Subsistema de Inteligencia Económica: proyecto a un paso de la Comisión Mixta

Luego de votar una serie de disposiciones, la Sala del Senado dejó a un paso de una Comisión Mixta el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.

La propuesta en tercer trámite recibió una serie de modificaciones en la Cámara Baja, las que fueron estudiadas por la Comisión de Seguridad Pública. En la sesión ordinaria, se aprobó parte de estos cambios, pero se rechazó la disposición que solo permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales.

En tanto, quedó pendiente la votación de una norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial. Esto luego que se registraran dos votaciones empatadas consecutivas.

PROYECTO

Cabe recordar que la norma busca identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, mediante el análisis de información económica y financiera.

En este contexto, establece un sistema de trabajo conjunto entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas. Estas instituciones podrán intercambiar información y fortalecer sus capacidades de análisis para detectar movimientos irregulares.

Además, la iniciativa crea Unidades de Inteligencia y Análisis Económico tanto en Impuestos Internos como Aduana, para mejorar la investigación de operaciones sospechosas.

También incorpora nuevos mecanismos para seguir la ruta del dinero proveniente de actividades criminales. Entre ellos, el análisis de datos económicos y financieros, la trazabilidad de operaciones económicas, el intercambio de información entre organismos del Estado y el fortalecimiento de las facultades de fiscalización.

La Cámara Baja aprobó que se permitirá, de manera excepcional, que la UAF solicite directamente a los bancos antecedentes protegidos por secreto bancario sin autorización judicial previa.

Esto siempre que, la información sea necesaria “para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hubieren sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.

Además, se establece el deber de reserva y se fija la obligación de informar anualmente el número de veces que se ejerció esta facultad.

VOTACIONES

Con todo, se rechazó la disposición que solo permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales, es decir grupos conformados por tres o más integrantes. La idea es que, en una Comisión Mixta, se busque ampliar esa limitante considerando que en muchas ocasiones actúan los llamados "lobos solitarios".

También se zanjará en dicha instancia, que el Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad del Sistema defina los lineamientos estratégicos que orienten el desarrollo de las actividades del Sistema, los cuales deberán sujetarse a las políticas, planes, programas y estrategias nacionales contra el delito y el crimen organizado. El Comité podrá además definir protocolos para el ejercicio de las atribuciones del Sistema, especialmente en lo referido al tratamiento y comunicación de información de carácter secreta o reservada.

Finalmente, se votará en la próxima sesión ordinaria la siguiente norma luego que recibiera doble empate en dos oportunidades: “excepcionalmente la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.

“La Unidad deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció tal facultad en el año y la cantidad total de personas a cuya información accedió (…) Esta información será remitida a la Comisión de Seguridad Pública del Senado y a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados”.

DEBATE

En el debate intervinieron los senadores Rodolfo Carter, Pedro Araya, Diego Ibáñez, Juan Luis Castro, Iván Flores, Vanessa Kaiser, Danisa Astudillo, Javier Macaya, Ricardo Celis, Beatriz Sánchez, Renzo Trisotti, Alejandra Sepúlveda, Karol Cariola, Claudia Pascual, Cristián Vial, Esteban Velásquez, Yasna Provoste, Matías Walker y Alejandro Kusanovic. También hizo uso de la palabra el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

Durante toda la discusión se recordó la operación Tokio, megaoperativo policial y judicial conocido ayer, que logró desarticular el brazo financiero y una célula del Tren de Aragua, asegurándose que “este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez, si estuviera este proyecto promulgado como ley porque de seguro hay más ejecutivos bancarios coludidos con criminales”.

En forma transversal, las y los legisladores reconocieron que “nadie en esta Sala tiene algo que esconder”, sin embargo, los matices se hicieron ver a la hora de permitir a la autoridad levantar el secreto bancario. Así algunos manifestaron que “podría proceder esta herramienta si se genera un listado de organizaciones enemigas de Chile y se simplifican los tiempos para hacer esta gestión” y “hay que tener cuidado con esta medida intrusiva”.

También se hizo presente la necesidad de asegurar mecanismos de auditoría y control, estableciendo resguardos por mal uso de información. Así se insistió que el fin es impedir que el crimen organizado haga uso del sistema financiero para seguir la llamada ruta del dinero. El narcotráfico, la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero no se combaten con una consigna sino identificando a quien mueve los recursos.

Sobre el secreto bancario en específico se indicó que “hoy puede hacerse por vía judicial pero el proyecto establece tres causales para iniciar levantamientos de manera administrativa: realizando una auditoría obligatoria, estableciendo sanciones a los funcionarios y generando una rendición de cuentas al Congreso”.