parlamento, lo que implica que el gasto máximo por Ministerio aprobado por el Congreso sólo puede ser aumentado por otra ley. Pretender que, como la ley se refirió a los Ministerios y no a las Partidas, el Ejecutivo, a través de la Partida Tesoro Público -que no existía en la época en que se dictó la Ley de Administración Financiera-, puede exceder el total de gastos por Ministerio aprobado por el Congreso constituye, además de un error, un resquicio.
La referida ley no aludió a las Partidas, del mismo modo que en ninguno de sus artículos se refiere a los Capítulos, Subtítulos, Asignaciones, etcétera, porque estos conceptos constituyen clasificaciones presupuestarias, y ella misma dispuso que éstas se establecerían por decreto.
En todo caso, a la fecha de su dictación, la Partida Tesoro Público no existía y los gastos que ella comprende se encontraban incluidos en el Ministerio de Hacienda, esto es, en un Ministerio.
De más está decir que traspasar por decreto recursos desde el presupuesto de un Ministerio a la Partida Tesoro Público, para luego desde ésta asignarlos a otro Ministerio, constituye una práctica absolutamente ilegal, pues no se ajusta ni a la más amplia interpretación que se pueda dar a la Ley de Administración Financiera.
En suma, de acuerdo con las normas constitucionales y legales analizadas, el Ejecutivo no puede exceder el gasto máximo autorizado en la Ley de Presupuestos; si lo hace, su proceder es inconstitucional y genera responsabilidad a los Ministros y funcionarios que autoricen los respectivos gastos. Así, tampoco, en mi opinión, le es posible exceder el gasto máximo por Ministerio aprobado en la misma ley, pues ello implica transgredir el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera.
Estimo importante hacer resaltar que desde 1990, en que entró en funciones el Congreso Nacional, no se ha tramitado ninguna ley que modifique el Presupuesto sobre la base de que se han recaudado mayores ingresos que los presupuestados, como tampoco ley alguna que haya ordenado traspasar recursos de un Ministerio a otro.
En todo caso -como ya señalé-, a partir del Presupuesto de 1993 se ha incluido en la Ley de Presupuestos, una norma que permite al Ejecutivo exceder el marco presupuestario en los casos y condiciones que el mismo precepto contempla, disposición sin la cual no le sería posible hacerlo.
Hay otro tema, directamente vinculado con lo recién expuesto, que es el relativo a la información.
Permanentemente hemos insistido en la necesidad de contar con la información necesaria para que la aprobación que otorga el Congreso al proyecto de Ley de Presupuestos no constituya una mera formalidad, sino que implique realmente el acuerdo de este Poder del Estado a los planes y programas propuestos por el Ejecutivo.
El Presupuesto, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos del sector público para un año dado, que debe compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos y estar inserto en un programa financiero a mediano plazo.
El presupuesto, en consecuencia, se debe basar en una definición previa de metas y objetivos que se desean alcanzar, los que deben ser, a su vez, debidamente priorizados.
La aprobación del Presupuesto, por consiguiente, importa otorgar el acuerdo del Congreso a los objetivos propuestos por el Gobierno y a la prioridad que éste les ha asignado. Si el Congreso no está de acuerdo con los objetivos, o con las prioridades, debe rechazar los gastos correspondientes.
Para otorgar su conformidad o rechazar lo propuesto, el Congreso debe contar con la información que le permita fundadamente emitir su opinión acerca de dichos objetivos y prioridades, sobre la base de un análisis detallado de las partidas en relación con el presupuesto global del sector público.
Cabe reconocer que la información proporcionada por la Dirección de Presupuestos y los métodos de trabajo de la Comisión Mixta han mejorado notablemente en estos cinco años, pero debo insistir en que aún la información disponible y, especialmente, el tiempo para analizarla no son suficientes.
Es necesario hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria y evaluar el resultado de los distintos programas. Para ello, se necesita contar con información oportuna y completa a lo largo del año, de modo que los estudios previos constituyan antecedentes del proceso de formación de la Ley de Presupuestos del año siguiente.
Se ha propuesto, señor Presidente, crear en el Congreso una Oficina de Presupuestos que funcione todo el año y que asesore a la Comisión Mixta en esta materia. Me parece muy conveniente estudiar tal posibilidad, así como otras alternativas que permitan llegar al mismo resultado, e insistir en el envío, por parte de la Dirección de Presupuestos, de información periódica acerca del comportamiento presupuestario. Sólo contando con la debida información podrá el Congreso Nacional estudiar y despachar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación debidamente informado.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aprovechar que a esta sesión han concurrido autoridades de Gobierno -a pesar de que en este momento no veo a ninguna de ellas en la Sala, lo cual no me sorprende, porque se mantiene cierta tradición, al menos en lo que respecta a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos-, para hacer presente que obran en nuestro poder...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Ellas siguen la costumbre del señor Senador...!

El señor PIÑERA.- ... dos informes legales, en los cuales se establece la existencia de vacíos y contradicciones entre la Ley de Presupuestos y la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados.
Debo recordar que en el Parlamento hubo opiniones muy distintas respecto de si cabía o no cabía una Comisión Mixta sobre esta materia. No me refiero a la Mixta Especial de Presupuestos, sino a la que normalmente se forma entre ambas Cámaras cuando surgen discrepancias entre una y otra. Finalmente, se ha llegado a una Comisión Mixta.
Cada aspecto que se analiza con relación al Presupuesto es objeto de interpretaciones -muchas veces discrepantes- por parte de quienes leen los mismos textos legales aplicables en este momento. Porque lo cierto es que ambos informes legales concluyen cosas distintas.
Hoy se ha debatido, por ejemplo, acerca de si cabe o no cabe votar en general el proyecto de Ley de Presupuestos.
Por lo tanto, considero muy importante -no para este año, ni tal vez el próximo, pero sí para los años siguientes- que se dispongan perfeccionamientos, se llenen los vacíos y se corrijan las contradicciones que presenta la legislación que norma todo el trámite de presentación, discusión y aprobación del Presupuesto.
No entraré en mayores detalles, señor Presidente, pero me parece deseable que esta materia -que, por lo demás, todos los Parlamentarios que han estudiado el tema han reconocido- sea recogida, porque para modificar textos legales se requiere de coordinación y, particularmente, de una activa participación del Gobierno.
Quiero recordar que sobre este asunto el ex Ministro Foxley en dos ocasiones se comprometió a lo mismo. Tengo aquí los textos de las sesiones en que el Senado conoció en general la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no obstante haber transcurrido un largo período de tiempo, no conozco de ninguna iniciativa sobre el particular. Todos reconocemos que existe un problema, y hay compromisos para avanzar en este aspecto, pero no se hace nada.
En segundo lugar, respecto al marco legal de la ejecución del Presupuesto,...

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite una interrupción?

El señor PIÑERA.- Por supuesto, si Su Señoría desea entrar en detalle sobre esta materia y dejar al ex Ministro Foxley en dificultades por promesas incumplidas.

El señor HORMAZÁBAL.- Perdón, señor Presidente. El Senador señor Piñera tiene siempre tribuna, pero no lo había escuchado reclamar sobre eso. Así que estoy sorprendido, porque todos los días veo que aparece en todos los diarios, y, sobre esta cuestión, recién me entero de sus observaciones. Es agradable saber que por lo menos todavía hay algunas cosas que no son públicas.

El señor PIÑERA.- En realidad, el señor Senador que me antecedió, o lee mal los diarios, o presta poca atención, porque si revisara lo que se ha publicado durante la discusión de la Ley de Presupuestos -sobre todo, ya que es tan buen lector y se impone de mis declaraciones con tanta atención-, se habría dado cuenta de que el tema no es nuevo y de que la prensa lo ha planteado insistentemente.
Al margen de esa interrupción, que no aporta nada al fondo de la causa, quisiera mantener la seriedad del debate y, simplemente, llamar la atención al señor Ministro sobre un punto que, en mi opinión, debe ser abordado en el futuro, porque el día en que exista una discrepancia de fondo entre el Congreso y el Ejecutivo, o entre una Cámara y otra no está resuelto, de acuerdo con los informes legales antes mencionados, lo que ocurre con la Ley de Presupuestos. Por ello, le ruego conversar sobre este asunto con distinguidos Parlamentarios de la Concertación -entre ellos, el Diputado señor Estévez-, que han tenido oportunidad de estudiar bastante a fondo esta materia.
El segundo tema, señor Presidente, está relacionado con el marco legal de ejecución del Presupuesto, el que tampoco es nuevo. Lamento no ser lo suficientemente innovador o creativo como para traer todas las veces cosas frescas y nuevas al señor Senador que me pidió la interrupción.
La verdad es que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado presenta dos problemas. En primer lugar, de acuerdo con ella, no está claro si el Gobierno puede o no puede exceder el límite máximo de gastos autorizados por el Congreso.
Tan así es que en el Senado discutimos con el anterior Ministro de Hacienda si acaso el límite máximo que él proponía al Congreso para su aprobación constituía o no constituía un tope al gasto público. Y si los Honorables colegas recuerdan, hubo una indicación relativa a que el límite máximo no podía ser excedido. Lo anterior se refiere a 1992. Posteriormente, se sofisticó la fórmula y se estableció que en algunas materias se puede exceder en cierto porcentaje, y en otras, como gastos e inversiones, en una proporción distinta. O sea, el hecho de discutirse si el límite máximo de gastos contenido en el artículo 1° del proyecto de Ley de Presupuestos propuesto por el Gobierno al Congreso constituye o no un límite de gastos refleja que hay distintas formas de interpretar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.
Otro tanto sucede con la distribución del gasto. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado prohíbe las transferencias de recursos entre ministerios -ése es el sentido y el espíritu de la ley-, sin aclarar si para estos efectos la Partida Tesoro Público es o no es ministerio. La interpretación tradicional ha sido que no lo es, de modo que puede -aun cuando no haya ocurrido- recibir fondos de una Secretaría de Estado y ser usada como puente para transferir esos mismos recursos a otro ministerio, con lo cual se altera la distribución del gasto aprobada por el progreso.
Es obvio, señor Presidente, que la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado requiere ser clarificada y perfeccionada. Y, en cuanto al argumento de que esto era así en el Gobierno militar, por favor, no lo den, porque tiene poco contenido. Haya o no haya sido así en ese Régimen, eso es irrelevante; lo importante es si debe o no debe seguir siendo así de aquí para adelante.
Sobre el particular, hay compromisos adquiridos por el ex Ministro Foxley, en el sentido de revisar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Reconozco que no se comprometió a cambiarla, pero sí -en dos ocasiones, ante este mismo Senado- a revisarla. Sin embargo, no conozco ningún estudio ni propuesta de parte del Ejecutivo sobre este asunto.
Finalmente, señor Presidente, considero muy importante que exista transparencia en la ejecución del Presupuesto. Quiero recordar que el primer año discutimos el Presupuesto de 1992 sin conocer la ejecución del Presupuesto de 1990. Afortunadamente, se han producido progresos en estas materias. Y me alegro mucho de ello, después de dos meses de discusiones, de propuestas y de planteamientos de nuestra parte, porque estábamos pidiendo cosas tan simples como transparencia en la ejecución del Presupuesto. Mal que mal, son dineros públicos, y no constituyen patrimonio privado de persona alguna, por destacada que sea. Los chilenos tienen derecho a saber en qué se gasta su plata, y los Parlamentarios, a conocer, también, la información relevante, para poder ejercer el rol fiscalizador que les impone la Constitución.
Después de propuestas nuestras bastante reiteradas, llegamos hoy día a un acuerdo en virtud del cual el Gobierno se comprometió a enviar una indicación. Porque las que presentamos en múltiples ocasiones siempre se declararon inadmisibles. Y señalo al señor Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos que, desde el punto de vista constitucional, fue correcta la declaración de inadmisibilidad, porque la materia es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Pero este hecho no significa que buenas ideas, aunque provengan de la Oposición, no puedan ser recogidas por el Gobierno y se conviertan en indicaciones patrocinadas por éste, que es lo que finalmente va a ocurrir ahora.
Entonces, ¿por qué discutir durante años para en la polémica del último lograr algo de tanto sentido, como el hecho de que la ejecución del Presupuesto constituya algo transparente para los chilenos en general y para los Parlamentarios en particular?
Por otra parte, deseo referirme a la discusión sobre el nivel de gasto.
¿Cuánto es el nivel de gasto? El señor Ministro señala que el gasto corriente este año va a crecer de 5 a 5,5 por ciento. Y yo quiero decirle que aquí tengo tres informes elaborados por tres destacadas instituciones: TASC, el Instituto Libertad y Desarrollo y una tercera que no mencionaré -no corresponde a un ente ligado a la Oposición-, que dan versiones totalmente distintas sobre el crecimiento del gasto. Ellas sostienen que el crecimiento del gasto es mucho mayor: unas, que es el 7 por ciento; otras, que es el 7,7 por ciento.
Como muy bien expresó un ex candidato a la Presidencia de Estados Unidos, todos tienen derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios datos. Entonces, la pregunta que surge es por qué existe tanta polémica respecto al porcentaje en que crece el gasto. A mi juicio, porque nunca se hace transparente la metodología usada para estimarlo. Por ejemplo, cuando discutimos el Presupuesto para 1994, el señor Ministro de Hacienda nos expresó que el gasto corriente iba a crecer en 4,7 por ciento. Y ésa fue la base sobre la cual aprobamos ese Presupuesto. Sin embargo, cuando finalmente conocimos la ejecución verdadera del gasto del año 93, que fue con bastante posterioridad, y comparamos lo que indicaba el Presupuesto para el 94 con el gasto efectivo del 93, nos dimos cuenta de que el crecimiento no era de 4,7 por ciento: que, dependiendo de la inflación que hubiera el año 94, si era 11 por ciento, que constituía la estimación oficial, habría sido de 6,6 por ciento; y como aparentemente la inflación será bastante menor, el crecimiento del gasto de 1994 puede terminar siendo mucho mayor del que nos señaló el señor Ministro de Hacienda en este foro.
En consecuencia, creo que llegó el momento de terminar de jugar "a las escondidas", en donde hay que hacer trabajos prácticamente de detectives para poder entender cuánto está creciendo el gasto, con qué se está comparando una cosa con otra. Llegó el instante de hacer que las cifras y datos sean absolutamente transparentes, de forma tal que nadie pueda plantear que el gasto crece a una tasa distinta de la que indica el señor Ministro. Porque si contamos con una sola metodología clara y transparente, y hay un mínimo de seriedad entre las instituciones dedicadas a estudiar estas materias, no debiera existir una polémica permanente para determinar en cuánto crece el gasto.
Estimo que en 1994 el gasto corriente con respecto a 1993 va a crecer mucho más que 4,7 por ciento. Por tanto, hay razones para pensar que sobre el particular se requiere una información mucho más transparente.
Entiendo -quizá sería la posición de cualquiera que estuviera en el Ministerio de Hacienda- que mientras menos se sepa es mejor, porque se tiene más flexibilidad y mayor manejo del Presupuesto. Pero creo que en esta materia la falta de transparencia produce más daño que beneficios.
Ahora, se dice que en esto no debe haber cogobierno. ¡Por supuesto que no debe haber cogobierno en materia de administración de las finanzas públicas! Nunca he escuchado plantearlo. Nadie ha señalado aquí seriamente que habría que restituir al Congreso la facultad de iniciar gastos; basta ver los proyectos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados -y muchos de ellos por unanimidad- para darse cuenta de que jamás hay que otorgarle atribución al Congreso para la creación de gasto.
Empero, no debe pensarse que porque no existe cogobierno tiene que haber un Parlamento que en base a información absolutamente insuficiente aprueba lo que se propone, muchas veces sin saber lo que está aprobando.
Tal sucede, por ejemplo, con las sucesivas Leyes de Presupuestos. El señor Ministro de Hacienda se comprometió ante usted, señor Presidente, a que en ellas nos iba a señalar la política de reajustes. Pero resulta que estamos terminando la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos y, respecto de esa materia, prácticamente no ha habido ninguna información.
Entonces, uno puede hacer dos cosas: o mirar al cielo y dejar pasar las cosas porque así son, o simplemente, pretender que éstas cambien. Y es esto último lo que hemos querido efectuar. Y por eso planteamos con mucha seriedad y anticipación todos nuestros puntos de vista; ninguno fue acogido hasta que tuvimos que anunciar que, eventualmente -dependiendo, por supuesto, de las circunstancias-, votaríamos en contra de la Ley de Presupuestos, para finalmente tener hoy día, a la hora nona, como las vírgenes necias, un principio de acuerdo parcial sobre algunas de las cuestiones que nos preocupan.
Por otra parte, quiero destacar que el gasto público ha venido, sistemáticamente, creciendo más que el producto. En los últimos cuatro años ha crecido en sobre 40 por ciento real y superado en más de 7 puntos el crecimiento de aquél. De manera que nos encontramos ante una tendencia en que el Estado crece más que el país, lo cual significa, en términos porcentuales, que el Estado representa cada vez un mayor porcentaje del país. Es decir, estamos avanzando en la dirección contraria a la que en mi concepto debe seguirse y a la que siguen todos nuestros vecinos.
Esta es una cuestión preocupante. Y, a mi juicio, deberíamos ver de qué manera, sin sacrificar las funciones que corresponden al Estado en forma ineludible en virtud de su rol subsidiario, podemos producir un cambio en esa tendencia, y no sólo un statu quo, que es lo que a mi modo de ver ocurre, en el mejor de los casos, con esta iniciativa de ley.

El señor HORMAZÁBAL.- ¿Me permite una pregunta, Honorable colega?

El señor PIÑERA.- Con la venia de la Mesa, sí, señor Senador.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Quiero preguntar a Su Señoría si ha afirmado que el Estado está creciendo en este país.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, estoy afirmando que en los últimos cuatro años el sector público ha aumentado su gasto a un ritmo mayor que el de la economía. Eso es exactamente lo que señalé y lo que ha ocurrido.

El señor HORMAZÁBAL.- Entonces le entendí mal denantes, señor Senador.

El señor PIÑERA.- O sea, el Estado, desde la perspectiva de su medición sólo por el gasto público -a los Estados puede medírselos de distintas maneras-, estaría creciendo.
Por otro lado, es indudable que si uno supone que la inflación del próximo año va a ser de 8 por ciento -es la meta inflacionaria-, es obvio que no puede presentarse un Presupuesto con una inflación mayor. Porque, como fijamos gastos nominales, si hago un supuesto de inflación del 15 por ciento y por esto reajusto todo en 15 por ciento pensando que la inflación va a ser del 10 por ciento, lo único que estoy diciendo, escondido, es que el gasto real crecerá en 5 puntos. De manera que hacer que la forma en que se reajustan los gastos nominales del Presupuesto coincida con la meta de inflación no es una autoimposición, sino, simplemente, un mínimo de consecuencia, que siempre esperaremos de los señores Ministros de Hacienda, y especialmente del actual.
En cuanto a la eficiencia, tengo aquí los indicadores presentados por el Gobierno. Es cierto que constituyen un primer paso; es cierto que este primer paso es positivo; es cierto que esta materia fue planteada por nosotros en múltiples ocasiones. Pero también es cierto que los indicadores no son de gestión, de eficiencia, de productividad; no son el resultado de comparar producto con gasto. Básicamente, son índices de carácter administrativo, como cuántos días debe demorar la entrega de una solicitud, la tramitación de un permiso, etcétera.
Es positivo. Pero hay que ir a una cosa mucho más profunda.
Los indicadores pertinentes afectan sólo al 20 por ciento de la Administración Pública.
Ahora, cualquier empresa modesta de Chile tiene un sistema de medición de gestión, productividad y eficiencia mejor que el del Estado. Casi uno de cada cuatro pesos -para ser preciso- que produce el país se entrega al Estado para que lo gaste. Por lo tanto, no sólo tenemos derecho a saber cómo y en qué se gasta la plata, sino también a contar con mecanismos que nos den cierta garantía de que se está gastando bien.
Y señalo un ejemplo.
Durante cuatro años, sucesivos Ministros de Salud se vanagloriaban y pedían aplausos porque habían aumentado el gasto en salud, duplicándolo. Nosotros planteamos en abril del año 93, en función de los indicadores que el propio Ministerio publica internamente, que, a pesar de que a esa altura el gasto había crecido cerca de 50 por ciento, la producción física de salud, medida en lo que interesa -operaciones, consultas, egresos-, se encontraba totalmente estancada. Así lo señalamos al señor Ministro de Salud en una audiencia especial, sin tener ninguna acogida de su parte, hasta que hace algunos meses el Ministro señor Massad, en el informe Caldera, reveló exactamente lo mismo: que la productividad ha caído a la mitad, lo cual equivale a decir que los gastos aumentaron al doble y el producto permaneció estancado.
¡No es admisible que el país demore cinco años en darse cuenta de eso!
Por tal razón planteamos que, en materia de indicadores de gestión, no se siga midiendo a los Ministerios por lo que gastan. Porque a las empresas no se las mide por lo que gastan, sino por lo que producen en función del gasto. Y si gastan más y producen lo mismo, lejos de aplausos, a los responsables se les entrega el "sobre azul". Entonces, al Estado debe medírselo por lo que produce en relación con lo que gasta; es una relación entre producto y gasto. Y eso es precisamente un indicador de eficiencia y uno de productividad que es necesario aplicar a todas las áreas del sector público, en particular a la social, que representa 70 por ciento del gasto fiscal. Se podrá decir que el área social es muy delicada, por haber involucrado un compromiso moral y ético. Por supuesto. ¡Mayor razón, entonces, para preocuparse por la eficiencia y productividad del gasto social!
En consecuencia, presentamos indicaciones, a sabiendas de que eran inadmisibles. Y lo hicimos como una forma de llamar la atención del señor Ministro para intentar introducir una propuesta alternativa en el ejercicio presupuestario del próximo año. Además, porque teníamos la esperanza -para ser más franco aún- de que el señor Ministro iba a revisarlas y, al menos en algún aspecto, acogerlas en la presente ejecución presupuestaria. Obviamente, nos equivocamos, pues creo que ni siquiera las conoce.
En todo caso, nuestro deseo es que alternativas como la propuesta puedan considerarse a futuro y, por ejemplo, medir la educación, en función del número de alumnos que asisten a clases; del ausentismo escolar; de la cifra de educandos que repite o aprueba los ramos; del resultado de las pruebas SIMCE; de la inasistencia de los profesores y otro tipo de indicadores que permitan verificar si en verdad están mejorando la calidad y la cobertura de la educación en Chile, o si sólo se está gastando más. Esto nos parece bastante obvio, y, sin embargo, ha costado tanto incorporar índices de eficiencia que se aplican desde hace largo tiempo y con gran éxito en empresas privadas y públicas de mucho menor tamaño, importancia o trascendencia que el Estado de Chile.
Por otra parte, en lo que respecta a las empresas públicas, debo recordar que este año se les han hecho aportes fiscales por una cifra del orden de 280 millones de dólares. En primer lugar, creo que esos aportes requieren ley aprobada con quórum calificado -esto lo hemos discutido en otras oportunidades-, tal como sucede con la creación de aquéllas. Porque si el Congreso aprobara la creación de una empresa pública con un capital de 100 pesos y al día siguiente se le hicieran aportes por 10 mil millones de dólares, se estaría burlando el espíritu de la ley.
En consecuencia, solicito que cualquier aporte a ese tipo de empresas se trate como ley de quórum calificado, por así establecerlo el orden constitucional del país.
Vamos aún más al fondo. El patrimonio de las empresas públicas chilenas alcanza, por lo menos, a 30 mil millones de dólares -se dijo que una sola de ellas, evaluada por su propio presidente ejecutivo, valía 20 mil millones de dólares-, y, sin embargo, su rentabilidad promedio no supera el 3 por ciento. Me parece insólito que el Estado se esté endeudando al 6,25 por ciento a través de los pagarés reajustables del Banco Central (PRBC) y todos aquellos papeles mediante los cuales recauda fondos, para mantener inversiones al 3 por ciento. Ello significa una pérdida anual de aproximadamente mil millones de dólares, por la diferencia entre el costo de fondos y lo que resulta como productividad de las empresas.
Entiendo que en el sector privado los empresarios intentan endeudarse al 6 ó 7 por ciento para invertir al 10 a 12 por ciento. Pero no conozco a nadie que en forma permanente y sistemática tenga una inversión que rente la mitad de lo que cuesta recaudar dinero en el mercado, como lo hace el Estado para financiar, entre otras cosas, la mantención de las empresas públicas.
Por lo tanto, considero necesario mirar "con lupa" los aportes que sigue haciendo el Estado a algunas empresas.
Se discutió -algunos señores Diputados le dieron carácter de escándalo- una indicación que presentamos para rebajar el aporte del Estado a ENACAR.
Señor Presidente, en este proyecto de ley de Presupuestos el Gobierno propone destinar a dicha empresa una cifra superior a 12 mil millones de pesos y, además, autorizarla para endeudarse en 4 mil millones, todo lo cual significa aportes públicos por cerca de 16 mil millones de pesos.

El señor CANTUARIAS.- La información proporcionada por la propia empresa indica que son 29 mil 500 millones de pesos.

El señor PIÑERA.- Señalé lo que está en el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego al Senador señor Cantuarias que se dirija a la Mesa si desea hacer uso de la palabra.

El señor CANTUARIAS.- ¡El Honorable señor Hormazábal me enseñó que no era necesario consultarla para dar datos menores...!

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Enseñé a Su Señoría cosas mejores, pero las ha olvidado...!

El señor CANTUARIAS.- ¡Y otras peores que vale la pena no recordar...!

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, el Senador señor Cantuarias informa que las cifras que maneja ENACAR indican que se trata de sobre 19 mil millones de pesos. Yo he dado las que figuran en el proyecto en análisis.
Pero deseo decir algo más: el Estado ha aportado a ENACAR -estoy citando un informe de su ex Presidente Ejecutivo señor Zunino, amigo de muchos de nosotros- 500 millones de dólares. Ello significa 100 mil dólares por trabajador; treinta y cinco veces el patrimonio promedio de un trabajador. Si esos dineros se hubieran destinado bien, no habría crisis del carbón y deberíamos tener 5 mil a 6 mil pequeños o medianos prósperos empresarios, y no 5 mil a 6 mil personas todavía angustiadas porque, pese a haberse invertido 500 millones de dólares en el sector, aún no tienen claro cuál va a ser su destino.
Los aportes consignados en la iniciativa en estudio representan casi 450 mil pesos mensuales por trabajador. Y si pudiéramos preguntar a los mineros del carbón qué es mejor para ellos y para su zona, si entregar esos fondos a ENACAR o invertirlos, no digo en consumo, sino en bonos de educación o de capacitación, o para adquirir bienes de capital que les permitan emprender una pequeña actividad, tengo la impresión de que se darían cuenta de hasta qué punto se malgastan fondos que presuntamente, por razones éticas o morales, invocando consideraciones sociales, se les siguen asignando.
Mucha gente cree que es mejor destinar esos recursos al Gobierno Regional para que los invierta en bienestar, capacitación, educación o adquisición de bienes de capital para esos trabajadores. Pero el Congreso va a repetir el error que se viene cometiendo desde hace decenas de años: seguir pensando que la solución para los trabajadores del carbón consiste en efectuar aportes a una empresa que promete bajar sus costos, en circunstancias de que desde el inicio de su promesa lo único que ha hecho es incrementarlos, por razones tal vez ajenas a ella misma. Y, en buena parte, las culpas son siempre compartidas.
A mi juicio, el tema de los aportes a las empresas del Estado no puede ser tratado en forma liviana, no sólo por su incidencia en el gasto público, sino también porque aquéllas están compitiendo en un mercado donde hay empresas que no reciben recursos fiscales. Por lo tanto, cada vez que el Estado destina fondos a una de sus empresas está introduciendo un factor que vulnera el principio de igualdad ante la ley, que fue el prevaleciente al exigirse quórum calificado para crearlas.
Por otra parte, en materia de exceso de gasto, el señor Ministro decía que era majadería insistir en el tema de la burocracia. ¡Ojalá hubiera más majaderos en Chile, porque existiría menos burocracia!
Deseo recordar sólo algunos elementos.
En los últimos cinco años, el aumento de la dotación máxima del sector público ha sido de 15,6 por ciento. No sé si este porcentaje es alto o bajo; pero no me parece despreciable (estoy seguro de que han influido mucho los trabajadores de la salud). Pero no recuerdo que en el Congreso, que ha debido aprobar las respectivas plantas, haya habido una discusión a fondo respecto de cuánto y hacia dónde debería crecer el empleo público.

El señor DÍAZ.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

El señor PIÑERA.- Por supuesto, con la venia de la Mesa.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, sólo quiero recordar que en Salud había un déficit de 12 mil funcionarios, que se ha ido paliando.

El señor PIÑERA.- En efecto, se nos ha dicho que faltan 12 mil funcionarios. Sin embargo, cuando la dotación aumenta en 11 mil plazas, se duplica el número de médicos -en los últimos cuatro años se ha contratado a cerca de 4.500- y no pasa absolutamente nada con la productividad, uno se llega a preguntar si había o no déficit, o si se trata de una cuestión mucho más de fondo, cual es la mala estructura del sector salud, al cual se sigue asignando recursos y personal, sin atacar el problema de raíz.
Entonces, cuando se incrementa en esa forma el personal de salud y el propio Ministerio del ramo sostiene que la productividad -es la mejor forma que ha inventado para medirla- no aumenta, yo no me sigo tragando el argumento simple de que había un déficit; de que se trata de un área social, de suyo delicada, y de que, por lo tanto, se debe hacer cualquier cosa.
Precisamente porque el problema afecta a la dignidad y al bienestar de millones de chilenos muy pobres, no se puede seguir tolerando el verdadero escándalo que significa mantener la estructura y calidad actuales de la salud, a pesar de haberse duplicado los recursos, con el esfuerzo de todos.
Asimismo, quiero decir al señor Ministro que los convenios con personas naturales han crecido en 360 por ciento real en los últimos cuatro años; que las horas extraordinarias han subido en 412 por ciento real en el mismo lapso; que hay instituciones, como el Instituto Nacional de la Juventud, donde existe un vehículo por cada cinco personas (esto se produjo en los últimos tres años; porque cuando él se creó, recientemente, no figuraba en la dotación, según el proyecto que conoció el Parlamento); que hay recursos asignados que se destinan mayoritariamente a mantener el aparato administrativo y no llegan a la gente. En programas, orientados a la gente, la mitad de los recursos quedan atrapados en la administración o burocracia que intermedia al Estado con las personas. Al respecto, en el Instituto de Normalización Previsional, el gasto en personal y en bienes y servicios alcanza a 23 mil millones de pesos; mientras que en la Superintendencia de AFP, que regula, controla y fiscaliza todo el resto del sistema, ese gasto es inferior a la décima parte de aquella cifra. Además, para 1995, se propone, en los gastos de viáticos, un aumento que supera el 8 por ciento real y que corresponde a más de mil millones de pesos por sobre el presupuesto del año anterior; y en muchas entidades estos incrementos superan el 100 por ciento, como en el SERNAM y el Instituto Nacional de la Juventud, instituciones recientemente creadas por nosotros mismos.
No sé -porque es imposible saberlo- si esto se justifica o no. Lo que sí puedo afirmar es que, cuando uno se mete a fondo en un tema, por ejemplo el de la salud, se da cuenta de que son tantos los problemas de eficiencia y administración en un sector tan sensible como ése, que uno se pregunta qué sucederá en los demás.
También llamo la atención sobre una situación que muchos creen contradictoria, pero que no lo es. Hay algunas prioridades sociales reconocidas por todos. Recuerdo que durante la campaña del ex Presidente Aylwin lo fue, y muy sensible, la de las pensiones y los subsidios únicos familiares. Hay más de 300 mil personas que reciben pensión asistencial, que no alcanza a los 19 mil pesos; y más de 600 mil que obtienen la pensión mínima, cuyo monto es menos que 39 mil pesos. Un millón de personas, o más, está viviendo en condiciones miserables; y no solamente son pobres, sino, además, son viejos, y la combinación de pobreza y vejez es extraordinariamente dura. En este presupuesto, señor Presidente, no se han consignado fondos, que podrían ser graduales, con mesura, con prudencia, para iniciar una especie de recuperación del valor de las pensiones. Asimismo, reitero al señor Ministro de Hacienda algo que ya le hemos representado varias veces privadamente: creemos que es necesario destinar a este sector una parte de los recursos provenientes del crecimiento del gasto público. Este se incrementa año a año, solamente por el aumento vegetativo de la población, a 600, a 700, a 800 millones de dólares. Un reajuste de 10 por ciento de la pensión mínima asistencial costaría 100 millones de dólares, es decir, un porcentaje del incremento del gasto. Y no está consultado.
Entonces, me pregunto qué pasa. ¿Por qué las prioridades, en los discursos, están en unas partes y, en los duros hechos de los presupuestos, están en otras?
Por todas estas razones, durante largo tiempo nosotros estudiamos la posibilidad de mejorar el presupuesto mediante la presentación de nuestras propuestas. No somos cogobierno, pero tenemos derecho a aportar, como cualquier otro chileno. No obstante, por largo tiempo nos encontramos ante una muralla. Simplemente, no hubo aceptación ni receptividad. Por eso, en un momento determinado, planteamos nuestra posible intención o voluntad de votar en contra de este proyecto, no porque quisiéramos dejar a Chile sin presupuesto (conocemos la Constitución y la ley, y también la historia): fue la única manera de lograr que el Gobierno se sentara a conversar.
Voy a terminar estas palabras diciendo que hay una tendencia muy negativa en el sentido de que, para obtener algo, hay que presionar. No importan los argumentos, el mérito de la causa: quien no para, quien no promueve un paro ilegal, quien no presiona, aparentemente no consigue objetivos. Nosotros solamente alcanzamos cierta receptividad a algunas de nuestras propuestas, recogidas ayer y en el día de hoy, después de haber hecho una especie de advertencia, simplemente para que estos puntos, que nos parecían de tanto sentido, pudieran ser escuchados por el Gobierno.
Señor Presidente, como no hay votación en general, toda esa discusión no tiene sentido. Pero, a pesar de ello, vamos a presentar un conjunto de indicaciones, no en las materias en que hemos logrado acuerdo, pero sí acerca de otras ideas que he expresado, a fin de que se incorporen al proyecto de Ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).- Me alegro de que Su Señoría haya usado de la palabra exactamente por el tiempo de que disponía para hacerlo.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no es necesario referirse al contenido mismo del proyecto de Ley de Presupuestos, a sus alcances, a su visión micro y macroeconómica, a sus objetivos sociales, porque el señor Ministro ha sido bastante preciso, y en el Parlamento hay convicción de que el manejo que él y la propia Dirección de Presupuestos han hecho en la materia es bastante serio.
Me referiré a algunas observaciones que se han formulado en la Sala.
Primero, se afirmó que en la normativa vigente, tanto constitucional como legal y reglamentaria, existen contradicciones v vacíos en cuanto a la legislación sobre presupuestos.
Respecto a normas constitucionales, en realidad no existen vacíos; pero, sí, es estricta en materia presupuestaria, y a la que, guste o no guste, el Parlamento tiene que ceñirse. La razón (podrá ponerse en duda o no) es que, en un régimen presidencial -así lo indica la historia misma del país-, como muy bien lo señalaba el señor Ministro, en lo que atañe a economía y a su conducción, así como a asuntos presupuestarios, no puede haber cogobierno. Sí puede haber fiscalización, representación, incluso pretender negársele al Ejecutivo determinados recursos para impedir que lleve adelante proyectos específicos. Eso está contemplado, porque podemos votar -lo único posible- para rebajar los gastos o para rechazar las partidas variables. Pero no se puede hacer más que eso.
Sobre contradicciones en la normativa legal, cabe mencionar el decreto ley N° 1.263, de 1975, que fija la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, por supuesto dictado en años en que no existía Parlamento, seguramente por gente con poca experiencia, y por una razón de lógica: en ese tiempo la tramitación de los presupuestos se hacía en forma mucho más cerrada, sin posibilidad alguna de hacer observaciones. El Congreso Nacional, representado por un grupo de cuatro personas, asesoradas por comisiones técnicas, ratificaba lo que le planteaba el Ejecutivo. Pero esta legislación -y aquí es donde nace la discusión, y no porque nosotros queramos aprovecharnos de ella-, después de ser tan estricta en el manejo de los gastos (cómo debían contabilizarse, cómo se determinaban los traspasos, etcétera), sobre todo en su artículo 26, que prohibía los traspasos de fondos entre Ministerios, dejaba, sin embargo, una válvula de escape en el artículo 29: con cargo al ítem Rentas Generales de la Nación -que después pasa a ser Tesoro Público-, el Gobierno de ese tiempo y su Ministro de Hacienda podían, sin límites, gastar y hacer los traspasos que quisieran del presupuesto. Este hecho lo reconocimos en la discusión presupuestaria de hace dos años, porque la Oposición reclamó. Recuerdo que conversamos con el Senador señor Díez sobre el tema, y tomamos conciencia, unos y otros, de que no era conveniente mantener una libertad de tal magnitud. Incluso no lo es ni siquiera para el señor Ministro de Hacienda contar con esa facultad. Y estoy seguro -y muy seguro- de que el señor Director de Presupuestos se alegra de que le fijemos un límite en ese sentido. Por eso, redactamos la disposición del artículo 4°, que establece el monto máximo nominal del gasto corriente y el monto máximo de inversión, con hasta 20 por ciento en que es posible excederse. Eso lo hicimos de común acuerdo; lo vamos a repetir, y se incluye en la normativa de este año.
Ahora bien, concuerdo con los señores Senadores en que es necesario revisar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Pero no cabe rasgar vestiduras en contra de un Gobierno (que ha recibido esta legislación) que lleva cinco años -cuatro de una Administración y uno de ésta- en los que, como lo han reconocido aquí los propios señores Senadores y el mismo Honorable señor Piñera, se ha ido mejorando año a año la información y la transparencia en el manejo presupuestario. Me alegro de ello, porque quiere decir que una democracia provoca precisamente el efecto beneficioso de que, como todos podemos hacer pública expresión de nuestros desacuerdos, se pueden ir logrando entendimientos y mejoramientos en las relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los Parlamentarios de Oposición.
Por eso, reclamo por el hecho de que el Senador señor Piñera, en la fase inicial de tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, sin siquiera conocer cuál sería nuestra actitud en la Comisión Especial Mixta, nos anunció las penas del infierno si a las siete de la tarde de ese día (martes 8 de noviembre) no le aceptábamos sus indicaciones.

El señor HORMAZÁBAL.- Ahora reconoció que estaba equivocado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Al parecer -¡gracias a Dios!-, el señor Senador tiene mala memoria, o se le olvidó esa amenaza, porque cuando nos reunimos en la noche para despachar el proyecto,...

El señor MUÑOZ BARRA.- ¡Se le paró el reloj!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... no se encontraba en la Comisión Especial mixta, ni concurrió a ella en ningún momento durante la discusión y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Voy a terminar la idea. Después, no tengo inconveniente en otorgársela.
Efectivamente, el señor Senador presentó una serie de indicaciones de todo tipo. Y, como aquí lo ha reconocido hidalgamente, casi todas ellas fueron declaradas inadmisibles por aplicación de las normas constitucionales.
Como el Honorable colega no estuvo presente en la Comisión, no conoce bien la historia. Por eso hoy, al final de su intervención, sacó una conclusión errada: ¡que él es el gran triunfador; que, por la presión, por la fuerza, le ha "doblado la mano" al señor Ministro de Hacienda y lo ha hecho venir aquí, de rodillas, con indicaciones para mejorar la transparencia y la información en materia presupuestaria!

El señor PIÑERA.- ¿Me concede una interrupción?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La verdad es que si el Senador señor Piñera hubiera estado presente en la Comisión, y se lo anticipé personalmente...

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Espere que termine completamente mi idea sobre la materia. Una vez que concluya de exponerla se la concederé.
Cuando el señor Senador formuló sus indicaciones, le expresé: "Mire, Senador, me voy a ver en la obligación de declarar inadmisibles todas sus indicaciones, salvo las que se refieren a partidas de gastos variables, que deben someterse a votación, por no contar con el patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo," -así consta en las actas de la Comisión y todos sus miembros son testigos de lo sucedido- "hay algunas normas presentadas por Su Señoría que son coincidentes con disposiciones propuestas por Parlamentarios de la Concertación, tendientes a mejorar el sistema periódico de información y de ejecución presupuestaria. Y, respecto de las otras indicaciones, si bien se van a declarar inadmisibles, he conversado con el señor Director de Presupuestos, quien me manifestó estar llano a estudiarlas a fin de perfeccionar esos aspectos y sugerir al Ejecutivo su incorporación al proyecto en debate o a una reforma a la Ley de la Administración Financiera del Estado". Así ocurrió. Las indicaciones fueron declaradas inadmisibles por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y las indicaciones que esta tarde trae el señor Ministro son el fruto del esfuerzo, por supuesto que del Senador señor Piñera; pero también de los Parlamentarios de la Concertación que las propusieron; de la aceptación que el propio Presidente de la Comisión Especial Mixta hizo de ellas; de la buena voluntad del señor Director de Presupuestos para estudiarlas y proponer algunas fórmulas, y del acuerdo alcanzado en estos últimos días por el señor Ministro de Hacienda con el objeto de concretar esta situación.
Por eso, con relación al tema de la transparencia y el mejoramiento de la información presupuestaria, es bueno dejar las cosas en su lugar y evitar sacar ventajas de los acuerdos, de los consensos a que se llega por el bien del país.
Y concuerdo con lo señalado ayer por el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que sería malo para Chile que el Senado de la República apareciera rechazando en general el proyecto de Ley de Presupuestos, o aprobándolo por una estrecha mayoría, o modificando disposiciones sustanciales del gasto público a través de las partidas variables. Y sería malo, no sólo en el ámbito interno, sino también en el externo, donde el Gobierno figura haciendo una conducción con un respaldo más o menos generalizado, tanto por el lógico apoyo de los partidos de Gobierno, como por cierta aquiescencia de los partidos de Oposición.
Esa fue la razón por la cual llegamos a un acuerdo.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En este instante puedo concedérsela, pero con cargo a su tiempo.
Señor Presidente, no sé si al Senador señor Piñera le resta tiempo, porque no voy a gastar el que me queda otorgándoselo a él, por estimar que se ha referido suficientemente a la materia y yo deseo continuar.
El señor VALDÉS (Presidente). - El Honorable señor Piñera agotó su tiempo, salvo que...
El señor DÍEZ. - Señor Presidente, yo le cedo parte del que me corresponde.
El señor LARRAÍN. - Igualmente yo.
El señor VALDÉS (Presidente). - Puede usar de la interrupción el Senador señor Piñera
El señor PIÑERA. - Señor Presidente, el Senador señor Andrés Zaldívar ha dicho que es bueno que las cosas queden claras. Expresó: "En ningún momento durante la discusión del proyecto" en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos estuvo presente el Senador Piñera. El Honorable colega está equivocado. No puede ser de otra manera. Porque no creo que haga esa afirmación con conocimiento de causa. Y pido al señor Secretario de dicha Comisión que revise el acta para verificar lo que sostengo.
Debo recordar que la reunión se iba a celebrar a las 7 de la tarde del día anterior al que efectivamente se realizó. Por eso manifesté que, de no haber por parte del Gobierno alguna receptividad a nuestras propuestas, procederíamos, no "a aplicar las penas del infierno", como dijo recién el Senador señor Andrés Zaldívar, sino, simplemente, a ejercer nuestro derecho a votar de acuerdo con nuestro criterio, ya que ante la cero receptividad demostrada por el Ejecutivo no nos parecía posible apoyar el proyecto de Ley de Presupuestos.
Quiero expresar también que me retiré de la reunión a altas horas de la noche -sé que concluyó mucho después- , debido a que, como originalmente estaba programada para el día anterior y se postergó un día entero, había contraído algunos compromisos, acerca de los cuales no tengo por qué dar explicaciones acá. No obstante, mi retiro de la Comisión se produjo después de que su Presidente declaró inadmisibles todas y cada una de las indicaciones que presenté.
Por lo tanto, solicito al señor Senador que me antecedió que corrija un error en que incurrió en sus palabras al aseverar que "en ningún momento" estuvo presente el Senador Piñera, porque eso no es verdad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Senador?

El señor PIÑERA.- Finalmente, deseo manifestar que aquí no se trata de triunfos...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pido recuperar la palabra porque, realmente, el Senador señor Piñera...

El señor PIÑERA.- Se la voy a devolver.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... ha hecho una observación concreta, específica y la voy a responder.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede continuar Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La reunión a que se refirió el señor Senador comenzó a las ocho y media. El apareció con un montón de papeles y se retiró. Y no regresó.

El señor PIÑERA.- ¡Ah, Su Señoría ha cambiado su versión!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- No la estoy cambiando.

El señor PIÑERA.- La ha cambiado, señor Senador. Denantes dijo que "en ningún momento" estuve presente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, como el Senador señor Piñera no asistió a la reunión de la Comisión, no sabe que la inadmisibilidad de cada una de las indicaciones se declaró en el momento de votarse cada partida y cada artículo en los cuales recaían.

El señor PIÑERA.- Su Señoría ha cambiado su versión.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por ejemplo, la declaración de inadmisibilidad de los preceptos que propuso...

El señor PIÑERA.- El señor Senador ha dado dos versiones distintas: una relativa a que no estuve nunca en la Comisión; y otra, a que me retiré de ella.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ... respecto de la gestión, información y transparencia presupuestaria, se produjo en el momento de la votación, a las tres de la mañana, y el Honorable señor Piñera no se hallaba presente. En consecuencia, desconoce cuál fue el procedimiento que se utilizó en la Comisión. Y por eso ha incurrido en muchos errores.

El señor PIÑERA.- ¡Cambió su versión, señor Senador!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Desde hace algún tiempo el Honorable colega está incurriendo en falta de precisión. Sería bueno que acogiera de buena fe las cosas que se le dicen. Y reitero: no estuvo en el debate de sus indicaciones en ningún momento.

El señor PIÑERA.- Deseo seguir usando del tiempo que se me cedió, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene derecho a continuar el Honorable señor Andrés Zaldívar, cuyo tiempo es limitado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se lo agradezco, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- De ahora en adelante, las interrupciones serán con cargo al tiempo del orador que las conceda.

El señor HORMAZÁBAL.- El Reglamento dice otra cosa: que deben ser con cargo al tiempo de quien usa de una interrupción.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ahora bien, el señor Ministro nos ha entregado determinadas cifras. Ha dicho: "Señores, el gasto corriente sólo crece en un 4,8 por ciento; el gasto ponderado, en un 5,5; la proyección de crecimiento del producto será de 5,8; el ahorro público neto alcanzará a 0,8 -destaca este hecho-; el porcentaje estimado de inflación lo hemos corregido de 9 a 8 por ciento". Y nuevamente nuestro contradictor, el Honorable señor Piñera, dice: "Miren, señores, todo esto no es cierto. Yo tengo otras cifras". Ante ello, con respeto, debo manifestar claramente que, entre las cifras de Su Señoría y las del Ministro de Hacienda, de hoy y de ayer, me quedo con las de este último, porque con las cantidades barajadas tanto por el actual Secretario de Estado como por el anterior le fue mucho mejor al país. Ciertamente, si se compara la administración financiera del Estado y sus resultados en los cuatro años de gobierno del ex Presidente Aylwin junto al ex Ministro señor Foxley, y el proyecto de lo que resultará en este primer año de mandato del Presidente Frei junto a su Ministro de Hacienda, realmente no hay parangón en las cifras. Ahora, si se equivocaron dichos Secretarios de Estado y los gastos fueron mayores, no un 5 o un 5,5 por ciento, sino un 7 ó 7,7 por ciento, como se dice, ¡gracias a Dios que ello ocurrió! Porque en la economía tuvimos resultados impresionantes. Y esto se reconoce no sólo en el debate interno, sino que en el mundo entero, en el sentido de que tales resultados son de excelencia. Así lo ha manifestado también el sector empresarial chileno, con críticas parciales.
Entonces, no entiendo por qué el Senador señor Piñera genera una discusión para tratar de poner en duda lo que nos ha señalado el Ministro de Hacienda acerca de lo que se pretende lograr con el diseño de la política presupuestaria que se ha indicado aquí.
Es bueno hacer una comparación. Nosotros hemos tenido un crecimiento de 6,4 por ciento como promedio en los últimos cinco años; recibimos un país con una inflación del orden del 27 por ciento, y por primera vez en la historia de Chile -salvo un año en lo que va de este siglo- se ha proyectado 8 por ciento de inflación (este año lograremos 9 por ciento); tenemos una tasa de inversión de 27 por ciento, que es el doble de la que había cuando nos hicimos cargo de la conducción del país; hemos logrado tasas de ahorro del orden del 23 por ciento, muy superiores al 14 por ciento que se conocía cuando asumimos la administración de la nación.
Sin embargo, el Honorable señor Piñera nos llama a escándalo sobre algo que, por supuesto, me gustaría que tuviera un mejor resultado. Su Señoría ha dicho que CODELCO, empresa cuyo capital es de 20 mil millones de dólares, obtiene apenas 3 por ciento de rentabilidad. Por supuesto, eso no me gusta, y quisiera que ella fuera mayor. Si uno siguiera el tipo de inversión que antiguamente hacía la gente -nuestros abuelos-, que colocaba su plata en bonos y recibía un 5 ó 6 por ciento de interés anual, la situación sería distinta. Porque si los 20 mil millones de capital de CODELCO los invirtiéramos en bonos o pagarés, podríamos lograr un 6, 6,5 o un 6,15 por ciento. Pero no veo la comparación que pueda haber entre una cosa y otra: entre CODELCO y el sistema de rentabilidad que nos propone el Senador señor Piñera, esto es, que vendamos el patrimonio fiscal y lo coloquemos en bonos.
Teniendo como parámetro ese 3 por ciento, sería conveniente que Su Señoría les preguntara a los grandes empresarios japoneses, incluso a los americanos, qué piensan de ello cuando hoy día su rentabilidad fluctúa precisamente en cifras de ese orden: éstos se sienten bastante contentos con el hecho de obtener rentabilidades de 3 por ciento.
Por eso, a mi juicio, no hay que confundir las cosas, ni hacer malas comparaciones, porque si fuera así, yo también podría preguntar cuál fue la rentabilidad que recibió Chile cuando invirtió 4 mil millones de dólares para salvar el sistema financiero durante la crisis de 1982. ¿Qué ha sido lo negativo en la administración financiera del país para que el Honorable colega sostenga lo afirmado y levante su voz?
Al referirse al tema del carbón, el señor Senador manifestó que se han gastado en ese sector 500 millones de dólares. Eso es efectivo, como también lo es el hecho de que diversos Gobiernos han procedido de igual forma, más unos que otros. ¿Por qué? Porque se estimaba necesario tratar de mantener esa actividad, por diversas razones.
Ciertamente, hoy día resulta fácil decir, después de treinta años en que el Estado ha tratado de sostener al sector, que se podían haber dividido esos 500 millones de dólares entre todos los trabajadores del carbón. Esto, incluso, es una ironía hacia ellos, por cuanto eso habría significado entregarles un capital de 100 mil dólares. Más aún, el señor Senador sostiene que en la Ley de Presupuestos -y es cierto- se transfieren 12 mil millones de aporte fiscal, para ver si acaso es posible reactivar la actividad del carbón en la zona de Lota. Saca cuentas y dice que sería mejor tomar 450 mil pesos mensuales y entregarlos al gobierno regional para que llevara a cabo programas de capacitación, etcétera. Incluso, insinúa qué pasaría si les preguntáramos a los trabajadores del carbón. Creo que la respuesta de ellos a Su Señoría sería muy clara: le dirían que, por supuesto, están de acuerdo en que se realice este esfuerzo para ver si su actividad puede reflotar y tener éxito en el próximo tiempo. Y así se ha determinado en la partida presupuestaria correspondiente, señalándose que el aporte se hace condicionado a resultados, de tal manera que se demuestre que la inversión es productiva con el objeto de poder seguir adelante. Si hay que hacer el gasto, el país tiene que tomar la decisión en cuanto a si lo lleva o no lo lleva a cabo. Y creo que la Comisión Mixta resolvió al respecto con buen criterio.
También se planteó que el gasto público ha crecido en 40 por ciento, que ha aumentado la burocracia y se ha elevado la dotación de la Administración Pública, ésta casi en un 15 por ciento. Pero no se realiza ningún análisis acerca de cómo se produce ese incremento de funcionarios públicos. El Senador señor Piñera olvida que sólo en materia de seguridad ciudadana ha habido que crear más plazas en Carabineros, que alcanzan aproximadamente a 6 mil; también ha sido necesario aumentar el personal de la salud, los detectives y el de muchos otros sectores. Pero todo esto de modo muy inferior a la tasa de crecimiento del país. Pienso que, si se analizan bien y con seriedad las cifras al respecto, se concluirá en que tanto este Gobierno como el anterior no hicieron esfuerzos por incrementar la burocracia, sino que se ha pretendido eliminar algunos vacíos que se producen en determinados sectores debido a la falta de personal para prestar buenos servicios a la población.
Señor Presidente, aquí también he notado algo que es necesario poner sobre la mesa. Se ha preguntado por qué este Gobierno, que tiene tantas prioridades sociales, al igual que el anterior, y desea trabajar para erradicar la pobreza, no asigna fondos para ello. Incluso, se formularon indicaciones mediante las cuales se destinaba una cantidad de la Partida Tesoro Público a determinados sectores, entre ellos a los pensionados.
Pero hay una contradicción en quienes presentaron esa indicación, si se considera el acuerdo que alcanzamos tiempo atrás y mediante el cual quedó vigente la tributación actual, sin poderla modificar. Nos comprometimos, porque ellos lo pidieron -y tenían razón-, a no aumentar el gasto público más allá que el producto. Sin embargo, ahora, por un lado, tratan de presionarnos para incrementar el gasto, por muy justificado que sea, y por el otro, nos tienen maniatados para no establecer más impuestos. No podemos caer en esa contradicción, porque, sin lugar a dudas, se sabe que su aumento repercute en el manejo de las políticas contra la inflación que debe llevar adelante el Gobierno.
Hay, además, un gesto realmente contradictorio con lo que ha sido siempre la conducta de ellos, porque, en el caso de los pensionados, en el período en que este sector tuvo la peor experiencia fue, precisamente, en aquel en que los grupos que ahora piden mayores beneficios pudieron haberlos favorecido. Sin embargo -y lo recuerdan los pensionados-, por razones a, b, c o d, el Gobierno de turno redujo las pensiones, en un solo año, en 10,6 por ciento, que el Gobierno del Presidente Aylwin debió reponer, aunque no con efecto retroactivo.
Todos queremos mejorar la situación de los pensionados, pero no lo podemos hacer mediante el expediente fácil de decir: "Aquí sobra plata; saquemos una parte del Tesoro Público y aliviemos la condición del sector pasivo". Creo que esto implica no tener responsabilidad, porque se sabe que ése no es el camino correcto. Si hay que buscar fórmulas para mejorar el sistema de pensiones, estamos dispuestos a hacerlo, pero con recursos nuevos que aporte el país en su conjunto, y no manteniéndonos las manos amarradas por un lado y, por el otro, pretendiendo gastar generosamente lo que ayer algunos nunca pensaron entregar en favor de los pensionados.
Termino, señor Presidente, expresando que hemos llegado a un texto por las razones que expliqué, no por presión, ni por "chantage", ni porque el señor Ministro haya tenido que ponerse de rodillas. En el día de ayer, él me comunicó un posible entendimiento para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos sin dificultades y me comentó que era bueno para el país que ello ocurriese sin mediar gran conflicto, sin entrar a una discusión que seguramente se hubiese prolongado hasta ahora, tocante a cómo aprobar o no aprobar la iniciativa. Entendiendo su argumento, accedí, pero le advertí que no olvidara que cuando llegáramos aquí nos iban a decir que tal o cual cosa venía ¡porque ellos se lo habían impuesto al Gobierno, y que habían logrado, además, que en el próximo tiempo el Presupuesto fuera transparente e informado! Y se cae en contradicción, porque durante el debate han reconocido que en los últimos cinco años mejoró la información, aumentó la transparencia y que sus indicaciones, como las de Senadores y Diputados de la Concertación, fueron estudiadas por el señor Ministro y, finalmente, aceptadas.
Así ha sido, y doy gracias a Dios por ello, porque creo que ésta es una de las grandes bondades que ofrece la democracia: ser capaces de poner por encima el bien del país y, consiguientemente, de renunciar muchas veces a nuestras posiciones. Ello, no por la vía de la presión, sino por considerar que ésa es la única forma de alcanzar un objetivo superior a un interés particular o partidario.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Debo recordar que, por acuerdo unánime, la hora de término de la discusión general se amplió hasta las 18:45. En este momento son las 18:30 y hay inscritos cinco señores Senadores. Lejos de mi propósito está el restringir el tiempo, porque en esta materia no podemos ser mezquinos. Sin embargo, existe un plazo límite que, si le parece a la Sala, se podría extender hasta las 19, para que todos alcancen a exponer sus puntos de vista.
Acordado.
En segundo lugar, ruego evitar las discusiones personales y los diálogos. Estamos frente al Presupuesto de la Nación, que es una entidad, y a las entidades se las trata como tales, y no como a las personas.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Gracias, señor Presidente.
Hay que ser justos: aquí, en la asignación de los tiempos, siempre se restringe a los que están al final, y no a los anteriores. Me parece que eso no es siempre lo más equitativo. El último Senador que intervino usó de la palabra por cerca de 30 minutos...

El señor VALDÉS (Presidente).- Ese es el tiempo a que tiene derecho cada señor Senador en la discusión general.

El señor LARRAÍN.- Me parece muy bien que se haga uso de tal derecho, pero lo justo es que todos tengamos la misma oportunidad. Esta es una discusión demasiado importante como para restringir en exceso los tiempos, de manera que por eso pido una extensión. Yo no voy a intervenir en forma lata, pero estoy pensando en el resto de mis colegas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Seamos claros. Este debate es muy relevante y, en ese sentido, creo que debemos ser un poco elásticos. Es cierto que los que están al final hablan más corto, pero eso es histórico en todos los debates políticos y en todas las organizaciones. No quisiera que fuera así. Sin embargo, considero que la discusión no debe impedir el comienzo de la votación a fin de avanzar en el despacho del Presupuesto. Por eso, dentro de los criterios fijados, tuvimos que extender la hora de término de la sesión, con el objeto de que ésta no se limitara sólo al debate.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, como lo acabo de expresar, no haré uso extendido de la palabra, ya que, dada la forma en que se acordó llevar a cabo esta discusión general, me parece un tanto inútil hacerlo. La verdad es que si podemos discutir en general pero no podemos aprobar en general, todas nuestras declaraciones no pasan de ser afirmaciones líricas que carecen de eficacia jurídica. Por la misma razón, no tiene mucho sentido formularlas con gran fuerza o pasión, porque, finalmente, constituyen un ejercicio teórico.
Debo señalar que eso me preocupa, por cuanto, ciertamente, el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, que todos los años se debate en el Congreso, es uno de los más importantes para el futuro del país. En dicha ley no sólo se establecen los presupuestos de cada Ministerio, sino que, en último término, se define en forma cuantitativa la estrategia que vamos a adoptar como nación. Y cuando eso no se puede discutir para aprobar, realmente estamos perdiendo una oportunidad demasiado relevante para cumplir debidamente nuestro rol.
Alguien podría plantear que eso supone un riesgo, pero sabemos que la Constitución tomó el resguardo necesario: si el proyecto no es despachado oportunamente, se entiende aprobado el texto original, que es el que finalmente regirá como Presupuesto de la Nación, por lo cual el país no sufrirá daño alguno por las discusiones generales a que se pueda llegar.
Por esa razón, señor Presidente, la decisión unilateral adoptada por la Mesa no está, en mi opinión, a la altura del debate que exige una Ley de Presupuestos, atendidas su importancia y características. Y es particularmente importante hacerlo, porque ya se han tocado diversos temas. Sin embargo, como ya lo dije, me referiré a ellos en forma muy somera.
Esta ley provoca inquietudes, fundamentalmente por razones históricas, en cuanto a que en muchos casos lo que aquí se apruebe no es lo que al final se ejecuta. Debo admitir que lo que hemos convenido en estos días con el señor Ministro de Hacienda y con Parlamentarios de la Concertación entra en la línea de paliar esa situación.
Aquí nadie ha utilizado la figura de "doblegar al Ministro", ni nada por el estilo. Hemos conversado racionalmente y hemos hecho, con firmeza, nuestros planteamientos. Y es importante que la autoridad y los Partidos de la Concertación lo entiendan de esa manera. Nosotros sabemos ser suficientemente duros y enérgicos para defender nuestros planteamientos, pero también flexibles y leales para llegar a acuerdos y entendimientos cuando está de por medio el bien del país.
Eso es lo que hemos hecho en esta oportunidad, y creo que así debería ser reconocido, en lugar de buscarse argumentaciones que empequeñecen lo que hemos logrado en estos días, con mucha altura. Es así como, en virtud de una indicación, durante 1995 se podrá disponer de información trimestral sobre la ejecución global del Presupuesto con relación al artículo 1°, y semestral, acerca del detalle de los gastos de cada servicio público. Lo anterior constituye un avance importante respecto de una de las tareas del Congreso Nacional, la de fiscalizar efectivamente la ejecución del Presupuesto de la Nación. Cumple así su labor, sin que ello signifique entrar en lo que nadie ha planteado, cual es la idea de cogobernar en el ámbito presupuestario. Nadie lo ha hecho y, por lo tanto, mal podría excusarse, porque esa materia no está en cuestión.
Es también importante el compromiso -como aquí se ha señalado- de informar semestralmente a las Comisiones de Hacienda del Parlamento sobre las transferencias efectuadas desde las Partidas del Tesoro Público, porque se han convertido en una oportunidad para utilizarlas en algo muy distinto de lo aprobado.
A mi entender, hemos logrado en estos días avanzar por el camino correcto. Pero no es el único, porque existen además problemas relativos al crecimiento del gasto público, para que éste realmente corresponda a lo aprobado en la discusión presupuestaria y no ocurra, como ha pasado anteriormente, que lo que se desembolsa sea muy superior a lo autorizado.
Sabemos que en estos años el gasto público ha estado por encima del crecimiento del país. Ello genera distorsiones muy graves en la economía, porque en definitiva no se progresa si acaso el gasto público se incrementa. Además, produce efectos indirectos, como lo expresé hace algunos días a propósito de la discusión del tema agrícola, pues el aumento del gasto fiscal presiona sobre la tasa de interés, generando efectos indeseables en la economía, como disminuir el valor del dólar, con el consiguiente daño al sector exportador o sustituidor de importaciones.
Sin embargo, no solamente es grave el aumento del gasto público por sobre lo presupuestado, sino porque la Composición de ese incremento -según lo acreditan distintos estudios- no es lo más deseable. En los últimos años, del aumento total en el gasto público, se destinó un 80 por ciento a financiar aumentos en el gasto corriente total y algo menos dei 20 por ciento, a inversión. Esto no pareciera ser el mejor criterio para gastar dicho incremento. Un 33 por ciento del crecimiento total fue absorbido por los ítem de gastos en remuneraciones y consumos de bienes y servicios, y un 55 por ciento financió transferencias netas tanto al sector privado como al público.
Esto ha ocurrido con los gastos de la Nación; y de allí que uno se plantee -con razón- que aquí existen desembolsos a los que no correspondería destinarles fondos del Presupuesto. Por eso, las indicaciones formuladas nos permitirán ejercer mayor control en el gasto presupuestario y obligarán a una mayor disciplina fiscal que la de los últimos años.
Es también importante señalar que no sólo interesa medir el desarrollo del Presupuesto de la Nación según su monto, sino que fundamentalmente de acuerdo a la eficiencia de lo ejecutado. Como señaló la autoridad, en la actualidad no existen parámetros objetivos para medir si lo que gasta el Estado se focaliza realmente en aquellas personas o sectores que se desea impulsar, y si es asignado con eficiencia, de modo que se traduzca en beneficios concretos para las personas. Por el contrario, el único parámetro de medición utilizado hasta ahora es el del crecimiento o disminución del gasto público en los distintos Ministerios. De esa manera, se produce la paradoja de que las gestiones que incurren en más gastos se aprueban y reciben aplausos, y no aquellas que mejor ejecutan su gasto presupuestario. Y lo que nos ha hecho falta en estos últimos años es introducir índices que midan la eficiencia en el gasto y no su volumen, como ha ocurrido hasta la fecha. El Gobierno ha incluido este año información complementaria sobre gestión e indicadores de eficiencia para 26 servicios, que constituyen un paso adelante, pero todavía no permiten medir adecuadamente los recursos entregados por el Estado.
Es también parte del acuerdo logrado estos días que los indicadores de gestión y productividad, incorporados este año en el proyecto de Ley de Presupuestos, sean extendidos y deseablemente perfeccionados para 1996, particularmente en lo tocante a los Ministerios del área social. Es necesario contar con indicadores importantes en los Ministerios de Salud, de Educación, de Vivienda y Urbanismo, de Justicia y del Trabajo y Previsión Social, porque allí interesará saber efectivamente el destino de los fondos fiscales.
Por último, no deja de ser relevante la situación por la que atraviesan las empresas públicas. Los déficit de éstas, que deben ser suplidos con aportes del Presupuesto, están alcanzando cifras muy elevadas, a 180 millones de dólares para 1995. En un estudio publicado hace pocos días, se hace una evaluación del costo para el Fisco de las empresas estatales en el último año. Y por concepto de menor rentabilidad, de irregularidades y de fondos perdidos, y de suplementos transferidos desde diversas Partidas, la cifra alcanza a 800 millones de dólares. Ese es el costo real para el país de las empresas del Estado, que de una vez por todas debe ser considerado cuando tomemos decisiones como las que hoy día adoptaremos con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Transferir fondos a las empresas del sector público contribuye a mantener la pérdida sufrida por todos los chilenos año tras año por tal concepto, lo cual, ciertamente, no es la forma más responsable de administrar los recursos de la Nación, que mucho cuesta conseguir, particularmente cuando hay limitaciones económicas.
Señor Presidente, habríamos podido hacer todas estas consideraciones en una votación general, y desarrollarlas dentro del contexto de una estrategia de desarrollo para el país que apunte a situaciones que en realidad se deciden, tácita o expresamente, a través del proyecto de Ley de Presupuestos. Sin embargo, por la forma como hemos acordado tratarlo, ello no se logrará. Por eso, lamento la decisión adoptada y me pliego al compromiso de revisar las normas sobre el proceso presupuestario. Creo indispensable examinarlas, así como también lo relacionado con la Ley de Administración Financiera del Estado o con las atribuciones que el Congreso tiene para discutir el Presupuesto, no para incurrir en la irresponsabilidad de formular iniciativas para aumentar o procurar gastos de alguna naturaleza. No se trata de eso. Es necesario que la responsabilidad sea exclusivamente del Ejecutivo, pues a él le corresponde administrar los recursos de la Nación. Pero, si queremos que el Congreso, también como representante de la soberanía popular, pueda expresar libre y dignamente su función, y ejercer los controles y fiscalizaciones que le corresponden, es preciso darle las atribuciones en la oportunidad que corresponde, y, ciertamente, ésa es la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. ,

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, estamos culminando una discusión que iniciamos hace algún tiempo en el Senado, con motivo de la exposición de la Hacienda Pública, por parte del señor Ministro del ramo.
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos debatimos el proyecto tanto en general cuanto en las distintas Partidas. Así que a estas alturas del debate sólo cabe reiterar -cosa que pretendo hacer brevemente- algunos conceptos generales y referirse a ciertas opiniones aquí vertidas.
En primer lugar, nos encontramos frente a la aprobación de un Presupuesto cuyo aumento es moderado. Esta es la primera conclusión que podemos sacar. Se incrementa en 5,5 por ciento respecto al del año anterior, y en un porcentaje menor al estimado para el crecimiento del Producto Interno Bruto del próximo año, que es 5,8 por ciento.
Por lo tanto, todo lo expresado respecto de que estamos gastando más que el crecimiento del Producto Interno Bruto, es falso, o sea, tenemos un Presupuesto cuyo aumento es menor al crecimiento estimado del Producto Interno Bruto. Todo el mundo señala que probablemente -espero que así ocurra, como en años anteriores- la estimación de crecimiento del Producto es muy moderada. En consecuencia, podría ser factible que fuese mayor a 5,8 por ciento, lo que es muy conveniente si se repara que el incremento del gasto no será superior a 5,5 por ciento. Porque, al margen de la discusión sobre las transferencias al interior del Presupuesto, evidentemente éste fija un límite máximo de gasto global. Eso es clarísimo tanto en la ley como en la política de la autoridad de Hacienda, la cual ha adelantado, además, que el año próximo habrá un menor gasto fiscal de 3,9 por ciento, afirmación que avala con una economía de 3,1 por ciento en el presente año, lo que, sin duda, representa una contribución del Fisco al proceso de ahorro nacional.
Que creció el presupuesto en los primeros años de Gobierno de la Concertación, es evidente. ¡Si para eso hicimos una reforma tributaria, pactada con la Oposición! Su sentido fue, precisamente, subir el gasto público. ¿En qué? En gasto social. Si acordamos en este Congreso una reforma que implicó alrededor de mil millones de dólares al año, no fue para que el Fisco los ahorrara, sino para que los gastase, básicamente, en salud, educación, vivienda e infraestructura.
Entonces, en mi opinión, se confunden las cosas cuando se habla de "tendencias", como si hubiera una ley mágica que determinara desde el punto de vista de los equilibrios cuánto debe ser el Presupuesto público respecto del conjunto del gasto de la sociedad. Lo fundamental es que el Presupuesto cubra objetivos sociales y, además, resguarde los equilibrios macroeconómicos. Y ésa ha sido la política de todos estos años.
Por lo tanto, dispuesto a aprobar el Presupuesto, tengo que decir que lo encuentro moderado; que me parece razonable, porque no tenemos nuevos recursos tributarios; que crece menos que el Producto, y que resulta completamente coherente con la situación macroeconómica propuesta, la cual es hoy incluso más favorable que cuando el señor Ministro del ramo dio el estado de la Hacienda Pública ante el Congreso. Recordemos que entonces la estimación inflacionaria era de 9 por ciento -hoy es de 8- y que el Presupuesto se calculó sobre la base de la libra de cobre a 96 centavos de dólar, cifra que posiblemente aumente el próximo año, por la reactivación de las economías del norte, etcétera.
En suma, desde el punto de vista del nivel de gasto y de los equilibrios macroeconómicos, el Presupuesto en debate resulta completamente coherente con los propósitos que el país y el Gobierno se han fijado.
La segunda cuestión por discernir de manera general es si este aumento moderado tiene alguna relación con políticas determinadas, desde la perspectiva de la descomposición del gasto. Y debo decir que si se analiza el detalle del Presupuesto -no se trata, claro está, de repetir la discusión particular que llevamos a cabo en la Comisión-, se comprueba que todo aquello que aumenta más allá del crecimiento promedio de aquél está dentro de las prioridades políticas que el Gobierno se ha trazado. Crece en las áreas de educación, en 7 por ciento -esto es, sobre 5,4 por ciento del promedio-; vialidad, en 9,7 por ciento; vialidad urbana, en 12 por ciento; se incrementa el aporte al SENCE en formación en 10,3 por ciento; aumenta el Ministerio del Trabajo en 15 por ciento y la Dirección del Trabajo, en aras de mejorar la fiscalización de la ley laboral, etcétera.
O sea, en el detalle del Presupuesto, se advierte que en general hay continuidad en la mayoría de las Partidas y aumentos mayores que el promedio en las materias que el Gobierno -y el país, en mi opinión- define como prioritarias: educación, infraestructura, formación y calificación de trabajadores, etcétera.
Por lo tanto, la segunda afirmación general que deseo hacer es que estamos ante un Presupuesto que, dentro del crecimiento de las distintas Partidas y Ministerios, incluye claras políticas de asignación del gasto, que apuntan a los objetivos centrales definidos. En ese sentido, concurriré a su aprobación -recordemos que no hay votación general del proyecto, y que sólo podemos votar en las distintas Partidas-, por tener una opinión claramente favorable a lo propuesto por el señor Ministro.
En tercer término, con relación al acuerdo a que llegamos con Parlamentarios del Pacto Unión Por Chile, quiero decir que me parece razonable y bueno para el país. Ciertamente establece algunas cuestiones que podrían considerarse obvias, pero ellas parecieron estar oscurecidas en la discusión un tanto errática de algunos Parlamentarios de Oposición -no de todos, debo decir- durante los últimos quince días.
Se reafirma que la administración financiera del Estado es de responsabilidad e iniciativa del Ejecutivo, lo cual es obvio, pero necesario de reiterar a raíz del clima que en algún momento se produjo durante la discusión de esta materia, sobre todo, en la Cámara de Diputados.
El acuerdo contiene una segunda afirmación importante: reconocer que el manejo de la política macroeconómica requiere una necesaria flexibilidad presupuestaria, dentro de los límites que fija la ley. Esto resulta fundamental para que la autoridad económica pueda dirigir y orientar la economía, sobre todo, si se tiene presente que hay otros instrumentos cruciales de política económica que no están al alcance de la autoridad, cuales son una parte sustantiva del manejo monetario, que hoy reside en un Banco Central autónomo; y una política tributaria, instrumento del que normalmente disponen todos los Gobiernos, pero del que carecemos, no por nuestra voluntad. Las condiciones políticas actuales -especialmente, en el Senado- no permiten todavía -espero que ello cambie en lo futuro- discutir la utilización de los tributos como instrumentos de ajuste, de corrección, de orientación del desarrollo de la economía y de los equilibrios macroeconómicos.
Por lo tanto, en la actual situación, en que el Ejecutivo no tiene instrumentos de política adecuados en materia monetaria y tributaria, parece evidente que debe disponer de una cierta flexibilidad en el manejo del Presupuestó público, como un recurso para la dirección del conjunto del proceso. Y creo que la autoridad ha demostrado seriedad suficiente para hacer uso de esta flexibilidad en términos completamente coherentes con las metas macroeconómicas que todos nos hemos fijado.
Debo decir que he concurrido con mucha convicción propia -y no como algo impuesto por la Oposición- a los acuerdos de mejorar la información del Congreso Nacional sobre la ejecución presupuestaría. En esta materia, tanto quien habla como distintos Senadores de estas bancas y del Partido por la Democracia, hemos estado insistiendo en la necesidad de introducir mejoras, porque, si bien no hay coadministración financiera del Estado, es bueno que el Congreso tenga una información adecuada de cómo se va ejecutando el Presupuesto que aprueba. En todo caso, creo que esto no puede ser visto como un triunfo ni de la Concertación ni de la Oposición, sino como un avance, que tiene el respaldo del Ejecutivo, hacia una cada vez mayor transparencia pública en la ejecución del Presupuesto.
Antes de terminar, señor Presidente, haré un par de observaciones particulares sobre el proyecto, en el ánimo de introducir una reflexión en el debate, aprovechando la presencia de las autoridades económicas más importantes del país. Porque en mi entender, sin perjuicio de lo bien que se encuentra la economía del país, algunas cuestiones se plantean como tareas importantes hacia el futuro. No debemos caer en ninguna clase de autocomplacencia o en la sensación de que aquí está todo hecho.
En primer lugar, quiero reconocer públicamente en esta sesión la sensibilidad del Ministro señor Aninat para corregir, en parte, el presupuesto presentado originalmente en materia agrícola. Este mostraba un carácter de mera continuidad, ante lo cual diversos Parlamentarios hicimos ver la inconveniencia de dar una señal de esa naturaleza a la opinión pública, en circunstancias de que el sector agrícola atraviesa por problemas muy serios, que exigen un aporte del Estado en materia de reconversión, particularmente, de las economías campesinas. Por ello, me alegro de que, por iniciativa del Ejecutivo -pero fruto del debate que surgió en el país y la Comisión Especial de Presupuestos-, se hayan aumentado las partidas del Ministerio de Agricultura, y, en especial, del INDAP.
Por otro lado, señor Presidente, quiero destacar que una revisión del Presupuesto indica que en nuestro país aún estamos gastando muy poco en materia de investigación y de cultura. A mi juicio, la modernización indispensable del país exige niveles cualitativamente superiores de aporte público a los esfuerzos de investigación, que, finalmente, tienen que ver con toda nuestra capacidad de mantener un dinamismo exportador que pueda competir en un mundo cuya economía es cada vez más abierta y competitiva. Por lo tanto, me parece que el actual aporte a los distintos programas que supone la investigación, se halla muy lejos de los requerimientos indispensables en esta materia. En ese sentido, creo que aún no contamos con el presupuesto de un país que efectivamente entiende la modernidad como un proceso global y no puramente parcial de modernización de la empresa. Así lo demuestra esa discusión absurda que reduce toda la modernidad a la privatización de activos públicos, lo cual, a mi juicio, es una caricatura de un debate serio sobre la modernización del país.
Un aporte estatal al desarrollo de la cultura tiene que ver con el elemento central de la identidad nacional, de nuestra identidad y diversidad cultural. Y eso debe ser en Chile, al igual que en todas partes del mundo, producto obviamente de la iniciativa privada, pero también de los aportes sustantivos del Estado. Al respecto, el aporte al Teatro Municipal de Santiago -obviamente se justificaba; ése no era el punto en discusión-, felizmente se logró reponer (sólo el nivel del fondo del FONDART) también por iniciativa del Ejecutivo, junto con establecer algunos programas de apoyo -los que también valoro- a comunas pobres. Pero, sin duda, el resultado global del esfuerzo que como Estado y nación estamos haciendo en el desarrollo cultural es muy bajo. Y eso, a mi juicio, constituye un motivo de preocupación que deseo exponer aquí con mucha fuerza.
Por último, en el debate que se ha llevado a cabo, va quedando claro que la situación de nuestros pensionados y de la gente de la tercera edad -es una tarea muy difícil; constituye un tema crítico en todos los países- debemos convertirla, en los años que vienen, en una materia de preocupación central de las políticas públicas. Entiendo que los Gobiernos de la Concertación han realizado grandes esfuerzos al respecto, pero, sin duda, son aún insuficientes. Se trata, además, de un tema realmente importante como para no hacer en torno a él demagogia, porque constituye un desafío no menor. Sin embargo, a mi juicio, es una tarea que queda pendiente y que debería ser objeto de una mayor atención pública en el próximo tiempo.
Por todas estas razones, quiero felicitar a la autoridad económica y señalar que hemos aprobado la mayoría de las Partidas con la convicción de que es un Presupuesto plenamente compatible con los objetivos que nos hemos fijado en materia de política económica y social.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.- Señor Presidente, del análisis de la Ley de Presupuestos han surgido diversas inquietudes y situaciones planteadas por los señores Senadores; sin embargo, sólo quiero referirme a dos aspectos que considero de mucha importancia, sobre todo a uno de ellos, cuyo debate no se efectuó cuando se estudió el ejercicio presupuestario para 1994 y que, desde mi punto de vista, produjo distorsiones relevantes en todo el proceso de administración interior del Estado. Y éste, a mi juicio, hoy debe ser analizado -al menos, así lo estimo- para los efectos de la historia de la ley.
Antes de entrar en ese aspecto, que es de mucha importancia, quiero retomar el tema del carbón, que aquí ya se ha señalado. Entregaré algunas cifras -entiendo que el Senador señor Cantuarias dará a conocer otras de importancia-, para los efectos de apreciar bien cuál es el objetivo -expresado por el Honorable señor Piñera- en relación con los recursos del Gobierno regional.
Nosotros somos partidarios del proceso de descentralización. Creemos que muchas veces el manejo de los recursos públicos ubicados fundamentalmente en una zona -en este caso, en la del carbón-, son mejor administrados cuando la autoridad regional es la que está al frente de ellos y no la autoridad nacional. Por ese motivo, entonces, cuando el Senador señor Piñera plantea -previamente lo habíamos conversado- que los recursos destinados a ENACAR, concretamente, se trasladen al Gobierno regional para que éste desarrolle con dicha Empresa y otros organismos regionales en la propia zona un proceso de una mejor inversión de los mismos, estamos planteando dos cosas muy concretas: primero, la descentralización real de todo el proceso de administración, y segundo, que la autoridad regional asuma responsabilidades en la administración de su región. Y, obviamente, en los aspectos propios del carbón, es evidente que el manejo de esos recursos -que no ha sido bueno; hay que reconocerlo- no ha dado los resultados esperados, por lo que hay que dar un carácter distinto a su administración.
Cuando se plantea el tema del carbón, evidentemente la situación es muy especial. Sin duda alguna, hay problemas sociales, políticos y de todo orden que se deben tener muy presentes para resolver dicha materia. Sin embargo, también es cierto que no hay que marginar a la actividad privada en la alternativa de desarrollo futuro de esta actividad minera y de otras que se realizan dentro de la misma zona. Y esto, lo señalo por lo siguiente. Porque cuando se estima que la inversión destinada a ENACAR es del orden de 16 mil 500 millones de pesos -eso es lo real- y se plantea paralelamente una inversión de sólo 160 millones de pesos, que representa el 1 por ciento, para que trabajen cerca de mil mineros en Curanilahue, a través de una comercialización privada del carbón, de los pirquenes pequeños y medianos, evidentemente, toda vez que esa alternativa privada se cierra y se incorporan todos los recursos sólo a ENACAR, se observa que no hay intención de buscar un mejor aprovechamiento de ciertos recursos que, históricamente, han tenido una serie de inconvenientes en su administración, la que, en los últimos años, ha sido muy negativa.
A lo anterior, se suman dos aspectos indispensables que, desde nuestro punto de vista, obligan necesariamente a una administración adecuada. Personalmente, no voy a votar en contra de los recursos del carbón, porque éstos llegarán -espero que lleguen- a la Región. Pero sí es obvio que, desde mi perspectiva, al menos, debe existir una administración más adecuada. No puedo entender que una empresa como ENACAR -que, incluso, expresa cifras bastantes más elevadas, que se darán a conocer más adelante en la administración de recursos- no tenga separada en divisiones su administración, como ocurre en otras empresas, para desarrollar mejor esta gestión. Cuando se informa por los propios dirigentes sindicales que hay una alternativa comercial conveniente en la venta del carbón y que ello deja utilidades, pero, por otro lado, se observa que el costo real de la Empresa es del orden de los mil millones de pesos mensuales, evidentemente se concluye que existen alternativas, por una parte, viables, y por otra, muy inviables, y que la suma de las dos resulta ser negativa, lo cual perjudica cualquier acción que pueda desarrollarse, al menos en materia de comercialización en los pequeños y medianos pirquenes de carbón.
Por eso, nosotros planteamos, y lo señalamos aquí concretamente, que ENACAR, en la opción de recibir estos recursos, debe crear necesariamente dos divisiones importantes: una, destinada a la comercialización del carbón de medianos y pequeños productores privados que trabajen en la zona, y otra, de explotación distinta a la de Lota, situada en Curanilahue.
Respecto a la administración interior del Estado, en el Presupuesto de 1993, para el ejercicio de 1994, aprobamos Partidas que sumaban alrededor de 7 mil 800 u 8 mil millones de pesos, para ser distribuidos en cada uno de los gobiernos regionales, pero no fueron entregados a éstos por el Gobierno nacional. Y la razón por la cual -supongo- no se hizo esa operación, exigida por la Ley de Presupuestos, fue lisa y llanamente porque el Ejecutivo sostenía equivocadamente -lo que fue aclarado posteriormente por el Senado- que el gobierno regional estaba compuesto por organismos distintos de los que realmente la ley creó, como Gobernaciones, Secretarios Regionales Ministeriales en algunos casos y reparticiones de las Intendencias a través de todo el país.
Señalo lo anterior, porque hoy, en la Partida Tesoro Público, nuevamente -y estoy muy de acuerdo-, a los gobiernos regionales se les destina una suma total de alrededor de 9 mil 800 millones de pesos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Son recursos necesarios para su administración, y ellos deben ser entregados a dichos gobiernos. Esto es indispensable que esté presente. Por ejemplo, para el gobierno de la Región de Tarapacá se contemplan 446 millones; para el de Antofagasta, 408 millones; para la Región Metropolitana, 788 millones; para la Octava Región, 944 millones, etcétera.
Debemos entender, entonces, que esta Partida, que contempla la Ley de Presupuestos, está destinada en su totalidad a los gobiernos regionales, a fin de que ellos puedan administrar con recursos propios -entre otros aspectos- el personal establecido en las plantas, cuya ley en proyecto fue aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, pero que hoy, lamentablemente, ha sufrido un nuevo retraso, producto del veto enviado por el Ejecutivo, que pretende eliminar la posibilidad de que el Intendente rechace a algunos de los funcionarios que se le están enviando.
Lo anterior, sin lugar a dudas, está indicando que todavía existe una concepción bastante centralista de todo el proceso de administración interior del Estado, como lo demuestra el hecho de que tampoco queda absolutamente claro que los recursos de la Partida Tesoro Público relativa a los gobiernos regionales, que asciende a 9 mil 800 millones de pesos, sea destinada a dichos gobiernos, lo cual debe quedar entendido en esos términos para los efectos de la votación. Si ello no ocurre, es evidente que seguiremos caminando por un proceso de administración interior del Estado sin una concepción clara y definitiva sobre las responsabilidades que dichos entes u órganos, creados por una ley orgánica constitucional, tienen en su administración territorial, así como en la autonomía que poseen para los efectos de administrar los recursos.
Señalo esto, a fin de que quede claramente consignado en la historia de la ley cuál es el sentido con que nosotros votaremos favorablemente dicha norma, en lo que se refiere a esta parte de la Ley de Presupuestos.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ.- Señor Presidente, con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos, es bueno recordar la naturaleza de lo que estamos debatiendo.
Nuestro sistema jurídico sigue la llamada doctrina del presupuesto ejecutivo. En verdad, ésta no es una ley corriente, porque en su origen no conlleva el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República, por cuanto está obligado a presentar la Ley de Presupuestos. Además, la Constitución señala la fecha y reglamenta la presentación de esta normativa legal. Por lo mismo, al Congreso no le cabe más que aprobarla, porque no puede rechazarla o aplazarla.
Como resultado de este proceso absolutamente reglado, el Ejecutivo también debe sacar una conclusión: que está sujeto a los gastos fijos autorizados por las leyes vigentes ordinarias, y, respecto de los gastos variables, no puede excederse de los aprobados por el Parlamento. De manera que en la Ley de Presupuestos se fija un límite de gastos, lo que -podríamos decir- es el objetivo fundamental de esta Ley.
Si el cálculo de entradas le corresponde al Presidente de la República, si los gastos fijos están señalados en la Ley, ¿para qué este procedimiento reglado en la Carta Fundamental? ¿Para qué este Proyecto prerreglado en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado? ¿Cuál es el objeto de este debate? ¿Por qué la Ley de Presupuestos viene con articulado separado y se promulga sin incluir todos los gastos, como sucede con las leyes comunes? Con un solo objetivo: para que el Ejecutivo no pueda excederse en los gastos variables aprobados por el Congreso, que posee la facultad de disminuirlos.
En verdad, nuestra legislación financiera no está íntegramente de acuerdo con el artículo actual de la Constitución sobre la materia. Y aquí hay una tarea muy urgente, que yo llamaría "tarea de democratizar la Ley de Presupuestos". El principal objeto de democratizar dicha normativa es el de frenar el poder absoluto del Gobierno en cuanto a aumentar sus gastos sin sujeción a lo que el Congreso le señaló como límite.
Después de algunas gestiones con el Ministro anterior -y en las cuales participamos varios señores Senadores-, de común acuerdo con la Dirección de Presupuestos, se redactó el que hoy es el artículo 4°. Si bien dicho precepto no es suficiente, por lo menos es una manifestación del Ejecutivo de mantener la flexibilidad parlamentaria y, al mismo tiempo, el límite del respeto a los gastos.
Pero ocurre que esta norma está en la Ley de Presupuestos. Luego, rige nada más que por un año. Y nosotros tenemos la obligación de prever qué es lo que puede suceder en el futuro. Durante esta Administración y la anterior hemos tenido Ministros con los cuales no concordamos políticamente, pero son confiables. Sin embargo, la ley no debe depender de la bondad de los que la aplican, sino de la objetividad de sus disposiciones. Por ello, a mi juicio, parece indispensable que el señor Ministro -y es conveniente para el país-, ejerciendo la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en cuanto a reglar materias presupuestarias, nos presente una nueva Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, o una modificación de ella, en la que se contemplen las medidas de información o de control señaladas en el acuerdo del Ejecutivo con la Oposición, para lo cual el Estado no necesita perder su flexibilidad, pero sí requiere que el límite de sus gastos sea fijado por el Congreso, porque, de lo contrario, esto puede transformarse en un ejercicio inútil.
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado también requiere de otras modificaciones. Es necesario precisar el sentido del artículo 26, con el objeto de que sirva para flexibilizar los gastos, pero no para desconocer el texto de la Ley de Presupuestos, ni las glosas que en ellos se incluyen. Con ello no digo que eso haya sucedido, sino que el sistema actual es tan imperfecto que permite ser empleado en forma errónea. Y, en este estado de transición a la democracia, en el que todavía hay que devolver poderes al Congreso, es nuestra obligación aprovechar esta oportunidad para democratizar y perfeccionar la Ley de Presupuestos, lo cual permitirá al Congreso contar con atribuciones que nunca tuvo, pero que en una sociedad moderna debe tener.
He dicho.

El señor GAZMURI.- Que quede constancia, en la versión de que Su Señoría ha hablado de "transición a la democracia".
El señor DÍEZ.- No cabe ninguna duda.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, estoy acostumbrado a analizar presupuestos. Pero nunca me había tocado votar a ciegas, como nos ocurre a todos los Parlamentarios cuando nos abocamos a la Ley de Presupuestos.
¿Cómo podemos reducir gastos variables, si no existe una total información respecto de la secuencia de lo ocurrido en años anteriores; si no hay un proyecto de futuro respecto del cual el Presupuesto del año en estudio sea sólo una parte? ¿Es posible una discusión presupuestaria si no se une a ésta, al mismo tiempo, la discusión sobre un proyecto? ¿Alguien piensa que lo importante de nuestra gestión como Senadores en este caso es reducir los gastos únicamente? ¿Para qué vamos a reducir los gastos, si con ese ahorro no podemos redestinar esos recursos a otros fines; si no hemos precisado previamente el orden o jerarquización de las preferencias respectivas? ¿Existe acaso la posibilidad de hacer un "presupuesto base cero", si la Ley de Presupuestos es tan rígida que no nos permite hacer ningún aporte intelectual ni técnico verdadero? ¿Podemos acaso tener acceso a la posibilidad de jerarquizar el Presupuesto de gastos? ¿Podemos priorizar ideas y proyectos?
No, Honorables señores Senadores. Aquí discutimos y discutimos, en mi opinión, sin propósito alguno, salvo el llamado por algunos "perfilamiento político", que poco interesa al país.
Por eso, celebro el compromiso tomado hoy por el Gobierno a través del acuerdo suscrito a petición de los Parlamentarios del Pacto Unión Por Chile. Porque así fue. Ese acuerdo permitirá tener información trimestral y semestral de la ejecución presupuestaria. Nos ilustrará sobre los decretos exentos que, con cargo al Tesoro Público, en lo que se ha llamado flexibilización presupuestaria, permiten al Ejecutivo destinar recursos públicos que no han sido aprobados por el Parlamento con la precisión pertinente.
Celebro, por último, este acuerdo, que nos permitirá a futuro, en las leyes de Presupuestos, conocer informes de gestión, eficiencia o productividad y una FECU semestral de las empresas públicas. Mañana, por lo tanto, al menos tendremos una mejor información gracias a este acuerdo, que es un real aporte a la discusión. Por lo menos, en eso se ha avanzado. Se recoge, así, una indicación patrocinada por el Senador que habla, suscrita también por los Senadores señores Bitar, Núñez, Otero y Frei, y por los Diputados señores Orpis, García-Huidobro, García Ruminot y Jürgensen.
Antes de finalizar mi intervención, deseo referirme en forma breve a dos materias que me preocupan.
En primer lugar, los Presupuestos no debieran contemplar, en mi opinión, gastos superiores a los ingresos logrados el año anterior. El que ahora aprobaremos considera un crecimiento del gasto fiscal en 5,5 por ciento, cifra que incluye 4,8 por ciento de aumento del gasto corriente. Se afirma que este gasto es prudente, pues el país crecerá poco más que el gasto referido.
Pero resulta que el año pasado se presupuestó un crecimiento entre 5 y 6 por ciento. Y este año sólo creceremos entre 4 y 4,3 por ciento. Sin embargo, el presupuesto del año pasado aprobó un aumento de gasto de 5,4 por ciento, con un mayor gasto corriente de 4,7 por ciento, lo que constituyó, en definitiva, un exceso que obligó al país a una poca deseada contracción económica.
Por eso, propongo, para evitar adivinanzas que después derivan en errores, y éstos en contracciones y recesiones que terminan siempre en desempleo, que a futuro un Presupuesto no pueda nunca considerar un gasto superior al ingreso ya logrado. No es prudente gastar lo que se espera ganar; y no lo es, tampoco, gastar más de lo que ya se obtuvo.
Por tal motivo, llamo al Gobierno a ser prudente, ya que así evitaremos ese continuo crecimiento, que aquí mismo, en esta Sala, he denunciado como de zigzag. El fenómeno opera al modo de una montaña rusa, que sube y baja, que crece y se contrae en su tasa de crecimiento.
La segunda reflexión que quiero realizar también es un llamado.
Estudios técnicos recientes muestran peligrosas pérdidas en el Banco Central, que, sin embargo, no se evidencian, pues son capitalizadas en sus balances. Pero el déficit de caja del Instituto Emisor obliga al Fisco a suplirlo y a cubrir sumas ascendentes a cientos de millones de dólares al año, dineros que pudieron, y pueden, tener un propósito social prioritario.
En 1992, el Banco Central perdió 969 millones de dólares, según estudios recientes. En 1993, esas pérdidas fueron de 655 millones de dólares, y a julio de este año ya igualaban al total del año pasado. Su proyección, en el presente ejercicio, muestra que superarán los mil millones de dólares, de los cuales 678 millones corresponderán a la mantención de activos en dólares y de pasivos en unidades de fomento, en circunstancias de que el propio Banco luego fija un valor de la unidad de fomento superior al valor del dólar; 208 millones se expresarán en pérdidas por transferencias fiscales, y 209 millones, en pérdidas por deuda subordinada, cifra que no considera las pérdidas por la capitalización de dividendos preferentes -la denuncié en esta Corporación- iniciada por el BHIF y seguida por otros bancos, que el Banco Central reconoció que le causará perjuicios por 105 millones de dólares.
Honorables colegas, si no corregimos el problema de las pérdidas del Banco Central, todas estas discusiones serán incompletas. Nada sacamos con intentar juntar y ahorrar agua en la tina, si no le ponemos el tapón. La iniciativa sobre deuda subordinada, ya aprobada por la Cámara de Diputados, y que ahora conoce el Senado, hará transparentes las pérdidas que bajo esa deuda subordinada se escondían. El Banco Central mostrará esos perjuicios. Y quiero aquí advertirlo: ello reducirá su patrimonio, realidad que el Fisco y el Presupuesto debieran considerar, pero que ni siquiera se menciona.
No propondré soluciones en esta materia -no es éste el momento- como las que señalé muchas veces, tocante al término de la unidad de fomento, la dolarización, la finalización de la obligación del Banco Central de comprar todas las divisas y de emitir por ese concepto, el retiro de circulante, el alza de las tasas de interés, la competencia con la empresa privada por los mismos recursos, y la fijación de tasas o aranceles especiales al dinero que incluso hacen más atractivo traerlo al país, al ser, en definitiva, más altas las tasas en Chile.
No hablaré sobre las correcciones de capitalización que el Banco Central requiere, y que, por ejemplo, podrían lograrse con acciones de CODELCO, transformada en sociedad anónima, pues -reitero- no es éste el momento.
Sólo concluiré mis palabras lamentando que nuestra imaginación, inteligencia y experiencia en el mundo real no puedan ser aportadas a la discusión presupuestaria a causa de limitaciones constitucionales en el ejercicio de nuestro deber parlamentario.
Si al menos hubiésemos podido priorizar el destino de gastos e inversiones escuchando a las Regiones, habríamos dado un gran paso adelante. Si pudiéramos proponer iniciativas debidamente financiadas, no por impuestos nuevos, sino por reasignación del mismo gasto presupuestario, estaríamos efectuando un aporte que el país espera de todos nosotros.
Por ello -y para finalizar-, con pena, pero con sinceridad, debo expresar que lamento que para algunos sea más importante, como señalé, la inútil discusión política de perfilamiento, antes que la contribución real que estoy seguro que pueden realizar en favor del país. Lamento que mi propio aporte de ideas no pueda ser mayor, pues me causa enorme y profunda frustración sentarme en este sillón para constatar que basta tener muchas veces, buena voluntad. El pueblo nos eligió con un propósito diferente: para que nos diéramos por entero a la tarea que la soberanía popular nos impuso cuando nos designó como sus representantes, y que desgraciadamente no podemos cumplir, como estoy seguro de que muchos de nosotros ya lo hemos advertido.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, me parece que el debate se ha encauzado con un sentido mucho más positivo y constructivo. Pero sin duda que la cuestión principal es la que dice relación al papel del Congreso Nacional en la discusión presupuestaria. A mi juicio, esto constituye el verdadero problema suscitado durante los últimos años en el tratamiento de esta materia.
En un régimen presidencial, no hay duda de que no existe posibilidad alguna de cogestión o coadministración financiera. Sin embargo, tampoco es factible entender que el Congreso sólo cumple el rol de ser un mero buzón, en circunstancias de que el debate debe realizarse con información adecuada y, por supuesto, con un seguimiento que permita apreciar cómo va derivando el Presupuesto a lo largo de un año calendario.
Ampliar esta información presupuestaria, que se ha demostrado como insuficiente, es, en mi concepto, el logro principal en que hoy día participamos. Y, en ese sentido, hemos alcanzado un acuerdo entre el Gobierno y los Parlamentarios de la Concertación y el Pacto Unión por Chile que pienso que constituye el inicio de un proceso que debemos seguir materializando.
Entonces, creo que es lógico y razonable reconocer, desde luego, que se requiere de una flexibilidad necesaria dentro del Presupuesto. Pero, al mismo tiempo, estimo fundamental ampliar los antecedentes relativos a la ejecución presupuestaria, como efectivamente se destaca en este acuerdo.
El Ejecutivo se ha comprometido a presentar una indicación al proyecto de ley de Presupuestos, en virtud de la cual, durante el año próximo, dispondremos de información trimestral acerca de su ejecución global y semestral respecto del detalle del gasto de cada servicio público.
Deseo destacar que este planteamiento lo hemos venido haciendo prácticamente desde 1991. Tengo a mano el Diario de Sesiones del Senado correspondiente a la sesión 15a, de 26 de noviembre de ese año, donde se da cuenta de indicaciones presentadas por los Senadores señora Feliú y señores Díez, Piñera y el Senador que habla, para agregar una glosa que consignaba que trimestralmente se debiera informar a la Cámara de Diputados y al Senado del avance de los distintos programas que se expresan. Considero un honor que el señor Ministro de Hacienda haya materializado una aspiración nuestra reiterada a lo largo de cuatro años, lo que constituye una diferencia fundamental que se aprecia en su relación con el Congreso Nacional.
Por otro lado, estimo relevante la información semestral que se proporcione a la Comisión de Hacienda de esta Alta Corporación -pertenecí a ella durante cuatro años- en cuanto a las transferencias del Tesoro Público efectuadas, a fin de conocer su destino y monto, así como los balances y estados de resultado que mediante las FECUS puedan enviar las empresas públicas. Asimismo, representan un avance los índices de gestión o productividad que se puedan incorporar a la Ley de Presupuestos, lo cual creo conveniente poner de relieve, en un sentido de orientación constructiva del debate.
Pero no deseo olvidar un aspecto que me parece esencial y que debiéramos ir concretando, a pesar de habernos demorado cuatro años en introducir estas incipientes mejoras. Tengo la esperanza de que el próximo año podamos tener la posibilidad, en relación con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado -el mismo respecto del cual presenté una moción, en 1991, con el objeto de evitar estas transferencias que se producen arbitrariamente y que en la práctica hacen imposible tener certeza en la materia-, de conseguir el patrocinio del Ejecutivo para ir avanzando, no en una cogestión financiera, sino en una relación más equilibrada entre las funciones de ese Poder del Estado y el Legislativo. Creo que el tema de fondo es el rol que corresponde al Congreso, no este año ni en los anteriores, sino en el futuro. Es necesaria una adecuada relación de equilibrio entre ambos Poderes para desarrollar adecuadamente tales funciones.
Me alegro, también, de que haya prosperado la indicación tendiente a destinar al Cuerpo de Bomberos una suma mayor a la inicialmente acordada. Lo digo, no para destacar un hecho concreto aislado, sino porque estimo que es muy importante que hagamos aportes y sugerencias a medida que los planteamientos sean escuchados y exista una relación de información y adecuado equilibrio.
Por último, me congratulo de la forma como se ha ido reorientando el debate, en términos constructivos. Pienso que el acuerdo alcanzado debe contar con nuestro pleno respaldo, y es indispensable que cuando el Ejecutivo presente la respectiva indicación haga honor al espíritu tenido presente al suscribirlo.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.- Señor Presidente, por quinto año consecutivo asistimos a una especie de liturgia o ritual en el cual se aprueba un proyecto de Presupuestos. Debe reconocerse que, comparado con el proceso vivido en años anteriores, ha aumentado el grado de información y las cosas han mejorado; pero no deja de ser una aprobación un poco a ciegas y a modo referencial, dadas las características que tiene, primero, la tramitación misma del proyecto y, luego, las propias cláusulas que contempla y la experiencia de los años precedentes.
La verdad es que nos reunimos por largas horas en la Comisión Especial mixta de Presupuestos y en las respectivas Subcomisiones; gastamos un tiempo considerable y una importante cantidad de papel -sobre los escritorios están los testimonios de ese hecho-, y la impresión final que queda es que los Ministerios, por medio de sus titulares y técnicos, entregan información, y nosotros, en la imposibilidad de confrontarla, o de disponer de ella en detalle o actualizada, hacemos como que la consideramos. Y, en último término, el proceso sigue un orden que más tiene -repito- de acto formal, de rito o liturgia, que de discusión presupuestaria de fondo. Tanto las razones dadas para discutir el significado y alcance de los gastos máximos como las disposiciones, glosas y cláusulas incorporadas al Presupuesto, al igual que a cada una de sus partidas, hablan de este problema, que aún no queda satisfactoriamente resuelto y que está presente. Por más que las cosas hayan mejorado y que los compromisos vayan en el sentido correcto, no podemos decir que se disponga de todos los antecedentes que permitan adoptar una resolución informada y suficientemente profunda, por lo menos en el Senado y en el caso de quienes hemos participado en el trabajo de las Subcomisiones ya por quinto año consecutivo.
Por otra parte, hago mías las expresiones vertidas en relación con los vacíos o, incluso, contradicciones existentes entre los textos de la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y las normas reglamentarias vigentes sobre la materia. Creo que en los próximos meses debemos debatir y alcanzar un acuerdo sustantivo, para no continuar cada año con este ejercicio de intervenciones, que, en el fondo, pueden reflejar un estudio y una preocupación muy grandes de quienes emiten opiniones, pero que ciertamente no se hacen cargo de los problemas presentados.
En el propio texto de la iniciativa en estudio y en la mecánica de su aplicación posterior hay un estímulo a la subestimación de ingresos, lo que históricamente -para no referirnos a un período o gobierno determinado- ha permitido que queden mayores recursos para ser destinados conforme a la libre disponibilidad del Ejecutivo. Sobre el particular, vale la pena tener presente el larguísimo debate, presenciado en distintos medios de comunicación, respecto de la partida Tesoro Público, cuyo sentido y denominación, en el fondo, hablan de esa flexibilidad, que, por una parte, constituye un instrumento oportuno y ágil de gestión gubernativa, pero, por la otra, pone en evidencia la inutilidad de discutir tan en profundidad el contenido de las partidas de cada Ministerio.
A propósito de esto, deseo hacer una breve referencia al significado de algunas de ellas, ya aprobadas, y a su implicancia en términos de la administración del bien común a que estamos llamados a colaborar en la gestión que debe desarrollar el Gobierno.
Me preocupa mucho que el Presupuesto consagre, una vez más, por ejemplo, que ciertos servicios que el Estado presta a través de organismos propios tengan un costo distinto y muy superior al que él mismo está dispuesto a retribuir cuando los proporciona otra organización, que también puede ser estatal, o incluso un particular.
Lo ejemplificaré concretamente con lo que representa el presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, organismo del Ministerio de Educación dedicado a la atención de menores en edad preescolar; es decir, de niños de cero a 6 años.
Como el objeto del mencionado organismo es atender a dichos menores, todo su presupuesto, ascendente a 22 mil 240 millones de pesos, más o menos, cubre la atención de 90 mil niños adscritos a sus programas. Pues bien, de la simple división de ambas cifras -considerando que los programas desarrollados (sala cuna, nivel de transición medio o mayor, u otros que se han ido poniendo en funcionamiento) son muy distintos entre sí-, resulta que el valor del servicio prestado es del orden de 21 mil pesos por niño al mes. Esto se compara muy negativamente con los casi 6 mil pesos que el Ministerio de Educación entrega en calidad de subvención cuando ofrece tal servicio una municipalidad, un sostenedor particular subvencionado, un colegio de iglesia, etcétera.
No hay relación razonable, entonces, entre el valor del servicio que presta directamente el Estado a través de la JUNJI y el que está dispuesto a subvencionar cuando tal servicio lo presta otro organismo reconocido por él.
Y no es mi intención disminuir el presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; sólo lo uso como referencia de lo que debe ser el valor aceptable para exigir una prestación adecuada.
En el mismo orden de materias, haré referencia a ciertos aportes que hemos calificado de "centralistas" porque, en el fondo, se trata de partidas de Ministerios destinadas a organismos que, por su localización, gestión y tipo de usuarios, se relacionan fundamentalmente con la Región Metropolitana.
En ese sentido se explica la indicación que presenté en la Cuarta Subcomisión de Presupuestos para rechazar la partida de 651 millones de pesos destinada a la Corporación Teatro Municipal de Santiago. No tengo reparos contra el Teatro Municipal capitalino; creo que se trata de un centro cultural que debe llenarnos de orgullo. Simplemente, no nos gusta -y es lamentable la solución de, lisa y llanamente, reponer la partida- que el presupuesto del Ministerio de Educación contenga aportes directos de sus recursos a una sola actividad que, si bien enorgullece a casi todos los chilenos, ciertamente está destinada a favorecer de manera principal a habitantes de la Región Metropolitana.
Cuando se expresó el rechazo la solución que se conversó y que informalmente se dio fue fijar una partida de un mil 200 millones de pesos y, por glosa, destinar al Teatro Municipal los 651 millones que necesita, distribuyendo el resto en diferentes actividades culturales de Regiones.
Por desgracia, las indicaciones que posteriormente resolvieron el problema no fueron por ese camino; simplemente, se repuso la partida a la Corporación Teatro Municipal de Santiago y se aumentaron los aportes al Fondo Nacional de Fomento del Libro, en 70 millones de pesos, y al FONDART, en 260 millones.
¡Cara resultó para las Regiones la entrega de este aporte respecto de las expectativas que teníamos!
En el mismo Ministerio de Educación, se creó en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica un nuevo fondo denominado "Fondo de Liderazgo Científico", cuya partida, por 690 millones de pesos, de importante magnitud, tiene por propósito, aparentemente, entregar una subvención a investigadores activos, no para que concursen -los buenos investigadores activos normalmente ganan los concursos a que el FONDECYT llama para desarrollar proyectos-, sino, simplemente, para mantenerlos. Y cuando aprobamos esa partida, requeríamos una glosa que permitiera asegurar la distribución de los recursos: que no sólo tuvieran acceso a ellos lo investigadores activos de reconocido talento, que trabajan en Santiago y en las universidades de la Región Metropolitana, sino también otros, quizás todavía de menor envergadura científica, pero que se desempeñan en Regiones y a los cuales bien vale la pena extender la mano protectora del Estado. Empero, tampoco se recibió la indicación pertinente.
Por último, cuando a propósito del FONDECYT quisimos destinar recursos para proyectos sectoriales, entendiendo por éstos los que pueden desarrollar universidades regionales claramente vinculadas al desenvolvimiento de sus propias áreas, la indicación correspondiente se concretó en términos facultativos, señalándose "podrán destinarse". Por ello estoy seguro de que, a falta de norma imperativa, la ejecución presupuestaria del próximo año va a demostrar que, en proporción superior al 70 por ciento, los recursos continuarán distribuyéndose entre proyectos presentados y conquistados por investigadores y grupos de científicos de la Región Metropolitana.
De esta manera -admitámoslo con franqueza-, lo que estamos haciendo es concentrar la actividad de crecimiento científico y tecnológico en la Capital, porque incluso quienes consiguen destacarse en estos campos en Regiones son rápidamente atraídos por los establecimientos santiaguinos para engrosar sus plantas de personal y conseguir la aprobación de mayores recursos. En consecuencia, o tomamos aquí un día la decisión de distribuir los dineros con que todos contribuimos al desarrollo de determinadas áreas o disciplinas, o, simplemente, continuaremos concentrándolos en la Capital, con todo lo que ello significa.
En este orden de ideas, debo manifestar que los aportes extraordinarios que hoy, en aras de la transparencia, se entregan, y que han salido de la partida del Tesoro Público para incorporarse a la del Ministerio de Educación, por ejemplo a la Universidad de Chile, han despertado, según comienza a verse, la justificadísima indignación de todas las demás universidades que han tratado de adaptarse y competir en los sistemas de recursos concursables. Estos planteles no pueden entender -y, ciertamente, no tenemos una buena explicación para que lo hagan- que una universidad, por importante que sea, reciba directamente la señalada cantidad de recursos sin siquiera comprometerse a mostrar indicadores de gestión o a fijar metas respecto de la inversión, y el próximo año, sin duda, solicite cantidades similares o superiores.
Todo lo anterior se agrava si se toma en cuenta que la historia de los aportes, particularmente en el último año, según nos dio cuenta un informe de la Contraloría, habla de cifras bastante más importantes, y que no están impedidos otros aportes que más tarde pudieran llegar al propio establecimiento.
Celebro los indicadores de administración y las metas de inversión que se han incorporado a este Presupuesto. Y llamo la atención para que esto, que es un adelanto y representa -según entiendo- a 26 servicios o Ministerios, pueda crecer en el futuro; y especialmente, para que los indicadores de gestión se constituyan en obligación de todas las universidades que reciben aporte fiscal directo en nuestro país. Esto, porque los planteles que reúnen parte de nuestra vanguardia y de nuestra elite intelectual, científica y tecnológica no pueden quedar al margen, en un movimiento que por lo demás es universal, de ciertas metas de gestión y productividad. Sólo resta pedirles que ayuden a la sociedad a descubrir en qué forma puede requerirles el mayor rendimiento factible y compararlos unos a otros.
Por otro lado, no me resultan comprensibles los criterios con que se han asignado algunos recursos. No entiendo la razón por la que la Región del Biobío, que exhibe los mayores indicadores de desempleo y de pobreza -el Ministerio de Planificación y Cooperación determinó que es la única del territorio donde entre 1990 y 1992 aumentó la pobreza; y desde 1992 hasta hoy la situación sólo puede haber empeorado, debido justamente a la crisis del carbón-, en el orden de distribución de los fondos del FNDR aparezca apenas en quinto lugar. Las explicaciones que se nos dieron en las Subcomisiones en que se trató el presupuesto del Ministerio del Interior fueron insuficientes.
Por último, señor Presidente, quiero hacer referencia al aporte para la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR.
Tengo en mis manos el acta de la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos, a la cual concurrí, cuando se analizó la materia, a fin de justificar mi posición favorable al aporte de 12 mil 500 millones de pesos contemplado para dicha empresa. Al fundamentar mi voto, hice presente que si esa suma fuese distribuida entre los casi tres mil trabajadores que laboran en los establecimientos de ENACAR, en Lota, y de CARVILE, a cada uno de ellos le correspondería algo más de 400 mil pesos mensuales, valor ciertamente superior al promedio de sus actuales rentas. Por lo tanto, di mi conformidad a la destinación de esos recursos, pero insté a ser particularmente exigentes en términos de resultados de gestión, con el propósito de asegurarnos de que no resultaría más conveniente distribuir directamente esos recursos a los trabajadores, sea como remuneración, sea mediante programas específicos de reconversión, o alternativos. De allí que las ideas expuestas por el Senador señor Ríos en cuanto a la administración de dichas empresas por los Gobiernos Regionales parecen bastante razonables.
Eso fue lo que se discutió en la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos.
Tengo en mi poder un artículo publicado por el diario "El Sur", de Concepción, el 18 de noviembre recién pasado, en el cual el Presidente del Directorio de ENACAR da cuenta de que los aportes que recibirá la empresa el próximo año alcanzarán a un total de 29 mil millones de pesos.
En consecuencia, si en el Parlamento -hoy, en el Senado- estamos aprobando un aporte a ENACAR por alrededor de 12 mil 500 millones de pesos y, en la Octava Región, el Presidente de su Directorio informa que en 1995 la empresa recibirá 29 mil millones, quiere decir que en alguna parte hay antecedentes incompletos. Y, entonces, la misma estimación anterior, pero esta vez calculada sobre 29 mil millones de pesos, distribuidos directamente entre los trabajadores, arrojaría una cantidad superior a 800 mil pesos mensuales para cada uno.
Pero es más. El señor Presidente del Directorio manifiesta que espera que la deuda de arrastre de ENACAR sea resuelta, de manera que no comprometa la asignación de estos recursos ni la de los años venideros. Y como aquí, en la Sala, se aludió a esa información, que también conocimos en la Primera Subcomisión Especial, porque existe un compromiso de efectuar aportes por lo menos hasta 1997 ó 1998, siempre y cuando se resuelva de manera distinta el problema de la deuda que mantiene la empresa, la explicación sobre el punto es incompleta. Por consiguiente, toda nuestra preocupación en el sentido de hacer constar en el informe de la Primera Subcomisión que se exigirían metas de gestión para justificar el aporte de 12 mil 500 millones de pesos que estábamos aprobando en ese momento debe redoblarse, porque aparentemente se trata de cifras muy superiores.
Por las razones expuestas, señor Presidente, es de extraordinaria conveniencia que el Congreso, junto con personeros sobre todo del Ministerio de Hacienda, se aboque a analizar el marco legislativo que permita hacer de la discusión presupuestaria y de su posterior ejecución un proceso informado y útil, para no tener la sensación de que muchas veces sólo estamos cumpliendo plazos y realizando la labor que se espera que desarrollemos, y no hemos aprovechado el tiempo en la mejor forma posible.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Ha concluido la intervención de los oradores inscritos.
Ha solicitado la palabra el Honorable señor Huerta, quien puede hacer uso de ella.

El señor HUERTA.- Señor Presidente, deseo aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda para reiterar lo expresado por quien habla, en la sesión ordinaria del martes 18 de octubre del año en curso, con motivo del análisis del proyecto modificatorio de la Ley del Tránsito.
En esa oportunidad enfaticé que existe el convencimiento de que a Carabineros de Chile se la ha aumentado la dotación con el objeto de que pueda combatir la delincuencia -factor prioritario en la inquietud ciudadana- y, además, prestar los servicios señalados en su Ley Orgánica.
Sin embargo, muy a mi pesar, debo hacer presente que, no obstante que la Ley N°19.127, publicada en el Diario Oficial N° 34.188, de 8 de febrero de 1992, incrementó en dos mil plazas el personal uniformado, las mil contempladas para el año pasado y las mil consideradas para 1994 no se han podido llenar porque los fondos respectivos aún no se ponen a disposición de la Institución, con grave perjuicio para la seguridad de los ciudadanos, quienes están convencidos de que, aunque se amplió la planta funcionaría, no se cuenta con los efectivos que supuestamente debería tener Carabineros de Chile. Esto desprestigia a la función y a la entidad que la tiene a su cargo.
Por lo tanto, no habiéndose entregado los recursos a la Institución, de acuerdo al financiamiento fijado en el artículo 3° de la ley mencionada, le es imposible realizar el proceso de selección de postulantes y de formación de futuros funcionarios, el cual, por ser largo y delicado, demanda a lo menos un año y medio para concretar el aumento de dotación.
La Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos, por acuerdo unánime, remitió al señor Ministro de Defensa Nacional el oficio N° 114/94, "con el objeto de solicitarle que si lo tiene a bien, se sirva disponer se provean los fondos necesarios para dar íntegro cumplimiento a lo dispuesto en las leyes ya aprobadas por el Congreso Nacional, que dispusieron el aumento de plazas del personal de Carabineros de Chile, de las cuales, según informaciones recibidas en la Subcomisión, falta por implementar alrededor de 2.000.".
Por su parte, el Senador que habla solicitó a la Mesa que se oficiara al mencionado Secretario de Estado con idénticos fines y en los mismos términos.
No se ha recibido respuesta a tales oficios. Pero resulta extraño que en la página 52 del informe de la Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos, respecto del Capítulo 04 Subsecretaría de Carabineros, el señor Subsecretario del ramo deje constancia de que en el presupuesto no se contemplan fondos para financiar las dos mil vacantes en comento. Tengo conocimiento extraoficial de que existiría un acuerdo para entregar esos recursos por parcialidades.
Me permito representar al señor Ministro que se trata de una ley de la República debidamente financiada, a la cual no se ha dado cumplimiento. Esto repercute seriamente en la seguridad pública, cuyo resguardo, en virtud de la Constitución, compete a Su Excelencia el Presidente de la República. Esta responsabilidad la ejerce a través de la Fuerza Pública y la prevención de los delitos se lleva a cabo con funcionarios en la calle.
La situación se ha visto agravada últimamente debido al notorio aumento de la delincuencia y la falta de seguridad de las personas, las que incluso son asaltadas en su propio domicilio.
Ruego al señor Ministro interponer sus buenos oficios con el propósito de que este problema se solucione por parcialidades: en los años 1995, 1996 y 1997.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, el Senador señor Huerta ha hablado del delito, sus consecuencias y su incremento. Y el tema que pretendo plantear dice relación a eso, porque una de las maneras de prevenirlo es dar una formación adecuada a los jóvenes. A eso apunto.
Un numeroso grupo de Diputados y de Senadores hemos solicitado que el Ejecutivo haga también un aporte especial para el movimiento scout de Chile. Nos hemos referido a los bomberos, a la JUNJI, y creo que tengo derecho a hablar de la juventud, en este caso representada por más de 60 mil jóvenes en Chile. De acuerdo con un compromiso adquirido internacionalmente -primero en Seúl, después en El Cairo y finalmente en Tailandia-, nuestro país deberá realizar un "jamboree" mundial, lo cual significará la llegada de 30 ó 40 mil scouts de todo el orbe, tal como ocurrió en Seúl hace cuatro años. Esta reunión significa para Chile una responsabilidad extraordinaria, una concurrencia a nivel internacional, conocimientos y relaciones de importancia. En la medida en que lo está haciendo el Presidente Frei afuera, concurrirán jóvenes de todo el mundo, futuros decididores, como expresa Jacques Moreillon, pues serán las personas a quienes muchas veces corresponderá gran actuación a nivel mundial. En el Senado, en la Cámara de Diputados y en los Ministerios hay hombres que en algún instante fueron miembros de este movimiento y hoy día cumplen funciones relevantes. Y, estadísticamente, se da lo mismo en el ámbito internacional.
En el fondo, se está pidiendo un aporte extraordinario, el cual, al parecer, no viene en esta Ley de Presupuestos. En todo caso, deseo dejar clara constancia de la petición de este numeroso grupo de Parlamentarios, a fin de que se destinen tales recursos a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque se debe adquirir un bien raíz que pueda cobijar a 30 ó 40 mil jóvenes. Esta propiedad, que deberá contar con la infraestructura necesaria, será una sede extraordinaria no sólo para los jóvenes de Chile, sino también para todos los de América Latina. Quizás -por decirlo de alguna manera-, constituirá el mejor "camping" a nivel continental.
Vendrán jóvenes de todo el mundo, muchos de quienes, como dije, serán los futuros decididores. Y éste es un compromiso adquirido por el ex Presidente Aylwin y también por el Presidente Frei, quien aceptó -según informaciones- ser el Presidente Honorario del "Jamboree" de 1998 y 1999.
Destaco que el Vicepresidente de la Asociación Mundial de Scouts es el Senador señor Gabriel Valdés, quien nos representa dignamente ante ese organismo.
Por último, señor Presidente, todo lo que se haga en favor de la formación de valores en los jóvenes es por el porvenir de Chile. Además, ellos no sólo se educan mediante pautas valóricas, sino que también por su participación en campamentos juveniles, de adolescentes o de niños que todos los años se levantan -por ejemplo, en Callejones, en Naicura y en tantas otras partes-, y en donde se prepara a más de 200 mil niños pobres de todo Chile.
A propósito de juventud y de aportes, quiero agradecer públicamente -repito: públicamente- al señor Ministro de Hacienda los 45 millones de pesos que otorgó a Rengo, los cuales -y lo digo en su presencia y en la del señor Director de Presupuestos- han sido muy bien invertidos. Rengo dio una lección, a nivel nacional y mundial, de cómo se deben invertir los recursos.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que, una vez más, echo de menos un análisis de la situación territorial de nuestro país.
En las Subcomisiones de Presupuestos tuve la ocasión de trabajar en los temas relativos a bienes nacionales, transportes y obras públicas. Y creo que constituye un avance que el proyecto no sólo contenga un largo listado, sino también una gestión por objetivos. Sin embargo, si uno considera que el 50 por ciento del territorio se encuentra en franca condición de abandono -en buena medida por el escaso grado de atención que se pone en este tipo de materias y por la indolencia de nuestro país, situación hecha presente por los Parlamentarios-, a mi juicio, los presupuestos del futuro deberían reflejar esta realidad.
Este año hemos sido testigos de una reunión de carácter académico -en que participaron el propio Presidente de la República, Parlamentarios, Fuerzas Armadas y Carabineros-, en la cual se hizo un diagnóstico de las distintas comunas del país, a través de doce factores, quedando muy en claro que el 50 por ciento de Chile Continental no tiene condiciones de acceso, de auto sustentación y de habitabilidad. Por eso, cuando se entregan cifras macroeconómicas, se concluye que tenemos dos países. Esto, en mi opinión, no debe seguir sucediendo y es una realidad que en alguna medida debió reflejarse en el presupuesto nacional.
Para resolver el problema de la accesibilidad para esta importante porción de nuestro territorio, particularmente llama la atención el estilo de los proyectos que se nos presentan, que no lo soluciona ni en extensión ni tampoco desde el punto de vista social, en circunstancias de que hay otras modalidades que permiten incorporar al territorio a las comunidades abandonadas, como los sistemas de obras comunitarias, de obras por administración, cuerpo militar del trabajo o el mecanismo de concesión, que ha sido mostrado como una "niña bonita", pero no se puede tener grandes esperanzas en ella.
Aprovechando que se encuentran presentes en la Sala el señor Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos, insisto en que hay fórmulas económicas alternativas -generación por etapas- para poder ir incorporando esa parte del territorio. Comprendo que no es grato a ningún Secretario de Estado inaugurar balsas, pasarelas y caminos de penetración -obras graduales por etapas- que son de una rentabilidad altísima desde el punto de vista económico y social, pero de bajísima rentabilidad política.
Creo que estos factores deberían ser considerados para determinar la calidad y tipo de proyectos que se nos presentan.
En segundo lugar, no quiero dejar pasar por alto un aspecto que es bastante delicado en nuestro país, que atañe al sistema de información geográfica y las vocaciones de desarrollo que representa nuestro territorio nacional. La verdad es que los distintos Ministerios están colectando, por esfuerzos propios compartimentados, esos antecedentes de acuerdo con los afanes e intereses sectorialistas; pero no existe en Chile una entidad que agrupe no sólo al Estado, sino también al ámbito privado, con el objeto de consolidar esa información geográfica y de sacarle el mejor provecho. Un caso patético lo constituye la falta de cartografía en la zona austral. No es posible que los problemas fronterizos de Chile se estén manejando con cartografías argentinas. Es un asunto de mínima confianza y dignidad nacional incorporar en el presupuesto nacional, como fue planteado en su momento por el Instituto Geográfico Militar, los aportes necesarios para la completación de las cartas de ese organismo entre Aisén y Magallanes, particularmente del área del Campo de Hielo Patagónico Sur. En caso contrario, el Parlamento se verá obligado a analizar tratados en cartas y según información geográfica proporcionada por una de las partes, que no es precisamente la nuestra.
Señor Presidente, quería llamar la atención del Senado respecto de esos dos temas, sin perjuicio del examen de las partidas que se hará a continuación.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Queda un sólo señor Senador inscrito para hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, mi intención es ser breve porque estoy muy interesado en escuchar las opiniones del señor Ministro de Hacienda. Un Senador de la República tiene pocas oportunidades de verlo, de modo que ahora que se encuentra de visita en el Senado es tremendamente auspicioso tener la ocasión de oírlo. Me interesa muchísimo conocer su opinión. Hace bastante tiempo envié un oficio pidiendo al Gobierno explicar por qué no se habían entregado los recursos para las plazas de Carabineros. Objetivamente, es un tema importante, y estoy seguro que el señor Ministro de Hacienda tendrá alguna respuesta sobre el particular. Estoy, por supuesto, ansioso por escucharla.
En cuanto al debate en general, un distinguido señor Senador expresó que esta discusión era lírica. ¡Bueno, la lírica es parte de la cultura, lo mismo que el Derecho! Y ocurre que las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica del Congreso y de nuestro Reglamento no permiten poner en discusión el proyecto de Ley de Presupuestos en los términos que algunos querían o en los que fue tratado anteriormente.
¿Por qué surgió la discusión? Porque, por primera vez -y éste es un hecho insólito, y me alegra mucho que en una iniciativa recién presentada por el Honorable señor Díez se recuerde-, desde 1891, las fuerzas de Oposición no votaban en contra de una Ley de Presupuestos. Este hecho histórico se registró nuevamente cuando la Oposición, en la Cámara de Diputados, votó contra la Ley de Presupuestos. Desde 1891 a esta parte, mucho tiempo ha transcurrido, ha pasado mucha agua bajo los puentes y ha habido mucha sangre y dolor cuando ha faltado capacidad para entenderse.
Me parece que los argumentos que escuché en la Cámara de Diputados y que he leído demuestran que las pretensiones del señor Ministro de Hacienda, cuando viene aquí, al Congreso (él señala, en la página 44 del informe que tenemos a la vista, que a estas alturas del debate y con la madurez existente en el país, "Lejanos parecen hoy los días en que el presupuesto conformaba uno de los principales campos en que se batían las fuerzas políticas"), quedaron en una especie de declaración de buenas intenciones, porque algunos sectores han utilizado el Presupuesto como parte de la contienda del acontecer político, legítima, pero preocupante cuando se extreman las condiciones y los argumentos.
¡Qué bueno -ya lo indicó otro distinguido colega, el Senador señor Romero- que la discusión se haya ido reorientando! ¡Qué bueno que la Oposición aquí, en el Senado, no vaya a tener la misma conducta irresponsable manifestada en la Cámara de Diputados! ¡Y qué bueno es que hayamos podido precisar, con argumentos de Derecho, por qué el legislador no quiere que en la historia de Chile se repitan, nunca más, las circunstancias de 1891, cuando un distinguido Parlamentario presentó un proyecto de acuerdo para decir que el Congreso entraba a conocer el proyecto de Ley de Presupuestos, pero que no lo tramitaría hasta que hubiera un Ministerio de su confianza! Y la verdad es que lo que aquí hemos tratado de despejar nosotros es que las normas jurídicas existentes buscan precaver que el país no se vea enfrentado a la no existencia de una Ley de Presupuestos, pues ésa es una situación dramáticamente preocupante para la estabilidad de la nación.
¡Qué bueno, señor Presidente, que la cordura haya imperado en la Oposición, y que no se haya repetido aquí la experiencia que algunos anunciaron que podría plantearse! Creo que es un logro de estos últimos tiempos.
Considero positivo, además, que se hayan logrado acuerdos para dar mayor participación al Congreso.
Asimismo, estoy ansioso de conocer las indicaciones del Ejecutivo. Me he enterado de ellas a través de la prensa y de algunos de mis colegas que participaron en una reunión donde el señor Ministro de Hacienda les comunicó el acuerdo con la Oposición. Me parece bueno que se haya intentado una aproximación al respecto, aunque me hubiera gustado que mis colegas la vieran dentro de un proceso más general. Porque el Gobierno del Presidente Frei está empeñado en que exista una mejor manera de actuar de los órganos competentes. Por ejemplo, en un proyecto enviado al Parlamento se incrementan las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y se establece que las autoridades de Gobierno deberán contestar, dentro de un plazo máximo de 30 días, los oficios que enviemos los Parlamentarios, lo cual generalmente no ocurre. Igualmente, hemos sabido que se propone suprimir la diferencia entre Legislatura Ordinaria y Extraordinaria, con el objeto de que Senadores y Diputados podamos discutir en cualquier tiempo las iniciativas originadas en el Congreso.
Esa es la línea que el Gobierno ha señalado. Y ocurre que mis estimados amigos de la Oposición han anunciado su propósito de votar en contra de la idea de legislar, en estas materias, que corresponden a reformas constitucionales que deberá analizar la Cámara de Diputados en su momento. Así como han reflexionado sobre el tema del Presupuesto, yo los insto, modestamente, a que rectifiquen también su posición acerca de ese punto, porque ahí sí que encuentro coherencia a las propuestas que he visto en la prensa y de las cuales he sido informado por mi colega el Honorable señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente, deseo destacar, además, que en este debate ha quedado de manifiesto, por suerte, que no estamos ante un Estado monstruoso; es un Estado que ha quedado reducido. El Honorable señor Larraín se refirió a las pérdidas por 800 millones de dólares a causa de malos negocios o problemas de rentabilidad en las empresas públicas. Es una cifra muy alta. El señor Senador debería acompañar -estoy seguro que lo hará- los antecedentes pertinentes para estudiarlos, porque se trata de un tema preocupante. A mí me preocupa. Aunque 800 millones de dólares representan un tercio de los 2 mil 400 millones de dólares que la Contraloría dice que el país perdió por las privatizaciones del Gobierno dictatorial, me preocupan. Si hay un organismo tan serio como la Contraloría, me gustaría saber lo que dice respecto del elemento indicado.

El señor LARRAÍN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor HORMAZÁBAL.- En cuanto termine...

El señor LARRAÍN.- Puedo darle inmediatamente las referencias del estudio a que aludí...

El señor HORMAZÁBAL.- Más adelante, señor Presidente, porque mi colega tuvo mucho tiempo y no alcancé a escucharlo...

El señor LARRAÍN.- ¡Gracias por su interrupción, Senador señor Hormazábal, y por su generosidad...!

El señor HORMAZÁBAL.- Pero ya garanticé que Su Señoría nos va a entregar los antecedentes. Me gustaría que consultara a la Contraloría y viera los 2 mil 400 millones de dólares...

El señor LARRAÍN.- ¡Eso lo voy a garantizar yo, no usted!

El señor HORMAZÁBAL.- ¡Por favor!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Evitemos los diálogos.

El señor HORMAZÁBAL.- En cuanto a otras materias, señor Presidente, no quisiera extenderme. Sólo deseo precisar de nuevo lo siguiente. Por un lado, se ha pedido que el Gobierno controle los gastos, pero, por el otro, veo a estimados colegas de la Oposición que, a veces junto con muchos de nosotros, piden que se gaste más. Y nos hemos preocupado de que haya más gasto en algunos rubros. Por ejemplo, en salud.
El Honorable señor Piñera argumentó en varias ocasiones sobre un informe de productividad del Ministerio de Salud. Creo que ese informe adolece de notorias imperfecciones. El Gobierno ha recibido opiniones distintas, como la del Colegio Médico, y ha tenido un espíritu a tal punto abierto para recoger esas experiencias, que ha decidido sacar del debate ese informe de productividad. Comprendo que algunos economistas tengan ciertas desviaciones, pero el hecho de que una operación en una región olvidada, que antes se realizaba sólo con un médico-cirujano y una auxiliar de enfermería especializada en anestesia, se efectúe hoy con un médico-cirujano especialista y otro anestesiólogo, significa un mejoramiento en la calidad de la prestación. Y como en salud no se puede medir la producción de papas, de botellas u otras, quiero manifestar una sabia y legítima discrepancia sobre la materia, incluso con el informe y algunos técnicos del Ministerio de Salud.
Finalmente, señor Presidente, no deseo contradecirme, así que estoy ansioso por escuchar al señor Ministro de Hacienda. Sólo espero haber contribuido a explicar por qué uno debate a veces algunas cosas. Escucharé atentamente las opiniones que tan versado personero del Gobierno nos entregará.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Consulto al señor Ministro si desea hacer uso de la palabra ahora o al final de la votación.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Si lo tiene a bien, señor Presidente, intervendré al final.


El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Muy bien.
Al comienzo, se acordó poner término a este espacio de discusión a las 18:45; posteriormente, se extendió hasta las 19. Sin embargo, ya son las 20:13.
--Se aprueban todos los artículos y partidas que no han sido objeto de indicaciones.


El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar las indicaciones, que obran en poder de la Mesa, recaídas en artículos y partidas del Presupuesto Nacional.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La primera indicación, suscrita por Su Excelencia el Vicepresidente de la República, alude a las Partidas Congreso Nacional y Tesoro Público y dice lo siguiente:
"a) PARTIDA 02 CONGRESO NACIONAL
"Capítulo 01 Senado. Programa 01:
"Incrementar en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 130.147 miles e igualmente en su ítem 91.
"Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y, Servicios de Consumo en $130.147 miles.
"b) PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO, Capítulo 01 Fisco:
"En el programa 03 Operaciones Complementarias, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 130.147 miles.
"En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 52.001 Senado, en $ 130.147 miles.
"c) Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.".
--Se aprueba la primera indicación del Ejecutivo.
-------------------

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, solicito que se autorice a la Comisión de Hacienda para sesionar simultáneamente con la Sala sólo con el objeto de constituirse y suspender la sesión, por cuanto está citada para estudiar el proyecto que otorga reajuste a los funcionarios del sector público, que mañana debe tratarse en este Hemiciclo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Lamentablemente, en la iniciativa en debate hay artículos que para su aprobación requieren quórum especial.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Puede usar de la palabra, Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Hacienda estaría de acuerdo en lo solicitado, siempre y cuando el Honorable señor Andrés Zaldívar no invoque, una vez más, mi ausencia durante la discusión del proyecto relativo al Presupuesto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Veamos primero si el señor Senador asiste a la Comisión.
--Se accede a lo solicitado.
------------------------

El señor LAGOS (Prosecretario).- Segunda indicación suscrita por Su Excelencia el Vicepresidente de la República: recae en la Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores; Capítulo 01, Secretaría y Administración General y Servicio Exterior, Programa 01, y sustituye el texto de la letra B) de la glosa 03, por el siguiente:
"Gastos reservados con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. El monto de estos gastos se fijará por Decreto Supremo, el que llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.".
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
La tiene la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, en virtud de esta indicación se sustituye una glosa aprobada unánimemente por la Tercera Subcomisión de Presupuestos.
¿Cuál fue el criterio de este organismo? Aquí se pretende autorizar gastos reservados al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual aprobó la Subcomisión después de conocer aquellos que podría efectuar con esos recursos. Estamos en presencia de fondos fiscales, que deben emplearse sólo en fines públicos, y únicamente se autoriza de manera excepcional utilizarlos en forma reservada, debiendo rendirse cuenta de ellos también reservadamente.
¿Cuál fue el planteamiento de la Subcomisión? Que, por tratarse de recursos públicos, se determinara el monto de gastos afecto a esta condición tan excepcional. Esa información fue proporcionada por el Ministerio e incluso, a fin de evitar rigideces sobre el particular, se estableció que mediante decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la firma del titular de Hacienda se podría duplicar el monto de tales recursos si son en moneda nacional, y aumentar hasta en 50 por ciento si se expresan en moneda extranjera.
Señor Presidente, si hablamos de moneda nacional, las cantidades son relativamente discretas, 2 millones de pesos; pero en el caso de moneda extranjera éstas superan el millón de dólares. De modo que, reitero, la Tercera Subcomisión de Hacienda -presidida por el Diputado señor Sabag- aprobó por unanimidad una glosa, con una cantidad acotada, del siguiente tenor:
"Gastos reservados, hasta la cantidad de $ 2.180 miles y de US$ 1.204 miles, con la obligación de rendir cuenta en forma global y reservada al Contralor General de la República. Por decreto supremo, el que deberá llevar, además, la firma del Ministro de Hacienda, se podrá aumentar hasta en un 100% la cantidad indicada en moneda nacional y hasta en un 50% la suma expresada en moneda extranjera.".
Ahora, en virtud de esta indicación, toda la suma de gastos reservados se fijará por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que llevará además la firma del Ministro de Hacienda.
Señor Presidente, esto me parece absolutamente inconveniente y reñido con el sano manejo de los recursos públicos.
He dicho.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra l señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, mediante esta indicación estamos reponiendo lo que figuraba en el proyecto original del Ejecutivo.
Lo tradicional en esta materia ha sido que sólo en dos Ministerios -el de Relaciones Exteriores y el de Defensa Nacional- el monto de los gastos reservados para cada ejercicio se fija por decreto supremo suscrito por el Ministro de Hacienda y el de Relaciones Exteriores o el de Defensa Nacional, según el caso. O sea, esto se produce únicamente en las dos Secretarías de Estado mencionadas. En las demás, en la glosa respectiva se estipula el monto de los gastos a rendir cuenta en forma global y reservada.
Nos parece que en esta materia no corresponde limitar al Presidente de la República en cuanto a determinar la cantidad de gastos que estime necesario realizar con este tipo de rendición de cuentas reservadas, ni en el campo de las relaciones internacionales ni en el de la defensa nacional. Por eso se ha insistido en la norma reponiendo la glosa original del proyecto que - como dije - es la que tradicionalmente ha existido en los gastos de estos Ministerios.
El señor HAMILTON.- Votemos, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Terminado el debate.
En votación la segunda indicación del Ejecutivo.
-- Se aprueba la segunda indicación del Ejecutivo (25 votos contra 5 y 4 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Calderón, Díaz, Errázuriz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Siebert, Sinclair, Thayer, Valdés y Zaldívar (don Andrés),
Votaron por la negativa los señores Feliú, Larraín, Otero, Piñera y Prat.
No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Mc-Intyre, Romero y Zaldívar (don Adolfo).
El señor LAGOS (Prosecretario). - La tercera indicación, también del Ejecutivo, es del siguiente tenor:
"a) PARTIDA 08 MINISTERIO DE HACIENDA
"Capítulo 08 Superintendencia de Valores y Seguros, Programa 01 :
"Incrementar en el Subtítulo 09 el Aporte Fiscal, en $ 157.343 miles e igualmente en su ítem 91.
"Subtítulo 25:
"Incrementar en el ítem "31.003 Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos", en $ 157.343 miles.
"b) PARTIDA 21 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN
"Capítulo 06 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Programa 01:
"Glosa 02
"En su letra A) Dotación máxima de personal, sustituir "88" por "96".
"En su letra C) Convenios con personas naturales, sustituir la cantidad de "38.489" por "11.955".
"c) PARTIDA 50 TESORO PÚBLICO, Capítulo 01 Fisco:
"En el programa 03 Operaciones Complementarías, Subtítulo 25, reducir el ítem 33.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos en $ 157.343 miles.
"En el programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo 80, incrementar el ítem 58.008 Superintendencia de Valores y Seguros, en $ 157.343 miles.
"d) Como consecuencia de esta indicación cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.".
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en verdad, sería útil escuchar del Gobierno la explicación de por qué se incrementan algunas partidas. Hay un ítem que hemos analizado y estudiado en diversas ocasiones en el Parlamento -me refiero a la "Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos"-, y estamos plenamente de acuerdo en que se aumente. Pero me gustaría saber a qué obedece la reducción del ítem "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida 50, Tesoro Público. A primera vista parece muy significativa: 157 mil 343 millones de pesos. Pero proporcionalmente al monto total es más bien insignificante. Estamos hablando de una reducción del orden de los 4 millones en una Partida de alrededor de 800 millones de pesos.
Entonces, solicito que se señale por qué se modifican éste y los demás ítem mencionados, a fin de votar con alguna información.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, la primera parte de la indicación, recogiendo un planteamiento de varios señores Diputados y Senadores durante la discusión previa del proyecto, establece un aporte adicional a los cuerpos de bomberos en virtud del cual el monto del total asignado a éstos ascenderá a 2 mil millones de pesos.
Durante el debate se han hecho varias referencias a los aumentos del gasto público. Pues bien, éste es uno de ellos, porque el Presupuesto de 1990 contempló 1 mil 90 millones de pesos, en moneda comparable a los 2 mil millones que dispone el de 1995. Esos recursos se obtienen con cargo a la Provisión de Financiamientos Comprometidos.
A su vez, la segunda parte de la indicación se refiere al presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, capítulo que se incrementó también en respuesta a una petición que se nos formuló en la última sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en orden a que se revisara la dotación máxima de personal de dicha entidad, que se estimaba insuficiente para las tareas que estaba asumiendo. De esa manera, se incorporan 8 cargos adicionales, y se reducen en un monto equivalente los recursos para contratación por la vía de convenios con personas naturales.
Tal es el contenido de la indicación, señor Presidente.
--Por unanimidad, se aprueba la indicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).- En seguida, hay otra indicación del Ejecutivo y propone modificar la Partida 09, Ministerio de Educación, en el siguiente sentido:
"Capítulo 08 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Programa 01:
"Para sustituir la glosa 11 por la siguiente:
"Los recursos asignados al proyecto sólo podrán ser transferidos una vez cumplidos los trámites legales a que deban someterse los instrumentos representativos del referido proyecto.
"CONICYT no podrá delegar su representación ante el Consejo del Proyecto Gemini, ni ante cualquier órgano dependiente de éste, de la agencia ejecutiva o de la institución administradora de dicho Proyecto.
"CONICYT dará acceso a los astrónomos chilenos al tiempo de observación de que disponga en los observatorios Gemini Norte y Gemini Sur, mediante concursos que les garanticen condiciones equitativas e igualitarias. Además, instará por el acceso a otros tiempos que el Proyecto Gemini pueda reservar a la astronomía chilena, en igualdad de condiciones para todas las instituciones nacionales.
"CONICYT procurará que las contrataciones para la construcción de equipos para el Proyecto Gemini que se hagan dentro del país, sean efectuadas previa licitación pública.".
El señor ÚÑEZ (Vicepresidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, durante el debate de esta enmienda en la Comisión Mixta Especial, varios Senadores nos opusimos a ella. Finalmente, se acordó aprobarla con la condición de que se incluyera una glosa que dijera que el proyecto quedaría sujeto al estudio de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que constituía un virtual tratado.
Ahora, no tengo nada en contra de la indicación, que me parece bastante lógica. Pero en ninguna parte se señala que la iniciativa deberá ser ratificada por el Senado. En rigor, se trata de un convenio celebrado el 28 de octubre de 1993 por Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Brasil, Argentina y Chile. Involucra un gasto de 200 millones de dólares. Cabe hacer notar que es la primera vez que nuestro país debe aportar plata para un observatorio.
Además, parte de las inversiones se realiza en Hawai.
Tengo en mis manos un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 27 de septiembre de 1994, que señala: "Al respecto, tengo el honor de informar a V.E. que esta Secretaría de Estado carece de toda información oficial sobre el particular" -acerca del tratado- "no habiendo sido requerida la intervención de este Ministerio durante la negociación, la suscripción o la ratificación legislativa de los acuerdos correspondientes.". En ocasiones anteriores -hay referencias bien claras-, estas materias se han resuelto mediante Tratados, como el caso de ESO, suscrito en 1964 durante el Gobierno del Presidente don Jorge Alessandri. Existen también otros acuerdos complementarios sobre el mismo, que fueron firmados en tal condición.
Por estas razones -insisto-, si no se incluye una glosa en los términos señalados, yo no aprobaré esta indicación, pues implica comprometer recursos fiscales por más de 8 millones de dólares.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, CONICYT es un organismo estatal, cuyas funciones son muy determinadas y no le permiten, desde luego, entrar en negociaciones con entes externos de carácter público para construir observatorios. No obstante ello, ha llegado a un acuerdo con otros entes de naturaleza similar, en virtud del cual se ha comprometido a construir un observatorio en nuestro país y, a su vez, a contribuir para hacer otro en Hawai. En razón de ese compromiso, el Gobierno de Chile deberá disponer recursos por un monto equivalente a 8 millones de dólares, a fin de efectuar esa obra, más 500 mil dólares anuales para la mantención del observatorio.
He analizado los antecedentes con motivo del estudio de la Ley de Presupuestos; y, en mi opinión, esta materia debería ser propia de un tratado internacional, donde el Presidente de la República asuma la obligación de realizar dicho gasto por parte del Gobierno de Chile, porque, conforme al número 8) de la Constitución Política, para comprometer recursos fiscales por parte del Estado o de un organismo integrante de éste, como CONICYT, se requiere la aprobación de una ley o de un tratado que surta los efectos de ésta.
En consecuencia, dado que las negociaciones de CONICYT relativas al proyecto hallan muy avanzadas, para asignarle recursos es preciso que esta materia se regularice a través de un tratado firmado por el Primer Mandatario. De todas maneras es tarde y constituye, a mi juicio, una situación irregular, pero es la única forma de sanearla.
Por esa razón, en la Comisión Mixta de Presupuestos se aprobó una glosa que señala: "Los montos de los recursos asignados al proyecto con cargo a este ítem, sólo podrán liberarse previa aprobación por el Congreso Nacional de los instrumentos representativos del proyecto, en conformidad con el artículo 50 N° 1 de la Constitución Política del Estado.".
Quiero, además, recordar que la Subcomisión Especial de Presupuestos, que estudió las Partidas correspondientes al Ministerio de Educación, tuvo dudas de constitucionalidad sobre el particular y consultó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, la cual, con el acuerdo de la mayoría de sus integrantes, estableció que realmente esta materia, que compromete el crédito del Fisco de Chile, debía ser aprobada por un tratado y que éste, a su vez, fuese ratificado por el Congreso Nacional.
En virtud de lo anterior, al eliminar en la glosa lo relativo a que el proyecto debe ser aprobado como tratado y, además, al sustituir la glosa ya aprobada por la Comisión Mixta, queda en claro que esto no requiere dicho trámite. Por lo tanto, la primera parte de la glosa propuesta por el Ejecutivo, conforme a la cual "Los recursos asignados al proyecto sólo podrán ser transferidos una vez cumplidos los trámites legales a que deban someterse los instrumentos representativos del referido proyecto.", en verdad, no dice nada. Muy por el contrario, como se cambia aquella parte que alude específicamente al N° 1) del artículo 50 de la Carta Fundamental, da, en mi opinión, un carácter equívoco a lo que se está exigiendo y, en consecuencia, no se determina lo que debería requerirse en este caso. A mi juicio, es preciso dejar la primera parte de la glosa tal como fue aprobada por la Comisión Mixta de Presupuestos, y el resto de las cláusulas podrían ser aceptables.
Por estas consideraciones, pido dividir la votación, y anuncio que votaré en contra de la primera parte.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sólo quiero ratificar lo señalado por la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra. Efectivamente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a requerimiento de una de las Subcomisiones Especiales de Presupuestos, estudió el tema y llegó a la conclusión de que para tener título en la autorización financiera que podría otorgarse a través de la Ley de Presupuestos para este proyecto, se requería previamente de un tratado internacional, y como éste no existía, mal podría dársele. De manera que la Comisión sugirió aprobar la glosa bajo la condición de que no se cursaran dichos recursos mientras no fuera aprobado por el Congreso el tratado respectivo.
En verdad, CONICYT ha estado actuando en representación del Gobierno de Chile; pero para comprometer a éste en una materia de esta naturaleza, por las características del proyecto de observatorio, se requiere de un acuerdo a nivel de tratado y, por lo tanto, someterse a la tramitación que la Constitución señala para estos instrumentos jurídicos.
En consecuencia, ratifico lo que aquí se ha señalado, porque, de lo contrario, esta asignación carecerá de título para girarse.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por los Senadores señora Feliú y señor Larraín.
El primer inciso de la indicación no es claro, y sí lo es absolutamente el hecho de que sin una ley o un tratado no es posible comprometer los recursos del Estado en la forma como hasta el momento se ha hecho en este caso.
El proyecto es muy interesante y de mucha importancia científica; pero -reitero-, no pueden comprometerse recursos estatales sin una ley o un tratado.
Por eso, pido también dividir la votación.

El señor NÚNEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, concuerdo también con lo señalado por el Honorable señor Thayer y otros Senadores en el sentido de que, si se trata de dar facilidades y exenciones a esta organización que va a construir un telescopio en Chile y a contribuir para levantar otro en Hawai, es natural que ello deba pasar por un tratado, como ocurrió con la ESO, a la cual se le otorgó un régimen especial mediante un convenio reconocido por todos los Gobiernos.
Por lo tanto, el compromiso adquirido por CONICYT o el Gobierno de Chile de contribuir con casi 9 millones de dólares a la construcción de un observatorio en nuestro país y otro en Hawai, no puede llevarse a cabo sin una autorización legal de un tratado. Y por eso, a mi juicio, lo dicho aquí es efectivo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa sugiere, por las expresiones aquí vertidas, y si no hay opinión en contrario, dejar constancia de que estos fondos serán girados sólo en la medida en que el Gobierno envíe el respectivo tratado al Congreso Nacional.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, eso dice la glosa aprobada por la Comisión Mixta de Presupuestos.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Así es, Su Señoría. Por eso, lo estoy proponiendo.
Tiene la palabra l señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, durante la discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos hubo diversas opiniones en cuanto a si correspondía someter esta materia a un tratado o no. Y nos dimos cuenta que ello era discutible. Por eso se dejó establecida la glosa en los términos en que se señala, esto es, que deben cumplirse los trámites legales que correspondan para este tipo de instrumentos. Por lo tanto, puede ser un tratado, si es que la naturaleza del convenio tiene ese alcance.
No tenemos una opinión definitiva respecto de si debe ser o no un tratado. Por eso, la glosa está establecida en términos de dejar abierta la posibilidad para tal efecto. Y si corresponde suscribir un tratado al respecto antes de transferir los recursos -como se señala en ella-, debe ser sometido al Congreso; de los contrario, sería innecesario.

El señor ÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, creo que el tema es particularmente relevante.
He tenido oportunidad de conocer personalmente a quienes administran el observatorio de Cerro Tololo, que se encuentra en mi Región. Se trata de personas que trabajan en forma muy seria y responsable. Incluso en el conflicto con la European Southern Observatory, que ha sido un tema discutible, se advirtió un contraste en las actitudes asumidas. De manera que aquí no estamos tratando de dar una opinión sobre si se administra bien o no -la gente estima que se ha procedido extraordinariamente bien-, sino de saber cuál es la procedencia de algo semejante.
Algunos estimados colegas -cuya opinión merece fe- sostuvieron que estaríamos frente a una materia respecto de la cual se requiere de un tratado. Y como soy muy sensible frente a estos temas, en mi opinión, la inversión en Cerro Paranal también debe ser objeto de un tratado. Pero eso no lo he oído a los señores Senadores. Sobre el particular, hemos tenido una apreciación distinta con el Honorable señor Alessandri. Por lo tanto, mediante un ejemplo, quiero señalar que éste es un tema diverso.

La señora FELIÚ.- No todos los casos son iguales.

El señor HORMAZÁBAL.- Como éste no es un caso de ese tipo y estamos discutiendo un hecho nuevo, quiero dejar establecido que en la proposición de la Cámara de Diputados se mantiene en términos adecuados el tema, porque se sostiene que se liberan los recursos una vez que se cumpla con el requisito pertinente del tratado, si se estima del caso.
Entonces, ¿el Ejecutivo está cambiando la glosa? ¿Está introduciendo una nueva?

El señor MC-INTYRE.- El Ejecutivo cambió la glosa.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, como es una materia distinta, solicito más tiempo para saber cómo pronunciarme, porque no la había estudiado en esa forma.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- El señor Director de Presupuestos dará respuesta a la inquietud de Su Señoría.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, la glosa que se aprobó en la Comisión establece en forma tajante que es un instrumento que debe tener el trámite de un tratado. En nuestra opinión, sin haber tenido posibilidad de estudiarlo jurídicamente a fondo, el asunto es discutible, según se expresó en la Comisión Mixta. Por eso, el Ejecutivo está planteando una glosa distinta, que no niega la posibilidad de un tratado; pero lo deja como una materia por definir y, en la medida en que se requiera un tratado, deberá traerse al Parlamento. Porque un convenio internacional no sólo involucra a Chile, sino al resto de los países firmantes y a organismos como CONICYT u otros, como el National Science Foundation. Esa es la diferencia.
El señor HORMAZÁBAL.- ¿Se podría difundir la glosa que propone el Ejecutivo?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, como estamos muy cerca de llegar a un acuerdo, es necesario ver las cosas claras. He estudiado el asunto. Las negociaciones se han llevado adelante sobre la base de que no se requiere de un tratado. Pero la situación se complica, porque, si de dos textos uno exige explícitamente la existencia de un tratado y el otro no, se puede entender que lo que se ha estado negociando sobre la base de que llegue a su término sin requerimiento de un convenio, fue cohonestado por esta decisión.
En mi opinión, sólo podemos votar o por la redacción que exige la firma de un tratado o por aquella que no lo exige claramente, porque todavía está sin definir el criterio del Ministerio de Hacienda. No veo para qué discutir más el asunto. Estoy convencido de que se requiere de un tratado, porque ¿cómo el Fisco va a disponer de 8 millones de dólares, más un compromiso de 500 mil dólares anuales, sin una ley o convenio que lo respalde?
El señor MC-INTYRE.- ¡Además de los problemas tributarios y de los fueros diplomáticos!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Recabaría la aprobación unánime de la Sala para reponer la glosa anterior. De lo contrario, procederíamos a votar.

La señora FELIÚ.- Hay unanimidad.

El señor MC-INTYRE.- Me parece que no hay nadie en contra.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- El informe establecía la mediación de un tratado.

El señor LARRAÍN.- ¡Estamos de acuerdo!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la primera parte de la indicación formulada por el Ejecutivo y se aprobaría el resto.
Acordado.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La siguiente indicación del Ejecutivo recae en la Partida 09, Ministerio de Educación, Capítulo 30, Educación Superior, Programa 01; y es para sustituir en la Glosa 01, letra C), el párrafo final por el siguiente:
"Por aplicación de este mecanismo, a lo menos $ 1.271.846 miles se destinarán para reforzar la infraestructura académica o de gestión de las universidades derivadas de las existentes al 31 de diciembre de 1980 y de aquellas universidades regionales no beneficiadas con ingresos provenientes de la aplicación de leyes especiales.".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se daría por aprobada.
Acordado.

El señor MC-INTYRE.- ¿Qué número tiene la indicación, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Como al parecer los señores Senadores están un tanto distraídos, para los efectos de orientar el debate o eventualmente la votación, el señor Secretario dará una explicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La indicación aprobada se refiere al Ministerio de Educación, y su texto es del tenor al que ya se dio lectura.
A continuación, el Honorable señor Piñera ha formulado dos indicaciones, la primera de las cuales es para sustituir en la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 01, en la dotación máxima de vehículos, el número "14" por "6".
La segunda es para disminuir en la letra C) de la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 02, el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional de la cifra "Miles de $ 50.600" a "Miles $ 48.400."

El señor PIÑERA.- ¡Correcto!

El señor RUIZ (don José).- ¿Qué significa eso, señor Presidente?

El señor LAGOS (Prosecretario).- En realidad el guarismo es 17 y no 14.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En todo caso, cualquiera que sea el número, el señor Senador propone rebajarlo a 6.

El señor PIÑERA.- Efectivamente, señor Presidente. Di cifras sobre el incremento de una serie de ítem, entre ellos vehículos, gastos extraordinarios, horas extraordinarias, viáticos, etcétera. Este conjunto de indicaciones apunta a reducir aquellos incrementos que, en nuestra opinión, no están fundamentados ni justificados.

El señor ALESSANDRI.- ¿Quién usa los automóviles?
El señor RUIZ (don José).- Se usan en lo mismo en que los empleamos nosotros: para trabajar.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Veamos, entonces, las indicaciones que tienen los números 5 y 6 de las presentadas por el Senador señor Piñera.
No iniciemos todavía el debate. Escuchemos al señor Secretario, quien dará lectura al otro número, que corresponde a la misma partida, tocante a los viáticos del Ministerio de Justicia.

El señor LAGOS (Prosecretario).- El N° 6 de la indicación presentada está referido a la Partida 10, Capítulo 02, Programa 01, Glosa 02, y es para disminuir en la letra c) el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $ 50.600" a "Miles de $ 48.400".

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En consecuencia, procederemos a votar esos dos números de la indicación presentada por el Senador señor Piñera, pues se refiere al mismo Ministerio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Al Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Presidente.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, para conocer el alcance de este número pido que se precise esto. Porque las cifras a las cuales se halla referida la indicación no coinciden con los datos que aparecen en el proyecto.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra El señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Debo hacer presente a Sus Señorías que ya se aclaró que en el número 5 de la indicación, el primer guarismo que se sustituye, donde aparece "14" por "6", debe decir "17" por "6"; los demás están correctos.

La señora FELIÚ.- ¿A qué corresponde esto, señor Presidente? Porque no nos han dado información al respecto, y, además, no disponemos de los cuadernillos.
El señor LAGOS (Prosecretario).- Corresponde al Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación, señora Senadora.

El señor HORMAZÁBAL.- Señor Presidente, ¿por qué no concede la palabra al Honorable señor Piñera para que nos explique de qué se trata esto?

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, estamos sin el cuadernillo, y no contamos con ningún elemento de juicio para seguir la discusión. Entonces, nos encontramos actuando absolutamente a ciegas.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, es muy simple esto. Hay una indicación con un conjunto de siete números que apunta esencialmente a no permitir incrementos que, en opinión de nuestros Parlamentarios que participaron en las respectivas Subcomisiones de Presupuestos, no fueron fundamentados y se estiman innecesarios.
Quiero recordar, desde un punto de vista agregado, cifras que ya señalé a la Sala respecto al incremento de casi 400 por ciento en las partidas de horas extraordinarias y cifras equivalentes en lo tocante a viáticos y vehículos.
La indicación es el resultado del trabajo de distintas personas en las respectivas Subcomisiones de Presupuestos. Y seis de estos siete números se presentaron en la Cámara de Diputados.
Ahora, naturalmente, podría preguntarle al señor Director de Presupuestos por qué incrementa de 6 a 17 la dotación máxima de vehículos en una determinada partida, capítulo, programa, glosa, o por qué incrementa de esa forma los viáticos en el territorio nacional, cuando éstos han crecido en los últimos cuatro años en cerca del 400 por ciento.
Esta materia se discutió en la respectiva Subcomisión de Presupuesto. Y a nuestro juicio, esto no fue fundamentado. De manera que creemos que la única forma de ponerle atajo a esta situación, y de que esta cifra de 400 por ciento no se convierta en 500 por ciento en un año más, es colocando el peso de la prueba en quien quiere incrementar el gasto, y no al revés.
He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¡Votemos, señor Presidente!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa estima conveniente proceder con la votación en forma separada de estos números, Ministerio por Ministerio, pues así avanzaremos más rápido, sin necesidad de un debate tan extenso.
Ahora, lamento que algunos señores Senadores hayan manifestado que no disponen del material suficiente como para seguir el debate, cuestión que procuraremos solucionar de inmediato.

El señor HAMILTON.- ¡Vetémoslas todas juntas, señor Presidente!
El señor LAGOS (Prosecretario).- Se ponen en votación los números 5 y 6 de la indicación presentada, recaídos en la partida 10, Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, también patrociné la indicación.
En consecuencia, voto que sí.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, no dispongo de suficiente información. Así que me abstengo.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, lamento profundamente que no se haya podido explicar esto, ni siquiera por representantes del Gobierno. Porque aquí fundamentalmente se trata de dotar de los implementos necesarios, entre ellos de vehículos, a las oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación que se están creando.
Y, por lo tanto, pienso que cuando se pide mayor eficiencia al aparato del Estado, también es necesario proporcionarle los medios para ello. De manera que -repito-, por un lado, se exige al Estado, y por el otro, se le niegan los recursos.
Voto que no.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechazan los N°s. 5 y 6 de la indicación (16 votos contra 9, 2 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Huerta, Lagos, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Sinclair, Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Feliú, Fernández, Larraín, Martin, Otero, Piñera y Siebert.
Se abstuvieron de votar los señores Errázuriz y Mc-Intyre.
No votaron, por estar pareados, los señores Hamilton y Larre.
El señor LAGOS (Prosecretario). - En seguida, corresponde votar el número 7 de la indicación.
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente). - Si le parece a la Sala, rechazaremos este número con la misma votación anterior.
El señor CANTUARIAS. - ¡Veamos de qué se trata, por lo menos, señor Presidente!

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LAGOS (Prosecretario). - El número 7 de la indicación se refiere a la partida 15, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, capítulo 05, programa 01, glosa 02, y es para disminuir en la letra b) el monto de autorización máximo para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $60.780" a "Miles de $ 50.519".
El señor NÚÑEZ (Vicepresidente). - Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación anterior el número 7 de la indicación presentada por los Honorables señores Piñera y Larraín.
--Se rechaza el número 7 de la indicación (16 votos contra 9, 2 abstenciones y 2 pareos).

El señor LAGOS (Prosecretario).- Los restantes números de esta indicación - 1, 2, 3 y 4 - formulada por el Senador señor Piñera se refieren a la Partida 21, correspondiente al Ministerio de Planificación y Cooperación.

El señor RUIZ (don José).- Que se les dé el mismo destino que el anterior, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Se trata de saber exactamente a qué se refieren.
En discusión los números mencionados.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.- Efectivamente, estos cuatro números dicen relación al MIDEPLAN, cuya función, como su nombre lo indica claramente, es la de planificación. Es la repartición que presenta los mayores incrementos en materia de vehículos y viáticos en sus distintos programas.
Al discutirse este tema en la Subcomisión respectiva, se dieron todos los antecedentes, pero no hubo justificación. Ahora corresponde hacerlo, pues si se propone aumentar el gasto público con los recursos de todos los contribuyentes, se debe explicar por qué; de lo contrario, seguiríamos una lógica equivocada. Ya indiqué que el crecimiento aprobado por el Congreso durante los últimos cuatro años ha sido de 400% para estos ítem. Me pregunto si ante incrementos de esta naturaleza no cabe al menos la duda de que son excesivos y que, consecuentemente, corresponde al Gobierno o a quien los propone el fundamentarlos. Pero éste es el mundo al revés. Y como no se puede justificarlos, no se debe aprobarlos. El propósito de la indicación no es rebajar gastos, sino el no permitir incrementos de ellos. Es la técnica legislativa la que obliga a proceder de esta manera, y pido a la Mesa que, de ser posible, se siga el procedimiento que señalé. Tengo a mano los antecedentes pertinentes -no los leeré, porque eso sería entrar en detalles- que indican que en la Comisión no se justificó para nada el incremento solicitado para un Ministerio que ha exhibido el mayor aumento en esos ítem en los últimos años.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos, señor Arellano.
El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, es claro que los números de la indicación en comento se refieren a dos organismos nuevos: el Servicio Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de la Juventud. Y es natural que se haya producido un incremento, porque estas reparticiones no existían y han estado en proceso de formación. En ambos casos, se observa un aumento en la dotación de vehículos, lo cual corresponde a las oficinas, que se han ido abriendo gradualmente en regiones. En el caso de los viáticos, el incremento está justificado, en parte, porque de un año a otro hay un crecimiento general de los valores de las glosas. Con todo, se propone un pequeño incremento, en términos reales, asociado al hecho de que hay nuevas actividades en las oficinas regionales que se crearán a partir de este ejercicio presupuestario.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, creo que el Honorable señor Piñera debiera recorrer, no sólo Santiago, sino también las regiones. Y perdóneme por decir esto. Conversando con algunos Honorables colegas de la que represento en el Senado, ellos se pudieron dar cuenta de que el representante del medio ambiente no tiene oficina, vehículo, secretaria ni cosa alguna.

El señor CANTUARIAS.- ¿El representante del medio ambiente?

El señor DÍAZ.- Exactamente.

El señor ERRÁZURIZ.- ¡Tampoco tiene medio ambiente!...

El señor DÍAZ.- Hemos creado instituciones que, a su vez, son el resultado de exigencias de la modernidad y de la aplicación de tratados internacionales que ratificamos, pero no les proporcionamos los medios para que funcionen.
Si en el Presupuesto del próximo año al representante regional del medio ambiente de que se trata se le asigna un vehículo, habrá ciento por ciento de aumento en la respectiva dotación; si se le destinan dos, será el doble, y si se le proporciona oficina, ignoro cuál será el incremento.
A mi juicio, proponer este tipo de indicaciones significa ubicarse absolutamente fuera de la realidad, sin entender absolutamente nada del crecimiento lógico que experimenta el país.
Por lo tanto, solicito que esta proposición del Senador señor Piñera corra el mismo destino que la anterior, con la misma votación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, después de la explicación del Director de Presupuestos, señor Arellano, deseo pedir especialmente a quienes patrocinaron esta indicación que la retiren, porque está claro que se trata de favorecer a las mujeres y a la juventud...

El señor PIÑERA.- ¡Y a la industria automotriz!

La señora FREI (doña Carmen).- Creo que muchos de quienes la han apoyado, cuando han querido obtener el voto del elemento femenino, han hablado de la necesidad de terminar con la discriminación en su contra.
Pues bien, se creó un Ministerio para fomentar precisamente la participación, la preocupación, la información y preparación de las mujeres a fin de acceder a todas las expresiones de la vida nacional. Y, obviamente, se necesita que esa repartición disponga de medios de transporte y viáticos, de modo que esas personas puedan viajar a seguir cursos de formación. Otro tanto vale para los jóvenes.
Por ello, no se justifica una indicación que conlleve rebaja de recursos al SERNAM y al Instituto Nacional de la Juventud. Por eso, pido encarecidamente a esos señores Senadores, en nombre de las mujeres y de la juventud, que se fijen en lo que están haciendo.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, discrepo de la Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra, pues, cuando se creó el Servicio Nacional de la Mujer, quedó expresamente en claro en su ley orgánica y en la discusión parlamentaria que el trabajo de ese servicio público, al cual se atribuyó rango de Ministerio, era el de hacer de enlace respecto de las demás reparticiones.
A mi juicio, el SERNAM -así lo planteé durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del año pasado- está desarrollando una función que no le corresponde. Y dentro de la que sí le compete, de enlace con los demás servicios (la razón por la cual se le dio rango ministerial fue para que estuviera en igualdad de condiciones con las restantes Secretarías de Estado e implementara a través de ellos y de otras reparticiones las políticas relativas a la participación de la mujer), expresamente se le prohibió realizar actividad directa. En esa perspectiva, dicho Servicio no debe tener aumento de dotación; es más: no debe asignársele ningún vehículo.
Se ha dicho que las personas no conocen las necesidades de las regiones. Debo hacer presente a Sus Señorías que la Comisión que analizó el Presupuesto del Poder Judicial dejó constancia unánimemente en el sentido de que se debe aumentar el número de vehículos a ese Poder del Estado, pues los jueces no pueden ir a hacer las diligencias que deben cumplir fuera de sus sedes, por carecer de ellos, viéndose en la necesidad de arrendarlos para esos efectos.
Tal es la perspectiva de la Ley de Presupuestos y de la priorización de los recursos. No deben asignarse automóviles para actividades que no han de realizarse en terreno, y sí destinarlos al Poder Judicial, que los necesita para cumplir sus diligencias.
Votaré a favor de la indicación.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, esta discusión resulta realmente lamentable, porque la mayoría de los Senadores presentes, obviamente, no sabemos qué justificación puede tener abrir esas oficinas y entregar vehículos o no hacerlo. La Dirección de Aprovisionamiento del Estado, que debiera licitarlos en el mercado, normalmente compra automóviles o camionetas "General Motors". Pero no es ése el tema.
Aquí estamos hablando de si conviene o no abrir determinada oficina. Obviamente, no lo sabemos, y mucho menos si conviene o no destinar un vehículo a ella. Realmente da pena ver cómo estamos discutiendo acerca de un conjunto de cosas que, según señaló el Honorable señor Piñera, y de ser efectivas, debiéramos votar en contra. Si no se ha podido justificar debidamente ante la Subcomisión respectiva la razón de la apertura de esas instalaciones, y si, además, como dijo la Senadora señora Feliú -y no hay razón para dudar de su veracidad-, no existe autorización para que un servicio meramente coordinador abra sucursales en todo el país, naturalmente los gastos de la burocracia crecerán en forma espectacular si el próximo año, en vez de cuatro o cinco, inaugura 45 ó 55 nuevas.
Entonces, es necesario entender la razón de un presupuesto base cero para explicar su existencia, su razón para crecer y el objetivo perseguido con el incremento. Y todo eso debe justificarse dentro de un proyecto general, que no es de corto plazo, sino de varios años, en el cual debe figurar lo que se va a hacer en lo sucesivo, como también los propósitos que se desean lograr, a fin de poder, desde luego, medir los resultados. Nada de eso se hace, y se discute si se compra o no una camioneta, lo que resulta realmente grotesco.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo señalar que, luego de oír las explicaciones y argumentaciones para retirar esta indicación que patrociné, me siento reafirmado en ella, porque considero sumamente peligroso que, al final, el criterio para justificar un incremento presupuestario sea el hecho de que se trata de una repartición que está naciendo, porque ése es un anuncio de que año tras año esa institución, que ya se ha cuadruplicado -¡cuadruplicado!- desde que se creó, va a seguir creciendo indefinidamente, y habrá pretexto para continuar el desarrollo de una organización como ésta, o como otras parecidas, en forma ilimitada. Me parece un muy mal criterio para discutir materias de esta naturaleza.
Siento igualmente discrepar de la interpretación consistente en que, por estar en contra del mencionado incremento, no se quiere favorecer a la mujer. No creo...

La señora FREI (doña Carmen).- ¿Me concede una pequeña interrupción, Honorable señor Larraín?

El señor LARRAÍN.- Por cierto, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- A mi juicio, todos estamos tratando de que se modernice el aparato del Estado, y eso significa crear mayores posibilidades de que a las Regiones, a las pequeñas localidades, accedan todos los Ministerios y todas las personas que trabajan en distintos temas. Obviamente, a las mujeres de Calama, de Tocopilla, les interesa que vaya la señora que está en SERNAM, para que vea sus realidades y pueda implementar políticas que correspondan a ellas. Y la señora que es representante del Ministerio, y que, según la Senadora señora Feliú, tiene que ver solamente con las políticas, ¿cómo va a presentar estas políticas si no conoce la realidad de su Región? Para ir a Calama, o a otras partes, necesita medios de locomoción.

El señor VALDÉS (Presidente).- Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que esa explicación no resulta satisfactoria, ya que el modernizar los servicios públicos implica una racionalización en su funcionamiento. Esta última no significa dotarlos de mayor cantidad de medios, de aparatos, de equipamiento, de cosas, porque eso no va a traer sino un incremento en los gastos, indefinidamente.

El señor CALDERÓN.- ¿Me permite, señor Senador?

El señor LARRAÍN.- Una de las consecuencias que debería acarrear un proceso de modernización del Estado es la reducción no sólo de la burocracia, sino, además, de los implementos, debido a los conceptos que tiene hoy día el desarrollo moderno de toda actividad productiva empresarial, sea privada o sea pública.

El señor CALDERÓN.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor LARRAÍN.- Perdón. Prefiero terminar la idea.
Por lo tanto, no me parece que tenga sentido el aumento que aquí se ha solicitado. Por el contrario, creo que lo responsable es no otorgarlo, porque de otro modo vamos a llegar a un presupuesto que siempre habrá justificación para incrementar, no solamente por el desarrollo vegetativo, sino, adicionalmente, en razón de que está en crecimiento una institución que no tiene mucha antigüedad.
Opino que esto carece de justificación, y que la racionalización de la Administración Pública obliga a mantener en una tendencia más bien decreciente el aparato burocrático, en lugar de aumentarlo.
He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, esta discusión, en detalle, se realizó ya en las Subcomisiones. Allí se fundamentó cada uno de estos puntos. Por eso, creo que la discusión que se está desarrollando es improcedente. Aquí, en la Sala, deben tratarse los aspectos más generales del Presupuesto.
Se ha sostenido que el Gobierno no proporcionó la justificación pertinente. Eso no es así. Cada persona que tiene experiencia en el trabajo de las Subcomisiones sabe que allí es donde se entregan los antecedentes.
El señor GAZMURI.- Votemos, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sólo deseo ratificar el criterio del Senador señor Calderón. A mi parecer, no podemos actuar aquí con un doble foco: a veces, argumentando la falta de antecedentes más completos para evaluar una partida detallada, y otras, pronunciándose como si todos los antecedentes habilitaran para proponer un rechazo. Lo uno o lo otro.
En particular, estas materias han sido discutidas en detalle en las Subcomisiones, y fueron aprobadas tanto en ellas como en la Comisión Especial Mixta. Recuerdo el caso de uno de los señores Ministros que vino a fundamentar y que permaneció aquí muchas horas explicando y justificando diversos aspectos.
Otro comentario que agregaría se refiere a la conveniencia de que no se haga una extrapolación al infinito, a años sucesivos, de cosas que todavía no ocurren, sino que, en cambio, se discuta el gasto en mérito de lo que se plantea.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, un alcance sobre lo que estaba diciendo el señor Ministro: no me parece que el hecho de que un asunto se haya discutido en la Subcomisión sea impedimento para que expongamos en la Sala nuestros argumentos a su respecto. Ello, porque hay muchos Senadores que no participamos en el trabajo de Subcomisiones.

El señor RUIZ (don José).- ¡Señor Presidente, otros Senadores estamos pidiendo la palabra!
El señor LARRAÍN.- Y solamente se están debatiendo en la Sala aquellas indicaciones que se están renovando o presentando; ésas sí exigen discusión, la que no se puede impedir.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, los Senadores que vivimos en Regiones de gran extensión conocemos los problemas que enfrentan los funcionarios para salir a terreno. Hay servicios que no pueden enviar gente a terreno porque se les agotó el presupuesto para viáticos; los hay cuyo impedimento es carecer de vehículos. Es algo que estamos viendo a diario en las Regiones. Entonces, lo que se está planteando hoy día es sólo una manera de obstaculizar la entrega de recursos y de medios para que el Estado cumpla con la función que le corresponde.
Por lo tanto, exigir que aquí se repita todo el trabajo que se realizó en las Subcomisiones durante días y noches de discusión, me parece una exageración. Hay que dejar en claro que no se está haciendo otra cosa que poner escollos al despacho del proyecto e impedir que el Estado cumpla las funciones que le asignan la ley y la Constitución Política.

El señor DÍAZ.- ¡Votemos, señor Presidente!
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, el debate se encuentra agotado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, en verdad, esta discusión es insólita. Porque me gustaría que se recordara lo que nos dijeron el Ejecutivo y la señora funcionaría que terminó siendo Directora del SERNAM, cuando se creó este Servicio.
Se afirmó, tal como lo recordó la Senadora señora Feliú, que esa institución actuaría a través de los Ministerios; que no tendría oficinas regionales, porque utilizaría distintas Secretarías de Estado -Trabajo, Educación, Justicia- para operar. Pero eso es lo que se declara cuando se aprueba la creación de organismos.
Desde entonces, SERNAM ha tenido un incremento en personal, en gastos, en viáticos, en vehículos, y se ha transformado en algo muy distinto de aquello que se fundamentó al crearlo. En consecuencia, o fuimos entonces mal informados, o hubo una falta de previsión.
Pero el Senado debe saber lo siguiente: para 1995, en los dos ítem que estamos discutiendo, se está incrementando el presupuesto, en lo que se refiere a viáticos, en 110 por ciento para el SERNAM y en 102 por ciento para el Instituto Nacional de la Juventud. Esto fue discutido en la Subcomisión, y, efectivamente, se aprobó, porque la Concertación, que contaba con suficientes votos, en la práctica no ha rechazado ni un solo peso de los aumentos de gastos propuestos por el Gobierno. Sigue una de dos alternativas: o está de acuerdo con todo, o, sencillamente, ratifica la totalidad de lo que propone el Ejecutivo.
Y hay algo más que será útil conocer. En el Instituto Nacional de la Juventud existe un vehículo por cada cinco personas; en la Administración Pública, uno por cada veinticinco personas. En esta materia existe una desproporción total por donde se la mire.
Cuando uno ve estos indicadores, y sigue aumentando el número de vehículos -no puedo hablar en nombre de las mujeres, pero sí, siendo el Senador más joven de la Sala, puedo hacerlo en nombre de la juventud-...

El señor MATTA.- ¡Por favor...!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Cómo! El señor Senador necesita mirar el carné.

El señor GAZMURI.- ¡No se exceda, señor Senador!

El señor PIÑERA.- Lo siento mucho, pero ése es un privilegio que me da el carné de identidad, señor Presidente,...

El señor GAZMURI.- ¡Una vez más se excede Su Señoría!

El señor PIÑERA.- ... y al cual no voy a renunciar, aunque así me lo pida el Senador señor Gazmuri.

El señor FERNÁNDEZ.- ¡El menor de los varones...!

El señor DÍAZ.- ¡Se nota la falta de madurez del señor Senador...!

El señor ERRÁZURIZ.- ¡Respeten a los jóvenes, señores Senadores...!

El señor VALDÉS (Presidente).- ¡Un poco de orden en el debate, porque estamos empezando a perder el tiempo!

El señor PIÑERA.- No, señor Presidente; estoy dando antecedentes muy serios.

El señor MATTA.- ¡Está mintiendo respecto de su edad!

El señor PIÑERA.- No estoy mintiendo sobre la edad. Se puede verificar.
Espero que El señor Presidente de la Comisión de Hacienda, por su parte, no insista en un error de hecho, como lo ha cometido hoy día en otras materias.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- A ver, páseme el carné de identidad, para saber.

La señora FREI (doña Carmen).- Perdonamos la inmadurez de la juventud, señor Presidente.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, repito: 102 por ciento de aumento en viáticos del Instituto Nacional de la Juventud; 110 por ciento en el SERNAM. La institución que tiene más número de vehículos por funcionario es precisamente ésta que hoy día está pidiendo un incremento en el rubro.
En consecuencia, digamos las cosas como son: no hablemos después de sobriedad fiscal, no hablemos de presentar un presupuesto austero. Si en la práctica, en cada caso particular, basta con decir que algún funcionario necesita un vehículo, entonces, ¡entreguémosles vehículos a todos los funcionarios públicos!
La verdad es que estamos frente a un crecimiento explosivo en el ítem Vehículos, en el ítem Horas extraordinarias, en el ítem Viáticos, y a este Honorable Congreso aparentemente le preocupa muy poco el tema. Pero algunos Senadores, entre los cuales me cuento, reaccionan cuando ven estas situaciones y cuando en la Comisión respectiva ellas no se pueden fundamentar. Ahora, la cuestión específica que nos ocupa más bien es simbólica, señor Presidente, porque estamos hablando, en total, de 130 ó 140 millones de pesos. ¡No es nada! En realidad, la tarea que estamos cumpliendo los Senadores de Oposición debiera ser realizada por el Gobierno. Pero, como eso no ha ocurrido, hemos presentado las indicaciones en debate, porque, indudablemente, los números aquí son demasiado exagerados como para, simplemente, mirar al techo y aprobarlos.
He dicho.

El señor RUIZ (don José).- ¿El señor Senador estuvo en esa Subcomisión?

El señor PIÑERA.- No estuve en todas ellas, pero...

El señor RUIZ (don José).- ¿Y cómo sabe, entonces, que no se entregaron todos los antecedentes?

El señor PIÑERA.- ¿Y Su Señoría estuvo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sabe que ella tuvo lugar?
El Honorable colega parece creer que hay que estar donde ocurren los acontecimientos para saber las cosas. ¡También hay posibilidad de leer para informarse, señor Senador!

El señor RUIZ (don José).- ¡Su Señoría está entregando antecedentes según lo que le dijeron!

El señor VALDÉS (Presidente).- Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.
Se va a proceder a votar.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Se votarán los siguientes números de la indicación del Senador señor Piñera, que se refieren a materias similares:

1.- En la Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, Glosa 01, para sustituir, en dotación máxima de vehículos, el número "15" por "4".

2.- En la Partida 21, Capítulo 04, Programa 01, Glosa 02, para disminuir, en la letra c), el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $ 57.807" a "Miles de $ 27.500".

3.- En la Partida 21, Capítulo 05, Programa 01, Glosa 01, para sustituir, en dotación máxima de vehículos, el número "13" por "9".

4.- En la Partida 21, Capítulo 05, Programa 01, Glosa 02, para disminuir, en la letra c), el monto de autorización máxima para gastos en viáticos en el territorio nacional, de la cifra de "Miles de $6.318" a "Miles de $ 3.121".
El señor VALDÉS (Presidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI.- Como le encuentro toda la razón al Senador señor Piñera, voto a favor.

El señor CALDERÓN.- Como no le encuentro ninguna razón al Senador señor Piñera, voto en contra.

El señor DÍAZ.- Señor Presidente, cuando se habla de porcentajes, hay que analizar más seriamente el asunto. Por ejemplo, si el Servicio de Salud posee 5 mil vehículos y se le aumentan en 500, equivale a un incremento de 10 por ciento. Pero si el Instituto Nacional de la Juventud, que está empezando sus actividades, a lo mejor cuenta con 10 vehículos y se le asignan 5 más, significa un alza de 50 por ciento. Entonces, creo que no se pueden entregar porcentajes en forma tan ligera.
No concuerdo en absoluto con lo planteado en la indicación, dada la realidad existente en Regiones, acerca de la cual reitero la argumentación que expuse antes.
Por ello, voto que no.

La señora FELIÚ.- Señor Presidente, ratifico lo que expresé hace algunos momentos en lo que dice relación a las funciones del Servicio Nacional de la Mujer.
La ley N° 19.023, que creó el SERNAM, dispone que "es el organismo encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de planes", medidas, etcétera. Y agrega que, además, le corresponderá estudiar y solicitar de los Ministerios las políticas públicas; realizar estudios; fomentar, proponer e impulsar diversas medidas; coordinar con servicios y organismos los programas, acciones y otras medidas.
Este Servicio no tiene facultades para desarrollar acciones directas en la comunidad. Así quedó claramente establecido cuando se discutió la ley que lo rige. Por esta razón, el año pasado formulé una indicación en el mismo sentido de la que ahora nos ocupa. Me parece absolutamente injustificado elevar de 4 a 15 su dotación de vehículos, y en general el aumento que se propone.
Voto a favor de la indicación.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, creo que la experiencia de estos años, tanto del SERNAM como del Instituto Nacional de la Juventud, prueba que es necesario implementar su trabajo.
Como mujer y como joven, rechazo la indicación.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, ésta no es la oportunidad para revisar la estructura y la Administración del Estado y, en consecuencia, no debemos irnos por las ramas al fondo. En un país donde existen 21 Ministerios, obviamente que esta materia merece una discusión más profunda. Y, a mi modo de ver, es indispensable que los organismos mencionados tengan una presencia mínima en las regiones aisladas.
Rechazo la indicación.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, hay una confusión. La indicación no es en contra de las mujeres, como parece creer la señora Senadora que fundó su voto hace unos instantes. Es en contra de los autos.
Por lo demás, ninguno de esos autos va a llegar a la Undécima Región.
Voto a favor.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, sólo quiero dar una información.
El INJ aumenta de 9 a 13 sus vehículos porque cuenta con 13 oficinas a lo largo del país. La idea es que cada oficina disponga de un vehículo. Y éstos no son "Nissan", como quisiera un señor Senador, que reclama porque todos son "General Motors".
Evidentemente, los vehículos no pueden ser al gusto de los Senadores, ni de sus negocios.
Voto en contra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Terminada la votación.

El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Se la concederé inmediatamente después de que se proclame el resultado de la votación, señor Senador.
--Se rechazan los números 1, 2, 3 y 4 de la indicación (15 votos por la negativa, 10 por la afirmativa y 4 pareos).
Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Horvath, Huerta, Matta, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Feliú, Fernández, Larraín, Mc-Intyre, Otero, Piñera, Prat y Siebert.
No votaron, por estar pareados, los señores Larre, Romero, Sinclair y Zaldívar (don Adolfo).

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.- Quiero protestar, señor Presidente, porque resulta cansador escuchar a un señor Senador repetir una y otra vez la misma tontería.
Cuando planteo la necesidad de que la Dirección de Aprovisionamiento del Estado llame a licitación, es porque todas las compras que realice el sector público deben ser transparentes. Al parecer, el señor Senador no concuerda con esto.
No sé qué razón especial motiva tal desacuerdo. Pero, evidentemente, yo no he hablado de la marca "Nissan", a que él se refirió. Lo que sí dije...

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, yo no mencioné al Honorable colega.

El señor ERRÁZURIZ.- ...fue que la DAE está comprando camionetas sin llamado previo a licitación, las que normalmente son "General Motors". Por lo tanto, pienso que el señor Senador que se refirió a mi persona, por ser yo representante de "Nissan", no debiera haber actuado en esa forma. Este tipo de cosas nada aporta al debate, ni a nuestra función parlamentaria.

El señor RUIZ (don José).- ¿Quién aludió a Su Señoría?

El señor ERRÁZURIZ.- No somos tontos, señor Senador. Y, a diferencia de Su Señoría, nos preciamos de ser inteligentes y lo demostramos.
El señor RUIZ (don José).- ¡El señor Senador fue demasiado astuto al darse cuenta...!

El señor LAGOS (Prosecretario).- La siguiente indicación, formulada por el Senador señor Piñera, recae en la Partida 50, Tesoro Público, y consiste en eliminar la Glosa 01 en los Programas 02, 03 y 04 del Capítulo 01.

El señor HAMILTON.- Rechacémosla con la misma votación.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazaría con la misma votación anterior.

El señor MATTA.- De acuerdo.

El señor DÍAZ.- Muy bien. Y también las siguientes.

El señor ERRÁZURIZ.- Me opongo, señor Presidente. Pido que se vote.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación tiende a eliminar la excedibilidad de algunos gastos que son obligatorios por ley, como, por ejemplo, el reintegro simplificado a los exportadores, los pagos por jubilaciones y otros. Cuando esos gastos superan el monto contemplado en el presupuesto, se recurre a los fondos contemplados en la glosa que se intenta suprimir.

El señor VALDÉS (Presidente).- Por consiguiente, no procede la eliminación propuesta.
--Se declara inadmisible la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.- Pido la palabra.

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, es obvio que a esta indicación no puede aplicársele la misma votación anterior, como propuso recién un señor Senador democratacristiano, porque no corresponde someterla a votación si es inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene razón, Su Señoría. Y por eso la Mesa declaró su inadmisibilidad.

El señor PIÑERA.- En todo caso, señor Presidente, la glosa expresa que cuando se exceda un gasto...

El señor VALDÉS (Presidente).- Ya fue declarada inadmisible, señor Senador.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La siguiente indicación, suscrita por el Senador señor Piñera, recae en el artículo 3° del proyecto -la disposición es de quórum calificado- y tiene por finalidad eliminar la palabra "miles", con el objeto de reducir a un millón de dólares la autorización que se otorga al Primer Mandatario para los efectos que se señalan. Dice el inciso primero del artículo 3°: "Autorízase al Presidente de la República para contraer obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.".
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el señor Arellano.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, la autorización que se otorga es para los créditos que se puedan contratar durante 1995.
Cabe señalar que la política general del Gobierno apunta a reducir el endeudamiento, y así se informó a las respectivas Subcomisiones en el curso de la tramitación de la presente iniciativa. Sin embargo, algunos créditos están en proceso de negociación y requieren de dicha autorización para ser contratados el próximo año. Todos se refieren a programas en actual funcionamiento. Menciono el crédito del FNDR con el BID; el de Vialidad con el Banco Mundial; uno con el BID para el tratamiento de cuencas hidrográficas y otro con el Banco Mundial para mejorar la calidad de la educación media; también, un posible préstamo a fin de adquirir parte de los elementos que restan para la ejecución del proyecto Línea 5 del Metro.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

El señor PIÑERA.- El señor Director de Presupuestos ha dado una explicación que nada tiene que ver con la glosa respecto de la cual estoy haciendo mi planteamiento. Porque mi indicación dice: "Los recursos obtenidos a través del endeudamiento autorizado en este artículo" -y estamos de acuerdo en que se autorice- "no serán considerados como incremento de los ingresos contenidos en la Ley de Presupuestos y" -en consecuencia- "no podrán servir para financiar" gastos no contemplados en la ley.
El objetivo de esa indicación es muy simple...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
No se trata de esa indicación, sino de otra. La que Su Señoría menciona fue declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).- Efectivamente. La indicación a que alude el Honorable señor Piñera se declaró inadmisible. De modo que no puede tratarse. La que estamos analizando ahora es la décima.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, lo que he planteado en mi primera indicación es que la autorización del endeudamiento -y concordamos con ella- no puede alcanzar a gastos no permitidos por ley. Autorizamos el endeudamiento, pero consideramos que los gastos deben estar respaldados legalmente.
Por eso se dice que, en caso de que ella sea rechazada, se propone en subsidio la reducción del monto. De lo contrario, al autorizar un endeudamiento tendríamos que autorizar los gastos; por ejemplo, los que ha invocado el señor Director de Presupuestos.
En el fondo, lo que pretende la indicación es que los gastos deben estar respaldados por ley. Y la glosa deja en claro que la autorización de endeudamiento no significa que el gasto que éste va a financiar no deba estar autorizado por ley.

El señor VALDÉS (Presidente).- Teniendo en consideración lo que Su Señoría ha manifestado, como se declaró inadmisible la primera indicación, debe tratarse la que se propone en subsidio; o sea, la décima.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Precisamente la que estamos analizando en este momento.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, la primera parte de la indicación...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Fue declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).- Así es. De modo que no corresponde seguir debatiendo el tema. No se puede insistir en ella.

El señor PIÑERA.- ¿Significa, entonces, que si autorizamos un endeudamiento a futuro estamos desde ya, sin saber en qué se gastará, autorizando el gasto?
Lo que pretendía la glosa era, simplemente, precisar esa situación.

El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- No es así, señor Senador, pues el artículo 4° limita el gasto, independientemente de cuál sea su financiamiento. Ese precepto restringe el gasto corriente a los montos que se establecen, y también el gasto de capital, excepto un 10 por ciento. Ello, sin perjuicio de que se financie con endeudamiento, con mayor recaudación tributaria, o lo que sea.
Además, estos créditos se desembolsan a lo largo de varios años. Por lo tanto, si se contratan, el gasto deberá ser presentado en los años siguientes.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, ¿ello significa que el Gobierno está de acuerdo con el espíritu y el contenido de la indicación que se ha declarado inadmisible? Si fuera así, podríamos no seguir discutiendo el tema.
Sería interesante, pues, saber si el Ejecutivo está de acuerdo con la glosa declarada inadmisible.

El señor VALDÉS (Presidente).- No se trata de colocar las glosas por adentro o por afuera. Creo que la explicación del señor Director de Presupuestos es suficiente. Y basta eso para que termine el debate sobre esta materia.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, votemos concretamente la indicación del Senador señor Piñera que reduce el monto de US$ 1.000.000.000, a US$ 1.000.000 salvo que Su Señoría la retire.
El señor PIÑERA.- Señor Presidente, si el Gobierno estuviera de acuerdo en que los recursos obtenidos a través del endeudamiento que se permite no significan autorización de gasto, podríamos retirar la segunda indicación. Si el Ejecutivo no concuerda con eso, estamos en posiciones distintas.

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Arellano.
El señor ARELLANO (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, ya expliqué la situación. El monto global de gastos tiene un límite que este mismo proyecto establece. Por lo tanto, aunque se contrataran numerosos créditos, no se podría superar el nivel de gastos aprobado.

El señor VALDÉS (Presidente).- Considero suficiente la explicación del señor Director de Presupuestos. Y, al parecer, el Senador señor Piñera está de acuerdo, ya que se aclaró su duda en cuanto a que no se permitirá gastar una suma adicional a la consignada en el Presupuesto.
Siendo así, queda retirada la indicación que reduce a un millón de dólares la autorización para que el Presidente de la República contraiga obligaciones en el exterior, porque esa cifra sería burlesca.
Como quedó retirada la indicación, corresponde pronunciarse respecto del artículo 3° propuesto por la Comisión Especial.

El señor LAGOS (Prosecretario).- El artículo 3° es de quórum calificado. Por lo tanto, debe ser aprobado por a lo menos 22 señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba el artículo 3° (23 votos afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.

El señor PIÑERA.- ¿Me permite, señor Presidente?
Quiero preguntar directa y francamente al Gobierno si está de acuerdo o no con la afirmación que se hizo. Ello es crucial para nosotros y planteo la inquietud porque aún no se me contesta.

El señor VALDÉS (Presidente).- Señor Senador, ya terminó la discusión sobre ese punto. El señor Director de Presupuestos explicó perfectamente bien la situación, y Su Señoría tiene inteligencia sobrada para entender lo que él dijo, porque coincide de manera exacta con el planteamiento que, en otra forma, usted mismo hace.

El señor PIÑERA.- O sea, está de acuerdo. ¿Y por qué al señor Director de Presupuestos le cuesta tanto decirlo?

El señor VALDÉS (Presidente).- Porque usted, señor Senador, no puede pedir al Gobierno que esté de acuerdo con sus palabras. El concepto se ha aclarado. Yo lo entiendo así.
Tiene la palabra El señor Secretario.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La siguiente indicación es del Honorable señor Piñera y tiene por objeto eliminar el artículo 23. Este precepto dice: "Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley, se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, ese procedimiento se aplicará respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecución presupuestaria y para dar cumplimiento al artículo 5° de esta ley.
"Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda.
"La determinación y fijación de cantidades y montos a que se refieren los artículos 8° y 10 de esta ley, se efectuarán por oficio del Ministro de Hacienda.".

El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el. Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, esta indicación, para eliminar el artículo 23, estaba ligada a otra que tenía por objeto incorporar un nuevo artículo 23, que regulaba el sistema de información. Esta última ha sido recogida por una presentada por el Ejecutivo y con la cual estamos de acuerdo.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Por lo tanto, pido a Su Señoría que retire su indicación.

El señor PIÑERA.- La retiro, señor Presidente.
--Queda retirada.

El señor LAGOS (Prosecretario).- La última indicación, formulada por Su Excelencia el Vicepresidente de la República, es para agregar, a continuación del artículo 24 y final del proyecto, el siguiente, nuevo:

"Artículo 25.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de la clasificación dispuesta en dicho artículo.
"Asimismo, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución semestral del presupuesto de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a m asignación "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro Público.
"Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, deberán enviar a las Comisiones antes aludidas copia de sus balances y estados financieros semestrales.
"La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre respectivo.".
--Se aprueba la indicación.

El señor VALDÉS (Presidente).- En consecuencia, queda despachado el proyecto de Ley...

El señor PIÑERA.- Un momento, señor Presidente. Hay tres indicaciones presentadas a las Partidas correspondientes a los Ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia y a la Presidencia de la República, cuya finalidad es reemplazar la expresión "global" por "detallada" en lo que se refiere a los gastos reservados. La idea es que esas instituciones rindan cuenta en forma reservada, pero no global sino detallada.

El señor VALDÉS (Presidente).- A mi entender -recuerdo haber estudiado esta materia-, el cambio de esa palabra requiere la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).- Sí, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estas indicaciones no pueden ser vistas en la Sala, ya que fueron declaradas inadmisibles por la Presidencia de la Comisión Especial. De manera que el tema está zanjado y no puede discutirse aquí.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, la declaración de inadmisibilidad efectuada en la Comisión no obsta a que la misma indicación pueda ser presentada ante la Sala. En este caso no hay cambio de gasto; lo único que se persigue es que en la rendición de cuenta de los gastos reservados, que por esencia es reservada, en vez de que se realice en forma global en las instituciones mencionadas, se efectúe de manera detallada, pero siempre reservada. Me parece que las indicaciones son absolutamente admisibles, a pesar de la opinión del Presidente de la Comisión Especial.

El señor VALDÉS (Presidente).- Señor Senador, en esta materia, está claramente declarada la inadmisibilidad por la Comisión. En tal circunstancia, el Reglamento no permite tratar las indicaciones.
Al parecer, existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que modifica esta situación. Una vez aprobado, la Sala podría revertir la declaración de inadmisibilidad. Mientras tanto, el Reglamento sigue vigente y debe aplicarse la norma que ha regido durante más de cuatro años.
Lo siento mucho, pero aquí hay un problema legal y reglamentario que impide tratar las indicaciones.
En consecuencia, queda terminada la discusión del proyecto.
-------------------

El señor VALDÉS (Presidente).- Antes de ceder la palabra al señor Ministro, quiero plantear la necesidad de celebrar una sesión especial mañana en la mañana, sin perjuicio de la ordinaria fijada para la tarde, pues hay 16 asuntos en tabla. Vale decir, trabajaremos todo el miércoles y el jueves por la mañana.

El señor DÍAZ.- El Comité Demócrata Cristiano está de acuerdo en efectuar dicha sesión.

El señor LARRE.- Los Senadores de Renovación Nacional nos sumamos a esa proposición, pero, al mismo tiempo, deseamos que se aproveche el tiempo y se aprueben proyectos, de modo de ir avanzando en la tabla.

El señor VALDÉS (Presidente).- Voy a procurar que así sea, señor Senador.

El señor THAYER.- Yo también estoy de acuerdo, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Entonces, queda convocado el Senado para mañana a las 10:30.
-------------------

El señor VALDÉS (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no me haré cargo de cierta retórica cargada que ha surgido por aquí y por allá, en vista de la hora y en consideración al buen espíritu manifestado en la aprobación del Presupuesto de la Nación para el año 1995.
Sólo quiero agradecer a los señores Senadores el despacho del proyecto -reitero que está bien concebido, es austero y va a contribuir al bienestar nacional- y dejar constancia, una vez más, del espíritu positivo de los Parlamentarios de toda la Concertación, de los del Pacto Unión por Chile y de otros, y del Poder Ejecutivo, que represento en este caso junto al señor Director de Presupuestos, para seguir avanzando, como lo hemos hecho, en materia de información, de acuerdo con la última indicación presentada y aprobada aquí por unanimidad.
Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).- Agradecemos al señor Ministro su serena sabiduría para proponer este Presupuesto, y a todos los señores Senadores, su contribución.
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 21:53.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción