REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 51a, en martes 11 de abril de 1995
Ordinaria
(De 16:14 a 19:16)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDES, PRESIDENTE,
Y RICARDO NUÑEZ, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR JOSE LUIS LAGOS LOPEZ, PROSECRETARIO
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VERSION TAQUIGRAFICA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Bitar Chacra, Sergio
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Cooper Valencia, Alberto
-DIAZ Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Errázuriz Talavera, Francisco Javier
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Martin DIAZ, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Ominami Pascual, Carlos
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Sule Candia, Anselmo
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la señora Ministra de Justicia.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESION
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 43 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACION DE ACTAS
El señor VALDES (Presidente).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 25a, extraordinaria, en 7 de diciembre del año recién pasado, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 26a, ordinaria, en 13 de diciembre; 30a, extraordinaria, en su parte secreta, en 21 de diciembre del mismo año, y 32a, ordinaria, en su parte secreta, en 4 de enero del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor VALDES (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN (Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre jubilación anticipada por trabajos pesados.
-Queda retirada la urgencia, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, hace presente la urgencia, en el carácter de "Suma", al proyecto que modifica el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
-Se tiene presente la calificación, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el tercero al octavo, retira la urgencia, y la hace presente, nuevamente, en el carácter de "Simple", a los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que crea la comuna de San Pedro de La Paz, en la provincia de Concepción.
2.-
El que crea la comuna de Chillán Viejo, en la provincia de Nuble.
3.-
El que crea como categoría de ingreso de extranjeros al país la de Habitantes de Zonas Fronterizas.
4.-
El que dicta normas y modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de utilización del subsuelo de los bienes nacionales de uso público.
5.-
El que introduce modificaciones a la ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, y a la de Subvenciones.
6.-
El que establece normas relativas a las concesiones de energía geotérmica.
-Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el objeto de promover el conocimiento de los derechos humanos.
-Pasa a la Comisión de Educación y Cultura, y a la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en su caso.
Con el segundo, comunica que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que crea la comuna de Padre Las Casas, en la provincia de Cautín, Región de la Araucanía. (Con urgencia calificada de "Simple").
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero, comunica que ha dado su aprobación a las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, con excepción de las consignadas en los números 1, 13, 22 y 29, que ha rechazado. (Con urgencia calificada de "Simple").
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que emite su opinión acerca del proyecto que modifica la ley N° 18.290, del Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir.
-Se toma conocimiento, y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Matta, relativo a la pavimentación de la calle principal de la ciudad de Chanco, Séptima Región.
De la señora Ministra de Justicia, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la posibilidad de instalar un Juzgado de Letras en la comuna de San Javier y en la de Parral, Séptima Región.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos:
1-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica los artículos 450, 521 y 523 del Código de Procedimiento Civil, a fin de garantizar el derecho de dominio de terceros ajenos al juicio ejecutivo, ampliando los casos en que procede la suspensión del remate.
2.-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 796 y 800 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de corregir remisiones que indica.
-Quedan para tabla.
El señor VALDES (Presidente).-Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITES
El señor VALDES (Presidente).-
Los Comités resolvieron lo siguiente:
1.-
Ampliar el plazo para formular indicaciones al proyecto sobre deuda subordinada hasta el lunes próximo, a las 12.
2.-
Dejar sin efecto las sesiones ordinarias que correspondía celebrar el miércoles 12 y jueves 13 del actual, y citar a sesión especial para mañana, de 15 a 18, a fin de ocuparse de los asuntos en tabla.
3.-
Debatir en la sesión ordinaria del martes próximo, en el primer lugar de la tabla, el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente, y al decreto con fuerza de ley N° 5, de Educación, de 1993, materia que cuenta con informes de las Comisiones de Educación y de Trabajo, y siempre que sea despachado el de la Comisión de Hacienda. Esta materia merece una atención especial del Senado, pues es de gran importancia y de suyo compleja.
4.-
Tratar en calidad de fácil despacho en la sesión de hoy el signado con el numero 14 en la tabla, el cual autoriza la erección de un monumento en las ciudades de Santiago, Nacimiento y Los Angeles, en memoria de don Bernardo Leighton Guzmán.
Por otra parte, el señor Presidente de la Comisión de Hacienda me ha informado que en la semana venidera deberíamos despachar el proyecto que dispone un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos. Me parece que dicha iniciativa no podría verse antes del miércoles, luego de lo cual su estudio podría proseguir, eventualmente, el jueves próximo, por cuanto deben estudiarse las indicaciones que -como dije- se presentarán hasta el lunes.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, en relación al proyecto que modifica el Estatuto Docente, debo aclarar que aún no ha sido despachado por la Comisión de Hacienda.
La señora FELIU.-
Está en estudio.
El señor LAVANDERO.-
Así es. Hemos escuchado al señor Ministro, y seguramente mañana se evacuará el informe.
El señor VALDES (Presidente).-
En todo caso, estaría disponible para verlo en la sesión ordinaria del próximo martes.
El señor CALDERON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
AUTORIZACION A COMISION DE TRABAJO PARA SESIONAR EN COMISION MIXTA SIMULTANEAMENTE CON LA SALA
El señor CALDERON.-
Señor Presidente, pido autorización para que la Comisión de Trabajo pueda sesionar en Comisión Mixta simultáneamente con la Sala mañana a las 15:30. Es sólo para constituirse. Se trata del proyecto sobre pensión de vejez anticipada por desempeño de trabajos pesados.
El señor VALDES (Presidente).-
¿Por qué no se reúnen mañana por la mañana, en que no tenemos sesión de Sala?
El señor CALDERON.-
Porque la Comisión de Trabajo debe tratar otras materias, y, además, los señores Diputados sólo disponen de tiempo mañana en la tarde.
El señor PRAT.-
Es sólo para constituir la Comisión Mixta.
El señor VALDES (Presidente).-
Si no hubiere oposición, se autorizará a la Comisión de Trabajo para sesionar simultáneamente con la Sala mañana miércoles, a las 15:30, porque debe concurrir a una Comisión Mixta.
Acordado.
ERECCION DE MONUMENTOS EN MEMORIA DE DON
BERNARDO LEIGHTON GUZMAN
El señor VALDES (Presidente).-
Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que autoriza la erección de un monumento en las ciudades de Santiago, Nacimiento y Los Angeles, en memoria de don Bernardo Leighton Guzmán, con informe favorable de la Comisión de Educación y Cultura.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz-Esquide).
En primer trámite, sesión 40ª, en 2 de marzo de 1995.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 49ª, en 5 de abril de 1995.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.
El señor VALDES (Presidente).-
En relación con esta materia, hice presente a los señores Senadores miembros de Comités que la obligación de dar trámite de ley a la erección de monumentos hasta ahora no parece clara para la Mesa, como tampoco lo es respecto de las colectas nacionales que normalmente se usan para financiar los mismos. Estas últimas son autorizaciones que otorga el Ministro del Interior.
En virtud de ello, solicito a la Sala remitir esta materia a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque no veo clara la diferencia entre la facultad de una municipalidad para dar nombre a plazas y calles -aparte, eventualmente, otro tipo de expresiones públicas-, y la de erigir un monumento. ¿A qué se denomina monumento? Observamos que permanentemente se colocan placas cuando vienen dignatarios extranjeros, y se cambian nombres a lugares públicos. ¿Qué es entonces un monumento?
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se enviará este asunto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a fin de despejar el punto, pues la erección de monumentos muchas veces aparece redundando en leyes no cumplidas, y dejar dicha facultad, si es posible, entregada a las municipalidades correspondientes, como debería ser.
Acordado.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, lo que se acaba de acordar es sin perjuicio de la aprobación que ha dado el Senado a este proyecto, conforme al mecanismo que usualmente hemos empleado hasta la fecha.
El señor VALDES (Presidente).- Por cierto, señor Senador. Por eso, lo dije después de la aprobación de la iniciativa.
MODIFICACION DE LEY N° 18.525
El señor VALDES (Presidente).-
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 18.525, en orden a incorporar a un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, con informes de las Comisiones de Agricultura y de Economía.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 48a, en 4 de abril de 1995.
Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 50a, en 6 de abril de 1995.
Economía, sesión 50a, en 6 de abril de 1995.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto.
El señor LARRE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larre.
El señor LARRE.-
Señor Presidente, tal como lo plantea el informe de la Comisión de Agricultura, la iniciativa se originó en la Cámara Baja en moción de los Diputados señora Prochelle y señores Ribera, José García, René Manuel García, Taladriz, Galilea, Caminondo, Munizaga, Kuschel y el entonces Diputado señor Alamos.
El proyecto cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados. Posteriormente, en el Senado tuvimos una duda en cuanto a su constitucionalidad, por cuanto, tratándose de un impuesto, a juicio de la Comisión de Agricultura era de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República. En virtud de ello, el Primer Mandatario lo hizo suyo, y, por lo tanto, cumple con las exigencias constitucionales en cuanto a su admisibilidad.
La iniciativa consta de un artículo único, mediante el cual se incorpora un representante del Ministerio de Agricultura como miembro de la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, la cual en la actualidad se halla integrada por el Fiscal Nacional Económico, dos representantes del Banco Central, un representante del Ministerio de Hacienda, un representante del Ministerio de Economía, el Director Nacional de Aduanas y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dado que los precios agrícolas en el plano internacional tienen notables distorsiones por efecto de subsidios o subvenciones, desde hace mucho tiempo se ha manifestado la necesidad de que el organismo técnico del Estado de Chile participe también en el organismo que nos ocupa.
Mis palabras están avaladas en algunos antecedentes de carácter internacional conocidos por todos. Los subsidios otorgados en 1990 a los productores agrícolas en el mundo equivalen a 176 mil millones de dólares. De ellos, 82 mil millones se concedieron en la Comunidad Económica Europea, 36 mil millones en Estados Unidos, 31 mil millones en Japón y 27 mil millones en otros países.
Si consideramos el subsidio por agricultor, observaremos que asciende a 22 mil dólares anuales en Estados Unidos, a 12 mil en la Comunidad Económica Europea y a 15 mil en cada una de las naciones desarrolladas donde opera.
Si transformamos estos subsidios en dólares por hectárea, veremos que corresponden a 171 dólares en Estados Unidos, a 773 en la Comunidad Económica Europea y a 171 en los restantes países desarrollados.
¿Qué efectos han producido los subsidios en cada nación? En 1991, por ejemplo, el ingreso agrícola basado en subvenciones alcanzó a 80 por ciento en Suiza, a 77 por ciento en Noruega, a 71 por ciento en Finlandia, a 66 por ciento en Japón, a 59 por ciento en Suecia, a 52 por ciento en Austria, a 49 por ciento -como término medio- en la Comunidad Económica Europea, a 45 por ciento en Canadá, a 30 por ciento en Estados Unidos, a 15 por ciento en Australia y a 4 por ciento en Nueva Zelanda.
Señor Presidente, he citado como antecedente las subvenciones que perciben los agricultores de los países más desarrollados del mundo.
Ahora bien, tanto el Gobierno como los Parlamentarios que plantearon originalmente la moción han estimado fundamental que participe un representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión de Distorsiones. Por ello, las Comisiones de Agricultura y de Economía -así lo informará el señor Presidente de esta última- acogieron la iniciativa del Poder Ejecutivo, cuyos informes se encuentran a disposición de los señores Senadores.
En consecuencia, en representación de la Comisión de Agricultura, solicito a la Sala la aprobación del proyecto, para atender de esta forma una sentida aspiración de todo el sector agrícola, que la ha expuesto en múltiples oportunidades y desde hace varios años.
Recuerdo que en 1994, cuando en el Senado discutimos la crisis que afecta a la actividad agrícola del país, una de las medidas inmediatas que propusimos para solucionarla fue la de incorporar al Ministerio de Agricultura, como organismo técnico, a la Comisión de Distorsiones.
Pero uno de los argumentos aducidos es el de que no se puede ser juez y parte. La verdad es que, a nuestro juicio, el Estado chileno no es parte en el desarrollo de la actividad agrícola, porque desde hace mucho tiempo dejó de ser propietario o productor. Y creemos que la preocupación del Gobierno debe ser velar por la gestión exitosa de más de 500 mil agricultores, quienes representan un porcentaje altísimo de la población chilena que vive del producto rural.
Sobre la base de los antecedentes entregados y teniendo presente la conveniencia de lograr en el comercio internacional un debido control de la distorsión de precios en los productos agrícolas, solicitamos la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAIN.-
Señor Presidente, pienso que el tema de fondo -no tanto la iniciativa- que está siendo abordado es de la mayor importancia; vale decir, el hecho de que en el campo agrícola existe una profunda y extraordinaria distorsión de precios debido a los enormes subsidios que en materia de productos alimenticios se conceden, fundamentalmente, en los países del hemisferio norte. El Senador señor Larre, quien me antecedió en el uso de la palabra, ha dado cifras más que elocuentes para demostrar las cantidades de recursos que se entregan en esas naciones a fin de proteger a los agricultores y darles una solución de vida razonable, teniendo en cuenta las circunstancias por las cuales atraviesa la actividad debido a la evolución de su producción y de otras producciones en el mundo.
Lo anterior, aparte ser contradictorio con muchos principios que en las economías de aquellos países se sostienen en materia de libertades de trabajo y de empresa, resulta profundamente contrario a la forma como estamos desarrollando nuestra actividad económica, porque la distorsión en comento es la que viene generando en Chile una baja artificial en los precios de los productos agrícolas. Y esto, junto a otras distorsiones -como la monetaria, por ejemplo, a raíz del descenso de la paridad cambiaria-, es lo que está afectando la situación de los productos que nuestra gente trabaja con gran esfuerzo.
En consecuencia, me parece que el tema de las distorsiones habidas con motivo de la importación de productos subsidiados es altamente relevante y, por la misma razón, debe ser abordado con la profundidad que el caso requiere.
Recuerdo que en su momento, cuando el Senado discutió la materia, planteé este punto -al igual que otros Honorables colegas- e hice notar la necesidad de examinarlo, no en forma superficial, sino de acuerdo a una iniciativa legal que, con diversos señores Senadores que la suscribieron, presenté a trámite legislativo, en la cual, además de considerarse un nuevo integrante para la referida Comisión, se contemplaban las situaciones que afectan el funcionamiento de ese organismo, que fue creado para evitar las distorsiones que emanan de los productos subsidiados provenientes del exterior. Sin embargo, por distintas consideraciones, de carácter jurídico y de otro tipo, ese proyecto aún no ha sido tramitado y, por lo tanto, lamentablemente, no hemos podido entrar al fondo del asunto.
La iniciativa sometida a nuestro conocimiento dice relación a una inquietud muy precisa: incluir dentro de la Comisión de Distorsiones a un representante del Ministerio de Agricultura. Y la verdad es que, si uno mira la composición de esa entidad, ve que actualmente, junto al Fiscal Nacional Económico y a los dos representantes del Banco Central, hay cuatro personeros del Gobierno. De modo que el sector público se encuentra ampliamente representado.
Me parece que, si la voluntad hubiese sido acoger las preocupaciones que aquejan particularmente al sector agrícola, el Gobierno debió plantear la integración de un representante de ese ámbito. Pero no lo ha hecho. Y la presentación de este proyecto, que a mi juicio es periférico al problema, reafirma mi convicción de que en las esferas oficiales aún no existe el convencimiento de que es necesario combatir aquél a través de una modificación radical a la normativa vigente, como la que sometí a consideración del Honorable Senado.
Por esa misma razón, estimo que el proyecto en análisis, con todo lo válido que tiene en sí mismo, no resuelve el problema de distorsión que se genera con motivo de la importación de productos (no solamente alimenticios, sino también de otra índole) que cuentan con subsidios de tal naturaleza.
Lo que necesitamos es revisar la composición de la Comisión de Distorsiones, de manera que quede integrada por gente independiente, incluso del Gobierno, que no represente a los sectores involucrados; que haya mayor transparencia, a fin de que los debates suscitados en su interior puedan ser conocidos por todos; que la Comisión cuente con más atribuciones, para proceder en forma adecuada -incluso de oficio, si lo estima necesario-; requerir permanentemente el apoyo de nuestras embajadas -esto es, de la representación diplomática de Chile en el extranjero- con el propósito de que dicho organismo asuma su trabajo con absoluta eficacia; y revisar la operatividad del sistema, porque las solicitudes que los afectados deben presentar para formular las denuncias son engorrosas y complejas, y muchas veces los hacen desistir de sus planteamientos.
Eso es lo que realmente debiéramos estar discutiendo hoy, señor Presidente, si el problema que nos aqueja tiene la magnitud en que, al parecer, todos concordamos. Y, por ese mismo motivo, me llama la atención el hecho de que la autoridad, pese a estar consciente de la seriedad del problema -por lo demás, el propio señor Ministro de Agricultura, hace algunas semanas, al referirse a las medidas que implementará el Gobierno, reconoció que la materia que nos ocupa es una de aquellas en las cuales es preciso revisar la legislación vigente-, haya enviado al Parlamento un proyecto en el que propone, simplemente, incorporar a la Comisión de Distorsiones a un representante del Ministerio de Agricultura. Francamente, me parece que esto es una desproporción frente a la gravedad del problema involucrado.
Yo no me opongo a esa solución, aunque, sí, quiero señalar que la salida no consiste en ir agregando a la Comisión personeros de los distintos sectores productivos afectados, porque ello significaría aumentar indefinidamente el número de representantes. Obviamente, esto no zanja el asunto.
En consecuencia, debo ser honesto y manifestar que el proyecto es inadecuado, ya que para enfrentar una situación que todos estimamos de extraordinaria gravedad, se somete a nuestra consideración una medida de "parche" que, evidentemente, no contribuye a resolverla.
La Comisión Nacional no ha dado satisfacción al grueso de las denuncias que se han presentado acerca de distorsiones en los precios de productos provenientes del exterior.
Por eso, deseo dejar constancia de mi opinión, como lo hice en la Comisión de Agricultura, respecto de esta iniciativa.
La consecuencia lógica de este análisis pareciera ser mi pronunciamiento contra el proyecto. Sin embargo, no lo haré, porque no deseo contribuir al rechazo de un texto que busca revisar en algo la Comisión de Distorsiones.
Reitero que, en mi concepto, no se trata de una buena solución. No creo que ayude a cambiar absolutamente en nada el funcionamiento de la Comisión. Empero, no quiero dar una señal equivocada, por cuanto es imprescindible preocuparse especialmente de este problema, debido a la crisis por que atraviesa la agricultura chilena. En este sentido, un voto negativo podría ser mal interpretado por muchas personas.
Por las razones expuestas, me abstendré de votar el proyecto. Al mismo tiempo, insto al Ejecutivo a poner el acento en el fondo de la cuestión y a que no aquietemos nuestras conciencias haciendo cambios cosméticos en una materia que requiere de profundas transformaciones, dada la importancia que reviste para el desarrollo productivo del país.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente, como consecuencia de la importación de mercaderías provenientes de economías subsidiadas, puede ocurrir que en los mercados internos se produzcan distorsiones de precios que dañen la producción nacional.
Previendo tal circunstancia, la ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercaderías al país, publicada en el Diario Oficial de 30 de junio de 1986, dispone en su artículo 11 la creación de una Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de las mercaderías importadas y la forma como ellas perjudican la producción interna.
Dicha Comisión tiene por objeto tomar conocimiento de las denuncias sobre distorsiones en los precios de las mercaderías que se importan desde los mercados internacionales y, luego de efectuada una investigación, recomendar la adopción de medidas de tributación aduanera, si los antecedentes disponibles permiten establecer la existencia de distorsiones en el precio que ocasionen un perjuicio significativo, actual o inminente, en la producción nacional.
En consideración a situaciones que de un tiempo a esta parte han venido suscitándose en diversos sectores de nuestra economía, el Ministerio de Hacienda se encuentra abocado al estudio de una reforma global a la estructura e integración de la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en los precios de mercaderías importadas.
No obstante ello, es posible apreciar cómo se han producido diversas situaciones de hecho que ameritan que, mientras prospera el análisis de la señalada reforma, se autorice el nombramiento de un nuevo integrante en esa Comisión, en representación del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que el sector agrícola es uno de una de las áreas que más afectadas se han visto en el último tiempo por las distorsiones generadas en los mercados agrarios como consecuencia de las importaciones de productos subsidiados por los Estados de procedencia. Las cifras que existen en esta materia son tremendamente elocuentes y, por cierto, desequilibran los precios de los productos agrícolas, en perjuicio de miles de pequeños y medianos productores.
En esa línea, el 19 de agosto de 1992 se presentó en la Honorable Cámara de Diputados una moción destinada precisamente a modificar el artículo 11 de la ley N° 18.525 a fin de agregar un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional mencionada. Sin embargo, en su segundo trámite, y encontrándose en estudio en la Comisión de Agricultura del Senado, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por estimarse que adolecía de un vicio de inconstitucionalidad al recaer sobre una materia que, según el artículo 62, N° 4o, del Texto Fundamental, es de iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República.
Como en reiteradas oportunidades la Comisión de Constitución ha estimado que el "patrocinio" no basta para transformar una moción en mensaje y, a mayor abundamiento, que dicha figura no se encuentra consagrada en nuestra Carta Política, el Ejecutivo consideró del caso iniciar, por mensaje presidencial, un nuevo proyecto de ley, cuyo contenido es del todo similar al del iniciado en la Cámara Baja y que es el que nos hallamos debatiendo.
Cabe expresar que el texto en examen no contiene proposiciones que apunten a modificaciones de fondo de la ley. Por ejemplo, se estima que los problemas de la Comisión Nacional de Distorsiones no se reducen a su sola composición, sino que también alcanzan al procedimiento establecido para cursar y tramitar las denuncias de los afectados. Del mismo modo, resulta interesante la propuesta hecha en orden a que la integración de aquélla incluya al sector privado, particularmente si éste se hace representar por técnicos y hombres doctos en las materias de competencia de la Comisión.
Pero, sin perjuicio de la reforma general a la fisonomía y funciones de la Comisión Nacional de Distorsiones -que tanto se hace sentir- y de la posibilidad de mejorar el proyecto en lo pertinente, el nombramiento en ella de un representante del Ministerio de Agricultura es, a nuestro entender, un avance trascendental en la tarea de coadyuvar al mejoramiento de la alicaída situación en que se encuentran nuestros agricultores.
Por ese motivo, hacemos votos para que este proyecto sea despachado por el Congreso al Jefe del Estado en el más breve término, para su pronta promulgación y publicación como ley de la República.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.
El señor ERRAZURIZ.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el proyecto que se nos plantea hoy en el Senado, pero, a mi juicio, es incompleto, porque no contempla diversas materias que guardan estrecha relación con la ley que se modifica.
Ya un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra -quien, al igual que el que habla, presentó un proyecto de ley destinado a mejorar la Comisión de Distorsiones- ha hecho notar la conveniencia de que esta iniciativa pueda ser refundida con las presentadas anteriormente por distintos Parlamentarios, inquietos por lo que ocurre con el citado organismo.
La Comisión de Distorsiones posee facultades para investigar las diversas irregularidades que se ponen en su conocimiento y, sin embargo, carece de imperio para emitir, por ejemplo, una orden de no innovar, de manera que mientras estudia el asunto no se realicen nuevas importaciones de mercaderías subsidiadas o que distorsionen el libre mercado.
En el fondo, se trata de estudiar formas de proteger la libertad de comercio, de defender el libre mercado, y no de buscar mecanismos tendientes a amparar a determinadas actividades o a ciertos productores, como -equivocadamente- algunos han señalado en otras oportunidades.
Se trata de que el libre mercado opere de verdad. Y, sobre el particular, debo manifestar que las distorsiones se producen no sólo como consecuencia de subsidios, sino que la mayoría de las veces tienen origen en ventas de excesos de producción temporales, que no se repiten todos los años. Así, una empresa que tiene un stock muy grande de productos y decide liquidarlo, porque entró en insolvencia o quebró, o hubo cambio tecnológico o, incluso, estacional, genera una distorsión en los precios normales del mercado.
En un país como Argentina, que es de secano, de rulo, que riega muy poco, cuando viene un buen año, y llueve en primavera, hay enormes producciones agrícolas, que constituyen excedentes con relación a lo que se pensaba cosechar, mayor rendimiento con el cual se paga el costo y se obtienen utilidades. En definitiva, esos excedentes, esas producciones marginales, son las que crean las distorsiones, puesto que son vendidas, también, al precio marginal posible. Este tipo de distorsiones actualmente no se encuentra considerado en la Comisión Antidistorsiones, ni tampoco podría ser acogida por ella una reclamación efectuada por los agricultores en ese sentido.
Por consiguiente, convendría tener presente que la iniciativa en debate, si bien es loable, en tanto trata de buscar una cierta equidad en los miembros que componen esa Comisión, de forma alguna apunta a la solución definitiva del problema que viven los productores afectados por las distorsiones evidenciadas en el libre mercado, entendiendo por éste a aquel que determina precios de mediano o largo plazos, estables, y no aquellos precios de spots, circunstanciales o de coyuntura.
En consecuencia, se ha avanzado un paso, que es muy pequeño, insuficiente e incompleto, pero que de todas maneras constituye un paso adelante. Y -ojalá- la iniciativa pueda compatibilizarse también con las que he presentado al Senado para corregir la Comisión Antidistorsiones, darle imperio a sus decisiones y hacer extensivo su campo de acción a otras actividades y materias que hoy día -como lo señalé-, lamentablemente, no se hallan al alcance de sus decisiones.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIU.-
Señor Presidente, es un hecho conocido que Chile ha adoptado una política económica de mercado o social de mercado, esto es, de libre competencia en la producción y en el comercio interno y externo como una forma de elevar el nivel de eficiencia de los medios de producción y de comercialización de bienes y servicios para el beneficio de toda la comunidad.
Con esa finalidad, entre otras medidas, se eliminaron o disminuyeron las barreras arancelarias hasta donde lo permitía una política económica coherente.
Para resguardar la transparencia e igualdad de los agentes económicos y eliminar los excesos que pudieran cometerse por los mismos, se crearon las Comisiones Antimonopolios y la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de mercaderías importadas.
A las Comisiones Antimonopolios se les han asignado la prevención, investigación y persecución de los atentados a la libre competencia en el mercado nacional.
A la Comisión de Distorsiones se le ha encomendado la investigación de la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, que ocasionan un perjuicio significativo o amenaza de daño en la producción nacional y la misión de recomendar a la autoridad económica la adopción de medidas correctivas de tales distorsiones. A la Comisión le compete sólo investigar, comprobar y recomendar medidas. Ello, porque la conducción de la política económica corresponde al Presidente de la República, a través de las Secretarías de Hacienda y de Economía, y porque una decisión equivocada en la materia provocaría un grave impacto negativo para el país, de insospechadas consecuencias.
El artículo 9o de la ley N° 18.525 dispone: "EL Presidente de la República, podrá establecer valores aduaneros mínimos para aquellos productos que, por efectos circunstanciales originados en los mercados internacionales, resulten con sus precios normales de transacción temporalmente disminuidos y cuya importación en tales condiciones origine grave daño actual o inminente a la producción nacional.". Para la fijación de estos valores -añade el artículo- se requerirá del informe favorable de la Comisión Antidistorsiones a que se refiere esta ley.
El artículo 10 de la misma ley señala: "Establécense sobretasas de un 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 18%, 20% y 24% ad valorem, derechos antidumping y derechos compensatorios para la importación de aquellas mercancías cuyo ingreso al país origine grave daño actual o inminente a la producción nacional al importarse con precios disminuidos a consecuencia de efectos artificiales en sus respectivos mercados. El Presidente de la República determinará las mercancías a las que se aplicarán estas sobretasas, derechos antidumping y derechos compensatorios, su monto y duración, los que no podrán exceder de un año,", previo informe -agrega la norma- de la Comisión Antidistorsiones a que se refiere la ley.
La Comisión de Distorsiones ha sido concebida como un organismo absolutamente técnico y con un número indispensable de miembros para hacerla eficaz. Tal carácter técnico creo que no es conveniente alterarlo.
Incorporar a ella un representante del Ministerio de Agricultura es -a mi juicio- discriminatorio. ¿Por qué no un representante del Ministerio de Minería o uno de las asociaciones gremiales de los sectores involucrados? No se justifica, en forma alguna, la incorporación propuesta, pues, en conformidad con el inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 18.525, "la Comisión deberá recibir los antecedentes que las partes interesadas estimen aportar y requerir los informes que fueren necesarios.".
No sería dable suponer que la Comisión pueda estudiar una distorsión en la importación de productos agrícolas sin oír al Ministerio de Agricultura. Por cierto que no. Dicho Ministerio siempre debe ser citado y llamado a informar en una o más sesiones cuando esté afectado el agro. La ley es muy clara: La Comisión deberá requerir los informes que fueren necesarios.
Por ello, es que considero que incorporar un representante del Ministerio de Agricultura es discriminatorio para el resto de las actividades productivas que no están comprendidas en esta normativa, pues sólo él tendrá derecho a voz y voto en los temas agrícolas y, también, en los demás, respecto de los cuales tal vez pudiera carecer de una versación especial.
En cuanto a que los procedimientos de la Comisión pudieran no ser transparentes, creo que no es así. Tengo el ejemplar de un documento elaborado por la Comisión para dar a conocer, a todos los usuarios, incluso en forma gráfica, las características de su funcionamiento y de sus facultades. Parte de este trabajo ha sido reproducido en el informe de la Comisión de Agricultura de este Honorable Senado. Sin embargo, pienso que es necesario analizar dicho documento en profundidad y estudiar el texto mismo de la ley, que tiene una solución para cada una de las interrogantes que se puedan plantear respecto del funcionamiento y eficacia de la Comisión.
Se ha sostenido que la Comisión exigiría un sinnúmero de requisitos y de antecedentes difíciles de cumplir y de allegar por los afectados, pero se ha olvidado que ella puede y debe realizar de oficio las investigaciones de que trata la ley, cuando disponga de antecedentes que lo justifiquen.
Se ha planteado que sería prácticamente imposible para los denunciantes o afectados probar la existencia de subsidios de cualquier tipo para las exportaciones de bienes. Pero no se ha tenido en cuenta que en esa misión deben colaborar, o ser parte fundamental de la misma, el personal de las embajadas chilenas y, especialmente, los agregados comerciales, en conformidad a la ley N° 15.266 y el DFL N° 161, de 1978, que aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por consiguiente, a mi juicio, no es que se precise un representante del Ministerio de Agricultura para hacer más operante a la Comisión en los temas agrícolas, sino que es necesario que exista voluntad y decisión de actuar por parte de sus integrantes y de su Secretaría Técnica, que es el Banco Central de Chile. Si no existe tal voluntad, cabría adoptar otro tipo de medidas. Sin embargo, en los temas que debe abordar la Comisión es indispensable, también, que haya una dosis de prudencia y de cautela para que no se pierda la consistencia y dirección en el programa económico del Gobierno, y eso es importante tenerlo presente.
Si a todo ello se agrega lo expresado en los informes de las Comisiones de Economía y de Agricultura, y lo que se ha planteado en la Sala esta tarde, en el sentido de que se encontraría en estudio una reforma global de la Comisión, no se ve por qué sería conveniente introducir ahora, y con urgencia, la incorporación del miembro de que se trata, la que incluso puede ser contraproducente para el estudio global, cuyo resultado no estamos, por ahora, en condiciones de conocer.
Señor Presidente, debo hacer presente que comparto íntegramente los planteamientos hechos en la Sala por el Honorable señor Larre. Las cifras que señala son impresionantes. Pero pienso que la solución no es modificar la composición de la citada Comisión. Si, en definitiva, es aprobado el proyecto -tal como se ha expresado en el Senado en esta oportunidad-, a futuro se generará una frustración mayor que la existente, porque el miembro incorporado a la Comisión no alterará de manera alguna sus decisiones.
Por todas estas consideraciones, señor Presidente, me abstendré, porque estimo que la Comisión Nacional debe continuar siendo técnica y que el problema del agro es muy importante, por lo que debe ser abordado a fondo, pero no a través de la incorporación de un miembro, que distorsiona su funcionamiento, presentación e independencia, sin aportar ningún beneficio al sector que se pretende proteger del dumping o subsidios que los productos reciben en el exterior.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor DIEZ.-
Pido la palabra, a continuación, señor Presidente.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Aquí se trata de un proyecto bastante simple, que no resuelve -como se ha dicho aquí- todos los problemas de la distorsión de los mercados internacionales agrícolas -que es un tema de suyo complejo-, sino que solamente pretende incorporar a un funcionario del Ministerio de Agricultura en dicha Comisión, de tal manera que, con sus actuales atribuciones y funcionamiento, tenga una mirada más atenta al tema de las distorsiones de los precios agrícolas, que son -como se sabe-, los que operan en un mercado internacional que es de los menos transparentes. Y, en ese sentido, esta iniciativa constituye un avance, y por eso en la Comisión de Agricultura votamos a favor.
Sin duda está pendiente un debate más extenso, siendo indispensable revisar la legislación completa que ordena esta materia, referida no sólo a la composición de la Comisión, sino fundamentalmente con su concepción: opera básicamente mediante la denuncia de los interesados, que normalmente son productores particulares, en circunstancias de que se trata de un tema de país. Si Chile desea desarrollar una agricultura competitiva, debe tomar los resguardos para que las severas distorsiones que operan en los mercados agrícolas internacionales no dañen de manera irremediable la actividad del sector nacional. Para ello, sin duda, resulta indispensable un debate de fondo -que no es simple-, que considere instrumentos armónicos con los acuerdos del GATT, de la Ronda de Uruguay y el conjunto de compromisos internacionales que el país va adquiriendo en materia de apertura del comercio exterior.
Repito: no es un asunto simple.
En ese sentido, estamos por participar muy activamente en la discusión que se anuncia sobre una legislación mayor. Y como ésta no es sencilla, sin duda tomará un tiempo, durante el cual resulta útil que, por los problemas coyunturales existentes en materia de distorsiones de precios agrícolas, se amplíe la capacidad de trabajo de la actual Comisión.
Por esas razones, votamos favorablemente en la Comisión de Agricultura y haremos lo mismo en la Sala.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, hay, en general, evidente consenso en la Sala respecto de la conveniencia de agregar un representante del Ministerio de Agricultura a la Comisión Nacional encargada de investigar las distorsiones en el precio de las mercaderías importadas. Y también existe acuerdo en que este proyecto no soluciona el problema global.
Sobre el particular, quiero hacer presente que el Senado, y el Parlamento en general, hace algunos meses aprobaron el Acuerdo de Marrakech que creó la Organización Mundial del Comercio. En su virtud, Chile asumió compromisos concretos respecto de las funciones de esta Comisión Nacional de Distorsiones, que implican modificaciones importantes, dándole un carácter de tribunal y estableciendo una serie de normas para hacer más expedito su funcionamiento. Si Chile tiene este compromiso, conforme al Acuerdo de Marrakech, a mi juicio, ésta es la oportunidad de que el Senado oficie a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de instarle a enviar pronto al Congreso el proyecto relativo a esta materia, para cumplir así -reitero- el citado convenio internacional. Lo anterior no obsta a que, al pronunciamos sobre esta materia -reconociendo los inconvenientes que podría tener agregar un solo representante del Ministerio de Agricultura-, no olvidemos que el gran porcentaje de distorsiones se produce en el sector agrícola chileno.
Con las reservas antes mencionadas, votaré a favor del proyecto.
Insisto, solicito que la Mesa recabe el asentimiento de la Sala para enviar en nombre del Senado -y si ello no fuere posible, en el mío-, un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República para instarle a que remita pronto el proyecto que debe regular todas estas materias, con arreglo a los compromisos asumidos por Chile, para que de alguna manera los incorporemos al nuevo sistema de libre comercio que hoy rige en el mundo.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado por el Senador señor Urenda.
El señor DIAZ.-
Muy bien.
El señor LARRE.-
Estamos de acuerdo, señor Presidente.
-Se acuerda enviar el oficio solicitado por el Senador señor Urenda, en nombre del Senado.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, tiene sentido que, al tratar la incorporación de un funcionario en una Comisión que existe, se genere un debate como el que estamos desarrollando, porque la materia sobre que trata, el destino de la Comisión y el papel que a aquél le corresponde dice relación a un problema actualmente acuciante, que requiere una atención cabal y profunda de parte de todas las autoridades y organismos del Estado, entre los cuales se cuenta también esta Alta Corporación.
El tema de los precios agrícolas en el mercado internacional es altamente complejo. Bien se ha dicho en la Sala que se trata de uno de los mercados menos perfectos y transparentes, en el cual se deja sentir la fuerte influencia de la acción de los gobiernos en todo el mundo. Justamente, la cantidad citada por el Senador señor Larre -aproximadamente 180 mil millones de dólares que anualmente se entregan para subsidiar la agricultura en el resto del orbe- se traduce en alteraciones de precios, lo que implica que nuestro agro -que es el que nos interesa-, debe competir en condiciones desventajosas.
La intervención de los gobiernos -demostrada en ese monto de dinero involucrado- genera un mercado de precios dual: hay un precio interno, que se da en los países productores, y hay un precio de mercados excedentarios. Aquellas cuotas que los gobiernos de los países intervencionistas retiran del mercado o consideran excedentes constituyen lo que se llama el mercado "spot" o "excedentario", cuyos productos se venden a precios bajos, muy distintos de los que reciben los agricultores de países que intervienen en los mercados agrícolas.
Chile, entonces, debe enfrentarse a esa realidad de precios duales, que es la que aquí da justificación conceptual a las llamadas "bandas de precios". Sin éstas sería muy difícil para nuestros agricultores tomar decisiones de siembra, pues medidas de política distorsionadoras del mercado en otros países podrían arruinar su actividad al momento de la cosecha. La distorsión en mercados externos, producto de la acción de Gobiernos, es, en consecuencia, lo que justifica en nuestra nación la existencia de bandas de precios, las cuales se aplican durante un plazo breve, que comprende desde la siembra del producto hasta su cosecha.
Hay sectores que opinan que si ciertos países regalan o dan a precio de liquidación determinados productos agrícolas, el nuestro -siendo lo anterior una realidad- debiera aprovechar esa situación, tomar el elemento "regalo" que se da en los mercados y no pensar en proteger a nuestro sector productivo. Esta es una decisión de política nacional que Chile debe abordar, pero tiene que hacerlo derechamente, y no a medias o decir que la aborda sin que efectivamente lo haga, como a veces ocurre.
Los países que han sufrido guerras toman una posición distinta respecto de la agricultura. Pareciera ser que aquellos que han padecido hambre -que es una condicionante que normalmente complementa la coyuntura que se da en una guerra- han adoptado una manera de ser y de resolver los problemas agrícolas que los define claramente. Esos países, de alguna manera, protegen un nivel de producción agraria mínimo que les evite caer en situaciones como las que se generan en conflictos armados.
El nuestro, que felizmente no ha debido enfrentar tales circunstancias, al parecer se deja llevar por políticas más equívocas en esta materia y protege, o dice proteger, de las imperfecciones del mercado externo o de las intervenciones distorsionadoras que se dan en él; sin embargo, lo hace de tal manera (a medias), que al final el enfermo igual tiende a morir.
Por eso, cuando hablamos de esta Comisión, llamada a resolver las distorsiones en el mercado externo, y abordamos el problema agrícola, debemos preguntarnos si ella, en la forma como opera, con la prontitud con que resuelve y con la integración de que está provista, es el organismo adecuado para hacer frente a la situación real que se presenta en los mercados externos en el caso agrícola.
La conclusión que parece desprenderse del análisis realizado en esta Sala y del efectuado en las Comisiones de Agricultura y de Economía es que dicha Comisión resulta inoperante para los fines que persigue e, incluso, se presume que con la incorporación de un experto del Ministerio de Agricultura ello no va a variar.
Esto, seguramente, se da por una condición natural. La Comisión Nacional, por la forma como se halla constituida y las funciones que posee, es un órgano asesor del Gobierno, y en particular del Presidente de la República, pero no goza de la autonomía que sí alcanzaría si tuviese carácter judicial.
Los Gobiernos, en estas materias, no son los entes más idóneos para velar por el interés general, pues se encuentran sometidos a presiones de dos tipos. En primer término, se hallan presionados por el Indice de Precios al Consumidor, en el cual gravita muy determinantemente el factor alimentos. Por lo tanto, la tentación en que caen de hacer que no ven cuando se producen distorsiones que bajan en forma artificial los precios de los productos importados, es una tentación efectiva y real. En efecto, tales bajas artificiales de precios, que contribuyen favorablemente a disminuir el Indice de Precios al Consumidor, llevan a los Gobiernos a ser ciegos o al menos miopes a las distorsiones que reducen de manera artificial los precios de los productos alimenticios importados.
Otras presiones a que normalmente se hallan sometidos los Gobiernos son las que derivan de su política de relaciones exteriores en el ámbito bilateral, la cual, muchas veces, les significa tener que atender estas situaciones y enfrentarse a complejidades y problemas con los demás países. En efecto, hay que tener presente que las distorsiones de los precios agrícolas no tienen detrás de ellas a una empresa determinada que está haciendo dumping, sino siempre a un Gobierno que respalda y protege artificialmente a ese sector de su economía.
Por lo tanto, los Gobiernos, en general, no son los entes más adecuados para cautelar el interés global en lo que se refiere a evitar las distorsiones en el mercado de productos agrícolas. Se requeriría -es lo que parece desprenderse de la opinión de todos quienes participaron en el análisis del asunto en las Comisiones del Senado- de un organismo plenamente independiente, con carácter judicial, similar a la Comisión Resolutiva existente en el marco de la Ley Antimonopolios, que diera garantías en cuanto a llevar a cabo un trámite expedito, ágil y que defienda cabalmente el interés general.
Es dentro de este marco que ha concluido el estudio de ambas Comisiones, el que he querido exponer.
Respecto del proyecto mismo, que plantea agregar a un representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión Nacional de Distorsiones, creo que esta Corporación no podría negarse a ello, pues, en verdad, el grueso de las distorsiones que se producen en el mercado internacional, y especialmente de las que afectan a Chile, está dado en el ámbito del comercio de productos agrícolas, fruto de políticas gubernativas, y constituye un problema global que debe ser enfrentado.
En consecuencia, mientras la referida Comisión Nacional se encuentre enmarcada dentro de las funciones que hoy tiene asignadas y de las atribuciones de que actualmente dispone, no puede sino recoger en su seno a un representante técnico del sector que globalmente posee una mayor participación y que es la principal víctima de las distorsiones que se dan en el mercado exterior.
Por eso, señor Presidente, daremos nuestra aprobación al proyecto, haciendo la salvedad de que el problema no se encuentra resuelto y llamando al Ministerio del ramo y al Gobierno, en general, a que ojalá en un plazo de no más de treinta días presenten al Congreso el proyecto definitivo que transforme a la Comisión Nacional en un órgano similar a la Comisión Resolutiva de la Ley Antimonopolios.
He dicho, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, las intervenciones de varios de mis Honorables colegas que me han antecedido representan mi opinión cabalmente.
Sólo quiero dejar constancia de que la presencia en la Comisión de un funcionario más designado por el Presidente de la República no será, sin duda, determinante para su funcionamiento. Sin embargo, no me gustaría que el Ejecutivo se excusara de cumplir con su deber aduciendo que el Congreso le ha negado la presencia de un representante del Ministerio de Agricultura en la referida Comisión.
Sólo por esta razón votaré favorablemente el proyecto, manifestando mi desilusión por la forma como el Gobierno afronta tan grave y delicada materia, que en todo caso deberá actualizar por mandato de un tratado que nos obliga.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
El último orador inscrito para hacer uso de la palabra sobre este asunto es el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, quiero hacer dos o tres consideraciones muy breves.
Por un lado, vale la pena destacar que el proyecto tuvo origen en una iniciativa de Diputados de la Oposición. Y, por otro, cabe señalar que la inquietud planteada por Parlamentarios opositores, que representan a una zona agrícola muy difícil, fue recogida por el Ejecutivo en un mensaje que envió al Congreso, el que en alguna medida la perfecciona. Ahora, frente al planteamiento de una distinguida señora Senadora, en cuanto a que ve con peligro la ampliación de esta Comisión Nacional en un integrante más porque no se va al fondo del problema, creo que vale la pena señalar y repetir, para la historia del establecimiento de la ley, que el Ministerio de Hacienda no ha dejado de lado esta situación y se halla trabajando en el estudio de una reforma global de la referida Comisión.
Considero importante incorporar a ella a un representante del Ministerio de Agricultura, porque éste aportará un criterio técnico especializado a la labor que desarrolla la citada Comisión, la que además puede proponer al Presidente de la República, a través del Ministro de Hacienda, las medidas que estime procedentes.
Por esta razón, comparto plenamente el proyecto del Ejecutivo, que tuvo origen en una moción de varios señores Diputados, y también valoro el informe de las Comisiones de Agricultura y de Economía del Senado.
Creo que todos concordaremos en que nuestro país debe cautelar los intereses nacionales a través de medidas tales como la recepción e investigación de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional por quienes se sientan perjudicados por este fenómeno, el cual se manifiesta con cierta frecuencia en el mercado internacional. Asimismo, ese organismo puede hacer las recomendaciones que estime pertinentes en cada caso.
Repito que valoro el trabajo que desarrolla la Comisión en comento, porque no sólo tiene que ver, como se ha planteado, con los problemas que enfrenta la comercialización de ciertos productos agrícolas, sino también con los de otros rubros productivos. Sin embargo, subrayo que al incorporar a ella a un representante del Ministerio de Agricultura el Gobierno tiene en cuenta los graves problemas que constantemente debe afrontar el sector agrícola.
Por consiguiente, ése es el sentido de la normativa en debate. Y no vale la pena confundir el tema pensando que no existe interés del Gobierno en dar solución global a las dificultades que enfrentan nuestros productos, sobre todo al estar Chile inserto en una economía de libre comercio con naciones mucho más desarrolladas que la nuestra.
Por las razones expuestas, voto en favor del proyecto.
El señor VALDES (Presidente).-
Por las consideraciones que se han formulado, y salvo la abstención de la Honorable señora Feliú, deduzco que existe unanimidad en la Sala para aprobar el proyecto en general.
La señora FELIU.-
Me abstengo, señor Presidente.
El señor HAMILTON.-
El Honorable señor Larraín también se abstiene.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Y el Senador señor Cantuarias también.
El señor VALDES (Presidente).-
De tal manera que, con tres abstenciones, se aprobaría en general el proyecto.
El señor LARRE.-
Perdón, señor Presidente. Por tratarse de una iniciativa de un solo artículo, habría que aprobarla en general y en particular.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene razón Su Señoría.
Por lo tanto, también quedaría aprobada en particular, con las abstenciones antes mencionadas.
Aprobada.
RECONSTITUCION DE OFICINAS AGRICOLAS DEL COMMONWEALTH
El señor VALDES (Presidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio por el cual se reconstituyen las Oficinas Agrícolas del Commonwealth, con el nombre de "C.A.B. International", suscrito en Londres el 8 de julio de 1986, e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 47a, en 22 de marzo de 1995,
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, parece que existe ambiente en la Sala para aprobar sin mayores explicaciones este proyecto de acuerdo, porque es muy conveniente para la agricultura chilena.
La organización de que se trata, que en un principio era de la Comunidad Británica de Naciones, hoy está abierta a todo el mundo, y procura dar asistencia técnica y proporcionar información agrícola a todos los países mediante la módica suma de 5 mil dólares anuales. De manera que la Comisión, después de aclarar con el Ministerio de Relaciones Exteriores por qué Chile adhería a un organismo del ex Imperio Británico, ahora abierto a todas las naciones del orbe, por unanimidad, recomendó su aprobación al Senado.
El señor VALDES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto de acuerdo.
El señor HAMILTON.-
Estamos de acuerdo, señor Presidente, con la salvedad de que no se trata del Imperio Británico, sino de la Comunidad Británica de Naciones.
El señor ALESSANDRI.-
Perdón. Dije: "ex Imperio Británico".
El señor MATTA.-
Había solicitado la palabra, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Así es, señor Senador. Pero antes, y con el objeto de avanzar en el despacho de la tabla, querría hacer presente que se evitara entrar en debates, porque hubo acuerdo unánime en la Comisión sobre esta materia y también lo hay en la Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente, formularé algunas observaciones de carácter general sobre el proyecto de acuerdo en discusión, que reconstituye las Oficinas Agrícolas de la Comunidad Británica de Naciones.
En primer término, deseo resaltar que en el informe se señala en forma reiterada que la iniciativa proviene de un mensaje del Presidente de la República, lo cual resulta obvio tratándose de un convenio internacional. Basta tener en consideración los artículos 32, número 17°, y 50, número 1), de la Constitución para saber que "concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país," es atribución especial del Presidente de la República, debiendo éstos ser sometidos a la aprobación del Congreso. Por ende, no es posible imaginar proyectos de acuerdo sobre tratados que se inicien por moción parlamentaria.
En segundo lugar, ya es tiempo de que sólo los tratados solemnes sean sometidos -como lo dice la Carta Fundamental- a la aprobación del Parlamento, y de que el Senado no se vea obligado a tratar infinitos convenios o proyectos de acuerdo de forma simplificada, sólo porque la Contraloría General de la República ha dado a la voz "tratados" una acepción amplia que no guarda armonía ni con el texto constitucional, ni con la historia de su establecimiento.
Por ello, solicito que se consulte a la Comisión de Constitución sobre este punto con el objeto de que de una vez por todas se tome una decisión al respecto. En este caso, nos encontramos con un Convenio que reconstituye Oficinas una vez existentes, en virtud de un acuerdo suscrito el 8 de julio de 1986.
La tercera observación dice relación con los considerandos del proyecto de acuerdo enviado por el Ejecutivo, en cuanto a que éste redundará en favor de la labor de la Corporación Nacional Forestal, del Servicio Agrícola y Ganadero y de otras entidades científicas como las universidades chilenas.
Pues bien, ¿se escuchó a dichos servicios o a esas entidades? Al parecer, no, pues ello no consta en el informe. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura, a través de un oficio, que estos organismos están de acuerdo en la conveniencia de firmar el Convenio.
Considero muy importante que, en el caso de tratados internacionales de impacto sectorial, se invite o se solicite la información correspondiente a los respectivos servicios. Así, por ejemplo, no sólo la Corporación Nacional Forestal (CONAF) o el Servicio Agrícola y Ganadero, que aparecen mencionados en el oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, están interesados en estas Oficinas, ya que la ley N° 19.147, publicada el 21 de julio de 1992, que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), señala en su artículo 2o: "La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias tendrá por objeto proporcionar información regional, nacional e internacional, para que los distintos agentes involucrados en la actividad silvoagropecuaria adopten sus decisiones.".
Por lo tanto, las Oficinas de la Comunidad Británica de Naciones estarán en permanente contacto con ese servicio público centralizado y dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura.
Esta Organización, que presta servicios de información científica en el campo de la agricultura y ciencias asociadas a nivel mundial, está abierta en la actualidad a cualquier país y, a través de su Consejo Ejecutivo, decidió invitar a Chile a incorporarse como miembro en propiedad.
Cabe destacar, señor Presidente, que los servicios de información científica con que cuentan las Oficinas Agrícolas de la Mancomunidad constituirán un aporte significativo para el desarrollo de la agricultura en nuestro país, en especial en lo referente a la protección del patrimonio silvoagropecuario y al respaldo de las exportaciones hortifrutícolas, así como en lo relativo a información en cuanto a innovación tecnológica y a cooperación en general.
Por las razones expuestas, votaré en favor del proyecto de acuerdo.
El señor ALESSANDRI.-
¿Me permite una aclaración, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Puede hacerla, Su Señoría.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, como dije resumidamente hace un instante, cuando la Comisión trató este proyecto de acuerdo se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la conveniencia y los alcances del Convenio. Y la Cancillería contestó: "Los organismos nacionales pertinentes, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Servicio Agrícola y Ganadero y el Consejo de Rectores, manifestaron, en su oportunidad, la conveniencia de que nuestro país se adhiriera al mencionado instrumento internacional...", etcétera, por las razones que se señalan en el informe pertinente.
Como puede apreciarse, tales organismos fueron consultados por el Ministerio de Relaciones Exteriores -el cual nos merece fe- acerca de la conveniencia de aprobar el convenio.
Doy la explicación, para que no se crea que la Comisión adoptó un acuerdo sin considerar los antecedentes del caso.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAIN.- De la lectura del informe, advierto que hay un gasto por concepto de la contribución anual de nuestro Gobierno a la apertura de las oficinas de que se trata. Pregunto si acaso el asunto no requiere una revisión de la Comisión de Hacienda.
El señor VALDES (Presidente).-
Según el Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, ese desembolso se hace con cargo a los recursos propios de la Cancillería. De manera que el Fisco no incurre en un nuevo gasto.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
También se indica en el informe que en el presupuesto de esa Secretaría de Estado se consigna un ítem denominado "Transferencias a Organismos Internacionales". Se trata de 5.000 dólares; pero cualquier informe que emita la Organización puede significar millones de la misma moneda para nuestra agricultura.
Ese fue el motivo que nos llevó a aprobar el proyecto.
-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
CONVENIO ENTRE CHILE Y ECUADOR PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES
El señor VALDES (Presidente).-
En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la República del Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones", suscrito en Quito, el 27 de octubre de 1993, y su "Protocolo Adicional", suscrito en la misma ciudad, el 20 de diciembre de 1994, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En primer trámite, sesión 33a, en 9 de marzo de 1994.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 47a, en 22 de marzo de 1995.
El señor VALDES (Presidente).- En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo sigue la misma línea de muchos otros aprobados en lo relativo a promoción y protección recíproca de inversiones. Más aún, él se sujeta a cierto tipo de exigencias en materia de solución de controversias que el Senado ha tenido presente al prestarles su aprobación.
En lo único que difería el proyecto original con otros era en cuanto a la obligación de repatriación del capital invertido, que aparecía sin plazo mínimo. Y fue precisamente a sugerencia de la Comisión que el Ejecutivo formuló una indicación, que se aprobó, en virtud de la cual se considera el régimen legal imperante en Chile, es decir, el plazo mínimo de un año, salvo que se contemple un tratamiento más favorable. En lo demás -como señalé-, es semejante a muchos otros ya aprobados.
El comercio y la inversión recíproca aumentan constantemente y por ser el Ecuador un país muy ligado al nuestro, la Comisión, por unanimidad, dio su acogida al proyecto y recomienda a la Sala hacer otro tanto.
-Por unanimidad, se aprueba en general y particular a la vez el proyecto de acuerdo.
MODIFICACION DE LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL EN MATERIA DE DECLARACION DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTOS
El señor VALDES (Presidente).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 13, 14 y 15 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en materia de declaración de inadmisibilidad de proyectos, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Piñera).
En primer trámite, sesión 26a, en 30 de agosto de 1994.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 49a, en 5 de abril de 1995.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
La iniciativa, originada en moción del Senador señor Piñera, tiene por objeto introducir dos cambios en la normativa vigente, el primero de los cuales dice relación a la sustitución de la referencia a las mociones relativas a materias que deben tener origen en la otra Cámara y a los proyectos que se refieran a ellas; y el segundo, a la consagración expresa de las atribuciones del Presidente de la Sala y de ésta para declarar y reconsiderar, en su caso, la inadmisibilidad de los proyectos de ley, cualquiera que sea su causa.
La Comisión, por unanimidad, dejando constancia de las razones que la animan a ello, propone a la Sala el rechazo de la iniciativa.
El señor VALDES (Presidente).- En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Senador señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, en forma muy breve, deseo plantear el problema y rebatir la conclusión a que arribó la unanimidad de la Comisión.
El fondo del asunto es que el artículo 62 de la Constitución Política de la República establece que algunas leyes pueden tener origen en moción de Parlamentarios de una u otra Cámara, y otras que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. El no cumplimiento de esta norma implica que el proyecto no sea admitido a tramitación. La sanción prevista está establecida en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y se aplica a aquellas iniciativas que no contengan sus fundamentos en el documento con que se acompañan o carezcan de los antecedentes financieros de las mismas, como igualmente a las que propongan conjuntamente normas de ley y de reforma constitucional.
Sin embargo, sólo respecto de estos dos últimos casos la mencionada ley señala que la responsabilidad de declarar la inadmisibilidad recae en el Presidente de la Sala, pudiendo ésta reconsiderar su resolución. Nada indica en cuanto a proyectos que deban tener su origen en la otra rama del Parlamento o a mociones que se refieran a materias de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario; sólo señala el caso en que falten antecedentes o cuando no se acompañen los datos financieros. En la práctica, como en nuestro caso la inadmisibilidad la declara el mismo Presidente del Senado, según el artículo 80 del Reglamento, sin que la Sala tenga posibilidad de reconsiderar lo planteado por aquél, no se ve razón alguna para impedir que ella también la tenga en estas materias, al igual como la posee en otras.
La iniciativa de ley en análisis pretende simplemente uniformar la declaración de inadmisibilidad de los proyectos, entregando tal facultad en forma expresa al Presidente del Senado, pero permitiendo, en todos los casos, que la Sala pueda reconsiderar tal decisión, lo cual no sólo daría mayor certeza a la resolución final, sino cumplimiento a la norma reglamentaria que así lo establece, a fin de hacerla concordante con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, pues de lo contrario aquélla sería ilegal.
Informes de organismos especializados, como el Instituto "Libertad y Desarrollo", respaldan plenamente la necesidad de esta iniciativa. Por ello, lo consignado por la Comisión, a mi juicio, no es correcto, pues se sostiene que es "innecesario legislar en la materia, dado que el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional contempla el procedimiento para declarar la inadmisibilidad de proyectos de ley, y para reconsiderar tal declaración, cualquiera sea la causal que se invoque...", etcétera.
Deseo plantear al respecto que no existe claridad. Para demostrarlo basta revisar la discusión habida en el Senado en la sesión N° 17, de 11 de agosto de 1993, a propósito de un proyecto de ley interpretativa del decreto con fuerza de ley referente a la Empresa de Correos de Chile. En dicha oportunidad, el Honorable señor Urenda, quien actuaba de Vicepresidente, planteó tratar el asunto en la siguiente reunión de Comités; otros señores Senadores sostuvieron que la Sala sí podía reconsiderar, y algunos estimaron que sólo el Presidente del Senado tenía facultad para declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de un proyecto.
De lo anterior, podemos concluir que, frente a un caso concreto, la misma ley que la Comisión considera tan clara dio origen a tres interpretaciones distintas, que hasta el día de hoy no pueden ser resueltas.
Creo que, definitivamente, se han producido problemas de interpretación de estas normas, porque hay contradicción entre la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado.
Repito, señor Presidente, el Reglamento no está conforme a la ley y, en mi opinión, la legislación debería ser uniforme en materia de proyectos e indicaciones. Si la situación no es clara para los propios señores Senadores, que recurren a tres formas distintas para resolver el problema, mucho menos lo será para la ciudadanía en general.
Por último, debo recordar que en esa ocasión que he citado el propio señor Presidente del Senado pidió un informe jurídico a don Jorge Precht Pizarro, asesor jurídico de la Mesa y de algunos señores Senadores. Tengo en mi poder una copia del informe del señor Precht -que no voy a leer ahora-, el que termina ratificando la idea de un conflicto entre el Reglamento del Senado y la Ley Orgánica de esta Corporación. En efecto, el documento dice, en sus últimas tres líneas, que una solución definitiva que incluya la reconsideración, pasa por modificar el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Aunque tengo mucho respeto por la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, creo que, en este caso, no existe norma clara; que hay contradicción entre dos preceptos, y que ello se ha prestado a múltiples problemas. Y los informes de asesores jurídicos, como el solicitado por el propio señor Presidente del Senado, confirman la necesidad de la moción que he presentado.
Por tales razones, con el debido respeto a la Comisión mencionada, pido a la Sala aprobar el proyecto en cuestión, porque viene a resolver un problema presentado en muchas ocasiones en el Senado.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, este asunto lo ha tratado reiteradamente la Sala, y la Comisión de Constitución ha emitido informes al respecto. El último que recuerdo es uno del 14 de junio de 1993.
La materia a que se refiere el Honorable señor Piñera se encuentra expresamente resuelta en el inciso segundo del artículo 15 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el cual expresa textualmente:
"La correspondiente declaración de inadmisibilidad" -se refiere a la de una moción, y no distingue el motivo por el cual se haga la declaración- "será efectuada por el Presidente de la sala. No obstante, la sala podrá reconsiderar dicha declaración.".
Esa disposición está refrendada por el artículo 80 del Reglamento del Senado, que dice:
"La correspondiente declaración de inadmisibilidad" -y aquí están refundidas en un artículo las tres posibles- "será efectuada por el Presidente, debiendo darse a conocer tal resolución durante la Cuenta. La Sala podrá reconsiderar dicha declaración.".
Por su parte, el artículo 14 del Reglamento de la Cámara de Diputados dice exactamente lo mismo. Y la materia, contrariamente a lo que afirma el Senador señor Piñera, no ha provocado ninguna dificultad de interpretación, salvo la insistencia, por parte de muchos señores Parlamentarios, en procurar el patrocinio del Gobierno a sus mociones, sistema no considerado en nuestro orden constitucional.
En consecuencia, concuerdo con el informe unánime de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en el sentido de que no procede aprobar el presente proyecto.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por unanimidad, estimó conveniente rechazar el proyecto. ¿Por qué? Porque todo su argumento se basa en una interpretación restrictiva del inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, como lo ha señalado el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
La Comisión estimó lo siguiente: "No es superfluo añadir que esta interpretación fue acogida por el Senado, al aprobar el artículo 80 de su Reglamento, y lo ha sido también por la H. Cámara de Diputados, en el artículo 14 del Reglamento de esa Corporación.".
Estas razones son de texto; y no hay ninguna justificación para interpretar la ley en sentido restrictivo, porque el inciso segundo del artículo 15 de la Ley Orgánica dice "La correspondiente declaración de inadmisibilidad", refiriéndose, obviamente, a todas las inadmisibilidades de que tratan los artículos 13, 14 y 15.
Encontramos muy loable la iniciativa; pero, al mismo tiempo, innecesaria, porque se basa en una interpretación restrictiva que no condice con el texto literal del inciso segundo del mencionado artículo 15. Por lo demás, las otras materias que señala el Senador señor Piñera no quedan solucionadas con su modificación.
Tales son los motivos que han inducido a la Comisión a rechazar por unanimidad el proyecto.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.
La señora FELIU.-
Señor Presidente, tengo las mismas dudas planteadas por el Honorable señor Piñera, pues, a mi juicio, el asunto no es claro; y no lo es por una razón muy de fondo.
La norma parte del supuesto de que todos los proyectos son de iniciativa del Ejecutivo. Mañana se puede presentar un proyecto que concede una bonificación extraordinaria a los empleados de la Administración Pública, ascendente a 500 mil pesos. Naturalmente, tal materia no puede tener origen en el Parlamento. Pero cada día nosotros nos enfrentamos a situaciones interpretables que, en algunos casos, son filigranas y más sutiles que otras; pero en verdad, no son materias claras.
Días atrás planteé el caso de que a los empleadores particulares que se encuentran en determinadas condiciones, se les impone la obligación de dotar de salas-cunas a sus establecimientos. No tengo duda alguna de que se trata de un precepto de seguridad social; o, en todo caso, de una norma laboral que importa un mayor costo. No lo estimó así el Honorable Senado cuando admitió a tramitación el respectivo proyecto, iniciado en moción de varios señores Senadores, aunque, al final del segundo informe, optó por oficiar al Poder Ejecutivo.
En todo caso, éstas son materias difíciles, que no suscitan una apreciación clara con la sola lectura de la moción de que se trata. En consecuencia, coincido con el Honorable señor Piñera. Es mejor que modifiquemos la Ley Orgánica del Congreso Nacional y que, después de eso, hagamos otro tanto con la norma reglamentaria; pero en esta materia debemos tener un procedimiento claro, dando, además, la oportunidad de estudiar y de analizar mociones parlamentarias cuyos alcances sean discutibles, para determinar si exigen o no exigen el patrocinio del Ejecutivo. Esto, reitero, porque la experiencia nos enseña que en un 90 por ciento de los casos que hemos visto no se trata de materias cuya sola lectura permita llegar a la conclusión de que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por estas consideraciones, señor Presidente, tengo la misma aprensión expresada por el Senador señor Piñera.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDIVAR (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto de que es autor el Senador señor Piñera nos da tema para abordar un problema que siempre hemos discutido en el Parlamento.
No quiero referirme a los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Congreso, respecto de los cuales el informe de la Comisión me interpreta, pero sí al artículo 13, el cual, en su inciso segundo, dispone;
"En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución Política, deben tener origen en la otra Cámara o iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República.".
En el Senado, en forma reiterada, hemos infringido dicho precepto, y conscientemente. Lo hemos hecho porque ésta es una limitación incomprensible para lo que puede ser la proposición parlamentaria, en una materia que resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional.
Tal vez lo lógico sería que el proyecto volviera a la Comisión de Constitución, la que podría proponernos la sustitución del inciso segundo del artículo 13; la supresión del mismo, u otro procedimiento para tratar una moción parlamentaria que se estime inadmisible por las causales hoy vigentes. La Mesa, cuando procede a declarar inadmisible un proyecto, podría remitir éste al Ejecutivo como una insinuación que le hace el Congreso. Eso, por supuesto, se puede hacer, porque no hay disposición constitucional que lo prohíba expresamente. Me parece que no habría dificultad en hacer saber por medio del oficio lo que está pensando un Parlamentario. Si el proyecto tiene origen en la otra Cámara, lo lógico sería que la Mesa lo remitiera a la revisora por petición del propio Parlamentario.
Estimo que la norma de la Ley Orgánica impone, realmente, una prohibición que, según hemos visto, no hay posibilidad de acatar. Nosotros mismos hemos elaborado un mecanismo para resolver la materia, con el objeto de evitar que los Parlamentarios sigamos careciendo de toda capacidad de expresión, muchas veces, sobre ciertas proposiciones, aun cuando se trate de ideas que puedan ser consideradas.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer,
El señor THAYER.-
Señor Presidente, soy bastante reacio a introducir modificaciones en la legislación vigente, sobre todo en las leyes orgánicas, a menos que sea indispensable hacerlo. Cuando una disposición ha sido interpretada en forma indubitada por la Comisión respectiva, y hay más de un informe al respecto, no me apresuraría en buscar modificaciones que, a veces, por aclarar enredan más las cosas.
Estoy de acuerdo con lo planteado en el informe de la Comisión. Y a mi parecer, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional no tratan tres asuntos distintos, sino que se refieren uno al otro en la materia en que se hallan concatenados. Por eso, la interpretación que ha dado reiteradamente la Comisión de Constitución al segundo inciso del artículo 15, no significa forzar el texto, porque el artículo 15 se refiere al 14, y este último alude a distintos fundamentos de la materia. Ahora, ¿qué ocurre con el segundo inciso del artículo 13? A mi juicio, hace referencia a un punto bastante elemental: a lo que dispone el inciso segundo del artículo 62 de la Carta Fundamental, indicando leyes que sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados u, obligada y exclusivamente, en el Senado. Y, evidentemente, si se presenta en el Senado un proyecto que dice relación, por ejemplo, a tributos, no hay ni siquiera que dar cuenta de él, pues debe pasar obligadamente a la Cámara de Diputados; de lo contrario, se estaría vulnerando una facultad privativa de esta última rama del Parlamento.
Por eso, personalmente creo que lo informado por la Comisión es suficiente para resolver el problema, y no le destinaría más tiempo a este asunto, sobre todo si se considera que la interpretación ha sido reiteradamente dada de manera uniforme por la Comisión competente respectiva.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, en verdad, el problema de funcionamiento de ambas Cámaras frente a mociones o proyectos de ley que no cumplen con los requisitos que señala la Constitución en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso es defectuoso. Y lo es fundamentalmente porque cómo puede conocer el Parlamento la admisibilidad o inadmisibilidad declarada por la Mesa si no se da cuenta de las diversas materias. El inciso segundo del artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso dice: "En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo con la Constitución", etcétera. Lo lógico seria que se diera cuenta de las mociones, como normalmente de hecho se hace, y que se declare por la Mesa la admisibilidad o inadmisibilidad de las mismas. En ese sentido, indiscutiblemente, el proyecto no significa ningún avance, porque sólo establece el cambio gramatical de una palabra y no soluciona problema alguno.
Me parece que debemos ser celosos en el cumplimiento tanto de nuestra Ley Orgánica como de la Constitución. El Reglamento del Senado, que también es ley de la República y nos obliga, contiene algunas disposiciones atinentes a la materia, pero ninguna de ellas da facultad a la Mesa para dar cuenta de proyectos manifiestamente inconstitucionales.
Quiero señalar a la Sala que, si bien es cierto que la moción del Senador señor Piñera plantea un problema verdadero, la solución que ella propone no es la exacta, y, en consecuencia, la Comisión tuvo razón para rechazarla. Sin embargo, frente al problema existente, soy partidario de enviar el proyecto a Comisión, a fin de que ésta nos proponga una solución respecto de una situación real acerca de la cual se hace necesario modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador?
El señor DIEZ.- Con el mayor gusto, Honorable colega.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente, quiero decir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que se halla en su poder, desde el 14 de septiembre de 1993, un proyecto de ley presentado por el Senador que habla, que dice en una de sus partes: "Las mociones que de acuerdo con la Constitución Política deben iniciarse exclusivamente por mensaje del Presidente de la República o debieran tener su origen en la otra Cámara, deberán ser informadas a la Sala para que ésta declare su inadmisibilidad y remitidas o a la Cámara donde debieran haber estado o al Presidente de la República, simplemente como información.".
En consecuencia, lo que sugieren los Senadores señores Diez y Andrés Zaldívar forma parte de un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Constitución, la cual, pese a que ese proyecto lleva casi dos años en su seno, aún no se ha dignado considerarlo.
He dicho.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, me alegro de que dicha iniciativa esté presentada. Y, a mi juicio, sería positivo que el proyecto en debate volviera a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para tratarlo conjuntamente con la iniciativa pendiente presentada por el Senador señor Piñera. Esta última, por razones que ignoro, no ha sido vista; seguramente no ha tenido urgencia y han existido otros proyectos más importantes que han requerido la atención de la Comisión hasta la fecha. Sin embargo, eso no dice relación al fondo del problema ni a lo positivo que debemos hacer. Lo que realmente tenemos que hacer es corregir la Ley Orgánica Constitucional del Congreso en materia de presentación de mociones y de revisión de la inadmisibilidad.
Por eso, propongo que el proyecto en debate, sobre revisión de la declaración de inadmisibilidad, sea enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y se trate conjuntamente con el que se halla pendiente de estudio en la Comisión de Constitución.
El señor HORMAZABAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZABAL.-
Señor Presidente, creo que lo planteado por el Senador señor Diez puede ser una fórmula para despachar una serie de materias que se hallan pendientes desde hace tiempo. Hay varios Senadores que firmamos una modificación, por ejemplo, al artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, precisamente para resolver un tema que nos ha complicado en esta materia.
Creo que el mérito de la iniciativa del Honorable señor Piñera es, justamente, volver a situar en la actualidad un debate sobre una materia importante, la cual me parece muy urgente de resolver. Tengo en mis manos, de manera simplemente ejemplar, las Cuentas de las sesiones ordinarias de 14, 15 y 22 de marzo de 1995, en las que se informa de proyectos que posteriormente fueron declarados inadmisibles. Es decir, si se cumpliera al pie de la letra el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, ni siquiera esas iniciativas podrían aparecer en las Cuentas a que hice alusión.
Por consiguiente, creo que la solución está en pedir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, dentro de su extraordinaria y tan fatigosa tarea, pueda abordar los diversos proyectos que inciden en esta materia y hacernos una proposición, que es posible que surja de alguna indicación firmada por los diversos Senadores que han originado mociones sobre este particular.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, quiero hacer presente a la Sala que si se observa la tabla se podrá apreciar que prácticamente hay 12 proyectos evacuados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y cada vez despachamos más, por lo que pronto dicha tabla va a estar llena de iniciativas emanadas de ese organismo técnico. Sin embargo, no puede ser posible que una moción, que ha sido estudiada y resuelta por la Comisión, se envíe nuevamente a ésta, para examinarla con otras cuyo estudio está pendiente.
El estudio de la materia de que trata el proyecto está terminado para la Comisión. La iniciativa fue rechazada por unanimidad. Con el objeto de evitar que haya contrasentidos, se están juntando todos los proyectos referidos a la misma materia y uniformando los informes emanados de la Comisión.
Por consiguiente, en cuanto al problema planteado aquí por los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, debo decir que si hay una moción del Honorable señor Piñera pendiente de estudio en la Comisión, ésta lo resolverá dentro de las próximas semanas. Pero eso no significa que nos envíen nuevamente la iniciativa en debate, porque vamos a tener que informar lo mismo. Para qué mantener un proyecto en tabla en la Comisión, que ha sido devuelto a ésta, y tener que volver a pronunciarse sobre algo que no tiene solución en él, en circunstancias de que hay otro proyecto, como el Senador señor Piñera lo ha señalado, que sí se refiere al problema al cual han aludido los Senadores señores Diez, Andrés Zaldívar y Hormazábal.
El señor HAMILTON.-
Sólo deseo señalar que coincido con el señor Presidente de la Comisión de Constitución. Ella ha evacuado bien o mal su trabajo, pero lo que resolvió corresponde a la opinión unánime de sus miembros. Los Senadores que han planteado el problema de fondo y otros asuntos conexos a la misma materia reconocen que el proyecto no resuelve la situación. Y cabe destacar que hay otras iniciativas pendientes que también abordan el tema.
En consecuencia, propongo que la Corporación se pronuncie ahora acerca del proyecto ya despachado por el referido órgano técnico, y, además, que la Comisión, cuando analice la iniciativa presentada por el Honorable señor Piñera, u otra de características similares, considere de manera especial las opiniones que hemos escuchado en esta Sala, particularmente la de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Diez.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAIN.- Lo que ocurre, señor Presidente, es que la Sala no se ha pronunciado en general sobre este proyecto. Si lo hace y lo aprueba, él perfectamente podrá volver a la Comisión, lo que permitirá a los señores Senadores formular las indicaciones correspondientes. Pero sí lo rechaza, termina el trámite de la iniciativa. Por lo tanto, debemos seguir uno u otro camino. La única fórmula que existe para que ella vuelva a Comisión es que el Senado, siempre que haya voluntad en tal sentido, la apruebe en general. Así, el proyecto podrá ser revisado, permitiendo que los Honorables colegas puedan presentar las indicaciones pertinentes. De lo contrario, la materia quedará pendiente y sujeta a ser analizada con motivo del estudio de otra iniciativa presentada por el mismo señor Senador, o de algunas más que con su creatividad pueda generar posteriormente.
El señor VALDES (Presidente).- Me parece que la solución propuesta se ajusta al Reglamento. En tal virtud, la Corporación deberá emitir pronunciamiento ahora acerca de este proyecto, que consta de un artículo único. Y si se aprueba el informe, queda rechazada la moción. Ese es el procedimiento. El informe ha sido despachado unánimemente por la Comisión.
El señor DIEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-
Conviene tener en cuenta que si se rechaza el informe, quedaría aprobado el proyecto. Y como éste contiene un artículo único, no podríamos formularle indicaciones.
Aquí se trata de un problema real y no de amor propio frente al hecho de que se apruebe o se rechace el proyecto que uno ha presentado. Por eso, solicitemos a la Comisión, que es sumamente eficiente y preparada, que junte esta iniciativa con la moción presentada por el Senador señor Piñera, y también con la normativa sobre modificación del artículo 25, a fin de que nos proponga un proyecto completo sobre enmiendas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sin que quedemos sujetos a la aprobación o rechazo de una iniciativa.
El señor VALDES (Presidente).-
Me parece necesario que haya una opinión unánime para enviar el proyecto a la Comisión con el objeto de que ella la examine junto a otras iniciativas.
La señora FELIU.-
¡Que se fije un plazo para formular indicaciones, señor Presidente!
El señor PIÑERA.-
Sí, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Ello es posible siempre que el texto del informe sea rechazado, porque en tal caso, evidentemente, el proyecto cobra vida, puede enviarse a la Comisión y tratarse junto a otras iniciativas. Comprendo la intención de los señores Senadores; pero me preocupa el hecho de que resolvamos las cosas -por así decirlo- como una buena salida y no en forma estricta.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, cabe aclarar que si aprobamos el proyecto, las indicaciones que se presenten deben apuntar a sus ideas matrices, lo cual, ciertamente, nos amarra en lo que respecta a la iniciativa sobre modificación del artículo 25, que no forma parte de ellas, y a la otra moción del Senador señor Piñera, que tampoco constituye una idea matriz de este proyecto.
Como existe un problema y no deseamos quedar sujetos a soluciones técnicas que podemos obviar por simple mayoría, pido formalmente al señor Presidente que someta a la Sala la petición que se hizo en orden a que la iniciativa vuelva a la Comisión, a fin de que ésta analice además, conjuntamente los otros dos proyectos sobre modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, los cuales están en su poder.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, respaldo esa proposición.
El señor VALDES (Presidente).- De acuerdo al artículo 131, número 7º, del Reglamento, existe la posibilidad de que la Sala acuerde remitir el proyecto a la Comisión sin que éste sea votado. Pero me hace peso el argumento que dio su Presidente, quien considera que no hay elementos nuevos para que el asunto pueda resolverse de otra manera. Pero si le hacemos ese encargo al referido órgano técnico, éste podrá revisar el proyecto tomando en cuenta las otras posiciones que hay sobre la misma materia.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Quiero destacar en el Senado un asunto que es muy importante para las Comisiones. Hay una moción bastante clara y precisa, respecto de la cual la Comisión de Constitución, por la unanimidad de sus miembros, estimó conveniente rechazarla. Y en la Sala se ha hecho alusión a otros problemas, a determinados proyectos. Si se resuelve enviar esta iniciativa al referido órgano técnico, éste seguirá manteniéndola en tabla; y es posible que se insista en un nuevo pronunciamiento por parte de aquél, en el sentido de que la refunda con otros proyectos. Sin embargo, es del caso mencionar que llegó a esta Sala una iniciativa analizada por la Comisión de Constitución y cuyo objetivo también era refundir mociones, la cual fue rechazada porque no correspondía a la normativa legal vigente...
El señor HAMILTON.-
Ella fue retirada, señor Senador.
El señor OTERO.-
La otra perspectiva que tiene la Comisión es, simplemente, dejar archivados estos proyectos ad perpetuam y no tratarlos, lo que, a mi juicio, resulta inconveniente; porque un señor Senador que presenta una moción debe merecer la deferencia del órgano técnico y emitir éste un resultado, que fue como procedió la Comisión.
El Honorable señor Piñera ha planteado otra iniciativa; y en tal virtud, la Comisión de Constitución abordará el tema que preocupa a los demás señores Senadores, y se pronunciará acerca de lo que se ha escuchado en esta Sala. Pero en lo que respecta al proyecto en debate, todos los Honorables colegas que han usado de la palabra, particularmente los Senadores señores Andrés Zaldívar y Diez, coinciden en que él no resuelve la situación. Por eso, el organismo técnico fue partidario de rechazarlo.
En consecuencia, pienso que lo lógico es aprobar lo propuesto por la Comisión, y así ella podrá, con motivo del análisis del otro proyecto del Honorable señor Piñera, considerar todos los planteamientos que se han formulado en la Sala. Ciertamente, me estoy refiriendo a una iniciativa que sí tiene cabida.
El señor VALDES (Presidente).-
Creo que ha llegado el momento de que la Sala se pronuncie, tal como se ha propuesto, acerca de si el proyecto se vota ahora o si se lo envía a la Comisión, a fin de que ella lo estudie junto a las otras iniciativas que tiene pendientes sobre la materia.
El señor HAMILTON.-
Debe votarse el informe, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Quiero saber cuál es la voluntad del Senado.
El señor HAMILTON.-
Pero ¿qué indica el Reglamento, señor Presidente? Que debe votarse el informe.
El señor VALDES (Presidente).-
Aclaro: primero, debe votarse el informe y, en seguida, la Sala debe pronunciarse acerca de si el proyecto vuelve o no a la Comisión, con el objeto de que en su estudio considere las otras iniciativas que hay sobre el particular.
El señor PIÑERA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Discúlpeme, Su Señoría, porque estoy consultando este asunto a Secretaría, ya que se trata de un aspecto muy delicado.
La solución, al parecer, es votar si el proyecto vuelve a la Comisión. Si la proposición es rechazada, habría que pronunciarse respecto del informe; pero si es acogida, la iniciativa volvería al referido órgano técnico.
El señor DIEZ.-
Así es, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Eso es lo lógico; sin embargo, no tengo muy claro si este procedimiento es reglamentario. Y se trata de que el Reglamento coincida con la lógica.
El señor DIEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DIEZ.-
El artículo 131 establece que en los debates sólo se pueden promover algunas cuestiones, sea para aplazarlas temporalmente (número 1º), o para enviarlas o devolverlas a Comisión (número 7o), "debiendo indicarse, en el mismo acto, el objeto preciso del trámite requerido".
Por lo tanto, solicito expresamente que el proyecto vuelva a la Comisión, para que ésta lo analice conjuntamente con las dos iniciativas pendientes en ella que se refieren a la misma materia.
El señor FERNANDEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDES (Presidente).-
Su Señoría será el último orador que intervendrá, ya que después entraremos a la votación.
Puede hacer uso de la palabra, señor Senador.
El señor FERNANDEZ.-
Señor Presidente, no es posible que la Comisión fusione proyectos presentados por distintos Honorables colegas, por cuanto eso no es reglamentario. El objeto preciso de devolver la iniciativa al organismo técnico debe guardar relación con el proyecto mismo de que se trata, y no con otras materias.
Me está pidiendo una interrupción el Honorable señor Hamilton, y se la concedo con la venia de la Mesa.
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.-
Sólo para aclarar al Senador señor Diez lo relativo a la posible fusión de las distintas mociones emanadas de diferentes Honorables colegas. Ellas estuvieron presentes durante todo el último año en que el Honorable colega presidió la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y no se hizo.
A mi juicio, lo que corresponde hacer hoy, reglamentariamente, es votar lo propuesto en el informe que la Comisión, por unanimidad, ha presentado a la Sala.
El señor VALDES (Presidente).-
También es reglamentario volver el asunto a Comisión -lo establece expresamente el artículo 131-, si la voluntad mayoritaria así lo determina, indicando el objeto preciso de este trámite.
El señor DIEZ.-
O sea, para que considere este proyecto junto con los otros dos.
El señor VALDES (Presidente).-
Esa norma da al Senado la posibilidad de resolver este problema.
El señor DIEZ.-
El objeto preciso del trámite es que la Comisión estudie esta iniciativa en conjunto con las otras. No se le pide que las refunda. Ese órgano técnico resolverá si las refunde en un solo texto o despacha tres proyectos separados.
El señor HORMAZABAL.-
Así es.
El señor VALDES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, y no se pide votación, se procederá en la forma indicada.
El señor FERNANDEZ.-
No hay acuerdo.
El señor HAMILTON.-
Que se vote.
El señor VALDES (Presidente).-
En votación.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Se vota la indicación formulada por el Senador señor Diez para volver este asunto a Comisión, con el objeto preciso a que Su Señoría hizo referencia.
-Se rechaza la indicación (17 votos por la negativa y 14 por la afirmativa).
Votaron por la negativa los señores Bitar, DIAZ, Fernández, Gazmuri, Hamilton, Huerta, Larraín, Martin, Matta, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Sinclair, Thayer, Urenda y Valdés.
Votaron por la afirmativa los señores Diez, Feliú, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hormazábal, Horvath, Lagos, Larre, Mc-Intyre, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Zaldívar (don Andrés).
El señor VALDES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobará lo propuesto por el informe de la Comisión.
El señor DIEZ.-
Muy bien.
El señor ZALDIVAR (don Andrés).-
Perfecto.
El señor PEREZ.-
En ese caso, señor Presidente, rechazada la indicación, voto a favor de lo planteado por el informe.
El señor PRAT.-
Yo también.
-Se rechaza en general el proyecto (19 votos contra 12).
Votaron por la negativa los señores Bitar, DIAZ, Fernández, Gazmuri, Hamilton, Huerta, Larraín, Martin, Matta, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Pérez, Prat, Sinclair, Thayer, Urenda y Valdés.
Votaron por la afirmativa los señores Diez, Feliú, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hormazábal, Horvath, Lagos, Larre, Mc-Intyre, Piñera, Siebert y Zaldívar (don Andrés).
SESION EXTRAORDINARIA PARA MODIFICACION DE LEY
DE BANCOS Y TRATAMIENTO DE DEUDA SUBORDINADA
El señor VALDES (Presidente).-
Ha llegado a la Mesa una comunicación suscrita por los Comités, en la cual, en virtud de lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, solicitan realizar una sesión extraordinaria el miércoles 19 de abril, a las 10:30, destinada a debatir el proyecto que establece un nuevo tratamiento de la obligación subordinada de los bancos con el Banco Central de Chile.
Por lo tanto, el Senado queda convocado a sesión extraordinaria para las 10:30 del miércoles de la próxima semana.
El señor THAYER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDES (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor THAYER.-
Sugiero que la Secretaría advierta a los señores Secretarios de Comisiones que, en lo posible, no citen a reunión para esa hora.
El señor VALDES (Presidente).-
Entiendo que la fijación de la hora compete a los Presidentes de las Comisiones, señor Senador.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, ¿lo anterior significa que el miércoles de la semana venidera la Sala sesionará en la mañana y en la tarde y que no funcionarán las Comisiones?
El señor VALDES (Presidente).-
Así es, señor Senador.
El señor DIAZ.-
Pido la palabra.
El señor VALDES (Presidente).-
La tiene, Su Señoría.
El señor DIAZ.-
Señor Presidente, el Honorable señor Otero había pedido expresamente que buscáramos una fórmula a fin de no suprimir las reuniones de Comisión.
Me parece justo hacer presente este hecho, por cuanto el señor Senador es Presidente de una Comisión.
MODIFICACION DE ARTICULOS 13, 24 Y 25 DE LEY
ORGANICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO
El señor VALDES (Presidente).-
Proyecto, en primer trámite, que modifica los artículos 13, 24 y 25 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con informe desfavorable de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Errázuriz y Horvath).
En primer trámite, sesión 1ª, en 4 de octubre de 1994.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 49a, en 5 de abril de 1995.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
La Comisión hace constar que la iniciativa se originó en moción de los Senadores señores Errázuriz y Horvath, y que, por unanimidad, atendidas las razones que expone, recomienda rechazarla por ser inconstitucional.
El señor VALDES (Presidente).- En discusión general.
El señor OTERO.-
Pido la palabra.
El señor VALDES (Presidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, sería conveniente abreviar el debate, en atención a que el Senado se pronunció respecto de una materia similar, contenida en un informe de la misma Comisión, de fecha 14 de junio de 1993 (boletín N° S 127-10), recaído en una consulta de la Sala acerca de la admisibilidad de un proyecto de ley, en el sentido de que el patrocinio no constituye un mecanismo que sea constitucionalmente aceptable para dar curso al trámite legislativo de una moción que se refiere a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Si la Sala desea mayor información, no tengo ningún inconveniente en proporcionársela. El informe de la Comisión, aprobado por la unanimidad de sus miembros, propone rechazar el proyecto por inconstitucional, de manera que si las razones que he dado fueran suficientes, cabría proceder a la votación. De otro modo, puedo extenderme acerca de los fundamentos de tal determinación. Pero esto ya fue resuelto por la Sala en otra oportunidad. O sea, se trata de reiterar un pronunciamiento tomado anteriormente.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, deseo confirmar lo que acaba de sostener el Presidente de la Comisión en el sentido de que el 14 de junio de 1993 (Boletín S 127-10) esta misma materia fue rechazada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y la proposición contenida en su informe, aprobada por la Sala.
Ahora, la unanimidad de los miembros de dicho organismo rechazó el proyecto en análisis por varias razones similares a las consideradas por la Sala para rechazar la iniciativa anterior.
El señor ERRAZURIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor ERRAZURIZ.-
Señor Presidente, creo que sería adecuado que las Comisiones tuvieran como norma, cuando traten mociones de señores Senadores, como la del Senador señor Horvath y del Senador que habla, invitar a los autores para dar a conocer sus puntos de vista en la materia, a diferencia de la forma como actúa la Comisión que ahora ha intervenido, la que permanentemente no cita a nadie, sino que se limita a leer el proyecto para declararlo constitucional o inconstitucional.
En este caso, se hace una proposición concreta, que guarda relación con un tema conversado y que expresa el sentir unánime de los señores Senadores, en el sentido de que las mociones, cuando por cualquier razón se estimen improcedentes, puedan ser enviadas al Ejecutivo para su conocimiento y patrocinio, dadas las muchísimas limitaciones que tiene el Congreso para presentar proyectos de ley. En efecto, el propio Presidente de la República expresó que en la legislatura en que los Parlamentarios no pueden formular iniciativas él se encuentra dispuesto a patrocinarlas si está de acuerdo con su contenido.
En consecuencia, específicamente, se propone lo mismo que ya planteó el Presidente Frei, en la medida en que se persigue el propósito de hacer posible que las iniciativas de los señores Senadores -no sólo la de los Senadores señores Horvath y Errázuriz, sino que también las de todos los demás Senadores- que no puedan ser tratadas por la Sala sean conocidas por el Ejecutivo a fin de que éste las haga suyas o explique fundadamente las razones por las cuales está en desacuerdo con ellas.
Por lo tanto, sugiero que este proyecto sea enviado nuevamente a Comisión, a objeto de escuchar a los autores de la moción, y que este procedimiento sea utilizado como norma de carácter general en todas las Comisiones cuando traten mociones. Lo deseable es que no se produzcan situaciones como la ocurrida otras veces con el Senador señor Diez, que rechazó alrededor de 10 ó 20 mociones, generando reclamos de parte de los Senadores de la Concertación hace algunos meses, porque no habían tenido siquiera la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista en la Comisión.
Reitero lo expresado en aquel entonces por los Honorables colegas, ahora en mi nombre y en el del Senador señor Horvath, en el sentido de que no siempre esperamos la aprobación de nuestras mociones, pero sí que por lo menos podamos ser escuchados por la Comisión respectiva.
Gracias, señor Presidente.
El señor OTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, por mi experiencia parlamentaria, creo que en el marco de nuestra actividad, dicho en síntesis, prácticamente somos colegisladores del Ejecutivo, en circunstancias de que debería ser al revés.
La iniciativa en comento, sin restringir para nada la facultad exclusiva del Presidente de la República, asegura una buena coordinación y una correcta técnica legislativa, en el sentido de que las mociones e indicaciones que puedan ser del ámbito del Ejecutivo sean conocidas por éste oportunamente, para que, dentro de sus prerrogativas y de manera fundada, las patrocine o no en un plazo determinado.
Por lo tanto, y considerando el mismo análisis efectuado respecto al proyecto anterior, pienso que estas iniciativas debieran volver a la Comisión, refundirse y analizarse en forma meditada. Porque -lo señalo con todo respeto- no es la mejor manera de "limpiar" la tabla de una sesión el ir rechazando, por unanimidad, en forma tan rápida, distintas iniciativas de Parlamentarios, posibilidad que, por lo demás, tenemos ya bastante mermada.
De hecho, he sido testigo, en cuanto a otras iniciativas, de la no existencia de un procedimiento explícito y deferente como para que los autores de mociones puedan defenderlas en esa Comisión. Creo que eso no es conveniente. Y lo digo con toda franqueza. Lo conversé en estos mismos términos en la Comisión, y con su Presidente. Porque me parece que debiera efectuarse un análisis no sólo respetuoso, sino más profundo de las distintas iniciativas para tomar una determinación de esta naturaleza.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, lamento tener que rectificar a los dos señores Senadores que intervinieron con anterioridad.
La Comisión confecciona tablas para sus sesiones, las que son publicadas y se les entregan a todos los señores Senadores. Y es función de Sus Señorías revisarlas. Aparte de eso, se le envía una notificación especial a cada señor Senador cuyo proyecto se va a tratar, y, además, se le avisa el momento de la tramitación en que se encuentra.
Ahora, obviamente, si al debatirse un proyecto en el seno de la Comisión el señor Senador no está en Chile, o no se halla en el Senado o se encuentra en cualquier otra parte, y no concurre a la Comisión, ésta no tiene por qué suspender la discusión de una tabla que está previamente establecida y cuyos antecedentes se entregan con una semana de anticipación. Precisamente, tengo la certificación de los dos señores Secretarios de la Comisión en el sentido de que efectivamente se les envía a los señores Senadores que presentan las indicaciones o mociones una notificación especial, y ya es resorte de éstos si concurren o no a la Comisión.
En segundo lugar, como Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, rechazo las expresiones que señalan que se está "limpiando tablas" o que se procede apresuradamente. Porque cada una de estas materias ha sido ponderada, estudiada y debatida.
En consecuencia, ello me obliga a demostrar ante el Senado por qué esta iniciativa fue rechazada por inconstitucional.
El origen de un proyecto de ley, esto es, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, su "principio, nacimiento, manantial, raíz y causa", sólo puede provenir, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 62 de la Carta Fundamental, de una de dos autoridades: el Presidente de la República o un Parlamentario, sea éste Diputado o Senador. Cada una de ellas actúa, a su vez, para estos efectos, mediante un documento que recibe distinta denominación: mensaje, en el caso del Presidente de la República, y moción, en el de los Parlamentarios.
Cuando la materia es de aquellas cuya iniciativa exclusiva corresponde al Presidente de la República, la Constitución ha suprimido la alternativa expresada, y ha radicado la atribución de efectuar una proposición de ley solamente en el Presidente de la República, quien será, por tanto, la única autoridad que podrá presentar el proyecto de que se trate, por medio de mensaje a una de las Cámaras.
La iniciativa -recurriendo nuevamente al Diccionario de la Lengua- es, precisamente, el "derecho de hacer una propuesta, el acto de ejercerlo, la acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar".
Ahora bien, siendo el Senado un órgano colegiado, actúa reunido en Sala, y toma conocimiento de las comunicaciones que se le dirigen en aquella parte de sus sesiones que se denomina "Cuenta".
Por ello, el artículo 13, inciso primero, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional ordena que debe darse cuenta, en sesión de sala de la respectiva Cámara, de todo proyecto de ley. Y añade el artículo 78, inciso final, del Reglamento de esta Corporación, que -con la sola excepción constitucional del cómputo del plazo para el despacho de la Ley de Presupuestos- las comunicaciones que se dirijan al Senado "se entenderán oficialmente recibidas y producirán sus efectos sólo una vez que se hayan dado a conocer en la Cuenta de una sesión.".
La Cuenta de una sesión, entonces, es la que fija el origen del proyecto de ley, y con ella comienza la tramitación del mismo. En consecuencia, es en esa oportunidad cuando deben cumplirse los requisitos constitucionales para la presentación de un proyecto de ley; en la especie, si es de iniciativa parlamentaria, el de no recaer sobre materias cuya iniciativa está reservada en forma privativa al Presidente de la República. No es admisible sostener que pueda prescindirse de ese requisito, en circunstancias de que es habilitante para dar inicio al proceso de formación de la ley.
Se colige de los razonamientos anteriores que el proyecto en informe no se ciñe al artículo 62, inciso primero, de la Constitución Política, en la medida en que permite dar cuenta a las Salas de las Cámaras de mociones que se refieren a materias de exclusiva iniciativa presidencial.
Tampoco observa el citado precepto fundamental en cuanto contempla el envío del proyecto de ley que verse sobre esas materias al Presidente de la República para que éste, si lo estima procedente, le otorgue su patrocinio.
La Comisión, por ello, reiteró un informe emitido el 14 de junio de 1993 y aprobado por la Sala del Senado.
Esto, entre otros motivos, porque el denominado "patrocinio" no está contemplado en la Carta Fundamental, ni produce el efecto de transformar la moción pertinente en mensaje, sino que ella conserva su calidad de tal, y porque resulta manifiesta la voluntad del legislador que aprobó la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional -que fue el mismo que dictó la Constitución Política de 1980- de dar término a la práctica habitual, existente hasta 1973, de poner en conocimiento del Jefe del Estado las mociones o indicaciones recaídas en materias de su iniciativa exclusiva a fin de solicitarle su patrocinio.
Cabe añadir a lo anterior que la presentación de indicaciones parlamentarias sobre materias de exclusiva iniciativa presidencial no se compadece, a su vez, con lo prescrito en el artículo 62, inciso final, de la Carta Fundamental, toda vez que la presentación de indicaciones no es sino otra forma de expresión de la iniciativa legislativa que tienen el Presidente de la República y los Parlamentarios, con las limitaciones ya comentadas.
Es más, ese precepto es categórico al señalar que el Congreso Nacional "sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar" las iniciativas sobre la materia que proponga el Jefe del Estado. En esa medida, las indicaciones parlamentarias que versen sobre tales materias y que no tengan por finalidad la disminución o el rechazo de las proposiciones del Ejecutivo, no son admisibles constitucionalmente, por apartarse de las posibilidades de decisión consultadas en la norma recién mencionada.
No es procedente tampoco, por iguales razones a las citadas al tratar el patrocinio de los proyectos de ley, el patrocinio presidencial a las referidas indicaciones.
Por último, como se apuntó en la oportunidad anterior -o sea, el informe aprobado por el Senado-, la Comisión estima que hay diversas vías, apegadas a la Constitución Política, por las que los Parlamentarios pueden plantear asuntos de interés público y hacer llegar sus proposiciones a la autoridad que corresponda, una de las cuales es la hora de Incidentes de las sesiones del Senado.
Estos son los fundamentos constitucionales por los cuales la Comisión, por unanimidad, rechazó el proyecto.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZABAL.-
Señor Presidente, pensé primero opinar sobre un aspecto formal, porque me parecía atinente lo señalado por el Senador señor Horvath.
Me alegra que los miembros de la Comisión de Constitución hayan dicho que se cita especialmente a los Senadores que han presentado mociones. Me parece un acto bastante importante y valioso entre nosotros. Pero pienso que no procede la extrapolación hecha por el señor Presidente de esa Comisión en cuanto a que si un Senador no está presente por hallarse fuera del país no puede detenerse el despacho de un proyecto. Me parece que si éste no tiene tanta urgencia, perfectamente puede alterarse su tramitación. Porque entre nosotros debemos mantener una relación armónica.
Incluso más. A propósito de eso, recuerdo que el actual Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Otero, debía viajar cuando teníamos una contienda de competencia entre la Contraloría General de la República y la Corte de Apelaciones de Santiago. Hizo presente su interés en que esa materia no se debatiera. Y me pareció razonable que quien había hecho un esfuerzo serio sobre ella pudiera participar en la discusión. Entonces concurrimos...
El señor OTERO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor HORMAZABAL.-
Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OTERO.-
Señor Senador, ésa es la misma política que sigue la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando un señor Senador se acerca y solicita que se postergue el estudio de su proyecto. Por ejemplo, tenemos el caso del Honorable señor Cantuarias, a cuya petición se accedió. Pero el interesado en participar en el debate debe manifestarlo a la Comisión, haciendo presente que no podrá concurrir en la oportunidad correspondiente.
Gracias, Honorable colega.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Hormazábal.
El señor HORMAZABAL.-
Pienso, entonces, que estamos de acuerdo en lo sustantivo. Entre nosotros debemos favorecer un debate sobre iniciativas que nos parezcan relevantes. Incluso, uno puede tener una opinión distinta. Pero se trata de respetar el derecho de cada Senador a participar en la discusión de un tema.
No cabe duda de que debe haber una preocupación especial de quien está involucrado en el asunto.
Señor Presidente, eso era lo primero que deseaba manifestar.
Por otra parte, en cuanto al tema en debate, nuevamente tiene relación con el proyecto que ya discutimos. Se trata del mentado artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
No deseo alargar el debate, pero creo que esto habría justificado que aprobáramos la idea que planteaba el Senador señor Diez. Porque en la Comisión de Constitución se podría haber visto este proyecto presentado por dos colegas nuestros, que, recogiendo una inquietud real de todos nosotros, se refiere otra vez a la situación de los artículos 13, 24 y 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Señor Presidente, la Comisión, con fundamento, con razones, rechaza este proyecto por inconstitucional. Sin embargo, me habría gustado que aquélla hubiese examinado esta materia y propuesto una verdadera solución a un problema que, como se ha probado en dos iniciativas distintas, marca el interés de los Senadores.
Entiendo que a estas alturas no corresponde insistir en algo sobre lo cual la Sala ya decidió. Por eso, tendremos que aceptar lo que propuso la Comisión de Constitución. Pero me gustaría, Honorables colegas, que buscáramos la forma de abordar rápidamente una solución acerca de la inadmisibilidad y de la práctica seguida en materia de Cuenta, porque en mi intervención anterior demostré que en este Senado, en marzo de este año, en tres ocasiones a lo menos hemos infringido el inciso segundo del artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Mayor demostración de la urgencia que reviste referirnos al tema me parece sobreabundar en argumentos.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Errázuriz.
El señor ERRAZURIZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad del proyecto por parte de la Comisión de Constitución resulta, en mi opinión, discutible. Esta iniciativa fue redactada en conjunto con abogados constitucionalistas. Además, mediante sus disposiciones no se modifica la Carta Fundamental, sino la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y las materias que se tratan son perfectamente constitucionales.
Un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra leyó latamente las opiniones que dio en la Comisión.
Por mi parte, me permito señalar brevemente que, en cuanto al artículo 13 de dicha Ley Orgánica, el proyecto propone sustituir el inciso segundo por el siguiente: "En ningún caso se dará cuenta de mociones que se refieran a materias que, de acuerdo a la Constitución Política, deban tener su origen en la otra Cámara. En el caso de mociones que se refieran a materias que deben iniciarse exclusivamente por Mensaje del Presidente de la República, igualmente se dará cuenta de ellas y la respectiva Cámara deberá enviar copia de tales mociones al Ejecutivo, dentro del quinto día siguiente.". Aquí sólo se trata de una modificación al procedimiento respectivo de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.
Se sugiere, además, agregar el siguiente inciso tercero: "El Ejecutivo en el plazo de sesenta días, deberá dar respuesta al envío de los proyectos de ley, que, presentados a través de mociones parlamentarias" -por Senador o Diputado- "en cualquiera de las Cámaras, correspondan sin embargo a su iniciativa exclusiva de acuerdo al artículo 62 de la Constitución," -por lo tanto, mal puede estarse violando esta disposición- "contestación que deberá entregar dentro de los treinta días siguientes a su recepción. En dicha respuesta deberá señalar fundadamente si asume o no el patrocinio de dichos proyectos," -de modo que al Ejecutivo no se le está restando el patrocinio- "el cual, de ser aceptado, incluirá su obligación de presentar formalmente el proyecto dentro de los sesenta días que sigan a su respuesta". Por consiguiente, no es que siga rigiendo la moción de los Parlamentarios, sino que el Ejecutivo, al hacerla suya, presente la iniciativa.
Asimismo, se agrega el siguiente inciso final: "Las mociones parlamentarias cuyo patrocinio, de acuerdo al inciso precedente, no haya sido aceptado por el Ejecutivo en respuesta fundada, no podrán renovarse hasta transcurrido un año desde tal negativa, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República de presentar tales mociones como Mensajes, cuando lo estime oportuno.".
Por tanto, además se procura evitar que de ninguna forma se resten las prerrogativas presidenciales.
Respecto del artículo 24, se sugiere sustituir su inciso tercero por el siguiente: "En la tramitación de los proyectos de Ley los miembros del Congreso Nacional, cumpliendo con los preceptos señalados en los incisos precedentes, podrán formular indicaciones incluso en materias cuya iniciativa exclusiva corresponda al Presidente de la República. En este caso, y para los efectos de poner en conocimiento del Presidente de la República tales indicaciones, se procederá de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 13 de esta Ley, con la excepción de las Indicaciones que tengan por objeto aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que haya propuesto el Presidente de la República, las que siempre serán admisibles conforme a las reglas generales.".
Luego, nuevamente se ratifica la prerrogativa presidencial; la reforma es sólo de procedimiento.
Asimismo, se propone agregar el siguiente inciso cuarto: "En caso de las Indicaciones que deban ponerse en conocimiento del Presidente de la República, según se ha indicado por el inciso anterior, éstas le serán despachadas en el plazo señalado en el inciso segundo del artículo 13 y su respuesta fundada deberá producirse también dentro de los cinco días hábiles siguientes a su despacho.".
Finalmente, se propone adicionar el siguiente inciso quinto: "Las Indicaciones cuyo patrocinio acepte asumir el Ejecutivo de acuerdo a los incisos precedentes, se admitirán sin más trámite, y las rechazadas se archivarán, pudiendo renovarse durante la tramitación del Proyecto de Ley con los votos favorables de los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio de la respectiva Cámara.".
Por último, respecto del artículo 25, se recomienda reemplazar el inciso primero por el siguiente: "Corresponderá al Presidente de la Sala o Comisión la facultad de declarar inadmisibles las iniciativas a que se refieren los incisos primero y segundo del artículo anterior, así como disponer el despacho al Presidente de la República de las iniciativas señaladas en el inciso 3° de dicho artículo. No obstante, la Sala o Comisión podrá reconsiderar la inadmisibilidad declarada, en su caso.".
En suma, señor Presidente, de ningún modo se vulnera ni modifica la Constitución. La iniciativa es admisible. Todo lo que pretende es que, en el evento de que una moción sea declarada inadmisible, pueda ser puesta en conocimiento del Ejecutivo, a fin de saber si le otorga o no su patrocinio.
A mi entender, el Senado debiera respaldar unánimemente un procedimiento como éste, que, respetando del todo el texto constitucional, permite que los Parlamentarios tengan al menos la posibilidad de dar a conocer sus mociones, para que el Ejecutivo se pronuncie fundadamente sobre el otorgamiento o denegación del patrocinio.
Actuar en contrario implicaría cercenar aun más nuestras atribuciones y limitar las posibilidades que, de acuerdo al mandato que recibimos de la soberanía popular, tenemos para, en nombre del pueblo, presentar iniciativas que al menos puedan ser conocidas por el Presidente de la República para los efectos explicitados.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que ya ha concluido el tiempo previsto para el Orden del Día. Por tanto, propongo prorrogarlo hasta despachar el proyecto en debate.
Si no hubiere objeciones, así se procedería.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, en verdad, la iniciativa tiene cierto parentesco con la anterior, pero es aún más grave, y su inconstitucionalidad, mucho más clara.
De acuerdo con el artículo 62 de la Carta Fundamental, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva respecto de determinados proyectos. Mediante la moción en comento se pretende limitar esa facultad: se impone al Primer Mandatario la obligación de pronunciarse sobre mociones recaídas en materias de su exclusiva iniciativa; se le fija plazo para darles respuesta, y, encima, se le pide que funde su decisión, sea favorable o desfavorable.
En consecuencia, creo que la moción va más allá de la buena voluntad para acoger iniciativas de Parlamentarios.
En lo personal, del debate habido esta tarde recojo la necesidad de introducir alguna modificación en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso a fin de que las mociones recaídas en materias de la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario lleguen a éste, pero no sobre la base de que deba contestar dentro de un plazo y fundamentar su decisión como si estuviéramos acorralándolo, en circunstancias de que la Constitución le reserva, en forma exclusiva y excluyente, sólo a él la facultad de resolver en esas materias.
Reitero: la moción es inconstitucional, por muy bien intencionados que sean sus autores. Y si no lo rechazáramos, si obligáramos al Primer Mandatario a pronunciarse, podríamos caer en una cascada de demagogia increíble. Cada Parlamentario estaría facultado para presentar la moción o indicación que quisiera. "Tal Senador o Diputado propone que se suba el salario mínimo a 700 mil pesos": ¡Gran noticia! Y el Presidente de la República contaría con determinado plazo para pronunciarse sobre el particular y, además, en forma fundada, debería dar razones de su decisión.
Me parece que la normativa propuesta -por decir lo menos- es excesiva y que no cabe discutir su inconstitucionalidad. Y por eso la Comisión de Constitución, luego de escuchar a sus autores, por la unanimidad de sus miembros -que representan a todos los sectores del Senado-, resolvió informarla desfavorablemente.
En lo personal, anuncio también mi voto contrario en la Sala.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath, y luego procederemos a votar.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en primer lugar, estimo que, existiendo mociones similares -como se ha señalado- o que de alguna manera proponen reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, lo más propio sería que la Comisión las analizara en forma conjunta, recibiendo para ello a sus autores, como propuso el Honorable señor Diez en el caso anterior.
En segundo término, me interesa destacar que la moción apunta a dar mayor transparencia a la solicitud de patrocinio del Ejecutivo respecto de las mociones o indicaciones que en un momento dado se declaran inadmisibles. Todos sabemos que hay distintas maneras de acercarse a aquél, y lo ideal es que se proceda siempre de manera clara.
Para terminar, señor Presidente -porque creo que no da para más el tema y que vamos a recuperar nuestra buena relación como Parlamentarios-, creo que no es suficiente que un Senador se entere de que su moción se encuentra en el lugar equis de la tabla de una comisión, porque bien puede pasar todo el día esperando que se trate. Y lo más probable es que el interesado participe en otras Comisiones y deba cumplir en el Congreso con una serie de otras actividades que le hagan imposible esa espera. En mi opinión, a nadie se le caerá la corona -por así decir- si llama al colega autor de una moción para señalarle que en diez o quince minutos será tratada por la Comisión correspondiente. Por lo demás, así acostumbramos hacerlo en la Comisión de que formo parte, y jamás hemos tenido problema.
Por último, señor Presidente, insisto en que este conjunto de iniciativas debe volver a la Comisión de Constitución.
Muchas gracias.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Otero.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, solicito que se vote del mismo modo que en el caso anterior y que la Sala apruebe el informe de la Comisión de Constitución.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Antes de proceder a la votación quiero destacar la recomendación general hecha, que no debe entenderse referida únicamente al señor Presidente de la Comisión de Constitución.
Efectivamente, lo ideal es que los autores de una moción siempre tengan la posibilidad de defenderla en la Comisión en que se trate, Y quiero ser muy claro: en lo personal, he sido citado a la de Constitución con motivo de estudiarse una moción de mi iniciativa; pero no fui llamado a propósito de otra, tal vez por no estimarse necesaria mi presencia.
En general, creo que convendría adoptar como procedimiento el de citar a los Senadores respectivos. En la Comisión donde participo hemos recibido varias mociones, y sería muy bueno contar con la presencia de sus autores, a fin de conocer los antecedentes y razones que los llevaron a presentarlas.
Hecho este comentario, procederemos a votar el informe de la Comisión de Constitución, que propone rechazar la iniciativa.
-(Durante la votación).
El señor OTERO.-
Señor Presidente, tengo en mi poder dos documentos que me trajo el señor Secretario de la Comisión de Constitución. El primero dice:
"Valparaíso, 9 de marzo de 1995
"Honorable Senador
"don Francisco Javier Errázuriz Talavera
"Presente
"Estimado señor Senador:
"Por especial encargo del señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, H. Senador don Miguel Otero Lathrop, me permito informarle que, en la sesión que celebrará la Comisión el próximo martes 14 de marzo de 1995, desde las 11:30 a 13:30 horas, figura como primer punto de la tabla la moción de que es autor Su Señoría, con la que inició un proyecto de ley que modifica los artículos 13, 24 y 25, de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (Boletín N° 1387-07).
"Dios guarde a US.,
"José Luis Alliende Leiva, Secretario."
Además, tengo fotocopia del libro donde el día 9 de marzo aparece firmada la recepción de la citación por la secretaria del Senador señor Errázuriz, e igual cosa sucede con el Honorable señor Horvath.
Voto en favor del informe.
El señor ERRAZURIZ.-
¿Me permite una interrupción, aunque sea durante la votación?
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Estamos en votación, señor Senador.
El señor SULE.-
Ruego al señor Presidente y a los Honorables colegas excusarme si incurro en algún error, pero, al llegar a la discusión de este tema, he podido apreciar cierto desasosiego o molestia de parte de algunos Honorables colegas, porque la Comisión no habría señalado oportunamente que las mociones presentadas por ellos seráan tratadas por ésta.
Debo señalar que, desde que estoy en la Comisión de Constitución, no conozco ningún caso en que hayamos omitido, como cosa previa y fundamental, el hecho de que colegas autores de una moción estén presentes desde el inicio del análisis de ella.
Incluso hemos suspendido la discusión de algunas materias y la hemos reabierto cuando los Honorables colegas no han venido no obstante haber sido citados. De manera que deseo dejar constancia de esta situación, porque me ha sorprendido que se pueda sostener lo contrario.
Voto en favor del informe.
El señor ZALDIVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente, quiero respaldar y ratificar lo planteado por el Honorable señor Sule.
Formé parte de la Comisión de Constitución el año recién pasado y siempre vi la mejor disposición. Incluso, en una oportunidad tratamos un proyecto presentado por el señor Presidente y, gracias a su bien ponderada intervención, pudimos aquilatar la importancia de ese proyecto. Siempre existió un trato muy deferente cuando le correspondió presidir tanto al Honorable señor Diez como al Senador señor Otero, por lo que me extraña lo planteado hoy.
Además, y sin ánimo de calificar las intenciones de cada voto, a veces uno se preocupa de si no estaremos en presencia de un cambio paulatino del sistema presidencial de Gobierno, del cual me manifiesto muy partidario.
Voto que sí.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor VALDES (Presidente).-
Terminada la votación.
El señor ERRAZURIZ.-
Pido la palabra.
El señor HAMILTON.-
Todavía no. Estamos en votación.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Resultado de la votación: 22 votos por la afirmativa, 4 por la negativa y 4 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cantuarias, Díaz, Diez, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Huerta, Larre, Núñez, Otero, Prat, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Errázuriz, Horvath, Martin y Ominami.
Se abstuvieron los señores Lagos, Mc-Intyre, Piñera y Ríos.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En consecuencia, queda aprobado el informe.
El señor ERRAZURIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Errázuriz.
El señor ERRAZURIZ.-
Señor Presidente, el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra -Presidente de la Comisión- leyó unas citaciones. Y si bien no me fijé en la fecha, recuerdo que ese mes estuve fuera del país, acompañando al Presidente Frei. Por lo tanto, es posible que yo no haya estado, y mi secretaria no viajó con Su Excelencia ni conmigo. De modo que el hecho de que ella la haya recibido no guarda ninguna relación. Pero no estoy seguro, porque no me fijé en la fecha.
De todas maneras, quiero recordar que la moción fue presentada el 14 de septiembre de 1994. Es decir, hace muchos meses. Y no veo la razón por la que, si en una oportunidad específica el Honorable señor Horvath o quien habla estuvieron ausentes, bien pudo haber esperado el Presidente de la Comisión, con el objeto de contar con nuestra presencia en una próxima ocasión.
Pues bien, precisamente sobre esto hemos reclamado los Senadores, pues ojalá las mociones parlamentarias sean planteadas personalmente por sus propios autores en las Comisiones, como, por lo demás, ha ocurrido en mi Comisión y otro tanto ha sucedido en la suya.
Muchas gracias.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor VALDES (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
)---------------------(
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor ALESSANDRI:
A la señora Ministra de Justicia, respecto a MANTENCION DE PERSONALIDAD JURIDICA DE SOCIEDAD DE PENSIONADOS DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL DE ANTOFAGASTA (SEGUNDA REGION).
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De la señora FREI (doña Carmen):
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS RELATIVAS A INFORMACION PREVIA A OTORGAMIENTO DE CREDITOS.
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Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Bienes Nacionales, acerca de SOLICITUD DE TITULO DE DOMINIO GRATUITO DE JOSE OLEGARIO HUEQUEN QUELIN SOBRE PREDIO DE ISLA ELENA (UNDECIMA REGION).
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Del señor SIEBERT:
Al señor Ministro de Obras Públicas, referente a MEJORAMIENTO DE CAMINO ENTRE QUETALMAHUE Y DUATAO (DECIMA REGION).
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Del señor ZALDIVAR (don Andrés):
Al señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, sobre REGULARIZACION Y SEÑALIZACION DE CRUCE DE CAMINO ENTRE LA MONTAÑA Y QUILICURA (REGION METROPOLITANA).
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El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
En incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto, cuyos integrantes -Partido Radical, Partido Unión Centro Centro, Independientes, Partido Unión Demócrata Independiente y Partido por la Democracia- no harán uso de su tiempo.
En seguida, corresponde el tiempo al Comité Demócrata Cristiano, que no hará uso de él.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
REAPERTURA DE PASO FRONTERIZO VISVIRI. OFICIO
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, Honorables colegas, el sábado recién pasado, atendiendo a una invitación formulada por el señor alcalde de la comuna General Lagos, don Gregorio Mendoza Achura, concurrí al paso fronterizo Visviri, donde se llevó a efecto una reunión en el trifinio, hito donde confluyen las fronteras de Chile, Perú y Bolivia.
En ella participaron, también, el alcalde de Charaña, don Feliciano Apaza, junto a su Concejo Municipal y dirigentes de diversos gremios bolivianos; el alcalde del pueblo peruano de Palca, y autoridades municipales y gremiales de dicha localidad; el alcalde y concejales de General Lagos, señores Francisco Querquezana Tucará y Tomislov Simunovic; la concejal de Putre, señora Violeta Williams, quien, en nombre de éste, fue a entregar su solidaridad, y los dirigentes comunales señores Ponciano Laniz. Presidente de los Feriantes; Hilario Condori, Presidente de la junta vecinal Huacollo; Isidro Flores, Presidente de la Asociación de Ganaderos; Carlos Jiménez, Presidente del Comité Cívico, y Pedro Tonkora, Presidente de los cargadores de camiones.
Me impactó el espíritu de chilenidad de esos compatriotas altiplánicos -no son colonos y por ellos nuestro país hace prácticamente nada- quienes, junto a sus esposas y pequeños hijos, se confundían con sus hermanos bolivianos y peruanos, a más de 4.000 metros de altura, sin luz, agua potable ni alcantarillado. Pero ahí estaban, bajo nuestra hermosa bandera tricolor, que presenciaba el acto, la cual, a través del sonido del viento, parecía protestar también por el trato que reciben nuestros hermanos del límite norte de Chile, que hacen patria y soberanía donde empieza el territorio de la República.
Todos ellos estaban congregados junto al antiguo retén de Carabineros Visviri, cuyos miembros custodian lealmente la frontera, en mulas y caballos, luchando contra narcotraficantes, dotados de viejos vehículos con sus neumáticos lisos, pero haciendo patria.
Asimismo, es loable la labor desarrollada por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, quienes cumplen sus tareas en una modesta casa rodante, que es oficina, cocina y dormitorio a la vez. En similares condiciones realizan su función fiscalizadora los de Aduanas. ¡Así se trabaja en la frontera norte de Chile!
Sin embargo, su destino y futuro se juegan a pocos metros del Senado, en el Servicio Nacional de Aduanas, en Valparaíso, cuyo Director Nacional ordenó el cierre del paso fronterizo.
¿Puede el país darse el lujo de tomar medidas como la señalada, especialmente en esta etapa en que nuestros compatriotas altiplánicos abandonan la frontera por falta de trabajo? Tal como hice en la sesión anterior, enfáticamente la rechazo. La soberanía no puede juzgarse con un criterio centralista, y urgentemente se debe diseñar una clara y eficiente estrategia política de zonas limítrofes extremas.
Es ilustrativa de la gravedad de este hecho la reacción de la comunidad presidida por su alcalde. Tengo en mis manos copia de una acusación constitucional entablada en contra del Director Nacional de Aduana de Bolivia, señor Oscar Arrien, a quien denuncian que en forma arbitraria y abusiva dispuso el cierre de la frontera. La información disponible en Visviri es que la decisión boliviana en tal sentido fue adoptada por acuerdo y a petición de su homólogo chileno. ¿A quién se pretende favorecer con esta resolución?
Obra también en mi poder una carta dirigida al Senador que habla solicitando su intervención, firmada por el alcalde de Charaña (Bolivia); por el Presidente del Consejo Municipal; por el Comité Cívico y las juntas vecinales de la ciudad, junto a personeros peruanos. En ella manifiestan que han sido violadas sus garantías individuales de elegir el lugar donde trabajar y vivir. Y anuncian que si el próximo viernes no hay una solución concreta de reapertura del paso fronterizo, protestarán enérgicamente con una toma de la carretera internacional, de las líneas del ferrocarril de Arica a La Paz y de la vía a Tambo Quemado. Tal es la decisión de la comunidad altiplánica limítrofe de Chile, Perú y Bolivia.
Esta tarde, pido el apoyo del Honorable Senado a fin de oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para que se sirva disponer, en forma urgente, la reapertura del paso fronterizo Visviri, en favor de la comunidad de General Lagos, donde empieza nuestro territorio, comuna considerada por el Gobierno como una de las más pobres de Chile. Adjunto a esta solicitud copia de los documentos mencionados.
He dicho.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Se1 enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría...
El señor LARRE.-
Y en el del Comité Renovación Nacional, señor Presidente.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Así se hará, señor Senador.
El señor LAGOS.-
Además, deseo consultar a mi Honorable colega y representante también de la Primera Región, don Sergio Bitar, si va a adherir a la solicitud dirigida al Primer Mandatario, en el sentido de reabrir el paso Visviri.
El señor BITAR.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra Su Señoría.
El señor BITAR.-
Por tratarse de un tema de interés nacional y, sobre todo, para la Región que represento, quiero expresar que hace exactamente ocho días, al momento de producirse el hecho, tuve ocasión de plantear muy claramente mi punto de vista en cuanto a que, por principio, no pueden cerrarse las fronteras, y menos en una Región cuya proyección es internacional.
Asimismo, para información del Senado, considero útil dar cuenta de que el punto de vista del Senador que habla fue comunicado al señor Canciller, quien expresó, en la misma oportunidad -reitero: hace una semana-, que dicha medida sólo podía ser temporal y que no cabía una decisión permanente.
También deseo agregar, corroborando lo planteado por el Honorable señor Lagos, que el Subsecretario de Relaciones Exteriores se dirigirá a Visviri el día 17, con el propósito de hacerse presente en la zona y buscar una fórmula tendiente a subsanar los problemas que llevaron al Servicio Nacional de Aduanas a adoptar esta decisión. E1 principal es el contrabando de cigarrillos, que se calcula en una cifra de varios millones de dólares.
En tal sentido, el Gobierno ha informado que está explorando vías de solución -nosotros las respaldamos- con el fin de levantar a la brevedad la medida, estableciendo, primero, dos pasos fronterizos conjuntos, y no como ocurre hoy día, que están separados por unos dos kilómetros, lo que permite que la carga de un camión que sale de Chile pueda repartirse en varios otros de menor tamaño, abriendo paso al contrabando. De juntarse ambos puestos fronterizos, si un vehículo sale de nuestro país e ingresa a Bolivia, lo que ocurra allí ya no es problema nuestro, aparte posibilitar una buena colaboración entre las dos aduanas. Y, en segundo lugar, se está prospectando por parte de los propios interesados la posibilidad de que los camiones salgan sellados de la aduana de Arica y que alcancen la frontera en un plazo límite, evitando tiempo perdido en el camino. Asimismo, que los provenientes de la Zona Franca de Iquique que transporten cigarrillos y bebidas alcohólicas -ellos originan el grueso del contrabando, por las diferencias existentes en materia tributaria-, salgan vía Chungará.
Como puede apreciarse, se está adoptando un conjunto de medidas que indican que la decisión de cerrar el paso de camiones es absolutamente temporal.
Reitero: una resolución de ese tipo no se compadece con una economía abierta, dificulta la vida en la Primera Región -lo mismo es válido para otras zonas extremas-, y constituye una medida excepcionalísima que no debió adoptarse en esta oportunidad.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Restan algunos minutos al Comité Renovación Nacional.
El señor LAGOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor LAGOS.-
Deseo agregar que me reuní recién con el Director Nacional de Aduanas, quien me informó que se trata de una medida transitoria y que se pretende mejorar la infraestructura para permitir un mejor control. La razón esgrimida es el contrabando. Todos sabemos que desde Perú y Bolivia proviene la mayor cantidad de droga a nuestro país. Pero ello no amerita cerrar la frontera. Lo que falta es más eficiencia en el control y dotar de mejores recursos a los funcionarios que están librando una lucha contra el narcotráfico.
Por último, hasta hace diez años eran 2.600 chilenos los que vivían en ese sector; en la actualidad, sólo hay 75. Y los 130 bolivianos han aumentado a 2.680. Ello significa que se está produciendo un despoblamiento en el altiplano chileno, lo cual tiene importancia desde el punto de vista de la seguridad nacional y de la inversión que ha hecho el país en la zona.
Mi propósito es llamar la atención de Sus Señorías respecto de esta situación -hace un rato, solicité el apoyo del Senado-, porque el ánimo que he podido observar en las comunidades altiplánicas de los tres países es absolutamente violento. En el lugar hay solamente cinco carabineros, los que deben mantener las medidas hasta que les demos una señal clara de que ellas se dejan sin efecto.
Llegué hace pocas horas desde Visviri, en la frontera, y tengo la obligación de advertir de esta situación, porque la gente se resiste a abandonar los territorios, y va a luchar por quedarse en ellos. Logra subsistir allí a pesar de que vive en condiciones inhumanas; no dispone de agua ni de electricidad. Sin embargo, esos pobladores no son colonos y nada reciben por permanecer en la zona.
Habría que hacer un esfuerzo para ayudarlos, y por ello solicito para estos hermanos chilenos el apoyo de todos mis Honorables colegas.
El señor BITAR.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Por ser ésta la hora de Incidentes, no procede entablar un debate.
En el turno de Renovación Nacional, corresponde hacer uso de la palabra al Honorable señor Pérez, que dispone de un total de 10 minutos.
El señor LARRAIN.-
Señor Presidente, en nombre del Comité UDI, quiero adherir a la solicitud de oficio que formuló el Honorable señor Lagos.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Muy bien, señor Senador, así se hará constar.
¿El Senador señor Pérez concedería unos minutos al Honorable señor Bitar?
El señor PEREZ.-
Le concedemos una interrupción, señor Presidente.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, es muy breve lo que quiero decir, y sólo para reafirmar el punto, aclarando que éste no es un asunto que concierna sólo a Visviri.
La semana pasada me correspondió estar en Colchane, y puedo afirmar que allí hay un problema relacionado con las fronteras interiores de nuestro país, el que tanto en el caso de ese pueblo como en su relación con Pisiga se traduce en tres hechos que voy a mencionar acá y que también he transmitido al Gobierno. Estos requieren de una solución en la misma línea en cuanto a reforzar las fronteras interiores para el afianzamiento de nuestra población en las zonas limítrofes.
Primero, hay un solo teléfono para 2 mil personas, incluyendo al municipio, Carabineros, Investigaciones y al Servicio Agrícola y Ganadero.
Segundo, sus habitantes no reciben emisiones de la televisión chilena. Al respecto, hemos solicitado al señor Director Ejecutivo de Televisión Nacional que contemple en uno de sus proyectos instalar, ya sea una estación repetidora, o, nuevamente, una antena parabólica que sirva a ese lugar.
Y tercero, hay un pueblo chileno que está en tierra de nadie, llamado Pisiga Carpa, que se ubica más allá del puesto fronterizo y más acá de la frontera boliviana. Sus habitantes, cada vez que quieren entrar a Colchane, en su propio país, son sometidos a revisión de documentos. Por lo tanto, corresponde trasladar el puesto fronterizo más allá de Pisiga Carpa, de modo que todos los habitantes chilenos queden dentro del territorio nacional, en cuanto a su control.
Por todas estas circunstancias, no puedo sino reafirmar el punto de vista expresado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra; y señalar que éste es un asunto de Estado, de fronteras, acerca del cual debe adoptarse una política mucho más agresiva en términos de afianzar nuestras zonas limítrofes a través de distintos proyectos, entre otros, los contemplados en el plan para el desarrollo de Arica y Parinacota, que está cursándose en el Gobierno.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Restan algunos minutos al Comité Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
ACLARACIONES SOBRE ULTIMO BALANCE DE CODELCO. OFICIOS
El señor PEREZ.-
Señor Presidente, deseo pedir el despacho de dos oficios, uno al señor Ministro de Minería y otro al señor Presidente Ejecutivo de CODELCO, solicitándoles algunas aclaraciones sobre el último balance y su explicitación entregada por el señor Juan Villarzú hace una semana.
En primer lugar, nos interesan algunas precisiones acerca de la baja en los costos de la Corporación.
Hasta donde hemos sido informados por documentos oficiales que proporcionó el Ejecutivo a través del señor Alejandro Noemi, Presidente Ejecutivo de CODELCO hasta 1993, los costos eran de aproximadamente 70 centavos de dólar la libra. Ahora, el señor Villarzú nos dice que éstos han bajado desde 81 a 76 centavos de dólar la libra. Nunca supimos que los costos hubieran alcanzado en 1993 a 81 centavos. Por eso, tenemos fundadas sospechas de que esta última cifra se obtuvo incluyendo en el cálculo las pérdidas a futuro ocurridas por el "caso Juan Pablo Dávila". Ello significaría un engaño al país.
Solicito que el señor Villarzú aclare este punto.
En segundo lugar, es preciso que de una vez por todas, cuando se hable de utilidades de CODELCO, no se engañe de nuevo al país entregando el porcentaje de utilidades sobre la base del capital nominal de la empresa. Sabemos que, por escritura, ese capital es de 2 mil millones de dólares, en tanto que el patrimonio alcanza a unos 20 mil millones de dólares (los economistas que pertenecen al mundo de la Concertación entregan al respecto distintas cifras que oscilan entre 18 y 22 mil millones de dólares).
Trescientos noventa y un millones de dólares de utilidad, incluyendo la venta de El Abra (330 millones de dólares), sobre 2 mil millones de dólares de capital nominal, representan cerca del 20 por ciento. Pero si el cálculo se hace sobre el patrimonio de 20 mil millones de dólares, la utilidad baja a 2 por ciento. Descontada la venta de El Abra, la disminución es casi al 1 por mil.
Como una segunda solicitud en el mismo oficio, señor Presidente, le ruego pedir al señor Villarzú que nos entregue antecedentes sobre el valor patrimonial de CODELCO.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
Señor Senador, ¿solicita oficiar en nombre del Comité Renovación Nacional?
El señor PEREZ.-
Sí, señor Presidente.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Comité Renovación Nacional, de conformidad al Reglamento.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:16.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción