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REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL
LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 61a, en jueves 11 de mayo de 1995
Ordinaria
(De 10:55 a 14:28)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDES, PRESIDENTE,
RICARDO NUÑEZ, VICEPRESIDENTE, Y NICOLAS DIAZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRIA, TITULAR,
Y JOSE LUIS LAGOS LOPEZ, PROSECRETARIO
______________
VERSION TAQUIGRAFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Bitar Chacra, Sergio
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Carrera Villavicencio, María Elena
-Cooper Valencia, Alberto
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Feliú Segovia, Olga
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-Hamilton Depassier, Juan
-Hormazábal Sánchez, Ricardo
-Horvath Kiss, Antonio
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Lagos Cosgrove, Julio
-Larraín Fernández, Hernán
-Larre Asenjo, Enrique
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Matta Aragay, Manuel Antonio
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Muñoz Barra, Roberto
-Núñez Muñoz, Ricardo
-Otero Lathrop, Miguel
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Zaldívar Larraín, Adolfo
Concurrió, además, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESION
-Se abrió la sesión a las 10:55, en presencia de 37 señores Senadores.
El señor VALDES (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACION DE ACTAS

El señor VALDES (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 40a, extraordinaria, en 2 de marzo del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 41a, ordinaria, en 7 de marzo del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor VALDES (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Omimani, respecto a la posibilidad de aumentar la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile en la comuna de Quilpué, Quinta Región.
Del señor Ministro de Educación, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la demora en la dictación del reglamento de la ley N° 19.206, que estableció un programa especial de becas para alumnos residentes en la Región y comunas que señala.
De la señora Ministro de Justicia, con el que responde un oficio enviado a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Senador señor Otero, referido a las opiniones de Su Señoría tocantes a las proposiciones formuladas por el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema en su discurso de inauguración del Año Judicial 1995.
Del señor Ministro de Minería, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Pérez, relativo a los costos de producción y a las utilidades de la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 77 de la ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, solucionando la situación que afecta a los trabajadores cuyas licencias médicas son rechazadas, por la causal que señala. (Con urgencia calificada de "Suma"). (Véanse en los Anexos, documentos 1 y 2).
-Quedan para tabla.
Moción
De los Senadores señora Frei (doña Carmen) y señores Díaz, Frei (don Arturo), Ruiz (don José) y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que establece que el día 7 de agosto de cada año se denominará "Día del Dirigente de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de Base".
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Declaración de inadmisibilidad
Se ha recibido en Secretaría una moción de los Senadores señora Frei (doña Carmen) y señores Ruiz-Esquide, Díaz, Otero y Sule, con la que inician un proyecto que modifica el artículo 4° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de facultar a los municipios para crear oficinas destinadas a actuar como defensoras del menor en la respectiva comuna.
-Se declara inadmisible, toda vez que la materia contenida en la moción es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispone el N° 2° del artículo 62 de la Constitución Política de la República.
El señor VALDES (Presidente).- Terminada la Cuenta.
En conformidad al Reglamento, se solicita el asentimiento de la Sala para suspender la sesión por 5 minutos, para una reunión de Comités.
Acordado.
______________
-Se suspendió a las 10:59.
-Se reanudó a las 11:18.
______________

El señor VALDES (Presidente).- Continúa la sesión.
V. ORDEN DEL DIA



TRATADO DE NO PROLIFERACION DE ARMAS NUCLEARES


El señor VALDES (Presidente).- En conformidad a lo resuelto anoche y ratificado hoy por los Comités, corresponde votar el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que ayer fue discutido latamente.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 4 de abril de 1995.
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 58a, en 9 de mayo de 1995.
Defensa, sesión 58a, en 9 de mayo de 1995.
Discusión:
Sesión 60a, en 10 de mayo de 1995 (queda pendiente la discusión).

El señor VALDES (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda acompañar al señor Ministro de Relaciones Exteriores el señor Subsecretario de Marina, don Pablo Cabrera.
-Se accede.
El señor VALDES (Presidente).- En votación general y particular el proyecto de acuerdo.

-(Durante la votación).

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, quiero ratificar mi opinión favorable al Tratado, que ya manifesté ayer al dar una breve explicación del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que me correspondió presidir.
Expresé que estaba de acuerdo en que Chile adhiriera al Tratado e, informado de la existencia de una práctica en virtud de la cual uno podía dejar anotado su voto y retirarse de la Sala, adelanté mi voto favorable y luego abandoné el Hemiciclo por tener que cumplir otro compromiso. Sin embargo, señor Presidente, me he impuesto de que tal práctica fue objetada y de que se han hecho diversos comentarios sobre el particular en la prensa.
Entiendo que la práctica mencionada ha quedado discontinuada por un acuerdo de Comités, de manera que, naturalmente, no volveré a hacer uso de ella. Pero quiero dejar constancia en público de que fui informado -tal vez, equivocadamente- de que ella estaba autorizada y que otros Senadores la habían utilizado con anterioridad.
En todo caso, mi opinión favorable ya era conocida y no iba a cambiar, y de hecho no cambiará.
Quiero dejar en claro estos hechos, señor Presidente, para que ellos no se presten a ninguna interpretación equivocada.
Voto que sí.

El señor VALDES (Presidente).- Creo que la situación del Honorable señor Alessandri es perfectamente clara. Al respecto, quiero informar que la práctica que facultaba a un Senador para dejar expresado su voto durante el debate ha sido suprimida por acuerdo unánime de Comités. De ahora en adelante, el Senador que desee anticipar su voto sólo lo podrá hacer durante la votación, esto es, cuando ya se haya dispuesto el inicio de la misma.
Continúa la votación.

El señor BITAR.- Señor Presidente, ya que no intervine en el día de ayer, quiero manifestar brevemente la razón por la cual considero del mayor interés para el Estado chileno la incorporación de nuestro país al Tratado de No Proliferación.
He sopesado ayer los argumentos entregados respecto de materias relativas a la capacidad chilena de actuar en el campo nuclear y en el campo del uso pacífico, y a la conveniencia de prolongar nuestra ausencia del Tratado sobre la base de que ello nos daría algún tiempo para reducir una cierta brecha que podríamos tener con otros países en ese terreno.
En un momento este argumento me hizo peso, y creo que es un factor que debemos considerar. Sin embargo, el mismo Tratado, en su Artículo X, permite el retiro de un Estado. Además, siempre queda abierta la posibilidad al uso con fines pacíficos, y el Tratado se refiere, esencialmente, a armas nucleares.
En seguida, el que se haya producido un atraso en el caso chileno al no estar nuestro país y otros en el Tratado es un factor que se neutraliza por el hecho de que esos otros países han ingresado en el último tiempo y Chile lo haría ahora.
Este argumento, además, no guarda correspondencia con la importante cantidad de ventajas que supone estar en un Tratado junto al grueso de los países: podemos ganar tecnología y hacer inversiones. Aumentar nuestra capacidad tecnológica demandaría un tiempo mucho mayor que los meses o años que se sugirió aquí postergar la suscripción del tratado, pues en un período breve no sería posible corregir esa brecha en nuestros conocimientos científicos.
Tal argumento -que lo he sopesado- no guarda relación con el interés del Estado chileno de participar en una acción mundial de estrategia de paz y de luchar para que en Chile y en América Latina exista una zona desnuclearizada.
Considero indispensable, por estas razones, votar favorablemente el proyecto de acuerdo, a fin de que nuestro país pueda incorporarse a la brevedad a este tratado.
He dicho. El señor FREI (don Arturo).- Señor Presidente, por las razones que expuse tanto en la Comisión de Defensa como en el debate del día de ayer, doy mi aprobación al proyecto.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, entre los aspectos negativos del tratado que se nos propone, surge el del apuro para que su aceptación coincida con una reunión que, sobre esta materia, se realiza en Nueva York. Y otro elemento de esa índole, pero de más contenido, es la discriminación en favor de un grupo que ya posee la tecnología para fabricar armas nucleares. Y este tratado evita su esparcimiento horizontal.
Pero en esta materia hay un aspecto de fondo, de carácter moral, porque todos los antecedentes técnicos señalan que respecto de la energía proveniente de la fisión nuclear se carece de una tecnología que permita manejar sus residuos y evitar los riesgos. Casos notables en la historia de este siglo son los sucedidos en la central nuclear de Harrisburg y en la de Chernobyl.
Persistir en esta tecnología, sobre todo en un país que posee ventajas comparativas alternativas, como Chile, no sólo es inconveniente, sino, también, inmoral.
Por otra parte, la fusión es una de las vías limpias, y Chile ha dedicado a ella sus esfuerzos, como ha quedado establecido en la Comisión de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, vemos con satisfacción esa parte.
Chile debe esforzarse por evitar -y ésta es la oportunidad para hacerlo- los riesgos que significa el transporte del plutonio por nuestras áreas jurisdiccionales, en la zona económica exclusiva, como sucedió con los buques "Akatsuki Maru" y "Pacific Pintail". Asimismo, cabe prevenir los peligros que implican los repositorios nucleares que en el pasado se ha pretendido instalar en vecinos países, como el caso de Gastre, en el sur argentino, y los ensayos nucleares en el Pacífico Sur.
En ese sentido, Chile debiera aprovechar la ocasión que le brinda este tratado para reforzar a nivel internacional su política en esta materia.
Si hubiese involucrados aspectos de seguridad nacional -se han entregado nuevos antecedentes al respecto-, debería haberse consultado oportunamente, por parte de la Presidencia de la República, al Consejo de Seguridad Nacional.
Por todas estas razones, ratifico mi voto favorable emitido en la Comisión de Relaciones Exteriores. El señor HUERTA.- Con el mérito de los antecedentes suministrados por el Honorable señor Sinclair, me abstengo. El señor LAGOS.- Por las razones que señalé en la Comisión de Defensa y por estimar que constituye un error de nuestra parte la firma del tratado, voto en contra.

El señor LARRAIN.- Señor Presidente, pienso que un tratado de la naturaleza del que nos ocupa es, ciertamente, en lo conceptual, algo importante. Todos estamos concientes de la relevancia y la fuerza de la energía nuclear, cuya utilización para fines bélicos tiene consecuencias desastrosas para la preservación de la humanidad. En consecuencia, todo esfuerzo que se haga por prevenirlas y evitarlas debe contar con toda nuestra adhesión.
Por otro lado, sin embargo, estamos frente al hecho de que, pese a que Chile lleva varios años sin adherir a este tratado, al parecer la urgencia dispuesta para tratar esta materia está más relacionada con la realización de una reunión internacional que con el fondo del asunto. Y por eso no hemos tenido la oportunidad de sopesar debidamente cuáles han sido las razones por las que durante tantos años Chile no ha adherido a este tratado. Eso me hace pensar que, desde el punto de vista legislativo, no hemos trabajado adecuadamente, y que la premura nos hace perder la ocasión de analizar el punto con la suficiente cautela, respecto de temas como la seguridad nacional y otros.
No obstante, por sus contenidos de fondo, no creo posible rechazar el proyecto de acuerdo. Las consideraciones que he expuesto en esta oportunidad me inclinan, sí, a abstenerme de votar.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, la aprobación en este momento del tratado ofrece indiscutiblemente ventajas en el corto plazo. Por el marco general de nuestras relaciones exteriores, por las relaciones con Cuba y por lo que ocurre con el NAFTA. El hecho de participar en un tratado de no proliferación de armas nucleares que efectivamente pretende acercarse a un desarme general es positivo.
Sin embargo, creo que en el largo plazo presenta serios problemas, ya que se pierde flexibilidad. El TNP posee tres áreas muy importantes: la no proliferación de armas nucleares, que es el punto que más nos interesa en este instante; la asistencia en fines pacíficos, y, por último, el desarme total.
En lo relativo al tercer objetivo, lo considero inadecuado, y no hay nadie que esté conforme al respecto. Los grandes países tienen aún almacenadas miles y miles de armas atómicas.
En cuanto a la asistencia con fines pacíficos, muchos hemos expresado nuestra preocupación de que en este aspecto el tratado nos hacer perder flexibilidad. En las Comisiones hemos escuchado afirmar a algunas personas que el año 2014, por el gran desarrollo que experimentará el país, debiéramos ya estar muy preparados y con plantas trabajando. Si es así, dada la libertad de acción que necesitamos para progresar más rápidamente en esta área, nos encontramos a lo mejor cortos de tiempo. Cabe recordar que el presupuesto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear es bastante bajo.
Creo que el Tratado, entonces, si bien es positivo en lo que respecta a la paz, constituye un freno en lo referente a un desarrollo más acelerado del sector. Por ello, estimo que, en el largo plazo, no nos favorece.
En todo caso, no podré votar, por encontrarme pareado con el Honorable señor Ominami.

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, me correspondió participar en la Comisión de Relaciones Exteriores precisamente cuando se trató el proyecto en debate. En esa oportunidad, mi voto fue favorable, de modo que quiero fundamentar muy brevemente mi pronunciamiento en la Sala.
Considero, Honorables colegas, importante aprobar la incorporación de Chile al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, porque a través de este instrumento se limita la utilización de armas masivamente mortales. A mi juicio, una concepción humanista debe mover al respeto de la vida humana, como valor fundamental, y a promover la paz. Además, tales armas poseen gran capacidad destructora del medio ambiente, que es uno de los temas que preocupan al mundo.
Por estar Chile incorporado al Tratado de Tlatelolco y haber suscrito las salvaguardas, daría un paso incoherente con su no adscripción al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Nuestra adhesión redundará en beneficios en favor del país, por la colaboración que eventualmente puede lograr para el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. Al no incorporarse, Chile pasa a la categoría de país sospechoso.
El ingreso al Tratado permite a nuestro país desarrollar con mayor énfasis la investigación en ciencia y tecnología para el desarrollo.
Por las razones expuestas, voto a favor.

El señor NUÑEZ.- Señor Presidente, votaré en favor de la incorporación de Chile al Tratado por una razón fundamental. Creo que todos hemos manifestado nuestra disposición histórica a hacer posible que nuestro país concurra a la idea de la no proliferación de armas que puedan poner en peligro la supervivencia de la raza humana. Estoy absolutamente convencido de que así lo indica una visión humanista de los más diversos puntos de vista que se han expresado aquí en el Senado.
Sin embargo, durante el debate ha quedado en claro que es fundamental que la Corporación, a través de la Comisión de Educación, tenga la posibilidad de efectuar un análisis más certero del nivel de desarrollo que en esta materia tenemos, respecto del uso pacífico de la energía nuclear.
Pienso que la Comisión de Educación lo ha hecho muy bien, pero que la necesidad de analizar el nivel de desarrollo que tenemos sobre el particular en las diversas instancias científicas del país -universidades, defensa nacional y otras entidades que han trabajado sobre el tema- nos obliga, dada la naturaleza del asunto, a incorporar esto como una preocupación preferente del Senado. En ese sentido, opino que el debate ha sido muy fructífero.
Voto a favor. El señor OTERO.- Señor Presidente, estaba pareado con el Honorable señor Andrés Zaldívar, pero, como entiendo que se me levantó el pareo, me abstengo de votar.

El señor PIÑERA.- Señor Presidente, voto en favor de la confirmación del Tratado, por seis razones muy claras y, en mi opinión, muy contundentes.
Primero -y la más importante de todas-, porque comparto plenamente los objetivos fundamentales del Tratado, en particular la causa de la no proliferación y de la proscripción definitiva de las armas nucleares en América Latina y, ojalá, en el mundo entero.
Segundo, porque las razones que tuvo Chile para no adherir al Tratado en 1968 -fecha en que se abrió para la firma la posible adhesión- han ido siendo superadas o subsanadas.
En esa época, se dio como argumento que los países de mayor desarrollo nuclear no lo habían firmado, cosa que hoy está superada. Tampoco existía el Tratado de Tlatelolco, que es más exigente que éste y al cual han adherido países importantes de América Latina, como Argentina y Brasil. Asimismo, se ampliaron las facultades inspectivas de la agencia especializada, de tal forma que el Tratado no fuera sólo una declaración de intenciones, sino un instrumento muy efectivo. Los casos de Irak y de Vietnam, países suscriptores del Tratado, demuestran claramente que ya existe capacidad para exigir su cumplimiento. Además, porque las potencias del club nuclear han llegado a acuerdos de autolimitación. Y, por último, porque, de conformidad a modificaciones al Tratado, el hecho de adherir a él no coarta ni restringe la libertad para investigar y desarrollar el uso pacífico de la energía nuclear.
Tercero, porque estamos viviendo un nuevo clima en el mundo. Se terminó la Guerra Fría, ese largo período de encuentros brutales e insuperables entre dos grandes potencias. Ahora nos encontramos en una etapa distinta, que hace posible dar saltos hacia adelante como nunca antes imaginamos.
Cuarto, porque los países que no suscriban el Tratado se verán afectados por bloqueos de tecnología para uso pacífico de la energía nuclear, la que es altamente interesante para el desarrollo de nuestro país, y, muy en especial, para el desarrollo de recursos naturales abundantes en Chile, como es el caso, por ejemplo, del litio.
Quinto, porque el hecho de suscribir el Tratado permite a Chile hacer oír su voz con más fuerza en temas que le interesan sobremanera: por ejemplo, el término de los ensayos nucleares en el Pacífico o la regulación del transporte de materiales peligrosos, como es el caso del plutonio.
Finalmente, porque, al aprobar el Tratado, Chile se incorporará a los 182 países que ya lo han hecho, en momentos en que el mundo entero lo está extendiendo en forma indefinida, y dará, así, una clara muestra de lo que ha sido su permanente política internacional.

El señor PRAT.- Señor Presidente, daré a conocer las razones por las cuales no concurriré a aprobar el Tratado.
En primer lugar, Chile no necesita dar examen de su vocación pacifista. Su desarrollo histórico y la forma en que se ha movido en la comunidad internacional y en el área vecinal demuestran que cumple cabalmente día a día su vocación pacifista.
Por otro lado, Chile ya está incorporado al Tratado de Tlatelolco, lo cual garantiza su participación en tratados vecinales de no proliferación de armas nucleares, que son los que realmente interesan.
En seguida, es conocido que lo atinente a las materias primas y procesos destinados a desarrollar la tecnología nuclear es común tanto a aquellas en que se persiguen fines pacíficos como a la que apunta a fines bélicos. Sólo en el último tramo del proceso de análisis y de fabricación ellas se separan.
Asimismo, debido a las disposiciones que contiene el Tratado, es muy posible que en la práctica se obstaculice el desarrollo de tecnologías que en Chile tienen un fin pacífico, carácter con que se han analizado estas materias desde que se inició el estudio de las tecnologías nucleares en el país.
La historia del Tratado -que se inicia en 1968- demuestra que la supuesta cooperación incluida en él, en cuanto a que los países poseedores de tecnología nuclear bélica debían efectuar una transferencia tecnológica con fines pacíficos, a las naciones no poseedoras, no se ha cumplido. Es así como en la Conferencia que se está llevando a cabo en estos días se ha generado presión y se ha manifestado molestia por parte de un grupo grande de naciones, incluso en el sentido de no prolongar en el tiempo la vigencia del Tratado, arguyéndose que no se ha producido la supuesta colaboración de los países que tienen tecnología nuclear hacia los que no la poseen. Los países del club nuclear, en cambio, en estos años han incrementado su potencial bélico nuclear en forma abismante, lo cual no se condice con los objetivos que supuestamente perseguiría el Tratado.
Por lo tanto, me produce una fuerte aprensión el hecho de que este Tratado, pese a su hermoso título de ir contra el desarrollo de las armas bélicas de tipo nuclear, pueda esconder o envolver obstáculos para el desarrollo tecnológico con fines pacíficos. Ello, en la práctica, puede traducirse en que futuras centrales o mecanismos que incluso las tecnologías actuales no permiten todavía concebir finalmente deberán ser comprados "llave en mano", porque existe la posibilidad de que en virtud de estos Convenios quedemos incapacitados para desarrollar tecnologías que en Chile tienen fines pacíficos.
Estimo que, sin participar en el Tratado, que data de 1968, Chile ha podido desarrollarse perfectamente en la comunidad internacional, y que ninguno de los Estados que lo han suscrito ha ganado por hacerlo, como lo demuestran las aprensiones y reclamos de los países menores en la Conferencia que está teniendo curso. Por eso, porque Chile no gana nada, voto en contra del proyecto de acuerdo.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, el curso del debate y la votación que se está produciendo confirman la bondad de tener siempre la oportunidad de intercambiar opiniones y de reflexionar acerca de cuál es la posición que conviene más al país.
Claramente, ayer no era la ocasión de votar, y pienso que hoy día estamos ubicando al Senado en el lugar que siempre le ha correspondido; es decir, una actitud elevada, que interpreta a todos sus miembros y que es de especial conveniencia para Chile.
Los Comités, por su parte, han ratificado la vuelta a un buen procedimiento, en el sentido de que sólo una vez abierta la votación, y no durante el debate, se puede anticipar un voto. Pienso que recuperamos una buena tradición y eliminamos una mala práctica.
Yendo al fondo del asunto, quiero señalar que comparto la finalidad que persigue el Tratado que hoy se somete a nuestra consideración. Sin embargo, durante la sesión de ayer se dieron razones de oportunidad que me inducen a abstenerme.

El señor RUIZ (don José).- Señor Presidente, aparte los motivos expuestos precedentemente, la aceptación por el Congreso chileno del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares constituye un paso necesario en el fortalecimiento de nuestra inserción internacional, y especialmente en relación con el rol que debemos jugar en América del Sur en pos de la construcción de una "Zona de Paz" en nuestro subcontinente.
No se trata de concebir la paz negativamente como la mera ausencia de violencia bélica. Desde la Comisión Sudamericana de Paz, hemos desarrollado un nuevo concepto sobre el particular, basado en primer lugar en la paz interior de cada Estado, fundada necesariamente en un orden de justicia y solidaridad.
Por ello, el concepto de "Zona de Paz" debe ser concebido como un espacio de cooperación económica y social destinado a lograr un desarrollo integral y justo de nuestros pueblos. En esa línea, en agosto de 1993 propuse la creación de un "Espacio Económico Austral", que integre a los pueblos chileno y argentino de la Patagonia y de Tierra del Fuego.
El concepto de paz se verá necesariamente fortalecido por el desarrollo democrático, el respeto a los derechos humanos y el acatamiento de los grandes principios del Derecho Internacional: no uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias, igualdad soberana de todos los Estados, no intervención y libre determinación de los pueblos.
Por lo anterior, la seguridad regional no puede concebirse sólo con un enfoque militar, como procedimiento para hacer frente a agresiones bélicas y defender la soberanía territorial. Debe ser una idea mucho más amplia y general, que cubra todos los tipos de agresión ilícita, cualquiera que sea su naturaleza, pero que además tenga en cuenta la necesidad de fortalecer la democracia, la libertad y la justicia.
Desde luego, el concepto de "Zona de Paz" exige como una de las condiciones básicas la vocación y voluntad de nuestros pueblos de alejar toda sombra de duda respecto del uso de la fuerza, especialmente el empleo de armas nucleares o la búsqueda de su adquisición o construcción.
Es por eso que respaldo el proyecto de acuerdo que permite a nuestro país aprobar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que no es otra cosa que ratificar la conducta permanente que hemos seguido en esta materia.
Pero también es importante la aprobación de este instrumento internacional porque nos da mayor autoridad moral para exigir respeto a nuestros derechos y nos permite proponer mecanismos de protección para nuestros espacios marítimos y costas, amenazados por el tráfico de material radiactivo y por los ensayos nucleares que se realizan en islas del Pacífico Sur.
Al mismo tiempo, y pese a ser una nación pequeña, podemos entregar nuestro aporte en la formulación de propuestas encaminadas a crear condiciones para la construcción de la paz en un mundo que, al término de la guerra fría, enfrenta nuevos y graves conflictos armados que ponen en riesgo la seguridad de toda la Humanidad.
Voto que sí.

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, deseo manifestar algunas aprensiones con respecto a este Tratado.
En primer lugar, hace 25 años que está vigente y Chile no lo ha suscrito. Me llamó la atención -así lo hice presente en la Comisión de Defensa, a la cual concurrí en reemplazo del titular de nuestra bancada- la urgencia con que ingresó al Parlamento el proyecto de acuerdo, calificada de "Suma", después de todo ese tiempo en que no fue firmado y sin esperar los informes solicitados a las Instituciones de la Defensa Nacional.
En segundo término, debo hacer presente que las Fuerzas Armadas, por diversas circunstancias, desde hace mucho tiempo tienen una voz importante en lo referente a la investigación nuclear en Chile. Y quiero dejar muy claramente establecido que ella no se realiza con fines bélicos, como podría creerse, sino con objetivos pacíficos; relacionados con el reemplazo de la energía hidroeléctrica o de la proveniente del carbón, así como con la medicina y la agricultura.
Nuestro país firmó y ratificó el Tratado de Tlatelolco. ¿Qué duda cabe de su espíritu pacifista y de la ninguna intención ni posibilidad de continuar investigaciones con propósitos bélicos? No podemos ser calificados de sospechosos, porque los organismos de energía atómica a nivel mundial saben perfectamente bien qué tiene y qué puede hacer cada una de las naciones.
Ahora bien, tengo la impresión -y dispongo de información que la avala- de que el Tratado que se somete a nuestra consideración limita la autonomía para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, tan necesario con el devenir tecnológico del mundo. Tampoco ha logrado el desarme nuclear, pues los países que lo suscribieron, y sobre todo las grandes potencias, siguen progresando. Los intentos por desnuclearizar y destruir sus armas atómicas no se cumplen y son "pura música".
Mi impresión es que, si aprobamos el proyecto de acuerdo, cuando lleguemos al año 2010 o al 2015 vamos a estar a la zaga en el desarrollo nuclear. Y, como decía el Senador señor Prat, tendremos que aceptar centrales nucleares con el sistema "llave en mano"; vale decir, vendrán los países nuclearmente desarrollados a instalarlas y a operarlas ellos mismos. Porque vamos a estar tan ajenos al progreso científico nuclear, que ni siquiera seremos capaces de manejar las instalaciones que nos vendan.
Por ello, considero inconveniente ratificar este instrumento. Pienso que habría sido muy interesante esperar los resultados de la reunión de los países signatarios del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares que se está desarrollando en Estados Unidos, y después decidir como país si lo aprobamos o no.
Voto en contra.

El señor SINCLAIR.- Señor Presidente, "El Mercurio" de hoy, refiriéndose a la reunión cumbre Yeltsin-Clinton, señala que uno de los temas gravitantes abordados en ella fue el relativo a los armamentos nuclear, químico y bacteriológico, sobre los cuales no se llegó a decisiones concretas. Esto confirma lo que ayer aseveré durante mi intervención en el Senado al remitirme justamente a estas materias.
Cumplí con el deber de exponer antecedentes que, de acuerdo con mis conocimientos profesionales y experiencia en tan delicados asuntos, estimo de la mayor importancia. Sin embargo, ellos no lograron influir en la decisión que hoy se está adoptando.
Por ello, con mi abstención deslindo toda responsabilidad, para no entorpecer las resoluciones que sobre este Tratado están tomando el Gobierno y los Partidos de la Concertación.
Me abstengo.

El señor THAYER.- Señor Presidente, aun cuando estoy pareado con el Senador señor Andrés Zaldívar, voy a decir algunas palabras sobre mi posición frente a este Tratado.
Me complace que se haya postergado la votación hasta hoy en la mañana. Tal como siempre acontece en el Senado, se ha llegado a una solución que resulta clara.
Algunos teníamos y tenemos reticencias a este respecto, pero es firme el propósito de no obstaculizar la decisión del Presidente de la República sobre el particular.
Por otra parte, de anoche a hoy se han conocido otros antecedentes. Tengo información directa sobre la preocupación del Jefe del Estado y del Ministro del Interior por la pronta decisión del Senado; por ello el Ejecutivo no estimó prudente retirar la urgencia fijada al proyecto.
Esas razones, a mi juicio, han conducido a lo que está ocurriendo hoy.
Quienes están convencidos de ello y el Gobierno, que tiene la responsabilidad de conducir al país, apoyan una decisión ante la cual otros tenemos reticencias.
He dicho.

El señor URENDA.- Señor Presidente, el debate que sostuvimos ayer y las fundamentaciones de votos demuestran que esta materia es de suma importancia y abarca aspectos que debieran analizarse con mucha calma y todo el tiempo necesario.
De ahí que insisto en lo extraño que resulta, frente a la gravedad que se atribuye a un pronunciamiento negativo, el hecho de que este proyecto de acuerdo, no obstante que las circunstancias que habrían justificado un cambio de actitud de Chile se produjeron hace ya bastante tiempo, se haya planteado tan a última hora en el Parlamento.
Por lo demás, eso mismo hace pensar -como ya se ha expresado; y se ha insinuado en el informe de las Fuerzas Armadas- que en materia de política nuclear no tenemos en este momento una definición clara. Y ésta habría sido, quizá, la oportunidad para alcanzarla. En tal sentido, adhiero a lo expresado por el Senador señor Núñez en cuanto a que la Comisión respectiva se aboque al estudio pertinente.
Por otra parte, durante el debate se dieron a conocer antecedentes que podrían justificar la postergación de un pronunciamiento. Sin embargo, estamos enfrentados a votar el proyecto, y ya no es factible diferir nuestra decisión: sólo podemos aprobar o rechazar.
En las actuales circunstancias, los inconvenientes que el rechazo puede traer a Chile son importantes. Y por ello no podríamos emitir un voto negativo. Pero de alguna manera tenemos que expresar nuestra disconformidad por el modo como el Ejecutivo ha llevado el asunto, y asimismo, nuestras dudas en cuanto la forma en que estamos abordando como país la adopción de una política nacional en materia nuclear. Y también debemos reiterar que los problemas de esta naturaleza deben ser analizados con todo el tiempo necesario.
Por ello, teniendo la certeza de que el proyecto de acuerdo no va a ser rechazado, me abstengo.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, existen razones de mucho peso para votar a favor. Las hay morales, sin duda. Y la verdad es que sólo ellas bastarían para apoyar el proyecto de acuerdo. Pero también hacen fuerza las posibilidades de participar de una tecnología que difícilmente el país pude producir y a la que no accederá si se halla al margen de este Tratado.
Ciertamente, existen razones hasta de sentido común y por qué no decirlo de tradición. También debe considerarse la firma del Tratado de Tlatelolco, instrumento que es mucho más exigente que éste.
Pero hay una razón para votar a favor que, en mi concepto, es fundamental: si Chile enfrentara mañana la actitud belicosa de un Estado que dispusiera de elementos nucleares, la única y real seguridad que tendría sería la de, estando dentro del Tratado, contar con un título para exigir a la comunidad internacional el cumplimiento de sus cláusulas, lo que ha demostrado ser efectivo en los casos concretos aquí señalados.
Creo que esto es, quizá, tanto o más importante que la capacidad bélica que mañana pueda tener un Estado para defenderse. En el caso de Chile, su seguridad exterior ha estado salvaguardada en gran medida porque ha sido un país con una conducta clara, enmarcada dentro del Derecho Internacional, y que le ha dado prestigio y fuerza en momentos decisivos para la defensa de los verdaderos intereses nacionales.
Por todo eso, voto que sí.

El señor VALDES (Presidente).- Si me lo permite la Sala, como ayer no participé en el debate, quiero hacer presente que votaré a favor teniendo en cuenta que el Tratado es ventajoso a corto y a largo plazo para los intereses de Chile. Porque se trata de un instrumento que proscribe la proliferación de las armas nucleares y, después de la guerra fría, el proceso internacional se reduce fundamentalmente a disminuir el armamentismo que la creó.
Se ha dicho que Chile no tiene por qué dar examen en cuanto a su vocación pacifista. No es cuestión de dar examen, sino de firmar los tratados que expresan correctamente esa intención. Más de 170 países, todos los que dominan la tecnología nuclear, han suscrito este Tratado. Y quiero que Chile (y alguna experiencia internacional me permite decirlo con firmeza) se una a los 170 y tantas naciones signatarias, entre las cuales están todas las que poseen tecnología y bomba nucleares.
No pienso que Chile puede obtener la tecnología nuclear que necesita, y a la que tiene derecho, si se halla al margen de los países que la dominan y busca entre las naciones sospechosas (las que no han suscrito el Tratado) de tener o intentar tener bomba atómica. Esa sospecha no nos interesa. Por ahí no vamos a tener ni política nuclear ni asistencia técnica, que, por lo demás, está garantizada en este Tratado.
Por esas razones, voto a favor del proyecto.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, el Senado tiene la oportunidad de debatir sobre este tema, a mi juicio, con argumentos fundados.
He escuchado a algún señor Senador sostener que tal vez estamos legislando mal porque no se han entregado todos los antecedentes pertinentes para juzgar una cuestión tan relevante.
Quiero disentir de ese punto de vista y expresar que, por ejemplo, basta leer el texto del mensaje para encontrar antecedentes sólidos y fundados sobre lo que motiva la presentación del proyecto en este momento.
Haría falta revisar el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y el de la de Defensa para darse cuenta de que hay argumentos de fondo que explican por qué debe discutirse el proyecto en este instante. De modo que si alguien no ha tenido tiempo para examinarlos, será por un problema personal, pero no de falta de calidad y atención legislativas. Las Comisiones especializadas se dieron el tiempo y entregaron una opinión.
Se ha señalado también que es lamentable no haber esperado los informes que las Fuerzas Armadas deberían emitir. He examinado la Constitución Política de la República, y no veo en parte alguna que a ellas les corresponda legislar. En efecto, su artículo 32 establece que el Primer Mandatario es quien maneja las relaciones exteriores, y las disposiciones contenidas en su artículo 50 estatuyen que al Congreso Nacional le compete aprobar o desechar los tratados internacionales. Conforme a los antecedentes que conocí, los integrantes de las Fuerzas Armadas, que en una sociedad democrática, tienen derecho a ser escuchados a través de sus conductos regulares, fueron oídos, precisamente, por el órgano correspondiente: el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo Ministro firma, entre otros, el proyecto en análisis. Por lo tanto, las cuestiones adjetivas, casi formales -diría-, se hallan resueltas.
En cuanto al tema de fondo, ¿por qué deseamos suscribir hoy el Tratado, si no lo firmamos en 1968? En primer lugar, porque en ese año -y lo dice el mensaje- Chile estimó que no se garantizaba la seguridad regional en este aspecto, toda vez que países de mayor desarrollo nuclear de la región -hablemos con claridad: Argentina y Brasil- no estaban participando en él. En segundo término, porque había una discriminación, que consagraba el monopolio de las grandes potencias.
Sin embargo, se han producido hechos nuevos. Primero, en Argentina -señala el propio mensaje, y así fue analizado en las Comisiones- está por concluir el proceso legislativo para incorporarse a este Tratado. Segundo, Argentina, Brasil y Chile han firmado el Tratado de Tlatelolco. Tercero, Cuba -único país que no ha adherido a este instrumento- ha expresado su intención de participar.
Por lo tanto, en nuestro Continente, a partir de estos nuevos acontecimientos, estamos en condiciones de constituir una zona desnuclearizada de gran envergadura y calidad.
Ese es un hecho nuevo. Los hechos nuevos que en el mundo se han desarrollado, por ejemplo, todos los tratados firmados entre Estados Unidos de América y la ex Unión Soviética en torno al desarme nuclear, son de extraordinaria relevancia. Asimismo, como hechos recientes, cabe destacar que China y Francia, que en uso de sus legítimas soberanías habían rehusado participar, también se han incorporado.
En consecuencia, hoy en el mundo es una realidad que 178 países consideran que la adhesión a dicho Tratado es un factor positivo.
Alguien dijo que esto era pura música. Ojalá fuera la música la que sonara hoy y no el estruendo de los cañones, de los tanques y de las armas. Ojalá fuera la música la que nos diera momentos de paz, de vincularnos también a la trascendencia, porque la música nos puede ayudar a muchas cosas.
Sin duda alguna, los problemas no se resuelven con la pura letra de los tratados; pero aquí hay que entrar a solucionar temas más complejos. Como decía el Senador señor Ruiz De Giorgio: "Cada tanto en tanto vemos que hay buques que, al trasladar residuos nucleares, ponen en riesgo a la Humanidad". Constatamos en el debate de hoy en Europa que existe contrabando de plutonio y que el desplome del imperio soviético -dato positivo para la Humanidad- genera un problema que actualmente permite a las mafias europeas acceder, incluso, al armamento nuclear.
Obviamente, queda mucho por hacer, porque estamos hablando de la naturaleza humana. Y como dice el Éxodo "En el corazón de cada hombre está agazapado el odio". El problema se halla, entonces, en no confiar sólo en la letra, sino en poner espíritu y corazón para que la letra de las buenas intenciones se traduzca en realidad.
Hay nuevos antecedentes históricos. Y no es sólo la Concertación la que apoya la adhesión a dicho instrumento, porque los votos de los Senadores señores Alessandri, Piñera y Pérez en la Comisión, demuestran que más allá de suspicacias, desconfianzas o ignorancias, el país entiende que es bueno aprobar el Tratado.
Por eso, voto a favor.

La señora FELIU.- Señor Presidente, por las razones que dio el Honorable señor Prat, me abstendré.
Sin embargo, reiterando lo que he plantado en numerosas oportunidades, creo absolutamente inconveniente el uso de la suma urgencia en proyectos de esta naturaleza. En verdad, este Tratado se halla en vigor desde el 5 de marzo de 1970. Es comprensible lo ocurrido durante un lapso de 24 años, pero hoy jugamos con un plazo de días.
Es sabido por todos los señores Senadores las razones por las cuales se cambió la norma de la Constitución Política que entregaba la calificación de las urgencias al Parlamento. En ese momento, frente a problemas urgentes, indispensables para la vida nacional, el Congreso no calificaba la urgencia y, en consecuencia, el proyecto de que se trataba ni siquiera se veía. Para revertir esa situación, y considerando que quien tiene la administración del Estado es el Poder Ejecutivo, se entregó a éste la facultad de calificar las urgencias a proyectos que realmente así lo requirieran, en situaciones que se presentaban con ese carácter.
Naturalmente, en este caso, después de hallarse 25 años en vigencia el Tratado, puede haber una justificación. Sin embargo, no tengo duda alguna de que esto debió preverse con anticipación. Me parece un mal planteamiento ante el Parlamento calificar, con dos meses de antelación -el proyecto de acuerdo ingresó en marzo al Congreso-, la urgencia de "Suma" para la discusión y aprobación de este Tratado.
El Honorable señor Hormazábal hizo presente que el examen de los informes permitirá conocer diversas razones. La verdad es que este informe se repartió a las 20:20 de la noche del martes recién pasado, y el miércoles, como sesionamos todo el día, nos fue imposible conocerlo. Cuando ayer debatimos el Tratado, salvo los señores Senadores que participaron en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, nadie había tenido ocasión de leerlo. Para interiorizarse de él habría sido necesario que transcurriera el plazo de hoy, y ayer nos encontramos ante la negativa del señor Ministro de retirar la urgencia, con lo cual se imposibilitó que los señores Senadores conocieran siquiera los informes.
Me parece que este procedimiento no es el que establece la Constitución. Esta, al cambiar la calificación de las urgencias, ha pretendido que se haga un buen uso de ellas, y la verdad es que ello no ha ocurrido desde 1990, tal como lo he señalado al Senado, dado las cifras y los porcentajes de urgencias.
En todo caso, la calificación de suma urgencia para este proyecto, que imposibilitaba leerlo en el día de ayer, a fin de pronunciarse sobre él, me parece muy inconveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, reitero que, por las razones dadas por el Honorable señor Prat, me abstendré.

El señor GAZMURI.- Señor Presidente, voy a aprobar la suscripción de Chile al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, porque es la continuación de una larga tradición de política del país en materia nuclear.
Chile, desde hace muchos años, se ha puesto como objetivo, en primer lugar, el obtener la estabilización de un área desnuclearizada en América Latina, y en segundo término, concurrir al esfuerzo mundial por la limitación, reducción y, finalmente, la eliminación del arma nuclear.
El paso fundamental lo dio el país cuando suscribió el Tratado de Tlatelolco. Demoró su firma precisamente para que hubiera garantías de que en América Latina todas las naciones importantes iban a adherir a él, y ésa fue la razón por la que lo suscribimos junto con Brasil y Argentina. Dicho Tratado establece salvaguardias que garantizan efectivamente que la energía nuclear sea utilizada con fines pacíficos -establece un sistema de revisiones muy estricto-, e impone a todos los países miembros la imposibilidad de utilizarla con fines militares.
Por lo tanto, a mi juicio, el hecho de no suscribir el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, carece de justificación alguna. No la tiene desde el punto de vista de la tradición internacional del país, por cuanto no hay ninguna obligación que nos imponga dicho instrumento en materias de supervigilancia y de no uso con fines militares de la energía nuclear que ya no se halle establecida en el Tratado de Tlatelolco. Y la opinión general es contraria a lo que aquí se ha afirmado en el sentido de que la suscripción del Tratado sometido a la consideración del Senado podría implicar desventajas para el país en cuanto a adquirir tecnología nuclear con fines pacíficos. Porque la realidad es exactamente la contraria: si Chile no lo firmara, por el hecho de entrar en un club muy sospechoso, formado por países como Israel, Pakistán o la India, cuyo interés es desarrollar capacidad nuclear militar, podríamos vernos dificultados gravemente en el acceso a la tecnología nuclear de uso pacífico, que es lo que a nosotros nos interesa.
Además, la no suscripción sería una señal extraordinariamente ambigua e implicaría una inconsecuencia respecto de la política tradicional de Chile, como país, sostenida por más de 35 ó 40 años.
Si pretendemos mantener esa política, tenemos la oportunidad de hacerlo precisamente en estos días, cuando se encuentran reunidas todas aquellas naciones que han suscrito el tratado en la idea de aprobar -seguramente, ello ocurrirá entre hoy y mañana- su vigencia indefinida. Por eso, debemos proceder ahora y no mañana, teniendo en cuenta los intereses de nuestro país.
Por último, deseo manifestar -por lo menos, desde mi particular punto de vista- que el tema ha sido discutido muy acuciosamente en el Senado, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la de Defensa Nacional. Se ha escuchado al Gobierno y, en la Comisión de Defensa, a cada una de las ramas de la Defensa Nacional; también hemos conocido la opinión del señor Ministro y la del Jefe del Estado Mayor. Se conoció el informe del Presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Vale decir, ha habido un extenso debate en esta Corporación.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia que reviste la tramitación de esta iniciativa, creo que se han dado todas las condiciones para que tanto el Gobierno como el Parlamento hayan podido efectuar un análisis en profundidad sobre el particular.
Sin embargo, durante el debate del proyecto, quienes legítimamente han sostenido una visión contraria -porque, obviamente, este tipo de materias es opinable- piensan que una forma de discrepar de la suscripción es retrasando el procedimiento. Y creo que eso no corresponde.
Me alegro de que finalmente hayamos podido concurrir a una sesión como la de hoy, donde el Senado ha resuelto definir el tema, porque, a mi juicio, está en la línea de los mejores intereses para el país.
Voto que sí.

El señor VALDES (Presidente).- Terminada la votación.

-Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos por la afirmativa, 3 por la negativa, 12 abstenciones y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Calderón, Carrera, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Piñera, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Valdés y Zaldívar (don Adolfo).
Votaron por la negativa los señores Lagos, Prat y Siebert.
Se abstuvieron los señores Cooper, Feliú, Fernández, Huerta, Larraín, Larre, Letelier, Otero, Ríos, Romero, Sinclair y Urenda.
No votaron, por estar pareados, los señores Martin, Mc-Intyre y Thayer.


El señor VALDES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor INSULZA (Ministro de Relaciones Exteriores).- Señor Presidente, en nombre del Gobierno y de Su Excelencia el Presidente de la República, quiero manifestar mi agradecimiento a esta Corporación por la decisión adoptada en el día de hoy, como también a los señores Senadores que han concurrido con su voto favorable a la aprobación de este Tratado, en el entendido de que en este momento es lo que mejor sirve a los intereses del país. Además, agradezco a los señores Parlamentarios que, teniendo dudas respecto de su plena eficacia, han preferido abstenerse considerando las razones del Gobierno para promover esta iniciativa.
Entre hoy y mañana, don Juan Somavía, que es nuestro embajador en Nueva York, informará a la Conferencia de la decisión de Chile para adherir al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Y estoy seguro de que las reacciones serán extraordinariamente favorables y contribuirán más aún a la imagen de paz y apego a los convenios internacionales que el país ha demostrado a través de su historia.
Muchas gracias.

El señor VALDES (Presidente).- Creo interpretar el sentimiento del Senado al decir que las materias de esta naturaleza deben ser tratadas en la Corporación con el tiempo necesario. Por eso, ruego al señor Ministro que haga presente a Su Excelencia el Presidente de la República que hacer presente urgencias en este tipo de asuntos genera dificultades que van obstaculizando el proceso de ratificación de estos acuerdos.
Destaco esto porque me parece que ésta es la oportunidad donde la situación ha quedado de manifiesto, y, como Presidente de la Corporación, no deseo que nuevamente nos enfrentemos a dificultades derivadas de la calificación de urgencias, lo cual -y así también lo creo yo- debe ser una función del Senado. Pero la Constitución establece algo distinto. Y, por lo tanto, esa facultad debe ser aplicada con la máxima prudencia.


MODIFICACION DE LEY N° 18.695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE UTILIZACION DE SUBSUELO DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Este proyecto, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de "Simple", tiene por objetivo modificar la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de utilización de subsuelo de los bienes de uso público, y cuenta con segundo informe de las Comisiones unidas de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 16a, en 2 de agosto de 1994.
Informes de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 29a, en 20 de diciembre de 1994.
Gobierno, sesión 29a, en 20 de diciembre de 1994.
Medio Ambiente y Bienes Nacionales y Gobierno, unidas, sesión 59a, en 10 de mayo de 1995.
Discusión:
Sesión 31a, en 3 de enero de 1995 (se aprueba en general).

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- De acuerdo con el mecanismo del artículo 124 del Reglamento, las Comisiones unidas dejan constancia en su informe de que no hay artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones; de las indicaciones aprobadas (las números 5, 8, 9, 11 y 12)); de las acogidas sin enmiendas (la número 5), y de las aprobadas con modificaciones. A todas ellas debe abocarse el Senado cuando se traten las proposiciones de la Comisión.
También hace presente que fueron rechazadas las indicaciones números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13 y 14, las cuales para ser consideradas deberán renovarse con las diez firmas reglamentarias correspondientes o con la del Ejecutivo, en su caso. No hay indicaciones declaradas inadmisibles, ni tampoco indicaciones retiradas.
Según lo hacen saber las Comisiones unidas, esta iniciativa tiene el carácter de ley orgánica constitucional en lo que respecta a los artículos 1° y 3°, y 1° transitorio.
Finalmente, las Comisiones unidas proponen algunas enmiendas al proyecto original, entre las cuales es del caso mencionar la relativa a la sustitución del artículo 1°, que fue aprobada por 7 votos contra 2 y una abstención.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión particular la iniciativa.

Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RIOS.- Señor Presidente, si bien estamos en presencia del análisis particular del proyecto, por cuanto en el informe aparecen sugerencias y opiniones respecto de cada uno de los artículos, me parece importante que la Sala conozca el criterio general con que se elaboró el segundo texto.
En este sentido, conviene destacar que las Comisiones unidas, en lo que dice relación a los aspectos básicos, estableció, en primer lugar, que la administración del subsuelo de todos los bienes de uso público -y esto es muy importante- quedará definitivamente en manos de las municipalidades. De esta forma, el municipio, que ya tenía esa responsabilidad acerca del suelo superficial, ahora la asume, también en plenitud, en cuanto al subsuelo.
El segundo aspecto que pretendo resaltar apunta a que, en el futuro, el subsuelo -sobre todo en aquellos lugares que, por su uso, significa un cambio importante en la parte urbanística- deberá incorporarse en los planos reguladores.
Hay comunas -y se trata de ejemplos que son muy reales: la de Santiago, Providencia, etcétera; o sea, las más grandes- que buscan alternativas para utilizar el subsuelo en el estacionamiento de vehículos y en otros menesteres. Evidentemente, la Comisión entiende que se aprueba la administración de dichos bienes siempre que ellos se incorporen en los planos reguladores futuros.
El tercer aspecto, teniendo presente el punto anterior de los planos reguladores, se refiere a la participación definitiva de los Gobiernos Regionales, especialmente en los grandes centros urbanos, como entes coordinadores del conjunto de planos reguladores. Esto satisface la necesidad de que en las ciudades donde existen muchas comunas, que sólo se encuentran divididas por calles, haya un órgano superior encargado de coordinar la acción armónica propia de los distintos planos reguladores.
La Comisión ha entendido que las concesiones y su financiamiento son proyectos de largo plazo. Por ello, en el segundo informe establece los criterios generales para la regulación financiera de la concesión por parte del municipio; la extinción de la misma por incumplimiento grave de las obligaciones, y algunos beneficios, entre ellos el de otorgar en garantía el contrato de concesión para la obtención de recursos, y la transferencia de él en casos calificados.
Finalmente, los artículos transitorios permiten sistematizar todo lo señalado anteriormente. Así, el artículo 2° transitorio faculta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para autorizar el inicio de las obras de uso del subsuelo de los bienes de uso público, a solicitud del municipio respectivo y con la opinión favorable del Gobierno Regional. De este modo, no habrá que esperar los tres años siguientes, tiempo que teóricamente demora incorporar las nuevas normas al plano regulador.
Estos son los criterios generales contenidos en el proyecto, que, a nuestro juicio, es muy importante y posibilita un fuerte avance en el proceso de descentralización del país. Porque las municipalidades vuelven a activar con claridad la responsabilidad que tienen sobre los bienes nacionales de uso público de su comuna. Por lo demás, la enmienda relativa a la utilización del subsuelo fue solicitada por algunos señores Senadores y, fundamentalmente, por las municipalidades del Gran Santiago.
Es cuanto puedo decir, señor Presidente, respecto del segundo informe de las Comisiones unidas, que han estimado oportuno solicitar a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo despacharon.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

El señor HORVATH.- Pido la palabra.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, si bien corresponde discutir en particular la iniciativa, sólo quiero destacar dos de sus aspectos: por un lado, otorga el máximo de facultades y autonomía a las municipalidades, y, por otro, a través del procedimiento de someter el proyecto de obras al sistema de evaluación de impacto ambiental regulado por la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, asegura la coordinación con todos los demás servicios.
Uno de los puntos positivos es que coordina sin centralizar.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, la aprobación de este proyecto de ley llenará un vacío y permitirá resolver un problema que nos afecta a todos, que se agrava a medida que en las ciudades aumentan las complicaciones a causa del incremento del tráfico y de otros factores.
Es preciso hacer resaltar el avance que implica la decisión de entregar esta responsabilidad derechamente a los municipios. Y me parece muy acertado que dichas entidades deban incluir el subsuelo de los bienes nacionales de uso público dentro de los planos reguladores de la comuna de su jurisdicción.
Pienso que con las modificaciones propuestas, en el futuro tendremos buenos resultados en cuanto a la convivencia en las comunas más complejas.
Desde ya anuncio mi voto favorable, y felicito a quienes se preocuparon de llevar adelante esta iniciativa.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Hago presente que el proyecto es de rango orgánico constitucional y, por lo tanto, requiere aprobarse con el quórum correspondiente.
Si le parece a la Sala, se aprobará.

La señora FELIU.- Pido la palabra.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

La señora FELIU.- Señor Presidente, yo siempre concuerdo en que tratemos los proyectos lo más rápido posible. Pero la verdad es que, en este caso, reglamentariamente procede someter a votación cada uno de los artículos, porque modifica una Ley Orgánica Constitucional: la de Municipalidades, y, además, por tratarse del segundo informe. La iniciativa fue aprobada en general por la Sala, pero, como hizo presente la Secretaría hace unos momentos, en las Comisiones unidas todos los artículos fueron objeto de indicaciones -¡todos!- y, en consecuencia, de la aprobación en general no queda ningún precepto.
No obstante que parece haber consenso en despachar cuanto antes el proyecto, dada su naturaleza debemos tratar artículo, por artículo, puesto que innova en materias muy importantes; por ejemplo, más adelante trataremos una disposición donde se establece una garantía especial respecto de este tipo de concesiones. Por ello, estimo indispensable analizarlo, exponer las razones que ameritan su aprobación y las consecuencias que tiene.
En esa perspectiva, señor Presidente, y como entiendo que se encuentra en discusión el artículo 1°, que corresponde a una indicación acogida por las Comisiones unidas, me referiré a él a fin de apoyar su aprobación por la Sala.
La administración de los bienes nacionales de uso público, en conformidad a la legislación vigente, compete a las municipalidades. Así lo establecen los artículos 5° y 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
En cuanto al subsuelo de tales bienes, existe una jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que ha entendido que desde el suelo hacia el centro de la tierra -el terreno que está debajo-, el dominio pertenece al Fisco de Chile. Y éste es el problema que se ha producido con los estacionamientos construidos en los subsuelos.
Existe también un dictamen muy importante del Consejo de Defensa del Estado, que señala una tesis contraria. El Consejo siempre ha sostenido que la porción de terreno que está debajo del subsuelo también tiene el carácter de bien nacional de uso público.
El problema es discutible jurídicamente. Algunos señores Senadores, entre ellos los Honorables señores Andrés Zaldívar y Otero, presentaron un proyecto tendiente a establecer una interpretación auténtica de la ley, en el sentido de que la administración del subsuelo de los bienes nacionales de uso público compete a los municipios. Sin embargo, la iniciativa fue declarada inadmisible -a mi juicio, en forma errada-, aduciéndose que no correspondía a iniciativa parlamentaria por referirse a la administración de bienes del Estado.
Reitero que fue una decisión equivocada, porque se trataba de interpretar el alcance de normas preexistentes. Entonces, el Ejecutivo planteó un concepto distinto. Basándose en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que determinaba que dichos bienes tenían el carácter de fiscales, en el artículo 1° del proyecto en debate propuso modificar el artículo 64 del decreto ley N° 1.939, de 1977, sobre administración de bienes fiscales. Y en la Comisión, el señor Subsecretario de Bienes Nacionales hizo presente que, en su opinión, ésa era la tesis más correcta: entregar la administración al Ministerio de Bienes Nacionales. Las Comisiones de Gobierno y de Medio Ambiente, unidas, por unanimidad, consideraron preferible entregar esa administración a los municipios. No se manifestó explícitamente, pero, en general, la interpretación de los señores Senadores participantes en las Comisiones unidas fue que el subsuelo tenía el carácter de bien nacional de uso público y por eso era más conveniente adoptar la tesis de que los municipios asumieran su administración.
Por esta razón, el artículo 1° modifica dos normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el sentido de entregar la administración del subsuelo a los municipios.
En consecuencia, se adoptó esta tesis, señor Presidente. Creo que es la correcta y, por lo mismo, pido a la Sala aprobar el artículo 1°, en el cual las Comisiones unidas, admitiendo una indicación, se inclinan -reitero- por entregar a los municipios la administración del subsuelo.
Por mi parte, votaré a favor del precepto que ellas proponen.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa ratifica que corresponde discutir artículo por artículo y que se encuentra en debate el artículo 1°. Y bien vale la pena detenernos un poco más en ello, por tratarse de un proyecto de no menor envergadura y significación para las municipalidades.
Ahora, quiero hacer presente a la Sala, antes de proceder a la votación, que en el N° 2 del artículo 1° se expresa: "Intercálase en su artículo 32 inciso primero". Debe decir "artículo 30", según el texto de la Editorial Jurídica, que normalmente es de uso de cada uno de los señores Senadores. Ahí hay un error que debe hacerse constar, para los efectos de la mejor comprensión de la enmienda.

La señora FELIU.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FELIU.- Señor Presidente, respecto del tomo de la Editorial Jurídica, yo haría un análisis más detenido. Porque el texto entregado por el Senado, que sirvió de base para formular las indicaciones y realizar el estudio de la iniciativa, señala que se trata del artículo 32. Si no, tendríamos que modificar otras normas que vienen a continuación, donde se incorpora un artículo 32 bis. Es el artículo 32 el que establece...

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- El informe está bien, señora Senadora. Lo que está mal es el texto de la Editorial Jurídica, que usamos normalmente, donde se señala que es el artículo 30.

La señora FELIU.- El informe dice artículo 32.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Eso está bien. Lo que sucede es que en el texto refundido hay un desfase de dos artículos.

La señora FELIU.- ¿El texto del Senado?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- El del Senado está bien, pues dice "artículo 32".

La señora FELIU.- Entonces, el proyecto también está correcto, ya que señala "artículo 32 inciso primero".

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Lo que pasa es que en el libro que normalmente usamos (vale decir, en la recopilación de la Editorial Jurídica) aparece como artículo 30.

La señora FELIU.- Pero es el artículo 32, de acuerdo con el texto del Senado.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Está bien el artículo 32.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará la modificación.

El señor HORMAZABAL.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, la iniciativa -como se ha señalado- es bastante positiva. Pero quiero manifestar que por lo menos el Senador que habla tiene observaciones que formular.
Al respecto, con Su Excelencia el Presidente de la República presentamos una indicación -lo que constituye un gran honor para mí-, la que, además, es coincidente con la de mi Honorable colega señor Piñera, tendiente a establecer que la afectación del subsuelo de los bienes nacionales de uso público requerirá de un informe favorable de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones. Y, en seguida, se propone que los decretos supremos que dicte el Ministerio de Bienes Nacionales para reglamentar esta norma deben ser firmados, adicionalmente, por los titulares de esas Carteras.
No quiero insistir ahora en esta materia, por razones específicas. Ahora, si falta quórum para la aprobación, una iniciativa buena como ésta podría quedar rechazada. De manera que me permito sólo expresar mi reserva sobre el particular, esperando que el Ejecutivo haga uso de sus atribuciones y mediante el veto complemente esta iniciativa, lo que, a mi juicio, le daría mayor grado de armonía y de decisión, sobre todo en las grandes ciudades. Si las resoluciones de los municipios no se hacen articuladas, puede producirse una confusión, lejana a la idea que inspira a los iniciadores de este proyecto sumamente positivo. Entonces, una visión más de conjunto, dada precisamente por los Secretarios de Estado a los que me referí, mejoraría su texto.
Por consiguiente, estando conteste en que la iniciativa es bastante positiva -entre otros Senadores, el Honorable señor Andrés Zaldívar es del mismo parecer- y que puede ser corregida, sólo dejo expresada mi reserva sobre la materia. Y si mi voto es necesario para su aprobación ahora, lo daré; pero si no, me abstendré.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.- Señor Presidente, sólo quiero aclarar los motivos que se tuvieron en las Comisiones unidas para rechazar lo planteado por el Senador señor Hormazábal.
Como señalé anteriormente, a través de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y del estudio de impacto ambiental, se aseguran la coordinación oportuna y la participación de esos Ministerios. Y ello evita lo que Su Señoría señala. Pero se mantiene la decisión respecto a la autonomía municipal.
Creo que por esa vía se armoniza lo planteado, haciendo innecesaria la indicación presentada.

El señor RIOS.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIOS.- Señor Presidente, el Senador señor Hormazábal planteó un tema que es muy importante que quede absolutamente claro. Porque las Comisiones entienden que existen ciertas acciones municipales en áreas urbanas de múltiples comunas que requieren una coordinación, una concordancia superior, a fin de que se vaya desarrollando armónicamente la ciudad.
La ley orgánica constitucional que creó los Gobiernos Regionales entregó a éstos tal responsabilidad. Cuando el municipio presenta un plano regulador, debe necesariamente ser aprobado por el ente superior, que es el Gobierno Regional, encargado de coordinar todo lo relativo a esta materia. De esa forma, al margen de ir avanzando en el proceso de descentralización de la Administración del Estado, se crea un órgano que tiene, entre otras responsabilidades, la de velar por el desarrollo armónico de su territorio.
Por ese motivo, en el Gobierno Regional se encuentran todos los elementos necesarios para resolver en mejor forma la acción de los planos reguladores. Ahí está la respuesta.
Las Comisiones han querido mantener ese proceso, a fin de que se vaya administrando el país descentralizadamente, sin volver a entregar a entidades nacionales responsabilidades que perfectamente pueden ser asumidas en la comuna o en el Gobierno Regional, pues en este caso, desde nuestro punto de vista, aquello no corresponde.
Así que quiero dejar absolutamente claro que los organismos encargados de resolver el problema planteado por el Senador señor Hormazábal se encuentran individualizados en las leyes respectivas, que fueron aprobadas, entre otras personas, por Su Señoría.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que no contamos con el quórum requerido para aprobar la disposición en análisis.

El señor HORMAZABAL.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, se ha producido una situación curiosa respecto a cuál es la cita correcta del artículo pertinente.

Su Señoría precisó el texto utilizado por las Comisiones para evacuar su informe. Porque ahí se dice: "Artículo 2°.- Modifícase la ley N° 18.695...". Y se agrega un artículo 32 bis a continuación del 32. Pero ocurre que en el texto, que se supone oficial y con el cual hemos trabajado todo el tiempo, figura el artículo 32 en el Párrafo 5°, relativo al Personal, y se refiere al Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.
Entonces, solicito enviar el asunto a las Comisiones para que se nos aclare cuál es el texto real que está siendo citado. Porque no quiero aprobar en la Sala un nuevo artículo 32 bis para la ley N° 18.695 que no dice relación al ejemplar que, hasta este momento, pensaba que era el oficial de la respectiva ley.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, no tiene sentido empezar a discutir en particular un proyecto tan importante como el que nos ocupa, que contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional, si no hay quórum en la Sala para su aprobación. En consecuencia, sería preferible postergar su tratamiento.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, no apruebo la idea de mandar la iniciativa nuevamente a las Comisiones respectivas. Se trata de un proyecto muy importante, que ya fue estudiado, y necesita ser aprobado con urgencia.
Sin embargo, coincido en que sería preferible postergar su estudio y votación para una hora más, y, mientras tanto, seguimos avanzando en la tabla o tratando los artículos que vienen a continuación.
Me parece poco serio que, si se necesita quórum especial de votación, éste tampoco se logre reunir para el análisis del proyecto. Entonces, propongo que por acuerdo unánime de la Sala lo veamos en una hora más, tiempo en el cual podría ratificarse si el número del artículo a que se ha hecho mención es correcto.
Sobre el particular, reitero que corresponde al artículo 32, según el texto de la Oficina de Informaciones del Senado. Así también lo señaló el Ejecutivo al agregar un artículo 32 bis. Pero, de todas maneras, podría corroborarse. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En todo caso, debo hacer presente que la Mesa tiene el texto oficial y, efectivamente, corresponde al artículo 32. Sólo hice presente que en el texto que normalmente utilizamos, vale decir, el de la Editorial Jurídica, aparece como artículo 30. Y ello no corresponde, pues en realidad se trata del artículo 32. En consecuencia, tanto las indicaciones del Presidente de la República, del Honorable señor Hormazábal y del Senador señor Piñera, como las otras, se refieren concretamente al artículo 32. El señor HORMAZABAL.- Me hace mucha fuerza lo señalado por la Mesa. Entonces, sólo pido que en el Senado se use la vieja técnica de los estudiantes de Derecho: cuando se promulga una ley modificatoria, por lo menos, incorporar al texto oficial los cambios pertinentes.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Señor Senador, tenemos los Códigos computarizados a los que la Editorial Jurídica agrega las hojas con las modificaciones. No es el que está usando Su Señoría, sino el que tengo en mi poder.
Por consiguiente, en el texto oficial de la Editorial Jurídica de Chile está bien el correspondiente al Código computarizado. El Senado está adscrito a ese sistema, por lo cual le mandan las hojas pertinentes.
Este es el texto que debe tener la Comisión. El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, no deseo polemizar con el señor Secretario. Solicito, entonces, que haya textos actualizados a disposición de los Senadores.

El señor THAYER.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Puede usarla, Su Señoría.

El señor THAYER.- Señor Presidente, quiero reiterar a mi Honorable colega, señor Hormazábal, que este texto resulta...

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, ¿vamos a seguir discutiendo el proyecto o no?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Veremos si tenemos el quórum necesario para aprobarlo.

El señor THAYER.- Señor Presidente, continúo.
Este texto es una edición de 1992 que ya está superada. El actualizado se encuentra en el Código computarizado, como acaba de informar el señor Secretario. En la próxima edición oficial de la Editorial Jurídica de Chile tendrá que ser modificado. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde pronunciarse sobre el artículo 1°.
-Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron afirmativamente 26 señores Senadores.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Artículo 2°.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Las Comisiones unidas sugieren:
"uno) Reemplazar el inciso primero del nuevo artículo 32 bis que este artículo propone agregar a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el siguiente:

"Artículo 32 bis.- Las concesiones para construir y explotar el subsuelo se otorgarán previa licitación pública y serán transferibles, asumiendo el adquirente todos los derechos y obligaciones que deriven del contrato de concesión.".
La idea central de la indicación se aprobó por 9 votos contra cero, y por la mayoría de 6 votos contra 3, eliminar del precepto la norma conforme a la cual las concesiones tendrían una duración de 50 años.
-Se aprueba.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, en el mismo artículo 2°, las Comisiones unidas proponen: "dos) Incorporar al final del nuevo artículo 32 bis, los siguientes incisos:
"El concesionario podrá dar en garantía la concesión y sus bienes propios destinados a la explotación de ésta.
"Los Conservadores de Bienes Raíces llevarán un registro especial en que se inscribirán y anotarán estas concesiones, sus transferencias y las garantías a que se refiere el inciso anterior.
"La concesión sólo se extinguirá por las siguientes causales:

"1.- Cumplimiento del plazo por el que se otorgó,

"2.- Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas al concesionario, y

"3.- Mutuo acuerdo entre la Municipalidad y el concesionario.".".
Estas modificaciones fueron aprobadas en las Comisiones unidas por 8 votos contra cero. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, esta norma es de la mayor importancia. En nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna norma que faculte para dar en garantía una concesión de esta naturaleza. Se encuentra en tramitación un proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, para permitir dar en garantía este tipo de concesiones.
Pienso que esta disposición debería ser aprobada por la Sala, pero llamo la atención sobre la importancia que ella reviste. Ella hará posible que, efectivamente, se pueda recurrir al mercado financiero para buscar recursos que permitan hacer las obras públicas, dando en garantía las concesiones y los bienes adscritos a ella.
Por estas consideraciones, señor Presidente, me parece muy conveniente aprobar la norma, y llamo la atención sobre su trascendencia.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, ¿por qué no damos por aprobados los artículos que lo fueron por unanimidad en las Comisiones unidas?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Reglamentariamente no es posible hacerlo, pero podemos despacharlos rápidamente.

-Se aprueba la enmienda número dos y queda aprobado el artículo 2°.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, las Comisiones unidas proponen el artículo 3°, que fue aprobado sin enmiendas y que requiere quórum de ley orgánica constitucional.
-Se aprueba, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido de que votaron favorablemente 26 señores Senadores.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Las Comisiones unidas proponen incorporar el siguiente artículo 4°, nuevo:
"Establécese una prenda especial sobre las concesiones a que se refiere el artículo 32 bis de la ley N° 18.695.
"Esta prenda deberá constituirse por escritura pública, inscribirse en el Registro de Prenda Industrial del Conservador de Bienes Raíces respectivo y subinscribirse en el Registro Especial de Concesiones establecido en el artículo 32 bis de la ley N° 18.695. Además, deberá anotarse al margen de la inscripción de la sociedad concesionaria en el respectivo Registro de Comercio.
"A esta prenda se aplicará lo dispuesto en los artículos 25 inciso primero, 30; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 40; 42; 43; 44; 46; 48; 49 y 50 de la ley N° 5.687 sobre el Contrato de Prenda Industrial.
"En los casos de ejecución forzada de la prenda a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 bis de la ley N° 18.695.".
Este precepto fue aprobado por siete señores Senadores. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra la Senadora señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, esta norma también es muy importante, porque regla cuál es la garantía respecto de la concesión señalándose que ella será una prenda especial.
Esta es una garantía especial. La prenda existe sobre aviones, por ejemplo, y aquí se establece una prenda especial.
Asimismo, la disposición es coincidente con el proyecto actualmente en tramitación que, concretamente, establece una prenda industrial para las concesiones de obras públicas.
Las Comisiones unidas hicieron al proyecto un agregado, a mi juicio, muy importante. Sin embargo, no se señala nada en caso de incumplimiento y ejecución forzada de la prenda. Cuando hay incumplimiento la prenda debe ejecutarse; esto es, recurrirse al tribunal y mediante un procedimiento especial, de acuerdo a la Ley de Prenda, disponerse la ejecución de la misma.
Por otra parte, cuando se llama a licitación puede acceder cualquier persona. Para evitar que eso ocurra y concordante con el sistema de la ley, las Comisiones unidas, por unanimidad, agregaron que "En los casos de ejecución forzada de la prenda a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 bis de la ley N° 18.695.". Esto significa que la persona, para poder postular en la subasta pública, requiere cumplir con los requisitos para obtener estas concesiones especiales.
-Se aprueba el artículo 4°, nuevo.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El artículo 1° transitorio, que no fue objeto de modificaciones, fue aprobado por unanimidad por las Comisiones unidas y requiere quórum de ley orgánica constitucional.
-Se aprueba, dejándose constancia de que concurrieron con su voto favorable 27 señores Senadores.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- A continuación, la Comisión propone aprobar el siguiente artículo 2° transitorio:
"Mientras no se incorpore el uso del subsuelo de los bienes nacionales de uso público a los planos reguladores, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a solicitud de la respectiva Municipalidad, autorizará su uso por las personas o entidades que así lo requieran, previa consulta al Gobierno Regional.
"Para los efectos de otorgar dicha autorización, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo remitirá al Gobierno Regional, dentro de tercero día de recibida la solicitud del Municipio, los antecedentes necesarios para que éste pueda evacuar informadamente la consulta. El Gobierno Regional tendrá 30 días para pronunciarse, pasados los cuales se entenderá que ha adoptado un pronunciamiento favorable. Recibido el documento que consigne la evacuación de la consulta o vencido dicho plazo, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo deberá resolver acerca de la solicitud dentro de los 30 días siguientes, notificando de ello a la Municipalidad solicitante.
"La atribución señalada en el inciso primero de este artículo no podrá ejercerse pasados tres años contados desde la publicación de esta ley.".
Esta norma fue aprobada por la unanimidad de los siete miembros presentes en la Comisión. El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RIOS.- Lo que pretende el artículo es, simplemente, que haya un período de tres años en los que el Ministerio pueda autorizar el uso del subsuelo de los bienes nacionales de uso público. Para ello, la Comisión estableció una fórmula que estimamos muy adecuada: participación del Ministerio de la Vivienda y del Gobierno Regional.
Eso es todo, señor Presidente.

El señor HAMILTON.- Está muy claro.

-Se aprueba.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Queda, por lo tanto, despachado el proyecto.
Como al parecer existe acuerdo en torno a dejar para el próximo martes la iniciativa que regula la difusión de encuestas de opinión pública en fechas cercanas a actos electorales, pasaremos al siguiente.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Tengo especial interés en participar en la discusión de esa iniciativa, pero el martes no estaré en el país.

El señor SIEBERT.- ¡Dejé su voto, señor Senador!

El señor HAMILTON.- Me temo que ello no es posible, dada la jurisprudencia sentada el día de ayer, que comparto.
Señor Presidente, propongo dejarlo para la primera semana de junio.

La señora FREI (doña Carmen).- Definámoslo en Comités el próximo martes, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Eso me parece lo más apropiado. Pasemos ahora al proyecto que figura en cuarto lugar de la tabla.



CONVENIO CON REPUBLICA POPULAR CHINA SOBRE FOMENTO Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre los Gobiernos de Chile y de la República Popular de China, relativo al Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones", suscrito en Santiago, en 1994. Cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 24a, en 17 de agosto de 1994.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 57", en 3 de mayo de 1995.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- La Comisión deja constancia de que aprobó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, estamos ante un nuevo Convenio relativo al fomento y protección de inversiones. Este en nada difiere de los otros que hemos celebrado ya con países como Argentina, Dinamarca, Noruega, Ecuador, Brasil, Finlandia, España, Francia, Italia, Unión Belgo-Luxemburguesa y Venezuela. Por lo tanto, no veo la necesidad de entrar en mayores detalles. Propongo su aprobación, porque es beneficioso para ambos países y porque no tiene ninguna norma que modifique la legislación nacional.
-Se aprueba.


CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE CHILE Y ECUADOR


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- A continuación, corresponde tratar el número 5 de la tabla, correspondiente al proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito con Ecuador en 1993, en Santiago, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 18a, en 4 de agosto de 1994.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 57a, en 3 de mayo de 199S.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto de acuerdo cuenta con informe favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, por la unanimidad de sus miembros, propone aprobarlo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En la discusión general y particular del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.


El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, éste también es un convenio tipo, y promueve las relaciones culturales entre los países. Hay otros 10 prácticamente iguales celebrados por el Gobierno de Chile con Venezuela, Méjico, El Salvador, Kenya, Paraguay, Turquía, Italia, Brasil, Estados Unidos y Jamaica, y otros tantos pendientes con Colombia, Malasia (creo que éste ya fue aprobado), Antigua y Barbuda, Costa Rica, etcétera.
Se trata, más bien, de una declaración de buenas intenciones por medio de la cual las partes se comprometen a tomar una serie de medidas para promover el intercambio cultural entre ambos países.
La Comisión, por unanimidad, acordó proponer a la Sala su aprobación.
-Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.


El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- En seguida, habría que "tratar el proyecto signado con el número 7 en el Orden del Día, pues hubo acuerdo para no discutir en esta sesión el que aparece en el número 6.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- A petición expresa del autor del proyecto, el Honorable señor Cantuarias, los Comités acordaron postergar su estudio hasta la próxima semana.



MODIFICACION DE LEY N° 19.229, PARA FAVORECER A DEUDORES HIPOTECARIOS DE LA EX ASOCIACION NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En seguida, figura el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica normas de la ley N° 19.229, que facultó al Ministerio de Bienes Nacionales para suscribir, en representación del Fisco, los actos que señala en favor de los deudores hipotecarios de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39a, en 19 de enero de 1995.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales, sesión 58ª, en 9 de enero de 1995.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señora Carrera y señores Díaz, Horvath y Huerta.
La única modificación que propone introducir la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales consiste en sustituir el artículo 2° del proyecto por el siguiente:
"Se entenderán otorgadas al Ministerio de Bienes Nacionales, respecto de los créditos que provengan de asignaciones de viviendas, las facultades que el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 33, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 1987, confiere a la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. El Ministerio de Bienes Nacionales ejercerá directamente estas atribuciones cuando se trate de créditos de dominio fiscal, o con el expreso consentimiento de los cesionarios, en su caso.".
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.


El señor RIOS.- Señor Presidente, cuando aprobamos la ley 19.229, transferimos entre 4 mil y 6 mil deudores habitacionales ex ANAP que no habían participado sus deudas a los bancos privados y que estaban en manos del Estado -concretamente, en las del Ministerio de Hacienda-, el cual debía resolver. En efecto, dicho cuerpo legal transfirió tales créditos y la solución del problema al Ministerio de Bienes Nacionales.
Pues bien, analizados distintos créditos, se concluyó que era importante que esa Secretaría de Estado tuviera un poco más de libertad para analizarlos caso a caso. Para tal efecto, había dos alternativas: una, que la resolución la tomara el propio Ministerio de Bienes Nacionales mediante decreto aprobado por la Contraloría General de la República; y otra, que ello se hiciera a través de un proyecto de ley.
En definitiva, se hicieron las dos cosas al mismo tiempo: se envió esta iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados; y se remitieron los antecedentes a la Contraloría, pues en la historia de la ley 19.229 que nosotros aprobamos dejamos claramente establecido que, en nuestro entender, ella otorgaba las facultades necesarias al Ministerio de Bienes Nacionales para llegar a acuerdo con cada uno de los deudores.
Hace tres días la Contraloría General de la República finalmente accedió a lo dispuesto por el Ministerio de Bienes Nacionales. En consecuencia, la ley carece ahora de toda vigencia. El problema está resuelto, pero, para los efectos de analizar el tema con mayor profundidad, y habiendo sido la ley N° 19.229 estudiada -y finalmente aprobada- en la Comisión de Vivienda, solicitaría enviar la iniciativa a dicha Comisión, a fin de tener presente tanto lo resuelto ya por el organismo contralor que, como dije, resolvió sobre el particular hace pocos días, como lo establecido en la ley misma, y de esa forma proceder con el trámite correspondiente hacia el futuro.
Por otra parte, considero que cuando los proyectos son estudiados por una Comisión determinada -en este caso por la de Vivienda-, las normas que propongan enmiendas al texto legal deben ser analizadas por la misma Comisión.
Por tal motivo, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión de Vivienda para nuevo informe.

La señora FREI (doña Carmen).- Estamos de acuerdo.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se procedería en tal sentido.
Acordado.
Respecto de la misma materia, quiero proponer al Honorable señor Ríos -ignoro si la Sala estará de acuerdo- enviar la iniciativa a Comisiones unidas, a fin de evitar contar con dos informes sobre el particular. El señor RIOS.- Señor Presidente, lo que va a ocurrir es que van a llegar a la Sala dos informes distintos: uno de la Comisión de Bienes Nacionales y otro de la de Vivienda, y el Senado deberá optar por uno de los dos. Y con toda seguridad la Comisión de Vivienda propondrá el rechazo del proyecto, por estar ya resuelto el problema.


CREACION DE OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL


El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de crear la Oficina de Presupuesto del Parlamento, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Bitar)
En primer trámite, sesión 6a, en 19 de octubre de 1994.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 59a, en 10 de mayo de 1995.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- El informe de la Comisión señala textualmente en su parte final que "En atención a lo expuesto, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero, acordó proponeros rechazar en general el proyecto en informe", originado en moción del Honorable señor Bitar.
El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.- Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó dos proposiciones distintas sobre la misma materia, propuestas por el Honorable señor Bitar. La otra figura en la tabla con el número 10, y como están íntimamente ligadas, me permito sugerir tratarlas conjuntamente.
En el proyecto en debate, el Honorable señor Bitar propone, con muy buenas razones, crear una Oficina de Presupuesto para el Congreso Nacional, y formula una indicación de proyecto de ley.
La Comisión estudió esta materia y llegó a la conclusión de que la idea de legislar debía ser rechazada por dos razones: porque estima que ésta no es una materia de ley, ya que tanto el Senado como la Cámara de Diputados, dentro de sus atribuciones, tienen la posibilidad de crear internamente una oficina para estos propósitos. Por ello, no es materia propia de un proyecto de ley.
Si se pretendiera que dicha oficina atendiera conjuntamente a ambas ramas del Parlamento, con lo que no se respetaría la individualidad de cada Cámara, la Comisión estima que en ese caso, el proyecto sería contrario a la Constitución por las razones que se dan precisamente en la página 4 del informe, que dice: "Sin perjuicio de lo anterior, y para el evento que se considere que la materia debe ser regulada por normas de rango legal, la Comisión estimó que el proyecto, en todo caso, sería de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, a la luz de lo dispuesto en los artículos 62, incisos cuarto número 2° y final, y 64 de la Carta Fundamental.
"En efecto, el aludido número 2° del artículo 62 dispone que es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario "crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomas, de las empresas del Estado o municipales".
"Por su parte, el inciso final del precepto indicado estatuye que "el Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos,... y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República".
"Finalmente, el inciso cuarto del artículo 64 de la Ley Suprema dispone que "no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto"".
De manera que la Comisión, analizando todas estas disposiciones, llegó a la conclusión de que este proyecto no es necesario, porque cada rama del Congreso tiene la facultad para establecer su propia Oficina de Presupuesto. Ahora, si se pretendiera crear una para ambos y ello fuera materia de ley, no correspondería la iniciativa a un Parlamentario, sino al Presidente de la República.
En cuanto al proyecto signado con el número 10, quiero señalar que se refiere a una moción de proyecto de acuerdo, planteado por el Honorable señor Bitar, mediante el cual propone la creación en el Senado de esa oficina. La Sala, en su oportunidad, lo envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, advirtiendo que además debería verlo la Comisión de Hacienda.
Pero la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se encontró ante el siguiente problema: que esa moción es una proposición de ideas, pero no contiene un proyecto sobre el cual debe pronunciarse una Comisión. Es decir, la idea es muy buena, no hay nada que repararle, pero el Honorable señor Bitar debe materializar la modificación al Reglamento, especificar en qué forma la propone, dónde la incorpora, en qué consiste. O sea, debe indicar todos los elementos propios para que pueda pronunciarse una Comisión. Y, en ese evento, creemos que esa moción debe ser vista previamente en la Comisión de Hacienda, porque dice relación con materias atinentes a ella. Y una vez que esa Comisión evacué su informe, debería pasar a la de Constitución, Legislación y Justicia.
Esas son las observaciones de la Comisión; o sea, en lo atinente al proyecto signado con el número 8, propone rechazar la idea de legislar, y en lo tocante al que figura en el lugar 10, sugiere que el Honorable señor Bitar redacte efectivamente un proyecto que constituya la moción, a fin de que sea conocido, primero, por la Comisión de Hacienda, y después, por la de Constitución.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.- Señor Presidente, aquí hay una idea matriz que guía la modificación reglamentaria e inspira el proyecto de ley relativo a la creación de una dependencia en el Parlamento destinada a examinar el Presupuesto de la Nación.
Se han señalado numerosas razones, una de las cuales es la de que el proyecto sería de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 62 de la Carta Fundamental, porque es facultad privativa del Primer Mandatario la creación de servicios, empleos rentados, etcétera, tal como lo dispone la Constitución y como ha recordado el Honorable señor Otero.
Por mi parte, estoy en absoluto desacuerdo con ese planteamiento y lo estimo, además, sumamente grave. Creo que no se ajusta tampoco a la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.
La estructura del Estado, en general, de los órganos públicos, reconoce la existencia de tres Poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Parlamento o Congreso Nacional.
Los servicios públicos y todos los organismos mencionados en el artículo 62 de la Constitución Política forman parte de la Administración Pública. Así lo establece la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración. No quiero leer su texto, porque no es el minuto de hacerlo, pero lo dice claramente.
En todo caso, la administración y el gobierno corresponden al Presidente de la República, quien los ejerce a través de los Ministerios correspondientes y de los servicios públicos, tanto centralizados como descentralizados. Ese es el Poder Ejecutivo.
Pero el Parlamento es un Poder distinto, que no tiene servicios públicos. Por lo tanto, en este caso, no le es aplicable el artículo 62. Creo que esto es de la mayor importancia y trascendencia. Si mañana el Senado resuelve abrir una determinada dependencia que importa aumentar su dotación de personal, no requiere de la dictación de una ley, y menos, de la iniciativa del Ejecutivo.
El Congreso se rige por otro tipo de limitaciones y reglamentaciones o de legislación en lo relacionado con sus gastos.
La Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, dispone que los gastos para el funcionamiento del Congreso Nacional se contemplarán en la Ley de Presupuestos de la Nación, y la distribución de los mismos se efectuará de acuerdo con sus Comisiones.
La creación de empleos en el Parlamento es materia propia de ley. Pero el Congreso no tiene limitación de dotación en la Ley de Presupuestos, ni debe tenerla. El Parlamento constituye un Poder del Estado separado.
Por esa razón -en abstracto, no quiero entrar en el proyecto mismo planteado por el Honorable señor Bitar-, me parece perfectamente posible, desde el punto de vista jurídico, que el Parlamento establezca una dependencia interna que sea capaz de tener todos los antecedentes relativos a los gastos del Presupuesto de la Nación.
Ahora, en cuanto a la conveniencia de hacerlo, estoy ciento por ciento de acuerdo con el Honorable señor Bitar. Eso lo hemos planteado todos los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos, tanto Senadores como Diputados. Y tan cierto es que, paralela y coetáneamente con la moción del Honorable señor Bitar, fue presentada otra en la Cámara de Diputados por el Diputado señor Tuma, que versa sobre la misma materia. ¿Por qué? Porque todos los integrantes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos lo consideramos como algo indispensable.
Ahora, retomando el concepto inicial, si sobre esto se requiriera de la iniciativa del Ejecutivo y nosotros le dijéramos: "Queremos crear una oficina, porque, en realidad, necesitamos estudiar el Presupuesto", ¿qué debería decirnos el Ejecutivo, a lo mejor, razonablemente? "Me parece que no, porque se van a duplicar los gastos". ¿Queda o no queda comprendido en la autonomía parlamentaria? Claro que está comprendido, señor Presidente. Y eso abona lo que señalaba al inicio, en cuanto a que este asunto no puede ser una materia de ley de iniciativa del Ejecutivo, porque vendría a cercenar o a limitar la autonomía del Congreso Nacional.
Por eso, desde un punto de vista técnico-jurídico, todos los servicios públicos a que se remite el artículo 62 forman parte de la Administración. Basta leer la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, para saber que esto se refiere a la Administración. Y la Administración es el Poder Ejecutivo. El Parlamento no es Administración. Es otro Poder del Estado, tal como lo es el Poder Judicial.
Por eso, la limitación no puede provenir del artículo 62, porque técnicamente no queda comprendido. Y, desde un punto de vista de la autonomía, ¡jamás! ¡Cómo va a poder quedar sujeta a la calificación del Ejecutivo la determinación de crear una Oficina de Presupuestos! ¡Por ningún motivo! De igual modo, la Cámara de Diputados podría crear mañana una oficina o dependencia destinada a recopilar y mantener antecedentes en lo relacionado con la fiscalización de la Administración. De modo que se administra en forma autónoma y el presupuesto se distribuye en los términos establecidos por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; es decir, cada Cámara determina la distribución de su presupuesto, a proposición de la Comisión de Régimen.
Por eso, debemos examinar la iniciativa del Honorable señor Bitar a la luz de ese prisma. Facultades tenemos. Si queremos hacerlo de manera simultánea con la Cámara de Diputados, debemos llegar a un acuerdo previo: lo aprobamos en forma simultánea y de ese modo tendremos un servicio común que también podremos manejar en forma común.
Por las razones expuestas, rechazo el planteamiento formulado por la Comisión de Constitución, el que, además, considero altamente inconveniente, sin perjuicio de los argumentos jurídicos que he hecho valer.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, quiero solicitar a los señores Senadores -y la argumentación de la Honorable señora Feliú abona muy firmemente esa dirección- que demos curso a la idea de legislar sobre esta materia.
En primer lugar, por la naturaleza misma del tema. Desde hace mucho tiempo, las distintas bancadas del Parlamento han venido señalando la necesidad de perfeccionar nuestra capacidad de análisis, de fortalecer y de reforzar la capacidad técnica del Congreso, a fin de poder acompañar al Ejecutivo e ir aprobando con seriedad el debate presupuestario.
De este modo, no sólo respondemos ante la comunidad y la ciudadanía, sino también damos cumplimiento a las funciones que nos encomienda la Constitución.
Desde nuestra perspectiva, esta función jamás puede hacerse con menoscabo de la función del Presidente de la República, en cuanto a que el Ejecutivo es la única autoridad que puede señalar la cuantía de los tributos y todo lo relacionado con materias presupuestarias. Pero, sí, es una responsabilidad nuestra elevar la calidad del análisis que hacemos. Y ello no puede hacerse si no disponemos de algún tipo de respaldo técnico interno un poco más sólido. La magnitud de ese respaldo, así como la forma en que lo organicemos, es una materia que requiere de una discusión adicional en las respectivas Comisiones, dentro de lo que es el presupuesto del propio Parlamento.
Pero no cabe duda de que la discusión contemporánea en toda América Latina, en el mundo y también en nuestro país radica en cómo dar una presencia nacional seria a los Parlamentos, en especial en materias como las que estamos analizando aquí. También se debe tener como precedente lo que sucede en los Estados Unidos y en Inglaterra, en donde la formación de estas oficinas ha servido como un punto de reforzamiento del Parlamento y de la capacidad de análisis de estas cifras.
Dicho eso, quiero señalar que el informe preparado por la Comisión es, a mi juicio, contradictorio.
En primer lugar, en el último párrafo de la página 3 del informe, se sostiene que "la Comisión fue de parecer que el proyecto no recae en una materia propia de ley,". Luego, casi a renglón seguido, se dice que puede considerarse "que la materia debe ser regulada por normas de rango legal,". De manera que de hecho existe una contradicción. Es la propia Comisión la que debe señalar si es o no es materia de ley. A nuestro juicio, sí lo es.
Respecto a la primera hipótesis, en cuanto a que el proyecto es una materia que no es propia de ley, en mi opinión, debe desecharse, porque los órganos del Senado -como lo señaló la señora Senadora que me precedió- han sido creados por ley, y se contemplan en el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
¿Qué dice ese precepto? Afirma lo siguiente: "Para el ejercicio de las facultades y atribuciones que le corresponden, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán sus propias secretarías.
"El Congreso Nacional dispondrá, además, de una biblioteca, de un centro de informática y computación, de una secretaría de coordinación legislativa y de asesoría técnico-profesional, de servicios de tesorería, de bienestar y de dirección administrativa.".
Además, el artículo 4° dice: "Cada Cámara tendrá la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno.".
De manera que esta disposición fue examinada por el Tribunal Constitucional y declarada por el mismo como norma de ley, en el número 1° de la parte resolutiva de su fallo de 18 de enero de 1990, pronunciado precisamente sobre el texto de la Ley del Congreso.
Ahora, en cuanto a la segunda hipótesis, de que la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, a mi juicio, debe ser rechazada, por cuanto la moción no crea un servicio público ni empleos rentados, así como tampoco dispone nuevos gastos.
Expresamente no se abordaron estos aspectos en la moción en consideración a que no se encuentran en el ámbito de la iniciativa parlamentaria.
Hay que destacar que la Oficina de Presupuesto que la moción propone crear no puede concebirse como un servicio público, toda vez que no corresponde a la definición que de éste da el artículo 25 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en el sentido de que es un órgano administrativo encargado de satisfacer necesidades colectivas.
Cabe recordar, también, que la misma Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado excluye de su esfera de aplicación al Congreso Nacional, así como al Poder Judicial.
Por lo demás, la propia Comisión de Constitución ha sostenido el criterio, aprobado por el Senado, de que un organismo que forma parte integrante del Poder Judicial, en atención a la naturaleza de sus funciones, a la supervigilancia a que se encuentra sometido y a las normas que le son aplicables, no se encuentra regido por las disposiciones de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. La misma razón debe existir en el caso de que se trata.
El referido organismo técnico emite un juicio, que no comparto, para tratar de demostrar que la creación de órganos internos no es materia propia de ley, sino de incumbencia de cada Cámara, al consignar -y cito textualmente-: "como es el caso, por ejemplo, de las comisiones permanentes y de la oficina de modernización.".
A mi juicio, se trata de un error. Las Comisiones permanentes se contemplan en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y de él surge la facultad del Senado de crearlas. Por lo demás, como todos sabemos, la Oficina de Modernización no es sino una modalidad de cumplimiento de un contrato que el Parlamento celebró con el Banco Mundial, y no uno de sus órganos.
Demostrado que el proyecto no recae en una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, es perfectamente procedente que un Parlamentario ejerza su facultad esencial de presentar mociones. Y si bien debe ser respetuoso del ámbito propio del Ejecutivo, no puede restringirse aún más en sus atribuciones interpretando extensivamente normas excepcionales sobre iniciativa exclusiva. Por el contrario, es principio básico que la capacidad para dar origen a una ley corresponde, salvo taxativas excepciones, tanto al Presidente de la República como a los congresales.
Me parece que el Parlamento, interesado en velar por la independencia de los distintos Poderes del Estado, debe dotarse de los medios indispensables para el ejercicio de sus funciones.
Por estas razones, la moción que he presentado tiene la ventaja de que, siendo muy breve, sólo ha apuntado a agregar al inciso segundo del artículo 3° de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, entre la palabra "administrativa" y el punto final, la expresión "y una oficina de presupuesto". Ello es perfectamente posible, por ser materia de iniciativa parlamentaria y no de resorte exclusivo del Primer Mandatario, y creo que apunta en la dirección que nos hemos fijado.
De aprobarse el proyecto y pasar a la Cámara de Diputados, permitirá adoptar una decisión en el sentido de que se cree una oficina de presupuesto para todo el Parlamento, en lugar de que cada rama disponga de la suya. Y corresponderá a las respectivas Comisiones -para ello, podemos apoyarnos en la propuesta que hemos formulado para enmendar el Reglamento- discutir cómo se organizará, qué alcance tendrá, de qué recursos se dispondrá para materializarla y cuánto personal requerirá para su funcionamiento. Pero -reitero- ello será una decisión que debemos tomar internamente.
De ese modo, habremos dado un paso que fortalece nuestra capacidad de análisis y raciocinio; que nos permitirá, en el curso de la discusión de las leyes, pedir informes adicionales sobre costos de lo que estamos haciendo. Y pienso que ello nos ayudará en nuestro trabajo, aparte constituir una antigua aspiración de los Parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado.
Por lo tanto, pido que demos curso a la discusión -no la cerremos por una cuestión que, a mi juicio, no tiene fundamentos constitucionales- y veamos cómo organizar algo útil para el Congreso en esta materia.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, creo que no está en tela de juicio la consideración unánime acerca del aporte que podría implicar el disponer en el Congreso de una oficina de presupuesto, que es la idea central de lo señalado por el Senador señor Bitar.
Lo que sí me parece pertinente es aclarar los errores de interpretación del texto constitucional que, a mi juicio, fluyen del informe. En ese sentido, me sumo a lo expuesto por la Honorable señora Feliú.
Desde el punto de vista del procedimiento, me parece que lo pertinente es tramitar un proyecto de ley. Además, un examen más a fondo nos permitirá concluir que el Congreso no es un servicio público que dependa del Poder Ejecutivo. ¡Por favor! Tenemos atribuciones disminuidas; pero, de ahí a colocarnos en la categoría consignada en el inciso cuarto, N° 2°, del artículo 62 de la Carta -dispone que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;"-, no procede, pues tal disposición no es aplicable al Congreso Nacional.
Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, a que aludía la Senadora señora Feliú, consigna, en el inciso segundo de su artículo 1°, que "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.". No figura el Parlamento.
Por lo tanto, me parece que hay una cita y una interpretación equivocadas. Naturalmente, puede haber argumentos de esa naturaleza. Por ello, me permito proponer que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 131, N° 7°, de nuestro Reglamento, el asunto vuelva a Comisión. ¿Con qué objeto?, para cumplir con los requisitos consignados en esa norma. Para que se escuche al autor de la moción, pues en el informe constato que no contiene sus opiniones. Y, en segundo término, para que sus miembros reflexionen respecto de los antecedentes aportados en el debate en torno de la materia. Concretamente, no creo que deba haber dudas en cuanto a que el Parlamento no es un servicio público o un ente de la Administración del Estado dependiente del Ejecutivo.
Reitero mi solicitud en el sentido de que, para facilitar el trámite y el despacho de una iniciativa que estimo apropiada, y considerando que, de buena fe, ha habido una interpretación distinta -es habitual que entre nosotros se produzcan, pero siempre de buena fe-, el proyecto vuelva a Comisión, para su análisis a la luz de los nuevos antecedentes que se incorporan.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- ¿Es en virtud del artículo 131, N° 7°, del Reglamento que formula su petición, señor Senador?
El señor HORMAZABAL.- Así es, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la verdad es que no tiene objeto seguir la discusión de corte jurídico si la iniciativa es enviada nuevamente a Comisión.
A mi juicio, la idea del Senador señor Bitar de crear esta oficina es compartida; pero la contradicción la plantea el propio Honorable colega, cuando simultáneamente propone, sobre la misma materia, un proyecto de ley y, luego, una modificación al Reglamento del Senado. En el primer caso, es porque se requiere ley, pero no en el segundo. Si estamos de acuerdo en la materia y, a su vez, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, ha estimado que, tratándose de un proyecto de ley, no se tendría iniciativa en el Senado -como no la tendría el Poder Judicial, que no es parte de la Administración del Estado y carecería de la capacidad de generar nuevos empleos o gastos que no estén contemplados en la ley y que no hayan tenido su origen en una iniciativa del Presidente de la República-, el debate jurídico podemos realizarlo en el citado organismo técnico, con participación del autor de la moción y de quienes deseen tomar parte en él. No le veo ningún obstáculo. Pero -repito- no tiene sentido seguir argumentando cuando el proyecto va a volver a la Comisión, donde nuevamente tendrá lugar la discusión acerca del tema.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Ha terminado el Orden del Día. No lo había hecho presente anteriormente por estimar que era bueno concluir este debate.
Solicito el asentimiento de la Sala para disponer una prórroga que permita despachar esta materia.
Acordado.
¿Habría consenso para enviar nuevamente el asunto a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento?
Ello nos ahorraría continuar la discusión.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.- Deseo señalar que tanto la Honorable señora Feliú, que impugna uno de los argumentos de la Comisión, cuanto la unanimidad de la misma estiman que el asunto no es materia de ley. Desde ese punto de vista, de volver el proyecto al organismo técnico, éste insistirá en su posición.
Lo que está en debate son otros aspectos relacionados con la inconstitucionalidad que pueda apreciar la Comisión. Y, como señaló el Honorable señor Hamilton, esto se puede analizar, revisar, etcétera. Pero el problema de fondo, que debe resolver la Sala, es si el asunto es materia de ley o no. Escuché decir a la Senadora señora Feliú que también participa de la idea de que no lo es. La Comisión, unánimemente, opina lo mismo. Y, de haber señores Senadores que estiman lo contrario, tendría que ponerse este punto en votación. Si se decidiera, en ese caso, que se trata de una materia de ley, correspondería, entonces, enviar el asunto a la Comisión, pero no si la Sala considera lo contrario.
Por otra parte, como muy bien señaló el Honorable señor Hamilton, hay una contradicción, pues, por un lado, se plantea una moción para modificar el Reglamento, y por otro, una para iniciar un proyecto de ley. Si se trata de esto último, ello no puede decir relación al Reglamento, respecto del cual nosotros hemos señalado que sí es posible que incluya esta materia. También hemos dicho que no hay ningún motivo para reparar la idea. Lo único que se sugiere al Senador señor Bitar es que plantee la modificación al Reglamento señalando en qué forma lo quiere enmendar y proponga los artículos respectivos.
Enviar el proyecto a la Comisión ahora, sin que la Sala se pronuncie sobre si es o no materia de ley, significa simplemente postergar algo que esta última tendrá que resolver.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.- Señor Presidente, quiero reflexionar un momento sobre el asunto, porque en principio me inclino por la conveniencia de que esto vuelva a la Comisión, por las siguientes razones.
Creo que hay dos maneras, o en todo caso más de una, de atender a la iniciativa del Honorable señor Bitar, en la que todos estamos de acuerdo. Una parece ser indiscutible: que la oficina se cree dentro de las facultades económicas que tiene cada rama del Congreso, y, por lo mismo, ello operaría a través de un acuerdo entre ambas. A mi juicio, puede ser así.
Ahora, ¿puede solamente ser así? Me hace fuerza el planteamiento del Senador señor Bitar en el sentido de que pudiera ser razonable que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, así como establece la existencia de un centro de informática, de una biblioteca, de una secretaría de coordinación legislativa, especifique la existencia de una oficina para el estudio de la Ley de Presupuestos. De acuerdo con la Constitución Política, esa ley tiene una tramitación que obligadamente reúne a las dos Cámaras. No veo por qué razón la creación de una oficina de esta especie no podría ser materia de una reforma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
Ahora bien, la cuestión que me merece dudas, y por esa razón me interesa la conclusión a que llegue la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en este caso tan especial, es la siguiente.
Un texto legal que modifique la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en lo que se refiere a establecer un nuevo servicio, ¿debe ser de iniciativa de otro Poder Público o puede serlo de la propia Sala que está estudiando el respectivo proyecto? Sobre este punto, lo confieso, no había reflexionado antes. Quizá otras personas lo tengan más pensado; pero, como no tengo una idea clara, me parece una especie de contradicción considerar que la reforma de su propia Ley Orgánica, en esta materia, no pueda nacer del Congreso, sino que tenga que originarse en iniciativa del Presidente de la República, me resulta demasiado fuerte. Pero es un punto, a mi entender, nuevo, por lo que me gustaría conocer el informe de la Comisión.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZABAL.- Señor Presidente, quiero reiterar y destacar que, en mi opinión, los miembros de la Comisión de Constitución han actuado con la mayor buena fe, con la acuciosidad del caso. No tengo dudas respecto de ello. Es habitual que entre nosotros -y ésta no es una cuestión Gobierno-Oposición- tengamos visiones distintas. Y, sobre todo, en materias legislativas, existen, con fundamento, diversas opiniones. Así que quiero salvar la actitud de respeto que tengo para con los Honorables colegas que integran dicha Comisión.
Cuando se reflexiona sobre por qué esto debe ser ley es porque la iniciativa, según se describe en el informe, modifica los artículos 3° y 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y todos sabemos que, si se trata de modificar una ley, ello tiene que hacerse a través de otra ley. No existe otra forma. Si el informe dice que se introduce una modificación a una ley, es consecuencia lógica que la iniciativa deberá tener el carácter de ley. Ese es el primer punto.
El segundo dice relación a que el criterio que ha esbozado el autor de la iniciativa es de que esta norma tendrá validez para ambas ramas del Congreso. Esta es la diferencia por la cual estimo que la materia es de ley y no de reglamento. Si bien el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional dice que "Cada Cámara tendrá la facultad privativa de dictar sus propias normas reglamentarias", lo que nosotros, el Senado, acordemos rige para esta Corporación y no tiene validez para la Cámara de Diputados, a menos que ésta estime conveniente tomar una decisión del mismo tenor.
Aclarando estos antecedentes con la buena fe y la sabiduría jurídica de los señores Senadores que integran la Comisión, podríamos realizar un debate más informado y acotado sobre el particular.
Esa es la razón por la cual me permito solicitar que no nos pronunciemos en este momento, sino que, aplicando el artículo 131, número 7° del Reglamento del Senado, enviemos el asunto a la Comisión de Constitución para su examen.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- La Mesa estima que los argumentos dados en favor de que esta materia vuelva a Comisión tienen suficiente peso como para que la Sala los acoja.
¿Habría acuerdo en ese sentido?

El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor ROMERO.- Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor ROMERO.- ¿El Honorable colega me permitiría una breve interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor BITAR.- Con mucho gusto, señor Senador.

El señor ROMERO.- Señor Presidente, pienso que hay consenso en la Sala para respaldar una iniciativa de este tipo, tal como lo señalamos en oportunidades anteriores. De lo que se trata es de buscar el mejor mecanismo para hacer realidad una iniciativa que, si bien puede concretarse mediante una modificación de reglamento, recibiría mayor respaldo institucional, a mi juicio, al ser materializada en virtud de un proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras.
Que quede claro que existe voluntad para legislar sobre el particular. Creo que eso es muy importante.

El señor BITAR.- Señor Presidente, en la misma línea de lo que ha señalado el Honorable señor Romero, no tengo inconveniente en que este asunto vuelva a Comisión. Por el contrario, en la medida en que tal decisión se adopte por unanimidad, buscando el mejor camino, es mejor para lo que estamos haciendo, ya que aquí no hay diferencias en ese sentido. La discusión está centrada, más bien, sobre la economía de operación.
Ahora, me inclino -y quiero hacerle ver esta opinión a la Comisión en el momento de su reevaluación- por que recurramos a un proyecto de ley. Ese procedimiento tiene dos ventajas. El señor Hormazábal lo precisaba también. Una de ellas es que le da el rango que corresponde a una función que la propia Constitución nos establece y que también dice relación a las otras oficinas y secretarías de que dispone el Parlamento. Primera razón.
Segunda: le da al Congreso una oficina. O sea, estamos en condiciones, al mandar después la iniciativa a la Cámara de Diputados, de disponer de una organización para todo el Congreso chileno, así como la tienen los de países más avanzados en este campo. Y eso también significa economía de recursos.
Por esas dos razones, creo preferible ir por la vía legal. Definido esto, y aprobado el proyecto (éste o el que apruebe el Senado y después la Cámara), tendremos que hacer de todas maneras los cambios reglamentarios correspondientes y estudiar el detalle de cómo va a funcionar la oficina.
Por eso, la otra moción, sobre cambio reglamentario -que también podemos discutir-, la veo como complementaria, en cuanto el proyecto de acuerdo planteaba que fuera la Comisión de Régimen Interior, a la que debía sumarse la de Hacienda, la que avanzara en el estudio de la normativa, específicamente. Porque nuestra sugerencia contenía las funciones y no exactamente la normativa. Justamente, muchos señores Senadores pidieron que eso fuera visto en detalle por las Comisiones.
Ese ejercicio tenemos que hacerlo de todos modos para poner en práctica esta idea.
Termino pidiendo que la Comisión reconsidere su conclusión, a fin de que contemos con un informe positivo respecto de que esta materia es de ley y nos pongamos en marcha para dictar un cuerpo legal que abarque al Congreso en su totalidad. Luego podremos estudiar una normativa específica a través de nuestras Comisiones especializadas.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el proyecto es, en realidad, muy sencillo, pero tiene el inconveniente de que necesitaría de quórum especial, porque estaríamos modificando una ley orgánica constitucional.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Sólo se trata de decidir si el proyecto vuelve a Comisión.

El señor ALESSANDRI.- A lo mejor, ello no es necesario. ¿Cuál sería el objeto de enviarlo? ¿Que la Comisión emita un informe favorable? Ya conocemos el proyecto, que es muy breve, de manera que uno podría perfectamente votar en contra de lo propuesto por el informe. Encuentro que el inconveniente es la falta de quórum. Mas, conforme a las explicaciones dadas por el Senador señor Bitar -con las cuales concuerdo-, es posible aprobar el proyecto votando en contra del informe. Sin embargo, reitero: no hay quórum.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNANDEZ.- Señor Presidente, el hecho de que el proyecto sea materia propia de ley no constituye un elemento meramente accidental. Si bien es cierto que tendría algunas ventajas, no lo es menos que provocaría graves inconvenientes. Desde luego, haría muy rígida la Oficina de Presupuesto, en circunstancias de que todas las Comisiones que atienden al Senado poseen la máxima flexibilidad y son modificadas de acuerdo con lo que la Corporación dispone en cada oportunidad o cuando las mayorías así lo requieren.
Por lo tanto, el establecimiento por ley rigidiza en forma importante todo el trabajo del Senado en esta materia. De tal suerte que el argumento de la conveniencia de crear la referida Oficina mediante una normativa de rango legal también debe estudiarse desde ese punto de vista; esto es, que introduciríamos un elemento de rigidez al respecto, pues cualquier modificación a futuro requerirá, obviamente, de ley y del acuerdo de la Cámara de Diputados. En cambio, si el Senado adopta sus decisiones soberanamente, le será posible hacer todas las enmiendas que estime adecuadas cada vez que la Sala así lo acuerde, y no necesitará de una normativa legal cuya complejidad y trámite todos conocemos.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.- Señor Presidente, creo que es muy delicado el tema.
Al respecto, veo el interés de la Comisión de Hacienda por estar bastante bien interiorizada de las materias que atañen al presupuesto nacional. Ella debe informar también los proyectos en lo relativo a su incidencia presupuestaria, y, naturalmente, siempre lo hace de acuerdo con los antecedentes que le proporciona el Ejecutivo; carece de asesoría o de alguien que le ayude a determinar si aquéllos corresponden o no.
Asimismo, el Senado tiene que escuchar y analizar toda la información que debe entregarle el Banco Central conforme a su ley orgánica constitucional. Y no hay quién tenga la oportunidad de estudiarla o criticarla, salvo los Senadores especialistas en la materia.
Así que la asesoría que necesita la Comisión de Hacienda no es sólo para analizar la Ley de Presupuestos durante el período de su tramitación -de octubre a septiembre; es muy corto-, sino permanente.
Por lo tanto, a fin de que exista flexibilidad en la materia, no conviene que sea "Oficina de Presupuesto". Porque, en ese caso, la Comisión de Relaciones Exteriores, que analiza 60 o más tratados al año, también necesitaría una "Oficina de Tratados". Creo que ésta tal vez requiere más asesoría para estudiar los convenios, pero no una oficina especial.
He dicho.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Entiendo que existe acuerdo para que el proyecto vuelva a Comisión, no porque ésta haya realizado un mal trabajo -en este sentido, el Senador señor Hormazábal ha señalado con claridad lo que pensamos todos-, sino por cuanto, a mi juicio, debe hacerse una reflexión adicional sobre este tema.
Al respecto, sería conveniente que el Senador señor Bitar participara más activamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cuando analizara nuevamente la materia.

El señor OTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.- Señor Presidente, creo que el Honorable señor Fernández ha señalado un punto de vista muy válido.
Esta materia se debatió en la Comisión. Por ejemplo, hay una Oficina de Modernización del Senado y de la Cámara de Diputados que ha operado conjuntamente, tiene flexibilidad, ha contratado personal, etcétera. La idea del Senador señor Bitar es excelente -nadie la discute-; pero, como muy bien dijo el Honorable señor Fernández, si se estableciera por ley la Oficina de Presupuesto, sería un proceso largo -debería cumplir todos los trámites- y, al mismo tiempo, quedaría sin la flexibilidad necesaria.
Por lo tanto, la Comisión estima que para crear tal Oficina no se requiere de una normativa de rango legal, sino que basta el acuerdo de ambas ramas del Congreso Nacional.
Ese es el punto fundamental considerado por la Comisión, y es lo que debe resolver la Sala. Si ésta dice "Esa reflexión no es la adecuada; deseamos que la materia sea regulada por ley", que el proyecto vuelva a Comisión. Pero el Senado debería pronunciarse primero sobre lo que ésta señala: puede crearse el organismo; no se requiere ley; queda con flexibilidad; hay precedentes en el Parlamento.
Ahora, si la Corporación opta por la vía legal, estoy de acuerdo en que el proyecto sea devuelto a la Comisión. Pero, ante todo -como señaló muy bien el Honorable señor Fernández-, debe resolverse si se acepta el mecanismo -perfectamente factible- indicado por la Comisión, que es mucho más rápido y flexible.

El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me permite hacerle una consulta, señor Senador?

El señor OTERO.- Con la venia de la Mesa, por supuesto, Su Señoría.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- La verdad es que estoy un tanto confundido, porque el informe dice que esta iniciativa es inconstitucional, y en este instante -no sé si he entendido mal- Su Señoría señala que puede ser materia de ley.

El señor OTERO.- No, señor Senador. Lo primero que expresa el informe es que el proyecto no recae en una materia propia de ley. Esa es la primera conclusión de la Comisión de Constitución, y es lo que planteo. Si el Senado desecha esa conclusión, la iniciativa tendrá que ser devuelta e iniciar su tramitación legal. Y en ese caso, por las razones dadas aquí, en mi calidad de Presidente de aquélla, no tengo inconveniente alguno.
Sin embargo, lo que señalamos con los Senadores señores Fernández y Hamilton es que hay una cosa previa. La Comisión estima que no se requiere ley y que el Senado y la Cámara de Diputados tienen facultades para crear la Oficina de Presupuesto. Eso deja las manos libres: no sujeta a vetos, a promulgación, a publicación, a nada; depende sólo de la voluntad de ambas ramas del Parlamento. Y se ha hecho, y hay ejemplos.
Ahora, si la Corporación dice "No queremos esa vía", entonces, obviamente, deberíamos seguir la tramitación legislativa, caso en el cual ningún miembro de la Comisión se opondría a que el proyecto volviera a ella. Pero, ante todo, la Sala debe resolver si opta por la vía administrativa -que es más simple- o por la legal.

El señor BITAR.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Quiero señalar que el ejemplo de la Oficina de Modernización del Congreso no es atingente. Esta va a desaparecer luego, pues se creó sólo para los efectos de utilizar los recursos que entregó el Banco Mundial. Por lo tanto, no se trata de un organismo permanente; su vida es limitada, según entiendo, a este año.
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.- Señor Presidente, deseo que separemos dos temas, a fin de que podamos proceder de manera racional.
Lo primero que necesitamos es que la Comisión, al revisar esta iniciativa, si vuelve a ella, elimine la parte que dice que esto no es constitucional, porque sí lo es.
Estimo que el informe es contradictorio, toda vez que por un lado señala que el proyecto no recae en una materia propia de ley y que es mejor usar la vía reglamentaria, y por otro, que si correspondiera al ámbito legal, sería inconstitucional.
Entonces, la Comisión no está cumpliendo su papel. Si quiere dar una opinión sobre mi moción, debe decir si es constitucional o no. Yo argumento que es constitucional, y por lo tanto, materia de ley. Distinto es debatir si resulta mejor o no hacerlo por ley. Esa es otra discusión. Pero no mezclemos las dos.
Por consiguiente, pido esclarecer el punto. Y la Honorable señora Feliú -al igual que otros señores Senadores- ha sido clara en la argumentación de que el proyecto es constitucional.
Estoy dispuesto a que consideremos si es mejor hacerlo por ley o no. Pero que la Corporación ratifique que es atribución nuestra, como Senadores, efectuar cambios dentro de la organización del Parlamento. Eso, a mi juicio, es fundamental. Definido ello, veamos si conviene o no que dicha materia sea regulada por normas de rango legal. Y respecto de este punto, yo pediría segunda discusión.
Sin embargo, el debate sobre el procedimiento, si es mejor o no por ley, tiene que efectuarse después de haber resuelto que nos asiste el derecho a presentar una moción acerca de esta materia y que ello es constitucional. Creo que eso debe quedar ratificado ahora. Y, sobre esa base, poder pedir segunda discusión a fin de determinar si la ley en proyecto es la más adecuada para cumplir el propósito perseguido.
Por último, deseo señalar que no comparto el criterio del Senador señor Fernández en cuanto a que la vía legal resta flexibilidad, porque ese argumento valdría igualmente para la Biblioteca del Congreso, el Centro de Informática y Computación, etcétera. Lo único que planteamos es que haya una Oficina de Presupuesto, la cual es muy importante para la función que cumple el Parlamento. Una de sus tareas fundamentales es la de revisar lo que ocurre con el 25 por ciento del producto nacional: cómo y en qué estamos gastando; si somos eficientes, etcétera. Si esa labor no es esencial para el Congreso, creo que nos equivocamos. Y al poner la denominación tampoco estamos rigidizando; la flexibilidad se va a dar en la normativa y no por el hecho de que se establezca o no en el texto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HAMILTON.- Señor Presidente, aquí hay una muy buena idea planteada por el Senador señor Bitar al Parlamento con motivo de la discusión de la última Ley de Presupuestos. Pero nos hemos quedado en la idea. Porque, más allá de lo que discutimos desde el punto de vista jurídico, no hay un proyecto concreto.
Pregunto: estos grandes propósitos indicados por el Senador señor Bitar, y que comparto, ¿se pueden lograr con el actual personal del Congreso? ¿Es posible alcanzarlos con los recursos que tiene actualmente el Parlamento? No. En el fondo, se requiere una Oficina que no es parte de la Administración Pública, pero que, obviamente, cae dentro del número 2° del artículo 62 de la Carta Fundamental, ya que implica crear nuevos empleos remunerados...

La señora FELIU.- No. Para Nada.

El señor HAMILTON.- Por supuesto, pues, que yo sepa, no tenemos personal para esos efectos, salvo que pretendamos formar otra Comisión. Sin embargo, no es esto lo que se desea, de acuerdo con lo que plantea el Honorable señor Bitar: que en el Congreso haya una Oficina que ayude a ambas ramas y a los Parlamentarios a hacer el seguimiento de la Ley de Presupuestos y a mantener la información al día. Se trata de una gran idea, traducida en dos proyectos que no alcanzan a concretarla.
Por lo tanto, pido al Senador señor Bitar que consideremos y reformulemos tal idea. No soy partidario de introducir una modificación al Reglamento. Este asunto, en mi opinión, debería ser motivo de una iniciativa legal. Y si constitucionalmente ella tiene que emanar del Presidente de la República, solicitemos su patrocinio.
Ese es mi pensamiento. El señor ROMERO.- Pediré segunda discusión si usted no termina el debate, señor Presidente.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Me parece que carece de todo sentido votar en este momento. Lo que sí podríamos hacer ahora es que la Sala se pronunciara acerca de si estamos o no en presencia de una iniciativa recaída en una materia propia de ley. Examinar la constitucionalidad del asunto implicaría entrar en una discusión demasiado compleja.
En todo caso, como se ha pedido segunda discusión, la iniciativa queda pendiente.
-El proyecto queda para segunda discusión.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Recuerdo a Sus Señorías que se prorrogó la hora sólo para terminar el debate de esta materia.

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, ¿se enviarán a Comisión los proyectos signados con los números 8 y 10, o solamente el 8?

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Únicamente se trata del número 8, señora Senadora.

La señora FREI (doña Carmen).- Hago la consulta porque al principio se dijo que se trataba de dos iniciativas parecidas.

El señor HAMILTON.- No tiene por qué ir a Comisión.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Así es. Sólo se ha pedido segunda discusión.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICION DE OFICIO

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una petición de oficio.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
______________
-El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, relativo a CREACION DE PREMIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE.
________________

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.


FACULTAD A MUNICIPIOS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS SOBRE MENORES. OFICIO

El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en la sesión de hoy se dio cuenta de una moción presentada por los Honorables señores Díaz, Frei (doña Carmen), Otero, Sule y el Senador que habla para agregar al artículo 4° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, una letra m) que permite a los municipios acometer, directamente o en asociación con terceros, funciones relacionadas con "El desarrollo de programas destinados a la provisión, protección y participación de los menores, incluyendo el crear una oficina destinada a actuar como defensora del menor en su respectiva comuna".
En reiteradas oportunidades hemos elaborado y presentado mociones sobre el particular. Respecto de la última propuesta que hicimos acerca de este punto específico, el Ejecutivo consideró que debía insertarse en las modificaciones que se están introduciendo determinados Códigos en materia de menores. Dicha propuesta apuntaba a crear una oficina, tanto a nivel nacional como regional, adscrita a los Gobiernos Regionales o, directamente, al Ministerio del Interior. Pero no hemos tenido respaldo de los Ministros de Justicia del anterior Gobierno y del actual.
Después de estudiar el tema, nos parece razonable radicar la materia en las municipalidades. La experiencia de los últimos tiempos, por las tareas que han realizado aquéllas -especialmente algunas de la Octava Región y, sobre todo, de Santiago- aconseja que esa vía es la más pertinente, lo cual implica modificar la ley N° 18.695.
Y hay una razón adicional: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es anterior a la aprobación por el Congreso Nacional de la Convención de los Derechos del Niño, que es ley de la República.
En síntesis, esperando obtener el respaldo del Ejecutivo -la materia corresponde a su iniciativa exclusiva-, pido que, en nombre de los Senadores que firmamos la moción, se envíe un oficio al Presidente de la República solicitándole su patrocinio.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de Sus Señorías, conforme al Reglamento.

El señor NUÑEZ (Vicepresidente).- Solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la Testera el Honorable señor Díaz.
Acordado.
-Pasa a presidir el Senador señor Díaz, en calidad de Presidente accidental.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Honorable señora Frei.


ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO PARA SEGUNDA REGION. OFICIO

La señora FREI (doña Carmen).- Señor Presidente, deseo informar sobre un acontecimiento de gran relevancia para la Segunda Región, que represento en el Senado.
Durante largo tiempo hemos luchado para crear conciencia acerca de la necesidad y obligación de dar a las regiones y a sus habitantes la posibilidad de analizar sus problemas y tomar sus propias decisiones, porque son éstas, y no otras, las pautas para un desarrollo armónico de los diferentes sectores sociales, productivos, culturales y políticos del país.
La ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 16, establece como primera función general de los Gobiernos Regionales la elaboración y aprobación de las políticas, planes y programas de desarrollo de la región. Es así como el Gobierno de la Segunda Región tomó como una de sus principales tareas la de concluir una estrategia regional de desarrollo.
Es de vital importancia la participación de la gente en la toma de decisiones, en el camino hacia un desenvolvimiento equitativo. Y por eso valoro con entusiasmo el aporte que se recibe y la experiencia que se adquiere al elaborar una estrategia de desarrollo regional en conjunto.
Por lo tanto, creemos que estas decisiones deben ser consideradas y respetadas a nivel nacional y, sobre todo, a nivel central.
En consecuencia, estimo necesario dar a conocer someramente el trabajo y esfuerzo que implicó para la comunidad de la Segunda Región la elaboración de su estrategia de desarrollo, lo cual fue concebido como un proceso de cambio social puesto al servicio del progreso permanente de todos y cada uno de los habitantes de la Región.
Para concretar esta idea de desarrollo regional, era imprescindible que ésta estuviera en armonía con los planes nacionales y permitiera el crecimiento solidario, justo y participativo de todos los sectores. Lo anterior implicaba optar por una estrategia que organizara los recursos y definiera el camino que condujera hacia una imagen-objetivo deseado.
Dicha estrategia de trabajo debía estar sustentada en un diagnóstico inicial sobre "La Región que teníamos", para desde allí definir las posibilidades de evolución hacia el propósito anhelado: "la Región que se quiere construir".
Uno de los principales puntos que deseo hacer resaltar es el relativo al proceso utilizado para elaborar esa estrategia, el que encierra en sí la base de la democracia, como lo es la participación activa y material de las personas.
El Gabinete Regional comenzó con la presentación de un documento, conforme al cual, sobre la base de un diagnóstico de las condiciones que presentaba la Región, su población y riquezas, se elaboró una propuesta que sometió a la discusión regional.
La invitación se hizo extensiva a todos los sectores de la Región, y lo más significativo es que fue aceptada en forma masiva. Se realizaron más de un centenar de reuniones, a las cuales asistieron aproximadamente mil dirigentes, de los más amplios y activos sectores de la Región, en representación de las universidades, de los pescadores, mineros, pirquineros, de las comunidades atacameñas, de los empresarios, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos, industriales, CESCOS y CESPROS de la Región, y, por supuesto, alcaldes, concejales y Parlamentarios. En resumen, estuvieron presentes todas las organizaciones formales de participación ciudadana, abarcando las más diversas posiciones políticas, culturales y religiosas. Así, podemos afirmar que este trabajo fue realmente concebido, analizado, discutido y consensuado por la comunidad de la Segunda Región.
En la necesidad de condensar las opiniones vertidas en el transcurso de esas reuniones de trabajo, se realizaron tres recuentos o reuniones ampliadas, en las que participaron los diferentes representantes de las tres provincias y nueve comunas de la Región. Y se formalizó este proceso activo de participación con la aprobación por el Consejo Regional, por unanimidad de sus miembros, de la Estrategia Regional de Desarrollo de la Segunda Región. El documento final se entregó oficialmente al señor Ministro de Planificación y Cooperación, quien estaba en representación de Su Excelencia el Presidente de la República.
La Estrategia de Desarrollo de la Segunda Región, tomó como su opción de trabajo el desarrollo habilitante, o sea, un desarrollo centrado en el ser humano, considerando su dignidad como persona, en su concepción individual y social. Es éste el objetivo principal del desarrollo que se busca, y es a partir de él que la participación de gente y, principalmente, la real consideración de sus opiniones, se convierten en el pilar fundamental, el cual conlleva, lógica y necesariamente, el mejoramiento efectivo de su calidad de vida, con la sola consideración a su dignidad como personas.
La Estrategia de Desarrollo de la Segunda Región ha tenido como otra de sus fundamentales preocupaciones el medio ambiente, en base a permitir el desarrollo sustentable de la Región. Como todos sabemos, los recursos de la Región son esencialmente no renovables, e históricamente han sido explotados sin la adecuada regulación de los altos índices de contaminación que generan los procesos mineros. Por lo tanto, se desea revertir esta situación, porque existe una clara preocupación por el medio ambiente y por la salud de las personas. Dentro de este punto, es básico que la utilización y consumo de agua no sean guiados sólo por criterios mercantilistas, alejados de toda consideración social.
Por sobre todo, se ha trabajado en la búsqueda de una identidad regional. Se ha privilegiado que este desarrollo permita a todos los habitantes de la Región sentirse integrados y pertenecientes a una comunidad solidaria y sensible a los problemas reales de las personas, en los campos de la educación, el trabajo, la salud, la recreación, la cultura, etcétera.
La estrategia regional ha tocado los más diversos aspectos, que son comunes a todas las Regiones del país, pero dando especial énfasis a la integración de las personas que viven en ellas, a sus realidades, y, de manera muy particular, a la integración efectiva con los países vecinos.
Se reconoce la inversión privada como un concreto y efectivo compromiso con la Región, de modo que constituya verdaderamente una fuente de recursos, que permita invertir en las personas más necesitadas. Buscamos y queremos una efectiva contribución del sector privado en el desarrollo de la Región.
Creo -y no oculto mi conformidad- que esto es lo que buscábamos cuando, al recuperar la democracia, aspirábamos a un Estado basado en los principios sociales, activo, eficaz, solidario y, sobre todo, crítico de sus propias estructuras, buscando la modernización concreta y rápida.
Los habitantes de la Segunda Región han sabido trabajar en conjunto, ponerse de acuerdo y enfocar su actividad hacia objetivos comunes. Como ellos han señalado, "han puesto un timón a su actuar", lo cual los llevará a esforzarse por concretar sus metas.
Por ello, señor Presidente, desde esta Sala, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a cada una de las personas que trabajaron para que esta estrategia sea hoy una realidad.
Además, solicito oficiar, en mi nombre, al señor Intendente y al Gobierno Regional, como representantes de la Segunda Región, transmitiéndoles el reconocimiento por esta tarea de trabajo y participación que encabezaron, que constituye un ejemplo de democracia y esfuerzo para todo el país.
He dicho.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- El Comité Demócrata Cristiano ha cedido el tiempo restante al Senador señor Muñoz Barra.
Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.- Agradezco la gentileza del Comité de la Democracia Cristiana.


ANTECEDENTES SOBRE COMPLEMENTO DE ZONA. OFICIOS

El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, el Senado ha sido informado de que durante la discusión en la Comisión de Hacienda del proyecto que modifica el Estatuto Docente y la Ley de Subvenciones, el señor Ministro de Educación señaló que, para un mayor estudio, hacía indicación para retirar todos los preceptos referentes al tema ZONA: el artículo 1°, numerales 24, 27, 32, 33 y 34, y los artículos 2°, 3° y 4° transitorios. Añadió que ese mayor estudio tenía por objeto preparar una indicación sustitutiva, y presentarla en el segundo informe, que se tradujera en una buena solución, tanto para los profesores como para el Gobierno, atendida la importancia de la materia.
En la exposición que dicho Secretario de Estado hizo ayer en esta Sala, ratificó lo anterior y señaló que los equipos técnicos están preparando ésa y otras indicaciones, las que se formularán dentro del plazo que fijó el Senado.
Con el objeto de que los Senadores tengamos la información adecuada para pronunciarnos justicieramente sobre este tema tan caro para los profesores y de tan difícil solución en la parte económica, como ha expresado el Gobierno, solicito requerir al Ministerio de Educación, antes de que se discutan las nuevas proposiciones del Ejecutivo, que haga llegar al Senado los siguientes antecedentes:

1.- Municipalidades y corporaciones que pagaron el complemento de zona, entre la vigencia de la ley N° 19.070 y el 31 de diciembre de 1993, y fecha desde la cual lo hicieron;

2.- Forma en que pagaron el complemento, en cuanto a: porcentaje que aplicaron, base de cálculo, y si imputaron el pago a la remuneración adicional o lo pagaron por sobre dicha remuneración;

3.- Si una vez decretado, ordenado y efectuado el pago, éste fue suspendido, y reanudado o no, por alguna resolución o decisión posterior del mismo u otro alcalde o corporación;

4.- Municipalidades y corporaciones que pagaron el complemento de zona a partir del 1° de enero de 1994, y fecha desde la cual lo hicieron;

5.- Si las municipalidades o corporaciones a que se refiere el número anterior imputaron o no el pago respectivo a la remuneración adicional;

6.- Relación de todos los juicios que los profesores han entablado en contra de las municipalidades o corporaciones, en los cuales se especifique el tipo de demanda (por no pago, por retroactividad, por suspensión de pago, por pago parcial, es decir, de un porcentaje inferior al legal), y número de demandantes.
Todo lo anterior obedece, señor Presidente, no al deseo de avocarnos causas pendientes, sino al hecho de contar con todos los antecedentes para poder pronunciarnos sobre las indicaciones anunciadas por el señor Ministro, ya que hasta ahora se nos ha hablado de cifras globales, que no nos permiten discernir con suficiente responsabilidad acerca de un tema tan candente.
Para el caso de que el Ministerio de Educación no esté en condiciones de responder a lo anterior, y dada la urgencia de la respuesta, solicito que la información requerida se pida a los Ministerios del Interior (Subsecretaría de Desarrollo Regional, que posee gran parte de tales datos) y de Hacienda, y a la Asociación Chilena de Municipalidades.
Eso es todo.
El señor LAGOS. - Que también se envíen en mi nombre, señor Presidente.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre de los Senadores Muñoz Barra y Lagos, en conformidad al Reglamento
El señor DIAZ (Presidente accidental). - El turno siguiente corresponde al Comité Renovación Nacional.
El señor SIEBERT. - Pido la palabra.
El señor DIAZ (Presidente accidental). - Puede hacer uso de ella Su Señoría.


TRAGEDIA EN CARRETERA DE COMUNA DE PUERTO VARAS (DECIMA REGION). OFICIO

El señor SIEBERT.- Señor Presidente, debo expresar en este Hemiciclo, en forma muy breve y no por eso con menos recogimiento, que, en la noche del domingo 7 de mayo, nuevamente la naturaleza ocasionó a Chile una gran desgracia. En esta oportunidad tocó en forma artera a la Región de los Lagos - que represento -, específicamente a la comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue.
Esa noche, debido a un trágico derrumbe, ocasionado por los desbordes con que periódicamente nos azota la naturaleza, encontraron la muerte 28 habitantes -el número todavía es incierto, ya que incluso podría haber más cadáveres en el lugar de los accidentes- de la Décima Región.
Me tocó ver desgarradoras escenas de familiares en el lugar mismo de la tragecia y, posteriormente, durante los funerales.
Al margen de las investigaciones que se realicen, solicitadas oportunamente por la Cámara de Diputados, sobre la base de sus facultades fiscalizadoras, pido que se envíe un oficio, y sugiero que sea en nombre del Senado de la República, a la Municipalidad de Puerto Varas y a la Gobernación de Llanquihue, a fin de manifestarles nuestro sentimiento de pesar por tan lamentables pérdidas; el que, ojalá, se haga llegar también a todos los hogares portovarinos y llanquihuanos, que en este momento solidarizan por la desgracia ocurrida. El señor DIAZ (Presidente accidental).- Señor Senador, creo que todos compartimos su tristeza y desolación, sin embargo, para tomar el acuerdo se requiere quórum en la Sala. Por lo tanto, la decisión quedará pendiente para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. El señor MUÑOZ BARRA.- El Comité Partido Por la Democracia adhiere a esta comunicación del Senado. El señor CALDERON.- El Comité Socialista también. El señor DIAZ (Presidente accidental).- Al igual que el Comité Demócrata Cristiano.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.


DESPIDOS EN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE TARAPACA S.A.
OFICIO

El señor LAGOS.- Señor Presidente, en la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (ESSAT), de la Primera Región, se han despedido aproximadamente 35 trabajadores en los últimos días, tanto en Arica como en Iquique. En reunión sostenida con los sindicatos de trabajadores de esa empresa, me han manifestado que, según su punto de vista, dichos despidos no se justifican.
Por lo tanto, solicito oficiar, en mi nombre, al señor Ministro del Interior, para que informe sobre cuáles fueron las causales de despido de los aproximadamente 35 trabajadores involucrados.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador, de conformidad al Reglamento.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Calderón.


DESIGUALDAD EN DISTRIBUCION DEL INGRESO

El señor CALDERON.- Señor Presidente, a raíz de la publicación de una columna en el diario "La Tercera" del domingo pasado, escrita por el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, señor José Antonio Guzmán, quiero referirme al tema de la desigualdad en nuestro país, a los datos que entregó el INE a fines de abril, y aprovechar de relacionarlos con un artículo que publicó la revista "The Economist".
El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio expresa que las numerosas críticas que se vienen formulando sobre la supuesta incapacidad del sistema económico de mercado para distribuir adecuadamente la riqueza y solucionar la pobreza pavimentan el camino para una reforma regresiva. También recuerda un estudio que señala que la pobreza en Chile se ha reducido en un 80 por ciento gracias al crecimiento económico y sólo en un 20 por ciento a políticas redistributivas.
El señor Guzmán agrega: "Tampoco es cierto que la distribución del ingreso se haya deteriorado. La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) vuelve a reflejar una leve mejoría en este aspecto, con una tasa de crecimiento del ingreso en los grupos más pobres mayor que el promedio nacional.". Y termina señalando que no se están realizando las tareas que podrían aumentar la equidad, y que en vez de eso, se está "culpando al sistema económico y a los empresarios", y exigiendo "mayor rigor en el análisis si realmente queremos superar la pobreza".
Nuestro ánimo precisamente es analizar con todo rigor este problema, porque nos parece de extraordinaria importancia para el futuro de nuestro país. Y, por eso, es necesario ir precisando algunos temas.
En primer lugar, se debe establecer que nadie ha dicho que se ha deteriorado la distribución de los ingresos en el Gobierno del Presidente Aylwin. Lo que sostenemos es que la desigualdad, que se acrecentó terriblemente durante el Gobierno militar, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la Concertación, se mantiene en niveles intolerables.
Veamos a continuación los datos en que basamos esta afirmación:
En 1969, el 60 por ciento de los hogares de menores ingresos tenía un 35 por ciento de los ingresos totales; en 1978, ya era sólo un 28,1 por ciento, y al término del Gobierno militar, en 1990, había descendido a un 25,7 por ciento. Mientras tanto, el 20 por ciento de los hogares más ricos, que en 1969 tenía un 44,5 por ciento, en 1990 ya alcanzaba un 57,4 por ciento de los ingresos. Eran los años de la "teoría del chorreo", los años en que se decía que había que "tratar bien a los ricos".
Entre 1990 y 1993, la participación en el ingreso del 60 por ciento de los hogares más pobres subió de ese 25,7 por ciento a un 26,3 por ciento del total de los ingresos. Es evidente que hay un avance; pero es muy leve. Lo que es peor, el 20 por ciento de los hogares más pobres, que en 1969 tenía un 7,6 por ciento del total de los ingresos, y que en 1990 se había reducido a un 5,1 por ciento, en 1993 sólo lograba un 5,2 por ciento. Y estas cifras contrastan enormemente con el 41,8 por ciento de los ingresos que recibe el 10 por ciento de los hogares más ricos.
En segundo lugar, hay que responder una interrogante: ¿reviste alguna importancia esta distribución tan inequitativa del ingreso, o es un tema sólo de quienes tenemos algunos anhelos igualitarios?
Desde nuestra lógica, para los socialistas, que aspiramos a construir un Chile integrado socialmente, con igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, es evidente que esta distribución del ingreso, tan regresiva, nos preocupa extraordinariamente y queremos implementar políticas para modificarla.
Pero no quiero argumentar la importancia de este problema desde nuestra lógica sino, incluso, asumiendo la propia lógica de los dirigentes empresariales, la lógica neoliberal, de la cual la revista "The Economist" es un fiel exponente. En un artículo sobre la desigualdad, en un número de diciembre pasado, esa publicación reconoce que la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en los países "donde las políticas de libre mercado han sido seguidas más celosamente". Y proporciona datos sobre Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1977, los ingresos del 20 por ciento más rico de los británicos era 4 veces mayor que los del 20 por ciento más pobre; en 1991, ese coeficiente se había elevado 7 veces. De Estados Unidos nos dice que en 1969, el 20 por ciento más alto de los hogares americanos recibía 7,5 por ciento veces más ingresos que el 20 por ciento más bajo, los que en 1992 habían subido 11 veces. En Chile, en 1969, el 20 por ciento más rico tenía 5,8 veces, y en 1993, 10,8 veces los ingresos del 20 por ciento más pobre.
El artículo concluye expresando que "existe el peligro de que, a menos de que se encuentre algún mecanismo para compensar a los perdedores, se constituya una coalición efectiva contra la política económica liberal"; y termina señalando que "Este tipo de preocupaciones hace que mirando hacia atrás los años 80 parezcan un tiempo de confortante simplicidad económica. La tarea -agrega- de la década que viene -descubrir cómo distribuir con mayor amplitud los beneficios de la eficiencia económica- será mucho más dura".
El señor Guzmán, aunque no fuera por una preocupación por el país, y sólo en aras de buscar la supervivencia del modelo que tanto le gusta, no debería desechar el problema de la distribución del ingreso. En vez de repetir las recetas de los años 80, ya es tiempo de que asuma la tarea de la década que viene: descubrir cómo distribuir con mayor amplitud los beneficios de la eficiencia económica.
En tercer lugar, cabe señalar algo sobre la importancia de las políticas redistributivas.
El señor Guzmán, seguramente todavía influido por la teoría del "chorreo", resta relevancia a este factor. Quiero dar sólo un dato del mismo artículo de la revista "The Economist". En la Gran Bretaña conservadora de la señora Thatcher y del señor Major, el 20 por ciento más rico de los hogares recibía 25 veces el ingreso neto del 20 por ciento más pobre. Únicamente después de los impuestos, las transferencias y subsidios, se llegaba a la relación, ya señalada, de 7 veces los ingresos de los más pobres. Ese dato deja en evidencia que una política redistributiva real, en la que haya un mínimo de solidaridad social, de sentido de país, ayuda enormemente a resolver la falta de equidad y a terminar con la pobreza.
Por último -aunque tanto el tema como las cifras del INE dan para muchísimo más-, quiero referirme a la relación entre crecimiento económico y superación de la pobreza.
Es cierto que sin crecimiento no hay superación de la pobreza. Crece el producto y, al mismo tiempo, aumentan los ingresos de la gente. Pero no basta crecer: también hay que preocuparse de cómo se distribuyen los frutos de ese crecimiento entre los actores del proceso productivo.
¿Qué pasó en Chile con el aumento de los ingresos entre 1990 y 1993, de acuerdo a los datos del INE? Los salarios medios crecieron, de algo más de 73 mil, a poco menos de 124 mil pesos, es decir, en 69,1 por ciento. Los sueldos de los gerentes y directivos subieron -redondeando- de 312 mil pesos a 592 mil, o sea, porcentualmente, aumentaron más: 89,5 por ciento. Y los ingresos medios de los empleadores también se elevaron, pero de 540 mil a un millón 67 mil pesos, lo que representa un porcentaje mayor: 97,7 por ciento.
Fíjense bien en cómo se reparte el crecimiento de la riqueza: los salarios medios se incrementaron en 69 por ciento; los de los gerentes, en 89 por ciento, y los ingresos de los empleadores, en casi ciento por ciento.
¡Es obvio que no superamos la pobreza, si los frutos del crecimiento siguen beneficiando cada vez más a los gerentes y a los empleadores! Por esto, los datos del INE confirman la necesidad de equilibrar los mecanismos de negociación de los salarios, a fin de que haya una más justa distribución de los frutos del desarrollo. Ello nos ayudará, tanto a lograr una distribución más equitativa del ingreso, como a superar la pobreza, tan presente este tema, cuando estamos discutiendo las reformas laborales. Y nos ayudará, en definitiva, a construir una patria más justa para todos.
He dicho.

El señor DIAZ (Presidente accidental).- Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 14:28.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción