REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 330ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 20ª, en miércoles 23 de noviembre de 1994
Extraordinaria
(De 10:59 a 14:33)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, PROSECRETARIO
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Díez Urzúa, Sergio
-Errázuriz Talavera, Francisco Javier
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-VALDÉS Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, el señor Ministro de Hacienda y el señor Subsecretario de Hacienda.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:59, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 10a, especial, secreta, en 3 de noviembre del presente año, que no ha sido observada.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMAN (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Vicepresidente de la República, con el que retira la urgencia y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", al proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio y sus Anexos, adoptados en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para adecuar el número de pensiones asistenciales y subsidios familiares que pueden concederse durante 1994, y declara bien otorgados los beneficios que indica.
--Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo informa que ha tomado conocimiento del rechazo del Senado a algunas de las modificaciones propuestas por esa Cámara, al proyecto de ley que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo para integrarse a corporaciones de derecho privado, así como de la nómina de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse. Asimismo, comunica que ha designado a los señores Diputados que menciona para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta, con urgencia calificada de "simple". (Véase en los Anexos, documento 1).
Con el tercero comunica que ha tomado conocimiento que el Senado rechazó, en su totalidad, el proyecto de ley que establece normas tendientes a facilitar la rehabilitación de las personas que hayan cumplido condena por los delitos que señala, así como de la designación de los señores Senadores que integrarán la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 67 de la Carta Fundamental. Asimismo, informa que designó a los señores Diputados que indica para que concurran a la formación de la citada Comisión Mixta. (Véase en los Anexos, documento 2).
--Se toma conocimiento, y se manda agregar los documentos a sus respectivos antecedentes.
Del señor Ministro de Obras Públicas, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relativo al estado de avance del proyecto de instalación del Complejo Aduanero Coquimbito, en la ciudad de Los Andes.
Del señor Subsecretario de Carabineros, con el que da respuesta a un oficio enviado al señor Ministro de Defensa Nacional, en nombre del Senador señor Frei, referido a la posibilidad de reconsiderar la decisión que se habría adoptado en orden a suprimir el Retén de Carabineros de Ninquihue, Provincia de Nuble, Octava Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, referentes a los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.-
Segundo informe recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, facultándolas para ejercer funciones y colaborar con las autoridades competentes en materias relativas a la seguridad de la comunidad. (Véase en los Anexos, documento 3).
2.-
Informe recaído en el proyecto de ley que crea la comuna de Padre Las Casas, en la Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, con urgencia calificada de "simple". (Véase en los Anexos, documento 4).
Dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en los proyectos de ley, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.-
El que otorga reajuste a los funcionarios del sector público, concede aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Véase en los Anexos, documento 5).
2.-
El que modifica la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales, y dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos que señala con el Banco Central de Chile, con urgencia calificada de "suma". (Véase en los Anexos, documento 6).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica diversas disposiciones de la ley N° 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, con urgencia calificada de "suma". (Véase en los Anexos, documento 7).
Acaban de llegar en este instante a Secretaría, un informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y sus anexos, adoptados en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Véase en los Anexos, documento 8).
Y un nuevo segundo informe de la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria, con urgencia calificada de "simple". (Véase en los Anexos, documento 9).
--Quedan para tabla.
-------------------
El señor DÍEZ.-
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización despachó el proyecto que crea la comuna de Padre Las Casas, en la provincia de Cautín. Solicito al Senado que acuerde colocarlo, con tratamiento de fácil despacho, en la tabla de la primera sesión después de la semana regional. Formulo esta petición también en nombre del Honorable señor Lavandero, quien se halla ausente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
-------------------
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
En la Comisión de Educación se aprobó hoy, por unanimidad, un proyecto para erigir un monumento en Magallanes a Monseñor Samoré. Como creo que contará con la anuencia de todos los señores Senadores, solicito que se incluya en la tabla de Fácil Despacho de la primera sesión del mes de diciembre. Ahora, si fuera posible darle ese tratamiento en la sesión de mañana, sería aún mucho mejor.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Me parece una petición muy atendible, señor Senador. No obstante, no estoy seguro de que pueda hacerse mañana, porque no ha llegado el informe. Propongo resolver el asunto en la sesión de la tarde.
El señor RUIZ (don José).-
Muy bien, señor Presidente.
-------------------
El señor HAMILTON.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, deseo saber qué ocurre con aquellas peticiones de oficios que, transcurridos treinta o sesenta días, no son respondidas. ¿Debe reiterarlas uno mismo o lo hace el Senado automáticamente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
La norma que se acordó oportunamente es que se reiteran de oficio. La Corporación hace un listado y, con la firma del Presidente, reclama de la falta de respuesta.
El señor HAMILTON.-
Muchas gracias, señor Presidente. Lo pregunto porque hay varios oficios que he solicitado sin obtener respuesta.
-------------------
El señor SIEBERT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SIEBERT.-
Acaba de llegar el oficio de la Cámara de Diputados en que informa quiénes serán sus representantes en la Comisión Mixta que debe formarse respecto del proyecto que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda para integrarse a corporaciones de derecho privado. Como en el Senado dicha iniciativa fue estudiada por las Comisiones de Obras Públicas y Vivienda, unidas, quisiera saber si es posible que nos representen ambas ante la Comisión Mixta.
La señora FELIÚ.-
Conforme, señor Presidente.
El señor ERRÁZURIZ.-
Estamos de acuerdo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Efectivamente, la Cámara ya ha designado los integrantes de la Comisión Mixta: Diputados señores Harry Jürgensen, José Miguel Ortiz, Víctor Pérez, Hosaín Sabag e Isidoro Tohá. Y Secretaría me informa que el Senado ya encomendó esa labor a los titulares de la Comisión de Obras Públicas, y así fue comunicado a la Cámara de Diputados.
El señor SIEBERT.-
Pero se pueden hacer los cambios pertinentes. Estimo que la Comisión de Vivienda también debería estar representada en la Comisión Mixta.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se verá la posibilidad de acceder a su petición, señor Senador.
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
REAJUSTE PARA SECTOR PÚBLICO
El señor VALDÉS (Presidente).-
En conformidad a lo convenido ayer, y en mérito de que se trata de una iniciativa de "Discusión Inmediata", iniciaremos el Orden del Día con el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste a los funcionarios del sector público, concede aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario. Cuenta con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 19a, en 22 de noviembre de 1994.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 20a, en 23 de noviembre de 1994.
El señor VALDÉS (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, ayer en la noche, con la presencia del señor Director de Presupuestos y de otro funcionario de esa repartición, la Comisión aprobó el proyecto que concede reajuste al sector público.
En verdad, su articulado es similar al del que conocimos el año pasado, salvo en lo relativo al contenido de algunos de los beneficios que otorga.
Como es sabido, el reajuste del sector público comenzará a regir a partir del 1° de diciembre próximo. Y tal como se señala en el mensaje, el Gobierno tuvo en cuenta los planteamientos hechos tanto por la Central Unitaria de Trabajadores como por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, entre otras entidades, para llegar a una proposición como la que hoy conocemos.
La norma más importante del proyecto es la que determina un reajuste para todos los funcionarios públicos -sean del sector centralizado o municipal- equivalente a 12,2 por ciento. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, el total de los beneficiarios ascendería a 457 mil 927.
Conforme al informe financiero de dicho Ministerio, el costo del reajuste ascenderá a los 11 mil 646 millones de pesos mensuales. Naturalmente, el costo anual se obtiene multiplicando esa suma por doce. Como se aplica a contar del 1° de diciembre del presente año, sólo debemos considerar para el Presupuesto vigente el gasto de un mes. Y de acuerdo con las disposiciones generales, una vez aprobado el presente proyecto, en las normas presupuestarias de 1995 se imputará como gasto permanente a la Partida Tesoro Público.
Otro beneficio importante de la iniciativa, que también se conversó con asociaciones gremiales y la Central Unitaria de Trabajadores, es el aguinaldo de Navidad que se concede a los funcionarios públicos. Su costo es de 15 mil 730 millones de pesos. Como se sabe, será de 14 mil 500 pesos para todos los trabajadores que perciban una remuneración líquida igual o inferior a 138 mil pesos, y de 8 mil 750 pesos para aquellos que tengan una remuneración líquida superior a esa cifra.
En relación con el año anterior, el aguinaldo aumentó en 14,2 por ciento, es decir, en un porcentaje superior al que se aplicó al reajuste general.
En la Comisión, el Senador señor Errázuriz planteó objeciones en este punto, puesto que se nos informó que el aguinaldo para los funcionarios públicos con remuneraciones superiores a 138 mil pesos se incrementó en 16,7 por ciento. Se dejó constancia de la razón por la cual en este caso se dio un porcentaje mayor, pese a que tiene poca incidencia en la cantidad que ello significa.
En el artículo 4° se legisla sobre el aguinaldo de Navidad para el sector pasivo, cuyo costo es de 9 mil 518 millones de pesos, y se fija en 6 mil pesos por jubilado, el que se incrementará en 3 mil 400 pesos por cada persona que tenga acreditada como causante de asignación familiar o maternal. Ello significa, respecto del aguinaldo, un aumento del orden de 20 por ciento con relación al del año anterior, lo cual, indiscutiblemente, hay que destacar como un hecho positivo. Sin embargo, se mantiene la discusión en cuanto a por qué no se realiza un mayor esfuerzo a fin de que el sector pasivo perciba un aguinaldo del mismo nivel que el del sector activo. Al respecto, hay que tener en cuenta que a los pensionados se les concede, no sólo ese beneficio de 6 mil pesos, sino que también uno adicional de 3 mil 400 pesos por carga familiar o maternal.
Otro elemento importante de la iniciativa es el bono de escolaridad, que se concede por una sola vez y se pagará en marzo de 1995. Este se fijó en 10 mil pesos por cada hijo de entre cinco y dieciocho años. Me parece conveniente destacar este hecho, ya que, sin duda, constituía una aspiración de los trabajadores del sector público manifestada en reiteradas oportunidades, y que ha sido acogida por el Gobierno.
De acuerdo al informe financiero del Ministerio de Hacienda, el bono de escolaridad tendrá un costo de 3 mil 575 millones de pesos y favorecerá a 404 mil 511 trabajadores, que se descomponen como sigue: 246 mil 528 del sector público, 25 mil 374 de las municipalidades, 129 mil 410 de los sectores traspasados a los municipios y 3 mil 199 de las entidades afectas al decreto ley N° 1.953 de 1977.
El reajuste de remuneraciones -como dije- se financia con cargo a la Partida Tesoro Público. El Gobierno, a su vez, se obliga a hacer los traspasos necesarios a las entidades descentralizadas o a las que carezcan de los recursos suficientes, pero, en general, las autónomas absorben el gasto con su propio presupuesto.
Por otra parte, el proyecto soluciona dos situaciones por estar pendientes en el Parlamento iniciativas que atañen a los sectores que indicaré. Se llegó a un acuerdo para otorgar un bono compensatorio tanto al personal regido por el Estatuto Docente como al que labora en los establecimientos de atención primaria de salud.
Con tal fin, el artículo 10 establece una subvención complementaria a la educacional que corresponde a los establecimientos educacionales del sector municipal y a los particulares subvencionados. Su monto será de 57 mil 500 pesos, pagaderos en diciembre de 1994 y de 29 mil pesos, en junio de 1995 (beneficio que también se otorga a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980). Y tiene por finalidad que, a su vez, los sostenedores de dichos establecimientos concedan una bonificación a sus trabajadores que reúnan las condiciones que se señalan.
Por su parte, el artículo 12 dispone una bonificación compensatoria en favor de los trabajadores pertenecientes a los establecimientos municipales de atención primaria de salud, cuyo monto será el siguiente: 190 mil pesos para quienes hayan ingresado a tales establecimientos en una fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 1989 y que desde esa fecha y hasta la publicación de la ley hayan desempeñado funciones de atención primaria; y 170 mil pesos para aquellos que hayan ingresado en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 1989 y el 31 de diciembre de 1993.
Estas dos adiciones al proyecto de reajuste que, por supuesto, no han sido normales en otros años, se justifican -como se señaló- por el hecho de haberse retardado, por diversos motivos, el despacho de las iniciativas que contemplan beneficios para ese personal. Por ello se acordó su inclusión en ésta, a fin de que entren en vigencia de inmediato.
Es todo cuanto puedo informar sobre el proyecto de reajuste sometido a la consideración de la Sala.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, después de la detallada cuenta del titular de la Comisión de Hacienda, creo que no falta nada por agregar.
Cabe celebrar la circunstancia de que se haya establecido por primera vez un bono de escolaridad que beneficia a 404 mil 511 trabajadores. Sin embargo, para ser justo, existe un hecho que realmente resulta lamentable -lo hice presente anoche en la Comisión de Hacienda-, y dice relación al aguinaldo de Navidad.
Este beneficio -muy importante para mucha gente; sobre todo para el sector pasivo-, en comparación con el de 1993, ha sido incrementado en 16,7 por ciento para los funcionarios con remuneraciones más altas -superiores a 138 mil pesos-, y en sólo 14 por ciento para quienes perciben sueldos inferiores a esa cifra. Es decir, se otorga un aguinaldo con un reajuste mayor a los trabajadores que gozan de sueldos más elevados. Y, además, con ello se revierte la política que el Gobierno venía siguiendo desde hace muchos años. Esta es la primera contradicción que deseo hacer notar.
En segundo lugar -lo que me parece más grave-, cabe destacar la forma en que la iniciativa afecta a las asignaciones familiares y maternales del sector pasivo; esto es, de los pensionados, de la gente que en Chile -diría- está peor. Tales asignaciones, para estos efectos, se reajustan sólo en 13 por ciento. Es decir, el aguinaldo aumenta en 17 por ciento para quienes perciben los sueldos más altos y únicamente en 13 por ciento en lo que se refiere a las asignaciones familiar y maternal de los pensionados. Eso me parece que constituye un error, el que deseo dejar de manifiesto porque rompe la política que viene aplicando el Gobierno desde hace mucho tiempo. Y no se puede promediar lo que recibe uno y lo que recibe otro para señalar que en proporción no es tan malo. Sin duda alguna, se ha quebrantado, por primera vez en los últimos 4 años, la política de incrementar los aguinaldos de Navidad y las asignaciones familiar y maternal del sector pasivo con el objeto de tratar de igualarlos con los que se otorgan al activo.
En tercer término, ha quedado en claro que los aumentos propuestos en el proyecto respecto de los aguinaldos, son superiores para las personas que perciben remuneraciones más altas que para quienes tienen menor renta.
Por último, reitero: el hecho de que el aguinaldo de Navidad para los pensionados en cuanto a las asignaciones familiar y maternal se reajuste sólo en 13 por ciento, en comparación con el casi 17 por ciento en que aquél se incrementa para los trabajadores activos cuyas remuneraciones líquidas son superiores a 138 mil pesos, constituye un grave error, el cual deseo hacer presente y no dejar pasar. Porque hay mucha gente que no tiene voz, pero sí la oportunidad de votar. Y, en nombre de esas personas, que ayer nos eligieron, hoy me corresponde hablar para elevar mi voz, representar al señor Ministro esta situación y, a su vez, manifestar mi protesta.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente). - Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda). - Señor Presidente, tal como se ha informado, estamos en presencia de un proyecto de reajuste que cubre una combinación de materias y, en lo que corresponde al reajuste mismo de las remuneraciones, afecta a un universo de 457 mil personas. Vale decir, al 9 por ciento de la fuerza de trabajo activa y con empleo de todo el país.
Ahora, me gustaría hacer presentes algunos aspectos de la iniciativa por la novedosa contribución que tienen. En primer lugar, como se ha expresado, en lo grueso y en lo general, establece un reajuste para el sector público de 12,2 por ciento, aplicable a partir de diciembre de este año.
En segundo término, contiene algunos elementos nuevos que vale la pena destacar. Me refiero al esfuerzo especial que se efectúa para los organismos apoyadores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), respecto de los cuales se contempla un reajuste de 15 por ciento, en lugar de 12,2, situación que es de equidad dados los déficit de arrastre de esos organismos.
Por otro lado, se ha hecho un esfuerzo -y esto no se describe aquí en todos sus detalles- para empezar a avanzar en la destinación de mayor cantidad de recursos y en su utilización efectiva en la capacitación de los funcionarios públicos.
Durante las últimas tres semanas hemos conversado con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entre otras organizaciones. Y el Gobierno ha realizado un esfuerzo especial para tratar de elevar lo que hoy se gasta en la calificación de los funcionarios públicos, desde 0,5 por ciento a 1 por ciento, aproximadamente, con el objeto de equiparar por esta vía lo que ya en buena parte el sector privado viene haciendo por medio de las franquicias de que goza al respecto. Se trata de un elemento novedoso, que los trabajadores han sabido valorar y que me gustaría destacar.
También por primera vez se introduce el bono de escolaridad, el que se pagará a todos aquellos que tengan cargas reconocidas de entre 5 y 18 años y cubre los niveles de enseñanza prebásica, básica y media. El bono de escolaridad, en el fondo, viene a ser una tercera asignación o aguinaldo que se introduce en esta ocasión -reitero- por primera vez.
Es decir, las familias de los trabajadores del sector público tendrán el aguinaldo de fiestas patrias, el de fin de año y el pago especial del bono de escolaridad en marzo, que se ha fijado en 10 mil pesos por carga, el que constituía una necesidad muy sentida por las familias chilenas y viene a aliviar en parte los mayores gastos en que normalmente incurren en ese mes. Este elemento, que ha sido muy bien valorado por los trabajadores y sus organizaciones, representa una tercera asignación en el tiempo, la que, si bien es moderada, inicia un camino en este sentido, sobre todo ligándola a las necesidades de educación, una de las prioridades destacadas del Gobierno.
En consecuencia, habrá un reajuste general que alcanzará a 12,2 por ciento, el que en algunos casos, por razones de solidaridad y de justicia, se eleva a 15 por ciento; se pagará el bono de escolaridad como una tercera asignación; se incrementarán los fondos destinados a la capacitación de los funcionarios, y también se contemplan en el proyecto los respectivos aguinaldos para el sector activo y pasivo.
En cuanto a las referencias que hizo el Senador señor Errázuriz, tengo dos comentarios al respecto. En primer lugar, el reajuste mismo para el beneficiario directo en esta asignación al sector pasivo asciende a 20 por ciento, que es superior al 16,5 que recibe el activo, por lo menos en uno de los tramos.
Si uno promedia los tramos y las asignaciones -estamos hablando de un promedio ponderado de 18 por ciento-, es verdad lo que sostiene el Senador señor Errázuriz tocante a que no es tan simple comparar esto, porque se trata de beneficios distintos. Pero, precisamente, ésa es la respuesta.
En el caso del sector pasivo, al monto de 6 mil pesos que recibirá el beneficiario directo -hemos subido de 5 a 6 mil pesos el aguinaldo- se suma lo que percibe por cada carga registrada, que alcanza a 3 mil 400 pesos individualmente. Estamos hablando, entonces, de 9 mil 400 pesos o más por pensionado más carga. Por lo tanto, como insinuó el señor Senador, estos porcentajes no son directamente comparables. Lo que sí está claro es que, al menos a nivel de porcentaje, se ha hecho un esfuerzo especial respecto del sector pasivo, que debo destacar.
Reconocemos hidalgamente que en el caso de este sector hay una deuda social de larga data, no de este Gobierno, ni de los últimos nueve meses, sino que se arrastra desde hace muchos años, períodos y regímenes. Pero no podemos hacernos cargo en esta ocasión, a propósito de una ley de reajustes, que enfrenta un tema coyuntural y específico, de un asunto de más largo aliento.
El Ejecutivo está estudiando qué hacer sobre la materia en el futuro. Es necesario priorizar el tema, porque se trata de un universo de beneficiarios -tal como se describe en los anexos- que alcanza a más de un millón 400 mil personas. Por lo tanto, rogaría a los señores Parlamentarios que en esta ocasión específica no formularan planteamientos que corresponde hacer en otra oportunidad, una vez que se cuente con los estudios, análisis y la destinación de recursos que permitan abordar la materia debidamente. Por ello, para actuar todos muy responsablemente, no debemos aventurarnos por un camino que todos reconocemos y sabemos que es complicado.
Finalmente, debo hacer presente que se ha dado un trato especial a los funcionarios no docentes, a los paradocentes de las escuelas municipalizadas y también de las subvencionadas. Estos servidores recibirán en diciembre un bono que representa un alza de 15 por ciento respecto del año pasado, y que, como se indica en los anexos, asciende a 57 mil 500 pesos. El Gobierno ha hecho al respecto un esfuerzo especial, reconociendo las demoras en el trámite normal del proyecto que los afecta y les mejora su situación. Y en junio de 1995 se agregaría un bono extra de 29 mil pesos. En todo caso, el que se entregará ahora se incrementa en 15 por ciento, y el de junio vendría a complementar el total de 86 mil pesos que se había considerado para este estamento.
La intención del Ejecutivo -aun cuando no podemos regularlo hasta la saciedad- es que el reajuste de 12,2 por ciento que recibirán los funcionarios pertenecientes a los establecimientos educacionales y a la salud primaria, por encima de estos bonos, en definitiva, sea percibido directamente por ellos, y no quede sólo a nivel de las instituciones descentralizadas del mismo.
Por último, quiero poner de relieve que existe una diferencia cualitativa importante entre este proyecto de reajuste y el que presentamos en mayo al Parlamento para reajustar el ingreso mínimo. La diferencia sustantiva radica en que el que proponemos en esta ocasión se ha logrado con el acuerdo de las organizaciones de trabajadores: con la CUT, la ANEF, la FENATS, el Colegio de Profesores, las organizaciones municipales y los establecimientos de atención primaria de salud, etcétera.
Por ello, debemos valorar especialmente esta iniciativa en lo cualitativo, porque constituye un paso más de paz social. Durante varías semanas hemos negociado sobre la materia y el lunes de la semana pasada llegamos a un acuerdo satisfactorio para las partes. Y el Gobierno está tranquilo, porque si leyéramos aquí el acta del acuerdo suscrito entre esas organizaciones de trabajadores y los Ministros del Trabajo, de Hacienda y de Economía, veríamos que en el punto cuarto aquéllas reconocen el esfuerzo especial que el Gobierno empieza a proponer en materia de calificaciones, desempeño y carrera funcionaria.
Este elemento cualitativo es de la primera importancia, porque tendríamos aquí un camino nuevo, iniciado en acuerdo con las organizaciones de trabajadores, no sólo con el objeto de ir dignificando la carrera funcionaría del sector público y las organizaciones afines, sino también para ir perfeccionando los elementos de productividad y de desempeño que tanto nos importan como ciudadanos.
Por lo tanto, creo que tenemos aquí un muy bien diseñado y financiado proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz De Giorgio.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente, lo planteado por el señor Ministro y por algunos señores Senadores demuestra que el proyecto efectivamente tiene características especiales.
Yo quiero recoger la última parte de la intervención del señor Ministro.
El país ha sido testigo de los problemas en la Administración Pública, como consecuencia de las demandas salariales que trabajadores de los distintos sectores han planteado al Gobierno en los últimos años, demandas que reconocemos como de absoluta justicia. El sector público ha sido largamente postergado, y todos estamos conscientes de que las remuneraciones de tal sector se encuentran en condiciones muy desmejoradas. Pero ha habido una respuesta del Gobierno, y creo que la iniciativa en debate realmente constituye un gran avance.
En mi opinión, es importantísimo haber logrado mecanismos para la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, la cual debe profundizarse. Cuando se discutió en el Parlamento el proyecto de ley para regular la organización de los funcionarios públicos, por lo menos el Senador que habla sostuvo la necesidad de introducir nuevas mejoras y mecanismos tendientes a reglamentar esa relación en los distintos sectores, aun sabiendo las características especiales de la estructura pública. Por lo tanto -repito-, aquí ha habido un avance importante.
Quiero señalar también que, a pesar del avance y del esfuerzo, subsiste en el conjunto del país un déficit que -como muy bien indicó el señor Ministro- no es imputable al Gobierno.
Y deseo destacar un solo hecho: se ha señalado y repetido hasta la saciedad que existe una grave pobreza en Chile. Tal situación afecta especialmente a un sector de la sociedad que no encuentra solución a sus problemas por la vía del desarrollo económico, ni tampoco el mercado la resuelve. Aflige fundamentalmente al sector pasivo, el cual, en su gran mayoría, constituye un porcentaje importante de los pobres. Aun cuando el mercado funcione para el resto de los actores de la economía y se arregle la situación de los trabajadores que pueden negociar colectivamente, los jubilados de los sectores público y privado sólo encuentran solución a sus problemas por la vía de la ley. En efecto, ni el mercado ni las negociaciones colectivas pueden resolverlos, pues se requiere una voluntad política que debe ser expresada primeramente por iniciativa del Ejecutivo y luego, tener una respuesta adecuada por parte del Congreso.
Pero tal situación es global y afecta a la comunidad entera, y no sólo al Gobierno. Por ello quiero plantear que Gobierno y Oposición deben buscar mecanismos y efectuar un esfuerzo importante para dar una adecuada respuesta a los pobres del país, entre los que se hallan, por cierto, los pensionados. Espero que a lo avanzado este año y en las siguientes etapas, concretamente el próximo año, ojalá podamos agregar una fuente de financiamiento adecuada que, sin destruir los macroequilibrios que hoy permiten avanzar en el desarrollo de Chile, dé respuesta a quienes, por su edad, ya no pueden esperar.
El problema señalado -como lo indicó muy bien el señor Ministro- es histórico, y viene arrastrándose desde mucho tiempo. Pero quienes estamos hoy frente a responsabilidades de Estado, debiéramos en conjunto encontrarle una respuesta.
Voy a dar mi voto favorable al proyecto, reiterando mi reconocimiento al esfuerzo realizado, especialmente en lo tocante a la relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Pero -insisto- debe tenerse presente que existe un déficit importante, particularmente en lo que se refiere a los pensionados, cuya solución corresponde a todos los sectores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, los Senadores de la bancada Partidos por la Democracia y Radical-Socialdemócrata queremos destacar que el proyecto enviado por el Gobierno fue producto de una negociación entre éste y los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, de la ANEF, de la FENATS y de otras agrupaciones gremiales.
La generación de ese acuerdo tiene un evidente valor social que no podemos dejar de resaltar. Y también considero importante señalar que en cada oportunidad en que se discute un reajuste de remuneraciones nos quedamos todos con la sensación de que tal vez el porcentaje acordado no fue el más justo. Porque sabemos que en una sociedad de libre mercado como la que vivimos las remuneraciones de los trabajadores van disminuyendo cada vez más. Entonces, estamos contestes en que es importante que los sueldos y los ingresos sean mayores. Pero tampoco podemos dejar de reconocer en forma responsable que para mantener el desarrollo económico del país -cuya conducción ha sido seria-, los reajustes deben aplicarse con equidad y racionalidad.
Por eso, nuestra bancada valora el acuerdo entre el Gobierno y los trabajadores, pues reafirma una voluntad muy seria y responsable de profundizar la democracia chilena y avanzar por ella.
Estimamos que el debate tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y en sus respectivas Comisiones de trabajo, evidencia que existe confianza por parte de todos los sectores en la conducción económica del país. Y, en ese sentido, una disciplina fiscal que permite un reajuste del 8 por ciento del IPC esperado y 4,2 por ciento de la productividad, indudablemente significa que Chile posee una economía que crece con confianza. Además, la economía internacional, permite incluso que nuestras acciones se transen en las bolsas extranjeras. Consideramos que ese gran avance posibilita, por otro lado, distribuir el ingreso. Y a través de la política llevada a cabo por el Gobierno llegamos a esa parte importante de la sociedad chilena que es el sector fiscal, compuesto por alrededor de 350 mil personas.
Sin el ánimo de molestar, sino simplemente con el propósito de dar el justo valor a las actitudes presentes, quiero señalar que luego del pronunciamiento militar de 1973, los sectores sociales, en especial los trabajadores, debieron mantener una actitud de mayor silencio y con presiones muy leves para recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque existían grandes temores de que la vuelta a la democracia después de 17 años de un Gobierno autoritario implicaría que las demandas de los trabajadores se manifestasen con demasiada fuerza, hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad económica y democrática del país. Y así fue manifestado por distinguidos personeros. Sin embargo, la historia ha demostrado que no fue así. Durante todos estos años, Chile ha dado muestras de gran responsabilidad. Y uno de nuestros grandes patrimonios de hoy -y esto hay que indicarlo- es que tenemos una cultura de la responsabilidad por parte de los empresarios, que se acentúa cada vez más. Ellos, permanentemente, se hallan en conversaciones con el Gobierno, y hoy se encuentran en el extranjero junto a Su Excelencia el Presidente de la República, evidenciando una modernidad y una decisión de buscar el progreso y desarrollo para nuestro país, lo cual debemos reconocer, valorar y subrayar.
Asimismo, considero oportuno destacar que, por primera vez en muchas décadas, hemos aprobado un Presupuesto con una inflación estimada en un dígito, con la perspectiva de que continúe disminuyendo. Y, dado el éxito de la política de ajuste, felizmente se ha anunciado que el país puede empezar una reactivación y generar los empleos perdidos a causa de aquélla, y que algunos Parlamentarios, con justificada razón, han apuntado en más de una oportunidad.
Pero, indudablemente en este proceso faltaba algo que, a nuestro juicio, se satisface con el acuerdo de todos los sectores de trabajadores de Chile, lo cual constituye una señal en cuanto a la plena incorporación de ellos en la discusión de sus salarios, de las políticas pertinentes y de ser tratados con la dignidad que merecen.
Otro tema surgido en el debate del proyecto de Presupuestos es el de los jubilados, que es conveniente tratar con responsabilidad y seriedad para buscarle solución y evitar que se convierta en un mero eslogan que conviene esgrimir en un momento determinado, sin adoptar con posterioridad actitudes consecuentes.
En efecto, la situación del sector pasivo, la cual se arrastra por años y que suma más de un millón 300 mil personas, es bastante desmedrada. En 1990, al inicio del primer Gobierno democrático, la realidad de tal sector era extraordinariamente mala, a lo cual había que agregar un reclamo muy fuerte por el no otorgamiento del reajuste automático de 10,6 por ciento, respecto del que todavía estamos en deuda.
¿Qué ocurre hoy con las pensiones que nos preocupan? Es efectivo que ellas representan más de 40 por ciento del gasto social, alcanzando éste a 70 por ciento del Presupuesto. El ítem de mayor crecimiento en el gasto para el próximo año es el pago de pensiones, sin mediar revalorización alguna de ellas, sino por el solo efecto de arrastre de los mayores reajustes otorgados al sector público y por concepto de pago de bonos de reconocimiento al sector privado.
También es objeto de nuestra preocupación el aguinaldo. El que se concederá a los trabajadores activos, es mayor que el otorgado a los pasivos. Si lo miramos desde un punto de vista doctrinario, no alcanzamos a comprender la razón por la cual a los primeros se les darán 14 mil 500 u 8 mil 750 pesos, según el caso, y en cambio, a estos últimos, sólo 6 mil pesos.
Del mismo modo, es necesario señalar que el reajuste automático de las pensiones en el equivalente a la variación del Indice de Precios al Consumidor -a diferencia del sector activo, que verá ajustadas sus remuneraciones en 12,2 por ciento, porcentaje mayor que aquél- resulta realmente injusto y doloroso.
Finalmente, pienso que vale la pena invitar, una vez más, al sector empresarial a que conceda a sus trabajadores un reajuste y a que distribuya el ingreso en forma similar a como lo está haciendo el Gobierno. En mi opinión, por ese camino haremos un país más justo, que avanza y que realmente es capaz de entender que el aumento de su productividad económica y el mayor crecimiento también se traducen en distribución del ingreso, que el país necesita y que todavía es poco equitativa. Mediante el reajuste acordado por el Gobierno, por lo menos lo recibirá el sector fiscal. Y aquí surge una interrogante que, en parte, respondió el señor Ministro de Hacienda.
Por tercer año consecutivo, los trabajadores no docentes y los de la educación municipal y particular subvencionada deben regirse por una norma especial, por cuanto aún no se establece el estatuto respectivo, que lleva tramitándose aproximadamente tres años en el Congreso Nacional. Ignoro si a estas alturas existirá la disposición de ánimo necesaria para agilizar su despacho, a fin de que se convierta en ley a la brevedad. Pero aún no tengo claro si el bono que se otorga en virtud del proyecto al personal no docente del sector particular subvencionado beneficiará también a los de la educación municipal.
Termino señalando el apoyo a esta iniciativa de los Partidos por la Democracia y Radical- Socialdemócrata.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, deseamos anticipar nuestros votos favorables al proyecto en análisis, y expresar, en forma muy breve, una felicitación, hacer dos comentarios y señalar un desacuerdo.
En cuanto a lo primero, la congratulación es al señor Ministro de Hacienda, quien nos acompaña en esta Sala por segundo día consecutivo, lo que considero muy útil cuando discutimos temas de carácter económico. El señor Aninat es un gran economista, pero tal vez de estos debates pueda sacar algunas ideas que le permitan hacer una gestión aún mejor en la Cartera a su cargo.
Los dos comentarios que haré tienen que ver con los sectores activo y pasivo. Al primero, se otorga un reajuste de 12,2 por ciento, que sube casi a 14,1 por ciento si se incorporan los beneficios adicionales que el proyecto trae aparejados. Obviamente, me parece muy positivo que las rentas de los trabajadores públicos crezcan, pues en esta misma Sala, en muchas ocasiones, hemos dicho que son muy bajas en relación con la realidad económica del país. El señor Ministro señaló que, por primera vez, se acordó el reajuste con los organismos laborales (la CUT y la ANEF). Sin embargo, me parece que no guarda relación con los planteamientos que el propio Gobierno y el mencionado Secretario de Estado han formulado, en cuanto a ligar reajuste con mérito y productividad. Si la inflación del próximo año resulta ser de 8 por ciento -es la cifra oficial estimada-, y el reajuste alcanza a 14,2 por ciento, estamos hablando de un incremento real de 6 por ciento. Todos sabemos que es muy probable que tal porcentaje vaya más allá de los incrementos de productividad y que por lo tanto, signifique una recuperación por el arrastre. Sin embargo, el problema radica en que el reajuste no está ligado a rendimiento, pues se otorga un aumento "por decreto" por ese concepto, parejo para toda la Administración Pública.
Considero fundamental pasar de las palabras a los hechos, y establecer mecanismos que midan la productividad, no en forma tan agregada como toda la Administración del Estado, sino a un nivel suficientemente desagregado como para que cada trabajador se dé cuenta de que de su rendimiento dependerá el aumento de su remuneración. Esto no es necesariamente a nivel individual, pero ojalá fuera a uno de mayor desagregación, para que los incrementos de sueldos no sólo signifiquen un elemento de equidad social, sino también uno de eficiencia, en el sentido de ligar mérito con remuneración, y productividad con reajuste, para que entendamos que quienes lo hacen mejor tienen derecho a una mayor compensación que aquellos que no lo hacen tan bien.
El segundo comentario que deseo hacer se refiere a los pasivos. Es verdad que se trata de un problema histórico. Pero si seguimos considerándolo como tal, se va a transformar en uno eterno, porque en esta iniciativa no se contempla un reajuste para ellos y tampoco se anticipa uno para las pensiones. De esa forma, se va produciendo una separación, un abismo cada día mayor entre la remuneración de los trabajadores activos y las pensiones de los pasivos. Es cierto que esto viene de muy atrás, pero lejos de constituir una especie de excusa para que se traslade hacia el futuro, debiera significar un incentivo para corregirlo.
En esta oportunidad, el aguinaldo para los pensionados es de 6 mil pesos, a diferencia del que se concede a los activos, que supera con largueza esa cifra. Si se hubiere igualado el beneficio de aquellos con el monto menor que se otorga a éstos, habría significado un incremento para los pensionados cercano a 50 por ciento, con un costo de 3.630 millones de pesos, lo que equivale a la quinta parte de los recursos que ayer acordamos entregar a ENACAR.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Puedo hacerle una pregunta, Honorable colega?
El señor PIÑERA.-
Por supuesto, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Su Señoría cree que en la complicada situación que enfrenta el sector pasivo tiene algo que ver la reforma laboral que en 1980 impulsó don José Piñera?
El señor PIÑERA.-
En primer lugar, la reforma laboral de 1980 se aplicó a trabajadores activos; no a los pasivos. Luego la primera respuesta es: no tiene relación alguna.
En segundo lugar, si el señor Senador creyó que el asunto me concernía debido a un alcance de nombre, le indicaré que tiene que hacer la pregunta a mi hermano José Piñera, y no a mí.
En todo caso, respondiendo derechamente al fondo de su consulta, debo señalar que la reforma laboral de 1980 es una gran responsable de los incrementos de remuneraciones que se han producido en el mercado del país, y del alza en el producto, que en los últimos diez años ha ascendido hasta hacer que la década transcurrida entre los 80 y la época actual sea la mejor de la historia de Chile. Por consiguiente, creo que la legislación laboral nacida de esa reforma es muy buena. Por lo demás, quiero recordar al señor Senador que, con cambios que no apuntan a la esencia, esta legislación fue, en el fondo, ratificada en forma casi unánime por el Congreso Nacional, incluyendo a los señores Parlamentarios de las propias bancadas de Su Señoría.
En lo que se refiere a los trabajadores pasivos, mencionaré que en 1985, en medio de una gran crisis, ellos sufrieron una pérdida. Todos recordamos que no recibieron un reajuste de 10,5 por ciento. Quiero igualmente traer a la memoria que el mismo sector se vio afectado por una segunda gran pérdida, que fue la quiebra del sistema previsional antiguo, de la cual ciertamente ellos no son responsables, pero sí sus principales víctimas.
Sobre la misma materia hay que decir que la reforma previsional -me anticipo a una posible pregunta del Honorable colega- que cambió el sistema de pensiones desde uno de reparto público a uno privado de capitalización, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones, es también la gran responsable de que las pensiones que está generando el nuevo sistema superen en más de 50 por ciento a las que está otorgando el antiguo.
Así es como veo que el cambio en la legislación laboral, así como el operado en la previsional, en los que tuvo alguna participación un hermano mío y de los cuales comparto plenamente la filosofía y el espíritu, son grandes responsables de las mejoras en las pensiones, del incremento en las remuneraciones y de una economía mucho más moderna y preparada para competir en el contexto internacional.
Pero, volviendo al asunto de los trabajadores pasivos y al aumento del aguinaldo para igualarlo con el menor de los que reciben los activos, no veo razón alguna para que en materia de aguinaldos de Navidad estemos discriminando entre activos y pasivos, porque no podría decirse que hay alguna razón moral para imponerla; tampoco hay razón económica, porque insisto: el costo alcanza a 3 mil 630 millones de pesos, o sea, 8,6 millones de dólares, vale decir, la quinta parte de los recursos que asignamos ayer a una empresa como ENACAR. Y en un caso hay 2 mil trabajadores comprometidos, mientras en el otro hay 1 millón 32 mil pensionados. Por eso, éste no es problema ni de carácter moral, porque todo el mundo va a estar de acuerdo con que el aguinaldo de estos últimos, fijado en 6 mil pesos, podría ser de 8 mil 750 pesos. Todos estarán contestes en que los 3 mil 630 millones de pesos se podrían asimilar perfectamente en el Presupuesto de 1995, que aprobamos ayer. En tal caso, tengo que decirlo francamente, se trata de un error profundo en las prioridades.
El hecho de que se siga diciendo que éste es un problema de arrastre, como significando "porque viene de atrás, no lo podemos resolver hacia adelante", es una forma de no enfrentarlo. Sugiero al Gobierno, tal como lo hicimos con el Senador señor Errázuriz en la Comisión de Hacienda, que presente un proyecto de ley igualando el aguinaldo de los pensionados con el menor de los que recibirán los trabajadores activos. Esto tiene un costo de 3 mil 630 millones de pesos; hay una partida de Operaciones Complementarias que tiene una disponibilidad de 329 mil millones de pesos -cien veces más- y, en consecuencia, es financiable, además de ser justo y conveniente. No veo razón alguna para desecharlo. Lamentablemente, la iniciativa exclusiva en esto es del Ejecutivo.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permitiría hacer una precisión, dentro de su línea de argumentos, señor Senador?
El señor PIÑERA.-
Sí. ¿Y Su Señoría recuerda que cuando le pedí una interrupción en el día de ayer, me la concedió unos diez minutos después? Yo se la doy de inmediato.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Es que ayer Su Señoría había hablado demasiado tiempo.
Ahora agradezco su atención. Quiero hacer una precisión, en la línea de lo que el señor Senador está señalando. No estoy en contra de su argumentación sobre las posibilidades de mejorar las pensiones. Al parecer, Su Señoría se pone a la defensiva de una eventual polémica como la de ayer, que, al parecer, no le gustó mucho; pero lo que deseo es hacer un aporte a su planteamiento.
Me parece que la proposición del Honorable señor Piñera está ajustada a la modalidad que debiéramos seguir en el próximo tiempo, lo que creo que, en parte, se ha estado haciendo si se piensa en una nivelación de los aguinaldos de los sectores activo y pasivo en cuanto al contenido. Cuando se argumenta que a este último se le está otorgando uno de 6 mil pesos, debe tomarse en cuenta que también se le están agregando 3 mil 400 pesos por carga. De acuerdo con el informe financiero, que el señor Senador tiene a la vista, las cargas suman 470 mil, lo que da un costo total de un mil 598 millones de pesos. En realidad, lo que faltaría para llegar a la cantidad que Su Señoría señala como un buen avance, serían unos mil 500 millones de pesos.
Por tal razón, si se hace una precisión en dicho sentido, consideremos esta aclaración: el pensionado está recibiendo, además de los 6 mil pesos, el valor de las cargas. No todos tienen cargas, pero éstas suman 470 mil, y por ese lado perciben mil 598 millones adicionales. Cualquier forma de trabajo que tomemos tiene que apreciar esa situación. Por eso se la represento al señor Senador.
El señor PIÑERA.-
Gracias, señor Senador.
Hay que puntualizar que, efectivamente, las cargas familiares representan 20 por ciento del aguinaldo, en promedio. Como la diferencia entre los 6 mil pesos y el aguinaldo menor de los que reciben los trabajadores activos es de 50 por ciento, el reajuste que se requeriría, si descontamos las cargas, en lugar de ser de 3 mil 630 millones de pesos, alcanzaría sólo a 2 mil 376 millones de pesos. Es correcto.
En realidad, creo que las dos cifras son absolutamente manejables.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PIÑERA.-
Por supuesto, señor Ministro.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, respecto de este punto, debo destacar dos elementos.
En primer lugar, el Gobierno reconoce que en relación con el sector de pensionados hay un problema de larga data y de arrastre, y no permanece pasivo ante el mismo, sino que está pensando en alternativas para solucionarlo. Pero éstas, como bien lo sabe el Honorable señor Piñera, deben involucrar recursos determinados, los que hoy día no tenemos, en los siguientes considerandos: el "techo" nominal aprobado ayer respecto del artículo 4°; la imposibilidad de afectar los impuestos a la renta o al valor agregado, por los acuerdos tributarios del pasado, votados por el mismo señor Senador y respetados por nosotros; y, en cuanto a la observación que Su Señoría hacía sobre disponibilidad del Tesoro Público, debo manifestar que, después de lo que estamos aprobando y haciendo, esa disponibilidad, realmente, es de 2,6 por ciento del Presupuesto de gastos anual total para 1995. Con esto se deberán enfrentar todas las nuevas leyes, sectoriales o de cualquier tipo que se propongan, más emergencias como sequías o catástrofes y otro tipo de materias. Por lo tanto, no estamos hablando de los 326 mil millones que citó el señor Senador.
Finalmente, siempre se pueden hacer observaciones uno a uno. Por ejemplo, comparar -como se ha hecho- ENACAR con el aguinaldo del sector pasivo. Otro observador podría tomar el costo del aguinaldo, a cuyo respecto hay que recordar que, en el caso de los pasivos, supera los 9 mil 500 millones de pesos, comparado con 6 mil 200 millones que representan todos los activos. Por ese solo efecto, ya resulta que cualquier movimiento que hagamos en el sector, por su masificación, es lo que impacta en costo fiscal directo.
Pero podríamos hacer otras comparaciones: ¿por qué no alterar el subsidio implícito, por ejemplo, a los bancos, que han percibido por muchos años deuda subordinada en un stock de 4 mil millones de dólares, y con eso financiar, tal vez, muy buenas asignaciones o aguinaldos para los pasivos? Es decir, considero peligrosas las comparaciones uno a uno, si no se hacen en un contexto responsable y macroglobal.
Gracias, señor Senador.
El señor ERRÁZURIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PIÑERA.-
Un momento, señor Presidente, porque esta interrupción ha sido con cargo al tiempo del Gobierno, del Tesoro Público, en un caso, y, en el otro, con cargo a la Comisión de Hacienda del Senado.
Prosigo mi intervención.
Digamos las cosas como son. Lo que estoy planteando aquí es algo simbólico, ya que el proceso de igualar los aguinaldos tiene un costo (corregido por efecto de las cargas) de 2 mil 300 millones de pesos, que representan menos de un ciento sesenta avo de lo que está contemplado en la partida de provisión para financiamientos comprometidos del Presupuesto de la Nación. Y estoy absolutamente seguro de que, sin tocar el techo de gasto, y sin necesidad de incrementar impuestos, es factible hacer el gesto simbólico e igualar los aguinaldos de Navidad para activos y pasivos.
A mi juicio, no hay argumento ético, moral ni económico para negarse a uniformar los aguinaldos. Es, simplemente, un problema de decisión, y sugiero al Gobierno que haga ese gesto simbólico en esta materia.
Con relación a los subsidios implícitos a los bancos, quiero recordar solamente dos cosas. Este no es un subsidio a los bancos, ni a sus dueños; es un mecanismo complejo que permitió evitar quiebras, con las cuales el gran perjudicado habría sido el Banco Central. Lo trataremos en el contexto de la deuda subordinada. Precisamente se encuentra en trámite un proyecto de ley sobre la materia, y, por lo tanto, si el señor Ministro tiene alguna idea al respecto, que la proponga, a fin de discutirla en su mérito. Pero lo importante, señor Presidente, es el tema de fondo: el de las pensiones.
Actualmente, la pensión mínima no alcanza a 39 mil pesos -se está alejando cada día más del monto del salario mínimo-, y la pensión asistencial es inferior a 19 mil pesos. Estos dos tipos de pensiones no han tenido absolutamente ningún reajuste real, salvo el haber recuperado el 10,6 por ciento, que era un problema histórico que se arrastraba desde 1985, o sea, desde hace mucho tiempo.
Si al término de un período que abarque los últimos cuatro años y también el quinto que está comenzando, la economía chilena llegara a un crecimiento de 40 por ciento; vale decir, si a fines de 1995 Chile resulta ser un 40 por ciento más rico de lo que era en 1990, que fue cuando se inició el proceso de recuperación del 10,6 por ciento que se adeudaba a los pensionados, cabría preguntarse: ¿corresponde o no pensar seriamente en un programa gradual, moderado, de incremento de las pensiones? Porque de algo estoy seguro, luego de haber observado en el terreno el problema que aqueja a este sector. Desde el punto de vista de la desgracia humana, no hay situación más lamentable que la combinación de ser pobre y ser viejo.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor PIÑERA.-
Por supuesto.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente.
El señor PIÑERA.-
No he concedido interrupción al Honorable señor Hormazábal, sino al Senador señor Hamilton, con la venia de la Mesa.
El señor HORMAZÁBAL.-
Entonces, se la pido, Honorable colega. Si no me la cede, será una determinación arbitraria.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, comparto las apreciaciones que está haciendo el Senador señor Piñera acerca del sector pasivo. Y, aunque no es el momento ni la oportunidad para discutir el asunto, creo que hay dos cuestiones que conciernen a los pensionados. La primera se refiere a que estos ex trabajadores han sido históricamente postergados, y continúan en condiciones desmedradas a pesar de los avances producidos durante el Gobierno anterior; y la segunda tiene que ver con la situación de las montepiadas.
Ambos temas me inquietan particularmente y pienso que bien pudieran ser objeto de un acuerdo del Senado para que, en el momento apropiado, el señor Ministro proceda a estudiarlos y los transforme en un proyecto de ley.
El señor PIÑERA.-
Señor Senador, ¿es una interrupción...
El señor HAMILTON.-
Termino de inmediato.
El señor PIÑERA.-
...o una intervención?
El señor HAMILTON.-
Es una interrupción, Honorable colega. Pero creo que no corresponde que su Señoría la califique. Me la otorgó y hago uso de ella.
El señor HORMAZÁBAL.-
Prefiero que dirija el debate el señor Presidente, no el Senador señor Piñera.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si el Honorable señor Piñera continúa dando interrupciones, tendré que cargarlas a su tiempo.
El señor PIÑERA.-
No, señor Presidente. Todas ellas han contado con la venia de la Mesa. Y ya fijé las reglas del juego al decir que las interrupciones eran con cargo al Tesoro Público, a la Comisión de Hacienda...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sí, pero no concederé más la venia de la Mesa para tal efecto, porque es preciso que Su Señoría termine su intervención, ya que todos los señores Senadores tienen derecho a participar.
El señor HORMAZÁBAL.-
De seguir así, tendré que inscribirme ante el Senador señor Piñera.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, sólo quería expresar las dos ideas que mencioné: por un lado, que es injusto que las montepiadas reciban el 50 por ciento de la pensión del causante, porque ésta no genera gastos importantes para el erario; y, por otro, que la pensión mínima no debiera ser inferior al salario mínimo.
Dejo expuestas esas dos ideas, que me parecen importantes, con el fin de que, como dije, el Gobierno las estudie -no ahora, porque el proyecto en debate tiene otra finalidad- y de que, en vista de la necesidad de iniciativa exclusiva del Jefe del Estado y de la buena voluntad evidenciada por el señor Ministro, se compatibilicen con lo señalado por el Senador señor Piñera y se incluyan en un nuevo proyecto que el Ejecutivo remita al Congreso.
Agradezco la interrupción.
El señor PIÑERA.-
Concluyo en seguida, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Reitero a Su Señoría la necesidad de que no otorgue más interrupciones.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, no doy interrupciones sin la venia de la Mesa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No le concederé más esa autorización, porque el señor Senador no puede llegar a ser el epicentro del Senado.
El señor PIÑERA.-
No pretendo serlo, señor Presidente.
Honorable señor Hormazábal, lamentablemente, como Su Señoría acaba de escuchar del señor Presidente y correligionario suyo, no podré cederle una interrupción.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Sería bueno que se dirigiera a la Mesa.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, he formulado dos planteamientos muy concretos. El primero es de carácter simbólico, porque tiene un costo extraordinariamente bajo, y consiste en igualar los aguinaldos de Navidad de activos y pasivos. Y el segundo es más de fondo: asumir, a partir de este instante, que el país es un 40 por ciento más rico que cuatro años atrás, y que, al ritmo de crecimiento esperado, seguirá en un proceso de evolución notable. En consecuencia, debemos procurar que el carro de los pensionados no quede desconectado de esta locomotora.
Sugiero al señor Ministro que pensemos en un programa de reajustes graduales. Hago presente que un reajuste de cinco por ciento al millón de pensionados que perciben pensiones mínima y asistencial, que son los más perjudicados dentro del sector pasivo, tiene un costo de 50 millones de dólares.
Esa cifra es muy parecida -aunque la comparación no le guste al señor Ministro- a la que se destinó a ENACAR en el Presupuesto de la Nación, con el visto bueno de muchos de los señores Senadores presentes.
Agradezco que otro señor Senador haya argumentado en la misma línea. Lo considero muy positivo y quizá podamos hacer un planteamiento conjunto. Propongo al señor Ministro considerar lo expuesto y tratar de enfrentar la situación de los pensionados con realismo. Pero no seguir diciendo que se trata de un problema histórico, o que no es el momento de discutirlo. De este modo nunca se resolverá.
Finalmente, con relación al comentario de un señor Senador que me antecedió, en cuanto a que el sector privado debiera otorgar reajustes análogos al del sector público, debo manifestar que ésas no son las reglas del juego. El área privada puede dar mucho más que el sector estatal cuando la productividad lo permita; pero en aquellos casos en que el nivel de ésta no haga factible incrementar las remuneraciones en 12,2 por ciento, es preferible que no lo haga, porque entonces se produciría un efecto contrario y tal vez esas empresas tendrían que salir del mercado por dejar de ser competitivas. Eso, lejos de beneficiar, perjudica. La empresa privada tiene sus propias reglas. No hay que ser generoso con el dinero ajeno.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Calderón.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente, apenas se anunció el tema central de este proyecto de ley, esto es, el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la CUT y la ANEF, en torno a un reajuste de 12 por ciento para el sector público, surgieron críticas, las que aquí se han reiterado.
El centro de la crítica es que, con una inflación estimada de 8 por ciento para el próximo año, el reajuste del 12 por ciento -muy superior a aquélla- tendrá un impacto inflacionario. Al respecto, quiero señalar dos cosas. En primer término, que no existe esa correlación tan estrecha que se pretende hacer entre el reajuste al sector público y la tasa de inflación. Basta recordar que, el año pasado, cuando se aumentaron las remuneraciones de la Administración del Estado en 15 por ciento, los mismos críticos de hoy hicieron similares anuncios alarmistas. La inflación de 1993 había sido de 12,2 por ciento, y para 1994 se preveía un IPC de 11 por ciento.
En ese entonces se dijo que un 15 por ciento de reajuste era excesivo; que no se podría cumplir la meta de reducir la inflación, y hasta se insinuó que ese aumento buscaba más un impacto electoral que el objetivo antiinflacionario. Pero resulta que en 1995 el alza del costo de la vida será incluso menor que la meta de 11 por ciento que se ha fijado.
Al parecer, las estimaciones de Hacienda han demostrado ser más serias que los agoreros anuncios del Instituto Libertad y Desarrollo y de algunos dirigentes de los grandes gremios empresariales.
En segundo lugar, los trabajadores del sector público han aceptado el criterio de usar la inflación futura para calcular el reajuste, y están dispuestos, en aras del objetivo nacional de reducir la inflación, a usar ese indicador esperado, pero junto a otros dos elementos muy importantes: el aumento de la productividad y la progresiva recuperación del deterioro que han sufrido sus rentas.
El aumento de la productividad es un desafío que los funcionarios estatales y el Gobierno han asumido. Sin embargo, quiero referirme, en especial, al deterioro de las remuneraciones de dichos servidores, que ha sido muy grande y del cual no hemos tomado suficiente conciencia. Voy a entregar algunos datos.
Si tomamos 1982 como 100 para todos los indicadores, resulta que en 1993 el ingreso per cápita había subido a 166, en tanto que el índice general de remuneraciones había aumentado a sólo 118,4. Digamos, de pasada, que esta diferencia entre este índice y el ingreso per cápita, nos hace sospechar que hay una brecha entre el crecimiento de las utilidades y el de los salarios, cuestión que parece corroborarse al examinar los datos de la Bolsa de Comercio sobre dividendos y repartos de capital en dinero. En 1983 se distribuyeron algo más de 51 mil 500 millones de pesos, en valores de diciembre de 1993. Dicho reparto de dividendos subió al año siguiente a 69 mil 300 millones de pesos, al otro año a 114 mil 600 millones, y así, sucesivamente, hasta llegar casi a 662 mil 500 millones en 1993, todas esas cifras en valores de diciembre de este último año. Si tomamos a 1983 como 100, veremos que en 1993 el índice se elevó a 1.286. Esto significa que el reparto de dividendos sube mucho más de lo que lo hacen las remuneraciones, y nadie levanta su voz para reclamar de eventuales impactos inflacionarios.
Lo que me parece inconsecuente de estos críticos es su distinta actitud frente a los ingresos monetarios que se perciben del trabajo y a los ingresos monetarios que provienen del capital. ¿Acaso los dineros de las acciones no tienen efectos inflacionarios y sólo los sueldos los producen? Parece que la ley económica que siguen estos agoreros del impacto inflacionario de los reajustes de remuneraciones es la vieja "ley del embudo".
Volvamos a las remuneraciones. Como hemos dicho, en 1993 el índice general de ellas había subido a 118,4, respecto de 100, en 1982. Entre paréntesis, de nuevo se presenta la "ley económica del embudo", ya que cuando aquél subía a 118,4, ya los gerentes y administradores habían elevado el suyo a 156,8, en 1992, último año con cifras comparables. ¡Pero todavía hay más "ley del embudo"! ¿Saben Sus Señorías a cuánto alcanzaba el índice de remuneraciones del sector público? ¡A sólo 64,9!
El Gobierno de don Patricio Aylwin recibió a los trabajadores del sector público ganando 61,9 por ciento de lo que percibían en 1982. Sin contar los efectos de medidas especiales en educación y salud, ni los efectos de las leyes de plantas, con los reajustes de estos últimos años y el que se acaba de acordar, que han significado pequeños mejoramientos reales, su índice de remuneraciones se elevará a sólo 67,9 por ciento de 10 que tenían en 1982.
El reparto de dividendos ha crecido en más de 1.100 por ciento en 10 años, los sueldos de los gerentes han aumentado por sobre 55 por ciento en igual período y las remuneraciones del sector privado en general se han incrementado en 18 por ciento en 11 años, en tanto que las remuneraciones del sector público han disminuido en 32 por ciento. Creo que debemos tomar conciencia de que faltan varios reajustes para hacer justicia a estos trabajadores. Y mientras no se logren remuneraciones dignas, resulta hasta ilusorio hablar de modernización del Estado. Hablo de una modernización de verdad, no de esa repetición banal que la hace aparecer como sinónimo de privatización.
Pero el mejoramiento del sector público también tiene que ver con otro objetivo que ha generado consenso nacional, cual es el de eliminar la pobreza. Porque muchos de sus trabajadores se encuentran en el rango de los afectados por ésta. Y se hallan en esa condición de la peor manera: cuando no se puede reconocer la pobreza real y hay que disimularla hasta para mantener el trabajo. Esto se desprende de los propios datos financieros del proyecto. En efecto, 63 por ciento de los trabajadores que se beneficiarán gana menos de 138 mil pesos líquidos al mes. Y esa cantidad no es una gran remuneración, porque difícilmente puede vivir una familia con ese ingreso, aun cuando trabajen dos miembros de ella.
De repente, me da hasta asco y me parece hasta inmoral la visión de la economía que sustentan estos críticos -quienes, por cierto, perciben ingresos que los colocan entre los más privilegiados de nuestro país-, que miran y usan las cifras sin pensar en la gente que hay detrás de ellas, en los problemas que enfrentan, en el factor humano.
Lamentablemente, parece que todavía no nos hacemos cargo del gran problema que debe resolver nuestro país: cómo lograr un reparto más equitativo, social y geográficamente, de lo que genera la economía. El reajuste propuesto es un avance en ese sentido, y, por lo tanto, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto.
Al terminar mis palabras, quiero señalar lo siguiente respecto del sector pasivo, en el cual la Oposición ha centrado su postura en esta Sala. Se ha discutido mucho cómo mejorar a ese sector. Pregunto a la Oposición, entonces, si está dispuesta a subir algún tipo de impuesto, para arreglar definitivamente el problema de los pasivos. ¡Esa es una pregunta sustantiva! ¡No se puede utilizar la demagogia para hacer frente a esa situación!
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que no estoy sentido por el hecho de que el Senador señor Piñera no me haya concedido una interrupción. Entiendo y comparto la preocupación del señor Presidente del Senado en orden a que puedan participar todos los señores Senadores.
Ahora bien, puedo hablar un poquito más bajo, para que los colegas que están atrás no se sientan afectados por mis palabras. Porque si a ellos les molesto, puedo hacerlo...
El señor ERRÁZURIZ.-
Su Señoría, se lo agradeceríamos todos. Así que hable bajito no más.
El señor PIÑERA.-
¡Acogemos la sugerencia, señor Presidente!
El señor HORMAZÁBAL.-
Entonces, hablaré un poquito más bajo.
El señor CANTUARIAS.-
Si quiere, lo puede hacer en la Sala del lado, señor Senador.
Se lo agradeceríamos mucho más.
El señor HORMAZÁBAL.-
Pero tendría que hablar en voz alta. Si el Honorable colega les diera el mismo valor a mis palabras, con todo agrado iría a la sala del lado.
El señor PIÑERA.-
Les damos el mismo valor, Su Señoría.
El señor CANTUARIAS.-
O, mejor, las damos por dichas, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
El problema es que los sordos no quieren escuchar.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, luego de esta etapa de jolgorio, debo señalar que tanto en la otra sala como aquí diría lo mismo. Así que si los Honorables colegas me lo permiten, me referiré en estos términos al asunto que nos ocupa.
En primer lugar, comparto la alegría que expresó el Senador señor Piñera por la presencia del titular de Hacienda. Creo que el señor Ministro es un hombre de calidad, técnica, profesional y humana, y, por lo tanto, para nosotros constituye un honor tenerlo en el Senado y conocer sus puntos de vista
Como son escasas las oportunidades de mantener un contacto directo, conviene aprovecharlas para intercambiar opiniones con él sobre este tipo de materias y otras de interés nacional. Por eso, manifiesto mi concordancia con el Honorable señor Piñera sobre el particular, y espero que estas visitas se mantengan.
En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión previa. Se ha hablado mucho de los pensionados, incluso, el señor Senador al que acabo de mencionar lamentó que no se trate de una iniciativa relacionada con pensiones. En tal sentido, debo señalar que, con motivo de la promulgación de una ley que conocimos -afortunadamente, el Gobierno aceptó la petición que le formulamos Senadores de distintas orientaciones políticas-, los pensionados ya no se hallan en la necesidad de esperar que la inflación llegue a 15 por ciento para que puedan tener derecho a reajuste, toda vez que la normativa establece que podrán recibirlo una vez al año, cualquiera que sea la variación que experimente la inflación. De modo que si ese punto no se ha considerado en el proyecto, ello se debe a que precisamente tanto el Gobierno como el Parlamento han podido coincidir en la importancia que reviste avanzar en una materia tan significativa como ésa.
Menciono esto, señor Presidente, porque si todo el país expresa su satisfacción por las metas que se han fijado para que baje la inflación, resultaría contradictorio que un millón 300 mil chilenos estuvieran con los dedos cruzados, dado que la única expectativa de incremento de sus ingresos, tan bajos, precisamente hubiese sido que la inflación subiera.
Lo que el distinguido colega echa de menos en este debate, entonces, obedece a un logro que hemos obtenido en conjunto y que beneficia a los pasivos.
El señor Ministro nos ha pedido que en esta ocasión no nos refiramos al tema de los pensionados. Personalmente, estoy dispuesto a escucharlo a él en muchas otras materias, sea en lo relativo al NAFTA, a la política macroeconómica, e incluso, en lo que respecta a su observación -que comparto plenamente- acerca de la deuda subordinada; pero, desgraciadamente, me veo en la necesidad de aludir a ese tema, porque es parte del proyecto, y lo haré dentro de su contexto.
¿Es buena o no la política que se refleja en esta iniciativa? Señor Presidente, creo que ella es tremendamente acertada y que el proyecto está orientado por criterios muy importantes y valiosos para el país, más allá de las diferencias políticas que puedan existir. ¡Cómo no va a ser bueno, primero, que haya sido establecida de común acuerdo con los sectores en los cuales regirá! Por lo tanto, señor Ministro, me parece que es un logro de su administración el hecho de que en los conflictos que se han suscitado en el mundo sindical se haya podido llegar a un acuerdo de esta naturaleza. Segundo: creo que es buena, además, por un componente hecho presente por muchos Senadores de Oposición y que comparto. No es conveniente dar en el país la señal de que, para lograr mejoramientos, hay que ir siempre al conflicto. Yo no he visto ninguna huelga de la ANEF, ni ninguna organizada por la CUT, ni de ningún servicio público, a raíz de la legítima expectativa que han planteado para mejorar sus remuneraciones. De modo que cómo no va ser también positivo que se haya logrado establecer un incremento de remuneraciones para un sector tan importante como la Administración Pública, sin un conflicto de esa naturaleza...
El señor LARRE.-
¿Qué pasa con los judiciales, colega7
El señor HORMAZÁBAL.-
No lo sé, señor Senador.
Señor Presidente, mi querido amigo el Honorable señor Larre parece que quiere hacerme una pregunta. Me gustaría acceder de inmediato.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Su Señoría hizo más bien una observación, antes que una pregunta, porque no ha pedido la interrupción.
El señor HORMAZÁBAL.-
Perdón, señor Presidente. Confundí la legítima exclamación de mi colega con un interés por participar.
Decía que la política que se está siguiendo es tremendamente correcta.
Ahora, el sector de los grandes empresarios y algunos personeros de Oposición han manifestado su preocupación, muy legítima -incluso, leí unas declaraciones del Presidente del Banco Central acerca de la materia-, en el sentido de que el reajuste, pactado al 12,2 por ciento, podría quizás generar alguna dificultad, atendida la meta macroeconómica de 8 por ciento que se fijó el Gobierno. La evaluación de éste y del mundo sindical, que comparto, indica que el reajuste no va a afectar las metas globales de la economía, sino que recoge, de nuevo, una inquietud planteada por el mundo sindical y por Parlamentarios de todos los sectores.
Porque opiniones puede haber muchas, pero, en cuanto a las cifras que cabe considerar, espero que haya acuerdos entre nosotros. El Senador señor Calderón hizo referencias muy interesantes en relación con el tema. Quedó claro, por haber estudios concretos que lo demuestran, que, aunque entre 1986 y 1989 se otorgaron cinco reajustes al sector de la Administración Pública -¡cinco!-, las remuneraciones reales disminuyeron en 7 por ciento. O sea, no debe medirse el incremento de las remuneraciones del sector por el número de reajustes, sino por un efecto como el que hago presente. Cinco reajustes, entre 1986 y 1989, produjeron como resultado una disminución de 7 por ciento en las remuneraciones del sector público. Así que queda claro, señor Presidente, objetivamente, que la política seguida entre esos años fue otorgar reajustes inferiores al índice de precios al consumidor. Ahora, el Gobierno ha mantenido una política basada, como dato importante, en dicho indicador. Para mí, entonces, la política que se está implementando es correcta.
Y quiero señalar, para no hablar sólo del pasado, que se halla pendiente la situación -porque debemos tener en cuenta los antecedentes entregados por MIDEPLAN- de que las remuneraciones del sector público son aún bastante bajas. Con el índice mencionado por el Honorable señor Calderón, de 1982, equivalente a 100, llegamos en 1989 a un índice de 68,3, y en 1993, a uno de 64,9. En consecuencia, aún hay mucho que avanzar en materia de remuneraciones del sector público, independientemente de que en estas cifras no están explicitados claramente, como lo indica el propio informe de MIDEPLAN, los ajustes parciales que se han venido haciendo por cada segmento del sector público, que han sido numerosos en el último tiempo.
Estamos, entonces, frente a una política correcta, seria y madura respecto del sector público, que incorpora un elemento valioso: la productividad. Y todos estamos conscientes de que es serio y responsable usar también ese elemento. Aquí surge una pregunta, señor Presidente. El país está siendo más rico. El Senador señor Piñera decía que es 40 por ciento más rico. "¡Quiero saber quién tiene mi parte!", es lo que señalan campesinos, pobladores y gente muy modesta. De acuerdo con las cifras oficiales, el quintil de más altos ingresos mantiene una participación del orden de 56 por ciento en los ingresos monetarios, mientras que el 20 por ciento más pobre ha incrementado en 0,3 por ciento su participación. Los sectores medios, por su lado, están en una situación peligrosa de estancamiento.
Entonces, señor Presidente, ¿quién se está llevando la mayor riqueza que existe en el país? De ahí que me preocupa no sólo cómo crecemos, sino cómo se distribuye lo que Chile produce más. Creo que en ese aspecto existen serias deficiencias, hacia las cuales deberíamos apuntar todos, en conjunto, porque los equilibrios y la estabilidad de una sociedad pasan por que la mayor riqueza se reparta con gran equidad. Pienso que en esto la sociedad chilena aún está muy en deuda.
Me parecería muy apropiado que, además de los factores de productividad para el sector público, se piense en los pensionados. Y ya que el señor Ministro recibió tantos elogios, que parece que lo hicieron ponerse colorado y abandonar la Sala para no seguir siendo objeto de ellos, quiero dejar constancia en la Versión Oficial que espero que el Gobierno tome en cuenta, para cuando se debata el proyecto de reajuste de los pensionados -tiene que ser pronto, porque ya corresponde-, el factor de incremento de productividad para asignarlo a aquéllos. Creo que la variable usada por el Gobierno (el 3 por ciento de productividad) debería agregarse al factor del índice de precios al consumidor. Y hago expresa mención de ello, con el objeto de que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Hacienda para pedirle que, como su política de ligar reajuste de remuneraciones a IPC y elementos de productividad es correcta, también los jubilados chilenos tengan derecho a participar de este mayor crecimiento de la riqueza del país, en los mismos términos en que, con la madurez y responsabilidad que ya he reconocido, el señor Ministro lo pensó para el sector público.
Hay un segundo elemento, señor Presidente, también extraordinariamente valioso: el bono de escolaridad. No hay duda de que entre los múltiples gastos que agobian a los chilenos en el mes de marzo está, precisamente, el de los desembolsos por las actividades escolares. En consecuencia, me permito reconocer, igualmente, el mérito de la política diseñada por el señor Ministro de Hacienda en esta materia, y, en tal sentido, pido que se oficie en mi nombre a esta alta autoridad del Gobierno para que se haga lo mismo con el sector de los pensionados, quienes también mandan hijos al colegio y se ven enfrentados a los mismos gastos que los trabajadores activos del sector público en ese ámbito. Naturalmente, una política correcta, como la diseñada, tiene que hacer escuela, y, por eso, en este asunto me permito ser solamente seguidor de las líneas gruesas y directrices a través de las cuales el señor Ministro de Hacienda ha conducido el debate respecto de este punto.
En seguida, señor Presidente, me voy a referir al tema de los aguinaldos. Y vuelvo a decir: creo que la política diseñada por el Gobierno es buena. Lo es porque ha venido reduciendo la brecha. Se pueden tener, claro está, opiniones distintas. Por ejemplo, para septiembre, los Senadores democratacristianos enviamos una carta -y hemos hecho las gestiones del caso, pero sin resultados positivos-, para que los aguinaldos fueran similares entre el sector activo y el pasivo. ¿Por qué? Porque igual se financian con fondos públicos. Y, como queremos focalizar el mayor gasto en los que necesitan más, ¿por qué no hacerlo en el sector de los jubilados?
¡Muy bien! Nos parece que eso debe ser deseable y, en consecuencia, insistiremos. Por tal motivo, señor Presidente, pido que se oficie al señor Ministro con el fin de que también tenga presentes estos antecedentes, por cuanto considero que es de elemental justicia que a los pasivos se los trate en idénticos términos. Si no, se produce una sensación de inequidad en los pensionados, que no obedece a la política que el Presidente Frei está implementando con bastante vigor.
Quiero reflejar eso. Se podrán hacer críticas, pero ningún señor Senador puede afirmar que esta política es peor que las que se aplicaron antes. Esta es mejor y la brecha se va reduciendo. Los porcentajes de reajuste, en el caso de los aguinaldos, son mayores incluso que los del sector en actividad. ¡Está bien! Pero con este paso, un tanto cansino, nos podríamos demorar demasiado.
He escuchado con alegría los planteamientos de algunos Senadores de Oposición en cuanto a la necesidad de dar más reajuste a los pensionados y entregar más recursos en otros ámbitos. Lo que a mí me preocupa no es lo que Sus Señorías dicen, sin embargo. Creo que es tremendamente negativo que aún tengamos una pensión mínima de 39 mil pesos. Y considero que ése es un tema que el Gobierno debe enfrentar. Hay que ir nivelando la pensión mínima a lo menos con el salario mínimo. Y eso es algo que el país está en condiciones de financiar y de alcanzar, dentro de la política de seriedad, en relación con los equilibrios macroeconómicos, que todos sabemos que el Gobierno debe manejar.
Un distinguido Senador -a lo mejor, porque no estaba en la Sala cuando se discutió el proyecto- hizo una pregunta respecto de las pensiones asistenciales. Quiero hacer presente que las pensiones asistenciales, que al término del Gobierno del General Pinochet eran de 6 mil pesos mensuales, ya están en una suma cercana a los 15 mil 700 pesos. Todavía son muy insuficientes, pero se han reajustado de manera impresionante.
Un segundo detalle -que tal vez el Honorable colega que hizo el reclamo ha olvidado- es que, por moción parlamentaria que acogió el Ejecutivo, esas pensiones asistenciales ya no son transitorias. Es decir, ya no se entregan por un período de tres años, con lo que se hacía competir entre sí a los más pobres de edad avanzada por los cupos que otorga cada municipio. Y los Gobiernos democráticos de los Presidentes Aylwin y Frei han avanzado en una política coherente y seria de beneficios para el sector pensionados, aunque, en mi opinión, debería acelerarse el paso en el mejoramiento de tales objetivos.
Hemos escuchado a un distinguido señor Senador sostener que el Gobierno dispone de reservas y recursos para estos fines. El señor Ministro de Hacienda, a su vez, con su versación y conocimientos, ha dicho que no es tan así. La pregunta de fondo es, entonces, ¿por qué no entregamos más recursos?
Y en este sentido es conveniente considerar los siguientes datos: el próximo año el país recibirá cerca de 200 millones de dólares menos. ¿Por obra de qué? De la rebaja tributaria que los sectores de Oposición impusieron en el Gobierno anterior. ¡Doscientos millones de dólares menos! ¿Quieren sacar la cuenta de lo que esa cifra representa? Mi colega el Senador señor Piñera señaló que igualar el costo del aguinaldo de los pensionados con el de los activos representa 8 millones de dólares. ¿Para cuántos años alcanzarían los 200 millones de dólares que Chile dejará de percibir anualmente?
Por consiguiente, debe haber coherencia en lo que señalan Sus Señorías, ya que cuando se trata de pedir, piden, pero en el momento de proporcionar el financiamiento, no dan el apoyo necesario y protegen a quienes tienen más recursos. Y voy a ir al canto. ¡Ahí está el tema concreto! A ninguno de los señores Senadores que hicieron uso de la palabra escuché referirse con preocupación a que en los próximos ocho años, el Estado chileno dejará de recibir 200 millones de dólares, por efecto de la condonación de deudas a los propietarios de hasta dos parcelas CORA.
Hay que proteger a los ancianos, pero los municipios carecen de recursos para ello. He recibido cartas de distintas Municipalidades diciéndome que no pueden abrir ni siquiera un hogar de ancianos. Y ocurre que cuando proponemos entregar más fondos a estos organismos -por ejemplo, los municipios de la Cuarta Región, por la vía del proyecto de ley de rentas municipales, recibirían 10 por ciento más-, firmantes del acuerdo tributario, personeros de Oposición, recurren al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional dicha iniciativa legal. ¿Por qué? Porque aumentan las contribuciones que deben pagar 198 grandes empresas del país.
Creo que mis Honorables colegas plantean de buena fe mejorar la situación de los pensionados. No dudo de sus buenas intenciones, ni de que están realmente conmovidos -como sucede con el Senador señor Piñera- de ver gente pobre y anciana. Sin embargo, cuando se trata de entregar los recursos pertinentes, ¿dónde están los argumentos? ¡Obras son amores y no buenas razones!
El Gobierno está haciendo lo que puede. Y pienso que puede más, por la cabalidad de sus integrantes y los compromisos que ha adquirido. Pero, en síntesis, me gustaría que, en democracia, se insistiera a fondo en una política general en la cual no haya chileno pobre perjudicado, y en la que los pensionados tengan derecho a mejorar su condición sumamente inestable. Pero, en el Parlamento tendríamos que, además, dar señales positivas y unitarias al Ejecutivo de que estamos dispuestos a otorgar nuevos recursos para alcanzar ese objetivo.
Finalmente, no resisto la tentación de dejar abierto el debate sobre las reformas laborales y la previsión, porque mi estimado colega el Senador Piñera nuevamente se refirió a las bondades del sistema. Estimo que no es el momento de ahondar sobre ese tema, pero quiero señalar solamente que en la página 53 del informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, figura un dato importantísimo entregado por el señor Ministro de Hacienda, que dice: "Por su parte, los gastos por concepto de prestaciones previsionales tendrán un significativo crecimiento, cercano a 10% real, durante 1995, explicando así más del 70% de la expansión en el nivel del gasto corriente. Este crecimiento se origina fundamentalmente en un importante incremento en el gasto por concepto de pago de bonos de reconocimiento y mayores gastos en pensiones, asociado fundamentalmente al mejoramiento de las pensiones del sector público.".
Señor Presidente, estimados colegas, estas cifras muestran que el Estado chileno gastará hasta el 2006 o el 2015 -depende del esquema que se use- más recursos que los que utilizaba en el antiguo sistema previsional. Las bondades del actual régimen pueden examinarse con seriedad. No quiero discutir el tema en forma dogmática.
En un estudio realizado oportunamente por el Director de Presupuestos, don José Pablo Arellano -quien no se encuentra presente-, se demuestra que si a los pensionados del seguro social -que tienen tan bajos ingresos como los que aquí se han mencionado- se les hubiera aplicado las mismas modalidades de cálculo del nuevo régimen previsional, sus pensiones serían aun más bajas.
Señor Presidente, en el tema de la previsión, de la seguridad social, no se puede improvisar. Hay que tratar de hacer un esfuerzo serio. Yo me he declarado contrario al modelo, y no por dogmatismo. Tengo mis argumentos y quisiera ver la manera de profundizar en ellos. Pero me gustaría que los Honorables colegas supieran -como lo saben los técnicos- que si hoy día, como lo dijo el Honorable señor Piñera hay mejores pensiones, es el caso de las de sobrevivencias y de vejez, es porque el Estado, según estudios realizados por gente muy calificada, financia fundamentalmente dos tercios de ellas con el bono de reconocimiento. O sea, hay gasto fiscal.
Señor Presidente, éste no es el tema en debate hoy día. De manera que no quiero insistir al respecto, y sólo me he referido a él porque un distinguido señor Senador lo mencionó.
El señor PRAT.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría, para hacer una precisión?
El señor HORMAZÁBAL.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor PRAT.-
Dicho bono justamente es el reconocimiento del Estado a las imposiciones que el imponente hizo durante toda su vida laboral. Por desgracia, es un reconocimiento subparcial, porque está absolutamente desvalorizado respecto de lo que efectivamente impusieron los trabajadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa con el uso de la palabra señor Senador.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, comparto la apreciación de mi estimado colega. En realidad, el bono de reconocimiento está subvalorado y tiene defectos de distinta naturaleza. Y debo decir a Su Señoría -seguramente lo sabe- que incluso tuvo que modificarse durante el Gobierno anterior, porque se usaron patrones de expectativas de vida norteamericanos y no el promedio nacional. Además, particularmente, en esta situación se castiga a la mujer, a quien se supone debemos proteger.
El señor PRAT.-
¿Me permite otra precisión?
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, no deseo dar más...
El señor PRAT.-
El bono de reconocimiento es por el pasado, no por el futuro.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El señor Ministro desea una interrupción.
El señor HORMAZÁBAL.-
Con mucho gusto, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
Deseo hacer una precisión sobre el punto que ha mencionado el Honorable señor Hormazábal y que ha recogido el Senador señor Prat.
Cabe destacar que efectivamente el cambio al nuevo sistema previsional significa un costo de arrastre fiscal considerable en la transición que estamos viviendo. Por lo tanto, año tras año hay un compromiso del Estado con el sistema antiguo, masivo y numérico, que ilustraré con cifras. Mientras en 1990 el componente del gasto en bono de reconocimiento ascendía en pesos reales a 82 mil 100 millones, en el Presupuesto para 1995 -que Sus Señorías aprobaron ayer-, la Partida, obligadamente de arrastre por la mecánica del sistema, alcanzará a 193 mil 400 millones de pesos. Es decir, aquí hay un compromiso que el Estado hace numérica y cuantitativamente todos los años por el problema de la transición que plantea el Senador señor Hormazábal. El Fisco no se ha desligado de las pensiones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, de nuevo agradezco que la ilustración del señor Ministro permita aclarar en el Senado un hecho irredargüible. Se pueden tener opiniones distintas sobre si es bueno o no este nuevo sistema. Yo creo que es malo, y que si en la práctica está entregando algunas buenas pensiones, se debe a que el Estado está pagando por otra vía, y se producen, además, otros fenómenos. Pero insisto en que hoy día no corresponde analizar el sistema previsional.
Por otra parte, deseo dejar establecido, primero, que el proyecto en estudio es serio, que introduce una mejoría sustantiva en el ámbito del sector público; que agrega el factor de productividad -tremendamente valioso-, y que ello se realiza de acuerdo con el sector involucrado.
Me parece importante, además, que se siga incrementando por sobre el IPC el aguinaldo de los pensionados, pero no estoy de cuerdo con que no se les trate de la misma manera que al sector activo.
Por otro lado, me alegro de que el Gobierno haya aprovechado la presente iniciativa para superar problemas derivados del atraso del Parlamento en el despacho del proyecto sobre atención primaria de salud municipal. En efecto, aquí vienen normas -no se ha hecho mucha referencia a ellas- que permiten a los trabajadores de ese sector disponer de las bonificaciones que se les conceden en aquel proyecto, pero que no han salido por el atraso de su despacho. Me parece muy positivo ese proceder y el señor Ministro de Hacienda, espero, tendrá la oportunidad de leer los oficios que solicité en la Sala en la oportunidad en que no pudo asistir, haciéndole presente peticiones en ese sentido.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que queda mucho por hacer en el ámbito de los pensionados, pero los Gobiernos democráticos han sido categóricos en la adopción de medidas para mejorar su situación.
Los empleados públicos están recibiendo un muy buen reajuste, pero sigue pendiente la mejoría en los sectores que aún están deteriorados con relación a 1982. Pero, sobre todo, quiero destacar que los pensionados del sector público, aquellos que comiencen a jubilar ahora o que lo han hecho en estos meses, ya disfrutan de incrementos de pensiones que van desde 60 por ciento hasta 143 por ciento. Ello, gracias a que los Gobiernos democráticos de los Presidentes Aylwin y Frei se han preocupado de los sectores más postergados.
Por tales razones, señor Presidente, vale la pena votar con alegría en favor del presente proyecto, y esperar con confianza que hombres de la capacidad y talento del señor Ministro de Hacienda podrán, si no recoger, al menos contestar las observaciones que los Senadores hacemos.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Hago presente que hay diez señores Senadores inscritos, sin considerar las manos que ahora se levantan enérgicamente... En consecuencia, pido la mayor concisión posible, a fin de poder votar a las 13:30, como estaba previsto. Mi temor es que la discusión sobre lo que no trata el proyecto consuma más tiempo que la referida a la verdadera materia del mismo: un reajuste. Ya ha quedado en claro -permítanme Sus Señorías que se los diga- que los asuntos previsionales quedan fuera de esta iniciativa, por lo que no debieran discutirse ahora, sin perjuicio de su valor.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, tras la invitación a abreviar el debate hecha por Su Señoría -y espero que no sólo en referencia al Senador que habla, sino, también, a los restantes inscritos-, quiero reiterar algunos comentarios que he formulado al tramitarse proyectos de reajustes y aguinaldos anteriores, respecto de situaciones que no puedo sino lamentar.
En verdad, el proyecto en debate se construye sobre la base de una larga secuencia de reuniones entre distintos personeros representativos del sector de los trabajadores públicos con autoridades de Gobierno. Se trata de encuentros muy publicitados, que toman mucho tiempo y adquieren un carácter de negociación casi dramática, y al cabo de los cuales, con sonrisas, se suscriben acuerdos que se convierten en proyectos de ley que llegan al Parlamento para ser discutidos con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
En lo personal, quiero señalar, una vez más, que no me parece justo el trato que recibimos. A mi juicio, es bueno que el Gobierno y los representantes de los trabajadores negocien y obtengan éstos, como corresponde, lo mejor para sus representados. Me parece muy bien que ello se haga con tiempo, que se puedan reunir, aportar antecedentes, y que lleguen a conclusiones que, aparentemente, son muy felices, puesto que se han manifestado muchas ilusiones en torno a este proyecto. Lo que creo injusto e inapropiado es que en el Parlamento debamos tratar estas iniciativas en las condiciones en que hoy lo hacemos. No es correcto que, antes de cumplirse las 24 horas de que se dio cuenta del proyecto -recordemos que ello ocurrió recién en la sesión de ayer en la tarde- ya estemos abocados a su despacho, luego de un trámite en la Comisión de Hacienda que, de acuerdo a lo que me han informado, no alcanzó a durar 30 minutos.
Entonces, nos enfrentamos a un proyecto de reajuste que afecta a muchos miles de chilenos, con disposiciones muy importantes, seguramente muy bien estudiadas, pero en las cuales el Parlamento, por falta de tiempo y oportunidad, no puede profundizar.
No recibimos un trato igualitario en esta materia. Nos vemos obligados a atenernos a lo que se nos propone, lo cual no me parece bien.
Normalmente, respecto de todos los proyectos de ley tenemos la oportunidad en Comisiones de convocar a las organizaciones de los interesados y a los especialistas en cada materia para que nos den sus opiniones. No veo, entonces, por qué respecto de este proyecto y de otros similares se aplica la calificación de "Discusión Inmediata", con lo cual no se puede invitar a nadie y debemos remitirnos, simplemente, a despacharlos en breve lapso.
En segundo lugar, quiero señalar que, al igual que el del año pasado -así lo señalé en su oportunidad-, el presente proyecto se hace cargo de la situación de todos los trabajadores del ámbito público, pero con una excepción que me preocupa. A ella se han referido en términos generales otros señores Senadores, pero creo necesario plantearla de manera más concreta. Se trata de un conjunto de trabajadores públicos que aquí no sólo no aparecen considerados, sino -diría- expresamente excluidos de los beneficios: el personal no docente que labora en los establecimientos educacionales bajo la administración municipal.
En efecto, dicho personal, que incluye a paradocentes, administrativos y auxiliares -y suma varios miles de personas en el país-, no aparece considerado dentro de los beneficiados por el reajuste especificados dentro del artículo 1° de la iniciativa. Por el contrario, al término del inciso primero de éste, se establece que "No regirá, tampoco, para las asignaciones" de determinado decreto ley, "ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.".
En consecuencia, el personal no docente que labora en los establecimientos de administración municipal, que ha aspirado por largos dos años -debo rectificar en esto a un señor Senador- a ver la aprobación del proyecto de ley que crea su estatuto y que continúa en la Cámara de Diputados, se encuentra en el peor de los mundos posibles respecto de la municipalidad con que se relaciona, cuyos funcionarios sí tienen -bueno o malo- estatuto. Las personas con que conviven, los profesionales de la educación, ya cuentan con una normativa que los rige: la ley N° 19.070. Y tampoco se encuentra en pie de igualdad con los funcionarios del Ministerio de Educación u otros, que se rigen por el Estatuto Administrativo.
Como digo, este personal, que ha aspirado a tener un estatuto propio, cuyo texto se encuentra en la Cámara de Diputados, no aparece incluido dentro de los beneficiarios. Ha sido práctica común que los alcaldes de ayer, anteayer y de todos los tiempos, traspasen beneficios de carácter general a estos funcionarios. Pero hay muchos ejemplos de municipalidades que, cuando el texto expreso de la ley no los considera, simplemente no obran de esa manera, criterio que ciertamente discuto y critico. Y hay juicios sobre la materia.
Por consiguiente, no puedo sino lamentar la inclusión de la frase "ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora" en el inciso primero del artículo 1°, porque corresponde exactamente al caso de los funcionarios no docentes de los establecimientos educacionales, que no son responsables de no disponer aún de un Estatuto propio, y puede excluirlos del reajuste. Ello me parece un vacío muy importante en la iniciativa.
En aras de la brevedad que el señor Presidente me ha solicitado, no quiero hacer una consideración respecto de los efectos macroeconómicos y de las señales que implica el proyecto en debate, pero sí hacerme cargo de casos puntuales como éste, a fin de dejar -por lo menos- en la historia de la ley, si no en el texto mismo, resuelto este problema que afecta a muchos chilenos, que, por lo demás, no son precisamente los que perciben mayores ingresos. Nadie puede sostener que el personal no docente -auxiliares, administrativos, paradocentes- de los establecimientos educacionales administrados por las municipalidades pertenece al grupo de chilenos que reciben remuneraciones más elevadas. Y ellos -reitero-, no están contemplados en el artículo 1°. Por el contrario, de la lectura de las disposiciones a que he aludido en esta Corporación, se demuestra que se hallan expresamente excluidos.
En tercer lugar, quiero hacer brevemente un planteamiento -excúsenme, pero no puedo sino repetirlo- respecto del aguinaldo de Fiestas Patrias y de los anteriores que hemos despachado en el Congreso. No estoy pidiendo que a los pensionados se les trate en forma privilegiada o distinta. Me parece que hay muchísimas razones de equidad y de justicia social que bien justificarían un trato discriminatorio positivo y mejor para ellos. Sin embargo, he reclamado reiteradamente por el hecho de que los aguinaldos aquí propuestos sean distintos para los trabajadores del sector activo y para los del pasivo, porque me parece que una política equitativa, justa y de sana administración, sería otorgar, por lo menos, un beneficio uniforme, lo cual podría llevarse a cabo con los mismos recursos que el Gobierno ha destinado para financiar el aguinaldo de activos y pasivos. En otras ocasiones, he señalado que si el Parlamento tuviera la oportunidad de convocar a las organizaciones de trabajadores y también de pensionados del sector público, sería posible lograr un acercamiento entre ellos, de modo que los activos, que eventualmente aparecerían perjudicados por el hecho de que se les rebajaría su aguinaldo respecto del que se les ha propuesto, concordaran en que una política de justicia social consistiría en un aguinaldo parejo.
Repito: hay demasiadas razones para sostener que la situación debería ser exactamente a la inversa, y que el aguinaldo, por constituir una fracción mucho más importante de sus propias remuneraciones respecto de los pensionados, tendría que ser mayor para ellos. Pero, conforme a las circunstancias actuales y al conocimiento de las facultades que como Parlamento tenemos, simplemente me atrevo a reclamar contra esta injusticia. ¿Por qué no aguinaldos parejos tanto para los trabajadores del sector pasivo como para los del activo? Un cálculo muy rápido de los valores que hoy se nos han entregado, permitiría señalar que un aguinaldo uniforme para todos sería del orden de 10 mil pesos. No hay que olvidar que los pensionados son un millón 320 mil, esto es, 1 por ciento menos que 1991. Se han ido muriendo los pensionados, sin que podamos darles un trato de equidad, por lo menos en cuanto al aguinaldo; no me refiero a las pensiones u otras materias. Y los funcionarios del sector público han aumentado, entre 1990 y 1994 -según cifras oficiales entregadas para el cálculo del aguinaldo-, de 420 mil a 501 mil 564, lo que equivale a 18,3 por ciento. Esto lo traigo a colación a propósito de las discusiones respecto del crecimiento de la Administración Pública. No es el momento de discutir si ello es bueno, conveniente o malo; simplemente constato el hecho de que los trabajadores del sector activo han aumentado en casi 20 por ciento y de que los del sector pasivo han disminuido, lo cual me parece una injusticia. Todo ello, sin contar con que aquí están incorporados los beneficiarios de las pensiones asistencial y mínima, que son una cantidad muy importante de personas.
Por último, me quiero referir a dos materias. En el artículo 10...
El señor VALDÉS (Presidente).-
Sea breve, señor Senador.
El señor CANTUARIAS.-
He sido muy conciso, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
No me cabe duda, pero debe hacer un esfuerzo, Su Señoría.
El señor CANTUARIAS.-
Haré uno adicional, señor Presidente.
En el artículo 10 del proyecto en debate, en virtud de que aún no se despacha el Estatuto del personal no docente, se prevé para éste un bono de 57 mil 500 pesos. El compromiso que el Ministro de Educación contrajo con los representantes de este sector fue que dicha bonificación sería de 86 mil 500 pesos. Se nos ha dicho que a mediados de 1995 se otorgará la cantidad complementaria, lo cual hará que los dirigentes -que ya habían comunicado a sus bases el acuerdo alcanzado con dicha Secretaría de Estado- deban dar una explicación al respecto, que seguramente provocará molestias en sus representados.
Termino diciendo que cuando hablamos de ciertos beneficios que deseamos poner a disposición de las personas y nos referimos a los trabajadores activos y pasivos, nadie se ha percatado aún que aludimos no sólo a un aguinaldo, que es distinto para ambos sectores, sino también al bono de escolaridad para los activos, que favorecerá a 360 mil menores en edad escolar y que comprende a 72 por ciento de estos trabajadores. Eso constituye una de las diferencias adicionales, por lo que podemos afirmar que se está tratando en forma muy diferente a activos y pasivos, lo cual me parece una injusticia. Y dado que el problema es cómo se distribuye la misma plata, no estamos yendo al fondo todavía: desde dónde se obtienen los recursos o pueden aumentarse más, porque en esta discusión muy poco original y tan asambleísta, no se trata de plantear que, para financiar cada beneficio, hay que decir de inmediato qué impuesto se aplica. Al respecto, recuerdo que el saldo final de caja de la Partida Tesoro Público del año recién pasado fue una cifra superior a 350 mil millones de pesos, y cuando preguntamos ayer, con motivo del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, cuál era el destino de los fondos asignados a dicha Partida, se nos explicó una parte de ellos y no todos.
Por lo tanto, eso me lleva a afirmar que el Gobierno siempre tiene recursos para lo que desea y que carece de ellos para lo que no le resulta prioritario. Y lo que sostenemos es que nos gustaría participar en la determinación de las prioridades, porque, a lo mejor, en ese caso, habría fondos también para los pensionados, para aguinaldos superiores y para resolver otros problemas.
Como no podemos sino votar favorablemente el proyecto, debemos dejar constancia de estos comentarios.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión respecto de lo sostenido por el Senador señor Cantuarias. En realidad, tocante al personal no docente, a nivel nacional, si comparamos el bono de 50 mil pesos otorgado el año recién pasado con el de 57 mil 500 pesos que se le concede ahora, lo que se ha hecho es darle un reajuste por sobre 12,2 por ciento, es decir, de 15 por ciento. Y en cuanto a la diferencia de los 29 mil pesos -personalmente he hablado con los representantes de la Comisión Nacional del Estatuto no Docente-, se acordó otorgarla en junio de 1995 como un gesto adicional, que se ratificará en un proyecto que se halla en trámite desde hace varios años en el Congreso. El Ejecutivo ha tenido la buena disposición de incluir ahora ese beneficio como un bono especial.
Es decir, en estricto rigor, y respecto del proyecto de reajuste propiamente tal, el Gobierno está más que cumpliendo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable y expresar algunos comentarios, a mi juicio importantes, no puedo dejar de hacer ciertas precisiones sobre algunos conceptos vertidos en esta Sala.
En primer lugar, he escuchado a un señor Senador quejarse porque, a pesar del grado de riqueza, que se dice que estaría alcanzando el país, todavía existen sectores que se hallan en condiciones muy aflictivas. La forma en que se hace esta afirmación lleva a una situación irreal, de autoengaño, de la cual es muy importante salir, puesto que puede conducirnos a sembrar desconfianzas y frustraciones que nada bueno traen como cosechas. Por ello, es preciso decir que el país efectivamente ha crecido en los últimos 10 años a una tasa del orden de 6 por ciento, lo cual se manifiesta en los índices de consumo de todos los estratos socioeconómicos de la población, así como en el acceso a la educación, que cada vez es mejor. A su vez, la curva del ingreso por estrato socioeconómico también ha mejorado en estos años de Gobierno de la Concertación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esta apreciación cuando se oyen voces demagógicas que pretenden alentar sensibilidades y reivindicacionismos sobre una base irreal.
En segundo lugar, y en este contexto, he escuchado otra intervención sobre la participación relativa de las rentas del capital y del trabajo, con estadísticas que también pueden ser engañosas, referentes a lo que han crecido los dividendos desde 1983 a 1993 con relación a lo que han aumentado las remuneraciones. Estos indicadores deben ser tomados en forma global, y lo que corresponde medir es la participación relativa de las rentas del capital y de las remuneraciones del trabajo propiamente tales. Y, en ese sentido, los indicadores no son negativos. Por el contrario, son positivos, porque hay que considerar que tanto los capitales como los puestos de trabajo han aumentado. Y en el conjunto de la economía chilena, las remuneraciones del trabajo hoy son mejores que las que existían hace 10 años con respecto a las rentas del capital. Lo anterior no quiere decir que no puedan ser mejorables o deseable que así ocurriera.
También es necesario precisar que, a través de las remuneraciones del capital envuelto en los fondos de pensiones, hay una retribución a quienes participan desde el mundo laboral por medio de las pensiones y de aportes como capitalistas. Además, es bueno aumentar esta participación mediante la extensión del llamado capitalismo popular, para lo cual se han planteado iniciativas que sería muy dable recoger. Por ejemplo, la privatización de las grandes empresas públicas -incluyendo a CODELCO-, lo que, a través del mecanismo del capitalismo popular, podría dar acceso a los beneficios de las rentas del capital a quienes hoy están al margen de ellos.
También se ha dicho que este proyecto considera una mayor productividad. Creo que ésa es una esperanza, porque la productividad no está asegurada para 1995 y menos ha podido ser medida. Por lo tanto, al otorgarse un reajuste superior a la inflación estimada, el margen superior es un mejoramiento neto de las remuneraciones del sector público, que considero legítimo que se produzca, pero no se le puede llamar mayor productividad, mientras ésta no sea medida. Y, en ese sentido, es absolutamente justo y necesario reajustar en 12,2 por ciento las pensiones del sector pasivo cuando se trate el proyecto respectivo, porque sería totalmente ilegítimo que dicha iniciativa contemple un porcentaje de reajuste inferior al que se está concediendo hoy al sector activo, basado en una mayor productividad, que no se halla ni medida ni asegurada.
Creo que es muy bueno tocar aquí el tema de los pensionados. Y tanto en este proyecto como en cualquier iniciativa de gasto público debe ser abordado. Por eso, discrepo con el señor Ministro de Hacienda en cuanto a que ésta no es la ocasión, que por lo demás siempre define el Parlamento. Cuando se está hablando de las remuneraciones del sector activo de la Administración Pública, también es propio referirse a los pensionados, cuyas deterioradas jubilaciones se deben a un mal manejo que el Estado hizo de los ahorros obligatorios que los trabajadores efectuaron durante su vida laboral.
Esta iniciativa nos conduce al análisis del sentido que deben tener los mejoramientos de remuneraciones. Cuando se fundan en mayor productividad -y aquí sí que ésta cobra sentido- se abren perspectivas para que los sueldos siempre puedan ir creciendo. Por lo tanto, el Gobierno debe preocuparse de mejorar la productividad de la gestión del sector público, porque ello asegurará que el próximo año y los siguientes los ingresos de los servidores del Estado puedan crecer más allá del incremento esperado de la inflación. Para ello, es necesario realizar un esfuerzo fundamental para modernizar y adecuar la estructura de la Administración Pública, a fin de que su personal genere mayor productividad.
Por eso, nos preocupa que en los últimos cinco años el gasto en personal se haya incrementado en 71,7 por ciento, en circunstancias de que las remuneraciones, en términos reales, incluido este proyecto, sólo en 16,2 por ciento. ¿Por qué sucede esto? Porque los fondos destinados a personal se están gastando en forma inorgánica y haciendo crecer ítem que hay que revisar. Por ejemplo, los gastos en convenios con personas naturales han aumentado en 360 por ciento en estos cinco años. A su vez, el pago de horas extraordinarias se ha incrementado en 416,5 por ciento. Vale decir, se está gastando más en personal, pero no en una forma orgánica, como lo sería a través de las remuneraciones y de las adecuaciones del caso para permitir una mayor productividad. También se está gastando en más personal, que ha crecido en 15,6 por ciento en estos cinco años.
Por lo tanto, cuando se habla de mejorar las condiciones de los funcionarios de la Administración Pública, debemos considerar que si bien se está gastando mucho más en ellos, ese mejoramiento se está llevando a cabo en forma inorgánica y a veces discriminatoria; es decir, no se está beneficiando de manera pareja u homogénea a todos los servidores del Estado.
Además, cuando se analiza este tema, es importante advertir cómo año a año crece el número de personas regidas por la ley que reajusta las remuneraciones al sector público. En estos cinco años, se han incorporado a esta normativa 186 mil personas más. Ya lo hicieron los empleados de los sectores de la Administración del Estado traspasados a las municipalidades, cuyas remuneraciones -así estaba concebido- no se regían por esta ley; y hoy lo están haciendo los de las escuelas particulares subvencionadas; de las corporaciones privadas de enseñanza técnico-profesional; de las instituciones colaboradoras del SENAME; y en algún aspecto -por las declaraciones que hemos escuchado en esta Sala- mediante el aguinaldo de Navidad, se busca incluir al sector paradocente de la educación municipal y subvencionada. O sea, ya están regidas por este tipo de leyes 457 mil 927 personas; es decir, 186 mil más, lo que equivale a un 40 por ciento más de las existentes hasta hace cinco años.
Me pregunto: ¿Qué capacidad de manejo podrá tener por este camino el señor Ministro de Hacienda de aquí a tres años? Porque de seguir este aumento en la proporción hasta ahora mostrada, sin duda el impacto macroeconómico de cualquier incremento será de tal manera significativo en las finanzas públicas, que va a resultar imposible atender las particularidades y las aspiraciones legítimas de los sectores que, en definitiva, van cayendo en este marco legal.
Por ello, la tendencia centralizadora que envuelve el proyecto, que suma más y más funcionarios bajo una misma ley, tiene un final ingrato, funesto, particularmente para las autoridades que deben manejar la Administración Pública y para las personas a las que se pretende beneficiar con este tipo de leyes.
Por último, y en lo fundamental, la iniciativa no debe constituir una mejoría engañosa. Porque si el proyecto, que entrega un 12,2 por ciento de reajuste en las remuneraciones, no es acompañado con una rebaja sustancial en la inflación, toda la mejoría será irreal. Y es más: provocará un efecto particularmente relacionado con el deterioro del dólar, que apagará muchas actividades productoras de bienes transables, quitando espacios laborales, fuentes de trabajo, en lugar de aumentarlas, que es la mejor manera de ayudar a la economía. Quizás, hubiera sido preferible una proyección de inflación más baja para el año 95, que es alcanzable, y un reajuste de remuneraciones más moderado pero, en términos reales, más conducente y productivo, gracias -repito- a una estimación más baja de la inflación para 1995.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Debo hacer presente que aún restan muchos señores Senadores por intervenir. De manera que planteo esta cuestión a Sus Señorías para encarecerles ser breves en sus intervenciones, porque a las 13:30 se cerrará el debate. Además, les recuerdo que se puede fundar el voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, este sistema ha hecho crisis.
Si existe una hora fijada para el debate habría que dividirla por el número de Senadores que deseen intervenir. Porque a quienes se inscribieron al final siempre se les cercena el derecho a usar de todo su tiempo. Y esto viene sucediendo cada vez más frecuentemente en el Senado.
Entonces -reitero-, el sistema empleado ya no resiste más.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ya no da más. Pero siempre se ha rechazado la proposición para limitar a 15 ó 10 minutos la intervención de cada señor Senador. Porque se reclama el uso del Reglamento, que otorga media hora para exponer. Y este tiempo multiplicado por 20 daría como tres semanas.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, iniciaré mi intervención señalando mi coincidencia total y absoluta con el planteamiento formulado por el Senador señor Gazmuri. Porque, efectivamente, creo que el sistema se halla en crisis. Y ello es así porque pienso que tenemos una profunda falta de respeto para con nosotros mismos. Aquí escuchamos extensas, a veces documentadas y otras -diría- divagadoras exposiciones, que no van al fondo del problema, y en muchas oportunidades se efectúan relaciones de tipo político, que no tienen nada que ver con el tema central.
Por consiguiente, reclamo por esta situación y formulo mi protesta formal ante ella. Y, en este sentido, pienso que la manera de resolver el problema no sólo va por la vía de realizar un nuevo estudio del Reglamento, sino, además, pasa por la necesidad de convocar al Senado a una sesión especial -lo planteo formalmente- con el objeto de analizar y debatir una materia que ahora está siendo tocada, relativa a los jubilados, a los pensionados y a las montepiadas. Porque debe haber el tiempo suficiente para que todos los sectores se expresen y, al mismo tiempo, a fin de que el señor Ministro de Hacienda -que está inquieto por el tiempo que probablemente le ha demorado su estancia en Valparaíso- pueda también recoger la argumentación que formulamos al respecto.
Y en forma muy breve, casi a manera de enunciado, quiero plantear proposiciones tocantes a las materias que podrían analizarse en esa sesión especial.
En primer lugar, conocer la política del Gobierno en cuanto a las pensiones, y, específicamente, su posición sobre un proyecto de revalorización de éstas, que, a mi juicio, sería el punto de fondo en este tema.
El segundo aspecto a tratar podría ser el relativo al concepto de los montepíos. Porque, definitivamente -como lo hemos escuchado en la Sala-, aquí existe una situación extraordinariamente delicada y que afecta a sectores muy importantes de la población, en particular al femenino y al de más avanzada edad, que hace que sea gente que prácticamente vive en una indigencia informal, lo cual es muy grave.
En este breve enunciado he concluido en que aquí existe voluntad real de parte de los señores Senadores -la han expresado de una u otra manera- para debatir tales materias.
Pero me parece muy importante que no sólo nos dediquemos a argumentar sentidamente al respecto, sino que también tratemos este asunto desde el punto de vista de las posibilidades reales del país. No cabe la menor duda de que se trata de un problema de fondo y de que no lo podemos discutir por la limitación de tiempo que se nos ha hecho presente.
Hemos escuchado acá, por ejemplo, en lo tocante al mejoramiento de las pensiones mínimas asistenciales, que reajustarlas en 5 por ciento implicaría un gasto de 50 millones de dólares. De manera que existen -podría seguir enunciando otros aspectos sobre el particular- antecedentes como para efectivamente realizar un análisis más de fondo en esta materia.
Por eso, dada la hora, primero, hago un reclamo formal por la situación presentada y, segundo, formulo una proposición tam-bién de fondo...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor ROMERO.-
...para llevar a cabo una sesión especial en el Senado, con el objeto de tratar lo relativo a las jubilaciones, las pensiones, el sistema de salud de los retirados y el problema de...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, le ruego que solicite al Senador señor Romero que me conceda una interrupción, para agregar algo dentro de la proposición que planteó.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, realizaremos una sesión especial sobre esta materia.
Acordado.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Pero con una aclaración, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, el temario no puede establecerse en forma unilateral. Porque si realmente vamos a tratar lo relativo a las pensiones -me parece que es una materia que corresponde analizar-, dentro de lo propuesto por el Senador señor Romero me gustaría que se incluyeran, también, para hacer seria la discusión, las posibles fuentes de financiamiento para el mayor gasto y la incidencia que pudiera tener en la economía, y que concretamente se estudiara el tema tributario.
En consecuencia, si se va a llevar a efecto esta sesión especial, propongo analizar el sistema tributario necesario para responder a las justas aspiraciones de los pensionados.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ERRÁZURIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ruego a los señores Senadores no anticipar el debate que se llevará a efecto en la sesión especial. Acá estamos discutiendo un proyecto que se encuentra en tabla. La idea general planteada ya está aprobada, y en su oportunidad conversaremos con los Comités para acordar la manera en que realizaremos esa sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, me alegro del acuerdo adoptado, y felicito al Senador señor Romero por su proposición. Creo que es una muy buena iniciativa y, con el complemento hecho por el Senador señor Andrés Zaldívar, me parece todavía mejor. Porque considero que sería muy poco serio entrar a analizar las pensiones mínimas, las asistenciales y hablar de subirlas, y no ver cómo pueden allegarse los recursos para ello.
Ahora, quiero reflexionar respecto a dos o tres cosas que me parece importante dejarlas hoy debidamente establecidas.
La primera de ellas dice relación a que tanto la Ley de Presupuestos, que el señor Ministro expuso ayer, y el proyecto sobre reajuste al sector público, que ahora analizamos, en el pasado fueron leyes realmente conflictivas, cuya tramitación duraba incluso varios meses, y sobre el de reajustes se presentaban a veces 4 mil o 5 mil indicaciones. Entonces, creo que existe un notable progreso en lo que hoy día ocurre al respecto. Y para ser preciso, creo que esto se debe en parte a la institucionalidad que hoy día tenemos, en lo que a esta materia se refiere. Pero también -como lo han señalado varios señores Senadores- en parte muy importante a la gestión del señor Ministro de Hacienda. A mi juicio, la forma seria y responsable como ha conducido la política económica, nos lleva a ver las cosas con confianza y a creer en su palabra.
Y, en ese entendido, pienso que existe, además, otro hecho que quiero resaltar. En el día de ayer hubo varias indicaciones. Y todas se desvanecieron como pompas de jabón. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el planteamiento del señor Ministro de Hacienda en cuanto a la Ley de Presupuestos era serio, responsable y consistente. Porque si algo hubiera merecido un reparo o un planteamiento formal, nuestra reacción habría sido distinta. Y eso, que es tan importante, deja en evidencia otra cosa.
Se habla mucho de la burocracia en la Administración Pública. Pero deseo llamar la atención de Sus Señorías acerca de lo siguiente. A veces, se hace oposición por oposición, y se tiene una postura artificial, como hemos sostenido que la hubo en forma previa a la discusión del proyecto de Presupuestos, cuando se anunció, incluso, que iba a ser rechazado. Ello llevó a algunos a recordar lo ocurrido el año 1891, pero se trata de situaciones muy diferentes, pues, si bien es cierto que en ese entonces se buscó un pretexto para un conflicto, no es el caso de ahora. Bueno, lo de esta ocasión resultó para la risa. Y muchos de los planteamientos formulados y de las indicaciones de ayer corrieron la misma suerte.
¿Qué refleja eso? Se afirma que la Administración del Estado es burocrática. Es cierto que en muchos aspectos es lenta, pesada y no corresponde a la realidad. Pero me pregunto: el hecho de formular planteamientos inconsistentes e indicaciones fuera de contexto, en el ánimo de hacer oposición por oposición, ¿no refleja también una forma análoga de burocracia, y, en definitiva, desprestigia, no sólo a la Administración Pública en general, sino también la función que debemos desarrollar nosotros en particular?
Lo ocurrido ayer fue algo muy serio. Y los Honorables colegas que por la vía de las indicaciones buscaron entrabar el debate, en lugar de hacer aportes constructivos, los mismos que critican a la Administración del Estado por ser burocrática, debieron mirarse a sí mismos y darse cuenta de su responsabilidad.
También se le achaca el tener poca productividad, y se postula que debieran buscarse incentivos muy directos para aumentarla. Es cierto que todos queremos una Administración Pública eficaz; a eso se debe tender. Pero no olvidemos que, mientras el Ministro de Hacienda traza la línea correcta tendiente a que el personal del Estado recupere en parte el poder adquisitivo perdido -no en estos años, sino en otras épocas (no me gusta hacer comparaciones odiosas, pero debo decirlo), cuando prácticamente se le quitó más de 30 por ciento del poder adquisitivo de sus remuneraciones-, se afirma que el único camino posible para lograrlo es el de una mayor productividad. Pienso que una cosa no se opone a la otra, y que resulta muy difícil aplicar a las reparticiones públicas los mismos criterios que rigen para una empresa.
Me pregunto, ¿qué productividad debieran tener las Fuerzas Armadas? Obviamente, no puede ser la misma. ¿Y Carabineros? Quizás su efectividad debiera medirse, no tanto por evitar la delincuencia o reprimir el delito, sino por su simple presencia, con lo cual estaría cumpliendo su cometido y entregando los mejores índices de rendimiento. No me cabe ninguna duda de que disponer de Instituciones Armadas como todos queremos, en buen pie de eficiencia, es tal vez lo que el día de mañana nos evite un conflicto o una agresión. Y por esa vía habría que entrar a medir su rendimiento.
Cuando se critica todo el sistema de salud y se pretende exigirle una productividad análoga a la de otras reparticiones, realmente eso no se compadece con su naturaleza. A veces, un médico debe pasar un día entero con un paciente en situación crítica, lo cual debe evaluarse desde otro ángulo, en lugar de afirmar que ese facultativo no está en una posición productiva. En algunos países hay sistemas de salud mucho más sabios que remuneran a sus médicos -sobre todo en pequeños poblados-, no por los casos que atienden, sino en forma permanente, con lo que logran realmente prestar una atención mucho más eficiente que la que se otorga en otras naciones.
Pienso que en esto de la productividad debemos ser cautos, pues no puede ser la única forma de contar con una buena Administración Pública.
En honor al tiempo, termino anunciando que he apoyado la iniciativa por estar convencido de que apunta en la dirección correcta, y porque, además, el señor Ministro de Hacienda ha llevado las cosas en términos tales que las partes involucradas han tenido un espacio de participación, lo que es muy necesario.
Por todo esto, votaré afirmativamente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
El último señor Senador que puede usar de la palabra dentro del tiempo convenido es el Honorable señor Larraín, a quien pido que lo haga brevemente.
El señor GAZMURI.-
Ha llegado la hora, señor Presidente.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Reclamo de la hora: son las 13:30.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tenemos dos alternativas: postergar el debate y reiniciarlo en la tarde, o Sus Señorías hacen uso de los cinco minutos reglamentarios para fundamentar el voto.
El señor LARRAÍN.-
Prorroguemos el debate hasta las 14 y luego votamos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
No hay acuerdo.
El señor GAZMURI.-
Sigamos a las 16, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Habría acuerdo para continuar a las 4 de la tarde?
El señor GAZMURI.-
Sí, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Mi intención es que avancemos en la tabla, pues se han agregado otros proyectos. De otro modo, me veré obligado a citar a una sesión especial para esta noche.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MUÑOZ BARRA.-
De continuar el debate en la tarde sin la presencia del señor Ministro -a lo mejor, tiene otros compromisos-, resultaría un tanto estéril. Por lo tanto, reclamo del acuerdo de que a las 13:30 comenzaría la votación.
El señor LARRAÍN.-
¡Porque Su Señoría ya habló!
El señor HORMAZÁBAL.-
Entiendo que el señor Ministro se va a quedar para la discusión del proyecto relativo al mercado de valores.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
Restan varios señores Senadores que desean hacer uso de la palabra. Y la verdad es que a los que ya intervinieron no se les limitó el tiempo. Por lo tanto, propongo suspender la sesión y reanudarla a las 15.
El señor MUÑOZ BARRA.-
No hay acuerdo.
El señor ERRÁZURIZ.-
No, lo que corresponde es votar.
El señor GAZMURI.-
No hay acuerdo.
El señor LARRE.-
Y que se inscriban quienes deseen hablar.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿No sería más razonable, ya que restan sólo cuatro señores Senadores inscritos, prorrogar la sesión hasta las 14 y votar a esa hora?
El señor GAZMURI.-
De acuerdo.
El señor LARRAÍN.-
Conforme.
La señora FELIÚ.-
Sí, señor Presidente.
El señor LARRE.-
En vista de que cada señor Senador tiene la posibilidad de fundamentar su voto, no vamos a terminar a las 14. Demos a todos las mismas oportunidades.
Por lo tanto, nos oponemos a prorrogar la hora. Suspendamos la sesión y la reanudamos a las 15.
El señor ERRÁZURIZ.-
No compartimos lo sugerido por el Honorable señor Larre.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Pero si quienes ya hablaron no fundamentan el voto, disminuyen las posibilidades de que la sesión se extienda. Porque si ya intervinieron, ¿para qué van a hacerlo?
El señor LARRAÍN.-
Ese sería el compromiso. Por eso pediría que los cuatro señores Senadores que quedan sin intervenir lo hagan hasta las 14, y que después se vote sin fundamentación de voto por parte de quienes ya hablaron.
El señor LARRE.-
No hay acuerdo.
El señor HORMAZÁBAL.-
Señor Presidente, busquemos soluciones. El primer principio que debemos resguardar es el de que todos los señores Senadores tengan derecho a hacer uso de la palabra. Para lograrlo hay distintas alternativas, una de las cuales es la propuesta por el Honorable señor Larre, que los Senadores demócrata-cristianos estaríamos dispuestos a respaldar, si no surge otra. Como restan 30 ó 40 minutos y hay cuatro señores Senadores inscritos para intervenir, pregunto si ellos estarían dispuestos a repartirse ese tiempo. De ser así, obviamos el problema y damos nuestro acuerdo para prorrogar el debate hasta las 14. Adicionalmente -y tomo su propuesta, señor Presidente-, quienes hayamos hecho uso de la palabra no fundamentamos nuestro voto.
Entonces, ¿por qué no utilizar el primer procedimiento, si hay disposición de parte de los Honorables colegas que quedan por hablar para reducir sus discursos? Y dada la especial situación producida, que ellos sí puedan fundamentar su voto, si no alcanzaron a expresar algunas ideas por la brevedad del tiempo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¿Estaría de acuerdo el Senador señor Larre?
El señor ERRÁZURIZ.-
De no haber acuerdo, pido sesión especial para tratar esta materia, señor Presidente.
El señor LARRE.-
Estaría conforme siempre y cuando votemos a las 14, señor Presidente. Y que quienes hicieron uso de la palabra no fundamenten el voto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¡Entonces, aplicaremos el rigor vasco del señor Senador!
El señor DÍAZ.-
O sea, serían siete minutos por cada señor Senador.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, en aras del tiempo, seré sumamente breve en lo que voy a decir.
Lo primero es que no me parece adecuado descalificar las opiniones distintas atribuyéndoles falta de seriedad. En efecto, diferentes señores Senadores se han referido a nuestros planteamientos en materia presupuestaria en esos términos, calificación que no acepto. Podremos discrepar, pero es conveniente que nos respetemos en las discrepancias. Esos señores Senadores que han tratado de descalificar nuestros puntos de vista de esa manera, no están procediendo con corrección ni se encuentran a la altura de una Corporación como la que nos honramos en integrar.
Respecto del asunto en debate, hago mías las expresiones formuladas por muchos señores Senadores, en particular las de los Honorables señores Cantuarias y Piñera, sobre comentarios específicos referidos al reajuste. Por lo mismo, y en aras de la brevedad, no voy a entrar en la materia. Por el contrario, trataré de usar el tiempo en el ánimo de hacer algunos comentarios generales a los aspectos complementarios del tema, que son más bien de carácter macroeconómico.
En primer lugar, si analizamos la forma en que ha evolucionado el crecimiento de los reajustes en el período de 1990-1995, llegaremos a la conclusión de que el porcentaje de aumento alcanza al 16,2 por ciento para el período 1991-1995, incluyendo el aumento real de 3,2 por ciento que se está sugiriendo para el próximo año.
Sin embargo, esta cifra no revela todo lo que se ha elevado el gasto en personal. Este es mucho más significativo, porque en el mismo período ha crecido, en términos reales, en un 71,7 por ciento. Es esta cifra la que, obviamente, nos preocupa. Hay muchas fuentes a través de las cuales se ha producido este crecimiento: aumento en el empleo público, a veces traducido en el personal de planta y otras en el a honorarios. Para 1995 se prevé un 1,2 por ciento; pero desde 1990 a la fecha, la dotación ha aumentado en 15,6 por ciento. Esta es la burocracia de la que hemos estado hablando.
En segundo lugar, se registra un alza en los gastos por convenios con personas naturales, lo cual representa un 360 por ciento de aumento, en términos reales. En 1995 se asigna a este rubro 10,2 por ciento.
Una tercera vía es el aumento de las horas extraordinarias canceladas en este período, que ha más que cuadruplicado, en términos reales, el gasto en la materia.
Finalmente figuran las gratificaciones especiales. Esta es una línea que debe tenerse presente al analizar el rubro, porque ahí hay una fuente inequívoca de preocupación.
Aparte el mencionado ítem de gasto, hay un segundo aspecto que dice relación a cuál es el porcentaje real a que asciende el aumento de reajuste de este año. Se habla de que es de 12,2 por ciento; pero, en realidad, supera ese porcentaje, porque, a ese 12,2 mencionado en el proyecto, hay que sumar 0,4 por ciento estimativo del costo de los bonos de escolaridad, más un aumento por efectos del proyecto de Ley de Presupuestos, que lo incrementa por sobre el reajuste del año anterior, y por sobre el crecimiento de la dotación máxima de personal aceptada, lo que es evaluable en 2,3 por ciento.
Por lo tanto, el reajuste promedio correspondiente al ítem "Gastos en Personal", descontada una inflación esperada -incluso superior a la programada- de 10 por ciento, alcanza a 4,9 por ciento en términos reales. Aquí es donde subyace la otra inquietud de fondo, que es la que hemos venido planteando una y otra vez. Se trata del crecimiento del gasto público.
No cabe la menor duda -vamos a votar a favor de este proyecto- de que estamos frente a la necesidad de mejorar las rentas. Pero tampoco caben dudas en cuanto a que enfrentamos una estrategia económica en la cual, por el interés de aumentar las remuneraciones en general, se va anexando a ellas una cantidad de gastos tales, que terminan por repercutir en el gasto público. Este, en consecuencia, se alza por sobre el crecimiento del producto. Todo esto produce un efecto de presión sobre la tasa de interés, como lo he manifestado reiteradamente. Al mismo tiempo, se reduce el tipo de cambio real, generando una pérdida de competitividad en el sector transable.
Cuando aquí se habla de justicia social, de la necesidad de mejorar la situación de los trabajadores, particularmente de los más pobres, tenemos que entender que la mejor, si no la única, manera de satisfacerlas es mediante los mejoramientos de productividad. Sin embargo, lo que estamos haciendo es dañar el sistema productivo.
Quienes están ya siendo dañados son los que pertenecen al mundo agrícola; y ya están siendo también perjudicados, en el ámbito industrial, los establecimientos que son intensivos en uso de mano de obra o que desarrollan actividades sustitutivas de importaciones. Se ha oído en estos días a distintos señores Parlamentarios reclamar de la situación de la industria del cuero y del calzado, en la que ya están empezando a sentirse los efectos de esta política.
Finalmente, en beneficio del tiempo, señalaré que el sistema que se está aplicando para incrementar en términos reales las remuneraciones adolece de un equívoco muy profundo: los aumentos se otorgan por parejo, lo cual no sirve para premiar a quienes en realidad merecen un reconocimiento por su mayor esfuerzo. Me parece que este sistema no es sano; y, por esa razón, es importante que el sector público genere alternativas que permitan acercarse a un concepto de renta que incluya la productividad. Todo eso de manera que no solamente se haga justicia con las mejores rentas que se necesitan, sino que, además, se beneficie con incentivos reales la gestión que cumple la gente. Eso es modernizar el Estado. No solamente privatizar, sino también mejorar la productividad de los trabajadores.
En aras del tiempo, termino aquí.
El señor HORMAZÁBAL.-
¿Está de acuerdo con el reajuste, Honorable colega? ¿O no?
El señor LARRAÍN.- Lo estoy, señor Senador; lo dije al comenzar mi intervención.
El señor VALDÉS (Presidente).-
He pedido a los señores Senadores que están inscritos para usar de la palabra, que lo hagan en los cinco minutos de que disponen para fundar su voto. Desgraciadamente, la aceptación a la propuesta no es unánime.
Ofrezco la palabra al Senador señor Gazmuri, para que, en ese espíritu, exprese su opinión.
El señor GAZMURI.-
No sé cuál es el espíritu, señor Presidente.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, el único que no aceptó su proposición fue el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Exactamente, Honorable señor Lagos, no la acepté. He accedido muchas veces. Ahora no lo hice, porque creo -al margen de que seré muy breve- que en la distribución del tiempo estamos llegando a un sistema que no resiste más.
El señor LARRAÍN.-
El señor Senador tiene toda la razón.
El señor GAZMURI.-
Eso es todo. Señor Presidente, planteo este asunto con toda seriedad, porque hace a la eficiencia de nuestro trabajo, y aquí estamos hablando de productividad respecto de la Administración Pública, de la seriedad de nuestros debates, del derecho de los Senadores, etcétera.
Muchas veces me he visto privilegiado al haberme inscrito antes, pero ése no es el tema. Algunos señores Senadores usan 30 minutos; y otros, que pueden tener argumentos tanto o menos astutos que los primeros, son constreñidos a expresarlos en cuatro minutos. Si no lo hacen, quedan además como personas insoportables, al no permitir que se vote rápido.
Por eso, no di acuerdo -lo hago por primera vez- para la proposición del señor Presidente.
Deseo expresar dos cosas respecto de esta materia.
En primer lugar, creo que se trata de un reajuste que reitera una política de mejoramiento real de los niveles de remuneraciones de la Administración Pública, que yo comparto enteramente.
Entiendo que, además, no amenaza las grandes metas macroeconómicas que nos hemos propuesto para el año que viene. No comparto para nada la crítica proveniente de ámbitos empresariales y de algunos sectores de la Oposición en el sentido de que este reajuste amenaza, o a la meta inflacionaria, o a los equilibrios macroeconómicos.
Entiendo que se trata de un reajuste que va más allá -quiero hacer esa afirmación- de lo que van a ser los aumentos de productividad general de la economía y, en particular, de la Administración Pública. A mí, todavía, estando por la eficiencia de la administración, me parece que llegar a establecer índices de productividad en los servicios públicos es un asunto teórica y prácticamente no simple. Hay que decirlo. No es lo mismo esto que la productividad que se puede medir en la producción de bienes o servicios que se transan en el mercado.
El servicio público no se transa en el mercado. Felizmente es así. Estoy completamente de acuerdo con los criterios de eficiencia; pero no hay que caer en la confusión, a mi juicio teórica, de que en el servicio público podemos medir la productividad igual como lo hacemos con los bienes que se transan en el mercado.
El señor Ministro sostiene que no es imposible. Estoy de acuerdo, pero tampoco es un asunto tan simple; y aquí se habla mucho de la productividad como si fuera cosa muy sencilla de medir en el servicio público. Pienso que hay que avanzar en determinar metodologías que lo hagan. Y los criterios no pueden ser los mismos que los otros, porque no siempre se aplican los de mercado. El tema de fondo -y éste sí es conceptual- es que el Estado está para algunas cosas que el mercado no hace, o no puede hacer, o realiza mal. Por consiguiente, también los criterios para medir esa eficiencia tienen que introducir la función pública como un asunto distinto a la de producir bienes que se transan en el mercado. Entiendo que la discusión es más larga.
Considero, además, que, en general, el que haya aumentos de salarios más allá del incremento de la productividad es un asunto que, por lo menos en abstracto, no es necesariamente un problema, siempre que se resguarden los equilibrios macroeconómicos, porque de lo contrario no se van a alterar las pautas de distribución del ingreso. Y creo que aquí se ha abierto un debate, que deberá desarrollarse más adelante, porque el tratar un proyecto de ley de reajuste para el sector público toca el tema de la distribución del ingreso.
Me alegro de que en ese tema mayor, la iniciativa presentada por el Gobierno avance en un sentido redistributivo, y por eso la votaré favorablemente. Creo que la economía debe ir avanzando hacia la redistribución, y no exclusivamente -como ha ocurrido y estoy de acuerdo en que así haya sido- hacia la disminución de la pobreza.
En consecuencia, debemos enfrentar dos problemas: cómo eliminar la pobreza en un tiempo razonable, y cómo alterar la actual pauta distributiva. Si no nos abocamos a resolverlos, el sistema no tendrá legitimidad social.
Ese es un punto central y ha sido objeto de discusión en todo el mundo desde 1990. Por lo tanto, me parece bien que en Chile comencemos a debatirlo. Y me satisface que el señor Ministro de Hacienda nos traiga una proposición de reajuste que, además de estar encaminada en esa dirección, fue concordada con los actores interesados, que es el otro signo de los tiempos que vivimos: grandes acuerdos, amplios consensos sociales.
Eso legitima el tipo de desarrollo a que aspiramos, en el cual, repito, si no avanzamos en materia de redistribución, tendremos serios problemas de legitimidad. Porque hay mucha gente que no cree el cuento de los "tigres". Y no tiene por qué creerlo pues, efectivamente, son millones los ciudadanos chilenos a los que no les llegan los beneficios del progreso.
A continuación me referiré al asunto de las pensiones y de quienes las perciben. Lo dije ayer y lo reitero hoy: la situación del sector pasivo requiere de una solución, no simbólica como manifestó el Honorable señor Piñera. El tema no es simbólico, sino muy práctico, ya que por un lado existen pensiones de monto extraordinariamente bajo y, por otro, los pensionados conforman un grupo muy numeroso, Por consiguiente, esto cuesta mucha plata.
La cuestión es, entonces, de dónde sacamos los recursos nacionales si pretendemos hacer una política en serio, no simbólica, respecto de la tercera edad. No hay alternativa. Y por eso hablamos de seriedad, o -si prefiere el Senador señor Larraín- de rigor. Porque si se desea resolver el problema de los pensionados, tenemos que abocarnos a la búsqueda de los cuantiosos recursos que se necesitan.
Hay dos maneras de conseguir financiamiento. Una es reduciendo algunos gastos aprobados ayer en el Presupuesto de la Nación. ¿Dónde disminuimos? Porque los fondos están asignados a innumerables reparticiones. ¿Disminuimos recursos a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Fuerzas Armadas? ¿Damos menos plata a Educación; construimos menos puentes e infraestructura? ¡Eso es lo que hay que dilucidar! Porque hemos aprobado un presupuesto fiscal muy medido y en función de los objetivos que el país se ha fijado.
La otra modalidad de financiamiento es muy simple: establecer más impuestos. Analicemos aquí qué otros ingresos fiscales podemos conseguir a través del mecanismo universal de los impuestos. El Parlamento nació precisamente para discutir acerca de impuestos. Sin embargo, el Parlamento chileno no puede abocarse a esta materia específica, porque, si lo hacemos, resulta que amenazamos no sé qué sagrados y sacrosantos equilibrios macroeconómicos, los cuales en general están muy bien.
Es indudable que los Parlamentos sirven para discutir sobre impuestos. Desde Juan Sin Tierra -debe haber tenido bastante necesidad de tributos, ya que tenía poca tierra- los Parlamentos se han creado, entre otras cosas básicas, para debatir acerca de materias tributarias.
Por lo tanto, para resolver el problema de los pensionados, o hacemos rebajas sustanciales en el Presupuesto de la Nación -tiene que proponerse a qué servicios habría que reducir sus entradas-, o establecemos nuevos tributos. Creo que es posible hacer un gran esfuerzo de solidaridad nacional y fijar impuestos que no sean contradictorios con los equilibrios macroeconómicos ni con el desarrollo; que no desestimulen la inversión, tanto nacional como extranjera, y que efectivamente coadyuven a resolver la situación de los pensionados, no en forma simbólica, sino de manera digna, a fin de que la gente de la tercera edad pueda vivir sus últimos años con una mínima tranquilidad, que hoy miles de jubilados no tienen.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Es evidente que Su Señoría entendió el espíritu de la proposición.
Queda cerrado el debate.
Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar los cuatro oficios solicitados denantes por el Honorable señor Hor-mazábal, en nombre del señor Senador y con la adhesión del Comité Demócrata Cristiano...
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y del PPD, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
...y del Comité Partido por la Democracia.
Acordado.
Se va a proceder a votar.
A mi juicio, no hay necesidad de realizar una votación nominal, porque no he percibido opiniones en contra. Sin embargo, antes concederé la palabra a los señores Senadores que no han tenido oportunidad de intervenir.
El señor LARRAÍN.-
Entonces, que sea nominativa, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se efectuará votación nominal, con el compromiso de que los señores Senadores que participaron en el debate se limitarán a votar, y aquellos que no lo hicieron podrán fundamentar su voto hasta por cinco minutos, en conformidad al Reglamento.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, fui uno de los que acogí la petición de la Mesa y borré mi nombre de la lista de oradores. Ahora emplearé los cinco minutos que me corresponden, haciendo presente, sí, que no me cuento entre los Senadores que ocupan los 30 minutos -y más- que otorga el Reglamento y, adicionalmente, aparecen en todos los diarios y en la televisión, a quienes podríamos llamar -perdóneseme la expresión- "traguillas".
En cuanto a la productividad, concuerdo con el Honorable señor Adolfo Zaldívar en que en Carabineros de Chile aquélla dice directa relación al número de delitos y al de accidentes carreteros, que dejan un saldo de mil 700 muertos cada año. Mientras más productivos sean los carabineros, menos accidentes se registran.
¿Y cómo se mide la labor de los médicos? Porque un médico puede permanecer toda la noche atendiendo a un solo enfermo, por ejemplo en una Unidad de Cuidados Intensivos. En tal caso, su productividad sería de un enfermo por noche, durante la cual no duerme, porque un paciente internado en la UCI a causa de un infarto agudo o de una arritmia severa, requiere de la atención permanente, no sólo del facultativo, sino de todo el personal de turno.
En consecuencia, ¿cómo se mide la productividad en el campo de la salud? Se mide a través de otros parámetros: indicadores de morbilidad, neonatalidad, promedio de vida e incluso de ausencia o asistencia laboral, según las enfermedades de que se trate. En esta área la productividad no puede medirse como en una empresa o en una fábrica cualquiera, porque indudablemente los elementos son distintos.
Tocante al sector pasivo, es importante tener en cuenta que su situación cada día será peor. Con los avances en materia de salud, que no sólo dan más años de vida, sino que dan más vida a los años, en Chile el promedio de vida de la mujer es de 72 años, y el del hombre, de 68. La contrapartida es que, con un exagerado control de la natalidad, llegará el día en que el número de pensionados será mayor que el de las personas en actividad. Así está ocurriendo en algunos países de Europa, y debemos preverlo con suficiente anticipación.
Es preciso tener en cuenta que el factor salud cambia las reglas y es menester preocuparnos de enfrentar esa nueva situación. El perfil epidemiológico es diferente. Años atrás estaba constituido por miles de muertes de recién nacidos o en el parto, o por enfermedades infectocontagiosas. Actualmente, a raíz del aumento del promedio de vida, ese perfil lo conforman las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes del tránsito. Es absolutamente distinto. Un señor Senador dijo -con mucha lógica- que era triste ser pobre y viejo. Yo agrego: más triste es ser pobre, viejo y enfermo. Esta trilogía es insoportable.
El tema de la tercera edad reviste extraordinaria importancia. Y como en estos días trataremos el proyecto relativo a las ISAPRES, pido a los Honorables colegas que consideremos esa condición de viejo, pobre y enfermo y nos preocupemos de las enfermedades catastróficas y de otros males típicos de la tercera edad. Será una excelente oportunidad para apoyar a estas personas.
¿Por qué digo eso? Porque los jubilados tienen un significativo costo en salud. Y si les resolvemos en parte este problema, aunque no les entreguemos directamente mayores recursos en sus pensiones, contribuiremos a que tengan una mejor calidad de vida después de toda una existencia dedicada al trabajo.
Esto afectaría al 10 por ciento de las personas que pertenecen al sistema y, de los 3 millones 500 mil afiliados a las ISAPRES, a 350 mil cotizantes. De modo que, a mi juicio, éste es un planteamiento claro y preciso.
Señor Presidente, a raíz de que se pidió una sesión especial para abordar el tema de los pensionados, creo necesario tratar el problema de la salud, que ha sido postergado indefinidamente, a disgusto del señor Ministro del ramo. Se anunció hace más de tres meses que se analizaría ese punto en sesión especial, y ello no ha ocurrido. Acepto que esa materia se haya prorrogado por acuerdo de Comités, pero me parece que debe examinarse antes de cualquier otro tema.
En todo caso, doy mi aprobación al proyecto de reajuste.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, el problema que perjudica al sector pasivo lo hemos oído aquí desde que entró en funciones el Congreso, cada vez que se ha discutido una ley sobre reajustes. Si viéramos una sesión anterior, podría decirse que se está repitiendo el debate que hemos sostenido durante cinco años. Nunca se ha presentado la oportunidad debida para analizar la materia ni tampoco han existido los recursos necesarios para solucionar esa situación.
Quiero ser muy preciso sobre el particular. Lamento que ahora se otorgue al sector activo un reajuste de más de 14 por ciento -esto es, sumando todas las cifras-, si se tiene presente que se ha programado una inflación del 8 por ciento. Y le creemos al señor Ministro: se da un reajuste real de 6 por ciento. Yo hubiese preferido que una parte de este mismo fondo se destinara al sector pasivo o a cierta categoría de él, a los más pobres. Porque si el Gobierno no dispone de más recursos para dar solución a ese problema, debió repartirlos equitativamente.
No estoy de acuerdo con la tesis del Senador señor Gazmuri, en el sentido de que deben generarse impuestos que no quiebren la estabilidad económica ni desestabilicen la inversión, porque éstos son impuestos simbólicos y no reales. Nosotros hemos tenido un crecimiento y un equilibrio económico debido, fundamentalmente, a que se ha mantenido el nivel de la política tributaria. Aparte el recargo que significa un impuesto determinado, se pierde la confianza que hemos transmitido a los inversionistas del país, en cuanto a que su sistema tributario no cambiará y que, en consecuencia, en el cálculo de sus operaciones no se presentará una variable -como dicen los economistas- que aumente sus impuestos.
Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto. Pero deseo dejar constancia de que habría preferido que parte de este reajuste se hubiera destinado a cierta categoría de pasivos, y de que es necesario crear la conciencia de que el país requiere estabilidad tributaria, y no vulnerar esa concepción con discursos que, desgraciadamente, cada vez estamos escuchando más a menudo.
He dicho.
La señora FELIÚ.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo rescatar el papel que ha desarrollado el Honorable Congreso en lo que dice relación a materias de remuneraciones, de presupuestos y de pensiones. La verdad es que reiteradamente -ayer y hoy- hemos oído preguntar qué sentido tiene discutir y hacer presentes algunas observaciones respecto de estos temas, por cuanto son asuntos cuya iniciativa corresponde de manera exclusiva al Ejecutivo.
Insisto en lo que planteé extensamente ayer, en orden a que si bien es cierto que aquél tiene iniciativa exclusiva sobre el particular, no lo es menos que no tiene facultad alguna para aprobar gastos, los que siempre requieren de ley. Y en esa perspectiva nosotros debemos reivindicar el rol del Parlamento y analizar si nos parece mejor otorgar un 12 por ciento de reajuste al personal en servicio o un 25 por ciento a los jubilados, siempre que se esté dentro de los mismos parámetros. Ello puede lograrse sobre la base de hacer uso de las atribuciones que tiene el Congreso.
En lo que respecta al proyecto de ley en trámite, deseo formular una observación que apunta al sector activo. Cabe señalar que a las universidades se les viene concediendo un reajuste entre líneas, porque en el artículo 1° se establece que no tienen derecho a él los personales del sector público cuyas remuneraciones son fijadas por la entidad empleadora, cual es el caso de aquellos establecimientos docentes. En consecuencia, si se interpreta dicho precepto, habría que llegar a la conclusión de que este proyecto no les concede este beneficio. Sin embargo, el artículo 11 permite el traspaso de fondos, lo que, de acuerdo a lo que se ha expresado en la Sala -y así lo consigna el informe elaborado por la Comisión- se entendería que implícitamente dicho reajuste se ha otorgado. Y me parece que esto es malo como técnica legislativa y también como sistema.
Si se estima conveniente -y lo aprueba de esta forma el Congreso Nacional- que los personales de la Administración cuyas remuneraciones son fijadas por la autoridad correspondiente no tienen derecho al reajuste que concede esta normativa, creo que ese sistema debería aplicarse en forma pareja a todos los servicios que se encuentran en idéntica situación.
Por otra parte, señor Presidente, deseo rectificar un error -y lo hago oficialmente- que aparece en la página 3 del informe, porque se habla de personales de la Administración traspasados a las universidades, y, ciertamente, no existe ese tipo de traspaso. Tal vez, en lugar de universidades, se quiso decir municipalidades. Señalo esto por la importancia que ello puede tener para la interpretación de la ley a futuro.
En lo referente a la situación de los pensionados, cabe destacar que ella es pública y notoria, porque sus rentas son de un monto que realmente llama a congoja; son mínimas. Más aún, en este sector se encuentra una gran cantidad de los pobres que hay en Chile.
En esa perspectiva, el proyecto en análisis establece un aguinaldo cuyo monto es parejo para todos y se ha reajustado más que en otras oportunidades; pero, en verdad, se produce un desnivel respecto del sector activo, aparte que su incremento es sobre la base de si las personas tienen o no cargas familiares y con prescindencia de si ellas no perciben ese tipo de asignación debido a que su pensión excede ciertos montos.
Personalmente, no estoy de acuerdo con la estrategia que se ha seguido para conceder un aumento de aguinaldo a los pensionados, porque me parece que es más justo discriminarlos en la misma forma en que se procede respecto del personal en servicio, esto es, que dicho beneficio debe otorgarse sobre la base del monto de la pensión, en el sentido de que si ésta es baja, el aguinaldo es superior. Pienso que ésa es la forma correcta de proceder.
En cuanto a las múltiples ideas que se han dado a conocer en esta Sala en lo referente a lo que se debe o no hacer para los efectos de la ley de reajuste de los jubilados, debo recordar al Senado que no existe una normativa para ellos en tal sentido, salvo que lo que se otorgue sea superior a lo vigente, por cuanto aquellas personas están sujetas a un sistema de reajuste automático, vale decir, se les concede un 15 por ciento si la inflación supera dicho porcentaje, o bien, se le otorga un incremento cada doce meses. Por lo tanto, no hay ideas que puedan recogerse en el proyecto de ley de reajuste en lo que dice relación a los jubilados, porque en tal sentido debe operar el sistema normal.
Finalmente, debo manifestar que un señor Senador hizo presente que esta normativa debía corregir un problema de demora por parte del Parlamento en la tramitación de la Ley sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud. Y en este sentido, cabe destacar que la bonificación para el personal que labora en ese ámbito fue materia de una indicación del Ejecutivo que llegó al Senado el 19 de octubre del presente año. En consecuencia, no es imputable al Congreso lo que ha ocurrido con la iniciativa, que fue objeto de múltiples indicaciones y de cambios durante su tramitación.
Reivindico, por lo tanto, ese planteamiento.
Voto que sí.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, el debate de esta mañana revela la urgente necesidad de modificar nuestro Reglamento en lo referente al tiempo que se emplea para el estudio de determinados proyectos. La iniciativa en cuestión será aprobada por unanimidad, tanto más cuanto que no fue producto de modificación alguna. Y, sin embargo, el Senado ha tenido que disponer de toda una sesión para aprobar una normativa que de antemano ha sido acogida, perjudicando a dieciséis proyectos que se encuentran en tabla. Por lo tanto, creo que es urgente que busquemos algún método o una fórmula para poder agilizar la aprobación de proyectos que cuentan con la unanimidad de los Comités, de los Senadores y de todos los Partidos y sectores.
Voto favorablemente el proyecto.
El señor FREI (don Arturo).-
Compartiendo en plenitud lo expresado por el Honorable señor Fernández, voto que sí.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, voy a aprobar la iniciativa, pero quiero responder al Senador señor Fernández que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la cual Su Señoría forma parte, propuso una modificación al Reglamento que podría solucionar, al menos en parte, esta situación, de la cual reclama con toda razón, en cuanto a que se ocupe una sesión completa en un proyecto en el cual todos estamos de acuerdo y que viene con informe favorable y unánime de la Comisión que lo conoció.
Voto afirmativamente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
La Mesa recibirá con mucho gusto esa proposición, que aún no le ha sido despachada.
El señor HUERTA.-
Señor Presidente, no deseo que quede una interrogante pendiente.
La labor de Carabineros se puede medir por el tremendo esfuerzo que realiza para servir a la ciudadanía. Es una institución técnica, profesional, que está permanentemente preocupada de su labor preventiva, represiva y de solidaridad social. Cuenta con estadísticas muy precisas que pueden ser consultadas en cualquier momento. Lamento que mi colega, que fue médico de Carabineros, no haya tenido en ese tiempo estos medios para medir nuestra capacidad.
Voto que sí.
El señor DÍAZ.-
¡No alcancé a hacerlo porque me echaron, Su Señoría!
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, durante la discusión del proyecto pudimos escuchar a distinguidos señores Senadores que dieron una serie de argumentos. Sin embargo, la iniciativa apunta a ir resolviendo la dramática situación por la que atraviesan los funcionarios públicos. En cuanto a mi Región, creo que el porcentaje es muy insuficiente. Los funcionarios que allí trabajan, como los de Impuestos Internos, del SAG, de Aduanas y otros organismos, se hallan en una condición casi insostenible. Así lo ha percibido el señor Ministro de Hacienda en las reuniones que ha tenido con dirigentes de las organizaciones respectivas.
Quiero destacar lo siguiente. El Senador señor Andrés Zaldívar hizo una proposición muy atendible. Creo que la gente, los trabajadores, no logran entender, a veces, estas discusiones que tenemos en el Senado, porque allí hay una necesidad. Pienso que nosotros, junto con el Gobierno, debemos ser capaces de encontrarle una solución. La pobreza no se puede vencer con palabras ni con demagogia. Quienes compartimos barrios populares, quienes fuimos trabajadores, entendemos perfectamente su situación, y no por una cuestión meramente romántica o demagógica.
Por eso, estimo que el Gobierno debe hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr avanzar más en esta materia. Pasará por la vía de los impuestos u otras. Yo estoy dispuesto a revisar el tema. El desafío de los trabajadores es dar mejor educación a sus hijos, subir su condición de vida o, simplemente, poner piso o electricidad a sus casas. Y muchas veces aquí nos enfrascamos en filosofías muy importantes, muy respetables, pero, desde el punto de vista humano, el asunto es encontrar una solución al problema señalado.
Hay sectores a los que les está yendo extraordinariamente bien y que están alcanzando una riqueza importante. Nos alegramos de ello, pero creo que ha llegado el momento de que el Gobierno, junto a los sectores productivos, busque mecanismos y políticas que permitan producir mayor riqueza y así atender cuanto antes las demandas sociales.
Por eso, señor Presidente, creo que el proyecto representa un avance, y lo voy a apoyar con mi voto. Sin embargo, hay una discusión pendiente y pienso que todos deberíamos tener una actitud abierta para analizar, en conjunto con las autoridades de Gobierno, cómo avanzar más rápido en lo que estamos haciendo hoy día.
Voto que sí.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, en el curso de esta mañana uno de los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra pidió trasladar los beneficios que se otorgan a los funcionarios del sector público a los trabajadores del sector privado. Quiero aprovechar la presencia del señor Ministro de Hacienda para pedirle que durante su gestión, con la misma decisión con que ayer defendió el Presupuesto y con que hoy defiende el proyecto que reajusta remuneraciones y bonificaciones, ponga término a una odiosa discriminación en el tratamiento que existe en esta materia entre los sectores público y privado.
De partida, el artículo 1° del proyecto plantea "un reajuste de 12,2% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles". Del mismo modo, la iniciativa establece que las distintas bonificaciones que concede (aguinaldo de navidad; bono de escolaridad para el mes de marzo; bono para docentes y no docentes que se entregará este año y el próximo, y bono para los funcionarios de la atención primaria de salud) no constituirán renta para efectos tributables e imponibles. En el sector privado, en cambio, el otorgamiento de todos estos beneficios significa imponer y tributar, y para no establecer diferencias, siempre tiene que hacerse con cargo, no a los gastos de la empresa, sino a los retiros personales del empresario.
Creo, señor Ministro, que sería conveniente establecer, por fin, durante la gestión del actual Gobierno, la equivalencia de las exigencias y condiciones entre los sectores público y privado en el plano imponible y tributable.
Por otra parte, discrepo de la afirmación hecha durante el transcurso de la mañana en cuanto a que desde estas bancas se habría insinuado que fue un proyecto en parte nuestro -legislativo, me refiero- aquel que condonó las deudas CORA. La verdad es que dicha iniciativa fue planteada por Senadores de Gobierno y de Oposición a las autoridades de la época. Se asumió un acuerdo político que, afortunadamente, fue respetado por el actual Presidente de la República, como asimismo por quienes participaron en él. Seguramente, ése fue el motivo por el cual quienes tomamos parte de dicho acuerdo no buscamos modificarlo, por cuanto hubiese podido significar la no aprobación del proyecto. Sin embargo, quiero dejar constancia, para la historia de la ley, de que el costo no es de 200 millones de dólares, sino que corresponde a la cantidad adeudada, en mora o a futuro, menos los beneficios que determinados proyectos permiten rebajar de esa asignación, mencionada esta mañana, de más o menos 200 millones de dólares. De manera que no quisiera que quedara esa falsa imagen. Es digno destacar que la ley ha traído tranquilidad a más de 30 mil campesinos que hoy se debaten en una verdadera crisis, y por otra parte, ha contribuido a resolver la apremiante situación de endeudamiento del 95 por ciento del universo de los propietarios de parcelas CORA que aún no han cancelado sus deudas. En general, todos se encontraban morosos y gran parte de sus deudas eran irrecuperables, por lo que el único camino que restaba era el remate público.
Los que prestamos nuestro concurso a esa iniciativa lo hicimos por estimar que el campesinado forma parte de la cultura rural chilena, que es necesario mantener para el bien de la Nación.
Como se me ha levantado el pareo, voto a favor.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, me referiré a distintos aspectos del tema que probablemente ya fueron tocados, y también a otros que no han sido abordados.
En cuanto al reajuste del sector público, la sala de Senadores de Renovación Nacional permanentemente ha reclamado -y nos alegramos profundamente de que hoy se encuentre presente el señor Ministro de Hacienda, porque no hemos tenido la suerte de tenerlo en esas ocasiones- que se está aplicando un sistema que se halla al margen de la ley que debe dictarse en la materia y que es evidentemente lesivo y discriminatorio: el de disponer nuevos encasillamientos y plantas de personal servicio por servicio. En esa forma, se han otorgado reajustes a entidades disminuyendo los tramos de la Escala Unica, con grave detrimento para los correspondientes a los grados más altos y con beneficio para los que están en los tramos más bajos.
No hay ninguna duda de que ese procedimiento conlleva reajustes disfrazados, como señalamos los Senadores de Renovación Nacional. Ahora, en la medida en que la iniciativa en debate es general, los servicios ya beneficiados van a seguir siendo favorecidos, pero ello no disminuye la injusticia de que hay servicios que han obtenido más y otros menos.
Conocemos la opinión del señor Ministro, quien tiene que debatirse, desgraciadamente, entre lo que se debe hacer en materia económica y las presiones políticas. Aquí existe otro punto muy claro: el Gobierno tiene que dejar, definitivamente, de acceder a las presiones ilegítimas de distintos sectores o gremios. No es posible que aquellos que pueden vulnerar tranquilamente la ley obtengan un mejor trato del Estado, y que los servicios o instituciones que no pueden hacerlo, por el alcance que tendría una actuación de esa naturaleza, continúen siendo postergados. Obviamente, esto crea un problema político serio. Pero, indiscutiblemente, el Ejecutivo debe entender que seguir accediendo a peticiones de los que realizan paros ilegales es el peor camino para mantener la institucionalidad, el que, además, crea desconcierto en otras instituciones que tienen igual o mayor derecho a reajustes de remuneraciones.
El segundo punto que deseo tratar, señor Presidente, se refiere al problema de los jubilados. Me alegro mucho y me felicito de que todos los señores Senadores coincidan en este punto, pero debe quedar claro, ¡absolutamente claro! -para que el país lo sepa de una vez por todas-, que se trata de una materia que los Senadores de Renovación Nacional hemos traído permanentemente al tapete. Y no podemos...
El señor HAMILTON.-
¡Sobre todo, durante el Régimen militar!
El señor OTERO.-
Agradecería al Senador señor Hamilton respetar alguna vez el Reglamento y demostrar más educación.
En definitiva, deseo ser muy claro y consecuente con mis palabras. Nosotros hemos señalado este problema, y me alegro profundamente de que el Senado decida estudiarlo en su conjunto. Aquí no se trata de culpar al pasado o al presente: existe una realidad, y debemos afrontarla seriamente. Me parece adecuado efectuar una sesión destinada a analizar el tema, a la que asista el señor Ministro de Hacienda.
Sin embargo, cuando nos referimos a problemas de orden social, también deberíamos considerar situaciones realmente increíbles. Por ejemplo, ¿por qué se rebaja 50 por ciento de la pensión a la viuda cuando muere el marido? Es decir, en una familia con varios hijos, ¿el esposo equivale al 50 por ciento del gasto? Existen, además, otros casos absurdos. Cuando fallece una mujer que se encuentra acogida al sistema de seguro contra accidentes del trabajo, el marido no recibe pensión, en circunstancias de que los dos ingresos son los que permiten sustentar el hogar común. O sea, en las leyes tenemos una cantidad enorme de injusticias, y debería apuntarse a superar las situaciones más conflictivas, que me parece que debieran ser analizadas por el Senado con altura de mira y sin recriminaciones políticas.
Finalmente, señor Presidente, debo señalar que de una vez por todas es preciso que se entienda en el Senado que todos tenemos derecho a discrepar y que nadie tiene el patrimonio de la verdad ni puede ridiculizar a quienes piensan distinto. Este no era el clima existente en la Corporación durante el período legislativo anterior. Lamentablemente, se está haciendo una escuela, cada vez más socorrida, la de que la mejor manera de defender lo indefendible es ridiculizando al adversario. No es el camino por el cual debemos seguir. Materias como las que estamos tratando, con una u otra visión -porque para eso es la democracia-, nos obligan a respetarnos recíprocamente y en forma absoluta.
Por esas consideraciones, señor Presidente, voto favorablemente el proyecto de ley.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, mediando la autorización del Comité Partido por la Democracia -porque me encontraba pareado con el Senador señor Bitar-, voto favorablemente.
Por otro lado, deseo hacer presente que el señor Ministro de Hacienda se ha comprometido, según entiendo, a participar en una sesión especial que hemos solicitado, destinada a tratar el tema de los jubilados, pensionados, retirados y montepiadas.
El señor SIEBERT.-
Señor Presidente, coincido plenamente con lo señalado recién por el Senador señor Díez, en cuanto a que nos podríamos haber remitido a la versión de las discusiones de los proyectos de reajuste celebradas durante los últimos cuatro años en el Congreso. En todo caso, se trata de una buena oportunidad para plantear opiniones serias respecto a los basamentos de la iniciativa que nos ocupa.
Sin embargo, el tipo de debates y análisis que ahora se han efectuado en la Sala a veces no contribuyen a un mejor entendimiento entre Gobierno y Oposición. Todo lo contrario: luego de estas discusiones no salimos más reconciliados o más unidos que antes. Creo que podríamos dejar de recriminarnos mutuamente en estas ocasiones.
En cuanto a la preceptiva en comento, celebro que otorgue un porcentaje de reajuste bastante mayor al incremento del costo de vida que el Gobierno está consultando, de 8 por ciento. En efecto, se considera una cifra de 14 por ciento, en forma real.
Fui parte de ese medio millón de chilenos que esperaba año a año un reajuste de esas características, y creo que los funcionarios públicos estarán muy satisfechos de percibirlo. Pero es lamentable la discriminación en cuanto a no considerar al sector pasivo en este reajuste, y más aún, que ni siquiera se hayan tomado en cuenta sus intereses en el otorgamiento del aguinaldo de Navidad.
Voto a favor.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, voy a votar favorablemente. Sin embargo, debo expresar, en primer lugar, que no me asusta el hecho de que el reajuste pueda ser algo mayor que la inflación esperada, en cuanto ello podría implicar que los trabajadores del sector público participen también del incremento de riqueza que el país tiene. La única preocupación que me surge es que eso, obviamente, obliga a que el producto siga aumentando y, a su vez, a que no crezca la máquina estatal -ya por la vía de aumentos de personal o por caminos indirectos-, para que no se perturbe el logro conseguido.
Coincido plenamente con lo expresado por el Senador señor Otero en el sentido de que la presencia del señor Ministro de Hacienda nos lleva a considerar un problema más de fondo. Aquí se habla de la productividad, de lo difícil que resulta medirla, pero, en mi opinión, si hubiera una mayor racionalidad en los servicios públicos, si se buscaran mejores incentivos, lograríamos lo que, en definitiva, persigue el país, a saber, un mayor rendimiento de los funcionarios en conjunto, una mayor eficacia de la Administración Pública. Naturalmente, ello no se logra con simples aumentos globales de salarios, como éste, sino con un ajuste general que permita corregir las deficiencias existentes y crear incentivos reales.
En lo que concierne al monto de los aguinaldos, me extraña que sean disparejos y que se utilicen sistemas distintos. Para el sector público hay dos tipos de aguinaldo, lo cual, de alguna manera, indicaría que el propio Gobierno tiene conciencia de que el sistema de remuneraciones es inadecuado. Ello, porque el monto de este beneficio baja para aquellos que tienen una mayor remuneración, que puede derivar de un número más alto de años de servicio, al margen, por cierto, de la mayor jerarquía. En cambio, a los jubilados se les concede una asignación pareja para todos. Con una segunda diferencia: en lo que respecta al sector público no se consideran las cargas de familia, contrariamente a lo que sucede en relación con el sector pasivo, en circunstancias de que evidentemente aquéllas tienen mucha más importancia en el caso de las personas en actividad que en el de los jubilados o pensionados.
Por otro lado, deseo hacer un par de comentarios respecto del sector pasivo, al cual se han hecho muchas referencias y del cual también he hablado en otras oportunidades. Me parece indudable que debemos buscar mecanismos para que aquél no quede separado del incremento de riqueza que el país experimente. Pero conviene tener presente que en la materia estamos pagando las consecuencias de errores graves del pasado, porque teníamos un sistema tremendamente discriminatorio en cuanto a montos, edad para jubilar y beneficios de toda clase. Y cabe preguntar, además, qué habría ocurrido si en los años setenta no se hubiera establecido el reajuste automático para ese sector. Recordemos que en los antiguos gobiernos democráticos tal reajuste regía sólo para quienes habían sido empleados superiores, que percibían una pensión equivalente al sueldo en actividad, y no para la gran masa. ¡Cómo sería el problema hoy, si no se hubiera tratado de corregir estas distorsiones a través de regulaciones como la relativa a la edad para jubilar y del sistema de las AFP, que permite, por lo menos, una posibilidad de que en el futuro haya pensiones dignas para todos!
En lo personal, creo imprescindible la sesión especial que se ha sugerido o un análisis a fondo del problema. Es preciso reconocer que los pasivos forman parte del país -y que, en consecuencia, están ligados a su suerte, y, ojalá, a su prosperidad- y corregir, hasta donde sea posible, todas las normas disparejas, para, así, llegar a asegurar a aquellos que realmente la necesitan una situación acorde con una vejez digna.
Creo que sobre el particular hay muchas coincidencias en el Parlamento. Las referencias que hice al pasado no han tenido la finalidad de volver a discutir acerca del sistema antiguo, sino la de reconocer que desde siempre se han cometido errores en esta materia.
El régimen de los pasivos es clave en el mundo de hoy. Porque, tal como ha señalado un distinguido colega que me precedió, ahora el hombre y la mujer fallecen a una edad más avanzada, incluso por encima de las cifras que Su Señoría ha señalado, afortunadamente para nuestro país. En consecuencia, debemos tomar medidas sustentables en lo futuro. Chile ha dado grandes pasos, pero, mientras tanto, hay una masa de más de un millón de jubilados que se encuentra en una situación grave. Ello debemos analizarlo con serenidad y en el ánimo de llegar a soluciones adecuadas.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor URENDA.-
Por último, señor Presidente, coincido con la observación del Honorable señor Larre, en cuanto a dar mayores facilidades para que el sector privado pague beneficios de esta naturaleza, por la vía de hacerlos exentos de impuestos.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, apruebo el proyecto con una precisión.
La exposición del Senador señor Urenda presenta un error grave, puesto que cuando se otorgaban reajustes de sueldos y salarios al sector público se incluía a los jubilados. Ese sistema se cambió en los años 80 por el de un reajuste que dependía de que la inflación excediera el 15 por ciento. Sin perjuicio de ello, en 1985 no se concedió un reajuste de 10,6 por ciento a los pensionados.
En fin, lo que me interesa destacar es que toda la legislación al respecto, durante todos los Gobiernos, incluía el reajuste del sector activo y del pasivo.
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, desde luego, aprobaré el proyecto. Me parece seriamente planteado, al margen de las pequeñas regresiones y discriminaciones que contiene, entre las cuales destaca -como se ha señalado- la atinente a la situación de los pensionados. De hecho, el país debiera hacer un esfuerzo solidario y poner en la balanza prioridades de inversión, a fin de intentar emparejar los aguinaldos. En todo caso, creo que las diferencias nacen de un problema más profundo: no se valora a la tercera edad en nuestro país, a pesar de sus posibilidades de participar positivamente en la sociedad. No nos olvidemos de que en otras culturas los "consejos de ancianos" son los equivalentes de nuestro Senado, con todo respeto.
En consecuencia, creo que la sesión especial sugerida podría centrarse no sólo en los problemas de los pensionados, sino, sobre todo, en la necesidad de insertar y valorar a las personas de la tercera edad, a fin de que todas estas discriminaciones se vayan perdiendo.
Voto que sí.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (35 votos a favor).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Calderón, Cantuarias, Díaz, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Larraín, Larre, Martin, Matta, Muñoz Barra, Otero, Páez, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Siebert, Sinclair, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
El señor VALDÉS (Presidente).- Despachado el proyecto, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:33.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción