Realizan primera discusión de proyecto que consagra en los gobiernos regionales funciones sobre prevención del delito y asistencia a víctimas

La Sala del Senado realizó un primer debate para el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, y de apoyo y asistencia a víctimas, a los gobiernos regionales.

El texto incorpora al Gobierno Regional en la función general de diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito, así como en materias de atención y asistencia a víctimas en la región.

Durante la sesión, el senador Rojo Edwards, a nombre del Partido Social Cristiano, solicitó segunda discusión para “aclarar los términos de esta propuesta”. A su juicio, “el objetivo de esto no es mejorar la seguridad de los chilenos, sino que utilizar la plata que está destinada a seguridad, para la contratación de personal”.

DEBATE

El proyecto fue informado por la senadora Paulina Vodanovic, presidenta de la Comisión de Gobierno, quien precisó que se “establece de manera explícita la prevención social, situacional y comunitaria del delito como una competencia de los gobiernos regionales, para fomentar una mayor descentralización en las políticas públicas y orientar la acción del Estado hacia un trabajo coordinado en esta área”

Indicó que “cada gobernador o gobernadora regional, con acuerdo del respectivo consejo regional, podrá crear una División de Prevención del Delito, encargada de las tareas de coordinación y gestión de las funciones (…)”.

Durante la sesión hicieron uso de la palabra las y los senadores José Miguel Insulza, Carmen Gloria Aravena, Matías Walker, José García, Juan Ignacio Latorre, José Pilo Durana, Esteban Velásquez, Francisco Huenchumilla, David Sandoval y Kenneth Pugh; además de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

La mayoría de los y las legisladores coincidieron en que la prevención del delito es una de las principales preocupaciones de la comunidad, por lo que valoraron  que se aborde de manera descentralizada, a través de los gobiernos regionales, que son las instancias con más cercanía.

Además, se hizo notar que gran parte del mandato legal ya está siendo asumido por los gobiernos regionales.

En esa línea instaron a fomentar una mayor coordinación entre las instituciones y las políticas públicas relacionadas. Asimismo solicitaron que se aclare el rol de cada entidad.

Respecto a la “prevención situacional”, llamaron a “desarrollar el concepto con la experiencia de otros países”.